Argumentos en contra

Observatorio Político Dominicano, una iniciativa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo

• Argumentos en contra

Según las estimaciones de Hernández Galindo (2020), los principales elementos para mantener la prohibición del voto militar y policial son:

1) mantener la seguridad jurídica, la libertad política y la plena igualdad de los electores, quienes no deben ser coaccionados por las armas; 2) toda organización política tiene derecho a confiar en que la fuerza pública está al servicio de la nación, del orden y de la libertad de todos, no de orientaciones afines a las inclinaciones o simpatías políticas de sus miembros o de aquellos superiores a quienes tales miembros deban obediencia; 3) este veto es una garantía para los partidos, movimientos y organizaciones políticas, ya que todos, sin discriminación alguna, deben gozar del libre ejercicio político y proselitista; 4) lejos de significar una discriminación contra los militares y policías, resguarda su respetabilidad, credibilidad y la independencia de sus altos mandos frente a intereses ajenos a los fines fundamentales de la organización estatal y de su servicio; 5) las aludidas limitaciones solamente permanecen durante el tiempo de servicio, por lo que los militares y policías retirados pueden ejercer libremente sus derechos políticos, divulgar sus criterios partidistas, promover su ideología y hasta aspirar a cargos electivos.

El referido autor sostiene que los militares y policías no se deben inclinar a favor ni en contra de los partidos y movimientos

Voto militar y policial en República Dominicana

políticos, pues no están al servicio de un partido ni de un candidato en particular (sea del gobierno o de la oposición), sino del Estado. Por tanto, autorizar que los militares en ejercicio sean deliberantes y tengan derecho al sufragio, acceso a los procesos electorales y participación en las campañas partidistas los dividiría y los comprometería con intereses distintos de los institucionales, que son los que les corresponden.

Para Posada (2020), cualquier posible politización de las Fuerzas Armadas representa un riesgo inmenso en la búsqueda permanente de estabilidad y separación de poderes por parte de los Estados, dado que la historia regional pone de manifiesto que las afiliaciones políticas y las divisiones de esa naturaleza entre la Policía y el Ejército durante los años de la violencia condujeron a numerosos casos de intimidación y autoritarismo que dejaron clara la necesidad de marcar una línea muy gruesa entre los cuarteles y la política. Por ello, estima que abrir la puerta hacia la politización y el activismo en instituciones sobre las cuales recae tanta responsabilidad frente al cumplimiento de un proyecto democrático es realmente peligroso e innecesario.

El mencionado autor concluye que las posibilidades de que la desinformación y las presiones influyan en el voto de los miembros activos de las Fuerzas Armadas con el objetivo de convertirlas en un poderoso bloque electoral se convierten a su vez en una realidad ante la propuesta de permitir el voto policial y militar. Consecuentemente, considera que el vínculo de las Fuerzas Armadas (en vías de profesionalización) con banderas electorales representaría un gravísimo retroceso para la estabilidad democrática de un país. Finalmente, Melo Molina (2018) establece a este respecto que “el veto blinda a los uniformados