Ambientalistas protestan... y son amenazados

La reanudación de los trabajos del Tren Maya, en violación a los mandatos judiciales, provocó las inmediatas protestas de organizaciones ambientalistas y promoventes de los amparos contra la obra en Quintana Roo. Señalan que el gobernador Carlos Joaquín ha sido omiso en proteger los recursos del estado, especialmente la selva, y acusan a la Sedena de intimidar a periodistas y activistas.

OCTAVIO MARTÍNEZ

PLAYA DEL CARMEN, QR.– Los grupos ambientalistas de Quintana Roo recibieron llamados de alerta por la reactivación del desmonte de selva para el tramo 5 del Tren Maya el jueves 14, cuando a 3.5 kilómetros del centro de Tulum, en la carretera con dirección a la zona arqueológica de Cobá, maquinaria pesada comenzó a tumbar árboles.

Ese mismo día, pero en la Ruta de los Cenotes, en Puerto Morelos, 35 kilómetros al sur de Cancún, ocurría una situación similar.

Asimismo, trabajadores del Fonatur supervisaban con drones desde el miércoles 20 un punto ubicado a 12 kilómetros del centro de Playa del Carmen, donde a finales de febrero se inició la apertura de la brecha de selva sin permisos de impacto ambiental, lo que provocó protestas de organizaciones ambientalistas.

En ese lugar, por donde se ingresa al relleno sanitario del municipio de Solidaridad, se encuentra el empalme del Tramo 5 Norte y Sur del Tren Maya en Quintana Roo. Personal de Fonatur consultado dio a co-

Greenpeace.org

Greenpeace. Acción en Tulum

SOS ambientalista

nocer que la maquinaria pesada retornará este mes y deberán introducirla entre los retoños de los árboles talados. De esa manera, las labores para concluir el proyecto sexenal prometido por Andrés Manuel López Obrador habrán sido plenamente reactivadas, pese a las órdenes judiciales de que fueran suspendidos.

Las protestas fueron inmediatas en Tulum y en Playa del Carmen, por cuya selva pasará la mayor parte del Tramo 5. Para José Urbina Bravo, buzo espeleólogo promovente del amparo indirecto 884/2022, que cuenta con el beneficio de una suspensión definitiva dentro del juicio de garantías, es una muestra de que el gobierno federal no respeta los argumentos científicos ni jurídicos para proteger la selva maya, que incluye la red de ríos subterráneos más extensa del mundo y corre el riesgo de colapsar con el peso del ferrocarril.

“De la misma forma turbia que iniciaron el proyecto, oponiéndose al conocimiento científico y sobre la ley, lo continuaron con la presentación de la pseudo MIA de Fonatur, en la que parece una confesión de que no conocen la zona. Como los conocimientos legales y científicos sobrepasaron las capacidades de Fonatur, han comenzado a romper la ley con la argucia en la que se comprueba que no saben lo que están haciendo y persiguen un proyecto que sólo cumple con un calendario político, sólo quieren el galardón, la presea de que terminaron el proyecto”, expone Urbina Bravo.

Y critica al gobernador por no tener un posicionamiento de defensa del patrimonio natural: “Carlos Joaquín (González) ha sido tremendamente sumiso, tremendamente pasivo frente al accionar del gobierno federal en su estado. Los daños a su territorio son incalculables, la violentación de la ley es incuestionable y él no ha hablado por los ciudadanos que han alzado la voz por el medio ambiente ni por el territorio que tenía que proteger”.

El gobernador ha acompañado a López Obrador en las múltiples giras de supervisión de las obras. Esta semana el mandatario federal dijo que no descartaba darle un lugar en su administración a Joaquín González una vez concluido su periodo en septiembre próximo.

Comenta Urbina Bravo: “La conclusión se dará con su trabajo en el gabinete, si vemos si continúa con esta línea de sumisión sabremos que fue un premio; si propone y señala errores, quizá no sea llamado”.

Moce Yax Cuxtal, organización ecologista en Playa del Carmen y promovente del amparo indirecto 1003/2022 contra las obras, augura un inminente desastre ecológico, del que apenas es una muestra el desplazamiento de fauna (jaguares, monos araña y venados) a zonas urbanas después del desmonte de selva en el Tramo 5 Sur.

“Es una violación a la seguridad nacional, porque la seguridad nacional es también social y ambiental, no porque son funcionarios tienen que violar la ley. Es un mal ejemplo y una comunicación completamente equivocada a la sociedad (…) Vemos con esto pocas posibilidades de rescate de la selva, de los animales, nos estamos colapsando también porque están pisoteando todo”, lamenta Laura Patiño Esquivel, presidenta de Moce Yax Cuxtal.

Tras el reinicio de los trabajos y sin certeza legal para hacer valer los amparos, la organización planea iniciar una campaña de protestas para señalar cada acto de autoridad que afectará los recursos naturales de la selva maya.

A la causa también se sumó la organización internacional Greenpeace, que el lunes 18 protestó en la zona del desmonte en Tulum e inició una petición por internet para solicitar a López Obrador que suspenda los trabajos. Como parte de la acción, lanzaron un SOS con un enorme salvavidas colocado sobre la tierra negra. Desde el aire quedó al descubierto por el retiro de árboles con la maquinaria pesada.

También la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) rechazó la obra. Recordó que el gobierno federal se encuentra en desacato de órdenes judiciales por los amparos que han sido admitidos bajo la asesoría legal de sus abogados y señalan una violación de dere-

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chos humanos protegidos bajo los recursos legales iniciados.

“No se justifica el reinicio de obras con argumentos de seguridad nacional, porque tenemos una decisión de un juez de distrito que obliga a las autoridades a cumplir con las demandas de amparo indirecto (…) aquí es un tema de derechos humanos, no te puedes saltar la constitucionalidad. El juez de distrito otorgó la suspensión en razón de defender el derecho a un medio ambiente sano, que se encuentra en el artículo cuarto constitucional, párrafo quinto; se están violando derechos humanos nuevamente al momento de no acatar la suspensión”, explica Mónica Abigail Huerta Solís, abogada de DMAS.

La abogada agrega que los titulares de las dependencias federales que se encuentran relacionadas con las obras ferroviarias están incurriendo en delitos tipificados en la Ley de Amparo por no acatar las suspensiones dentro de los juicios iniciados.

“Se incurrió en un incumplimiento de la suspensión y ellos han aceptado que están continuando por las obras; el juez los va a requerir para respetar la suspensión. En caso de no hacerlo le dará vista al Ministerio Público federal porque ya es un delito”, abunda Huerta Solís.

El Tramo 5 del Tren Maya se encuentra dividido en Norte y Sur; el primero tiene una longitud proyectada de 43.5 kilómetros, partiendo de los alrededores del Aeropuerto Internacional de Cancún, municipio de Benito Juárez, pasando por Puerto Morelos para concluir en Solidaridad, con cabecera municipal en Playa del Carmen. El Tramo 5 Sur, con 60 kilómetros de longitud, se inicia en esta última ciudad y concluye en Tulum.

Referentes a ese tramo se encuentran abiertos tres juicios de amparo que mantienen paralizadas las obras en toda su extensión.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha otorgado la autorización al Tramo 5 sur con una MIA evaluada en 47 días, ya con los trabajos iniciados. En el caso del 5 Norte, apenas el jueves 14 Fonatur ingresó un documento similar de evaluación, aunque los trabajos ya empezaron en Puerto Morelos.

“Necesitamos el apoyo de los ciudadanos, ya sea con videos, en redes sociales, porque no pueden hacer eso, esperemos que el juez proceda conforme a la ley”, remata la abogada de DMAS.

Fernando Vázquez Rosas, vocero de Fonatur, dio a conocer que jurídicamente los encargados de la obra son la Secretaría de Gobernación y la de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, tras el anuncio de la obra calificada como de seguridad nacional.

“Por responsabilidad jurídica les corresponde a esas instancias, pero el Gobierno de México trabaja de manera conjunta; entonces se sigue trabajando en la obra del tren de manera conjunta”, informó. Testigos amenazados

En días recientes, periodistas y activistas que documentaron el reinicio de las obras del Tren Maya tramo 5 han sido amenazados, incluso con machete en mano, para obligarlos a borrar el material recabado. Paola García, fotoperiodista y colaboradora de medios nacionales e internacionales, narra:

“Estábamos tomando fotografías con un dron en el kilómetro 5 de la Ruta de los Cenotes, eran como las tres o cuatro de la tarde (…) Nos dijeron que no podíamos tomar fotos ahí. Mi compañero estaba volando un dron, y se acercó otro parecido a los que traen los militares, había intención de derribarlo (…) hay riesgo en la cobertura del Tren Maya, hay que ir en grupo porque solos no se puede. Hoy un señor se bajó de la máquina y nos corrió con un machete.”

Reporteros de Cancún, quienes por temor a represalias prefieren que no se publiquen sus nombres, señalan que detrás de los actos de intimidación se encuentra personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, que los obligó a borrar cualquier material donde se aprecie la devastación que se realiza con maquinaria pesada.

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo ya está enterada de la situación y prepara una vinculación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debido a que las autoridades responsables son federales.