Algunas notas sobre la dehesa de Castilseras en el primer tercio del siglo XX
La relación entre las minas de Almadén y la dehesa de Castilseras se remonta siete siglos atrás, cuando todavía ambas formaban parte de la Encomienda de Calatrava, si bien la citada Orden Militar no explotaba los yacimientos de azogue por sí misma sino que arrendaba su aprovechamiento a mercaderes catalanes y genoveses. En el año 1523 y mediante una bula papal, Su Santidad Adriano VI dejó vinculados a perpetuidad los bienes de la Orden de Calatrava a la Corona de España y solo dos años después comenzaría un largo período (1525-1645) durante la mayor parte del cual dichos bienes fueron arrendados mediante varios asientos a la casa-banca Fugger.
A mediados del siglo XVI surgieron ya los primeros conflictos entre los arrendatarios de la mina y los vecinos de Almadén, pues aquellos temían que escaseara la madera para la fortificación de las labores subterráneas, mientras que labradores y ganaderos no respetaban la prohibición de entrar en Castilseras. Esta disputa entre los intereses de los Fugger, que eran también los de la Corona, y los vecinos de Almadén fue en aumento, ya que la producción de azogue crecía con el paso de los años a la par que se incrementaba el vecindario de Almadén, lo que implicaba la necesidad de mayores suministros para su población. Otras dehesas de Chillón, Capilla y Abenójar hubieron de ser aplicadas a la mina de Almadén, pues en Castilseras había todavía madera menuda y leña, pero faltaban los grandes maderos necesarios para la entibación de las explotaciones1.
El descubrimiento de la mina del Castillo a finales del XVII aumentó la necesidad de madera y bueyes para la mina. Ya no eran suficientes las dehesas aplicadas a la misma, entre ellas Castilseras, sino que fue necesario recurrir a otras varias de Almodóvar del Campo, cuyo alcalde mayor estaba en litigio permanente con el superintendente de la mina de Almadén. En 1708, la Factoría de Carretas de Su Majestad disponía de 98 bueyes y 40 carretas, cantidad claramente insuficiente para traer leña y madera a la mina, y para llevar el azogue a Sevilla. Fue preciso arrendar muchos más bueyes y carretas, a la par que se incrementaba la producción de mineral y el envío de azogue a la América Colonial durante el siglo XVIII. A mediados de la centuria, más de 3.000 bueyes, en su mayoría procedentes de Almodóvar del Pinar (Cuenca), pastaban gratuitamente en varias dehesas del Alcudia a cambio de estar al servicio de la mina.
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Para fortificar las labores subterráneas se cortaban por entonces un millar de buenas encinas al año y de cada
una de ellas se sacaban de cuatro a seis grandes maderos.
El 10 de junio de 1778, el superintendente de las minas, D. Gaspar Soler, suplicó a Carlos III que la dehesa de Castilseras fuera incorporada al término de Almadén. Esta solicitud venía justificada por la falta de trabajadores para las minas, pues además de haber disminuido el número de forzados y esclavos, los operarios forasteros se volvían, especialmente en verano, a sus lugares de origen, por lo que no había suficientes trabajadores para desaguar y entibar las labores subterráneas. El rey, ante tal cúmulo de ventajas, solicitó el 11 de agosto de 1778 al Papa Pío VI la incorporación de la Encomienda de Castilseras a la Corona de España, lo que aceptó el Sumo Pontífice. En virtud de una Real orden de 21 de marzo de 1780, el superintendente Soler tomó posesión de Castilseras con sus 33 quintos según deslinde, amojonamiento e inventario practicados el 10 de abril de dicho año2.
La situación de bonanza que atravesó Almadén a finales del siglo XVIII cambió radicalmente a mediados del XIX. La pérdida de las colonias americanas, la guerra de la Independencia y las primeras guerras carlistas condujeron a la Hacienda Pública española a la bancarrota. La comercialización del mercurio de Almadén pasó a manos de los Rothschild, a cambio de sucesivos empréstitos al Tesoro Público, e incluso se llegó a proponer la venta de las minas propiedad del Estado. La primera tentativa se discutió en el Congreso de los Diputados en 1855 y no fue aprobada. En 1866, el ingeniero y diputado Lino Peñuelas volvió a presentar otro proyecto de ley y en este caso las minas de Almadén no fueron vendidas pero sí las de Riotinto a la casa inglesa Matheson. Ante esta situación económica tan agobiante, no se hizo ninguna inversión importante en la dehesa y Castilseras, con una guardería escasa, fue deteriorándose poco a poco. Un nuevo proyecto de ley para vender o arrendar las minas de Almadén se presentó en las Cortes en 1916, pero después de un intenso debate, lo que se acordó fue variar la organización industrial del establecimiento minero, encargando el régimen y administración de su explotación a un Consejo, que dependería del Ministerio de Hacienda.
A principios del siglo XX, la dirección facultativa de Castilseras se encontraba a cargo de un ingeniero de montes, quien residía en Toledo. El citado ingeniero disponía de un ayudante de la misma sección con residencia en Almadén. La vigilancia y custodia de la finca se llevaba a cabo por nueve guardas de campo, a las órdenes del Guarda Mayor. Para su aprovechamiento, Castilseras se dividía en tres hojas de igual extensión, las cuales se cultivaban alternativamente cada año. A su vez, cada hoja estaba dividida en pequeñas parcelas, conocidas como suertes, ya que se distribuían por sorteo entre los mineros. En 2
El original de la toma de posesión de Castilseras se guarda en el Archivo Histórico de Minas de Almadén.
1906, el número de suertes era de 2.230, de las que 2.071 correspondían a mineros de Almadén, 77 a los de Alamillo y 82 a los de Almadenejos. La concesión de las suertes a favor de los mineros se hacía por períodos de nueve años y la superficie de cada una era de una hectárea aproximadamente.
A mediados de la década de 1920, la actuación del Consejo de Administración comenzó a notarse favorablemente en Castilseras. Desde principios de siglo, los gremios obreros de Almadén venían reclamando al Ministerio de Hacienda mejoras laborales, no solo económicas, sino también de higiene y salud. Las inspecciones sanitarias oficiales enviadas por el Gobierno a Almadén también alertaban de que el establecimiento minero necesitaba con urgencia implantar nuevos métodos de trabajo para prevenir las enfermedades de los operarios, en especial el azogamiento, y curar en instalaciones adecuadas a aquellos que las padecieran, lo que suponía modernizar el obsoleto Real Hospital de Mineros. Por fin, en 1923, el Consejo contrató al Dr. Guillermo Sánchez Martín, quien llevó a cabo un completo estudio médico del hidrargirismo en los mineros de Almadén.
Consecuencia del citado estudio, que demostraba que muchos mineros, y especialmente los barrenistas, mostraban signos de hidrargirismo, fue la aprobación por el Consejo de la construcción de un grupo de viviendas en Castilseras, donde habitarían por temporadas los mineros enfermos con sus familias. Situadas en la zona conocida como El Vivero, las colonias higiénicas de Castilseras sirvieron para el saneamiento de los mineros, quienes no solo disfrutaban del aire puro del campo, sino que disponían de agua para un pequeño huerto y podían tener algunos animales domésticos. A la vez que lo anterior, el Consejo creó en 1924 las brigadas de saneamiento, dedicadas a la repoblación forestal de Castilseras, según el plan trazado por el ingeniero de montes y director de la dehesa, Sr. Rodríguez Torres. El objetivo era muy ambicioso, pues se pretendía alcanzar la cifra total de cuatro a cinco millones de pies de árbol3.
La proclamación de la República en 1931 permitió poner sobre la mesa la cuestión del aprovechamiento de Castilseras. Muchos, y entre ellos el nuevo director de la mina, D. César de Madariaga, pensaban que la dehesa estaba desaprovechada. Su utilización para la recuperación de la salud de los mineros estaba muy bien, pero dedicar a monte la mayor parte de la superficie de la finca era para ellos un error, ya que mucho terreno podía reconvertirse en tierras de labor. Por ello, el Sindicato Agrícola de Almadén propuso al Consejo hacerse cargo de Castilseras. Por su parte, el Ayuntamiento de Almadén también 3
Lástima que casi todos los árboles plantados fueran eucaliptos, pero era el árbol de moda.
solicitó la cesión de la dehesa, e incluso los Ayuntamientos de Almadenejos y Alamillo pidieron una parte de la misma.
En 1932, el Sr. Salazar Alonso, diputado por Ciudad Real, presentó una proposición de ley en las Cortes, solicitando que se cediera la dehesa de Castilseras al municipio de Almadén. El Ministerio de Hacienda se opuso y encargó al Consejo que preparara urgentemente una respuesta adecuada, en la que se expusieran los motivos por los que la dehesa de Castilseras no debía ser cedida. El resumen de la respuesta decía: La cesión solicitada entraña una cuestión de carácter político encaminada a conseguir un ingreso de pesetas por el Ayuntamiento, que en vez de dirigir su vista hacia la Dehesa, propiedad del Estado, que está destinada a cumplir y que cumple un fin de carácter social, pudiera dirigirla a las numerosas fincas particulares que antes fueron comunales, que rodean la ciudad y su término, todas ellas de gran extensión y algunas verdaderos latifundios de doce mil hectáreas, dedicadas a pastos y caza.
Por entonces, las Cortes Constituyentes estaban deliberando sobre la reforma agraria y en el proyecto de ley se incluían las fincas propiedad del Estado, de modo que salvo que se introdujera una excepción, Castilseras dejaría de pertenecer a la Hacienda Pública para pasar al Instituto de Reforma Agraria. Incluso el director de las minas, D. César de Madariaga, mantenía el criterio de que la explotación de la citada dehesa debía sufrir una radical transformación, que nunca podría haberse planteado en las circunstancias políticas y sociales anteriores, pero que ahora no solo procede hacerlo sino que ello apremia ante la reforma agraria que se avecina. Al final, Castilseras fue exceptuada de la reforma agraria con el argumento de que estaba dedicada al saneamiento de los mineros.
Almadenejos, villa minera cercana a Almadén, se encuentra rodeada por terrenos de Castilseras y el presidente la Sociedad de Labradores de dicha localidad se dirigió en 1932 al gobernador civil de Ciudad Real, solicitando la tierra necesaria para los numerosos parados existentes en la población: Como quiera que aquella autoridad no la facilitó en el plazo prometido, surgió en la calle la idea de cometer la intrusión en la dehesa de Castilseras. A pesar de la oposición de otros vecinos que eran obreros de las minas de Almadén y, por tanto, con derecho a suertes, diecisiete jornaleros penetraron en el quinto Moheda Oscura y labraron con sus yuntas nueve hectáreas, con la intención de sembrarlas al año siguiente. El guarda del quinto referido fue desobedecido sin violencia y hubo de ser la Guardia Civil, la que desplazada al lugar de los hechos, instó a los labradores a que se retirasen, lo que hicieron sin la menor protesta.
Un año después, los Ayuntamientos de Alamillo y Almadenejos pidieron que se les cediera por parte del Estado las porciones de terreno de Castilseras que estuvieran enclavadas en sus términos municipales, lo que les fue denegado. En 1934 fue el alcalde de Almadenejos el que se dirigió al Consejo para solicitar que se adjudicara a su pueblo los pastos del quinto Moheda Oscura por el importe de 4.400 pts., teniendo en cuenta el perjuicio que causaría a este vecindario la adjudicación a cualquier particular, puesto que por la posición que ocupa este pueblo impediría que ningún vecino pueda tener animal alguno, puesto que es de todo punto imposible evitar que los animales de esta localidad penetren en dicho quinto por su proximidad. Esta petición tampoco fue atendida por el Consejo, ya que se presentó fuera de plazo y sin los documentos necesarios como garantía del aprovechamiento.
El único caso en que tuvo éxito el citado ayuntamiento fue cuando solicitó en 1936 la cesión gratuita de la fuente Peñarroya para abastecimiento público del vecindario de Almadenejos. Esta vez el Consejo no puso inconveniente a la cesión, si bien declaró no tener competencia para la concesión gratuita, por lo que indicó al ayuntamiento que se dirigiese a la Dirección General de Propiedades o que presentase en el Ministerio de Fomento un expediente de expropiación de aguas. Una tercera posibilidad sería que el Consejo le concediera el agua mediante el pago de un canon mensual.
Por entonces, el Frente Popular había tomado el poder y se creía que había llegado el momento de municipalizar Castilseras, mas la guerra civil llevó a pique todos los planes. Malos tiempos se avecinaban para la dehesa, que cayó en estado de abandono durante los tres años siguientes. Mientras, los mineros de Almadén luchaban en el frente con las tropas de la República o se esforzaban, con enormes dificultades de suministros y bienes, en producir la mayor cantidad de mercurio posible.
©Ángel Hernández Sobrino