Y en Chapala, el “boom” de las invasiones

operaciones en las cuales aparentemente su mamá, Martha Merlo (una ama de casa) se los dona.

La mujer pagó 1.4 millones de pesos de tres cuentas en un mismo día, comprando a 7 mil pesos el metro cuadrado, detalla la denuncia.

Apapacho gubernamental

En un caso similar, publicado en el portal Primera Línea, se dio a conocer que a partir de la muerte del doctor Gerardo Ricárdez Bernardino se ha intentado despojar a su viuda de siete terrenos, mismos que presuntamente fueron vendidos a precios irrisorios a diversas personas ante la fe del notario 84, Jorge Zárate Ramírez.

Luego de un año de señalamientos, el 16 de marzo último el gobernador Murat realizó cambios en su gabinete, según él para “continuar fortaleciendo las acciones gubernamentales”.

Murat Hinojosa designó como director general del Registro Civil a Francisco Javier Silva Contreras y como nuevo director general del Instituto Catastral del estado de Oaxaca a Joaquín Velásquez Ceballos.

Jorge Armando Zárate Medina, funcionario del Instituto Catastral vinculado en las denuncias como presunto implicado, fue premiado con una notaría, aunque los nombramientos se mantienen en reserva hasta que Murat concluya su mandato.

FB Instituto Catastral del Estado de Oaxaca - ICEO

…Y EN CHAPALA, EL BOOM DE LAS

INVASIONES

En Chapala, Jalisco, se ha detonado la fiebre de despojos de propiedad privada e invasiones en zona federal, operaciones en las cuales participan funcionarios públicos, políticos y empresarios. Para concretar los robos estos personajes se han coludido con notarios públicos, algunos de ellos ya sancionados por su dudoso proceder. Un caso es el del panista José de Jesús Arambul, quien se ha hecho de terrenos de la nación para fraccionarlos y vender sus lotes.

GLORIA REZA

CHAPALA, JAL.— Este municipio, donde se ubica el lago más grande de México, aparece en el registro de denuncias por despojo de propiedad privada e invasiones a zona federal por parte de particulares y de políticos–empresarios, quienes están coludidos con notarios con el propósito de hacer negocios millonarios.

Muestra de ello es lo que pretende hacer el panista y excandidato a una dipu tación local José de Jesús Arambul Solorio, quien se apoderó de terrenos de la nación.

Ahora ofrece 11 lotes que suman 4 mil 466 metros cuadrados en la delegación de San Antonio Tlayacapan, mediante su empresa Grupo AS Bienes Raíces. La compañía vende el metro cuadrado entre 6 mil 500 y 8 mil pesos, con lo cual el político obtendría ganancias por aproximadamente 36 millones de pesos.

Jesús Arambul fue funcionario en el gobierno del panista Emilio González Márquez, donde ocupó el cargo de coordinador en la Secretaría de Movilidad.

En junio de 2015 la Contraloría del estado lo inhabilitó por un año porque omitió presentar su declaración final de situación patrimonial en 2013, al separarse del cargo.

El 1 de abril último los vecinos denunciantes, cansados de la invasión a zona federal, convocaron a una manifestación en ese punto. Ahí estaba presente Arambul, quien se ostentó como propietario e, incluso, mostró la escritura 19965.

Los inconformes tomaron una fotografía del documento emitido por el notario público número 126 de Guadalajara, Álvaro Guzmán Merino, con fecha 3 de febrero de 2021. En ella se asegura que Gerardo Ponce Gómez vendió el predio a Arambul.

De acuerdo con la presidenta de “Amigos del Lago de Chapala”, Alicia Córdova, Gerardo Ponce, quien se ostenta como abogado, “está involucrado en otros fraudes inmobiliarios en la ribera”.

El 22 de octubre pasado Arambul inscribió ante el Registro Público de la Propiedad y Comercio el terreno ubicado en “la división que se encuentra entre los límites de San Antonio y Ajijic”.

Defensa ciudadana

Del notario destaca que fue suspendido de sus funciones durante un año, según consta en el Periódico Oficial de Jalisco de fecha 24 de julio de 2020.

Ahí se publicó que, tras abrirse un proceso administrativo de responsabilidad notarial contra Guzmán Merino, el gobernador Enrique Alfaro resolvió suspenderlo.

Al respecto, el presidente del Colegio de Notarios, Jaime Natera López, dijo que el notario Guzmán tiene responsabilidad por escriturar zona federal, e incluso cuenta con varias sanciones. Y confirmó que está suspendido de nuevo, ahora por dos años y nueve meses.

“Fue suspendido Álvaro Guzmán por escrituras mal hechas (…) Está suspendido, si mal no recuerdo, a partir de hace dos meses”, dijo.

Jaime Natera aclaró que en ese tipo de anomalías no sólo está involucrado ese notario, también abogados, e incluso, en ocasiones, la “gente más allegada” al notario es la que podría cometer el delito.

Recordó que los notarios tienen la obligación de revisar los antecedentes de las escrituras. Y coincidió con Alfaro en que debe existir cero tolerancia hacia notarios que se presten a corruptelas.

Ante la presunta irregularidad de la escritura que emitió Guzmán Merino, el 11 de abril último, el activista y vecino de Ajijic, Julio César Carmona, presentó vía el portal de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción una denuncia –166/2022, agencia 10– contra el político panista.

Expone que, de encontrarse “hechos constitutivos de delitos, es importante que se dé parte a la Fiscalía del estado de Jalisco, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría del Medio Ambiente”.

Foto: Especial

Colusión e influencias.

También exfuncionarios estatales y municipales, en complicidad con notarios, han permitido que surjan de manera anómala “nuevos propietarios” en esta misma zona, denuncian los afectados.

Verónica Aguilar Delgado, de la comunidad indígena de San Antonio, refiere que hace 18 años se interpuso un juicio agrario contra el ejido Chapala porque estaba invadiendo sus tierras.

El juicio les resultó favorable, pero el ejido Chapala interpuso un recurso y en menos de seis meses les dieron un revés, con el argumento de que no tienen

el carácter de comuneros de San Antonio, aunque cuentan con un título virreinal.

Aguilar Delgado expuso que forman parte del ejido de Chapala el actual presidente municipal, panista y empresario Alejandro Aguirre Curiel, y su antecesor, el emecista Moisés Anaya.

También forman parte del grupo el exalcalde panista de Chapala Joaquín Huerta, así como el exregidor del PRI, Juan de Dios García. Óscar Anaya, papá de Moisés, fue expresidente del ejido de Chapala y también dice ser ejidatario de Santa Cruz de la Soledad. Otros exalcaldes que aseguran ser ejidatarios son los hermanos, Javier y Gerardo Degollado, del PRI.

Todos los exalcaldes son miembros del ejido desde antes de ocupar el cargo; sin embargo, aclaró Verónica Aguilar, “tenían un terrenito” y tras asumir la alcaldía adquirieron otras extensiones de tierra.

“Son parte del grupo de ejidatarios de Chapala, y es por eso que también venden y se apoderan de terrenos” federales, dijo. Más robos

Un caso más fue el ocurrido el 12 de abril pasado, cuando intentaron despojar a la familia Ibón de su propiedad en Ajijic.

Explican que ese día acudió en calidad de abogado el extitular de la Unidad Departamental del Registro Público de la Propiedad en Chapala, Omar Pérez Contreras –quien se ostenta como representante legal de Arambul–, y el director de Reglamentos de Chapala, Omar Tonatiuh Cañedo, quien dejó el cargo en diciembre último luego de protagonizar un accidente vehicular, al presuntamente conducir en estado de ebriedad.

También estuvo presente el empresario Ricardo Covarrubias Valenzuela, quien, junto con sus hermanos Juan Arturo, José Luis y Héctor, es dueño de las compañías Motormexa, Covasis, Coordinadora JLC, y Santa Cruz Inmobiliaria.

En el intento de despojo a la familia Ibón también participó el notario público 1 de Tuxcueca, Sergio Antonio Macías Aldana, quien fue suspendido 18 meses para desempeñar la función notarial, desde enero de 2020 a julio de 2021.

El notario ya había sido amonestado públicamente por la Dirección del Archivo e Instrumentos Públicos del Estado por anomalías en transmisiones patrimoniales.

Al predio de 4 mil 600 metros cuadrados, aledaño al fraccionamiento residencial Riviera Alta, ingresaron los cuatro hombres y con maquinaria pesada derribaron una construcción en la que se almacenaba alimento para animales.

Josué Ibón recuerda que llegaron para reclamar el predio Los Ahuilotes, pero el suyo se llama El Tepetate.

“Aun así argumentaron que en la oficina del Catastro indicaron que era el predio que ellos buscaban. Mostraron una escritura de compra-venta de 2009, emitida por la Notaría Pública número 1 de Chapala. Pero el inmueble pertenece a mi familia desde 1920, nunca ha sido vendido ni se encuentra intestado”, expone Josué.

Precisa que se encuentra en juicio sucesorio testamentario, y lo curioso es que, “a punto de darse resolución a nuestro procedimiento, nos pierden los documentos fundatorios y después el expediente. Es extraño también que nuestro caso no es el único, pues existen otros en los Juzgados Civiles Primero y Segundo de Chapala”.

Explica que, al darse a conocer en la comunidad el intento de despojo, le informaron que varias personas tienen un problema similar con Omar Pérez o con la familia Covarrubias, quien intenta quitar terrenos a los ejidatarios de Santa Cruz de la Soledad.

La familia Ibón presentó una denuncia, la cual quedó registrada con el número de carpeta de investigación 1869/2022.

María de Jesús López Rodríguez, ejidataria de Santa Cruz de la Soledad, denuncia que la familia Covarrubias encabeza una “maquinaria de despojo”.

En su caso, los empresarios pretenden quitarles 450 hectáreas para construir, junto con el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco –por medio de un fideicomiso–, un complejo turístico en el cerro del Junco mediante Santa Cruz Inmobiliaria.

Recuerda que hace 12 años en el intento de despojo al ejido participaron el notario de Chapala número 4, José Juan Rodríguez Avilés, y el notario 76 de Guadalajara, Pablo Prado Blagg, quien previamente se desempeñó como funcionario de la Secretaría Agraria.

Jaime Natera corroboró que Macías Aldana “sí fue suspendido, cumplió su sanción y está trabajando otra vez en Tuxcueca. Al día de hoy, no tengo ninguna queja (…) y si llega, tendríamos que dictaminarla para que la dictaminación sea conforme a derecho”.

Gloria Reza

Invasión en Chapala

Crisis desde 2005

El presidente del Colegio de Notarios se enteró de que la información respecto a Rodríguez Avilés “no fue proporcionada en forma veraz en el Juzgado de Distrito para que le hagan los apercibimientos correctos”, e indicó que la organización no cuenta con ninguna queja ni sanción.

De Prado Blagg dijo también que tiene el expediente limpio, y comentó que es “una persona que toda su vida se ha dedicado al derecho agrario, es una persona que en mi concepto es correcta y hace bien su trabajo”.

En la presente administración estatal han sido sancionados al menos 10 fedatarios y se desahogaron 21 quejas contra ellos en el Colegio de Notarios.

Alicia Córdova recordó que el boom de invasión de zonas federales comenzó en 2005, en la administración municipal de Arturo Gutiérrez Tejeda, debido a que en ese tiempo el nivel del lago disminuyó.

“Íbamos a la Conagua, todavía estaba Antonio Iglesias Benítez; nos dijo que no tenía inspectores suficientes, y no teníamos para pagar abogados (…) sólo llevábamos prensa (…) y en una ocasión privaron de la libertad a un reportero. Nunca pasó nada”, lamentó.

En su recorrido por la ribera de Chapala, en territorios de los municipios de Jocotepec, Degollado, y Chapala, Alicia Córdoba calcula que hay invasiones en 95% de la playa, que es zona federal.