Querétaro: La fiebre del mercurio

QUERÉTARO LA FIEBRE

DEL MERCURIO

El mercurio que se extrae en la Reserva de la Biósfera de la Sierra Gorda ha destruido el ecosistema y perjudicado la vida de las personas dedicadas a la minería artesanal. El gobierno federal anunció un cierre paulatino de las minas de mercurio, pero las alternativas para los mineros se avizoran lejanas. Estas minas se han vuelto sustento de varias comunidades en Querétaro, a pesar de que el suelo, el aire y el agua de este sistema montañoso ya presentan afectación por mercurio.

ALEJANDRO SALDÍVAR

CAMARGO, QRO.— Una cascada de piedras grises rompe la armonía del paisaje idílico de la Sierra Gorda. Mientras el sol se derrama por encima de las nubes y se esparce con beatitud sobre una virgen de Guadalupe pintada en el cerro, las chimeneas de los hornos artesanales de mercurio exhalan un aroma sulfuroso, picante.

Rodeada de un camino sinuoso, la mina Camargo se desgaja en cuatro laderas de donde se extrae, procesa y hornea mercurio de forma artesanal. De la penumbra de la bocamina tres trabajadores empujan un carrito con costales de maíz repletos de piedras negras. Salen de la mina con una máscara de polvo negro, agotados después de estar percutiendo rocas con un martillo puntiagudo.

Santiago, el minero que le da dirección al carrito, lleva siete años explorando el interior de la Sierra Gorda. A pesar de que desconoce que el mercurio es un mineral socorrido por la industria aurífera para amalgamar el oro –que actualmente

LA RUTA PLATEADA:

MANZANILLO-LA PAZ-PUNO

Al año siguiente de firmar el Convenio de Minamata, en 2015, Perú comenzó a cumplirlo: dejó de importar mercurio. Entonces, las importaciones totales nacionales de azogue desde Bolivia subieron casi en la misma proporción que bajaron las de Perú.

Lo confirma la ingeniera química Vilma Morales, quien lidió 10 años desde el Ministerio del Ambiente de Perú con el tráfico de mercurio y tiene los registros en los que consta cómo el metal, que hasta 2014 importaba Perú, pasó a su vecino del sur: “En 2012 Bolivia importaba 34 toneladas, para 2016, 230, y Perú en ese año, cero”.

Según datos oficiales, en 2020 Bolivia importó 160 toneladas de mercurio por 7 millones de dólares, más que nadie en el mundo. La mitad provino de México (el segundo productor global después de China), un poco menos de Rusia y el resto de Tayikistán, Vietnam e India.

Una vez en territorio boliviano el mercurio se dispersa. La trazabilidad se pierde pero Vilma Morales está segura: “La hipótesis que más toma fuerza realmente es la de Bolivia, o sea, es un hecho: entra sobre todo por Desaguadero, la frontera con Perú”.

Óscar Campanini, experto en extractivismo del Centro de Documentación e Investigación de Bolivia, argumenta que, según datos que recopiló entre las cooperativas mineras bolivianas, su país sólo utiliza 60 o 70 toneladas de mercurio por año: “el resto va al contrabando”.

Hay tres empresas de Bolivia que en 2020 importaron la mitad del mercurio: Paloan SRL, Insumer Bolivia SRL y Juan Orihuela Mamani Import-Export. Algunas importadoras peruanas figuran también en Bolivia: como Surfworld, que está radicada en Lima y su gerente es Claudia Selene Ramírez Tapia, mientras que su versión boliviana, con sede en Sapocachi, se llama Importaciones Ramírez Tapia. Ambas tienen el mismo correo electrónico, que no oculta el destino del producto que compran a México: “mercuriominero@hotmail.com”.

En los registros oficiales consultados se observa que entre las 26 empresas mexicanas que exportaron mercurio a Bolivia destacan: Unión De Mineros del Estado de Querétaro, Ivfresou SA y Productos Mineros RT SA, que

ronda los 50 mil pesos por onza (2 mil dólares estadunidenses), de lunes a viernes, entre las 7:00 y las 15:00 horas se adentra 300 metros con pico y pala para recolectar la “tierrita”, como le llama al mineral. “Es dificil andar sacando el material”, confiesa con la frente sudorosa y la lámpara de su casco aún encendida.

Los mineros reconocen las piedras, siguen las vetas como los ciegos tientan en la oscuridad, son geólogos expertos en identificar el metal, picando con una mano y recogiendo las piedras con la otra. “La falla marca dónde está el mineral, pero está muy escaso porque ya están bien trabajadas”, explica Santiago. –¿Cuánto sacan en una jornada? –Bien poquito, uno saca medio kilo, por mucho un kilo de mercurio ya líquido en una quincena. No hay mucho metal, sólo recogemos la tierra que dejaron los de antes.

Después de que las piedras salen de la mina, las cargan en una camioneta rumbo a la zona de hornos, que está delimitada por una trituradora de minerales de la marca hongkonesa The Nile Co. Ltd., arrumbada encima de un montículo de piedras incineradas. En la cajuela, las piedras chocan como si estuvieran en una partida de billar muy agitada. Sin opciones

En la Sierra Gorda, el cinabrio –mineral de donde se extrae el mercurio– ha tenido una producción considerable desde hace más de 500 años. Del cinabrio se obtiene un pigmento rojo vivo parecido al color de la sangre, el bermellón. Según el historiador Adolphus Langenscheidt, en la época prehispánica se pensaba que el minero trabajaba en el inframundo, en contacto con la sangre de la Tierra, con el único metal líquido, considerado en épocas remotas como un agua cargada de cualidades mágicas.

Los hornos son una hilera de fogones de ladrillo debajo de tapancos improvisados, a desnivel de la bocamina de donde se extrae el mineral. Por la renta del horno y la leña para fundir el mercurio los mineros pagan alrededor de 800 pesos (39 dólares). “Aquí se funde, pasa de piedra a humo y luego a líquido”, aclara Ernesto como si fuera un alquimista.

Ernesto comenzó a trabajar en la mina a partir de la pandemia, en marzo de 2020. Dice que no hay otra fuente de empleo más redituable en la región. “Regularmente trabajo como electricista en Querétaro, pero

Un camión transporta tambos utilizados en la minería de oro en Madre de Dios

ya enviaron al menos 56, 49 y 19 cargamentos respectivamente, según registros oficiales, desde el puerto de Manzanillo, costa oeste de México, rumbo al puerto de Arica, Chile, en tránsito hacia La Paz.

Bolivia firmó el Convenio de Minamata en 2013 pero nunca lo cumplió. En marzo de 2022 el Relator Especial de la ONU para Sustancias Tóxicas, Marcos Orellana, dijo que ve “con gran preocupación, no una reducción del uso de mercurio, sino un aumento del contrabando en Bolivia”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió explicaciones al gobierno de base indígena que lidera Luis Arce “por el aumento de la importación de mercurio, que se ha cuadruplicado en la última década”.

En Bolivia el mercurio se usa para extraer –principalmente del Parque Nacional Madidi– los 2 mil 557 millones de dólares de oro que exportó en 2021: más que de hidrocarburos y cualquier otro producto.

somos originarios de aquí. En la mina estamos en casa, no andamos fuera”, dice con el orgullo galvanizado. –¿Y para quién trabajan en esta mina? –Cada quien trabaja por su cuenta.

Mientras un anciano embarra de adobe los cilindros de fundición, sellando las fisuras de aire, Ernesto desmigaja con un martillo las rocas para someter esos vapores condensados del cretácico a temperaturas de mil 200 grados centígrados, logrando separar el azufre del mercurio. Después de cinco horas las piedras son lava ardiente, hasta que el mercurio se condensa para ser recolectado en botellas de refresco.

Los mineros no saben del todo para qué se utiliza el mercurio que extraen. “Se lo vendemos a los intermediarios y ellos lo comercializan”, cuenta Pedro, quien entró a trabajar a la mina hace 10 años, cuando terminó la preparatoria. “La mina es el sustento de todo Camargo, no hay otra fuente de trabajo. Es esto o dedicarse a la albañilería en Querétaro, ganar 2 mil y gastar 300 pesos en pasajes”, dice con un dejo de indignación. –¿Han percibido daños en su salud? –No mucho. Tenemos los hornos especiales y no hay bronca. En algunos cerros escurren las gotitas, esa vez nos pusimos bien temblorosos, alterados de los nervios. Creo que es más peligroso lo que uno pueda encontrar en la mina, que al fundirlo. Y por 500 pesos (24 dólares) no vale la pena contaminarse.

El kilogramo de mercurio líquido se compra a los mineros entre 500 y 700 pesos (35 dólares). Su forma más común de comercialización es dentro de botellas de Coca-Cola de 500 mililitros. Los mineros tardan hasta 15 días en recolectar 700 kilos de mercurio.

La mayoría de los hornos se ubican al fondo de la mina, donde se ha detectado una concentración de mercurio en el aire de hasta 129.7 microgramos por metro cúbico –12 veces más de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud–, según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) en agosto de 2020.

“Las consecuencias ambientales de la explotación de este metal son la contaminación de cuerpos de agua, el suelo de la región cercana a las minas y una constante emisión de mercurio al aire”, expone el documento que busca atender el manejo y monitoreo del mercurio en los términos que señala el Convenio de Minamata, que entró en vigor en agosto de 2017.

Alejandro Saldívar

La mina Camargo, en Peñamiller, Querétaro

En las arqueadas curvas de la Sierra Gorda se consigue mercurio como se encuentra pulque en las carreteras del Estado de México o flores en Morelos. Se ofrece un kilo a mil 680 pesos (85 dólares) junto a curiosas piedras de cuarzo y antimonio que los habitantes de las comunidades recolectan del centro de la tierra para subsistir.

Según estimaciones de la Secretaría de Economía (SE), entre 700 y mil mineros extraen mercurio en la región de la Sierra Gorda. En 2016, un año antes de que entrara en vigor el Convenio de Minamata, se alcanzó una producción de 804 toneladas de mercurio, provenientes de los municipios de Pinal de Amoles, Peñamiller, San Joaquín y Cadereyta de Montes, de donde también se extrae oro, plata, antimonio, cal, cantera blanca, mármol, grava para tabique y piedras semipreciosas.

México se comprometió a ofrecer alternativas a la minería de mercurio, pero las propuestas aún no se vuelven realidad, a pesar de los diversos estudios que científicos del país han realizado en la región documentando los altos niveles de contaminación. Al no existir un plan de manejo de los residuos mineros se forman “jales”, dispersando los contaminantes en una zona de hasta 100 kilómetros cuadrados.

El 25 de junio de 2021 el gobierno federal presentó el “Proyecto de transformación de la minería de mercurio en la Sierra Gorda de Querétaro”, en el que diagnostica la situación: “Se estima que la mayor parte de ese metal se comenzó a comercializar de manera informal, y de México, convertido en uno de sus principales exportadores, el mercurio se envía a Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador, para la producción artesanal de oro y plata”.

Fernando Díaz-Barriga, investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), explica la transición de la minería a partir de la adhesión de México al Convenio de Minamata:

“Mientras fue legal, México lo vendió a Sudamérica. Cuando Colombia hizo ilegal la compra de mercurio, México lo vendió a través de Perú o de Bolivia, mercados legales para meter el mercurio a Sudamérica, donde hay una gran demanda por la extracción de oro vía artesanal. Es curioso que usen mercurio extraído artesanalmente para la producción de oro artesanal en los ríos de todo el Amazonas”. –¿Se puede detener la minería artesanal de mercurio en el país? –China produce 90% del mercurio en el mundo. No competimos, el día que México no venda mercurio no habrá ningún problema. Los chinos van a seguir vendiendo mercurio. –¿Cuáles son las alternativas para estas comunidades?

–Los mineros tienen que responder a qué quieren dedicarse. Si no es la mina, se van a los invernaderos a aplicar plaguicidas o a la construcción a pegar tabiques. Son alternativas de trabajos precarios, igual que la minería.

La “Evaluación de riesgos para la salud en una región minera artesanal de mercurio en México”, publicada por la revista Environmental Monitoring and Assessment en julio de 2021, muestra que las concentraciones de mercurio en aire, agua y suelo exceden los valores de referencia, asi como en la biota (plantas, roedores y gusanos) y en las personas (niños, mujeres y mineros).

La Agencia para Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades (ATSDR) indica que a niveles mayores o iguales a 10 microgramos por metro cúbico, la población debe ser evacuada. Una de las mediciones realizadas frente a un horno en la mina La Soledad captó niveles de mercurio en el aire con un valor de 275 microgramos por metro cúbico, 26 veces mayor que la recomendación sanitaria.

“En ese sentido, el Convenio de Minamata para el control del mercurio debería incluir programas de biomonitoreo, no solo para humanos, también para receptores ecológicos críticos en ecosistemas contaminados”, sugiere el estudio en el cual también participa Díaz-Barriga.

UNA BOMBA DE TIEMPO DEL FISCAL GERTZ ACECHA A CLAUDIA SHEINBAUM

El incumplimiento de un contrato del hoy fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, cuando estaba al frente de la policía del Gobierno del Distrito Federal, amenaza con convertirse en una pesadilla para la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, cuya administración está obligada a pagar más de 2 millones de dólares a una empresa proveedora de chalecos antibalas. De complicarse el caso, éste puede devenir en un juicio político contra la mandataria capitalina.

DIANA LASTIRI

El gobierno de la Ciudad de México tiene un adeudo de más de 2 millones de dólares causado por el exsecretario de Seguridad Pública capitalino Alejandro Gertz Manero, hoy titular de la Fiscalía General de la República y señalado por supuestos actos ilegales en favor de sus intereses personales.

La deuda que Gertz Manero heredó al gobierno capitalino coloca a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, al borde de un juicio político y de un proceso penal en su contra.

El problema dejado por Gertz le ha costado a la administración capitalina más de 100 mil pesos en multas desde

Gertz Manero. Origen de la demanda

el entonces jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera.

Se trata del incumplimiento de un contrato, firmado el 24 de noviembre de 1999 por la entonces Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF) –que encabezaba Alejandro Gertz Manero– con la empresa AP American Protective, S.A. de C.V.

Desde entonces y a la fecha el Gobierno de la Ciudad de México ha empleado todas las estrategias legales posibles para evitar el cumplimiento del contrato y, por tanto, pagar a la empresa por el servicio que se le requirió, pese a que ésta erogó cantidades millonarias para cumplir con su parte de lo acordado.

El contrato tenía por objeto la compra de 8 mil 995 chalecos antibalas que serían entregados a la SSP-DF el 8 y 23 de enero y el 7 de febrero de 2000; por ello la compañía recibiría un pago total de 2 millones 17 mil 128.75 dólares americanos.

Para concretar la firma, la empresa presentó la fianza de 10% del valor total del contrato y realizó pruebas a los chalecos que habría de entregar a la SSP-DF, para acreditar que cumplían con los requerimientos de la dependencia.

Parte de las obligaciones que tenía el gobierno del entonces DF estaba entregar a la empresa una carta de crédito, que la compañía cobraría una vez que se cumplieran todas las condiciones del servicio contratado. Pese a que el gobierno capitalino impuso diversos retrasos para entregar la carta de crédito, la empresa ejerció diversos gastos para concretar su parte del contrato.

El 30 de noviembre de 1999 la dependencia capitalina informó de una inconformidad presentada ante la Contraloría de Administración Pública del Gobierno del DF por la empresa Intercambio Comercial, S.A. de C.V., contra la adjudicación del contrato a AP American Protective.

Esa inconformidad fue resuelta el 17 de diciembre de 1999 confirmando el fallo en el cual se adjudicó el contrato a la empresa de origen estadunidense, y aunque se ordenó realizar una investigación interna para el caso de que los servidores públicos de la SSP-DF incurrieron en responsabilidades administrativas, no se ordenó la suspensión del cumplimiento del contrato ni de su vigencia.

Pese a ello, la SSP-DF realizó a la empresa diversos requerimientos que, incluso, se repetían entre ellos, como la realización de pruebas y los resultados de las mismas y apostillamiento de documentos.

Otro de los pedimentos que atrasó la entrega de la carta de crédito fue el realizado por la SSP-DF en enero de 2000, sobre información de una carta notarial que, para febrero de ese año, se determinó que era apócrifa y la empresa tuvo que presentar la denuncia correspondiente.

Eso bastó para que la dependencia de seguridad pública se negara a dar cumplimiento a su parte del contrato, que era entregar la carta de crédito para concretar la entrega de los chalecos y, posteriormente, realizar el pago pactado originalmente, con lo cual se inició la batalla legal que hasta la fecha mantiene la empresa con la actual administración del Gobierno de la Ciudad de México.

Fue así que, además de presentar quejas ante la Contraloría General del Gobierno del DF, la empresa demandó en julio de 2000 a la entonces jefa de Gobierno capitalina, Rosario Robles Berlanga; al titular de la SSP-DF, Alejandro Gertz Manero, y otros funcionarios vinculados al contrato por el incumplimiento del mismo.

Proceso legal

En su demanda la firma estadunidense indicó que, para dar debido cumplimiento a su parte del trato con la secretaría capitalina, pagó a RRR International Limited –empresa fabricante de los chalecos– un total de 1 millón 351 mil 948 dólares, pese a que el GDF le pagaría por el servicio 2 millones 17 mil 128 dólares.

En consecuencia, para la empresa la ganancia era de 402 mil 76.50 dólares.

“Ganancia que evidentemente mi representada AP American Protective, S.A. de C.V., dejó de tener derivado del incumplimiento de las obligaciones a cargo de la demandada”, señaló el representante legal de la firma en la demanda a la cual Proceso tuvo acceso. Así, la compañía exigió el pago de los 2 millones 17 mil 128.75 dólares pactados en el contrato firmado desde 1999.

El expediente, registrado con el número 513/2000, correspondió al juez 49 de lo Civil en la Ciudad de México, quien para el 20 de agosto del año 2001 dictó sentencia condenatoria contra el Gobierno del Distrito Federal para que, a cargo de la SSP-DF, pague a la empresa la cantidad requerida.

Desde entonces el gobierno capitalino agotó todos los recursos que la ley establece para evitar cumplir con la sentencia, pues, aunque no impugnó la condena del pago de los 2 millones 17 mil 128.75 dólares, sí dijo estar inconforme con cargos accesorios, como multas y recargos que incrementan la deuda.

El 11 de agosto de 2015 la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México confirmó la sentencia y ordenó al gobierno local, entonces encabezado por el actual senador Miguel Ángel Mancera, a pagar la suerte principal del caso, es decir, los 2 millones 17 mil 128.75 dólares a la empresa AP American Protective.

Sin embargo, el gobierno capitalino argumentó que, aunque contaba con los re-

Sheinbaum. Proceso legal

cursos para pagar, los términos en los que fue condenado a hacerlo le resultaban imposibles de cumplir.

“En la actualidad es imposible ejecutar la condena que le fue impuesta en el litigio original, pues por una parte es incompatible con los cuerpos normativos que rigen el actuar de la hoy quejosa, y por otra, dado el transcurso del tiempo, es claro que las circunstancias de la realidad han cambiado, lo que deviene en un obstáculo insuperable para el acatamiento de la sentencia de que se trata”, señaló el gobierno capitalino en uno de los recursos que tramitó para evitar pagar.

Multas de Mancera

En enero de 2018 la empresa tramitó un incidente de cumplimiento de sentencia para obligar a su administración a pagar la condena.

Durante el litigio Mancera fue requerido 44 veces para que acredite las acciones realizadas para cumplir con el contrato; ante la omisión de informar el exjefe de Gobierno fue multado en dos ocasiones, una por 15 mil pesos y otra por 70 mil pesos.

El gobierno capitalino insistió en que, debido a que en la sentencia del litigio original se le condenó a cumplir a cabalidad con los compromisos que adquirió en el contrato firmado con AP American Protective, era imposible hacerlo porque la carta de crédito ya no estaría vigente: el banco Bital, entonces designado para emitir la carta de crédito, ya no existe.

El incidente se resolvió finalmente mediante una sentencia dictada por la Cuarta Sala Civil, del 20 de agosto de 2019, en la cual los magistrados señalaron que, aunque el gobierno capitalino tenía razón en que las condiciones para la ejecución del contrato ya no son las mismas que las de 1999, esto no le impedía cumplir con la condena impuesta.

“En el contrato CAL-161/99 no se trataron cuestiones específicas sobre las características de la carta de crédito, pues únicamente se hizo alusión, entre otras, a las características de los chalecos antibalas, a las garantías que debían establecerse, a las sanciones por incumplimiento y a las fechas de entrega de los chalecos y fechas de pago”, señalaron los magistrados de la sala.

Añadieron que, para el cumplimiento el gobierno capitalino debe actualizar el pago y ajustar los tiempos a la ejecución del contrato, tales como que la carta de crédito sea expedida en el equivalente en moneda nacional, conforme al tipo de cambio que tenga el dólar al momento de su expedición, hacer el cálculo de la fecha de entrega de los chalecos a partir de la expedición de dicha carta, entre otros requisitos.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, también ya fue requerida para que acredite que ya solicitó a la Federación los recursos que necesita para pagar, pero como no ha acreditado nada ya fue multada en tres ocasiones: dos veces por 15 mil pesos y una más por 25 mil pesos.

Hasta ahora todas las resoluciones favorables a la empresa ya han sido ratificadas por juzgados y tribunales federales de amparo, la última de ellas dictó sentencia el jueves 9, confirmando la resolución de la Cuarta Sala Civil en la cual se obliga al Gobierno de la Ciudad de México a pagar y ajustar el cumplimiento del contrato a los tiempos actuales.

Al ser consultado por Proceso, Ysolino Anton González, apoderado legal de AP American Protective, S.A. de C.V., explicó que en 1999 los chalecos tenían un costo de 135 dólares por unidad, precio que, con el paso del tiempo, se ha incrementado hasta siete veces, por lo que la empresa entregará menos piezas al gobierno capitalino, pues la compañía estadunidense sólo está obligada a entregar los chalecos que alcancen con los poco más de 2 millones de dólares del contrato firmado en 1999.

Octavio Gómez

Chalecos. Protección policial

Juicio político

El 7 de abril último Anton González solicitó a la Cámara de Diputados el inicio de un juicio político para desaforar y destituir de manera permanente a Claudia Sheinbaum, por el desacato reiterado e inexplicable de las resoluciones judiciales emitidas en favor de la empresa.

Proceso consultó en la Cámara de Diputados sobre el estatus del expediente y se refirió que el mismo se encuentra en revisión para determinar si procede o no admitir a trámite la petición, y ordenar notificar a la también aspirante presidencial.

Asimismo el miércoles 8 Gastón Alfonso Arzate Garza, apoderado legal de la empresa, denunció ante la FGR a Sheinbaum Pardo y otros funcionarios del gobierno capitalino y de la ahora Secretaría de Seguridad Ciudadana por posibles actos de corrupción que han derivado en el incumplimiento del contrato y las sentencias que condenan a la administración de la Ciudad de México a pagar. En los próximos días deberá ratificarse la denuncia.

Actualmente la fiscalía general de la República está encabezada por Gertz Manero, funcionario que, con su incumplimiento, dio origen al pleito legal que la empresa mantiene contra la administración de Sheinbaum Pardo.

Este semanario buscó a la jefa de Gobierno para conocer su posición sobre el tema, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.