El caso Pegasus no avanza ni con la 4T

La Fiscalía General de la República no ha llamado a declarar a ningún alto funcionario de la presidencia de Enrique Peña Nieto, involucrado en el uso del programa Pegasus para espiar a periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y opositores. En cinco años la dependencia sólo ha aprehendido a un técnico. Además, persiste la opacidad entre las dependencias de seguridad que adquirieron el software malicioso, pese a que el presidente López Obrador –cuya familia también fue víctima de espionaje– prometió que instruiría a las oficinas federales para que se trasparentara la información del caso.

Cienfuegos, Murillo Karam, Osorio Chong e Ímaz. Testimonios pendientes

EL CASO PEGASUS NO AVANZA

NI CON LA 4T

MATHIEU TOURLIERE

Aun lustro del escándalo conocido como Gobierno Espía, que exhibió cómo la administración de Enrique Peña Nieto utilizó el software Pegasus para intervenir de manera ilegal los celulares de periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha llamado a declarar a ningún alto funcionario del sexenio pasado involucrado en esos hechos.

Los implicados son Miguel Ángel Osorio Chong, Eugenio Imaz Gispert, Jesús Murillo Karam y Salvador Cienfuegos Zepeda, quienes dirigieron la Secretaría de Gobernación (Segob), el Centro de Investigación en Seguridad Nacional (Cisen), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), respectivamente, porque son las instituciones de seguridad que compraron el programa espía Pegasus y lo utilizaron de manera ilegal.

La dependencia encabezada por Alejandro Gertz Manero entrevistó a operadores de Pegasus en la extinta PGR y buscó hablar con Tomás Zerón de Lucio, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quien presentó una serie de amparos para no dar su versión.

Después Zerón huyó a Israel, donde se esconde de la justicia mexicana que lo busca por su participación en delitos de tortura en el contexto del caso Ayotzinapa.

De acuerdo con el medio israelí Cacalistech, Zerón ha vivido en el departamento de David Avital, un contratista de

seguridad que ha vendido sistemas de vigilancia “Geomatrix” y “Echo” a la PGR y la FGR.

El único personaje detenido por el caso Pegasus se llama Juan Carlos García Rivera, un exempleado de la red de compañías del empresario israelí Uri Emmanuel Ansbacher Bendrama, quien vendió al gobierno de Peña Nieto el software desarrollado por NSO Group.

García Rivera fue detenido por la FGR en noviembre de 2021, con base en las acusaciones de un testigo protegido, su colega en las empresas de Ansbacher. El testigo, identificado en la carpeta como “Zeus”, acusó a García de enviar mensajes infectados con Pegasus, de operar el programa desde las oficinas de Ansbacher en la calle Ejército Nacional, y de haber vendido el programa a la Sedena.

Su juicio por “intervención ilegal de comunicaciones sin orden judicial en calidad de coautor material” está a punto de iniciarse, excepto si negocia un criterio de oportunidad con la FGR, que lo convertiría en testigo colaborador.

Las organizaciones Artículo 19 (A19) y Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) –que llevan la asesoría legal de las víctimas desde hace cinco años– señalan que García era un “operador técnico”, y si bien fue acusado de espiar a personas de manera ilegal, la misma acusación señala que recibía sus instrucciones desde altas esferas del Estado.

“Las investigaciones no se pueden quedar ni agotar ahí; tienen que ir por los más altos mandos y establecer las responsabilidades legales de estos mandos dentro de las agencias y fuera de ellas, que permitieron este uso malicioso. Sin embargo, estamos a cinco años apenas en este estadio en el que solamente se tiene a un acusado, un operador técnico de la red KBH”, dice Leopoldo Maldonado, director general de A19. –¿Existe el riesgo que termine como chivo expiatorio? –Nosotros esperamos que sea el punto de partida, no el de llegada o de finiquito de la investigación. Éste es un punto de partida para dar con los otros implicados de mayor nivel, con los autores intelectuales. Él, por sí solo, ¿qué interés tendría de invadir la privacidad, a partir de una intervención ilegal de comunicaciones, de una periodista? Evidentemente es por orden de alguien. Ahí se tiene que construir la cadena de mando y se tienen que identificar a los autores intelectuales.

Luis Fernando García, director general de R3D, considera que los resultados de la FGR son insuficientes “por la única razón objetiva de que a cinco años seguimos sin saber prácticamente las cosas más importantes que faltan por saber: el universo total de personas espiadas, los funcionarios públicos que ordenaron, conocieron y ejecutaron esta conspiración de espionaje contra la sociedad civil, y otras cuestiones que no puedo mencionar y que uno pensaría que son básicas inclusive de investigar en un tiempo razonable”.

El 22 de marzo último, Artículo 19 y R3D sonaron alarmas tras la reunión privada de Gertz Manero con los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), cuando el fiscal general dijo que el sistema de espionaje de Pegasus era “privado”. Las organizaciones denunciaron de inmediato un intento de Gertz para deslindar a los altos funcionarios del gobierno de Peña Nieto del espionaje ilegal perpetrado y echar toda la responsabilidad a las empresas de Ansbacher.

“Respecto de la teoría del caso actual, si la FGR la lleva ante el juicio, públicamente no puede sostenerse esta narrativa, porque el posible imputado operó en una entidad privada, pero a petición de altos funcionarios públicos. Las órdenes venían bajando por una cadena de mando, por esto es un entramado complejo entre públicos y privados. Esto es lo que se tiene que esclarecer. Y no cabe jurídicamente que se pretenda acusar a una persona como Juan Carlos, no se logra entender su responsabilidad sin esas órdenes que se giraron”, sostiene Maldonado.

Por si fuera poco, el pronunciamiento de Gertz ocurrió ante el ahora senador priista Osorio Chong, del que dependía el Cisen en el sexenio de Peña Nieto, así como ante Miguel Ángel Mancera y Manuel Velasco Coello. Los tres fueron señalados por acciones de espionaje político en sus respectivas gestiones al frente de la Segob, del gobierno de la Ciudad de México y de Chiapas, respectivamente.

La FGR tendría todas las razones por escuchar la versión de Osorio Chong, actual coordinador del PRI en el Senado, sobre el uso de Pegasus. El político hidalguense mintió una primera vez el 27 de octubre de 2017, en una comparecencia ante la Cámara de Diputados, cuando afirmó que ni la Segob ni el Cisen habían comprado Pegasus.

De hecho, el testigo colaborador que acusó a Juan Carlos García Rivera aseveró que, producto de espionaje, entregó información a la casa de un “Eugenio”, ubicada en las Lomas de Chapultepec, una referencia a Eugenio Imaz, un incondicional de Osorio Chong desde su gobierno en Hidalgo.

Pegasus, comunicación vulnerada

Intocables

La FGR tampoco entrevistó a generales o militares de la Sedena, que fue primer cliente internacional de NSO Group en el mundo, cuando en 2010 compró el sistema Pegasus por 5 mil 628 millones de pesos al intermediario José Susumo Azano Matsura y su empresa Security Tracking Devices. Lo hizo con la probable anuencia del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien en 2010 fue invitado a una demostración del programa.

Hace cinco años, el 19 de junio de 2017, el laboratorio interdisciplinario Citizen Lab revelaba que el gobierno de Peña Nieto había tratado de espiar con Pegasus a la periodista Carmen Aristegui y a los in-

tegrantes de su equipo de investigación, también a Carlos Loret de Mola, a los expertos y abogados del caso Ayotzinapa y a algunos políticos del PAN.

Peña Nieto negó el uso de Pegasus, y como las víctimas presentaron una denuncia, la entonces PGR inició una investigación. La prensa, incluyendo Proceso, hizo la labor que las autoridades se rehusaban: encontró contratos y descubrió redes de empresas intermediarias.

Espiados

En el verano de 2021 Proceso, Aristegui Noticias y otros 15 medios en 10 países revelaron, en el contexto de la investigación internacional Pegasus Project, la escala real del uso ilegal del sistema espía en el gobierno federal pasado: en un año y medio los clientes mexicanos de NSO Group ingresaron más de 15 mil números en sus plataformas de Pegasus.

Entre los objetivos de Pegasus destacaban más de 20 periodistas –seis de ellos trabajaban en Proceso–, un centenar de defensores de derechos humanos, y más de 700 políticos de oposición, incluyendo a los integrantes del primer círculo familiar y de amistad del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, muchos de los cuales están actualmente en el gobierno federal.

Entre los objetivos aparecían, por ejemplo, Beatriz Gutiérrez Müller, los tres hijos mayores y tres hermanos de López Obrador, así como varios integrantes actuales de su gabinete, como Adán Augusto López Hernández, Zoé Robledo, Manuel Bartlett, Ariadna Montiel Reyes y Alejandro Encinas. También fueron espiados algunos cuadros del PAN, incluyendo al expresidente Calderón y su esposa Margarita Zavala.

Pegasus Project exhibió que el Cisen fue la dependencia que más abusó del programa espía, pues atacó los celulares de la mayoría de los periodistas, activistas y opositores políticos. La Sedena, que no tiene facultades legales para espiar telecomunicaciones, intervino los celulares de los gobernadores y de los fiscales estatales; y la PGR –en tiempos de Arely Gómez y de Raúl Cervantes– pareció apegarse más a las tareas de combate a la delincuencia organizada, con autorizaciones judiciales.

Letra muerta

Después de la publicación de la investigación periodística internacional, López Obrador prometió que instruiría a las dependencias para que transparenten todos los contratos. Pero la orden quedó en letra muerta: la Sedena y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se negaron a entregar la información y han obstaculizado las investigaciones.

García lamenta que “sigue habiendo mucho pendiente por investigar en cinco años, y cinco años es muchísimo tiempo”, y agrega que “las cosas que no se han investigado no es porque no se pueda investigar, sino porque hay quiénes no están colaborando con las investigaciones”.

La negativa a transparentar la información, por ejemplo, lo lleva a cuestionarse “sobre la verdadera voluntad política de que todos los actores del gobierno actual y en la fiscalía para esclarecer este caso”.

Sin embargo, reconoce que, con el cambio de gobierno, se ha observado “una mayor proactividad en la FGR” y por parte del fiscal Ricardo Sánchez, quien lleva el caso Pegasus. Sin embargo, señaló que esta proactividad es “fomentada sobre todo por la información que los periodistas han revelado” y que “el impulso de la carpeta de investigación ha venido de la sociedad civil”, y recordó que en el aparato de Estado “persisten funcionarios que estaban en ese entonces operando o participando, o negándose a participar”.

“El gran problema es que no tenemos acceso a información a la que sí deberían de tener acceso procuradurías y fiscales que están en la investigación, y esto denota que no hay una voluntad del más alto nivel por esclarecer estos hechos. De nada sirve que un fiscal especial quiera avanzar si no está toda la fuerza de un aparato institucional empujando la investigación, abriendo documentación, contratos, esclareciendo estos hechos”, deplora Maldonado.

El 26 de mayo último, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una “recomendación general” a las autoridades del Estado mexicano por el espionaje ilegal perpetrado con Pegasus. En ella el organismo dirigido por Rosario Piedra Ibarra señaló un “riesgo grave de un posible ejercicio abusivo de las facultades previstas en la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Militar de Procedimientos Penales”, por lo que pidió al Poder Legislativo que actualice el marco jurídico sobre intervenciones de comunicaciones privadas.

“Hubiéramos esperado más (de la CNDH); es una recomendación general que atiende medidas estructurales, la garantía de no repetición, pero falta la atención a todos los demás derechos, como a la verdad y a la justicia. No profundiza sobre el acto mismo del espionaje, la responsabilidad del Estado contra personas concretas que fueron agraviadas. Entonces, evidentemente es un avance relevante sin duda, pero esperábamos más de una investigación de cinco años de la CNDH”, comenta Maldonado.

Y no sólo esto: el gobierno de López Obrador volvió a hacer negocios irregulares con la red de empresas de Ansbacher: en 2019 y 2020, el Instituto Nacional de Migración (INM) entregó dos contratos por 324 millones 371 mil pesos a las compañías Comercializadora Antsua, S.A. de C.V., y Nemecisco, S.A. de C.V., de los cuales estas empresas dispersaron 230 millones 578 mil pesos en compañías fantasma (Proceso 2350).

Maldonado. Denuncia contra la opacidad

Aprovechando las concesiones para generar energía geotérmica que le otorgó el gobierno de Enrique Peña Nieto, el magnate Ricardo Salinas Pliego expresó su interés en extraer bitcoins. Con ese objetivo emprendió una campaña de críticas contra el FMI, los bancos centrales y las autoridades financieras estadunidenses, que tratan de contener las disrupciones provocadas por las criptomonedas.

PESE A LAS ADVERTENCIAS, SALINAS PLIEGO SE LANZA A LA MINERÍA DE BITCOIN

CLAUDIA VILLEGAS

Eduardo Miranda C on inversiones “personales” depositadas en bitcoins y la intensa promoción de ese activo digital en México y Centroamérica, Ricardo Salinas Pliego vuelve a la confrontación con las autoridades financieras de Estados Unidos. Para promover las criptomonedas, el presidente del Grupo Salinas cuestiona, además, al Fondo Monetario Internacional (FMI), al Banco Central Europeo y al Departamento del Tesoro estadunidense. A todos.

El pasado 8 de abril, durante el foro con inversionistas en criptomonedas Bitcoin 2022, el Miami Beach Convention Center, Salinas Pliego aseguró que el bitcoin le estaba quitando el monopolio a los bancos centrales y que el dinero tradicional ya es inútil.

Recordó que no siempre ha sido el tercer hombre más rico de México y que, a lo largo de tres generaciones, él y su familia habían sido víctimas del dinero tradicional. Evocó la quiebra de los negocios familiares en la época de la hiperinflación y advirtió que, una vez más, se imprime dinero sin respaldo.

En ese evento Salinas Pliego llamó “villanos” a Agustín Carstens, director del Banco de Pagos Internacionales, a Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, y a Janeth Yellen, expresidenta de la Reserva Federal y actual secretaria del Tesoro estadunidense.

Señaló además que existe “un nuevo plan siniestro para controlar a la gente”, a través de la Moneda Digital de los bancos centrales (CBDC, por sus siglas en inglés), la cual, dijo, es peor que el dólar, porque si se emite, dichos bancos tendrán control total sobre cómo se gasta el dinero.

Carstens, Yellen y Lagarde, acusó, saben que la manera de lidiar con la deuda del gobierno es mediante el aumento de la inflación.

En el cinturón volcánico

Salinas Pliego dejó saber a sus seguidores en redes sociales que está interesado en producir criptomonedas aprovechando las concesiones que le ha otorgado el gobierno federal para generar energía limpia, porque tiene campos de geotermia como los que opera el gobierno de El Salvador para minar bitcoins.

En 2015, su hija Ninfa Salinas Sada, dipu tada por el Partido Verde Ecologista de México entre 2009 y 2012, durante la LXI Legislatura, obtuvo para Grupo Dragón la primera concesión de energía geotérmica en el país.

En sus redes sociales Salinas Pliego anunció que, si bien aún no sabe “minar” bitcoins, está interesado en aprovechar

sus inversiones en el sector de la electricidad para incursionar en la extracción de criptomonedas y que, en breve, haría un anuncio sobre su planta de energía geotérmica en Domos de San Pedro, Nayarit.

De la red social pasó a los hechos y el 24 de marzo, visitó el campo Berlín de energía geotérmica en El Salvador, un país en el que dejó sus negocios bancarios ante las presiones de una ley antiusura promulgada en el gobierno de Mauricio Funes.

México, como El Salvador, tiene un gran potencial de energía geotérmica por ubicarse en el cinturón volcánico del planeta. Además, la geotermia es una de las energías más limpias porque el agua que se utiliza para sus procesos puede reinyectarse al subsuelo. Por eso, en la exposición de motivos de la ley que regula la geotermia, se destacó que ese potencial de más de 13.4 gigawatts debería aprovecharse para beneficiar a la población, al sector productivo y, sobre todo, para reducir las tarifas.

La concesión de Domo de San Pedro, en Nayarit, permite la explotación de 18 pozos en estado de vapor y se planeó para suministrar energía limpia a 50% de la población de Nayarit a través de convenios con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Salinas Pliego reveló su interés en la extracción de bitcoins antes de que este instrumento registrara una de sus caídas más importantes, con más de nueve retrocesos consecutivos, con lo que su valor se ubica, al cierre de esta edición, en 20 mil dólares, contra los más de 60 mil dólares en los que llegó a cotizarse. El magnate mexicano no se ha manifestado sobre la pérdida y el impacto en sus “inversiones personales” que generó la estrepitosa caída del bitcoin.

Proceso consultó al Grupo Dragón sobre la extracción de criptomonedas en Domo de San Pedro. Los voceros del corporativo privado de energía aseguraron que el 26 de abril, en una conversación cerrada con sus seguidores en Twitter, Salinas Pliego les dijo que ante los costos de la energía “parecería que la compra directa de bitcoins presenta menos problema y menos riesgo que hacer una infraestructura de minería de bitcoins”.

Por ahora, dijeron los portavoces del Grupo Dragón, Salinas Pliego no tendría prevista una inversión específica para incursionar en la minería de criptomonedas; sin embargo, recordaron que desde al año pasado en Elektra sus clientes ya pueden pagar con bitcoins.

Esta es la versión oficial del grupo, pero Ricardo Salinas viajó a El Salvador el 24 marzo para visitar la central geotérmica en el parque de Berlín, donde ya opera una granja de bitcoins. La Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), la entidad del gobierno de El Salvador que gestiona la planta de energía geotérmica en Berlín a través de la empresa estatal LaGeo, confirmó que el magnate visitó ese país porque sí está interesado en la extracción de bitcoins.

“Nuestra experiencia en minado bitcoin ha despertado la curiosidad de Ricardo Salinas, uno de los empresarios más importantes de México. Su empresa, Grupo Salinas, lidera la Central Geotérmica Domo de San Pedro, ubicada en el estado de Nayarit, desde donde busca minar bitcoin”, de acuerdo con el mensaje publicado en la cuenta institucional de CEL en Twitter, en el cual también se publican fotos de la visita que permitió a Salinas recabar información sobre cómo el gobierno de El Salvador impulsa la extracción de criptomonedas con geotermia, la energía que escogió el Grupo Salinas para entrar a este mercado luego de que Ninfa Salinas fuera legisladora.

Aunque ésta ha sido la gran estratega de la participación del Grupo Salinas en la energía geotérmica, para dirigir al Grupo Dragón Salinas Pliego reclutó a José Francisco Gutiérrez Dávila, excoordinador ejecutivo de la Dirección Corporativa de Procura y Abastecimiento de Pemex, creada en la administración de Emilio Lozoya Austin para consolidar las compras de la empresa productiva del Estado. Gutiérrez Dávila reportaba directamente a Arturo Henríquez Autrey, cuya familia fue socia de Altos Hornos de México (AHMSA).

Según su sitio corporativo en Internet, Grupo Dragón cuenta con tres parques de energías limpias en operación: el de Domo de San Pedro, con capacidad de 25 Megawatts (MW), el parque eólico de Los Altos (54.6 MW) y el parque eólico Arriaga en Chiapas (32 MW). En una segunda etapa el

Domo de San Pedro

Grupo Dragón agregó la operación de la segunda fase de Domo de San Pedro con otros 25 MW, así como Los Altos II, con 100 MW.

De acuerdo con Iberdrola, la extracción de Bitcoin como principal activo digital registra una demanda de electricidad de más de 198 teravatios-hora por año, que se compara con el consumo de electricidad de países como Tailandia. Este uso de electricidad representa casi 95 millones de toneladas de CO2 anuales, cantidad similar a la de las emisiones de Nigeria.

Legisladores de Noruega y en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, han cuestionado el consumo de electricidad para extraer criptomonedas porque distorsionan el sistema de tarifas para la economía real, para los sectores productivos y los consumidores.

México Evalúa reveló que en 2019 la CFE generó 29% de las emisiones de CO2 del sector eléctrico, y 17% de las emisiones del país, de acuerdo con su propio Plan de Negocios 2022-2026. Sin embargo, reconoció que no existe suficiente información pública como para precisar cuánto contamina la CFE. Ahora también debería evaluarse cuánto contaminan las empresas que minan criptomonedas en el país y valor el uso de la energía limpia para apoyar al sector productivo y a los consumidores. A la defensa de las criptos

Vetado durante varios años por la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) para participar en aquel mercado, luego de ser encontrado culpable de fraude a inversionistas minoritarios en 2005, Salinas Pliego criticó en marzo pasado la “interferencia” en la que –según él– incurrió el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadunidense al aprobar la Ley de Responsabilidad por las Criptomonedas con dedicatoria a El Salvador. A este país Estados Unidos le exige un informe pormenorizado de sus decisiones en torno a las criptomonedas para medir las implicaciones en su sistema financiero.

Salinas Pliego también ha criticado las medidas unilaterales de Estados Unidos que impiden a la banca mexicana realizar una actividad cambiaria más intensa en los negocios transfronterizos. A finales de 2020 el Departamento del Tesoro prohibió a uno de los bancos corresponsales de Banco Azteca realizar transacciones de recepción de dólares en efectivo en tanto no se aclarara si esa institución mexicana cumplía con las medidas antilavado de dinero.

En diciembre de 2020 Proceso reveló que el Grupo Salinas impulsó el cabildeo en la Cámara de Diputados para que se aprobaran reformas a la Ley del Banco de México que obligaban a éste a comprar dólares en efectivo, lo que hubiera vulnerado su autonomía. El Departamento del Tesoro manifestó al Banco de México y a la Secretaría de Hacienda su preocupación por las implicaciones en la percepción de riesgo y en la autonomía del banco central. Esa reforma se congeló en el Senado de la República.

Sobre las criptomonedas, el Banco de México ha dicho que, si bien tiene prevista una moneda digital, no será una criptomoneda y las leyes en activos digitales no autorizan su uso como moneda en curso.

Sin un marco legal específico para la extracción de criptomonedas en el país, esta actividad podría generar disrupciones y distorsiones en el sector eléctrico, como ha sucedido en otros países. De la misma forma, tendría implicaciones diplomáticas, después de que en junio de 2021 el gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele emitió la Ley Bitcoin que declara a este activo digital “…moneda de curso legal, irrestricto con poder liberatorio, ilimitado en cualquier transacción y a cualquier título que las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas requieran realizar”.

Luis Bartolini, abogado especializado en derecho financiero y experto en la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Fintech), advierte que el gobierno mexicano tendrá que decidir si se reconoce al bitcoin como divisa, en adición al colón salvadoreño, igual que se hace con el dólar o el euro, que también son monedas de curso legal en otras jurisdicciones.

Bartolini indicó que, por ahora, el Banco de México no ha autorizado a las instituciones financieras para que operen y transaccionen con clientes las referidas criptomonedas.

En su circular 4/2019 el Banco de México establece los límites para que las Instituciones de Crédito y las Instituciones de Tecnología Financiera operen internamente con “activos virtuales” previamente determinados por el mismo Banco Central, y bajo el entendido de que no serán considerados en forma alguna como moneda en el territorio nacional.

La comercialización de criptoactivos no está prohibida en México y puede realizarse en términos estrictamente mercantiles, aunque se considera una “actividad vulnerable”, como sucede por ejemplo con la comercialización de joyería, metales preciosos y obras de arte.

Para la comercialización de criptomonedas se aplica la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Sin embargo, para la extracción o minería de criptomonedas no existen disposiciones específicas en las referidas leyes para prevenir el blanqueo de capitales ni para regular las Fintech.

Así, se podrían “minar” criptomonedas sin restricciones porque no hay legislación ni regla general que se lo impida. El vacío legal beneficia a quienes observan y planean participar en esta actividad. Por ahora, Banco Azteca no puede intermediar criptomonedas; en cambio, surgen las llamadas casas de cambio de criptoactivos que pueden negociar activos digitales.

Sin embargo, como lo pidió la directora general del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, los bancos centrales y los reguladores de los servicios financieros tienen una gran responsabilidad en la normatividad y vigilancia de los criptoactivos porque están generando grandes disrupciones.

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LA CLASE POLÍTICA JALISCIENSE REFRENDA SUS NEXOS

CON LA ESPOSA DE NAASÓN

MELISSA AMEZCUA

El viernes 3 de junio, mientras las víctimas de Naasón Joaquín García –el líder espiritual de la iglesia La Luz del Mundo– esperaban la sentencia por los crímenes sexuales que cometió, Alma de Mujer y Vida –una asociación civil, fundada por Alma Zamora Espinoza, cónyuge del inculpado– recibía un nombramiento honorífico por parte del gobierno de Jalisco.

Esther Pantoja Magallón, integrante de la organización religiosa y de la asociación, tomó protesta como integrante del Consejo Consultivo del Instituto de las Mujeres pues, paradójicamente, la asociación civil se jacta de apoyar a las mujeres para su empoderamiento y liberación de situaciones de violencia de género.

En las fotografías, Pantoja Magallón aparece junto a la regidora Sofía Berenice García Mosqueda y la síndica municipal de

La toma de protesta de Pantoja Magallón

Al tiempo que Naasón Joaquín García era sentenciado por crímenes sexuales, Inmujeres Jalisco incluía en su Consejo Consultivo a una asociación civil ligada a Luz del Mundo con el argumento de que apoya el empoderamiento de las mujeres y la liberación de situaciones de violencia de género. El reconocimiento a esa asociación fundada por Alma Zamora Espinoza, cónyuge de Naasón, revela los nexos que esa iglesia mantiene con la clase política jalisciense… Pero no es el único caso: un hospital, una universidad y otras organizaciones relacionadas con Luz del Mundo tienen convenios con municipios de esta entidad y con la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Guadalajara, Karina Anaid Hermosillo Ramírez. Zamora Espinoza no asistió al evento; en su representación estuvo la nueva directora de la asociación, Yolanda Almaguer Esparza. Según el comunicado difundido por la asociación, la encomienda tendrá vigencia hasta junio de 2025.

Documentos oficiales y públicos de un hospital, una universidad y asociaciones civiles ligadas a la Luz del Mundo dan fe de los nexos de integrantes de esa organización con municipios de Jalisco, así como con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) y con la de Baja California.

No hay de por medio recursos económicos, sino sólo humanos, para el intercambio de practicantes y la impartición de talleres.

Una de las víctimas de Naasón Joaquín, Sochil Martin, y su esposo han señalado a la Universidad Sämann de Jalisco, con sede en Tijuana, que es un centro de reclutamiento de posibles víctimas de abusos sexuales y trata.

Consultada por Proceso, García Mosqueda asegura que la inclusión de Pantoja Magallón en el Consejo Consultivo se debe a que la asociación cumplió con los requisitos de participación ciudadana y ella no ha cometido ningún delito.

“Ella no tiene ningún antecedente de abuso hacia ninguna otra mujer. Aquí no vamos a cooptar un tema de participación ciudadana por las creencias religiosas que cada una tenga”, asegura.

Respecto al por qué elegir a una integrante de la Luz del Mundo, iglesia sobre la que pesan señalamientos de abusos sexuales contra mujeres, la entrevistada insiste: ese es un tema sobre Naasón Joaquín, no sobre las seguidoras de la iglesia que él lidera.

“Referente a lo que sale con denuncias y pruebas, quien cometió esos delitos tiene que pagar, eso es la justicia”, dice García Mosqueda.

Tal como lo hacía Naasón Joaquín, cuando miles de fieles a la Luz del Mundo se reunían para escuchar su palabra en la Hermosa Provincia, la colonia donde construyó su congregación en Guadalajara, su esposa, Alma Zamora, es quien convoca a estos eventos masivos… aunque ahora ella tampoco está presencialmente.

Mientras los y las seguidoras de la Luz del Mundo se reúnen de forma física en eventos donde asisten incluso legisladores federales y locales, así como actores políticos asociados a este grupo religioso, Alma no está presente en los eventos; ella sólo se conecta mediante una videollamada que es proyectada a los seguidores, quienes le aplauden.

Twitter

La Universidad Sämann. Centro de reclutamiento

La ausencia de Alma

En mayo pasado en un evento organizado con motivo del Día de las Madres, el animador decía a los asistentes: “Vamos a darle un aplauso a la licenciada Alma Zamora, un fuerte aplauso hasta donde está. Una porra: una, dos, tres. A nuestra presidenta, toda nuestra gratitud. ¡Que se note la alegría!”.

Y aun cuando Alma Zamora no es perseguida por la justicia, evita las demostraciones públicas. La última vez que apareció fue el 19 de marzo del año pasado vía Zoom, como invitada de la CEDHJ para el informe de actividades de la comisión correspondiente al año 2020.

Pese a la ausencia física de Alma, la asociación civil que ella fundó en 2016 mantiene nexos con el poder en Jalisco y en otros lugares donde la Luz del Mundo se cuela en grupos políticos.

La asociación civil Alma de Mujer y Vida, que imparte talleres sobre empoderamiento de mujeres y equidad de género, conmemoró en su Facebook apenas el martes 14 el aniversario 30 de la boda entre Alma y Naasón, condenado a 16 años ocho meses de prisión por la violación a mujeres y niñas, según el juez californiano que emitió el fallo y llamó “depredador sexual” al inculpado.

El 31 de enero de 2017 se registró ante el Instituto Mexicano de la Propiedad la marca Alma de Mujer y Vida, A.C., bajo el giro de servicios jurídicos. La asociación organiza talleres de empoderamiento en varios municipios de Jalisco.

Documentos públicos evidencian de la relación entre la A.C., de la esposa de Naasón y la CEDHJ en un convenio para impartir talleres que eviten la discriminación, en ninguna parte del acuerdo oficial, con vigencia hasta agosto de 2022, indican que Alma de Mujer y Vida pertenece a una organización religiosa.

Precisamente la comisión jalisciense emitió un comunicado el mismo día que Naasón fue sentenciado en California en el cual pedía el respeto de la sociedad a los integrantes de la Luz del Mundo, sin mencionar el contexto criminal que rodea al líder de ese grupo.

“Estoy convencido que en los momentos y circunstancias difíciles es cuando más debemos permanecer en unidad y reflexión”, se lee en el documento firmado por el director de la comisión, Alfonso Hernández Barrón, con quien la asociación civil tiene una cercanía, al haberlo galardonado por participar en sus programas de radio mediante la entrega de un diploma en marzo de 2021, que firmó Josías Javier Espinoza Zamora, cuñado de Naasón.

Con la CEDHJ, Alma de Mujer y Vida tiene siete convenios de colaboración, según documentos públicos disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia. Asimismo, en 2019 recibió del ayuntamiento de Guadalajara 55 mil 763.40 pesos bajo el concepto de “subsidio” sin que se aclararan los motivos.

Y con el Inmujeres de Guadalajara hay otro convenio de colaboración para “programas en beneficio de la sociedad tapatía” con vigencia al 30 de septiembre de 2024.

El viernes 17 de junio la asociación fundada por Alma Zamora informó a sus seguidores sobre la clausura del diplomado sobre derechos humanos que impartió la CEDHJ.

El 27 de abril pasado, la labor de Zamora fue reconocida incluso por la Cámara de Diputados por “fomentar el empoderamiento”. El documento está firmado por la diputada federal morenista Dulce María Silva Hernández y por Nallely Gutiérrez Gijón, la presidenta ejecutiva de la Asociación de Municipios de México A.C.

De Alma Zamora hay poca información pública. Se sabe que tiene tres roles públicos: esposa de Naasón, madre de tres hijos y presidenta de la A.C., que lleva su nombre. Con el líder de la Luz del Mundo se casó en junio de 1992. El matrimonio procreó tres vástagos: el varón Adoraím y las mujeres Eldai y Sibma.

Según reportes de prensa consultados, las dos hijas se casaron dentro de su propia iglesia. El enlace de Eldai se llevó a cabo en un hotel de Los Ángeles, pese a que su padre ya estaba preso en esa ciudad.

A partir de 2020 los fieles al grupo religioso comenzaron a referirse a ella públicamente como Alma Zamora Espinoza, su nombre de soltera.

Negocios paralelos

En ninguno de los eventos públicos recientes que la A.C., de la Luz del Mundo celebra con instituciones públicas y laicas ha estado presente Alma Zamora. En su lugar aparece Yolanda Almaguer Esparza, quien también funge como directora de la Universidad Sämann de Jalisco, una institución educativa privada operada por Recab de México, otra asociación civil ligada a la Luz del Mundo.

Según Sharim Guzmán, esposo de Sochil Martin, una de las denunciantes de Naasón en California, la Universidad Sämann es uno de los centros de reclutamiento de víctimas. En entrevistas a los medios suele mencionar a la rectora de esa universidad, Ada Radai Pantoja Magallón, rectora de la universidad, quien tiene los mismos apellidos de la nueva integrante del Consejo Consultivo del Instituto de las Mujeres de Jalisco.

En un documento público (folio CEDHJ/0603//009/2020) se informa de otro convenio entre la CEDHJ y la Universidad Sämann para el intercambio de practicantes y prestadores de servicio social con vigencia al 1 de agosto de 2022, fecha en la que Hernández Barrón dejará el cargo de ómbudsman de Jalisco; otro da fe de un convenio de la Universidad Sämann campus Tijuana con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California para educación y divulgación de los derechos humanos y lo firmó Ada Pantoja.

Otro negocio ligado a la Luz del Mundo, según documentos públicos, con nexos y convenios con instituciones públicas es el hospital Siloes, ubicado a unas cuadras de la colonia Hermosa Provincia y donde se llevan a cabo eventos de la asociación de Alma Zamora.

Según un documento del Registro Público de Comercio de Jalisco (folio 40273) del 5 de enero de 2019, el hospital Siloes tiene como accionistas a Yolanda Almaguer, Atlaí Joaquín García, hermano de Naasón, quien aparece en el medio de difusión de su iglesia, Berea International, creado por el propio Naasón como orador en eventos públicos.

También figura Abner Levy Delgado Rivera, excandidato a la presidencia municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, por el partido Nueva Alianza, así como Abigail Lechuga Orozco –quien aparece como apoderada de un negocio de Naasón– y su hermano Benjamín en la empresa Viajes Huatulco, S.A., según el documento del Registro Público de Comercio de Jalisco (folio 85880) fechado el 26 de septiembre de 2001.

El hospital Siloes, a través de su representante legal, Zurisadai García Castañeda, firmó un convenio con el municipio de Tlaquepaque, Jalisco, en materia de servicio social y prácticas profesionales para el periodo del 21 de febrero de 2019 al 30 de septiembre de 2021, de acuerdo con un documento de acceso público en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Resalta que el mismo semestre de 2019 que fue detenido Naasón con su asistente Susana Medina Oaxaca a su arribo a Los Ángeles en un avión privado, el hospital Siloes registró movimientos en su dirigencia; lo mismo ocurrió con la empresa Bienes Inmuebles Samlai, S.A. de C.V., que se constituyó como sociedad, según el Registro Público de Comercio de Jalisco con el folio 1088 con fecha de 8 de marzo de 2019, en el que se asienta que la misma representante legal del hospital, Zurisadai García, es accionista, y el hermano de Naasón, Atlaí Joaquín, funge como gerente general.

Proceso buscó, sin éxito, a la diputada morenista Dulce María Silva Hernández, quien firmó el reconocimiento a la A.C., de Alma Zamora, para conocer su postura. También intentó contactar a la propia asociación mediante una llamada telefónica, la respuesta fue que no había quien pudiera responder preguntas. Y cuando la reportera llamó a la rectoría de la Universidad Sämann de Jalisco, nadie atendió el teléfono.

Germán Canseco

Silva Hernández. Evasivas

Antes de estallar la guerra, Ucrania ya era un centro internacional de tráfico de armas, pero tras la invasión de Rusia los expertos prendieron las alarmas: miles de toneladas de armamento que Estados Unidos y la Unión Europea están entregando a las milicias y al ejército ucraniano corren el riesgo de terminar en manos de mafias internacionales y organizaciones terroristas. No se trata sólo de rifles y municiones, sino de moderno material bélico, como los misiles antiaéreos Stinger: portátiles, fáciles de manejar y capaces de derribar un avión comercial… el “sueño” de muchos terroristas.

TONELADAS DE ARMAS EN UCRANIA MAFIAS Y TERRORISTAS

AL ACECHO

ANNE MARIE MERGIER

PARÍS.— La primera en lanzar públicamente la alarma fue Catherine de Bolle, directora ejecutiva de Europol: “Es de temer que parte de las armas entregadas a Ucrania acaben en malas manos”, advirtió el pasado 28 de mayo en una entrevista con el diario alemán Die Weld.

“Queremos evitar que se reproduzca la situación que conocimos hace 30 años, a raíz de la Guerra de los Balcanes”, insistió aludiendo a la irrupción en el mercado negro de armasdearsenales militares de la exYugoslavia que acabaron en manos de mafias, de grupos políticos armados y organizaciones terroristas en África, Medio Oriente y Europa.

Cuatro días después Jürgen Stock, secretario general de Interpol, se mostró aún más pesimista:

“Tan pronto como callen las armas empezará el tráfico ilegal de material bélico. Es lo que enfrentamos en otros numerosos escenarios de guerra. Ahora, en el momento mismo en que estamos hablando, los criminales están al acecho”, aseguró Stock el pasado 1 de junio en una reunión que sostuvo en París con corres-

ponsales de prensa de Gran Bretaña y Estados Unidos.

Y agregó: “Grupos criminales buscan explotar las situaciones caóticas para sacar provecho de la gran cantidad de armas disponibles. Tienen inclusive en la mira pertrechos de las fuerzas militares regulares y material de guerra pesado. Todo eso acabará en mercados ilegales y se convertirá en un auténtico desafío para nosotros. Ningún país, ninguna región puede encarar semejante reto en forma aislada porque estos grupos actúan a nivel global”.

Y por si eso fuera poco, agregó:

“Es previsible que estas armas lleguen a Europa. Es realmente preocupante. Y es obvio además que el tráfico se extenderá a otros continentes”.

Tanto Catherine de Bolle como Jürgen Stock insistieron en que los dirigentes políticos deben multiplicar medidas de control drásticas. ¿Pero cómo controlar en plena guerra el destino de miles de toneladas de armas que fluyen esencialmente de Estados Unidos y la Unión Europea, y también de Australia o Canadá, hacia Ucrania, país que después del derrumbe de la Unión Soviética se convirtió en un punto neurálgico de tráficos de seres humanos, drogas y sobre todo de armas?, se preguntan todos los expertos internacionales, entre ellos los de la Iniciativa Global en contra del Crimen Organizado Transnacional, centro de investigación relacionado con la Interpol.

En principio el Tratado de las Naciones Unidas sobre el Comercio de Armas (TCA), que entró en vigor en 2014 y fue firmado por los países involucrados en la ayuda militar a Ucrania, busca impedir que el material bélico caiga en el agujero negro del tráfico.

/UCRANIA

Zelenski. Decretos de emergencia

“Fuga de material bélico”

Las licencias de exportación de armamento tienen cláusulas específicas que prohíben su reventa a terceros o estipulan que esa reventa sólo se puede hacer con el acuerdo del vendedor. Ciertos países, como Alemania, agregaron una cláusula de control que da al vendedor la posibilidad de verificar in situ si el estado del arsenal que proporcionó a su cliente sigue correspondiendo al contrato firmado.

Es ese el tipo de control que preconizaba realizar en Ucrania la Oficina del Inspector General del Departamento de Defensa (DOD) de Estados Unidos. Su iniciativa fue de inmediato descalificada y rechazada por Cara L. Abercrombie, directora de la Agencia de Cooperación en Seguridad de Defensa del mismo DOD, debido a las condiciones de inseguridad que imperan en ese país y a la falta de personal para cumplir semejante misión.

Organizaciones de supervisión del comercio internacional de armas, como la Asociación de Control de Armas y el Centro Stimson, aseguran que el Departamento de Defensa sólo lograría monitorear los poderosos misiles Javelin y sus sistemas de lanzamiento, así como modernos dispositivos de visión nocturna que entregaron a Ucrania, porque todos están dotados de “cajas negras”.

Periodistas de investigación rusos aseguran sin embargo que ya estos Javelin estarían en venta en la dark web con un precio de 15 mil dólares por unidad. La información aún no ha sido confirmada por investigadores y servicios de inteligencia occidentales. Pero el 16 de junio Serguéi Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, aseguró en entrevista con el canal televisivo ruso NTV que tanto los cohetes Javelin como los Stinger se encontraban en el mercado negro de armas. No detalló precios.

El Departamento de Estado reconoce por su lado que solamente controla 1% de las licencias de venta de armas y que la cuarta parte de ese 1% no respeta los acuerdos firmados.

En una nota publicada el pasado 14 de mayo en The Washington Post, Rachel Stohl, experta en control de armas y vicepresidenta del Centro Stimson, denuncia: “Resulta sencillamente imposible verificar a dónde van todas las armas y quiénes las usan, ni siquiera se puede saber qué uso se les da.…”.

Las autoridades estadunidenses y europeas aseguran que exigen de sus homólogas ucranianas un registro escrupuloso y actualizado del estado de sus arsenales y de la cantidad de material bélico destruido.

Es una tarea imposible de realizar en la situación de guerra intensiva que vive

Misiles Javelin. En el mercado negro

el país, denuncian los expertos, que insisten una y otra vez en el papel que el mercado negro de armas ucraniano ha cumplido en el tráfico internacional a lo largo de las tres últimas décadas.

“Después de la guerra resultará primordial usar todos los instrumentos internacionales jurídicos, políticos y de inteligencia para impedir la ‘fuga de material bélico’”, insiste Edouard Jolly, coautor de Balas Perdidas, un denso informe sobre el tráfico internacional de armas publicado en enero del año pasado por el Instituto de Investigación Estratégica de la Escuela Militar de París que depende del Ministerio de las Fuerzas Armadas galas.

Aun así el control será difícil. Presionado por la necesidad apremiante de combatir la invasión rusa, el presidente Volodímir Zelenski firmó decretos de emergencia que autorizan a la población a comprar y vender libremente pistolas y fusiles, al tiempo que ordenó distribuir armas de guerra de manera masiva entre voluntarios de la defensa civil. Todo parece indicar que por falta de tiempo no se llevaron a cabo los debidos registros de las armas repartidas y de quiénes disponían de ellas.

Teniendo en cuenta la amplitud de los tráficos que imperan en el país, los especialistas no creen en el éxito de eventuales campañas de restitución o de decomiso de armas cuando impere de nuevo la paz.

Demoledor es el informe sobre Ucrania publicado por Small Arms Survey, respetada organización suiza independiente que investiga el tráfico internacional de armas ligeras y de pequeño calibre (ALPC).

Su autor, Anton Martyniuk, colaborador de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), hace la lista de los factores que permitieron que Ucrania se impusiera en el mercado negro europeo de armas entre 1991, año de su independencia, y 2017, año de la publicación del informe.

El experto señala como factores una legislación ambigua y permisiva sobre la posesión de armas, la corrupción generalizada –“heredada de la URSS”– que gangrena el país y sobre todo el caos económico, político y social que siguió a la desaparición de la Unión Soviética.

En el campo específico de las armas el caos fue total en esa exrepública socialista que asumía 30% de la gigantesca producción de armamento de la URSS.

Recalca Martyniuk: “El derrumbe de la URSS y la retirada del ejército soviético de Europa Oriental generó un problema de control de armas y municiones sin precedente en Ucrania. Las fuerzas militares soviéticas abandonaron, entre otros, inmensos arsenales de armas ligeras y de pequeño calibre (ALPC), de municiones, granadas y minas sin inventarios ni registros. En 1992 los militares ucranianos disponían de reservas de 7.1 millones de ALPC, en 2007 ese arsenal era de 6.2 millones de armas”.

Casi 1 millón de armas desvanecidas en 15 años… Según el experto de Small Arms Survey, los oficiales ucranianos aludieron a la destrucción de muchas de ellas y a ventas lícitas. No convencieron. Investigaciones ulteriores evidenciaron la fuga de material bélico hacia el mercado negro.

Todo empeoró en 2013 con las tensiones crecientes que sacudieron el sur y el este de Ucrania y desembocaron en 2014 en la anexión de Crimea por Rusia y el inicio de la guerra en Donbás entre las fuerzas separatistas fieles a Moscú y batallones de combatientes voluntarios ucranianos.

“Integrantes de ambos lados saquearon arsenales de los servicios secretos, de los Ministerios de Defensa y del Interior de las regiones occidental y oriental del país y de Crimea. Según datos de las autoridades ucranianas, entre 2013 y 2015 ‘desaparecieron’ 300 mil armas ligeras y de pequeño calibre. Las fuerzas del orden sólo recuperaron 4 mil de ellas, el resto quedó en manos de los beligerantes o fue absorbido por el mercado negro”, asegura Martyniuk.

Cruce de rutas

Los conflictos armados que sacudieron los Balcanes, como la Guerra de Yugoslavia (1990-1995) y luego la guerra civil en Albania (1997), son otros factores que permiten entender cómo las rutas de diversas mafias de traficantes de armas de esa explosi-

va región acabaron cruzándose en Ucrania, en particular en las ciudades de Odesa, Dnipropetrovsk, Járkov y en la capital, Kiev, recalca Edouard Jolly en el informe Balas Perdidas de la Escuela Militar de París

El investigador insiste en la importancia de la desintegración de Yugoslavia, país que hasta 1990 ostentaba una de las industrias militares más desarrolladas de Europa.

“Cada una de las seis repúblicas que integraban la República Federal Yugoslava contaba con su propia industria de armas”, subraya.

Después de haber agotado sus propios arsenales en la guerra fratricida que libraban, los combatientes serbios, croatas, bosnios y macedonios acudieron a las redes internacionales de traficantes para reabastecerse, puesto que la comunidad internacional había decretado embargos de armas contra la desgarrada Yugoslavia.

Creció de manera exponencial el comercio ilegal de material bélico en los Balcanes. Se calcula que entre 1993 y 1995 Croacia gastó 308 millones de dólares en armas, Bosnia 207 millones de dólares entre 1993 y 1994, y 800 millones de dólares en 1995.

Los acuerdos de Dayton firmados en París el 14 de diciembre de 1995 pusieron fin a los conflictos, mas no a las actividades de los grupos criminales, que siguieron muy activos en toda la zona. Recuperaron las armas de los beligerantes y en 1997 se “beneficiaron” de la guerra civil que trastornó Albania y desembocó en el saqueo de mil 200 depósitos de armas en todo el país. Se estima que 643 mil armas ligeras, 3.5 millones de granadas, 1 millón de minas y 3 mil 600 toneladas de explosivos desaparecieron de los arsenales.

Finalmente los grupos criminales lograron extender su influencia en Ucrania donde, además de los traficantes nativos, operaban organizaciones mafiosas oriundas de Chechenia, Rusia, Moldavia, Georgia, Azerbaiyán, Osetia del Sur y Turquía. Entre todos abastecieron el mercado ilícito de armas de Europa Occidental con el que llevan hasta la fecha jugosos intercambios de “mercancías”.

Edouard Jolly recuerda que los hermanos Kouachi, yihadistas afiliados a AlQaeda en Yemen, quienes perpetraron el atentado mortífero contra el semanario satírico Charlie Hebdo en enero de 2015, estaban armados con Zastava M70 yugoslavas, versión perfeccionada de la metralleta Kalachnikov, y con pistolas M70 del mismo origen. Dos de los tres terroristas que en nombre del Estado Islámico asesinaron a 130 personas en la sala de concierto del Bataclan el 13 de noviembre del mismo 2015, usaron por su parte una metralleta AKKS, copia búlgara de la Kalachnikov, y una versión albanesa de la metralleta china Norinco-56-1. Sus municiones provenían de Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Checoslovaquia…

Estos pertrechos no pasaron por Ucrania, pero queda claramente establecido que las exportaciones ilícitas masivas de armas que salieron de ese país en aviones de carga hacia África subsahariana sólo pudieron llevarse a cabo con el beneplácito de las autoridades ucranianas.

Entre los países destinatarios de estos arsenales destacan Chad entre 2004 y 2008, más recientemente la República Democrática de Congo y Sudán del Sur, sometidos todos a embargos de armas por parte de las Naciones Unidas.

Los expertos de Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Trasnacional que trabajan en estrecha colaboración con Interpol se muestran bastante preocupados por Ucrania en el informe que publicaron sobre ese país en 2021, unos meses antes de la invasión rusa.

Si bien reconocen que en los últimos años las autoridades ucranianas desplegaron esfuerzos para luchar contra el crimen organizado, no pueden dejar de constatar que “la corrupción sigue siendo un desafío sistémico y que las organizaciones mafiosas siguen gozando de altos grados de impunidad”.

Insisten: “Incrustados en posiciones de alto nivel del aparato de Estado, los actores criminales afectan el proceso democrático de distintas formas: compran votos en las elecciones, financian partidos y candidatos políticos y ejercen presión sobre la justicia”.

En el estricto campo del tráfico internacional de armas, la situación de Ucrania –sumamente preocupante en vísperas de la guerra que desató en su contra Vladimir Putin– amenaza con convertirse en bomba de tiempo.

Todos los servicios de lucha contra el terrorismo del mundo observan con inquietud creciente el envío masivo de misiles antiaéreos portátiles, de tipo Stinger estadunidense, a la vez fáciles de manejar y capaces de derribar un avión comercial. El “sueño” de las organizaciones terroristas…

El 15 de junio el presidente Joe Biden anunció un nuevo paquete de armas y municiones para Ucrania con un valor de mil millones de dólares. Se trata del mayor envío de material militar desde el inicio de la guerra. Incluye lanzamisiles antibuques Harpoon, obuses y municiones para sistemas de artillería de alta movilidad, armas antitanques, lanzacohetes múltiples Himars con un alcance de 70 kilómetros…

El anuncio se dio mientras estaba reunido en Bruselas el “grupo de contacto sobre Ucrania”, integrado por los 30 gobiernos de países miembros de la OTAN y de otros 20 países invitados. Participó en el encuentro Lloyd Austin, secretario de Defensa de Estados Unidos, quien exigió de sus aliados más esfuerzos para armar a Ucrania.

Por su parte el general Mark A. Miller, jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, contestó a la impaciencia de Volodímir Zelenski –que se queja de la lentitud con la que llegan a Ucrania las armas prometidas– enumerando los pertrechos que ya le fueron entregados: 97 mil sistemas antitanques –“más que los tanques que hay en el mundo”, precisó Miller–, 237 tanques, 6 mil 500 cohetes Javelin, mil 500 misiles Stinger, 20 mil sistemas contra blindados… Y no es una lista detallada.

AP photo / Susan Walsh

Los libaneses llegaron a México desde el último cuarto del siglo XIX con la identidad de los pueblos cristianos de Monte Líbano, la montaña que ubicaron en la que llamaron la Turquía asiática, en los inmensos territorios del Imperio Otomano. Habían nacido bajo el régimen del Moutassarifiah, creado luego de la guerra en la montaña, que hizo intervenir a Francia en defensa de los maronitas en 1861. Los que llegaron eran nacionales sin tener una nación; es decir, tenían un sentido de la identidad libanesa sin haber pasado por una modernización que les permitiera ser parte de algo semejante a los países constituidos. Llegaron como turcos; las definiciones políticas europeas los hicieron sirio-libaneses después de la Gran Guerra, cuando las potencias impusieron sus mandatos. Se asumieron como libaneses en la década de 1920, para ser árabes cuando, en 1945, se conformó la Liga Árabe, y Líbano –que acababa de proclamar su independencia en 1943– se encontró entre los primeros Estados que la suscribieron. Las formas identitarias de los inmigrantes se transformaron junto con la historia de México y los acontecimientos en Medio Oriente, hasta reconocerse mexicano-libaneses.

Después de los reacomodos territoriales que pusieron fin al Imperio Otomano, los inmigrantes que ya estaban fuera o continuaban saliendo, como es natural, se enfrentaron con dificultades para entender y definir su procedencia cuando iniciaron su periplo hacia América. Cuando llegaron a México sólo sabían que su pasaporte, cuando lo tenían, o algún otro papel oficial, les daban la nacionalidad turca. Por lo general su referencia eran los pequeños poblados, de allí probablemente la designación del bled –el terroir, en francés– para referirse al terruño…

Los inmigrantes procedentes de Monte Líbano se identificaron como cristiano maronitas, ese “pueblo aparte en todo el Medio Oriente, como lo definieron los viajeros franceses de Volney a Lamartine y Nerval. Y fue frecuente escuchar, como lo hizo el padre Daoud Assad al llegar a México, que venía de “Monte Líbano”, el país de los “maronitas”, al que también llamó la “nación maronita”…

Así, la comunidad maronita fue la primera en organizarse en México porque los libaneses cristianos fueron pronto la mayor pare de los inmigrantes del Medio Oriente que llegaron aquí. Venían principalmente de Monte Líbano porque, de acuerdo con las estadísticas de los primeros informantes, 563 registraron allí su residencia; otros mencionaron más específicamente sus poblados; 535 se dijeron procedentes de Beirut, que lo indicaron no por tener allí su residencia sino por haber salido de ese puerto; de Hasroun procedieron 505 personas; de Jael (Biblos) 211; de Zgharta 113, y de Jezzine 63, aunque también se citaron otros muchos poblados. Lo importante es que sumaron más de mil quienes dijeron proceder de Monte Líbano y de Beirut, lo que puede ocultar el lugar real de su nacimiento por preferir dar los nombres de los lugares más conocidos y no siempre contaban con un documento oficial que demostrara su aseveración.

Los inmigrantes por lo general eran jóvenes; por el temor de ser enrolados en las filas del ejército otomano muchas veces sus padres los animaron a salir, por eso la mayor parte de ellos estaban en sus 15 y 20 años de edad cuando llegaron. De los que acudieron al registro a partir de 1926, habían nacido 52 en 1870, otros 98 en 1880 y 157 en 1890. Con el siglo XX, es decir, en 1900, nacieron 197; para 1910 fueron 144, y en 1914, cuando las cifras de nacimiento comenzaron a disminuir, habían nacido 11 libaneses registrados en tarjetas migratorias de identidad que comenzaron a realizarse en ese año. A ellos les corresponden los primeros registros de la presencia de los nativos de Levante en nuestro país

Dib Murillo y Julian Slim: vidas paralelas

Esta es la historia común de dos migrantes, pero también la de muchos que debieron abandonar su tierra por cualquier causa, porque nadie elige el lugar donde nace. Ambos llegaron a México con 10 años de diferencia: el primero, Kahil Slim, en 1902, que muy pronto respondió al castellanizado Julián, y 10 años después, en 1912, llegó Dib Murillo. Como todos los que venían de Monte Líbano, se iniciaron como comerciantes; sin embargo, el primero se convirtió pronto en un singular empresario modelo, y el segundo, como la mayoría, mantuvo a lo largo de su vida su ocupación en el comercio que los congéneres atribuyen al legado de sus antepasados, los fenicios.

Dib Murillo dejó probablemente el testimonio más vívido de la salida de un nativo de Monte Líbano, lleno de acontecimientos y detalles de la historia de su tierra. Nació en 1892 en Auterin, un pueblo situado a mil 300 metros de altura, con parajes como otros de donde eran nativos los cristianos maronitas…

Julián Slim nació el 17 de julio de 1887 y contaba: “Llegué a Veracruz después de un penoso viaje de 30 o 35 días, para seguir a la Ciudad de México, en mi camino a Tampico”, en 1902, cuando sus hermanos mayores ya habían llegado, en las postrimerías del siglo XIX. Y en Tampico estableció una mercería; al poco tiempo sus hermanos optaron por irse con sus negocios a la Ciudad de México y Julián les alcanzó en 1904. Al llegar alquilaron una casa para vivir en la calle de Universidad 5, ahora calle Maestro Erasmo Castellanos Quinto, en pleno Centro.

Pedro Slim fundó entonces una de las primeras “cajas de ahorro” ubicada en la Plaza del Volador, al lado de Palacio Nacional. Muy cerca, Julián y José establecieron, desde 1911, La Estrella de Oriente en los locales 104 y 106 de la 6ª Calle de Capuchinas, aportando cada uno 25 mil 800 pesos…

Así, desde las primeras décadas del siglo (XX) fueron apareciendo tiendas y negocios asociados con apellidos libaneses en un amplio abanico que va desde la muy surtida mercería de Julián Slim, La Estrella de Oriente, en el Centro de la Ciudad de México, la modesta tienda de Dib Murillo, El Azteca, por el centro de la ciudad de Actopan, Hidalgo. Les llamaron por lo general con nombres que aludían a los lugares de donde llegaron o a voces mitológicas con reminiscencias del Medio Oriente, hasta aquellos vinculados con la cultura mexicana, con la cual siempre se sintieron agradecidos y buscaron hacerlo patente…

Transculturización

Hay una literatura contemporánea de los hijos de los inmigrantes libaneses en México, curiosamente más cercana del Mahar, en cuanto a su temática, que la escritura de los primeros.

En México se trató de un doble discurso: mientras, por un lado, se buscaba la asimilación aceptando que la cultura no es algo inmutable, por el otro, se volvía a los orígenes. Quizá luego se tuvo la conciencia del temor de la “desculturación”, que llevó a la degradación de la cultura de origen. Aunque probablemente se trataba más bien de una “transculturación, la adquisición desde un nuevo código sin pérdida del anterior”.

El más destacado, y quien ha acumulado el mayor número de lectores, ha sido el poeta Jaime Sabines, quien decía: “Hay que meterse en la vida para hablar de la vida”.

Jaime, uno de los poetas más leídos por diferentes generaciones, nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 25 de marzo de 1926. Fue el hijo de Julio Sabines, un inmigrante procedente del pueblo de Saghbine –del cual deriva su apellido– en el fértil valle de Bekaa en Líbano, del cual salió en 1902 en plena erosión del Imperio Otomano.

Un hombre de teatro fue Héctor Azar, quien destacó por sus creencias que permitieron a la Dirección de Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México triunfar en el Festival Internacional de Nancy en 1965, con la puesta en escena por Juan Ibáñez de Divinas palabras obra de Ramón María Del Valle-Inclán. Héctor, el maestro, como inevitablemente le llamaban quienes lo conocieron, fue un activo promotor de la actividad teatral desde que fundó y dirigió el teatro Coapa en 1954, fecha de arranque para el Teatro del Caballito, el Centro Universitario de Teatro, el Teatro de los Arcos en Chapultepec, el foro Isabelino, la Compañía de Teatro Espacio 15, la Compañía Nacional de Teatro, el Centro de Arte Dramático (CADAC) en el histórico centro de Coyoacán. Sus iniciativas no pararon en la capital de la República, sino en Taxco, en el estado de Guerrero, y en Atlixco, en Puebla, estado donde fue director de cultura…

Existe una fuerte relación entre el primer grupo de escritores del Mahjar con dos de las primeras figuras del cine mexicano: Miguel Zacarías (1905-2006) y Antonio Helú (19001972), porque ambos crecieron en ese ambiente en el que la comunidad libanesa vivió tensiones del final y del principio de un proceso, de la salida de sus padres de la Montaña libanesa y su llegada y adaptación al nuevo país. También René Cardona Zacarías; Rafael Villaseñor Kur, Antonio Guerrero (Henaine).

Sus nombres en las marquesinas: María Sorté (Harfush); Antonio Badú (Antonio Namnun Napes); Leonora Amar; Esperanza Issa Abud; Mauricio Garcés (Mauricio Férez Yazbek); Gaspar Henaine; Donna Behar; Antonio de Hud; Jorge Chi Sarelli (Tufic Jacobo); Hermes Yerye Beiruete; Odiseo, Demían y Bruno Bichir; Salma Hayek; José María Yazpiik; Mauricio Kuri. Los documentalistas Jaime Kuri Aiza; Tufic Makhlouf Aki; Eduardo Azuri. Cantantes como Alfredo Bojalil (El Güero Gil requinto de Los Panchos), Chucho Martínez Gil (Jesús Bojalil); Susana Harp Iturribaria; Astrid Hadad; Jeannette Macari Graniel; Eblen Macari. Presencia política

En la política ha sido reconocida la presencia de inmigrantes libaneses en las filas revolucionarias desde los comienzos del siglo XX.

Se comenzaron a vincular los hijos de los inmigrantes en los espacios institucionales en el último cuarto del siglo XX, cuando triunfan en las elecciones, aun con la ambigüedad de ser descendientes de libaneses e hijos de mexicanos. El primero que se reconoce es Juan Sabines Gutiérrez, quien fuera gobernador de Chiapas entre 1979 y 1982, postulado por el Partido Revolucionario Institucional. En Quintana Roo ha destacado la familia encabezada por Nassim Joaquín (originalmente Hakim) Ibarra (antes Isbora), quien llegó a México en la década de 1920. Se convirtió en accionista de la línea aérea Mexicana de Aviación, concesionario de la Distribuidora de Combustibles de Quintana Roo, que surtía a todas las gasolinerías de la región…Ha sido tan poderoso que se le conoce como El Tatich (cacique en maya) y durante mucho tiempo se le debía consultar respecto a los cargos públicos en la entidad. Por eso no resultó difícil que su hijo Pedro Joaquín Coldwell resultara gobernador siendo el más joven en la historia política del país en ocupar un cargo con apenas 31 años. Addy, su hermana, fue senadora, y Carlos Joaquín González, su familiar, es el actual gobernador.

Miguel Borge Martín gobernador de Quintana Roo 19871993, su padre fue inmigrante libanés que llegó muy niño a Cozumel; Roberto Jorge Angulo, su sobrino, fue gobernador para el periodo 2011-2016.

Salvador José Neme Castillo fue gobernador constitucional de Tabasco de 1989 a 1992; Jorge Salomón Azar García fue gobernador constitucional de Campeche entre 1991 y 1997, seguido por José Antonio González Curi entre 1997-2003.

Emilio Chuayffet Chemor, gobernador del Estado de México 1993-1997, su familia procede del poblado de donde se deriva sus apellidos; Jesús Murillo Karam, gobernador constitucional de Hidalgo 1993-1998, su familia procede de Monte Líbano, lo mismo que Omar Fayad, actual gobernador de esa entidad; Jorge Morales Barud fue gobernador del estado de Morelos 1998-2000, sus abuelos fueron originarios de Tannurin, en Líbano; Miguel Ángel Yunes Linares (ex)gobernador de Veracruz; Antonio Gali Fayad gobernador de Puebla 20172018; Mauricio Kuri González gobernador de Querétaro.

Empresarios y hombres de negocios

Entre los primeros, Antonio Letayef, quien rebasó el comercio tradicional para entrar en la importación/exportación y supo relacionarse nada menos que todavía en los periodos de los presidentes Porfirio Díaz y Venustiano Carranza.

Los Slim, encabezados por José, Pedro y Julián, forjaron una dinastía que se prolongó desde Líbano –relacionada también con la familia Haddad de Jezzine– al México de nuestros días. Carlos Slim Helú, hijo de Julián Slim, el hombre más rico de México y uno de los primeros del mundo; Alfredo Harp Helú, primo de Carlos Slim, fundador de la Bolsa de Valores de México. En 2005 las empresas de la familia Slim representaban 8.7 del PIB de México.

Otros empresarios que también participan activamente en el mundo de negocios en México son Antonio Chedraui Caram, Miguel Arturo Layun Prado, Miguel Sabah Rodríguez, Jesús Alfredo Miguel Afif, Víctor Aboumrad, Roberto y José Chapur Zahoul, Asís Abraham Daguer y José Chafick Hamdam, Carlos Slim Domit y Daniel Hajj.