México-Estados Unidos: Tiempo de definiciones

ELISUR ARTEAGA NAVA

UNA INICIATIVA DESAFORTUNADA E INDEBIDA

obispos y representantes de las congregaciones en las calles la indignación y a llamar a cristianos y no cristianos a enfrentar claramente las aberraciones del poder.

Hace mucho estamos frente al mal. No podemos impedir que se siga asesinando y desapareciendo, pero podemos hacer que el Estado trace una ruta para que su número vaya disminuyendo. Y si ustedes no toman ese camino, tendremos que aguardar a que otras “víctimas de excelencia” vuelvan a emerger del infierno para que la esperanza en la justicia y la paz resurja.

Quizá, después de estas Jornadas de Oración que concluyen en unos días, ustedes decidan continuar dando pasos atrás y se dejen arrancar en nombre de la “prudencia” la virtud de la indignación que como Iglesia nos pertenece en su fundador. Entonces continuará habiendo cristianos en un infierno que el parloteo político normaliza, pero no el Evangelio. Quizá, por el contrario, decidan tomar el camino del Evangelio. Si lo hacen, estén seguros de que millones caminaremos a su lado para obligar al Estado a cumplir lo único que hoy tiene que cumplir, la seguridad que es inseparable de la justicia y la paz. Ustedes tienen la responsabilidad, la palabra y la fuerza. ¿Dejarán una vez más solo a Cristo o irán con él hasta el final? Es la única pregunta que la Iglesia debe hacerse en tiempo miserables.

Paz, Fuerza y Gozo. E l presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, presentó ante el Congreso de la Unión, por conducto de la Comisión Permanente, una iniciativa. Propone una ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el feminicidio. Hizo algo más, con el fin de que se faculte al Congreso para legislar sobre feminicidios, también propone modificar la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución (Comunicado 249/2022, de 6 de julio de 2022). Al hacerlo, demostró soberbia.

Soberbia por pretender usurpar una facultad que no le corresponde. Por ser un distinguido jurista –por ello es ministro del más alto tribunal–, sabe que tanto el pleno de la Corte como él carecen de la facultad de iniciar leyes ante el Poder Legislativo y supone que los legisladores lo ignoran o que, por tratarse de él, darán curso a su iniciativa.

El artículo 71 constitucional determina quiénes pueden iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión: el presidente de la República, los diputados y senadores, las legislaturas locales y los ciudadanos, en los mínimos que se señalan. No aparece el Poder Judicial de la Federación. Debe entenderse que tiene negado hacerlo.

Si bien el artículo 71 no hace la distinción correspondiente, en estricta técnica jurídica, en cuanto a la posibilidad de iniciar, se debe distinguir: es una facultad cuando lo hacen los poderes o miembros de ellos: el presidente de la República, legislaturas de los estados, los diputados o senadores y los gobernadores. Es una atribución cuando lo hace alguien que no es poder: el ministerio público, cuando acusa a un servidor público, para los efectos de un juicio político, cuando solicita una declaración de procedencia; también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuando rinde un informe de actividades (artículos 21, 110, 111 y 102 B, respectivamente). Se trata de un derecho cuando lo hacen los particulares (artículos 71, fracción IV; 73, fracciones I y III; y 109, fracción IV).

A lo largo de la Constitución se señalan otros titulares de la facultad, atribución o derecho de iniciar ante el Congreso de la Unión: los extranjeros, en el supuesto de admisión de nuevos estados a la unión (artículo 73, fracción I); los gobernadores de los estados, cuando solicitan la intervención ejecutiva (artículo 119); los ciudadanos en particular, en los casos en que acusan a algún servidor público (artículo 109, fracción IV).

La Constitución, al no conceder, expresa o implícitamente, a la Suprema Corte de Justicia, al Consejo de la Judicatura o a los tribunales que integran el Poder Judicial de la Federación la facultad de iniciar ante el Congreso de la Unión, debe entenderse que lo tiene prohibido. No lo pueden hacer, incluso, respecto de

las leyes que regulan su organización y el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas.

En lo relativo a los miembros del Poder Judicial la prohibición de iniciar ante el Congreso se ha llevado a extremos: las renuncias de los ministros se hacen llegar al Senado por conducto del presidente de la República (artículo 98); el presupuesto anual de gastos, tanto de la Suprema Corte de Justicia como del Poder Judicial de la Federación, se hacen llegar al presidente de la República para que él, a su vez, lo incorpore al presupuesto anual que debe presentar ante la Cámara de Diputados (artículos 78, fracción IV y 100).

La razón de la negativa es obvia: llegado el caso, no habría autoridad imparcial que eventualmente conozca de los vicios que pudiera contener la iniciativa o que se presenten durante el proceso legislativo. En el caso de que se llegare a cuestionar por alguna de las vías que existen, una ley iniciada por la Corte o los tribunales, los ministros de ella o los tribunales estarían imposibilitados para conocerlas por cuanto a que serían juez y parte. Para juzgar de los vicios se tendría que crear otro tribunal, por ejemplo, uno de constitucionalidad, que no sea parte del Poder Judicial.

El ministro Arturo Zaldívar no puede iniciar en lo individual. Como ciudadano deben firmar su iniciativa, junto con él, cuando menos 0.13% de la lista nominal de electores (artículo 71 fracción IV) y no es el caso.

Para estimar que la iniciativa proviene del pleno de la Corte se requería que fuera aprobada por la mayoría de los ministros que integran el pleno y que derivara de una iniciativa interna, que se estudiara, dictaminara y votara por los ministros. Esto, aparte de que no se hizo, no está permitido. En este supuesto, todos los ministros estarían imposibilitados para conocer de las eventuales impugnaciones que se llegaran a presentar contra la reforma o la ley.

Ya que, según se sabe, el ministro Zaldívar la lleva tan bien con el presidente de la República, para evitar hacer el oso que hizo, bien pudo haberle pedido, con sigilo, a su amigo AMLO que hiciera suyo el proyecto y que éste lo presentara ante cualquiera de las cámaras. Dada la gravedad de la materia y lo inusitado de la acción, yo le hubiera aconsejado que lo presentara ante el Senado. ¿Por qué digo que en sigilo o secreto?: para evitar que, llegado el caso de existir impugnaciones, no tuviera necesidad de excusarse.

De una u otra forma, dado que es público y notorio que el ministro Zaldívar es el autor de la iniciativa, de ser presentada por alguno de los que gozan de la facultad, atribución o del derecho de iniciar y, en el supuesto de que sea aprobada por el Congreso de la Unión, cuando alguien cuestione esa ley, el señor ministro, por su ligereza, deberá excusarse de conocer de cualquier juicio relacionado con la materia, por razón de que él fue el autor de la iniciativa original.

Estando el suelo parejo, qué necesidad tenía el señor ministro de dar tantos brincos. El destino de la iniciativa es evidente: por estar viciada, debe ser enviada al archivo. Ya han pasado varios días desde que llegó a su fin la desangelada visita de AMLO a Washington. Los resultados consignados en la declaración conjunta emitida al finalizar la reunión no ofrecen muchas luces sobre lo que sigue. Los problemas centrales de la relación –migración, seguridad e incertidumbre sobre el cumplimiento de los compromisos establecidos en el TMEC– no tuvieron avances concretos. La declaración se limitó a dejar abierta la puerta para que se proceda a trabajar sobre ellos. ¿Qué tan lejos se podrá llegar?

El primer problema que merece un comentario es la migración. Múltiples circunstancias contribuyen a dificultar un avance positivo. En la reunión bilateral se evocó, como antecedente fundamental, la declaración sobre migración adoptada en la Cumbre de los Ángeles, reunión a la que no acudió AMLO. Se trata de un documento ambivalente en el que, por una parte, se da un paso adelante al mirar el fenómeno migratorio de manera integral para todo el hemisferio. Esto permite detectar los casos en que dicho fenómeno está encadenado, de tal suerte que lo que ocurre en la migración en Brasil, por ejemplo, afecta la pluralidad de los flujos migratorios que llegan a la frontera sur de México.

Sin embargo, esa mirada integral no permite ver la gravedad específica que presenta el caso mexicano. La situación limítrofe con el país hacia donde anhelan llegar todo los migrantes convierte a

OLGA PELLICER

MÉXICO-ESTADOS UNIDOS: TIEMPO DE DEFINICIONES

México en un caso excepcional. Un territorio en el que se acumulan el reclamo y la frustración de todos aquellos que avanzan hacia un país en donde, como declaran sus gobernantes, “la frontera está cerrada”.

Vista de esa manera, la Declaración de los Ángeles tiene poca utilidad como punto de partida para el diálogo bilateral México-Estados Unidos en materia de migración. De hecho, lo que se consigna en ella son frases reiterativas y carentes de cualquier sustancia, como “combatir de raíz los motivos de la migración”, una frase que, al no contener nada concreto, resume la trivialidad de los diálogos que han tenido lugar entre Kamala Harris y el gobierno mexicano.

Cierto que se trataron temas más específicos, como el apoyo a quienes desean entrar legalmente a Estados Unidos. No obstante, es de sobra conocido que el problema grave no es quienes desean entrar legalmente. Lo profundamente inquietante para México es el número, que había descendido y ahora crece de manera notoria, de mexicanos sin documentos que desean pasar al otro lado.

Tomando en cuenta el grado en que el tratamiento del tema migratorio está dominado por la baja calificación que al respecto recibe Biden, los prejuicios y temores que sembró exitosamente Trump y la cercanía de las elecciones intermedias en Estados Unidos, se puede asegurar que, con excepción quizá del número de visas, será muy poco lo que se logre en este ámbito.

Por lo que toca a la seguridad, el acontecimiento más importante después del encuentro es la detención del conocido narcotraficante Caro Quintero y su anunciada extradición a Estados Unidos. Se trata de un caso muy significativo por el grado en que el personaje estuvo comprometido con uno de los problemas que produjo las tensiones más serias entre México y Estados Unidos en los ochenta: la muerte del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena.

Es difícil determinar si los tiempos coinciden con la visita de AMLO a Washing ton y se trata de un operativo que seguramente ya estaba en marcha. Lo importante es la reconciliación tácita con la DEA, que actuó conjuntamente con la Armada para que ocurriera la detención. Más allá de que a López Obrador le guste o no, el mensaje es que su papel en México parece inevitable.

Las pláticas que tendrán lugar en el marco del Acuerdo Bicentenario se referirán al envío desde México de fentanilo, la potente droga que está causando estragos en Estados Unidos, y el tráfico de armas, cuyos efectos en el fortalecimiento del crimen organizado en México es tan evidente. Está por verse lo que se logre antes de la celebración del encuentro tripartita de noviembre.

El tema más difícil al momento de escribir este artículo es el del cumplimiento de los compromisos del TMEC. Estados Unidos acaba de solicitar, a través de su representante comercial, el inicio de consultas con México respecto a múltiples medidas que favorecen a las compañías estatales Comisión Federal de Electricidad y Pemex, las cuales afectan negativamente a compañías estadunidenses operando en México en la producción de energía. Esas medidas son contrarias a compromisos asumidos por México en diversas disposiciones del TMEC.

Los procedimientos a seguir para responder a esta solicitud llevarán tiempo. Hay un lapso de 75 días para sostener consultas que, de no tener éxito, llevarían a un panel de controversias, tal y como está previsto en el tratado. No es el primer caso que llegaría a ese punto. Ya se encuentran ahí una controversia presentada por Canadá y otra, conjuntamente, por Canadá y México, esta última relacionada con la industria automotriz.

Ahora bien, esta vez se trata del tema más icónico de la política de la 4T, el de mayores consecuencias desde el punto de vista económico y de mayor trascendencia para la narrativa de nacionalismo y soberanía que tanto importa a López Obrador.

Se avecinan momentos en que habrá que jugar muy fino para mantener el equilibrio entre ser un socio confiable del tratado económico de mayor importancia para el país y aferrarse a convicciones que han conformado la ideología y el mensaje del líder con mayor impacto que ha tenido México en los últimos tiempos.

JUDITH AMADOR TELLO

Poco estudiados por la historiografía mexicana, los últimos años del general Lázaro Cárdenas son abordados por el investigador Ricardo Pérez Montfort en el tercer tomo de su extensa biografía, en donde presenta a un personaje “complejo”, que asume abiertamente su pensamiento de izquierda pero, contradictoriamente, en el marco del sistema político mexicano.

Un cuarto de siglo, de 1945 a 1970, abarca la última entrega de Lázaro Cárdenas del Río: un mexicano del siglo XX, publicado por Editorial Random House/DEBATE. Una obra que en 428 páginas recoge la relación de Cárdenas con sus sucesores Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos e incluso Gustavo Díaz Ordaz, su colaboración con algunos de ellos, dando un consejo o atendiendo una consulta, o al frente del proyecto hidráulico de la Cuenca de Tepalcatepec, en Jalisco y Michoacán.

Habla asimismo de los constantes ataques anticomunistas que recibía tanto de la prensa conservadora y proestadunidense, como de los grupos empresariales y sectores de derecha; de su apoyo a movimientos sociales nacionales y extranjeros, como la revolución cubana; de su intermediación por los presos políticos y su disgusto por la represión a los estudiantes en 1968 y por el asesinato del líder agrario Rubén Jaramillo, entre otros temas.

Tras la revisión de los 75 años de vida del general, el doctor en Historia por la UNAM, académico del Centro de Investigaciones y de Estudios Superiores en Antropología Social y Premio Georg Forster de la Fundación Alexander von Humboldt por su trayectoria, reconoce que al final le queda “un profundo respeto por la calidad del hombre”, un personaje que, aun con sus contradicciones, no perdió su dimensión humana, pudo transitar por las calles de la ciudad o los campos de su terruño Michoacán sin temor a injurias o agresiones, no usaba armas ni necesitaba guaruras, algo que no ha podido presumir ningún otro expresidente.

En entrevista telefónica con Proceso, afirma igualmente que durante el régimen cardenista se dio una verdadera transformación, equiparable a la de Benito Juárez, que por desconocimiento de la historia del periodo de los años treinta del siglo XX, Andrés Manuel López Obrador no ha colocado en su justa dimensión.

No hay tal cardenismo

El investigador relata que luego de concluir su gobierno, el general decidió alejarse de la vida política. Había padecido la injerencia del expresidente Plutarco Elías Calles y no deseaba hacer lo mismo, pero realizó varias actividades y cotidianamente viajaba entre la Ciudad de México y Michoacán, y cada vez, en mayor medida, la prensa lo buscaba, le pedía declaraciones, participaciones. Desde 1947 fue llamado por el propio presidente Miguel Alemán para ser vocal ejecutivo de la Comisión de la Cuenca de Tepalcatepec, en la cual estuvo durante un largo periodo.

Esta ya para leerse el tercer tomo de la extensa biografía que el historiador ha dedicado al expresidente: Cárdenas del Río: un mexicano del siglo XX (DEBATE), que en 428 páginas recoge la relación con sus sucesores. La entrevista aborda varios de los múltiples temas de un personaje tan complejo –acusado de comunista por los conservadores, y de no serlo por los radicales comunistas–, al que hoy, por ignorancia de ese periodo, a decir de su autor, el propio presidente López Obrador no le otorga la dimensión transformadora equivalente a la de un Juárez.

Pérez Montfort y su biografía: "Soberbia",

no reconocer la transformación de Cárdenas

Se mantenía muy institucional y no encabezaba oposición alguna, incluso le molestaba que se hablara del “cardenismo” como un movimiento; su posición política estaba más ligada a planteamientos antimperialistas, por ejemplo su condena al golpe de Estado contra el gobierno de Jacobo Árbenz en Guatemala:

“Poco a poco Cárdenas empezó a tener más conciencia de su peso histórico. Desde luego, él ha construido una imagen de sí mismo que lo coloca entre la izquierda institucional mexicana y, además, en circunstancias complicadas, como las de la Guerra Fría –en la cual Estados Unidos ve claramente como enemigo al comunismo soviético y al acontecer detrás de la Cortina de Hierro–, lo que pasa en China, en Vietman.”

Enfatiza que particularmente el conservadurismo mexicano lo acusó constantemente de comunista, de prosoviético, y “para colmo de males” recibe en 1956 el Premio Stalin de la Paz, otorgado por el Comité Internacional por la Paz, que era apoyado por la desaparecida URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) y cuya sede estaba en Moscú.

Se convirtió en una especie de militante por la paz, no sólo en México, sino en buena parte del mundo; viene luego la revolución cubana, y todo ello le generaba animadversión, era “severamente atacado por la prensa, funcionarios conservadores y en buena medida por la corrupción que caracteriza al sistema priista mexicano”.

El PRI controlaba todo lo relacionado con el modelo del llamado “Milagro mexicano” y no permitía la existencia de una izquierda. Cárdenas de cualquier modo era crítico pero tenía “esa dimensión un tanto ambigua que mucha gente le criticó, pero finalmente yo creo que sí es más o menos consecuente con su enorme responsabilidad como figura propia de la Revolución Mexicana y con el proyecto de desarrollo que se fue abandonando a partir de los años cincuenta”.

Describe Pérez Montfort que en cuanto hacía alguna crítica o manifestaba alguna oposición al sistema político mexicano, la prensa ligada al priismo, a las élites, lo atacaba criticando sus propios proyectos cardenistas, la Reforma Agraria, la reorganización sindical, el apoyo a los republicanos españoles; entonces se generaba una especia de polarización en la sociedad. La prensa estadunidense también lo acusaba de ser cabeza del comunismo internacional en México.

A decir suyo, el fenómeno demuestra la clara tendencia hacia el conservadurismo en la política mexicana, iniciada particularmente en los años cuarenta, la asociación entre los intereses empresariales, los del capitalismo extractivo, la Iglesia católica, la intolerancia que fueron adquiriendo los diferentes gobiernos de Alemán, Ruiz Cortines, López Mateos –que parecía más liberal de lo que terminó siendo (por la represión contra movimientos sociales, como el ferrocarrilero, el de médicos y el de maestros)– y Díaz Ordaz, que ya es “mucho más conservador”, mandatarios que impulsaron un modelo que si bien propició el crecimiento de la economía mexicana, realmente no favoreció el combate a la desigualdad ni la lucha por la