Plan Nacional de Seguridad Integral by Ministerio Coordinador Seguridad Ecuador

PLAN NACIONAL DE

SEGURIDAD INTEGRAL

Eco. Rafael Correa Delgado PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

Valm. Homero Arellano Lascano MINISTRO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD

Lcdo. Nelson Jaramillo Poveda SECRETARIO TÉCNICO

Dra. Gloria Polastri COORDINADORA DE SEGURIDAD EXTERNA

Crnl. Max Campos COORDINADOR DE SEGURIDAD INTERNA

Dra. Katalina Barreiro, Ab. Camilo Larrea Oña, Ing. María Luisa Vera EQUIPO TÉCNICO - CONTENIDOS

Adrián López Andrade Alejandra Terán Zumárraga COLABORACIÓN: SENPLADES

Ing. Stalin Basantes Moreno COORDINACIÓN EDITORIAL

Manthra Editores DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

2011. Quito - Ecuador

ÍNDICE Presentación..................................................................................... 7 Prólogo............................................................................................. 9 Introducción...................................................................................... 11 I.- La Seguridad en el Ecuador hacia un Enfoque Integral.................... 14 II.- Ámbitos de la Seguridad con Enfoque Integral............................... 16 III.- Marco Normativo y de Planificación.............................................. 24 IV.- Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Estado...................... 35 V.- Diagnóstico................................................................................... 42 VI. Escenario 2013............................................................................. 85 VII. Objetivos, Políticas y Estrategias................................................... 93

LA SEGURIDAD ES TAREA DE TODOS

or mandato de la Constitución de Montecristi, el Ecuador, Estado soberano y democrático, reconoce y garantiza a todas las personas y colectivos, entre otros derechos, los que se refieren a gozar de: una cultura de paz, integridad personal, seguridad humana; protección integral y armonía con el Buen Vivir. Con los lineamientos y las políticas construidas desde el nuevo enfoque de la seguridad, hoy entregamos a la ciudadanía el “Plan Nacional de Seguridad Integral” y ocho Agendas de los Ministerios y Secretarías que conforman el Sector e incluyen una visión estratégica, en el entendimiento inmutable de que el ser humano es la razón de toda acción estatal.

Esta Planificación, construida desde un enfoque integral, refleja el trabajo coordinado, instituido por el Gobierno de la Revolución Ciudadana, que articula políticas transversales alineadas a: La Constitución, La Ley de Seguridad Pública y del Estado y, por supuesto, al Plan Nacional para el Buen Vivir. Para el Gobierno Nacional, la seguridad es una prioridad, superando concepciones sectarias y planteando el nuevo paradigma de la Seguridad Integral en el Ecuador. Además, se han destinado importantes recursos económicos y humanos para enfrentar con firmeza a la delincuencia. En respuesta a la voluntad del pueblo ecuatoriano, expresada en las urnas, el 7 de mayo de 2010, al aprobar la Consulta Popular, hoy está en marcha la transformación

total de la justicia, paso gigantesco de lucha contra la impunidad, atrapada en la incapacidad y la corrupción, pues no habrá seguridad mientras no acabemos con la impunidad, que es sinónimo de injusticia. La Seguridad Integral no se alcanza con esfuerzos aislados, por el contrario, exige el auténtico compromiso de todos y todas, desde los más diversos ámbitos. De la misma manera, es indispensable orientar una inmediata transformación cultural, tendiente a ratificar la convicción de que somos un país de paz y que queremos vivir sin violencia, para precautelar nuestra sana convivencia. El Plan Nacional de Seguridad Integral constituye un aporte de indiscutible valor para fortalecer la acción del Estado a favor del bien común, mediante la aplicación de lineamientos, objetivos, políticas y estrategias, que materializarán innumerables anhelos postergados del pueblo ecuatoriano.

Econ. Rafael Correa Delgado PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

PRÓLOGO

l Gobierno Nacional asume, con convicción y firmeza, el reto de enfrentar a la inseguridad en sus más variadas y venenosas formas delincuenciales. No es fácil cruzar el pantano de la mediocridad y la indiferencia; es duro luchar contra lo descompuesto y la perversidad. Requerimos aunar fuerzas, de amor y servicio a la colectividad, sin diferencia de credo político alguno, pues el mal afecta a todos, como el bien da salud moral y espíritu a toda esa gente buena, que es la mayoría de ecuatorianos. La Revolución Ciudadana, ha iniciado en el país un cambio de época en sus estructuras institucionales y, de hecho, el Ministerio de Coordinación de Seguridad presenta el PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL, que refleja la multicausalidad del problema de la inseguridad, su análisis y ejecución multidisciplinaria, con un nuevo enfoque, quizá un paradigma de la Seguridad, desde una visión integral, participativa, transversal, que va más allá de un criterio policial y militar que daba énfasis exclusivo a la defensa de la soberanía territorial; traspasa el absurdo moralista de la criminalización de la pobreza como causa directa del problema; sobrepasa el anterior marco de acción policial, direccionado a una capacidad reactiva, con olvido de lo fundamental, lo preventivo y la inclusión de la comunidad.

El PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL sustenta su visión y misión en el ser humano, hacia quien se dirigen todos los esfuerzos del Estado para sembrar Paz, Equidad, Seguridad y cosechar Convivencia Social o el Buen Vivir de la ciudadanía. Es imposible dejar de señalar que en el mundo globalizado en el que vivimos, también se ha globalizado la delincuencia, el terrorismo, los vicios, el hambre, el miedo, la inseguridad. Entonces, es obvio que requerimos de una lucha también global, conjunta de todos los sistemas del Estado, como el judicial, penal, policial, inteligencia y por supuesto social, con el aporte de todos los ciudadanos para que se afirmen en nuestro país la seguridad y la paz, que estructuran el principio fundamental de un Gobierno de cambios. Al efecto, desde el Ministerio de Coordinación de Seguridad, se delinean políticas que articulan integral y transversalmente a los subsistemas del sector; aplican el concepto internacional de Seguridad Humana, contenido en los principios de la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA y contextualizado en el PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL, en concordancia con el PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. En consecuencia, hemos asumido la responsabilidad de echar la semilla en el campo de la Seguridad, planta que, más temprano que tarde, dará frutos,

Plan Nacional de Seguridad Integral

pues no somos espectadores, sino actores para la solución de un antiquísimo problema de inseguridad ciudadana, y ahora, con planteamientos de solución, con tecnología y capital humano preparado para una intensa lucha por el presente y futuro del país. De ahí que el PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL, incluya ocho Agendas que orientan la gestión de los Ministerios y Secretarías miembros del sector de Seguridad; así: Agenda Estratégica de Política Exterior; Agenda de Política de Defensa; Agenda de Seguridad Ciudadana y Gobernabilidad; Agenda de Justicia, Derechos Humanos y Cultos; Agenda Política de Gestión de Riesgos; Agenda Nacional de Inteligencia; Agenda de Plan Ecuador y Estrategias de Seguridad Vial. Hoy, presentamos la Planificación del Sector Seguridad, que en estos nueve libros materializa visiones

de cambio, progresistas y renovadas, que conjugan 6 objetivos, 14 políticas y 69 estrategias, base fundamental para el desarrollo de programas y proyectos para la seguridad de los ecuatorianos, generando corresponsabilidad con la ciudadanía, única forma de alcanzar niveles de seguridad en el marco del Buen Vivir. Debemos, por tanto, despojarnos de pasiones, acceder juntos al excelso camino de la solidaridad, hacia una Seguridad visible, real; sostén de la paz, la democracia y la vida, que la entregamos al Pueblo, única autoridad que sabe que “Sin esfuerzo no hay paz y sin lucha no hay victoria”.

Valm. Homero Arellano Lascano MINISTRO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD

INTRODUCCIÓN Evolución de la seguridad en el Ecuador

l siglo XIX marca el nacimiento de la República y con ella un Ejército incipiente y precario, conformado por las tropas independentistas, formadas al fragor de las batallas. En los primeros años de la República no existieron Escuelas de Formación de Oficiales y Tropa, pese a la necesidad de consolidar cuanto antes la ocupación territorial y a la existencia del problema limítrofe con el Perú. Durante el siglo XIX, se dieron varios intentos de establecer Escuelas Militares para la formación de oficiales y tropa, bajo los periodos de Vicente Rocafuerte en 1838, Gabriel García Moreno en 1869, Antonio Flores Jijón en 1888 y finalmente Luis Cordero en 1892, proyectos que perduraron por poco tiempo. Dentro de este contexto se pone de manifiesto la inexistencia de un ejército bien organizado y con capacidad para desempeñar eficientemente sus misiones tanto en paz como guerra. A raíz de la revolución del 5 de junio de 1895, algunos integrantes del ejército plegaron a la causa de Eloy Alfaro, quienes se sumaron al ejército liberal que se formó alrededor de los viejos montoneros, especialmente costeños, tradicionales acompañantes de Alfaro. Así nació el ejército liberal, constituido fundamentalmente por hombres resueltos, pero con deficiencias en la formación militar.

Pronto Eloy Alfaro entendió que aquel conjunto heterogéneo de hombres, organizados en forma precaria, no era el ejército que el Estado requería, por lo tanto, pensó en profesionalizar al ejército, para lo cual contrató una misión chilena y luego una misión italiana de instructores capacitados para la formación del nuevo ejército ecuatoriano. El siguiente paso fue la creación de la Escuela Militar, la Academia de Guerra y la Escuela de Clases. En las primeras décadas del Siglo XX el ejército ecuatoriano no llegó a consolidarse, una razón, podría ser el hecho que los gobiernos posteriores a Eloy Alfaro, no atendieron las necesidades de este sector. La guerra del 41 evidenció el fracaso militar frente a la agresión peruana. La revolución juliana de 1925, es otros de los momentos históricos de la institución militar, donde se puso de manifiesto ese espíritu progresista de la institución. Esta revolución inspirada y ejecutada por oficiales jóvenes, con el propósito de cambiar el caduco sistema social del país, tuvo un carácter ampliamente progresista que luchó en contra del poder económico de la plutocracia costeña a favor de un modelo más equitativo y antioligárquico. El escenario político del Ecuador también forma parte de la historia de las Fuerzas Armadas, las cuales incursionaron en este ámbito, apoyaron golpes de Estado e incluso asumieron el Gobierno Nacional, 11

Plan Nacional de Seguridad Integral

situación que afectó de forma negativa a su formación militar y a su profesionalización. Finalmente, dos hechos históricos marcan la consolidación definitiva de la profesionalización militar, los conflictos armados con el Perú en los años 1981 y 1995 donde se evidenció la existencia de unas Fuerzas Armadas profesionales y eficientes para la defensa de la Nación.

La Seguridad Nacional en el Ecuador Durante el período de la Guerra Fría, en Ecuador y América Latina en general, predominaron los conceptos de Seguridad Nacional desde un enfoque estatal; en la lógica de la DOCTRINA DE SEGURIDAD NACIONAL y de la GEOPOLÍTICA TRADICIONAL que duró hasta la caída del Muro de Berlín. En esta etapa, la Seguridad Nacional del Ecuador se orientó hacia el problema limítrofe con el Perú en seguridad externa y hacia la amenaza subversiva en seguridad interna. La Doctrina de Seguridad Nacional fue desarrollada e impulsada por los Estados Unidos durante la segunda mitad del Siglo XX en el marco de su Política de Contención a la Unión Soviética, doctrina que fue impuesta a la mayoría de los países latinoamericanos, a través de organismos e instrumentos como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), la Junta y el Colegio Interamericano de Defensa, la Central de Inteligencia (CIA), la Escuela de las Américas, y la propia Organización de Estados Americanos como la base jurídica. 12

Los Estados Unidos consideró que la finalidad de la Doctrina de Seguridad Nacional era el combate a la amenaza comunista, la cual constituía la causa primordial de la inestabilidad política y la principal amenaza a la seguridad de todos los países del Hemisferio. Por ello, los EE.UU. desarrollaron varios mecanismos y estrategias para contrarrestar la subversión y la insurgencia que se fraguaba en los países latinoamericanos, como programas de ayuda militar, entrenamiento de líderes y tropas, ayuda a través de la Agencia norteamericana para el Desarrollo USAID, Alianza para el Progreso, entre otros. El Ecuador estuvo inmerso en este proceso latinoamericano mediante el diseño de su Doctrina de Seguridad Nacional, materializada en la Ley de Seguridad Nacional, en la creación del Consejo de Seguridad Nacional, la Dirección Nacional de Inteligencia y el Instituto de Altos Estudios Nacionales, que fueron los instrumentos para la aplicación de la doctrina, especialmente durante los años de dictaduras militares y la lucha anti-subversiva que se dio en el país. Durante la Guerra Fría se consideraba que todos los individuos y grupos que se opongan a la consecución de los Objetivos Nacionales Permanentes, que es la razón de ser de la doctrina, eran considerados enemigos del Estado y sobre ellos se debía aplicar la estrategia contrainsurgente. En la guerra antisubversiva se privilegiaron las labores de inteligencia, se creron, entonces, estamentos similares a los norteamericanos; se militarizaron y policializaron los servicios de inteligencia, legitimando

Introducción

la persecución, el hostigamiento, la detención arbitraria, la tortura y desaparición como métodos válidos de esta guerra anti-subversiva. Las consecuencias de este proceso fueron violaciones de los Derechos Humanos, la desprofesionalización militar y la politización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en defensa de intereses de los grupos de poder. No obstante, la Doctrina de Seguridad Nacional fue declinando al perder importancia el TIAR, por el fracaso de los EE.UU en Vietnam, por las nuevas prioridades del gobierno de Jimmy Carter hacia los Derechos Humanos y por el fin del conflicto Este – Oeste, que dejan, definitivamente, a esta doctrina sin sustento. La actualidad marca una nueva etapa democrática, que se determinó con el fin de la Guerra Fría, y con la solución del centenario problema limítrofe con el Perú. Dentro de este contexto se evidencia un nuevo escenario geoestratégico, donde se hace imperativo reconceptualizar y desmilitarizar la Seguridad del Estado, mediante la transformación de la doctrina de seguridad y defensa, y reestructurando los aparatos de seguridad que rigieron durante dicho período. El Gobierno de la Revolución Ciudadana, entrega hoy a sus Mandantes el PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL 2011-2013, instrumento que establece las políticas sectoriales de seguridad ci-

mentadas en los nuevos paradigmas del siglo XXI, dando continuidad al proceso de cambio reflejado en la Constitución de la República, el Plan Nacional para el Buen Vivir y la Ley de Seguridad Pública y del Estado. La nueva forma de construir política pública en el Ecuador, responde a las demandas de la ciudadanía y vincula principios fundamentales como: democracia, integralidad, equidad, prevención, participación, sostenibilidad y transparencia. El Estado ecuatoriano garantiza los derechos y promueve la inclusión con enfoque de género, generacional e intercultural, orientado hacia la consecución del Buen Vivir. En este sentido, son sujetos de protección tanto las personas como la naturaleza en todas sus manifestaciones, ratificando la esencia pacífica del país y la renovación constante de su vínculo con la vida. Así, se plantea un nuevo enfoque de seguridad centrado en el bienestar del ser humano, como centro de sus políticas, estrategias y acciones. Esto obliga a definir nuevos retos en materia de relaciones internacionales, justicia, seguridad ciudadana, sistemas de información e inteligencia, prevención, respuesta y mitigación de riesgos y desastres de origen natural y provocados por el ser humano.

Plan Nacional de Seguridad Integral

LA SEGURIDAD EN EL ECUADOR HACIA UN ENFOQUE INTEGRAL

la solidaridad, la reducción de vulnerabilidades,la prevención, protección, respuesta y remediación ante riesgos y amenazas.

El enfoque integral hace referencia al sentido de un Sistema Integrado de Seguridad, que abarca todos los ámbitos del ser humano y del Estado, sin dejar nada al azar. Tiene que ver con la integración de todas las esferas de la seguridad, las mismas que se complementan y se integran en un solo sistema, el Sistema de Seguridad Pública y del Estado. Allí encontramos la seguridad internacional, la seguridad interna, la Defensa Nacional, la seguridad económica, la soberanía alimentaria, la seguridad ambiental, entre otras.

Este alcance integral, recoge la visión multidimensional de la seguridad que incluye a las amenazas tradicionales y las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos de la seguridad. Además incorpora las prioridades de cada Estado, contribuye a la consolidación de la paz, al desarrollo integral y a la justicia social; y se basa en valores democráticos: el respeto, la promoción y defensa de los derechos humanos, la solidaridad, la cooperación y la soberanía nacional.

l Gobierno de la Revolución Ciudadana, inscrito en el proceso de consolidación de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y ratificando su postura radical al cambio estructural de la política regional de seguridad, asume la responsabilidad de construir una Seguridad con Enfoque Integral, que responda a un diagnóstico propio de la problemática del país.

La seguridad con Enfoque Integral, es la condición que tiene por finalidad garantizar y proteger los derechos humanos y las libertades de ecuatorianas y ecuatorianos, la gobernabilidad, la aplicación de la justicia, el ejercicio de la democracia,

A diferencia de los conceptos tradicionales de seguridad cuya razón de ser era el Estado, este nuevo enfoque sitúa al ser humano como eje principal y transversal, incorporando a la ciudadanía como actor protagónico de los procesos de seguridad individual y colectiva.

Este nuevo enfoque que el Ecuador inicia, también está en concordancia con los conceptos de Seguridad Humana, los mismos que desde hace más de una década han venido debatiéndose y desarrollándose en este nuevo paradigma de la seguridad centrada en el Ser Humano. La Seguridad Humana, es la condición necesaria para la subsistencia

y calidad de vida de las personas y sociedades y sus componentes abarcan la seguridad económica, la seguridad alimentaria, la seguridad sanitaria, la seguridad ambiental, la seguridad política, la seguridad comunitaria y la seguridad personal, dándole justamente al ser humano atención a todas sus necesidades para su bienestar. La seguridad es un derecho fundamental de los ecuatorianos y el Estado es responsable de su pleno ejercicio. La seguridad no es un fin en sí mismo, sino un medio para conseguir un fin: el Sumak Kawsay. En cuanto a la seguridad estatal, el Ecuador promueve el modelo de Seguridad Cooperativa en lugar del modelo de Seguridad Colectiva que prevaleció durante la Guerra Fría y que fue impulsado por los Estados Unidos mediante el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR, así como los postulados de la Doctrina Monroe que señalaba “América para los Americanos”, doctrina que se orientaba a proteger a los Estados del Nuevo Mundo contra la intervención europea, y se constituía en una forma de intervención de los EE.UU en América Latina y el Caribe. La Seguridad Cooperativa, es un nuevo modelo de seguridad que tiene sus orígenes en la permanente búsqueda del hombre por lograr concebir un sistema

internacional que garantice la seguridad de los Estados Naciones en sus relaciones con el resto de los actores internacionales. La Seguridad Cooperativa busca alcanzar la seguridad por medio del consentimiento institucionalizado entre los actores internacionales involucrados en el sistema, en lugar de que entre ellos se utilice la amenaza o uso de la fuerza coercitiva para subsanar sus diferencias. Supone que los objetivos de seguridad de los socios han sido identificados como comunes y compatibles, pudiéndose establecer relaciones de cooperación entre ellos para alcanzarlos. La Seguridad Cooperativa emplea varios mecanismos, estrategias y procedimientos para cumplir sus propósitos de prevenir conflictos como: la cooperación en diferentes ámbitos, las Medidas de Confianza Mutua, la Diplomacia Preventiva, la limitación y transparencia en los gastos militares, el compromiso de no utilizar la fuerza para resolver los conflictos, es decir, tiene una naturaleza preactiva y preventiva, buscando en todo momento que la escalada del conflicto dentro de su espectro no llegue a la crisis, diferenciándose de esta manera de la forma reactiva y no anticipativa en el que se basa la seguridad colectiva. 15

Plan Nacional de Seguridad Integral

ÁMBITOS DE LA SEGURIDAD CON ENFOQUE INTEGRAL GRÁFICO 1

Justicia y Seguridad Ciudadana

Relaciones Internacionales y Defensa

Ciencia y Tecnología

SEGURIDAD INTEGRAL

Ambiente y Gestión de Riesgos

Democracia y Gobernabilidad

Justicia Social y Desarrollo Humano

1.- JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA El ámbito de Justicia y Seguridad Ciudadana contiene dos esferas fundamentales para la Seguridad con enfoque integral. La primera está orientada a garantizar la justicia oportuna, independiente y de calidad para todas las personas en el Ecuador, acompañada por la 16

promoción de la paz social, la plena vigencia de los Derechos Humanos, la garantía del libre ejercicio de cultos, y el mejoramiento del sistema de rehabilitación social.

La segunda, centrada en la seguridad ciudadana y el orden público, la cual constituye una política de Estado destinada a fortalecer y modernizar los mecanismos necesarios para garantizar los derechos humanos, una vida libre de violencia y criminalidad, la disminución de los niveles de inseguridad y delincuencia, la protección a las víctimas del delito, un ambiente de orden y paz social y el mejoramientode la calidad de vida de todos los habitantes de nuestro país. Un elemento vital pero invisibilizado en el ámbito de la problemática de la Seguridad Ciudadana, constituye la inseguridad vial, considerando que los acci-

dentes de tránsito constituyen una de las principales causas de muerte, ya que supera los porcentajes de homicidios y asesinatos en el país. El Plan Nacional de Seguridad Integral incorpora estrategias para revertir esta grave situación y construir una cultura de Seguridad Vial, mediante un conjunto de acciones continuas que intervienen de forma permanente en el comportamiento de los usuarios de la red vial nacional, y sobre los medios relacionados a la circulación vehicular, con la finalidad de prevenir y disminuir el número de accidentes de tránsito, así como mitigar sus consecuencias.

GRÁFICO 2

Derechos Humanos

Paz social

Justicia oportuna

Libre de violencia Disminución de la delincuencia

JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

Seguridad Vial

Plan Nacional de Seguridad Integral

2.- RELACIONES INTERNACIONALES Y DEFENSA El respeto del Derecho Internacional es fundamental; la diplomacia ejerce un papel preponderante en la aplicación de los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Ecuador. En tal sentido, la Defensa es un deber irrenunciable y permanente del Estado. Ambos son componentes de la Seguridad con Enfoque Integral que garantizan la paz, la soberanía y la integridad territorial, el derecho y libertades de las personas, y priorizan la cooperación e integración regional Sur-Sur. En tal virtud, la política exterior y la política de defensa, requieren estrechos vínculos, ya que en ellas se expresan los objetivos del Estado en estricto apego a las normas del Derecho Internacional.

La tradición pacífica ha caracterizado al Ecuador en la búsqueda de soluciones conciliadoras a todo tipo de controversia, no obstante, frente a una eventual imposibilidad de alcanzar una solución pacífica negociada, el Estado cuenta con la suficiente capacidad para proteger a su población y sus recursos estratégicos. No se debe descartar la presencia y las acciones de actores no estatales que pudieran convertirse en amenaza e inestabilidad para la Seguridad del Estado.

En el escenario mundial, continental, regional, subregional y vecinal, la soberanía nacional y la integridad territorial se expresan en el respeto a las áreas tangibles e intangibles de las que un Estado es dueño o ejerce influencia frente a agentes externos. Este respeto se basa en la confianza que debe existir entre estados, y en la capacidad que cada uno tiene para protegerlo. Dentro de este marco, se establece al ser humano como el principal sujeto de protección.

• Soberanía e integridad territorial;

Las Relaciones Internacionales y la Defensa, deben actuar e intervenir de manera coordinada y estrecha en los siguientes campos:

• Cooperación e integración regional e intraregional, en el marco de las relaciones multilaterales, bilaterales y vecinales; • Movilidad humana, misiones de paz y de asistencia humanitaria; y, • Protección de espacios terrestre, continental e insular, acuático, aeroespacial, plataforma submarina, Antártida, órbita sincrónica geoestacionaria, y otros.

Ámbitos de la seguridad con Enfoque Integral

GRÁFICO 3

Integridad territorial Política exterior

Paz

Soberanía

RELACIONES INTERNACIONALES Y DEFENSA

Recursos estratégicos

3. DEMOCRACIA Y GOBERNABILIDAD La profundización de la democracia garantiza tanto el acceso real y efectivo de la ciudadanía a los procesos sociales y políticos del Estado, como a las instituciones y mecanismos de participación ciudadana, base para alcanzar la representación efectiva de los y las mandantes. Este mecanismo de legitimación consolida la Seguridad con Enfoque Integral y el

Buen Vivir, la continuidad democrática y la estabilidad del Estado. Esto se logra con el acercamiento del Estado a la ciudadanía, con la desconcentración de funciones, y con los procesos de descentralización que gracias a la Constitución de la República, han sido profundizados en las competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs).

Plan Nacional de Seguridad Integral

GRÁFICO 4

Construcción de institucionalidad

Régimen democrático

DEMOCRACIA Y GOBERNABILIDAD

Participación

4. JUSTICIA SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO Este ámbito se encamina a la construcción de las condiciones necesarias de una sociedad en igualdad de derechos y oportunidades, donde la redistribución de las riquezas sea equitativa y permita disminuir la brecha económica y social, a través de programas de gobierno que incidan en la economía y garanticen el desarrollo humano y un entorno seguro.

La paz y el desarrollo son elementos constitutivos de la Seguridad con Enfoque Integral y aluden directamente al Buen Vivir en todas las facetas de las personas, en vista de que se vincula con la creación de las condiciones para satisfacer sus necesidades materiales, sicológicas, sociales y ecológicas. Dicho de otra manera, tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades y potencialidades de los individuos y de las colectividades, en su afán por satisfacer sus necesidades y construir un proyecto de vida común.

Ámbitos de la seguridad con Enfoque Integral

GRÁFICO 5

Población de frontera

Recursos naturales

Asistencia humanitaria

Infraestructura

Paz y desarrollo

JUSTICIA SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

Soberanía

5.- AMBIENTAL Y GESTIÓN DE RIESGOS Alrededor del mundo existe una creciente preocupación en los ámbitos social, económico y político sobre los efectos del deterioro ambiental. Es responsabilidad de los Estados buscar modelos de desarrollo, que propongan el uso racional y equilibrado de los recursos naturales, para garantizar la soberanía alimentaria y condiciones de vida más seguras. De este modo, se busca garantizar y proteger permanentemente y de manera paralela los espacios terrestre, marítimo, aéreo y la órbita sincrónica geoestacionaria, así como la integridad del ser humano

y la naturaleza, ambos sujetos de derechos por igual, a partir de este reconocimiento en la Constitución de Montecristi. En este sentido, la ciencia y la investigación son herramientas fundamentales para el desarrollo de modelos de prevención, mitigación y remediación, orientados hacia la reducción de riesgos y amenazas. Al mismo tiempo, es indispensable organizar la respuesta humanitaria y asegurar que los procesos de reconstrucción contemplen el componente preventivo.

Plan Nacional de Seguridad Integral

GRÁFICO 6

Derechos de la naturaleza

Transversal

Soberanía alimentaria

AMBIENTAL Y GESTIÓN DE RIESGOS

Prevención, la mitigación, reparación y propuesta

6.- CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO La Sociedad de la Información, el Conocimiento y la Comunicación, se caracteriza por la intervención de nuevas tecnologías en todos los órdenes de la humanidad, esto define nuevos roles de las personas en los procesos de relación interpersonal y este fenómeno modifica la dinámica de las relaciones entre países, en lo comunicativo, social, político y económico.

La seguridad no puede estar distanciada del uso de las nuevas tecnologías que permitan al Estado ecuatoriano proteger de manera integral a sus ciudadanas y ciudadanos, así como el patrimonio nacional. A la vez, es importante tomar en cuenta que en los nuevos entornos producidos por las tecnologías, se pueden desarrollar nuevas formas de amenaza.

Ámbitos de la seguridad con Enfoque Integral

Es primordial desarrollar sistemas integrados de investigación y producción científica y tecnológica, con el propósito de potenciar las capacidades, habilidades y experticias de las y los profesionales, de esta manera se logrará mayores grados de autonomía del país y la disminución de la dependencia y vulnerabilidad a fin de propiciar un entorno más seguro, puesto que la dependencia externa y los imperios tecnológicos generan inseguridad y vulneran los intereses nacionales.

La formación y capacitación especializada de hombres y mujeres permitirá la democratización del acceso a las nuevas tecnologías de la información a fin de disminuir la brecha tecnológica. De igual manera, es indispensable desarrollar condiciones tendientes a la producción nacional de ciencia y tecnología e implementar sistemas de seguridad electrónica y tecnológica, así como propiciar mecanismos de cooperación regional para la transferencia de tecnología.

GRÁFICO 7

Especialización del talento humano

Investigación científica y tecnológica

CIENTíFICA Y TECNOLÓGICA

Industria de la Defensa

Plan Nacional de Seguridad Integral

III

MARCO NORMATIVO Y DE PLANIFICACIÓN

a Seguridad con Enfoque Integral articula seis ámbitos, que se relacionan con las instituciones dedicadas a ejecutar políticas y planes encaminados a dar cumplimiento a sus respectivas misiones, dentro del marco jurídico vigente, con enfoque humano y proyección nacional, en permanente contacto con la región y los organismos multilaterales. El Estado tiene la tarea de impulsar los procesos relativos a la Seguridad, mientras que el sector privado y comunitario, debe vincularse a los

mecanismos de seguimiento y control social, mediante una participación activa y responsable. Para este propósito el Ministerio de Coordinación de Seguridad, es la entidad encargada de velar por la aplicación del Plan Nacional de Seguridad Integral, junto con sus instituciones coordinadas: los Ministerios del Interior, de Defensa Nacional, de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, y de Justicia, Derechos Humanos y Cultos; las Secretarías Nacionales de Inteligencia, y de Gestión de Riesgos y la Secretaría Técnica Plan Ecuador.

Base legal Constitución de la República del Ecuador “Son deberes primordiales del Estado: 2. Garantizar y defender la soberanía nacional.

Art. 3.-

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción.”

Art. 5.-

El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. “Se reconoce y garantizará a las personas: 3. El derecho a la integridad personal, que incluye: a) La integridad física, psíquica, moral y sexual.

Art. 66.-

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual.”

Plan Nacional de Seguridad Integral

Art. 83.-

“Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 4. Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad.”

Art. 95.-

“Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria.” En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos. La participación en estas instancias se ejerce para: Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la Ciudadanía.

Art. 100.-

Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control social. 5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación. Para el ejercicio de esta participación se organizarán audiencias públicas, veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios y las demás instancias que promueva la ciudadanía.

Marco Normativo y de Planificación

Son atribuciones y deberes de la Presidenta o Presidente de la República, además de los que determine la ley:

Art. 147.-

16. Ejercer la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y designar a los integrantes del alto mando militar y policial. 17. Velar por el mantenimiento de la soberanía, de la independencia del Estado, del orden interno y de la seguridad pública, y ejercer la dirección política de la defensa nacional. “Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial.

Art. 158.-

La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. “Las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se formarán bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos, y respetarán la dignidad y los derechos de las personas sin discriminación alguna y con apego irrestricto al ordenamiento jurídico.” “La Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional.”

Art. 163.-

“Los miembros de la Policía Nacional tendrán una formación basada en derechos humanos, investigación especializada, prevención, control y prevención del delito y utilización de medios de disuasión y conciliación como alternativas al uso de la fuerza.” “Para el desarrollo de sus tareas la Policía Nacional coordinará sus funciones con los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados.”

Plan Nacional de Seguridad Integral

“El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo.”

Art. 340.-

“El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación.” “El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte.”

Art. 389.-

“El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad.”

Art. 393.-

“El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno.”

Leyes Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización Esta norma simplifica y contiene en un solo cuerpo legal las distintas leyes que regulan esta materia, entre otras, las Leyes Orgánicas de Régimen Municipal, de Régimen Provincial y de Juntas Parroquiales, la ley de Descentralización, la ley de distribución del quince por ciento y un conjunto de alrededor de otras doce leyes que establecían preasignaciones del presupuesto del Estado a favor de los gobiernos autónomos descentralizados. El Código desarrolla la organización territorial definida en la Constitución, que comprende regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. Para cada una de estas unidades territoriales define requisitos de creación, regula la fusión de cantones y de parroquias, y norma el detalle de la conformación de regiones a partir de provincias. Esta normativa otorga competencias específicas relacionadas con la seguridad ciudadana:

Marco Normativo y de Planificación

“Competencias Específicas.- Los Gobiernos Municipales ejercen competencias específicas sobre las siguientes materias, además de lo que le atribuye la Constitución y la ley:

Art. 53.-

b) Construcción, mantenimiento, aseo, embellecimiento y reglamentación del uso de caminos, calles, parques, plazas y demás espacios públicos; q) Colaborar y coordinar con la Policía Nacional, la protección, seguridad y convivencia ciudadana; Sectores Privativos.- Son aquellos en los que, por su naturaleza, todas las competencias y facultades corresponden exclusivamente al Gobierno Central, y no son descentralizables.

Art. 109.-

Art. 143.-

Son sectores privativos la defensa nacional; la protección interna y el orden público; las relaciones internacionales; la política económica, tributaria, aduanera, arancelaria, fiscal, monetaria; de comercio exterior; y de endeudamiento.

Ejercicio de la Competencia de Socorro y Extinción de Incendios.- La gestión de los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, que de acuerdo con la Constitución, corresponde a los Gobiernos Municipales, se ejercerá con sujeción a la ley que regule la materia y a las políticas que para el efecto emita la autoridad del Sistema Nacional Descentralizado de Riesgos. Para tal efecto, los cuerpos de bomberos del país se integrarán a la estructura administrativa del Gobierno Municipal correspondiente.”

Ley Orgánica de la Policía Nacional “Son funciones específicas de la Policía Nacional: Mantener la paz, el orden y la seguridad pública;

Art. 4.-

Prevenir la comisión de delitos y participar en la investigación de las infracciones comunes utilizando os medios autorizados por la Ley, con el fin de asegurar una convivencia pacífica de los habitantes del territorio nacional”.

Plan Nacional de Seguridad Integral

Ley de Seguridad Pública y del Estado

Art. 1.-

Del objeto de la ley.- “La presente ley tiene por objeto regular la seguridad integral del Estado democrático de derechos y justicia y todos los habitantes del Ecuador, garantizando el orden público, la convivencia, la paz y el buen vivir, en el marco de sus derechos y deberes como personas naturales y jurídicas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, asegurando la defensa nacional, previniendo los riesgos y amenazas de todo orden, a través del Sistema de Seguridad Pública y del Estado. El Estado protegerá a las ecuatorianas y a los ecuatorianos que residan o estén domiciliados en el exterior, conforme lo previsto en la Constitución de la República, los tratados internacionales y la ley.”

Art. 3.-

“De la garantía de seguridad pública.- Es deber del Estado promover y garantizar la seguridad de todos los habitantes, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos del Ecuador, y de la estructura del Estado, a través del Sistema de Seguridad Pública y del Estado, responsable de la seguridad pública y del Estado con el fin de coadyuvar al bienestar colectivo, al desarrollo integral, al ejercicio pleno de los derechos humanos y de los derechos y garantías constitucionales.”

Art. 9.-

“Del Ministerio de Coordinación de Seguridad o quien haga sus veces.- El Ministerio de Coordinación de Seguridad o quien haga sus veces, es el responsable de la elaboración de las políticas públicas, la planificación integral y la coordinación de los organismos que conforman el Sistema de Seguridad Pública y del Estado, así como también el seguimiento y evaluación de las acciones aprobadas en materia de seguridad”. “De la seguridad ciudadana.- La seguridad ciudadana es una política de Estado, destinada a fortalecer y modernizar los mecanismos necesarios para garantizar los derechos humanos, en especial el derecho a una vida libre de violencia y criminalidad, la disminución de los niveles de delincuencia, la protección de víctimas y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes del Ecuador.

Art. 23.-

Con el fin de lograr la solidaridad y la reconstitución del tejido social, se orientará a la creación de adecuadas condiciones de prevención y control de la delincuencia; del crimen organizado; del secuestro, de la trata de personas; del contrabando; del coyoterismo; del narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de órganos y de cualquier otro tipo de delito; de la violencia social; y, de la violación a los derechos humanos. Se privilegiarán medidas preventivas y de servicio a la ciudadanía, registro y acceso a información, la ejecución de programas ciudadanos de prevención del delito y de erradicación de violencia de cualquier tipo, mejora de la relación entre la policía y la comunidad, la provisión y medición de la calidad en cada uno de los servicios, mecanismos de vigilancia, auxilio y respuesta, equipamiento tecnológico que permita a las instituciones vigilar, controlar, auxiliar e investigar los eventos que se producen y que amenazan la ciudadanía.”

Marco Normativo y de Planificación

Art. 45.-

“De la Participación ciudadana.- La ciudadanía podrá ejercer su derecho de participación en el Sistema de Seguridad Pública, de conformidad con lo prescrito en la Constitución, las normas legales de participación ciudadana y control social, de modo individual u organizado, en los procesos de definición de las políticas públicas y acciones de planificación, evaluación y control para los fines de la presente ley… Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y ecuatorianos colaborar con el mantenimiento de la paz y la seguridad”.

Ley Orgánica de la Defensa Nacional Las Fuerzas Armadas, como parte de la fuerza pública, tienen la siguiente misión: a) Conservar la soberanía nacional; b) Defender la integridad, la unidad e independencia del Estado; y,

Art. 2.-

c) Garantizar el ordenamiento jurídico y democrático del estado social de derecho. Además, colaborar con el desarrollo social y económico del país; podrán participar en actividades económicas relacionadas exclusivamente con la defensa nacional; e, intervenir en los demás aspectos concernientes a la seguridad nacional, de acuerdo con la ley.

Acuerdo Ministerial No. 1845 Para normar la organización, capacitación y funcionamiento de las brigadas barriales de seguridad ciudadana, a fin de reconocer, impulsar y promover el ejercicio de la participación popular como un elemento fundamental para articular planes y programas preventivos en materia de seguridad ciudadana, bajo la dirección y control de las gobernaciones en provincias y del Viceministerio de Seguridad Interna en la provincia de Pichincha, en el marco de los lineamientos y directrices emitidas por el Ministerio del Interior.

Plan Nacional de Seguridad Integral

Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 -2013

Plan Nacional para el Buen Vivir

Objetivo 1:

Auspiciar la igualdad, la cohesión, y la integración social y territorial en la diversidad.

Objetivo 2:

Mejorar las capacidades y potencialidades de la población.

Objetivo 3:

Mejorar la calidad de vida de la población.

Objetivo 4:

Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable.

Objetivo 5:

Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana.

Objetivo 6:

Garantizar el trabajo estable, justo y digno, en su diversidad de formas.

Objetivo 7:

Construir y fortalecer espacios públicos interculturales y de encuentro común.

Objetivo 8:

Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas la plurinacionalidad y la interculturalidad.

Objetivo 9:

Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia.

Objetivo 10:

Garantizar el acceso a la participación pública y política.

Objetivo 11:

Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible.

Objetivo 12:

Construir un Estado Democrático para el Buen Vivir.

SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL ESTADO

na vez aprobada la Constitución de 2008, la tradicional concepción de Seguridad Nacional sufrió una transformación paradigmática bajo una nueva dimensión humana-integral, como respuesta al mandato ciudadano de un Estado que garantiza los derechos del ser humano y la naturaleza. Ello ha significado un gran reto para las instituciones del sector que han debido enfrentar los nuevos y dinámicos escenarios de la seguridad y que exigen una reinstitucionalización estructural y funcional y un modelo de planificación articulado a los objetivos de la Ley de Seguridad Pública y del Estado y al Plan del Nacional del Buen Vivir. El cambio compromete la profunda transformación de las instituciones que integran el sector seguridad, con el fin de articular un sistema integrado, coordinado, democrático, respetuoso de los derechos humanos, inclusivo y participativo como expresión del cambio real del paradigma “securitista” neoliberal.

A partir de su promulgación en 2009, la Ley de Seguridad Pública y del Estado consagró la Seguridad con un nuevo enfoque, a partir de lo cual se marcan hitos históricos como la existencia de una política constitucional de carácter transversal sobre gestión de riesgos y un nuevo sistema de inteligencia que responda a una política de Estado institucionalizando su conducción democrática y que responda a los nuevos escenarios de la seguridad, a la democracia y procesos transparentes; asimismo, queda establecida una misión claramente identificada para las instituciones que conformarn el sectorr con lineas de acción coordinadas sistémicamente. Ésta se resume en el combate a las amenazas de la delincuencia común, la violencia en todas sus manifestaciones y el crimen organizado transnacional, así como el redimensionamiento de la soberanía nacional y la integridad territorial del Ecuador. Con estos cambios conceptuales e institucionales, se establece el presente Sistema de Seguridad:

Plan Nacional de Seguridad Integral

Estructura del Sistema de Seguridad Pública y del Estado

SECTOR SEGURIDAD

Presidencia de la República

Órganos asesores

Consejo de Seguridad Pública y del Estado

Secretaría Nacional de Inteligencia

Ministerio de coordinación de Seguridad

Dirección Nacional de Movilización

ORGANOS EJECUTORES Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración Secretaría técnica de Plan Ecuador

Ministerio de Defensa Nacional

Fuerzas Armadas

En esta nueva estructura, el Ministerio de Coordinación de Seguridad asumió la Secretaría del máximo organismo del Estado en materia de seguridad, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE), que tiene carácter consultivo y asesor para diseñar los planes, políticas, y estrategias en materia de Seguridad, con la asesoría de la Secretaría Nacional

Ministerio del Interior

Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos

Policía Nacional

Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos Agencia Nacional de Tránsito

de Inteligencia. En el seno del COSEPE, el Presidente de la República podrá disponer la participación de cualquier ciudadana o ciudadano, a título personal o como representante de instituciones públicas o privadas, garantizando así la universalización de la Seguridad y la necesaria participación ciudadana.

Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Estado

Por mandato legal el COSEPE se encuentra conformado por: • El Presidente de la República, quien preside el COSEPE;

• Ministro de Defensa Nacional;

• Vicepresidente de la República;

• Ministro de Relaciones Exteriores,Comercio e Integración;

• Ministro del Interior;

• Presidente de la Asamblea Nacional; • Presidente de la Corte Nacional de Justicia;

• Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; y,

• Ministro de Coordinación de Seguridad;

• Comandante General de la Policía Nacional.

Las instituciones que conforman el sector seguridad son las siguientes: Ministerio de Coordinación de Seguridad: El Ministerio de Coordinación de Seguridad (MICS) es la institución rectora del sector y, por lo tanto, tiene la competencia de: coordinar, elaborar, controlar evaluar y dar seguimiento de las políticas, planes y programas de Seguridad Integral en sus instituciones coordinadas. En cumplimiento de sus funciones, ejerce la Secretaría del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE), organismo que determina las políticas públicas en la materia, y que se encuentra conformado por todas las instituciones del sector. La tarea de coordinación del MICS es fundamental para el buen funcionamiento y efectivo cumplimiento de los lineamientos para la Seguridad del Estado, plasmados en objetivos, políticas y estrategias en el Plan Nacional de Seguridad Integral (PNSI), instrumento base de rectoría para el desarrollo del sector, en beneficio del ser humano y del Estado, en todos sus ámbitos y niveles. Sus funciones no se limitan a la coordinación de las políticas de Estado en materia de Seguridad con las instituciones públicas de todo orden, sino que incluyen también a los sectores privado y comunitario. La participación ciudadana, individual y colectiva, la organización barrial, y los programas educativos iniciales y especializados, las escuelas y las universidades, son parte esencial de la Seguridad con Enfoque Integral.

Plan Nacional de Seguridad Integral

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración; El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración (MRECI) debe asegurar, en las relaciones bilaterales y multilaterales, la independencia e igualdad jurídica de los Estados, la convivencia pacífica y la autodeterminación de los pueblos, elementos fundamentales para la seguridad externa. Esta institución tiene como uno de sus ejes estratégicos la promoción de la paz, la seguridad y el desarme mundial. La política exterior ecuatoriana promueve la multipolaridad para construir un mundo más seguro, especialmente impulsando la reinstitucionalización de las Naciones Unidas, para que esta Organización no responda únicamente a los intereses de unas pocas potencias; promoviendo el fortalecimiento de UNASUR y la construcción de la CELAC, como espacios exclusivamente latinoamericanos y caribeños de integración, sin interferencia de potencias extranjeras; y el fortalecimiento de alianzas políticas estratégicas como el ALBA. Todas estas constituyen estrategias centrales de la política exterior para una mayor seguridad del Estado ecuatoriano. El MRECI ejecuta acciones para alcanzar el Buen Vivir garantizando la seguridad económica financiera y la democratización de los organismos financieros internacionales, como acuerdos y compromisos internacionales relacionados con la soberanía energética, la soberanía alimentaria, la soberanía del conocimiento y la agenda internacional del medio ambiente y del cambio climático.

Ministerio de Defensa Nacional El Ministerio de Defensa Nacional (MIDENA) es el encargado de garantizar la defensa de la soberanía del Estado y la integridad territorial. La ejecución de acciones tendientes a cumplir esta misión fundamental le corresponde a las Fuerzas Armadas. El MIDENA es un organismo político-administrativo; cumple la labor de diseñar y emitir políticas para la defensa y administración de las Fuerzas Armadas y ejecuta planes, programas y proyectos a fin de garantizar el mantenimiento de la soberanía e integridad territorial, así como de apoyar al desarrollo nacional. Las FFAA asumen nuevos roles y tareas relacionadas con la Seguridad con Enfoque Integral para prevenir y enfrentar las nuevas amenazas, mediante acciones concretas en: apoyo en Seguridad Interna y Orden Público, colaboración en la gestión de riesgos y desastres, asistencia en Operaciones de Paz y Ayuda Humanitaria, defensa y protección del medioambiente y patrimonio natural, participación en misiones de ayuda social, entre otras.

Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Estado

Ministerio del Interior El Ministerio del Interior tiene la misión de: formular, ejecutar y evaluar la política pública para garantizar la seguridad interna y gobernabilidad del Estado, en el marco del respeto a los derechos humanos, la democracia y la participación ciudadana. Tiene entre sus objetivos, garantizar la seguridad interna y la gobernabilidad democrática del Estado, fortalecer el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución, evitando la discriminación de las personas, la impunidad y la corrupción. Además, velar por la cultura de paz, el mantenimiento del régimen democrático, el irrestricto respeto a la Constitución y a los Derechos Humanos y garantizar la Seguridad Ciudadana y el orden público. En el marco de transformación estructural del Estado, el Ministerio del Interior asume la representación legal, judicial y extrajudicial de la Policía Nacional, descargando de tareas administrativas a esta institución netamente operativa. Se incluye un componente civil para fortalecer los proceso de investigación del delito con profesionales especializados en diferentes ramas. La modernización y reestructuración policial incluye una Policía de carácter preventivo y de cercanía con la comunidad, que se complementa con la nueva territorialización y distritalización que permite un marco de acción local.

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (MJDHC) tiene como misión velar por el acceso a una justicia oportuna, independiente y de calidad, promover la paz social, la plena vigencia de los Derechos Humanos, la regulación y el libre ejercicio de Cultos, mejorar la rehabilitación y reinserción social, mediante normas, políticas, programas y acciones coordinadas con las instituciones relacionadas. Encamina su gestión a consolidar la seguridad jurídica, mediante la propuesta activa de reformas que propicien la transformación integral de la Justicia. Además, se propone garantizar y ampliar el acceso a una justicia transparente, efectiva, ágil y ética, mediante estrategias transversales de mejoramiento del acceso, cobertura y los servicios que prestan las instituciones del sector; así como garantizar la no impunidad y el cumplimiento de los Derechos Humanos, a fin de guiar al país hacia la garantía de la seguridad y derechos de la ciudadanía y la Justicia. En lo que respecta al sistema de rehabilitación social, se procura profesionalizar el modelo de atención integral penitenciario e impulsar políticas que promuevan la rehabilitación integral de las personas privadas de la libertad.

Plan Nacional de Seguridad Integral

Secretaría Nacional de Inteligencia La Secretaría Nacional de Inteligencia como órgano rector del Sistema Nacional de Inteligencia rige el quehacer de la inteligencia, entre otros, para contribuir a garantizar la seguridad pública y del Estado y el Buen Vivir desde acciones de coordinación, supervisión y control de los organismos que conforman el Sistema Nacional de Inteligencia, para proporcionar de manera simultánea, oportuna y fluida inteligencia estratégica, orientada a optimizar decisiones en los distintos niveles del estado para una óptima conducción estatal en base a la identificación de amenazas y riesgos, pero también de oportunidades para el desarrollo del Estado. Estos aspectos de fortalecimiento de la institucionalización del Sistema Nacional de Inteligencia, entre otros, aparecen tanto en la Agenda como en el Plan Nacional de Inteligencia. En el Sector Seguridad, la SENAIN, para garantizar la transversalidad de la inteligencia, está consolidando el Subsistema de Información del Sector Público, para institucionalizar un flujo permanente y oportuno por parte de las instituciones, organismos o entidades del ámbito interno y externo que produzcan o tengan en su haber información significativa de los diferentes campos y esferas de actuación del Estado para los fines de conducción.

Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) lidera el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, que tiene como objetivo garantizar la protección de personas y colectividades ante los efectos negativos de desastres de origen natural o provocados por el ser humano. Cumple sus fines mediante la generación de políticas, estrategias y normas que promuevan capacidades orientadas a identificar, analizar, prevenir y mitigar riesgos, a fin de enfrentar y manejar eventos de desastre, así como para recuperar y reconstruir las condiciones sociales, económicas y ambientales afectadas. La Seguridad con Enfoque Integral procura un desarrollo sostenido, con acciones que buscan reducir los riesgos. Esta es una condición indispensable para que los beneficios de las inversiones hechas por los sectores público, privado y comunitario puedan generarse sostenidamente, garantizando la integridad y renovación constante de la naturaleza. La gestión de riesgos es condición necesaria para un desarrollo seguro y sustentable.

Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Estado

Secretaría Técnica del Plan Ecuador La Secretaría Técnica del Plan Ecuador fue creada como una política de Estado orientada a mitigar los efectos del Plan Colombia y fortalecer la presencia del Estado en la frontera norte del país. Se enfoca en alcanzar la paz y el desarrollo integral, a través de planificación, priorización y ejecución de planes, programas y proyectos que se enmarquen en los ejes de intervención identificados como emergentes; y la coordinación interinstitucional entre organismos gubernamentales y no gubernamentales.

Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial (ANT) tiene como misión brindar y garantizar la segura movilidad terrestre en el territorio nacional, mediante la implementación de servicios de calidad, contribuyendo al desarrollo humano y socio-económico del país y en preservación del medio ambiente. Se encarga de regular, planificar y controlar el transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial, contribuyendo al desarrollo equilibrado de la movilidad, fomentando la creación de un entorno que garantice la calidad y seguridad del desplazamiento de las personas y bienes que transitan en la red vial nacional para, de esta manera, fortalecer la efectiva implementación el Plan Nacional de Seguridad Integral.

Plan Nacional de Seguridad Integral

DIAGNÓSTICO

La Ley de Seguridad Pública y del Estado dispone la elaboración de un Plan Nacional de Seguridad Integral que diseñe objetivos, políticas planes y estrategias que contemple articular los esfuerzos de las instituciones del sector, en su competencia de rectoría para las políticas públicas en la materia. Este trabajo, plasmado en el presente documento, marca un cambio de época en la historia de la seguridad en el país, partiendo del diagnóstico de la Seguridad en el Ecuador. El diagnóstico de Seguridad del Estado ecuatoriano es un estudio que permite identificar la presencia e impacto de las distintas amenazas, al igual que los diferentes problemas de inseguridad como la delincuencia y la violencia en todas sus manifestaciones, los niveles de riesgo y vulnerabilidad del Estado, así como las oportunidades que puedan influir positivamente en la seguridad. De igual forma, permite ubicar las áreas de mayor sensibilidad, los posibles escenarios de siniestros; determinar las frecuencias de ocurrencia y la severidad de un suceso o hecho violento, a fin de adoptar las medidas permanentes para su prevención, solución o remediación. 42

El diagnóstico se basa en el proceso de búsqueda, recolección, análisis e interpretación de información respecto de la realidad social de un determinado foco de atención, cuyo objetivo es entregar los antecedentes necesarios para el diseño de políticas y estrategias de intervención que permitan dar solución o mitigar un problema de inseguridad.

Consideraciones Técnicas para la elaboración del Diagnóstico de Seguridad La actualidad marca una nueva etapa democrática, que se determinó con el fin del conflicto Este - Oeste, y dio solución al centenario problema limítrofe con el Perú. Dentro de este contexto se evidencia un nuevo escenario geoestratégico, donde es imperativo reconceptualizar la Seguridad del Estado, transformando la doctrina de seguridad y defensa; así como reestructurar los aparatos de seguridad que rigieron durante el período de la Guerra Fría. Considerando que la Doctrina de Seguridad Nacional tradicional ha sido superada, a partir de lo resuelto por los 34 países del continente en la

“Conferencia especial de seguridad” realizada en México en octubre del 2003, se hace necesario debatir y adaptar el nuevo concepto de Seguridad del Estado a la realidad del Ecuador y al nuevo contexto internacional. Este nuevo concepto debe incluir los nuevos principios como: la prevención de los conflictos, la transparencia en el gasto militar, las medidas de confianza mutua entre los países, el carácter no ofensivo de las doctrinas militares, el respeto a los Derechos Humanos, el control civil hacia la Fuerza Pública, la prohibición de intervenir en asuntos políticos, el respeto a la Constitución, las leyes y la cooperación e interdependencia. Lo más relevante de la Conferencia de México 2003, es que desmilitariza el concepto de la seguridad, tras señalar que las amenazas ya no son únicamente militares, sino multidimensionales; es decir, que abarcan las nuevas amenazas tales como el

narcotráfico, la delincuencia transnacional organizada, el terrorismo, las enfermedades infecto-contagiosas, la inseguridad ciudadana, los desastres naturales, los problemas ambientales, entre otras. De igual manera, cabe destacar que la interdependencia que rige actualmente las relaciones internacionales, lo que se constituye en un factor que obliga a diseñar y gestionar agendas de seguridad coordinadas y vinculadas con compromisos internacionales asumidos en los diferentes foros y organismos del que son parte. Así, no se puede dejar de lado los Acuerdos, Convenciones, Convenios y otros compromisos suscritos sobre la materia, ya sea en la ONU, en la OEA, en las Conferencias de Ministros de Defensa, en el Grupo de Río, en la UNASUR, en el Tratado de Cooperación Amazónico, e inclusive en los Instrumentos Bilaterales oficiales.

Plan Nacional de Seguridad Integral

En este contexto, el Ecuador impulsa decididamente el proceso de integración de la Unión de Naciones Sudamericanas UNASUR, que surge de la aspiración de varios países y jefes de gobierno que anhelan la integración regional, conscientes que el multilateralismo y la cooperación interregional son vías para el desarrollo de los pueblos, que obliga construir acuerdos, generar espacios de integración y concertación, buscar que las naciones trabajen coordinadamente, que se implementen medidas de confianza mutua, que haya una misma convergencia política, para que América del Sur se levante ante el mundo con una voz de unidad.

pias prioridades; ya que el terrorismo, por ejemplo, si bien es una prioridad para Estados Unidos, para Ecuador no lo es.

De igual manera el ALBA (Alternativa Bolivariana de las Américas) es el espacio de encuentro de los pueblos y gobiernos que entienden que la América Latina Caribeña conforma una Gran Nación, que los países deben unirse para enfrentar conjuntamente los desafíos del presente y del futuro. El ALBA, es la alianza política estratégica que tiene el propósito histórico fundamental de unir las capacidades y fortalezas de los países que la integran, en la perspectiva de producir las transformaciones estructurales y el sistema de relaciones necesarias para alcanzar el desarrollo integral requerido para la continuidad de nuestra existencia como naciones soberanas y justas.

• La extrema pobreza, la inequidad y la exclusión social

Las nuevas amenazas a la seguridad humana que se debaten hoy en los diferentes foros internacionales de seguridad, afectan de una u otra manera a los países. No obstante, cada país tiene sus pro-

La concepción de las amenazas también puede responder a intereses y subjetividades de las grandes potencias, lo que puede transformarse en un mecanismo de intervención en asuntos internos de los Estados, como se ha visto en innumerables casos en América Latina y el mundo. En Ecuador, se pueden identificar varias de las llamadas nuevas amenazas o amenazas emergentes, las cuales deberán ser prevenidas o enfrentadas.

• Los desastres naturales o provocados • Los problemas del medio ambiente • Las enfermedades infectocontagiosas • Los conflictos de identidad: étnica, religiosa, cultural y regional • El comercio y transporte de materiales peligrosos • Los efectos negativos del conflicto colombiano • La inseguridad ciudadana • Las migraciones descontroladas • La escasez de recursos

Diagnóstico

• La posibilidad de conflictos interestatales • La delincuencia transnacional organizada. • La conspiración política para desestabilizar y/o derrocar al gobierno legítimo. Merece especial atención la amenaza de los delitos considerados como delincuencia organizada transnacional. Dentro de estos delitos tenemos: • El narcotráfico y sus delitos conexos • La legitimación de activos (lavado de dinero) • El contrabando de armas, municiones, explosivos y otros materiales • El tráfico y trata de seres humanos para diferentes fines • El tráfico de combustibles • El tráfico de patrimonio cultural y natural • El secuestro y la extorsión El crimen transnacional organizado de Acuerdo a la Convención de Palermo de Naciones Unidas para la Lucha Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, constituye un emprendimiento de carácter económico llevado a cabo por un grupo estructurado de personas que actúan concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves, a efectos de obtener beneficios de carácter económico.

En Ecuador no se puede afirmar la presencia extendida del crimen organizado, como es el caso de otros países de la región; sin embargo, algunos delitos relacionados con redes y fenómenos internacionales sí se han incrementado, como es el narcotráfico y sus delitos conexos, que empiezan a evidenciarse en los casos de capturas y desmantelamiento de bandas e instalaciones dedicadas al tráfico de drogas, su procesamiento y otros hechos violentos relacionados con esta actividad ilícita. El narcotráfico es un fenómeno que se ha acrecentado significativamente desde la década de los ochenta a raíz de la implementación de las políticas antidrogas establecidas por Estados Unidos, cuya consecuencia se relaciona con el incremento de la violencia y otros tipos de delitos relacionados. El Ecuador, en particular, se ha transformado en un país de acopio y tránsito de los diferentes tipos de drogas y precursores químicos. La actividad narco delictiva supone un incremento de acciones violentas debido a las disputas entre organizaciones criminales por el control de rutas y mercados. Así mismo, la situación de Ecuador como país dolarizado, facilita las actividades de lavado de dinero. Por otra parte, la proximidad del conflicto colombiano estimula la demanda de armas, explosivos, municiones y otros materiales relacionados, constituyéndose nuestro país en punto de paso y de oferta de estos recursos bélicos que tienen diferentes procedencias.

Plan Nacional de Seguridad Integral

Otro delito de crimen organizado presenta en el país es el tráfico y trata de seres humanos, ya que se han descubierto y desmantelado bandas criminales dedicadas a este ilícito. De igual manera, se ha incrementando el tráfico de combustibles, especialmente gasolina, diesel y gas de uso doméstico hacia Colombia y Perú por la enorme diferencia de precio en esos países. Pese a los esfuerzos del gobierno, este delito no ha sido erradicado por completo. En una menor proporción, pero no menos importante, se han presentado casos de contrabando de obras de arte, artículos culturales y patrimoniales, especies de aves y animales exóticos. En el ámbito interno, es evidente que la inseguridad ciudadana se ha convertido en uno de los principales problemas de la sociedad ecuatoriana, toda vez que la violencia y delincuencia se han incrementado dra-

máticamente en todo el país. La delincuencia común tiene que ver con los delitos contra las personas y delitos contra sus bienes; la violencia a su vez se manifiesta de varias formas: violencia política, violencia económica, violencia social, violencia intrafamiliar, violencia juvenil, violencia en el deporte, entre otras. También se incluyen en el problema de la inseguridad, los altos índices de accidentes de tránsito, el consumo de drogas y alcohol, así como la gran cantidad de personas que portan armas de fuego en su afán de auto protegerse. La violencia y delincuencia constituyen problemas sociales de carácter multicausal y multidimensional, cuyo tratamiento debe trascender el sentido reduccionista del enfoque policial o represivo, hacia una perspectiva de prevención, es decir atacando los factores de riesgo y las causas profundas de la inseguridad.

Diagnóstico

La Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que es posible prevenir la violencia y disminuir sus efectos y define a la prevención como toda acción orientada a evitar que un delito ocurra, promoviendo y fortaleciendo la seguridad no solo a través del sistema formal de justicia criminal, sino también a través de la promoción e implementación de estrategias que involucran a los diferentes sistemas informales de prevención, como son los municipios, los colegios, las instituciones religiosas, los barrios, las ONGs, la empresa privada y la ciudadanía en general. En conclusión, la inseguridad en el Ecuador, está incidiendo negativamente y de manera significativa en la calidad de vida de las personas y es un limitante para el desarrollo del país.

Causas estructurales y factores de riesgo de la violencia y delincuencia Al ser la violencia un fenómeno complejo, multidimensional y multicausal, son las causas y los factores de riesgo que influyen en el comportamiento del incremento de la violencia en el Ecuador.

Causas Estructurales Se conforman y mantienen en el largo plazo, pero su solución no solo es de largo plazo, sino que requiere cambios estructurales a nivel de la sociedad en su conjunto. Son causas cuya solución demandará políticas de desarrollo económico y social de

largo plazo para aliviarlos y disminuir su incidencia. Entre ellas tenemos: • El desempleo y subempleo • La pobreza y el empobrecimiento de un gran sector poblacional • La desigualdad de ingresos • La exclusión social y la marginación • La impunidad • La deserción escolar y la desocupación juvenil • La crisis de valores en la familia • La debilidad y falta de confianza institucional • La delincuencia transnacional organizada • La migración del campo a las ciudades • Hogares disfuncionales por la migración Sin sostener que la pobreza es una causa de la violencia y delincuencia, algunas condiciones de esa situación como el desempleo, el hacinamiento, la falta de oportunidades y la exclusión, incrementan significativamente esa probabilidad.

Factores de riesgo o facilitadores Son aspectos y características del medio social, del entorno físico y del sistema institucional que aumentan la probabilidad de surgimiento u ocurrencia de un delito o un acto violento. 47

Plan Nacional de Seguridad Integral

Factores individuales • El sexo y la edad, ya que existe una mayor incidencia tanto en víctimas como agresores, entre hombres jóvenes, con formas de violencia física y sexual contra las mujeres especialmente. • La inasistencia de niños y jóvenes a escuelas y colegios, lo que ocasiona bajos niveles de educación y tiempo libre no dedicado a actividades positivas. • El abuso físico o psicológico al que son sometidos niños y jóvenes, contribuye a incrementar las posibilidades de conflictos y violencia. • La falta de oportunidades para niños y jóvenes, hace que se dediquen a actividades ilícitas y posteriormente a la delincuencia. • El consumismo producto de la industria cultural que determina las necesidades de la sociedad, en especial de jóvenes que pueden cometer actos delictivos para obtener productos y/o servicios que les otorgue estatus. • El abuso de drogas o alcohol, a más de deteriorar la salud física o mental, crea afectaciones en los entornos sociales, lo cual puede aumentar la posibilidad que ocurran otros delitos relacionados.

Factores del hogar • Bajos ingresos en el hogar pueden provocar que algunos miembros de la familia desvíen sus conductas 48

• hacia actividades fuera de la ley, así como a convertirse en personas violentas. • Historia de violencia intrafamiliar, cuando las parejas riñen o resuelven sus conflictos de manera violenta. • Familias que viven en condiciones de hacinamiento, con padres irresponsables, desempleados, alcohólicos o drogadictos, esto afecta a las relaciones familiares y provoca conductas violentas.

Factores sociales o comunitarios • Falta de espacios de recreación, integración y deporte. • Urbanización y crecimiento urbano no planificado. • Espacios públicos deteriorados y descuidados. • Medios de comunicación que transmiten e inducen a la violencia. • Disponibilidad y fácil acceso a armas de fuego. • Falta de cultura de cumplimiento de la ley.

Factores protectores Son aquellos que previenen, impiden o imponen barreras para la aparición de conductas violentas o delictivas, o disminuyen las posibilidades de su aparición, y que normalmente pueden estar presentes en el barrio, en la ciudad y en todo el país.

Diagnóstico

Entre estos podemos mencionar a los siguientes: • Organización comunitaria, tema clave para desarrollar planes y programas de seguridad ciudadana. No es lo mismo una comunidad con gran tradición de organización, que otra donde prevalece el desorden y la atomización. • Factores institucionales, que tiene que ver con la existencia de una institucionalidad y normatividad para la gestión de la seguridad ciudadana. • Los factores económicos se refieren a los recursos que el estado central, los gobiernos locales y las instituciones públicas y privadas invierten en la gestión de la seguridad y convivencia ciudadana. A mayor inversión en la prevención, se produce un mejoramiento de los niveles de seguridad. Por tanto, es importante para quienes lideran la gestión de la seguridad ciudadana desarrollar y fortalecer los factores protectores para disminuir las probabilidades de ocurrencia del delito y la violencia en la comunidad. Es por ello que el gobierno de la Revolución Ciudadana se encuentra empeñado en ejecutar programas y proyectos para justamente intervenir positivamente y potenciar esos factores en beneficio de la seguridad ciudadana, lo que redunda en la calidad de vida de la gente.

Situación de la seguridad en el país Hasta principios de los años 80 y pese a la vecindad con dos países que han sido permanentemente marcados por la violencia debido a sus conflictos

internos como son Colombia y Perú, Ecuador no se caracterizó por mostrar altos niveles de violencia, hasta el punto de ser considerado como una “isla de paz”. No obstante, a partir de mediados de los 80 y principios de los 90, los niveles de violencia expresada en el número y tasas de homicidios empezaron a incrementarse en forma preocupante, pasando de 6 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1980, a 18,74 homicidios en el año 2010.

Niveles de delincuencia • De acuerdo a las estadísticas oficiales, los homicidios y asesinatos prácticamente se han duplicado en la última década, elevándose de alrededor de 1.500 en el año 2.000, a cerca de 3.000 en el año 2.009 y 2010; así mismo, los asesinatos han ido superando a los homicidios, lo cual ha generado una preocupación en las autoridades y la sociedad. Actualmente, la tasa de homicidios es de casi 19 homicidios por cada 100.000 habitantes, que sin ser la más alta de la región, no deja de ser preocupante. Las provincias en donde más homicidios se producen son Guayas, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Sucumbíos. • El robo/asalto a personas se ha incrementado en más del 50 % en la última década. Las provincias con mayores índices de estos delitos son: Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Guayas. • Los robos a domicilios se han mantenido más o menos estables, en alrededor de 10.000 robos el año, y 49

Plan Nacional de Seguridad Integral

son las provincias con mayores índices de este tipo de delitos: Pastaza, Napo, Galápagos y Pichincha. • Los robos de vehículos y motos se han triplicado en la última década, pasando de menos de 3.000 en el año 2.000, a más de 10.000 en el año 2.009. Esto es por la gran cantidad de motos robadas, especialmente en la costa, en las fronteras y en las comunidades de la Sierra Central.

Tipología Delictual El sicariato El sicariato es uno de los problemas que la opinión pública atribuye como elemento fundamental para el aumento de los homicidios en el país. Si bien este fenómeno no es nuevo en el Ecuador, pues ya se ha evidenciado este tipo de criminalidad en décadas anteriores.

Actualmente, la figura del sicariato no solo se relaciona con la presencia de bandas organizadas, sino además se empieza a desplegar como mecanismo de resolución violenta de conflictos sociales relacionándose con temas cotidianos como, por ejemplo: malos repartos en los negocios, cobro de deudores morosos, conflicto de tierras, diputas personales, conflictos amorosos, traiciones, herencias, entre otros móviles de criminalidad.

Bandas organizadas Se podría definir a una banda organizada como la asociación ilícita, donde un grupo, de tres o más personas, bajo un interés común tienen un enlace que está caracterizado por la actividad o conducta violenta y/o delictiva. Existe presencia de bandas organizadas locales con alta movilidad entre provincias o regiones.

Diagnóstico

Estas bandas dedicadas al asalto y robo a personas, carreteras y abigeato, operan en la diversidad de necesidades sociales insatisfechas, cada vez más especializadas y violentas. Es importante mencionar que las bandas organizadas, también responden a la existencia de sistemas de comercialización de bienes ilegales.

La violencia es el resultado de una serie de causas que determinan que una persona, comunidad o sociedad tengan mayor probabilidad de experimentar algún tipo de acción que involucre agresión. Lo que genera violencia es el resultado de la interrelación de factores que determinan la cotidianidad de las personas, que en muchos casos se traduce en el cambio del patrón de vida.

Presencia de pandillas Este es un tema complejo porque involucra un comportamiento violento y asociación con la delincuencia, al ser los jóvenes un grupo etario afectado por la pobreza, la exclusión y la fragmentación social, a quienes se ha estigmatizado como “personas peligrosas”, cruzados por una multiplicidad de variables por su condición de clase social, etnia, género, proveniencia, nacionalidad, entre otros. Las pandillas también se dedican a otros ilícitos como venta de drogas, robo de vehículos, secuestro express, sicariato y venganzas entre grupos.

La violencia en el país Según la Organización Mundial de la Salud, violencia es el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.

Violencia intrafamiliar La violencia intrafamiliar se comprende en principio como aquélla en la que víctimas y victimarios tienen algún tipo de relación de consanguinidad o afinidad, sin que, deban compartir un espacio físico (casa/hogar); pero son considerados como miembros de la intimidad de la víctima. Es posible concentrar el estudio de la violencia intrafamiliar en tres colectivos: género, niñez, adultos mayores (porque son considerados las víctimas más comunes). La violencia intrafamiliar es un fenómeno que aqueja a las sociedades latinoamericanas y consecuentemente al Ecuador. Los homicidios y la violencia contra las mujeres, se producen en contextos sociales y culturales donde tienen una posición subordinada, lo que supone una exposición a múltiples formas de violencia. Se han identificado también altos niveles de violencia contra los niños, niñas, adultos mayores. Este tipo de violencia no solo es de carácter físico sino además psicológica y verbal. 51

Plan Nacional de Seguridad Integral

Violencia y medios de comunicación Un tema recurrente al hablar de seguridad ciudadana es cómo los medios retratan, describen y representan los hechos de violencia o crónica roja. Ellos elaboran y muestran fragmentos de la realidad transformándolos en formatos que tienen una influencia en la creación de imaginarios urbanos alrededor de la problemática sobre la inseguridad. Lograr esta aseveración es posible al considerar a los medios, vehículos de información que simplifican o trivializan la realidad, donde la violencia suele ser tratada con excesiva espectacularización. Desde este contexto, los medios de comunicación crean un discurso subjetivo que alimenta a la sociedad con la percepción del temor, acrecentando la victimización ciudadana, y así logran determinar la idea de “los buenos contra los malos” convirtiéndose en los justicieros que otorgan culpabilidad o inocencia. Federico Boni en su texto Etnografía de los Medias dice que: “Los medios no nos dicen tanto qué opinión tener sobre un argumento, sino sobre qué argumento tener una opinión”. En la sociedad actual, hablar de seguridad es entenderla con un sentido eminentemente urbano, donde los medios de comunicación masiva, que en gran medida son los responsables del manejo de las emociones y precipitaciones bajo el trata-

miento del miedo y la fragmentación han determinado una dinámica que desfigura el sentido de la seguridad, que marca el pánico y la aparición de sucesos publicados con los matices de espectacularidad. Todo ello, que sin lugar a dudas genera el ambiente menos propicio para lograr construir una cultura de paz enmarcada en el Buen Vivir.

Violencia Política Este tipo de violencia se genera cuando no existe respeto a los ciudadanos (as) ante una manifestación legítima de sus derechos, o cuando grupos políticos o sociales tergiversan el reclamo hacia las autoridades, situación que puede desencadenar en una alteración del orden y la paz social, y que da pie a actos de vandalismo, agresión a la propiedad privada, saqueos y otros hechos delictuales que afectan a la seguridad ciudadana. Cabe señalar que la seguridad pública es aquella que tiene que ver con el control y mantenimiento del orden público frente a las amenazas de alteración del orden y la paz social, para lo cual el estado utiliza la Fuerza Pública de manera progresiva, pudiendo utilizar los estados de excepción, ante una grave conmoción interna. Una situación de crisis, a la que se la denomina conmoción interna, es una agitación tumultuosa, de grave perturbación social y política, producida por el ejercicio de la coacción y la violencia

Diagnóstico

de grupos sociales o políticos que atentan, ponen en riesgo y destruyen el patrimonio público y privado, violentando los derechos elementales de la sociedad, como son la libertad, la paz, el orden y la justicia. La protección y el bienestar de la nación en su conjunto son una responsabilidad y la razón de la existencia del Estado y sus instituciones; es al Estado a quien la sociedad le ha depositado la vida, salud e integridad física de sus ciudadanos, sus valores morales y sociales (paz, tranquilidad, orden, seguridad, moralidad, libertad, justicia, solidaridad), así como sus bienes patrimoniales (vivienda y bienes muebles). Lo ocurrido el 30 de septiembre del 2010 justamente es prueba irrefutable que cuando grupos de interés, aprovechándose de la justa protesta de algún grupo social, tratan de alterar el orden y la paz social pueden poner en grave riesgo la estabilidad democrática y el estado de derecho. Por ello se puede considerar como una amenaza a la seguridad del Estado, la conspiración política para derrocar a un gobierno legítimamente constituido.

Costos de la violencia Ecuador no cuenta con estudios estadísticos que ayuden a determinar los costos reales de la violencia. Sin embargo, se pueden determinar alcances

cualitativos para concienciar sobre la importancia del tema y otorgarle la prioridad que este merece, dado que los costos más altos son asumidos por la sociedad entera.

Costos humanos Como consecuencia de la violencia y la delincuencia, el ser humano debe adaptarse a nuevas formas de cotidianidad. Cada año se pierden absurdamente miles de vidas, en la gran mayoría de jóvenes cuyas vidas desperdiciadas son un severo llamado de atención; las condiciones a las que deben adaptarse las víctimas y familiares de hechos delictuales no letales como secuestro y violación, que son delitos con secuelas de humillación, dolor, trauma y discapacidad.

Costos políticos La crisis institucional de los operadores de justicia acrecienta el imaginario de “incapacidad del Estado” para enfrentar el problema de la inseguridad de manera eficaz, lo que se ha logrado es intensificar la crisis de legitimidad y confianza en la institucionalidad democrática. La delincuencia tiende a poner en riesgo la cultura de los derechos y libertades generando una situación de amenaza a los derechos humanos al justificar hechos como, por ejemplo, justicia por mano propia, bajo condiciones ajenas a lo que supone la convivencia civilizada.

Plan Nacional de Seguridad Integral

Costos sociales La inseguridad ciudadana determina la manera en que las personas se interrelacionan y se organizan como sociedad. Una de las consecuencias de la problemática de inseguridad es la segregación social y espacial donde la población opta por cerrar el acceso y tránsito a personas ajenas al barrio; este hecho sugiere la privatización del espacio público como medida de seguridad adicional, situación que da lugar a la seguridad privada. Los prejuicios de unos y otros ciudadanos (as) respecto a la edad, raza, condición social, juntos con la inseguridad, consolidan y acentúan la desigualdad.

Costos económicos El delito afecta directamente la economía de las personas que tienen que reemplazar los bienes perdidos. Enfrentar la delincuencia también implica un incremento en el gasto fiscal para fortalecer el sistema judicial y de seguridad, por lo que se afectan a los recursos que podrían destinarse a otras necesidades fundamentales como la educación o la salud. Además, implican enormes costos adicionales para las empresas y los individuos; la población en general se ve en la necesidad de gastar parte de su presupuesto en proveerse de

medidas adicionales de seguridad. Se destacan también los altos costos en que incurre el sistema de salud, el cual debe atender a las víctimas de la violencia y delincuencia.

La seguridad privada La expansión de la industria de la seguridad privada es un hecho incuestionable sin unos niveles efectivos de regulación, control y evaluación de la seguridad privada, lo cual erosiona el principio del monopolio que debe tener el Estado en materia de seguridad y uso de la fuerza. De igual forma, las empresas de seguridad privada no están preparadas para ser un verdadero aporte a la seguridad ciudadana, y tampoco son tomadas en cuenta en los Planes de Seguridad ya sea de Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, ya que la seguridad privada en el país no está profesionalizada especialmente a nivel de los guardias, quienes tienen poca o ninguna capacitación y entrenamiento para tan importante y delicada función. Es recién en los últimos años que el gobierno empieza a preocuparse por regular, controlar y mejorar las condiciones de los miles de guardias y vigilantes quienes habían sido víctimas de explotación y falta de protección social.

Diagnóstico

PRINCIPIOS ORIENTADORES PARA EL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Los siguientes principios son considerados centrales para el diseño de Políticas Públicas en Seguridad Ciudadana:

DEMOCRÁTICO Las políticas públicas en seguridad ciudadana deben diseñarse y ejecutarse dentro del marco de los principios democráticos y del marco constitucional y jurídico del país, respetando los derechos fundamentales de las y los ciudadanos.

INTEGRAL Al ser la violencia y delincuencia multicausales, una política de seguridad ciudadana requiere una intervención simultánea desde los diferentes frentes y niveles de participación, buscando combinar políticas de prevención, control, sanción y rehabilitación, involucrando la participación de las diferentes instancias del estado y de la sociedad en su conjunto.

EQUITATIVO La Política de seguridad pública debe garantizar asegurar a todos los habitantes la igualdad ante la ley e igual acceso a la seguridad. Ello implica focalizar la política en los grupos más vulnerables de la sociedad, es decir, en aquellos más expuestos a factores de riesgo, temor o acciones delictivas y violentas.

PREVENTIVO El enfoque preventivo es el componente principal de la política pública y debe contemplar tanto medidas de prevención social como también medidas de prevención situacional, sostenibles en el mediano y largo plazo. Deben incluir atención a la violencia de género, apoyo a la juventud en riesgo, control de acceso al alcohol y drogas, control de armas de fuego, educación para la paz, resolución de conflictos, entre otros.

PARTICIPATIVO La seguridad ciudadana no solo compete al Estado central, sino que se debe fomentar la participación de los diversos actores públicos y privados, especialmente de la comunidad organizada. Corresponde a las autoridades impulsar esa participación, pero también orientarla, de modo que ella sea dirigida a actividades que la hagan eficiente y eficaz. La participación de la comunidad se convierte en una gran aliada de la acción del Estado, ya que ayuda a obtener información precisa y actualizada, canaliza los recursos económicos y humanos adicionales a los públicos, le da sustento social a las políticas preventivas, permite una mayor capacidad de fiscalización de la gestión pública y, por esa vía, ayuda también a disminuir la percepción del temor y la inseguridad.

SOSTENIBLE Está totalmente comprobado en las experiencias exitosas ya existentes, que la continuidad de las 57

Plan Nacional de Seguridad Integral

políticas por un período significativo de tiempo, son fundamentales. Por lo tanto, es primordial tratar que las políticas de seguridad ciudadana se conviertan en políticas de Estado y trasciendan el ejercicio de un gobierno. Asimismo se requiere una adecuada sistematización de las experiencias locales o sectoriales exitosas, así como de los resultados de programas pilotos, tanto para garantizar su continuidad en el tiempo como para tratar de proyectarlas hacia escenarios más amplios.

TRANSPARENTE Las políticas públicas de seguridad ciudadana deben ser transparentes, tanto en la información de la gestión como en sus resultados. Sus diferentes aspectos y etapas deben estar sujetos a fiscalización por parte de todos los actores, especialmente de la comunidad, con las mismas características, garantías y restricciones que tienen las demás funciones que el Estado.

HACIA UN MODELO PREVENTIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA Las políticas de prevención de la violencia y la delincuencia tienen como objetivo central mejorar la calidad de vida de la población. El modelo preventivo es el que actúa sobre las causas estructurales y factores de riesgo, que son aquellas condiciones cuya presencia aumenta las probabilidades de que ciertos individuos cometan delitos. 58

La epidemiología de la violencia es la que estudia las causas profundas de la enfermedad, en este caso de la violencia, por lo tanto nos aporta señalándonos que la violencia tiene diversas causas y donde intervienen variados factores de riesgo. La epidemiología identifica los factores de riesgo que explican el fenómeno de la violencia; por ejemplo, la tenencia de armas y el consumo de alcohol y drogas son factores de riesgo significativos, ya que estos elementos están fuertemente asociados con la ocurrencia de actos de violencia; la gran mayoría de homicidios se registran con armas de fuego y muchas de las víctimas han ingerido alcohol de acuerdo a las autopsias realizadas. Así mismo, mucha violencia se desata en bares, discotecas o reuniones sociales donde se consume alcohol y/o drogas.

LA OFERTA PÚBLICA EN SEGURIDAD JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA La administración de Justicia es un aspecto fundamental de la Seguridad, por lo que el Gobierno de la Revolución Ciudadana, ha impulsado acciones concretas para lograr los objetivos para el buen funcionamiento de la justicia y el acceso universal y simplificado a sus órganos y servicios. La promulgación del nuevo Código Orgánico de la Función Judicial en 2009, marcó profundas transformaciones en dicha rama del Estado. En este aspecto, se logró una mayor democratización del sistema, con la eliminación definitiva de

Diagnóstico

tribunales militares y policiales para que uniformadas y uniformados sean juzgados en igualdad de condiciones por estamentos civiles. En consecuencia, tanto los trece juzgados penales de las Fuerzas Armadas (siete, de las Fuerzas Terrestres; cuatro, de la Fuerza Naval; y, dos de la Fuerza Aérea), como los ocho de la Policía Nacional fueron suprimidos. Esto dio paso al sorteo de causas en los juzgados y tribunales ordinarios, en cumplimiento de la Ley. Es de en ha

importante destacar que, dentro del proceso reestructuración del sistema judicial aprobado la consulta popular eL 07 de mayo de 2011, se evidenciado la necesidad de dar una solución

definitiva a los graves problemas que impiden que la Justicia se desarrolle en la medida que la ciudadanía lo requiere. En la actualidad, existen 160 localidades, a nivel nacional, que carecen de un juzgado cercano, mientras que los centros de detención y rehabilitación sufren de un índice de 79% de hacinamiento. Con alrededor de un millón de procesos represados y más de tres mil casos de caducidad de la prisión preventiva por falta de sentencia en los plazos legales, la judicatura debe recuperar la confianza de la ciudadanía y requiere radicalizar cambios en procedimientos y mentalidad de servicio público para el cumplimiento de las normas vigentes y del mandato popular.

Plan Nacional de Seguridad Integral

Causas ingresadas resueltas y pendientes juzgados a nivel nacional

150

Ingresadas

Resueltas

Acumuladas

2009

2010

CIVIL

2009

2010

INQUILINATO

2009

2010

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

2009

2010

PENAL

2009

2010

TRABAJOS ORALES

2009

2010

TRANSITO

2009

2010

TRANSITO Y CONTRAVENCIONES

FUENTE: SENPLADES

Para garantizar la Seguridad Ciudadana, debe contemplarse como una condición la efectividad de la Justicia y la capacidad operativa del Sistema de Rehabilitación Social. Al incrementar la cantidad de detenciones y condenas, también debe aumentar el espacio para recibir a las Personas Privadas de la Libertad (PPL). En marzo de 2011, existían 16.519 PPL, 2.402 más que en 2010, para una capacidad total de 9.217, que supera por 513 a la cifra registrada el año anterior. Cabe anotar que se ha

incrementado el número de Centros de Detención Provisional y de Rehabilitación Social: en 2006, existían 36 a nivel nacional, mientras que para 2010 ya sumaban 41. Es posible afirmar, entonces, que la implementación de infraestructura nueva y más adecuada para dotar de mejores condiciones a las personas privadas de libertad es un esfuerzo permanente del Estado. Por otra parte, cabe destacar la publicación e implementación de las recomendaciones del Informe

Diagnóstico

de la comisión de la Verdad, hito histórico en la misión del Estado de reconocer y transparentar todo acto que implique violación a los derechos universales del ser humano. Esto, acompañado de la formulación de políticas públicas con un enfoque de Derechos Humanos, constituye un paso fundamental para el reconocimiento integral de las personas, individual y colectivamente, como titulares de derechos y responsabilidades. En lo relativo a Fuerzas Armadas y Policía Nacional, se ha fortalecido su profesionalización, a raíz del mandato constitucional que ubica a ambas como

Policía Nacional votaron

no votaron

42%

instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de la ciudadanía y elimina el servicio militar obligatorio. Del mismo modo, la Constitución de la República y el Código de la Democracia establecen y regulan el derecho al voto facultativo para miembros en servicio activo de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, lo cual ha fomentado nuevos niveles de participación ciudadana, toda vez que los procesos electorales han contado con el adecuado cumplimiento de las labores de fuerza pública y, subsidiariamente, de Fuerzas Armadas, a la par del sufragio de sus miembros, en proporciones inéditas.

Fuerzas Armadas votaron

no votaron

42% 58% 58%

En el mismo sentido, otra acción inédita del Gobierno de la Revolución Ciudadana en búsqueda de las garantías ciudadanas es la gratuidad de la educación pública militar y policial, una política de equidad en la selección para la formación militar tanto de oficiales como tropa, así como, para las

escuelas policiales, facilitando el acceso a todos los ciudadanos y ciudadanas que deseen incorporarse al servicio de estas instituciones. En lo que respecta a la Policía Nacional, la institución vive un importante cambio de visión, toda vez 61

Plan Nacional de Seguridad Integral

que el Decreto Ejecutivo 632, dispuso que el Ministerio del Interior pase a ser su representante legal, judicial y extrajudicial, otorgándole mayor proximidad con la ciudadanía y facilitando su relación con ésta. El enfoque ciudadano es vital para esta nueva etapa de la Policía Nacional, cuya tarea se encuentra justamente en la protección de la convivencia pacífica y la seguridad ciudadana.

de la institución e incrementar los niveles de motivación y compromiso, con los cuales las y los policías ejercen su labor. El reciente ascenso de ocho mujeres al grado de Coronel es un hecho inédito en la historia institucional de la Policía Nacional en la lucha en favor de la igualdad y la no discriminación. Adicionalmente, la creación de nuevas escuelas del milenio y la puesta en marcha de acuerdos internacionales – con Chile, por ejemplo –, para el perfeccionamiento del modelo educativo policial y la formación de una unidad de investigadores civiles que permita un análisis más científico de la criminalidad y sus implicaciones.

Sobre la base de esta disposición, se ha propiciado un proceso de dignificación de las remuneraciones a los miembros de la Policía Nacional, además de implementar proyectos de vivienda y reubicación de policías en función de su lugar de origen, a fin de mejorar el clima laboral y la estabilidad al interior

Salario Cabo primero, Subteniente 2000-2010, USD 1400

En el período 2007-2010, los salarios de los efectivos policiales crecieron más que el valor de la canasta básica.

1200

Tasas de crecimiento* Cabo 3.7% Subteniente 4.5% Canasta 7.4% S.B.U 13.7%

Tasas de crecimiento* Cabo 17.8% Subteniente 30% Canasta 4.8% S.B.U 10.7% S.P.2 9.5%

Tasas de crecimiento* Cabo 6.0% Subteniente 6.2% Canasta 7.4% S.B.U 8.6%

1286

1000

POLICIA NACIONAL Subteniente: USD 1.286 ( 4 años de estudio)

800

600

762

660 596

400

188

184 184 0 57 2000

219 223 223 86 2001

324

427

412

397

339 324

2002

2004 2004

Cabo primero

616 598

472 399

426

2006 2006

Subteniente

200

170

2006** 2006**

2007 2007

539

521

500

461

448

160

2005 2005

596

524

479

390 390 150

136 2003 2003

468

390354

339

122

105

Salario Básico Uni cado

240

218

2008 2008

Servidor público

FUENTE: Policía Nacional

855

819 778

200

987

935

2009 2009

2010 2010

Canasta

Elaboración: SENPLADES

Diagnóstico

El Gobierno Nacional está comprometido con el desarrollo y la implementación de un nuevo modelo de seguridad ciudadana con enfoque preventivo, que incluye una transformación radical del concepto de empleo de las Unidades de Policía Comunitaria (UPC) y Unidades de Vigilancia Comunitaria (UVC), con la unificación de servicios policiales y de justicia, acceso a salas de reuniones para rendición de cuentas, y espacios para la comunidad. Se ha potenciado el relacionamiento entre policías y ciudadanía desde el nivel barrial, a fin de enfocar las acciones de seguridad sobre la base de un mejor conocimiento de la problemática local, de modo que ambos colectivos puedan elaborar diagnósticos y proponer soluciones para mejorar la Seguridad. Para ello, la Dirección Nacional de Policía Comunitaria ha creado las Escuelas de Seguridad Ciudadana, donde se capacitará a millares de personas en temas de prevención, a la espera que se

conviertan, a su vez, en factores multiplicadores en sus barrios y comunidades, dentro del marco del fortalecimiento de una cultura de Seguridad. Actualmente, el Gobierno Nacional está dando prioridad a la consolidación de los Consejos Provinciales, Cantonales y Parroquiales de Seguridad, con la finalidad de diseñar de mejor manera las estrategias y acciones planteadas por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Adicionalmente, se está trabajando en un Sistema Unificado de Estadísticas de Seguridad, regentado por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), en coordinación con todas las entidades que forman parte del sector, así como con la Fiscalía y los observatorios a nivel nacional. Esto permitirá una mejor visualización de la problemática delincuencial y la implementación de acciones que permitan contrarrestar las verdaderas causas de la criminalidad y la violencia.

Plan Nacional de Seguridad Integral

Denuncias de delitos contra personas y propiedad a nivel nacional

16.17

15.98 14.22 10.37

10.18

10.59

5.49 2.39

Robo a personas

2.63

5.02

6.00 3.92

2.64

Homicidios y asesinatos

Robos a domicilio

2008

Robo de autos

2009

4.84

4.89

Robo de motos 2010

Operativos Acciones Operativos realizados Detenidos Armas de fuego decomisadas Vehículos recuperados Droga incautada (Kg) Bandas desarticuladas

2008 114.930 78.927 4.038 3.480 30.345 301

2009

2010 331.396 80.233 4.513 4.643 68.052 416

1.293.867 130.752 5.609 5.5.16 181.901 498 FUENTE: SENPLADES

Frente a la urgencia de garantizar la Seguridad de las personas en todo el territorio nacional, el Gobierno de la Revolución Ciudadana ha establecido cinco ejes transversales como una respuesta emergente para el combate a la delincuencia, la violencia y el crimen organizado; para ello se han determinado los objetivos, políticas y estrategias dentro del Plan de Seguridad Integral. Para el efecto, se ha considerado necesario 64

potenciar tanto a las Fuerzas Armadas como a la Policía Nacional y una relación participativa y coordinada entre los Gobiernos locales, el Estado central y la ciudadanía; y, finalmente, la estructura normativa, con énfasis en rehabilitación y reinserción social, y el sistema judicial. Estos sectores son considerados fundamentales para alcanzar el Buen Vivir, en un pleno ejercicio de la Seguridad ciudadana.

Diagnóstico

Lucha contra las drogas En materia de combate al problema mundial de drogas y el crimen organizado, cabe resaltar la labor que realizan la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, sobre todo en operaciones de

interdicción. En el primer caso, el Ecuador ha sido reconocido como el segundo país en la región con el menor costo de inversión por tonelada métrica incautada.

Prevalencia de consumo de cocaína Ayuda militar recibida Incautación de cocaína

100 80 60 40 20 0 0

CONSUMO

País Ecuador Perú Venezuela Brasil Bolivia Colombia

Pc1 ßc – Cons i2 + PI1ßi – Incaut i2 + PA1ßA – Ayuda i2

Pj ßj

Ponderación de variable j Coordenada ideal en hiperplano de variable j

Peor punto 40

100

0 40 20 60 80 AYUDA 100

Ranking 1 2 3 4 5 6

Punto óptimo

INCAUTACIÓN

Punto óptimo

10 0 80 60 40 20 0

Colombia Ecuador Perú

Venezuela

Brasil Peor punto

CONSUMO

Bolivia

40 20

60 10 0 100 80 AYUDA FUENTE: SENPLADES

Plan Nacional de Seguridad Integral

Costo de tonelada métrica incautable per cápita según ayuda militar recibida (incautación per cápita/ayuda recibida)

País

Ranking

Ecuador Perú Venezuela Brasil Bolivia Colombia

1 2 3 4 5 6

Seguridad Vial tiene bajo su responsabilidad la formación de nuevos agentes de tránsito civiles, que permitirán descentralizar de mejor manera las competencias que deberán ser asumidas por los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los mismos que deberán fortalecer sus capacidades para mejorar la seguridad y la gestión de riesgos en sus respectivos territorios

En lo que respecta a la Seguridad Vial, el país cuenta con una nueva institucionalidad, representada por la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, como órgano ejecutor de políticas y estrategias en materia de vialidad en el Ecuador. Este organismo

TASA DE MORTALIDAD POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO

TASA DE ACCIDENTALIDAD 00 200

50 150

166

100 00

155

144

2006

2007

2008

2009

2010

* INDICE DE ACCIDENTALIDAD Este indicador relaciona el número de accidentes de tránsito ocurridos por cada 100.000 habitantes.

MORTALIDAD POR ACCIDENTES DE TRANSPORTE TERRESTRE

ACCIDENTES A NIVEL NACIONAL

00 30000

4000 30000

00 20000

20000 10000 2008

2009

2010

Fuente:CNTTTSV Elaboración: SENPLADES

1000 2006

2007

2008

2009

Fuente:CNTTTSV Elaboración: SENPLADES

2010

2006

2007

2008

2009

Fuente:INEC, Anuario de estadísticas, nacimientos y defunciones Elaboración: SENPLADES

FUENTE: SENPLADES

Diagnóstico

RELACIONES INTERNACIONALES Y DEFENSA A partir de la firma de los Acuerdos de Paz en 1999, se transformó el panorama de la seguridad nacional en el Ecuador. Por una parte, la amenaza del conflicto territorial con Perú había fenecido y, por otra, el conflicto interno colombiano impactaba negativamente en la frontera norte con una masiva presencia de refugiados y un incremento de la violencia y delincuencia. Estas dos situaciones, que no presentan un escenario de confrontación bélica, sumadas a la vocación pacífica del Ecuador, hicieron que, tanto la política exterior como la de defensa, miren hacia la integración regional y las acciones humanitarias. Esto se vio plasmado en una promoción de las relaciones cívico militares y una disminución radical en el gasto de inversión militar hasta el año 2008. Tras casi una década de una Política de Defensa para el desarrollo, el Ataque de Angostura por parte de las Fuerzas Armadas de Colombia en territorio ecuatoriano mostró que aún persisten las amenazas tradicionales a la seguridad nacional. El Gobierno de la Revolución Ciudadana asumió el compromiso de realizar una inversión significativa para esta área con el fin de garantizar la seguridad y defensa del país. Actualmente, las Fuerzas Armadas planifican sus misiones y fortalecimiento en función del desarrollo de sus capacidades estratégicas para la defensa, focalizándose en la ejecución de tareas ligadas a la seguridad, defensa y desarrollo nacional.

Adicionalmente, las Fuerzas Armadas han experimentado cambios importantes en cuanto al cumplimiento de sus misiones y tareas. Por una parte, se han convertido en un importante apoyo de la Policía Nacional en actividades de Seguridad Ciudadana, ejerciendo – entre otros –, un mejor control sobre el porte y tenencia de armas (conducta prohibida en todo el territorio nacional), control y represión del contrabando de combustibles, en las actividades de minería ilegal, en la lucha contra el narcotráfico, el mantenimiento de la seguridad y el orden público, entre otros, que son considerados como amenazas a la Seguridad y que se desarrollan con mayor preminencia en territorios fronterizos. En relación con el manejo de las relaciones exteriores, el país ha experimentado un cambio acelerado, con la priorización de una política multilateral en defensa de los intereses del país, inmersa en la diversificación de sus relaciones comerciales, una mayor integración en el marco de la UNASUR y el ALBA, y un mayor respeto a la soberanía de otros países. El Ecuador parte del mandato constitucional que, destaca su condición de país soberano, con pleno derecho a la autodeterminación, sin injerencia de potencias extranjeras, el derecho a la libre movilidad y establece una política exterior acorde a los más altos intereses de toda la nación.

Plan Nacional de Seguridad Integral

Así, un aspecto significativo de la política exterior del Ecuador ha sido el impulso de la libre movilidad que garantice los derechos de ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior y extranjeros en el Ecuador, así como el sentido de la ciudadanía universal y

América Latina. Para el efecto, dentro de la política de Seguridad, el Ecuador garantiza estos derechos mediante controles sobre los flujos migratorios, en el marco que define la Constitución de Montecristi, legitimada por el pueblo ecuatoriano.

Saldo migratorio de la población extranjera por nacionalidad en Ecuador 2006 - 2009

11.96 2.55 2.65 65 3.67 677 3.80

40.40

Colombianos Peruanos Estadounidenses Chinos Españoles Cubanos Otros

34.77

FUENTE: SENPLADES

Número de deportados extranjeros, por año y por país de orígen 3000 2500 Colombia Cuba Chile Perú China Popular (Pekín) Argentina

2000 1500 1000 500 0 2006

2007

2008

2009

2010

FUENTE: Sistema Informático Integral de la Policía Nacional, Dirección de Migración Fecha: del 01/01/2007 al 31/12/2007

Diagnóstico

Complementariamente, cabe recalcar el cumplimiento irrestricto de la Convención de Viena sobre la Institución del Refugio. La atención brindada a personas refugiadas o en necesidad de protección internacional es una muestra de labor humanitaria y de la voluntad para llevar adelante una política de libre movilidad, sin dejar de lado el desarrollo de mecanismos para el control de flujos migratorios, garantizando en todo momento los derechos de las personas, indistintamente de su origen nacional o condición migratoria y bajo criterios enmarcados por la Seguridad Integral y que exige la corresponsabilidad del Estado colombiano sobre sus nacionales que se encuentran en la condición de refugiados. Con un total de 7.166 personas refugiadas y 15.663 solicitudes hasta 2010, el Ecuador mantiene el número más alto de refugiados de la región e invierte permanentemente recursos en la protección y seguridad de las zonas fronterizas. Refugio en Ecuador 2006 a junio 2010 35 30 25 20 15 10 5 0 2006

2007 Solicitudes

2008

2009

2010

Refugiados FUENTE: SENPLADES

Plan Nacional de Seguridad Integral

De otra parte, un logro fundamental de la política exterior ecuatoriana ha sido el reconocimiento de la Carta Náutica por parte del Perú, alcanzado mediante mecanismos diplomáticos y de diálogo directo, para establecer de manera definitiva los límites marítimos entre ambos países, hito que marca la consolidación de una sólida relación binacional de integración fronteriza. Para el efecto, se presentó al Consejo de las Naciones Unidas la Carta Náutica IOA 42 – con su correspondiente reconocimiento

por parte del Perú – que grafica el límite marítimo Ecuador-Perú, que nace de la Boca de Capones a lo largo del paralelo limítrofe establecido desde 1952 con la Declaración de Santiago y complementado en 1954 con la Declaración de Lima, que creó una Zona Especial Fronteriza marítima con 10 millas al norte y 10 millas al sur de este paralelo limítrofe para dar tratamiento especial a las embarcaciones pesqueras de poco porte, de los dos países.

Mapa de Límites Marítimos MAR TERRITORIAL ECUADOR

ECUADOR PUNTA DE SANTA ELENA

200 millas náuticas

Aguas Interiores

Declaración de Lima 1954

PFSO

10 millas náuticas

Zona Especial Fronteriza Marítima Ecuador

10 millas náuticas

Zona Especial Fronteriza Marítima Perú

PFSO

PFTM

Declaración de Santiago 1952

200 millas náuticas

200 millas náuticas CABO BLANCO

MAR TERRITORIAL PERÚ

PERÚ

Diagnóstico

De esta manera, se han alcanzado significativos logros en materia de política exterior, y el florecimiento de una gran relación en todos los ámbitos con el Perú, mediante proyectos realizados dentro

del Plan Binacional, donde la frontera norte y centro tienen especial atención sobre la base de la cooperación binacional.

Tasa de crecimiento 2008 - 2010

2008

2009

0.55

0.55 0.50

0.42

0.40

Tasa de crecimiento 2008 - 2010

2010

0.47

0.50 0.44

0.42

0.37

0.48

Nacional: -7.6% Frontera Norte: -5.3%

0.40

Frontera Sur: -6%

Nacional

Frontera Norte

Frontera Sur

Frontera Centro

Frontera Centro: -4.7%

FUENTE: SENPLADES

JUSTICIA SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO Uno de los grandes retos del Ecuador está en enfrentar y resolver las causas estructurales de la inseguridad y la violencia, para mejorar la calidad de vida de la población en general para revertir ese círculo vicioso en el que la inseguridad es el efecto

y a la vez la generadora de las condiciones de precariedad, atraso y subdesarrollo de nuestro país. Si queremos alcanzar el Buen Vivir se hace imperativo mejorar las condiciones socioeconómicas de las grandes mayorías, las mismas que han estado al margen de las políticas públicas de desarrollo 73

Plan Nacional de Seguridad Integral

humano y de justicia social, para de esta manera mejorar la seguridad humana y ciudadana, ya que la inseguridad desalienta la inversión, desestimula la participación, aumenta la desconfianza y la sensación de impunidad, alienta a los jóvenes a abandonar los centros educativos, y consecuentemente afectan directamente las posibilidades de desarrollo del país. Es necesario, por ejemplo, mejorar la seguridad fronteriza tanto con Colombia como con el Perú, para prevenir el desarrollo de actividades ilegales que sirvan de apoyo a las organizaciones criminales. Dentro de las estrategias y acciones planteadas se prevé fortalecer los mecanismos para alcanzar la justicia social y el desarrollo humano, realizando importantes inversiones con el fin de mejorar las capacidades y las condiciones de vida de los habitantes de la frontera. Las principales intervenciones en la frontera norte están a cargo de la Secretaría Técnica del Plan Ecuador (STPE). Cabe destacar que en la frontera norte convergen una serie de actores, movilizados para atender la problemática de la zona, con los cuales esta Secretaría ha emprendido procesos de coordinación, cooperación y diálogo para identificar las causas de los problemas, priorizar la inversión, focalizar esfuerzos para la consecución de recursos y construir redes sociales que coadyuven al desarrollo de las comunidades.

AMBIENTAL Y GESTIÓN DE RIESGOS Desde 2009, el país cuenta con una entidad especializada en la gestión de riesgos, que ha desarrollado capacidades para la prevención y mitigación de riesgos naturales y/o provocados por el ser humano. En 1990, se registraron alrededor de 200 desastres naturales o provocados por el ser humano; para el 2011. Esta cifra ha sido duplicada, con un 90% de eventos relacionados con el clima, como consecuencia del calentamiento global que ha acelerado procesos naturales en el planeta, con efectos extremos. Según datos de CEPAL (“Evaluación del impacto socioeconómico y ambiental de los desastres”, 2003), los desastres naturales han sido causantes de cerca del 33% de pérdidas de vidas humanas e infraestructura social y productiva en Latinoamérica. Por tal motivo, es indispensable contar con sistemas de alerta temprana, prevención y mitigación efectiva de los efectos adversos de todo tipo de desastre. A fin de dar mayor operatividad a la labor de gestión de riesgos, en las diferentes provincias del país se han estructurado Comités de Operaciones de Emergencias (COE) para manejar de manera descentralizada, la respuesta ante emergencias. Los Comités trabajan bajo una estrecha coordinación institucional local y nacional, con el uso de alertas tempranas y un mapa de riesgos naturales.

Diagnóstico

Para el efecto, se ha dado inicio a procesos de articulación operativa conforme a la Estrategia Territorial de Planificación, priorizando como actores a las organizaciones ciudadanas locales, en coordinación con las autoridades. Por tal motivo, se ha

considerado fundamental brindar capacitación e incorporar la temática de gestión de riesgos en las mallas curriculares educativas en todos los niveles, a fin de fomentar una cultura de seguridad y prevención frente a los desastres y riesgos.

Emergencias Internacionales

Evento

Terremoto Haití 12 de Enero de 2010

Terremoto de Chile 27 de febrero del 2010 Emergencia Sanitaria Haití Octubre del 2010

Detalle • Equipos de Rescate • Misiones Médicas • Ayuda humanitaria • Medicamentos • Alimentos • Kits de aseo • Misión Médica • Ayuda humanitaria • Alimentos • Medicamentos • Medicamentos • Comida • Carpas

Costo

$405.617,33

$200.00

$424.00

Inundaciones Venezuela Noviembre 2010

• Alimentos • Colchones • Frazadas • Carpas • Tanques de agua

$156.00

Inundaciones Colombia Noviembre 2010

• Alimentos

$262.00

FUENTE: SENPLADES

Plan Nacional de Seguridad Integral

En tal virtud, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, elabora un Mapa Nacional de Respuestas Operativas ante desastres, para facilitar la planificación e intervención otorgando una oportuna capacidad de respuesta.

Cabe destacar que el Ecuador, a través de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, ha participado en algunas misiones de asistencia humanitaria, en eventos tales como el terremoto de Haití y su emergencia sanitaria (2010), el terremoto de Chile (2010), y las inundaciones en Colombia y Venezuela (2010).

Emergencias Nacionales Evento

Detalle

Sequías: en Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Bolívar

• Agua • Alimentos para animales • 6 sistemas de riego

Erupciones: Instalando Sisitema de Alerta Temprana, volcanes Cotopaxi y Tungurahua

• Proceso de solución de emergencias. • Reasentamiento de familias en riesgo. • Albergue para 4.500 personas en cantones.

Deslaves y deslizamientos en Esmeraldas y Gatazo

• Apoyó a 5.515 personas afectadas • Asistencia 902 viviendas bañadas. • Evacuación de 1.000 familias.

Pandemia A(H1N1)

• Activación los COE a nivel Nacional. • Restricciónes de control epidemiológico. • Control aeroportuario

Inundaciones: Guayas, El Oro y los Ríos

• Vituallas • Toldos • Atención médica • Vacunas • Agua • Alimentos

Evacuación por alerta de Tsunami Archipiélago de Galápagos y Litoral

• 3.000 militares movilizados • 12.8000 policías movilizados • Alerta general en los CCE • Evacuación de 242.678 personas • Raciones alimenticias y agua • Coordinación con MIES y MSP FUENTE: SENPLADES

Diagnóstico

CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO La implementación de sistemas como los centros integrados de seguridad ciudadana (ECU-911) que comprenden la ubicación de cientos de cámaras de video, centros de llamada y la coordinación entre Policía, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Cuerpo de Bomberos y demás organismos afines, con el propósito de reducir los tiempos de respuesta ante una emergencia. Estos nuevos sistemas permitirán centralizar eficientemente la información para generar patrones de comportamiento, todo lo cual permitirá una mejor prevención del delito y la violencia, en términos generales. Estos centros articulan el Sistema Integrado de Seguridad ciudadana que permite dar cobertura, en la atención de emergencias a nivel nacional, mediante el 911 como número único, que desplegaría una respuesta integral de los organismos de atención de emergencias. A esto, se suman los esfuerzos de todas las instituciones y organismos del Sector Seguridad por implementar nuevas tecnologías e impulsar la investigación, de modo tal que los procesos internos y servicios sean constantemente actualizados para cumplir de forma eficiente sus funciones.

Plan Nacional de Seguridad Integral

DEMOCRACIA Y GOBERNABILIDAD La Seguridad necesariamente debe ir acompañada de mecanismos eficientes de planificación y administración pública. Esto se expresa a través de la coordinación de la Función Ejecutiva con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs), que gracia a la entrada en vigencia de la nueva Constitución Política de la República, y del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), les otorga facultades normativas para el pleno ejercicio de sus competencias. De este modo, están habilitados para instituir, dirigir y coordinar los Consejos de Seguridad Ciudadana a nivel provincial, cantonal y parroquial, con la participación de todos los actores públicos y privados, la comunidad y la Policía Nacional. Estos Consejos se consolidarán con la adopción de la nueva visión de la Seguridad Humana y Ciudadana, que privilegia al ser humano, de forma individual y colectiva, y a la naturaleza como sujetos de protección, y se prioriza el trabajo mancomunado de todas aquellas entidades que pueden contribuir a mejorar su seguridad. Esto implica el realce de la cultura de seguridad en otras entidades del Estado, así como la búsqueda de apoyo del sector privado, de los medios de comunicación y de los barrios y comunidades en el mejoramiento de la seguridad en general.

Entre las principales competencias y funciones de los GADs, se encuentra la formulación de los respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, en los cuales se debe priorizar el componente territorial de la seguridad. De manera particular, se requiere fortalecer las capacidades de los GADs para la prevención de riesgos naturales y provocados por el ser humano, mediante el uso de tecnología avanzada y localización geográfica de los lugares de mayor vulnerabilidad, así como mejorar la capacidad de gestión de la seguridad y convivencia ciudadana. Por otra parte, en lo que respecta a la inteligencia como herramienta de la seguridad del Estado, ésta había sufrido dificultades institucionales a partir del infausto ataque a Angostura en 2008. Para solventar esta situación, el Gobierno de la Revolución Ciudadana resalta la importancia de establecer un servicio de inteligencia soberano que enfrente las nuevas amenazas y escenarios de la seguridad. Una de las grandes transformaciones contempladas en el Enfoque Integral de la Seguridad, ha sido la creación de la Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN), fundamentada en procesos democráticos y transparentes orientados hacia el asesoramiento gubernamental para la toma de decisiones.

Diagnóstico

En este sentido, quedaron atrás los clásicos servicios de inteligencia enmarcados exclusivamente en la visión militar y la persecución. Actualmente, la SENAIN se ha propuesto establecer, por primera vez en la historia de la seguridad del Estado ecuatoriano, un sistema de inteligencia que articule en distintos niveles, a las diversas instituciones públicas del estado, como una estrategia para prevenir las amenazas a la Seguridad, priorizando aquellas que se refieren a la delincuencia, al crimen organizado y a la violencia en todas sus manifestaciones. Para ello se ha incorporado profesionales civiles del más alto nivel en calidad de investigadores y analistas, así como una importante inversión en recursos tecnológicos.

Política Emergente contra la Criminalidad El Gobierno de la Revolución Ciudadana se encuentra realizando un trabajo minucioso, técnico y profesional para mejorar las condiciones socioeconómicas de la población, que son las causas que dan lugar a las múltiples manifestaciones de la inseguridad. El diseño del Plan Nacional de Seguridad Integral aborda, de manera reflexiva, el contexto y el entorno en los que se generan las condiciones promotoras de la violencia, la delincuencia, los conflictos sociales, la deses-

tabilización del orden democrático, la alteración de la paz social y las situaciones de riesgo que, potencialmente, pueden producir desastres. Sobre esta base, se han delineado las políticas públicas y las estrategias para el mediano y el largo plazo. El Gobierno de la Revolución Ciudadana, en su compromiso de brindar las mejores condiciones de seguridad en lo físico y psicológico al pueblo ecuatoriano, ha reconocido la necesidad de plantear acciones y soluciones de ejecución inmediata para enfrentar los problemas de mayor preocupación para la ciudadanía, bajo la lógica de acción reflexiva y coordinada, y no de acciones desarticuladas. En este sentido el señor Presidente Constitucional de la República, Eco. Rafael Correa Delgado, atendiendo oportunamente las demandas del pueblo ecuatoriano, presentó a finales del 2010, 5 ejes que constituyen una política emergente contra la criminalidad, y representan la prioridad del Gobierno de la Revolución Ciudadana en la lucha contra la criminalidad. Esta política se relaciona principalmente con la seguridad ciudadana y se ajusta a las nuevas dimensiones de la fenomenología delictual, planteando importantes desafíos a las FFAA en la garantía de derechos y libertades de la ciudadanía.

Plan Nacional de Seguridad Integral

Política emergente contra la criminalidad (5 ejes de acción) Participación directa, continua y complementaria en apoyo a la Policía Nacional en Seguridad Interna (seguridad ciudadana, lucha contra el crimen organizado y mantenimiento del orden público). Fuerzas Armadas

Control Permanente de Armas, municiones, explosivos y otros artículos relacionados. Participación en el control de invasiones en apoyo a la Policía Nacional.Control a las actividades de minería ilegal.

Eje 1

Modernización y Equipamiento de la Policía Nacional

Nuevo armamento, equipamiento, comunicaciones y otros. Nueva Doctrina Policial y Reforma Educativa Policial. Nuevas Unidades de Policía Comunitaria-UPCs. Creación de la escuela para detectives. Modernización de los sistemas de investigación del delito.

Fuerza Pública

Desarrollo del sistema de UPCs a nivel nacional: Medidas de seguridad en Instituciones financieras (Sacapintas y otros delitos) Placas de taxis en techos, taxis seguros (Secuestro Express) Sicariato: Chalecos para motocicletas, control de armas. Estrategias contra delitos comunes

Plan de microcréditos para erradicar el “chulco” Robo a domicilios: Cierre de cachinerías a nivel nacional. Botones de pánico en transporte público (buses y taxis) Invasiones de tierras: detención a traficantes de tierra, ejecución de planes de vivienda. Instalación de Centros de comunicaciones, Comando y Control.

Diagnóstico

El segundo eje, basa su acción en la corresponsabilidad de la ciudadanía mediante el fortalecimiento de los Consejos de Seguridad y la descentralización desde los Gobiernos Autónomos Descentralizados GADs, potenciando uno de los

Eje 2 Coordinación con gobiernos locales

factores protectores en la Seguridad Ciudadana, que constituye la organización comunitaria. Solamente el fortalecimiento de valores humanos, como la solidaridad permitirán un nuevo momento en la seguridad del Ecuador.

Implementación y fortalecimiento de los Consejos Provinciales, Cantonales y Parroquiales de Seguridad Ciudadana. Organización de las Brigadas Barriales de Seguridad Ciudadana con la Policía Comunitaria. Recuperación de espacios públicos, ordenamiento territorial, construcción de pasos peatonales, control de espectáculos públicos, control de centros de diversión, etc.

Gracias a la aprobación democrática, de la Consulta Popular el 7 de mayo de 2011, en uno de los procesos trascendentales que forman parte del proyecto de gobierno de la Revolución Ciudadana, como es la trasformación de la justicia; se marca un antes

y un después en la Historia del Ecuador. Estamos conscientes de que los cambios de un sistema caduco que daba lugar a la impunidad, constituye la intervención decisiva a una de las causas estructurales de la inseguridad.

Caducidad de la prisión preventiva

Eje 3

Consulta Popular

Medidas cautelares alternativas Período de detención para la investigación

Reformas legales Nuevo Código Integral Penal

Tipificación de delitos contemporáneos

Plan Nacional de Seguridad Integral

Eje 4

Reforma al sistema de justicia

Consulta Popular

Renovación de la justicia

Renovación del Consejo de la Judicatura

Consejo de la judicatura transitorio (18 meses)

Auditoría a jueces

Procesos de auditoría de gestión

Sistematización y estadística judicial

Implementación tecnológica

De la mano de las grandes trasformaciones en la justicia, es necesaria la reestructuración inmediata del Sistema Nacional de Rehabilitación Social en el Ecuador. Aquellas viejas cárceles donde se denigraba la condición humana se están reconstruyendo y se está construyendo otras más, como un aporte

primordial para la implementación de un verdadero sistema articulado de centros de rehabilitación, donde se respete los derechos humanos y se materialice una verdadera rehabilitación social de aquellos ciudadanos que cometieron algún delito y que deben responder ante la sociedad.

Nuevos Centros de Rehabilitación Social- CRS

Eje 5 Sistema de rehabilitación social

Infraestructura

Nuevos Centros para adolescentes infractores- CAI Formación, capacitación y equipamiento de nuevos guías penitenciarios

Escuela de Formación de Guías Penitenciarios

Fortalecimiento de las políticas públicas

Agenda de Justicia, Derechos Humanos y Cultos

Ejecución de nuevos modelos de gestión CRS

Nuevos Centros de Detención Provisional- CDP

ESCENARIO 2013

ECUADOR, HACIA LA SEGURIDAD CON ENFOQUE INTEGRAL Y EL BUEN VIVIR (2011-2013) En los últimos años, el Ecuador ha ejecutado una serie de políticas, estrategias y acciones que han permitido consolidar un concepto de Seguridad con Enfoque Integral, a través del fortalecimiento de la Policía Nacional, de las reformas implementadas en el sector Justicia, de una acertada orientación de las políticas de Defensa y de Relaciones Internacionales, del uso de nuevas tecnologías para la Seguridad, del perfeccionamiento permanente del Sistema de Gestión de Riesgos y de la profundización de la democracia y la gobernabilidad.

JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 1. Prevenir, combatir y controlar la criminalidad y la violencia en la sociedad Para 2013, en la prevención y combate a la criminalidad y la violencia se han generado importantes avances, reflejados en la transformación de la Policía Nacional, a través de la creación de

una policía preventiva, técnica e investigativa, caracterizada por su buena relación con la ciudadanía, a la cual rinde cuentas sobre su efectividad en el control de los circuitos y distritos de planificación territorial. Se evidencia una mejor forma de combate a la delincuencia común y a la violencia, como resultado de una mayor organización comunitaria y de la puesta en marcha de un nuevo concepto de Unidades de Policía y Vigilancia Comunitarias (UPC y UVC), que incluyen tanto servicios policiales como judiciales. Estas nuevas unidades se han convertido en espacios de interacción con la comunidad, en los cuales se desarrollan talleres y actividades de sensibilización, prevención y capacitación, generándose una cultura de paz, donde se privilegia la resolución pacífica de conflictos. En los diferentes circuitos y distritos, se han multiplicado los centros de mediación y la presencia de jueces de paz, lo cual ha permitido reducir los casos de justicia por mano propia. A nivel nacional, se han extendido los centros de análisis para la prevención de la criminalidad, implementando programas y sistemas de información psicosocial que han permitido optimizar la oportunidad en las acciones de prevención del delito. 85

Plan Nacional de Seguridad Integral

Asimismo, se ha fortalecido en el país la institucionalidad asociada con la seguridad vial y se han fomentado campañas y programas para consolidarla entre la población, en coordinación permanente con los GADs, en el ámbito de sus competencias, que han visto fortalecidas sus capacidades para ir asumiendo progresivamente la competencia del tránsito de sus respectivas jurisdicciones a través de una óptima coordinación con la Dirección Nacional de Tránsito de la Policía Nacional. Por su parte, las Fuerzas Armadas se encuentran apoyando eficientemente a la Policía Nacional en tareas de seguridad ciudadana y orden público, como resultado de una correcta regulación de sus competencias y ámbitos de intervención de ambas instituciones. Los resultados se evidencian en la puesta en marcha de mejores controles de armas y migratorios, así como en una mayor protección de puertos, aeropuertos y zonas fronterizas. Ambas instituciones han fortalecido sus acuerdos de cooperación con organismos internacionales de seguridad e inteligencia, lo que ha permitido potenciar el combate contra delitos de crimen transnacional organizado (narcotráfico, tráfico de personas, tráfico de armas, lavado de activos, entre otros). El Ecuador cuenta ya con un sistema interinstitucional eficiente y eficaz para enfrentar al crimen organizado transnacional, lo cual le ha permitido disponer de una capacidad de respuesta más efectiva frente al accionar de las bandas delictivas internacionales.

El proceso de reforma de la Función Judicial, iniciado en 2011, permitió disminuir la impunidad en el Ecuador, a través de la implementación de estrategias transversales que posibilitaron un mejor acceso y cobertura de los servicios de justicia y la puesta en marcha de un marco legal que sanciona efectivamente actos de corrupción en el sistema, generándose un ambiente de mayor confianza hacia la Ley en la mayoría de la población. Se han fortalecido los programas de protección y asistencia a personas afectadas por la criminalidad, así como los mecanismos tendientes a enmendar y reparar los daños sufridos por las mismas, especialmente de aquellas afectadas por la violencia intrafamiliar y la trata y tráfico de personas. Paralelamente, se han simplificado los mecanismos de denuncia, generando las condiciones necesarias para que los procesos sean seguros y oportunos. Por su parte, la creación y adecuación de nuevos Centros de Rehabilitación Social, donde predomina un nuevo modelo de atención integral penitenciario, han logrado crear un ambiente propicio para la efectiva rehabilitación y posterior reinserción social de las Personas Privadas de la Libertad, a través de la implementación de programas educativos, laborales y recreativos. Los cambios realizados en la Función Judicial han permitido promover entre la ciudadanía una cultura de exigibilidad de derechos humanos, en equidad y con enfoque de género, así como la implementación de mecanismos para la regulación y garantía del libre ejercicio de cultos.

Escenario 2013

Por su parte, la ciudadanía participa activamente en la construcción, monitoreo y evaluación de políticas públicas para la consolidación de la seguridad, a través de los Consejos Ciudadanos Sectoriales que se encuentran en pleno funcionamiento en todas los ministerios y secretarías pertenecientes al sector seguridad.

DEFENSA Y RELACIONES INTERNACIONALES

Una mayor participación de la ciudadanía en temas de seguridad ha sido posible gracias al fortalecimiento, de la Policía Comunitaria, de las Escuelas de Seguridad Ciudadana, las mismas que han capacitado en los últimos dos años a miles de ciudadanos y ciudadanas en temas de prevención y respuesta en seguridad ciudadana, gestión de riesgos y seguridad vial.

Hasta 2013, en el ámbito internacional, el Ecuador ha consolidado su política de autodeterminación, de multilateralismo y de no intervención en las decisiones de otros Estados, privilegiando su relación con los países de la región Latinoamericana y Suramericana, en especial con Perú y Colombia, impulsando el desarrollo de las zonas fronterizas a través de una mayor presencia del Estado (especialmente en lo relativo a salud, educación, vivienda, vialidad, entre otros).

2. Garantizar la soberanía y la integridad territorial, la convivencia pacífica y contribuir al desarrollo nacional

Plan Nacional de Seguridad Integral

Asimismo, el Ecuador ha fortalecido su participación en la UNASUR, promoviendo la construcción y fortalecimiento de medidas de fomento de la confianza mutua, la transparencia de los gastos militares, la participación en misiones de paz y asistencia humanitaria, así como la transferencia de tecnología en el ámbito de la Defensa, contribuyendo así a la convivencia pacífica entre los Estados de la región, sin descuidar la protección de su soberanía, de sus sectores estratégicos y de su integridad territorial. Esto ha tomado fuerza gracias a la labor activa del país en el Consejo Sudamericano de Defensa y en la UNASUR.

Adicionalmente, el país se encuentra en proceso para la adhesión a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, CONVEMAR, lo cual le ha permitido la exploración y explotación sustentable de la riqueza ubicada en su Zona Económica Exclusiva. El mar constituye un espacio rico en recursos que el Ecuador, a través de políticas públicas y acciones coordinadas entre las distintas entidades gubernamentales, potencia y protege. Así mismo, el Estado ha mejorado las capacidades estratégicas conjuntas de sus Fuerzas Armadas, fortaleciendo la coordinación con otros ministerios

Derechos Soberanos del Ecuador con la adhesión a CONVEMAR

Escenario 2013

en el ámbito de la Defensa e impulsando instrumentos de cooperación internacional en la materia. Las tres ramas de Fuerzas Armadas han culminado exitosamente con el proceso de fusión de sus servicios de inteligencia, lo que ha permitido mejorar sus capacidades operativas para alertar y neutralizar los riesgos y amenazas a la Seguridad. Simultáneamente, han implementado mecanismos para el mejoramiento de las relaciones entre civiles y militares, estableciendo mesas de diálogo entre los estamentos militares y políticos para fortalecer los mecanismos de defensa en el Ecuador. Esto ha permitido fomentar una cultura de seguridad y defensa en todos los niveles y ámbitos de la sociedad ecuatoriana. La mujer forma parte activa de las decisiones en materia de seguridad y defensa evidenciándose una efectiva política de equidad de género en puestos de responsabilidad. Por otra parte, en el Ecuador se aprecia una nueva política de movilidad humana, ordenada y segura, con una reformada ley de migración y extranjería. Se han fortalecido los mecanismos de atención y servicios que permiten garantizar la protección e inclusión de los migrantes y donde se promueve la implementación de un sistema de información único para el control migratorio y de refugio, que permite regular los flujos migratorios, con la finalidad de prevenir potenciales amenazas que puedan afectar a la Seguridad. Todo esto ha sido posible gracias a la permanente tarea del Gobierno Nacional en beneficio del ser humano, como sujeto máximo de protección junto con la naturaleza, además

de la implementación de planes binacionales de cooperación, los mismos que se han focalizado en la ejecución de proyectos de desarrollo productivos, turísticos y de mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la zona fronteriza.

JUSTICIA SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO 3. Mejorar la calidad de vida de la población, especialmente en fronteras y en zonas de alta peligrosidad Para 2013, la consolidación de la Seguridad Integral en el Ecuador ha permitido mejorar la calidad de vida de la población, especialmente de los grupos de atención prioritaria y de aquellos considerados más vulnerables frente a la criminalidad. El Estado prioriza las políticas para el Buen Vivir que posibilitan a cada ecuatoriano y ecuatoriana acceder a una vida digna (con acceso universal y adecuado a salud, educación, vivienda, alimentación, recreación, seguridad social, etc.), lo que en términos de seguridad se traduce en la puesta en marcha de soluciones integrales para atender prioritariamente a aquellas personas que viven en entornos vulnerables a la delincuencia y criminalidad (piratería, venta de objetos robados, minería ilegal, usura, en otros). La calidad de vida de los habitantes en zonas fronterizas ha mejorado considerablemente. En los úl89

Plan Nacional de Seguridad Integral

timos dos años, el Plan Ecuador ha fortalecido la coordinación interinstitucional para la implementación de nuevos proyectos y programas de desarrollo, facilitando la ampliación, cobertura y el acceso a los servicios públicos (agua, electricidad, vialidad, educación, entre otros). Asimismo, se han fortalecido los mecanismos de vigilancia y control en fronteras, puertos y aeropuertos, incrementado la presencia militar, policial y judicial, lo cual ha mejorado los niveles de seguridad y confianza en dichas zonas.

AMBIENTAL Y GESTIÓN DE RIESGOS 4. Reducir la vulnerabilidad de las personas, colectividad y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural y/o antrópicos

Hasta 2013, el Estado ecuatoriano ha concluido la implementación de su Sistema Integral de Alertas Tempranas, con la finalidad de anticipar y mitigar los efectos progresivos del cambio climático, que se prevé tenga como consecuencia un incremento significativo de los desastres naturales. Durante los últimos dos años, el Estado ha fortalecido sus capacidades institucionales para la gestión de riesgos: se ha consolidado la articulación y coordinación con instituciones técnico-científicas para el análisis de riesgos naturales y se ha mejorado la cooperación interinstitucional para la reducción de vulnerabilidades. Del mismo modo, se han implementado programas de sensibilización y orientación, a fin de desarrollar una cultura de gestión de riesgos en el sector educativo, comunitario y en las instituciones públicas y privadas a todo nivel.

Escenario 2013

Por otra parte, se han implementado políticas para disminuir los efectos negativos causados por las amenazas ambientales, mediante el fortalecimiento de los mecanismos para un efectivo control de los delitos ambientales, y se han puesto en marcha iniciativas para consolidar un sistema unificado de información sobre la Seguridad, con énfasis en la gestión de riesgos, con el objetivo de optimizar la capacidad de respuesta de los organismos que forman parte del sector. En lo regional, provincial, cantonal y parroquial, la coordinación con los gobiernos locales ha sido fundamental para alcanzar estos objetivos y lograr la participación activa de la ciudadanía en la prevención de riesgos de origen natural o provocados por el ser humano.

CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 5. IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y LA TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD Para 2013, se han desarrollado nuevas tecnologías y se ha incrementado, a nivel nacional, el conocimiento científico para prevenir, combatir y reducir los riesgos y amenazas de tipo tecnológico. El Ecuador cuenta con un sistema integrado de investigación científica y tecnológica para la Seguridad y se encuentra promoviendo la capacitación del talento humano en áreas de investigación relacionadas con la misma. Se ha generalizado los sistemas tecnológicos para la seguridad

ciudadana, reduciéndose significativamente los tiempos de respuesta ante emergencias y delitos. En el mismo sentido, se cuenta con un sistema unificado y una plataforma tecnológica con estadísticas sobre Seguridad, lo cual ha permitido la implementación de políticas públicas y estrategias que atacan directamente a las causas de la criminalidad y la violencia. De otro lado, se han consolidado políticas públicas para el fortalecimiento de la industria nacional de la defensa y se han multiplicado los acuerdos de cooperación internacional para la transferencia de tecnología en los ámbitos de seguridad y defensa.

DEMOCRACIA Y GOBERNABILIDAD 6. PROFUNDIZAR LA DEMOCRACIA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA PACÍFICA Para 2013, se observa un ambiente de estabilidad política a nivel nacional, caracterizado por una profundización del proceso democrático y la generación de un sistema de alertas tempranas que permiten enfrentar los riesgos de desestabilización y/o alteración del orden constituido. Con una nueva visión estratégica y doctrinaria de la seguridad en el Ecuador, se ha incrementado la participación de la mujer en los procesos de toma de decisiones para el mejoramiento de la seguridad y la defensa, así como en la construcción de un 91

Plan Nacional de Seguridad Integral

Estado plurinacional e intercultural, en el cual nadie es discriminado por sus creencias, ideologías u origen. Se han fortalecido y consolidado los procesos de participación ciudadana y control social, a través de la creación de observatorios y veedurías ciudadanas para la Seguridad, lo cual ha permitido arraigar en la población una cultura de seguridad, articulada con los procesos y mecanismos de legitimación propios del sistema democrático. De la misma manera, estas iniciativas han coadyuvado en el combate a la corrupción, además de fomentar una

participación activa de jóvenes, adultos mayores, mujeres y hombres, grupos, comunidades, pueblos y nacionalidades, en todos los esfuerzos para la promoción de la paz y la seguridad. Por su parte, los Gobiernos Autónomos Descentralizados han afianzado su institucionalidad, mejorado sus capacidades en la gestión de la seguridad, y se encuentran impulsando procesos educativos entre la población, así como instancias de capacitación familiar y personal, con la finalidad de generar una cultura de seguridad que priorice la resolución pacífica de los conflictos.

VII

OBJETIVOS, POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS

OBJETIVO

POLÍTICA

PREVENIR, COMBATIR Y CONTROLAR LA CRIMINALIDAD Y LA VIOLENCIA EN LA SOCIEDAD

Mejorar la efectividad del Sistema de Justicia para disminuir el crimen organizado, la delincuencia común y la impunidad.

Impulsar la transversalidad de los derechos humanos en el Estado.

Consolidar un sistema de rehabilitación que contribuya a la reinserción social, potenciando su rol preventivo, en el marco de los derechos humanos.

Generar un modelo eficiente de seguridad ciudadana.

Reducir la accidentabilidad y mortalidad en las vías del país.

ESTRATEGIAS 1

Implementar a nivel nacional un sistema interinstitucional para enfrentar el crimen organizado.

Implementar programas y sistemas de información psicosocial que permitan optimizar la eficacia y oportunidad de las acciones de prevención del delito.

Proponer las reformas necesarias que propicien la transformación integral de la justicia, mediante estrategias transversales de mejoramiento del acceso, cobertura y los servicios que prestan las instituciones del Sector.

Generar el marco legal para prevenir y sancionar los actos de corrupción cometidos por servidores del sistema de justicia y policía

Potenciar los niveles de efectividad de la institución policial para la prevención y control del delito.

Impulsar acciones especializadas a nivel local y con apoyo de la cooperación internacional, para la lucha contra el crimen organizado

Desarrollar procesos ágiles, oportunos y seguros de denuncia.

Promover mecanismos de atención inmediata a las víctimas.

Fortalecer los programas de protección, asistencia y reparación a personas a quienes se ha vulnerado sus derechos humanos.

Promoveer una cultura ciudadana de exigibilidad de derechos humanos.

Generar mecanismos para la regulación del libre ejercicio de cultos.

Profesionalizar el modelo de atención integral penitenciario.

Impulsar proyectos que promuevan la rehabilitación integral de las personas privadas de la libertad.

Fortalecer a la Policía Nacional.

Apoyar los procesos de organización barrial para la seguridad ciudadana.

Fortalecer los vínculos entre policías y ciudadanos.

Fortalecer la cooperación interinstitucional para un mejor control de armas.

Regular la participación de Fuerzas Armadas en materia de seguridad ciudadana, en apoyo a la Policía Nacional.

Fortalecer la cultura de seguridad vial.

Fortalecer la institucionalidad asociada a la seguridad vial.

Plan Nacional de Seguridad Integral

OBJETIVO

POLÍTICA

GARANTIZAR LA SOBERANÍA Y LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, LA CONVIVENCIA PACÍFICA Y CONTRIBUIR AL DESARROLLO NACIONAL

Fortalecer y especializar las capacidades estratégicas y operativas de la Defensa en todos los niveles y ámbitos de la sociedad

Fomentar el bilateralismo y multilateralismo para la integración del Ecuador con América Latina, el Caribe y la comunidad internacional, fundamentada en una cultura de paz

ESTRATEGIAS

Mejorar las capacidades estratégicas conjuntas de Fuerzas Armadas.

Desarrollar la industria nacional de la defensa.

Incorporar al Ecuador a la legislación marítima internacional.

Transparentar los gastos de defensa, de acuerdo con la metodología aprobada por el Consejo Sudamericano de Defensa.

Impulsar e implementar instrumentos de cooperación internacional en materia de seguridad y defensa.

Fomentar una cultura de seguridad y defensa en todos los niveles y ámbitos de la sociedad.

Desarrollar una capacidad de coordinación con otros Ministerios en el nivel de la Defensa.

Mejorar las relaciones entre civiles y militares.

Generar mesas de diálogo entre los estamentos militare y los actores políticos para fortalecer los mecanismos de defensa en el Ecuador.

Proteger los recursos estratégicos del Estado.

Diversificar la apertura de relaciones con otros Estados para promover una cultura de paz a nivel internaciona.

Fortalecer la participación del Ecuador en los diversos organismos en la UNASUR y en otros que sean relevantes para los intereses del Ecuador.

Aplicar los instrumentos que materialicen las medidas de fomento de confianza mutua en seguridad en el marco binacional .

Fortalecer los mecanismos de atención y servicios que permitan garantizar la protección e inclusión de los migrantes.

Objetivos, políticas y estrategias

OBJETIVO

FORTALECER LA PRESENCIA DEL ESTADO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, ESPECIALMENTE EN FRONTERAS Y EN ZONAS DE ALTA PELIGROSIDAD, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN

REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS, COLECTIVIDAD Y LA NATURALEZA FRENTE A LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LOS DESASTRES DE ORIGEN NATURAL Y/O ANTRÓPICOS

POLÍTICA

Fortalecer la presencia del Estado en todo el territorio nacional, especialmente en fronteras y en zonas de alta peligrosidad, para mejorar la calidad de vida de la población.

Prevenir y enfrentar los desastres de origen natural y/o antrópicos.

Disminuir los efectos negativos causados por las amenazas ambientales.

ESTRATEGIAS

Impulsar proyectos de desarrollo en zonas de frontera.

Captar mayores recursos de cooperación internacional para el desarrollo de la población fronteriza.

Ampliar la cobertura y acceso a servicios públicos y programas que permitan la satisfacción de las necesidades básicas en la franja fronteriza.

Fortalecer los mecanismos de vigilancia y control en fronteras, puertos y aeropuertos.

Mejorar la coordinación interinstitucional para el cumplimiento de programas y proyectos en frontera.

Incrementar la presencia militar, policial y judicial en las fronteras.

Fortalecer los programas de cooperación humanitaria y atención a personas refugiadas en la frontera.

Modernizar los sistemas de vigilancia, control y respuesta en las fronteras.

Implementar programas de sensibilización y orientación en materia de gestión de riesgos en el sector educativo, comunitario e instituciones.

Generar programas de especialización de cuarto nive en gestión de riesgos.

Implementar sistema nacional de alertas tempranas en Gestión de Riesgos.

Incorporar los efectos del cambio climático en la planificación y Gestión de Riesgos.

Desarrollar una cultura ciudadana e institucional de Gestión de Riesgos.

Fomentar la articulación de instituciones técnicas-cientificas presentes en el Territorio Nacional para el análisis de amenazas.

Agrupar las instituciones de desarrollo públicas y privadas para reducir las vulnerabilidades.

Realizar y coordinar acciones necesarias para recuperar eventuales efectos negativos derivados de desastres o emergencias en el territorio nacional.

Impulsar un efectivo control de los delitos ambientales.

Plan Nacional de Seguridad Integral

OBJETIVO

IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y LA TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD

POLÍTICA

PROFUNDIZAR LA DEMOCRACIA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA PACÍFICA

Desarrollar y aplicar la tecnología y el conocimiento científico para prevenir, combatir y reducir los riesgos y amenazas a la seguridad integral

Fomentar la legitimidad democrática

Promover la institucionalidad democrática del Estado ecuatoriano

Fortalecer la participación y la inclusión ciudadana

ESTRATEGIAS

Consolidar un sistema unificado de información sobre seguridad integral para optimizar la capacidad de respuesta de los organismos que forman parte del sector.

Desarrollar la industria nacional de la defensa

Desarrollar un sistema integrado de investigación científica y tecnológica en el ámbito de la seguridad integral, para reducir la dependencia tecnológica.

Promover la capacitación del talento humano en áreas de investigación científica relacionadas con la seguridad integral.

Desarrollar programas de investigación científica para fortalecer las capacidades del sector seguridad.

Incrementar la transferencia tecnológica en áreas de la seguridad y la defensa.

Promover la cultura de la seguridad articulada con los procesos y mecanismos de legitimación del sistema democrático.

Impulsar procesos educativos de la población en temas de seguridad.

Crear instancias de capacitación familiar y comunitaria para la resolución pacífica de conflictos.

Generar un flujo permanente y oportuno de información y sistemas de alertas tempranas para evitar la desestabilización del régimen democrático.

Consolidar una visión estratégica y doctrinaria de la seguridad que contribuya con el rediseño institucional del Estado.

Fortalecer la relación con los gobiernos autónomos descentralizados en materia de seguridad.

Establecer modelos de gestión, regulación y control de la seguridad.

Promover mecanismos de control de la corrupción.

Contribuir a la construcción del estado plurinacional e intercultural desde el impulso de las acciones coordinadas en planes y programas de seguridad.

Fortalecer mecanismos de control y veedurías ciudadanas para lograr la seguridad integral.

Generar mecanismo para la reducción de discriminación hacia familias no tradicionales.

Mejorar la participación de las mujeres en todos los esfuerzos para la promoción de la paz y la seguridad.