NOHAYDERECHO Separata Rojo y Negro Marzo 2013

Boletín sindical de los trabajadores de la Administración del Estado y de la Seguridad Social Edita: Sindicato Federal de la Administración General del Estado (SFAGE) CGT-CAT Marzo 2013

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¿DE QUÉ SE RÍEN? ¿DE QUIÉN SE RÍEN?

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UNA LARGA HISTORIA DE RECORTES página 2

INSTRUCCIÓN SOBRE JORNADA Y HORARIOS 2012 página 3

LAS PERLAS DEL BOE página 3

EL MODELO DE REPRESENTACIÓN SINDICAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS página 4

foto de los firmantes del acuerdo de asignación de recursos y racionalización de las estructuras de negociación y participación

LA NEGOCIACIÓN EN LA AGE: UNA FARSA

14 DE NOVIEMBRE: jornada de huelga general; miles de personas protestan en las calles contra los recortes sociales y laborales.

Ese mismo día, se publica en el BOE el primer gran acuerdo de la era Rajoy firmado por la Administración y los sindicatos presentes en la Mesa General de Negociación (CCOO, UGT, CSI-F, USO y CIGA): Acuerdo de asignación de recursos y racionalización de las estructuras de negociación y participación. ¿Y cuál es el contenido de dicho acuerdo? ¿La retirada inmediata de los ERES en la Administración? Ni una palabra al respecto. ¿El reintegro de la

paga extra de diciembre? Nada dice el acuerdo. ¿Recuperación del poder adquisitivo? No toca. ¿Inclusión de la cláusula de revisión salarial? ¿Eso qué es?

No. Un acuerdo para devolverles un puñado de liberados sindicales de los miles que el Real Decreto Ley 20/2012 les había quitado.

Semanas más tarde, el 17 de diciembre, la Administración vuelve a convocar la Mesa General de Negociación de la AGE para tratar de la nueva Instrucción sobre jornada y horarios.

Sin haber llegado a ningún acuerdo, el día 29 de diciembre se publica en el BOE la Resolución por la que se

dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo en la AGE. Así es que la Administración, cuando lo considera conveniente, se salta el derecho a la negociación colectiva y opta por la imposición. Nada nuevo, en verdad, pero, con la que nos está cayendo, sorprende que estos sindicatos todavía no hayan sido capaces de levantarse de las Mesas y reconocer, abiertamente, que la negociación para los empleados públicos es y ha sido siempre, sencillamente, una farsa.

(Continúa página 2)

ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS página 4 EL DERECHO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA página 5

LEY DE TASAS: CÓMO NOS AFECTA A LOS TRABAJADORES página 6

NI RENDIRSE NI PACTAR. ES LA HORA DE LUCHAR página 7

NHD-Especial Acuerdo Mesa General de Negociación AGE - Pág. - 1

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LA NEGOCIACIÓN EN LA AGE: UNA FARSA

UNA LARGA HISTORIA DE RECORTES

Allá por el mes de junio de 2010, el gobierno del PSOE aprobaba el Real Decreto Ley 8/2010, donde, entre otras medidas, reducían el salario de los empleados públicos en un 5% de media.

Unos meses más tarde, vio la luz una nueva reforma laboral en la que se rebajaba -una vez más- la indemnización por despido improcedente, se permitía el incumplimiento de los convenios colectivos mediante la cláusula de descuelgue salarial o se eliminaban las restricciones a las Empresas de Trabajo Temporal para que pudiesen operar también en el sector público.

El verano del 2012 llegó con nuevos recortes. Mediante la aprobación del Real Decreto-ley 20/2012 confiscaron nuestra modesta paga de Navidad, suprimieron el complemento que permitía el cobro del 100% del salario durante las bajas por enfermedad común y redujeron nuestros días de vacaciones y asuntos particulares.

El 27 de enero de 2011, CCOO y UGT acuerdan -junto con el gobierno y la patronal- retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años y ampliar el tiempo para el cómputo de la base reguladora de la pensión de jubilación.

Ya con el PP en el poder, se aprueba una reforma laboral que, entre otras muchas barbaridades, abre la puerta a los ERES en las administraciones públicas; con ella, el personal laboral al servicio de las administraciones públicas podrá ser despedido con una indemnización de 20 días por año trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades y sin que la autoridad laboral lo autorice.

Como se ve, el gobierno de Mariano Rajoy ha perseverado, con más ahínco si cabe, en la política de recortes sociales ya trazada por Zapatero desde mayo del 2010.

Utilizando como coartada la lucha contra la crisis y el déficit público, ha puesto en marcha un ingente plan de reformas que no son más que la aplicación de una política ultra-neoliberal que hace pagar a los que vivimos las consecuencias de la crisis capitalista el precio para salir de la misma.

Mientras tanto, los culpables reales y sus lacayos campan a sus anchas pidiendo responsabilidad y colaboración. Al mismo tiempo que predican que la solución es empobrecer cada vez más al pueblo llano (ellos le llaman sacrificios necesarios), siguen disfrutando de sus privilegios y prebendas.

Los presupuestos para el año 2012 trajeron una nueva congelación salarial para los empleados públicos, lo que supuso una nueva pérdida de poder adquisitivo. Además, suprimieron la oferta de empleo público, eliminaron la contratación de personal temporal o interino y decretaron la amortización de vacantes.

El Gobierno y sus medios afines, con tal de ocultar esta operación, utilizan a determinados colectivos de trabajadores, que gozan de unos mínimos derechos sociales, como chivo expiatorio para enfrentarnos con el resto de los sectores populares (asalariados, pequeños autónomos…).

Así, para mermar la calidad de los

servicios públicos y, posteriormente, privatizarlos en nombre de la eficacia, alienta la “funcionariofobia” de múltiples formas.

DEL CABREO A LA MOVILIZACIÓN Enfrente se encuentra una respuesta social creciente pero insuficiente.

Centrándonos en la Administración General del Estado, la movilización en los primeros meses del 2012 había sido muy desigual en función de organismos y territorios. Prueba de ello fue la huelga general del 29 de marzo, donde buena parte de los empleados públicos no secundaron el paro.

En respuesta al Real Decreto de 13 de Julio, la movilización alcanzó un nivel importante sobre todo en las grandes capitales. Se generó un importante movimiento de base, de indignación espontánea que fue cristalizando en las manifestaciones, cortes de tráfico, asambleas… Los denominados viernes negros nacieron a raíz de ese cabreo generalizado. Cabreo que parecía que había hecho despertar de su letargo de paz social al sindicalismo mayoritario (CCOO-UGT-CSIF). Incluso algunos como la CSIF anunciaban que, a la vuelta del verano, si el gobierno no rectificaba, llamarían a la huelga general y que “iba a arder Troya”.

impacto social que la anterior y que contó con una mayor participación, también en la AGE, fruto de las movilizaciones de los últimos meses.

Aun así, nos extrañó la escasa preparación en nuestro sector por parte de CCOO y UGT. (CSIF, con la que estaba cayendo, consideraba que no era el momento para una huelga general, demostrando una vez más en qué consiste su concepción de la independencia sindical: hacerle el juego a la derechona).

Los rumores que venían circulando desde septiembre quedaron confirmados ese mismo día en el BOE. El sindicalismo mayoritario (los tres sindicatos ya citados más USO y CIG) habían estado negociando durante semanas un acuerdo para recuperar buena parte de los liberados perdidos el 1 de octubre en aplicación del RD 20/2012, ya no a espaldas de los trabajadores, lo cual no es noticia, sino sin informar ni a sus propias bases.

Como CGT, nos hemos volcado con todas nuestras fuerzas en estas movilizaciones, impulsando la auto organización de las plantillas, fomentando asambleas, intentando coordinar.

Hemos tenido más o menos fortuna, sobre todo en relación a nuestra desigual influencia en el conjunto del Asegurada así la desmovilización del sindicalismo mayoritario, no sorprenEstado. de que la Administración encontraDEL RUMOR ra, semanas más tarde, una excelenA LA te oportunidad para saltarse el derecho a la negociación colectiva e VERGÜENZA imponer una nueva Instrucción soPero mientras CGT, como muchos bre jornada y horarios en la AGE, otros compañeros (organizados sin- además de obsequiarnos con otras dicalmente o no), nos vaciábamos en medidas que, sumadas a los recorla lucha, ya en septiembre empeza- tes anteriores, están deteriorando mos a observar cómo CCOO, UGT y nuestras condiciones laborales a un CSIF (estos últimos de manera des- ritmo que acabará precarizando uno carada) empezaban a retroceder en de los pocos sectores que todavía su fervor revolucionario. Así llega- conserva algunos vestigios de demos a la huelga general del 14 de no- rechos laborales. viembre. Huelga que tuvo un mayor (Continúa página 4)

Edición del Sindicato Federal de la Administración General del Estado (SFAGE) CGT-CAT (Sector de la Federación Estatal de Trabajadores de la Administración Pública -FETAP- de la CGT) Redacción: Enrique de la Pezuela, Antonio Ribagorda, Juli Camps, Santiago Herranz, Estefanía Touriño, José Antonio Salgado, Pelopincho-Malasanya y las Secciones Estatales de la DGT, de la Seguridad Social, del Servicio Público de Empleo Estatal y del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

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INSTRUCCIÓN SOBRE JORNADA Y HORARIOS 2012

● Se aprueba una nueva Instrucción sobre jornada y horarios (Resolución de la Secretaria de Estado de Administraciones Públicas por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos): aumenta la jornada anual, recorta las vacaciones y los días de asuntos particulares y supedita la conciliación a las necesidades del servicio. ► Los calendarios laborales deberán respetar, en todo caso, la duración de la jornada general, establecida en 37 horas y media. La jornada en cómputo anual se incrementa en 17 horas, pasando de 1647 a 1664 horas. ► La conciliación deja de ser un derecho al quedar supeditado a las necesidades del servicio. ► Al menos la mitad de las vacaciones deberán disfrutarse entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. ► Si un centro cierra o deja de prestar una determinada actividad en un período concreto, se obliga a disfrutar las vacaciones en esas fechas. ► La formación podrá tener carácter obligatorio y se elimina el derecho a facilitar la realización de cursos para el desarrollo personal Una Instrucción que, en todo caso, deja un margen de discrecionalidad lo suficientemente amplio como para elaborar calendarios laborales ejemplarizantes que disciplinen al trabajador o mantener los existentes sin apenas modificaciones.

Pero que nadie se engañe: ni una sola de estas medidas servirá para mejorar los servicios públicos y, mucho menos, para sacarnos de la crisis. Para quienes nos gobiernan, con las miras puestas en el enriquecimiento personal, los empleados públicos somos un chivo expiatorio perfecto: aplicándonos medidas erráticas y populistas que, lejos de mejorar la calidad y atención al ciudadano, perjudican el servicio, consiguen, sin embargo, distraer a la opinión pública del fracaso de sus políticas http://nohayderechocgtcat.info/wp-content/uploads/2013/02/ COMPARATIVA-INSTRUCCIONES-DE-JORNADA-Y-HORARIOS-2005-Y-2012.pdf

http://issuu.com/pelopinchomalasanya/docs/comparativa_instrucciones_ de_jornada_y_horarios_20?mode=window&viewMode=singlePage

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LAS PERLAS DEL BOE ● Se establece una nueva congelación salarial y la amortización de puestos vacantes: la Ley 17/2012 de Presupuestos Generales del Estado para el 2013, de 27 de diciembre, congela nuestro salario y la aportación al Plan de Pensiones, además de amortizar las vacantes que se produzcan. Así es que, con un poder adquisitivo cada vez más mermado, tendremos que asumir mayores cargas de trabajo. Por si fuera poco, las posibilidades de poder concursar para cambiar de organismo o de localidad, serán cada vez más limitadas. ● Se congela la oferta de empleo público: mediante el Real Decreto 1694/2012, de 21 de diciembre, se aprueba la Oferta de Empleo Público. No habrá apenas reposición de efectivos y la promoción interna es casi inexistente. Ante un más que previsible panorama de escasez de plantilla, lo menos grave que puede pasarnos es que muchos organismos comiencen a solicitar la declaración de deficitarios de manera que sus trabajadores no puedan concursar para cubrir vacantes en otros departamentos. Lo peor es que no sería de extrañar que comenzasen a aplicar la movilidad geográfica y funcional a los empleados públicos. ● Se descontará el 50% de las retribuciones en las ausencias por enfermedad o accidente que no den lugar a incapacidad temporal (Orden HAP 2802/2012, de 28 de diciembre): se admite un máximo de cuatro días en los que la ausencia no dará lugar a descuentos. Tras la supresión del complemento que permitía cobrar el 100% del sueldo desde el primer día de baja por enfermedad o accidente no profesional y la reducción de los días por vacaciones y asuntos particulares, parecen querer aliviar el castigo sustituyendo derechos por trapicheos. Además, esta chapuza dará lugar a situaciones en la que habrá compañeros cuyo médico les expida un justificante que les permitirá cobrar el 100% y otros a quienes les será imposible, dado que los médicos están obligados a tramitar la baja desde el primer día de ausencia al trabajo por enfermedad o accidente en cumplimiento del art.

128 de la Ley General de la Seguridad Social. ● Entra en vigor una nueva ley que obliga a pagar por acceder a la Justicia (Ley 10/2012 de 20 de noviembre): se suprime el beneficio de justicia gratuita para los trabajadores; a partir de ahora, tendremos que abonar una tasa para poder reclamar judicialmente la defensa de nuestros derechos laborales.

En la jurisdicción contencioso-administrativa, se pagará desde el momento en el que se interponga el recurso; si se trata de recursos de apelación y casación, se paga en ambas jurisdicciones (aunque en el orden social, sólo el 40% de la tasa). ● Comienza el proceso transitorio para la jubilación a los 67 años en el Régimen General de la Seguridad Social (Real Decreto 1716/2012, de 28 de diciembre). Comienza la ampliación para el periodo de cálculo de la pensión (en 2013, se calculará la pensión considerando los 16 últimos años o los 20 últimos si es más beneficioso). A partir de este año, sólo podrán jubilarse a los 65 años quienes acrediten 35 años y 3 meses de cotización.

Este periodo irá aumentando paulatinamente hasta los 38,5 años en el 2027, aunque el Gobierno ya ha anunciado su intención de adelantar este plazo. ● Retrasan tres meses la entrada en vigor de la norma que permite la jubilación anticipada (Real Decreto 29/2012 de 28 de diciembre): la última reforma de las pensiones recogía la jubilación voluntaria a los 63 años, con un coeficiente reductor de la base reguladora de un 1,625% por trimestre de anticipo si se han cotizado más de 38,5 años o 1,875% si se han cotizado menos. No obstante, el Gobierno ha suspendido por tres meses la entrada en vigor de esta medida y anuncia que la va a cambiar antes del 1 de abril.

Con todo esto, aún hay organizaciones sindicales que se prestan para negociar la aplicación de los recortes en la Administración. El comunicado de CSIF y UGT del 4 de enero prestándose a un “proceso de adecuación” en el ámbito de la Seguridad Social pone en evidencia el doble lenguaje de estas organizaciones que, de cara a la galería, inundan el correo de soflamas contra los recortes y luego se prestan a engrasar el látigo del amo.

En este contexto de imposición por la vía del Real Decreto -sin ningún debate sindical, social o parlamentario-, hablar de que vayan a mejorarse algunos aspectos en una supuesta negociación es engañarse a sí mismos o engañar al colectivo.

Ante la imposición, la única actitud digna y honesta pasa por levantarse de las Mesas y comenzar a presionar en la calle. No puede haber negociación con quien impone manu militari, ni con quien hace de la cerrazón una seña de identidad, ni con quien sólo busca la destrucción de los servicios públicos.

Por eso, hoy más que nunca, el único camino que tenemos los empleados públicos para ejercer el derecho a una auténtica negociación de nuestras condiciones de trabajo pasa por la movilización.

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LA NEGOCIACIÓN EN LA AGE: UNA FARSA EL MODELO DE REPRESENTACIÓN SINDICAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

Si hay algo que caracteriza el modelo de representación de los empleados públicos -y, especialmente, de los funcionarios- es el alejamiento entre los órganos de representación y los trabajadores y la práctica inexistencia del derecho a la negociación colectiva.

ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Echemos un vistazo a los gráficos adjuntos en ellos, puede comprobarse cómo el sistema de representación sindical de los funcionarios, comparado con el previsto en el Estatuto de los Trabajadores, reduce drásticamente el número de representantes.

Pero lo verdaderamente grave no es el número de horas o delegados sindicales con que se cuente, sino el modelo al que lleva un sistema de elección en el que el concepto centro de trabajo integra a todos los organismos de una misma provin-

Elecciones sindicales 2011

Total Personal Laboral Personal Funcionario

0

Electores Representantes elegidos

50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000

Personal Funcionario 219.376 3.655

Personal Laboral

Total

67.847 2.360

287.223 6.015

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cia: el inevitable alejamiento entre los representantes sindicales y los trabajadores y el consiguiente desconocimiento de la realidad de cada centro, dada la heterogeneidad de horarios, retribuciones, categorías o condiciones laborales.

Desde CGT-CAT, siempre hemos defendido las elecciones sindicales y la creación de mesas de negociación por centros de trabajo, al entender que es el único modo de garantizar la representación y defensa efectiva de los intereses de los trabajadores.

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LA NEGOCIACIÓN EN LA AGE: UNA FARSA EL DERECHO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

A pesar de que la normativa (Constitución Española, EBEP, Estatuto de los Trabajadores, Convenio Único…) establece el derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos para la determinación de sus condiciones de trabajo, la propia normativa se encarga de vaciar de contenido este derecho al dejar a la voluntad política de la Administración el cumplimiento de pactos y acuerdos: Se garantiza el cumplimiento de los Pactos y Acuerdos, salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de Pactos y Acuerdos ya firmados, en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público. (Artículo 38.10 EBEP) Para agravar aún más la situación, la precaria negociación existente se lleva a cabo en instancias com-

pletamente alejadas de los órganos elegidos por los trabajadores. Así, la estructura de los órganos de representación a nivel estatal se basa en la existencia de una Mesa General que abarca a toda las Administraciones Públicas y con competencia en los temas importantes (retribuciones, calendario laboral, vacaciones, permisos, movilidad geográfica y funcional…) y, dependiente de esta, encontramos Mesas Sectoriales que pueden tratar de los temas que no sean objeto de negociación en la Mesa General. Como representantes de los trabajadores en estas mesas solo están, por ley, los sindicatos mayoritarios (UGT, CCOO y CSIF).

Mientras, las competencias de las Juntas de Personal o de los Comités de Empresa -únicos órganos que cuentan con representantes sindicales elegidos directamente por los trabajadores- son ridículas (recibir información sobre la política de personal, vigilar el cumplimiento de las normas en materia de salud laboral, ser informados de las sanciones impuestas por faltas muy graves…).

ACUERDO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y RACIONALIZACIÓN

DE LAS ESTRUCTURAS DE NEGOCIACIÓN Y PARTICIPACIÓN Un acuerdo firmado con la excusa de la disminución del déficit público y que pasa página a todos los recortes del Real Decreto-ley 20/2012: aumento de la jornada laboral, reducción de los días de vacaciones y asuntos particulares, eliminación de la paga extra...

Se trata de un acuerdo para recuperar liberados sindicales a cambio de liquidar el sindicalismo de base, el de la acción sindical del día a día en los centros de trabajo; en primer lugar, porque acepta un concepto de centro de trabajo que aleja a los delegados sindicales de los trabajadores que los han Desde la firma del acuerdo, estos sindicatos han desaparecido de los cen- elegido y, en segundo lugar, porque esta aceptación supone una reducción tros de trabajo, único lugar desde donde puede articularse una respuesta or- importante del número de comités de seguridad y salud. ganizada frente al deterioro del servicio y de nuestras condiciones laborales.

Un acuerdo al que CGT no se ha adherido y que se resume en la obtención de cientos de liberados para salvaguardar las estructuras burocratizadas del sindicalismo de moqueta, sacrificando, en contraprestación por los servicios prestados, la capacidad de incidencia real del sindicalismo de base que se realiza diariamente en los centros de trabajo. Un acuerdo potenciador de un sindicalismo lejano, dócil e instaurador de una nueva casta sindical, según el cual el sindicalismo más serio es aquel que asume los postulados del poder político y económico.

Las líneas fundamentales de este acuerdo son las siguientes: a) El concepto centro de trabajo: este acuerdo acepta que la Administración imponga su criterio sobre lo que considera centro de trabajo y, por tanto, con la excepción de Ma-

drid, se reconoce un único centro por provincia. En consecuencia: ●● Los comités de seguridad y salud existentes desaparecen y, en su lugar, se crea un único comité provincial completamente alejado de problemas concretos que puedan surgir en cada centro. ●● Las secciones sindicales que las organizaciones firmantes puedan tener en cada centro desaparecen y pasa a constituirse una única sección a nivel provincial. ●● Los llamados delegados lols (delegados elegidos por las secciones sindicales para representar al sindicato en centros de más de 250 trabajadores) pasarán a ser designados por un representante autorizado del sindicato durante un periodo mínimo de 12 meses. El delegado en cuestión puede ser un perfecto desconocido para los trabajadores y, por supues-

to, puede darse el caso de que jamás pise ningún centro de trabajo. b) Limitación de los derechos sindicales: al reducir el número de delegados lols y endurecer las condiciones y requisitos tanto para su nombramiento como para su actividad, se recortan derechos reconocidos en la Ley Orgánica de Libertad Sindical. ●● El uso de las horas sindicales ha de comunicarse con una antelación mínima de 48 horas (incluidos, también, en este caso, los miembros de Junta o Comités de Empresa) y no podrá solicitarse por periodos inferiores a las tres horas. ●● El nombramiento de los delegados lols deberá realizarse para un mínimo de doce meses. ●● Establece la creación de una bolsa de horas (a partir del crédito horario

de los actuales delegados lols) que permitirá a los sindicatos firmantes aumentar el número de liberados sindicales a tiempo completo. La cesión, además, es irrevocable.

En definitiva, otra vuelta de tuerca en el ya de por sí injusto y escandaloso sistema de representación de los empleados públicos.

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LEY DE TASAS:

Laboro.

Traducción de las nuevas tasas judiciales en casos laborales.

Se han publicado muchísimos “ejemplos” de los miles de euros de tasas que costará ahora ir a juicio por esto o por aquello, pero casi todos de lo civil.

Los ejemplos de lo laboral están casi todos equivocados e incluso se oyen burradas como que con las tasas se pierden los salarios de tramitación, la virginidad de la primogénita y que en agosto ya no será verano. […] Por supuesto esto no quiere decir que el tasazo sea disculpable. Simplemente quiere decir lo que dice: que en lo laboral, del lado del trabajador, hay poco tasazo. Incluso puede beneficiar al trabajador porque a las empresas les va a costar recurrir más que a los trabajadores. […]

1. Para ir a juicio no hay que pagar ninguna tasa. Es decir que seguirá siendo gratis pedir el acto de conciliación, el propio acto, poner la demanda, el juicio y la primera sentencia.

2. Sólo hay que pagar tasa para recurrir ante el TSJ de la Comunidad Autónoma (primer recurso) y, en caso de perderlo, por recurrir ante el TS de la nación. Pero muchos casos laborales ni siquiera admiten recurso, por lo que seguirán siendo igual de gratuitos que antes. […]

3. Sí que hay que pagar una tasa si se pierde, total o parcialmente, la demanda en un caso que sí admita recurso. […]

4. La tasa se reduce en un 60% si es el trabajador quien recurre, pero no si quien recurre es la empresa. Marianito está hecho un comunista.

5. La inmensa mayoría de trabajadores acude a juicio representados por su sindicato, el cual no les cobra nada si llevan el suficiente tiempo afiliados. […]

6. En los casos de tutela de derechos fundamentales no habrá que pagar tasa en ningún caso. En otras jurisdicciones no son muy abundantes pero en lo laboral sí lo son y mucho más que lo tendrían que ser porque no sólo estamos hablando de acoso laboral sino del típico empresaurio hispánico al que está tirao grabarle diciendo cosillas sin importancia del tipo “el que demanda se va a la puta calle”, “el que haga huelga, a la puta calle”, “al que vaya a la inspección le pongo los peores horarios y destinos”, etc. etc. etc. etc. etc. Todo esto y mil ejemplos más son violaciones de derechos fundamentales por lo que se puede atacar por esta vía cualquier acción de la empresa que se produzca con dicha violación, como un despido, una reducción de salario, un cambio de horario, un traslado etc.

7. Para pedir la ejecución de la sentencia no hay que pagar tasa en ningún caso. […]

8. Si se alcanza un acuerdo extrajudicial se devuelve el 60% de la tasa a quien la haya pagado.

9. El trabajador que tenga derecho a justicia gratuita no pagará tasas.

Extracto del articulo:

http://laboro-spain.blogspot.com/2012/11/ nuevas-tasas-judiciales-laboral-social.html

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CÓMO NOS AFECTA A LOS TRABAJADORES jurisdicción penal y militar. Incluyen una cantidad fija (según se trate de procedimiento ordinario o abreviado) y una cantidad que varía en función del pleito (0,5% del coste del Las tasas son de ámbito estatal y se procedimiento). abonan en el momento de presentar Los sindicatos, hasta ahora con dereel primer escrito; no se aplican en la cho a justicia gratuita para actuacioSe suprime el beneficio de la justicia gratuita para los trabajadores en las reclamaciones judiciales, tanto en el orden social como en el contencioso-administrativo.

nes en defensa de los intereses colectivos de los trabajadores en el orden social, habrán de abonar también las correspondientes tasas y sin derecho a la reducción del 60% que se aplica a los trabajadores que presenten sus demandas de forma individualizada.

JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA LEY 1/1996 LEY 10/2012 RESTO DE CIUDADANOS

FUNCIONARIOS Justicia gratuita solo si acredita insuficiencia de recursos para litigar.

Justicia gratuita en todo caso.

RESTO DE CIUDADANOS

FUNCIONARIOS Justicia gratuita solo si acredita insuficiencia de recursos para litigar.

Exención para interposición de la demanda.

Abogado facultativo salvo en la separación del servicio para funcionarios de carrera.

Asistencia letrada gratuita

Abogado en todos los casos. En caso de recurso en sala, ha de acudir con abogado y procurador.

Costas: en caso de perder los recursos.

Costas: exentos.

Costas: en caso de perder los recursos.

200€ proceso abreviado; 300€ proceso ordinario.

Costas: en caso de ser desestimada la reclamación.

JURISDICCIÓN SOCIAL

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

Gratuita: petición del acto de conciliación, acto de conciliación, demanda, juicio y sentencia.

Gratuita: interposición de demanda (solo en el caso de los funcionarios), juicio y sentencia.

Tasa mínima proceso abreviado 200€ Tasa mínima proceso ordinario 350€

Recurso de suplicación 200€

Recurso de apelación 800€

Recurso de casación 300€

Recurso de casación 1200€

Tasa variable: 0,5% de la cuantía fijada para el pleito (si el que recurre es el trabajador, se aplica un 60% de descuento).

Tasa variable: 0,5% de la cuantía fijada para el pleito

EXENCIONES Beneficiarios de asistencia jurídica gratuita: obliga a tramitar un expediente que puede tardar varios meses en resolverse -paralizando los plazos del procedimiento contencioso- y sólo tienen derecho a ella aquellos cuyas rentas no superen dos veces el IPREM. Protección de derechos fundamentales: para todos los trabajadores (sean o no beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita) y tanto en la interposición de la demanda como en los recursos posteriores.

Defensa de los derechos estatutarios de los funcionarios públicos: interposición de recursos contencioso-administrativos por parte de cualquier funcionario público en defensa de sus derechos estatutarios.

Silencio administrativo negativo o inactividad de la administración: para cualquier trabajador (sea o no beneficiario de la asistencia jurídica gratuita) en la interposición de recursos contencioso-administrativos en casos de silencio administrativo negativo o inactividad de la administración.

Petición inicial del procedimiento monitorio y demanda de juicio verbal: en procesos de reclamación de cantidad cuya cuantía no supere los 2.000€.

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NI RENDIRSE NI PACTAR. ES LA HORA DE LUCHAR

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DE LO PÚBLICO A LO PRIVADO

El miedo es la más poderosa arma de destrucción masiva y el poder fabrica y propaga esos miedos entre la ciudadanía para que se resigne a todo tipo de tropelías e injusticias. (Eduardo Galeano) En nombre de la llamada paz social, los trabajadores llevamos demasiadas décadas de sacrificios, renuncias y desmovilización, en las que la clase dominante ha aprovechado para imponer sus posiciones.

Es hora de recobrar la confianza en nuestras fuerzas; de salir a la calle y poner fin a esta estafa. Es hora de hacernos oír y de hacernos respetar.

Los trabajadores somos quienes creamos la riqueza que la clase dominanSon muchos años ya de congela- te parasita. Somos nosotros los que ciones salariales, privatizaciones de curamos a los enfermos, cultivamos servicios públicos e implacables re- la tierra, construimos casas o limformas laborales en nombre de una piamos las ciudades. Y, además, soresponsabilidad social que sólo se mos la mayoría. nos exige a nosotros.

Pero es que, además, empezamos a “Que se jodan”, dicen mientras contemplamos cómo congelan nuestras pensiones, abaratan el despido y retrasan la edad de jubilación; mientras nos roban días de vacaciones, expropian nuestro salario o convierten en un negocio nuestra salud.

estar hartos: hartos de que nuestro trabajo y nuestras privaciones sólo sirvan para aumentar los beneficios de unos pocos privilegiados cuyas fortunas, muy a menudo, se ocultan en cuentas opacas de paraísos fiscales; hartos de mantener los imLa crisis es su excusa y la crisis se púdicos lujos de reyes, banqueros, alimenta de nuestro miedo. Porque defraudadores y políticos corruptos. el miedo paraliza y, en momentos Ha llegado el momento de sacudircomo este, la mansedumbre o la pa- se la apatía, de organizarse y luchar, sividad son un suicidio. porque la crisis sólo acabará cuando el miedo cambie de bando.

SI NO TENEMOS MIEDO, NO TIENEN PODER

LA

PEOR LUCHA ES LA QUE NO SE HACE.

KARL MARX

Constatamos Que En Nuestra Sociedad El Factor Cultural (Eficacia, Beneficio, Afán De Lucro, Competitividad) Que Justifica Las Privatizaciones Está Asumido Por La Mayoría Como Un Valor Dominante Folleto de difusión para la Jornada de Reflexión sobre los Servicios Públicos organizada el 24 de enero de 2004 por la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos El principio neoliberal de la ineficacia de lo público caló hasta tal punto en la sociedad que permitió privatizar, sin excesiva oposición y durante décadas, servicios esenciales como la energía, las telecomunicaciones, el transporte…

Sin embargo, la eficiencia de la gestión privada demostró ser un mito.

Las privatizaciones solo habían servido para enriquecer a sus nuevos propietarios, mientras que los ciudadanos se encontraban con unos servicios cada vez más caros y con una notable degradación de su calidad.

Actualmente, el pretexto para continuar con las privatizaciones es la necesidad de reducir el déficit público; su objetivo, en realidad, es convertir en un negocio la sanidad, la educación o las pensiones.

Asimismo, existen vías indirectas para pasar a manos privadas la prestación de los servicios públicos y máxime cuando se trata de servicios que la comunidad no percibe como necesarios.

En este sentido, dentro de la administración, la externalización se ha generalizado en los últimos años y ha pasado a convertirse en un mecanismo de privatización encubierta que, lejos de mejorar la calidad y disminuir el coste de los servicios,

ha servido únicamente para engrosar los beneficios de las empresas amigas a las que se les ha entregado el negocio.

La adjudicación de labores de apoyo técnico informático a grupos empresariales por parte de la Gerencia Informática de la Seguridad Social (GISS) o del INE son solo algunos ejemplos.

En este contexto, debe valorarse también la última reforma laboral, que legaliza los ERES en las administraciones públicas: no se trata solamente de reducir el déficit a costa de despedir trabajadores, sino de entregar al negocio privado la prestación de los servicios que, hasta entonces, realizaban esos mismos trabajadores.

Pero, a diferencia de lo que ocurría hasta hace bien poco, el consenso social acerca de la conveniencia de privatizar los servicios públicos ya no resulta tan hegemónico y la oposición ciudadana a las políticas privatizadoras es cada vez más generalizada.

El resultado final dependerá, en última instancia, de la correlación de fuerzas entre las clases subalternas y los intereses de una oligarquía cuyo único objetivo en sacar provecho de la mercantilización de los bienes comunes.

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SÍ, SOMOS EMPLEADOS PÚBLICOS. NO, NO TENEMOS CULPA DE LA CRISIS Mientras que la deuda española alcanza cerca de 4 billones de euros, el PIB español apenas alcanza el billón. Para asumirla, deberíamos estar 4 años dedicados, en exclusiva, a pagar esa deuda.

CGT-CAT, LA ALTERNATIVA NECESARIA

De esta deuda total, la de las familias supera los 900.000 millones de euros. La de las empresas no financieras llega casi al billón trescientos mil millones de euros (la mitad de la cual corresponde a las 28 empresas del Ibex no financieras) y la de las entidades financieras supera el billón de euros. Mientras, la deuda pública se acerca a los 800.000 millones. Es decir, la deuda pública es notablemente inferior a la deuda privada y en buena medida ha sido causada Rotos los diques con los que el movimiento obrero había por la compra de deuda privada a la banca para sanear sus logrado hacer frente y contener al capital, a este no le sirve ya ni el mezquino Pacto de la Transición. Así las cosas, cuentas. puede darse por finiquitado el llamado Pacto Social y, en Un reciente estudio, publicado por El País, muestra que este sentido, el modelo del sindicalismo mayoritario se la desigualdad ha aumentado en los últimos años, siendo muestra más incapaz que nunca de defender los intereses España el Estado donde esta desigualdad es más severa, de los trabajadores.

34 según el coeficiente Gini (30 es la media europea), 7,5 La última reforma laboral es una buena muestra de ello, según la Ratio s80/20, (5,7 la media de UE). pero también lo es la actitud con la que la Administración Según el INE, el 21,1 % de la población española vivía, convierte en bufonada el derecho de los empleados públien el año 2012, por debajo del umbral de pobreza: uno de cos a la negociación colectiva. cada cuatro menores de 16 años se sitúa por debajo de dicho umbral y el 40,0% de los hogares no tiene capacidad Si su vía es la imposición, es el momento de hacer valer lo que, desde CGT, hemos defendido siempre: la auto orgapara afrontar gastos imprevistos. nización y la lucha.

Mientras, el 80% de las grandes empresas del Ibex-35, esas a las que consulta el Rey y los distintos presidentes de go- Y en un contexto de protestas cada vez más generalizadas, bierno para pedir consejo sobre la marcha de la economía, los empleados públicos tenemos la oportunidad de hacer esas a las que se les llena la boca de proverbial patrioteris- confluir nuestra lucha con la del resto de los trabajadores, de organizarnos para recuperar y ampliar los servicios mo, han instalado su sede en paraísos fiscales. y derechos usurpados con la excusa de la crisis. Y, para España es el país de Europa con más billetes de 500 €, en construir esto, contamos también con los sindicalistas hoconcreto 111 millones de billetes (55.500.000.000 millones nestos que discrepan de los acuerdos firmados por sus cúde euros), apalancados y sin salida. El fraude fiscal ronda pulas y a las que les reprochan su inacción. el 25%, 10 puntos más que la media europea. El 72% de la evasión fiscal se imputa, según los Técnicos de Hacien- Nosotros continuaremos arrimando el hombro con un da, a las grandes empresas y patrimonios. El fraude fiscal sindicalismo desde la base, combativo y visible en los español se multiplicó por 4 entre 1980 y 2008 hasta alcan- centros de trabajo, e invitamos al conjunto de empleados zar un volumen de 245.000 millones de euros anuales. Su públicos de la Administración General del Estado a hacer este camino juntos. recaudación haría innecesario cualquier recorte.

RENUNCIAMOS

A TODO MENOS A LA VICTORIA BUENAVENTURA DURRUTI

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