AVALES DE LA POSGUERRA
Al finalizar la guerra civil española, muchas miles de personas fueron encarceladas por el mero hecho de haber vivido la contienda en territorio republicano. En el caso concreto de la provincia de Ciudad Real, toda ella permaneció fiel a la República durante los casi tres años de enfrentamiento armado, a pesar de los intentos de conquista por parte del bando nacional de, al menos, el suroeste la provincia, donde se encuentra Almadén y sus minas de mercurio. Este metal era muy apreciado en esa época y Franco, de acuerdo con el gobierno italiano, deseaba recuperar Almadén cuanto antes para seguir dominando el mercado mundial del mercurio. Representantes de Franco y Mussolini se entrevistaron en Salamanca para pergeñar una estrategia comercial, pero el mercurio de Almadén permaneció en manos de la República española hasta el final de la guerra.
Cuando ésta concluyó, todas las cárceles y depósitos municipales de nuestra provincia se llenaron de presos preventivos a la espera de los Consejos de Guerra. Entre ellos mucha gente del campo: agricultores, ganaderos, pastores, carboneros..., pero también muchos mineros de Almadén y Puertollano, maestros de escuela e, incluso, amas de casa; en la inmensa mayoría de los casos buenas personas que no habían hecho daño a nadie, pero que habían pertenecido a partidos políticos y sindicatos como Izquierda Republicana, Partido Socialista, Partido Comunista, Unión General de Trabajadores o Confederación Nacional del Trabajo. Rencores y envidias hicieron que muchos de ellos fueran acusados por sus propios vecinos de perseguir, encarcelar y hasta matar a gente de derechas y, menos mal, que hubo otros paisanos que intentaron evitarles la cárcel o el paredón, certificando su buena conducta ante los jueces y fiscales militares. Estos avales permitieron a algunos salir de prisión antes del juicio y a otros conseguir sentencias absolutorias o rebajar de manera sustancial sus condenas.
Ramón Robles Contreras, un labrador de Alcolea de Calatrava, tenía 48 años en 1939, cuando fue acusado por las autoridades de marxista. Casado y con cuatro hijos, sus vecinos hicieron todo lo posible para que volviera a su casa cuanto antes y presentaron cuatro instancias solicitando su libertad: la primera, el día de Nochebuena de 1941, firmada por cinco de ellos; la segunda y la tercera en enero de 1942, firmadas por diez y quince vecinos, respectivamente; y la cuarta en junio de 1943, firmada por otros nueve; esta última parece que por fin surtió efecto, pues fue puesto en libertad nueve días después, mas entretanto habían pasado cuatro años.