Delitos comunes en la posguerra Almadén

DELITOS COMUNES EN LA POSGUERRA

Después de sufrir una atroz guerra civil, los años centrales del siglo XX fueron muy difíciles para nuestros compatriotas. Decía Franco en el discurso del desfile de la Victoria, 19 de mayo de 1939: se acabaron los días fáciles y frívolos en que solo se vivía para el presente. En esa época de tanta escasez no es de extrañar que el hambre y la necesidad tentaran a algunos españoles a la comisión de hurtos y estafas, por lo general de poca monta. Tal es el caso de una vecina de Almadén, si bien natural de Alamillo, viuda y con cuatro hijos, que hurtó ropa tendida a secar en una huerta próxima al pueblo. Aunque su hija Guadalupe envió una instancia al Juzgado, solicitando la libertad de su querida madre, esta cumplió un año de condena en la prisión de mujeres de Ciudad Real.

Otro caso similar es el de un minero jubilado de Almadén, que fue encarcelado en 1944 por contrabando de mercurio. Este metal tenía en esa época un elevado valor y hubo por entonces varios mineros y guardas encausados por la Delegación de Hacienda. Como nuestro vecino no pudo pagar la multa de 1.904,40 pts que se le impuso, fue condenado a 385 días de privación de libertad. Durante su estancia en prisión solicitó por cinco veces un certificado de su permanencia en la cárcel a fin de que su esposa pudiera cobrar su pensión de jubilación, pero no recibió contestación. Menos mal que solo cumplió la mitad de la pena impuesta y a finales de marzo de 1945 fue puesto en libertad.

La consulta de los expedientes procesales de esta época muestra también algunos casos de estafadores y ladrones reincidentes que acumularon un amplio historial delictivo, que a veces se extiende a lo largo de varias décadas:

Manuel Cantero, natural de Benacazón (Sevilla), era un cuatrero del siglo XX, que entre 1931 y 1949 fue condenado en ocho ocasiones por robo de ganado.

El primer delito por el que fue sentenciado lo cometió en la feria de Chillón, cuando haciéndose pasar por tratante de ganado robó 34 vacas. Por entonces, año 1931, ya tenía 28 años y residía en Ciudad Real con su mujer y sus dos

hijos. A poco de ingresar en la prisión provincial fue puesto en libertad provisional bajo fianza de 1.000 pts. Solo dos meses después fue reclamado por el Juzgado de Instrucción de Lora del Río (Sevilla), acusado de hurto de caballerías. Las restantes seis veces que fue detenido y encarcelado en Ciudad Real se debió a delitos cometidos en distintos pueblos de nuestra provincia: •

En octubre de 1935 fue puesto en disposición del Juzgado de Piedrabuena.

Entretanto, su familia había aumentado y ya tenía tres hijos.

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En julio de 1940 fue el Juzgado de Almodóvar del Campo el que solicitó su detención a la Policía y el rescate de una mula castaña y una burra pequeña castaña, y la detención también de Anita Amaya, gitana de 18 años, portadora de 3.000 reales, producto de la venta de ambas caballerías.

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Nuevos arrestos se produjeron en 1941, 1943 y 1944, que le condujeron finalmente al campo de concentración de Nanclares de la Oca (Álava) a finales de octubre de 1944, donde permaneció recluido seis meses. En marzo de 1949 sustrajo varias vacas lecheras de Almadén y fue de nuevo encarcelado en la prisión provincial. Por entonces ya tenía 46 años y durante su estancia en la cárcel elevó dos instancias al director de la prisión, la primera para solicitar un certificado de su privación de libertad para que pudiera internar a dos de sus hijos en el colegio Enseñanza y Cultura, de Madrid; y la segunda para pedir su libertad condicional a la Audiencia Provincial, lo que consiguió en abril de 1950.

En la posguerra el delito más común fue el estraperlo, por lo general cometido por mujeres necesitadas1. La Guardia Civil arrestó a centenares de ellas en nuestra provincia, a las que la Fiscalía de Tasas sancionaba con multas que generalmente oscilaban entre 100 y 1.000 pts. Como casi siempre resultaban 1

Strauss y Perl eran dos oscuros hombres de negocios extranjeros que intentaron introducir en

España un juego de ruleta y para obtener la licencia entregaron diversas cantidades de dinero y relojes de oro a miembros del partido Radical. La legalización del juego no llegó y estalló al escándalo del estraperlo, un neologismo proveniente de sus apellidos, que se convirtió en la posguerra en el término más utilizado para designar al mercado negro.

insolventes, eran enviadas a prisión a razón de 10 pts por día de cárcel, es decir, una multa de 250 pts equivalía a 25 días de reclusión. Entre las arrestadas he encontrado numerosas viudas con hijos, que volvían a intentarlo poco después, acabando de nuevo en prisión, a veces con su hijo más pequeño entre los brazos. Ciudad Real es tierra de paso natural entre el centro de Portugal y el Levante español y también entre Andalucía y Madrid, de modo que su gobernador civil firmaba todos los días unas cuantas órdenes de encarcelamiento por impago de las multas impuestas por la Fiscalía de Tasas provincial.

Eulalia Rodríguez era una viuda con ocho hijos, residente en Puertollano. A mediados de septiembre de 1941 la Fiscalía de Tasas le impuso una multa de 1.000 pts y como no tenía dinero para pagarla hubo de pasar cien días en la prisión de mujeres de Ciudad Real. A principios de abril de 1943 fue vuelta a detener y condenada a abonar 2.500 pts, de modo que fue encarcelada otros doscientos cincuenta días por haber sido sorprendida por un agente cuando transportaba 28 Kg. de judías con destino a la venta clandestina a precio abusivo y que había comprado a un desconocido al precio de 5 pts el kilo, SIENDO REINCIDENTE (sic).

Mucho más graves fueron otros delitos cometidos en esa misma época, que correspondían a acaparamiento de bienes, generalmente alimentarios, fraudes y estafas, algunas veces perpetrados contra los más débiles, los represaliados de la guerra civil y sus familias.

En julio de 1940 tres carniceros de Puertollano se pusieron de acuerdo para la adquisición de 10.000 kilos de garbanzos en diversos pueblos de la provincia de Sevilla para venderlos de estraperlo en su localidad. Para ello consiguieron una guía ilegal para su transporte, lo que hicieron en tres viajes con un pequeño camión. Una vez que la mercancía estuvo en Puertollano, la mayor parte la ocultaron en sus domicilios y 2.375 kilos los declararon en la Delegación de Abastos. Cuando comenzaron la venta clandestina fueron detenidos, pues el precio oficial era de 2,5 pts por kilo y ellos lo vendían a 4,5 e incluso 5 pts. Como la cantidad confiscada era cuantiosa, fueron juzgados en

un Consejo de Guerra celebrado en Almodóvar del Campo el 11 de septiembre de 1941, resultando condenados a doce años de prisión por acaparamiento de bienes.

Si la alimentación de la población en esos años era por lo general muy deficiente, nos podemos imaginar cómo sería en cárceles y campos de concentración. Encima, en algunos casos como el que se relata a continuación, los encargados del rancho se quedaban con parte de él para luego venderlo clandestinamente. Dos capitanes, tres brigadas y un soldado fueron encausados por este motivo al finalizar la guerra civil. Destinados en las localidades de Borges Blanques (Lérida) y Horta (Barcelona), vendieron parte del rancho en frío que tenían para el suministro de los prisioneros de aquellos campos de concentración. En total se estima que se repartieron entre 8.000 y 9.000 pts para cada uno de los capitanes, de 2.000 a 2.500 para cada brigada y 3.000 para el soldado.

El Consejo de Guerra, celebrado en Barcelona el 17 de abril de 1939, les impuso penas de cárcel que oscilaron entre seis y diez años, además de separación del servicio de armas. También fueron juzgados y castigados los comerciales que adquirieron los alimentos defraudados. El soldado Manuel Maíz fue trasladado a la prisión provincial de Ciudad Real el 29 de agosto de 1944, donde ejerció de administrativo de la cárcel. El 22 de diciembre de 1945 consiguió la libertad condicional, pasando a residir en San Sebastián bajo el patrocinio de su hermano Tomás2.

Las familias de los encarcelados tras la guerra civil también fueron objetivo de estafadores, que usaban todo tipo de supercherías. Isidro Peñasco era un contable de Valdepeñas que durante la guerra civil fue acusado de desafección a la República, pero sin mayores consecuencias. Al término de la guerra fue encarcelado, pues el procesado, de buenos antecedentes y perteneciente a

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A los liberados condicionales se les exigía un patrocinador que se comprometiera a velar por

su buena conducta, pues si no era así, el liberto volvería a prisión y cumpliría la totalidad de la condena.

Acción Católica con anterioridad al Glorioso Movimiento Nacional, fue encarcelado por los rojos por sus ideas católicas y de orden, y puesto en libertad al poco tiempo. Ingresó como voluntario en el batallón Torres, ascendiendo a brigada y después a teniente. Después de octubre del 38 pasó al Ejército de Extremadura.

Esta promoción de grados en el Ejército de la República hizo que el Consejo de Guerra lo condenara a seis años de cárcel, pero el 4 de julio de 1943 fue puesto en prisión atenuada. Poco después consiguió ser nombrado agente de información de la Falange mediante una acreditación falsa de la Comandancia Militar y valiéndose de ella cometió varios delitos, entre otros, chantajeó a la madre del preso fusilado Alfonso Sandoval Nieto, dándole detalles de su muerte a cambio de regalos y diciéndole que había sido una injusticia. Además, se sobrepasó con una detenida, por lo que fue expulsado de Falange. Casi cuarenta años después se dirigió por escrito al director de la prisión provincial de Ciudad Real para obtener un certificado de su estancia en la misma y tuvo la desfachatez de referirse a la injusticia y la poca conciencia que existían en aquella época, ya que solo imperaba el rencor personal.

En otras ocasiones eran varios los que se confabulaban para obtener dinero de los familiares de los detenidos. Miguel Aloy, antiguo afiliado al Partido Tradicionalista, y Eduardo Beut, falangista, habían sido perseguidos por sus ideas durante la guerra civil en Barcelona. Entonces, con la guerra ya terminada, en unión de José María Rivera, también falangista, creyeron que había llegado el momento de resarcirse de los sufrimientos pasados. La información la conseguía Beut, que prestaba servicios como soldado en la Auditoría de Guerra de Barcelona, mientras que los otros dos eran los encargados de avalar a aquellos reclusos cuyas familias estaban dispuestas a pagarles sus gestiones. Como había muchos presos, las cantidades no eran elevadas: 600 pts por tramitar la libertad de un preso encarcelado en la Cárcel Modelo; 500 pts por hablar a favor de otro, reclamado por el alcalde de un pueblo de Teruel; 110 pts por hacer gestiones sobre un tercero, detenido en un campo de concentración; y así varios más, hasta que fueron detenidos finalmente por la Policía. Encausados por la Justicia Militar, el Consejo de

Guerra de Barcelona los condenó a doce años y un día de reclusión por el delito de rebelión militar, pero cumplieron solo cinco, pues en 1944 fueron indultados.

© Ángel Hernández Sobrino.