Agenda de Política Exterior para la Seguridad by Ministerio Coordinador Seguridad Ecuador

AGENDA DE

POLÍTICA EXTERIOR PARA LA

SEGURIDAD

Econ. Rafael Correa Delgado PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

Valm. Homero Arellano Lascano MINISTRO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD

Econ. Ricardo Patiño Aroca MINISTRO de la Relaciones Exteriores, Comercio e Integración

Kintto Lucas Viceministro de Relaciones Exteriores

Jorge Orbe/Eduardo Mangas Coordinación GeneraL

Eduardo Mangas EDICIÓN

Manthra Editores DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN 2011. Quito - Ecuador

ÍNDICE Presentación.............................................................................. 7 Prólogo....................................................................................... 9 Introducción.....................................................................................11 I.-

Marco Normativo y de Planificación......................................17

II.- Diagnóstico................................................................................25 III.- Escenario 2013..........................................................................28 IV.- Políticas y Estrategias...............................................................33

LA SEGURIDAD ES TAREA DE TODOS

or mandato de la Constitución de Montecristi, el Ecuador, Estado soberano y democrático, reconoce y garantiza a todas las personas y colectivos, entre otros derechos, los que se refieren a gozar de: una cultura de paz, integridad personal, seguridad humana; protección integral y armonía con el Buen Vivir. Con los lineamientos y las políticas construidas desde el nuevo enfoque de la seguridad, hoy entregamos a la ciudadanía el “Plan Nacional de Seguridad Integral” y ocho Agendas de los Ministerios y Secretarías que conforman el Sector e incluyen una visión estratégica, en el entendimiento inmutable de que el ser humano es la razón de toda acción estatal.

Esta Planificación, construida desde un enfoque integral, refleja el trabajo coordinado, instituido por el Gobierno de la Revolución Ciudadana, que articula políticas transversales alineadas a: La Constitución, La Ley de Seguridad Pública y del Estado y, por supuesto, al Plan Nacional para el Buen Vivir. Para el Gobierno Nacional, la seguridad es una prioridad, superando concepciones sectarias y planteando el nuevo paradigma de la Seguridad Integral en el Ecuador. Además, se han destinado importantes recursos económicos y humanos para enfrentar con firmeza a la delincuencia. En respuesta a la voluntad del pueblo ecuatoriano, expresada en las urnas, el 7 de mayo de 2010, al aprobar la Consulta Popular, hoy está en marcha la transformación

total de la justicia, paso gigantesco de lucha contra la impunidad, atrapada en la incapacidad y la corrupción, pues no habrá seguridad mientras no acabemos con la impunidad, que es sinónimo de injusticia. La Seguridad Integral no se alcanza con esfuerzos aislados, por el contrario, exige el auténtico compromiso de todos y todas, desde los más diversos ámbitos. De la misma manera, es indispensable orientar una inmediata transformación cultural, tendiente a ratificar la convicción de que somos un país de paz y que queremos vivir sin violencia, para precautelar nuestra sana convivencia. El Plan Nacional de Seguridad Integral constituye un aporte de indiscutible valor para fortalecer la acción del Estado a favor del bien común, mediante la aplicación de lineamientos, objetivos, políticas y estrategias, que materializarán innumerables anhelos postergados del pueblo ecuatoriano.

Econ. Rafael Correa Delgado PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

PRÓLOGO

a política exterior de la Revolución Ciudadana es proactiva y propositiva, con posiciones revolucionarias en la geopolítica mundial, dirigida a la construcción de un mundo multipolar. El Ecuador no busca complacer a los poderosos plegando sus posiciones de principios a intereses de potencias hegemónicas, económicas o militares. Denuncia y se opone a las agresiones militares y a la manipulación política de las organizaciones internacionales. Promueve la integración de los pueblos del sur, priorizando la integración de América Latina y el Caribe. Por tanto, la gestión de la política exterior no actúa más al margen de la realidad social, política y económica nacional, ni tampoco busca atender los intereses de grupos económicos o familiares. A partir de 2007 se ha democratizado la gestión de la política exterior, pero aún queda mucho por hacer. La Cancillería de la Revolución Ciudadana trabaja por acercar la política exterior a las y los ciudadanos. Entre otras cosas, busca democratizar el servicio exterior, orientaciones culturalmente incluyentes y de género que aseguren la participación, en igualdad de condiciones, a hombres y mujeres, y que incorpore a poblaciones tradicionalmente excluidas del servicio exterior. De 47 embajadores de la carrera diplomática solamente 5 son mujeres, dos de ellas nombradas por el gobierno de la Re-

volución Ciudadana. De otra parte, no existía ni un solo indígena o afrodescendiente entre los funcionarios de la carrera diplomática. A partir del año 2011 se solventa esta grave deuda histórica del Estado ecuatoriano. El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración está al servicio de las instituciones nacionales para posicionar al Ecuador en el ámbito internacional y al mismo tiempo capitalizar en el exterior la nueva política pública ecuatoriana. Los entes sectoriales cuentan con el apoyo de Cancillería, institución que facilita la gestión realizada, en el exterior, por estas instituciones en el ámbito de sus competencias. Esta Agenda da cuenta de la intrínseca relación con las políticas interrelacionadas y el relacionamiento y la alineación de la institución al Gabinete de Seguridad. La Cancillería, así mismo, constituye la voz del Estado en la esfera internacional para condenar la injerencia de los estados en los asuntos internos de otros estados, y cualquier otra forma de intervención, sea incursión armada, agresión, ocupación o bloqueo económico o militar; teniendo como uno de sus ejes estratégicos la promoción de la paz, la seguridad y el desarme mundial. Además, tiene la responsabilidad de asegurar los intereses

Agenda de la Política exterior para la seguridad

nacionales en el plano internacional en temas con repercusiones directas en la seguridad y estabilidad interna: la seguridad económica financiera, acuerdos y acciones internacionales relacionados con la soberanía energética, la soberanía alimentaria, la soberanía del conocimiento y la agenda internacional del medio ambiente y del cambio climático, entre otros temas internacionales que el Estado ecuatoriano considera claves para la Seguridad Integral del país. El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración ha elaborado una Agenda Estratégica de Política Exterior, con el fin de alinear la política exterior ecuatoriana a los principios constitucionales y a los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir. La Agenda postula los principios, políticas y estrategias de la política exterior ecuatoriana y realiza, para cada ámbito de trabajo, un análisis político detallado con los argumentos e insumos necesarios para el diálogo político y gestión de la política exterior. El presente documento constituye una síntesis de dicha Agenda. De este modo, evidencia los lineamientos centrales para la gestión de la política exterior para el período 2011-2013, como parte de la planificación sectorial del Gabinete de Seguridad. Econ. Ricardo Patiño Aroca Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración

INTRODUCCIÓN

a Política Exterior del Ecuador se ha desarrollado, en el transcurso de su historia, basada en valores y principios universalmente aceptados y consagrados en el Derecho Internacional. Sin embargo, en no pocas ocasiones, la práctica diplomática se ha caracterizado por una actitud pasiva frente a las agendas externas, sobre las cuales no se ha tenido incidencia significativa, lo cual ha promovido políticas subordinadas a la lógica establecida por la inercia del actual orden económico y político mundial. Es así como, en el ámbito multilateral, su atención se centró fundamentalmente en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comunidad Andina de Naciones (CAN); y, en el ámbito comercial, se privilegió las relaciones con Estados Unidos, la Unión Europea y los países fronterizos. No obstante, en la actualidad urge otorgar un nuevo enfoque a la Política Exterior del Ecuador, en el que se destaque una acción diplomática soberana y proactiva, en atención a los postulados establecidos en la Constitución y a los objetivos establecidos en el Plan Nacional para el Buen Vivir y el Plan Nacional de Seguridad Integral. La paz y la seguridad constituyen objetivos concomitantes con el Buen Vivir, ya que difícilmente puede haber desarrollo humano si existe inestabilidad y violencia.

La paz se define como aquella situación que garantiza a los seres humanos desarrollar y fortalecer todas sus potencialidades; implica un proceso de educación y de afirmación en valores. Supone actuar desde un conjunto de principios, tales como: la justicia, la equidad, la autodeterminación, la cooperación, la solidaridad; condenando la agresión, la intolerancia, así como la violación a los principios establecidos en el derecho internacional. De otra parte, la seguridad es una cualidad que se ha ido enriqueciendo con el tiempo. A la antigua idea de entenderla como una representación estricta del ámbito militar, se han ido agregando categorías que incorporan elementos de carácter económico y social, con inclusión de las y los ciudadanos. Esto ha permitido afianzar una visión más holística y amplia del tema que abarca ámbitos de Justicia y Seguridad Ciudadana, Relaciones Internacionales y Defensa, Política, Justicia Social y Desarrollo Humano, Ambiente y Gestión de Riesgos, y Científica y Tecnológica. Ecuador conceptualiza la seguridad a partir de una visión humanista que, en primer lugar, consagra la voluntad de construir sociedades signadas por el Buen Vivir, en la dimensión más amplia que el concepto entrega. Aunque se mantienen vigentes las amenazas relacionadas con la seguridad territorial y la soberanía de cada estado y nación, principalmente por el gran potencial de riquezas que guarda 11

Agenda de la Política exterior para la seguridad

nuestro suelo, subsuelo y territorios marítimos, se deben añadir otros objetivos relacionados con elementos que podrían producir inestabilidad y, en ese sentido, poner como componentes centrales de una doctrina de seguridad integral a la defensa de los recursos naturales y humanos, la lucha contra la exclusión y la pobreza, el logro de la soberanía alimentaria y energética y la construcción de un sistema financiero independiente y autónomo de poderes extra regionales. En esta ruta hacia la seguridad cooperativa, la seguridad nacional y regional debe concebirse como un concepto integral a partir del cual la seguridad económica es condición sine qua non de la seguridad política y condicionada a la justicia social; y nada será posible si no se ubica al ser humano y la naturaleza como objetivos supremos de los Estados. Esta concepción constituye uno de los fundamentos que priman en la agenda internacional que promueve el Estado ecuatoriano. La nueva Agenda de Política Exterior busca consolidar el cambio estructural que inició la Revolución Ciudadana en el año 2007 en el ámbito de las relaciones internacionales, operacionalizando los principios de política exterior, establecidos en el Art. 416 de la Constitución del Ecuador. Estos principios son los siguientes: 1. Proclama la independencia e igualdad jurídica de los Estados, la convivencia pacífica y la autodeterminación de los pueblos, así como también la cooperación, integración y solidaridad.

2. Defiende la solución pacífica de las controversias y de los conflictos internacionales, y rechaza la amenaza o el uso de la fuerza para resolverlos. 3. Condena la injerencia de los Estados en los asuntos internos de otros Estados, y cualquier otra forma de intervención, sea incursión armada, agresión, ocupación o bloqueo económico o militar. 4. Promueve la paz, el desarme universal; condena el desarrollo y uso de armas de destrucción masiva y la imposición de bases o instalaciones con propósitos militares de unos Estados en el territorio de otros. 5. Reconoce los derechos de los distintos pueblos que coexisten dentro de los Estados, en especial aquellos derechos que hacen referencia a la promoción de mecanismos que expresen, preserven y protejan el carácter diverso de sus sociedades, y rechaza el racismo, la xenofobia y toda forma de discriminación. 6. Propugna el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, especialmente Norte-Sur. 7. Exige el respeto de los derechos humanos, en particular de las personas migrantes, y propicia su pleno ejercicio mediante el cumplimiento de las obligaciones asumidas a través de instrumentos internacionales de derechos humanos.

Introducción

8. Condena toda forma de imperialismo, colonialismo, neocolonialismo, y reconoce el derecho de los pueblos a la resistencia y liberación de toda forma de opresión. 9. Reconoce al derecho internacional como norma de conducta, y demanda la democratización de los organismos internacionales y la equitativa participación de los Estados al interior de estos. 10. Promueve la conformación de un orden global multipolar con la participación activa de bloques económicos y políticos regionales, y el fortalecimiento de las relaciones horizontales para la construcción de un mundo justo, democrático, solidario, diverso e intercultural. 11. Impulsa prioritariamente la integración política, cultural y económica de la región andina, de América del Sur y de América Latina.

12. Fomenta un nuevo sistema de comercio e inversión entre los Estados que se sustente en la justicia, la solidaridad, la complementariedad, la creación de mecanismos de control internacional a las corporaciones multinacionales y el establecimiento de un sistema financiero internacional, justo, transparente y equitativo. Rechaza que controversias con empresas privadas extranjeras se conviertan en conflictos entre Estados. 13. Impulsa la creación, ratificación y vigencia de instrumentos internacionales para la conservación y regeneración de los ciclos vitales del planeta y la biósfera. La presente Agenda se organiza en trece ejes estratégicos, cada uno de los cuales se vincula con los ámbitos del Plan Nacional de Seguridad Integral, en la forma que se expone en el siguiente cuadro:

Agenda de la Política exterior para la seguridad

Ámbitos del Plan Nacional de Seguridad Integral Justicia y Seguridad Ciudadana

Ejes estratégicos de lo política exterior del Ecuador Derechos Humanos Soberanía Nacional e Integridad Territorial Integración Latinoamericana y del Caribe

Relaciones Internacionales y Defensa Paz, Seguridad y Desarme Problema mundial de las drogas Movilidad Humana Cooperación para el Desarrollo Justicia Social y Desarrollo Humano Plurinacionalidad e interculturalidad Promoción cultural en el exterior Ambiente y Gestión de Riesgos

Derechos de la naturaleza, ambiente y cambio climático Soberanía energética

Científica y Tecnológica

Soberanía alimentaria Soberanía del conocimiento

Para finalizar, es necesario señalar que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, ejecuta los objetivos, políticas y estrategias que derivan de estos ejes estratégicos en tres ámbitos de trabajo: el ámbito bilateral, el multilateral, y el ámbito de servicios migratorios y consulares.

MARCO NORMATIVO Y DE PLANIFICACIÓN

ormativa legal y de planificación que rige para la operación y gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración.

Constitución de la República del Ecuador Instrumentos Internacionales Plan Nacional para el Buen Vivir Plan Nacional de Seguridad Integral Ley orgánica del Servicio Público Ley orgánica del Servicio Exterior Ley de Seguridad Pública y del Estado

Nos preparamos para ser una institución pública eficiente y que trabaje con calidad.

Agenda de la Política exterior para la seguridad

TÍTULO VIII: RELACIONES INTERNACIONALES Capítulo primero Principios de las relaciones internacionales

Art. 416.- Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus responsables y ejecutores (ver Principios enumerados en la introducción).

Art. 417.- Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución.

Art. 418.- A la Presidenta o Presidente de la República le corresponde suscribir o ratificar los tratados y otros instrumentos internacionales. La Presidenta o Presidente de la República informará de manera inmediata a la Asamblea Nacional de todos los tratados que suscriba, con indicación precisa de su carácter y contenido. Un tratado sólo podrá ser ratificado, para su posterior canje o depósito, diez días después de que la Asamblea haya sido notificada sobre el mismo. Capítulo segundo Tratados e instrumentos internacionales

Art. 419.- La ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que: 1. Se refieran a materia territorial o de límites. 2. Establezcan alianzas políticas o militares. 3. Contengan el compromiso de expedir, modificar o derogar una ley. 4. Se refieran a los derechos y garantías establecidas en la Constitución. 5. Comprometan la política económica del Estado establecida en su Plan Nacional de Desarrollo a condiciones de instituciones financieras internacionales o empresas transnacionales. 6. Comprometan al país en acuerdos de integración y de comercio. 7. Atribuyan competencias propias del orden jurídico interno a un organismo internacional o supranacional. 8. Comprometan el patrimonio natural y en especial el agua, la biodiversidad y su patrimonio genético.

Marco Normativo y de Planificación

Art. 420.- La ratificación de tratados se podrá solicitar por referéndum, por iniciativa ciudadana o por la Presidenta o Presidente de la República. La denuncia un tratado aprobado corresponderá a la Presidenta o Presidente de la República. En caso de denuncia de un tratado aprobado por la ciudadanía en referéndum se requerirá el mismo procedimiento que lo aprobó.

Capítulo segundo Tratados e instrumentos internacionales

Art. 421.- La aplicación de los instrumentos comerciales internacionales no menoscabará, directa o indirectamente, el derecho a la salud, el acceso a medicamentos, insumos, servicios, ni los avances científicos y tecnológicos. Art. 422.- No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas. Se exceptúan los tratados e instrumentos internacionales que establezcan la solución de controversias entre Estados y ciudadanos en Latinoamérica por instancias arbitrales regionales o por órganos jurisdiccionales de designación de los países signatarios. No podrán intervenir jueces de los Estados que como tales o sus nacionales sean parte de la controversia. En el caso de controversias relacionadas con la deuda externa, el Estado ecuatoriano promoverá soluciones arbitrales en función del origen de la deuda y con sujeción a los principios de transparencia, equidad y justicia internacional.

Art. 423.- La integración, en especial con los países de Latinoamérica y el Caribe será un objetivo estratégico del Estado. En todas las instancias y procesos de integración, el Estado ecuatoriano se comprometerá a: Capítulo tercero Integración latinoamericana

1. Impulsar la integración económica, equitativa, solidaria y complementaria; la unidad productiva, financiera y monetaria; la adopción de una política económica internacional común; el fomento de políticas de compensación para superar las asimetrías regionales; y el comercio regional, con énfasis en bienes de alto valor agregado. 2. Promover estrategias conjuntas de manejo sustentable del patrimonio natural, en especial la regulación de la actividad extractiva; la cooperación y complementación energética sustentable; la conservación de la biodiversidad, los ecosistemas y el agua; la investigación, el desarrollo científico y el intercambio de conocimiento y tecnología; y la implementación de estrategias coordinadas de soberanía alimentaria.

Agenda de la Política exterior para la seguridad

3. Fortalecer la armonización de las legislaciones nacionales con énfasis en los derechos y regímenes laboral, migratorio, fronterizo, ambiental, social, educativo, cultural y de salud pública, de acuerdo con los principios de progresividad y de no regresividad. 4. Proteger y promover la diversidad cultural, el ejercicio de la interculturalidad, la conservación del patrimonio cultural y la memoria común de América Latina y del Caribe, así como la creación de redes de comunicación y de un mercado común para las industrias culturales. Capítulo tercero Integración latinoamericana

5. Propiciar la creación de la ciudadanía latinoamericana y caribeña; la libre circulación de las personas en la región; la implementación de políticas que garanticen los derechos humanos de las poblaciones de frontera y de los refugiados; y la protección común de los latinoamericanos y caribeños en los países de tránsito y destino migratorio. 6. Impulsar una política común de defensa que consolide una alianza estratégica para fortalecer la soberanía de los países y de la región. 7. Favorecer la consolidación de organizaciones de carácter supranacional conformadas por Estados de América Latina y del Caribe, así como la suscripción de tratados y otros instrumentos internacionales de integración regional.

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES DIPLOMÁTICAS

Ratificada por el Ecuador mediante Decreto Supremo 1647, publicada en el Registro Oficial No. 376 de 18 de noviembre de 1964.

CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES CONSULARES

Ratificada por el Ecuador mediante Decreto Supremo 2830, publicada en el Registro Oficial No. 472 de 5 de abril de 1965.

CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS

Registro Oficial No. 6 de 18 de marzo de 2005

Marco Normativo y de Planificación

PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR Objetivo 5: Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana

Política 5.1: Ejercer la soberanía y promover la convivencia pacífica de las personas en una cultura de paz Política 5.4: Promover el diálogo político y la negociación soberana de la cooperación internacional y de los instrumentos económicos. Política 5.5: Impulsar la integración con América Latina y el Caribe Política 5.6: Promover relaciones exteriores soberanas y estratégicas, complementarias y solidarias.

Objetivo 11: Establecer un Política 11.7: Promover condiciones adecuadas para el comercio interno e internacional, sistema económico social, considerando especialmente sus interrelaciones con la producción y con las condiciones de vida. solidario y sostenible Objetivo 12: Construir un Estado Democrático para el Buen Vivir

Política 12.3: Consolidar la nueva organización y rediseño institucional del Estado que recupere las capacidades estatales de rectoría, planificación, regulación, control, investigación y participación.

LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO

Art. 3.- Ámbito.-

Las disposiciones de la presente ley son de aplicación obligatoria, en materia de recursos humanos y remuneraciones, en toda la administración pública, que comprende: En razón de las especificidades propias de la naturaleza de sus actividades, y la implementación de regímenes particulares que su actividad implica, el Ministerio de Relaciones Laborales establecerá y regulará lo atinente a remuneraciones y supervisará y controlará la aplicación de los regímenes especiales de administración de personal establecidos en las leyes que regulan a la Función Legislativa, Magisterio, Servicio Exterior y a los miembros activos de la Comisión de Tránsito del Guayas; en lo relacionado con el personal ocasional la Función Legislativa observará lo previsto en su ley específica; los docentes del Magisterio y docentes universitarios se regularán en lo atinente a ascensos, evaluaciones y promociones por sus leyes específicas, excluyéndose de dichos procesos al personal técnico docente y administrativo que se regulará por esta ley al igual que se regulará por las disposiciones de este cuerpo normativo el personal administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración y de la Comisión de Tránsito del Guayas.

Art. 83.- Servidoras y servidores públicos excluidos de la carrera del servicio público.-

Exclúyase del sistema de la carrera del servicio público, a: i) Las servidoras y servidores públicos sujetos a la Ley Orgánica de Servicio exterior.

Agenda de la Política exterior para la seguridad

LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO EXTERIOR Publicada en el Registro Oficial Suplemento 262 de 3 de mayo de 2006

LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL ESTADO El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración coordinará la cooperación, intercambio de información y operaciones policiales acordadas con otros países, en el marco del respeto a la soberanía nacional y a los derechos de los personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos. En lo que respecta a prevención y protección de la convivencia y seguridad ciudadanas (Art. 11, Lit. c), todas las entidades del Estado están involucradas. El Plan Nacional de Seguridad Integral (PNSI) fija las prioridades y designa las entidades públicas encargadas de su aplicación, de acuerdo al tipo y naturaleza de los riesgos, amenazas o medidas de protección o prevención priorizadas. En este sentido, cada institución debe estructurar y desarrollar un plan de acción en concordancia con el PNSI, de acuerdo a su ámbito de gestión.

Representaciones de Ecuador a nivel internacional

DIAGNÓSTICO

ctualmente el mundo enfrenta múltiples crisis producto de los hábitos de consumo y de los sistemas político y económico imperantes. La crisis mundial es por tanto sistémica, y abarca la economía y las finanzas, los alimentos, la energía y el medio ambiente. La crisis financiera de los últimos años ha demostrado fehacientemente que los mercados no son capaces de regularse por sí mismos y que la actual arquitectura financiera internacional no ha sido capaz de prever las crisis y tampoco de brindar respuestas adecuadas para solucionarlas, especialmente a los países en desarrollo. No obstante, el pensamiento neoliberal de “dejar hacer y dejar pasar”, presente aún en los organismos financieros internacionales, impide que la comunidad internacional diseñe mecanismos efectivos de regulación. Además de la crisis financiera y económica, se evidencia una crisis alimentaria, que afecta directamente a los pueblos del sur. En septiembre de 2010, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) informó, en un comunicado de prensa, que 925 millones de personas en el mundo sufrían de hambre, mientras que para el 2002 esta cifra llegaba a 852 millones.

Ello significa que cada año aumenta en más de 10 millones la cantidad de personas con hambre en el mundo. Sin embargo, la producción mundial de alimentos muestra un crecimiento de cerca del 2% anual, mientras que la población lo hace a un ritmo del 1,14%. Por el momento, la crisis alimentaria no está relacionada con la escasez de alimentos; el problema se basa en los mecanismos de producción, distribución y consumo al servicio de grandes corporaciones y de intereses financieros especulativos. De otra parte, el control de las reservas energéticas mundiales y el acceso a las fuentes de energía son parte de los conflictos internacionales originados por los intereses económicos y geopolíticos de potencias militares. El Medio Oriente árabe es la zona geoestratégica más importante para la disputa del control energético mundial. Estados Unidos invadió Irak para controlar esas fuentes de petróleo, con el apoyo de los países europeos. Con los mismos propósitos y los mismos aliados, actualmente impulsan la agresión militar en Libia. La crisis energética es una realidad, y por ello se encuentra en escena la lucha por el control de los yacimientos y las vías de distribución (oleoductos 25

Agenda de la Política exterior para la seguridad

y gasoductos) entre las principales potencias del mundo.

reducción del uso de energía contaminante y la generación de residuos.

A la crisis energética contemporánea le acompaña, además, una crisis ecológica, en vista de que los recursos naturales no son suficientes para atender el actual estilo de vida occidental que alienta la globalización. La economía mundial, que tiene a los combustibles fósiles como su base energética, erosiona la vida natural, convirtiendo a los “proyectos de desarrollo” de los países en grandes fuentes de contaminación. De allí que, uno de los actuales dilemas de la humanidad es la dicotomía entre el crecimiento económico y, al mismo tiempo, la

El aumento de la presión ambiental en el mundo se debe al crecimiento demográfico, al incremento de los niveles de consumo y al aumento de la urbanización; pero también al desarrollo de la actividad industrial, la acuacultura, el manejo inadecuado del suelo y de los recursos hídricos. Las tendencias ambientales globales se caracterizan por la deforestación y el cambio de uso del suelo que conducen a la fragmentación de los ecosistemas naturales y a la pérdida de biodiversidad.

Mesa de Diálogo entre el Canciller del Ecuador Ricardo Patiño y el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas Ban Ki-moon en su visita al Ecuador, febrero 2011.

Diagnóstico

Los pueblos del mundo requieren respuestas integrales para afrontar la crisis sistémica del siglo XXI. El escenario internacional es el ámbito de la búsqueda de soluciones y acuerdos en el marco de las relaciones internacionales, para enfrentar las múltiples crisis que aquejan a la Madre Tierra. Un multilateralismo democrático y renovado es fundamental para la solución de los problemas globales que aquejan al país. Sin embargo, las grandes potencias apuestan por el “equilibrio” entre ellas, en el marco de una balanza de poder, lesionando permanentemente los pocos foros multilaterales existentes. América Latina y el Caribe, con sus grandes reservas energéticas, de biodiversidad y agua, no estará exenta de la disputa de una hegemonía múltiple en el marco de este sistema. La integración y la unión son el único camino para América Latina y el Caribe en el mundo del mañana.

Atención al público, Subsecretaria Regional Cuenca.

La Política Exterior ecuatoriana toma en cuenta este balance general de la coyuntura mundial, para definir sus lineamientos estratégicos orientados a la búsqueda de respuestas globales multilaterales y no unilaterales, para los problemas mundiales que aquejan a la humanidad.

Entrega del pasaporte ecuatoriano, Guayaquil-Ecuador.

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III

ESCENARIO 2013

cuador ha consolidado la transformación de su Política Exterior, y de sus relaciones internacionales, rescatando la soberanía y la dignidad de su pueblo, toda vez que ésta se constituye en un elemento de aporte fundamental al mejoramiento de la calidad de vida y reducción de la pobreza de las y los ecuatorianos. Se ha logrado equilibrar las relaciones internacionales. Se han ampliado nuestras redes políticas, comerciales, económicas y sociales, con una mirada alternativa y complementaria del esquema de integración que el país ha tenido de forma clásica a nivel global. Hemos fortalecido la acción multilateral y, en complemento con la acción bilateral, hemos jugado un papel protagónico en los procesos de integración. Se ha recuperado la voz del Ecuador en el contexto mundial y se ha impulsado la reinvención de las Naciones Unidas como un foro verdaderamente democrático, en el cual las decisiones fundamentales sean tomadas por la mayoría y no por un grupo privilegiado de países.

Se han posicionado propuestas - país para presentar “Informes de Superación de Inequidades” y no solamente “informes de pobrezas”, alrededor de los cuales se negocien los recursos de cooperación al desarrollo para disminuir las inequidades en la región. Ecuador ha mostrado la viabilidad de compromisos políticos ambiciosos para frenar el Cambio Climático, que aporten de manera concreta a la sostenibilidad del medio ambiente, al consolidar la iniciativa Yasuní. Protegemos nuestra inmensa biodiversidad –y los recursos genéticos que en ella se encuentran y, de modo especial, defendemos los conocimientos ancestrales de los habitantes de nuestro territorio. Se han consolidado y fortalecido los procesos de integración regional legitimando su institucionalidad como mecanismos de coordinación, cooperación y solidaridad entre los pueblos, para la construcción de un mundo verdaderamente multipolar como espacio de confluencia armónica entre pueblos y naciones. Se han promovido Acuerdos para el Desarrollo basados en un comercio justo, que garantizan un intercambio equitativo, complementario y que reportan beneficios mutuos, sustentados en la responsabilidad

social, ambiental e intergeneracional, que no sólo ven como objetivo la apertura arancelaria. El país ha fortalecido su participación en la UNASUR, promoviendo estrategias para el desarrollo humano de nuestros pueblos y la consolidación de la integración social, política, cultural y económica. Se han promovido medidas de fomento de confianza mutua, la transparencia de los gastos militares, la participación en misiones de paz y la transferencia de tecnología en el ámbito de la defensa, para contribuir a la convivencia pacífica entre los Esta-

dos de la región, sin haber descuidado la protección de su soberanía e integridad territorial. El espacio marítimo se ha constituido en un espacio pleno de recursos que el Ecuador potencia y protege. Se ha fortalecido la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Americana Latina -ALBA- y se ha constituido la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños -CELAC- como alternativas para relaciones complementarias y solidarias entre los miembros de la región y entre estos y el resto del mundo.

Entrada en Vigencia del Tratado Constitutivo y colocación de la primera piedra de la sede de UNASUR en la mitad del mundo, Quito, 11 de marzo de 2011.

Agenda de la Política exterior para la seguridad

En la región se vive una paz estrechamente vinculada a la lucha por la justicia, al respeto de los derechos humanos, al bienestar integral del ser humano, donde nuestras relaciones internacionales permiten el desarrollo armónico y equilibrado de todos los pueblos de la región, eliminando las asimetrías y las inequidades, que caracterizan al mundo contemporáneo. Se ha consolidado el principio constitucional de la movilidad humana, presionando sobre las barreras y los impedimentos, cada vez más grandes, especialmente en los lugares de destino migratorio de los países desarrollados. Apoyamos la migración como un derecho que, libre y voluntariamente, permita a las personas desplazarse de un lugar a otro.

Escuela de Verano: Inauguración de la Primera “Escuela de Verano, el modelo de desarrollo del Buen Vivir ecuatoriano” realizada por el MRECI con la participación de jóvenes de varios países del mundo.

Se ha ciudadanizado la diplomacia, permitiendo que las y los ecuatorianos, aquí y en el exterior, entiendan la relevancia de la política internacional del Ecuador, se comprendan sus impactos positivos en nuestras vidas; en forma particular, nuestros migrantes llegan a las sedes diplomáticas y consulares como a su segunda casa y reciben atención a sus problemas, buen trato, defensa de sus derechos y el primer apretón de manos de un camino de retorno a su país.

Migrantes: Presentación del Programa “Todos somos Migrantes”, ex ministra de la Secretaría del Migrante Lorena Escudero, Ministro de Relaciones Exteriores Ricardo Patiño.

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS

Soberanía Nacional e Integridad Territorial La soberanía es el poder legítimo de decisión que tiene un Estado para definir su propio destino. La Constitución del Ecuador establece que “la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución”. Es atribución del Presidente de la República “velar por el mantenimiento de la soberanía, de la independencia del Estado, del orden interno y de la seguridad pública, y ejercer la dirección política de la defensa nacional”. El Jefe de Estado ejerce la representación en el exterior y es el responsable de defender los derechos soberanos del país. Al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración le compete la defensa en la esfera diplomática, de la personalidad, soberanía, independencia e integridad territorial del Estado ecuatoriano. Por su parte, las Fuerzas Armadas, bajo la dirección de su máxima autoridad, el Presidente de la República, tienen también como misión la defensa de la soberanía y la integridad territorial. En el Art. 276 la Constitución establece que un objetivo del régimen de desarrollo será “Garantizar

la soberanía nacional, promover la integración latinoamericana e impulsar una inserción estratégica en el contexto internacional, que contribuya a la paz y a un sistema democrático y equitativo mundial”. Ecuador tiene como fin superior la construcción de un orden mundial y regional, justo y equitativo. La interdependencia entre las naciones, el surgimiento de las distintas expresiones de la supranacionalidad, la internacionalización del mercado y de la economía, el auge de las empresas multinacionales, y el impacto global de las tecnologías y de los medios masivos de comunicación son factores que inciden en la soberanía de los países. El concepto de soberanía en el tercer milenio debe aceptar que la globalización y la supranacionalidad, real y potencial, deben propugnar el logro de la justicia y la equidad global. Desde esta perspectiva, en un mundo atravesado por grandes asimetrías, sólo podemos ejercer nuestra soberanía, participando creativamente en la construcción de un orden mundial justo y equitativo, en solidaridad con todos los pueblos de la tierra.

Política Garantizar la paz y la integridad territorial del Estado ecuatoriano y la defensa de la soberanía nacional. 33

Agenda de la Política exterior para la seguridad

Estrategias 1. Ejercer el control efectivo del territorio nacional, sus espacios acuáticos, el mar territorial y el espacio aéreo, previniendo y defendiendo al país ante cualquier tipo de agresión. 2. Asegurar la defensa jurídica de la integridad territorial del Estado ecuatoriano 3. Promover la solución pacífica de las controversias internacionales y la no intervención en asuntos internos de otras naciones; el respeto a la soberanía de los Estados y la prohibición del uso o amenaza del empleo de la fuerza. 4. Garantizar la presencia ecuatoriana en la Antártida con fines científicos, apoyando el desarrollo de programas de investigación científica en el continente antártico, en aquellas materias de interés para el Ecuador y en cooperación con otros países. 5. Ejecutar con los países vecinos las labores de reparación, reposición y densificación de hitos fronterizos. 6. Defender, en el plano diplomático, la soberanía sobre los mares y espacios oceánicos bajo jurisdicción de las leyes ecuatorianas, para que contribuyan al bienestar y desarrollo sustentable del país. 7. Promover acuerdos internacionales e impulsar todas las acciones necesarias para garantizar la soberanía aérea y los derechos espaciales del Ecuador.

8. Fortalecer el Consejo Suramericano de Defensa de UNASUR y fomentar la transparencia de los gastos militares en los países de la región.

Integración latinoamericana El Art. 423 de la Constitución señala que la integración, en especial con los países de Latinoamérica y el Caribe, será un objetivo estratégico del Estado. De los 6.900 millones de seres humanos que habitan el planeta, 585 millones viven en América Latina y el Caribe. La población es el más valioso recurso que posee la región, y el protagonista y destinatario de los procesos sociales que en ella se han gestado y se gestarán en el futuro. Se trata de una población relativamente joven (el 29% de ella se encuentra entre 0 y 14 años), asentada mayoritariamente en zonas urbanas. Tiene una esperanza de vida de 74,5 años, por encima del promedio mundial de 68 y muy por encima de África y vastas zonas de Asia, e incluso similar a la de países ricos. Sus indicadores de mortalidad infantil y materna, nutrición, alfabetización de adultos y otros, superan el promedio mundial. La región tiene el 25% de los bosques mundiales, la mayor riqueza en acuíferos en el mundo (América del Sur concentra 28% de los recursos hídricos mundiales); la mayor riqueza del mundo en biodiversidad, equivalente al 40% del total mundial; el 34% de las reservas mundiales de cobre; el 30% de la bauxita; el 41% del níquel y el 29% de la plata.

Políticas y estrategias

A diferencia de los grandes bloques económicos de los países desarrollados, que buscan aprovechar las economías de escala o beneficiarse de un mercado ampliado, la integración de América Latina y el Caribe es condición de desarrollo y, aún más, de supervivencia de nuestros pueblos. Por lo que la integración no puede reducirse al comercio, ni medir sus avances por el crecimiento del intercambio comercial, ni éste puede encerrarse entre las rejas del llamado “libre comercio”. No se trata de abolir el comercio, sino de reconocer que la verdadera integración no puede equipararse con cualquier clase de comercio. El libre comercio del ALCA, de los Tratados de Libre Comercio, de la OMC, no es más que la añeja fórmula de reclamar libertad de negociación por aquellos países que tienen mayor desarrollo y control oligopólico de el mismo, para penetrar mercados de países de menor desarrollo y obtener, para su beneficio, el intercambio desigual. La presente década ha representado para América Latina un período especialmente intenso en exigencia de esfuerzos en torno a los procesos de cooperación e integración regional, tanto desde el ángulo de la teoría y la experimentación, como en lo relativo al debate. El enfrentamiento al proyecto del ALCA y las negociaciones de acuerdos con otras regiones de mayor desarrollo, unido a estancamientos y retrocesos en algunos esquemas subregionales, modificaciones en el mapa político del área y los impactos de la crisis internacional han obligado tanto a pensadores como a políticos a una reconceptualización en el marco de

un innovador análisis crítico y propositivo. En la actualidad coexisten los llamados esquemas “tradicionales”, que son los espacios subregionales de Centroamérica (SICA), Caribe (CARICOM), región andina (CAN) y cono sur (MERCOSUR), con los regionales de más larga data (ALADI y Asociación de Estados del Caribe), junto a instituciones “de nuevo tipo”, y menos años de vida, como UNASUR y ALBA-TCP. No existe contraposición alguna entre el ALBA, el espacio suramericano (UNASUR) y el latinoamericano de integración (CELAC), aunque sí es posible que progresen con distintos niveles de profundidad en las diferentes esferas, porque las prioridades para cada esquema no son idénticas. La CELAC representa la superación del fraccionamiento que hoy todavía prevalece en ALC, y coadyuvará a que se reconozca internacionalmente a la región como un actor cohesionado, con lo cual se incrementa así su capacidad de negociación y su potencialidad económica. La conformación de este nuevo bloque será una contribución significativa a la construcción de un mundo multipolar. La nueva CELAC puede constituir un espacio amplio de carácter deliberativo y búsqueda de consensos, hacia el objetivo de avanzar paulatinamente a la necesaria reestructuración del actual orden internacional, especialmente en la esfera de las relaciones económicas y financieras globales, que incluyen las reformas que requiere el sistema multilateral de comercio y la Organización de las Naciones Unidas. 35

Agenda de la Política exterior para la seguridad

La expectativa de que ALC desempeñe un papel más dinámico en pos de un mejor equilibrio entre diferentes polos del poder mundial se pondrá a prueba en estos escenarios.

Políticas 1. Fortalecer la unidad política, social y cultural de América Latina y el Caribe, promoviendo un modelo solidario de cooperación e integración regional. 2. Impulsar la integración económica regional, equitativa, solidaria y complementaria; la unidad productiva, financiera y monetaria; la adopción de una política económica internacional común; el fomento de políticas de compensación para superar las asimetrías regionales; y el fortalecimiento del comercio regional.

4. Impulsar una política común de defensa regional que consolide una alianza estratégica para fortalecer la soberanía de los países y la región, sin interferencia extranjera. 5. Combatir las concepciones y acciones prácticas que tienden a mantener y fortalecer en la región esquemas de cooperación e integración con alta subordinación a intereses externos y que restringen el ámbito de los proyectos integracionistas a la esfera comercial.

1. Consolidar la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), como una institución que esté en capacidad de intensificar la cooperación, concertación e integración regional e incrementar el poder negociador de sus miembros ante terceros, en los espacios multilaterales y otros escenarios internacionales.

6. Promover en los procesos de integración la complementariedad existente entre los países hermanos de la región y la consideración de la cooperación en múltiples esferas, particularmente la financiero-monetaria, la complementariedad productiva, y científicotecnológica, la defensa del patrimonio natural y cultural, la soberanía alimentaria y energética, la colaboración en programas sociales y de infraestructura.

2. Impulsar el fortalecimiento del ALBA y de la UNASUR como espacios de convergencia política, social y económica para la construcción de un mundo multipolar.

7. Impulsar y defender un trato preferencial a los países, territorios y sectores de menor desarrollo relativo dentro de los procesos de integración latinoamericanos y caribeños.

Estrategias

3. Analizar la viabilidad y pertinencia del mandato y estructura de la Organización de Estados Americanos frente a la realidad política y de los procesos de integración por los que atraviesa América Latina y el Caribe

Políticas y estrategias

8. Continuar trabajando en la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) de acuerdo a sus objetivos integracionistas en materia comercial y económica, tomando en consideración la institucionalidad alcanzada por dicha organización frente a los procesos de integración política de América Latina y el Caribe. 9. Establecer una mayor coordinación regional para el tratamiento a la inversión extranjera, así como para instituir mecanismos aconsejables de control a las empresas transnacionales, y de regulación de los mercados financieros, especialmente los de carácter especulativo. 10. Apoyar el fortalecimiento de las instituciones financieras regionales que posibiliten reducir la dependencia de los organismos internacionales, fortaleciendo las iniciativas regionales en marcha como el SUCRE y el Banco del Sur. 11. Impulsar acuerdos dirigidos a fortalecer la infraestructura física y de telecomunicaciones de la región, evaluando cuidadosamente los efectos medioambientales. 12. Fortalecer la Comunidad Andina (CAN) como instancia de diálogo, negociación y acuerdos de integración y consolidar la institucionalidad alcanzada hasta la fecha. Utilizar la experiencia e institucionalidad de la CAN para fortalecer otros procesos de integración regional en marcha, especialmente el UNASUR y la CELAC.

Paz, Seguridad y Desarme El Estado ecuatoriano tiene como uno de sus deberes primordiales garantizar a sus habitantes la paz, la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. El Art. 5 de la Constitución proclama a Ecuador como un territorio de paz. No permite el establecimiento de bases militares extranjeras, ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares, y prohíbe, además, ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. Uno de los principales objetivos de la Revolución Ciudadana constituyó en recuperar la soberanía plena del Estado, con la clausura de la Base militar de Manta, sitio estratégico que permitió a los Estados Unidos efectuar operaciones militares desde el territorio ecuatoriano. El Art. 11 de la Carta de las Naciones Unidas designa a la Asamblea General como responsable principal de mantener la paz y la seguridad en el mundo y consecuentemente, de ser garante de los principios que regulan el desarme y de evitar la escalada armamentística. Por tal motivo, el conjunto de las Naciones que integran este órgano de la ONU ha manifestado en reiteradas ocasiones su preocupación respecto a este serio problema de seguridad global. Ha promovido una serie de medidas conducentes al desarme en sus diferentes formas. Entre las más sobresalientes se puede señalar a la creación de la Comisión de Desarme (1952),

Agenda de la Política exterior para la seguridad

el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares (1963), el Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares (TNP) (1968), la Convención sobre Armas Químicas (1992), la Convención sobre Armas Biológicas (1972), la Convención de Ottawa (1997), el Programa de Acción para Prevenir, Combatir y Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas ligeras en todos sus aspectos (2001), entre otras. No obstante lo anterior, las Naciones Unidas no ha sido capaz de detener el desarrollo de la carrera armamentista en el mundo: los gastos militares de los países han aumentado incesantemente y hoy existe cada vez más cantidad de armas en el mundo.

De otra parte, cabe destacar que las fuerzas y armamentos militares se encuentran repartidos de modo desigual en el planeta y, paradójicamente, son precisamente las potencias militares, lideradas por los cinco Estados con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, las responsables del armamentismo global, siendo que en esos países se encuentran ubicadas las más grandes industrias armamentistas del mundo. Algunos de dichos países son los causantes del mayor número de crímenes de agresión de la historia, cometidos -muchas veces- en nombre de las Naciones Unidas, organización que manipulan en atención a sus intereses geopolíticos y económicos.

Políticas y estrategias

Política 1. Promover la paz y el desarme, condenar y denunciar el desarrollo y uso de armas de destrucción masiva y oponerse a la imposición de bases o instalaciones militares extranjeras que pongan en riesgo la seguridad nacional, regional e internacional.

Estrategias 1. Impulsar la reinversión de las Naciones Unidas como el foro universal y democrático más importante para asegurar la paz, la seguridad y la convivencia pacífica entre las naciones. 2. Impedir la utilización de la denominada “responsabilidad para proteger” como el pretexto para agresiones militares y actos que lesionen la soberanía de los pueblos. 3. Denunciar, en todos los ámbitos multilaterales, los crímenes de agresión y actos que violentan la soberanía de otros estados, afectando su seguridad interna, la paz y seguridad mundial. 4. Denunciar y oponerse a estrategias unilaterales o de grupos de países que son pretexto de la denominada “guerra contra el terrorismo” o “guerra contra el narcotráfico” y de asuntos relacionados con su seguridad nacional, intereses geopolíticos o económicos, lesionen la soberanía y dignidad de los pueblos.

5. Propugnar el desarme universal de armas nucleares, así como la destrucción total de las armas químicas y biológicas. 6. Prevenir conflictos, con el esfuerzo coordinado de cada una de las naciones, priorizando el fortalecimiento de los mecanismos diplomáticos. 7. Impulsar la reducción de los gastos militares globales y la inversión de estos recursos para la eliminación de la pobreza y el desarrollo de los pueblos. 8. Promover el desarme de armas convencionales, mediante mecanismos para reducir la acumulación de armas en el mundo y la adopción de instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes que transparentes el gasto militar y eviten el desvío de armas y financiamiento de su adquisición a actores no estatales. 9. Combatir la delincuencia transnacional en todas sus manifestaciones, promoviendo acciones desde los distintos organismos regionales e internacionales de combate al crimen organizado y de prevención. 10. Desarrollar esfuerzos conjuntos tanto en la UNASUR como en otros organismos de integración, que tiendan a potenciar las capacidades nacionales para combatir el crimen internacional organizado en sus distintas modalidades y formas, estableciendo políticas suramericanas de cooperación en materia de justicia, policía, cárceles y rehabilitación.

Agenda de la Política exterior para la seguridad

11. Promover una arquitectura flexible del Sistema Regional de Seguridad, basada en principios de seguridad cooperativa, con responsabilidad compartida, interacción y coordinación permanente entre las instituciones nacionales vinculadas con la Agenda de Seguridad. Priorizar el fortalecimiento del Consejo Suramericano de Defensa de UNASUR.

17. Profundizar la cooperación con el Sistema Internacional de Rastreo de Armas y Explosivos de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

12. Impulsar acuerdos regionales dirigidos a fortalecer los organismos que conforman las estructuras de seguridad de los Estados, para ser más operativos, dinámicos, ágiles, eficientes y efectivos, estableciendo mecanismos concretos y oportunos de intercambio de información e inteligencia estratégica.

La Constitución establece en su Art. 10 que las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, son titulares y gozarán de los derechos garantizados en ella y en los instrumentos internacionales.

14. Promover la definición y articulación de posiciones conjuntas de la región en foros multilaterales sobre defensa.

En el cap. II, la Constitución define los siguientes derechos del Buen Vivir: derecho al agua y a la alimentación; derecho a un ambiente sano; derecho a la libertad de comunicación y de información; derecho al conocimiento y a construir y mantener su propia identidad cultural; derecho a la educación; derecho al hábitat y a la vivienda; derecho a la salud; derecho al trabajo y a la seguridad social.

15. Promover Acuerdos y Convenios internacionales de seguridad, integración y desarrollo fronterizo en términos de reciprocidad, equidad, igualdad y justicia, que permitan trabajar bajo un solo concepto integral de seguridad cooperativa y de responsabilidad compartida, que satisfaga los objetivos nacionales permanentes de los estados suramericanos.

La Constitución garantiza también un modelo de desarrollo alternativo al hegemónico, cuyos objetivos y logros se enmarcan en la acumulación del capital financiero, las inequidades económicas y el empobrecimiento de la mayoría de la población mundial. El modelo del Buen Vivir se instala, entonces, en el seno del sistema constitucional ecuatoriano.

16. Promover políticas globales contra los paraísos fiscales, estableciendo mayores controles al flujo de capitales especulativos.

En el plano, internacional, la tradición de Derechos Humanos inicia con la Carta de Naciones Unidas de 1945, definiéndolos como los “atributos inherentes

13. Desplegar las acciones diplomáticas necesarias para declarar América del Sur, un territorio de paz.

Derechos Humanos

Políticas y estrategias

a toda persona humana nacional o extranjera, cualquier sea su raza, sexo, nacionalidad, religión, derivados de su dignidad esencial, que obligan al Estado a respetar y garantizar”. Los derechos humanos son preceptos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos, sin discriminación alguna; este reconocimiento se basa en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Las principales características que se les atribuyen son: inherentes, universales e inalienables, inviolables e imprescriptibles, indisolubles e indivisibles, irreversibles y progresivos. El mundo experimente hoy en día violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Las situaciones más preocupantes en materia de derechos humanos en el plano internacional se relacionan con abusos en la aplicación de llamada estrategia antiterrorista de algunos países, en particular la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como las detenciones sin juicio y la justicia impartida por comisiones militares especiales. Existen prácticas inhumanas y que atentan contra el marco internacional de derechos humanos que son de dominio público, como los casos de Irak y los de la base de ocupación militar en Guantánamo, Cuba.

Política 1. Promover el respeto y plena vigencia del Marco Internacional de los Derechos Humanos e impedir su manipulación en el plano internacional con fines políticos.

Estrategias 1. Fortalecer el rol del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, evitando su manipulación con fines políticos. 2. Facilitar la elaboración de los informes nacionales de Derechos Humanos de acuerdo a los compromisos establecidos en las convenciones y pactos de Derechos Humanos. 3. Impulsar el debate y los acuerdos regionales sobre los aspectos positivos y negativos y sobre la pertinencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que incluya opciones de adscripción de sus instituciones a mecanismos regionales de integración de América Latina y el Caribe. 4. Denunciar y oponerse a las acciones de la denominada “estrategia global contra el terrorismo” que representen abusos criminales y violaciones de derechos humanos, especialmente en contra de la población civil. 5. Promover en el plano internacional el reconocimiento del Estado Palestino con las fronteras de 1967 y el fin de los abusos y violaciones a los 41

Agenda de la Política exterior para la seguridad

derechos humanos de parte de las fuerzas de ocupación. Impulsar acuerdos y medidas que pongan fin al sufrimiento del pueblo palestino y a la violación de sus derechos fundamentales. 6. Fortalecer la Agenda internacional de protección de los derechos de los pueblos indígenas, promoviendo acuerdo binacionales, multinacionales e internacionales que aseguren las acciones afirmativas necesarias para superar su exclusión de los procesos de desarrollo. El Ecuador trasladará al ámbito internacional sus estrategias nacionales exitosas en este ámbito. 7. Fortalecer la Agenda internacional de protección de los derechos de los pueblos afro descendientes de América Latina y el Caribe, promoviendo acuerdo binacionales, multinacionales e internacionales que aseguren las acciones afirmativas necesarias para superar su exclusión de los procesos de desarrollo.

El Ecuador trasladara al ámbito internacional sus estrategias nacionales exitosas en este ámbito. 8. Promover la plena vigencia de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, como un instrumento de referencia fundamental para acuerdos regionales e internacionales en este ámbito y para el diseño de políticas nacionales que aseguren el pleno goce de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad. 9. Promover el respeto de los derechos de los migrantes, impulsando la subscripción de acuerdos binacionales, regionales y globales que lo garanticen. Entre otras acciones se promoverá la ratificación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos Humanos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. 10. Fortalecer la Agenda internacional para el avance de las mujeres en los ámbitos económico, productivo y político, impulsando acuerdos internacionales que eliminen las barreras que impiden el desarrollo de la mujer en igualdad de oportunidades en estos ámbitos. De manera especial, fortalecer las estrategias internacionales dirigidas a eliminar la violencia contra las mujeres. 11. Promover la construcción de un marco jurídico internacional que asegure el desarrollo integral de las y los jóvenes. 12. Continuar trabajando en el plano internacional por la protección y defensa de los Derechos Humanos de la niñez y adolescencia.

Políticas y estrategias

Movilidad Humana El Art.40 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las personas el derecho a migrar. Ecuador no identifica ni considera a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. El Art. 41 de la Constitución reconoce los derechos de asilo y refugio, de acuerdo con la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Las personas que se encuentren en condición de asilo o refugio gozarán de protección especial que garantice el pleno ejercicio de sus derechos. El Estado respetará y garantizará el principio de no devolución, además de la asistencia humanitaria y jurídica de emergencia. No se aplicará a las personas solicitantes de asilo o refugio sanciones penales por el hecho de su ingreso o de su permanencia en situación de irregularidad. El Estado, de manera excepcional y cuando las circunstancias lo ameriten, reconocerá a un colectivo el estatuto de refugiado, de acuerdo con la ley. El Art. 42 de la Constitución prohíbe todo desplazamiento arbitrario. Las personas que hayan sido desplazadas tendrán derecho a recibir protección y asistencia humanitaria emergente de las autoridades, que asegure el acceso a alimentos, alojamiento, vivienda y servicios médicos y sanitarios. Las niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, madres con hijas o hijos menores, personas adultas mayores y personas con discapacidad recibirán asistencia humanitaria preferente y especializada.

Todas las personas y grupos desplazados tienen derecho a retornar a su lugar de origen de forma voluntaria, segura y digna. En el numeral 6 del artículo 416, la Constitución del Ecuador “propugna el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, especialmente Norte-Sur”. La nueva Constitución elimina el uso de la palabra “migración” o “migrante”, debido a la carga peyorativa que tiene, particularmente, en los países de recepción. Los términos “movilidad humana” o de “ecuatoriano/a residente en el exterior”, no solo es un cambio lingüístico, sino una propuesta teórica, política y ética para tratar y entender este tema. La visión integral y holística que tiene la Constitución para tratar la movilidad humana se desarrolla en cincuenta y siete artículos, en los cuales se plasma de manera directa o indirecta el tema de los ecuatorianos en el exterior, de las personas extranjeras, el refugio, desplazamiento y retorno. El tema de la movilidad planteado en la Constitución parte de una premisa central que es reconocer a las personas, por primera vez en la historia, el derecho a migrar. “No se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria”. Con lo anterior, se está des-criminalizando a la movilidad humana e impidiendo que la 43

Agenda de la Política exterior para la seguridad

condición migratoria sea motivo de discriminación como actualmente sucede. Con lo cual se intenta impedir prácticas de expulsión del territorio nacional por la condición de indocumentado/a, así como la privación de libertad, por falta de cumplimiento de requisitos administrativos. En este tema, el Estado ecuatoriano no limita sus acciones a la circunscripción territorial y límites fronterizos, sino que extiende las responsabilidades hacia las y los ecuatorianos residentes en el exterior. La Constitución reconoce a la familia trasnacional, es decir a la familia que se caracteriza por la migración de uno o más de sus miembros, pero que mantienen vínculos con los otros de la familia, tanto emocionales, comunicacionales o financieros, que se quedaron en el punto de origen. Su reconocimiento permite el desarrollo de acciones para su protección, especialmente el de niñas, niños y adolescentes, que conforme el art. 45, “... tienen derecho a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar”; de igual manera el Estado protegerá y prestará especial atención a las familias disgregadas por cualquier causa (art. 69, literal 4). Más que una simple declaración, la Constitución se orienta a una integración latinoamericana, y a encaminar las rutas concretas para la consecución de este objetivo estratégico, de manera tal que, desarrollando legislación armónica, se pueda establecer para el mediano plazo un plan de desarrollo entre los pueblos hermanos de la región, en aras de

configurar una comunidad, fundamentada en los principios de solidaridad y complementariedad. Así mismo, se establece la creación de la ciudadanía latinoamericana y caribeña, para contribuir a liberar las limitaciones que existen para el tránsito de compatriotas de la región latinoamericana y caribeña, fomentando el turismo, proyectos educativos, culturales y otros intercambios que fortalezcan alianzas sostenibles desde los nuevos paradigmas de convivencia social.

Política Asegurar la aplicación efectiva en el Ecuador del principio de ciudadanía universal, y promover acuerdos internacionales que asuman esta concepción, para garantizar la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero, como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países.

Estrategias 1. Ofrecer asistencia a los residentes ecuatorianos en el exterior y a sus familias, ya sea que éstas residan en el exterior o en el país. 2. Otorgar atención, servicios de asesoría y protección integral a los ecuatorianos en el exterior, para que puedan ejercer libremente sus derechos. 3. Promover el análisis y la consideración política y económica del aporte que brindan los

Políticas y estrategias

migrantes, tanto para los países de origen como de destino, para el desarrollo nacional. 4. Facilitar la reunificación familiar y apoyar el retorno voluntario. 5. Mantener la confidencialidad de los datos de carácter personal que se encuentren en los archivos de las instituciones del Ecuador en el exterior. 6. Propiciar la afiliación voluntaria al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) a los ecuatorianos domiciliados en el exterior. 7. Fortalecer los programas de cooperación humanitaria y atención a personas refugiadas y en necesidad de protección internacional. 8. Promover acciones de atención integral a las personas refugiadas y la población extranjera en particular. 9. Promover mecanismos que faciliten la libre movilidad de las personas dentro de la región e incentivar los intercambios turísticos. 10. Promover la política migratoria ecuatoriana en los diálogos multilaterales y bilaterales, explicando la tesis de ciudadanía universal, el derecho a migrar y la justicia transnacional. 11. Rechazar y denunciar las políticas y prácticas racistas, xenófobas que atentan contra las personas migrantes. Dar atención especial a personas

ecuatorianas en situación de vulnerabilidad, sobre todo a niños y niñas, adolescentes y mujeres y personas víctimas de trata y tráfico. 12. Promover la participación activa de los ecuatorianos en el exterior en la vida política y electoral del país, así como fomentar el asociacionismo. 13. Fortalecer la agenda internacional para combatir y sancionar los delitos de trata y tráfico de personas. 14. Promover la coordinación y armonización de políticas sociales, especialmente de protección laboral y de seguridad social; e impulsar la cooperación funcional en el sector de la sanidad, el combate a pandemias u otras enfermedades, así como en la creación de fondos para el financiamiento de planes vinculados a acciones preventivas de salud y el mejoramiento de los servicios. 15. Fortalecer la armonización de las legislaciones nacionales con énfasis en los derechos y regímenes laboral, migratorio, fronterizo, ambiental, social, educativo, cultural y de salud pública. 16. Impulsar la construcción de la ciudadanía latinoamericana y caribeña a través de una mayor integración política, social y cultural, así como con políticas que garanticen la libre circulación de las personas en la región; la implementación de políticas de protección de los derechos humanos de las poblaciones de frontera y de los refugiados; y la protección común de 45

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los latinoamericanos y caribeños en los países de tránsito y destino migratorio.

El problema mundial de las drogas La Constitución de la República del Ecuador establece en su Art. 364 que las adicciones constituyen un problema de salud pública y que al estado le corresponde desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas, así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. La Constitución prohíbe su criminalización y la vulneración de sus derechos constitucionales, con lo cual se direcciona el enfoque de tratamiento tradicional del problema mundial de las drogas a procesos de prevención integral. La Convención Única de Estupefacientes de las Naciones Unidas (1961), en vigencia desde diciembre de 1964, establece las normas para la fiscalización de las drogas y disposiciones para reglamentar la producción de materias primas para estupefacientes. El principio angular de este tratado es limitar el uso de estupefacientes, a fines exclusivamente médicos y científicos, y adoptar las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad de estupefacientes con tal fin. No obstante, la Convención Única incorporó un enfoque prohibicionista al uso no médico ni científico de ciertas sustancias.

La UNASUR cuenta con el Consejo Suramericano de Lucha contra el Narcotráfico, mecanismo llamado a fortalecer la estrategia regional mediante una perspectiva integral de las políticas para la erradicación de la oferta, producción, tránsito, almacenamiento y para garantizar la seguridad y salud de las personas. La producción, tráfico y consumo de drogas es un fenómeno que ha trascendido las fronteras de los Estados, y representa un problema de salud pública y de seguridad que afecta a países pobres y ricos, ya que genera el poder económico necesario para promover la corrupción y la criminalidad. Por ello, la Comunidad Internacional ha buscado una respuesta efectiva, a través de la adopción de Instrumentos Internacionales que estructuren acciones, unifiquen iniciativas y establezcan políticas concertadas de cooperación y apoyo a los esfuerzos nacionales. La prohibición es el núcleo básico de las políticas públicas domésticas, regionales e internacionales en materia de drogas. La “guerra contra las drogas” es el modo extremo en que se expresa el prohibicionismo. El objetivo de la prohibición es lograr la abstinencia frente a determinadas sustancias psicoactivas y así crear una sociedad libre de drogas. Ello implica, en consecuencia, suprimir el cultivo, la producción, el procesamiento, el tráfico, la distribución, la comercialización, la financiación, la venta y el uso de un conjunto específico de sustancias psicoactivas declaradas ilegales. La “guerra contra las drogas” pone de manifiesto una campaña prohibicionista que busca suprimir, preferentemente con fuertes medidas

Políticas y estrategias

represivas, el fenómeno de las drogas, en cada uno de sus componentes y fases, así esta lucha se torna en un esfuerzo bastante complejo. En todo el mundo se ha desatado una cruzada contra las drogas. Esta “guerra contra las drogas” ha sido asimilada en América Latina hace muchos años. Desde un alineamiento al paradigma punitivo, implícito en la cruzada antinarcóticos de los Estados Unidos, que ha promovido una serie de políticas públicas concretas en la región: 1) la erradicación de los cultivos ilícitos; 2) el desmantelamiento de los grupos narcotraficantes; 3) la militarización de la lucha antidrogas; 4) la criminalización de toda la cadena interna ligada al negocio de los narcóticos; 5) la aplicación de la extradición de nacionales –en especial, hacia Estados Unidos-; y 6) el rechazo oficial a cualquier iniciativa pro-legalización de drogas. Políticas tales como las relativas a la eliminación de cultivos ilícitos, han tenido repercusiones más allá de las fronteras nacionales. Tal es el caso de las fumigaciones aéreas, denunciadas ante la Corte Internacional de la Haya por Ecuador, debido al daño y afección a la salud de las poblaciones y la biodiversidad, expuestas al glifosato, por las aspersiones en la zona de frontera con Colombia. En América Latina y el Caribe, Estados Unidos fue modelando y consolidando paulatinamente un régimen hemisférico anti-drogas: las Cumbres de Cartagena, Colombia (1990), y San Antonio, Estados Unidos (1992), fueron esenciales a ese fin. Washington consolidó su enfoque regional sobre

el tema diseñando durante las últimas dos décadas: el Plan Colombia, la Iniciativa Andina, el Plan Mérida, la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe y la Iniciativa de Seguridad Regional para Centroamérica. En el plano global, desde los noventa en adelante, el modelo de prohibición estadounidense fue, de facto, incorporado a plenitud por Naciones Unidas. La influencia más peligrosa ha sido el impulso que este país ha brindado al entrelazamiento entre la “guerra contra las drogas” y la que llaman “guerra contra el terrorismo”. Un hecho que ha lesionado la cultura, identidad y por ende la soberanía de algunas naciones, especialmente andinas, ha sido la guerra impuesta por la eliminación del cultivo de coca. Los pueblos, cuya cultura milenaria consideran la hoja de coca como una fuente de alimento y energía, han sido vulnerados por la llamada “guerra contra las drogas”.

Políticas 1. Ejercer la soberanía, resguardar la seguridad nacional y defender el principio de la no intervención, en los acuerdos internacionales y regionales de combate a la producción y tráfico de drogas. 2. Impulsar acuerdos y políticas internacionales que enfrenten el problema de las drogas de manera integral, multidisciplinaria y equilibrada, reconociendo su incidencia transfronteriza y respetando las tradiciones culturales de los pueblos. 47

Agenda de la Política exterior para la seguridad

Estrategias 1. Fomentar acuerdos regionales e internacionales para enfrentar el problema mundial de las drogas de manera integral, afrontando los retos estructurales que lo nutren y multiplican. 2. Fortalecer el Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas, para desarrollar estrategias regionales dirigidas a combatir la problemática de las drogas de manera integral, superando un enfoque netamente punitivo. 3. Denunciar y oponerse a políticas unilaterales de “guerra contra las drogas” que causen violaciones a los derechos humanos, aceleren la degradación ambiental y agredan e irrespeten las culturas ancestrales de los pueblos. 4. Oponerse, en el plano internacional, a la criminalización del cultivo y consumo de la hoja de coca, asegurando el respeto a la identidad cultural y derechos fundamentales de los pueblos andinos. 5. Impulsar el análisis y evaluación internacional de la eficacia de las políticas imperantes en materia de drogas acordadas en foros intergubernamentales. 6. Promover el debate internacional a profundidad en torno a la problemática mundial de las drogas, que analice la efectividad de las políticas prohibicionistas y estrategias internacionales en este campo.

7. Promover la consideración y acuerdos globales de la problemática mundial de las drogas como un asunto de salud pública en los polos de consumo, y de desarrollo desigual en los centros de provisión y tráfico. 8. Apoyar el desarrollo de la información científica, que fundamente la acción de los Estados para un adecuado control de la demanda y de la oferta de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

Soberanía Energética La soberanía energética es la potestad que tiene el Estado ecuatoriano para garantizar los recursos energéticos necesarios para su Buen Vivir. La soberanía energética es un objetivo estratégico establecido en el art. 413 de la Constitución del Ecuador, el cual señala que el Estado debe asegurar la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho al agua. Al inicio del Gobierno de la Revolución Ciudadana, Ecuador contaba con un sistema energético altamente vulnerable al cambio climático y a las variaciones del mercado internacional de combustibles fósiles, dependencia que por múltiples factores exigía cambiarse a un modelo energético autosuficiente y

Políticas y estrategias

sostenible. A partir de 2007 se inició un vasto programa de penetración de las energías renovables y de consumo eficiente con ahorro energético, lo cual ha sido posible o solamente podrá continuar avanzando a través de una adecuada gestión de las relaciones internacionales con países socios en esta tarea.

Política 1. Impulsar acuerdos estratégicos dirigidos a asegurar la soberanía energética del Ecuador y el establecimiento de políticas globales que promuevan la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas que no pongan en riesgo el equilibrio ecológico mundial.

Estrategias 1. Promover acuerdos internacionales que faciliten el desarrollo energético con tecnologías renovables como la eólica, solar, hídrica o geotérmica. 2. Promover estrategias regionales e internacionales para el manejo sustentable del patrimonio natural, en especial la regulación de la actividad extractiva; la cooperación y complementación energética sustentable; la conservación de la biodiversidad, los ecosistemas y el agua; la investigación, el desarrollo científico y el intercambio de conocimientos y tecnologías. 3. Promover programas y proyectos de cooperación intergubernamental para establecer un

anillo energético regional, orientado a garantizar la soberanía energética latinoamericana. 4. Fortalecer el Consejo Energético de UNASUR, con el impulso de programas regionales en materia de: petróleo, gas, ahorro de energía y energías alternativas, energía eólica, solar e hídrica. 5. Conformar redes de conocimiento y desarrollo tecnológico en la región para promover investigaciones e innovaciones orientadas a fortalecer el desarrollo de energías alternativas.

Soberanía Alimentaria La Constitución establece en su Art. 13 que “las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales”. El reconocimiento constitucional al derecho al agua en el artículo 12 representa un aspecto de especial relevancia para el derecho y las políticas nacionales y compromete al Estado Ecuatoriano a impulsar esta noción en el plano internacional. En el año 2009 la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, la cual la define como “el conjunto de normas conexas, destinadas a establecer en forma soberana las políticas públicas agroalimentarias para fomentar la producción suficiente y la adecuada 49

Agenda de la Política exterior para la seguridad

conservación, intercambio, transformación, comercialización y consumo de alimentos sanos, nutritivos, preferentemente provenientes de la pequeña, la micro, pequeña y mediana producción campesina, de las organizaciones económicas populares y de la pesca artesanal, así como, de la microempresa y de la artesanía. Se establece además que el respeto y la protección de la agro-biodiversidad, los conocimientos y formas de producción tradicionales y ancestrales, bajo los principios de equidad, solidaridad, inclusión, sustentabilidad socialy ambiental”. Una manera de garantizar la soberanía alimentaria es mediante parámetros de eficiencia productiva. Ningún país puede tenerla en todos los productos y por lo tanto debe especializarse, en la medida que no atente a su identidad plurinacional, en aquellos en los que puede ser altamente productivo y con un costo de oportunidad relativamente más bajo de recursos. Debe existir complementariedad entre los Estados y acuerdos internacionales, que garanticen una produc-

ción y distribución de alimentos y que brindando la seguridad alimentaria requerida, aseguren el derecho a la alimentación de los pueblos, su estabilidad social y la estabilidad política a nivel mundial.

Política 1. Promover el derecho a la alimentación, eje de los acuerdos internacionales dirigidos a asegurar la soberanía alimentaria del Ecuador y de los países en desarrollo, impulsando acciones dirigidas a preservar y proteger la producción nacional y de países en desarrollo; garantizar el uso y conservación de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura en beneficio de los pueblos; el acceso y distribución equitativa de los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos; y la defensa de los intereses del Sur en el seno de los organismos internacionales vinculados con la agenda global sobre seguridad y soberanía alimentaria.

Estrategias 1. Impulsar iniciativas globales de lucha contra el hambre y la universalización del derecho a la alimentación. 2. Promover acuerdos internacionales dirigidos al reconocimiento del derecho humano al agua, principio fundamental e irrenunciable de los seres humanos.

La política comercial promueve la apertura de nuevos mercados para el Ecuador.

Políticas y estrategias

3. Promover un consenso regional que defina el objetivo prioritario de los procesos de integración, a la soberanía y seguridad alimentaria, y que defina estrategias para reforzar el intercambio de productos alimenticios en América Latina y el Caribe. 4. Impulsar acuerdos para la cooperación intergubernamental en temas de seguridad y soberanía alimentaria. 5. Promover y fortalecer mecanismos de coordinación de los países en desarrollo para las negociaciones internacionales vinculadas con la producción y comercialización de alimentos. 6. Conformar una red tecnológica internacional para productos alimenticios y promover la investigación para mejorar la producción de productos básicos en los países en desarrollo. 7. Fortalecer los organismos regionales e internacionales creados para la definición de acuerdos globales y estrategias para la alimentación y la agricultura. 8. Promover acuerdos internacionales que protejan la producción agropecuaria y de campesinos, pequeños y medianos productores.

Soberanía del conocimiento

“promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes ancestrales y en general las actividades de la iniciativa creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y privada”. La expresión Soberanía de Conocimiento se define en la autodeterminación que tiene un país para generar procesos sostenibles de conocimiento, basados en actividades académicas, sociales y científicas que desemboquen en acciones de investigación, desarrollo e innovación para resolver los problemas de la sociedad. Dichos procesos deben actuar en calidad de bien público, en función de las necesidades fundamentales de la ciudadanía, en el marco del respeto y fortalecimiento de los derechos de la naturaleza y los saberes ancestrales, como fortalezas del sistema de desarrollo que persigue el Buen Vivir. La Conferencia Mundial sobre la Ciencia en su declaración del uso del saber científico, (18 de julio de 1999), reconoce que los países se encuentran en una situación de interdependencia creciente y que su futuro es indisociable de la preservación de los sistemas de sustentación de la vida en el planeta y de la supervivencia de todas las formas de vida. Las ciencias deben estar por consiguiente al servicio del conjunto de la humanidad y de su compresión respecto a la naturaleza y la sociedad, de una mejor calidad de vida y un medio ambiente sano y sostenible para las generaciones presentes y futuras.

El Art. 277 de la Constitución establece que, para la consecución del Buen Vivir, es obligación del Estado 51

Agenda de la Política exterior para la seguridad

Política 1. Fortalecer la agenda internacional de investigación e intercambio científico, desarrollo e innovación tecnológica, y de difusión y reconocimiento de los saberes ancestrales, con la promoción de acuerdos internacionales que reduzcan progresivamente las asimetrías existentes entre naciones en materia de conocimientos, cultura, ciencia, tecnología e innovación.

Estrategias 1. Promover la revisión del marco internacional de derechos de propiedad intelectual para crear un sistema que no obstruya el acceso al saber de los países en desarrollo y que democratice el intercambio de información y conocimientos en beneficio de la humanidad. 2. Impulsar acuerdos internacionales dirigidos al establecimiento de políticas, capacidades e instrumentos con miras a la educación de calidad para todos y el aprendizaje durante de toda la vida, promoviendo principios, prácticas y normas éticas pertinentes para el desarrollo científico y tecnológico. 3. Promover programas de cooperación técnica en atención a las demandas de innovación tecnológica del sector público y privado. 4. Desarrollar programas de cooperación técnica internacional para identificar, recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 52

5. Fomentar la cooperación educativa, cultural, científica, tecnológica y de innovación a nivel internacional y regional. En este ámbito, fortalecer el Consejo Suramericano de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación de la UNASUR. 6. Promover acuerdos internacionales que faciliten la integración, movilidad e intercambio académico, profesional y laboral entre las naciones. 7. Promover y facilitar la colaboración entre universidades, centros de investigación, empresas públicas y privadas con instituciones de otros países, con el fin de intercambiar conocimientos científicos y tecnológicos. 8. Promover una agenda internacional respecto del uso de bienes públicos globales, que establezca beneficios para todas las naciones por igual, en especial aquellos que son utilizados con fines tecnológicos, como el fondo de los mares (uso de claves transoceánicos), o las órbitas geoestacionarias de los satélites. 9. Fortalecer los organismos multilaterales creados para la educación y el desarrollo de conocimientos, asegurando que sus agendas respondan a los intereses de todas las naciones por igual y que coadyuven efectivamente al desarrollo de los pueblos del sur.

Políticas y estrategias

Derechos de la naturaleza, ambiente y cambio climático

material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional.

El Ecuador plantea en su Constitución, en el artículo 71, un cambio de paradigma en la concepción del desarrollo tradicional hacia el concepto del Buen Vivir, con el que se pretende conjugar los ejes social, ambiental y económico asumiendo responsabilidades ambiciosas en términos de conservación y manejo sostenible del ambiente, abriendo nuevos caminos para desplegar una política exterior dinámica e innovadora que esté orientada a buscar respuestas a las crisis ambientales del siglo XXI.

La Constitución instituye que el Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración, gestión y protección se realizará con responsabilidad inter-generacional. Declara la biodiversidad como un recurso estratégico y de interés público la conservación de ella y todos sus componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país.

Un componente fundamental del nuevo marco jurídico es el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza, un hito histórico en el derecho constitucional contemporáneo ya que Ecuador es el único en el mundo que los reconoce, definiendo además el Patrimonio Natural como un recurso estratégico para el Buen Vivir, es decir, para el nuevo modelo de desarrollo nacional. Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. La Constitución establece la obligación del Estado de aplicar medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y

El Art. 401 de la Constitución declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. “Excepcionalmente, y sólo en caso de interés nacional debidamente fundamentado por la Presidencia de la República y aprobado por la Asamblea Nacional, se podrán introducir semillas y cultivos genéticamente modificados. El Estado regulará bajo estrictas normas de bioseguridad, el uso y el desarrollo de la biotecnología moderna y sus productos, así como su experimentación, uso y comercialización”. La Constitución prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos los de propiedad intelectual, sobre productos derivados o sintetizados, obtenidos a partir del conocimiento colectivo y/o asociado a la biodiversidad nacional. El Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de cooperación que incluyan cláusulas que menoscaben la conservación y el manejo sustentable de la biodiversidad, la salud humana y los derechos colectivos y de la naturaleza.

Agenda de la Política exterior para la seguridad

La Constitución del Ecuador señala que el patrimonio natural comprende, entre otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige la formulación de derechos y garantías para la protección, conservación, recuperación y promoción. Estos fundamentos constitucionales reafirman la necesidad de consistencia, promoción y liderazgo de la política exterior para establecer un nuevo modelo de desarrollo, amparado en los derechos de la naturaleza para el Buen Vivir.

Políticas 1. Promover el reconocimiento internacional de los derechos de la naturaleza, como marco universal para la protección y aseguramiento de la vida en el planeta, incluyendo la supervivencia de la especie humana. 2. Contribuir al establecimiento de un acuerdo global que defina compromisos vinculantes sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un período posterior al 2012, en el marco del Protocolo de Kioto, incorporando el concepto de emisiones netas evitadas y el trato especial o la liberación de los derechos de propiedad intelectual sobre todos los conocimientos y tecnologías relacionadas con la mitigación y adaptación al Cambio Climático, los derechos de la naturaleza y a la solución de los problemas ambientales globales. 54

Estrategias 1. Desplegar una diplomacia activa con todos los países y organismos internacionales para lograr un Acuerdo Internacional que establezca el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. 2. Impulsar el desarrollo, la adopción y la transferencia equitativa de tecnologías ambientalmente sanas, incrementando capacidades y estimulando el intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos, e intensificar el desarrollo, la adaptación, la difusión y la transferencia de tecnologías orientadas a la adaptación y mitigación del cambio climático. 3. Promover patrones de producción, consumo y reproducción que salvaguarden las capacidades regenerativas de la Tierra, los derechos humanos y el bienestar comunitario. 4. Promover un sistema económico internacional favorable y abierto que impulse el Buen Vivir en todos los países, a fin de abordar en mejor forma los problemas de la degradación ambiental. 5. Demandar el establecimiento de una nueva ronda de compromisos vinculantes para el Protocolo de Kioto, con metas ambiciosas de reducción de emisiones de los países desarrollados en sus propios territorios, y que establezcan compensaciones para evitar emisiones. 6. Promocionar el proyecto Yasuní-ITT, que busca dejar bajo tierra unos 846 millones de barriles

Políticas y estrategias

de crudo, a cambio de la corresponsabilidad y aporte internacional de al menos 3.500 millones de dólares. 7. Fomentar la internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debe, en principio, cargar con los costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público global. 8. Impulsar el diálogo y la solución eficiente de los problemas ambientales que se produzcan a nivel global. Los acuerdos destinados a tratar los problemas ambientales transfronterizos o mundiales deberían, en la medida de lo posible, basarse en un consenso internacional, pero esto no debe ser la norma que prime, por el bien de los intereses de las grandes mayorías del planeta. 9. Promover estudios e investigaciones sobre el cambio climático y sus impactos ecológicos, económicos y sociales. Evaluar la eficiencia de las diferentes políticas para reducir la vulnerabilidad y/o incrementar la capacidad adaptativa 10. Promover acuerdos regionales orientados a reducir la deforestación, estableciendo sistemas de monitoreo satelital a nivel suramericano (y especialmente en la Amazonía) para la protección de bosques contra la limpieza no autorizada de tierras para cultivo. 11. Impulsar el comercio regional e internacional de productos orgánicos.

12. Promover el ecoturismo regional e internacional. 13. Planificar la interconexión territorial regional, a través de medios de transporte menos contaminantes que los de uso intensivo de combustibles fósiles. 14. Impulsar las inversiones eco-sustentables, elaborando reglas de inversión basadas en la responsabilidad corporativa.

Plurinacionalidad e Interculturalidad Ecuador es un Estado plurinacional e intercultural, que se encuentra en un proceso de construcción de una política pública orientada a fomentar la interculturalidad, sustentada en el respeto a las diversidades a través del reconocimiento y ejercicio de derechos individuales y colectivos, para el fortalecimiento de sus identidades, fundadas en sus particulares maneras de entenderse y entender el mundo que les rodea y establecer sus propias formas de expresión cultural que se verifican en sus estructuras sociales, jurídicas, sistemas de salud, educación, producción y sus maneras de relacionarse con la naturaleza y otros colectivos, estableciendo relaciones de respeto a la diferencia, en condiciones de igualdad, dentro de un sistema democrático incluyente y participativo. El Artículo 1 de la Constitución define al Ecuador como un Estado constitucional de derechos, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico, constituyendo 55

Agenda de la Política exterior para la seguridad

el principio jurídico fundamental para la construcción de un Estado Intercultural. La Constitución también establece que los pueblos y nacionalidades, indígenas, afroecuatorianas y montubias gozarán, sin restricción alguna, de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y políticos de manera individual y colectiva. En este contexto, la interculturalidad se define como el diálogo horizontal y la participación activa de la diversidad, cuya interacción será en igualdad de

La política exterior ecuatoriana promueve y defiende la interculturalidad.

derechos y oportunidades, que garantiza la convivencia pacífica y el entendimiento entre las diversidades socio-culturales. De igual forma, el Art. 380 de la Constitución establece como responsabilidad del Estado “Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, protección, defensa, conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e intangible, de la riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la memoria

Políticas y estrategias

colectiva y del conjunto de valores y manifestaciones que configuran la identidad plurinacional, pluricultural y multiétnica del Ecuador”. El reconocimiento del estado Plurinacional, implica reconocer la existencia de diversas nacionalidades y varios pueblos que cohabitan dentro del territorio ecuatoriano. Cada una de ellas se caracteriza por tener un idioma, compartir una historia y constituirse en espacios territoriales definidos, que a su vez les permite vivir sus particulares formas culturales y construir, fortalecer, recrear y transmitir su cultura.

Política 1. Promover el reconocimiento del Ecuador como un Estado Plurinacional e Intercultural, e impulsar en la esfera internacional el reconocimiento de la diversidad cultural y étnica de los pueblos y nacionalidades del mundo.

Estrategias 1. Proteger y promover la diversidad cultural, el ejercicio de la interculturalidad, la conservación del patrimonio cultural y la memoria común de América Latina y del Caribe, así como la creación de redes de comunicación e interacción entre los pueblos y nacionalidades de la región. 2. Desplegar, con la participación de las nacionalidades y pueblos indígena, afroecuatoriano y montubio, una activa diplomacia plurinacional e intercultural, considerando las identidades

diversas y reconociendo sus aspiraciones con el fin de mantener y fortalecer sus identidades, idiomas, religiosidad, saberes y conocimientos ancestrales dentro del marco de los Estados en que viven. 3. Ampliar los espacios de diálogo y canales de comunicación permanentes entre las distintas nacionalidades y pueblos ancestrales de América Latina y el Caribe. 4. Impulsar acciones afirmativas para incorporar en el servicio exterior, funcionarios y funcionarias de las nacionalidades y pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios. 5. Impulsar internacionalmente el conocimiento, la valoración y afirmación de las diversas identidades de los distintos pueblos y nacionalidades que conforman el Ecuador, así como también las identidades de las y los ecuatorianos que se encuentran residiendo fuera del país. 6. Promover acuerdos binacionales, regionales e internacionales, que faciliten los contactos y la cooperación entre nacionalidades y pueblos indígenas y afrodescendientes a través de las fronteras, incluidas las actividades en las esferas económica, social, cultural, espiritual y del medio ambiente. 7. Impulsar programas de cooperación que fortalezcan y garanticen los derechos de las nacionalidades y pueblos indígenas, afrodescendientes y montubios, a sus propias medicinas tradicionales, 57

Agenda de la Política exterior para la seguridad

mantener sus prácticas de salud, fortalecer y desarrollar sus conocimientos y saberes, lo que incluye la conservación de sus plantas, animales y minerales. 8. Generar mecanismos de protección de los conocimientos, innovaciones y prácticas ancestrales de los pueblos y nacionalidades, para impedir su apropiación. 9. Contribuir a eliminar toda forma de colonización externa e interna que intente menoscabar las formas propias de vida y las costumbres de los pueblos indígenas y afrodescendientes. 10. Promover la participación directa de las nacionalidades y pueblos en los eventos internacionales o nacionales donde se exponen y manifiestan la diversidad cultural del país.

Promoción cultural en el exterior La Constitución del Ecuador otorga un lugar prioritario a las diversas culturas en la construcción de una sociedad del Buen Vivir. En el Artículo 1 recoge la diversidad del país, al expresar que es un país multiétnico, intercultural y plurinacional. El Art. 21 señala que “todas las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su 58

patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas”. De su parte, el Art. 22 destaca que “las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría”. El Art. 23 reconoce que “las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales”. El Art. 276 establece que el régimen de desarrollo tiene por objetivo “proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus espacios de reproducción e intercambio; recuperar, preservar y acrecentar la memoria social y el patrimonio cultural”. El Art. 377 señala que “el sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural”.

Políticas y estrategias

El Art. 380 establece que “será responsabilidad del Estado promover la restitución y recuperación de los bienes patrimoniales expoliados y garantizar la diversidad en la oferta cultural y promover la producción nacional de bienes culturales, así como su difusión masiva”. En los artículos mencionados, se encuentran los lineamientos fundamentales para orientar una política cultural nacional y soberana, para que afloren y se hagan realidad las potencialidades creadoras en las diversas manifestaciones culturales del pueblo ecuatoriano.

Política 1. Promover en la esfera internacional el fortalecimiento y la afirmación de las identidades diversas que caracterizan al Ecuador como país, en el contexto de la construcción de un Estado plurinacional e intercultural en el plano internacional.

Estrategias 1. Promover el reconocimiento, la valoración, la protección, la salvaguardia y la apropiación social del patrimonio cultural, material e inmaterial del Ecuador.

Congreso de Afrodescendientes de las Américas, Quito, 11 de octubre de 2011.

Agenda de la Política exterior para la seguridad

2. Estimular la diversidad de las expresiones culturales de las nacionalidades y pueblos del Ecuador. 3. Promover políticas y acciones que fomenten el desarrollo de las industrias culturales con otros países de la región, en el seno del ALBA, UNASUR, MERCOSUR, y la CELAC. 4. Diseñar políticas culturales para el fortalecimiento de la integración cultural de América Latina y el Caribe, con especial énfasis en la investigación, la formación y la creación de fondos regionales para el desarrollo de la cultura. 5. Impulsar políticas y acciones para la circulación y consumo de bienes y servicios culturales en la región y en el ámbito global, con la participación de artistas y creadores individuales y colectivos. 6. Establecer convenios y acuerdos bilaterales y multilaterales de protección del patrimonio cultural material e inmaterial.

Entrega de la primera visa de regularización a ciudadanos venezolanos.

7. Difundir y revalorizar las culturas e identidades del Ecuador y de la población ecuatoriana en el exterior, con énfasis en los países receptores de población migrante. 8. Desplegar una activa diplomacia cultural, considerando la cultura como un instrumento de política exterior, con el fin de difundir los valores culturales del Ecuador y consolidar relaciones sólidas con los demás pueblos del mundo. 9. Fortalecer los mecanismos de integración cultural que incluyan temas emergentes como aquellos referidos a la cultura de paz y frontera, migración y medio ambiente, entre otros. 10. Favorecer la libre movilidad de creadores y artistas, y la circulación de sus obras a través de la promoción de visas y permisos de ágil acceso, como parte de acuerdos bilaterales o multilaterales.

Políticas y estrategias

11. Incluir el concepto de Diplomacia Cultural en la formación académica de los funcionarios que intervienen en la promoción cultural hacia el exterior.

Cooperación al desarrollo La Constitución establece en el Art. 11, los principios de soberanía y no injerencia en los asuntos internos del Estado. Estos se constituyen en los referentes claves que deben guiar los lineamientos de política exterior para la cooperación para el desarrollo. De su parte, el Plan Nacional para el Buen Vivir se propone como objetivo la construcción de una sociedad que profundice la democracia y amplíe su incidencia en condiciones de igualdad social y material. Ecuador debe definir el tipo de sociedad y el modelo de desarrollo que desea, sin interferencias y condicionamientos de agendas externas. Es así que el país ha transitado desde el año 2007 de un modelo de desarrollo basado en las industrias extractivas, hacia la construcción de un modelo postextractivista, en el marco del proceso de integración latinoamericano y de una estrategia de desarrollo endógeno a largo plazo. La Revolución Ciudadana ha recuperado la capacidad de planificación y regulación del Estado, para asegurar la redistribución y el desarrollo territorial equilibrado. Contrario a la agenda neoliberal, el Plan Nacional para el Buen Vivir reconoce en el Estado el principal agente de desarrollo, al igual que los demás actores públicos y privados. En este contexto, la cooperación

internacional viene a ser un complemento a los planes de desarrollo del país. Los instrumentos internacionales de derechos humanos y los acuerdos alcanzados en Programas de Acción de Conferencias Internacionales de las que Ecuador es suscriptor, también constituyen significativos referentes para el manejo de la política exterior en materia de cooperación para el desarrollo. Entre estos acuerdos se encuentra la Declaración de París sobre la eficacia de la cooperación, la cual constituye una herramienta sustancial para exigir de los socios internacionales la implementación de los principios en ella establecidos de Apropiación, Armonización, Alineación, Gestión Orientada a Resultados y Mutua Responsabilidad, para racionalizar la cooperación y promover un diálogo basado en la soberanía y mutuo respeto. Estos principios buscan que los países cooperantes se alineen a las prioridades y necesidades definidas por cada país en su estrategia de desarrollo, mediante el diálogo y que trabajen conjuntamente para definir una agenda nacional de eficacia de la cooperación. La cooperación internacional no reembolsable debe contribuir a un proceso de desarrollo que tenga como ejes la sustentabilidad ambiental y las equidades de género, generacional, intercultural y territorial, y que permita avanzar hacia una realización integral de los derechos humanos, reconocidos en la Constitución Política del Ecuador y en los tratados y convenios internacionales de los que el Ecuador es parte, como un paso fundamental en 63

Agenda de la Política exterior para la seguridad

el proceso de realización de la justicia en todas sus dimensiones. En 2010 se cumplieron 40 años desde que se estableció, en la Resolución 2626 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la meta internacional para que los países desarrollados proporcionen el 0,7% de su ingreso nacional como AOD (“Ayuda” Oficial al Desarrollo). A partir de entonces, hasta la actualidad, los países miembros del Comité de Ayuda para el Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) no han logrado superar, el 0,36 % de su PNB. En 2008, esta meta llegó apenas al 0,31 % en promedio mundial. En el año 2010, de acuerdo al Informe de la OECD, solamente Dinamarca, Suecia, Noruega, Luxemburgo y Holanda cumplieron el compromiso de destinar el 0,7 %. Los Estados Unidos de América, destinan el 0,18 %, Bélgica 0,50 %, Alemania 0,36 % y España 0,32 %. Dos países que actualmente se encuentran invirtiendo importantes sumas de recursos en la agresión a Libia junto a los Estados Unidos, Francia e Italia, invirtieron en el año 2010 el 0,44 % y 0,20 % respectivamente. Los países cooperantes, destinan montos exiguos si se les compara con los gastos militares mundiales. En efecto, mientras en 2009 la AOD a nivel mundial alcanzó los 107 mil millones de dólares, el gasto militar global llegó a 1,5 billones de dólares, equivalente a 4.200 millones de dólares diarios; lo que significa que en el mundo, por cada dólar de AOD se gastan 14 dólares en gasto militar.

La agenda de desarrollo del Sistema de las Naciones Unidas (SNU) se encuentra permanentemente en construcción, ya que en parte depende del debate intergubernamental en el seno de la ONU, especialmente la Asamblea General, el ECOSOC (especificar siglas) y las Juntas Ejecutivas de las agencias, fondos y programas. Estas organizaciones están supuestas a brindar asistencia técnica y financiera a los Estados para asegurar el diseño y ejecución de políticas nacionales en sintonía con los acuerdos globales alcanzados en el seno de la ONU. Sin embargo, el mecanismo de financiación de estos organismos hace que sus agendas dependan de las voluntades políticas de sus donantes principales, es decir, de aquellos países que de acuerdo a sus intereses políticos nacionales están dispuestos a financiarlas. Existe resistencia para lograr acuerdos globales sobre mecanismos de financiación alternativos, tanto para las operaciones de la agenda de desarrollo de la ONU como del funcionamiento de la organización en su conjunto. Mecanismos tales como el establecimiento de impuestos a ciertas transacciones globales, o cualquier otra iniciativa no es admitida, su discusión es bloqueada, asegurando así la dependencia de las operaciones del SNU a la los donantes tradicionales. Los ODM han sido colocados en el centro de la atención y del mandato de estas organizaciones y constituyen además, el marco general que guía la cooperación para el desarrollo de países donantes. Al respecto, se debe señalar que los ODM carecen

Políticas y estrategias

de un enfoque histórico para situar convenientemente la problemática del subdesarrollo. No se puede olvidar que el subdesarrollo es el resultado de un proceso histórico y del funcionamiento del sistema económico, político y social, en su dimensión interna e internacional, lo que ha determinado la criticidad en la generación de las problemáticas que atacan los ODM.

Política 1. Promover una agenda internacional de cooperación para el desarrollo que asegure el respeto a la soberanía y las prioridades nacionales de las naciones en vías de desarrollo, que contribuya al fortalecimiento y democratización del multilateralismo y que fortalezca la cooperación solidaria Sur – Sur.

Estrategias 1. Impulsar mecanismos de financiación alternativa a las donaciones bilaterales voluntarias para el financiamiento de las operaciones de la agenda de cooperación para el desarrollo del Sistema de las Naciones Unidas, con el fin de eliminar la dependencia de sus programas a intereses políticos de países donantes. 2. Asegurar que las operaciones del Sistema de las Naciones Unidas responda a los intereses nacionales y que se valoren y promuevan, por igual, los mandatos de todas sus organizaciones, en

respeto a las decisiones intergubernamentales tomadas a nivel global. 3. Promover que los objetivos de desarrollo que se acuerden en las organizaciones multilaterales contengan un enfoque histórico que ayude a situar las problemáticas, y que tomen en cuenta acciones dirigidas a combatir sus causas en los sistemas económico, político y social, tanto a nivel nacional como internacional. 4. Impulsar la construcción de un nuevo sistema de gobernanza de la cooperación internacional, que reconozca la contribución de los países en desarrollo como proveedores por excelencia de bienes públicos globales, condición sine qua non para continuar en la senda del desarrollo, tanto del norte como del sur. 5. Impulsar acuerdos internacionales y políticas nacionales que aseguren que los recursos provenientes de la empresa privada nacional e internacional, así como los canalizados por organizaciones no gubernamentales, contribuyan a los objetivos de desarrollo nacional. La cooperación internacional de las ONG será prioritaria en zonas deprimidas donde existen mayores inequidades regionales con relación a la media nacional. Los espacios de coordinación con las ONG estarán encaminados a mejorar la gestión por resultados y generar capacidades locales de eficacia y eficiencia.

Agenda de la Política exterior para la seguridad

6. Coordinar y alinear a nivel nacional, las actividades de los donantes, de acuerdo al marco jurídico nacional, y en función de los objetivos de desarrollo establecidos en la Constitución y de los objetivos y políticas del Plan Nacional para el Buen Vivir. 7. Institucionalizar mecanismos de rendición de cuentas de las entidades receptoras de asistencia técnica y fondos de la cooperación internacional no reembolsable, cuyos resultados deberán demostrar eficacia institucional en el uso de dicho apoyo.

El Pasaporte ecuatoriano permite viajar sin necesidad de visa a los países miembros de la Comunidad Andina y UNASUR (excluyendo Guyana y Surinam).

8. Promover acuerdos entre países de renta media a nivel regional e internacional para la búsqueda de estrategias de colaboración Norte-Sur y Sur-Sur en atención a las sus necesidades particulares. 9. Promover el fortalecimiento de una agenda regional de integración y de cooperación latinoamericana y caribeña, y, de relacionamiento y cooperación de la región con países africanos y demás países del sur. 10. Impulsar los siguientes temas prioritarios para la gestión de la Cooperación Internacional en

Políticas y estrategias

el Ecuador: desarrollo humano, desarrollo científico-tecnológico, desarrollo de capacidades productivas para micro, pequeñas y medianas empresas, medio ambiente y cambio climático, así como emergencias y desastres. Como ejes transversales se deberá considerar la acción positiva de género, etnia y población con capacidades especiales. 11. Impulsar programas de cooperación internacional que permitan fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, con el fin de contribuir al desarrollo de centros de investigación, promover la transferencia e innovación tecnológica y la formación del personal científico y técnico. Impulsar métodos de investigación e interacción internacional de científicos, profesores y expertos; promover y desarrollar cooperaciones en la creación de universidades de futuro y mecanismos para la creación de zonas económicas de desarrollo. 12. Fomentar nuevos modelos de gestión de la Cooperación Internacional, en especial los Programas de Apoyo Presupuestario, la Cooperación Triangular, la Cooperación Sur – Sur, y la Cooperación Descentralizada.