El Empleo Hereditario

EL EMPLEO HEREDITARIO

En las minas de Almadén no hubo nunca ningún empleo hereditario, si bien, como es lógico, muchos hijos de mineros fueron también obreros de las minas de mercurio. En cambio, cuando los Fúcares cesaron en la administración de las minas, año 1645, y éstas volvieron a la dependencia directa del Consejo de Hacienda, se despachó una Real Cédula por la que se designaba a la familia Abejaro y sus herederos, guardas mayores de los montes y dehesas consignados a las minas. En dependencia de los administradores y superintendentes del establecimiento minero, los Abejaro conservaron durante varias generaciones las honras, exenciones y privilegios señalados en su título.

Cuando

en

1751

Juan

Abejaro

sufre

una

grave

indisposición,

el

superintendente Villegas nombra de inmediato y de manera provisional a varias personas para evitar los daños que se causan a los montes. Primero a un tal José Almodóvar para que pueda denunciar y prender a cualquier persona que hallase cortando, quemando o haciendo rozas en el monte; poco después designa también a Alfonso García, vecino de la villa de Almodóvar, para que vigile a los carreteros y ganaderos que habitan los montes; y por fin, en noviembre de 1752, nombra a Miguel Grande, también vecino de Almodóvar, como teniente veedor de montes con el fin de que evite los excesos que se cometen no solo en el Real Valle de Alcudia sino también en las dehesas de Villagutiérrez, Quejigares y demás terrenos asignados.

Pocos meses después fallece Juan Abejaro, pero el cargo no revierte al superintendente, sino que es su viuda, María Teresa Caballero, la que designa teniente guardia mayor a Francisco Ramiro Arcayos. Entretanto, la hija de Juan Abejaro y María Teresa Caballero, Catalina Josefa Petronila Abejaro, ha crecido y en junio de 1754 va a celebrar sus esponsales con Francisco Casado Becerra, a quien en nombre y representación del derecho de su consorte, Villegas nombra alguacil mayor de montes, cesando en el mismo cargo a Francisco Ramiro Arcayos. Al parecer no fue hasta 1778 cuando este cargo se incorporó a la Corona, pasando el oficio de guarda mayor, que entonces pertenecía a Juan José Casado Abejaro, a Juan Gómez de Liaño. Aquel fue

debidamente compensado y a este se le fijó un salario anual de 350 ducados, es decir, 3.850 reales; era esta una buena paga, pues el jornal de un minero era de unos 6 reales.

Aunque en un principio los montes y dehesas asignados a las minas de Almadén cubrían un radio de cuatro leguas alrededor del establecimiento minero, su demarcación pasó a ser de diez leguas en 1739 y de catorce en 1754. Como es lógico, hubo multitud de conflictos e incidentes entre los propietarios y usufructuarios de montes y dehesas, y los sucesivos superintendentes de Almadén. Estos problemas fueron más abundantes en aquellos términos más alejados de las minas, pues corregidores y alcaldes mayores nunca llegaron a entender por qué sus montes y dehesas pertenecían a la jurisdicción forestal de las minas de Almadén, un municipio que se encontraba a veces a más de 70 kilómetros de su localidad.

Todavía en 1809, Juan Castelo Caballero, catedrático de Latinidad de la villa de Fuente Obejuna, solicita el cese de los guardas de montes de Almadén por los abusos cometidos. En su denuncia, dirigida al gobernador de Córdoba, les acusa de estafar a los labradores, ganaderos y jornaleros de Fuente Obejuna

con sus persecuciones y denuncias escandalosas, viendose algunos precisados a abandonar sus labores por el temor de ser destruidos con estas denuncias, tanto en las precisas rozas como en las tierras. Los pastos y hierbas van siendo sustituidos por bosques impenetrables, así de alimañas y caza que destruyen las mieses y ganaderías. Los encinares van envejeciendose, los bosques y malezas aumentandose, sin poder servirse de sus despojos los propietarios; y otros guardas, impidiendo el fomento y conservación de arbolados, labor y todo género de granjería, hacen miserables a los vecinos y moradores de las

venticuatro

aldeas

de

esta

jurisdicción,

prosperando ellos con admiración y asombro.

Estas y otras denuncias nunca prevalecieron, pues aunque los guardas fueron acusados de ociosos y viciosos, jamás se les removió de sus puestos; ni siquiera cuando la Real Chancillería de Granada desterró al guarda Vicente Camacho, pues a los pocos meses volvió exonerado para seguir haciéndose cargo de su guardería. El problema acabó solucionándose por sí mismo, pues a finales del siglo XVIII empezó a incrementarse en Almadén el uso de la mampostería y ladrillo para el sostenimiento de las labores mineras.

Este nuevo método se desarrolló plenamente a comienzos del XIX, cuando Diego de Larrañaga fue designado director de las minas de Almadén, con lo que la necesidad de madera de encina y otros árboles descendió considerablemente. No obstante, los problemas continuaron en los municipios atravesados por los diferentes caminos por los que se transportaba el azogue de Almadén a Sevilla. Ahora eran los carreteros y arrieros los acusados de hacer daño a las dehesas y montes, pero también estaban autorizados a hacerlo cuando fuera preciso. Por fin, la construcción del ferrocarril acabó con tantos pleitos y conflictos seculares.

© Ángel Hernández Sobrino