REBAJA DE SUELDOS
A principios del siglo XIX la Hacienda española estaba en bancarrota. Si la carencia de ingresos venía siendo a lo largo de los años el denominador común, el problema se había agudizado aún más tras los seis años de contienda contra los invasores franceses. Se estima que cuando llegó la paz, el importe de la deuda ascendía a once millones y medio de reales. La situación se agravaría todavía más con la independencia de las colonias americanas, cuyas rentas permitían a España mantener un nivel de vida superior a sus posibilidades.
Cuando en 1820 se produjo el levantamiento de Riego, la situación del Tesoro español continuaba siendo catastrófica. En los últimos seis años de reinado absolutista (1814-1820) la deuda del Estado, lejos de disminuir, había experimentado un fuerte crecimiento. Las Cortes, recién constituidas, estimaron el valor total de la deuda en catorce millones de reales. Los liberales aspiraban a realizar profundas reformas para poner en orden la Hacienda, pero su trienio (1820-1823) transcurrió sin conseguir afrontar lo que parecía del todo inevitable: que España no sería nunca más una potencia imperial.
Aunque al principio se intentó recurrir al crédito interior, no se cubrieron las expectativas y el Gobierno se convenció de que solamente los banqueros extranjeros serían capaces de suministrar el capital necesario. Así comenzaron los famosos empréstitos de los Rothschild y otros banqueros, en cuya garantía el Estado español hipotecaba entre otros bienes las minas de Almadén.
La depresión económica afectó también a los salarios y pensiones de los funcionarios del Estado, tal como se puede ver en el decreto del 16 de mayo de 1822, cuya copia se envía al contador de las Minas de Almadén para que proceda en consecuencia (Archivo Histórico Nacional; Fondos Contemporáneos-Minas de Almadén).