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Invisibles en Colima, los huérfanos de la violencia
Pese a que Colima registra la tasa más alta de homicidios dolosos, las instituciones de justicia, de asistencia social y de protección a víctimas en la entidad no tienen estadísticas sobre niños y adolescentes que quedaron huérfanos a causa de la violencia ni un diagnóstico sobre las condiciones de vulnerabilidad en las que viven. Los especialistas señalan los efectos psicológicos que estos menores padecen –muchos fueron testigos del secuestro o de las muertes de sus padres— y advierten de cuadros de “hipervigilancia” y “estrés continuo” que pueden derivar en agresividad o depresión.
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PEDRO ZAMORA BRISEÑO
COLIMA, COL.- “¡Cuando crezca los voy a buscar para matarlos!”, alcanzó a gritar Ricardo, a sus 10 años, mientras corría desesperado llorando detrás del vehículo al que varios hombres subieron a su madre por la fuerza, en una colonia al sur de esta ciudad. Al lado del niño iban también su hermana Ofelia, dos años mayor que él, y su hermano Jaime, de 20 años, tratando inútilmente los tres de dar alcance al automóvil, que pronto se les perdió entre las calles empedradas.
Era la mañana del 16 de febrero de 2017. Susana, quien laboraba como mesera en un restaurante, salió de su casa acompañada de sus dos hijos y su hija a comprar productos alimenticios para preparar el desayuno. En el camino fue interceptada por un hombre que había sido su pareja sentimental y, mientras discutían, llegaron por él algunos sujetos armados y se los llevaron a ambos.
Luego de una semana de búsqueda, los restos de la mujer, quien tenía 34 años, aparecieron junto a los de su expareja en el interior de bolsas negras abandonadas en otro rumbo de esta capital.
Como consecuencia del asesinato de Susana, sus hijos –cuyos nombres y los de sus familiares se presentan cambiados para proteger su identidad– fueron ubicados con familiares: Ofelia se quedó con su padre biológico, en tanto que a Ricardo y Jaime los recibió su abuelo materno, quien años antes formó otra familia tras la separación de la abuela.
La adolescente se quejó de que su progenitor intentó abusar sexualmente de ella y se mudó también con su abuelo, quien interpuso denuncia contra el presunto agresor, pero ésta no procedió. Sin embargo, inconforme porque en el nuevo hogar el hombre no le permitía asistir a la escuela, hace unos meses Ofelia pidió irse a vivir con Patricia, tía materna de su madre.
A cinco años de la muerte de Susana, ninguno de sus hijos estudia. Patricia, la nueva tutora de la joven, considera que los tres hermanos necesitan atención psicológica para superar el impacto emocional de lo ocurrido con su madre.
Ricardo, el menor, sigue viviendo con su abuelo y a veces ha insistido en que va a matar a quienes se llevaron a la mujer, aunque recientemente se le ha visto tranquilo. Jaime, el mayor, se independizó, trabaja como albañil y es consumidor de mariguana. A sus 17 años, a Ofelia se le percibe como una joven retraída y apática, aunque es la única interesada en seguir estudiando, por lo que Patricia, quien sostiene a su familia de su trabajo en un puesto de un mercado, intenta conseguirle una beca.
Según registros oficiales, en el periodo de 2015 a la fecha han sido asesinadas en Colima 4 mil 701 personas, entre las que hay 530 mujeres, mientras que en el mismo lapso se han contabilizado 784 víctimas del delito de desaparición que no han sido localizadas, más 509 que no tienen año de registro.
Las cifras anteriores mantienen a la entidad con la tasa más alta de homicidios dolosos en el país durante 2022, como lo ha estado desde hace varios años.
Pese a lo anterior, las instituciones de justicia, de asistencia social y de protección a víctimas no tienen un censo ni un diagnóstico sobre las condiciones en que se encuentran los menores en situación de orfandad a causa de la violencia.
El corresponsal de Proceso preguntó a la Fiscalía General del Estado (FGE) si a partir de los casos de asesinato y desaparición de personas cuenta con un registro de huérfanos por esa causa, así como el número de éstos detectado y canalizado a las procuradurías de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (Pronna) del estado y de los municipios.
El organismo de justicia respondió, a través de su oficina de Comunicación Social, que no cuenta con un concentrado de esos datos y señaló que quien posee esa información es la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (Ceeavi).
Sin embargo, el director general de la Ceeavi, Eustolio Mendoza Ruiz, precisa en entrevista que esa instancia no actúa en forma oficiosa, sino a petición de parte, por lo que “no podemos generar estadística completa, porque no tenemos toda la información, sólo una parte”.
El funcionario comenta que “quien tiene toda la información en cuestión de delitos es la fiscalía, porque es donde llegan todos los asuntos; el primer respondiente siempre es ahí, en las carpetas de investigación se dice si la víctima tenía hijos; a partir de ahí se puede generar una estadística, creo que pudiera ser un compromiso que tengamos que hacer en el estado”.
Aclara: “Yo no digo que no la haya, nosotros no tenemos una clasificación; no nos llega, pero sí hacemos la atención inmediata, de eso no hay duda; si hay una necesidad, de inmediato se canaliza a donde se tenga que canalizar”.
Mendoza, quien asumió la titularidad de la Ceeavi en diciembre del año pasado, acepta que para ubicar mejor el fenómeno de los huérfanos a causa de la violencia y tener claridad sobre la dimensión del asunto se requiere un diagnóstico, pero evade hacer cálculos sobre el tamaño de la problemática: “Un huérfano que haya es problema serio y el Estado tiene obligación de hacer su parte, pero para hablar con claridad se necesita tener la información”, afirma.
El titular de la Ceeavi comenta que a su llegada no encontró registros de los casos atendidos por la institución, por lo que a partir de enero prácticamente tuvo que “empezar desde cero” con su propia clasificación, pero no fue incluido un apartado sobre los huérfanos de la violencia.
“Tenemos clasificados casos, por ejemplo, de homicidios y desapariciones, pero no la consecuencia, es decir, no tenemos un registro de menores que estén en esa situación, no tenemos esta información clasificada; tenemos que irla generando, seguramente la tenemos, pero no en estadística”, puntualiza Eustolio Mendoza.
La encargada de despacho de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Pronna) del gobierno estatal, Irma Leticia Rivera Acevedo, informa que desde que esa institución se conformó como organismo público descentralizado, en octubre de 2018, se han atendido sólo dos casos de orfandad ocasionada por la violencia.
“Desgraciadamente –dice–, se vieron afectados de manera indirecta los derechos de cinco personas menores de edad, de las cuales tres fueron restituidas con sus parientes, tías y abuelas maternas, que integran lo que se conoce como familia ampliada, y los otros dos están en acogimiento residencial.”
Por su parte, Pronna perteneciente al Ayuntamiento de la capital del estado reportó que no ha tenido el registro de la atención a ningún caso de esa naturaleza.
La titular de Pronna en el municipio de Manzanillo, Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, indica que de 2018 a la fecha la FGE únicamente ha canalizado a esa institución un niño de cuatro años originario de una comunidad rural, quien presenció el asesinato de su padre.
“Cuando llegaron los elementos policiacos vieron al niño, que estuvo presente durante el hecho, y nos lo pusieron a disposición, por lo que nos correspondió localizar a sus familiares, mientras tanto estuvo resguardado”, comenta la funcionaria.
Otro caso del que Pronna-Manzanillo tuvo conocimiento de manera indirecta fue el de cuatro menores cuyo padre fue asesinado en marzo pasado y se fueron a Guadalajara a vivir con su abuela.
“Muchas ocasiones –expone Sevilla– la fiscalía no nos pone a disposición los casos, aunque en situaciones como esa debería hacerlo; pero si nadie nos da vista o nos pone a disposición a los menores, entonces difícilmente nos podemos enterar”.
De acuerdo con Sevilla Blanco, cada que hay una muerte violenta, la FGE debería in-
Homicidios en Colima. La tasa más alta
dagar si hay hijos y en qué circunstancias quedan, bajo el cuidado de quién, para generar una base de datos y tener la información, porque faltan registros al respecto.
“Hay una vulnerabilidad porque no están detectados, definitivamente; a lo mejor siguen en casa, a lo mejor sí hay alguien que los está cuidando, pero están en vulnerabilidad porque existe un desconocimiento de lo que está pasando con ellos, queremos pensar que a lo mejor están con familia, pero no se tiene la certeza, no se sabe en qué condiciones están o si es el familiar idóneo para tenerlos”, expone Gabriela Sevilla.
Futuro incierto
Los hermanos Mario y Gerardo, de nueve y dos años, respectivamente, perdieron a su padre y a su madre el mismo día, asesinados un Jueves Santo en la colonia Moctezuma, en la zona oriente de la ciudad de Colima.
El doble homicidio fue perpetrado al mediodía del pasado 14 de abril, cuando Manuel, de oficio chatarrero, se preparaba junto con su esposa para lavar su camioneta afuera de la casa de Carolina, su madre. De pronto le pidió a esta última que metiera a sus hijos a la casa, porque vio acercarse a un hombre armado. El primer disparo hirió de gravedad a su esposa y los siguientes quitaron la vida a Manuel de manera instantánea, mientras Carolina y su esposo trataban de ayudar a su nuera, que estaba agonizante. –¿Por qué mataste a mi papá y a mi mamá? –reclamó el niño mayor al pistolero, que ya se alejaba del lugar como llegó: caminando. Mientras, el niño pequeño apuntaba con uno de sus dedos hacia la mujer moribunda repitiendo: “Mamá, mamá, mamá…”
A poco más de dos meses de los hechos, Mario, el niño mayor, es quien ha mostrado mayor afectación emocional, aunque no ha bajado su rendimiento escolar. Su abuela Carolina cuenta que en ocasiones despierta llorando en la madrugada después de haber soñado a sus padres, y el niño pequeño a veces estira los brazos hacia arriba diciendo “mamá” o “papá”.
Ambos hermanos se encuentran bajo el cuidado de sus abuelos paternos, quienes están tramitando su custodia legal. Un familiar les está pagando sesiones particulares de terapia psicológica, mientras que otros han contribuido con diversos apoyos para su manutención.
“La psicóloga me ha dicho que Mario parece sentirse inseguro o culpable de no haber estado más grande para poder ayudar a su papá y así evitar que los mataran”, dice Carolina, quien comenta que su hijo Manuel era aficionado a la cacería y tenía algunas armas con permiso en su casa. –¿Y por qué si mi papá tenía esas armas no se metió a la casa por una para defenderse? –preguntó Mario una ocasión a su abuela.
La mujer comenta que los dos niños han mostrado rasgos de agresividad, el más pequeño a veces muerde a quien está cerca de él y el mayor se comporta rebelde y se molesta cuando es reprendido su hermano menor.
“Lo que yo deseo es que no crezcan con odio y rencor; les hacen falta su papá y su mamá, pero si Dios permitió que pasara esto, pues ahora que Él nos dé fortaleza y vida para sacarlos adelante, pues ya estamos viejos”, dice la abuela.
La psicóloga Yesenia Rubí Graciano Hernández, fundadora del Colegio Oficial de Psicólogos del Estado de Colima, advierte que la sociedad y las instituciones del Estado todavía no se dan cuenta de las consecuencias que puede acarrear la desatención de los menores afectados por la violencia.
“Nos va a costar mucho trabajo –señala– tratar de resolver algo que nos negamos a ver; en los últimos meses en Colima ha habido un aumento de la violencia, pero también es sumamente triste darnos cuenta de que la misma sociedad nos estamos adaptando a este entorno.”
Graciano Hernández explica que “un infante al que le tocó presenciar un acto violento con su familia, no sólo enterarse, se le dispara todo un cuadro que probablemente no será atendido y ese cuadro tiene que ver con un fenómeno que lo va a tener en hipervigilancia, en un estrés continuo y en una tendencia a estar alerta todo el tiempo”.
Esos estados, añade, “con el paso del tiempo se vuelven estructuras sólidas de pensamiento para reaccionar y movernos en el mundo, y esas estructuras de hipervigilancia están más asociadas en los varones con la agresividad y en las mujeres con la depresión”.
La psicóloga dice tener la impresión de que como sociedad no vemos ni observamos esa amenaza y “me da preocupación por el Colima dentro de 10 años, pero cuando se reportan ejecuciones de menores de entre 14 y 18 años de edad creo que ya estamos ahí y no lo hemos visto”.
Graciano Hernández considera que un buen escenario sería que las instituciones documentaran los casos de violencia a través de la estadística, con datos sobre el estado civil de las víctimas, si tenían hijos y les tocó presenciar el ataque, si no presenciaron el hecho pero se transformó su realidad, con el propósito de generar expedientes y dar seguimiento a esas víctimas indirectas.
“Considero que sería lo ideal, pensando a través de la pregunta sobre lo que le espera a Colima dentro de 15 años… bueno ya estamos en ese Colima, ya nos alcanzó, pero parece que se puede recrudecer si no se atiende este tipo de situaciones”, puntualiza.
Irma Leticia Rivera, la titular de Pronna, califica como muy preocupante la situación en que se encuentran los menores huérfanos por la violencia, pues “cualquier tipo de violencia es reprobable, y más cuando ésta recae en sectores vulnerables de la sociedad, como los son las niñas, niños y adolescentes”.
Rivera Acevedo hace notar que como sociedad “venimos saliendo de una pandemia en la que, por casi dos años, y al igual que en actualidad, la infancia y adolescencia se vio afectada en sus derechos, con el encierro en casa, sin la convivencia diaria con las amistades y, en algunos casos, también con la falta de alguno o los dos padres”.
Hoy, refiere, cada vez es más común ver a este sector de la sociedad entre las víctimas circunstanciales de la violencia, pues “en un abrir y cerrar de ojos se quedan solos frente a la vida, sin los pilares de la familia”.
Propone: “Ante esta amenaza, instituciones de los tres niveles de gobierno junto con la sociedad, debemos buscar mecanismos de cooperación más directos y efectivos, encaminados a privilegiar el interés superior de la niña, niño y adolescente con el objetivo de prevenir, proteger y/o en su caso, restituir cualquier restricción o vulneración de sus derechos”.
Infancia vulnerada
El asedio
SE DISPARA
LA “VIOLENCIA POSTCOVID” EN CHIAPAS
ISAÍN MANDUJANO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIS.– En 1994 esta ciudad fue un cinturón de paz para detener los enfrentamientos entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Ejército, que cobraron decenas de muertes.
Hoy sus calles coloniales viven una espiral de violencia: grupos civiles armados y pandillas dedicados al narcotráfico, extorsión, tráfico de indocumentados y de madera provocan el terror entre comerciantes, empresarios, turistas y la población. La autoridad municipal está rebasada; el gobierno estatal, ausente, y las fuerzas federales, omisas.
El martes 14, grupos de encapuchados armados con rifles de alto poder se enfrentaron en la zona norte, donde se disputan el control de la Central de Abastos y un mercado público.
Esa región fue controlada por estas bandas. Hubo bloqueos de vialidades, se limitaron los accesos a más de 30 colonias, vehículos incendiados y disparos. La población buscó refugio donde pudo.
La del martes 14 no es la primera irrupción de un grupo armado en la zona norte de la ciudad, pero sí la más documentada, según muestran los videos y fotografías que circularon ampliamente en redes sociales.
La Vieja Jovel, ciudad colonial declarada Pueblo Mágico en 2003, a la que en 2021 llegaron más de 1 millón de turistas que dejaron una derrama de 2 mil 250 millones de pesos pese a la pandemia, hoy presa de estas bandas que en motocicletas recorren impunemente sus calles, desafiando a los cuerpos policiacos y militares.
A los criminales, conocidos como motonetos, no les preocupa que a la entrada de la ciudad esté instalada la 31 zona militar y que en sus inmediaciones haya tres campamentos y el 43 Batallón de la Guardia Nacional. Portando armas largas, rifles de asalto y pistolas, a plena luz del día vigilan las calles y cobran cuotas por “derecho de piso” a comerciantes en la formalidad o informalidad.
Los Motonetos es un conglomerado de grupos que operan en toda esta región norte; se han contabilizado de 10 a 15: Los Vans, Los Torres, Los Patos, los de Huitepec Los Alcanfores, Los Narcisos, los del Lobo, Los Gerónimos, Élite, Los Ántrax, entre otros.
Algunos se incubaron en el gobierno municipal de Marco Cancino González, durante el periodo 2015-2018, cuando también tomaron fuerzas grupos como la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas (Almetrach), la Coordinadora de Organizaciones por el Medio Ambiente para un Chiapas Mejor (Comach), el Frente Popular Sentimientos de la Nación (FPSN), la Asociación Cooperativa de Transportes del Estado de Chiapas (Acotrach) y la Organización de los Pueblos Evangélicos de los Altos de Chiapas (Opeach). Necesario, el apoyo federal
En entrevista con Proceso, el alcalde Mariano Díaz Ochoa, admite que esos grupos superan a los cuerpos policíacos en armamento y número.
Díaz es un político que de 1999 a la fecha ha ocupado tres veces la alcaldía: entre 1999-2001 y 2008-2010 por el PRI y en 2021 llegó por el PVEM.
Dice que la disputa real es por el control del Mercado de la Zona Norte y de los cobros de cuota, derecho de piso o venta de locales dentro y en sus alrededores, aunque no descarta que haya otro tipo de ventas ilegales, como de armas o de drogas.
Fotos: Especial
VIOLENCIA
La violenta disputa entre grupos de Los Motonetos por la zona norte de San Cristóbal de Las Casas el martes 14 evidenció la precariedad del municipio ante los embates de los grupos criminales. Y mientras las autoridades locales piden el apoyo federal para controlar la situación, la socióloga Araceli Burguete Cal y Mayor comenta a Proceso que la violencia que hoy se vive data de apenas hace unos dos años, es una violencia postcovid que no se ha ponderado. Sentencia: la mayoría de los involucrados en las pandillas y grupos delincuenciales “son jóvenes que el Estado abandonó, que los dejaron a su suerte, fueron excluidos de los espacios laborales”.
Para combatirlos es necesaria la intervención decidida de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Guardia Nacional, por el tráfico de drogas y el uso de las armas de fuego de alto calibre que portan los agresores.
El alcalde descarta que los hechos violentos de San Cristóbal de Las Casas estén relacionados o vinculados con otros incidentes violentos en los que grupos armados o cárteles se disputan territorios en la geografía chiapaneca, como en Frontera Comalapa o en Teopisca, donde el alcalde Rubén de Jesús Valdez Díaz fue ejecutado fuera de su domicilio el 8 de junio.
“La zona indígena es impenetrable para estos grupos. Los pueblos indígenas se manejan solos. No es que yo sea sectario; los conozco. Ellos tienen su propia forma de organización y liderazgos para manejar toda la ilegalidad. Es como en Chamula, que es impenetrable, ellos manejan sus negocios lícitos y no lícitos”, sostiene.
En los primeros nueve meses de su tercer mandato, Díaz Ochoa ya lleva tres directores de la policía municipal. Uno de ellos fue Manuel Yáñez, elemento activo de la Guardia Nacional, quien chocó con el alcalde porque exigía dignificar el papel de la policía y el alcalde no lo respaldó. Duró cinco meses en el cargo.
Aunque el alcalde asegura que el martes 14 avisó de inmediato a la Secretaría General de Gobierno y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado, las fuerzas federales y estatales no llegaron, sino hasta cuatro horas después de que se desató la violencia.
Un día antes, en el cuartel de Rancho Nuevo de la 31 Zona Militar, cerca de San Cristóbal de Las Casas, se había puesto en marcha la Fuerza de Tarea de la VII Región Militar, con 500 uniformados del Ejército, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, para “disminuir los actos delictivos en las regiones tseltal, tsotsil y llanos” de los Altos de Chiapas, pero en su primer operativo del martes 14 se enfilaron hacia Teopisca, donde la semana pasada fue asesinado su alcalde; otro grupo llegó hasta Comitán.
Alejandro, un mando militar destacado en un retén que se puso en la salida a San Juan Chamula, dijo que la notificación para regresar a San Cristóbal les había llegado poco después de las 15 horas (cuando los incidentes se iniciaron al mediodía). El contingente llegó después de las 16 horas a la ciudad.
El gobernador Rutilio Escandón volvió a evadirse. Su personal de comunicación social difundió un mensaje suyo videograbado, en el que dijo que las corporaciones habían actuado “para restablecer el orden” y aseguró que ya se tiene identificados a los responsables.
“Desde la Mesa de Seguridad, donde todas las instancias estamos pendientes de la tranquilidad de la población las 24 horas del día, le decimos al pueblo de San Cristóbal de Las Casas que no está solo y que tiene a sus autoridades para proteger y garantizar la paz. En Chiapas cualquier persona que comete un delito se va a enfrentar a la justicia”, fueron sus palabras.
Y concluyó: en Chiapas se puede vivir de manera tranquila y con una verdadera armonía.
De central de abastos a mercado del crimen
A este macizo urbano en la región Altos de Chiapas, el principal centro turístico del estado y ciudad cosmopolita donde residen miles de extranjeros, han llegado a vivir miles de indígenas –ahora más de 50% de su población–, tras los desplazamientos forzados por la intolerancia religiosa en los ochenta y noventa, el alzamiento armado zapatista de 1994 y la migración del campo a la ciudad por las crisis económicas de décadas recientes.
Todos se fueron apostando en la periferia de San Cristóbal de Las Casas, donde fundaron asentamientos principalmente en la zona norte de la ciudad; son más de 40 colonias que viven en un alto nivel de pobreza y marginación.
Poco a poco, a lo largo del anillo periférico norte y más allá, sobre las montañas, miles de hombres, mujeres y niños fueron talando para construir sus chozas, segregados de la población del centro que vive, en el mejor de los casos, una vida al estilo europeo.
Esta desigualdad social entre el San Cristóbal del Centro y el del Norte es visible para quienes transitan entre las calles de estas colonias de la periferia de esta ciudad.
Es en ese cinturón donde miles de indígenas empezaron a crear un corredor comercial. Algunos grupos delictivos aprovecharon para pasar de lo legal a lo ilegal.
Durante el gobierno de Juan Sabines Guerrero se les construyó a líderes de barrios, comerciantes y vendedores ambulantes una central de abasto para 3 mil 274 locatarios, con una inversión de 196 millones de pesos para ser así “el mercado público más grande de Chiapas”, con tres naves y 18 bodegas.
Cuando se inauguró, en marzo de 2012, ahí estaban vestidos de chamulas, rompiendo el listón al lado de Sabines Gue-
Isabel Mateos
Procesión por la paz
LOS JÓVENES, DESLUMBRADOS POR LAS ARMAS
ISAÍN MANDUJANO
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIS.– Desde la guerra declarada contra el narcotráfico por el expresidente Felipe Calderón, Chiapas no había resentido hasta ahora las secuelas de las disputas territoriales por grupos del crimen organizado como ya ocurre a partir de julio de 2021.
Tras la ejecución del Ramón Gilberto Rivera Beltrán –heredero de la plaza que le dejó su padre Gilberto Rivera Amarillas, Tío Gil o El Señor de la Frontera Sur– y sus guardaespaldas el 7 de julio de 2021 en Tuxtla Gutiérrez, los chiapanecos viven una escalada de violencia que ha dejado decenas de asesinatos y desaparecidos.
Un fiscal de justicia indígena, un periodista, un líder ganadero y un presidente municipal son algunas de las víctimas de esos crímenes, entre una larga estela de asesinados en esta narcoviolencia que cumple ya 11 meses.
Una de las zonas más violentas es la ahora llamada “carretera de la muerte”, que va de La Trinitaria a Frontera Comalapa, para ser precisos a la altura de Chamic, en la que dos grupos armados han mantenido una disputa por el control de ese territorio donde empieza uno de los principales corredores de todo tipo de actividades ilícitas que se cometen entre Chiapas y Centro y Sudamérica.
Fue en ese tramo de la muerte donde fueron hallados dos de los presuntos responsables materiales del homicidio del periodista Fredy López Arévalo, asesinado el 28 de octubre de 2021 al sur de San Cristóbal de Las Casas. Ahí mismo, dos meses atrás (el 10 de agosto de 2021) fue ejecutado a tiros también el fiscal de Justicia Indígena de la FGE, Gregorio Pérez.
El líder de los ganaderos en la región Palenque, Audumaro Martín Lara Lastra, fue asesinado en su rancho el 5 de mayo
rrero la entonces alcaldesa Victoria Cecilia Flores Pérez, actualmente secretaria general de Gobierno, así como el líder evangélico indígena Manuel Collazo Gómez.
Para darles certidumbre a sus ocupantes, el mercado no quedó bajo el control del ayuntamiento municipal, sino que se les dio a cada uno de locatarios un certificado o escritura pública de propiedad y se decidió que ellos crearan su propio autogobierno para la administración.
En enero de 2013 se erigió como administrador único Mauricio Chávez Moreno, quien permanece en el cargo hasta la fecha. El mercado empezó a crecer y a su alrededor se establecieron cientos de comercios, tianguis; el ambulantaje también creció y se convirtió en el Tepito de San Cristóbal de Las Casas. Y todo se descompuso, pues empezó a circular todo lo legal y hasta lo ilegal.
El 14 de noviembre de 2019, ya en el sexenio de Rutilio Escandón, el notario público 149 de Suchiapa, César Bernardino Serrano Nucamendi, se trasladó hasta ese mercado para dar fe de una “asamblea ordinaria” a la que habían sido convocados los locatarios a las 15:00 horas de ese día “para tratar asuntos con la seguridad, para determinar de qué manera emergente intervienen la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chiapas, la Guardia Nacional y la Policía Municipal de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, tomen acciones para no permitir la venta de estupefacientes, (cocaína, piedra, marihuana)…”
Y había más, según lo fedatado por el notario:
“… Evitar la venta de armas de diferentes calibres, venta de discos de piratería con contenido de pornografía infantil y sexual, todo lo cual está expresamente prohibido por la ley, que por causas que se desconocen son distribuidos en el mercado en cuestión, poniendo en un alto impacto de riesgo la seguridad de los ciudadanos que viven alrededor, de los que transitan, de los que visitan para comprar y de los locatarios que ahí venden…”.
El instrumento de fe pública No. 1141, en el volumen 13 de la Notaría 149, asentó una petición expresa de los convocantes: que “con la participación del gobierno del estado, deje de operar el grupo u organización presumiblemente criminal conocido como los Motonetos”.
El notario público había sido invitado a dar fe de la asamblea por el líder indígena evangélico, Manuel Collazo Gómez, ocho líderes indígenas más del mercado y los acompañaba la diputada local sancristobalense Patricia Mass Lazos.
Sin embargo, la asamblea no se pudo celebrar. Sólo llegaron 400 locatarios, la mayoría se intimidó por disparos que se escucharon previamente, y por el arribo de hombres en motocicleta vestidos de negro, que portaban cangureras con armas.
En el recorrido efectuado por los locales del Mercado del Norte, el notario público refiere haberse percatado también del “servicio de prostitución en el que se involucra a grupos vulnerables, como menores de edad y personas adultas mayores”.
Para ese momento, unos 150 motonetos que estaban ya dentro del mercado amenazaban con boicotear la asamblea, por lo que el grupo se retiró.
Proceso contactó vía telefónica a Manuel Collazo Gómez, líder indígena desplazado por el grupo que ahora mantiene el control del Mercado del Norte, encabezado por Mauricio Chávez Moreno y Domingo Ruiz, alias el Pishol o Pixol.
“He denunciado desde hace cuatro años todo lo que hay dentro de ese Mercado del Norte”, dijo Collazo Gómez, quien se disculpó por no poder hablar más por su seguridad.
Después de esa fallida reunión, la entonces diputada local Patricia Mass Lazos denunció en la tribuna del Congreso del Estado las actividades ilícitas dentro de esa central de abastos y responsabilizó directamente “al grupo criminal conocido como Los Motonetos” como los presuntos responsables de muchas de las actividades ilícitas que dentro y fuera se realizan.
Además de calificar de impactante todo lo hallado, la entonces diputada recogió de-
pasado. También fue ultimado el presidente municipal de Teopisca, Rubén de Jesús Valdez Díaz, el 8 de junio pasado. Semanas atrás había sido avistado un convoy de 14 camionetas con hombres armados.
Y llegó la narcoviolencia
En Chiapa de Corzo, el 9 de mayo último, cerca del Aeropuerto Ángel Albino Corzo, en la Colonia La Aurora, fueron hallados los cuerpos de cuatro personas asesinadas, dos de ellas con las manos atadas y dos más desmembrados y en bolsas negras. En Benemérito de Las Américas fueron ejecutadas cuatro personas el día 21 del mismo mes. Pero la violencia se ha expandido a otros lugares, como Cintalapa, Jiquipilas, Ocozocoautla, Tapachula, Comitán, en municipios de la Costa del estado.
El investigador chiapaneco del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) de Xalapa, Veracruz, Saúl Moreno Andrade, dice que la narcoviolencia tardó en llegar. pero ya alcanzó a Chiapas.
Lamentablemente, la criminalidad ha permeado hacia el sector joven de la población, y los los grupos delictivos han encontrado ahí la manera de hacerse de un ejército propio.
Aunque Chiapas ha vivido sumido siempre en la violencia, dice el investigador, en la historia reciente hemos pasado de una violencia ideológica y de justicia a una violencia criminal, cuyo objetivo es la ganancia económica.
Moreno Andrade resume que Chiapas es el fiel reflejo de lo que pasa en todo el país, con varias guerras al mismo tiempo en las que participan grupos con muy diversos intereses políticos o económicos.
El sacerdote Marcelo Pérez Pérez, adscrito a la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, y sobre todo un activista defensor de los derechos humanos, ha vivido perseguido y amenazado. En entrevista cuenta que ha podido palpar la violencia de cerca en los pueblos y comunidades de Chiapas.
La situación que se vive en Chiapas fue tema de la Asamblea Diocesana 2021 celebrada el 14 y 15 de diciembre pasado, en la que uno de los acuerdos tomados y firmados por el obispo Rodrigo Aguilar Martínez y el obispo auxiliar Luis Manuel López Alfaro fue “la contrucción de una pastoral para la paz”.
Por ello, por vez primera se nombró directamente la justificación en el acuerdo diocesano, “ante la violencia del crimen organizado”.
En San Cristóbal de Las Casas, el padre Marcelo encabezó el jueves 16 (de Corpus) una procesión por la paz en Chiapas. Y, al igual que lo hace él, en Chicomuselo el párroco y miles de feligreses realizaron el pasado fin de semana otra peregrinación por la paz en Chiapas.
Al padre Marcelo le preocupa que los jóvenes se deslumbren por las armas, el dinero, las drogas, pues, dice, ellos son las primeras víctimas del crimen organizado. Desde su fe y su parroquia en San Cristóbal seguirá promoviendo el rescate de los valores y que los jóvenes no se vayan por ese camino, afirma.
La violencia en Chiapas también alerta a las organizaciones civiles que trabajan en la entidad. Apenas el sábado 4, en el marco del día de la “Niñez víctima inocente de agresión”, la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas, con sede en San Cristóbal de las Casas, expresó su preocupación por la agudización de la violencia armada y sus impactos negativos en la vida e integridad de niñas, niños y adolescentes en la entidad.
nuncias de los locatarios que pagan altas cuotas y no las ven reflejadas en las mejoras del mercado, y que señalaron al administrador Chávez Moreno “como una persona que financia al grupo de Los Motonetos”, dijo ante sus 39 compañeros de curul.
En una conferencia de prensa en el kiosco del parque central de San Cristóbal de Las Casas el miércoles 15 –tras la violenta incursión de los motonetos–, Mauricio Chávez Moreno se deslindó de los hechos del martes 14 y dijo que los dos grupos antagónicos que se confrontaron nada tienen que ver con la Alianza por el Bienestar del Mercado Regional de la Zona Norte, que conforman 15 organizaciones de comerciantes y locatarios.
También aseguró que el grupo que irrumpió bajó de San Juan Chamula. “Se enfrentaron dos grupos que no tienen nada que ver con el Mercado Regional de la Zona Norte”.
Y pidió que las fuerzas federales y estatales garanticen la seguridad de los locatarios del mercado que administra.
Araceli Burguete Cal y Mayor, socióloga y directora regional de la Unidad Regional Sureste del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), centro de investigación del Conacyt, ha investigado las violencias históricas en contra de los pueblos indígenas.
En entrevista, afirma que la violencia que se vive data de apenas hace dos años, es una violencia postcovid que no se ha ponderado, y detalló que la mayoría de los jóvenes involucrados en las pandillas y grupos delincuenciales “son jóvenes que el Estado abandonó, que fueron dejados a su suerte, excluidos de los espacios laborales con el cierre de negocios y empresas por la pandemia”, al desplomarse el turismo.
“La pandemia agudizó en esta ciudad la desigualdad social”, agrega la investigadora. Tras una historia de racismo y discriminación, “los jóvenes indígenas tienen un gran encabronamiento social, están enojados y la manera en que lo manifiestan es desafiando a la sociedad. Tienen una rivalidad que manifiestan con las armas”.
Esos grupos de jóvenes se rentan por 300 y hasta 500 pesos para cometer diversos delitos.
@IEPCChiapas
EL VENENO MEXICANO QUE INTOXICA
PERÚ
ALEJANDRO SALDÍVAR, DANIEL WIZENBERG Y G. JARAMILLO ROJAS
MADRE DE DIOS, PERÚ.— Larri Ihuizi Keontehuari suele llevar en su bolsillo alguna pepita de oro que vende por 220 soles (60 dólares) el gramo. Es un hombre menudo, de mirada esquiva y a sus 31 años es el presidente de la comunidad Harakmbut de Puerto Luz, en el sudeste de la Amazonia peruana, donde las comunidades indígenas pueden extraer oro de su territorio sin pedir autorización al gobierno. Incluso, como hace Larri, pueden traer invitados no indígenas para que lo hagan.
Para amalgamar en una sólida piedrita los granos brillantes y amarillos que se filtran en el lecho del río Karene, los mineros que llegan cada día a Madre de Dios desde todo Perú, autorizados o no, necesitan hacer un montoncito y echar unas gotitas de mercurio. Hacen falta entre tres y siete gramos de azogue para producir un kilogramo de oro.
Puerto Luz, cobijada por una vegetación espesa, tiene 62 mil hectáreas, 500 habitantes y es una de las 10 comunidades de la reserva comunal Amarakaeri en la provincia del Manu, región Madre de Dios. Para llegar, los mineros gastan al menos 100 dólares tomando dos embarcaciones y tres camionetas-taxi.
En la entrada a la comunidad hay una cancha de futbol que al mismo tiempo funciona como plaza central. Alrededor, casas de madera sin ventanas ni servicios sanitarios crujen por la humedad. En una de ellas se lee la frase: “Al que mucho nos critica algo de nosotros le picó”. En la maleza, un par de gallos husmean perdidos entre botellas de plástico y cartuchos de caza. Entre ligeros vientos selváticos y música de largos días de borrachera, una
En las entrañas de la Amazonia peruana y boliviana se amalgama el oro con mercurio ilegal producido en México. La comunidad Harakmbut ha sufrido los estragos de la minería: contaminación de ríos, deforestación, desplazamiento y sometimiento. Del mercurio al oro hay una selva en riesgo.
Extracción de oro en la reserva comunal Amarakaeri, Madre de Dios, Perú
iglesia evangélica tutela la cotidianidad del pueblo.
Larri vive al lado de la iglesia. Sus agrietadas manos permanecen entrecruzadas mientras intenta explicar cómo llegó a liderar su comunidad. Fue azar, él nunca lo quiso, nunca lo pidió y ahora está intentando descifrar sus responsabilidades. A diferencia de sus predecesores en el cargo, sus ojos relucen cuando se le pregunta por el oro: “Estoy a favor de la minería artesanal”, dice. Y se apagan cuando se le pregunta cuál es el problema más grande que tiene la comunidad. Larri piensa una respuesta, observa detenidamente la piedrita de oro de unos tres gramos que dejó refulgente sobre la mesa y, al no tener nada que decir, termina por estacionar sus ojos en una ligera llovizna que vuelve grises las copas de los árboles.
En la parte baja del pueblo está la casa de Jorge Tayón Keddero, el encargado de la seguridad comunitaria, quien a sus 70 años percibe cómo se desmorona la cosmogonía de su pueblo. Es un hombre corpulento que ha trasladado su fuerza física a la mente: “Qué importa el hombre si no hay tierra para trabajar”, “qué importa el trabajo si el beneficio es para otros”, “qué importan los otros si no luchan por el bien común”. Calla. Al silencio lo cubren sus lágrimas. Jorge no está de acuerdo con invitar extraños, vive amenazado por mineros ilegales y opina, mirando barranco arriba, que a veces las personas se dejan seducir por el oro olvidando sus raíces.
Jorge dice que hay alternativas para combatir la egoísta fiebre del oro: está plantando un cacao de alta calidad que fue premiado en Bélgica: “Y para eso no hace falta mercurio ni arrasar más selva”.
Ruben Timelensuki, el antecesor de Larri, está de acuerdo con Jorge. En la maloca que habita con su numerosa familia guarda un tarrito de mercurio El Español, al lado de su televisor de 42 pulgadas. Cada tanto se hunde en alguna ribera y extrae algo de oro para ganar unos cuantos soles. Explotación retrógrada
Entre 1932 y 1968 la empresa Chisso desechó en la bahía de Minamata, al sur de Japón, 80 toneladas de mercurio. Lo usaba para producir acetaldehído, el componente con el que se hacen los saborizantes de alimentos. Miles de personas y animales se envenenaron comiendo los peces imbuidos en mercurio del mar Shiranui. Desde entonces a quienes se intoxican con esa sustancia se les diagnostica con la enfermedad de Minamata: un síndrome neurológico que afecta los sentidos y las neuronas motoras. Por eso el convenio mundial que prohíbe el mercurio tiene el nombre de esa ciudad.
Este metal pesado –también llamado azogue– se usa para producir cloro gaseoso, sosa cáustica, baterías, interruptores, electrodos y pesticidas. Con el fulminato de mercurio se detonan explosivos y con el vapor de mercurio se revelaban, en un principio, las fotografías. Mercurio es también un dios griego, alado e inquieto mensajero por el que el planeta y el elemento Hg de la tabla periódica se llaman mercurio.
Hg significa hydrargyrum: plata líquida. Produce aleaciones desde hace milenios: con él los griegos hacían pomadas y los romanos cosméticos. Mercurio es el pla-
Presencia de cianobacterias (algas verdeazuladas) en los territorios explotados de Madre de Dios
neta que según los astrólogos cuando está en retroceso le baja la energía a los humanos. Y también es el componente que en los termómetros analógicos informa la temperatura. En la selva peruana; sin embargo, no mide, sino que hace subir la fiebre del oro.
En la región Madre de Dios se produce la mitad del oro peruano, según el Ministerio de Energía y Minas del Perú. Para eso deforestan el equivalente a 2 mil 500 campos de futbol por mes. En el corazón de la selva el mercurio líquido “99%” se consigue en un paraje desarrollado sobre uno de los desiertos que deja la tala indiscriminada: se llama Delta 1 y está a unos dos kilómetros de Puerto Cruz.
Es un barrio con casas a medio construir, sistemas de desagüe a la vista, perros husmeando la basura y escombros apilados en las esquinas de calles enlodadas. Donde antes había una selva prístina, lo único que crecen son las ambiciones de los mineros, los negocios de ferretería de excavación y el furtivo despacho de tragos y mujeres a precios neoyorquinos. No en vano los mineros le llaman, entre risas, “Delta One”.
Delta 1 está rodeada de incontables montañas de tierra de unos cinco metros, infraestructuras de succión y resbaladillas que revientan la tranquilidad de la selva con motores fabriles: una minería artesanal autorizada por el gobierno, a gran escala y con máquinas. Pero escasea el control: 78% de los mineros concesionados por el gobierno son personas físicas que no van a la mina: alquilan sus máquinas a hombres de todos los oficios que llegan de todo Perú en busca de un dinero que jamás conseguirán en las ciudades. 75 de los concesionarios de Madre de Dios también están autorizados por el gobierno para comprar mercurio. Según investigó el Center for Advanced Defense Studies, varios de ellos fueron denunciados por minería ilegal, como el exdiputado y candidato a gobernador de la región
LÍQUIDO MORTAL
ALEJANDRO SALDÍVAR
México produce tres veces más mercurio (63 toneladas) que el reino de Noruega (20); y aunque produce 57 veces menos que China (3 mil 600) –principal productor de mercurio en el mundo, que deberá detener la extracción de ese metal para 2032, de acuerdo con el Convenio de Minamata–, hasta 2021 exportó más que nadie hacia América del Sur.
México ha vendido mercurio regularmente a los tres países que integran la Alianza del Pacífico –Colombia, Chile y Perú–, todos ellos suscritos al mismo convenio que tiene el objetivo de controlar la presencia del mercurio en la biósfera.
Desde que Perú dejó de importar mercurio en 2015, Bolivia se convirtió en el segundo mayor importador de mercurio del mundo y “no se ha sacado ninguna normativa para controlar las importaciones de mercurio. Bolivia firmó Minamata pero no reglamentó su cumplimiento; es legal esta importación, aunque hay cada vez más presión”, dice Óscar Campanini, del Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB), que investigó para el informe Abriendo la caja negra: revelando el comercio mundial de mercurio, con el apoyo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés).
Campanini confirma que hasta 2020 la mayoría de las importaciones procedieron
Eulogio Amado Romero Rodríguez. La consultora Macroconsult S.A., calculó que la tercera parte del oro que vende Perú –principalmente a Canadá, India y Suiza– se extrae de forma irregular.
En Delta 1 un restaurante puede ser un motel, una agencia para enviar dinero o una joyería que no vende, sólo compra oro. En ningún lado se anuncia “venta de mercurio”, pero preguntando se consigue como si fuera arroz o Inca Kola. La botellita de 100 gramos la venden a 60 soles (15 dólares) y la de 500 gramos a 270 (70 dólares). Se consigue a un precio similar a tres horas de ahí, al borde del kilómetro 108 de la ruta transoceánica, en el paraje La Pampa, donde se han hallado fosas clandestinas con huesos incinerados, donde la ONG Capital Humano y Social (CHS) descubrió burdeles con 80 mujeres víctimas de trata de personas y donde según un estudio publicado en la revista Nature los niveles de contaminación por mercurio son similares a los de las zonas industriales de China.
Tráfico legal
La marca de mercurio El Español –reconocible por su logo de un torero haciendo pasar un toro– es la más conocida. Se consigue tanto en Perú como en Bolivia. En el dorso de la botella se lee: “Con Dios todo, sin él nada”. El dueño de la marca es Alfredo Triveños, condenado por tráfico de mercurio en 2016, después de recibir el premio “a la mejor empresa peruana del año” en 2012. En su página web Triveño comparte memes con frases como “hay una gran diferencia entre renunciar y saber que ya tuviste suficiente”. No claudicó: en los registros del distrito de Callao, en Lima, la empresa de Triveño aparece como agencia de turismo, aunque también lo delata su usuario de e-mail: mercury@qnet.com.pe.
Los vendedores de mercurio aprovechan la fama de El Español y reutilizan botellas o falsifican las etiquetas. El metal es tan pesado que medio kilo entra en un pequeño frasco de 40 mililitros. También se consigue un “mercurio alemán”: es rojo y lleva el emoji de una calavera y la leyenda “apto para tareas nucleares”. Pero como El Español (que no tiene nada que ver con España), es un marketing de comercialización: es el mismo mercurio pero con colorante rojo.
“El éxito no se mide por lo que logras sino por los obstáculos que superas”, posteó en su cuenta de Facebook Óscar Gandarillas, un hombre alto y morrudo de unos 50 años, que vive en La Paz, la capital de Bolivia. Óscar le va al club de futbol Bolívar y es dueño de Handyman, una importadora boliviana de artículos de ferretería.
A Óscar le gusta la minería: sigue a la compañía de maquinaria china Xinhai Mining en las redes y le da like a los videos en los que muestran cómo los chinos procesan el oro en Tanzania. Óscar no hace nada ilegal: no hace falta ser un traficante porque cualquiera puede comprar y vender mercurio en Bolivia en ferreterías, el Marketplace de Facebook o Mercado Libre, sin pedir permiso ni ir preso. Y hace poco avisó en su muro: “Llegó mercurio El Español, es el original”. Salía a 850 pesos bolivianos el kilo (123 dólares). Otros avisos, publicados durante mayo en Marketplace, especifican: “Hay mercurio plateado, original mexicano”. El contrabando
La exfiscal Karina Garay es la “Mujer Maravilla”, según una nota de la BBC. La sala de su casa, ubicada cerca del centro de
La exfiscal peruana Karina Garay
Medio kilo de mercurio en un envase de 40 ml.
de México (93%) y que hasta el presente siguen ingresando a Bolivia principalmente por vía terrestre (98%), luego de llegar por barco a Arica, Chile.
Según la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, el mercurio requiere un permiso de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y una autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para salir del país y embarcarse hasta el Amazonas. En los registros aduanales de Bolivia se contabilizan 26 empresas mexicanas que exportaron mercurio a ese país. La Unión De Mineros del estado de Querétaro, encabezada por Juan José Zamorano Dávila, ha enviado al menos 56 cargamentos de mercurio líquido. Él también es administrador de Vesia Internacional, SA de CV, sociedad constituida con su pareja Sandra Ceballos Parra, en marzo de 2019, dedicada a “la importación y exportación de rocas y minerales, sean
Cusco, es un salón colonial atiborrado de óleos con retratos religiosos que coleccionaron sus abuelos: “Desde chica me ha interesado la conciencia social y el cuidado del medio ambiente, y me he enfrentado a los poderes que no piensan en él”.
Karina es una mujer de baja estatura, pero de voz fuerte y palabra precisa. Es jovial a la hora de hablar de su mote pero se pone seria cuando profundiza en lo difícil que ha sido ganarlo. Como fiscal persiguió a traficantes de todo tipo y por eso en 2020 fue la mujer del año en Perú. El reconocimiento se lo otorgó el entonces presidente Martín Vizcarra, gracias a “su valentía y compromiso con la legitimidad del Poder Judicial”. Pero por no dejarse corromper, dice, tuvo que renunciar.
Después de decomisar azogue en varios operativos, asegura que el mercurio “viene de México” y que después de circular por Bolivia, entra a Perú escondido en botellas de yogurt. La marca láctea más conocida de Bolivia es Tiwanaku y su lema es “Por un planeta saludable”. Además, para Karina Garay el mercurio lo cruzan de Desaguadero a Puno algunas mujeres andinas debajo de sus polleras tradicionales: “Pobres cholitas, en general no saben que están siendo usadas como mulas”.
Hay varios pasos fronterizos entre Bolivia y Perú. Desaguadero, al sur, es el más transitado y comercial, pero otra de las fronteras, 900 kilómetros al norte de ahí, cerca de un corredor deforestado por industrias madereras, a la altura de un paraje llamado San Lorenzo, es simplemente una casa verde de no más de 100 metros cuadrados al final de una bifurcación de la ruta 30 C, que desemboca en Brasil.
En medio de un bosque subtropical de tierra rojiza esa casa oficia como aduana y punto de seguridad limítrofe. Edwin Pari, nacido en Tacna hace 25 años, es el policía y el casero del lugar. Lo acompaña Cuto, un perro criollo sin cola. Lleva puesta una camiseta de la Juventus, unos jeans cortados a los muslos y sandalias de tela.
Unos 100 metros detrás de esa casa se puede imaginar una línea de frontera entre largos y tupidos árboles, dos conos de tránsito caídos y un pequeño obelisco de un metro de alto que dice: “Bolivia”. Hay dos posibles problemas para cruzar caminando esta frontera. Uno es saber dónde se pisa: hay que evitar enlodarse las piernas. El otro, según Juan Carlos Sotomayor, un policía que ayuda a Edwin patrullando la zona en moto, es que ésta es también una ruta de tráfico de personas y de sustancias ilícitas.
Alejandro Saldívar
Larri Ihuizi. Liderazgo local
Estos reportajes fueron producidos gracias al GRID-Arendal Investigative Journalism Grant 2022 y al apoyo del Rainforest Journalism Fund del Pulitzer Center.
metálicos y no metálicos, en cumplimiento a las normas aplicables para tal efecto”. Productos Mineros RT, SA de CV, propiedad de René Reyes Santillán y Marisela Terán Alcántara, registra 19 cargamentos enviados desde el puerto de Manzanillo, en la costa oeste de México, rumbo al puerto de Arica, Chile, en tránsito hacia La Paz, Bolivia.
Productos Mineros RT, SA de CV, se constituyó en Ecatepec, Estado de México, en noviembre de 2013, como objeto social destinado a la “compra, venta, distribución, importación, exportación, comisión, consignación y comercialización de materiales, artículos, equipo, refacciones, accesorios, productos y todo lo relacionado con la minería”.
Sus hijos, Armando y Miguel Ángel Reyes Terán, se dedican a comercializar y vender mercurio liquido en México y en Colombia –vía Comercializadora Internacional Euromanantial SAS– por medio de la página www.mercurioqro.com y plataformas de venta en línea, como Mercado Libre, donde un kilo lo venden en 4 mil pesos mexicanos (199 dólares).
También se encuentran otras empresas, como Solvitec México, SA de CV, constituida en 2011 y propiedad de Enrique Polo Madero, cuyo objeto social es “la compra, venta, distribución y exportación de depósitos o yacimientos que contengan metales o minerales de todas clases para su explotación”.
En Zacatecas, Aldrett Hermanos, SA de CV, fundada en octubre de 2003, es una empresa familiar cuyo consejo de administración es presidido por Jorge Luis Aldrett Lee y se dedica a la “compra y venta de metales y minerales y toda clase de maquinaria propia para la minería”, también a la “compraventa, urbanización, fraccionamiento de toda clase de terrenos no rústicos, así como a la construcción de casas y a la venta de las mismas”.
Según el Directorio de la Minería 2022, en México existen seis empresas productoras de minerales metálicos dedicadas a la extracción del mercurio. Entre ellas, Barite Pacific Corporation, SA de CV –con operaciones en Colima capital y Zimapán, Hidalgo–; de Erick Marte Rivera Villanueva, diputado federal del PAN, también propietario de las minas El Tabaquito y La Minita, ambas en Coalcomán de Vázquez Pallares, Michoacán, según registros de la Secretaría de Economía.
También se encuentran las mineras Proyectos de Metales y Minerales Sony, SA de CV (SLP); Jales de Zacatecas, SA de CV; Mercurio del Bordo, SA de CV (Zac) y Minera Orca, SA de CV (Zac).
La mayoría de las exportaciones de mercurio a Sudamérica salen del puerto de Manzanillo, Colima. El domingo 12 de junio se reportó el robo de 20 contenedores con metales preciosos, entre ellos oro y plata, en ese mismo puerto.
