CDMX: “Salí de casa y cuando regresé el Bloque Urbano Popular me la había quitado”

CDMX

Don Arturo. Clamor por ayuda tras la invasión de su casa

“SALÍ DE CASA

Y CUANDO REGRESÉ EL BLOQUE URBANO POPULAR ME LA HABÍA QUITADO”

Sobre la organización conocida como Bloque Urbano Popular pesan denuncias por despojo de inmuebles en la Ciudad de México. Los afectados, principalmente, son personas de la tercera edad y de grupos vulnerables. En estos actos criminales, reconocen autoridades capitalinas, están implicados notarios públicos y funcionarios de la ciudad, quienes impiden que los legítimos dueños recuperen sus propiedades.

SARA PANTOJA

En una carta que envió al presidente Andrés Manuel López Obrador, el 26 de marzo de 2019, don Arturo Fernández, de 86 años y quien padece cáncer y problemas del corazón, solicitó ayuda para impedir el despojo de la casa de su esposa en la alcaldía Azcapotzalco, a manos de un grupo que dice simpatizar con la Cuarta Transformación y que presume tener protección de funcionarios del gobierno de Claudia Sheinbaum y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

De nada sirvió escribirle al mandatario federal ni interponer una denuncia penal… Pese a que demostraron la legal propiedad del inmueble, don Arturo y su esposa ahora viven en un asilo, despojados. Nadie les ha hecho justicia.

El caso del señor Fernández es uno entre decenas de denuncias de invasiones y despojo de viviendas contra personas de la tercera edad y grupos vulnerables. De acuerdo con el abogado de don Arturo, en los casos que ya están en la fiscalía capita-

lina, que encabeza Ernestina Godoy, aparecen involucrados policías, agentes de investigación, notarios públicos, funcionarios del Registro Público de la Propiedad, organizaciones sociales dedicadas al fraude y el crimen organizado.

En la misiva donde don Arturo le pidió ayuda al presidente López Obrador, denuncia que quien les quitó su casa es el Bloque Urbano Popular, cuyo coordinador nacional es Gabriel Mayorga. También denuncia a los representantes de la organización identificados como José Luis Nájera Delgado y Arlette Rangel Barragán. Ellos, de acuerdo con el denunciante, operaron la invasión de su casa ubicada en la avenida Central 242, colonia Prohogar de la mencionada alcaldía, y también son quienes lo han amenazado de muerte a él, a sus hijos y a su abogado.

Al apelar a la empatía del mandatario federal con los adultos mayores, el denunciante escribió: “Como información adicional le comento que varios de los servidores públicos que nos han atendido nos pidieron que nos olvidemos de nuestra casa, ya que grupos como éste, Bloque Urbano Popular, y muchos otros son protegidos por las mismas autoridades”. “Modus operandi”

El 17 de abril de 2016, alrededor de las 16 horas, don Arturo llegó al inmueble –un edificio de dos plantas y seis departamentos, uno habilitado como garaje– y en la fachada encontró una manta que decía: “Este inmueble está protegido y resguardado por el Bloque Urbano Popular”, y el

La casa de don Arturo

nombre de Gabriel Mayorga como su coordinador nacional. Al lado estaba el logotipo del entonces gobierno de Miguel Ángel Mancera.

El adulto mayor regresaba a su casa después de unos días de estar en Querétaro, donde vivía su esposa, pues ella necesitaba atención especial por sus enfermedades.

“Cuando regresé ya me habían robado todas mis cosas, abrieron mi departamento y me robaron sala, comedor, televisión, todo. ¡Ya no me dejaron entrar!... Me dijeron ‘está prohibido que usted pise aquí’.”

Según la denuncia que su hijo Pablo, apoderado legal de su esposa, interpuso en la entonces Procuraduría General de Justi-

@BloqueUrbanoPopular cia capitalina, a cargo de Edmundo Garrido, y de la cual la reportera tiene copia, al día siguiente se encontró con Nájera y Rangel, quienes respectivamente se identificaron como abogado y representante del Bloque en Azcapotzalco, y le dijeron que querían comprar el inmueble.

Le ofrecieron un enganche de 400 mil pesos y, a más tardar, en diciembre de ese año, otro pago de 1 millón 750 mil pesos “con recursos que el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México (Invi) les daría”. Le advirtieron que les convenía vendérselos “porque de cualquier manera ellos ya tenían invadido el inmueble, habiendo roto y cambiado las chapas de la entrada principal y de las puertas interiores, y que ya no iba a haber lugar a negociaciones y ningún pago”.

Al día siguiente, Pablo acudió al Invi, donde le informaron que no tenían expropiado ese predio ni planes de hacerlo, pues ya no tenían presupuesto para ese año. Entonces, el director del Invi era Raymundo Collins, quien actualmente tiene una orden de aprehensión por uso ilegal de atribuciones y facultades en su paso por la dependencia. Es buscado por la Interpol e investigado por enriquecimiento ilícito.

En tres ocasiones, don Arturo y sus hijos intentaron entrar para sacar sus pertenencias, pero Arlette y otras personas que cuidaban el inmueble los amenazaron con golpearnos si no se iban. A Pablo, incluso, le enviaron una corona fúnebre. Ello le generó al adulto mayor alteraciones cardiacas, constantes crisis nerviosas, y a su esposa un derrame cerebral. Peor, implicó que dejaran de percibir el dinero de la renta de cuatro departamentos, dinero con el cual pagaban su atención médica.

Los afectados sospechan que uno de sus inquilinos avisó al bloque de la oportunidad de invadir el inmueble, ante la vulnerabilidad de sus dueños. En la denun-

cia –que quedó asentada en la carpeta de investigación CI-FAZ/AZ-1/UI/25/D/01782 /03-2017– los afectados demostraron la propiedad legal del inmueble con las escrituras, el antecedente registral en el Registro Público de la Propiedad, recibos del impuesto predial, las llaves originales y los contratos de arrendamiento.

Sin embargo, seis años después, para la fiscalía de Godoy eso no ha sido suficiente para recuperar el inmueble y devolvérselos.

“Los funcionarios me han dicho que ya está todo, que ya se judicializó el caso y que sólo esperan que se haga justicia, pero ¡la justicia nunca llega! Ya estoy cansado de pura promesa, nomás les hacen caso a las mentiras del bloque”, dice don Arturo con voz lenta y sus manos temblorosas.

El 14 de mayo de 2022 María de Lourdes, hija de don Arturo, dirigió a Sheinbaum una tercera petición para resolver el problema, pues en la segunda carta la Dirección de Captación, Análisis y Canalización de Demanda Ciudadanas sólo le agradeció “su paciencia” y le dijo que si no la atienden pronto, podía comunicarse a tres teléfonos de oficina. Nada más.

Antes manceristas, ahora de la 4T

En una visita al predio, Proceso observó que en la casa de don Arturo hay una manta que dice que el inmueble está “en proceso de expropiación” ante el Invi. Además, hay tres logotipos de organizaciones sociales: tiene el del gobierno de Sheinbaum y la frase “¡Vivienda sí! ¡Desalojo no!”. Ofrece el número de teléfono 55 51 43 00 00, el cual no existe.

Y cualquier duda o aclaración se pide ir a la calle Canela 660, colonia Granjas, alcaldía Iztacalco. Es la sede del Invi, dirigido por Anselmo Peña.

Y aunque el inmueble no ha sufrido modificaciones, al menos en la fachada, en lo que antes era el garaje, ya opera la estética “Lili Estudio” que, según vecinos, pertenecería a la hija de Arlette Barragán.

El Bloque Urbano Popular se describe en redes sociales como un “grupo de 35 organizaciones sociales comprometidas con mejorar la calidad de vida de habitantes de la CDMX, impulsando programas de vivienda de interés social”. En una revisión de su historial, se evidencia su simpatía por la 4T y López Obrador.

Tiene fotos y videos de brigadas para promover el #AmloSeQueda en la consulta de la revocación de mandato, de cientos de asistentes al Zócalo el 1 de diciembre del 2021, cuando el tabasqueño dio un mensaje por sus tres años en la Presidencia. También hay imágenes de su participación en la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, en agosto de ese año.

El 28 de enero de 2020, el bloque difundió un video de la entrega de vivienda de interés social en beneficio de 15 familias en la alcaldía Benito Juárez. En las imágenes, René Bejarano –exsecretario particular de López Obrador, conocido como El señor de las ligas y como promotor de vivienda de interés social– corta el listón inaugural y posa junto a Mayorga.

En un mensaje del 16 de mayo de 2017 Mayorga también aparece sonriente en una entrega de viviendas encabezada por Miguel Ángel Mancera y Collins. En noviembre de ese año Mayorga dirigió el plantón que instaló el bloque en la explanada de Tlalpan, en protesta porque la jefa delegacional, Claudia Sheinbaum, suspendió la construcción de más de 400 departamentos en la calle Rubí 38, colonia Valle Escondido.

La protección del bloque

La mañana del martes 7 don Arturo, su abogado Jorge Cruz Elizalde y otras víctimas del bloque se manifestaron frente a la sede de la FGJCDMX, para exigir que ésta “deje de proteger a las organizaciones Bloque Urbano Popular y Vivienda y Libertad para Todos, invasoras de inmuebles de personas de la tercera edad”.

De acuerdo con el litigante, personal de la fiscalía presuntamente protege a los integrantes de dicho grupo. Y para muestra, recuerda que el 2 de febrero último fue al predio para la entrega-recepción de uno de los departamentos que rentaba don Arturo.

“Acudí con policías de investigación y un perito en cerrajería. En eso llegan los del Bloque Urbano, le dicen a la policía que estoy robando y éstos me ponen a disposición por robo y despojo en la fiscalía de Azcapotzalco. Me dejaron casi 48 horas encerrado con el notario que llevé y tres abogados que iban conmigo. Nos liberaron por falta de pruebas”, pero la carpeta de investigación quedó abierta “como amenaza”.

Por ello, denuncia: “La organización y sus líderes tienen comprada a la autoridad, tienen contubernio con ella. Yo me di cuenta cómo le hablaban a los policías de la Secretaría de Seguridad para que les echaran la mano. El fiscal de Azcapotzalco me dijo ‘es que es un problema esa organización, me van a cerrar la fiscalía, te tengo que tener detenido’”.

El 17 de mayo pasado, con la orden judicial de recuperación del predio, acudió otra vez con agentes de la Policía de Investigación. Llevó candados, cadenas, chapas, un herrero y una manta para asegurarlo, pero le cancelaron la diligencia de imprevisto.

El lunes 6 tenían una reunión con Fausto Martínez, fiscal de Investigación de Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (Fidampu) que lleva el caso, pero también le cancelaron.

Según Jorge Cruz, en la FGJ capitalina hay ocho carpetas de investigación contra Arlette Barragán, desde 2004 a la fecha, de las cuales la reportera tiene el número de cada una. Los delitos son: despojo, lesiones dolosas, amenazas y fraude principalmente en Azcapotzalco, pero también en Cuauhtémoc e Iztacalco. No obstante, ella sigue libre.

Recientemente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la FGJCDMX han hecho diversos operativos para recuperar predios invadidos, como el del 20 de abril pasado, cuando aseguraron 17 departamentos despojados en la Unidad Fuerte de Loreto, en Iztapalapa.

Consultado al respecto, el jefe de la policía, Omar García Harfuch, asegura que los despojos en la ciudad se dan por organizaciones sociales, pero también por grupos de la delincuencia organizada.

“Hemos tenido detenciones que sí están relacionadas con grupos delincuenciales. Detuvimos a unos que estaban en Tlalpan, se pusieron a disposición a casi 50 personas, se aseguraron armas de fuego cortas, una metralletita y todos venían de Cuauhtémoc”, dice.

Sin detalles, agrega que sí han hallado casos de contubernio con autoridades; “los despojos sí son un tema de delincuencia que sí está bien organizada porque, pese a que no sean una célula delictiva, digamos de los cárteles de la Unión, Anti Unión o cualquier otra célula, sí hay una organización delictiva al estar de acuerdo con notarios, algunas autoridades que permiten la invasión”.

Sin embargo, consultada sobre los señalamientos de nexos entre personal de la fiscalía capitalina y los grupos de despojo, la fiscal Ernestina Godoy lo rechaza: “No, ningún nexo. Yo no tengo nexos de connivencia ni con delincuencia, para nada. Estamos trabajado el tema de despojo. Hemos recuperado ya muchos (inmuebles) y estamos haciendo un trabajo incluso integral”. –¿Cómo operan estos grupos? –Se analiza la situación de cada carpeta, de quién acredita propiedad o posesión. Cada carpeta es analizada para determinar si es posible hacer una recuperación por parte de nosotros. Muchas veces aseguramos y hasta que se determine a quién se le entrega, se desasegura. En otros casos, es claro a quién se le debe devolver.

Al mencionarle al Bloque Urbano Popular, evita opinar y sólo responde: “Estamos trabajando el tema, ya les estaremos informando”.

Según la FGJCDMX, del 1 de enero a lo que va de junio de este año se han asegurado 140 propiedades, de las cuales 52 ya fueron restituidas a sus legítimos propietarios. En el mismo periodo de 2021 la autoridad hizo 14 recuperaciones y 13 restituciones. En 2020 fueron 65 y 30, respectivamente, y en 2019, 47 y 37. Sin embargo, ninguno de ellos ha sido el de don Arturo y su esposa Lourdes.

RAFAEL CRODA

BOGOTÁ.- La cooperación bilateral entre México y Colombia para combatir el narcotráfico –que se intensificó durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña– está “en su más bajo nivel” y esto propicia una presencia cada vez mayor de los cárteles mexicanos de la droga en territorio colombiano.

Así lo plantea a Proceso la vicepresidenta y canciller colombiana Marta Lucía Ramírez, quien advierte que a pesar de los llamados que ha hecho su país a los militarizados organismos de seguridad mexicanos para intensificar la cooperación y el intercambio de información antidrogas, esto no ocurre.

“Nosotros –dice Ramírez– esperaríamos que esa actividad cada vez mayor de los cárteles mexicanos en Colombia, de la cual tenemos evidencias, se traduzca en una mayor cooperación. Y, lamentablemente, no ha sido así.”

Ramírez asegura que su relación con el canciller de México, Marcelo Ebrard, es “muy buena” y hay un diálogo político fluido, pero eso no ha generado acciones concretas de los militares mexicanos para llevar a otro nivel la colaboración y ubicarla a la altura de la amenaza que representan los cárteles mexicanos para los dos países.

Los cárteles mexicanos, señala Ramírez, tienen alianzas estrechas con grupos criminales colombianos que los abastecen de cocaína, y ha crecido su presencia en este país a través de delegados que organizan los envíos de la droga por el Pacífico, en lanchas, y vía aérea, desde la vecina Venezuela, por lo que se requiere un trabajo más articulado entre los gobiernos. –¿No hay cooperación de México? –se le pregunta a la vicepresidenta. –Sí hay –responde–, pero es bajita.

Y, por “bajita”, la vicepresidenta y canciller colombiana se refiere a que existen los canales institucionales de comunicación entre las Fuerzas Militares de los dos países, la policía colombiana y la Guardia Nacional de México, pero la información es inercial y no fluye como ocurría, por ejemplo, en los sexenios de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña (2012-2018).

Ramírez no se aventura a señalar si la falta de respuesta de las autoridades mexicanas es producto de los desencuentros diplomáticos entre México y Colombia por varios temas de la agenda regional, o si se debe a la política antidrogas de “abrazos, no balazos” del presidente López Obrador.

Lo importante, dice, es que haya un “mayor esfuerzo conjunto”.

La caída de la cooperación antinarcóticos por parte de México es un tema conocido en los círculos militares y policiacos colombianos, en los que se comenta que “hay una falta de voluntad política” de López Obrador.

El general retirado Jairo Delgado, quien fue director de Inteligencia de la Policía Nacional de Colombia, afirma que la colaboración mexicana que hoy existe es producto de “la inercia” de otros tiempos en los que “hubo una cooperación muchísimo más estrecha, más cercana, que permitía actuar oportunamente frente al narcotráfico, pero hoy eso no se da”.

De las declaraciones a los hechos

En febrero pasado el canciller Ebrard visitó Bogotá y firmó con Ramírez un “Memorando de Entendimiento para el

LA VICEPRESIDENTA RAMÍREZ RECLAMA MÁS COOPERACIÓN LA POLÍTICA DE ABRAZOS

HACE MELLA EN COLOMBIA

Ante el aumento de las actividades de los cárteles mexicanos en Colombia –intervienen incluso en la primera fase del negocio: la siembra de la hoja de coca–, el gobierno de ese país ha solicitado al de López Obrador intensificar el intercambio de información y la cooperación antidrogas. Pero ello no ocurre y la cooperación se encuentra “en su más bajo nivel”, declara a Proceso la vicepresidenta y canciller colombiana Marta Lucía Ramírez. De hecho, la Guardia Nacional y el Ejército mexicano han estado al margen de las capturas en ese país de narcos enviados por los cárteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa.

Establecimiento del Grupo de Alto Nivel en Seguridad” cuyo propósito es institucionalizar la cooperación para prevenir, mitigar y combatir la delincuencia organizada transnacional.

El documento establece la necesidad de fortalecer la cooperación y el intercambio de información en la lucha contra el narcotráfico, que ya venía decreciendo desde 2019, primer año de gobierno de López Obrador, cuando el presidente mexicano creó la militarizada Guardia Nacional, que absorbió a la Policía Federal (civil), y puso en marcha su política de “abrazos, no balazos”.

Ramírez señala que, a pesar de las buenas intenciones y del diálogo con Ebrard, la cooperación de México en la lucha contra el narcotráfico no se ha materializado en los niveles que Colombia esperaba, dado el aumento de la actividad de los cárteles mexicanos en este país, que ya tienen incidencia hasta en la primera fase del negocio de la cocaína: la siembra de la hoja de coca.

En los hechos, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional mexicanas han estado al margen de los golpes que ha dado la policía de Colombia a los cárteles mexicanos con la captura de algunos de sus enviados en este país.

En abril pasado, por ejemplo, fue detenido en la suroccidental ciudad de Cali el mexicano Brian Donaciano Holguín Verdugo, El Pitt, operador de confianza del jefe de la facción histórica del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada.

La policía colombiana se encargó de dejar en claro que en esa operación no participaron organismos de seguridad mexicanos, a pesar de que El Pitt viajó a Colombia desde México. Fue la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) la que le siguió el rastro desde allá y alertó a Colombia.

“Tenemos un desafío común y es muy importante aumentar la intensidad de la cooperación, porque sentimos que aquí ha habido mucho menos dinamismo en ese sentido”, señala la vicepresidenta colombiana.

Ramírez. Cooperación “bajita”

Marcio JosÉ Sánchez / AP Photo

Bilateralismo en picada

México, país de paso de la droga hacia el enorme mercado estadunidense, y Colombia, principal productor de cocaína en

el mundo, son las dos naciones latinoamericanas más golpeadas por el narcotráfico y las que más alto costo han pagado en el combate a ese fenómeno, con miles de muertos cada año.

La cooperación bilateral antidrogas se incrementó en forma notable desde que Felipe Calderón declaró, en 2007, la guerra a los cárteles de la droga. Esa decisión, según ha documentado este semanario, fue influida por el entonces presidente colombiano Álvaro Uribe, quien había declarado la guerra a la guerrilla de las FARC y había logrado diezmar a ese grupo armado.

Para el senador colombiano Iván Cepeda, con Calderón comenzó “un proceso de exportación de la política de seguridad de Uribe a México y de la llamada guerra contra las drogas que ha tenido en Colombia su laboratorio”.

Colombia capacitó a miles de policías mexicanos en áreas como inteligencia, investigación judicial y tácticas de comando, y el intercambio de información antidrogas entre los dos países fluyó como nunca antes.

Uribe y Calderón tenían enormes coincidencias políticas. Eran conservadores, críticos del “castrochavismo”, partidarios de la mano dura contra el crimen.

En el gobierno de Peña se mantuvo ese nivel de cooperación bilateral e incluso un exdirector de la policía colombiana, el general Óscar Naranjo, fue asesor de seguridad del mandatario priista.

Al inicio del sexenio de López Obrador, las agregadurías de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y de la desaparecida Policía Federal en la Embajada de México en Bogotá fueron suprimidas y reemplazadas por una agregaduría de la Secretaría de Seguridad que cubre Colombia y la zona andina. La medida es parte del llamado “austericidio”.

Sobre la caída de la cooperación antidrogas desde la llegada de López Obrador, el ministro de Defensa, Diego Molano, señala que por la gravedad del fenómeno se requiere hacer “un esfuerzo adicional excepcional” entre los dos países para hacerle frente, pero ello no ha ocurrido.

“Mantenemos una relación (con las fuerzas de seguridad mexicanas), sin embargo, la actividad de lucha contra el narcotráfico se ha mantenido igual, no se ha incrementado en los meses recientes”, asegura.

Dice que enviados de los cárteles mexicanos llegan a la costa pacífica colombiana a negociar las drogas con distintos grupos, como las disidencias de las FARC y el ELN (la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional) y, en el Urabá (región del noroccidente colombiano), lo hacen con el Clan del Golfo.

La vicepresidenta sostiene que el gobierno de Colombia, las fuerzas militares, la policía y el ministerio de Defensa “siempre tienen la disposición de incrementar al máximo la cooperación (con México) porque sabemos que es una amenaza común la acción de los cárteles mexicanos y colombianos”.

Las declaraciones de Ramírez coinciden con un estudio del Congreso estadunidense divulgado la semana anterior, en el que se señala que “en 2022, la cooperación en materia de aplicación de la ley entre Estados Unidos y México, es la más débil de los últimos 15 años”.

Los gobiernos de México y de Colombia tienen un buen diálogo político, pero también enormes diferencias en temas como Venezuela –con el cual Colombia no tiene relaciones, mientras que México aboga por la no intervención– o la Organización de Estados Americanos (OEA) –que para el gobierno colombiano es necesaria y según el de México debe desaparecer.

El presidente colombiano Iván Duque forma parte del bloque derechista latinoamericano, mientras que López Obrador lideró al eje que pidió a Estados Unidos, sin éxito, incluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela en la Cumbre de las Américas celebrada hace dos semanas en Los Ángeles.

Los beneficiados

El general retirado de la Policía Nacional, Jairo Delgado, dice que la caída de la colaboración de México en la lucha contra el narcotráfico “afecta gravemente” el combate al delito porque “se lesionan” aspectos estratégicos, como el intercambio de información y el apoyo mutuo operacional.

Esto, dice, “acaba beneficiando a los narcotraficantes porque ellos se liberan de la presión de las autoridades y pueden avanzar con mayores posibilidades de éxito en sus propósitos criminales”.

Al general Delgado le parece que la política de seguridad de López Obrador, “con todo respeto, lo que hace es quitarle el agua al pez narco, pero sin perseguir al pez”, lo que ha mantenido en tasas muy altas los indicadores de violencia en México, como los homicidios dolosos.

El exoficial de inteligencia considera que la política de seguridad del gobierno mexicano “ha llevado a un segundo y a un tercer plano todos los aspectos de cooperación que no concuerden” con esa estrategia.

Lo que hoy tenemos, dice el especialista en geopolítica y relaciones internacionales, “es una inercia política y diplomática” en la cooperación antinarcóticos entre México y Colombia.

En general recuerda que la colaboración binacional era amplia e incluía acuerdos de capacitación, intercambio de información, reuniones bilaterales y operativos conjuntos, lo que “se cayó y se derrumbó, aunque no se ha terminado, pero digamos que está en un refrigerador a muy baja temperatura porque el presidente López Obrador lo metió ahí”.

Dice que aspectos operativos de seguimiento de narcotraficantes entre los dos países, o el intercambio de información de inteligencia sobre rutas y envíos de droga “prácticamente se suspendieron y están en un punto muerto”.

Y en esto también ha influido el hecho de que los gobiernos de López Obrador y Duque, quien culmina su mandato en agosto próximo, están muy distanciados política e ideológicamente y también en sus estrategias antidrogas, uno hablando de “abrazos, no balazos”, y el otro proclamando mano dura contra cabecillas y estructuras del narcotráfico.

“Obviamente, esa visión política divergente afecta el nivel de cooperación porque dificulta encontrar puntos comunes”, señala el general.

Los colombianos acudirán a las urnas este domingo 19 para elegir a su próximo presidente entre el izquierdista Gustavo Petro y el empresario populista Rodolfo Hernández. Varios analistas coinciden en que, sea quien sea el ganador, tendría más afinidades políticas con Andrés Manuel López Obrador que el derechista Iván Duque.

Detención de “El Pitt”. México al margen