Piso parejo

Paul A. Sánchez paul@oem.org.mx Doctor en Política Pública con más de 10 años de experiencia en materia energética en los sectores público, privado, social y académico.

La regulación en materia de competencia tiene como propósito evitar prácticas monopólicas que puedan ocasionar distorsiones en los mercados. Es decir, que eleven los precios de los productos en detrimento del bienestar social de todos nosotros los consumidores. La idea básica es que la competencia entre muchas empresas hace muy difícil que estas se pongan de acuerdo para ofrecer el mismo precio o, en otras palabras, que las empresas se coludan para aumentar los precios por encima del precio de equilibrio, lo que se considera una práctica monopólica. Si has comprado en internet algo, ya sea una computadora, un pantalón o una televisión, lo más probable es que revises las páginas de diferentes tiendas en línea hasta encontrar la opción más barata considerando el tipo de tecnología y los costos asociados como garantías y envíos. En este sentido, las empre

sas compiten por precio, calidad y otras características de igual forma que cuando vamos al mercado de abastos y podemos encontrar que el tomate o la cebolla tienen diferentes precios según el local o en un tianguis de ropa, el mismo pantalón puede variar de puesto en puesto. No obstante, una empresa puede tener mayor poder relativo que otras empresas, lo que le permite realizar acciones que tienen como objetivo, de corto, mediano o largo plazo, el controlar para sí misma el mercado y establecer el precio donde la empresa maximice sus utilidades. Estas acciones pueden variar como ofrecer el mismo producto a precios por debajo de sus costos de recuperación por un tiempo –precios predatorios– con la finalidad de sacar de circulación a las otras empresas para después aumentarlos; o controlar la cadena de distribución de una mercancía y establecer barreras de costo a los competidores directos. También puede ganar el favor de los agentes de gobierno para limitar la competencia o establecer barreras de entrada con altos costos. Estas son conocidas como prácticas monopólicas las cuales están penadas por la Constitución Política de México en su artículo 28, y la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) es el órgano constitucional autónomo encargado de vigilar que se respete el principio de libre competencia y libre concurrencia en los mercados y evitar las prácticas monopólicas que ciertas empresas, por su tamaño, podrían realizar. A esto último es lo que se le llama poner el piso parejo. En México, antes de la reforma energética, el mercado de venta de gasolinas, y en general todo el sector de petrolíferos, no se consideraban un monopolio por encontrarse dentro de las áreas estratégicas

“Sí, piso parejo a la empresa que controla el 87% de las ventas al mayoreo de gasolinas y 72% del diésel, el 89% de la capacidad de almacenamiento, el 100% de los poliductos y más del 80% del transporte de petrolíferos en general. ”

de la economía reservadas al Estado y que eran operadas por paraestatales, en este caso PEMEX. El precio de la gasolina no era libre sino que se establecía por decreto del Ejecutivo Federal. El modelo de negocio de las estaciones de servicio era, entonces, que el Ejecutivo Federal establecía un precio de venta fijo a los operadores gasolineros donde se les garantizaba un porcentaje sobre el precio final. En consecuencia, la gasolina en todo el país costaba lo mismo, los operadores no podían cambiar los precios y, por lo tanto, no había incentivos para competir. Tras la reforma energética, se liberaron los precios y se estableció el principio de libre competencia, pero se advirtió el peligro de la existencia de un jugador preponderante con mayor poder de mercado que las empresas entrantes y con control de la infraestructura de logística y almacenamiento: PEMEX. No obstante, la presente administración ha señalado que PEMEX se encuentra en peligro por la reforma y que, por el contrario, es importante ponerle el piso parejo a la empresa del Estado. Sí, piso parejo a la empresa que controla el 87% de las ventas al mayoreo de gasolinas y 72% del diésel, el 89% de la capacidad de almacenamiento, el 100% de los poliductos y más del 80% del transporte de petrolíferos en general. Dado este poder de mercado, la COFECE emitió esta semana la opinión técnica sobre el impacto de la regulación relativa a la comercialización al mayoreo de gasolinas y al expendio al público en estaciones de servicios y su aplicación al proceso de competencia y libre concurrencia que atiende muchas de estas preocupaciones y sobre las cuales hablaremos la siguiente semana. Hasta entonces.