Número 51- Octubre 2014

Editorial

M

éxico ha planteado ante la comunidad internacional la intención de participar en la construcción de una nueva estructura y dinámica de las Naciones Unidas, como el principal órgano de acuerdo e interlocución entre los Estados nacionales, con el propósito de promover una nueva lógica de prosperidad y desarrollo global.

Lo anterior implica una dinámica doble de nuestras instituciones, que se resume en la multicitada frase de "pensar en lo global, actuando desde lo local"; lograrlo implica no sólo audacia en el planteamiento, sino sobre todo en las decisiones que se construyen en el día a día para darle viabilidad a una posición de liderazgo internacional a nuestro país.

La interconexión, la interdependencia y la incesante interacción entre los países son conceptos que reflejan una realidad en la que vivimos desde al menos la década de los 90. En efecto, hace ya casi 25 años había planteamientos sobre la necesaria capacidad de adaptación y cambio constante que requeriría nuestro país para insertarse con éxito en los nuevos escenarios internacionales.

Los retos que nos plantea el entorno internacional son mayores, pues enfrentamos dilemas enormes: el cambio climático y el calentamiento global; un estancamiento económico secular; un contexto de crisis que no termina de superarse desde el 2008; aparejado a lo anterior una crisis del empleo como nunca se había visto; y, en el fondo, un complejo escenario de desigualdad y pobreza que nos ha llevado a la terrible realidad de tener a más de 800 millones de personas hambrientas en todo el orbe.

Por otro lado, debemos reconocer que tener un liderazgo activo en el escenario internacional exige sí de medidas y reformas ejemplares, pero sobre todo de tener capacidad de implementarlas, pues en ello nos va nuestro prestigio, una vez más, ante la comunidad de las naciones: requerimos aceleradamente romper con los ciclos de la desigualdad y la pobreza, y convertirnos en una democracia constitucional para el bienestar y la garantía universal de los derechos humanos.

MARIO luis fuentes

En evidencia, los datos oficiales nos sitúan todavía muy lejos de esa realidad: más de 50 millones de personas en pobreza; más de 30 millones de personas en rezago educativo; más de 28 millones sin ninguna cobertura de servicios de salud o seguridad social; casi 30 millones de personas en situación de vulnerabilidad por carencia de alimentación; entre otros rezagos que tenemos la responsabilidad de abatir en el corto plazo.

Es cierto que hemos avanzado en el cumplimiento de las Metas del Milenio, pero, ante la dura realidad que enfrentan millones de personas, es evidente que esas metas constituyen apenas el piso mínimo exigible para la 13ª economía planetaria.

Por otro lado, quedan también los temas vinculados a la violencia, al crimen organizado y a la infinita corrupción que nos sigue impidiendo consolidarnos como una democracia plenamente abierta, transparente y apegada en todo momento al escrutinio público y la rendición de cuentas.

En esa lógica, la justicia mexicana sigue teniendo enormes déficit: tanto en el ámbito de la procuración como en la impartición de justicia; sigue predominando la ley del dinero, dejando a las personas más pobres en un completo estado de indefensión ante los ministerios públicos y los tribunales.

Ante este panorama, en México Social ofrecemos en esta edición la perspectiva que tienen diversos organismos internacionales en agendas clave para el desarrollo nacional: los derechos de las niñas y los niños (UNICEF); la salud (OMS-OPS); la justicia (CIDH); la población (UNFPA); la igualdad y el cumplimiento de los derechos de las mujeres (ONU-Mujeres); el desarrollo económico y el abatimiento de la desigualdad (CEPAL); así como el desarrollo industrial con criterios de sustentabilidad.

Todas estas son agendas en las que estamos obligados a avanzar mucho más, pero más rápido, porque al asumir un nuevo protagonismo global, nuestras metas e indicadores sociales y económicos tendrán una mayor visibilidad y estarán, sin duda alguna, bajo un escrutinio mucho más incisivo de parte de la comunidad internacional.

Integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM; institución en la que también es Coordinador de la Especialización en Desarrollo Social del Posgrado de la Facultad de Economía; Investigador del Programa de Estudios sobre el Desarrollo; y titular de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas.

Es Director general del CEIDAS, A.C.

MÉXICO SOCIAL Octubre 2014

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CONTENIDO

EN PORTADA LO MEJOR PARA CADA NIÑA Y CADA NIÑO 06 Isabel Crowley

es una publicación del

GOCE MÁXIMO DE SALUD: LOS RETOS 12 Maureen Birmingham A 20 AÑOS DE BEIJING Ana Güezmes

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DOS GRANDES RETOS Iván Castellanos

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DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA: UNA MIRADA DESDE LA CIDH José de Jesús Orozco

Director General y Presidente del Consejo Editorial Mario Luis Fuentes CONSEJO EDITORIAL Jesús Kumate Rodríguez Rolando Cordera Campos Fernando Cortés Cáceres Miguel Concha Malo

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Irasema Terrazas Enrique Provencio Durazo Marcela Rovzar de González

LA IGUALDAD COMO SUPUESTO Y RESULTADO 40 Pablo Yanes

Gustavo Gordillo De Anda Nashieli Ramírez Mónica González Contró

CREANDO UNA PROSPERIDAD COMPARTIDA 44 Alberto Di Liscia

Director Editorial Saúl Arellano Almanza Coordinadora Editorial Laura Ilarraza Gálvez

SECCIONES 48

¿MÁS EDUCACIÓN SUPERIOR?

FE DE ERRATAS En nuestra edición número 50 (septiembre, 2014) se publicó erróneamente el segundo apellido de David Moctezuma Navarro, en el artículo "Analfabetismo en México: Una deuda social" (p.30); ofrecemos una disculpa al autor y a nuestros lectores

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SEGUNDA PARTE

José Rangel

México Social es una publicación inscrita en el Padrón Nacional de Medios Impresos de la Secretaría de Gobernación. http://pnmi.segob.gob.mx

El arte y lo social

MÁS QUE "ALGO QUE DECIR" María Gourley

Salud Pública

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Edición Electrónica Jesús Mendoza Franco

RETOS Y ALCANCES DE LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR Manuel Campa

PRÓXIMO NÚMERO: Primera infancia

México Social, Año 4, No. 51, octubre 2014, es una publicación mensual editada por el Instituto de Capacitación, Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, S. C. (CEIDAS). Pennsylvania No.86, Col. Parque San Andrés, CP. 04040 Delegación Coyoa- cán, México, D.F. Tels. 5659-6120 y 5659-6209 www.ceidas.org.mx, informacion@ceidas.org.mx. Editor responsable: Saúl Arellano Almanza. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2014-052912521500-102 ISSN: 2007 - 2600, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Licitud de Contenido No. 15077, otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso SEPOMEX IM09- 0840. Impresa por Expressarte Print Services, Calle Juan Sánchez Azcona No. 307, Col. Narvarte, México, D.F. Distribuida por la Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México, A.C. y la Comercializadora GBN S.A. de C.V., Calzada de Tlalpan No.572, Desp. C-302,Col. Moderna, Del. Benito Juárez C.P. 03510, México D.F. Tel. 0155-56188551 Mail: comercializadoragbn@yahoo.com.mx comercializadoragbn@gmail.com este número se terminó de imprimir el 25 de septiembre de 2014.

Los artículos e imágenes publicados en esta edición son de responsabilidad exclusiva en su contenido y forma de las y los autores que generosamente contribuyen en nuestra publicación. Sus opiniones teóricas no necesariamente reflejan la postura del autor” Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización del Instituto de Capacitación, Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, S. C. (CEIDAS).

e n e r o 2013 MÉXICO SOCIAL

La visión global de la

agenda social

México ha asumido una nueva lógica de acción a nivel internacional.

Estamos, además, a sólo unos meses de que se cumpla la fecha límite para los Objetivos del Milenio. Ante ello, presentamos la visión sobre los retos, avances y perspectivas que sobre nuestro país tienen algunos de los organismos de la ONU representados en nuestro país

Agenda Internacional

LO MEJOR para cada niña y cada niño por ISABEL CROWLEY

Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

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l interés superior del niño ha sido reconocido como uno de los principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). Este principio implica para los países que han ratificado este instrumento internacional, incluido México, la obligación de asegurar que “en todas las medidas que tomen las diferentes instituciones públicas o privadas, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes tenga una consideración primordial”.

El Comité de los Derechos del Niño, establecido por la propia CDN, ha señalado que el interés superior del niño es uno de los principios generales de la Convención, llegando a considerarlo como principio "rector-guía" de ella. En otras palabras, el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia no podrá ser garantizado a plenitud si no se respeta en todo momento el interés superior del niño en todas las situaciones y en todos los casos.

Asimismo, el Comité de Derechos del Niño ha establecido que la protección de los derechos de la infancia debe verse de forma holísticaI, teniendo en cuenta los principios de indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos.

Es decir, para que los derechos de la niñez y la adolescencia sean garantizados de forma efectiva se debe considerar que éstos se encuentran interconectados entre sí y que el incumplimiento de un derecho implicará a su vez el incumplimiento de otros.

Por lo anterior, y para garantizar el cumplimiento pleno de la integralidad de los derechos de la niñez, se debe considerar como una prioridad que en cada acción, decisión

y en cada medida adoptada en relación con un niño, niña o adolescente sobre una cuestión debatida, tendrán que ponderarse con detenimiento todas las posibles afectaciones, consecuencias o posibles repercusiones que estas medidas determinadas tengan en la vida de los niños, niñas y adolescentes y cómo impactarán en su futuro inmediato y en su desarrollo.

Adicionalmente, el Comité de los Derechos del Niño ha establecido que el interés superior es un concepto que debe ser determinado para cada caso en concreto y de manera individual, de acuerdo con las circunstancias particulares de cada niño, niña o adolescentes; su situación familiar y personal; y en función de su edad, desarrollo físico, psicológico y emocional; considerando que los niños y las niñas necesitan de una protección especial por encontrarse precisamente en una etapa de desarrollo.

Además, el interés superior del niño no es solamente un derecho y un principio, como bien lo establece el Comité de los Derechos del Niño, sino también una norma de procedimiento. A fin de garantizar la puesta en práctica del principio del interés superior del niño, los Estados que han ratificado la CDN deben garantizar el pleno respeto de las garantías procesales, a través de las cuales se asegura el debido proceso y la igualdad y la equidad ante la ley.

En este sentido, al tomar una decisión que afecte a un niño, niña o adolescente en concreto, o a un grupo de niños y niñas en particular, o a la generalidad de ellos, se requieren garantías procesales determinadas y la justificación de las decisiones deben dejar patente que se ha tenido en cuenta explícitamente ese derecho. Es decir, dentro de los procedimientos mismos, debe quedar manifiesto el interés superior de

SOBRE LA AUTORA Representante de UNICEF México. Auditora de profesión, tiene una licenciatura en Marketing , Finanzas y Administración de Lisboa, y un Diploma en Comercio por la Escuela de Comercio de Maputo, Mozambique

El cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia no podrá ser garantizado a plenitud si no se respeta en todo momento el interés superior del niño

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53.8%

Foto: Cortesía Excélsior

de la población de 0 a 17 años se encontraba en situación de pobreza en 2012, viviendo en hogares sin acceso a los recursos monetarios suficientes para acceder a los bienes y servicios esenciales

la infancia y las posibles afectaciones a la misma dentro de la fundamentación y motivación, además de explicar detalladamente la ponderación realizadaII. Si bien nadie pone en duda el carácter central de este principio, muchas veces han existido dificultades para determinarlo en lo concreto y hacerlo efectivo.

Teniendo esto en cuenta, en diversos momentos el Comité sobre los Derechos del Niño ha señalado, y ahora, en su reciente Observación General No.14, ha reiterado, que el objetivo del interés superior del niño es precisamente el de “garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por

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la Convención y el desarrollo integral del niño”III. Es decir, velar por el interés superior del niño es velar porque en un Estado todos los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes se cumplan efectivamente.

En octubre de 2011 México dio un paso fundamental al elevar a rango constitucional el principio del interés superior de la niñez y señalar que “en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos”.

Ahora bien, para que esta aspiración constitucional pueda ser una realidad, es necesario todavía avan-

zar y concretar un sistema de promoción y protección de derechos que permita contar con leyes, políticas, mecanismos, procedimientos y presupuestos adecuados, entre otras cuestiones, que permitan que el interés superior de la niñez previsto en la Constitución trascienda del plano dogmático y adquiera una plena vigencia en la vida y realidad de todos los niños, las niñas y adolescentes en México.

Los retos que enfrenta el país son aun importantes y las brechas para alcanzar el acceso universal a los derechos son aún significativas.

El estudio sobre Pobreza y Derechos Sociales de niños, niñas y adolescentes en México, realizado

Foto: Cortesía Excélsior

Es necesario que el interés superior de la niñez previsto en la Constitución trascienda del plano dogmático y adquiera una plena vigencia en la vida y realidad de todos los niños, las niñas y adolescentes en México

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Agenda Internacional REFERENCIAS: I. Comité de los Derechos del Niño, Observación

12.1%

de las niñas, niños y adolescentes del país se encontraban en situación de pobreza extrema en 2012, formando parte de hogares con un ingreso insuficiente para satisfacer sus necesidades alimentarias

con el CONEVAL, da cuenta de la situación de pobreza que afecta a la infancia y adolescencia en el país, incluso en una proporción mayor que a la población adulta, teniendo que en 2012 el 53.8% de la población de 0 a 17 años se encontraba en situación de pobreza, presentando carencias en el ejercicio de al menos uno de sus derechos sociales y vivían en hogares sin acceso a los recursos monetarios suficientes para acceder a los bienes y servicios esenciales. A su vez el 12.1% de las niñas, niños y adolescentes del país se encontraban en situación de pobreza extrema, lo que implica que 4.7 millones de ellos presentaban carencias en el ejercicio de tres o más derechos sociales y formaban parte de hogares con un ingreso insuficiente para satisfacer sus necesidades alimentariasIV.

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Otra situación de particular preocupación es la elevada mortalidad materna entre las adolescentes (66.6 por cada 100,000 nacidos vivos en el caso del grupo de 10 a 14 años, y de 34.4 en el de 15 a 19), no sólo porque evidencia importantes barreras de acceso a los servicios de salud, además de la violación de sus derechos sexuales y reproductivos, sino también porque repercuten sobre el bienestar de los niños y las niñasV. En lo que respecta a la mortalidad infantil, a pesar de que la tasa nacional para menores de 5 años ha tenido decrementos considerables, existen estados donde dicha tasa continúa siendo elevada: Oaxaca (20.5); Puebla (19.7); Chiapas (19.5); y Guerrero (19.4)VI; y que se caracterizan por contar con mayores niveles de pobreza y marginación, así como por tener una presencia considerable

General nº 7 (2005) Realización de los derechos del niño en la primera infancia, CRC/C/GC/7/Rev.1, 20 de septiembre de 2006, párr. 3.

II. Comité de los Derechos del Niño, Observación general Nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial, párrafo 6 inciso c y párrafo 7.

III. Comité de los Derechos del Niño. Observación general Nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1) IV. CONEVAL/UNICEF (2013).

Pobreza y Derechos

Sociales de Niñas, Niños, y Adolescentes en México, 2010-2012.

V. Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio www.objetivosdesarrollodelmilenio.org.mx.

VI. Tasa por cada mil nacidos vivos. Secretaria de Salud, Dirección General de Información en salud.

de población indígena.

Frente a todos estos desafíos que enfrenta la plena vigencia del interés superior de la niñez en el país, México se encuentra también en un momento de oportunidad para revisar y consolidar una Ley general de protección de derechos de niños, niñas y adolesecentes que establezca a su vez un Sistema Integral de Garantías de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que es necesario articular para avanzar en el cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia y la adolescencia y la inclusión de la niñez más vulnerable. Desde UNICEF hemos fijado esta como una prioridad y nos sentimos complacidos de poder apoyar y acompañar al país a través de sus diferentes instancias y autoridades responsables en este esfuerzo.

Editorial

MARIO luis fuentes

S

i hay un bien que debería estar en los cimientos de la cohesión social en una democracia, éste es el del acceso a la justicia. Infortunadamente, la percepción ciudadana, producto de años de autoritarismo, impunidad y uso abusivo de la justicia para fines políticos, apunta a un profundo rechazo de las autoridades y a un severo cuestionamiento en torno a su legitimidad.

Vivimos en un país en el que acceder a investigaciones imparciales y objetivas, así como a procesos judiciales justos y expeditos, como marca la Constitución, sigue siendo una cuestión mayoritariamente de recursos; pues para las personas que viven en pobreza o en la precariedad económica, verse involucrados en un proceso judicial puede representar vivir años meses o años de infortunio y de vejaciones inaceptables, para una sociedad que busca convertirse en un verdadero Estado de derecho.

La credibilidad y la confianza, dos de los elementos más relevantes para la pervivencia de una democracia, están severamente erosionadas en nuestro país; así lo muestran todos los estudios que hay en la materia, tanto en México como a nivel internacional.

El Latinobarómetro 2013 nos dice que una de las principales razones para que las personas consideren que la democracia no es necesariamente la mejor forma de gobierno, es precisamente la existencia de severas condiciones de inseguridad y violencia, lo cual ocurre, según la percepción ciudadana, bajo la complicidad, el silencio o la incapacidad de las autoridades.

El reciente estudio del Instituto Nacional Electoral (INE), publicó el mes pasado un informe sobre la calidad de la democracia en nuestro país. Los resultados son más que preocupantes, pues confirman el grado de indefensión que se ha documentado, en el mencionado Latinobarómetro, pero también a través de Encuestas Nacionales como la ENVIPE. El diagnóstico del INE nos dice, en primer lugar, que el 12% de la población declara haber sido víctima de algún acto de la delincuencia; es decir, considerando que tenemos alrededor de 118 millones de habitantes, y que el estudio del INE refiere a personas mayores de 18 años, entonces habría que decir que más de 10 millones de personas han sido víctimas de algún

delito.

Hay además dos de cada tres ciudadanos que piensan que en México las leyes se cumplen poco o nada; además de un 29% que considera que sólo se cumplen “algo”; es decir, hay una verdadera ruptura de la cultura de la legalidad tanto de parte de la ciudadanía como de las autoridades que son responsables de cumplir y de hacer cumplir la Ley. Esto nos ha llevado a una situación peligrosa en la que la ciudadanía considera que es más importante que la autoridades capturen a los delincuentes, que abocarse al respeto de los derechos humanos; pues en una situación así, el linchamiento y la fabricación de “presuntos culpables” se convierte en la regla de la actuación de las autoridades de procuración e impartición de justicia.

Enfrentamos una realidad que es espejo del peor de los mundos, pues hay cientos, quizá miles de casos de personas que deberían estar enfrentando a la justicia; pero también hemos conocido por los medios de comunicación, vergonzosos casos en los que se ha perseguido y encarcelado a inocentes.

Frente a ello, debe comprenderse que en una democracia es tan grave promover la impunidad a través de la no acción penal en contra de quienes delinquen, como poner en la cárcel a personas que son inocentes o cuya responsabilidad penal no quedó fehaciente y plenamente acreditada.

Nos dice el INE que más del 50% de la población que acudieron ante un Ministerio Público o un Policía cercano, declaran que haberlo hecho no sirvió de nada; mientras que las policías (todas) y las y los jueces, no alcanzan siquiera el 30% de confianza ciudadana.

Lo que tenemos enfrente es un panorama desolador, en el que no se ha logrado construir una cultura en la cual el acceso a la justicia sea visto como uno de los bienes sociales más importantes que podemos tener.

El malestar que se percibe por todos lados es reflejo del hartazgo social ante tanta impunidad, abuso de poder, corrupción y falta de capacidad para reformar a todo el aparato de justicia en el país. Es precisamente a estos temas, que está dedicada la presente edición de México Social.

Director general del CEIDAS, A.C.; en la UNAM es integrante de la Junta de Gobierno; Coordinador de la Especialización en Desarrollo Social del Posgrado de la Facultad de Economía; Investigador del Programa de Estudios sobre el Desarrollo; y titular de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas

MÉXICO SOCIAL Julio 2014

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Agenda Internacional

Goce máximo Hoy, los 194 Estados Miembros de la OMS aceptan esta máxima y emprenden día con día importantes esfuerzos para garantizar a sus habitantes el mayor nivel de salud posible. Sin embargo, alcanzar este noble objetivo presenta importantes retos para todos ellos

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SOBRE LA AUTORA Representante de la OPS/OMS en México

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odos los países aspiran a que sus ciudadanos puedan gozar de la mayor calidad de vida posible. Ciertamente, la salud es uno de los aspectos más importantes para alcanzar esta meta pues es pilar fundamental no sólo del desarrollo individual, sino también del desarrollo sostenible de las nacionesI. Reconociendo lo anterior, la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política, o condición económica o social”.

La salud es un fenómeno social complejo y dinámico que depende de factores que acontecen más allá del sector salud. Es decir, la salud es determinada no sólo por las variaciones biológicas naturales y la existencia de servicios de atención sanitaria, sino

también por factores sociales, políticos, económicos, laborales, culturales y científicos, como son la distribución de la riqueza y el poder; el medio ambiente; la urbanización; el nivel educativo; el acceso al agua y saneamiento; el entorno en donde las personas nacen, viven, trabajan y envejecen; así como sus hábitos; entre otros.

La existencia e importancia de estos fenómenos –conocidos como determinantes sociales– en el proceso salud-enfermedad es ampliamente reconocida desde hace varias décadas. Por ello, se han emprendido importantes esfuerzos que buscan la inclusión de la salud en todas las políticas y promueven el trabajo intersectorial para garantizar a las personas el goce máximo de salud y bienestar.

Ejemplos de este tipo de esfuerzos son las políticas que promueven la actividad física; la construcción de infraestructura para asegurar la correcta y segura movilidad de peatones y

de salud:

LOS RETOS por MAUREEN BIRMINGHAM

ciclistas; la restricción de la comercialización y promoción de los productos derivados del tabaco; y el establecimiento de políticas impositivas sobre productos de alto contenido calórico.

Pese a lo anterior, hoy seguimos enfrentando grandes obstáculos y dificultades para que la salud se encuentre genuinamente en todas las políticas y no sólo en los discursos. Por tanto, el reto para abordar los determinantes sociales de la salud radica en encontrar nuevas estrategias y mecanismos de gobernanza para fomentar el trabajo intersectorial y para garantizar el desarrollo sostenible, la salud y el bienestar de la personasII. La estrecha relación entre la salud y las condiciones sociales antes señaladas nos lleva a un segundo gran reto que enfrentan los gobiernos al buscar garantizar el goce del grado máximo de salud; este es la equidad en salud. Con equidad en salud nos referimos a la ausencia de diferencias evitables o remediables entre personas, de tal forma que todos tengan las mismas oportunidades

de desarrollar su pleno potencial de salud; es la ausencia de diferencias injustas en el estado de salud; en el acceso a servicios; en la contribución financiera; en el acceso a entornos saludables; y en el trato que otorgan los trabajadores de la salud al proveer un servicio.

En América Latina y el Caribe (ALyC) la inequidad, la exclusión y la falta de acceso a servicios de salud siguen siendo dolorosas realidades para amplios sectores de la población. Esto se traduce en la existencia de brechas en la mortalidad y morbilidad entre los diferentes estratos sociales y económicos donde se observan muertes en edades más tempranas en los grupos de ingresos más bajos. Por ejemplo, en 2008, el 35% de las muertes maternas en ALyC se concentró en el quintil menos educado de la población femenina, mientras que el quintil más educado tuvo menos del 10% de estos fallecimientosIII. En la actualidad, la ciudadanía rechaza con fervor esta situación, en la que las personas no tienen la oportunidad de una vida

MÉXICO SOCIAL Octubre 2014

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Agenda internacional

Seguimos enfrentando grandes obstáculos y dificultades para que la salud se encuentre genuinamente en todas las políticas y no sólo en los discursos

Foto: cortesía de EXCÉLSIOR Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

sin enfermedades, discapacidades o mortalidad prematura evitables por razones socioeconómicas, étnicas, de género o cualquiera otra. Promover la equidad exige trabajar de forma intersectorial sobre los determinantes sociales de la salud antes señaladosIV. Pero también, desde el sector salud, implica avanzar en el acceso efectivo a servicios de calidad.

Este es un tercer gran reto, pues implica no sólo el aumento del número de personas que son beneficiarias de protección en salud, sino también muchos otros factores como son la ampliación de servicios, la existencia de mecanismos solidarios de financiamiento y la disponibilidad de recursos humanos y físicos para garantizar el acceso a la salud.

Vivimos un escenario difícil frente a los sistemas de salud. Para poder avanzar en este sentido debemos reconocer la transición demográfica

y epidemiológica que se observa en ALyC, que se traduce en una triple carga de enfermedad por la presencia de padecimientos infecto-contagiosos asociados al subdesarrollo, patologías emergentes y reemergentes, y enfermedades no transmisibles como las crónico-degenerativas y los traumatismos. Esta situación, aunada al creciente costo económico y social de las enfermedades, tensa y dificulta el correcto funcionamiento de los sistemas de salud. A modo de ejemplo, podemos señalar que,en algunos países, sólo la atención de la diabetes consume 15% del presupuesto de salud.

Un último pero no menos importante reto en salud es aquel que demanda hoy más que nunca del esfuerzo interdisciplinario: el cambio climático y su impacto en la salud pública. Cada día es mayor el cúmulo de evidencias que apuntan la relación entre las alteracio-

nes ambientales propiciadas por el hombre y su impacto negativo en la salud a corto, mediano y largo plazo. Es un hecho que el clima a nivel mundial ha cambiado y con esto, la vulnerabilidad de las poblaciones a enfermar por múltiples causas. Las repercusiones más visibles son aquellas relacionadas con el ciclo hidrológico, que ocasionan, entre otros fenómenos, la aparición de inundaciones y sequías; desastres naturales que además de ocasionar miles de muertes de manera inmediata, también se traducen en el incremento de la incidencia de enfermedades transmitidas por vectores, tales como el paludismo y el dengue. Al mismo tiempo, aumenta la probabilidad de aparición de brotes de infecciones gastrointestinales graves, como el cólera, que puede mermar importantemente la salud de una región entera en cuestión de días.

En un mundo globalizado como el de hoy en día, el deterioro de los ecosistemas, los cambios ambientales antropogénicos y la tendencia de desigualdad socioeconómica entre las poblaciones interactúan e impactan cada vez con mayor fuerza en la salud a nivel mundial. Por lo tanto, resulta apremiante desarrollar e implementar estrategias que a partir de un esfuerzo interdisciplinario permitan mitigar los numerosos efectos en detrimento de la salud que implica el cambio climático.

Se deben seguir impulsando nuevas e innovadoras políticas públicas que mitiguen los riesgos y que se adapten a los efectos del cambio climático en todo el mundo, especialmente en las poblaciones más vulnerables, al garantizar que las comunidades sean más resilientes a los inclementes efectos del clima

¿Qué es la equidad en salud?

• La ausencia de diferencias evitables o remediables entre personas, de tal forma que todos tengan las mismas oportunidades de desarrollar su pleno potencial de salud • La ausencia de diferencias injustas en el estado de salud; el acceso a servicios; la contribución financiera; el acceso a entornos saludables; y en el trato que otorgan los trabajadores de la salud al proveer un servicio

Cada día es mayor el cúmulo de evidencias que apuntan la relación entre las alteraciones ambientales propiciadas por el hombre y su impacto negativo en la salud a corto, mediano y largo plazo NOTAS: I. Para más información sobre la salud como condición previa, resultado e indicador de

extremo y las enfermedades infecciosas.

Reconociendo estos retos pendientes, en los últimos años ha emergido un consenso en el ámbito internacional sobre la importancia de garantizar el goce máximo de salud a través de la “Cobertura Universal de Salud”, la cual debemos entender como el objetivo general de los sistemas de salud, que se fundamenta en los valores de la Atención Primaria de Salud, en el espíritu de la Declaración de Alma-Ata, y su valor central que es el derecho al goce del grado máximo de la salud, equidad y solidaridadV. En mayo de 2014 el Consejo Ejecutivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señaló que la Cobertura Universal de Salud quiere decir que “todas las personas y las comunidades tengan acceso equitativo a los servicios integrales y garantizados que necesitan a lo largo del curso de vida con calidad y sin dificultades financieras”. Esto significa que

todas las personas –sin ningún tipo de discriminación– deben poder acceder a servicios –determinados localmente– de prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como a medicamentos de calidad, seguros, eficaces y asequibles, de acuerdo con sus necesidades y sin exponerse a dificultades financieras.

Como bien señala la Dra. Margaret Chan, Directora General de la OMS, la Cobertura Sanitaria Universal es el concepto más poderoso que la salud pública puede ofrecer. Los Estados Miembro de la OPS coinciden con esta visión y tienen el sueño de que las Américas alcanzarán en los próximos años la Cobertura Universal para sus poco más de mil millones de habitantes. Sin duda, este compromiso se traducirá en importantes avances en los indicadores de salud pero, sobre todo, en una mejor calidad de vida y bienestar para las personas que habitan esta vasta y diversa región.

las tres dimensiones del desarrollo sostenible ver: Declaración de Río sobre los determinantes sociales de la salud del 2011, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río + 20) del 2012, la Declaración de las Naciones Unidas de diciembre del 2012 y el debate sobre la agenda para el desarrollo después del 2015.

II. Eso implica, por un lado, desarrollar capacidades técnicas para poder analizar de forma más sistemática y anticipar los impactos que las políticas de otros sectores tienen para la salud, y, por otro, que mejoremos nuestra capacidad para relacionarnos con otros sectores.

III. OPS/OMS, “Determinantes e inequidades en salud”, Salud en las Américas, OPS, Washington D.C, 2012, p. 3.

IV. Especialmente sobre los llamados “estructurales” que son aquellos que dan lugar a una estratificación dentro de la sociedad (e.g. distribución de ingresos, discriminación y las estructuras políticas).

V. OPS, Estrategia para la Cobertura Uni-

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versal de Salud, CE154/12, 12 de mayo del 2014.

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i hay un bien que debería estar en los cimientos de la cohesión social en una democracia, éste es el del acceso a la justicia. Infortunadamente, la percepción ciudadana, producto de años de autoritarismo, impunidad y uso abusivo de la justicia para fines políticos, apunta a un profundo rechazo de las autoridades y a un severo cuestionamiento en torno a su legitimidad.

Vivimos en un país en el que acceder a investigaciones imparciales y objetivas, así como a procesos judiciales justos y expeditos, como marca la Constitución, sigue siendo una cuestión mayoritariamente de recursos; pues para las personas que viven en pobreza o en la precariedad económica, verse involucrados en un proceso judicial puede representar vivir años meses o años de infortunio y de vejaciones inaceptables, para una sociedad que busca convertirse en un verdadero Estado de derecho.

La credibilidad y la confianza, dos de los elementos más relevantes para la pervivencia de una democracia, están severamente erosionadas en nuestro país; así lo muestran todos los estudios que hay en la materia, tanto en México como a nivel internacional.

El Latinobarómetro 2013 nos dice que una de las principales razones para que las personas consideren que la democracia no es necesariamente la mejor forma de gobierno, es precisamente la existencia de severas condiciones de inseguridad y violencia, lo cual ocurre, según la percepción ciudadana, bajo la complicidad, el silencio o la incapacidad de las autoridades.

El reciente estudio del Instituto Nacional Electoral (INE), publicó el mes pasado un informe sobre la calidad de la democracia en nuestro país. Los resultados son más que preocupantes, pues confirman el grado de indefensión que se ha documentado, en el mencionado Latinobarómetro, pero también a través de Encuestas Nacionales como la ENVIPE. El diagnóstico del INE nos dice, en primer lugar, que el 12% de la población declara haber sido víctima de algún acto de la delincuencia; es decir, considerando que tenemos alrededor de 118 millones de habitantes, y que el estudio del INE refiere a personas mayores de 18 años, entonces habría que decir que más de 10 millones de personas han sido víctimas de algún

delito.

Hay además dos de cada tres ciudadanos que piensan que en México las leyes se cumplen poco o nada; además de un 29% que considera que sólo se cumplen “algo”; es decir, hay una verdadera ruptura de la cultura de la legalidad tanto de parte de la ciudadanía como de las autoridades que son responsables de cumplir y de hacer cumplir la Ley. Esto nos ha llevado a una situación peligrosa en la que la ciudadanía considera que es más importante que la autoridades capturen a los delincuentes, que abocarse al respeto de los derechos humanos; pues en una situación así, el linchamiento y la fabricación de “presuntos culpables” se convierte en la regla de la actuación de las autoridades de procuración e impartición de justicia.

Enfrentamos una realidad que es espejo del peor de los mundos, pues hay cientos, quizá miles de casos de personas que deberían estar enfrentando a la justicia; pero también hemos conocido por los medios de comunicación, vergonzosos casos en los que se ha perseguido y encarcelado a inocentes.

Frente a ello, debe comprenderse que en una democracia es tan grave promover la impunidad a través de la no acción penal en contra de quienes delinquen, como poner en la cárcel a personas que son inocentes o cuya responsabilidad penal no quedó fehaciente y plenamente acreditada.

Nos dice el INE que más del 50% de la población que acudieron ante un Ministerio Público o un Policía cercano, declaran que haberlo hecho no sirvió de nada; mientras que las policías (todas) y las y los jueces, no alcanzan siquiera el 30% de confianza ciudadana.

Lo que tenemos enfrente es un panorama desolador, en el que no se ha logrado construir una cultura en la cual el acceso a la justicia sea visto como uno de los bienes sociales más importantes que podemos tener.

El malestar que se percibe por todos lados es reflejo del hartazgo social ante tanta impunidad, abuso de poder, corrupción y falta de capacidad para reformar a todo el aparato de justicia en el país. Es precisamente a estos temas, que está dedicada la presente edición de México Social.

Director general del CEIDAS, A.C.; en la UNAM es integrante de la Junta de Gobierno; Coordinador de la Especialización en Desarrollo Social del Posgrado de la Facultad de Economía; Investigador del Programa de Estudios sobre el Desarrollo; y titular de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas

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Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

Dos grandes RETOS por IVÁN CASTELLANOS

Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

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ctualmente el mundo se encuentra debatiendo sobre la agenda que guiará los esfuerzos para el desarrollo al finalizar el plazo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La agenda para el desarrollo tanto a nivel internacional y nacional debe tener como fin primordial el generar cambios positivos en la vida de las personas; para alcanzar este objetivo, uno de los elementos clave a tomar en consideración es la dinámica de la población. Conocer el volumen, la estructura y la dinámica de la población facilita la planeación de acciones que promuevan el bienestar de las generaciones presentes y futuras; sería imposible conseguirlo si no conocemos cuántas viven actualmente, cuántas vivirán en los próximos años, en dónde se localizan, además de cuál es y cuál será la distribución por edades de la población.

Los cambios en la dinámica demográfica se presentan en el largo plazo; no podemos pensar en la población como un velero que cambia de rumbo en tan sólo unos minutos, sino que debemos verlo como un transatlántico que para modificar la ruta toma grandes esfuerzos. De tal manera, es necesario tener una visión de planeación que exceda los periodos de gobierno y los distintos niveles administrativos. La agenda para el desarrollo debe tomar esto en consideración y enfrentar los retos que derivados de la dinámica de la población se presentan.

En México, los estudios sobre la dinámica de la población suelen enfocarse en las dos grandes etapas por las cuales atravesó el país, y que generaron dos estrategias distintas en materia de política de población.

La primera etapa podemos rastrearla desde principios del Siglo XX hasta mediados de la década de los setenta. En este momento, y como resultado de los antecedentes estratégicos del Siglo XIX (particularmente las intervenciones extranjeras en territorio nacional), existe un claro reconocimiento sobre la necesidad de poblar el país. De acuerdo con los datos disponibles, el país pasó de 13.61 millones de habitantes en 1900 a 46.56 millones en 1970I. En otras palabras, la población del país se multiplicó por tres en apenas setenta años.

La segunda etapa se caracteriza por la modificación en el objetivo principal de las políti-

cas de población. Si durante la primera se buscaba poblar el territorio, a partir de 1974 existe un reconocimiento sobre la necesidad de disminuir el ritmo de crecimiento poblacional. De acuerdo con las proyecciones de población de principios de los setenta, se calculaba que el país tendría en el año 2000 más de 126 millones de habitantes según la hipótesis de fecundidad baja, y hasta 150 millones si la fecundidad se mantuviese constanteII. Aun cuando en las últimas décadas se ha logrado el objetivo de reducir el ritmo de crecimiento de la población a nivel nacional mediante la disminución de la fecundidad y la mortalidad, a nivel estatal encontramos todavía diferentes patrones demográficos. Por un lado, el país cuenta con entidades con alta natalidad y mortalidad, lo cual deriva en una estructura poblacional mayoritariamente joven; y por el otro lado hay entidades con baja natalidad y mortalidad, generando estructuras por edad con un grado alto de envejecimiento.

El escenario descrito nos confronta con situaciones y retos nunca antes vistos. De acuerdo con la revisión de 2012 de las proyecciones de población del Consejo Nacional de Población (CONAPO), México tendrá en 2020 poco más de 127 millones de habitantes, es decir, el doble de la población registrada en 1980III. En cuanto a la dinámica de la población, algunos indicadores que nos dan una idea sobre lo que nos depara el futuro son la tasa de crecimiento, la esperanza de vida al nacer y la tasa global de fecundidad. Siguiendo con las proyecciones del CONAPO, la tasa de crecimiento en 2020 será de 0.91 y 0.28 para 2050, lo cual muestra claramente la desaceleración del crecimiento de la población; en cuanto a la esperanza de vida al nacimiento, ésta será de 75.73 en 2020 y alcanzará los 79.42 treinta años después, reflejando una ampliación en el periodo de vida de las personas. Por último, la tasa global de fecundidad en 2020 será de 2.13 y 2.09 en 2050, es decir, nos encontraremos por debajo del nivel de reemplazo de 2.1 hijos por mujer. La dinámica descrita anteriormente trae consigo una estructura poblacional con dos grandes retos: por un lado satisfacer las necesidades de un alto número de personas en edades activas, es decir, en-

El país enfrenta actualmente una situación con un gran volumen de adolescentes y jóvenes, quienes en 30 años se convertirán en adultos mayores

SOBRE EL AUTOR Asociado Nacional de Programas en Población, Desarrollo y Juventud del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) para México. Licenciado en Relaciones Internacionales y Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

Tiene estudios de posgrado en Cooperación Internacional y Desarrollo por la Universidad de Granada, y en Demografía por la Universidad Complutense de Madrid www.unfpa.org.mx jcastellanos@unfpa.org

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Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

26 años o menos

tiene la mitad de la población mexicana tre 15 y 64 años; y, por el otro, el aumento en el número de población en edades avanzadas, particularmente de las personas de 65 y más años. En otras palabras, el país enfrenta actualmente una situación con un gran volumen de adolescentes y jóvenes, los cuales en 30 años se convertirán en adultos mayores. Esta situación nos lleva a definir acciones públicas para dar respuesta de dos grupos poblaciones con necesidades distintas multiplicando entonces el gasto social.

Primer reto: el “bono demográfico” En relación con la población adolescente y joven, lo primero que debemos subrayar es que nunca en la historia el país ha contado con un número tan grande. De acuerdo con datos del Censo 2010, la mitad de la población tiene 26 años o menos, y alrededor del 31% de la población total del país tiene entre 12 y 29 añosIV. Podemos afirmar entonces que la población juvenil en México representa cerca de una tercera parte de la población total.

Dada la estructura de la población en el país, actualmente tenemos el denominado “bono demográfico”, el cual se produce al aumentar el número

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de personas en edades activas en relación con las edades dependientes.

Este momento es una oportunidad histórica que requiere de inversiones en el sistema educativo, en la economía formal y en los servicios de salud para ser aprovechado. Sería muy grave que no se generen las oportunidades suficientes, y que este bono se convierta en un problema para el país.

En este sentido, la comunidad internacional ha tomado nota de la importancia de invertir en juventud. Uno de los instrumentos a nivel regional que promueven este punto es el “Consenso de Montevideo”, el cual fue aprobado en el marco de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe. A través de su articulado, el Consenso establece como uno de los ejes principales el tema de adolescentes y jóvenes, subrayando la necesidad de asegurar la participación efectiva de estos grupos de población en la discusión de las acciones para promover el desarrollo, incluyendo la educación, el empleo, la salud, entre otrosV. El alto volumen de población joven con que contamos actualmente se ha dado -primordialmente- por la transición demográfica acelerada que ha sufrido el país.

Si bien en el presente hay un gran número de jóvenes, se debe considerar que la pro-

pia transición nos llevará a que en pocos años la población sea predominantemente mayor.

Segundo reto: envejecimiento de la población De tal manera, el segundo gran reto demográfico que enfrentará México en los próximos años es el del envejecimiento. El rápido crecimiento de la población en edades avanzadas trae consigo importantes retos sociales y económicos. Entre los elementos a considerar se encuentran, el cambio en el perfil epidemiológico, las crecientes necesidades de servicios de cuidado, las familias con varias generaciones viviendo bajo un mismo techo, la presión hacia el sistema de jubilación y, sobre todo, la calidad de vida de las personas mayores.

La “Declaración Política y Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento” de 2002 ya plantea la necesidad de visibilizar, e incorporar el enfoque de derechos humanos en las políticas dirigidas hacia las personas mayoresVI. En el marco regional, el Consenso de Montevideo enfatiza la necesidad de impulsar la formulación de políticas públicas que tomen en cuenta edad, región de residencia,

Ilustración: Oscar Rodríguez

México nunca había contado con un número tan grande de población adolescente y joven: la población juvenil del país representa cerca de una tercera parte de la población total

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Agenda internacional grupos étnicos y recursos socioeconómicos para asegurar un envejecimiento de calidadVII. Enfrentar y solventar los retos demográficos del futuro depende en gran medida de las acciones que tomemos en el presente. Si revisamos las proyecciones de la División de Población de Naciones Unidas, encontramos que la población de México en 2050 alcanzará entre 134 y 180 millones dependiendo de las acciones que tomemos o dejemos de tomar en la actualidad.

En resumen, la dinámica de la población debe ser tomada como uno de los elementos clave en la definición de los procesos de desarrollo. Las proyecciones de población de CONAPO nos muestran que México debe realizar inversiones sustantivas en educación, empleo y salud de las y los jóvenes, y prepararse desde ahora para atender las necesidades de alrededor de 150 millones de personas en 2050, de las cuales más de 24 millones tendrán 65 años o másVIII. Paralelamente se deberá continuar trabajando para reducir las brechas al interior del país; de lo contrario, continuaremos teniendo un México con distintos patrones demográficos y condiciones sociales. El próximo año se celebrará en México la Segunda Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe. Este espacio provee al país una oportunidad para mostrar cuál es el México del presente, y cuál es el del futuro. La clave es definir cuál es el país que queremos, y qué acciones debemos tomar para alcanzar el México que esperamos.

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El rápido crecimiento de la población en edades avanzadas trae consigo importantes retos sociales y económicos, como el cambio en el perfil epidemiológico, la presión hacia el sistema de jubilación y la calidad de vida de las personas mayores

DONDE REÍRSE DE LA MUERTE ES PARTE DE LA VIDA.

Derechos Humanos

una mirada por JOSÉ DE JESÚS OROZCO HENRÍQUEZ

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a Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es el órgano de protección regional con más años de existencia, y ha promovido y defendido los derechos humanos de los habitantes de América por más de medio siglo.

Durante ese tiempo, la Comisión ha acumulado una experiencia institucional inigualable, a través de sus múltiples mecanismos, como peticiones y casos individuales; medidas cautelare; visitas in loco; informes temáticos y de país; audiencias públicas; reuniones de trabajo y comunicados de prensa, lo cual le ha permitido conocer y monitorear la situación de miles de víctimas, así como los desafíos y avances en cada uno de los 35 países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Una mirada hacia las labores de la Comisión permite advertir que

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en la región americana se conforma un mosaico muy plural de afectaciones a derechos humanos de las personas: mientras en algunos Estados existe una deuda pendiente para resolver la impunidad que dejaron los gobiernos dictatoriales o los conflictos armados, en algunos otros se continúa enfrentando la más grave violencia como resultado del actuar policial, o bien de la operación de estructuras paramilitares o criminales.

Asimismo, algunos Estados se caracterizan por problemáticas derivadas de la lucha de pueblos indígenas por sus territorios; otros por la lucha aún por la defensa de la libertad de expresión y el ejercicio de la protesta social; mientras que en otros se discuten temas como si el uso de “drones” para la vigilancia de las comunidades o los medios de reproducción asistida son compatibles con el derecho internacional.

Una muestra más de las divergencias en América es que, mientras en la mayoría de los países la abolición de la pena de muerte es una discusión acabada, en países como los Estados Unidos continúa siendo una pena efectivamente aplicada.

Los anteriores ejemplos permiten identificar una serie de matices presentes en nuestra región y también varias de las materias sustantivas en las que la Comisión invierte sus esfuerzos en los Estados. Sin embargo, dentro de este mosaico plural existen desafíos comunes, algunos de los cuales caracterizan a nuestra región.

El primer aspecto de preocupación transversal en nuestro continente es la falta de prevalencia del derecho a la igualdad y no discriminación en la sociedad, lo que se agudiza para algunos sectores debido a la implementación de proyectos industriales, así como la

en América:

desde la CIDH conservación de estereotipos sociales, la pobreza y el impacto que tienen en estos grupos fenómenos como el crimen organizado o las migraciones.

Pueblos Indígenas Así, la Comisión ha constatado la difícil situación que atraviesan pueblos indígenas, no sólo en muchos casos por la precariedad en sus condiciones de subsistencia y la exclusión en que se han mantenido por décadas, sino también por los intentos frecuentes de interferir en el goce de sus tierras ancestrales y territorios. Este es tal vez uno de los retos más grandes de América en materia de derechos humanos: las tensiones que surgen entre el argumento del desarrollo económico invocado por los Estados, a través de la implementación de megaproyectos industriales extractivos, y

el respeto a los territorios y tierras ancestrales de estos pueblos.

La CIDH y la Corte Interamericana han reiterado la obligación que tienen los Estados de realizar una consulta previa a estos pueblos y, en supuestos específicos, obtener su consentimiento cuando alguna obra estatal o de terceros pueda afectar su propiedad. En esa dirección, los Estados tienen una línea claramente trazada por la jurisprudencia interamericana sobre qué obligaciones deben observar. Sin embargo, un desafío más se ha presentado cuando los pueblos indígenas que serían afectados se encuentran en aislamiento voluntario o son pueblos no contactados, cuya premisa de existencia es la ausencia de contacto con nuestra civilización.

Recientemente, en su “Informe sobre los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario”I, la CIDH ha realizado algunas propuestas para aproxi-

El autor agradece a Jorge H. Meza, abogado especialista en derechos humanos de la CIDH, su valioso apoyo en la elaboración de este artículo.

SOBRE EL AUTOR Comisionado ex Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Investigador Titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas y miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México. Investigador Nacional, nivel III, del SNI

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Agenda Internacional

Personas afrodescendientes Aunque representan cerca del 30% de la población de las Américas, una de las tareas pendientes a lo largo del continente es visibilizar la situación de las personas afrodescendientes, en el entendimiento de que la identificación de esta población y sus necesidades particulares constituyen el paso inicial para construir categorías jurídicas apropiadas y

Foto: Cortesía Excélsior

El primer aspecto de preocupación transversal en nuestro continente es la falta de prevalencia del derecho a la igualdad y no discriminación en la sociedad

marse a una respuesta sobre cómo implementar un estándar de consulta previa a estos pueblos presentes en países como Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela, utilizando técnicas como coordinar la consulta a través de pueblos contactados que tengan relación con tales pueblos, o bien entender de antemano el rechazo manifiesto a la presencia de personas ajenas a su pueblo en sus territorios.

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políticas públicas adecuadas. Un importante desafío son los denominados perfiles raciales o práctica del racial profiling, que propicia que la población afrodescendiente, sólo en virtud de su raza, sea más susceptible de ser sospechosa, procesada y condenada que el resto de la población.

Este fenómeno es de la mayor preocupación y constituye un indicador de profunda discriminación estructural permanente aún en muchas sociedades de AméricaII.

Mujeres En lo que se refiere a los derechos de las mujeres, la CIDH continúa resaltando la necesidad de observar una perspectiva de género en la planificación y la implementación de las políticas públicas. Es lamentable la situación de violencia contra la mujer existente en la región y el

hecho de que sólo un 5% de las víctimas adultas de violencia sexual en la región denuncian el incidente a la policía por el temor que representa la revictimización, producto de estereotipos de los propios operadores de justiciaIII. Además, la desigualdad se vuelve manifiesta en otros espacios como el de la participación política, si tenemos en cuenta que las mujeres representan sólo el 22% en los Congresos Americanos y que en países como México y Perú, en 2011 sólo un 3% de las Alcaldías fueron encabezadas por mujeresIV. Además, hay muchas tareas pendientes en nuestra región, como garantizar el acceso pleno a la justicia, a la información en materia reproductiva y a los servicios de salud maternaV. Uno de los temas que más ha llamado la atención de la Comisión y de la Corte Interamericana en el último año se refiere a la importancia de salvaguardar la vida e integridad de la mujer frente a un daño irreparable, en casos en los cuales requiera de un tratamiento médico cuya implementación podría inclusive significar la pérdida del producto de un embarazoVI.

Niñas, niños y adolescentes En lo que respecta a la situación de las niñas, niños y adolescentes, la Comisión ha resaltado permanentemente la importancia de que el niño y la niña sean reconocidos como sujetos titulares de derechos. Se requieren reformas importantes a los marcos jurídicos de los Estados para que la justicia juvenil se verifique en forma compatible con el derecho internacional y para que se salvaguarden a plenitud los derechos de niñas y niños que se encuentran en instituciones del EstadoVII. Resulta preocupante que el castigo corporal no está erradicado de la región. Según el último informe

de la CIDH, en Belice, Grenada y San Vicente y las Granadinas aún se prevé el uso del castigo corporal en las escuela, así como en Jamaica en instituciones dedicadas al cuidado de niñas, niños y adolescentesVIII.

Personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex Por otro lado, un grupo que históricamente ha estado sometido a discriminación por su orientación sexual, identidad de género y expresión de género, es el de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex, quienes son sujetas en nuestro continente a violencia, persecución y otros varios abusos.

En América tenemos en la CIDH la primera relatoría a nivel internacional encargada de monitorear la situación de estas personasIX, y se han dado avances jurisprudenciales importantes, como el pronunciamiento de los órganos del sistema interamericano en el caso Karen Atala (Chile), en el cual se consideró que el hecho de que las autoridades nacionales hubiesen negado a una madre la custodia de sus hijas porque fuera lesbiana constituía un trato discriminatorioX. Sin embargo, en la agenda de la Comisión hay temas pendientes, como la adopción de niñas y niños por parte de parejas no heterosexuales; el derecho a la identidad de las personas trans e intersex; o bien la modificación de los marcos normativos de varios países del Caribe que todavía criminalizan una orientación sexual diferente a la heterosexual.

Migración y desplazamiento forzado Esta situación de discriminación o de vulnerabilidad en que se encuentran varios grupos de poblaciones se agudiza más ante el fenómeno de la migración y el desplazamien-

Sólo un

5%

de las víctimas adultas de violencia sexual en la región denuncian el incidente a la policía por temor a la revictimización

En México y Perú, en 2011, sólo un

3%

de las Alcaldías fueron encabezadas por mujeres

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Foto: Cortesía Excélsior

Algunas entidades federativas de países como EUA han adoptado iniciativas para criminalizar la migración, a pesar de que un estatus migratorio irregular no constituye en modo alguno un delito to forzado. La situación de violencia, inseguridad y discriminación que enfrentan estas personas incluye secuestros, homicidios, desapariciones, actos de violencia sexual y trata de personas. Tales fenómenos afectan de manera transversal los derechos más esenciales y se agudizan con la presencia del crimen organizado o de grupos paramilitares.

Tratándose de la migración irregular, la Comisión ha expresado su preocupación porque en países como los Estados Unidos de América, algunas entidades federativas han adoptado iniciativas para criminalizarla, a pesar de que un estatus migratorio irregular no constituye en modo alguno un delitoXI.

tran en hacinamiento y enfrentan problemas como las deficientes condiciones de reclusión; falta de provisión de servicios básicos; altos índices de violencia; empleo de la tortura; uso desproporcionado de la fuerza, así como corrupción y falta de trasparencia en la gestión penitenciariaXII. En general, los Estados no destinan un presupuesto suficiente para afrontar los desafíos que representan las malas condiciones de detención. Según el informe de la CIDH, el porcentaje del Presupuesto Nacional destinado al Sistema Penitenciario en México es sólo del 0.23%, mientras que en Panamá 0.35%, en Argentina 0.56% y en Chile 0.79%XIII.

Personas privadas de la libertad

Libertad de expresión

Otro factor transversal desfavorable en la región son las condiciones infrahumanas persisten en varias cárceles. Muchas de las personas privadas de la libertad se encuen-

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Ante estas problemáticas, la CIDH ha considerado que la libertad de expresión es un derecho esencial para denunciar cualquier violación a los derechos humanos. De allí que la Comisión la ha reconocido como

piedra angular en toda sociedad democrática, consolidando un estándar conforme al cual el uso del derecho penal para sancionarla resulta un medio desproporcionado que se presta para silenciar ideas y opiniones.

La Comisión ha trabajado intensamente, logrando la derogación de leyes que sancionaban penalmente la libertad de expresión en Argentina; Chile; Costa Rica; El Salvador; Guatemala; Honduras; México (a nivel federal); Panamá; Paraguay; Perú; y Uruguay. Sin embargo, en países como Ecuador, continúan instaurándose procesos penales en contra de periodistas o comunicadores que tienen por fundamento las expresiones realizadas en relación con las actuaciones de altos funcionarios públicosXIV. Asimismo, en la región, el número de asesinatos y agresiones en contra de periodistas continúa siendo alarmanteXV y persisten materias en las que es necesario reformar los marcos normativos estatales para

no limitar la libertad de expresión en temas importantes como la regulación del internet, las concesiones de los medios de comunicación y la asignación de publicidad oficial.

Lucha contra la impunidad Adicionalmente, uno de los principales desafíos en el hemisferio es la lucha contra la impunidad.

La Comisión ha impulsado la declaración de incompatibilidad con la Convención de las amnistías de Argentina; Brasil; Chile; El Salvador; Guatemala; Perú; Uruguay; y Suriname, lo cual ha permitido poner fin a varias de estas leyes, abriendo una puerta para sentar en el banquillo de los acusados a los responsables del asesinato, desaparición o tortura de miles de personas, tanto en el marco de gobiernos dictatoriales, como de conflictos armados.

Con la misma convicción, el mes pasado la Comisión publicó el informe “Verdad, Justicia y Reparación”, indicando que en la búsque-

l 0.23%

es el Presupuesto Nacional destinado al Sistema Penitenciario en México, mientras que en Panamá es de 0.35%, en Argentina 0.56% y en Chile 0.79%

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Agenda Internacional

La Comisión Interamericana continuará estimulando la conciencia de los derechos humanos para las y los americanos y recopilando una experiencia institucional que debe ser conocida y divulgada entre todos los actores que participan en su protección

da de soluciones que actualmente formula la República de Colombia para alcanzar la paz y dejar atrás el conflicto armado existe un deber irrenunciable de investigar las graves violaciones, sin perjuicio de las penas alternativas o atenuadas que pueda imponer como consecuencia de un marco de justicia transicionalXVI. En adición a todos estos temas, la CIDH se ha mantenido vigilante a la ruptura del orden democráticoconstitucional en los países de la región –como sucedió en Honduras con el golpe de Estado en 2009–XVII; verificando en algunos países la ausencia de elecciones libres y periódicas; y monitoreado los derechos de otros grupos como las personas con discapacidad y adultos mayores. Además, recientemente ha creado una Relatoría Especial para monitorear el goce de los derechos económicos, sociales y culturales y analizar temas tan importantes como el impacto que tienen las empresas privadas en la contaminación del aire, agua y los suelos, comprometiendo los derechos de varios ciudadanos y ciudadanas de América.

Sin duda, hay sed de justicia y varias tareas pendientes en materia de derechos humanos en América, que deben ser afrontadas por los Estados de la OEA. Sin embargo, en un extremo más de las divergencias presentes en nuestra región, se encuentra el diferenciado nivel de protección que reconocen los Estados para que sus habitantes defiendan sus derechos: mientras en países como México se dan avances, reconociendo la vinculatoriedad de las decisiones y jurisprudencia de los órganos del sistema interamericano, Venezuela decidió denunciar

la Convención Americana, privando así a las y los venezolanos de un espacio supranacional para la protección a sus derechos. Asimismo, países como los Estados Unidos, Canadá y algunos otros más del Caribe no han ratificado tratados internacionales que otorgarían una mejor protección a sus habitantes ni reconocido todavía la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos HumanosXVIII. Además, es necesario mencionar que los Estados que sí hacen parte del sistema interamericano no le han dotado de recursos financieros suficientes para que tenga un funcionamiento adecuado. En los últimos dos años la Comisión ha resaltado este problema y el impacto que tiene en su eficiencia el hecho de que opere con un menor número de abogadas y abogados contratados que el total de Estados miembros de la OEAXIX. Con varios desafíos pendientes en los Estados y con retos significativos para contar con un sistema interamericano eficiente, la Comisión Interamericana continuará estimulando la conciencia de los derechos humanos para las y los americanos y recopilando una experiencia institucional que debe ser conocida y divulgada entre todos los actores que participan en la protección de los derechos humanos. Se necesita generar sinergias y eco en los temas identificados y pronunciamientos de la Comisión para que sean cumplidos y materia de preocupación prioritaria por parte de los Estados y las organizaciones de la sociedad civil. Así, podremos encaminar a nuestra América hacia un mejor rumbo.

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LA IGUALDAD

como supuesto y resultado

SOBRE EL AUTOR

Jefe de la Unidad de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Es Licenciado en Economía y Maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la UNAM

por PABLO YANES

L

os últimos tres períodos de sesiones de la CEPAL (Brasilia/2010, San Salvador/2012 y Lima/2014) han estado dedicados centralmente a la reflexión y la propuesta estratégica en torno al tema de la igualdad como lo expresan de manera clara los tres informes producidos: La Hora de la Igualdad, Cambio Estructural para la Igualdad y Pactos para la Igualdad: Hacia un Futuro Sostenible.

La constatación, tantas veces repetida, de que nuestra región no es la más pobre, pero sí la más desigual del mundo nos ha llevado en la CEPAL a proponer no sólo un nuevo diagnóstico sobre las desigualdades de la región, sino sobre todo a subrayar la pertinencia y urgencia de un conjunto coherente de políticas públicas que se propongan cerrar brechas de desigualdad y no sólo atemperar la pobreza o mitigar las carencias sociales.

La desigualdad no sólo lastima la convivencia social y los valores cívicos, niega o menoscaba el goce de derechos fundamentales y produce

sociedades fragmentadas y recelosas, sino que también limita y distorsiona el crecimiento económico; impide el despliegue de todas las capacidades productivas de nuestras sociedades; bloquea el desarrollo de un pujante mercado interno y hace depender las fuentes de crecimiento de la evolución del mercado externo y de la capacidad de consumo de las élites y las clases medias.

Frente a lo anterior, la CEPAL ha propuesto la necesidad de una nueva ecuación Estado-Mercado-Sociedad y una nueva relación entre crecimiento y distribución que se sintetiza en la idea-fuerza de “crecer para igualar y de igualar para crecer”. Como es evidente, la novedad reside en la segunda parte del postulado y en su implicación: un crecimiento concentrador termina por limitar el crecimiento mismo. Para CEPAL, en consecuencia, la igualdad progresiva de nuestras sociedades es un componente del crecimiento y no un producto sucedáneo que llegará en algún momento.

De la mano de la propuesta de

“igualar para crecer” se encuentra otra de las ideas-fuerza de esta mirada de la CEPAL: lo social no se juega sólo en lo social. Esto es: el cierre de brechas de desigualdad no puede ser producto únicamente del despliegue de la política social, sino que se requiere del concurso complementario y consistente de la política económica y de un proceso de cambio estructural de las economías de la región que supere la profunda heterogeneidad estructural; fomente la formación de cadenas de valor; difunda en el tejido productivo el progreso técnico y la innovación; y que permita la elevación de la productividad y la distribución equitativa de las mejoras.

Por ello mismo una promisoria alternativa que hemos venido explorando desde la CEPAL es la necesidad de reconsiderar el diseño de la política macroeconómica a la luz del enfoque de derechos humanos partiendo del supuesto fundamental de que la gestión de las grandes variables económicas (la política fiscal, monetaria, financiera, comercial, salarial

AĂşn hay muchas carencias no atendidas, brechas de acceso muy fuertes y goce diferenciado y jerarquizado de derechos sociales y bienes pĂşblicos

Foto: Miguel Angel CortĂŠs

Agenda internacional

El cierre de brechas de desigualdad no puede ser producto únicamente del despliegue de la política social: se requiere del concurso complementario y consistente de la política económica y laboral) no es un fin en sí mismo, sino un conjunto de herramientas que deben perseguir la mejora sostenida de las condiciones de vida y bienestar de las personas y lograr el más alto nivel posible de gozo de sus derechos humanos.

Dentro de esta perspectiva tres elementos aparecen como centrales: a) Una gestión de la economía con el propósito de generar empleo formal, bien remunerado, estable y con derechos que supere una de las grandes matrices de la desigualdad: la predominancia de bajos salarios e ingresos para segmentos muy amplios de la población b) Una fiscalidad que contribuya a corregir las grandes asimetrías de ingreso y acceso a los satisfactores sociales, dotando al Estado de la masa de recursos necesarios para proveer bienes públicos de alta calidad y en donde se logre mayor cobertura del gasto social pero también mayor efecto redistributivo c) Un nuevo estilo de desarrollo que ponga en el centro la sustentabilidad ambiental y que permita elevar sustancialmente la capacidad regulatoria en esta materia para garantizar el interés general y la defensa del medio ambiente concebido como un macro bien público.

En este contexto la política social tiene espacio para desarrollarse y

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profundizarse mediante la expansión de sus coberturas, en una lógica crecientemente universalista, y en la calidad y acceso homogéneo a los diversos bienes públicos frente a una lógica de creciente importancia del consumo privado. A pesar de los avances en el monto del gasto social que ha reportado la región en el presente siglo, aún hay muchas carencias no atendidas, brechas de acceso muy fuertes (agravadas en el caso de la infancia, las mujeres y los pueblos indígenas y afrodescendientes) y goce diferenciado y jerarquizado de derechos sociales y bienes públicos.

Por esto mismo la reflexión sobre la necesidad de políticas pro igualdad -y no sólo anti pobreza- va de la mano con la idea de que no hay que pensar sólo en pisos mínimos, sino atreverse a diseñar y caminar hacia techos máximos consistentes con el postulado central del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que establece el derecho de todas las personas a un nivel de vida adecuado.

Las políticas pro igualdad deben ser construidas –por su naturaleza no puede ser de otro modo— desde el enfoque de derechos humanos y sus postulados fundamentales de universalidad; interdependencia; indivisibilidad; progresividad; exigibilidad; definición del contenido mínimo del

derecho; no regresividad; máxima movilización de recursos disponibles; e interpretación pro persona.

Y cuando hablamos de políticas pro igualdad no nos referimos sólo a la igualdad de oportunidades, sino que vamos más allá: igualdad sustantiva; cierre de brechas; igualdad creciente de resultados. La experiencia nos ha señalado que sociedades altamente desiguales son también sociedades de baja movilidad social en la medida en que es la estructura social la que determina la estructura de las oportunidades y no a la inversa, como frecuentemente se piensa. En la medida en que las disparidades sociales sean menores las oportunidades serán mejores y se distribuirán de manera más horizontal en la sociedad lográndose mayor movilidad social.

Para la región latinoamericana y del Caribe todo lo anterior implica asumir la relevancia de construir información estadística y diagnósticos que muestren la complejidad, extensión, profundidad y dinámica de las desigualdades para diseñar marcos jurídicos, políticos e institucionales que permitan la construcción de acuerdos nacionales y cursos de acción con el propósito explícito de cerrar las brechas y tener sociedades mucho más igualitarias.

Implica analizar no sólo la desigualdad entre los hogares, sino también la

composición de la distribución primaria del ingreso y la evolución de la masa salarial.

Implica entender los mecanismos de profundización de las desigualdades en el ciclo de vida (particularmente en la infancia) por razones de género; por pertenencia étnica; por discapacidad; por afrodescendencia; por identidad sexual; así como desentrañar los mecanismos del círculo vicioso entre desigualdad y discriminación.

Implica, también, un mejor conocimiento de las maneras cómo se producen y reproducen la pobreza y la pobreza extrema y también asumir como parte de la cuestión social de la región el conocimiento sobre la producción y reproducción de la riqueza extrema.

A lo anterior hay que agregarle el desafío adicional que significa el reto global del cambio climático y del agotamiento de un estilo de desarrollo basado en el consumo

masivo -y al mismo tiempo profundamente desigual- de combustibles fósiles y bienes privados en detrimento de los públicos.

Por ello las políticas pro igualdad deben conducir a una doble transformación: una nueva relación al interior de las sociedades para hacerlas más horizontales y una relación de la sociedad global con el medio ambiente para garantizar la sostenibilidad del desarrollo y la reproducción de la vida a escala planetaria.

Por todo lo anterior, en los debates y consultas orientadas a la construcción de la agenda post-2015 y la definición de los Objetivos del Desarrollo Sustentable las dimensiones de la igualdad y la sustentabilidad han gravitado como ejes transversales hacia la propuesta de un nuevo modelo de desarrollo que aspira a serlo con igualdad, sin pobreza y con sustentabilidad.

Es ambicioso, pero también es posible.

Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

Las políticas pro igualdad deben conducir a una doble transformación: una nueva relación al interior de las sociedades para hacerlas más horizontales y una relación de la sociedad global con el medio ambiente para garantizar la sostenibilidad del desarrollo y la reproducción de la vida a escala planetaria

MÉXICO SOCIAL Octubre 2014

Editorial

MARIO luis fuentes

S

i hay un bien que debería estar en los cimientos de la cohesión social en una democracia, éste es el del acceso a la justicia. Infortunadamente, la percepción ciudadana, producto de años de autoritarismo, impunidad y uso abusivo de la justicia para fines políticos, apunta a un profundo rechazo de las autoridades y a un severo cuestionamiento en torno a su legitimidad.

Vivimos en un país en el que acceder a investigaciones imparciales y objetivas, así como a procesos judiciales justos y expeditos, como marca la Constitución, sigue siendo una cuestión mayoritariamente de recursos; pues para las personas que viven en pobreza o en la precariedad económica, verse involucrados en un proceso judicial puede representar vivir años meses o años de infortunio y de vejaciones inaceptables, para una sociedad que busca convertirse en un verdadero Estado de derecho.

La credibilidad y la confianza, dos de los elementos más relevantes para la pervivencia de una democracia, están severamente erosionadas en nuestro país; así lo muestran todos los estudios que hay en la materia, tanto en México como a nivel internacional.

El Latinobarómetro 2013 nos dice que una de las principales razones para que las personas consideren que la democracia no es necesariamente la mejor forma de gobierno, es precisamente la existencia de severas condiciones de inseguridad y violencia, lo cual ocurre, según la percepción ciudadana, bajo la complicidad, el silencio o la incapacidad de las autoridades.

El reciente estudio del Instituto Nacional Electoral (INE), publicó el mes pasado un informe sobre la calidad de la democracia en nuestro país. Los resultados son más que preocupantes, pues confirman el grado de indefensión que se ha documentado, en el mencionado Latinobarómetro, pero también a través de Encuestas Nacionales como la ENVIPE. El diagnóstico del INE nos dice, en primer lugar, que el 12% de la población declara haber sido víctima de algún acto de la delincuencia; es decir, considerando que tenemos alrededor de 118 millones de habitantes, y que el estudio del INE refiere a personas mayores de 18 años, entonces habría que decir que más de 10 millones de personas han sido víctimas de algún

delito.

Hay además dos de cada tres ciudadanos que piensan que en México las leyes se cumplen poco o nada; además de un 29% que considera que sólo se cumplen “algo”; es decir, hay una verdadera ruptura de la cultura de la legalidad tanto de parte de la ciudadanía como de las autoridades que son responsables de cumplir y de hacer cumplir la Ley. Esto nos ha llevado a una situación peligrosa en la que la ciudadanía considera que es más importante que la autoridades capturen a los delincuentes, que abocarse al respeto de los derechos humanos; pues en una situación así, el linchamiento y la fabricación de “presuntos culpables” se convierte en la regla de la actuación de las autoridades de procuración e impartición de justicia.

Enfrentamos una realidad que es espejo del peor de los mundos, pues hay cientos, quizá miles de casos de personas que deberían estar enfrentando a la justicia; pero también hemos conocido por los medios de comunicación, vergonzosos casos en los que se ha perseguido y encarcelado a inocentes.

Frente a ello, debe comprenderse que en una democracia es tan grave promover la impunidad a través de la no acción penal en contra de quienes delinquen, como poner en la cárcel a personas que son inocentes o cuya responsabilidad penal no quedó fehaciente y plenamente acreditada.

Nos dice el INE que más del 50% de la población que acudieron ante un Ministerio Público o un Policía cercano, declaran que haberlo hecho no sirvió de nada; mientras que las policías (todas) y las y los jueces, no alcanzan siquiera el 30% de confianza ciudadana.

Lo que tenemos enfrente es un panorama desolador, en el que no se ha logrado construir una cultura en la cual el acceso a la justicia sea visto como uno de los bienes sociales más importantes que podemos tener.

El malestar que se percibe por todos lados es reflejo del hartazgo social ante tanta impunidad, abuso de poder, corrupción y falta de capacidad para reformar a todo el aparato de justicia en el país. Es precisamente a estos temas, que está dedicada la presente edición de México Social.

Director general del CEIDAS, A.C.; en la UNAM es integrante de la Junta de Gobierno; Coordinador de la Especialización en Desarrollo Social del Posgrado de la Facultad de Economía; Investigador del Programa de Estudios sobre el Desarrollo; y titular de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas

MÉXICO SOCIAL Julio 2014

1

¿Más educación

SUPERIOR? SEGUNDA PARTE

Tenemos demasiados profesionales para la estructura económica del país, si se le mira comparativamente con países de mayor nivel de desarrollo

SOBRE EL AUTOR: Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM

48

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D

uplicar el porcentaje de la población con estudios superiores en el mediano plazo, como propone la ANUIES, conlleva dificultades y riesgos importantes. El mayor riesgo está en poner toda la atención en aumentar la población con estudios superiores a costa de soslayar el mayor problema educativo que se tiene, que es la enorme cantidad de adultos en edad laboral con conocimientos apenas básicos. El gráfico 1 ilustra comparativamente la situación que guarda México en relación con otros países selectos, miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, de la cual forma parte. Los países están ordenados conforme a su posición inicial, al final de los años setenta. A partir de ahí las capas son las adiciones o disminuciones por décadas hasta 2010, último año reportado.

Después de 30 años, los esfuerzos diferenciales de los distintos países llevan a un ordenamiento muy diferente. Evidentemente, Corea pasa a ocupar un primerísimo sitio, donde 65% de la población de 25 a 34 años ha concluido estudios de nivel superior.

Los lugares siguientes pasan a estar ocupados por Japón, Irlanda, Gran Bretaña, Finlandia y así sucesivamente. Los esfuerzos que haya hecho México en estos años no fueron suficientes para mejorar la posición

por JOSÉ RANGEL

de inicio. Para el final de la siguiente década habrá que hacer lo que no se ha hecho hasta ahora y ubicarse cerca del promedio del resto de países. Italia, como México, no ha mejorado su posición y frente a sus socios europeos ocupa un sitio muy rezagado.

Sin embargo, se verá cómo la estructura y articulación de su sistema educativo con el aparato productivo no parecen requerir algo diferente, como lo está buscando México.

Durante los años de referencia, la mayoría de países llevaron a cabo importantes esfuerzos por incrementar el nivel educativo de su población. Incluso Japón, cuya posición inicial era bastante favorable, duplicó su porcentaje de población con estudios superiores. Sin embargo, es importante, junto con el caso de Italia, observar lo hecho por Alemania, y EE UU, y en menor medida por Gran Bretaña y Finlandia. Estos países frenan e incluso dan marcha atrás en el porcentaje de población con estudios de nivel terciario. Notable es el caso de Alemania que, a diferencia de las otras, decide mantenerse en una cota bastante por debajo del promedio.

En México, el problema de contar con un porcentaje de población adulta con estudios superiores muy bajo, el cual apenas comienza a subsanarse, se ve agravado por el hecho de que una enorme mayoría de quienes no tienen estudios superiores tam-

CARTELERA CONACULTA

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EXPOSICIÓN

Territorio ideal.

José María Velasco, perspectivas de una época

La mayor retrospectiva realizada hasta la fecha con la obra del más famoso paisajista mexicano, que explora las diversas modalidades y disciplinas que convergieron en buena parte del siglo XIX y a principios del XX. MUSEO NACIONAL DE ARTE

Tacuba 8, col. Centro Histórico Mar a dom, 10 a 18 h / $38* Domingos entrada libre

José María Velasco (1840-1912) Valle de México, 1877. Óleo sobre tela 160.5 x 229.7 cm Museo Nacional de Arte, INBA

TEATRO

La última sesión de Freud

Antes de la caída

De Mark St. Germain.

Adaptación y dirección: José Caballero.

La entrevista entre el escritor cristiano, C. S. Lewis, y el científico ateo, Sigmund Freud, días antes de su muerte, los hará cuestionar la existencia de Dios, la sexualidad y la eutanasia.

CENTRO CULTURAL HELÉNICO

Teatro Helénico Av. Revolución 1500 Col. Guadalupe Inn Vie, 20:30 h / sáb, 18 y 20:30 h Dom, 18 h / $300 y $450 NIÑOS

XIV Festival de Títeres Mireya Cueto La niña que se volvió titiritera.

Del 4 al 26 de octubre.

SEDES:

Teatro Isabela Corona Teatro Santa Fe Casa de Cultura Jaime Sabines Centro Cultural San Ángel FARO Indios Verdes.

Entrada libre Programación: alasyraices.gob.mx

www.conaculta.gob.mx

EXPOSICIÓN

Del 24 de octubre al 9 de noviembre.

De Estela Leñero.

Dirección: Gema Aparicio.

La historia de dos hermanas cuya estrecha relación las destruye y al mismo tiempo, las llena de amor. Ambas comparten su vida y su pasado con un oscuro secreto, así como la atracción por un mismo hombre.

CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES

Foro de las Artes Río Churubusco 79, col. Country Club Vie, 20 h / sáb, 19 h / dom, 18 h $150*

Antes del rojo. Noche de hormigas moras A Poc A Poc Danza.

Coreografía y dirección: Jaime Camarena.

Danza, títeres, arte visual, video y teatro, abordan mitos que existen alrededor de la sexualidad en la adolescencia.

CENTRO CULTURAL DEL BOSQUE

Teatro de la Danza Reforma y Campo Marte Col. Bosque de Chapultepec Sáb 11 y 18, dom 12 y 19, 13 h $80*

www.mexicoescultura.com

Ilya y Emilia Kabakov.

Angelología: utopía y ángeles

Propuesta de los artistas soviéticos, que aborda a los ángeles como seres que representan una metáfora de la creatividad y la subjetividad y a la utopía, como un propósito que guía la voluntad social e individual para la construcción de un mundo más justo. Pintura, instalación, escultura, dibujo, fotografía y maquetas.

ANTIGUO COLEGIO DE SAN ILDEFONSO

Justo Sierra 16 , col. Centro Histórico Mar, 10 a 19:30 h / mié a dom, 10 a 17:30 h $45* Martes entrada libre Hasta enero 11

*Descuento a maestros, estudiantes, Maestros a la Cultura, Sépalo e Inapam

poco tienen estudios de nivel medio superior. Esto es, nuestros ciudadanos no cuentan con el nivel educativo que corresponde con su edad y responsabilidad social.

De acuerdo con el gráfico 2, del total de la población de entre 25 y 64 años de edad en México sólo el 19% alcanzó un nivel de estudios de media superior. Para la OCDE, el porcentaje correspondiente para esta población es de 44%, más del doble del mexicano.

Países como Italia (40 %), Alemania (59 %), Países Bajos (41 %) o Estados Unidos (47%), que han apostado por mantener un crecimiento de su educación superior menor al promedio, soportan el grueso de su actividad económica en una ciudadanía bien formada con estudios de nivel medio superior fundamentalmente.

La estructura productiva de una economía determina el empleo de su población. Una formación educativa adecuada, instrumentada con claridad de objetivos, tiende a su vez a modificar esa estructura productiva.

Por la manera como está estructurada la educación en los países de mayor desarrollo económico, parece indudable que su actividad productiva, así como su actividad científica tecnológica, indispensable para el progreso, requiere que la mayoría de su población en edad productiva cuente con educación media superior como máximo. El contenido y capacidad de acción de este nivel educativo, por supuesto, estará acorde con las exigencias del desarrollo de estas economías.

O sea, es posible operar una economía como la alemana, con la estructura educativa que posee, donde quienes alcanzan estudios de nivel medio superior como máximo estén en condiciones de insertarse laboralmente y mantener pujante su economía. Pensemos ahora en la economía mexicana.

México disponía en 2010 (último dato disponible con fines comparativos) de una fuerza laboral entre 25 y 64 años con estudios superiores equivalente al 17% del total (gráfico 2); con estudios de nivel medio superior una cantidad seme-

Gráfico 1. SIN MEJORA EN 30 AÑOS 1980

60

1990

2000

2010

Porcentaje

50 40 30 20 10 0

Visita Fuente: Education at Glance 2012, OECD. www.mexicosocial.org

EE UU

Finlandia

Gran Bretaña

Japón

Países Bajos

Alemania

Irlanda

Chile

Francia

España

Rep. Corea

México

Italia

Población de 25 a 34 años con estudios superiores, 2010

Los esfuerzos del país desde 1980 para incrementar la cantidad de población con estudios superiores no han sido suficientes

Porcentaje

COLABORACIÓN ESPECIAL Básica

Media Superior

Superior

100

Gráfico 2.

90 80

64% SÓLO CON NIVEL BÁSICO

70 60

En 2010, 64% de la población en México entre 25 y 64 años de edad alcanzaban como máximo nivel de estudios el básico, mientras que el promedio de población en esta situación para todos los países de la OCDE es de 26%

50 40 30 20 10 0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Máximo nivel de estudios en población de 25 a 64 años Fuente: Education at a Glance, 2012, OECD, 2012.

SE MIDIERON LAS FUERZAS POLÍTICAS; EL PRI A LA CABEZA Hasta los primeros días de septiembre, nadie pensó en las implicaciones político-electorales que pudiera traer para los partidos políticos su interés de participar en el nuevo ejercicio democrático denominado la Consulta Popular y que forma parte de la reciente Reforma Política impulsada por el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.

Si bien, el ejercicio no fue una elección formal, sí funcionó a manera de encuesta para observar la capacidad de movilización y la presencia de cada partido en todo el país.

Sin duda y por mucho, fue el PRI el que recabó el mayor número de firmas en apoyo a su pregunta para que sea incorporada y calificada, en su caso por los electores en las elecciones de junio de 2015.

Pareciera no tener mucha importancia, pero si hacemos un análisis un poco más profundo nos daremos cuenta de que no solamente es el número de firmas, que por mucho es mayoritario, ya que si éstas se convirtieran en votos ni con una coalición le ganaban al PRI. Las 6.07 millones de firmas contra dos millones del PAN y otros dos millones del PRD o 2.7 millones de Morena están lejos de competir y poner en riesgo la mayoría alcanzada por el tricolor; pero aunque no estamos hablando de votos podría ser un buen comparativo o una forma de hacer una encuesta de las preferencias actuales, más que hacia los candidatos, hacia los apartidos. b r i l 2014 MÉXICO SOCIAL

En el caso del PRI, como lo dijo su presidente el doctor César Camacho, logró articular una pregunta con un tema que en algún momento fue propuesta de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, y precisamente esa es la virtud que pudo concretar el tricolor.

Logró hacer del adelgazamiento del Congreso Federal una pregunta que resultó del mayor interés de los ciudadanos, pero 53 que además resultó ser positiva y sobre todo, es la que en el menor tiempo logró recabar la mayor cantidad de apoyos.

Hasta hace pocos meses, se decía que ya nadie gana con el voto duro, que es aquel de los militantes, que pase lo que pase votan por un partido. Esa aseveración está en entredicho.

Hoy el PRI resurge como una opción viable, asume su papel de partido en el gobierno, incrementa su base militante y trabaja en su reorganización, si hoy hubiera elecciones en el país, los resultados estarían a la vista, el reto es conservar, mantener, acrecentar MÉXICO SOCIAL y dar mantenimiento a esa maquinaria que estará a prueba, de nueva cuenta, el primer domingo de junioSeptiembre de 2015. 2014 15

Gráfico 3. PAISES MÁS PRODUCTIVOS PRIVILEGIAN MEDIA SUPERIOR

400,000

140 120

300,000

100

250,000

80

200,000 60 150,000 40

Rep.Corea

Chile

México

España

Reino Unido

Japón

Finlandia

EE UU

Irlanda

Países Bajos

Francia

Italia

50,000

Alemania

100,000

20

Porcentaje

350,000

Los países cuyas poblaciones con educación superior son relativamente las más pequeñas son los más productivos. Aquellos que se encuentran de la mitad de la tabla hacia arriba en productividad profesional privilegian la formación hasta la media superior sobre la superior

Productividad profesional comparada, 2010

Fuente: PIB, Banco Mundial (Metadata). Profesionales, OCDE (EAG 2012).

jante, igual a 19%; y con una gran proporción de esta misma población (64%) con estudios básicos como máximo.

En 2010, solamente 36 de cada 100 adultos de 25 a 64 años habían decidido continuar estudiando al terminar secundaria. Los datos más recientes muestran que en el ciclo 2011-2012 ingresaron al nivel medio superior 72 de los 100 alumnos que iniciaron primaria 12 años atrás. Sin embargo, a partir de este momento la erosión de la permanencia en el sistema educativo es muy grande. Solamente 42 estudiantes concluyen la media superior. De los cuales 35 ingresan al nivel superior.

Estos datos parecen indicar que se camina en la dirección de solventar la urgente necesidad de ampliar, primero que todo, la población con estudios de media superior hasta volverse mayoritaria, como ocurre en los países desarrollados. Sin embargo, antes que engrosar las filas del nivel superior es urgente hacer que la obligatoriedad de los estudios de media superior vuelva efectiva la existencia de una mayoría de población con ese nivel de estudios y abata al mínimo

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internacional la de aquellos con estudios básicos solamente.

Existe el riesgo de que la actividad productiva del país no esté en condiciones de incorporar eficientemente una población con formación terciaria tan amplia como la que se busca en la propuesta de la ANUIES, como de hecho parece estar ocurriendo.

El resultado de una incorporación por encima de la capacidad de absorción productiva de profesionales con estudios terciarios se presenta en el gráfico 3. Los mismos países de los gráficos anteriores están ahora ordenados de acuerdo con la eficiencia del empleo de sus profesionales en la economía. De su productividad en términos gruesos del PIB de cada nación.

Se obtiene una imagen inversa a la anterior.

Alemania y Corea cuentan con un número similar de profesionales, 11.8 y 11.4 millones de personas, respectivamente. Sin embargo, Alemania produce un PIB anualmente cuatro veces superior. Más notable es la capacidad de empleo de los profesionales en Italia. Con solo 43% de población con estudios superiores en comparación con Corea, Italia genera un PIB 2.5 veces

COLABORACIÓN ESPECIAL mayor. Y así con el resto de los países del gráfico.

La tasa de educación superior entre la población coreana parecería, por sí sola, a todas luces envidiable. Sin embargo, con el 75% de los profesionales de Corea, México generó en 2010 un PIB casi 6% mayor. Por ello es que Corea es el país de la muestra con la mayor ineficiencia en el uso de su fuerza laboral profesional.

El caso más notable es Italia, la de mayor productividad profesional. En este país, de cada 100 personas en la fuerza de trabajo de entre 25 y 64 años con estudios tanto de media superior o superior, solamente 36 de ellos cuentan con estudios profesionales. En Alemania y Francia la relación es 45 y 70 por cada cien, respectivamente. Privilegian con distinta intensidad contar con una fuerza laboral profesional con estudios de nivel terciario, altamente especializada y muy productiva, junto con una planta de nivel medio también muy capacitada y suficiente para su producción económica.

Logran una maduración más temprana de su fuerza laboral. Evidentemente, en menor tiempo y a menor costo.

El caso de los países con una baja de relación de profesionales en su fuerza de trabajo en relación con la población de formación media implica necesariamente una eficaz articulación entre los sistemas educativo y productivo.

Así, es comprensible que a mayor formación, menor es la tendencia al desempleo. Caso in-

verso ocurre en México. Tenemos demasiados profesionales para la estructura económica del país, si se le mira comparativamente con países de mayor nivel de desarrollo.

No se tiene una tasa de desempleo profesional particularmente elevada, como se temió en algún momento, pero sí, una enorme subutilización de esta fuerza laboral. O bien, se cuenta con una fuerza laboral profesional con un nivel de formación que en otros países se alcanza mucho antes. En cualquier caso, el resultado es similar: baja productividad, en una estructura productiva que privilegia la incorporación de profesionales de baja capacidad, a un menor costo y pospone la modernización y la innovación tecnológicas.

Si la economía y los egresados del sistema educativo en sus niveles medio superior y superior no son compatibles, como hasta la fecha, el crecimiento será lento, el empleo insuficiente y el atractivo para los jóvenes de permanecer en el espacio en el que no estudian y tampoco están en la fuerza laboral muy grande.

Si tuviéramos una economía capaz de aprovechar a los profesionales disponibles en este momento, de acuerdo con el promedio de productividad laboral del gráfico 3, México estaría produciendo al mismo nivel que EE UU, esto es, 213 millones de dólares por profesional, en lugar de los 113 que producimos actualmente. Esto es 88% más. El dilema no es menor.

Existe el riesgo de que la actividad productiva del país no esté en condiciones de incorporar eficientemente una población con formación terciaria tan amplia como la que se busca en la propuesta de la ANUIES, como de hecho parece estar ocurriendo. Esto significa la subocupación de los profesionales

MÉXICO SOCIAL Octubre 2014

53

El arte y lo social

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MÉXICO SOCIAL Octubre 2014

Salud Pública

Retos y alcances de la

planificación familiar por MANUEL CAMPA

L

a Planificación Familiar es el planeamiento que establece una pareja para determinar responsablemente el número de hijos que podrán tener con base en sus recursos. Deben considerar las necesidades que cada hijo tendría y en qué medida ellos podrán satisfacerlas, además de cuál es el proyecto que tienen de familia. Generalmente las parejas deciden tener un hijo en función de sus deseos y no de sus posibilidades, lo cual resulta sumamente perjudicial para las sociedades, pues cada vez nacen más niños con menos oportunidades, más necesidades insatisfechas y menos felices.

Los países donde el control de la natalidad se planifica seriamente son menos propensos a sufrir sobrepoblación y tienen una economía más pareja. También tienen más posibilidades de alcanzar un nivel de desarrollo positivo, al contar con un menor gasto de sus recursos naturales.

A principios del Siglo XX la población de México era de 13.6 millones de habitantes, en 1930 crecimos a 16.6 millones de habitantes. A par-

56

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tir de 1940 se inicia un descenso importante y sostenido de la mortalidad general con aumento en nuestra esperanza de vida y un crecimiento acelerado de la población, creciendo a 25.8 millones en 1950 y 48.9 millones en 1970, indicando una tasa de crecimiento demográfico en ese año de 3.4%, una de las más altas en el mundo.

En 1974, como consecuencia de la modificación al Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que eleva a rango constitucional el derecho a la libre decisión de los individuos a elegir sobre el número y espaciamiento de sus hijos, se creó el Consejo Nacional de Población (CONAPO) por mandato de la Ley de Población, con la misión de regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución en el territorio nacional, y el fin de lograr que esta participe justa y equitativamente de los beneficios del desarrollo económico y social.

Esta política de población reclama un enfoque integral, claramente

inserto en las prioridades del desarrollo social, que propicie un cambio de mentalidad e intensifique el espíritu de previsión y planeación en las familias, así como el afán de igualdad entre sus miembros, especialmente en cuestiones de género; que fomente también una alta valoración parenteral de los hijos y que extienda y arraigue una cultura demográfica sobre las repercusiones de la población en el medio ambiente y la sustentabilidad del desarrollo.

En 1977 se elabora el Programa Nacional de Planificación Familiar, el cual designa como responsables de la planificación familiar al CONAPO y al Sector Salud, y nombra un Coordinador Ejecutivo de dicho programa que depende administrativamente del IMSS. Entra en vigor el 28 de Octubre de 1977 y cuenta con el apoyo de organismos internacionales que aportaron ayuda incondicional.

Al inicio del programa la tasa de crecimiento demográfico a finales de 1976 era de 3.2%, fijando las metas demográficas por alcanzar: 1982, 2.5%; 1988,1.9%; 1994,1.4%; 2000, 1%.

Generalmente las parejas deciden tener un hijo en función de sus deseos y no de sus posibilidades, lo cual resulta sumamente perjudicial para las sociedades A finales de 1982 la tasa de crecimiento demográfico fue de 2.4%; México bajó su tasa de natalidad a un ritmo más acelerado que cualquier otro país en la historia. Por este motivo la Academia Mundial de Ciencias de la Población entregó el Premio del año al Programa Nacional de Planificación Familiar. En 1983 el programa pasó directamente a CONAPO y el sector salud.

En 1983 se creó por decreto presidencial el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) organismo autónomo del gobierno mexicano, conjuntando en una sola institución la responsabilidad de generar la información estadística y geográfica. Esta institución, adicionalmente a los censos y a los registros, realiza una gran variedad de encuestas en hogares, en particular la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID). Esta tiene entre sus objetivos cuantificar los niveles, las tendencias y las principales características de la fecundidad y salud reproductiva, migración y mortalidad, componentes demográficos que influyen de forma directa en el cambio del monto, estructura y distribución espacial de la población del país; genera información para cada entidad federativa y por tamaño de localidad sobre la composición

por edad y sexo de la población, niveles y estructuras de la fecundidad y la prevalencia de la anticoncepción. Sus resultados son básicos en la toma de decisiones.

A mediados de los años noventa se actualizó la política nacional de población, haciendo de la salud reproductiva su piedra angular, reduciendo el índice anual de crecimiento demográfico al 1.75%, la tasa total de fecundidad a 2.4, y lograr un índice de uso de anticonceptivos de 70.2%.

Desde esa fecha México ha tenido políticas de población explícitas; hasta el año 2000 se habían formulado cinco programas consecutivos de Planificación Familiar en el sector oficial y una organización civil, la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar A.C. (MEXFAM), extendiéndose de manera notable la práctica de la misma. En 2003 se creó el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), un órgano rector y desconcentrado de la Secretaría de Salud, quedando bajo su responsabilidad el Programa de Planificación Familiar.

La Secretaría de Salud, a través del Sistema de Información en Salud (SINAIS), el CONAPO y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), pusieron a disposición de las instituciones académi-

SOBRE EL AUTOR

Especialista certificado "In tempore" por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana desde 1966. Fue Comisiado de arbitraje médico del estado de Veracruz de 1999 a 2008.

MÉXICO SOCIAL Octubre 2014

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Salud Pública

El uso de algún anticonceptivo en la primera relación sexual es menor a

50

%

58

cas, organizaciones ciiviles, dependencias de gobierno y público en general las Encuestas Nacionales de la Dinámica Demográfica 2006 y 2009 (ENADID) en que se actualiza la información relativa a fecundidad, salud sexual y reproductiva de la población.

La educación de cada mujer guarda relación estrecha con el uso de anticonceptivos, porque propicia en las personas actitudes de previsión y planeación y favorece una mayor capacidad de decisión, autonomía y libertad, lo que se expresa en todas las esferas de la vida privada y social, fomenta el afán de logro y superación personales, así como una alta valoración parenteral de los hijos.

Además, la formación escolar incrementa la capacidad de comprensión y manejo de información, comunicación y análisis, que son cualidades que favorecen la difusión de innovaciones. Hoy en día se reconoce ampliamente el valor que tiene la planificación familiar en la vida de las personas. “La educación de una persona comienza dieciocho años antes de su nacimiento” (Napoleón Bonaparte 1769-1821).

En el año 2010 éramos 116.9 millones de personas (CONAPO), cerca de 4 millones más de lo previsto. Esta situación fue resultado fundamentalmente de la desaceleración de la caída de la fecundidad ocurrida entre los años 2000 y 2011, que no fue reconocida a tiempo. A mediados de 2013 hubo 118.3 millones de habitantes, con una tasa de crecimiento total de 1.13 (51.2 mujeres y 48.8 hombres). Este año rebasamos los 119 millones.

La disminución de la fecundidad, 2.2 hijos por cada mujer, ha sido el principal determinante en la reducción del crecimiento demográfico registrado en el país durante los últimos cuarenta años. Pero el descenso de la fecundidad no ha ocurrido de manera simultánea, ni con la misma intensidad entre los diferentes ámbitos poblacionales o en los distintos grupos étnicos del país, pues aún se continúan presentando altos niveles de fecundidad (CONAPO).

Esta problemática tiene como origen el difícil acceso a los servicios, el descono-

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cimiento de los métodos de Planificación Familiar, de su forma de uso o lugar de obtención, así como aspectos sociales y culturales que limitan el poder de decisión de las personas.

Buena parte de las mujeres indígenas siguen sin hacer propio el derecho de decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos. El porcentaje de mujeres con primaria incompleta es tres veces mayor en las indígenas que en las no indígenas.

En Oaxaca madres a los 20 años tienen 2.5 hijos y 5.8% es madre soltera (INEGI).

A pesar de que son muchos los logros obtenidos, las cifras dejan ver importantes desafíos que requieren respuestas eficientes y oportunas de la sociedad y el gobierno; la identificación de grupos con rezago en este tema de salud nos muestra la necesidad de reforzar el Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción. Es necesario propiciar una mayor participación del hombre en las decisiones y utilización de la anticoncepción.

La población joven continúa presentando niveles muy bajos de utilización de métodos anticonceptivos, a la vez que la demanda insatisfecha prevalece alta. La utilización de anticonceptivos para postergar la llegada del primer hijo parece estar empezando a penetrar en los patrones reproductivos de las nuevas generaciones, sin embargo, los avances son incipientes y aún no están consolidados.

La brecha existente en la utilización de métodos anticonceptivos entre la población rural y urbana continua siendo alta, y los niveles de uso aún presentan un retraso de 17 años en relación con el progreso alcanzado en el ámbito urbano.

En el caso de los adolescentes, el problema radica en el inicio temprano de la actividad sexual sin una adecuada protección; el uso de algún anticonceptivo en la primera relación sexual no llega al 50%. En el periodo 1996-2006 la falta de acceso a algún método de la planificación familiar entre menores de edad creció 10%, cifra mayor a la reportada en las comunidades indígenas y rurales marginadas.

Durante las próximas dos décadas las

proyecciones oficiales indican que el nivel de embarazo de adolescentes en México continuará prácticamente en el mismo rango, lo que en opinión de especialistas en la materia es una alerta de las fallas y omisiones en materia de educación y salud reproductiva. Este es otro reto por resolver. Actualmente el nivel es de 66 hijos por cada mil adolescentes y para los próximos años será 64; en Suiza es de 4.3 (ONU).

Consideramos que el programa de planificación familiar no debe descuidarse, con la falsa premisa de que al acercarse el país a la tasa de reemplazo poblacional el problema está resuelto; se está enfocando la atención y recursos a temas como el combate del VIH/SIDA, el envejecimiento de la población, las enfermedades crónicodegenerativas y la migración. A la fecha el sector privado atiende casi el 30% de los mexicanos que usan métodos anticonceptivos (MEXFAM). Es conveniente fomentar la creación de estos organismos civiles no gubernamentales en apoyo a las autoridades de salud.

Ampliar el acceso de esta población a los servicios de planificación familiar es una obligación que requiere atenderse por motivos de equidad y justicia social, y es una condición para garantizar que toda la población pueda ejercer su derechos a elegir cuántos hijos tener y cuándo. El reto es

lograr el acceso universal a la salud reproductiva. Por sus múltiples beneficios, este programa es estratégico y prioritario para la Secretaría de Salud.

Está pendiente normar el derecho a la salud sexual y reproductiva, sin distinción ni discriminación; asegurar el suministro de materiales en esta materia; considerar la difusión y el uso de los métodos anticonceptivos como estratégicos; garantizar que los programas de planificación familiar, anticoncepción, educación sexual y salud reproductiva para adolescentes sean obligatorios, eficientes y no discrecionales; dar en la educación este enfoque; y generar indicadores para medir el desarrollo del fenómeno.

Tener acceso a información y servicios sobre la salud sexual y reproductiva es fundamental; la pobreza y los indicadores de salud reproductiva están íntimamente ligados, lo que contribuye a una mayor deserción escolar en las mujeres, menores oportunidades de empleo y condiciones de vida precaria para sus hijos, lo que perpetua el circulo vicioso de la pobreza.

La ilegalidad es una invariante del mexicano, enseñarnos a respetar la ley; educación e instrucción de calidad; y aplicar la planificación familiar y salud reproductiva son los medios más eficaces para reducir los problemas sociales en nuestro país y elevar la calidad de vida de los mexicanos.

La brecha existente en la utilización de métodos anticonceptivos entre la población rural y urbana continúa siendo alta, y los niveles de uso aún presentan un retraso de 17 años en relación con el progreso alcanzado en el ámbito urbano

MÉXICO SOCIAL Octubre 2014

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