Análisis de situación
Año 2, No. 8, 3 de junio de 2010
Sistema de seguridad democrática en la encrucijada
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Sistema de seguridad democrática en la encrucijada Por Iduvina Hernández Periodista y directora de Seguridad en Democracia (SEDEM)1
Consideraciones iniciales Trece años después de la firma de los Acuerdos de Paz -que establecieron una agenda de reforma del sistema de seguridad y justicia en Guatemala-, la sociedad guatemalteca enfrenta la disfuncionalidad del sistema y la ausencia de medidas claras dirigidas a resolver a fondo la situación. El fracaso de la reforma establecida en la agenda de la paz, la perversión de los principios elementales del espíritu de los Acuerdos, la ausencia sostenida de voluntad política en los gobiernos y legislaturas sucedidas desde la suscripción del Acuerdo de reforma, han sido las principales razones para desarticular el sistema de seguridad, ahora claramente penetrado por estructuras criminales que funcionan con anuencia del Estado y atentan
contra la seguridad, las garantías y los derechos de los habitantes del país2. Guatemala alcanzó en 2008 una tasa de 48 homicidios por 100 mil habitantes 3, una cifra que no sólo es una de las más altas en América Latina y el mundo sino que refleja un crecimiento de 71% en apenas ocho años4. Según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), el 92% de tales homicidios fue realizado con arma de fuego. A esta situación se añade el estado de impunidad en que permanecen dichos crímenes, puesto que la ineficacia en la persecución penal todavía permite impunidad en más del 90% de los casos. De esa cuenta, el derecho a la vida en primer lugar, y el derecho a ejercer todos los derechos
1. Este artículo fue especialmente preparado por Hernández para el Boletín Enfoque N. 8. 2. Ver Samayoa, Claudia. “¿Qué modelo de seguridad impulsó Óscar Berger?”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía No. 5, año 2, abril de 2007, páginas 25-32; Solano, Luis. “La política de limpieza social y el marco ideológico subyacente”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía No. 5, año 2, abril de 2007, páginas 33-36; 3. Programa de Naciones Unidas para Guatemala (PNUD). “Abrir espacios a la seguridad ciudadana y el desarrollo humano”, Informe sobre Desarrollo Humano para América Central 2009-2010, página 69. 4. El mismo texto del PNUD y otros sobre tasa de homicidios en Guatemala reportan una tasa de 28 homicidios por 100 mil habitantes en el año 2000.
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y garantías sin amenaza a la in- defensores de derechos humanos tegridad, en segundo lugar, son en particular 5. inviables en Guatemala. Más aún cuando el sistema estatal respon- La institucionalidad civil dessable de la seguridad y de ofrecer articulada las garantías plenas para el disfrute de los derechos, se encuentra en Poco tiempo después de su una crisis donde los medidas ins- creación, a lo interno de la Policía titucionales tienen poca eficacia, Nacional Civil (PNC) se observó el además de que esta situación se ve inicio de un proceso de debilitaagravada porque dicho aparato se miento que ha incidido en el alto encuentra involucrado con estruc- nivel de descrédito, agudizado en turas ilegales que atentan contra los últimos meses, y que ha genela vida y la seguridad de las per- rado un rechazo social -lamentasonas en general, y defensoras y ble- a la institucionalidad civil del
I. Algunos ejemplos del rechazo social a la institucionalidad civil del Estado Jorge Sandoval 06-03-2010 10:26:55 horas La historia de la PNC nos recuerda la de la proverbial mujer de la calle, que por ratos se honra y por años se pierde. La PNC está perdida. Haría falta prenderle fuego y empezar nuevamente desde las cenizas, con una reingeniería total, desde la Locademia de Policía, en lo que respecta a selección y preparación de aspirantes, hasta las comisarías y la ORP; eliminando personal oportunista, prepotente, inepto, abusivo, mordelón-extorsionista, drogadicto, rebalanceando su dudoso costo-beneficio. Byron Saravia 06-03-2010 17:14:12 horas Hola Guatemala Bella!!!, desde hace mucho tiempo, cuando empecé a escribir este espacio para dar a conocer un pensamiento no comprometido, de nivel académico relevante, hemos insistido en la necesidad de militarizar la basura mal oliente llena de excrementos humanos llamada Policía Nacional Civil, y que se cambie por una Guardia Civil, con carácter militar como el único remedio a los abusos que a diario cometen sus autoridades y elementos más ratas, todos se han opuesto y allí están los resultados6.
5. Ver Samayoa, Claudia. “Hacia la construcción del Sistema Nacional de Seguridad en Guatemala”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía No. 13, año 3, julio 2008, páginas 3-14; y, Entrevista a Enrique Álvarez, ex Coordinador del Consejo Asesor de Seguridad (CAS), en esa misma edición, páginas 15-18. 6. Comentarios a columna de opinión, lectores de versión electrónica del diario Siglo XXI. Siglo XXI, 6 de marzo 2010.
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Estado, responsable de la seguridad ciudadana. Los textos arriba incluidos son una mínima muestra de las expresiones sociales, alimentadas en espacios mediáticos -escritos, radiales, televisivos y electrónicos- que van consolidando un imaginario social de rechazo a la institucionalidad así como de posicionamiento del discurso autoritario de la “mano dura”. La pérdida de credibilidad social de la institucionalidad pública civil por la denuncia de acciones de corrupción y fallas en el cumplimiento de la misión asignada, sobredimensionada a un inicio, se consolidó con los cambios introducidos en cada administración hasta llegar a la pérdida total de confianza que se percibe en la actualidad.
virtió dicha posición en un cargo de negociación política del gobierno de turno 7. En la medida en que la institucionalidad de la PNC se fue debilitando, se produjo la llegada de oficiales militares en situación de retiro, acrecentada durante la administración de Carlos Vielmann (2004-2007)8, quien sería Ministro de Gobernación en la gestión de Óscar Berger Perdomo y la Gran Alianza Nacional (GANA).
Personas ajenas al sistema de carrera en la PNC y militares retirados en posiciones de conducción, completaron el proceso de desestructuración de la institucionalidad, haciéndola disfuncional y sometiéndola a un estado de descrédito que fue creciendo con el paso del tiempo. Crecieron los niveles de debilidad en el sistema civil de seguriModificaciones perversas a la dad, aumentan los índices de delinLey Orgánica de la PNC –produci- cuencia y con mayor frecuencia se das en el año 2000 durante la le- hacen públicos eventos delictivos gislatura presidida por Efraín Ríos que involucran a oficiales, agentes Montt, sobre el cual pesan cargos de y jefes de la PNC. Cada denuncia genocidio-, abrieron la puerta a los destacada en los medios afecta los cambios orgánicos y a la dirección niveles de credibilidad en la instidiscrecional de la PNC. Con esa mo- tucionalidad, en tanto que las autodificación en la normativa se inició ridades intentan revertir esta situala destrucción del sistema de carre- ción no con políticas y estrategias ra en la PNC, vital para desarrollar enfocadas a cumplir con la agenda y consolidar institucionalidad en el de reforma, sino con la sustitución ámbito de la seguridad. Dicha mo- de las figuras al frente del sistema. dificación facultó la sustitución de quien ocupara la Dirección General Tan solo en los últimos seis años de la PNC por personal que no ve- han pasado por el Ministerio de Gonía de las filas de la entidad, y con- bernación siete Ministros, cinco de
7. Ver Hernández, Iduvina. “De cómo se ejecutó a la PNC”. Boletín de análisis de situación ENFOQUE, año 1, No. 1, 26 de junio de 2009, 14 páginas. 8 . Fue durante la administración de Vielmann, en febrero de 2007, que se dio el asesinato de tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y su chofer, sin que a la fecha haya sido aclarado, constituyendo, inclusive, uno de los casos de alto impacto que están pendientes para la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
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ellos en los últimos 29 meses. En ese período –que abarca dos administraciones en el Ejecutivo: la de Berger y la actual de Álvaro Colomla política estatal en seguridad ciudadana se ha movido en ondulaciones de autoritarismo, corrupción, deficiencia y leves momentos de intenciones de reforma estratégica.
para los Viceministros de Gobernación así como para los Directores de la PNC.
Así, durante la gestión de Oscar Berger (entre 2004 y 2007), Vielmann -quien permaneció en el cargo la mayor parte del período- abrió y consolidó las posibilidades de institucionalización de estructuras En promedio, en el actual go- ilegales dentro del MINGOB. Igual bierno de Colom, cada uno de los política impulsó Erwin Sperinsen cinco Ministros que han pasado por como Director General de la PNC, el MINGOB ha permanecido seis al integrar grupos de “asesores” que meses. Esta situación ha alcanzado ejercían funciones de fuerzas paralógicamente, en el mismo período, policiales, al margen de cualquier
II. Siete Ministros de Gobernación en 6 años Nombre Carlos Vielmann Adela Camacho de Torrebiarte Vinicio Gómez Francisco Jiménez Salvador Gándara Raúl Velásquez Carlos Menocal
control estatal y social. Estos grupos incorporados al aparato estatal pero no a los mecanismos de control y auditoría, participaron en acciones policiales que devinieron en abusos por parte de las fuerzas de seguridad y, en casos extremos, en ejecuciones extrajudiciales.
Período en años y meses Enero 2004 – febrero 2007 Febrero 2007 – enero 2008 Enero 2008 – junio 2008 Junio 2008 – enero 2009 Enero 2009 – junio 2009 Junio 2009 – febrero 2010 Febrero 2010 – a la fecha9
fueron ejecutados diez campesinos; el desalojo de manifestantes en la Plaza de la Constitución, en marzo de 2005; así como la intervención en la cárcel de Pavón en septiembre de 2006, en donde se confirmó la ejecución extrajudicial de siete privados de libertad 10.
Destacan, aunque no son los A estas acciones se suma la ejeúnicos casos, el desalojo de la fin- cución, al interior de un centro de ca Nueva Linda en 2005, en el que detención de máxima seguridad, de 9. Ver Solís, Fernando. “Los actores y los factores de poder en el gobierno de Álvaro Colom y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), después de un año de gestión”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía Nos. 17 y 18, año 4, febrero-abril de 2009, páginas 3- 21. 10. En ese entonces, el Director del Sistema Penitenciario era Alejandro Giammattei, quien después de ese episodio renunció a este cargo para participar como candidato presidencial del partido Gran Alianza Nacional (GANA), en las elecciones generales de 2007.
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cuatro agentes de la PNC que habían sido sindicados de haber asesinado a los tres diputados al Parlamento Centroamericano (PARLACEN), en febrero de 2007. Este hecho y no los abusos y arbitrariedades cometidas por fuerzas de seguridad, fueron la razón para la sustitución de Vielmann, de Sperinsen como Director de la PNC, y de Javier Figueroa como Subdirector de esta institución.
Esta situación, en un entorno social conservador y permeable a posiciones autoritarias, se alimenta con el proceso de cobertura mediática que construye un imaginario social abiertamente desfavorable al respeto a los Derechos Humanos. Un imaginario que a la vez que ha generado la falsa dicotomía entre seguridad y derechos humanos, se torna de suma gravedad cuando personas vinculadas al proceso de reforma policial afirman públicamente que:
Como ya lo dijimos anteriormenLas organizaciones de derechos te, en los 29 meses de gestión del actual gobierno de Álvaro Colom, humanos les dan más derechos a cinco personas han estado al frente los delincuentes que a los policías. del MINGOB y, con cada cambio de Se añade la afirmación peligrosa Ministro se ha producido por lo menos, un cambio en la conducción de de que: la PNC y de sus mandos regionales. Por culpa de las acciones de orLos cambios de dirección, pro- ganizaciones de derechos humaducidos en el marco de coyunturas nos, se han producido sentencias mediáticas de cuestionamiento a la que favorecen a los delincuentes institucionalidad, han consolidado y les dan más privilegios que los los procesos de debilitamiento del agentes de seguridad. sector civil de la seguridad. SituaSemejante discurso, proveniente ción que se agrava con la pérdida de credibilidad, por los altos índi- de estructuras que podrían asumir ces de violencia e impunidad, y por la tarea de la reforma policial, exlas evidencias del involucramiento presado y reproducido en los medios de funcionarios de seguridad en he- de comunicación y en foros relativos a la materia, representa un enorme chos delictivos. riesgo de retroceso de la cultura deDe esa cuenta, por ejemplo, en mocrática y de respeto a los derechos menos de una semana se informó humanos, por una agenda y discurso que Raúl Velásquez, uno de los ex sociales favorables al autoritarismo Ministros del MINGOB del actual y a soluciones fuera de la ley y a los gobierno (junio de 2008 – febrero tratados internacionales en materia de 2010), es prófugo de la justicia de Derechos Humanos suscritos por y que dos ex Directores de la PNC: el Estado de Guatemala. Porfirio Pérez y Baltasar Gómez, no sólo fueron dados de baja sino también están en prisión. En los tres Desnaturalización del servicio casos, las acusaciones se vinculan civil de inteligencia con actos de corrupción o relacioEn los Acuerdos de Paz, específinamiento con narcotráfico. camente en el Acuerdo para el For-
Sistema de seguridad democrática en la encrucijada III. Consideraciones sobre el discurso periodístico ...por virtud de su accesibilidad, el discurso informativo compite con el discurso religioso, el discurso filosófico y el discurso científico en la estructuración de nuevas normas, creencias, costumbres y valores.
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Tal como demostraron las investigaciones de Lazarsfeld, el discurso periodístico puede contribuir a reforzar o a reformar las creencias existentes en quienes lo reciben. En este sentido, el discurso periodístico contribuye a la construcción del sentido común, las creencias que satisfacen criterios socioculturalmente variables, pero que son veraces para el grupo social en el que se enuncian. El discurso periodístico usualmente funge como conocimiento cotidiano o evidencia de sentido común, e incluso puede ser considerado como prueba científica, sin estar sometido a todo el proceso que esta última requiere [Van Dijk, 1997]11.
talecimiento del Poder Civil y Fun- un sistema de seguridad e inteligencia ción del Ejército en una Sociedad que funcionara en un marco de sepaDemocrática (AFPC), se establecie- ración de ámbitos -civil, militar, seguron compromisos encaminados a ridad interior y seguridad exterior-, reformar o reconvertir las estructu- con controles democráticos -rendiras de inteligencia que funcionaron ción de cuentas y supervisión-, a fin durante la guerra interna. El espí- de que cumpliesen con su función sin ritu de dichos acuerdos se encami- violentar los Derechos Humanos. nó a modificar aquellas estructuras En el marco de los comproresponsables de graves violaciones misos asumidos, en el año 2005, a los derechos humanos. mediante Decreto Legislativo De allí que plantearan el diseño de 71-2005, fue creada la DirecIV. Lo que dijo la Comisión del Esclarecimiento Histórico sobre el Estado contrainsurgente y las violaciones a los Derechos Humanos La responsabilidad institucional 105. La mayor parte de las violaciones de los derechos humanos se produjo con conocimiento o por orden de las más altas autoridades del Estado. Evidencias de diversa procedencia (declaraciones de antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, documentación desclasificada, datos de varias organizaciones, testimonios de personalidades guatemaltecas) concuerdan en que los servicios de Inteligencia del Ejército, especialmente la G-2 y el Estado Mayor Presidencial, obtenían información sobre toda clase de personas y organizaciones civiles, evaluaban el comportamiento de éstas en sus respectivos campos de actividad, elaboraban listas de los que debían ser reprimidos por su carácter supuestamente subversivo y procedían, según los casos, a su captura, interrogatorio, tortura, desaparición forzada o a su ejecución12.
11. Berganza, Gustavo. “Los medios de comunicación y la sociedad guatemalteca a través de sus discursos”. Asociación Doses. Guatemala, 2002, página 10. El subrayado es nuestro. 12. Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH). “Guatemala, Memoria del Silencio. Tomo V. Conclusiones y Recomendaciones”, Guatemala, 1999, página 47.
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ción General de Inteligencia Civil (DIGICI) como dependencia del En el Artículo 23 se define la InMINGOB. Con esa norma se daba teligencia de Estado como: cumplimiento a uno de los compromisos de los Acuerdos de Paz, La capacidad institucional del encaminado a estructurar un sis- Estado, conforme ley, para distema civil de inteligencia. poner de información oportuna, veraz y pertinente para la toma Dicha norma establece en su Ar- de decisiones, con el fin de gatículo 3 las funciones de la DIGICI, rantizar la seguridad de la Naenmarcadas todas en lo que es el ción a través del cumplimiento ciclo de inteligencia 13, y en su Ar- del ciclo de inteligencia. Constículo 7 estipula claramente como tituye el conjunto de competencias y procedimientos especiales prohibición que: asignados, mediante ley, exclusiLa Dirección General de Inte- vamente a instituciones públicas ligencia Civil no podrá intervenir especializadas, para que realicen en investigaciones de casos sujetos en ámbitos diferenciados, la oba procedimientos judiciales inicia- tención de información, su anádos, ni en las operaciones policia- lisis y su transformación en un les que se deriven de la inteligencia producto útil para la toma de decisiones 16 . producida 14. En el Decreto 113-2008, Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, se da vida al Sistema Nacional de Inteligencia. En el Artículo 2, que contiene las definiciones de la materia, se establece que:
En el segu nd o y t er c er p á rrafo del Artículo 24, s e a ñ a d e qu e el Sistema Nac ion a l de I n teligenc ia:
Es responsable de p r o d u c i r intelig enc ia y c ond u c i r l a c o ntrainteligencia, trasl a d á n d o l a El ciclo de inteligencia es el a las respectivas au t o r i d a d e s conjunto de actividades realiza- superiores, de con f o r m i d a d do por las instituciones que con- c on la s a tr ibu c ione s a si g na forman el Sistema Nacional de d a s p or la p r esente l e y y d e Inteligencia, que incluye: pla- más disposiciones pe r t i n e n t e s . nificar, identificar información, Está integ r a d o p or la S e c re t a recolectar, procesar, analizar, ría de Inteligencia Es t r a t é g i c a producir, distribuir y difundir de Estado, quien lo c o o r d i n a , información de manera oportu- la Dir ec c ión d e Int e l i g e nc i a na, para la toma de decisiones al Civil d el Minister io de Go be rmás alto nivel del Sistema Nacio- na c ión, la Dir ec c ión d e I nt e l i nal de Seguridad 15 . gencia del Estado Ma yo r d e l a 13. Técnicamente, éste es definido como el conjunto de actividades dirigidas a planificar, recolectar información, procesar información, analizar información, producir y distribuir inteligencia, para la toma de decisiones políticas. 14. Congreso de la República, Decreto 71-2005, Guatemala 2005. 15. Congreso de la República, Decreto 18-2008, Guatemala 2008. 16. Congreso de la República, op. cit.
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De fe ns a Naci ona l d el Ministe- cas de cuerpo operativo, lo cual se ratifica con la justificación de sus ri o de l a De fe nsa Na c iona l 17 . autoridades ante el cuestionamienCon respecto a las prohibicio- to por la compra de armas de fuego nes, el Artículo 25 de la misma ley para la entidad. establece que: Según publicaciones del diario En la realización de sus funcio- elPeriódico del 18 de octubre de nes, las instituciones del Sistema 2008, un día anterior la DIGICI Nacional de Inteligencia tienen colocó en el portal de Guatecomprohibido realizar operaciones de- pras 20, la solicitud de ofertas para rivadas de sus propias investiga- la compra de 50 armas de fuego, ciones 18. incluidos cinco fusiles de asalto. El vocero del Ministerio de GobernaMientras, en el tercer párrafo ción indicó que: del Artículo 41 -el cual modifica el Las armas que se solicitan serán Artículo 13 de la Ley del Organismo Ejecutivo, relativo a la Secretaría utilizadas en operativos específide Inteligencia de Estado (SIE)-, cos de la DIGICI (…) No podemos se hace referencia a que esta secre- decir cuál, porque para nosotros es darle información al crimen orgataría: nizado. No tendrá la facultad de realiAl igual que el concurso citado, en zar ni de participar en investigaciones a favor de particulares ni el portal en mención aparecen otros actuará de forma alguna para li- tantos en los años 2008 y 2009, remitar o entorpecer el ejercicio de lativos a la adquisición de diversos los derechos políticos y de libertad insumos propios para la realización de operaciones. Esto implica una de emisión del pensamiento 19. violación no sólo a los principios de La misma normativa incluye me- funcionamiento de un servicio de canismos de control democrático inteligencia profesional -no ejecuenfocados a garantizar un funcio- tar operaciones derivadas de su lanamiento profesional en el marco bor de inteligencia-, sino una violadel Estado de Derecho y el respeto ción flagrante de su propia ley y de la Ley Marco del Sistema Nacional a los Derechos Humanos. de Seguridad. En definitiva, implica No obstante, lejos de avanzar en la pérdida del espíritu que inspiró a la estructuración de un sistema con los Acuerdos de Paz tal como lo es tales características, en la práctica plantear la formación de un sistema se violentó y desnaturalizó la fun- de seguridad civil de cara a resolver ción civil de inteligencia. La DIGI- las pautas orgánicas del sistema de CI, apenas unos meses después de inteligencia basado en la acción conconstituida, adquiere característi- trainsurgente del Estado. 17. Congreso de la República, op. cit. 18. Congreso de la República, op. cit. 19. Congreso de la República, op. cit. 20. Sistema en línea que debe incluir la publicación de concursos para adquisición de bienes y servicios a las entidades del Estado de Guatemala.
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La práctica continuada de conducir dichas estructuras por vías cercanas a la visión contrainsurgente, ha derivado en que, a la fecha, elementos de la DIGICI participen en operativos distintos y contrarios a su naturaleza, y sea utilizada por algunos funcionarios de Estado como agencia particular de investigaciones. La delgada línea roja entre este uso y el abuso que derive en violaciones a Derechos Humanos, tiende a desaparecer con cada día que esto se practique y que el sistema de controles siga sin funcionar 21.
Baste recordar la negativa sostenida del Ejército a entregar, pese a las órdenes judiciales en firme, los planes militares requeridos en el marco de los procesos judiciales por genocidio. La autoridad civil, en este caso la Presidencia de la República, ha sido incapaz de garantizar que el instituto armado cumpla con esta obligación legal y ha servido, en última instancia, como garantía de evasión al cumplimiento de dicho ordenamiento judicial.
Paralelo al proceso de debilitamiento de la autoridad civil responsable de la seguridad se ha producido un fenómeno Aparato militar desbordando de presencia y participación militar en estas actividades. El Decreto 40-2000 sus funciones le da base legal al mecanismo de patruEl propósito de las reformas con- llaje conjunto (formación de patrullas tenidas en los Acuerdos de Paz radica móviles de Ejército y PNC), en violación en la necesidad de superar el desborde a todas las normas de procedimiento jufuncional del Ejército de Guatemala y dicial pues militares participan en capgarantizar una plena y efectiva subor- turas y en investigaciones judiciales. Y, dinación a la autoridad civil. No obs- aunque también hay denuncias públicas tante, en la práctica, debido incluso a de involucramiento de militares en actila existencia de obstáculos legales, el vidades delictivas, curiosamente no hay Ejército sigue funcionando con crite- el mismo nivel de cobertura mediática rios de autonomía relativa, tanto or- como en el caso de los agentes de la insganizativa como política y financiera. tancia civil de seguridad. Tal discrecionalidad mantiene una estructura militar impermeable al sistema de justicia y, por lo tanto, ajena a las obligaciones de rendición de cuentas por delitos y violaciones a Derechos Humanos del pasado y del presente.
Desde el año 2006 se publicó la denuncia del involucramiento de efectivos militares guatemaltecos provenientes del cuerpo de élite Kaibil22, ofreciendo entrenamiento a la estructura criminal denominada Los Zetas -que operaba en el sur
21. Aunque la Ley lo contempla, a la fecha no se ha integrado la Comisión Legislativa Supervisora de los Servicios de Inteligencia, lo que permite que estos funcionen sin un contrapeso fundamental. Más grave aún, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), entidad del Estado obligada a supervisar el funcionamiento de las instancias públicas a fin de que no cometan abusos, no ha impulsado acciones dirigidas a monitorear y auditar el funcionamiento de estos órganos, a fin de prevenir que cometan abusos. 22. Los Kaibiles (nombre de origen maya), son oficiales, especialistas y elementos de tropa del Ejército de Guatemala que se han graduado del curso del mismo nombre impartido en una escuela de fuerzas especiales enfocadas en la acción contrainsurgente. Son reconocidos por su alta capacidad de sobrevivencia en condiciones adversas y también por su crueldad en combate, plenamente documentada en los informes sobre violaciones a derechos humanos durante la guerra interna. Dicha unidad militar se consolidó con el proceso de formación diseñado y conducido por el ahora político opositor y general retirado, Otto Pérez Molina, ex Comisionado Presidencial de Seguridad durante el gobierno de Berger; ex candidato presidencial en las elecciones generales de 2007 por el Partido Patriota (PP), y ex Secretario General de ese partido.
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de México y ahora lo hace en Guatemala y presuntamente también en El Salvador. Sendas publicaciones de prensa evidenciaron la participación de elementos de tropa en activo como miembros de la estructura criminal. Además, altos jefes militares han sido sindicados de fraguar un millonario desfalco al presupuesto nacional, otros están señalados de conformar la base y ser parte activa de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS), responsables de violaciones a Derechos Humanos. Ex patrulleros de defensa civil incorporados a las Juntas Locales de Seguridad promovidas por el MINGOB cumplen funciones de represión y violentan libertades y garantías en comunidades rurales de Guatemala. Sin supervisión de las autoridades responsables, estos núcleos supuestamente ciudadanos son en verdad una renovación de la estructura de patrullas civiles que llevan a cabo acciones de restricción de garantías, al extremo que hay localidades en donde se impide el acceso a la fuerza civil de seguridad y se instalan centros de detención ilegal.
perfil público, el Ejército de Guatemala sigue sin cumplir el espíritu de los Acuerdos de Paz y funciona con niveles de autonomía que impiden su verdadera subordinación a la autoridad civil. Esta situación impide que se produzcan procesos efectivos de reconversión y superación de la doctrina de Seguridad Nacional, cuya base contrainsurgente sustentó las graves violaciones a Derechos Humanos en el pasado. Cuerpos ilegales y ejecuciones extrajudiciales Con un sistema en claro cisma estructural, cultural y profesional, así como la desnaturalización del subsistema civil de inteligencia, están montadas las condiciones para el funcionamiento de cuerpos ilegales dentro del aparato de Estado, que habrían de cometer abusos y que en caso extremo llegan a realizar ejecuciones extrajudiciales.
A mediados de febrero del presente año, una publicación de prensa destacaba la existencia de cuerpos ilegales dentro de la PNC responsables de extrajudiciales 23 . En otros campos hay también ejecuciones participación de oficiales militares Si bien debe aclararse en la inen actividades criminales vinculadas vestigación judicial pertinente al narcotráfico. Recientemente, un a quién o a quiénes responden coronel del Ejército que fungía como dichos grupos, tal noticia no es comandante de reservas militares en novedad puest0 que, desde el el noroccidental departamento de año 2005, las organizaciones de Huehuetenango, también está en pri- Derechos Humanos han venido sión sindicado de traficar cocaína. denunciando y documentado la existencia de grupos dedicados Sobreviviendo como un poder a ejecuciones extrajudiciales y fáctico, actualmente con un bajo práctica de tortura y violencia
23. Según medios de prensa, se informó de la existencia de dos grupos especializados en operaciones contra el crimen organizado que estaban bajo las ordenes de la entonces Directora de la PNC, Marlene Blanco Lapola, de realizar acciones violatorias a los Derechos Humanos tales como ejecuciones extrajudiciales contra jóvenes supuestamente vinculados a grupos delictivos.
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sexual 24 . Estos señalamientos también han sido apuntados por instancias de Naciones Unidas tales como el Comité de la Tortura y el Relator de Ejecuciones Extrajudiciales 25 .
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La existencia de un grupo semiautónomo al interior del MINGOB que era conducido por el asesor de origen venezolano y nacionalizado guatemalteco, Víctor Rivera, derivó en denuncias de una estructura ilegal que realizaba operativos denominados de limpieza social. Rivera permaneció en funciones durante por lo menos tres gobiernos antes del actual, previo a ser destituido en abril de 2008 y después de cuatro meses después de la toma de posesión de Álvaro Colom en la Presidencia de la República. Una semana después de su retiro, Rivera fue asesinado en un operativo que aún está siendo investigado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el cual, de ser esclarecido podría ofrecer luces acerca del funcionamiento y relación de estructuras ilegales dentro del Estado con grupos de interés en otros espacios de poder fáctico en Guatemala.
La notoriedad de la denuncia actual, en todo caso es que la acusación se produce en un espacio de disputa mediática entre ex funcionarios del MINGOB. Uno de ellos, el ex Viceministro de Asuntos Comunitarios, Francisco Cuevas, relacionado con acciones de abuso policial contra defensoras y defensores de derechos humanos 26. El ejercicio de derechos y garantías bajo amenaza Con este panorama de debilidad estructural, altos índices de corrupción así como presencia, tolerancia y aquiecensia a estructuras ilegales dentro del aparato de seguridad, no hay garantía de que las personas puedan ejercer sus libertades y derechos con libertad, sin riesgo y libres de amenazas. El sistema de seguridad al no ser capaz de cumplir con su función de garantizar un estado de bienestar libre de amenazas, alimenta el espíritu de la acción autoritaria y posiciones de mano dura. El Estado, debilitado en su capacidad hegemónica, recurre a la limitación de libertades para controlar situaciones de ingobernabilidad, pro-
24. Véase entre otros, Samayoa, Claudia. “Ejecuciones extrajudiciales o la mal llamada limpieza social en Guatemala”. CALDH-ICCPG-SEDEM, Guatemala 2007. 25 . Este último, en sus informes de relatoría de 2006 durante la administración de Oscar Berger, y en 2009 ya con la administración actual, denunció la existencia de “grupos de limpieza social al interior de la Policía”. 26. El 10 de diciembre de 2009, al medio día, un comando del pelotón antimotines de la PNC desalojó violentamente de la Plaza de la Constitución, zona 1 de la Ciudad Capital de Guatemala, a un grupo de sindicalistas de SITRAPETÉN, quienes permanecían en dicho lugar desde hacia 18 meses, en demanda de la intervención del Estado en la solución a su reclamo por justicia laboral. Un segundo desalojo violento se produjo a la media noche de ese día y amanecer del 11 de diciembre, fuera del horario permitido que es de las 6 de la mañana a 6 de la tarde, lo que viola flagrantemente toda normativa en vigor. Durante este segundo hecho se agredió físicamente mediante golpes y derrame de líquidos irritantes en rostro y cabeza, a miembros de dos organizaciones de derechos humanos presentes en el lugar para acompañar a los sindicalistas. Toda esta operación de desalojo tuvo de fondo y como objetivo, permitir la instalación de un escenario de televisión para un espectáculo internacional, y fue ordenada por el ex Viceministro Cuevas. Pese a la denuncia penal, no ha habido investigación disciplinaria en la PNC y la destitución de Cuevas no está ligada a sanciones por violación a Derechos Humanos, pese a que los abusos mencionados están claramente documentados.
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V. Aquí entran los estados de excepción y la criminalización de las demandas sociales Un claro ejemplo lo constituye la suspensión de garantías en los municipios de San Juan Sacatepéquez en el Departamento de Guatemala, y Malacatán en el departamento de San Marcos, en 2008 y 2009 respectivamente.
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En San Juan Sacatepéquez, apenas cinco meses después de tomar posesión, el gobierno de Álvaro Colom impuso un estado de excepción para resolver la crisis derivada de la disputa comunitaria por la objeción a la apertura de una planta procesadora de cemento, propiedad de una de las familias que concentra el mayor nivel de riqueza en Guatemala27. En el conflicto suscitado en dicha comunidad se produjo un enfrentamiento que derivó en la muerte de Francisco Tepeu, hecho por el cual se emitieron más de 150 órdenes de captura contra líderes comunitarios. En Malacatán, San Marcos, desde el año 2009 los miembros del Frente de Resistencia por la Defensa de los Recursos Naturales (FRENA) han denunciado las arbitrariedades de la empresa Unión Fenosa, propietaria de la Distribuidora de Energía de Occidente (DEOCSA) y de la Distribuidora de Energía de Oriente (DEOCSA-DEORSA), que realiza cobros excesivos por el servicio. El FRENA reivindica la prestación estatal de un servicio público. Ante las protestas y por requerimiento de DEOCSA-DEORSA, el gobierno impuso también el estado de excepción y restringió garantías. En el marco de la vigencia de tal medida estatal han sido asesinados varios dirigentes de FRENA en 2009 y en lo que va del presente año28.
piciando con ello la actuación de fuerzas ilegales. Ante la debilidad estatal para resolver conflictos sociales, reiteradamente se recurre a la implantación de estados de excepción en espacios geográficos delimitados así como a la criminalización constante de las demandas sociales. Dichas decisiones, al restringir las libertades y garantías, lejos de contribuir a la solución de la problemática propician la acción de estructuras ilegales que atentan contra los Derechos Humanos, especialmente el derecho a la vida. Mientras la estructura civil de seguridad es incapaz de garantizarle
seguridad a la ciudadanía, el Estado recurre al empleo de la línea autoritaria restringiendo garantías y, en el marco de dichos estados, los cuerpos ilegales actúan con total impunidad atentando contra la integridad física y el derecho a la vida. En tales circunstancias, retomar en serio y con declarada y efectiva voluntad política el proceso de reforma integral de la estructura de seguridad es requisito esencial para construir un sistema que garantice el cumplimiento efectivo de la función del Estado, en el marco del respeto irrestricto a los Derechos Humanos.
27. La familia Novella, una de las propietarias de Cementos Progreso –la otra familia accionista es Torrebiarte Lantzendorffe-, empresa impulsora del proyecto en cuestión, es una de las 14 sociedades familiares –ahora convertida en grupo corporativo- que concentra la mayor cantidad de riqueza en el país. Posee el monopolio de la fabricación de cemento y ha sido beneficiada con la concesión de construcción de carreteras. Esto ha sido ampliamente documentado en varios números de El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Ver por ejemplo: Solis, Fernando, y Solano, Luis. “El bloque histórico y el bloque hegemónico en Guatemala. Primera y segunda partes-“. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía Nos. 2 y 3, septiembre y noviembre de 2006, respectivamente. 28. Ver Reina, Carmen. “Movimientos sociales y sujetos en la lucha política y la defensa del territorio en Guatemala: Retos para su potenciación”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía Nos. 22-23, año 5, diciembre 2009 – febrero 2010, páginas 73-76.
Análisis de situación
Sistema de seguridad democrática en la encrucijada
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ENFOQUE es una publicación quincenal de análisis de situación que es producido por la Asociación El Observador. Forma parte de la iniciativa: “Análisis Alternativo e Independiente para la Construcción de una Sociedad Democrática” con la cual se pretende contribuir en el proceso de construcción de una sociedad más justa y democrática, a través de fortalecer la capacidad para el debate y discusión, el planteamiento, la propuesta y la incidencia política de actores del movimiento social, organizaciones de la sociedad civil, medios comunicación alternativos y todas aquellas expresiones sociales que actúan en diferentes niveles: local, regional y nacional. Consejo Editorial Fernando Solis, Luis Solano, Carmen Reina, Marco Fonseca, Fredy Herrarte, Rocío García y Gustavo Illescas. Coordinación de información, análisis y edición: Alejandro Del Águila Fotografía: Recursos varios Diseño:
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