Agenda de Justicia Derechos Humanos y Cultos by Ministerio Coordinador Seguridad Ecuador

AGENDA DE JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS Y CULTOS

Eco. Rafael Correa Delgado PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

Valm. Homero Arellano Lascano MINISTRO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD

Johana Pesántez Benítez MINISTRA DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS

Carmen Simone VICEMINISTRA DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS

María del Carmen Jácome SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Diego Guarderas SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO

Ricardo Morales SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

Lorena Naranjo SUBSECRETARIA DE DESARROLLO NORMATIVO

Arq. Daniela Idrovo, Ing. Roberto Núñez, Ec. Nicole Pérez, Ec. Manuel Martínez, Lic. Doris Olmos Lic. Byron Solis EQUIPO TÉCNICO CONTENIDOS

Adrian López Andrade Alejandra Terán Zumárraga COLABORACIÓN SENPLADES

Manthra Editores DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN 2011. Quito - Ecuador

ÍNDICE Presentación..............................................................................7 Prólogo.......................................................................................9 Introducción.....................................................................................11 I.-

Marco Normativo y de Planificación......................................14

II.- Diagnóstico................................................................................23 III.- Escenario 2013..........................................................................29 IV.- Políticas y Estrategias...............................................................34

LA SEGURIDAD ES TAREA DE TODOS

or mandato de la Constitución de Montecristi, el Ecuador, Estado soberano y democrático, reconoce y garantiza a todas las personas y colectivos, entre otros derechos, los que se refieren a gozar de: una cultura de paz, integridad personal, seguridad humana; protección integral y armonía con el Buen Vivir. Con los lineamientos y las políticas construidas desde el nuevo enfoque de la seguridad, hoy entregamos a la ciudadanía el “Plan Nacional de Seguridad Integral” y ocho Agendas de los Ministerios y Secretarías que conforman el Sector e incluyen una visión estratégica, en el entendimiento inmutable de que el ser humano es la razón de toda acción estatal.

Esta Planificación, construida desde un enfoque integral, refleja el trabajo coordinado, instituido por el Gobierno de la Revolución Ciudadana, que articula políticas transversales alineadas a: La Constitución, La Ley de Seguridad Pública y del Estado y, por supuesto, al Plan Nacional para el Buen Vivir. Para el Gobierno Nacional, la seguridad es una prioridad, superando concepciones sectarias y planteando el nuevo paradigma de la Seguridad Integral en el Ecuador. Además, se han destinado importantes recursos económicos y humanos para enfrentar con firmeza a la delincuencia. En respuesta a la voluntad del pueblo ecuatoriano, expresada en las urnas, el 7 de mayo de 2010, al aprobar la Consulta Popular, hoy está en marcha la transformación

total de la justicia, paso gigantesco de lucha contra la impunidad, atrapada en la incapacidad y la corrupción, pues no habrá seguridad mientras no acabemos con la impunidad, que es sinónimo de injusticia. La Seguridad Integral no se alcanza con esfuerzos aislados, por el contrario, exige el auténtico compromiso de todos y todas, desde los más diversos ámbitos. De la misma manera, es indispensable orientar una inmediata transformación cultural, tendiente a ratificar la convicción de que somos un país de paz y que queremos vivir sin violencia, para precautelar nuestra sana convivencia. El Plan Nacional de Seguridad Integral constituye un aporte de indiscutible valor para fortalecer la acción del Estado a favor del bien común, mediante la aplicación de lineamientos, objetivos, políticas y estrategias, que materializarán innumerables anhelos postergados del pueblo ecuatoriano.

Econ. Rafael Correa Delgado PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

PRÓLOGO La construcción de una nueva Justicia en el Ecuador, como un eslabón para mejorar la convivencia y seguridad de los ecuatorianos y ecuatorianas, es una tarea de todos y todas. Este trabajo diario y constante, comprende un conjunto de prácticas de las instituciones de Gobierno, que se orientan a la defensa del control social, la disuasión y la mitigación del delito, y también la sanción mediante la aplicación de penas y la respectiva rehabilitación a quienes violan las leyes. También procura que se respeten los derechos de las personas acusadas de delitos, en las instancias de investigación y enjuiciamiento. Este sistema plantea el respeto de los Derechos Humanos en todos sus ámbitos, sin discriminación alguna, obligación que este gobierno asume desde sus inicios como una política permanente e irrenunciable. La Justicia debe ser un instrumento para que la sociedad exija el cumplimiento de las normas de conducta necesarias para proteger a las personas y a la

comunidad. Así mismo, debe buscar la reducción del crimen y aumentar la confianza pública en un nuevo y mejorado sistema, cuya administración se entregará a las y los ciudadanos respetuosos de la ley. Este régimen se enfoca en tres ejes principales: equidad, justicia y protección de los derechos individuales. Justicia y seguridad ciudadana deben coordinar de manera ordenada tres instituciones principales: 1) Organismos de control ciudadano; 2) Función Judicial; 3) Rehabilitación social. Estas tres instancias están en la obligación de funcionar y operar conjuntamente bajo el debido proceso y el principio de constitucionalidad, como medios indispensables para mantener un Estado democrático de derechos y justicia. En conclusión, el sistema de justicia tiene una misión fundamental con la sociedad: fomentar la confianza en el Estado, como garante de los derechos ciudadanos, proveedor del orden, de la paz social y de la justicia.

Introducción

ediante Decreto Ejecutivo No. 748, de noviembre 14 de 2007, se creó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – hoy Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos – con la misión de “velar por el acceso a una justicia oportuna, independiente y de calidad, promover la paz social, la plena vigencia de los Derechos Humanos, la regulación y el libre ejercicio de cultos, mejorar la rehabilitación y reinserción social, mediante normas, políticas, programas y acciones coordinadas con las instituciones relacionadas”. El proceso transformador del sistema de justicia inició con el desarrollo de propuestas tendientes a adecuar su marco normativo, cuya aplicación se encuentra en manos de los órganos del Poder Judicial1. Esta transformación permite, dentro del engranaje de gestión del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, el cumplimiento de los Derechos Humanos, a la vez que enlaza el mejoramiento y atención integral de la situación del sistema de rehabilitación social del país. Los cambios se desarrollan dentro del marco constitucional. Esto implica la construcción de un Estado que brinde tanto las condiciones de seguridad tendientes a prevenir, combatir y controlar la criminalidad y la violencia en la sociedad, garantizar la 1 Corte Nacional de Justicia, Fiscalía General del Estado, Consejo de la Judicatura, Cortes Provinciales de Justicia, Tribunales y Juzgados, Defensoría Pública, Juzgados de Paz, Servicio Notarial, y métodos alternativos de solución de conflictos

soberanía, la integridad territorial y la convivencia pacífica, así como contribuir al desarrollo nacional y fortalecer la presencia del Estado en todo el territorio nacional, especialmente en fronteras y en zonas de alta peligrosidad. El objetivo es mejorar la calidad de vida de la población, reducir la vulnerabilidad de las personas, la colectividad y la naturaleza, frente a los efectos negativos de los desastres naturales y antrópicos, además de profundizar la democracia para la seguridad y la convivencia pacífica. El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos procura alcanzar el eficiente cumplimiento de la Justicia, los Derechos Humanos y el combate a la impunidad. El proceso de transformación integral de la justicia en el país es indispensable. Por ello, esta cartera de Estado construye, las acciones institucionales, los escenarios necesarios que permitan alcanzar este ideal. El reto de una Justicia oportuna, independiente y de calidad, implica firmes compromisos desde la concertación de acuerdos y la necesidad de un cambio de paradigmas. El trabajo en Derechos Humanos ha procurado ampliar la tarea de implementación de un marco normativo, para generar políticas públicas y normas que promuevan la igualdad, el acceso a la justicia y la dignidad. Esta labor se despliega en múltiples acciones, que convergen en la promoción y vigi11

Agenda de Justicia, Derechos Humanos y Cultos

lancia activa del respeto a los Derechos Humanos, principalmente desde los enfoques de género, de discapacidades, intercultural, generacional y de movilidad humana. En este aspecto, la gestión del Ministerio ha sido amplia y consistente. En esencia, ha estado dirigida a promover la integralidad, interdependencia, interrelación y universalidad de los Derechos Humanos, además de incorporar al debate los cambios sociales, económicos, políticos, tecnológicos y ecológicos que se están produciendo en el país, así como su incidencia en los Derechos Humanos. Entre las acciones sobresalientes están: • aplicación práctica de los indicadores de derechos humanos en el Ecuador; • cumplimiento de las disposiciones del sistema interamericano de Derechos Humanos; • acciones en pro de la equidad de género, la justicia y los Derechos Humanos de las mujeres y de colectivos; • trabajo aplicado en los centros de rehabilitación social e internamiento a nivel nacional; • la relación con la ciudadanía (oficinas de atención al público), de la Comisión de la Verdad, y la competencia del plan de medidas cautelares y contra la trata de personas 2; 2 Protocolo de Palermo (2000), para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, es un

• difusión de los Derechos Humanos a través de diversos medios. Actualmente, en el Ecuador se respeta la libertad de religión y sus prácticas, mediante una regulación garantista. Además, de la supervisión y coordinación de las relaciones del Estado con las asociaciones legalmente establecidas en el país, se garantiza el respeto de sus derechos en plena concordancia y convivencia con el resto de la sociedad. En lo referente a las Personas Privadas de Libertad y adolescentes infractores, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos supervisa la plena vigencia de los Derechos Humanos y, además, coordina, ejecuta y monitorea programas y proyectos de las diversas entidades involucradas en el Sistema de Rehabilitación Social. De esta manera, contribuye a la aplicación de mecanismos que posibiliten una verdadera reinserción social. La nueva Constitución de la República, el Plan Nacional para el Buen Vivir y el Plan Nacional de Seguridad Integral ofrecen un marco democrático y progresivo para emprender estas transformaciones fundamentales. En este sentido, la Agenda del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos es ambiciosa en la búsqueda de una sociedad del Buen Vivir. Se encuentra alineada armónicamente con la concepción de la Seguridad Integral del Ecuador.

instrumento internacional impulsado por Naciones Unidas y, es el referente de los países que lo han ratificado, para el combate a la trata de personas.

Introducci贸n

Agenda de Justicia, Derechos Humanos y Cultos

MARCO NORMATIVO Y DE PLANIFICACIÓN

l Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos se enmarca en la siguiente jerarquía:

Constitución de la República del Ecuador Plan Nacional para el Buen Vivir Plan Nacional de Seguridad Integral Estatuto orgánico del MJDHC

Sin duda, la Constitución de la República es un cuerpo normativo que garantiza, como ningún otro en la historia republicana, los Derechos Humanos. Esto se evidencia desde su primer artículo, que define al Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia. A partir de la vigencia de la nueva Constitución, el ordenamiento jurídico se enmarca en el respeto, protección y desarrollo de los derechos consagra14

dos en ella y en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos. En relación con el Plan Nacional para el Buen Vivir, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, junto a todo el sector, responde a los Objetivos 9. Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia y 12. Construir un Estado Democrático para el Buen Vivir” con sus respectivas políticas.

Objetivo 9. Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia, “Garantizamos a todas las personas el respeto a los Derechos Humanos y el acceso a la justicia. Queremos que exista igualdad entre hombres y mujeres y que se proteja, en forma integral, a niñas, niños y adolescentes. Promovemos una justicia social, solidaria, imparcial, democrática, intergeneracional y transnacional” Y dentro de este, las siguientes políticas:

Objetivo 12. Construir un Estado Democrático para el Buen Vivir, “Construimos un Estado cercano y amigable que planifica y coordina sus acciones de manera descentralizada y desconcentrada. Promovemos la inversión pública para alcanzar la satisfacción de las necesidades humanas con servicios públicos de calidad. Se trata de construir la sociedad del Buen Vivir en la cual se reconozca las diversidades y se vele por el cumplimiento de los derechos ciudadanos”. Y sus políticas:

Política 9.1.- Aplicar y practicar el pluralismo jurídico, respetando los derechos constitucionales

Política 12.3.-Consolidar el modelo de gestión estatal articulado que profundice los procesos de descentralización y desconcentración y que promueva el desarrollo territorial equilibrado

Política 9.2. Promover un ordenamiento jurídico acorde al carácter plurinacional del Estado constitucional de derechos y justicia

Política 12.4.-Fomentar un servicio público eficiente y competente

Política 9.3. Impulsar una administración de justicia independiente, eficiente, eficaz, oportuna, imparcial, adecuada e integral

Política 12.5.-Promover la gestión de servicios públicos de calidad, oportunos, continuos y de amplia cobertura y fortalecer los mecanismos de regulación

Política 9.4.-Erradicar las prácticas de violencia contra las personas, pueblos y nacionalidades Política 9.5.-Impulsar un sistema de rehabilitación social que posibilite el ejercicio de derechos y responsabilidades de las personas privadas de libertad Política 9.6.-Promover el conocimiento y procesos de formación jurídica para la población

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El tercer instrumento es la regulación del Plan Nacional de Seguridad Integral, que se fundamenta esencialmente en el literal a) del Art. 10 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que hace referencia a las Funciones del Ministerio de Coordinación de Seguridad o quien haga sus veces. Tiene que ver con la preparación del Plan Nacional de Seguridad Integral y propuestas de políticas de

seguridad pública y del Estado con el aporte mancomunado de otras entidades del Estado y de la ciudadanía, para ponerlos en consideración del Presidente de la República y del Consejo de Seguridad Pública y del Estado. En referencia al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, se presenta una cronología desde su creación.

Marco Normativo y Planificación

DECRETO EJECUTIVO NO. 748, EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2007

Decreto Ejecutivo No. 410, el 30 de Junio de 2010

SE CREA EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Se cambia la denominación del Ministerio de Gobierno, Policía, Cultos y Municipalidades, por la de Ministerio del Interior. Se traspasa el ejercicio de las atribuciones contempladas dentro de Cultos, que son: regular, supervisar y coordinar las relaciones del Estado con las asociaciones religiosas, legalmente establecidas en el país, al ya denominado “Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos”, con el fin de ajustar las competencias que actualmente ejercen estas dos carteras de Estado

La Constitución consagra la libertad de culto, en concordancia con otras leyes y normas que contribuyen a la práctica libre de la religión en el país. De acuerdo con la Ley de Cultos, promulgada en 1937, los grupos religiosos debían inscribirse ante el Ministerio de Gobierno y Policía. Esta tarea recae, en la actualidad, en el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, en el marco del respeto a los Derechos Humanos. El Art. 3 del Decreto Ejecutivo sobre el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos establece los principales objetivos del Ministerio. En este artículo se fija su margen de competencia, enmarcado en el apoyo al proceso de mejoramiento de los servicios que prestan las instituciones relacionadas con la Justicia, a fin de impulsar políticas de ampliación de la cobertura de estos servicios, de acuerdo a los estándares de calidad establecidos en la Constitución de la República. Esto se cumple mediante la ejecución coordinada de programas de

gestión eficiente, viabilizando los medios económicos, financieros, materiales y tecnológicos. Todo ello, ligado a la plena coordinación de las acciones para garantizar el efectivo acceso a una justicia de calidad y oportuna como derecho fundamental de todos los ecuatorianos. En este ámbito, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, debe establecer nexos de apoyo a la Función Judicial y al Ministerio Público, en la búsqueda de soluciones a los conflictos que se generan en los Centros de Rehabilitación Social y otros conflictos judiciales que interesen a la administración pública. Además, impulsa la implementación de mecanismos adecuados de difusión de Derechos Humanos, información legal y procesal. En el ámbito de los Derechos Humanos, esta institución acoge los siguientes elementos como base:

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Carta Internacional de Derechos Humanos del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos Documentos básicos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos Declaración y Plan de Acción de Viena; Prevención de la Discriminación por razones de raza, religión, creencia y protección de minorías Derechos de mujeres; Derechos de personas refugiadas y aisladas Derechos contra la esclavitud y formas similares a la esclavitud Derechos de la niñez; Derechos del trabajo; Derechos de las personas con discapacidad Derechos de nacionalidad, personas apátridas y derechos de personas extranjeras

En lo que respecta a la criminalidad, el Ministerio coordina, ejecuta y monitorea los programas y proyectos de las diversas entidades involucradas en el Sistema de Rehabilitación Social, así como aquellos relacionados con atención y protección al adolescente infractor. Además, vigila en todo el país que el sistema penitenciario no entre en crisis por sobrepoblación, evitando así que se ponga en riesgo la integridad física y psíquica de los internos. Adicionalmente, el Ministerio elabora insumos para proyectos de ley, tendientes a crear nuevas leyes o reformas vigentes, a fin de mejorar los sistemas de justicia y rehabilitación social. Con una visión sistémica, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos tiene a su cargo las siguientes acciones transversales: • Coordinar, con la instancia pertinente, los temas relativos a sustancias estupefacientes y psicotrópicas;

• Diseñar e implementar programas de prevención y erradicación del consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas; • Supervisar todos los procesos de extradición activa y pasiva; y, administrar los centros de internamiento de adolescentes, de conformidad con las políticas del caso. Mediante Decreto Ejecutivo No. 503, de 24 de noviembre de 2010, el Plan de Medidas Cautelares pasó a formar parte de las competencias del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Este plan fue creado para implementar programas tendientes a proteger tanto la integridad física y cultural de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario (PIAVs), así como sus territorios ancestrales, con acciones como: Control forestal; monitoreo e integración comunitaria de poblaciones vinculadas a la situación actual de los PIAVs;

Marco Normativo y Planificación

Mejoramiento de condiciones de salud y sanitarias; control de ingresos de turistas y otros visitantes a la Zona Intangible Tagaeri – Taromenane (ZITT); y, otras medidas preventivas e informativas dirigidas a la sociedad. De otro lado, la Constitución de la República prevé la posibilidad de que el Estado celebre tratados internacionales en varias materias. Estos tratados constituyen obligaciones internacionales, cuyas disposiciones deben ser acatadas y cumplidas de buena fe por el Estado. Para tal efecto, la Constitución introduce reglas de incorporación y aplicación de tratados

internacionales de Derechos Humanos y dispone su aplicabilidad directa e inmediata; el acceso directo a la justicia en caso de vulneración y el ejercicio de los derechos sin restricciones. En su Art. 417, establece que la aplicación de tratados de Derechos Humanos se hará de forma preferente y favorable a la persona. Existen diversos instrumentos internacionales que determinan el trato que se debe dar a las Personas Privadas de Libertad, que son de obligatorio cumplimiento en el país. Dentro de estos convenios y tratados internacionales, destacan los siguientes:

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Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y su Protocolo opcional Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder Principios básicos para el Tratamiento de los reclusos Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing) Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores privados de libertad. Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de Libertad (Reglas de Tokio), entre los principales

Mediante Decreto Ejecutivo 1317 de septiembre de 2008, se otorgó al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos la competencia para la ejecución de obligaciones internacionales en general, y especialmente las del Sistema Interamericano, que comprenden, entre otros, la capacitación a servidoras y servidores públicos. Asimismo, la Constitución ecuatoriana contiene disposiciones específicas en relación al tema; pero en

este caso específico tienen que ver con la necesidad de capacitación a los servidores públicos. Es así que, en su Art. 234 plantea que el Estado garantizará la formación y capacitación continua de las servidoras y servidores públicos a través de las escuelas, institutos, academias y programas de formación o capacitación del sector público; y la coordinación con instituciones nacionales e internacionales que operen bajo acuerdos con el Estado.

DIAGNÓSTICO

urante tres años de gestión, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos; ha alcanzado hitos en tres ámbitos de gran incidencia en el cambio estructural de la sociedad ecuatoriana, en la búsqueda del Buen Vivir.

1. Justicia: El acceso a la Justicia es una de las áreas que más atención requiere por parte del Estado. El sistema judicial ecuatoriano enfrenta diversos problemas estructurales. Consecuentemente, los principios de seguridad jurídica y acceso a la Justicia son de difícil aplicación, lo cual ha generado desconfianza de la ciudadanía en el sistema de justicia. Los cambios radicales en el paradigma de la Justicia en el Ecuador, se originan en la actual Constitución de la República y en su desarrollo en el Código Orgánico de la Función Judicial, promulgado en el año 2009. El ordenamiento jurídico ecuatoriano históricamente ha sufrido una notoria dispersión de normas, que provoca dificultades en su aplicación. De ahí, las crisis que la Justicia ha experimentado cíclicamente. Por tal motivo, es necesario impulsar

la transformación de la Justicia, tarea asignada al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. En lo referente a los aspectos cualitativos de los servicios de Justicia, se han identificado las siguientes barreras de atención y servicio judicial que aún persisten, y son3: • Los servicios de Justicia no obedecen a procedimientos rigurosos que aseguren la calidad del servicio y garanticen los derechos de la ciudadanía. • La Función Judicial no ha podido contar con planes y proyectos integrados a nivel nacional que permitan gestionar eficientemente los servicios judiciales en todas sus instancias. • El sistema judicial no cuenta, en la actualidad, con las capacidades necesarias para atender la demanda de causas que requieren servicio. • La imagen institucional es deficiente en lo que a su servicio y comunicación judicial se refiere. • Los grupos de atención prioritaria y las víctimas de violencia social e intrafamiliar no tienen un acceso adecuado a la justicia. 3 PÁSARA, Luis. (2010). Línea de base de la producción judicial – Aspectos cuantitativos. Quito, Ecuador. PNUD - Ministerio de Justica, Derechos Humanos y Cultos.

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Antes de la puesta en vigencia de la actual Constitución, Ecuador era el único país de la región que no contaba con un servicio de defensoría pública. Para cubrir esta carencia, se creó, primero, la Unidad Transitoria de Gestión de la Defensoría Pública, y luego la Defensoría Pública. En definitiva, teniendo en cuenta que la Justicia está íntimamente ligada con la equidad, el trabajo del Ministerio es incesante, construyendo y dotando de un sentido de conjunto al Sistema de Justicia, en permanente búsqueda de la equidad social y la protección de los derechos de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades.

2. Derechos Humanos: La concepción de un Estado de plena garantía de los derechos individuales y colectivos es uno de los fundamentos de la Constitución de la República. Se trata de una evolución que debe solventar los problemas de un Estado Constitucional de Derechos y Justicia en construcción. La aprobación y ratificación de los tratados internacionales por parte del país, representa una gran responsabilidad en cuanto al cumplimiento de los compromisos adquiridos. Además, demanda mecanismos de información hacia las instituciones portadoras de obligaciones, de tal manera que se pueda llevar a la práctica la normativa internacional vinculante y las recomendaciones de los mecanismos internacionales de seguimiento a los convenios, en materia de Derechos Humanos. 24

Diagnóstico

La elaboración de informes de país para el Sistema de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano es un desafío que debe encararse en el corto plazo, con talento humano e instrumentos especializados y con la participación activa de las instituciones públicas vinculadas a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos cuenta con dos organismos supervisores del cumplimiento de todos los tratados de la materia: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el ejercicio de sus competencias, han conocido varios casos en contra del Estado ecuatoriano y han dispuesto algunas medidas de reparación, a fin de garantizar el efectivo goce de los derechos de las personas afectadas. En este marco, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos ha ejecutado medidas de reparación, en coordinación con otras instituciones del Estado y con la participación de víctimas y beneficiarios, a fin de identificar las acciones más adecuadas y eficaces para subsanar la violación de los Derechos Humanos. La participación de las víctimas y sus representantes en el diseño, ejecución y monitoreo de las medidas hace que éstas tengan sentido, sean democráticas y resulten verdaderamente eficaces. Así, se evidencia que el Ministerio desarrolla diversas tareas con el afán de ampliar su acción en varios frentes con enfoque de Derechos Humanos,

principalmente en igualdad y no discriminación, seguridad ciudadana y rehabilitación social, género y diversidades sexuales. Uno de los frutos de dicho trabajo es el informe de la Comisión de la Verdad, presentado en julio de 2010. En él se da cuenta de casos de torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, privaciones arbitrarias de la libertad y otros casos de violación de los Derechos Humanos en el Ecuador durante el período 1984 - 2007. En este contexto, urge hacer propuestas con el objetivo de avanzar hacia la implementación de las recomendaciones del Informe, así como a la adecuación de contenidos en Derechos Humanos para los diferentes programas de formación y capacitación a servidoras y servidores públicos. El objetivo es contar con una política pública que permita avanzar en el acceso a la justicia y la gestión democrática a todo nivel. El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos ha orientado su gestión, principalmente, en los siguientes temas:

Trata de personas En la actualidad, se ha convertido en una de las actividades delictivas de más acelerado crecimiento en el mundo que vulnera gravemente los Derechos Humanos y la dignidad de sus víctimas. En este sentido, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, desarrolla una política pública específica para combatir la trata de personas. 25

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Protección a Pueblos Indígenas Aislados La presencia de diferentes regímenes administrativos territoriales, motivó al Estado a crear mecanismos de protección integral para estos pueblos, con familias en contacto y sin contacto, cuyas aspiraciones de vida requieren un tratamiento particular y un compromiso absoluto por parte del Estado.

Cultos El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, trabaja en el acceso a información y procesos por parte de grupos que buscan inscripción legal. Adicionalmente, se emprendieron tareas de concienciación y capacitación para agilitar y formalizar este ejercicio, con el irrestricto cumplimiento de derechos, así como el respeto a la colectividad.

3. Criminalidad: En este punto, la tarea se centra en el Sistema de Rehabilitación Social, que se halla actualmente en proceso de transformación hacia un modelo adecuado que permita una verdadera rehabilitación y reinserción en la sociedad de las Personas Privadas de Libertad y las y los adolescentes infractores. En consecuencia, desde el inicio de la gestión de esta cartera de Estado, se han generado políticas públicas, orientadas a la rehabilitación de las Personas Privadas de Libertad, así como de los

adolescentes infractores. En el mismo sentido, se han construido enfoques conceptuales y metodológicos, que orientan una intervención técnica y eficiente del Estado en materia penitenciaria. Esta labor se inició con un inventario completo de la disponibilidad de los recursos del sistema y la propuesta de alternativas para la garantía de los derechos del Buen Vivir de las Personas Privadas de Libertad y adolescentes infractores, con el objetivo de minimizar el riesgo de conflictos sociales a todo nivel. De esta manera, se ha diseñado un Plan Nacional de Construcción de Centros de Rehabilitación Social (CRS), Centros de Detención Provisional (CDP), Casas de Confianza (CC) y Centros de Adolescentes Infractores (CAI), con una visión humanista y garantista. Se ha marcado, como prioridad, el objetivo de alcanzar una profunda modificación del régimen penitenciario en el Ecuador. El punto de partida es el cambio conceptual hacia un “sistema de internamiento”, que previene la vulneración de derechos y principios constitucionales. Por tanto, es indispensable instrumentar una reforma legal destinada a que los mandatos constitucionales se hagan efectivos y lograr el respeto y garantía de los derechos de personas privadas de la libertad y adolescentes infractores, para conseguir su exitosa rehabilitación y consecuente reinserción en la sociedad.

III

ESCENARIO 2013

asta el año 2013, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos habrá alcanzado significativos logros, en aras de la plena vigencia de los Derechos Humanos, la transformación del sistema de Justicia y la regulación del libre ejercicio de cultos, como un referente de gestión pública nacional e internacionalmente. En los ámbitos contemplados dentro del accionar del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, se evidencian mejoras en el proceso de

reforma de la Función Judicial: la disminución de la impunidad, genera un ambiente de mayor confianza hacia la Ley en grandes sectores de la población. Asimismo, el Sistema Judicial cuenta con modelos de gestión pública que permiten disminuir la corrupción, mejorar acceso, disponibilidad y calidad de los servicios, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos de la población y la seguridad jurídica en el país, eliminando las diferentes barreras de acceso.

Agenda de Justicia, Derechos Humanos y Cultos

En materia de Derechos Humanos, la reparación a las víctimas es oportuna e integral y su cumplimiento vincula todas las funciones y órganos del Estado. Sobre la base de la jurisprudencia y principios relacionados a derechos, se modificó la perspectiva de la reparación –entendida tradicionalmente como simple indemnización económica– y se avanza hacia otras medidas de reparación, como: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, es decir, la garantía de que las víctimas no vuelvan a ser objeto de violaciones. A esto se articulan un conjunto de medidas, que incluyen cambios legislativos, reformas judiciales e institucionales, difusión de los Derechos Humanos, programas de entrenamiento y capacitación a servidores públicos y operadores de justicia.

Esto se ha logrado, principalmente, mediante la implementación de un Régimen de Protección Especial de Derechos para el territorio comprometido con la presencia de pueblos en aislamiento, junto con un código de conducta integrado, además de la implementación de medidas orientadas a revertir condiciones de especial riesgo.

Teniendo en cuenta la integralidad de la intervención en la lucha contra la trata de personas, se ha logrado concienciar en la prevención, facilitando las condiciones de denuncia y el acceso a información sobre los mecanismos con los que el Estado cuenta, para la reparación integral a las víctimas y la debida sanción a los autores materiales e intelectuales de estos crímenes.

Adicionalmente, se ha impulsado la creación y consolidación del Centro de Interpretación de Culturas de Selva para la Protección de Pueblos en Aislamiento, la educación de los habitantes de la zona (colonos) y la difusión de los derechos de la naturaleza.

En lo relativo a medidas cautelares, se ha contribuido a garantizar la integridad y permanencia de los pueblos en aislamiento –Tagaeri, Taromenane y otros presentes en la Amazonia ecuatoriana–, reduciendo las amenazas territoriales, ambientales, sociales, económicas y culturales que los afectan.

En este sentido, se realizó el reordenamiento del territorio comprometido con familias en aislamiento, mediante decisiones políticas intersectoriales y sectoriales en los distintos niveles de gobierno y la implementación de medidas que permitieron revitalizar la cultura Waorani. De esa manera, se garantiza la reparación de derechos conculcados en el contacto violento desde 1956, revirtiendo su anterior condición de vulnerabilidad.

Todo esto se enmarca en el gran objetivo de lograr una conciencia nacional y un cambio cultural sostenido en la población, conjuntanmente con los gobiernos autónomos descentralizados, implicados en la protección de los PIAVs y su integridad territorial, así como en la población nacional, la comprensión e involucramiento con las medidas de protección.

Escenario al 2013

El Ministerio, como gestor de la política pública que garantiza el acceso a la justicia oportuna, independiente y de calidad, destaca la labor realizada por el respeto de la autonomía e independencia del poder jurisdiccional. Dentro de este marco, los casos que atiende la Dirección de Relación con la Ciudadanía, por medio de las Oficinas de Atención a la Ciudadanía, reflejan indicadores para evaluar

las falencias en la administración de justicia, con la única finalidad de contribuir al mejoramiento de ella, desde una perspectiva eficiente, dentro de las atribuciones constitucionales asignadas a la Función Ejecutiva. Asimismo, se continúa con el proceso de regulación, supervisión y coordinación de las relaciones

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del Estado ecuatoriano con las asociaciones religiosas legalmente establecidas en el país. El proceso abarca su inscripción, capacitación, concienciación en el respeto de espacios y derechos propios y del resto de la sociedad. La creación y adecuación de nuevos centros de rehabilitación social genera un ambiente propicio para la efectiva rehabilitación y posterior reinserción social de las personas privadas de la libertad, con la implementación de programas educativos, laborales y recreativos. En el mismo sentido, sobresalen las medidas especiales para satisfacer las necesidades particulares, mediante la aplicación de un Modelo de Atención Integral, con programas que permiten mejorar la calidad de vida de las Personas Privadas de Libertad.

• Salud, en el campo de la rehabilitación social, las Personas Privadas de Libertad tienen derecho a una salud íntegra, entendida desde lo físico, mental y social, que incluya la atención médica, psiquiátrica y odontológica adecuada; la disponibilidad permanente de personal médico; el acceso a tratamientos y medicamentos apropiados y gratuitos; la implementación de programas de educación y promoción en salud, inmunización, prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, endémicas y de toda índole. Todo ello, en consideración de los grupos de atención prioritaria y los enfoques de igualdad; • Educación, mediante la implementación de iniciativas de educación formal e informal, cultura, deportes y recreación en los centros; y

Con esta visión humanista, se desarrollan programas dirigidos al mejoramiento de la formación y conducta de las personas privadas de libertad, facilitando su reinserción en la sociedad y la garantía de sus Derechos Humanos. Igualmente, desde este espacio se desarrolla un sistema de internamiento de Adolescentes Infractores que garantiza el respeto a los Derechos Humanos consagrados en la Constitución, los instrumentos internacionales y la normativa nacional, de acuerdo con políticas socioeducativas.

• Laboral y vínculos familiares, con la implementación de programas de capacitación laboral, desarrollo de unidades de capacitación y producción, desarrollo de microempresas, terapias ocupacionales y reinserción laboral.

Se encuentra en pleno funcionamiento un Modelo de Atención Integral a las personas privadas de libertad, mediante la ejecución de programas y proyectos en los ejes transversales de gestión institucional:

En cuanto a la infraestructura de los centros de rehabilitación, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, por medio de una unidad especializada, promueve la mejora y mantenimiento permanente

Se creó una Escuela Penitenciaria para la formación integral y sensibilización, con énfasis en la capacitación sobre temas técnicos y de Derechos Humanos del talento humano para la seguridad y vigilancia del Sistema de Rehabilitación Social.

de la infraestructura de los centros para garantizar condiciones de vida dignas durante la privación de la libertad, tomando en cuenta requerimientos especiales como, por ejemplo, los de personas con discapacidad. Asimismo, se han desarrollado permanentemente acciones conjuntas y transversales en materia de Justicia Social y Desarrollo Humano, con el objetivo primordial de capacitar a servidoras y servidores públicos en temas de Derechos Humanos y enfoques de igualdad y estos a su vez, repliquen los conocimientos en sus respectivos entornos. La capacitación contempla también el asesoramiento a diversas instancias de la Justicia, en lo relativo al combate a la trata de personas. Esto posiciona al

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos como el ente líder en la difusión de Derechos Humanos. A fin de que la ciudadanía conozca claramente, cuándo y cómo debe acceder a los diversos mecanismos de justicia, se han fortalecido las Oficinas de Atención a la Ciudadanía, coordinadas por la Dirección de Relación con la Ciudadanía, con una visión práctica: “cuando alguien conoce sus derechos, los exige; si los desconoce, se encuentra en indefensión”. Su principal función es brindar asesoría a la ciudadanía sobre sus derechos y las diferentes garantías administrativas y judiciales válidas para hacer efectivos esos derechos.

Agenda de Justicia, Derechos Humanos y Cultos

OBJETIVOS, POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y METAS

Ámbito Judicial En este ámbito se proponen importantes desafíos destinados a apoyar el mejoramiento de los servicios que prestan las instituciones vinculados a la Justicia, impulsando políticas de ampliación de la cobertura de estos servicios, de acuerdo a las exigencias que impone la Constitución de la República, a partir de la ejecución coordinada de programas de gestión eficiente, viabilizando los medios económicos, financieros, materiales y tecnológicos. Se contempla, además, la coordinación de acciones para garantizar el efectivo acceso a una justicia de calidad y oportuna como derecho fundamental de los habitantes de la República. Además, el reconocimiento de la pluralidad jurídica en la promoción de los sistemas de justicia alternativa: justicia desde la visión plurinacional, de género e intercultural. Es así, que se ha priorizado la transformación de: a) Los servicios de justicia • Calidad de la administración de justicia, • acceso y disponibilidad,

• protección a grupos de atención prioritaria, y • la imagen institucional como resultado de los servicios. b) La estructura institucional que genera dichos servicios • El modelo de gestión y las competencias institucionales, • organización administrativa financiera, • profesionalización (carreras y escuelas judiciales), y • fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales del Sistema de Justicia. El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos busca apoyar este proceso, como el primer paso hacia la construcción de un sistema de servicios sólido, oportuno y eficaz, que ocupe un lugar trascendental en la transformación hacia el nuevo sistema que queremos.

Plan Nacional de Seguridad Integral

Ámbito de Derechos Humanos

nocidos jurídicamente y orientados a asegurar, al ser humano, su dignidad como persona.

Bajo este lineamiento se tiene como objetivo formular, coordinar, informar y dar seguimiento a las resoluciones y recomendaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del Sistema de Naciones Unidas, tanto a los organismos internacionales, cuanto a las instituciones públicas portadoras de obligaciones, para garantizar el cumplimiento de los compromisos de Ecuador como país parte, así como coordinar y ejecutar programas y proyectos institucionales e interinstitucionales sobre temas vinculados con Derechos Humanos y justicia.

El respeto a los Derechos Humanos, incluye la protección contra todo tipo de vulneración y es inherente a la estructura y funciones de un Estado democrático y de derechos.

El enfoque de Derechos Humanos contribuye a la construcción del Estado Constitucional de Derechos y Justicia. Si bien el cumplimiento de los Derechos Humanos en su sentido amplio: derechos civiles, económicos, políticos, sociales y culturales; compete al Estado, en su conjunto, el papel del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos busca promover que el enfoque fundamentado en derechos humanos se lleve a la práctica. En el caso de los Derechos Humanos, la política pública debe velar por el respeto, protección y garantía, es decir, por el ejercicio pleno de los Derechos Humanos, entendidos estos como el conjunto de principios de aceptación universal, reco-

Ámbito de Criminalidad Contempla la gestión referente a la conflictividad social violenta. De esta manera, no sólo se consideran las políticas con enfoque de seguridad ciudadana, sino también, todo aquello ligado a la violencia definida ampliamente y que comprende temas específicos de vulneración de Derechos Humanos, como el caso de las Personas Privadas de Libertad. El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos administra en todo el país, el Sistema de Rehabilitación Social, evitando que se ponga en riesgo la integridad física y psíquica de las personas. con la implementación de políticas orientadas a la rehabilitación y reinserción social. A continuación, se presenta la alineación de la Agenda de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, al Plan Nacional de Seguridad Integral.

Agenda de Justicia, Derechos Humanos y Cultos

PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL (PNSI) ÁMBITO PNSI

Justicia y seguridad ciudadana

ARTICULACIÓN DE LA AGENDA DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS

OBJETIVOS PNSI

Prevenir, combatir y controlar la criminalidad y la violencia en la sociedad

POLÍTICAS PNSI

MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS ÁMBITOS MJDHC

OBJETIVOS MJDHC

Judicial

Promover una justicia oportuna, independiente, transparente y de calidad

Criminal

Lograr la rehabilitación y reinserción social de las Personas Privadas de Libertad y adolescentes infractores

Mejorar la efectividad del sistema de justicia para disminuir el crimen organizado, la delincuencia común y la impunidad

Objetivos, Políticas, Estragegias y Metas

CON EL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL (PNSI) MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS (MJDHC) POLITICAS MJDHC

Promover el pluralismo jurídico

Contribuir al acceso universal, oportuno e independiente al sistema de justicia

Contribuir a un ordenamiento jurídico acorde al estado constitucional de derechos y justicia

Consolidar un sistema de rehabilitación que contribuya a la reinserción social, potenciando su rol preventivo, en el marco de los Derechos Humanos

ESTRATEGIAS MJDHC Realizar investigaciones socio jurídicas sobre temas de justicia y Derechos Humanos Generar los espacios de coordinación necesarios con los órganos jurisdiccionales, administrativos, auxiliares y autónomos que conforman la función judicial Realizar el seguimiento de los procesos judiciales de interés nacional, a fin de garantizar una aplicación oportuna e independiente por parte de la administración de justicia Proponer las reformas necesarias que propician la transformación integral de la justicia Administrar los procesos técnicos relacionados con la coordinación del sistema de rehabilitación social Profesionalizar el modelo de atención integral penitenciario Brindar las condiciones funcionales de infraestructura

Agenda de Justicia, Derechos Humanos y Cultos

PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL (PNSI) ÁMBITO (PNSI)

Justicia y seguridad ciudadana

ARTICULACIÓN DE LA AGENDA DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS

OBJETIVOS PNSI

Prevenir, combatir y controlar la criminalidad y la violencia en la sociedad

MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS

POLÍTICAS PNSI

ÁMBITOS MJDHC

Impulsar la transversalidad de los Derechos Humanos en el estado

Derechos Humanos

OBJETIVOS MJDHC

Promover la plena vigencia de los Derechos Humanos en Ecuador

Objetivos, Políticas, Estragegias y Metas

CON EL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL (PNSI) MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS (MJDHC) POLITICAS MJDHC

ESTRATEGIAS MJDHC Promover mecanismos de atención inmediata a las víctimas

Cumplir las disposiciones internacionales de Derechos Humanos

Fortalecer los programas de protección, asistencia y reparación a personas a quienes se han vulnerado sus Derechos Humanos Impulsar el conocimiento y monitoreo de los Derechos Humanos Capacitar en materia de Derechos Humanos a funcionarios del estado Capacitar en Derechos Humanos a los grupos de atención prioritaria

Promover una cultura ciudadana de exigibilidad de Derechos Humanos

Impulsar mecanismos que fortalezcan una atención de calidad a los ciudadanos, mediante oficinas de atención a la ciudadanía Promover la protección integral de la vida de los pueblos indígenas no contactados en Ecuador Fortalecer los mecanismos para combatir la trata de personas

Garantizar el libre ejercicio de cultos

Generar mecanismos para la regulación del libre ejercicio de cultos

Agenda de Justicia, Derechos Humanos y Cultos

PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL (PNSI) ÁMBITO

OBJETIVOS PNSI

POLÍTICAS PNSI

JUSTICIA SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

Mejorar la calidad de vida de la población, especialmente en fronteras y en zonas de alta peligrosidad

Fortalecer la presencia del Estado en todo el territorio nacional, especialmente en fronteras y en zonas de alta peligrosidad, para mejorar la calidad de vida de la población

RELACIONES INTERNACIONALES Y DEFENSA

Garantizar la soberanía y la integridad territorial, la convivencia pacífica y contribuir al desarrollo nacional

Fomentar el bilateralismo y multilateralismo para la integración del Ecuador con América Latina, el Caribe y la comunidad internacional fundamentada en una cultura de paz

Impulsar la investigación científica y la tecnología para la seguridad

Desarrollar y aplicar la tecnología y el conocimiento científico para prevenir, combatir y reducir los riesgos y amenazas a la seguridad integral

CIENTÍFICO TECNOLÓGICO

ARTICULACIÓN DE LA AGENDA DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS ÁMBITOS MJDHC

OBJETIVOS MJDHC

JUDICIAL

Brindar una atención de calidad en los servicios de justicia a los ciudadanos a nivel nacional y en especial en las zonas de frontera norte y sur del país

JUDICIAL

Brindar la atención de justicia pronta y oportuna a las personas detenidas fuera del país de nacimiento de conformidad con la normativa local y en observancia de los Derechos Humanos

CRIMINAL

Desarrollar y aplicar la tecnología y el conocimiento que coadyuven al el mejoramiento de los servicios de la Rehabilitación y Reinserción Social

Objetivos, Políticas, Estragegias y Metas

CON EL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL (PNSI MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS (MJDHC) POLÍTICAS MJDHC

ESTRATEGIAS MJDHC Monitorear el ejercicio de los Derechos Humanos en función de sus particularidades territoriales, sociodemográficas y en condición de movilidad humana

Fortalecer y mejorar la atención de apoyo integral

Mejorar los mecanismos de respuesta en casos de vulneración de Derechos Humanos Implementar Oficinas de Atención a la Ciudadanía - (OAC) Implementar los mecanismos de justicia generadas en los espacios de coordinación interinstitucional a nivel nacional e internacional

Fomentar los acuerdos interinstiucionales a nivel regional e internacional que tengan como finalidad el velar por los derechos de las personas detenidas en países extranjeros al de su origen

Aplicar penas de acuerdo a normativas jurídicas y leyes establecidas en el país Promover las mejores condiciones, las facilidades y mecanismos necesarios para el regreso de las personas detenidas a su país de origen Capacitar a los operadores del Sistema de Rehabilitación Social en el uso de los sistemas tecnológicos

Impulsar la aplicación de sistemas tecnológicos de gestión ágiles y modernos en los Centros de Rehabilitación Social, a nivel nacional

Diseñar sistemas tecnológicos interconectados con otros sistemas en el ámbito de la justicia Coordinar la generación de información que permita proporcionar una efectiva organización del Sistema 43