Todo lo que debe saber del plebiscito en
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preguntas
- ¿Por qué se hizo una negociación de paz? - ¿Las Farc entregarán las armas? - ¿A dónde irán las Farc ahora que se firmó la paz? - ¿Qué son las Circunscripciones Especiales de Paz? ¿Serán para el partido de las Farc? - ¿Cómo repararán las Farc a sus víctimas?
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¿Por qué se hizo una negociación de paz?
La negociación entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia fue una apuesta para terminar con más de 50 años de conflicto en Colombia, ante la dificultad para derrotar militarmente a la guerrilla. Cabe recordar que cuatro de cada cinco conflictos internos y guerras civiles libradas en el mundo desde la mitad del siglo XX han terminado con la firma de un tratado de paz y no con una derrota militar del adversario. Los diálogos con las Farc les dieron a estas un estatus político y les permitieron acceder a beneficios políticos, jurídicos y sociales, con el fin de lograr el desarme del grupo guerrillero, realizar una reparación material, moral y simbólica de las víctimas y garantizar una reconstrucción social.
¿Hay impunidad en los acuerdos?
El modelo de justicia transicional pactado en el acuerdo plantea penas distintas a las estipuladas en la justicia ordinaria. Habrá, en este contexto, sanciones penales para subversivos y agentes del Estado que hicieron parte del conflicto armado bajo tres escenarios: (1) Si el reconocimiento de delitos graves es temprano, tendrán penas de entre 2 y 8 años de restricción de la libertad, sin encarcelamiento, en condiciones especiales. (2) Si el reconocimiento se hace de forma tardía, acarrearía penas de prisión entre los 5 y 8 años. (3) Si, por el contrario, niegan la responsabilidad de los actos cometidos y finalmente resultan culpables, los transgresores tendrán penas en prisión de hasta de 20 años. De igual forma, se acordó otorgar amnistías a acusados de delitos políticos, como la rebelión, la sedición (levantamiento contra un gobierno con el fin de derrocarlo), o protesta violenta, así como de delitos conexos como el porte ilegal de armas, las muertes en combate, el concierto para delinquir y el narcotráfico con fines de financiar la rebelión.
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¿Por qué se contemplan penas alternativas a la cárcel?
Según lo que ha expuesto el Gobierno el propósito detrás del proceso de paz y los acuerdos de La Habana radica en superar nuestro pasado violento común. El camino al que ha recurrido para la superación de este es a través de penas alternativas, en un contexto de justicia transicional, que creen incentivos temporales para estimular que quienes han tomado las armas se desmovilicen definitivamente, se reintegren a la sociedad y, de esta forma, se supere eficazmente el conflicto armado.
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¿El Tribunal de Paz que plantea el Acuerdo será elegido por las Farc?
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¿A dónde irán las Farc ahora que se firmó la paz?
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¿Las Farc entregarán las armas?
En el Acuerdo de Paz se planteó la creación de una Jurisdicción Especial de Paz para investigar, juzgar y sancionar los hechos que tuvieron relación con el conflicto armado. Este incluirá Tribunal para la Paz, que se encargará de proferir las penas por las conductas cometidas en el conflicto, en particular los delitos más graves y representativos. Estará conformado por 20 jueces principalmente colombianos y cuatro extranjeros, nombrados por méritos y que deberán tener cualidades iguales a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia o la Corte Constitucional, como 15 años de ejercicio. Se acordó que personas e instituciones como el Secretario General de las Naciones Unidas, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, entre otros, escojan a las personas que conformarán el mecanismo de selección para elegir los miembros del Tribunal, con el propósito de que sea un proceso autónomo y transparente.
Los guerrilleros se concentrarán en 20 Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), ubicadas a lo largo de toda la geografía colombiana. Estas buscan facilitar el cese al fuego, la entrega de armas, y son el primer paso por el que deben pasar los combatientes de las Farc para iniciar su proceso de reincorporación a la vida civil en los aspectos sociales, económicos y políticos. Estas zonas funcionarán por 180 días tras la firma del Acuerdo. Al interior de estas locaciones, la guerrilla podrá realizar actividades educativas y de capacitación para oficios que desarrollarán cuando ingresen a la vida civil.
Se ha establecido un período de 180 días después de la entrada en vigor del Acuerdo (de aprobarse este domingo), durante el cual las Farc deberán realizar el transporte de las armas a las 20 Zonas Veredales y, posteriormente, la entrega del armamento a un mecanismo de monitoreo y verificación, integrado por delegados del Gobierno (Fuerza Pública), las Farc y las Naciones Unidas. A la mitad de ese lapso, finalizado el transporte, registro e identificación de las armas, se inicia la dejación, la cual se realizará gradualmente hasta el día 180. Al final de este período, ni una sola arma quedará en poder de las Farc.
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¿Qué pasará con las armas que entreguen?
Las armas deberán ser depositadas en contenedores ubicados en los campamentos al interior de las Zonas Veredales. Naciones Unidas será el encargado de la destrucción del armamento, para construir tres monumentos: uno que estará en la sede de Naciones Unidas, otro estará en La Habana y otro en Colombia.
¿Qué pasará con los niños reclutados por las Farc?
Los menores de edad que hayan salido de los campamentos de las Farc desde el inicio de las conversaciones de paz, así como los que salgan hasta la finalización del proceso de la dejación de armas, serán objeto de medidas de especial atención y protección para garantizar la restitución de sus derechos, priorizándose su acceso a la salud y a la educación. Las Farc iniciaron la entrega de los niños a las Naciones Unidas el 10 de septiembre.
¿Cómo se garantiza que las Farc y el Gobierno cumplan los acuerdos?
Luego de la entrada en vigor del Acuerdo Final se debe crear una comisión de implementación, seguimiento y verificación de lo convenido en La Habana, integrada por tres representantes del Gobierno y tres de las Farc. Su objetivo es hacer seguimiento a los componentes del Acuerdo y su implementación legislativa, y aprobar un plan marco para la implementación de los puntos acordados. Deberá contener el cronograma y el conjunto de propósitos, objetivos, prioridades y medidas necesarias para su puesta en marcha.
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¿Cómo acompañará la comunidad internacional la implementación del Acuerdo?
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¿Cómo es el proceso de reintegración de las Farc a la sociedad?
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¿Recibirán los desmovilizados $1.800.000 mensuales?
El Gobierno y las Farc acordaron la creación de un mecanismo de verificación con un componente internacional, con el propósito de comprobar el avance de la implementación, e identificar retrasos o deficiencias. Se compondrá por dos delegados, uno del Gobierno y otro por las Farc, y por representantes de los países garantes de las negociaciones. Gobierno y Farc solicitarán a Naciones Unidas una misión política para verificar la reincorporación económica, política y social de las Farc y las medidas tomadas para la protección de los excombatientes. Las Farc y el Gobierno, así mismo, acordaron solicitar el acompañamiento internacional de diversos países y entidades internacionales en la implementación de cada uno de los puntos del Acuerdo, para brindar apoyo en experiencias, recursos, monitoreo y buenas prácticas.
El Acuerdo contempla algunas medidas orientadas a garantizar que el tránsito de los miembros de las Farc a la legalidad y su incorporación a la vida civil se realice de la mejor manera posible. Por esto se planteó que el Estado entregue a cada guerrillero una renta básica para garantizar la supervivencia. Muchas personas tienen oficios o profesiones y para ellos será más fácil el proceso de reintegración económica; pero hay otros que no cuentan con estas características y para ellos está previsto un apoyo del Estado durante la ruta de reintegración. Se trata de una ayuda para terminar de formarse, para escolarizarse; algunos a terminar su primaria o secundaria y, aquellos que puedan, para acceder a educación superior. Aparte de esto se plantea brindarles ayuda en la formación en oficios y artes buscando que puedan hacer un real aporte a la sociedad.
El monto fijado es en realidad de un 90% del salario mínimo legal mensual vigente ($620.000 a la fecha) con lo que se espera que los excombatientes puedan sufragar necesidades básicas para ellos y sus núcleos familiares durante un período de dos años. A al finalizar las Zonas Veredales, los excombatientes recibirán una asignación única equivalente a dos millones de pesos, con el fin de que puedan reasentarse con sus familias en el lugar en el que vivirán. Lo que persigue esta medida es que los desmovilizados puedan contar con un mínimo recurso básico para estacionarse y hacer el transporte de la familia y los enseres.
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¿Se les permitirá a las Farc hacer política? ¿Cómo harán la transición de un grupo armado a organización política?
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¿Cuántas curules se le entregarán a las Farc en el Congreso de la República y por qué?
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¿Cómo se financiará este partido político?
Dado que se intenta resolver un conflicto con un trasfondo político, el Acuerdo implica que a los excombatientes no solo hay que reincorporarlos a vivir en la sociedad, sino que deben poder reintegrarse también al escenario político. El objetivo de lo pactado, según lo que han expuesto las delegaciones negociadoras, es que estas personas puedan realmente cambiar las armas por espacios de participación y que estos puedan ser efectivamente utilizados con las mismas garantías, obligaciones y deberes que cualquier ciudadano. El acuerdo ha previsto que las Farc se podrán conformar como partido y obtener su personería jurídica, pero siempre y cuando reúnan los requisitos que requeriría cualquier otra agrupación que quiera tener este reconocimiento. El acuerdo dispone que no les será reconocida la personería ni se les permitirá hacer proselitismo político hasta tanto no hayan dejado total y efectivamente las armas, ante los agentes de verificación de las Naciones Unidas.
El nuevo partido deberá participar y buscar de manera directa los votos para conseguir las curules, pero de forma transitoria, por virtud del acuerdo, se les garantizarán al menos cinco curules en el Senado y cinco más en la Cámara a fin de que puedan efectivamente tener participación política. Será a partir de 2018 y por dos periodos (cuatrenios). Es decir que incluso si no alcanzan los votos para cinco escaños, se les asignarán a miembros de su partido; y si logran votos para siete u ocho curules, las obtendrán. Para tener una idea de lo que significará esta participación, es bueno saber que existen más de 200 curules en todo el Congreso, y cinco, si bien no son insignificantes, van a garantizar que se les escuche la voz, no a través de los fusiles, sino a través del recinto de la democracia que es el Congreso de la República. Lo anterior les permitirá participar en las discusiones, pero no tendrán la capacidad de tomar decisiones.
En principio el partido será financiado por el Estado mismo. Es pertinente tomar en cuenta que los estados democráticos son los principales financiadores de sus partidos políticos. Esto es lo que garantiza que todos los partidos tengan el acceso a recursos para poder buscar y obtener votos de manera legal. El Gobierno Nacional financiará este nuevo partido en un monto equivalente al 10% del recurso presupuestal que se destina a los partidos políticos, desde la dejación de armas hasta el año 2026. Con esto el Acuerdo pretende lograr que en un periodo de diez años el grupo se pueda consolidar realmente como un partido político con espacio para la participación.
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¿El acuerdo solo beneficiará políticamente a las Farc?
¿Qué son las Circunscripciones Especiales de Paz? ¿Serán para el partido de las Farc?
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¿Cómo se evitará que suceda otra masacre como la de la Unión Patriótica?
El texto del Acuerdo plantea un escenario de apertura democrática, que permitiría el reconocimiento de otros actores políticos, no solo de las Farc, así como un efectivo ejercicio del derecho a la oposición, tanto por los partidos políticos como por los movimientos sociales. Todo esto por medio de la creación de una comisión que prevea unas garantías para la participación ciudadana, la movilización y la protesta; la realización de cambios institucionales que faciliten la constitución de partidos políticos; y, tal vez uno de los puntos más importantes, es que incluye la instauración de unas Circunscripciones Especiales de Paz.
Durante el postacuerdo, estas circunscripciones están llamadas a dar representación adicional en la Cámara a las zonas más afectadas por el conflicto armado y el abandono estatal por medio de sus movimientos sociales. Todo esto implica la inclusión de nuevas voces que enriquezcan el debate político y social, con lo cual se espera que el vínculo política-armas se rompa, pasando a la promoción de la relación política-ideas.
Se activará un Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política cuya misión será proteger a todos los partidos políticos, incluido el creado por las Farc. Entre sus componentes clave está la Unidad Nacional de Protección, que se hará cargo de la seguridad de los integrantes de las Farc en proceso de reincorporación a la vida civil, y sus familias. Las garantías de seguridad también incluyen la lucha frontal contra las bandas criminales que pueden poner en riesgo la seguridad tras el fin del conflicto.
El impacto de vivir en un país sin conflicto armado
Ponerle fin a los costos que el conflicto armado representa para millones de colombianos que han sufrido de las diferentes formas de violencia
Más capacidades para combatir la delincuencia común y las bandas criminales
Fortalecimiento de infraestructura para el país
Cambios en las condiciones de seguridad para el país: Van a cesar los ataques contra la población y la infraestructura. Mejores condiciones de seguridad y mejores condiciones en manera de protección de la propiedad y administración de justicia
Crecimiento económico entre 1 y 1.5 puntos porcentuales adicionales
Posibilidad de construir más centros de salud, vías terciarias y redes de distribución
Fuente: Oficina del Alto Comisionado para la Paz
El impacto de vivir en un país sin conflicto armado Mayor desarrollo en los sectores
Sector Agropecuario
Sector Infraestructura
Sector Turismo
Si terminamos el conflicto armado, Colombia generaría más de 700 mil toneladas. Estudios revelan que crecerían 3 puntos porcentuales por año.
Si terminamos el conflicto armado, nos permitirá fortalecer infraestructura del país que es considerada una de las más atrasadas del mundo.
Si terminamos el conflicto armado, tendríamos un enorme desarrollo del turismo y mayores sitios para desarrollar nuestro potencial turístico.
Países como Perú, Sri Lanka, Sierra Leona, entre otros, pusieron en años anteriores FIN al conflicto armado y se ha podido evidenciar: • Reducción en el costo y número de días que se requiere para iniciar un negocio • Fortalecimiento de infraestructura • Transformación del sector agrícola para generar mayor exportación
Fuente: Oficina del Alto Comisionado para la Paz
Beneficios y oportunidades de vivir en un país en paz
Disminuye los dueños de redes de distribución y transporte Mejores redes de transporte
Mayores oportunidades de negocio
Mayor capacidad de comercialización
Reduce el tiempo de entrega de mercancias
Mejores condiciones de seguridad
Mayor productividad
Reduce gastos en seguridad
Mejores condiciiones de empleados para colombianos
Mayor crecimiento del negocio
Fuente: Oficina del Alto Comisionado para la Paz
Retos y desafíos Enfrentarse a saboteadores
Preparar al conjunto de la empresa
Generar confianza social
Financiación de la paz: durante los primeros, años los costos de la paz serán más visibles que las ganacias
Fomentar, incentivar y crear consenso
Fuente: Basado en el texto Perspectivas, retos y oportunidades de los empresarios colombianos en la construcción de la Paz, por Rafael Grasa
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¿Cómo se reparará a las víctimas del conflicto?
El Acuerdo contempla una serie de medidas orientadas a reparar a las víctimas, entre las que se incluyen acciones concretas de contribución a la reparación por parte de quienes han causado daños, la reparación colectiva, la rehabilitación psicosocial a nivel individual y comunitario, los procesos colectivos de retorno de personas en situación de desplazamiento, la restitución de tierras y la reparación material.
¿Cómo repararán las Farc a sus víctimas?
Como parte de su proceso de reincorporación a la vida civil, las Farc se comprometieron a realizar obras de reconstrucción de infraestructura en aquellos territorios con mayor afectación por el conflicto; participarán en los programas de desminado, de sustitución de cultivos de uso ilícito y de reforestación, así como en la búsqueda, ubicación, identificación y recuperación de restos de personas muertas o dadas por desaparecidas.
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¿Cómo se hará para que campesinos sustituyan los cultivos ilícitos?
El Gobierno se comprometió a crear un programa de incentivos y apoyos para que los campesinos que vienen sembrando coca la erradiquen manualmente y reemplacen estos cultivos por otros lícitos que les permitan su subsistencia. Para ello, acordó darles a los cultivadores todo el apoyo técnico mejorando la infraestructura de vías terciarias y fortaleciendo la presencia institucional del Estado, a fin de llevarles salud, educación, seguridad y servicios, y hacer posible que estas personas permanezcan en el campo y puedan solventar sus necesidades. Las zonas en que se ha identificado el mayor número de cultivos serán priorizadas, a fin de que rápidamente puedan reconvertirse a la actividad agrícola legal.
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¿Qué hará el gobierno para combatir a los otros grupos al margen de la ley que subsisten?
¿La reforma rural integral expropiará propiedad privada para darles terrenos a campesinos sin tierra?
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¿Cómo se promoverá el desarrollo del campo en zonas afectadas por el conflicto o por la ausencia del Estado?
El Gobierno se comprometió a fortalecer su programa de lucha contra el delito, teniendo en cuenta que alrededor de las mismas se generan ejes importantes de violencia asociada al narcotráfico. Así mismo, manifestó su compromiso de perseguir, enjuiciar y penalizar a quienes se dediquen a estas actividades, así como a otras que se consideren conexas como el lavado de activos.
La reforma plantea la creación de un Fondo de Tierras que tiene por objetivo adjudicar 3 millones de hectáreas en 10 años. Es decir, dotar de tierra al campesino que carece de tierra suficiente para vivir con su familia y explotarla adecuadamente. Este fondo se alimenta de una serie de mecanismos judiciales y administrativos orientados a recuperar tierras para la Nación. Entre ellos se plantean la extinción de dominio, pero solo de tierras usadas para fines ilegales, indebidamente apropiadas o que no cumplan la función social de la propiedad.
La reforma rural del Acuerdo incluye un programa de desarrollo con enfoque territorial que busca lograr el desarrollo del campo articulado a las ciudades, teniendo en cuenta las necesidades y condiciones regionales. Además, promueve la participación de las poblaciones en la formulación de sus planes. Los programas se realizarán inicialmente en lugares que posean mayores índices de pobreza por afectación por el conflicto, debilidad institucional y presencia de cultivos de uso ilícito. Se implementarán también unos planes nacionales para la reforma integral. Estos tienen como propósito reducir en un 50% la pobreza en todas sus dimensiones, en un plazo de 10 años. Estos contemplan una infraestructura de adecuación de tierra que busca mejorar la explotación, así como el mejoramiento de las infraestructuras de riego, eléctricas y viales.
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¿Por qué un plebiscito para refrendar los acuerdos?
¿Qué pasa si gana el Sí?
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¿Qué pasa si gana el No?
El plebiscito es uno de los siete mecanismos de participación ciudadana que indica la Constitución. Con este se busca consultar al ciudadano sobre una decisión que toma el Presidente de la República para dotarla de legitimidad. El Gobierno optó por el plebiscito debido a que a través de este mecanismo, la población le dice sí o no a una gestión política del Presidente; mientras que con un mecanismo como el referendo, se le pregunta al pueblo si aprueba o no una reforma constitucional o una ley. Esto no es lo que se pretende con el Acuerdo ya que quien lo implementará, a través de reformas constitucionales y leyes que suponen una posterior reglamentación, es el Congreso.
Quedará refrendado popularmente el Acuerdo Final entre el Gobierno y las Farc, por lo que el presidente de la República está en la obligación de implementar los acuerdos pactados en La Habana presentando al Congreso los proyectos de reforma constitucional y leyes para que sean efectivamente expedidos. El plebiscito es una decisión de carácter político, no normativo, por eso, si el 2 de octubre llega a ganar el sí, al día siguiente no se habrá modificado una sola coma de la Constitución ni de la ley.
Si gana el ‘no’, el presidente podría renegociar con la guerrilla o firmar nuevos acuerdos, pero en caso de llegarse a una renegociación, no puede ser presentado el mismo acuerdo inicial. La aprobación o desaprobación popular es de carácter vinculante. Representantes del Gobierno han sido enfáticos en señalar que, de ganar el ‘no’, no se acudirá a una renegociación. Las Farc, por su parte, podrían hacer uso de los protocolos para regresar a sus campamentos originales y volver a la lucha armada.
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¿Cómo implementará el Congreso los acuerdos?
¿Podrá un futuro gobierno revertir los acuerdos?
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¿Cuánto costará?
Se han establecido una serie de reglas especiales que el Gobierno y el Congreso aplicarán al implementar los acuerdos. Dichas reglas están en la reforma constitucional conocida como Acto Legislativo para la Paz, que establece que para la implementación se va a crear una comisión legislativa especial en la que habrá representación de todos los partidos políticos que hacen parte del Congreso. Este procedimiento se llevará a cabo por un período de seis meses, a partir de la entrada en vigencia del Acto Legislativo (una vez se refrende el Acuerdo mediante la participación popular), pero podrá ser prorrogado por hasta seis meses por el Gobierno, tras notificar al Congreso.
Una vez se active el Acto Legislativo para la Paz y los acuerdos sean implementados, tanto el actual gobierno como futuros presidentes se verán constitucionalmente obligados a respetarlos.
No existe un consenso sobre los gastos e inversiones que se requerirán para hacer realidad los compromisos adquiridos en el acuerdo. Según los estimativos de la Comisión de Paz del Congreso, se requerirán inversiones por valor de $93 billones durante los próximos 10 años. Aquí se incluyen el costo de fortalecer las instituciones mínimas que garanticen justicia y seguridad pública; regulación de la propiedad, uso y explotación de la tierra; servicio civil y capacidad administrativa, financiera y de planeación local, tributación local y capacidad fiscal; e inversiones cuantiosas en salud, educación, vías, agua, electrificación, vivienda y desarrollo rural.