Autonomía indígena nicaragua em oct 27 1 pd f by Moisés

Autonomía Indígena en América Latina: un análisis de los casos de Nicaragua y el Estado de México Moisés Elizarrarás Hernández / Ángel Mauricio Reyes Terrón

Autonomía Indígena en América Latina: un análisis de los casos de Nicaragua y el Estado de México

Moisés Elizarrarás Hernández Ángel Mauricio Reyes Terrón 5

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL CONSEJO DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL

Eruviel Ávila Villegas

Gobernador Constitucional del Estado de México

Elizabeth Vilchis Pérez

Secretario de Desarrollo Social

Adán Barreto Villanueva

Secretario Ejecutivo del Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social

Trabajo realizado por: Moisés Elizarrarás Hernández y Ángel Mauricio Reyes Terrón Número de Autorizacón del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal del Gobierno del Estado de México. Impreso en Toluca, México. Derechos Reservados, distribución gratuita. Primera edición 2011. Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social del Estado de México Av. Morelos No. 1222, Col. San Bernardino, Toluca, Méx. C.P. 50080 Tel. oficina: 2-14-25-93, fax oficina: 2-14-25-82

Las opiniones vertidas en este libro son responsabilidad exclusiva de los autores y no ne-cesariamente coinciden con la posición del Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social.

Contenido

Introducción...................................................................................

1. Marco Referencial.......................................................................

1.1. El Concepto de Autonomía 1.1.1. El Multiculturalismo y el Estado-Nación 1.2. Los Conceptos de Autodeterminación y Autogobierno 1.3. El Concepto de Autodesarrollo 1.4. Indigenismo, Indianismo y Autonomía

2. Etnografía de la Nación Mazahua del Estado de México............

2.1. Localización y Ubicación Geográfica 2.2. Estadísticas Básicas 2.3. Actividades Económicas y Acceso a Servicios 2.4. Usos, Costumbres y Tradiciones

3. Etnografía de las Regiones Autónomas del Caribe Nicaragüense......

3.1. Generalidades 3.2. Superficie de las Regiones Autónomas 3.3. Caracterización de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) 3.4. Población de la RAAN 3.4.1. Distribución territorial de los grupos étnicos 3.4.2. Proyección Demográfica de las Regiones Autónomas período 1996-2010 3.5. Caracterización de la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) 3.5.1. Ubicación Geográfica 3.5.2. Población del Atlántico Sur (RAAS) 3.6. Fundamentos de la Autonomía en Nicaragua 3.6.1. La Ley de Autonomía en Nicaragua 3.7. El FSLN y la Autonomía

4. Experiencias y Dilemas del desarrollo autonómico de Nicaragua, a través del trabajo de campo.....................................................

4.1. Autonomía y Educación 4.2. Autonomía y Condiciones Sociales 4.3. Autonomía y Política

5. Experiencias y Dilemas de la Autonomía en la Nacionalidad Mazahua del Estado de México...................................................

5.1. Autonomía y Educación 5.2. Autonomía y Pobreza 5.3. Autonomía y Política

6. Diagnóstico Reciente de la situación de los Pueblos Indígenas en México y América Latina................................................................

6.1. Pobreza de la Población indígena en México, síntesis 6.2. Pobreza de la Población Indígena en América Latina, síntesis 6.3. Evolución de la Población indígena en los últimos 50 años, síntesis 6.4. Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas en México, síntesis 6.5. Niños Indígenas y Educación, síntesis 6.6. Discriminación Racial en la Población Indígena, síntesis 6.7. Situación de los Niños Indígenas en México, síntesis 6.8. Madres Indígenas, síntesis

7. Propuesta de Autonomía de la Nación Mazahua del Estado de México..

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7.1. Elementos comparativos en la administración de las experiencias autonómicas en las dos regiones indígenas

Consideraciones Finales..................................................................

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Fuentes Bibliohemerográficas.........................................................

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Fuentes Electrónicas.......................................................................

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Glosario de Instituciones................................................................

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Anexo 1 Mapas...............................................................................

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A Erika, Landon y Camila Al personal, colegas y amigos del CIEPS, en especial a la Subdirecci贸n de Investigaci贸n y Evaluaci贸n. Al Centro de Estudios Superiores Atenea S.C.

A Elvira, Aranza y Maximiliano

Introducción “La Autonomía Regional debe tener un carácter unificador de los Distintos grupos étnicos y nacionales que convivan en un determinado territorio...” Gilberto López y Rivas Nicaragua es el único país de América Latina que logra -con cierto éxito, después de la segunda mitad de los años ochenta-, consolidar un régimen autonómico. Los casos de otras poblaciones indígenas en ésta región y en México representan ejemplos que buscan consolidarse; sin embargo, grandes discontinuidades proporcionan al total del espacio latinoamericano algunos patrones de un nuevo orden político-administrativo e, incluso, cultural. En México los ejércitos Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), Popular Revolucionario (EPR), de Mujeres Mazahuas por el Agua (EMMA) y, en Chile, el Movimiento Indígena Mapuche, comparados con la costa sur y norte de Nicaragua son movimientos reivindicatorios hasta ahora sólo de pequeña escala, carentes de un contorno legal que los unifique como procesos de instauración de nuevos órdenes político-gubernamentales, pero fuertes en cuanto a propuestas concretas de formalización autonómica, a pesar de los logros emitidos tanto en la Sexta Declaración de la Selva Lacandona -EZLN-, para la población autóctona de Chiapas, el movimiento autonómico de San Juan Copala, Oaxaca y, la formación del movimiento Mazahua por el agua en San José Villa de Allende, Estado de México, en el año 2009. La reciente experiencia de Autonomía en la zona Mazahua del Estado de México parece ser un caso que permite el análisis de causas y efectos del fenómeno, por ello, representa un interesante objeto de estudio. En 1987, la Costa Atlántica de Nicaragua obtiene el estatus de autonomía, dentro de un proceso histórico donde los pueblos indios del país desarrollan intentos por establecer mecanismos de gobierno propios; sus modificaciones, sin embargo, continúan llevando a los pueblos indígenas a involucrarse en forzosos procesos de asimilación e integración a la sociedad hegemónica dominante, en la cual, las políticas nacionales se dirigen a que el llamado “indio” se haga parte de una sola cultura: la occidental, tratando de imponer, por tanto, la “civilización” y la “cristianización”, incorporándose a la vida nacional mediante procesos ajenos a la dinámica de su propia cultura.

El éxito que el régimen autonómico nicaragüense alcanza en los últimos 24 años, en comparación con el total de casos registrados en América Latina, es muy relevante

pero, al mismo tiempo, no es posible ocultar sus discontinuidades en la praxis versus su planteamiento legal, las cuales son notablemente manifiestas; por ello, en este caso particular es trascendental la participación que tiene la Fundación para la Autonomía y el Desarrollo de la Costa Atlántica de Nicaragua (FADCANIC, 2000), que se origina legalmente a través de la llamada Personería Jurídica, misma que se autoriza el 15 de marzo de 1990, mediante el Decreto No. 102 de la Asamblea Nacional de Nicaragua (FADCANIC, 2005), con lo que se cuenta con una experiencia de más de 20 años por mantener y mejorar éste estatus autonómico. En este sentido, resulta de interés el documentar el conjunto de experiencias y dilemas que singularizan los procesos autonómicos de las regiones que detentan este rango en el Atlántico Norte y Sur nicaragüense; al mismo tiempo, reviste una significativa preponderancia contrastar el caso de la población Mazahua del Estado de México, el cual, a la fecha, lucha por el logro de su autonomía o, por alcanzar estadios que le permitan aproximarse a esta condición. El presente estudio inicia con descripciones de carácter etnográfico acerca de las condiciones geofísicas y poblacionales de las regiones objeto de estudio, es decir, retratos donde se visualizan dichos aspectos, el objetivo es ubicarlos espacial y culturalmente. Posteriormente, se describen las experiencias y dilemas a que se enfrentan los procesos autonómicos de cada una de las regiones examinadas. Vale la pena destacar que parte del fundamento de esta investigación se basa en diversos documentos, libros y fuentes hemerográficas sobre el tema, muchas de las cuales, se encuentran en centros de investigación y bibliotecas de universidades de los propios países, por ejemplo, las oficinas del Centro de Investigaciones y Documentación de la Costa Atlántica de la Universidad Centroamericana, situada en Managua, Nicaragua (CIDCA-UCA), de igual manera, se consultaron múltiples documentos obtenidos de sitios web y en los acervos personales de los autores, sobre todo en el caso de la Autonomía del pueblo indígena Mazahua.

En cuanto al planteamiento del problema, la Autonomía de los pueblos indígenas en América Latina y México, ésta es percibida como una práctica que busca superar los problemas de las regiones autóctonas. Las formas probablemente más desarrolladas de autonomía se encuentran en Europa Occidental, especialmente en España, de acuerdo con Morales (2000), donde la autonomía vive de manera exitosa en sus 19 regiones; no es desconocido el caso de la ex República Federativa de Yugoslavia en la región de los Balcanes, donde el exterminio étnico generado por las cruentas luchas inter étnicas no permite la instauración y desarrollo de regímenes autonómicos eficaces; pese a ello, en

América Latina, los conceptos, procesos y desarrollo de los esquemas autonómicos no son realmente nuevos (Morales, 2000). ...Pero en América Latina el concepto y la práctica de la autonomía no son totalmente novedosos. Existen los casos de las regiones autónomas indígenas de Nicaragua y de Costa Rica que constituyen experiencias sumamente interesantes de las que conviene subrayar algunos hechos, especialmente los acontecimientos de Nicaragua, que parecen tener una especial trascendencia para el indigenismo latinoamericano.

Así, una de las naciones con mayor experiencia en los procesos autonómicos es, sin duda, Nicaragua. Valga mencionar que esta nación cuenta con una Ley, en donde se reconocen fundamentalmente dos regiones autonómicas: la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) y, la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS). No obstante las grandes regiones indígenas ubicadas en la franja fronteriza de América Central y Sudamérica, desplazan sus demandas de la lucha por la tierra y el no exterminio de su hábitat y población, a formas nuevas de gobernabilidad, gobernanza y libertad político-administrativa sobre sus regiones. Estos movimientos aparentan oponerse a los principios que brindan soporte a los Estados-Nación en América Latina y México; esto propicia movimientos regionales, nacionales y hasta internacionales que apoyan o critican sus formas esenciales y manifestaciones. Esta realidad sugiere no sólo las visiones mencionadas sino que plantea, además, una perspectiva académica que permite plantear de manera objetiva el estado actual de la discusión, las formas que adoptan los procesos autonómicos, su presente y perspectivas futuras. Un ejemplo sobresaliente del devenir histórico de la lucha autonómica lo constituye, para el caso de Nicaragua, su Estatuto de Autonomía definido en la propia Constitución Política, en la que se concibe como un mecanismo que acepta la diversidad de las culturas indígenas, así como el reconocimiento de sus Derechos Humanos; además, dicho documento estipula la legalidad que los pueblos indígenas tienen para su libre autodeterminación, autogobierno y autodesarrollo, mediante un régimen de autonomía regional, así lo refiere DíazPolanco (1991, 1995), uno de los más destacados e importantes exponentes de la autonomía regional indígena en la Costa del Atlántico de Nicaragua.

La Ley Autonómica Indígena de Nicaragua, también conocida como el Estatuto Autonómico, tiene como esencia el reconocimiento, por parte del Reino Unido, de la soberanía de Nicaragua sobre el territorio de la Mosqui-

tia, donde el compromiso del Estado Nicaragüense es mantener una serie de concesiones que ofrecieran una garantía de supervivencia para los pobladores de ella. Estas garantías son, por ejemplo, la exención del servicio militar por un periodo determinado; la concesión de tierras; la libre elección de sus gobernantes, sus formas particulares de producción y de sus esquemas culturales, entre otras. A la fecha, la Ley de Autonomía constituye el documento más importante para la población indígena de la Costa Atlántica en la consolidación y cotidianidad de su vida autonómica, basada en un esquema de mejores oportunidades de desarrollo o, de autodesarrollo para ellos. Para algunos líderes como Oscar Hodgson, representante legal del Consejo de Ancianos de Puerto Cabezas, Bilwi, piensan que esta Ley de Autonomía indígena se encuentra totalmente rebasada, pues no contempla de ninguna manera aspectos tales como la propiedad de los recursos naturales, el deslinde de la propiedad indígena y el comercio autonómico del área con el Caribe y con otras zonas económicas del mundo (Nuevo Diario de Nicaragua, 12/05/2002; Sección Nacional). Por ello la población de la Costa Atlántica de Nicaragua sigue en la búsqueda: ...de la demarcación de su territorio, la definición de sus recursos naturales que los tenga como verdaderos dueños y que esto permita que las comunidades negocien su autonomía con el gobierno nicaragüense. Y que sea permitido el comercio abierto con el Caribe.

Los miskitos de la región de Puerto Cabezas, Bilwi, han elaborado un documento alterno a la Ley de Autonomía Indígena que contempla la integración autonómica de los pueblos miskitos de Honduras, Costa Rica y Colombia. Según Hodgson (Nuevo Diario de Nicaragua, 12/05/2002): La propuesta ya fue elaborada en noviembre del… (2001), pero todavía es desconocida por el gobierno de Enrique Bolaños. Y agrupa el criterio de los otros pueblos que conforman la Mosquitia, de los que se pretende su integración estos son los pueblos de Honduras, Costa Rica y Colombia.

La propuesta, preparada por el Consejo de Ancianos, conformado por once miembros mayores de sesenta años, contó con el apoyo de más de 300 comunidades de la RAAN, que celebran cada cuatro años una asamblea indígena para

tocar los temas más importantes de la autonomía de los pueblos costeños; una de las más importantes se realizó en la región de Bilwi. Por ello, es una primera intención investigar ¿Cómo se desarrolla la autonomía en la región atlántica del norte y sur nicaragüense? Y, además, ¿Cuál es la propuesta de autonomía para el caso de la población Mazahua del Estado de México?, planteándose de igual manera los siguientes objetivos del trabajo. 1. Reseñar las experiencias y dilemas que presenta para la población Miskito de las RAAN y RAAS de Nicaragua el fenómeno de la Autonomía; de igual manera, para la población indígena Mazahua del Estado de México. 2. Proponer un modelo de Autonomía para el caso de la Nación Indígena Mazahua del Estado de México, pero donde se considere un ejemplo no sólo para dicha sociedad sino para todo aquel grupo social que por sus condiciones de desarrollo económico, social y cultural, resulte factible el establecimiento de un régimen autonómico, o proceso de autonomía comunal y, hasta regional. En cuanto a la Hipótesis establecida para el trabajo en concreto se plantea que: 1. La Autonomía, como movimiento social entre la población Mazahua del Estado de México, tiene como razón de existencia la búsqueda de mejores condiciones de vida para esta nacionalidad, a la vez de la necesidad de ejercer su derecho a la vida política, económica, y social que los distinga como pueblos libres, con la capacidad de ser autogestivos. 2. La Autonomía de la Nación Mazahua del Estado de México es una práctica que puede proporcionar a su población mejores condiciones de desarrollo. Es un instrumento que permite la consolidación de sus estructuras internas y que llevada a cabo adecuadamente, facilita la superación de sus contradicciones.

Por otro lado, y en cuanto a la metodología empleada en el presente estudio, se recurre al método comparativo, que consiste en identificar los elementos que proporcionan identidad a fenómenos parecidos, pero que permiten encontrar la especificidad propia que les caracteriza. Tal método se aplica en la comparación de la autonomía como fenómeno en las regiones del Caribe Norte y Sur de Nicaragua y el caso de la población indígena Mazahua del Estado de México y, para plantear de manera correcta nuestra propuesta autonómica, así mismo, se recurre a la búsqueda de fuentes de información electrónica vía los sitios web con

organismos nacionales e internacionales encargados del estudio del fenómeno autonómico, a la vez, se describe también, mediante una etnografía, la situación sociodemográfica y, a través del uso de datos del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México (CEDIPIEM), de la Nacionalidad Indígena Mazahua; se destaca el uso de información de primera mano en el desarrollo del trabajo de campo, realizado en el año 2005, concluyendo con la propuesta de Autonomía para dicho pueblo, e, integrada por 12 puntos que permiten hacerla viable, y de utilidad, sin descartar las sinergias que se pueden lograr con el Aparato de Gobierno en tanto su adecuado devenir; además, de expresar algunas consideraciones finales. Sin más, se pone el presente documento a su consideración.

1. Marco Referencial 1.1. El Concepto de Autonomía El concepto de Autonomía es uno de los más utilizados al abordar la temática latinoamericana y de México, sin embargo, ha sido frente de lucha y trabajo de connotados intelectuales, quienes, a la vez, hacen del término y su problemática, labor de todos los días, entre los más destacados figuran Héctor Díaz Polanco, Consuelo Sánchez Rodríguez, Gilberto López y Rivas, Luis Villoro, Rodolfo Stavenhagen, Edgar Samuel Morales Sales, solo por nombrar a los que más profundamente han penetrado en el tema. En un primer acercamiento es necesario mencionar cuáles son para Díaz-Polanco (1991, 1995), los fundamentos del sistema autonómico, manifestando que para el estudioso existen varios sentidos en los que debe entenderse: En primer lugar, el autor advierte que el propio concepto está cargado de connotaciones, puntos de vista, enfoques y hasta conjeturas que en sí mismas no deben plantear negatividades en el análisis del fenómeno; lo que sí debe preocupar son los mitos y extravagancias que se vienen uniendo en torno al debate intelectual de la autonomía y, que a este último, poco fructífero en el desarrollo de futuros debates en torno a su temática. El autor destaca que no se debe, por tanto, confundir el concepto ni, al menos, relacionarlo con otros como aquellos que aluden al separatismo, autarquía, nepotismo y retorno a la vida primitiva. En este sentido, la autonomía no es como señala éste crítico (1991), una panacea, en términos generales, nos dice, es: ...tan sólo el recurso de que una sociedad puede valerse en un momento de su desarrollo concreto para resolver el conflicto étnico-nacional.

Por ello, se relaciona con ciertos documentos que circulan en medios intelectuales, en los cuales se observa una marcada simpatía por las causas indias, sujetándose al principio de dejar hacer, es decir, de permitir a la sociedad indígena ocuparse de sus asuntos de administración y mantenimiento de sus usos y costumbres. Sin embargo, este dejar hacer, con su permisividad adquiere una radical desventaja, la ambigüedad e indeterminación, ante los proyectos de mundialización y globalización (Morales, 2004); tendería pues a perder el mantenimiento de sus formas culturales y facilitar la incorporación de otros elementos ajenos sin similitud con las practicadas. El Segundo sentido de la autonomía, nos dice el mismo autor (2004), trataría de: …un régimen, acordado 17

y no concedido, que implicaría la creación de una verdadera colectividad política en el seno de la sociedad nacional.

De acuerdo con esta acepción, la autonomía viene a ser el régimen especial que configura su propio gobierno, dentro del cual, sus autoridades cuentan con la atribución necesaria para legislar en torno a sus asuntos y vida interna y, sus características estarán determinadas por la naturaleza histórica misma de su colectividad, así como de su realidad sociopolítica. El concepto de autonomía es definido por la Société Anonyme de la Grande Encyclopédie en los términos siguientes: ...el sentido etimológico de la palabra autonomía sería sinónimo de soberanía. De la misma manera, esta misma obra hace hincapié en lo relacionado con la autonomía municipal, destacándola como “la piedra angular del desarrollo de las sociedades autónomas”, que no busca dividir las sociedades y se convierte en un mecanismo aun existente en los estados modernos, como en el caso de las regiones autónomas de Nicaragua; entonces, el concepto refiere que cada Estado cuenta con un Estatuto que indica la formación de gobiernos municipales que permite la resolución de problemas locales con la ayuda de la comunidad y de un vínculo con los órganos federales. Algo con particulares semejanzas se presenta en el caso nicaragüense con la llamada Autonomía Regional. Por otra parte, la Asamblea Nacional de 1789, con respecto a la doctrina autonomista, no interviene en la conformación de las Leyes Orgánicas Municipales, por lo que cada municipio es libre de establecer sus propios estatutos; por ejemplo, el 14 de julio de ese año, la ciudad de París forma un gobierno municipal con representantes de la comunidad, elegidos en los distritos que integran su capital. Mientras tanto, ya se discutía la posible conformación de lineamientos generales para los municipios; hecho que se lleva a cabo el 12 de agosto gracias a una Comisión que establece la Declaración de derechos de los Municipios, en donde se estipulan aquellos naturales, que se constituyen como inalienables, para conformar jurisdicciones dotadas de servicios, administración en general e instituciones comunes. Un municipio en el régimen autonómico es, por tanto, una sociedad de co-habitantes y copropietarios, dentro de un límite circunscrito, donde las leyes para uno funcionan para todos. La copropiedad de los bienes de un municipio corresponde a todos los habitantes por el sólo derecho a la cohabitación, y su derecho se guarda mediante un mecanismo de seguridad que implica el desarrollo de los derechos mismos de los estatutos autonómicos. Similarmente, Díaz Polanco (1995), hace constar que la Autonomía es definida como: 18

...Auto nomo: darme mi propia ley.

Por tanto, es la autonomía un planteamiento político; se trata de la autodeterminación de los pueblos no en el ámbito internacional sino en el nacional. Así, surge el concepto de autonomía entre los pueblos indios, quienes demandan en las diversas regiones de América Latina autonomías internas; es decir, que no son un Estado; están ceñidas al Estado etnocrático o contra la llamada Patria del Criollo, -concepto arduamente utilizado dentro de los estudios latinoamericanos, en la idea de clase-. La Autonomía tiene una relación estrecha con el indigenismo oficial como programa de los gobiernos de la región, en el sentido de que éste es, por definición, negador de la autonomía de las etnias. Dicha relación implica control, paternalismo y hasta autoritarismo. La autonomía, no obstante, implica el reverso del indigenismo oficial, -indianismo autogestivo-, en el sentido de que es desechado como teoría y práctica en todos los sentidos, pues como lo ha señalado el mismo autor: …el asumir una nueva forma en la que el indio es el verdadero protagonista de su propia situación y, por eso autonomía no sólo implica autogobierno, sino otros elementos.

En épocas recientes se piensa que el concepto de autonomía es un mero invento de los intelectuales, pero dicha, es algo que se encuentra contenido en forma no articulada en los objetivos de las luchas indígenas; se trata de descubrirla, está ahí.

1.1.1. El Multiculturalismo y el Estado-Nación

Las sociedades indígenas y las minorías raciales en América Latina se enfrentan, desde la consolidación de los movimientos independentistas de los diversos países, a un problema fundamental de incorporación a la nueva vida política, económica y social de sus nacientes Estados, la diversidad étnica es y ha sido considerada como riesgosa ante los embates de la estructura de las Nacionalidades y, recientemente ante el fenómeno de la globalización que radicalmente constituye la génesis de la propuesta teórica del Multiculturalismo; por ello, dicha corriente es considerada como de vanguardia en las reacciones ideológicas frente a la uniformización cultural –homogeinización sistémica-, producto de la globalización. Pero la teoría multiculturalista es también concebida como uno de los movimientos de oposición a la tendencia presente en las sociedades modernas de unificación y universalización cultural, que pretende proteger su variedad, su folclor; al tiempo que se centra sobre las frecuentes relaciones de desigualdad de los grupos étnicos y

las minorías respecto a las culturas mayoritarias –territorialmente las de mayor densidad-. Una de las líneas seguidas: el Multiculturalismo, en su expansión, se suma a relevantes consideraciones latinoamericanas en torno a la autonomía y la autodeterminación de los pueblos indígenas. El problema en el que actualmente se encuentra enfrascada la idea de EstadoNación en México y América Latina se concentra en las dinámicas luchas que los diversos grupos indígenas y las minorías étnicas desarrollan en pos de un cada vez mayor libre desarrollo de sistemas autonómicos que les permitan reivindicar su pertenencia a nacionalidades diferentes a las que el mundo contemporáneo alude; sin embargo, dadas las actuales condiciones políticas, económicas y diplomáticas mundiales tales reivindicaciones se constituyen en un grave problema de homologación cultural, que por tanto mina el de por sí ya trastocado sistema de Estado-Nación que se debate en la búsqueda de soluciones alternativas a las que promueve el sistema económico dominante manejado de facto por la potencia financiera del norte y todo su discurso globalizador. Estas soluciones no se encuentran, por supuesto, en las determinantes y unificadoras propuestas de inversión de capitales y lucha norte-sur contra el narcotráfico. Las susodichas propuestas no hacen sino plantear la desaparición de los Estados-Nación latinoamericanos y la identidad colectiva que de ellos emana; la concepción, tan difundida hoy en día, de un mundo que avanza libre y pacíficamente hacia la unidad política, económica, social y cultural, enmascara una profunda crisis y hace resurgir las particularidades que caracterizan a los diversos grupos humanos, que posibilitan este devenir en aras de lograr que nuevas formas de gobierno administren de manera más exitosa su entorno, los siguientes conceptos podrán dar mayor luz respecto de este debate.

1.2. Los Conceptos de Autodeterminación y Autogobierno

Los grupos étnicos de América Latina y México encuentran el fundamento político de sus derechos históricos en la autonomía, es decir, el régimen que les permita gobernarse con autodeterminación (Díaz Polanco, 1995), de manera política, económica y cultural; sin embargo, la condición necesaria para la realización del proceso autonómico es la cancelación de los Estados excluyentes y, al mismo tiempo, la edificación de instituciones políticas nuevas, descentralizadas, democráticas, incluyentes y respetuosas de la diversidad y pluralidad cultural. Por otra parte, el autogobierno les llevaría al manejo interno de los

asuntos comunes y, al mismo tiempo, les permitiría una participación cada vez más adecuada en las decisiones nacionales que como pueblos les atañen. Los postulados de la autonomía son: que el régimen autonómico no sea considerado como una fórmula mágica ni como promesas de privilegios para unos en perjuicio de otros; es, tan sólo, la solución que una sociedad puede adoptar en un momento concreto de su desarrollo, en la búsqueda de soluciones al conflicto étnico-nacional. La autonomía, en sí misma, se refiere a un régimen especial que configura un gobierno propio o autogobierno para ciertas comunidades integrantes, que escogen sus propias autoridades como parte de la colectividad, ejercen competencias legalmente atribuidas y, tienen facultades mínimas para legislar acerca de su vida interna y en la administración de sus propios asuntos. La autonomía, por tanto, sintetiza y articula un conjunto de reivindicaciones que se plantean los grupos étnicos. Puede decirse que la autonomía es una demanda considerada madre de los conglomerados; sus rasgos específicos estarán determinados por la naturaleza histórica de la colectividad de referencia que la ejercerá y, en cuanto que ésta será su sujeto social y, por otra parte, el carácter sociopolítico del régimen estatal de la nación en que ésta cobrará existencia institucional y práctica. En este último sentido, sólo en las sociedades donde surge y se desarrolla un proceso democrático, las regiones autonómicas logran consolidarse; en cambio, donde la sociedad nacional experimenta procesos antidemocráticos o de reversión democrática, los regímenes autonómicos no logran funcionar, nuevamente Díaz Polanco (1995), explica que el proceso autonómico tiene tres puntos básicos: (...) Resulta de un pacto entre la sociedad nacional (cuya representación asume el Estado-Nación) y los grupos socioculturales que reclaman el reconocimiento de sus particulares derechos históricos. Este acuerdo se constituye a lo largo de un complejo proceso. 2) El proceso autonómico, pues, tiene lugar durante un lapso relativamente prolongado que varía de un país a otro. En rigor, el proceso autonómico no concluye con el establecimiento legal de los gobiernos autónomos, sino que se prolonga durante su fase de consolidación y ajuste en el marco de la estructura política administrativa. 3) Se requiere cumplir ciertos requisitos que resultan paso previos a la aprobación del régimen de autonomía por los órganos legislativos de sus respectivos países.

Considerando los puntos anteriores puede decirse que se logra que las poblaciones se identifiquen con su correspondiente sistema de autonomía,

contemplándolo no como una mera concesión, sino como una conquista; esto es, el fruto de un tratado entre partes iguales y libres. Este punto es relevante pues la autonomía no puede ser el producto de una decisión unilateral o impositiva, en especial por parte de los gobiernos. Luís Villoro (1996) refiere que: ...El estado moderno nace a la vez del reconocimiento de la autonomía de los individuos y de la represión de las comunidades o etnias a las que los individuos pertenecen. El autor propone que cada asociación, si es libremente concertada,

supone el reconocimiento de los otros sujetos, lo cual establece: ...respeto a la vida del otro; 2) la aceptación de su autonomía, en el doble sentido de capacidad de elección conforme a sus propios valores y facultad de ejercer esa elección; 3) la aceptación de una igualdad de condiciones en él diálogo que conduzca al convenio, lo cual incluye el reconocimiento por cada cual de que los otros pueden guiar sus decisiones por los fines y valores que les son propios; y, 4) por último, para que se den esas circunstancias, es necesario la ausencia de toda coacción entre las partes.

Resulta necesario insistir que el concepto de autonomía se refiere de manera tajante al ejercicio que los pueblos indígenas realizan de forma libre como parte integral y no marginal del Estado-Nación, pero sin menoscabo de su ejercicio como grupos culturales diferentes, con una forma de gobierno particular. El ejemplo antes mencionado lo tenemos en la propuesta de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, en especial a lo relacionado con la propuesta autonómica planteada en el mencionado documento, del cual se retoman las notas más relevantes. De igual manera, ese documento manifiesta que la autonomía es la expresión concreta del ejercicio del derecho a la libre determinación, enunciada como un marco que se conforma como parte del Estado Nacional, por tanto: ...(es) los paréntesis son nuestros Resulta pertinente reconocer el derecho de los pueblos indígenas a la autonomía, en tanto colectividades con cultura diferente y con aptitud para decidir sus asuntos fundamentales en el marco del Estado Nacional.... el Estado respetará el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas... El Estado Mexicano se compromete a no intervenir unilateralmente en los asuntos y decisiones de los pueblos y comunidades indígenas, en sus organizaciones y formas de representación y en sus estrategias vigentes de aprovechamiento de recursos naturales.

Es importante mencionar que el debate sobre el reconocimiento de la autonomía y, su facultad de elección por parte de los pueblos, inicia en las

reuniones de Barbados de los años 1971 y 1976 y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en San José de Costa Rica, siendo uno de sus principales impulsores el investigador Rodolfo Stavenhagen, cuyos aportes quedaron vertidos en sendos documentos científicos de los años 1988, 1989 y 1992; además de participar en las discusiones de Ginebra de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y como relator e investigador principal del Instituto de Estudios Laborales del mismo organismo, proponiendo su aporte teórico sobre el etnodesarrollo, al que concibe como un modelo posible de desarrollo alternativo, que surge de una crítica que hace a las teorías del desarrollo económico –práctica o consistentemente hegemónicas-, en el mundo moderno; las que considera profundamente perversas cuando son aplicadas en determinadas situaciones en el tercer mundo, y notoriamente en aquellas en las que se involucra a los pueblos indígenas. En cuanto a los procesos autonómicos que algunos pueblos indios de América Latina y México están viviendo, será necesario ubicarlos en el contexto de que sean sus propias voces, es decir, sus demandas las que se tomen en cuenta, no sin antes observar las experiencias que otras regiones del mundo provean en el mismo proceso autonómico. Existe en Latinoamérica al menos una propuesta uniforme de la aplicación práctica de la autonomía indígena, ésta es, la autonomía regional como en el caso específico de Nicaragua. La propuesta tiene características generales en el desarrollo de una modalidad pluriétnica, donde resulta posible agrupar, de manera indistinta, a un universo de comunidades tanto indígenas como mestizas y, hasta las consideradas minorías, dentro de los límites del territorio que ubican tanto la Región Autónoma del Atlántico Norte, como la Región Autónoma del Atlántico Sur. Por otra parte, Velasco (2003), asume que la propuesta comunal de la autonomía indígena debe iniciar desde el medio comunitario, pues es éste el que se constituye como espacio social primario de convivencia, de las lealtades primordiales y, referente central para la reproducción de la cultura y la identidad. La propuesta aboga sobre todo por una autonomía que se funde primordialmente dentro de las comunidades indígenas y, sin descartar en absoluto la decisión de éstas, de crear entidades autonómicas mayores a partir de ellas, es decir, de la comunidad a los ámbitos regionales.

Para ser claros, la experiencia autonómica de algunos países del mundo es, sin duda, relevante en el desarrollo concreto, tal como se plantea para el caso

de la autonomía regional de los pueblos indios de Latinoamérica. Los ejemplos de dichas experiencias son amplios, como los casos de la región Vasca en España, la actual Federación Rusa y los Balcanes, la República Popular China, Italia, Portugal, Finlandia, Dinamarca, Groenlandia y, particularmente en América Latina, sobresalen los casos de Nicaragua, Ecuador, Chile, México, Bolivia, Guatemala, Venezuela y, recientemente, también Colombia. Ciertamente los casos para citación y con fines de ejemplo son numerosos, sin embargo, cabe destacar el impulso que el proceso de autonomía genera en torno a los múltiples movimientos de autodeterminación de los pueblos involucrados en esa dinámica, por ello, la autodeterminación, según Gurutz (2003), es: La idea de la autodeterminación de los pueblos tiene contornos muy imprecisos. La identificación abusiva de la autodeterminación con el separatismo, la secesión, o la independencia ha hecho que este derecho haya sido percibido como una amenaza para la paz y la estabilidad internacionales.

Sin embargo, la autodeterminación y la secesión no son, per se, procesos o realidades idénticas. Diversos argumentos, bien jurídicos o políticos, esgrimidos contra la secesión ni pueden, ni deben ser aplicados contra la autodeterminación con carácter general, dado que la puesta en práctica del derecho de autodeterminación no incluye necesariamente la creación de un estado propio mediante el ejercicio del derecho de secesión. Hay otras muchas fórmulas, tales como la autonomía, el federalismo, el condominio, el protectorado, entre otras. No se trata, por tanto, de entender a la autodeterminación de los pueblos como un mero mecanismo de separatismo incongruente, sino como una dinámica estructurada en la realidad de los pueblos y sus diversas demandas, tanto económicas como culturales y políticas, que son entendidas más profundamente como la misma autonomía. La autodeterminación es, en muchas ocasiones, confundida con el concepto de autogobierno, quizá porque este último busca el reconocimiento del carácter plurinacional de los Estados-Nación, que en repetidas ocasiones demandan leyes y estatutos particulares donde se proyecten las reivindicaciones de lo que ellos mismo refieren como sus particulares derechos históricos, Díaz Polanco (1995), expresa que Autogobierno, es: ...Un espacio político conocido en que la mayoría de la gente ha participado en un contexto u otro (...) el autogobierno desempeña múltiples funciones entre las que se encuentran las decisiones comunitarias. 24

1.3. El Concepto de Autodesarrollo Por otra parte, el concepto de desarrollo indígena o autodesarrollo gira por lo regular en dos vertientes; por un lado, la perspectiva del desarrollo de manera occidental y, por otro, la perspectiva del desarrollo desde los pueblos y las organizaciones indígenas, de tal manera que puede entenderse al desarrollo o autodesarrollo indígena, en una perspectiva occidental , como:1 Se ha producido en los últimos años un cambio fundamental en la orientación conceptual del desarrollo indígena... En este sentido fue particularmente incidente el discurso del mestizaje, predominante muchos años en América Latina, y que, buscando su legitimación en el mito del amalgamamiento de la población europea e indígena, postuló la nivelación de las diferencias étnicas como base de un Estado-Nación homogéneo... A raíz del fracaso de estas concepciones paternalistas, que buscaban un desarrollo inducido desde fuera, sin participación alguna de los pueblos indígenas, se ha venido imponiendo poco a poco otra concepción, basada en el reconocimiento de que sólo un enfoque orientado más bien hacia aspectos socioculturales... Esto no sólo ha llevado a una mejor valoración de la cosmovisión indígena, sino también a una creciente disposición de aprender del intercambio con las comunidades indígenas y de poner en cuestión los ideales de desarrollo aceptados.

Desde la perspectiva de las propias organizaciones indígenas2 el desarrollo o autodesarrollo se concibe como: En la reciente reunión de pueblos indígenas celebrada en Copenhague en agosto de 1996, los pueblos indígenas en su declaración final, señalan que el concepto de ayuda, apoyo y otros términos utilizados dentro del marco de cooperación, son considerados ofensivos para estos pueblos que no se consideran como parásitos de las sociedades en las que se insertan, y por lo tanto para tales pueblos deben considerar los siguientes argumentos (Declaración indígena de agosto 96 Copenhague). 1. Desarrollar programas de producción indígena, que produzcan riqueza capaz de sostener a los pueblos indígenas como ha sido tradición a lo largo de los siglos. 2. Impulsar acciones de cooperación e intercambio entre nuestros pueblos y sus

“Cfr. Estrategia Española de Cooperación con los Pueblos Indígenas Iberoamericanos. En página electrónica de Internet: www.aeci.es.

Ídem. www.aeci.es.

organizaciones. 3. Redefinir la relación de cooperación de tal manera que las agencias sean flexibles en cuanto a nuestra concepción de desarrollo y que de común acuerdo, establezcamos los criterios para la cooperación. 4. Hacer esfuerzos sustanciales en la capacitación e institucionalización de nuestras ONG’s y organizaciones, haciéndolas eficientes y al servicio de desarrollo de nuestros pueblos. 5. Iniciar un proceso de consulta para definir el concepto de desarrollo de los pueblos indígenas y el papel de las ONG’s en el mismo. 6. Finalmente promover conferencias que nos permitan evaluar el papel de la Cooperación Internacional, diseñar políticas en consenso y establecer mecanismos participativos en la toma de decisiones de la política de cooperación.

Es importante mencionar que el llamado autodesarrollo de los pueblos indígenas de América Latina y México alude, por un lado, a la tendencia paternalista de los Estados-Nación para “facilitar” o “propiciar” el desarrollo, por lo que seguramente no podría ser llamado autodesarrollo, y, por el otro, al esquema de permitir a los propios sujetos sociales su desenvolvimiento, a través de la generación de proyectos productivos y comunitarios a través de sus aparatos de Gobierno, tal es el caso de la política social mexicana del desarrollo.

1.4. Indigenismo, Indianismo y Autonomía El indigenismo en el sentido más amplio puede ser considerado como un elemento en torno al cual la política de los Estados -al menos latinoamericanos-, “diseña” y “pone en práctica” proyectos que benefician a la población indígena en determinados espacios geográficos, es así como lo presenta López y Rivas (1998), cuando menciona que: …el indigenismo como política es y ha sido un obstáculo para encontrar o definir los caminos independientes de los pueblos hacia una articulación con las sociedades nacionales de carácter equitativo y democrático.

Es una certeza que el indigenismo oficial utiliza mecanismos que parafrasean y repiten mensajes en torno a una realidad idílica que dentro de las poblaciones indígenas dista de ser aplicada, los pueblos indios de América Latina son real y estadísticamente los más explotados, marginados y desprotegidos de su complejo poblacional; sin embargo, muchos de ellos ocupan espacios de una riqueza natural inmejorable como es el caso del Caribe Nicaragüense, Los Altos de Chiapas, Los Tuxtla en Veracruz, entre otros, en parte, por eso, son producto de una constante agresión por la apropiación de esa riqueza, es también de destacar que los

procesos de esclavitud actuales que se ejercen en torno a los grupos indígenas del continente responden a formas recientes de apropiación tecnológica de los recursos de la biosfera y de una constante y paulatina apropiación de la riqueza cultural de dichos pueblos. Los actuales procesos de globalización –mundialización de las Economías-, producen, generan o hacen que los elementos de propiedad intelectual nativos –como lengua, vestido, gastronomía, festividades religiosas, folclor, prácticas culturales implícitas en las formas cotidianas de vida-, se internacionalicen como meros productos exóticos, simple y llanamente como mercancías al precio del mercado global; y, marginando en última instancia a los propios generadores de esa riqueza, es decir, a los grupos indígenas. El indigenismo en América Latina y, por supuesto, en México desde una perspectiva histórica lleva a los grupos indígenas desde la esclavitud económica de encomienda y repartimiento propias del sistema colonial, las políticas liberales que aún cuando proclaman libertad e igualdad rompen con las estructuras comunales de propiedad y territorialidad, los procesos de integracionismo de los sistemas dictatoriales y hasta las actuales formas de integración cultural fundamentadas en la creciente red de telecomunicaciones e Internet, donde hasta las organizaciones indígenas utilizan para hacer del conocimiento de la opinión pública internacional comunicados, propuestas e información general de base; y, donde los Estados-Nacionales no representan sino meros observadores y aplicadores para los poderosos, de leyes, que les permitan hacer del indio objeto de explotación en la búsqueda de civilizarlo; borrando su diversidad y riqueza cultural e incorporándolo como asalariado de bajo ingreso en sectores económicos tanto del campo como de la ciudad.

Dentro de los programas indigenistas de México existen al menos dos políticas que suponían históricamente la forma de trato de las administraciones nacionales en torno a estos grupos: primero, el programa de integracionismo cultural, naciente del movimiento independentista y de la guerra de Reforma del siglo XIX, los cuales, por cierto, no logran para las demandas indígenas mayores avances que traer esquemas cortoplacistas sin forma y fondo, lo que sí consigue el programa integracionista es el mantenimiento de esquemas racistas en torno a los grupos indígenas y, por consecuencia, un gran deterioro sobre todo en los niveles mínimos de vida digna de los mismos. El segundo programa es el denominado diferencialismo segregacionista, que en la naciente vida independiente de nuestro país, permitió las grandes “conquistas” oligárquicas

de vastos predios agrícolas en las zonas de explotación y fertilidad más destacables, bástese referir el caso de la población indígena lacandona del bosque húmedo chiapaneco para fortalecer lo anterior, por tanto, el Indigenismo de Estado -indigenismo anti autonomista-, permite en el caso presentado ser la línea que los reclamos indios pretenden, por ello, se caracteriza más por ser un obstáculo al desarrollo de las nacionalidades indígenas y por asumir un papel totalmente asistencialista y clientelar, los beneficios en torno al nativo, son mínimos y administrativamente casi inalcanzables. El indianismo, por otro lado, o lo que se denomina la propuesta “indianista”, supone ser aquella corriente de pensamiento que habla en nombre de la gran historia precolombina, cultural y diacrónicamente milenaria, la que advierte una simbiosis cultural en franco equilibrio, hombre-madre tierra, y que desafía desde su llegada toda invasión, colonialismo, integracionismo y segregación que de occidente provenga, sobre todo en aquello que tiene que ver con la premisa de invocación a la utilización de la madre tierra, y la imposición de valores que no se conciban desde su esquema de autodeterminación cultural. Tal indianismo deja ver histórica y culturalmente al nativo explotado, subordinado como aquel que puede y es capaz de ser combatiente por el simple derecho a la libertad que tal tiene de ser hombre, a la vez de ser el hijo de la madre tierra –no un bastardo- que debe reivindicarla. Existen dentro de la corriente indianista al menos dos propuestas de lucha contemporánea que en torno a sus múltiples reivindicaciones se llevan a cabo recientemente: la primera, nacida a raíz de la conmemoración de los quinientos años del encuentro de dos mundos -1992-, que sería más bien los quinientos años de conquista, colonización y depredación europea en América; la segunda, menciona al importantísimo logro que los pueblos de la Costa Atlántica nicaragüense tienen en el ámbito latinoamericanista del establecimiento del régimen de autonomía de 1987 y, como consecuencia de la lucha de los pueblos indios y las minorías étnicas –como revolución social- a partir de 1979, es decir, la idea de revalorizar, posicionar e incluir al indígena en la toma de decisiones de las agendas municipales, estatales y federales, así que, el supuesto de descrédito que los grupos étnicos en México y América Latina habían históricamente vivido parecían cosas del pasado, a ésta visión ochentera se le denominó la propuesta teórica del neo indigenismo.

No obstante esto último, parece que más que una propuesta neo indigenista como tal, debiera ser establecida como propuesta neo indianista, en

el sentido en que es el indio quien como agente teórico establece de manera autodeterminante la forma en que debe posicionar ante el Estado-Nación sus múltiples demandas, entre ellas la de autonomía. Referir por supuesto que este nuevo indianismo, implica no sólo el posicionamiento de las demandas citadas, además es plataforma de presentación de las identidades indígenas ante el mundo entero y, ciertamente las relaciones entre la cosmovisión indígena con el espacio mestizo, destacando para ello la presencia india dentro de los espacios urbanos latinoamericanos, sea laboral, educativa, cultural y de recreación de manera formal y, en consecuencia, también de manera informal. Las formas en que cotidianamente se presenta el indianismo latinoamericano, además de las ya mencionadas -como la autonomía-, se ostentan a través de la participación política organizada que adquiere verdadera relevancia cuando en su entorno se incluyen los rasgos culturales como la lengua, las tradiciones y las reformas legales que el Estado debe llevar a cabo, apuntaladas, por supuesto, con las propuestas que las organizaciones indígenas mismas planteen en la unificación de criterios en torno a aquellas reformas pertinentes dentro del desarrollo autogestivo de las nacionalidades indias.

2. Etnografía de la Nación Mazahua del Estado de México 2.1. Localización y ubicación geográfica de la Nación Mazahua en el Estado de México La población indígena Mazahua en el Estado de México se localiza en la región Noroccidental y Centro Occidental del Estado, habitando 13 municipios con características rurales, los cuales son: Almoloya de Juárez, Atlacomulco, Donato Guerra, El Oro, Ixtapan del Oro, Ixtlahuaca, Jocotitlán, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, Temascalcingo, Valle de Bravo, San José Villa de Allende, así como Villa Victoria (ver mapa 1 de la distribución geográfica de la población indígena del Estado de México, en anexo 1). La población Mazahua del Estado de México habita históricamente una serie de zonas montañosas, lomeríos y valles, con un clima preponderantemente frío. Producto de las presentes condiciones climáticas y geográficas, la población Mazahua de nueve municipios presenta alto grado de marginación: Almoloya de Juárez, Donato Guerra, Ixtapan del Oro, Ixtlahuaca, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, Temascalcingo, Villa de Allende y Villa Victoria; dos, un grado medio: El Oro y Jocotitlán; otros dos, un grado bajo de marginación: Atlacomulco y Valle de Bravo, lo que significa que se trata de una región y un pueblo con grandes necesidades sociales y económicas, esto de acuerdo con información del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México (CEDIPIEM, 2010).

2.2. Estadísticas Básicas A partir de los resultados del II Conteo de Población y Vivienda 2005, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Estado de México contaba con 312,319 individuos de cinco años y más hablantes de alguna lengua indígena; de ellos, 182,189 son pertenecientes a nacionalidades o pueblos indígenas originarios del propio Estado y, otros 129,420 corresponden a hablantes de una lengua indígena perteneciente a otro Estado de la República. Según el tamaño de su población total se enlistan las nacionalidades indígenas del Estado, a saber:

1.- El pueblo Mazahua, con una población total de 95,411 hablantes, representa 52.2% de la población originaria del Estado de México.

2.- El pueblo Otomí, con 83,352 hablantes, representa 45,6% de la población originaria de la entidad mexiquense. 3.- El pueblo Nahua, con 2,367 hablantes, significa 1,3% de la población originaria del Estado. 4.- El pueblo Matlazinca, con 952 hablantes, representa 0,5% de la población originaria del Estado. 5.- El pueblo Tlahuica, con una población total de 817 hablantes, representa 0,4% de la población autóctona del Estado de México. Para el año de referencia -2005-, las nacionalidades indígenas del Estado de México se encuentran ubicadas en 886 comunidades, con representación cultural y pautas de subsistencia aún tradicionales. Para el caso de otros grupos étnicos residentes en la entidad mexiquense, en su mayoría pertenecen a las nacionalidades Nahua, Mixe, Mixteco, Zapoteco, Mazateco y Totonaco, sus zonas de impacto se ubican en municipios como Chimalhuacán, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Valle de Chalco Solidaridad (INEGI, 2005).

2.3. Actividades Económicas y Acceso a Servicios Básicos La economía de la población indígena Mazahua del Estado, se encuentra sustentada en actividades productivas primarias, donde destaca la agricultura de subsistencia, con prácticas en muchos de los casos paleo técnicas y de bajo rendimiento; además, por supuesto, de ser básicamente una agricultura de temporal, con escaso acceso al uso de mecanismos tecnificados de riego en el incremento del rendimiento de los cultivos, los cuales se basan principalmente en maíz, fríjol, calabaza, chile y papa, así como en la crianza de animales de granja como pollos y guajolotes. Esta incipiente actividad económica facilita e induce procesos migratorios, tanto temporal como permanentemente, de la población perteneciente a este grupo étnico, especialmente, la joven. Es importante referir que la economía Mazahua logra complementarse con la producción de una enorme riqueza de productos artesanales, además de la incorporación cada vez más estable de su población en sectores económicos secundarios y terciarios, con lo que su economía ha conseguido potencializarse -sobre todo en los últimos cinco años-.

En cuanto al suministro de bienes y servicios públicos básicos para la población Mazahua, se tiene, por ejemplo, que en materia educativa, este grupo presenta enormes rezagos en comparación a su contraparte mestiza.

Los índices de deserción escolar en el nivel básico son elevados (CEDIPIEM, 2010); esto reduce el número de jóvenes Mazahuas que ingresan al sector educativo inmediato superior, concluyen la preparatoria o alguna rama de la educación técnica o universitaria. Ante esta situación, el Gobierno del Estado de México crea, en 2003, la Universidad Intercultural, cuya sede se encuentra en el municipio de San Felipe del Progreso, proporcionando a la población joven de ese grupo cultural oportunidades de estudio a nivel profesional pero con perfil comunitario, a esta oferta de carretas pueden acceder también pobladores de otras nacionalidades indígenas de la entidad mexiquense. En lo tocante a la dotación de servicios de salud, se debe destacar que producto de la dispersión poblacional en que se encuentra el pueblo Mazahua, además de los elevados índices de exclusión y marginación, la labor del Gobierno del Estado de México es aún insuficiente, a pesar de los grandes esfuerzos presupuestales y de ampliación de capacidad instalada para brindar una mayor cobertura; debe mencionarse que la población femenina en edad reproductiva observa altos índices de fecundidad, esto se debe, en parte, a la escasa aceptación de los programas de planificación familiar, la pobreza, el analfabetismo y, lógicamente, la resistencia sociocultural o procesos fuera de su cultura y cosmovisión.

2.4. Usos, Costumbres y Tradiciones Los elementos que integran la Cultura de cualquier grupo humano son variados, destacándose para el caso de las poblaciones indígenas y las minorías étnicas –por sus formas de expresión y diferenciación social-, la lengua, el vestido, la tradición oral, la organización, la música, la artesanía, los sistemas de cargos, los rituales mortuorios y religiosos; todos ellos, elementos que sin duda les definen. De entre ellos, se resaltan, la lengua, el vestido, las prácticas mortuorias y religiosas y la organización social. De estos cuatro elementos, en primer lugar, se debe mencionar la lengua; la Mazahua es de origen otopame, hñátho, masawa; es hablada por unas 200 mil personas, aún cuando se señala que sólo existen 127 mil hablantes, de los cuales, la décima parte son monolingües, un noventa por ciento es bilingüe, por lo regular Español-Mazahua. La lengua Mazahua se habla en los estados de México, Michoacán –con una variante oriental y otra occidental–, Oaxaca, Chihuahua, Veracruz y, en algunas zonas conurbadas con el Distrito Federal.

En cuanto al vestido, éste se constituye como la piedra angular de la cultura indígena Mazahua, pues, sus diseños, dada la composición, integran la

vida social, cultural, económica y natural del propio pueblo; la composición de los atuendos de acuerdo con el CEDIPIEM (2010) se caracteriza por los siguientes elementos. El vestido de la mujer Mazahua constituye una preservación cultural, está compuesto de falda de manta blanca que remata con bordados de motivos zoomórficos o florales. Sobre esa falda, usa otra de satín, de colores fuertes, como el amarillo, rosa mexicano, morado, verde, lila y azul rey. La mujer Mazahua también utiliza una faja de lana muy larga, hecha a mano, que alcanza para darle varias vueltas a su cintura. La blusa es del mismo material y color que los de la falda. El vestido se adorna con un collar de cuentas de papelillo, de numerosos hilos, cuyo color contrasta con el de aquél. El adorno se complementa con grandes arracadas de filigrana y con cintas que utiliza en sus trenzas, que pueden ser de color rojo, verde o guinda. El traje o atuendo masculino no difiere al de la población campesina –actualmente–, se utiliza pantalón de mezclilla, en algunos casos –contados–, pantalón de manta, camisa, botas de trabajo y sombrero, lo cual no expresa la riqueza histórica y cultural de la etnia, mientras que el traje femenino, si lo consigue.

En cuanto a las prácticas mortuorias se destaca la celebración del día de muertos, que se caracteriza por utilizar elementos propiamente nativos en la conformación de las ofrendas, respetando el posicionamiento espacial de las mismas, desde la conformación del arco de bienvenida, el uso de pencas de maguey como candeleros y el ocote encendido para iluminar la ofrenda; se ofrece antes de la colocación el agradecimiento a los cuatro puntos cardinales brindándoles copal a los difuntos niños que son los que llegan primero –01 de noviembre– dejándoles, además, dulce elaborado de calabaza, agua y frutas de la temporada, en especial tejocotes y, por supuesto, juguetes elaborados de madera como se hacía históricamente; a los adultos se les coloca agua –para refrescarse del largo y cansado viaje del inframundo–, un plato de guisado que tradicionalmente era elaborado con carne de guajolote y calabazas, su pulque, tortillas y fruta. La ofrenda, es colocada sobre un petate, objeto primordial de descanso entre la nacionalidad Mazahua, obviamente, sin olvidar la flor de cempasúchil, que a la vez de atraer con su aroma a los fieles difuntos llena de luz todo el escenario; se ha supuesto que ésta, por contar sólo con los elementos más importantes es sencilla, pero su auténtico valor se encuentra en el simbolismo que expresa. La religión cuenta con expresiones patronales sumamente importantes, alineadas a la

conjugación del sistema de cargos comunitarios. Pasemos ahora a analizar como último elemento de la presente etnografía a la organización social de la nacionalidad Mazahua, de igual manera, el CEDIPIEM (2010) define que dicha organización social establece: En la organización social tradicional de las comunidades Mazahuas, destacan las figuras vinculadas a sus prácticas religiosas, como los mayordomos, fiscales y mayordomitos, que son elegidos de acuerdo a sus costumbres y con la periodicidad que marca el cargo. Sus funciones, por lo general se refieren a la organización de sus ritos y festividades. Otra característica importante la constituye la faena que es una forma de organización social para realizar trabajos de beneficio comunitario...La unidad social entre ellos, los Mazahuas la constituye la familia, que puede ser nuclear o extensa. Entre ellos un compromiso de matrimonio requiere de por lo menos tres visitas previas a la casa de la novia, por parte de la familia del novio.

Bajo tal percepción, es una realidad que la organización social entre los Mazahuas del Estado de México se encuentra integralmente relacionada en tres categorías: la vinculación creada con las prácticas religiosas, como mecanismos de integración y desarrollo comunitario –no se puede separar la organización social sin la práctica religiosa–, la vinculación con la práctica de la Faena –Foxte en términos propiamente indígenas–, que refiere la organización de los grupos campesinos Mazahuas en el apoyo y realización de actividades dentro del ciclo agrícola marcadamente de temporal y, el cual supone la mano-vuelta, es decir, la retribución del indígena del trabajo, en otro Foxte; lo interesante de esto es que la redistribución de tal trabajo se asume como una obligación comunitaria, que resguarda parte de la producción agrícola para los participantes, de tal suerte que el apoyo considera equilibrio en el acceso a ingresos de manera igualitaria entre los miembros varones del grupo, posibilitando la distribución equitativa y evitando el enriquecimiento de unos cuantos; valga destacar que la organización social también se ve impactada por la labor de la familia, pues entre los indígenas Mazahuas su integridad implica crecimiento social, el nativo jamás se encuentra desvinculado de ella, la atiende y es parte indispensable de ella. El matrimonio, así como las fiestas patronales, no se encuentran al margen de la participación activa de ella.

3. Etnografía de las Regiones Autónomas del Caribe Nicaragüense 3.1. Generalidades Durante poco más de dos siglos, desde 1650 y hasta 1860, la Costa Caribe Nicaragüense se encuentra bajo diversas formas de control externo, destacándose el Protectorado Británico que se extiende hasta la mitad del siglo XIX. Este hecho condiciona el proceso de integración de la Costa Atlántica al resto del país que inicia en forma tardía a partir de la última década del siglo XIX. El estatus jurídico de autonomía del que gozan los habitantes de la Costa Atlántica, es la culminación de un largo proceso de búsqueda de paz, unidad nacional y reconciliación entre las familias y comunidades costeñas, por medio del cual se pone fin a un intenso período marcado por conflictos armados, enfrentamientos políticos y discontinuidades históricas. Las Regiones Autónomas de Nicaragua RAAN, y RAAS son creadas en 1987, eligiendo sus primeros gobiernos regionales en 1990. A pesar del Estatuto de Autonomía, el territorio de la Costa Atlántica está sometido a un marcado aislamiento respecto al total del país, debido a un rezago histórico que hoy se manifiesta en la falta de inversiones sociales y productivas, en la ausencia de infraestructura de transporte, desarticulación de la estructura productiva regional, inseguridad ciudadana, limitada cobertura de servicios básicos y un marco institucional todavía débil. Su población original la constituyen pueblos indígenas y comunidades étnicas con características multilingües: Miskitos, Creóles, Mestizos, Mayangnas, Ramas y Garífonas, situados en territorios con un fuerte sentido de pertenencia de sus tierras comunales que habitan en los litorales y zonas interiores de alta vulnerabilidad ecológica y ambiental.

El VII Censo Nacional de Población de Nicaragua (1995) indica que ambas Regiones Autónomas constituyen, conjuntamente, la segunda área territorial más poblada de Nicaragua, con 10,7% de la población total del país, tan sólo por debajo de Managua que concentra al 25% y, por encima de Matagalpa que aglutina al 8.8%. El mayor índice de crecimiento demográfico por migración en Nicaragua se registra en la Costa Atlántica, esto se debe a un aumento neto de

familias mestizas que se asientan en forma sistemática en las zonas de frontera agrícola. El 33,3% de la población total de la Costa Atlántica se sitúa en las zonas urbanas, mientras que 66,7% se ubica en las zonas rurales. En esta misma región, el 43% de la población de 10 años y más es analfabeta; la situación más grave se encuentra en las zonas rurales, donde el fenómeno alcanza un 55%, con un mayor índice aún en el caso de la población femenina. La media nacional de analfabetismo es de 24.5%. Por otro lado, entre 73.6% y 75% de la población de la Costa Caribe Nicaragüense vive en situación de pobreza y extrema pobreza. Los habitantes que logran conseguir un empleo reciben ingresos muy bajos que apenas les permiten cubrir un 50% de la canasta básica; de estos ingresos, 80% se destinan para la compra de productos alimenticios.

3.2. Superficie de las Regiones Autónomas La Región Autónoma Atlántico Norte y la Región Autónoma Atlántico Sur comprenden 7 y 11 Municipios respectivamente. De este total, un municipio de la RAAN (Waslala) está adscrito al Departamento de Matagalpa; por su parte, 3 municipios de la RAAS (El Rama, Nueva Guinea y Muelle de los Bueyes) están adscritos al Departamento de Chontales. Esto significa que solamente 6 municipios en la RAAN y 8 en la RAAS están actualmente bajo la jurisdicción del Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica. La Costa Atlántica de Nicaragua comprende 45,8% del territorio nacional, lo que equivale a 59,673.60 kilómetros cuadrados. A partir de la regionalización del país, el área fue dividida políticamente en dos: la Zona Especial I y la Zona Especial II. De acuerdo al Estatuto de Autonomía que adquiere vigencia el 30 de octubre de 1987 (Capítulo II), para el pleno ejercicio del derecho de Autonomía de las comunidades de la Costa Atlántica se establecen dos Regiones Autónomas en el territorio que comprende el Departamento de Zelaya.

La Región Autónoma Atlántico Norte se localiza en la parte Noroeste de Nicaragua, siendo la mayor porción territorial de la Costa Atlántica; se encuentra limitada al norte por la República de Honduras, sirviendo como frontera internacional el Río Wangkí o Coco; al oeste colinda con los departamentos de Jinotega y Matagalpa; al sur con la RAAS, con el Río Grande de Matagalpa como demarcación limítrofe y, al este, con el Océano Atlántico o Mar Caribe. Tiene una extensión superficial de 32,127.28 kilómetros cua-

drados, es decir, 24.7% del territorio nacional y, su sede administrativa se encuentra en la ciudad de Bilwi, en el municipio de Puerto Cabezas. La Región Autónoma Atlántico Sur, RAAS tiene una extensión superficial de 27,546.32 kilómetros cuadrados, es decir, 21.1% del territorio nacional. Limita al norte con la RAAN; al sur con el Departamento de Río San Juan; al este con el Mar Caribe y al oeste con el departamento de Chontales. Su sede administrativa se encuentra en la ciudad de Bluefields. En la Costa Atlántica nicaragüense viven seis diferentes comunidades étnicas: tres pueblos indígenas (Ramas, Mayangnas y Miskitos), y tres no indígenas (Creóles, Mestizos y Garífonas). Predominan los Mestizos en las comunidades mineras; los Miskitos en Puerto Cabezas y Waspám; los Créoles en Laguna de Perlas y Corn Island, y hay Mestizos y Creóles en Bluefields. Según el Censo de 1995, la población de las Regiones Autónomas es de 464,968 habitantes, de los cuales 192,716, es decir, el 41.5%, le corresponden al Atlántico Norte y 272,252 habitantes, 58.5%, son del Atlántico Sur.

3.3. Caracterización de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) La Región Autónoma del Atlántico Norte cuenta con siete municipios. De ellos, a Puerto Cabezas le fue asignada su declaración como municipio el 15 de abril de 1929. Posteriormente, por Decreto Legislativo, la cabecera municipal adopta el nombre de Bilwi, representando el 24.5% del territorio nacional y se constituye en la zona de mayor crecimiento demográfico debido a las continuas migraciones de colonos mestizos, así como la apertura de actividades de desarrollo como es la zona pesquera de Puerto Cabezas. Una carretera la une desde Managua y pretende articular este espacio costero al resto del país. La Región Autónoma del Atlántico Norte posee una situación geográfica bastante favorable. Colinda con la República de Honduras, separada por el Río Wangkí o Coco, que es el más largo del país, siendo navegable en esta porción del territorio durante el invierno por pequeñas canoas y cayucos hasta embarcaciones rústicas de unas 20 toneladas métricas de capacidad, hasta su desembocadura en el Océano Atlántico.

Al interior posee ríos caudalosos como el Wawa, Waspúk, Ulang, Kukalaya, Bambana y Prinzapolka entre los más importantes. En el litoral presenta una serie de lagunas que proveen abundante riqueza en fauna y pesca, siendo la

región geográfica y administrativa de mayor extensión del país. El Atlántico Norte y la Costa Miskito presentan un gran potencial económico y natural, pues cuentan con una amplia gama de ecosistemas y hábitat que proporcionan una base de recursos ricos y variados y, una notable belleza natural. Esto ofrece mejores oportunidades para un desarrollo económico sustentable, para investigación, conservación y refugios para especies en peligro.

3.4. Población de la RAAN 3.4.1. Distribución territorial de los grupos étnicos La población del Atlántico Norte se caracteriza por ser multiétnica, con predominio de la población miskita 45.0%, seguida por los mestizos de habla hispana con 38%, luego los Creóles de habla inglesa y de raza negra con un 14%, finalmente, los Mayangnas de habla Twahka y Panamahka con 3%. Cuadro 1 Distribución Étnica de la población-RAAN Grupo Étnico Miskitos

45%

Mestizos

38%

Creóles

14%

Mayangas Total

3% 100%

Fuente: datos del CIDCA-UCA, Managua, Nicaragua, (1997) y, de las alcaldías de la RAAN, (1998).

Conforme a sus características étnicas, la población se concentra, en el caso del grupo Miskito, en el municipio de Puerto Cabezas con 43%, seguido de Waspám con 40.8%. En estos dos municipios, que comprenden parte del litoral y el río Wangkí o Coco, vive el 83.8% de esta agrupación y, en menor proporción, en Rosita 9.3%, Siuna 3.1%, Prinzapolka 2.3% y Bonanza 15%. Los Mayangna predominan en los municipios de Rosita y Bonanza, existiendo también pequeños grupos en Waspám y Siuna, de manera que en estos cuatro municipios, vive el 99.7% de la población total Mayangna del Atlántico Norte. Rosita es el municipio más representativo con el 57.3%, Waspám 18% y Bonanza con 18.4%. Hay un 5% en Siuna, Prinzapolka con el uno por ciento y, un número muy reducido que vive en Bilwi, equivalente apenas al 0.3%.

Cuadro 2 Distribución porcentual de los grupos étnicos en la RAAN Municipio

Distribución porcentual de las etnias-RAAN Miskitos

1. Puerto Cabezas

Sumus-Mayangnas 0.3

Creóles

Mestizos

69.6

4.8

40.8

3. Rosita

9.3

57.3

5.2

24.8

4. Siuna

3.1

29.2

51.5

5. Bonanza

1.5

18.4

16.5

6. Prizapolka

2.3

2.5

100.00%

2. Waspám

TOTALES

Fuente: datos del CIDCA – Universidad Centroamericana, Managua, Nicaragua; 1997 y de las Alcaldías para 1998.

Cabe mencionar que en Karawala, Región Autónoma del Atlántico Sur, se asientan unos mil habitantes del grupo Mayangna, lo mismo en el departamento de Jinotega, en donde existen unas 2 mil personas Mayangnas establecidas a lo largo del Río Bocay, en donde existen comunidades Mayangnas y Miskitas que no se encuentran bajo el Estatuto de Autonomía de la Costa Atlántica, pero que en asuntos étnicos, culturales y ancestrales, mantienen estrechas relaciones con las etnias de las Regiones Autónomas; es importante referir que se tiene preparados diversos mapas de distribución de la población étnica de la Región Autónoma del Atlántico Norte (ver mapa 2 referente a la población Miskito; mapa 3 población Sumu; mapa 4 población Creóle; y, mapa 5 población Mestiza, en anexo 1).3 Por otra parte, la población Creóle se ubica principalmente en el municipio de Puerto Cabezas con 69.6% (el presente dato se refiere solamente al grupo Creóle del Atlántico Norte), en Siuna con 29.2% y, en porcentajes pequeños en Bonanza 6% y Rosita 5.2%. Es notable la ausencia de la etnia en el municipio de Waspám. Los mestizos se encuentran concentrados en la zona de las Minas (Siuna, Bonanza y Rosita) en donde representan 92.7% de la población total minera, sobresaliendo el municipio de Siuna, que concentra la mayor población mestiza con 51.5%, Rosita con 24.8% y Bonanza con 16.5%; en Prinzapolka habita el 2.5%, un 4.8% en el municipio de Puerto Cabezas.

Se debe hacer notar que además de las fuentes de información empleada en los mapas para los grupos étnicos del RAAN y la RAAS, ya referidos, se utilizó el diseño del Geógrafo Luis Ángel González de Jesús, del Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social (CIEPS), de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México (SEDESEM). 3.

3.4.2. Proyección demográfica de las Regiones Autónomas período 1996-2010 No todos los países de América Latina cuentan con proyecciones demográficas, la que aquí se presenta constituye estimaciones sobre la base de cifras oficiales del Instituto Nicaragüense de Estadísticas y Censos (INEC, 1995), considerando la proyección que hasta el mes de Octubre de 1996 había realizado esta institución en lo que se refiere a la población nacional. Según los datos del mismo organismo para 1996, las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense tienen un total de población equivalente a 464,968 habitantes, de los cuales 272,252 personas son del Atlántico Sur y 192,716 del Atlántico Norte. Esta proyección responde a la necesidad de obtener información poblacional ubicada en el tiempo, con el objeto de observar su evolución para los próximos 10 años. Para proyectar la población de las Regiones Autónomas hasta el año 2010, se toman, como punto de partida, las cifras proyectadas hasta 1996 por el INEC, teniendo como población inicial el año 1995 y tomando como base el comportamiento de los datos del período 1994-2000, medido dicho comportamiento a través de la tasa de crecimiento que es una expresión matemática definida en función del tiempo (misma que emplea el INEC), utilizando los períodos de referencia anteriormente mencionados, en particular el uso de la fórmula de tipo exponencial, la cual tiene la siguiente expresión:

(1) Donde r = tasa de crecimiento; N0 = población inicial; Nt = población final; t = período de referencia.

Haciendo uso de estos valores y un estimado de evolución lineal del descenso de la tasa de crecimiento de los departamentos al año 2025 como límite, y definidos los dos puntos de apoyo (1996 y 2010), complementado con los datos oficiales de 1995 y las tasas de crecimiento del INEC para los años 2000 y 2025, se procede a estimar los datos de las tasas de crecimiento para cada año en particular. También, en las proyecciones se hace uso de los datos del total de viviendas urbanas y rurales de las Regiones Autónomas con el número promedio de personas por vivienda al nivel nacional, como elemento complementario. Estos indicadores fluctúan muy poco con el tiempo, principalmente el número de personas por vivienda, por lo que se considera que la estimación de la población es confiable. Definiéndose el indicador del período 1971-1989 como el más certera, siempre y cuando éste no presentara datos incoherentes como valores negativos o muy altos;

definidos los indicadores básicos y las tasas de crecimiento, se procede a las proyecciones de la población como un modelo basado en los elementos explicados anteriormente; la proyección se realiza al nivel de región y por año. Cuadro 3 Proyecciones demográficas de las regiones autónomas (Estimado Global - Costa Caribe Nicaragüense) Años proyectados

Tasa de crecimiento (%)

Población RAAN

Población RAAS

Total RAAN-RAAS

1995-% base

3.13

192,716

272,252

464,968

1996

3.09

198,671

280,665

479,336

1997

3.05

204,730

289,225

493,955

1998

3.02

210,913

297,960

508,873

1999

2.98

217,198

306,839

524,037

2000

2.94

223,584

315,860

539,444

2001

2.91

230,090

325,052

555,142

2002

2.87

236,694

334,381

571,075

2003

2.84

243,416

343,877

587,293

2004

2.8

250,232

353,506

603,738

2005

2.77

257,163

363,298

620,461

2006

2.73

264,184

373,216

637,400

2007

2.7

271,317

383,293

654,610

2008

2.67

278,561

393,527

672,088

2009

2.63

285,887

403,877

689,764

2010

2.6

293,320

414,378

707,698

Fuente: cálculos realizados por FADCANIC 1999-2000, sobre la base de datos de INEC 1995 y 1996.

Según datos oficiales, la fecundidad desciende en las tres últimas décadas, coadyuvando a esta disminución los mayores niveles de escolaridad de la población, la urbanización creciente y el mayor conocimiento y uso de métodos anticonceptivos.

Como manifiesta la Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud 1999 (ENSESA, 1999), la fecundidad disminuye en el país 15% en los últimos cinco años. De mantenerse sin variación las cifras promedio actuales de reproducción, las mujeres tendrán 3.9 hijos durante su vida fértil, en comparación con 4.6 hijos en el período 1992-1993.

Sin embargo, existen diferencias por educación y lugar de residencia, por ejemplo, las mujeres con educación secundaria tendrán 2.7 hijos en contraste con más de 6 hijos entre las mujeres sin instrucción y, en el área rural las mujeres tendrían en promedio más de 2 hijos que en la urbana. En el contexto departamental, los que tienen los niveles más elevados de fecundidad son Jinotega, la Región Autónoma del Atlántico Norte y Río San Juan, con 6.3, 6.1 y, 5.6 hijos respectivamente. La fecundidad de las mujeres de la Región Autónoma del Atlántico Sur es de 4.7 hijos. La Costa Atlántica de Nicaragua, de poco cambio entre 1906 y 1963, como área de colonización y expansión de la frontera agrícola, aparte de un crecimiento natural elevado, recibe flujos importantes de población, de los cuales cerca del 7% de la población total del país en 1963, ascendiera al 12% en 1995. Lo disímil de la distribución de la población del país, según las regiones geográficas, queda en evidencia en tanto, a la densidad de la población, cuando apenas presenta un promedio de 8 habitantes por kilómetro cuadrado, en comparación a los 132 habitantes por kilómetro cuadrado del Pacífico y los 40 de la Región Central y Norte del país.

3.5. Caracterización de la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) 3.5.1. Ubicación Geográfica La Región Autónoma del Atlántico Sur se encuentra situada en la parte Sureste de Nicaragua, colindante con la parte Norte de la Región Autónoma del Atlántico Norte, al Sur con el Departamento del Río San Juan, al Este con el Océano Atlántico o Mar Caribe y, al Oeste con los Departamentos de Río San Juan, Chontales, Boaco y Matagalpa.

3.5.2. Población del Atlántico Sur (RAAS)

La Región Autónoma del Atlántico Sur tiene, entre los años 1996-1997, una población de 272,252 habitantes, entre los que se encuentran: Mestizos, Creóles, Miskitos, Garífonas y Ramas.

Cuadro 4 Población por municipio en la Región Autónoma Atlántico Sur – RAA Municipios – RAAS

Número de habitantes

Bluefields

37,254

Kukra Hill

7,455

Laguna de Perlas

6,253

Desembocadura del Río Grande

3,151

El Tortuguero

9,402

Paiwas

32,911

La Cruz de Río Grande

13,642

Corn Island

Muelle de los Bueyes

10. Nueva Guinea 11. El Rama Total Población – RAAS:

5,336 79,259 23,252 54,337 272,252

Fuente: datos recopilados a partir de información oficial del INEC 1996 e INETER 1997.

En Nicaragua, la variable indígena no es contemplada en los censos nacionales, ya que al llevarse a cabo el censo no se solicita la identidad étnica de la población. Hay subestimación de las cifras reales de la población indígena, dado que las estimaciones del INEC corresponden a proyecciones basadas en tasas anuales de crecimiento natural. De igual manera que para el caso de la RAAN se prepararon mapas con respecto a la ubicación municipal de los grupos étnicos en la Región Autónoma del Atlántico Sur, RAAS, que se continúan posteriormente de los de la RAAN (ver mapa 6 población Mestiza; mapa 7 población MIskito; mapa 8 población Creóle; mapa 9 población Rama; mapa 10 población Garífona; y, mapa 11 población Sumu; en anexo 1).

Cuadro 5 Población total por grupo étnico en la Región Autónoma del Atlántico Sur – RAAS Grupo étnico

Población

Porcentaje

Mestizo

232,702

85.5

Creóle

28,000

10.3

Miskito

7,500

2.8

Garífona

2,000

0.7

Rama

1,100

0.4

Mayangna Total

950

0.3

272,252

100

Fuente: datos recopilados a partir de información del INEC 1996 e INETER –Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales-,1997.

3.6. Fundamentos de la Autonomía en Nicaragua Después de cuarenta y cinco años del régimen somocista, iniciado en 1934 con el asesinato del General Augusto César Sandino por órdenes del primero de la dinastía Somoza, el pueblo nicaragüense se levanta en armas y derroca la dictadura militar el 19 de julio de 1979, iniciando un proceso revolucionario encabezado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y con la participación de otras fuerzas políticas, cuya distinción eran los argumentos del pluralismo político, la economía mixta y el no alineamiento internacional. Meses después del triunfo de la fracción revolucionaria se colapsan las disensiones políticas entre los sandinistas, los grupos de apoyo y el Gobierno nicaragüense quedando el poder únicamente en manos del frente. Al mismo tiempo, con el ascenso al gobierno de los Estados Unidos del Presidente Ronald Reagan, quien organiza y financia las fuerzas contrarrevolucionarias para derrocar al gobierno sandinista de acuerdo con su concepción estratégica de guerra de baja intensidad, Monroy (1997), quién refiere que:

…diversas fracciones antiimperialistas y revolucionarias en Nicaragua habían ya respondió desde etapas anteriores a la estrategia norteamericana de irrupción económica y política en aquel país, desde la resistencia nacionalista y de guerra de guerrillas de Agusto Cesar Sandino, a las diversas Tendencias Revolucionarias como la Tendencia Guerra Popular Prolongada, Tendencia Proletaria, y Tendencia Insurreccional.

Así -en un contexto político muy característico-, definido por el empeño del gobierno nicaragüense en impulsar el proceso de transformación social del país en medio del conflicto bélico con la contrarrevolución, se promulga en enero de 1987 la Constitución Política que, reformada parcialmente en 1995 y en 2000, continúa siendo vigente en Nicaragua. Destacando que las fuerzas políticas no sandinistas, que obtuvieron representación parlamentaria en las elecciones de 1984, participaron en los debates de la elaboración de la Constitución de 1987, entre ellos los pueblos de la Costa. La Constitución de 1987 consagra el principio democrático de soberanía popular, la supremacía constitucional, el sufragio universal, el pluralismo étnico y político y un amplio catálogo de derechos individuales. No obstante, por otro lado, se establece un concepto de pueblo que no se identifica con el conjunto de ciudadanos sino con los sectores económicos más desfavorecidos; que limita un tanto el pluralismo político prohibiendo muy ambiguamente a las organizaciones que pretendieran el retorno al pasado o propugnaran por establecer un sistema político similar (Artículo 5 de la Constitución de Nicaragua, 1987), y, matizando fuertemente el principio de división de poderes, configurando un presidencialismo reforzado al otorgar al Presidente de la República amplias facultades normativas que le permiten dictar decretos ejecutivos con fuerza de ley en materia de carácter fiscal y administrativo, leyes delegadas, e incluso el Presupuesto General de la República en período de emergencia constitucional; le autorizaba llevar a cabo un intervencionismo estatal relativamente atípico para la tradición democrática pues va más allá de una mera planificación de carácter indicativa. Mencionando además que el Estado funge como el principal instrumento del pueblo para eliminar toda forma de sumisión y explotación del ser humano y cuya defensa correspondería al Ejército Popular Sandinista- de facto- el brazo armado del pueblo. En esa idea se desarrolla la Nueva Constitución Política de Nicaragua, documento aprobado por la Asamblea Nacional de Nicaragua, y que según González (1997), en ella aparecen por primera vez en la historia el reconocimiento de derechos históricos de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Costa Atlántica-Caribe.

3.6.1. La Ley de Autonomía en Nicaragua El 9 de enero de 1987, la Asamblea Nacional de Nicaragua, culminó su labor constituyente, con la aprobación de la nueva Constitución Política, que se promulga por el Presidente de la República ese mismo día, frente al pueblo reunido para celebrar dicho acontecimiento. La publicación de su texto se considera de suma importancia para los pueblos de América, sobre todo para aquellos especialmente interesados en los estudios latinoamericanos y los estudiosos del derecho constitucional y político. La promulgación de la Constitución Política se integra con el informe brindado en ese momento, por el Presidente de la Asamblea Nacional, Comandante de la Revolución Carlos Núñez Téllez, que refleja, el proceso de formación constitucional. Los miembros del Consejo de la Asociación Americana de Juristas, que asisten a algunos Cabildos Abiertos y al debate de la Asamblea Nacional, comprueban la nutrida participación popular, y lo polémico de la discusión de los Constituyentes. Destaca la participación política del Frente Sandinista de Liberación Nacional, ya que disponiendo de una holgada mayoría en la Asamblea Nacional, por haberse obtenido el 67% de los votos en las elecciones más cristalinas de la historia de Nicaragua, según certifican unánimemente los más de 300 observadores internacionales, lejos de imponer su posición, busca en todo momento que cada uno de los artículos de la Carta Magna fueran producto del mayor consenso posible de las demás fuerzas políticas representadas. La vocación de legitimidad de la Revolución Sandinista se pone reiteradamente de manifiesto en dramático contraste con la agresión promovida, estimulada, financiada y organizada por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU). El apoyo en el derecho es una constante de la acción del gobierno de Nicaragua, tanto en lo interno como en lo externo. En cambio, EE.UU. se burla de las sentencias de la Corte Internacional de Justicia y de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del derecho internacional y de su propio derecho interno. Con la convicción de que en Nicaragua se juega el destino de todos nuestros pueblos, el derecho a su autodeterminación, y que:

...nada de lo que ocurre en América Latina debe ser extraño para un latinoamericano, cada bala disparada en nuestro continente es una agresión contra todos, y nuestro mayor deber entonces es la solidaridad (comentarios del discurso pronunciado en el acto de promulgación de la Constitución Política

de Nicaragua, por el Presidente del Perú, Dr. Alan García, realizado en la Plaza de la Revolución de Managua, 9 de enero de 1987).

Es relevante también manifestar cuales han sido para los grupos indígenas de las regiones autónomas de Nicaragua, tanto Miskitos, Mayagnas, Ramas los fundamentos de su lucha de liberación, conocida como Revolución MISURASATA por su autonomía india. Los fundamentos generales de esta autonomía para el caso nicaragüense son a saber:

1.- Territorio: es el derecho de los pueblos aborígenes a las tierras tradicionales que ocupan y trabajan históricamente, las cuales conforman un área geográfica colectiva e inalienable denominada Yapti Tasba, que está ubicada en la región este de Nicaragua. 2.- Autogobierno Indio: es el derecho de sus Pueblos, derecho que es inalienable, de gobernar sus vidas y su destino y de administrar sus asuntos internos dentro de su territorio tradicional. 3.- Recursos Indios: es el derecho de sus Pueblos sobre el conjunto de la naturaleza, sus recursos y sus elementos, dotados por el creador a Yapti Tasba para el bien común de la gran familia india de ayer, de hoy y del mañana para la convivencia armoniosa y la continuidad de su existencia. 4.- Etnodesarrollo: es el derecho de sus Pueblos de impulsar y administrar colectivamente sus planes de subsistencia y desarrollo autogestionario, partiendo de sus propios valores y tradiciones pendientes a la autosuficiencia, sin la imposición de modelos foráneos. 5.- Autodefensa India: es el derecho inherente de sus Pueblos para la protección y defensa colectiva de su existencia, sociedad y territorio ante agresiones externas y extranjeras de genocidio o etnocidio. 6.- Organización India: es el derecho inalienable de sus Pueblos de tener sus propias organizaciones y de escoger a sus propios dirigentes sin la injerencia externa. Además, a través de sus organizaciones, los Pueblos indios tienen derecho a participar en la vida política del Estado-Nación nicaragüense. 7.- Instituciones Indias: es el derecho de sus Pueblos de crear y desarrollar sus propias instituciones y a determinar la forma, estructura y autoridades de las mismas. 8.- Cultura: es el derecho inalienable de sus Pueblos de vivir según su propia forma de ser y de ejercitar sus propios valores y tradiciones sin la influencia externa.

9.- Religión: es el derecho de sus Pueblos de ejercitar libremente sus propias creencias y practicar sus ceremonias, ritos y cultos para la paz y el bien espiritual. 10.- Migración India: es el derecho de sus Pueblos de acuerdo a sus tradiciones a transitar libremente, a realizar sus actividades tradicionales y a mantener sus vínculos familiares entre sus naciones, sin restricciones impuestas por las fronteras entre los estados vecinos. 11.- Hermandad India: es el derecho de sus Pueblos de participar libremente en eventos indígenas internacionales, de formar parte de los organismos regionales e internacionales de los Pueblos Indios, asimismo de promover y mantener estrechos vínculos de hermandad y solidaridad india a través del mundo. 12.- Indianismo: es la base filosófico-ideológica de su sociedad comunitaria y de su revolución india, basada en la colectividad de sus propios valores, intereses, creencias y su relación con la naturaleza. 13.- Convivencia y Unidad Nacional: es la relación de su coexistencia pacífica con el resto de la sociedad Nicaragüense y el gobierno del país a base de igualdad, fraternidad, respeto y apoyo mutuo de la gran familia Nicaragüense.

3.7. El FSLN y la Autonomía Es quizá un tema muy estudiado que el movimiento revolucionario del FSLN que busca derrocar al gobierno somocista, se encuentra inmerso dentro de un movimiento más amplio, profundo y radical de liberación nacional y de emancipación social.

La Región de la Costa Atlántica plantea como problemas fundamentales para la lucha del Frente Sandinista de Liberación Nacional los de la Dependencia Regional, la Pobreza y el Atraso, sin tomar en cuenta aquellos elementos propios de las diferencias étnicas que históricamente estructuran a la región, a diferencia por supuesto, del resto del país; sin embargo, el atraso y la pobreza que se presentan en los altos índices de analfabetismo, desnutrición y mortandad infantil e ingresos muy inferiores a la media nacional preparan el terreno para la integración de dicha problemática costeña a las demandas del conjunto de sectores sociales más desprotegidos, explotados y marginados del país, habiendo por tanto, un real acercamiento en términos del liberación nacional y desarrollo socioeconómico de los problemas enfrentados por la población étnica de la costa con los obreros y campesinos del resto de Nicaragua, visión en todo sentido reduccionista.

La estructura social, los procesos históricos tan disímiles entre los grupos, las diferencias y variantes lingüísticas y hasta las posiciones ideológicas parecen encajonadas en el baúl del atraso, la pobreza y la marginalidad tan usados por el Frente Revolucionario. Este notorio sesgo reduccionista lleva al FSLN a privilegiar los aspectos materiales de la vida de las comunidades costeñas a simples campesinos empobrecidos y de trabajadores forestales y de minas pauperizados y explotados por las empresas madereras y mineras de origen extranjero. Sólo, privilegiando y rescatando algunos reductos culturales de la vida comunal de los pueblos costeños como la tradicional pana pana, especie de foxhte, mano vuelta, tequio o ayuda mutua como clara muestra de un comunismo primitivo. La visión reduccionista del FSNL tiene variados enfoques de interpretación y, dos son los que pueden de mejor manera explicarla: primero, la realidad nicaragüense en que se van produciendo las estrategias revolucionarias, donde igualmente se gestan sus propias contradicciones, esto es producto de la transformación en que la economía de Nicaragua se desenvuelve entre las décadas de 1950, 1960 y mediados de la década de 1970 con un acelerado crecimiento capitalista, planteado en tres partes, de inicio el extraordinario auge de la producción algodonera, posteriormente la industrialización en el marco de la integración regional y finalmente el crecimiento y expansión de la ganadería de exportación creando una nueva fracción burguesa, desalojando y desposeyendo a miles de familias de sus propiedades además de proletarizar a grandes masas de campesinos, con ello, dos tercios de la Población Económicamente Activa (PEA) del país y casi el total de la PEA agrícola se ven envueltas en éstas terribles transformaciones en el rotundo margen de la represión y corrupción del gobierno y de la Guardia Nacional Somocista, Monroy (1997) -La Guardia Nacional (GN) tiene su origen al finalizar la última irrupción norteamericana en Nicaragua generada entre los años 1926 y 1933 y, cuyo objetivo radica en “garantizar la injerencia norteamericana en la política del país”-, así como de una intensa explotación capitalista, estas violentas transformaciones son las que dan origen a la Opción Revolucionaria en Nicaragua. No obstante, es destacable mencionar que este proceso no se desarrolla en el total del territorio, se concentra de manera específica en las regiones centronorte y Pacífico, en el 40% del total de territorio nacional, sin embargo, aloja a más del 90% del total de su población y de su capacidad productiva. 51

La Costa del Atlántico, no participa en este movimiento social, actúa solamente como válvula de escape para las contradicciones generadas por la expansión y desarrollo del capitalismo. “La Revolución no se peleó en la Costa”, es un argumento muy debatido, lo cierto es que las condiciones para el desenvolvimiento de la revolución maduran fuera de la región. La segunda explicación está en relación a la formación del pensamiento y la práctica revolucionaria que se genera en sociedades capitalistas atrasadas. Es una certeza referir que el FSLN hereda tanto de la vertiente liberal como conservadora de Nicaragua todo un mecanismo ideológico que influye de manera decisiva en su desarrollo como movimiento. De la vertiente liberal que se origina en el pensamiento socialista y positivista nicaragüense, formulado por el movimiento estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de León en Managua durante las décadas de 1950 a 1960 y de la vertiente conservadora dada la enorme integración dentro de las filas armadas sandinistas de jóvenes provenientes de los medios burgueses del sur del Pacífico, que se harán de posiciones políticas importantes después del triunfo revolucionario.

4. Experiencias y Dilemas del desarrollo autonómico de Nicaragua, a través del trabajo de campo Por primera vez en el desarrollo cultural de los países latinoamericanos, la propuesta autonómica reconocida en la Ley de 1987 pone en el terreno de los hechos los derechos a la libre autodeterminación y autogobierno de los habitantes de la Costa Atlántica nicaragüense y, da de facto la oportunidad a los pueblos indígenas y las minorías étnicas de plantear su régimen autonómico con una amplia posibilidad de ejercer sus derechos económicos, políticos y sociales, esto a través de los órganos de gobierno regionales, Elizarrarás (2005). Los Órganos de Gobierno Regionales permitieron a partir de 1990 la creación de los Consejos Regionales por grupo indígena y comunidades étnicas, que en la estructura del autogobierno autónomo son considerados como las autoridades superiores del sistema, que de hecho tienen la facultad de generar iniciativas de Ley en el Congreso, sobre todo en lo que respecta a procesos educativos (Sistema Educativo Autonómico Regional), Salud (Sistema Regional de Salud), combate a la pobreza y protección a sus recursos naturales, punto éste último que no tiene mayor relevancia en los debates políticos del Congreso, por tanto, en la última década del siglo XX la experiencia y dinámica de desarrollo de la autonomía de la Costa Atlántica parecía todo un éxito, éstos logros se presentan en la medida en que en la Costa Atlántica el elemento de la implantación de la “Institucionalidad” autonómica y la factibilidad de las diversas propuestas se hace una realidad. A pesar de esto, la experiencia autonómica después de 1997 se convierte en dilemas que hacen pensar a la población costeña que la idea autonómica nacida de un profundo sentimiento de identidad y noción de defensa de los múltiples derechos de los grupos étnicos es tan sólo una falacia, primero porque se considera que los líderes y servidores públicos de la naciente autonomía cuentan con poca capacitación, además de un mínimo interés por los asuntos del proceso autonómico y, segundo porque en materia económica los proyectos de utilización y administración de sus recursos naturales de manera sustentable quedan como solamente una propuesta.

Lo anteriormente expresado no debe considerarse como una idea anti autonomista, pues, a nuestro parecer dos son los logros determinantes en la experiencia autonómica del Caribe Nicaragüense: uno, la creación de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa del Caribe Nicaragüense (URACCAN) y, dos,

el importantísimo trabajo del Centro de Derechos Humanos, Ciudadanos y Autonómicos, cuyo esfuerzo implica la capacitación de los líderes y pobladores de los diversos grupos y minorías étnicas en el conocimiento de sus derechos y responsabilidades en la implantación de la autonomía dentro de sus comunidades. Sin embargo, los mencionados avances, se enumeran en tres y, que constituyen los dilemas en los cuales se debate la actual autonomía en la Costa Atlántica Nicaragüense, esta información se encuentra avalada por miembros del CIDCA-UCA y, por supuesto por los propios integrantes de los grupos étnicos de la región, esto se fundamenta a través de las diversas charlas que se sostuvieron con varias personas de los grupos en cuestión en el viaje de trabajo de campo. Éste viaje se llevó a cabo de la ciudad de Managua a Bilwi y de Bilwi a Bluenfields. Los puntos que se anuncian, son quizá los más relevantes en la recién consolidación de la autonomía en la Costa Atlántica, que sin embargo, no son los únicos, no obstante, son los que deben revisarse y en su oportunidad hasta transformarse.

4.1. Autonomía y Educación Se llegó –Moisés Elizarrarás Hernández, en trabajo de campo-, a la ciudad de Managua el 10 de agosto de 2005. Dos de las actividades a realizar para dar cuenta del éxito de la autonomía indígena de las regiones autónomas del atlántico nicaragüense fueron, por un lado, la visita al Centro de Investigaciones y Documentación de la Costa Atlántica de la Universidad Centroamericana por sus siglas (CIDCA-UCA); y, por otro, un recorrido vía carretera y barco de Bilwi hasta Bluefields. En ambas actividades se tuvo la oportunidad de charlar con los investigadores Dennis Williamson, Melba McLean y Álvaro Rivas de la UCA, así como con habitantes de poblados pertenecientes a las regiones autónomas. Las conversaciones efectuadas con todos ellos conducen a plantear que el estado actual en torno a la autonomía indígena de la Costa Atlántica se encuentra en la situación que a continuación se describe:

La autonomía en Nicaragua, después de 24 años, trae evidentes mejoras en la vida de los pueblos indios y las minorías étnicas de la Costa Atlántica. Una de éstas es, por supuesto, la educación, siendo el rubro que progresa a pasos agigantados en su consolidación; sin embargo, las metas que los programas educativos para la región se plantean a inicios de 1990 no se han cumplido del todo. Aquellas que sí se logran, lo hacen gracias al apoyo decidido de las diversas organizaciones

no gubernamentales, tanto nicaragüenses como internacionales, pues para el año 2010 plasmaron sus logros en materia educativa en los siguientes puntos: Creación, establecimiento y trabajo de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa del Caribe Nicaragüense (URACCAN), que fortalece los programas no sólo educativos sino, políticos y hasta productivos de la autonomía regional del Atlántico nicaragüense. Currículo desarrollado en Bilwi, Bluefields, Nueva Guinea, Siuna, Rosita, Bonanza, Waspam, Rama y Laguna de Perlas, permitiendo a los diversos grupos humanos de la Costa Atlántica más y mejores oportunidades de formación académica, de vida y de superación personal. No obstante, el trabajo de la URACCAN y por supuesto del CIDCA-UCA, no es el único que en el ámbito universitario se destaca para proyectos educativos en la región, se subraya además la labor de la Universidad Nacional Autónoma de León, que moviliza su mirada en torno a la etnicidad y el desarrollo autonómico en la Costa Atlántica. En materia de educación indígena, se avanza en el fortalecimiento de su programa de educación bilingüe, profesionalizando desde 1990 a los profesores rurales o empíricos -Profesor rural o empírico tiene la misma connotación para el caso del Ministerio de Educación en Nicaragua-, tanto de la RAAN como de la RAAS. Un punto por demás interesante es el diseño y fortalecimiento del programa conocido como Sistema de Educación Autónoma Regional (SEAR), que se consolida como un elemento primordial del sistema de educación local y, cuyo impacto se deja sentir en la capital del país, de tal manera que se pretende instalar una programación semejante en las zonas periféricas de Managua con aspectos rurales, así como en comunidades de la Costa del Pacífico. A pesar de los logros educativos alcanzados, la población étnica de la Costa, piensa que el gobierno regional -y aún ellos- no se encuentran preparados para afrontar y responder ante los nuevos retos que en materia de educación se están planteando y, sobre todo, en lo que respecta a la calidad de los servicios educativos, que se supone deben generar un mejor modo de vida para los pueblos indígenas y las minorías étnicas de la zona.

Debemos destacar aquí, que se tuvo también la oportunidad de charlar dentro del recorrido desde la ciudad de Managua a Bilwi, con al menos 10 personas de nacionalidad Miskita, quienes referían que muy a pesar de los destacados programas educativos llevados por Organizaciones no Gubernamentales e inclusive del Gobierno Central

a la región de la Costa Atlántica, perciben que la población no se encuentra aún preparada para los retos que estos programas presentan y que seguramente pasarán algunos años todavía para que la población costeña los aproveche del todo (Información correspondiente al Diario de Campo de Moisés Elizarrarás Hernández del día10 de agosto de 2005). Además, consideran que en la construcción de una autonomía cada vez más real, el papel de la educación como eje de la formación académica y profesional es fundamental, pues gran parte de su éxito se logra precisamente vía el mecanismo de la educación formal. Sin ello es probable que los rezagos educativos aún presentes, así como las prácticas de vida de las etnias de la región, sigan confrontándose con los intereses del estado y de algunos de sus políticos. La lucha por el poder, que a la fecha hace de Nicaragua un país en franca transición a la democracia, pretende olvidar los programas educativos cada vez más necesitados y demandados en la Costa Atlántica. Por ello, los actores internacionales y los propios habitantes tendrán en los siguientes años que encarar los retos educativos y los nuevos proyectos que surjan, pues la vitalidad de la autonomía autóctona depende en buena medida de esto. Existe una preocupación más, en cuanto a la materia educativa autonómica, según refieren los miembros del CIDCA-UCA. En principio, la formalización y realce que debe tener el elemento que actúa como vínculo cohesionante entre la educación formal de los educandos y su autonomía, esto es, la capacitación de manera formal de los principios básicos de cuidado y protección a su ambiente natural, destacando que ellos, los dueños ancestrales de ésta riqueza, deben protegerla por el bien del éxito autonómico de las diversas nacionalidades. Enseguida, la pregunta que de continuo se forma la sociedad multiétnica de la Costa Atlántica es ¿Cómo podrán los indígenas y las minorías étnicas de la región, administrar y tomar control sobre su propio Sistema de Educación Regional?

La respuesta no es fácil de encontrar, pues los nuevos retos solicitan una amplia visión y vastos conocimientos sobre administración educativa, una amplia comprensión de las condiciones de vida en que se mueven los habitantes de las regiones autónomas, por supuesto, un manejo adecuado de los recursos humanos, materiales y financieros, incluso, hasta habilidades empresariales que busquen obtener más y mejores dividendos empleados en la educación. Ray Hooker Taylor en WANY (2005), plantea los cinco indicadores que en cuanto al desarrollo educativo de la región deben cubrirse, éstos son:

-Nicaragua cuenta con una calidad en su educación significativamente baja. -Que la calidad de la educación en las zonas urbanas de la RAAN y RAAS es la más baja de todas las zonas urbanas el país. -Que la calidad de la educación en las Regiones Autónomas, sobre todo en las zonas rurales es la más deplorable de todo el país. -La calidad de la educación de la RAAN y RAAS, son significativamente las más deplorables del país e inclusive del complejo centroamericano. -Que no obstante, existen ahora más y mejores oportunidades de acceso a la educación superior en las Regiones Autónomas, después de 15 años de crecimiento de los programas educativos en los niveles medio superior y superior, pero necesariamente dichos programas deben mejorarse. Ahora cualquiera que sea la estrategia de transformación del sistema educativo de la región de la costa, debe sin duda, contemplar un mejor pago para los profesores rurales, hay que destacar son ellos los peor pagados de todo el país –Se debe hacer hincapié que los investigadores del CIDCA-UCA refirieron –en la experiencia de trabajo de campo, llevada a cabo en agosto de 2005, por Moisés Elizarrarás Hernández-, que dichos catedráticos rurales de Educación Básica que trabajan en la Costa del Caribe reciben salarios dos o tres veces menores a los que reciben los docentes de la capital de país e inclusive de otras áreas rurales del mismo-, así como una constante actualización y capacitación, de esta manera seguramente en materia educativa el sistema autonómico en Nicaragua se verá beneficiado de manera notable.

4.2. Autonomía y Condiciones Sociales

El año de 1894 marca para la Costa Atlántica Caribeña el inicio del deterioro de sus condiciones de vida sociales, debido a la anexión forzosa de la región al total del país, 116 años transcurren de aquel suceso y sólo 23 de la implantación de la autonomía étnica. Sin embargo, investigadores del CIDCA-UCA, como Dennis Williamson, Melba McLean y Álvaro Rivas -en charla llevada a cabo el 10 de agosto de 2005, en las instalaciones de la Universidad Centroamericana. Managua. Nicaragua-, comentaban que siguen considerando a la zona como un verdadero desastre sobre todo en lo que respecta a sus condiciones sociales, que sin embargo, no han sido mejoradas ni aún con la relativamente reciente implantación de la Autonomía Étnica de la Costa Caribeña; es por ello, que la información disponible sobre las condiciones de desarrollo social de las regiones autónomas dentro de la Revista WANY, plantea 12 puntos que avalan el nivel tan deplorable

que en este rubro vive la región de la costa y que a partir de una observación primaria realizada en campo pueden considerarse a estos puntos como totalmente certeros, he aquí los planteamientos:

1. Los municipios de la RAAN y RAAS tienen los más altos índices de pobreza y de extrema pobreza de toda Nicaragua. 2. Los índices de analfabetismo son de igual manera, los más altos de todo el país. 3. La RAAN y la RAAS cuentan con indicadores de desempleo que rebasan la media nacional, e inclusive de todo el complejo centroamericano. 4. Las Regiones Autónomas de Nicaragua son las que menos cuentan con carreteras pavimentadas y en buenas condiciones -Es de destacar que en el viaje de trabajo de campo, y recorriendo la distancia de la Cd. de Managua hacia Puerto Cabezas, Bilwi, la carretera principal se encuentra bastante deteriorada, lo cual origina que el recorrido vía bus tarde entre 15 y 17 horas, cuando debieran emplearse solamente 9 ó 10 horas como máximo. (Información correspondiente al Diario de Campo de los días 10 y 11 de agosto de 2005)-. 5. El costo de vida en las regiones autónomas es considerablemente él más alto de todo el país, ejemplo de esto lo referido a continuación –una comida en la ciudad de Managua, en especial dentro de los restaurantes de la zona conocida como la “Rotonda” y de un plato típico, “pollo frito”; tiene un coste de 18 Córdobas, mientras que en Puerto Cabezas, y de igual manera en un restaurante de comida rápida se puede casi doblar a 30 Córdobas; si tomamos en cuenta que un salario por jornal en Puerto Cabeza se encuentra en alrededor de 20 Córdobas que deben permitir la subsistencia de una familia sea de pescadores, campesinos, artesanos o trabajadores del turismo podremos ver en términos reales que un salario por jornal equivalente a 7 dólares parece insuficiente para este fin. (Información correspondiente al Diario de Campo del día10 de agosto de 2005)-. 6. A pesar de que la Ley 28 contempla el uso, cuidado y distribución equitativa de la riqueza de la selva de la región de la costa en beneficio de los diversos grupos étnicos, dicha riqueza es la más severamente deteriorada de todo el hábitat de Nicaragua. 7. En este tenor es de destacar que la riqueza marítima de la Costa Atlántica nicaragüense se encuentra en un punto de extrema sobreexplotación, y donde varias especies están en peligro de extinción. 8. Es por ello que los puertos marítimos de dicha Costa se encuentran entre los más deficientes de todo el país e incluso de todo Centroamérica.

9. Parece increíble verificar que la región de la Costa Atlántica de Nicaragua es la que tiene las peores condiciones de acceso a la energía eléctrica de todo Nicaragua, esto a pesar de ser una zona de una creciente dinámica turística y contar con un esquema bastante amplio de proyectos eco turísticos con financiamiento, sobre todo de capital extranjero, principalmente de países europeos. 10. De manera creciente los diversos grupos de la región carecen de los mínimos servicios básicos que permitan su adecuada sobrevivencia, en especial el de agua potable. 11. Uno de los mayores retos a los que se enfrenta el gobierno autonómico de la Costa Atlántica es el narcotráfico –se logró observar en el recorrido de trabajo de campo cómo la afluente del río San Juan, Bluefields, se utiliza para introducir a Nicaragua paquetes de Cocaína que se dejan caer por avionetas de origen colombiano, siendo rescatadas en las orillas de la costa sur por pescadores, quienes utilizan este río como medio para trasladar el estupefaciente. Esto ocurre aprovechando los rezagos que en materia de jurisdicción fronteriza tienen tanto Nicaragua como Costa Rica en esa región. (Información correspondiente al Diario de Campo del 10 de agosto de 2005)-. El proceso referido es alentado por la percepción de los Cárteles colombianos de que la Costa Atlántica de Nicaragua permanece como una zona sin ley y con un bajo o mínimo perfil de protección de sus áreas marítimas y costeras, de tal suerte que avionetas cargadas de cocaína y procedentes de la Costa Atlántica colombiana (en especial de Cartagena), dejan caer sus paquetes mar abierto, siendo recogidos por lancheros y pescadores costeños –que son pagados por los mismos Cárteles-, siendo reenviados en transportes agrícolas y de otros productos como el pescado a la frontera con Honduras, donde pasan hacia Guatemala, de Guatemala a México y de México probablemente hacia los Estados Unidos de Norteamérica -la información en este punto referida se ha completado con la conversación que se llevó a cabo con el Sr. Matías Díaz, pescador de Bilwi, procedente de San Esquipulas, en el Río Coco, quien dijo conocer a vario lancheros y pescadores que trabajan para algunos cárteles colombianos en las tareas en el punto once mencionadas-. (Información correspondiente al Diario de Campo del día 13 de agosto de 2005). Ésta ruta es una de las más importantes de todo Centroamérica; obviamente sin descartar algunas otras que por lo inaccesible del territorio no dejan de ser comúnmente utilizadas por las mafias. 12. Los recursos con que la población étnica de la región logra sobrevivir tienen al menos tres orígenes: uno, el trabajo realizado por la familia en la pesca o en la agricultura costeña, dos, las remesas enviadas por sus hijos,

obligados estos a abandonar el Caribe por los altos índices de desempleo que allí se presentan y, tres, un cada vez mayor ingreso producto de las diversas actividades del narcotráfico.

4.3. Autonomía y Política La Autonomía y la Política son dos elementos que en el desarrollo socioeconómico y cultural de la zona de estudio toman caminos distantes, se apunta esto con la certeza de la información obtenida vía las múltiples charlas llevadas a cabo con diversas personas cuya visión de su propio desarrollo autonómico es diferente -sobre todo en lo que respecta a su involucramiento en los espacios de decisión política, su participación ciudadana y el papel de los partidos políticos nacionales en el desarrollo autonómico de la costa-. Estos caminos distantes que se han trazado, por un lado la Autonomía y, por otro, la Política responden como a continuación se describe. Primero, los partidos políticos nacionales y el gobierno central no manifiestan interés alguno en lo que respecta a la autonomía en la Costa Atlántica; de hecho, no consideran que sea un tema prioritario a incluir en la agenda política del país. Segundo, porque el número de representantes de las Regiones Autónomas ante la Asamblea Nacional de Nicaragua es mínimo, sus demandas, sobre todo en el aspecto del desarrollo sustentable de sus recursos naturales, no causan en dicho espacio casi ningún eco. Tercero, porque sus representantes en opinión de los habitantes de la costa no se destacan históricamente en la lucha por los intereses de sus pueblos.

Aquí es necesario dar a conocer algunos datos del informe que sobre los aspectos políticos del Caribe nicaragüense realiza el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los cuales fueron publicados en el Nuevo Diario de Nicaragua el 10 de julio de 2005, Sección Nacional, cuyo título es “Gobiernos Regionales aplazados”. Según el estudio, el 68.0% de la población encuestada valora entre 0 y 4 el trabajo de sus respectivos consejos regionales en una escala de 1 a 10, mientras que el 63.0% otorga la misma valoración a los gobiernos regionales. Asimismo 43.0% responde que el gobierno regional le sirve “poco o nada” y 62.4% dijo que sus necesidades están siendo tomadas en cuenta “poco o nada” por las instituciones regionales.

Además de esto, el informe presenta la opinión del ex alcalde de Puerto Cabezas Guillermo Espinosa con relación a la actitud que tiene los concejales de Bilwi y, de los cuales guarda la siguiente posición: “los concejales se subieron el salario de siete mil a 15 mil córdobas. Creo que 7 mil córdobas es un salario muy bueno para lo poco que hacen, lo que pasa es que aquí hay un festín”-, Inobjetablemente los diversos intereses, sobre todo los económicos que se juegan en la región terminan por afectar su desarrollo; esto parece ocurrir, en todas sus vertientes. Es también un hecho que las preocupaciones por la vida cotidiana de los habitantes de las Regiones Autónomas y la desesperanza que la política tanto en el ámbito nacional como local les ha traído -que suscita de hecho un considerable malestar así como un creciente abandono de los pocos espacios de participación ciudadana que la población de la costa tiene- y, que aunado a la marginalidad en la que enormes sectores sociales se desarrollan, imposibilita su inclusión en las decisiones políticas locales, dejándolos solamente al margen en la más lamentable miseria, a continuación se expresa un ejemplo claro de lo anteriormente mencionado -es una realidad que la población de la Costa Caribeña considera únicamente relevante aquello que sea benéfico económicamente para sus familias, así por ejemplo en un pequeño hostal en el que se pudo alojar el día 13 de agosto de 2005 en Bilwi, el responsable del negocio comentó de las múltiples actividades que diariamente requiere realizar para lograr sobrevivir con su familia, constituida ésta por su esposa y cinco hijos menores de edad, por la mañana trabaja como chofer de un taxi de sitio y por la tarde como encargado del hostal, su esposa le ayuda en las labores de limpieza del lugar y tres de sus cinco hijos apoyan la economía familiar atendiendo como ayudantes un restaurante de mariscos cercano al muelle de Bilwi-. Sin duda, para él los asuntos de la vida pública se han convertido en manjar de unos cuantos oportunistas que han destruido las acciones colectivas en cuanto al cuidado y éxito de la Autonomía, que se enriquecen y se van sin ser siquiera cuestionados y, nunca sancionados (información correspondiente al Diario de Campo del día 13 de agosto de 2005)-.

Para terminar de contextualizar esto, parece conveniente mencionar que a pesar de los millonarios financiamientos que para proyectos productivos, desarrollo social y político recibe la Costa Atlántica de Nicaragua, de parte de cientos de Organizaciones y Financiadoras Internacionales, sólo un mínimo de la población objetivo realmente es beneficiada, esto como ejemplo de la crisis política que tanto la capital de Nicaragua como la región de la Costa sufren, es decir, la política y sus objetivos se encuentran completamente disgregados y el nivel de corrupción de sus cúpulas de poder se sigue, lamentablemente, elevando.

¿Qué poder decir o qué concluir después de describir la situación en la que se encuentra actualmente la Autonomía del Caribe Nicaragüense? tres cosas, a nuestro parecer y, ademas una propuesta: primero que la calidad y prestación de los servicios educativos en la región comprometen el motor del desarrollo exitoso de la Autonomía, pues es en éste rubro precisamente que se encuentra fincado el actual desenvolvimiento del gobierno autonómico, que si en los próximos quizá, 10 años no mejora considerablemente, las fuerzas educativas de la zona serán seguramente expulsadas hacia otras regiones del país y hasta el extranjero, como ya sucede con importantes educandos y profesores de las Universidades y Colegios de la región; la fuga de cerebros de la Costa Caribeña imposibilitará también la transformación y mejoramiento de los estatutos de la Ley 28, pues la labor no puede sólo ser hecha de las cúpulas del poder y hacia abajo, más bien de abajo y hacia arriba. Segundo que las condiciones sociales de vida del habitante de la costa son marcadamente las peores del país y quizá de toda Centroamérica; si como se hace referencia, la Revolución Sandinista no se peleó en la costa, los ingredientes para una futura revuelta están dados en la zona y, que ante la incapacidad del gobierno autonómico de resolver los rezagos que en materia de salud, vivienda, empleo e ingreso se viven en los poblados del Caribe, o se aplican los estatutos autonómicos en bien de las mayorías más necesitadas o esperaremos despertar muy pronto con amargas noticias. Tercero, que la vida política de la Costa es sólo privilegio de unos cuantos, donde la participación ciudadana es casi nula y la injerencia de la población en las decisiones que guiarán su vida como entidad autónoma parecen quedar sólo en mero discurso para llenar informes y estadísticas, consideramos radicalmente que si los políticos y funcionarios que conducen el proceso autonómico no voltean hacia el habitante común en busca de retroalimentar las ideas autonómicas nacidas en un sentido de libertad y justicia, el régimen podría estar en franca extinción. En este sentido, resulta conveniente dar a conocer una propuesta para éste caso en particular, esto es que los participes de la Autonomía Étnica de la Costa del Caribe Nicaragüense, los especialistas en el tema de todo América Latina así como los Organismos Internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA), entre otros, deben más allá de fines de lucro y protagonismo, reunirse y marcar las nuevas directrices que deben regir la vida autonómica de la costa, cuyo objetivo más importante debe ser el de salvaguardar la calidad de vida de sus habitantes y propiciar un clima de paz y seguridad que haga más fructífera la, de por sí difícil, vida del costeño. 62

5. Experiencias y Dilemas de la Autonomía en la Nacionalidad Mazahua del Estado de México 5.1. Autonomía y Educación La educación indígena en México sigue la huella lineal del modelo planteado desde las primeras décadas del siglo XX, bajo la idea de integración de los grupos indígenas al sistema educativo nacional, considerando estrategias culturales que pudieran optimizar los esfuerzos en un mosaico poblacional vasto, a través de los veranos culturales, ya bastante referidos en la historia educativa en México. Se han cumplido poco más de 90 años de los inicios de ese programa y, los resultados siguen siendo abrumadores, en apariencia la Educación Indígena antes de 1990 aún percibía la importancia de los esquemas multiculturalistas en su desarrollo, que intentaban, también, atender a los pueblos indígenas bajo la propuesta del conocimiento de su diversidad cultural, folclor, lengua, usos y costumbres. No obstante, después de 1990, se establece en el sistema educativo nacional, la adopción de la propuesta de Educación Intercultural Bilingüe, que sustituye a la Educación Bilingüe y Bicultural, que permanece vigente desde la misma creación de la Dirección General de Educación Indígena, por sus siglas –DGEI-, cuyo marco de referencia programático es el de la interculturalización del espacio educativo, es decir, de la escuela, cuya fundamental expresión es la de integración –nuevamente-, de los grupos étnicos en la reforma política del Estado, pero, también ésta nueva educación nativa responde a una demanda indianista de las mismas agrupaciones, por ser acogidas en un sistema educativo acorde a sus propias especificidades culturales. Es, por tanto, claro referir que ese proceso educativo buscaba una respuesta a la demanda de respeto a la identidad étnica y la coparticipación de las nacionalidades indígenas en su propio esquema educativo, autoconsciente y autogestivo, con clara invocación a la gestión gubernamental sin menoscabo a sus formas indianas de vida; una educación integral y autónoma, que, sin duda, es también un claro objetivo de la Educación Bilingüe y Bicultural de finales de los años setenta del siglo pasado.

Es también importante mencionar que el uso de las lenguas nativas es el componente imprescindible de revitalización de los grupos étnicos a través de la educación bicultural, integrante, por cierto, de un espectro –más amplio-,

el transicional, educar, primero con el uso de la lengua originaria para después hacerlo en Español, relación educativa, sin duda, de dominio, pero con iconos de respeto y salvaguarda de la identidad cultural. Es en el año 1989 donde, México ratifica el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y se manifiesta la importancia de los derechos educativos de la población indígena y, por supuesto, espacio donde se gesta la transición conceptual del biculturalismo por el interculturalismo, que, no obstante, no es una transición pedagógica sino exclusivamente conceptual, su impacto, por tanto, sigue siendo en el terreno de los hechos muy pobre, además de seguir intentando la inexistente homogenización e integración de la población indígena a través del proceso educativo, dar continuación a un proceso histórico de la Secretaría de Educación Pública: castellanizar, alfabetizar, integrar y homogeneizar la educación indígena del país. Para el caso de la población indígena Mazahua del Estado de México, se tiene que, producto de la construcción de los mecanismos educativos ya anunciados se caracteriza, por ser una nacionalidad con elementos históricos -intrínsecos y extrínsecos-, homogéneos, producto del intenso control a que ha sido sometida, aún cuando en su interior resaltan especificidades culturales tales como las políticas, económicas, sociales y, por supuesto, las religiosas; políticamente deben resaltar las diferencias más notables, pues, aún cuando las demandas originarias de la nacionalidad Mazahua son históricamente su autonomía, siguen estableciéndose territorialmente en la conformación del modelo de estado occidental, que supone de manera inductiva la conformación de barrios, comunidades, municipios y regiones. Lo que los hace heterogéneos –en relación no sólo al interior del mismo grupo, sino en relación a las demás Nacionalidades indígenas-, como grupos, es la pobreza, marginación y exclusión en la que desarrollan sus particulares formas de vida. La educación, como un indicador del desarrollo, establece para el pueblo Mazahua del Estado de México datos de marginación y carencia de acceso a servicios básicos; muestra evidente de esto es que la alta marginación, así como la dispersión geográfica en la que habitan hace difícil la cobertura de servicios educativos para dicha población, además de una movilidad constante de emigración-inmigración que no sólo interpone la conclusión de los procesos educativos, sino hasta la pérdida de la estructura cultural de la etnia, caso específico la lengua, fundamento de la formación educativa. 64

Aquí es necesario mencionar que pese a la información ya vertida, uno de los logros de la Educación Indígena con características de interculturalidad es la creación de la Universidad Intercultural del Estado de México, primera en su tipo en el país y una de las más importantes en América Latina. Éste organismo fue creado por Decreto del Ejecutivo del Estado el 10 de diciembre de 2003, alberga un currículo especialmente diseñado para dotar de formación superior a la población indígena Mazahua del Estado, sin descartar a otras Nacionalidades Indígenas interesadas en su desarrollo educativo; las metas de tal dirección están basadas en la lucha por la equidad, cobertura suficiente, programas de formación acordes a la realidad indígena y calidad en sus servicios; metas ambiciosas, pero que en el transcurso de sus primeros 8 años de existencia no se han concretado a cabalidad. Valga también destacar que la Universidad Intercultural del Estado de México, independientemente del oficialismo generado de su enlace gubernamental, no descarta su visión indiana, esto se proyecta en dos importantes compromisos con las comunidades indígenas, primero, la promoción de procesos de revalorización de los grupos étnicos y, segundo, una marcada revitalización de los fundamentos culturales de las nacionalidades indígenas, tales como la lengua, usos y costumbres ancestrales y cosmovisión, proyecciones de la idea del autodesarrollo indígena. Por otro lado, es necesario evidenciar los trabajos realizados desde el marco federal en atención a la educación indígena, a través de los proyectos llevados a cabo por la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública –SEP-CGEIB-, que desde sus orígenes y, por acuerdo del Ejecutivo Federal, el 22 de enero de 2001 tiene, entre otras las siguientes atribuciones: • Promover y evaluar la política intercultural bilingüe, en coordinación con las diferentes instancias del sistema Educativo Nacional. • Promover la participación de las entidades federativas y municipios, así como de los diferentes sectores de la sociedad, pueblos y comunidades indígenas, en el desarrollo de la educación intercultural bilingüe.

• Promover y asesorar la formulación, implantación y evaluación de programas innovadores de educación intercultural bilingüe en materia de desarrollo de modelos curriculares que atiendan la diversidad; la forma-

ción del personal docente, técnico y directivo; el desarrollo y difusión de las lenguas indígenas; la producción regional de materiales en lenguas indígenas y, la realización de investigaciones educativas. En síntesis, la educación y la autonomía para el nuevo milenio proyecta importantes avances en la promoción de la educación indígena; el caso particular de la población Mazahua induce al optimismo, al hacer notar que desde el año 2000, el Gobierno del Estado de México propicia la reconstrucción del sistema educativo estatal, anexando dos líneas de desarrollo educativas no vistas en el total del complejo latinoamericano, ni quizás, en el mundo entero, éstas son: • La participación activa de los padres de familia en las labores académicas de sus hijos en zonas indígenas del Estado; participación que inició la responsabilidad de que se dictaran sesiones en la lengua madre, apoyadas por hablantes y, hacia los educandos, consintiendo que en las sesiones se tuviese el tiempo suficiente para permitir el diálogo y la enseñanza de los usos y costumbres, que, por cierto emplean la idea de transmisión oral, logrando así que tales conocimientos propios del esquema de vida de los grupos étnicos –al menos del Estado de México-, se sigan desarrollando; tal proyección, valga recordar se debe a la labor de la oficina para asuntos indígenas del propio Estado, es decir, del CEDIPIEM. • La segunda línea, inequívocamente, es la iniciativa de incrementar en al menos 30%, adicionales a lo establecido en el sistema de egresos que el Ejecutivo designa, para brindar apoyo a la educación indígena, inmediatamente al tomar posesión de su cargo, el actual Gobernador del Estado, Lic. Enrique Peña Nieto, establece como uno de sus compromisos de campaña política hacia la gubernatura y, que de manera fehaciente redunda en el mejoramiento sobre todo de los espacios –en cuanto a infraestructura educativa-, utilizados en dicha labor, con lo que ambas líneas posibilitan la inducción hacia una gestión autonómica en esa materia y con características consensuadas; por supuesto, el incremento en financiamiento para lograr una calidad educativa en zonas indígenas estatales, beneficiando, sin duda, la administración comunitaria.

• Por otro lado, se debe estipular que a pesar de los enormes alcances logrados en materia educativa para la Nacionalidad Mazahua del Estado de México, no se debe descartar una relación histórica que ha preva-

lecido, imposibilitando, un tanto la labor del Ejecutivo en el incremento de la calidad en el servicio proporcionado a la etnia Mazahua, dicha es que el medio rural y las poblaciones indígenas avanzan mucho menos en ese carácter que las áreas urbanas y los grupos humanos que se mantienen dominantes, esto es, que, en comparación con sectores sociales urbanos, la población indígena Mazahua aún permanece con importantes desigualdades. Así mismo, la educación con características autónomas, es la que considera como un mecanismo primordial de enseñanza a los promotores de educación quienes son los profesores comunitarios, que llevan a cabo la educación autónoma, enseñando a los niños en sus propias comunidades, en su lengua y cultura, mecanismo que ya es utilizado en comunidades indígenas Mazahuas. Un primer paso hacia la formación de un sistema de educación autónoma Mazahua es el identificar una serie de inconsistencias observadas de la educación formal, tales como el maltrato del educador hacia los niños, la falta de respeto y consideración hacia la cultura y el idioma indígena y, que la educación oficial funciona como un canal de inducción de ideas con alto grado de pragmatismo indigenista, ajenas al pensamiento propiamente indiano; además de esto último se debe destacar que la valoración del conocimiento que la población indígena tiene de su mundo, es decir su particular cosmovisión, refleja la riqueza de su cultura, que los identifica como miembros de un grupo con características propias, pero, que parte de un esquema mayor, la Nación Mexicana. Por consiguiente se debe plantear que uno de los más importantes obstáculos en la construcción de una educación autónoma se asume en la dificultad administrativa –por parte del Estado-, de nombrar profesores comunitarios, con una nula capacitación indiana, por lo que, muchas comunidades indígenas Mazahuas enfrentan serias dificultades para nombrar sus promotores educativos tan necesarios en el esquema autonómico de educación. En éste mismo orden, otros dilemas que la propuesta autonómica para la población indígena Mazahua del Estado de México enfrenta son, las siguientes:

Primero, que la política educativa del Estado-Nación Mexicano incorpora de forma muy lenta metodologías y acciones programáticas en el ámbito del desarrollo de habilidades dirigidas a las características de enseñanza aprendizaje de la población

indígena referida, que tomen en consideración, además, las nuevas corrientes pedagógicas y didácticas de la formación intercultural y, bilingüe, básicamente en la idea de despertar un real interés por revalorizar la riqueza cultural de la Nacionalidad Mazahua, bajo panorámicas propiamente indianistas, por ello, la capacitación, por ende, de los promotores o profesores comunitarios debe vincularse adecuadamente a éstas corrientes, evitando la resistencia existente hasta el momento, por priorizar la formación académica del educando en su lengua materna, por consiguiente en Español. Segundo, intentando de manera intrínseca una revalorización de la riqueza cultural del pueblo Mazahua, en el sentido que el indígena no es consiente –aún-, del valor de su lengua madre, pues, en muchos casos la considera inferior, proyectando eso mismo a sus hijos y promotores educativos comunitarios para evitar enseñar en su lengua; tercero, la educación indígena intercultural, debe diseñar, evaluar y aplicar programas que permitan la creación de materiales didácticos, adecuados, propios y suficientes para el entorno educativo indígena, que posibiliten entablar relaciones con la proyección de la vida cotidiana, presente y futura de los individuos que están siendo formados, bajo consideraciones también del autodesarrollo del grupo étnico, es decir, una correcta vinculación entre la educación formal –del espacio académico-, y la educación informal –aquella adquirida en el espacio familiar-, ambas determinarán el elemento quizá más importante del logro exitoso de una autonomía indígena, la identidad étnica.

5.2. Autonomía y Pobreza Se debe iniciar el presente apartado refiriendo algunos datos en torno a la pobreza, primero en el Estado de México, y posteriormente entre su población Mazahua y, en adelante los proyectos autonómicos del grupo en cuestión, en demanda de su desarrollo, vinculado al uso histórico de sus recursos naturales y el respeto a sus usos y costumbres originarios. Inicialmente, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2007-, establece de manera teórica la medición de la pobreza bajo tres elementos; cuyo fundamento expresado en el monto de ingresos en los hogares, y dividido en: pobreza alimentaria, de capacidades y de patrimonio, bajo ésta premisa se pueden fundamentar los siguientes datos:

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI (2000), de los 13 millones 096 mil 686 habitantes mexiquenses contabilizados

en el año 2000, 11,000,200 personas viven en alguno de los tipos de pobreza posteriormente establecidos, ya sea por acceso a un ingreso mínimo de sobrevivencia, y, por tanto, carencias, producto de esto. El panorama a 5 años no es bajo ninguna circunstancia alentador, toda vez que en el conteo de 2005 del mismo organismo, en el que se especifica para la entidad mexiquense una población total de 14 millones 7 mil 495 habitantes, se encuentran 6,000,900 personas en pobreza patrimonial, otros 3,000,000 con pobreza de capacidades, de tal suerte que sus dificultades físicas no les posibilitaba el acceso mínimo a la salud alimentaria, mientras que 1,000,902 personas, padecen pobreza alimentaria; de ello, se permeó la posibilidad de que en el año 2010, se apoyen en el Estado de México los Programas Integrales que permitan una drástica reducción de la pobreza y exclusión. Básicamente, y, bajo ésta panorámica se establece4 que en 2010, las cifras de atención federal a la pobreza -que van de los 5 millones a los 5,5 millones de personas-, se incremente en al menos un millón más, destacándose que se priorizará para efecto de esto el Programa OPORTUNIDADES en la entidad; también se planteó5 que para el caso de municipios como Ecatepec -el cual lideraba el ranking de municipios con mayor número de pobres-, de Chalco, Valle de Chalco, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Naucalpan, Toluca y otros del ámbito rural, entre los que sobresalen, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, Villa de Allende y Temoaya, fortalecer con recursos los Programas sobre todo alimentarios que eviten la alta marginación, sobre todo en aquellos municipios con población indígena. En éste sentido, según datos del Consejo Nacional de Población, CONAPO (2003), se establece que para ese año, el Municipio de San Felipe del Progreso -uno de los 13 municipios Mazahuas-, que registra el índice de marginación (IM), más alto no sólo del Estado de México, sino uno de los más altos del país con un 0,9188, después de 7 años de ésta investigación, la misma organización refiere un pequeño decremento de .0010, en el índice, de lo cual San Felipe del Progreso, sigue marcando una pauta negativa en cuanto a marginación de la población Mazahua, se suma a esto, el complejo de situaciones que hacen posible la pobreza extrema de tales grupos, entre éstas, la Cfr. Montaño, María Teresa, Pobreza Campea en Edomex, sección El Universal T.V, lunes 07 de septiembre de 2009. En, página electrónica de Internet: http://www.eluniversal.com.mx/edomex. 4.

Ídem. Montaño, María Teresa, Pobreza Campea en Edomex, sección El Universal T.V, lunes 07 de septiembre de 2009. En, página electrónica de Internet: http://www.eluniversal.com.mx/edomex.

aridez y pobreza productiva de la tierra, niveles altos de desnutrición, enfermedades infecciosas, alto índice de analfabetismo, hacinamiento, carencia de agua potable, vivienda en condiciones infrahumanas y carencia casi total de servicios básicos y, claro la migración temporal y permanente, sobre todo de los varones, que buscan de mejorar sus condiciones de vida; por destacar sólo las más importantes. Se debe; así mismo, referir, que la razón del estudio llevado a cabo por el CONEVAL (2007), en relación a la medición de la pobreza -y, que establece la división en, pobreza alimentaria, de capacidades y de patrimonio-, es, la condición más desfavorable que origina el fenómeno en todos sus niveles, y donde, los ingresos no alcanzan para satisfacer las necesidades mínimas de alimento, vestido, techo, educación y patrimonio. Por lo anterior, tenemos que, para el caso de la población Mazahua del Estado de México, la pobreza alimentaria se deriva de altos niveles de desnutrición y de las enfermedades causadas de una ingesta alimentaria carente de elementos nutritivos y poco balanceados; las enfermedades ocasionadas por lo anterior, son de índole gastrointestinal, dental y, degenerativas como la diabetes e hipertensión, además del limitado acceso a los alimentos nutritivos e inocuos, que establecen una alimentación sana y equilibrada. Para el caso específico de la pobreza de capacidades -con base en la Metodología y Recomendación del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza de México-, se señala que tal, es aquella donde los hogares mantienen ingresos insuficientes para cubrir sus necesidades mínimas de alimentación, educación y salud- cifra equivalente para el pasado año 2010 de 54,47 pesos diarios por familia en el Estado6, que se encuentra incorporado al Área C, correspondiente a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de Hacienda y Crédito Público-, a partir de esto último se puede establecer que las cifras en ese periodo y, con respecto a la población Mazahua del Estado de México mantiene una pobreza de capacidades de un rango inferior, en términos relativos del 50% con relación al ingreso mínimo por familia ya referido, es decir de un orden de 27,23 pesos por núcleo al día e inferior a cifras del año 2000, como se refiere a continuación7: 6.

Cfr. El Universal, Finanzas, Ciudad de México, jueves 17 de diciembre de 2009. En, página electrónica de Internet. http://www. eluniversal.com.mx/notas/646687.html.

Cfr. La Jornada, La Medición de la Pobreza en México al año 2001, Ciudad de México, 4 de septiembre de 2002. En página electrónica de Internet. http://www.jornada.unam.mx/2002/09/04/per-texto.html.

Se considera población en pobreza de capacidades a aquellos hogares cuyo ingreso es insuficiente para cubrir las necesidades de alimentación, educación y salud, equivalentes a 18,9 y 24,7 pesos diarios, de 2000, por persona en áreas rurales y urbanas, respectivamente. Hace dos años, 25,3% de los hogares (31,9% del total de la población) sufría esta situación.

Por ello, la población Mazahua del Estado de México sigue padeciendo una pobreza de capacidades en el acceso a los satisfactores ya indicados en relación a la población mestiza de un rango de 50%, al menos, e incontable con respecto a familias que viven con más de un salario mínimo diario. En relación con la pobreza de patrimonio tenemos que tal indicador hace mención a los hogares que mantienen ingresos insuficientes para cubrir necesidades básicas de alimentación, salud, educación, vestido, calzado, vivienda y transporte público, que tampoco podrían cubrirse de manera equitativa con el salario mínimo establecido en la pobreza de capacidades, de facto, dicho ingreso, no supera los estándares planteados para el año 20008, que eran a razón de los hogares que: Viven en pobreza de patrimonio…cuyo ingreso es insuficiente para cubrir las necesidades de alimentación, salud, educación, vestido, calzado, vivienda y transporte público, equivalentes a 28.1 y 4.8 pesos diarios, del año 2000, por persona en áreas rurales y urbanas, respectivamente. En el año de referencia, 45.9% de los hogares (53.7% de la población total), pertenecía a éste grupo.

En éste sentido, para el CONEVAL (2008), el total de la población nacional con pobreza de patrimonio es de 50,5 millones de mexicanos, cifra que sufre también un incremento considerable si se toma en cuenta el total para el año 2006, que era de 44.7 millones de mexicanos, por lo que en términos absolutos crece a 5.8 millones de habitantes en dicha pobreza; mismos que cuentan con un ingreso mensual familiar de 1.593 pesos, es decir; 53.1 pesos diarios, cifras en consecuencia, alarmantes. Para lo que corre del año 2010, y como resultado de los desastres naturales originados por el Huracán Alex, las cifras ya vaticinadas desde febrero de 20109 son 8.

Ídem. La Jornada, La medición de la pobreza en México al año 2001, Ciudad de México, 4 de septiembre de 2002. Documento disponible en línea en:. http://www.jornada.unam.mx/2002/09/04/per-texto.html. 9.

Cfr. La Jornada, Inundaciones aumentan en 3.5 puntos la pobreza, lunes 22 de febrero de 2010, sección Sociedad y Justicia. Documento disponible en línea en: http://www.jornada.unam.mx/2010/02/22/index.php?section=sociedad&article=037n1soc .

una realidad, de tal suerte que, la pobreza extrema se incrementa hasta un 3.6% y 1.5% la pobreza de patrimonio, con respecto a cifras del año 2008, es decir, en términos absolutos implica un crecimiento de 8.25 millones de mexicanos más en ésta variante del fenómeno, un total a la primera mitad del presente año nos estipula que en especial la pobreza de patrimonio en nuestro país tiene un total de 58.75 millones de personas. La población Mazahua del Estado de México, en éste rubro, evidencia también enormes carencias, de las 91,411 personas registradas como hablantes de la lengua Mazahua en el Estado de México en el II Conteo Intercensal de Población y Vivienda 2005, el 80% -al menos-, padece carencias de patrimonio; se espera –en propensión-, para los últimos tres meses del año 2010, que ésta cifra decrezca en al menos un punto porcentual debajo de los informes del año 2005. Aún con esto, la población Mazahua es considerada altamente vulnerable y con riesgos inminentes de sufrir colapsos poblacionales si los procesos de migración, pobreza, vulnerabilidad, desigualdad y marginación no logran abatirse en los próximos años, de hecho, se debe precisar que, producto de las constantes emigraciones temporales y permanentes hacia la periferia del Estado, los casos de disgregación poblacional son preocupantes, la razón; la búsqueda de empleo y mejores condiciones de vida, de esto, tan sólo en el Distrito Federal, se calcula un poco más de 550 mil Mazahuas viviendo de las actividades del sector terciario, bajo condiciones totalmente adversas, expulsados, sin patrimonio y de sus propias tierras, recursos naturales y nichos ecológicos. Un balance para la primera mitad del año 2010 indica que en términos relativos el 80.5% de la población Mazahua del Estado de México se encuentra en pobreza de patrimonio y en espectros de migración temporal y permanente por encima del 60% del total de su población, no variando ya edad o sexo, la migración que contiene incidencias por lucha de espacios territoriales o nichos ecológicos es también alta, baste citar el caso de las mujeres indígenas Mazahuas de San José Villa de Allende, Estado de México, que producto de su lucha por resarcir sus espacios hidráulicos de sobrevivencia en el área de la planta potabilizadora de Berros, Cutzamala, se organizaron militarmente en la protección de ese recurso y en una franca lucha por su autonomía, factores incidentes con los altos niveles de pobreza registrados en la población indígena de la zona, el nombre de tal organismo “Ejército de Mujeres Mazahuas“, sus reclamos los referidos a continuación10: 72

10.

Cfr. Investigadores descalzos, Ejército de Mujeres Mazahuas. Documento disponible en línea en: http://idescalzos.blogspot. com/2008/09/ejercito-de-mujeres-mazahuas.html.

Villa de Allende, Méx., 25 sep., 2008- Unas 60 mujeres Mazahuas de éste Municipio determinaron conformarse como una organización castrense y se denominaron Ejército Zapatista de Mujeres por la Defensa del Agua; de inmediato construyeron su primer cuartel ante las puertas de la planta potabilizadora Los Berros, del Sistema Cutzamala. Como si se prepararan para la guerra, las indígenas efectuaron una demostración de sus “tácticas militares” y marcharon armadas con rifles de madera, palos y machetes en las inmediaciones de la planta potabilizadora, donde se encuentran atrincheradas desde el 15 de septiembre. Las mujeres, que desde hace cinco días tomaron el mando del movimiento de ejidatarios que demanda a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) el pago de una indemnización de 2 millones de pesos derivado de los daños causados en 300 hectáreas de cultivo por un derrame de la presa Villa Victoria, en septiembre pasado, afirmaron que tras un año de espera ahora recurrirán a las armas para lograr no solamente el resarcimiento de los daños, “sino que las autoridades implementen una política integral hidráulica”, que incluya a sus comunidades. Y es que desde principios de la década de los 80, cuando entró en operaciones el Sistema Cutzamala, que se encarga de extraer agua de la región para destinarla al consumo de millones de personas en el Distrito Federal y su zona conurbada, los campesinos de Villa de Allende, de origen Mazahua, han sido olvidados por las autoridades y despojados de sus tierras y del agua “que ancestralmente nos pertenece”, dicen. Además de la indemnización, los inconformes pretenden recuperar 34 hectáreas del ejido San Isidro que presuntamente formaría parte del Sistema Cutzamala, pero que a la fecha no han sido aprovechadas por la CONAGUA. Exigen la introducción de redes hidráulicas en ocho ejidos del municipio que carecen de agua potable, a pesar de que sus ríos alimentan el Sistema Cutzamala. “Ya vimos que por el camino del diálogo nada logramos y sólo les tomaron el pelo a los hombres, por tanto, demandamos nuestra autonomía. Las mujeres indígenas denunciaron que por el mal manejo de los recursos acuáticos en el país, muchas comunidades de donde se extrae el agua que consumen las grandes ciudades se encuentran en la pobreza extrema. Parte del conflicto se remonta a que en octubre del año pasado 30 hectáreas del poblado El Salitre fueron inundadas por aguas de la presa Villa Victoria, Estado de México, lo que afectó a los productores de la zona, que perdieron sus cultivos.

El hecho hizo que residentes de ocho comunidades Mazahuas se unieran, pues sufren por la falta del vital líquido desde hace más de dos décadas.

Así mismo, en muchas zonas las tierras cultivables se han erosionado por la falta de agua y se han extinguido diferentes especies de flora y fauna que dependían del vital líquido que existía en diferentes lugares del sur del Estado. Así, desde enero de este año, mujeres y hombres Mazahuas del sur del Estado de México conformaron un frente común para reclamarle al Gobierno Federal el pago de los daños ocasionados a más de 10 mil campesinos por la operación del sistema Cutzamala desde hace 22 años. Entre sus demandas está el pago de daños ocasionados a las tierras de cultivo por el desbordamiento de la presa Villa Victoria; dotar de agua a las comunidades que carecen del servicio; aplicar un proyecto de desarrollo sustentable para la región, la restitución de sus tierras y el respeto a su autonomía.

La gravedad de los reclamos aquí planteados es evidente, tras siglos de pobreza, despojo, exclusión y migración los resultados son ahora vistos; de manera clara, se debe vislumbrar que a pesar de los esfuerzos realizados por el Gobierno del Estado de México y sus múltiples programas de abatimiento de las desigualdades sociales en las que vive la población originaria, los logros siguen siendo insuficientes; los reclamos no sólo se proyectan al ejemplo citado. Es por tanto evidente que el mosaico de posibilidades es vasto, desde la lucha por la tierra –acondicionada por una ineficiente Ley Agraria-, que se define por el no respeto hacia los procesos de deslinde, sin considerar curvas de nivel, curvas de terreno, depresiones, cuerpos de agua, etcétera.; reduciendo el número real de terreno productivo –Hectáreas-, a la vez de que el campesino indígena al ingresar a éste programa es convencido por varios promotores de la Procuraduría Agraria para enajenar o poner en arrendamiento sus predios, más aún si dichos contienen alguna riqueza mineral o de recursos naturales, por ejemplo, en particular, en el caso de la población Mazahua del municipio de Valle de Bravo desde el 2000 se registran conflictos de tierra entre indígenas y empresas inmobiliarias. Cabe destacar que en la actualidad los litigios no se han resuelto, manteniendo, por supuesto, varias hectáreas improductivas a causa de esto último.

Ejemplo como el anterior, se habían verificado sólo en regiones en extremo apartadas de las áreas metropolitanas como los casos de los indígenas Yoreme de Sonora quienes rentan un total de dos mil Hectáreas, es decir, 20,000 metros cuadrados de superficie para la extracción de minerales, y que nunca les fueron devueltas, o, también el caso de los indígenas Kiliwas, en el Valle de la Trinidad, dentro del municipio de Ensenada, que pierden sus terrenos más productivos en

contratos donde todas las ventajas fuero para los empresarios mineros, mientras que los indígenas no recibieron la compensación necesario por el usufructo de sus predios, no obstante, casos semejantes los viven las nacionalidades indígenas de Sonora, y San Luis Potosí, con la intromisión en sus comunidades de empresas ganaderas, agrarias, e inclusive narcotraficantes que no sólo les despojan sino que los exilian de sus propias comunidades, introduciéndolos a la delincuencia organizada o, a la emigración, haciendo más precaria su existencia. No debemos olvidar que el establecimiento de una propuesta de autonomía, para el caso concreto de las nacionalidades Mazahuas del Estado de México, debe coordinar esfuerzos para abatir de manera considerable la pobreza y marginación ya expuestas en éste trabajo, evidenciando, además, el papel que el Aparato Gubernamental debe llevar a cabo en el rescate de nuestros grupos indígenas históricamente desprovistos de garantías propias del desarrollo y la cobertura de sus Derechos Humanos. Por esto último, recientemente se conjuntan esfuerzos de las mismas nacionalidades indígenas para proponer al sector público los lineamientos de su transición como pueblos libres, participes de su propio desarrollo y, sobre todo, respetuosos de su cultura milenaria, tal propuesta es dada a conocer los pasados 5 y 6 de diciembre de 2009 en Coxcatlán, Puebla en el llamado “Primer Encuentro Nacional por la Rearticulación del Movimiento Indígena” y continuado el 13 de febrero de 2010, en la llamada “Declaración de Paracho”, Michoacán, donde de igual manera se convoca a las naciones indígenas chinantecos, nahuas, zapotecos, nahñus, matlatzincas, tojolabales, ñu savi, mayas, mayo, tenek, mazahuas, purépechas, popolucas, mexicaneros, chichimecas, ayuuk de quince Estados de la República con el objetivo de ser testigos de ésta transición. La transición a que se hace referencia, es aquella que posibilite a la población un acercamiento a la vida digna, ajena a la pobreza y con garantía del respeto a sus diferencias y, que genere el hecho de ser México, país pluricultural y multiétnico, de tal manera que las nacionalidades indígenas establecen el impulso para la Rearticulación y Construcción del Movimiento Indígena Nacional, los días 9 y 10 de abril del 2010 pasados en la ciudad de México Tenochtitlán, bajo los esquemas planteados a continuación.

1.- Por la recuperación y defensa de los territorios. 2.- Por el desarrollo integral con identidad. 3.- Por el reconocimiento constitucional de nuestros derechos como pueblos originarios.

4.- Por el fortalecimiento, respeto y reconocimiento de nuestras formas de ejercer la autonomía y libre determinación en cada uno de los ámbitos y niveles en los que se desarrollan. 5.- A construir nuevos caminos con una agenda política propia, que recupere lo mejor de nuestras experiencias históricas. 6.- Por la reconstitución integral de nuestros pueblos a partir del diálogo, la reconciliación interna para alcanzar la paz y la armonía comunitaria, para luchar por nuestros derechos colectivos negados. 7.- Por el respeto a la dignidad y lucha por la equidad de las mujeres indígenas en nuestros pueblos.

5.3. Autonomía y Política La Autonomía Política, establece en Derecho Político, las formas en que las sociedades humanas –o algunas de ellas-, logran organizar en el entorno de un Estado- Nación formas de gobierno con características particulares y propias dentro de un espacio territorial determinado, al constituirse un régimen autonómico, debe de encontrarse dotado de personalidad jurídica, instrumentada con elementos constitutivos del gobierno específico, donde se contemple la normatividad para llevar a cabo una administración fuera de los lineamientos unilineales del Aparato de Estado. Ésta consideración evidencia -en la construcción de una autonomía-, el antagonismo entre dos formas divergentes de administración territorial, dentro de la geografía del propio Estado, pero que no se confunde con la formación de regiones independientes al interior de la administración pública del Aparato Gubernamental, tal idea es la lógica del separatismo, lo que, por supuesto, no ocurre en México ni en América Latina, lo más importante de una autonomía política en el marco de un Estado-Nación es el reconocimiento de la personalidad jurídica propia, diferenciada pero, integrada al espacio del organismo nacional –Estado- y, que políticamente permita la representación-, como ejemplo, para la Nacionalidad Mazahua del Estado de México establecer representantes del Consejo Supremo, designados democráticamente-, individuos, dentro de los organismos parlamentarios y, en ellos dentro del Comité de asuntos Indígenas.

Se debe destacar que en éste ejercicio, la autonomía política de cualquier grupo humano permite, de igual manera, construir sus instituciones políticas, corrigiendo –no negando el esquema institucional del Aparato de Gobierno-, de

igual manera, consolidando al menos, una Asamblea con funciones Legislativas, que permitan emanar normas con características formales de Leyes; derogando, inclusive, aquellas estatales, antes de entrada la vigencia del régimen. Por supuesto, la anterior razón se convierte en uno de los dilemas más importantes de la consolidación de una autonomía indígena, cualquiera que ésta sea -incluyendo la Mazahua-, un Ejecutivo y un Organismo Ejecutor y Aplicador de Sanciones en cuanto a la violación de la normatividad, a partir de allí se crean los organismos necesarios fijando, la organización en cuanto a sus funciones; refiriendo que los poderes, su actuación y vinculación deben encontrarse regidos por un Estatuto de Autonomía –Instrumento Legal y Normativo de la Administración Autonómica, que a la vez debe contener tres elementos primordiales, a saber; uno, la denominación que ha de darse a la sociedad o comunidad autonómica y la delimitación de su territorio, dos, los elementos que integran su organización institucional y, tres, las responsabilidades que la sociedad asume en el marco de la Constitución tanto del Estado como de la Federación-. Las facultades administrativas que emanan de lo anteriormente mencionado, también permiten al régimen establecer lineamientos geográficos particulares como la delimitación en cuanto a territorio de los espacios geográficos administrados, que pueden establecerse desde el rediseño del espacio comunal –veredas-, municipio y región, permite realizar precisiones en cuanto a la normatividad del espacio territorial que se ocupe o sea designado.

Un importante dilema de la formación de una autonomía política es, la recomposición territorial, pues, supone un reordenamiento del espacio, que para cualquier Estado excede en gastos, lo planeado administrativamente, además de chocar con la propia unidad en la que se desarrolla el federalismo nacional, en el que ninguna entidad federativa puede perder soberanía territorial –elemento totalmente incompatible con la división o fragmentación del Estado, en ello, el grave problema del autogobierno es la delimitación propia de su alcance-, ni aun cuando suponga generar estrategias de protección a los grupos étnicos de la entidad en cuestión, pues tal suposición implica poner en riesgo la integridad gubernamental, pero, la permanencia de tal integridad gubernamental debe sí generar espacios donde las demandas de las Nacionalidades Indígenas puedan proyectar sus demandas de autonomía, tendientes no a buscar el choque antagónico, sino salir del atraso económico y social donde se encuentran; el dilema concreto está fundamentado en ejercicios poco exitosos de autonomía política,

sobre todo en Europa, donde tal autonomía ha llevado irremediablemente a futuras reclamaciones con claro carácter independentista, valga citar nuevamente Chechenia y la ex República Yugoeslava, donde los procesos de lucha autonómica se han desviado en su totalidad, induciendo pasajes violentos como formas de dirimir los conflictos étnicos. Por otro lado, la Autonomía y la Política son dos conceptualizaciones que tienen en las comunidades indígenas una relación intrínseca, en el caso de Nicaragua, la Constitución de 1987 establece de manera política el reconocimiento a la propiedad comunal de los grupos nativos, mientras que para el caso de otras nacionalidades indígenas el reconocimiento político es evidentemente imposible, México, posterior a la emisión de la Ley COCOPA (1996), que los aspectos sobre una autonomía política para los pueblos indígenas en nuestro país era algo considerado imposible, albergando la idea del respeto, la inclusión, la atención, sin menoscabo de la territorialidad nacional y el control del Estado sobre esto y, por supuesto, el no separatismo y la unidad nacional, se justificó, la importancia del mismo Estado en la gobernabilidad y el cuidado y control de los recursos naturales, reforzado por los Carrancá y Rivas y Burgoa, en su claro papel de Constitucionalistas, convocando a la susodicha unidad y criticando, inclusive a la Ley Cocopa, mientras que los grupos indígenas de la montaña chiapaneca abogaban, de manera obvia, por el respeto a los Acuerdos de San Andrés, valga referir esto último a través del Centro de Documentación sobre Zapatismo –CEDOZ- (2001) :

La llamada “Ley Cocopa” fue elaborada en diciembre de 1996 por los legisladores de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa). Los legisladores pertenecieron a los 4 partidos políticos más importantes: el PRI, el PAN, el PRD y el PT. Esta iniciativa de ley no la hicieron los zapatistas, sino los legisladores, es decir, los que hacen leyes en México. La llamada “Ley Cocopa” retoma lo más importante de los primeros Acuerdos de San Andrés, firmados por el gobierno y el EZLN en febrero de 1996: reconoce el derecho a la autonomía incluyente de los pueblos indígenas (es decir, que se reconoce su diferencia pero siguen siendo mexicanos) sin romper la unidad nacional, respetando los derechos humanos, especialmente de la mujer indígena. También señala que los pueblos indígenas deben ser tomados en cuenta en la toma de decisiones que los afecten. Que se debe respetar y promover su cultura. Y que se debe garantizar que su voz sea escuchada y atendida, y que tienen derecho a tener representaciones en el Congreso de la Unión y en los Congreso de los estados. En lo fundamental, la “Ley Cocopa” reco-

noce constitucionalmente una realidad: los pueblos indios son parte de México y tienen sus propias formas de organización social y política, es decir, tienen el derecho a ser indígenas y a ser mexicanos.

Esto nos permite ver, sin duda, que los argumentos para una autonomía política en México son en general nulos, pues, existe un temor evidente del poder legislativo nacional por definir legalmente la jurisdicción de un pueblo indígena sobre su propio territorio, estableciendo no sólo la normatividad para desarrollar ello, sino, permitiendo la regularización autogestiva de los espacios a conveniencia del propio grupo, la autonomía de los pueblos de México es una autonomía sin definición, o imprecisa territorialmente, tal cuestión imposibilita un adecuado devenir de un proceso histórico que debe, sin duda, ser atendido y, a pesar de las enormes flexibilidades que la propia Ley Cocopa establece en ese tránsito, planteando objetivamente un multiculturalismo autónomo en espacios territoriales acordes a la realidad indígena, sin posibilitar, bajo ningún cause las expresiones separatistas que tanto asustan al Estado-Nación, el éxito de una autonomía política debe también inducir la creación de un Estatuto de Autonomía, donde se contemplen la edificación institucional de organismos de carácter Legislativo, Ejecutivo y Judicial y, que como se refiere para la propuesta autonómica de la población Mazahua del Estado de México -inscrita en éste mismo documento-, genere el uso del capital simbólico colectivo, por ello, es claro y evidente que la conformación de una autonomía indígena en el caso de la población Mazahua del Estado de México, es posible, toda vez que sólo se discurre en un elemento, el de la autonomía reaccionaria, que para América Latina, ya ha ocurrido en múltiples eventos; para nuestro país, es una realidad “no ocurre”; por ello la autonomía indígena será un proceso meramente de reafirmación democrática, donde los grupos étnicos la celebren al interior de caminos claros de decisión política.

Aquí es necesario fundamentar la experiencia de una autonomía política Mazahua, bajo lineamientos de base social que permitan, al menos al propio Gobierno del Estado de México realizar las reformas tan necesarias -de Estado-, abriendo nuevos derroteros a la labor de programación en materia indígena, quizá como en ningún espacio territorial de nuestro país sucede, se cuenta además con una diversidad étnica inigualable cuya población es aún estable, un ambiente de paz social, a pesar de los referidos brotes de insatisfacción, liderazgo de las jefaturas supremas, conservación y uso racional de los nichos ecológicos, altos niveles de identidad, tanto comunitaria, regional y hasta nacional, logrando ubicar al Mazahua como indígena, pero también como mexicano, como no sucede

con los movimientos separatistas de España, Chechenia, y la Ex Yugoeslavia, por citar algunos casos; pero, queda claro, especialmente una riqueza cultural, que es conocida internacionalmente. Estos elementos constituyen de manera real la mejor experiencia que una nacionalidad indígena puede plantear en el establecimiento de propuestas autonómicas. No obstante, existen también importantes discontinuidades que considerar en un adecuado establecimiento de la autonomía indígena Mazahua, evidentemente propias de la exclusión social que padece dicha población; a razón, altos índices de pobreza, marginación, vulnerabilidad, emigración, carencia en el acceso a servicios fundamentales de educación y salud, alimentación y vivienda.

6. Diagnóstico reciente de la situación de los Pueblos Indígenas en México y América Latina11 6.1. Pobreza de la Población Indígena en México, síntesis Producto del recién celebrado Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, el pasado 09 de agosto de 2010, el Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social (CIEPS), de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de México (SEDESEM), preparó datos recientes en relación a la pobreza multidimensional a la que se enfrentan los pueblos indígenas de México; de esto, se evidencia la siguiente información: A partir de las estimaciones del CONEVAL (2008), 5.2 millones de hombres y mujeres pertenecientes a una agrupación indígena -que representan el 4.8% de la población total del país-, se encuentran en pobreza multidimensional, de los que, 2.7 millones padecen pobreza multidimensional extrema, además de que para el año -2008-, 1.4 millones de indígenas de nuestro país, eran radicalmente vulnerables por carencias sociales; 0.1 lo son por razones de ingreso; y 0.2 no son considerados en situación de vulnerabilidad. La información anteriormente vertida sugiere que en un 3.7% los grupos indígenas señalados cuentan con carencias sociales. La multidimensionalidad de la pobreza establece diversos componentes o factores que concurren simultáneamente en la medición y explicación del fenómeno. Esta metodología supera a aquella que le precede, aludiendo únicamente al ingreso, -de la que se desprenden las pobrezas alimentaria, de capacidades y de patrimonio-. En este sentido, la pobreza se asocia a carencias en el disfrute de ciertos satisfactores, los cuales son proporcionados a través de diversas fuentes y, donde el Estado desempeña un papel fundamental, especialmente, en la provisión de bienes y servicios públicos.

11.

Éste presente apartado se encuentra elaborado básicamente a partir de la información del Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social (CIEPS), perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social, del Gobierno del Estado de México, y mediante sus boletines, documentos de análisis de diversas temáticas relacionadas con la pobreza, desigualdad y marginación, así mismo, se han tomado los cuadros que enriquecen tales boletines, de manera que se incluyen dentro del presente documento.

Cuadro 6 Pobreza multidimensional en la población indígena, México 2008

Indicadores de incidencia

% de la población indígena

% de la población no indígena

% de la población total

Pobreza multidimensional Población en situación depobreza multidimensional

75.7

42.1

44.2

Población en situación de pobreza multidimensional moderada

36.5

33.5

33.7

Población en situación de pobreza multidimensional extrema

39.2

8.5

10.5

Población vulnerable por carencias sociales

33.9

Población vulnerable por ingresos

1.2

4.7

4.5

Población no pobre multidmensional y no vulnerable

3.1

19.3

18.3

Rezago educativo

49.9

19.8

21.7

Acceso a los servicios de salud

52.7

39.8

40.7

Acceso a la seguridad social

85.8

63.2

64.7

Calidad y espacios de la vivienda

50.8

15.2

17.5

16.5

18.9

42.1

20.2

21.6

Indicadores de carencias sociales1/

Acceso a los servicios básicos en la vivienda Acceso a la alimentación

Nota: se considera indígena a la persona que habla alguna lengua nativa. 1/ Se reporta el porcentaje de la población con cada carencia social. Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008.

Es así que la medición de la pobreza multidimensional creada por el CONEVAL concibe al fenómeno a partir de tres importantes ítems; primero, el bienestar económico; el segundo, los derechos sociales y, tercero, el contexto territorial, tales consideraciones han permitido la creación de un complejo conceptual de análisis de la pobreza desde ésta perspectiva; así, pues, la conjugación de estos elementos, logra, además, evaluar los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, mediante los propios lineamientos que se establecen en la Ley General de Desarrollo Social; por esto, se integran los mecanismos de evaluación multidimensional avalados por el organismos mencionado y, a razón de:

En primer lugar, el espacio de bienestar, medido a través del ingreso, brinda un sólido marco conceptual para el análisis del papel de la política económica en el nivel de vida de la población, lo cual permite estudiar el efecto de la generación y distribución del ingreso en los niveles de pobreza. De esta forma, es posible evaluar los avances de la sociedad mexicana en la promoción de un desarrollo económico con sentido social, que propicie y conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore su distribución. En segundo lugar, el espacio de derechos sociales permite disponer de una herramienta útil para el análisis de los avances y retos que persisten en materia del ejercicio de los derechos sociales, en específico aquellos que la Ley General de Desarrollo Social establece como constitutivos de la pobreza. La adopción de este enfoque permite evaluar los avances de la política social en sus distintas estrategias y programas, tanto para el conjunto de la población como entre aquella en situación de pobreza. En tercer lugar, la incorporación del espacio de contexto territorial dentro de la medición de la pobreza permite analizar el efecto de los fenómenos y problemáticas de las comunidades y localidades en opciones de vida de toda persona, en especial la cohesión social y el disfrute de un medio ambiente sano. Esto permite vincular el concepto de pobreza con la creación de mecanismos de integración y cooperación social, así como con la búsqueda de un desarrollo sustentable y respetuoso del medio ambiente.

De igual manera se deben dar a conocer algunas cifras calculadas por el propio CONEVAL (2009), a partir, también de éste informe:

Entre los 47.2 millones de mexicanos que se encontraban en condiciones de pobreza multidimensional, 35.99 millones se encuentran en pobreza multidimensional moderada y 11.20 millones en una situación extrema. Un total de 35.18 millones de la población es vulnerable a las carencias sociales. Mientras que 4.78 millones lo es por los ingresos. La población que no es pobre de forma multidimensional y no es vulnerable aproximadamente según este estudio, está en 19.53 millones de mexicanos. Se estimó que 82.37 millones de mexicanos tienen al menos una carencia social, como puede ser rezago educativo, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos en la vivienda y alimentación. 32.77 millones de mexicanos sufren al menos de tres de las carencias sociales mencionadas anteriormente. 23.16 millones de mexicanos tienen rezago educativo. 43.4 millones de mexicanos (40.7% del total de la población) no tenían acceso a ninguna institución o programa de

salud pública o privada. 68.99 millones de personas no cuentan con ningún tipo de seguridad social. 18.62 millones carecen de calidad y espacios de la vivienda, 20.13 sin servicios básicos en la vivienda. Aproximadamente 17.64 millones de personas tienen un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo y 51.97 millones perciben un ingreso inferior a la línea de bienestar.

6.2. Pobreza de la Población Indígena en América Latina, síntesis El caso de América Latina, no es demasiado alentador, de hecho y, de acuerdo al Informe del Banco Mundial Pueblos indígenas, pobreza y desarrollo humano en América Latina: 1994-2004, la población indígena en el mundo representa cerca de 5% del total de los habitantes y concentra 15% de la pobreza total; por lo que, en la composición racial del planeta el porcentaje referido es considerablemente alto. Latinoamérica aglutina un total de 28 millones de individuos pertenecientes a algún grupo indígena, de los que, en términos absolutos, 80% viven en alguna condición de pobreza. Cuadro 7 Pobreza indígena y no indígena en países latinoamericanos seleccionados % de pobreza en población indígena

% de pobreza en población no indígena

País

Población indígena

Bolivia1/

Ecuador2/

Guatemala3/

México4/

89.7

49.1

46.7

Perú5/

62.3

62.8

40.1

Año inicial

Año final

Año inicial

Año final 53

1/ Año inicial: 1997. Año final: 2002. 2/ La población indígena de Ecuador corresponde a 2009. Año inicial: 1998. 3/ Los datos de pobreza corresponden a 1989-2000. 4/ Año inicial: 1992. Año final: 2002. 5/ Año inicial: 1994. Año final: 2000. Fuente: elaborado en el CIEPS a partir de información del Banco Mundial.

Durante la década 2000-2010 y, a pesar de los esfuerzos de los Estados-Nación en América Latina en cuanto a propuestas y aplicaciones de políticas sociales de abatimiento a la pobreza y la desigualdad, aún se sufren condiciones severas en la

multidimensionalidad de sus rezagos y, más aún en países que albergan a un mayor número de pobladores de grupos étnico como en los casos de México, Guatemala, Bolivia, Perú y Ecuador, donde constituyen no sólo el grupo poblacional más desprotegido sino el más vulnerable, valga destacar que en áreas indígenas se registran 4.5 veces mayores carencias en comparación con la población no indígena, estas privaciones coinciden con la ubicación espacial de dichos grupos humanos, pues, la población indígena habita particularmente hogares que se localizan en zonas rurales, se establecen en comunidades alejadas y dispersas con altos índices de marginación, en localidades con menos de 15 mil habitantes en promedio. Es importante destacar que en el caso de la pobreza que padecen los pueblos indígenas en América Latina se cuenta con datos que a pesar de su franca oposición con las políticas sociales de los diversos Estados-Nación latinoamericanos, evidencian la realidad a que estos se enfrentan, no sólo lo ya expresado, pues, ciertamente la percepción sobre la desigualdad, así como la oposición a ella, por parte de los grupos indígenas, fue ya expresado por el filósofo latinoamericano Leopoldo Zea en un trabajo monumental, que no sólo irradia proyecciones futuras sobre el quehacer filosófico en torno a nuestra emancipación a poco más de quinientos años del encuentro de dos mundos, sino la manera en que los latinoamericanos debemos encarar estas nuevas directrices, Zea (1972), así lo manifiesta:

¿Cuál es entonces nuestra situación? y, por ende ¿cuál debe ser la posición de nuestra filosofía como expresión de esta situación? Desde luego, y esto es obvio, nuestra situación es distinta a la de muchos pueblos del mundo. Pero, más concretamente, no es la de la burguesía europea, aunque muchas de sus formas de cultura sean las nuestras, incluyendo nuestras formas filosóficas por ejemplo, la situación que describe Jean Paúl Sartre, no es en forma alguna nuestra situación. El filósofo francés encuentra y describe una situación en la que toda salida parece estar cerrada. En ella no hay más salida que la del reconocimiento de la responsabilidad que el burgués tiene en su propio y próximo fin. Nosotros los americanos, más concretamente los hispanoamericanos, no podemos decir que nos encontramos en situación parecida. Aún somos pueblos cuya responsabilidad dentro de la comunidad universal se encuentra inédita. El existencialismo europeo describe una situación dentro de la cual el intelectual carece ya de un papel activo en la sociedad. Éste, dice Sartre, no tiene ya otro camino que el de sumarse, como masa y no como individuo, a las filas de los opresores o a las filas de los oprimidos.

Pero estos últimos ya no le necesitan, puesto que al organizarse han dejado de ser oprimidos pasando ahora, de la defensiva a la ofensiva en contra de sus opresores.

Así, el problema de la pobreza y la desigualdad no es sólo –y, por ende-, un evento exclusivamente económico; aglutina el pensamiento de una diversidad de disciplinas, entre las que se encuentran, por ejemplo, la sociología, la filosofía, la antropología e, incluso la psicología; contemplar el fenómeno bajo esta diversidad de ópticas permite alcanzar una visión más integral sobre el mismo.

6.3. Evolución de la Población Indígena en los últimos 50 años, síntesis Es, además, importante señalar que en cuanto a la evolución de la población total indígena en la República Mexicana durante los últimos 50 años, II Conteo de Población y Vivienda INEGI (2005), se tiene que, el Estado de México ubicaba a 340 mil pobladores de grupos étnicos, de los cuales, un importante número es proveniente de otras entidades del país; como Oaxaca, Michoacán y Veracruz. A pesar de lo anterior, al menos el 50% de los aborígenes del Estado de México son originarios de las Nacionalidades Mazahua, Otomí, Tlahuica, Nahua y Matlazinca, a los que se han ido sumado los pueblos, Zapotecos, Mixes, Mixtecos, Chamulas y Tarascos, entre otros –establecidos en territorio estatal a partir de importantes oleadas migratorias-. Por otro lado, el Consejo Estatal de Población (COESPO) refiere que en 886 comunidades de 46 de los 125 municipios del Estado de México existe presencia indígena, viviendo en su gran mayoría en condiciones de alta o muy alta marginación. En la actualidad el pueblo Mazahua es el más numeroso en la entidad mexiquense, pues, existen identificados 95 mil 411 personas hablantes de esa lengua nativa.

El cuanto al pueblo Otomí, se indica que es el segundo en la entidad por el tamaño de su población, al contar con 83 mil 352 personas, las cuales declararon ser hablantes de esa lengua; el grupo otomí se encuentra en 21 municipios mexiquenses.

Los descendientes directos de la Nacionalidad Nahua, específicamente los hablantes de esta lengua, constituyeron en 2005 una población total de 45 mil 972; de ellos dos mil 367 se concentraron en municipios indígenas originarios. Ésta población se localiza en su gran mayoría dentro de municipios de la zona conurbada con la ciudad de México y, por supuesto, en el oriente del Estado, además de algunos municipios del Valle de Toluca y el sur de la misma ciudad. Los Matlazincas, poblaron el Valle de Toluca y, no obstante, prácticamente han desaparecido de él, de manera que en la actualidad los descendientes de dicho pueblo se concentran en la comunidad de San Francisco Oxtotilpan, del municipio de Temascaltepec. Para el año 2005 y, de acuerdo con datos del INEGI, se registraron un total de 952 hablantes de esa lengua originaria. Así mismo, el grupo Tlahuica radica en un único municipio, Ocuilan, donde sólo existen 817 personas de este grupo indígena.

69.5 65.5 32.5 30.5 34.5

Hombres

Mujeres

Porcentaje de población hablante de alguna lengua indígena monolingüe

Hombres

Mujeres

39.1

33.7

36.5

60.9

66.3

63.5

10.5

10.3

10.4

1,534,627

1,495,627

3,030,254

1960

32.9

22.4

27.6

67.1

77.6

72.4

7.7

7.9

7.8

1,544,604

1,566,511

3,111,415

1970

Año

21.3

11.7

16.5

78.7

88.3

83.5

7.5

7.8

7.6

2,653,021

2,629,326

5,282,347

1990

21.2

12.6

16.9

78.8

87.4

83.1

7.3

7.2

3,058,675

2,985,872

6,044,547

2000

15.6

8.9

12.3

84.4

91.1

87.7

6.6

6.8

6.7

3,052,138

2,959,064

6,011,202

2005

Fuentes: elaborado en el CIEPS a partir de información del INEGI, Censo General de Población y Vivienda, 1950, 1960, 1970, 1990 y 2000; INEGI, II Conteo de Población y Vivienda, 2005.

67.5

Mujeres

Porcentaje de población hablante de alguna lengua indígena, bilingüe

11.5

Hombres

1,219,700

Mujeres 11.2

1,227,909

Hombres

Porcentaje de población hablante de alguna lengua indígena

2,447,609

1950

Población de 5 años y más hablante de alguna lengua indígena

Indicador

Cuadro 8 Evolución de la población total indígena en la República Mexicana durante los últimos 50 años

6.4. Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas en México, síntesis Para el año 2006, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-, publicó el estudio “Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas de México 2006”. El trabajo documenta la importancia que tiene la población indígena para el desarrollo y, en especial, el papel que ha desempeñado en la consecución de una serie de logros sociales alcanzados hasta ahora; no obstante, el organismo advierte de los rezagos que aun padece este sector de la población en nuestro país. El informe enfatiza el contrastante desarrollo humano -y sus componentes-, que los pueblos indígenas en comparación con los no indígenas sufren, en particular en rubros como la salud, la educación y el ingreso, donde es notorio verificar que son los menos beneficiados del desarrollo nacional. Uno de los indicadores donde se observan con mayor claridad las condiciones de desventaja en que viven los indígenas mexicanos es el índice de ingreso, el cual llega a ubicarse, en algunos casos, por debajo del que registran los países del África Subsahariana, una de las regiones del mundo en donde se observan niveles muy por debajo de desarrollo humano. A nivel nacional, los pueblos indígenas exhiben un índice de desarrollo humano menor al de los no indígenas, el cual está 15% por debajo del que observa el grupo de comparación. En los índices de salud, educación e ingreso los indígenas se encuentran siempre en desventaja con brechas de 13.1%, 17.2% y 1.6%, respectivamente; cabe destacar que en palabras del ex representante del PNUD, en México, Thierry Lemaresquier, el alarmismo ante los claroscuros del Desarrollo Humano de la Población Indígena en nuestro México, no es siempre, benéfico, pues, es mejor intentar incidir con políticas públicas viables en la recomposición de éste indicador, así lo refiere, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (2006):

El principal mensaje que nos debe dejar el Informe es que no hay fatalismos y que la sociedad mexicana tiene en sus pueblos indígenas un riquísimo potencial humano. De hecho, al desagregar el Indicador de Desarrollo Humano, es interesante observar que en los componentes de salud y educación hay menos rezagos que en el de ingresos. ¿Qué significa esto? Que el capital humano de los pueblos indígenas está siendo subutilizado por falta de oportunidades de ingreso. Que al ofrecerle mejores y más fuentes de empleo digno, se incrementaría sustancialmente su desarrollo humano y su contribución al quehacer nacional.

Por ello, se puede leer que el grave problema que los pueblos nativos tienen en torno a su propio desarrollo está en una carencia de oportunidades que les genere empleos formales, dignos y adecuadamente remunerados, pues, el potencial propio de su genotipo y, por supuesto, de su cultura se encuentra gravemente desperdiciado; la expresión de contribuir en el quehacer nacional, implica; primero ser incorporado con pleno respeto a su cultura y; segundo, con consideración a las potencialidades mismas emanadas de esa riqueza cultural. Cuadro 9 Índices de desarrollo humano de los pueblos indígenas, no indígenas y total Concepto

Índice de Desarrollo Humano

Índice de Salud

Índice de Educación

Índice de ingreso

Nacional Indígenas

0.7057

0.738

0.7319

0.6471

No indígenas

0.8304

0.8491

0.8841

0.7579

Total

0.8144

0.8338

0.8653

0.7441

Estado de México Indígenas

0.75

0.87

0.8

0.66

No indígenas

0.83

0.79

0.91

0.71

Total

0.82

0.86

0.89

0.72

Fuente: elaborado en el CIEPS con base en el Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas de México 2006, publicado por el PNUD/México.

6.5. Niños Indígenas y Educación, síntesis

México tiene una población indígena cercana a los 10 millones de individuos, que constituye el 9.5% del total de habitantes. En el Estado de México existen 312 mil indígenas, mismos que representan 5.8% de la población total; de este porcentaje 22.8 son infantes entre 6 y 14 años, rango de edad que supone que un niño debería cursar la educación básica. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México CODHEM (2005), señala que cerca de 25% de niños indígenas del norte de la entidad abandonan la escuela por la pobreza y marginación que prevalece en sus hogares. Haciendo referencia al porcentaje de población indígena de 6 a 14 años que sabe leer y escribir, los municipios de Donato Guerra, San Felipe del Progreso, Temascalcingo, Villa Victoria y Valle de Bravo, oscilan entre 84% y 89%. Respecto a la condición de asistencia

escolar, se puede destacar que en siete municipios, entre 80% y 90% del grupo de edad entre los 6 y 14 años va a la escuela, estos son: Ixtapan del Oro, San José del Rincón, Villa Victoria, Villa de Allende, Donato Guerra, San Felipe del Progreso y Temascalcingo. UNICEF (2010), México, señala que es un Derecho primario de los niños tener acceso no sólo a la educación, sino a que ésta sea de calidad, pues, esto sí define el rumbo hacia el desarrollo, de hecho tal organismo supone que en México se han dado importantes pasos cuyo destino es no sólo una más integral cobertura de los servicios educativos, sino, de mayor calidad; pero, no obstante esto, todavía existe un número significativo de niños que se mantiene sin asistir a la escuela; de ello, la siguiente referencia: En México, se han alcanzado importantes logros en las últimas décadas. La cobertura en educación primaria en México ha llegado a ser casi universal, lo que representa un indudable logro de la política pública nacional en los últimos años. Este resultado ha sido también posible gracias a importantes avances en la producción de datos del sistema educativo, tanto a través de la implementación anual de la prueba ENLACE, que ha llevado a la disponibilidad de un sistema de medición y diagnóstico general sobre el desempeño escolar a lo largo del tiempo, como a través de la información generada por el Sistema Nacional de Información Educativa. No obstante los importantes avances, aún persisten retos importantes en la educación. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2007 señalaba que todavía existían un número importante de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años sin asistencia a la escuela (cerca de 1.7 millones de niños y 1.4 millones de niñas). Se estima que de la población de seis a once años, a nivel nacional, aún no asiste a la escuela entre 1% y 2% por motivos de trabajo agrícola o debido a impedimentos físicos.

La población indígena infantil encuentra en el ámbito educativo importantes avances; pero, en particular para el Estado de México, se perciben aún significativos rezagos en esa materia, considerando, por supuesto, los niveles de preescolar, secundaria y bachillerato; primero, por ingreso y; segundo por permanencia dentro del sistema, producto no sólo de las desigualdades manifiestas, sino, de fenómenos temporales y permanentes de migración. Existen; por tanto, retos en ésta materia que cubrir, de ellos, la incorporación de la educación intercultural en niveles básicos y, por supuesto, un combate frontal a la discriminación y la participación de los educandos en procesos más in-

tegrales de inclusión educativa, donde todos los actores sean participes de la misma; por eso, UNICEF (2010), insiste en: UNICEF apoya la iniciativa “Todos los niños en la escuela” desde 2003, involucrando a los gobiernos de los Estados y Municipios en donde se lleva a cabo, así como a la sociedad civil en un proceso de participación ciudadana en torno al mejoramiento de la calidad educativa. En 2009, esta iniciativa se llevó a cabo en 188 municipios de los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Yucatán y Zacatecas, consolidándose cada vez más como una plataforma integral para promover la inclusión educativa en dichos Estados. UNICEF implementa esta iniciativa en alianza con organizaciones de la sociedad civil y en estrecha coordinación con los gobiernos estatales, las Secretarías de Educación y Salud de los estados, los Sistemas Estatales DIF y las Oficinas de Registro Civil para ir eliminando las causas y las barreras que mantienen a los niños, niñas y adolescentes fuera de la escuela.

58,169

52,902

41,938

77,819

Temascalcingo

Valle de Bravo

Villa de Allende

Villa Victoria

10,416

5,625

1,159

19,910

29,992

61,383

4,521

52,949

290

10,006

8,849

21,157

1,560

810,311

9,854,301

Total

13.4

2.2

34.2

37.5

61.3

8.2

41.9

4.6

31.4

29.9

27.2

1.2

5.8

9.5

% del total

25.5

23.1

26.1

23.1

27.6

26.4

16.3

20.4

21.7

24.4

25.4

22.1

19.2

21.3

22.8

88.1

91.6

89.4

87.2

91.2

86.3

92.5

95.2

92.3

84.7

90.3

79.4

Que sabe leer y escribir %

11.4

8.1

10.3

12.2

8.3

13.4

7.3

3.2

7.6

15.1

7.3

7.7

9.3

20.3

Que no sabe leer y escribir %

89.4

91.1

90.9

88.9

90.5

94.6

95.3

94.4

93.2

94.7

93.2

91.1

Que asiste a la escuela %

De 6 a 14 años de edad

10.2

7.3

8.5

10.3

9.3

5.3

4.6

17.5

5.6

9.8

5.3

6.3

8.4

Que no asisten a la escuela %

Fuente: elaborado en el CIEPS con base en información del Consejo Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. CDI-PNUD. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda, México, 2005.

79,945

6,349

Ixtapan del Oro

100,201

31,847

El Oro

San José del Rincón

29,621

Donato Guerra

San Felipe del P.

77,831

Atlacomulco

55,403

126,163

Almoloya de Juárez

Jocotitlán

14,007,495

Estado de México

126,505

103,263,388

Nacional

Ixtlahuaca

Población Total

Entidad Municipio

Población indígena

Cuadro 10 Población indígena total, población indígena de 6 a 14 años, condición de leer y escribir y asistencia escolar

6.6. Discriminación Racial en la Población Indígena, síntesis El día internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial se celebra el 21 de marzo de cada año, la fecha es proclamada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la resolución A/RES/2142 (XXI) del año 1966. México suscribió los acuerdos de la Convención descrita en 1975. Cuadro 11 Algunos datos sobre discriminación étnica en México Concepto

% de personas que están de acuerdo con… Porcentaje de personas que está de acuerdo con la idea de que los indígenas tendrán siempre una limitación social por sus características raciales

Porcentaje de personas que está de acuerdo con la idea de que lo único que tienen que hacer los indígenas para salir de la pobreza es comportarse como no indígenas

34.1

Porcentaje de mexicanos que están dispuestos a organizarse con otras personas para solicitar que no permitan a un grupo de indígenas establecerse cerca de su comunidad

¿Qué opinan los indígenas? Porcentaje de indígenas que opinan que en México existe discriminación por su condición

90.8

Porcentaje de indígenas que sienten tener menos oportunidades para conseguir trabajo

90.3

Porcentaje de indígenas que consideran tener menores oportunidades para ir a la escuela que el resto de las personas

74.1

Porcentaje de indígenas que opinan tener pocas o nulas posibilidades para mejorar sus condiciones de vida

67.1

Porcentaje de indígenas que afirma que no se le han respetado sus derechos por su condición

45.1

Porcentaje de indígenas que en el último año han sufrido actos de discriminación por ser indígena

Porcentaje de indígenas a los que se les ha negado trabajo por el simple hecho de ser indígenas

Fuente: información de la Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (2005), EDESOL y CONAPRED.

En México, la Discriminación Racial por origen étnico; es decir, aquella que se aplica a grupos indígenas y minorías étnicas, se encuentra no sólo reconocida, sino normada, a través de diversos instrumentos, desde el Artículo 1 de la Constitución Política Mexicana; además de los múltiples organismos encargados de la protección y la salvaguarda a la no discriminación de las Nacionalidades Indígenas; no obstante, su color de piel, lengua, vestimenta, folclor y, todas las expresiones de su cultura que les definen como grupos humanos propios y característicos, se convierten en distinciones inequívocas de

discriminación y marginalidad para la sociedad no indiana, desarrollándose lo anterior, no sólo en nuestra entidad, sino en el total del país; traduciéndose en la inminente violación de sus Derechos Humanos; como lo expresa la Dirección General de Comunicación Social, así como la Secretaría de Gobernación, SEGOB (2010), cuya fuente de información ha sido el trabajo del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación CONAPRED, donde se resalta éste hecho expresándolo de la siguiente manera: …la distinción negativa por color, linaje u origen nacional, están aún presentes en la sociedad y se traducen en la negación de derechos. Bucio Mújica resaltó que indicadores ligados al desarrollo como la exclusión educativa, la mortalidad materno-infantil, el acceso a la seguridad social, el nivel de ingresos, la cobertura de servicios básicos, entre otros, son todos desfavorables para la población indígena frente a la población no indígena. De acuerdo a la más reciente medición de la pobreza multidimensional del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) casi 40% de la población indígena está en un nivel de pobreza multidimensional extrema y el 36% en pobreza multidimensional moderada. En materia de acceso a la justicia, los miembros de comunidades indígenas se encuentran en situación de desventaja y vulnerabilidad frente al resto de la población, entre otras causas, por no hablar o entender el castellano y no contar con un intérprete en su lengua materna. Según el Diagnóstico Nacional de Derechos Humanos en México elaborado en 2003 por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) la desventaja y la vulnerabilidad de personas indígenas se agrava cuando acuden o se ven obligados a enfrentarse al sistema de procuración de justicia. Ejemplo de ello, el caso de las mujeres de la etnia ñha-ñhú, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, sentenciadas a 21 años de prisión, cuyo caso ha sido atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Este hecho representa una oportunidad para analizar las implicaciones que puede tener la discriminación para el ejercicio del derecho al debido proceso legal.

La razón misma de que el tema de la Discriminación Racial sea tan recurrente en nuestro México, radica en la superposición de instituciones del Aparato de Estado que regulan casi todas las pautas de vida y subsistencia de las Nacionalidades Indígenas, imposibilitando su propio devenir como grupos humanos con cualidades y formas particulares de entender su mundo; trastocar esa panorámica pone evidentemente a estos grupos en desventaja ante el grueso de la población nacional y, valga referir, aunado a un cada vez mayor desplazamiento territorial, dispersión y migración.

6.7. Situación de los Niños Indígenas en México, síntesis De acuerdo con la oficina en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF (2010), niñas, niños y adolescentes indígenas constituyen la población con mayores carencias, así como con el menor grado de cumplimiento de sus derechos fundamentales. El Consejo Nacional de Población ha realizado estimaciones definiendo que en México existen 13.7 millones de personas indígenas, de las cuales, poco más de tres cuartas partes viven en condición de pobreza. Para el año 2006, 33.2% de los niños indígenas menores de 5 años, presentó baja talla, esto es 20.5 puntos porcentuales más que lo registrado a nivel nacional en infantes de ese rango de edad. La tasa de mortalidad infantil de la población indígena es 60% mayor en relación a la observada en la población no indígena, UNICEF (2010). Este mismo organismo internacional estimó (2005), que la tasa de analfabetismo entre los pueblos indígenas es cuatro veces superior (más de 26% de la población de 15 años y más), en comparación con el promedio nacional, 7.4%; únicamente 13% de los niños indígenas de 6° grado de primaria observaron alto desempeño en términos de comprensión lectora, cuando; por supuesto, el promedio nacional se establecía en un 33%. Por otro lado, 51% de los menores indígenas se encontraban en el nivel más bajo en este mismo rubro de habilidades, en contraste con la media nacional, del 25%. Es certero, hacer notar que los niños indígenas abandonan los claustros académicos para incorporarse a la vida productiva en edades aún infantiles, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en UNICEF (2010), el 36% de los niños indígenas de entre 6 y 14 años de edad, trabajan; tal cifra representa el doble en comparación con lo observado en el promedio nacional, que se ubica en 15.7%. Otro factor de abandono de la educación formal en niños indígenas en México es el matrimonio en umbrales de edades tempranas, así, casi 5% de las mujeres indígenas contrae matrimonio antes de cumplir los 15 años; a nivel nacional la proporción es de 2%. Por otro lado, cerca de 24% de las mujeres indígenas adquiere responsabilidades matrimoniales antes de alcanzar la mayoría de edad; en cambio, sólo 15% de las feminas no indígenas asume tales compromisos antes de cumplir 18 años, UNICEF (2010). 96

Se debe mencionar que la situación actual de los niños de ascendencia indígena en nuestro país es de enormes retos, no sólo para el Estado-Nación, sino, más aún, para las Nacionalidades Indígenas, toda vez que en la infancia se encuentran vivas las pautas de subsistencia, las tradiciones, la historia; en fin la cultura misma de los pueblos nativos de nuestra tierra; por lo cual, se vuelve una estrategia vital el enseñar a ellos las formas de mantener su cultura viva.

Cuadro 12 Información sobre la población infantil hablante de alguna lengua indígena en México Concepto Población hablante de alguna lengua indígena, 2009 (Millones de personas) Población hablante de alguna lengua indígena de 5 a 14 años de edad, 2005 (Millones de personas)

13.7 1.3

Hombres (miles)

676

Mujeres (miles)

660

Niños hablantes de alguna lengua indígena como porcentaje de la población total de niños Niños hablantes de alguna lengua indígena como porcentaje de la población total hablante de alguna lengua indígena Niños hablantes de alguna lengua indígena que migraron a otra entidad federativa entre 2000 y 2005 (Miles)

6.2 22.2 14

Hombres (miles)

7,141

Mujeres (miles)

7,222

Porcentaje de niños hablantes de alguna lengua indígena que también hablan español Tasa de asistencia escolar en niños hablantes de alguna lengua indígena de 6 a 14 años (%)

82.2 88.7

Niños de 6 años de edad (%)

Niños de 9 años de edad (%)

Niños de 14 años de edad (%)

Porcentaje de niños hablantes de alguna lengua indígena de 8 años de edad que saben leer y escribir 97

Valor

62.1 Continúa...

Continúa... Concepto Porcentaje de niños hablantes de alguna lengua indígena de 13 años de edad que saben leer y escribir Porcentaje de niños hablantes de alguna lengua indígena de 5 a 14 años con derechohabiencia a servicios médicos Porcentaje de viviendas con piso de tierra donde viven niños hablantes de alguna lengua indígena

Valor 94.6 19.3 59.5

Fuente: elaborado en el CIEPS con base en información del INEGI.

De hecho, éste ejercicio de formación en valores –desde edad temprana-, explica el dinamismo de las culturas nativas y, refleja por si sólo la articulación que la enseñanza no institucional ha generado en el devenir cultural de los pueblos originarios, de ello la importancia de crear sinergia conjuntamente con la educación intercultural institucional; es así como lo explica la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (2010), al mencionar que:

A diferencia de lo que ocurre en la educación académica occidental, el aprendizaje entre los indígenas nunca parte de cero, sino que se entiende como un proceso dinámico, que en muchos casos inicia desde el período prenatal y se desarrolla a la par con el crecimiento físico del individuo, de tal manera, todo nuevo conocimiento se integra, articula y refuncionaliza de acuerdo a la historia particular de la persona. En el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje interactúan maestros y alumnos guiados por las expectativas que de ellos tiene la comunidad y bajo las formas y códigos que demanda la práctica misma. Por todo lo anterior podemos afirmar que la enseñanza en la sociedad indígena es un proceso organizado y sistemático, orientado hacia la reproducción de la cultura. Los niños desde muy pequeños están inmersos en un ámbito cognoscitivo (microcosmos) que les permite socializarse y al mismo tiempo insertarse en los esquemas de conducta, y de ahí, participar tempranamente en las actividades propias de las representaciones culturales. En casa y en su extensión más próxima, que es la propia comunidad, el niño vive su crecimiento, el desarrollo de sus sentidos y el aprendizaje de la música y la danza; por lo cual entra con mayor facilidad a dichos sistemas de conocimiento y a la adaptación de las técnicas físico corporal requerido para ello.

6.8. Madres Indígenas, síntesis Entre los años de 1990 a 2005, el porcentaje de mujeres de 12 años y más hablantes de lengua indígena con al menos un hijo nacido vivo aumentó de 66.1% a 69.6%. En el último año de referencia, estas mujeres residían principalmente en Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Las mujeres hablantes de alguna lengua indígena tienen en promedio 3.5 hijos nacidos vivos. Aquellas progenitoras pertenecientes a estos grupos cuya residencia se da en lo Estados de Tlaxcala y México registran los mayores promedios con 4.4 y 4.3 hijos nacidos vivos, respectivamente. El 79.7% de las madres hablantes de alguna lengua practican el bilingüismo y, 53.8% saben leer y escribir; el promedio de escolaridad es de 3.1 años. En lo que se refiere a movimientos migratorios entre 2000 y 2005; casi 36 mil cambiaron de residencia, destacando como entidades de destino el Estado de México, Distrito Federal, Oaxaca, Quintana Roo y Sinaloa. El número de adolescentes de 15 a 19 años hablantes de lengua indígena con al menos un hijo nacido vivo es de 50.804. De ellas, 81.1% sabe leer y escribir; tienen 5.3 años de escolaridad en promedio y únicamente 3.2% asiste a la escuela. De acuerdo con datos del Sistema de Indicadores de Género del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), en México para el 2005; 47.1% de ellas, son atendidas por parteras cuando van a dar a luz y 41.2% son atendidas con un médico. Con respecto al lugar de atención del parto, el 40% son atendidas en el sector público, sólo 4.1% se atiende en el sector privado y 56.3% son atendidas en casa. Adicionalmente, 39% de los partos de las mujeres hablantes de alguna lengua indígena se realiza por cesárea.

Cuadro 13 Promedio de hijos nacidos vivos de la población femenina hablante de lengua indígena por grupos de edad, 2005 Grupo de edad

Total 12-14 años 15-19 años 20-24 años 25-29 años 30-34 años 35-39 años 40-44 años 45-49 años 50-54 años 55-59 años 60-64 años 65-69 años 70-74 años 75-99 años 100 años y más Fuente: elaborado en el CIEPS con base en el II Conteo de Población y Vivienda 2005, INEGI.

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2005

3.47 0 0.23 1.18 2.25 3.27 4.15 4.85 5.41 5.74 6.1 6.22 6.44 6.33 6.28 6.43

7. Propuesta de Autonomía de la Nación Mazahua del Estado de México Al analizar las cifras y; por supuesto los datos concretos del presente material, resulta evidente, que tales propósitos deben quedar inmersos en una estrategia colectiva considerada como “propuesta para el desarrollo de la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas, vista desde la perspectiva de la nacionalidad Mazahua del Estado de México”, y que vincula al Aparato de Gobierno, permitiendo la consolidación de las demandas nativas, fortaleciendo los esquemas anteriormente mencionados, así como el autodesarrollo gestor de las propias nacionalidades. En adelante, se establecen los 12 puntos que conforman dicha. - El primer punto de la propuesta tiene que contemplar de manera primordial las diferencias que existen de manera natural al interior de los diversos grupos sociales, tales diferencias radican en las formas de gobierno, la equidad de género, y las formas económicas de subsistencia de dichos; esto es, que las formas de gobierno que históricamente el grupo tiene como válidas deben funcionar bajo el respaldo de los gobiernos representativos de los EstadosNación, siempre y cuando sus funciones no se encuentren diametralmente opuestas a las llevadas a cabo por las instancias gubernamentales, en particular en el Estado de México, de tal suerte, que en este punto se buscará la creación de dependencias autonómicas de carácter administrativo, judicial, económico y social que garanticen un adecuado funcionamiento del gobierno autonómico, el éxito se tendrá cuando los órganos de participación desarrollen sus actividades con una creciente dosis de transparencia en la obtención de los cargos y una remuneración adecuada para los servidores públicos del referido gobierno.

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- El segundo punto manifiesta la importancia de la equidad de género, pues es necesario que la autonomía garantice una real participación de hombres y mujeres en las mejores condiciones, ya sea como una parte proporcional en la toma de decisiones y la ocupación de cargos públicos para tal efecto, cuando en determinados grupos sociales, por ejemplo, los usos y costumbres particulares impidan la garantía de cumplimiento de esta propuesta se optará por garantizarla mediante el uso de una normatividad instaurada mediante: primero, la Instancia Legislativa del Estado de México y; segundo, por el Ejecutivo Estatal, normatividad creada para mediar controversias generadas de la diversidad de usos y costumbres de la nacionalidad Mazahua.

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- El tercer punto, que permita garantizar un adecuado desarrollo de la Autonomía Indígena Mazahua será que ella cumpla firmemente con un proceso de participación ciudadana en todos los asuntos que tienen que ver con el desarrollo político de la autonomía, considerando elemento de la mayor importancia aquel que tenga que ver con que los sectores sociales vigilen la adecuada gobernabilidad en diversos procesos administrativos y puedan así mismo tener voz y voto en la resolución del “Revocamiento de Mandato”, y “Disipación del Régimen”; cuando; por supuesto, demuestre su ineficacia y no garantice su funcionalidad en beneficio de la población en común. Las dos resoluciones tendrán que entrar en vigor con el objetivo fundamental de impedir que “la autonomía entre en contradicciones con el modelo de Estado y su adecuada legislación”. - Como cuarto punto de la propuesta debe contemplarse la estabilidad en el desarrollo económico de los organismos sociales que opten por la aplicación de la propuesta autonómica para sus poblaciones, esto es, que se garantice para ellos sin menoscabo de su autodeterminación y autodesarrollo, el uso de los recursos económicos de orden municipal y comunal que les garantice la eficiencia administrativa y productiva que requieren para un adecuado desarrollo en materia de ingreso, salud, alimentación, educación, vivienda y servicios de infraestructura básicos, obviamente de optar por el uso de ellos, sin embargo, si la población en cuestión no desea la utilización de dicho financiamiento, el Estado deberá permitir el uso de otros recursos, sean internos o externos para lograr su desarrollo, sin que estos, por supuesto, sean obtenidos de alguna actividad ilícita como el narcotráfico. Y claro el Estado debe permitir el acceso al uso de los recursos naturales propios de la región con la salvedad de ser su utilización y fragmentación bajo estándares de conservación, auditada esta por un organismo autonómico capacitado en esas labores, y, con el apoyo de los organismos estatales que garanticen su adecuada utilización y preservación. Por ejemplo, el caso de nuestro país, donde el Artículo 27 de la Constitución Política (2010), considera viable la distribución equitativa de la riqueza natural y permite las expropiaciones de tal riqueza por causa de la utilidad pública, mecanismo que sin duda puede ser utilizado para asegurar el desarrollo de cualquier organismo autonómico, y que evitará las contradicciones y discontinuidades propias del nuevo sistema.

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- Dentro del punto cinco de la propuesta de Autonomía Indígena ésta debe garantizar el uso cultural del Capital Simbólico Colectivo, siendo éste según Bourdieu (1995, 1996), el que genera criterios que:

...no nos debe hacer olvidar que, en la praxis social esos criterios (por ejemplo la lengua, el dialecto o el acento) constituyen el objeto de representaciones mentales; es decir, de actos de percepción y de apreciación; de conocimiento y de reconocimiento en los que sus sujetos involucran sus intereses y sus conjeturas; del mismo modo, son representaciones objetivables en las cosas (emblemas, bandera, insignias, etcétera) o actos, estrategias interesadas en la manipulación simbólica que tiene por objetivo determinar la representación (mental) que los otros pueden hacerse de esas propiedades y de quienes las portan.

Donde todos los criterios que generen o creen la identidad de los individuos dentro de su propio sistema social deben de ser construidos por los involucrados mismos, efectos que propiamente garantizaran su inclusión social a los mecanismos de identidad, sean estos, banderas, escudos, logotipos, slogan, y todos aquellos que al interior del grupos permitan la preservación de los elementos culturales de identificación y diferenciación del resto de la sociedad. Esto no debe por supuesto, ser factor de identidades separatistas -téngase en consideración el histórico caso de la oligarquía sureña de Colombia que en “aparente defensa” de sus diferencias, ciertamente intereses económicos y de poder, individuales, buscaron a través de ellas, la separación de la Gran Colombia, creando el actual Estado Ecuatoriano-, ni mucho menos por tanto, que incremente las diferencias internas propias de cualquier proceso autonómico, de tal suerte que impida su adecuado desarrollo; de este punto es necesario enlazar el siguiente. - En el punto seis, la Autonomía Indígena debe permitir la creación de las normas fundamentales de diálogo y solución de controversias, que como comento son elementos que seguramente serán parte del desarrollo de cualquier proceso autonómico, sea en alguna sociedad indígena o de otra índole -como minorías asiáticas, negras etc.-, normas que vendrán de manera descendente, estas son; primero, en la inclusión Constitucional de un artículo que faculte la creación de las sociedades autónomas; segundo, con la creación de una Ley de Autonomía General para el caso de México; tercero con la normatividad que cada región considere a través de su Órgano Legislativo y por tipo de población, para el caso de la población Mazahua del Estado de México.

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- Como séptimo punto deberá considerarse que la Autonomía Indígena Mazahua deberá en el logro de sus objetivos facultar a su cuerpo gobernante o administrador de plantear iniciativas de ley que en el proceso autonómico

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y aún en la creación de nuevos espacios sociales de la misma índole que permitan reglamentar de manera legislativa las funciones económicas, políticas y de desarrollo social de la instancia autonómica, cuyo objetivo final será la creación de un modelo que sea susceptible de sufrir cambios e innovaciones y de permitir en rubros como la Aplicación de Justicia sólo ciertos límites en la ejecución de sanciones, esto es, para delitos menores, correspondiendo a las Procuradurías de Justicia tanto estatales como federales la ejecución de sanciones en delitos que se consideren de gravedad, obviamente que tratándose de sociedades indígenas se optará por la defensoría de abogados propios del grupo al cual pertenezca el individuo, cargos, sentencias y amparos serán dictados en la lengua nativa, en éste caso la lengua Mazahua. - El octavo punto deseará para el modelo de desarrollo de la Autonomía Indígena Mazahua plantear una realidad, la de contemplar una real capacidad de diálogo sobre todo a mi parecer en un tema de trascendencia, el relacionado a los programas de desarrollo e infraestructura social, esto es que, a pesar de alguna negativa de implementación de cualquier programa de desarrollo social o dotación de infraestructura de cualquier índole dentro de los espacios autónomos, el gobierno autonómico Mazahua deberá optar por un mecanismo de diálogo y gestión que permita saber qué recursos son necesarios para que en su población puedan ser filtrados sin necesariamente utilizar los recursos administrativos de la municipalidad, delegaciones municipales o gobiernos comunales. De manera obvia, el espacio autonómico deberá crear al interior de su administración, la instancia o instancias capacitadas para que dichos recursos sean adecuadamente utilizados, garantizando por tanto, el control y vigilancia de los recursos financieros de la sociedad vía un Órgano de Autocontrol Autonómico, mismo que fungirá como juez de asuntos financieros.

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De igual manera, dicho gobierno, debe estar completamente capacitado para recibir propuestas e intercambiar experiencias con regímenes autonómicos de otras regiones del país, y de otros grupos fuera del país; y en el diseño de leyes, normas y principios legales (Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua y el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre, modificada por la Ley 17/2002), permitir a los expertos su intervención y propuestas cuya finalidad será construir no sólo una autonomía en el papel como se constata en la Costa Atlántica de Nicaragua, sino una autonomía de facto, que se desarrolle en el terreno de los hechos.

- El punto nueve de la propuesta de Autonomía Indígena Mazahua debe garantizar el uso y preservación de todos los mecanismos de desarrollo de la vida cultural de su sociedad, tales como la lengua, la religión, las diversas formas de arte, el uso de la propiedad comunal -aquí quiero destacar que el uso de la propiedad comunal no sólo tiene elementos de orden legislativo como por mucho tiempo fue su protección y su no enajenación, sino quizá otros de mayor importancia para los pueblos indígenas en México, esto es, el uso ritual que de ellos se hace, y que a la fecha sigue fundamentando las múltiples organizaciones y celebraciones religiosas de muchos de los pueblos indios, pues con el dinero obtenido de las cosechas que en los territorios comunales se llevan a cabo, el gasto social de las festividades, parte fundamental de la riqueza cultural de estos pueblos, se realiza. El uso ritual de los terrenos comunales es también considerado por los sistemas de cargos locales como dinero pro celebración religiosa-, y, en general todas sus tradiciones, estas formas culturales serán garantizadas en su uso mediante su incorporación en la normatividad autonómica local, la Constitución del Estado Libre y Soberano de México, y por supuesto, la Constitución Mexicana. - El punto diez, nos parece, puede constituir la piedra angular de la propuesta de Autonomía Indígena Mazahua, y, se plantea como el mecanismo que debe permitir el establecimiento de un sistema democrático de cambio de autoridades con periodicidad, sin que esto se constituya en una copia de lo que sucede en las sociedades occidentales, donde la frecuencia de los cambios sean constituidos libremente por la sociedad en cuestión, pero donde los períodos y la transición no sean demasiado largos que lleven de formas de gobierno autonómico democrático a dictaduras locales, donde la participación de la mujer en la toma de decisiones y por qué no en el liderazgo del régimen se den como una realidad. El sistema democrático que debe garantizar todo régimen autonómico indígena deberá de igual manera permitir que las diferencias políticas no lleven a enfrentamientos violentos al interior del grupo, sino que contrariamente debe buscar instrumentos que faciliten la tolerancia hacia las múltiples diferencias, sobre todo en materia ideológica.

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- En el punto once se considera la importancia de la riqueza ecológica y cultural que la sociedad Mazahua tiene, y, tal riqueza sobre todo la de los nichos ecológicos debe garantizar en la propuesta, que el desarrollo económico puede ser buscado no sólo en las actividades productivas tradicionales de las comunidades, sino que permitirá que las actividades se diversifiquen y creen para la población esquemas de supervivencia mucho más dignos, tales actividades pueden ser: 1) el turismo ecológico, 2) la piscicultura comercial y deportiva, 3) la agricultura intensiva y la explotación racional del bosque,

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4) la ganadería orgánica y la explotación industrial del ganado, 5) la industria artesanal, fabricación y comercialización locales, y, muchas otras más, por supuesto, la presente idea pretende evitar a toda costa que la Autonomía Indígena Mazahua se estanque en una posible dependencia, que, por tanto, imposibilite su adecuado funcionamiento y le lleve a las controversias propias del subdesarrollo. -El punto doce establece que el Estado-Nación no debe en la propuesta de Autonomía Indígena Mazahua, considerarse como el modelo ideal a seguir, pero tampoco, el Regionalismo Extremo, pues, las categorías del EstadoNación buscan homogeneizar las diferencias étnico-sociales de su población, exacerbando, por tanto, tales diferencias. El Regionalismo Extremo, por el contrario, trata de plantear categorías que heterogeinizen las diferencias, haciendo a un lado de manera extrema regiones sociales que históricamente se han consolidado de manera homogénea.

7.1. Elementos comparativos en la administración de las experiencias autonómicas en las dos regiones indígenas Región Mazahua del Estado de México: dentro de éstas comunidades indígenas producto de la estructura cultural, su organización social y política se constituye en un caso –que adecuadamente dirigido-, será en todo sentido exitoso; por cuanto, es prístino en los procesos de administración. El uso en éste sentido de la jefatura suprema, adecuadamente cabildeada, a través de un proyecto integral de autonomía para el desarrollo comunitario y; claro, el adecuado manejo de su propia estructura política -sobre todo lo relacionado a la aplicación de justicia y la protección territorial de los espacios productivos, así como del recurso agua-; no obstante, los notables avances de sectores indígenas entre los que se destaca San José Villa de Allende, y las comunidades aledañas a las afluentes de la zona hídrica Cutzamala, y de gestiones legislativas locales, también destacables, la labor de las diversas jefaturas supremas se han mantenido marginales en cuanto a la creación de legislaciones locales y regionales en materia autonómica.

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Costa Atlántica Nicaragüense: En la Costa Atlántica de Nicaragua la forma de gobierno autónomo está dirigida por los Consejos Regionales indígenas y de comunidades étnicas, que son considerados como las autoridades superiores del sistema autonómico étnico, que cuenta con la facultad de generar iniciativas de Ley en el Congreso Nacional de Nicaragua, esto, permite a los grupos indígenas

y comunidades étnicas lograr lo siguiente; primero, que la Ley Autonómica sea producto de la lucha social claramente aplicado en beneficio de una vida cada vez más digna de los habitantes de la región, que ha llevado a los dichos Consejos a crear un segundo fin; siendo éste el de luchar frontalmente por las demandas más importantes para ellos. Las demandas enunciadas son: la conservación y autodesarrollo de su riqueza natural, fortalecimiento del sistema educativo de las Regiones Autonómicas de la Costa Atlántica, fortalecimiento de los programas de abatimiento de la pobreza extrema y mejoramiento de las condiciones de vida del habitante de la Costa, así como integración de mecanismos de participación política y ciudadana que enriquezcan la vida comunal del costeño promedio. Esto; no obstante, tiene algunas aristas que es importante evidenciar, toda vez que la historia reciente de la Autonomía de la Costa Atlántica adquiere en el contexto latinoamericano –y por ser una de los procesos más exitosos. Elementos destacables, así que, a pesar de que la Autonomía Indígena de la región ha tenido un avance significativo a partir de la creación de la Ley No. 28 -donde es destacable la participación de intelectuales y líderes indígenas no sólo de la región, sino del extranjero-, la aplicación de la misma dista significativamente de ser una Ley completamente utilizada en el mejoramiento de la vida cotidiana del habitante de la costa, es decir; los principios fundamentales que la Ley Autonómica de la Costa Atlántica prescribe para el adecuado funcionamiento de la propuesta, han sido colapsados y un tanto empantanados por intereses concretos; que sin embargo, no ha debilitado las particularidades de participación social de sus habitantes, que seguramente la harán brotar de su actual proceso de debilitamiento. A partir de aquí me parece necesario plantear algunas consideraciones finales acompañadas de nuestras particulares ideas –que no pretenden ni pretenderán ser la panacea de la idea autonómica para la población Mazahua- pero si deben considerarse como un esfuerzo que busca que el planteamiento autonómico pueda transitar de una forma dinámica en beneficio específicamente de la referida Nacionalidad Mazahua.

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Consideraciones Finales Es una lógica que todos los movimientos sociales que buscan de una u otra manera plantear la diversidad de formas que las sociedades indígenas y las minorías tienen de gobernarse, administrarse y encarar los retos que cotidianamente se presentan, se enfrentan ante complejos administrativos, jurídicos y judiciales de mayor envergadura que son los propios Estados-Nación, sus particulares formas de autogobierno, autodeterminación y autodesarrollo son en muchas ocasiones fuente de controversias y básicamente se constituyen en la punta de iceberg de una enorme cantidad de demandas que históricamente las Nacionalidades Indígenas como grupos tienen contra los Estados, tanto en México como en América Latina. La presente investigación ha querido –de alguna manera-, introducirse en las luchas frontales de bandos hasta ahora antagónicos como las sociedades indígenas y sus respectivos Estados Nacionales, e intentar poner el dedo en la llaga de lo que actualmente ocurre como una realidad en la lucha autonómica en dos regiones indígenas de Latinoamérica. Primero, en la Costa Atlántica del Caribe Nicaragüense, donde sin duda las condiciones en las que la autonomía indígena lograda en 1987 se desarrolla no son las ideales, con una baja calidad de vida en su población; no obstante, los retos en la primera parte del tercer milenio son incuestionables, uno de ellos, compete a la transformación aquí y ahora de los líderes, que, sin duda, ha sido apoyados en el aura de la ignominia ignorando los preceptos fundamentales que les llevaron a la ocupación de sus cargos y se entrelazan únicamente con los trampolines que el poder político les proporciona, dejando después de un tiempo sus “ocupaciones” para integrarse al cuerpo gobernante de una Nicaragua que se debate en la pobreza extrema y la lucha de los políticos por obtener en su momento el de por sí ya desgastado botín. Por supuesto, tal transformación requiere de la incorporación cada vez más notable de los habitantes de la costa en sus asuntos comunes –educación, política, salud, ingreso entre otros-, y que sean propios gestores de una de las condiciones ejemplo de América Latina y el mundo, su propia Ley de Autonomía.

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Para el caso de la propuesta autonómica de la población Mazahua del Estado de México -que sin ser considerablemente un proceso autonómico manifiesto de manera real-, ésta alberga las condiciones económicas, políticas y culturales que les proyecte como quizá una de las propuestas viables de autonomía indígena en nuestro país, lo destacable de tal, es que se encuentra en el diseño de una serie de estrategias económicas, políticas y culturales muy serias que sólo requieren del

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apoyo de especialistas en los claustros académicos como la Universidad Autónoma del Estado de México, el Colegio Mexiquense A.C. y; claro, de la Universidad Intercultural, instituciones, inherentemente vinculadas a través de estudios y programas educativos con temáticas relacionadas a las autonomías indígenas, sin descartar los apoyos de asesores y especialistas en el ámbito nacional e internacional, en la creación de la Ley Autonómica para la agrupación Mazahua. Queremos finalizar comentando que parece importante que lectores e interesados puedan tomar en cuenta la propuesta de implantación de la autonomía indígena para el caso concreto de la población Mazahua, un documento creado por quienes escriben para fundamentar de manera correcta el tránsito viable de una autonomía indígena, sin menoscabo de la gestión del aparato de estado, de hecho, dicha propuesta no pretende de ninguna manera plantear ideas para destruir la histórica formación del Estado-Nación en México, sino que debe considerarse como el inicio de un modelo deseable que permita a la sociedad indígena estudiada (y aquellas que por sus formas culturales de vida deseen optar por el establecimiento de ella al interior de sus grupos) crear de manera concreta y óptima procesos integrales en el ámbito de la autonomía, que sean ejemplo en el mundo de orden y adecuada administración, pero, sobre todo que permitan a quienes la viven incrementar de manera considerable su nivel de vida en todos los indicadores -sobre todo aquellos que garanticen un desarrollo óptimo de la población menos favorecida- de tal suerte que se fundamente como la piedra angular de donde partan las variadas formas autonómicas de vida, pretendiendo que ellas sean exitosas y que realmente sirvan a quienes directamente se encuentren involucrados; esto es, a la propia población indígena.

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Glosario de Instituciones Asamblea Nacional de la República de Nicaragua. Centro de Documentación sobre Zapatismo (CEDOZ). Centro de Investigaciones y Documentación de la Costa Atlántica de la Universidad Centroamericana, Managua, Nicaragua (CIDCA-UCA). Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM). Comisión Nacional para los Derechos Humanos (CNDH). Consejo Estatal de Población (COESPO). Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México (CEDIPIEM). Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social (CIEPS). Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Consejo Nacional de Población (CONAPO). Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública (SEP-CGEIB). Dirección General de Educación Indígena (DGEI). Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Fundación para la Autonomía y el Desarrollo de la Costa Atlántica de Nicaragua (FADCANIC). Gobierno del Estado de México (GEM). Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). Instituto Nicaragüense de Estadísticas y Censos (INEC). Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER). Organización Educativa, Científica y Cultural de las Naciones Unidas (UNESCO). Organización de los Estados Americanos (OEA). Organización Internacional del Trabajo (OIT). Organización de las Naciones Unidas (ONU). Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa del Caribe Nicaragüense (URACCAN). Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM).

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Anexo 1 Mapas

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Mapa 1 Distribución geográfica de los pueblos indígenas en el Estado de México

Otomí Mazahua

Nahua

Tlahuica Matlatzinca Fuente: Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas (CEDIPIEM) en base al II Conteo de Población y Vivienda (INEGI, 2005).

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Mapa 2

Distribución porcentual de la población Miskitos en la Región Atlántico Norte de Nicaragua

RAAN Porcentaje

0% 1 - 2% 3% 4 - 9% 10 - 43% Nicaragua

Fuente: datos del CIDCA - Universidad Centroamericana, Managua, Nicaragua 1997, y de las Alcaldías para 1998.

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Mapa 3

Distribución porcentual de la población Sumus en la Región Atlántico Norte de Nicaragua

RAAN Porcentaje

0% 1% 2 - 5% 6 - 18% 19 - 57% Nicaragua

Fuente: datos del CIDCA - Universidad Centroamericana, Managua, Nicaragua 1997, y de las Alcaldías para 1998.

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Mapa 4

Distribución porcentual de la población Creóles en la Región Atlántico Sur de Nicaragua

RAAN Porcentaje

0% 1 - 5% 6% 7 - 29% 30 - 70% Nicaragua

Fuente: datos del CIDCA - Universidad Centroamericana, Managua, Nicaragua 1997, y de las Alcaldías para 1998.

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Mapa 5

Distribución porcentual de la población Mestizos en la Región Atlántico Norte de Nicaragua

RAAN Porcentaje

0% 1 - 3% 4 - 5% 6 - 25% 26 - 52% Nicaragua

Fuente: datos del CIDCA - Universidad Centroamericana, Managua, Nicaragua 1997, y de las Alcaldías para 1998.

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Mapa 6

Distribución porcentual de la población Mestizos en la Región Atlántico Sur de Nicaragua

RAAS Porcentaje

0% 1 - 2% 3 - 52% 53 - 56% 57 - 100% Nicaragua