V. Consideraciones finales

Observatorio Político Dominicano, una iniciativa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo

contra la polarización política latente y asegura el desarrollo de sus obligaciones y la estabilidad democrática”.

El veto o impedimento al sufragio militar y policial, como se ha visto, ha ido eliminándose en la mayoría de los países de la región a lo largo de los años, manteniéndose solo en Colombia, Guatemala, Honduras, Paraguay y República Dominicana (Peralta, 2020). Empero, en los últimos 50 años la experiencia de varios países de la región que permiten el sufragio militar y policial ha presentado situaciones contraproducentes. Está el caso de Venezuela, Argentina y Chile, naciones en las cuales se ha puesto de manifiesto la politización de las Fuerzas Armadas como un factor capaz de generar fallas democráticas significativas y conducir hacia caminos políticos turbios (Posada, 2020). De ahí que en países donde recientemente se han depositado este tipo de propuestas en el Congreso, a la par se han producido diferentes conflictos y dilemas ciudadanos al respecto, presentándose argumentos a favor y en contra.

Por un lado, entre los argumentos a favor se encuentran el hecho de que los tiempos y circunstancias han cambiado y que son asuntos del pasado las razones que llevaron a los legisladores a establecer la prohibición del derecho al sufragio militar y policial, convirtiéndose este veto en un anacronismo injustificable y colocando a los miembros de los cuerpos castrenses en la misma categoría de aquellas personas que pierden o se les suspenden sus derechos ciudadanos. (Altuna Tezanos, 2015)

Voto militar y policial en República Dominicana

Igualmente, se indicó que lejos de constituir un peligro para la democracia, la eliminación de la prohibición en cuestión contribuiría positivamente a una mayor identificación y a un más estrecho compromiso de militares y policías con la institucionalidad democrática, puesto que ese es el sistema de gobierno que actualmente están obligados a defender, pero que los excluye del derecho que se les reconoce a todos los demás ciudadanos (Rodríguez Arias, 2007). Ahora bien, es pertinente anotar que la mayoría de los defensores del levantamiento del impedimento mencionado establecen que, aun permitiéndole el voto a los militares y policías, estos no pueden ni deben intervenir en los debates políticos ni optar por cargos electivos mientras estén en servicio activo.

Por otro lado, entre los argumentos en contra se encuentra el hecho de que cualquier posible politización de las Fuerzas Armadas a través del sufragio militar y policial representa un gran riesgo en la búsqueda permanente de estabilidad y separación de poderes por parte de los Estados, pues en la historia latinoamericana las experiencias de violencia y autoritarismo como consecuencia de las vinculaciones político-militares han dejado en claro la necesidad de una línea muy gruesa entre los cuarteles y la política. Por consiguiente, se estimó que abrir la puerta hacia la politización y el activismo en instituciones castrenses es realmente peligroso e innecesario. (Posada, 2020)

En tal sentido, se apuntó que crear un escenario donde los militares y policías se puedan inclinar a favor o en contra de los partidos y movimientos políticos es improcedente y contraproducente, ya que estos no están al servicio de un partido ni de un candidato en específico (sea del gobierno o de la oposición), sino del Estado. Por tanto, se anotó que permitir a los militares