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ENCUENTRO
La UNLaM realizó una conferencia acerca de procesos de enseñanza y evaluación “Enseñar y evaluar: un par indisociable” fue le tema de la conferencia dictada por la especialista en educación y escritora Rebeca Anijovich tos didácticos explicó que cuando se incluye la enseñanza y la evolución de manera conjunta, el docente “va acompañando el trascurso y la trayectoria de los estudiantes de manera tal que no se espera a terminar el ciclo lectivo para determinar si el alumno aprobó o no”. De este manera, la disertante explicó que este proceso de enseñanza “genera alumnos más autónomos ya que se intenta que aprenda cómo le está yendo, qué es lo que necesita cambiar y cómo lo puede modificar de manera tal que se apropie de su paso por la instancia de evaluación y aprendizaje”.
El objetivo principal de la actividad fue mirar desde otra perspectiva la instancia de evaluación del alumno Docentes, directivos, e inspectores de distintos niveles educativos del Distrito fueron partícipes de la conferencia: “Enseñar y evaluar: un par indisociable” que se realizó en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), organizada a través de la Dirección de Pedagogía Universitaria, y en la que disertó la especialista en educación y escritora Rebeca Anijovich. El objetivo principal de la actividad fue mirar desde otra perspectiva la instancia
de evaluación del alumno, alejada de la idea de remordimiento que trae aparejada, para comenzar a observarla en su vinculación directa con la enseñanza. En la misma línea, Anijovich reveló: “Nosotros venimos de un modelo donde se enseña y luego se evalúa, pero el problema que tiene esta metodología es que, si el alumno no aprobó al finalizar el año, no tiene manera de recuperarlo”. En su argumento, la especialista y autora de varios tex-
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LA NUEVA INTENDENCIA
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Fernando Espinoza y el duro desafío de mejorar la gestión Desde diciembre ocupará otra vez el cargo que lo vio crecer políticamente. Si la economía se reactiva, será su oportunidad de superar sus propias gestiones. Cuáles son los puntos que el nuevo viejo intendente deberá tener en cuenta. Por Claudio Kappeler.
Fernando Espinoza fue ratificado como conductor de La Matanza en una nueva gestión que iniciará el 10 de diciembre próximo y lo pondrá otra vez en el centro de la escena regional. Muchas veces ninguneado desde las filas del peronismo nacional y provincial, el hombre oriundo de Villa Luzuriaga pondrá otra vez a prueba sus habilidades como jefe comunal en un desafío que lo obligará a superarse. Superando la barrera de los 500 mil votos, Espinoza fue uno de los dos intendentes más votados del país (el otro fue el de Merlo, Gustavo Menéndez). Sin embargo, no puede decirse que los votos son plenamente de la figura del actual diputado nacional, ya que el arrastre de la boleta presidencial juega un rol preponderante en el distrito. Para despejar cualquier duda al respecto, hay datos que ratifican esa regla: en 1999 cuando el peronismo cayó a manos de la Alianza, en La Matanza ganó Eduardo Duhalde por una diferencia de 10 mil votos, la situación se repitió en 2015; cuando el macrismo se impuso a nivel nacional ya que, en este territorio, Daniel Scioli venció a Cambiemos por más de 160 mil votos. Esto quiere decir que no sólo ganaron Alberto Balestrini o Verónica Magario, sino que ganó el peronismo con boleta completa. El anterior dato no le quita mérito, sin embargo, a lo realizado por el peronismo distrital, por el contrario, lo hace fuerte en su labor territorial y obliga a que sea parte de la discusión provincial y nacional. En lo netamente partidario, el kirchnerismo (o esta nueva unidad que se impuso en las últimas eleccio-
nes) debió darle a La Matanza otra participación reconociendo a Verónica Magario como candidata a vicegobernadora y sentando a Espinoza en las principales mesas de negociación. Ese es el mayor logro desde lo local. En este contexto, los más de 500 mil votos cosechados por el intendente electo no sólo lo benefician, también lo obligan. Desde su llegada al poder, con Alberto Balestrini a la cabeza, hubo deudas históricas que fueron siendo saldadas. Néstor Kirchner primero y Cristina Fernández después permitieron avances sustanciales en la calidad de vida de los vecinos de La Matanza. Se puede hablar entonces de las redes de cloacas, agua potable, asfalto, nuevos hospitales, mejoramiento de rutas, obras en escuelas y también alguna fuerte inversión en obras pluviales. La deuda con el distrito era tan grande que todo eso no alcanzó a cubrir las necesidades de un territorio grande como una provincia y pequeño como un pueblo si de presupuesto se habla. Acá se enmarca entonces el desafío que Fernando Espinoza tendrá en sus nuevos cuatro años de gestión: terminar lo que se había empezado y controlar lo ya realizado. ¿Qué significa esto? En La Matanza todavía faltan asfaltos, cloacas y agua potable. Faltan, además, todas las obras pluviales que sean necesarias para terminar con las inundaciones que afectan a los sectores más vulnerables de la población. Claro que todo esto no solo dependerá estrictamente de la gestión
Intendente electo de La Matanza Fernando Espinoza.
local, sino también de los enlaces que puedan hacerse con Nación y Provincia. El mejoramiento en la limpieza del distrito (la empresa Martin y Martin cumple un rol bastante pobre al respecto), la reparación y mejoramiento de luminarias en rutas nacionales y provinciales, la atención en los hospitales públicos y un plan estructural de seguridad son algunos de los otros temas a tener en cuenta En los últimos cuatro años, nada de esto se pudo pedir porque la crisis socioeconó-
mica en la que el macrismo sumergió al distrito hizo que el Municipio debiera poner todos sus ojos en una sola cuestión: la fuerte ayuda a los comedores comunitarios que se multiplicaron en todas las localidades de La Matanza. Si Fernando Espinoza logra trabajar fuerte y en serio en todos los temas pendientes, entonces no solo ratificará su liderazgo, sino que obligará a convertirse en protagonista de otras esferas, algo que viene deseando hace varios años.
… y el Concejo Deliberante también La gestión de Ángel Aisa al frente del Concejo Deliberante de La Matanza pasará a la historia sin pena ni gloria. En estos últimos cuatro años, el cuerpo legislativo local fue casi un adorno que no movió nunca el amperímetro. Desde diciembre próximo, el Concejo tendrá nuevas caras y se presume que será presidido por el primer
concejal electo del peronismo Daniel Barrera. El hoy senador bonaerense fue muchas veces mencionado como potencial candidato a intendente. Será esta entonces su oportunidad para asomar la cabeza desde una gestión que se destaque por el tratamiento de proyectos innovadores, como instrumentos de una mejora en la calidad de vida de la gente.
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GONZÁLEZ CATÁN
Siguen esperando la promesa del asfalto comunitario
Es en el barrio Provincias Unidas, de González Catán. Hace décadas, la zona perdió conectividad y desde entonces no hubo avances. El asfalto es uno de los pedidos de los vecinos que data de largos años.
Los únicos cien metros sin asfalto en todo el barrio.
Terminaba la década de los '80 y con la llegada de Carlos Menem al Gobierno los vecinos del barrio Provincias Unidas, de González Catán, tendrían una sorpresa. La calle Comodoro Py, en intersección con Ernesto Bavio fue cortada por un paredón aduciendo que parte de esa arteria pertenecía a una vieja estancia en la que hoy se encuentra un paseo comercial. Desde entonces, ningún avance hubo en esa zona de La Matanza. En 2015 los vecinos comenzaron los trámites para intentar ingresar en el plan de asfaltos que había sido ejecutado desde el gobierno kirchnerista. Sin embargo, la llegada de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal detuvo las obras. A comienzos de 2017, los vecinos volvieron a la carga para pedirle al Municipio que se realizaran los cien metros de asfalto comunitario, una obra que fue realizada en casi la totalidad del barrio. En enero de aquel año, les informaron que se iban a ejecutar a futuro los asfaltos que ya estaban “con contrato”, es decir, que la obra fue licitada. Pero en el caso de los
Una parte de la calle fue tomada por tres familias
frentistas de Comodoro Py, entre las calles Bavio y Bacón, si bien el pedido ya había sido ingresado, no hubo licitación de la obra. “Nosotros queremos pagar la obra. El problema es que no se ejecutó de ninguna manera, no gratis, ni cubriendo los gastos”, remarcó Alejandro Martínez, uno de los frentistas. El “Plan Municipal de Obras de Pavimentación”, creado a través de la ordenanza Nº 15.541 y coordinado por la secretaría de Obras Públicas local, establece que el 50 por ciento del valor total del proyecto es subsidiado por el Municipio y el otro 50 por ciento lo abonan los vecinos con facilidades de hasta 60 cuotas fijas. La gestión del vecino es directa con el Municipio a través de la Unidad Ejecutora de Pavimentos, quienes se encargan de asesorar y coordinar con los vecinos los avales. La dependencia se encuentra en Entre Ríos 3058 en la localidad de San Justo. Para acceder a los asfaltos comunitarios se debe contar con el aval expreso del 70 por ciento de los vecinos de la cuadra, como así también
con la factibilidad hidráulica que garantiza que luego de realizado el pavimento no se rompa por excedentes de agua. Esta última condición es indispensable, por tal motivo muchos de los pavimentos que se realizan se pueden hacer luego de terminada una obra hidráulica. Durante las gestiones llevadas a cabo por el vecino en la Delegación Zona Sur González Catán, se les informó que la obra no se podía llevar a cabo porque previamente debían realizarse obras de desagües, que también faltan en la esa zona, y que de realizarse el asfalto se inundarían. “Luego nos dijeron que del Hidráulica habían venido al barrio y que la obra podía hacerse”, explicó el frentista. Sin embargo, las contradicciones no solo fueron por la cuestión hidráulica, sino que además, también en la Delegación Sur, les habían informado que la obra se realizaría de manera gratuita y que no era necesario acceder al programa de asfaltos comunitario. Las dirigencias continuaron y la información fue retrucada. El asfalto sólo llegó hasta la
calle Apipé. Este año el asfalto llegó a otras cuadras del barrio, entonces los vecinos de Comodoro Py fueron nuevamente hasta San Justo para saber en qué había quedado todo. No sólo no había avance en su reclamo si no que nadie sabía de su existencia. Las respuestas fueron variadas: “Primero nos dijeron que el asfalto no podía realizarse porque en la esquina de Comodoro Py y Bavio hay tres familias que tomaron la zona y la calzada se redujo a la mitad; después nos explicaron que podían asfaltar de todas maneras pero lo harían sin cordones y el asfalto llegaría hasta donde se encuentran las casas de esas familias, y finalmente otra vez nos dijeron que la empresa no podía hacer la obra”, comentó Martínez. El vecino se quejó por considerar “no sólo una falta de respeto el hecho de que nadie sabe sobre un tema que venimos reclamando desde hace años, sino también porque somos los vecinos los que tenemos que movilizarnos hasta San Justo, con todos los gastos que ello implica, para que todo termine de una oficina a la otra”. Según contó Martínez, el último trámite que hicieron los vecinos fue “una carta para la intendenta (Verónica Magario) en la que le pedimos que intervenga para que las tres familias que se encuentran en esa esquina puedan ser reubicadas y así podamos tener la obra”. En ese sentido, tampoco hubo ninguna respuesta. “Esta parte del barrio quedó abandonada”, se quejaron vecinos, ya que no solo se quedaron fuera de la pavimentación de calles en el barrio, sino que además continuamente tiene problemas con la luminaria pública, mala recolección de residuos y la falta de zanjeo en la zona.
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DELITOS DE LESA HUMANIDAD
“Este gobierno tuvo implicancia directa en la postergación de juicios” Así lo asegura Juan Gabriel Iriarte, querellante en la causa que juzga los crímenes y torturas cometidos en la Brigada de San Justo durante la última dictadura militar. Se esperaba que a mitad de este año se dictara sentencia, pero el proceso aún continúa.
Verónica Magario, el domingo, junto al gobernador electo Axel Kicillof.
Organismos piden la desafectación del edificio para crear un sitio de la memoria
El lunes 13 de agosto de 2018 se inició en el Tribunal Oral Federal N.° 1 de La Plata el juicio por los crímenes de lesa humanidad ocurridos en la Brigada de San Justo, entre marzo de 1976 y agosto de 1978. Si bien se esperaba que la sentencia se dictamine a mediados de este año, el proceso aún continúa. “La realidad es que tenemos una audiencia por semana y es muy poco para la magnitud del proceso”, explicó Juan Gabriel Iriarte, querellante en la causa que involucra a 21 represores, entre ellos, al por entonces Director General de Investigaciones de la Bonaerense, Miguel Etchecolatz. En tanto este proceso judicial incluye 84 de estos casos, de los cuales 31 corresponden a personas detenidas-desaparecidas. Según la investigación del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (CODESEDH), que integran la mayoría de los querellantes en la causa, en el Centro Clandestino de Detención (CCD), se alojaron a más de 100 personas. La decisión del Tribunal podría darse a conocer a principios de diciembre, mientras un segundo juicio por otros casos de delitos lesa humanidad en el mismo CCD, ubicado en la
calle Salta 2450, se encuentra en la etapa de instrucción. Para Iriarte, las claras muestras de negacionismo del Terrorismo de Estado del gobierno de Mauricio Macri han significado un retroceso en las políticas de derechos humanos y por consiguiente “han tenido efecto en los procesos judiciales”. En este sentido, el querellante en la causa señaló: “Si bien creemos que los procesos judiciales son imparables, si pueden postergarlos y hacer que las sentencias sean mínimas. Esto claramente existe y se ha torcido el rumbo en ese sentido”. La cantidad de excusas e imposibilidades para generar los tribunales para un juicio de lesa humanidad por parte del Consejo de la Magistratura, son otra muestra de ello. De hecho, la elevación a juicio de esta causa sucedió 2015 mientras que el proceso comenzó en 2018. “Fueron 3 años para que se comience a juzgar hechos que ocurrieron hace 40 años. Claramente hay incidencia política en ello. Este gobierno, que se está yendo, tuvo implicancia directa en la postergación de los juicios”, aseguró Iriarte. Los juicios por los crímenes y torturas ocurridas en el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes y de la Brigada de Investigacio-
nes de Avellaneda, conocida como El Infierno, son los juicios pendientes por los que luchan los organismos de Derechos Humanos y que aún son una deuda pendiente. “Esperamos a partir de este juicio se los condene a la máxima pena, cárcel común y efectiva para todos los genocidas imputados en la causa”, manifestó Iriarte, sobrino de Jorge Iriarte, militante gremial Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y trabajador del hospital Ramón Carrillo de Ciudadela, que fue secuestrado de su casa de Morón el 25 de agosto de 1977 y detenido ilegalmente en la Brigada de San Justo. Aún hoy continúa desaparecido. Un lugar para la memoria El edificio que supo ser un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar es en la actualidad la sede de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Matanza. Según las investigaciones, la Brigada era “un lugar de registro”, primer alojamiento de las victimas de secuestro y tortura que luego eran movidas a otros centros clandestinos de detención o asesinadas durante los traslados. La Brigada de San Justo formó parte del denominado “Circuito Camps”, que integraba más de treinta centros clandestinos de detención del conurbano bonaerense y dependía de la Jefatura
de Policía y del Primer Cuerpo de Ejército. En el marco del proceso judicial, las víctimas y testigos participaron de una inspección ocular en la actual DDI, pudiendo identificar el lugar y describir las condiciones en las que fueron retenidos y torturados durante varios días. También pudieron reconocer parte de la infraestructura del lugar a pesar de que la misma ha sido modificada con el transcurso de los años. Los sobrevivientes lograron señalar con claridad el portón por el que ingresaban los vehículos que llevaban a los secuestrados, la sala de torturas que contaba con una camilla y la zona en la que se encontraban los “buzones” (pequeñas celdas). En la parte superior de los calabozos señalaron el área en las que se encontraban las oficinas. Allí se realizaban algunos interrogatorios a las personas secuestradas antes de trasladarlas o liberarlas. Desde el año 2015 los organismos de Derechos Humanos solicitan su desafectación y que el lugar se convierta en un espacio dedicado a la memoria, pero luego de tres años no han obtenido respuesta alguna por parte de los funcionarios. Formalmente, las solicitudes se realizaron ante la Dirección de Derechos Humanos de La Matanza y en la provincia de Buenos Aires, a través de la Comisión Provincial por la Memoria.
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VIRREY DEL PINO
Un grupo de vecinos presentó ambicioso proyecto para la reutilización de residuos La deficiencia en el servicio de recolección y la existencia de particulares que tiran basura en la vía pública generan un grave problema ambiental en los barrios. Proponen realizar la separación de los desechos, que luego serían destinados a espacios preparados para su degradación, sin necesidad de la existencia de un lugar de acumulación.
Solicitan a las autoridades municipales una solución inmediata.
Frente a la problemática ambiental que genera la proliferación de basurales en Virrey del Pino, una comisión vecinal elaboró un ambicioso proyecto de reutilización y reciclado de residuos que implicaría un cambio estructural en el manejo de los desechos. “Nuestro territorio abarca una superficie de 92000 kilómetros cuadrados pero el camión que limpia las calles solo está disponible para tal territorio dos días a la semana siendo más que insuficiente y no pudiendo solucionar el problema”, resumieron los vecinos en un escrito presentado en la Delegación Municipal de Virrey del Pino. La situación se agrava cuando el servicio de recolección domiciliaria no responde en forma fehaciente a los días y horarios estipulados o incluso no llega a determinadas zonas. Entonces, los vecinos perjudicados se deshacen de su basura en calles poco transitadas, baldíos o colectoras. “Esa basura abandonada por los mismos habitantes de la zona es revuelta por quienes buscan algo para vender y por perros callejeros que trasladan focos de infección a todo el territorio. En la zona proliferan ratas, moscas, mosquitos y cuca-
rachas con el consiguiente perjuicio para la salud pública”, explicaron desde la comisión vecinal. Con la nota presentada ante la Delegación Municipal de Virrey Pino, los vecinos exhortan a los funcionario a que “se cubra todo el territorio con recolección domiciliaria, se aumente a todos los días la recolección callejera y que la Guardia Urbana recorra y custodie las zonas más afectadas a los efectos de reducir el descarte de basura en manos de vecinos, recolectores particulares y carros”. Pero además de solicitar a las autoridades municipales una solución inmediata al problema que los azota, la Comisión Vecinal de Virrey Pino elaboró un proyecto que ya fue presentado en el Concejo Deliberante de La Matanza y que, según contaron los miembros de la entidad, “fue muy bien recibido”. Un proyecto de avanzada La iniciativa propone una reestructuración en el tratamiento de los residuos domésticos promoviendo la separación, reciclado y reutilización de los desechos de la cual participarían “colaboradores pasivos”, aquellos que simplemente se deshacen de la basura de sus hogares, y “colaboradores activos”,
quienes trabajarían en la recolección. Para llevar adelante este modus operandi cada barrio debería tener una subcomisión vecinal encargada de dirigir el proyecto, en los cuales los llamados “recolectores particulares” se convertirían en distribuidores de los residuos, ya diferenciados, a sus lugares de degradación. “La actividad que hoy es ilegal, tirar basura en lugares públicos, se convertiría en un trabajo por el cual obtendrían un rédito económico y ayudarían al medio ambiente”, explicó Marcela Giovannoni, presidenta de la comisión vecinal. En este punto también será necesaria la conciencia y solidaridad de los vecinos de los barrios para que ante el servicio deficiente no contrate recolectores particulares que tiran los residuos en espacios públicos. El proyecto contempla además la realización de talleres y elaboración de productos con materiales reciclados que serían vendidos en el mismo barrio. Otros residuos irían a huertas orgánicas y comunitarias y las botellas de plásticos serán convertidas en ladrillos ecológico. Este sistema de tratamiento de los residuos se practica en los países desarrollados que llevan muchos años trabajando arduamente en la problemática ambiental y que cuentan con una estructura gubernamental que lo sustenta. “Sabemos que es un proyecto muy ambicioso que necesita la reestructuración no solo de las costumbres de los ciudadanos sino de un amplio trabajo en educación y en toma de conciencia de la sociedad”, admitió Giovannoni. Sin embargo, la presidenta
de la entidad añadió: “Nosotros decimos que lo imposible es aquello que no se intenta”. Instalar en la agenda la problemática ambiental y buscar soluciones definitivas, es objetivo principal del proyecto a lo que hay que sumar, por supuesto, el brazo del Estado. Una idea para replicar “La realidad es que nosotros no podemos ir más allá de nuestro territorio porque no tenemos las herramientas, somos simplemente vecinos, pero lo que queremos es que esto se replique y tal vez podamos terminar con este problema. Aunque se demore un año, dos o diez, que tarde lo que sea necesario pero no se siga acumulando basura en las calles porque nos está enfermando a todos”, lamentó la mujer. A pesar de las limitaciones, los impulsores del proyecto se permiten soñar con que este sistema pueda aplicarse a nivel municipal, provincial y nacional. “La realidad es que tenemos un problema ambiental grave y nos gustaría que La Matanza sea un ejemplo en este aspecto”, expresó la vecina. El primer paso es evitar la proliferación de basurales y erradicar los ya existentes. Mientras que el proyecto tiene como fin contar con instalaciones preparadas para el tratado y diferenciación de los residuos, “el sistema no necesita de un lugar para amontonar la basura porque los residuos irían directamente al lugar en el cual serán degradados” reveló Marcela Giovannoni. Para sumar ciudadanos a la iniciativa, los miembros de la comisión vecinal organizan encuentros informativos, que se publican en la página “Comisión Vecinal de Virrey del Pino” de Facebook.
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DENUNCIA LA INACCIÓN DEL ESTADO
Preocupación por la destrucción de patrimonio cultural en Ciudad Evita Se trata de Tres Ombúes, un sitio sagrado de la cultura querandí, ubicado en un predio que pertenece al Estado y sobre el cual avanzó la construcción ilegal de viviendas. A pesar de estar protegido por ley y una orden judicial que prohíbe que se continúe edificando en el lugar, los lotes se siguen vendiendo y las obras no cesan. Hace un año, desde el Colectivo Tres Ombúes denunciaban y lamentaban la destrucción del sitio sagrado Querandí, yacimiento arqueológico de Ciudad Evita, que se encuentra en tierras que pertenecen a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (ABBE) y que están judicializadas tras haber sido explotadas para negocios inmobiliarios de manera ilegal. Si bien en agosto último el Juzgado N.° 1 de Morón emitió una orden de no innovar, las construcciones continúan mientras la causa está estancada. “Para nosotros es preocupante que no haya habido avances y el desinterés del Estado que no nos tomó en serio”, lamentó Valentín Callamullo, miembro del Colectivo Tres Ombúes que brega por la preservación, y ahora recuperación del espacio. El sitio cuenta con la protección de la ordenanza municipal 10146, que lo declara “Lugar Histórico Municipal”, el decreto 1110 de 1997, que implica lo mismo a nivel nacional y por la ley 25743 que protege todo patrimonio arqueológico y
paleontológico sobre suelo argentino. Ubicado en la intersección de la ruta 4 y autopista Ricchieri, allí se han hallado piezas pertenecientes a las culturas cazadoras y recolectoras que habitaban el área desde miles de años antes de la llegada de los españoles. Con el trabajo de especialistas, se recuperaron restos de cerámicas y piezas de alfarería, herramientas y huesos. Pero no solo se trata de piezas de valor arqueológico, sino que el distrito debe su nombre a la matanza de indios querandíes, que ocurrió durante la defensa del territorio en el marco de la invasión española. “El lugar fue destruido y el Estado no hizo nada”, remarcó Callamullo. El lugar más emblemático del yacimiento arqueológico eran tres ombúes que tenían más de cien años y arrancados de raíz, atropellando por completo las normativas que lo protegían. De hecho, en el lugar exacto en el que se erigían los tres ombúes, hoy hay entre 6 y 10 casas construidas. Si bien los miembros de Tres Ombúes fueron aceptados como
terceros interesados en la causa que el Estado le inició a Isabel Carballo por usurpar, lotear y vender terrenos pertenecientes a la ABBE, nada pueden hacer para cuidar lo que quedó o comenzar la restauración del lugar. “No podemos ingresar al espacio porque nos repelen de manera violenta”, contó Valentin. La apropiación Pero ¿cómo llegó Isabel Carballo a manejar 100 hectáreas que son administradas por el Estado? La mujer es hija de un tambero que tenía esas tierras a cuidado. Cuando su padre muere, comenzó a realizar gestiones para hacer uso del derecho de usucapión a través del cual a quien poseyó un terreno, una casa o un departamento durante cierto tiempo establecido por la ley se le otorga la titularid a d d e l m i s m o . “La lógica dice que este derecho debería corresponder en una porción de tierra para aquel que no tiene adonde vivir pero esta mujer quiere las 100 hectáreas que componen el predio”, explicó Callamullo. Sin que la Justicia se expida, Carballo se asocia con Rolando Pardo con quien comienzan a lotear y vender los terrenos de manera ilegal a miembros de la colectividad boliviana. “¿Es esto solo desidia y desconocimiento? ¿Estamos frente a un estado bobo que no puede contra dos personas o es un Estado eurocentrista que prefiere que estos espacios desaparezcan?”, cuestionan desde el Colectivo Tres Ombúes. Según contó Callamullo, en los gobiernos de la provincia de
Buenos Aires y Nación “las puertas están cerradas” y aspiran a que con el inminente recambio político “haya una mayor sensibilidad”. En este sentido, el joven añadió: “Esperamos que asuman funcionarios que estén a la altura y atiendan nuestro reclamo. Nosotros queremos el sitio arqueológico, que es una porción pequeña dentro del enorme predio y que ha sido destruido”. Son cientos las familias que caen en la estafa de Carballo y Pardo, desesperados por tener un lugar en el cual vivir. “Entendemos que el canal correcto es que estas personas realicen la denuncia y que la Justicia resuelva”, señaló Valentín, al tiempo que aclaró: “No compartimos la postura intolerante de algunos vecinos de Ciudad Evita que plantean 'barrer con todo'. Nosotros respetamos l o s d e r e c h o s d e t o d o s ”. Frente a una Justicia ineficiente, los lotes se siguen vendiendo y las edificaciones no cesan. Desde el Colectivo Tres Ombúes denuncian que “ingresan de manera constante materiales de construcción con la complicidad del personal de Gendarmería nacional que debe resguardar el lugar”. Que el yacimiento arqueológico es patrimonio histórico y cultural no es debatible pero, aún protegido por ley, lo han destrozado. “Es un crimen a la historia y a la memoria del patrimonio matancero. Y el Estado en general no se ha escandalizado”, criticó Callamullo. Y agregó: “Pardo y Carballo han sido astutos y alguna banca deben tener. Allí hay un negocio inmobiliario millonario”.
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JUDICIALES DE LA MATANZA
Trabajadores Judiciales denuncian el estado de los edificios y las “malas” condiciones laborales Los trabajadores judiciales de La Matanza nucleados en la Asociación Judicial Bonaerense han efectuado un relevamiento de los riesgos edilicios del Departamento Judicial de La Matanza. “Falta de salidas de emergencias, de agua potable y hacinamiento”, son algunas de las denuncias.
Trabajadores judiciales denuncias las “terribles” condiciones laborales. Los trabajadores judiciales, informaron por medio de un comunicado las “terribles” condiciones laborales en las que trabajan diariamente. Se detalló que “el instrumento metodológico lo ha provisto la Comisión Directiva Provincial junto al Centro de Investigación y Formación de AJB. CIYF”. Según se informó, los edificios relevados pertenecen a las dos administraciones del Poder Judicial, tanto de la Corte como del Ministerio Publico. “Es en este último donde hemos encontrado las mayores deficiencias, algunas de ellas alarmantes”, se aclaró. “Los espacios de trabajo muestran el hacinamiento
donde operan los trabajadores en su conjunto, existiendo vectores de transmisores de enfermedades como roedores y cucarachas. Los roedores en los Juzgados civiles 9 y 10, ubicados ambos en una casa de la Calle Indart no se han podido erradicar, a pesar de las múltiples intervenciones efectuadas”, se alertó. A la vez el Poder Judicial Provincial en sus dos administraciones “ha terciarizado la limpieza donde se ha detectado, además de los exiguos salarios a sus trabajadores por debajo de los convenios. Muestran la falta de provisión de elementos de limpieza”. Con respecto a la protección
contra incendio, se expresó que “si bien los extinguidores están en condiciones y cargados no se encuentran en lugares visibles, muchas veces en el piso. Nunca se han hecho simulacro de evacuación. No existen, salvo en el edificio nuevo de familia y Menores sistemas de detención de incendios”. Más adelante se denunció sobre el riesgo eléctrico de los edificios y se especificó que ” generalmente no existen disyuntores, no hay mediciones de las puestas a tierra en varios edificios hemos detectado que los conectores eléctricos”. Y se agregó que “se carece de sistemas de iluminación de emergencias y en casi todos los despachos no ingresa la luz natural, por lo que no se cuenta con ventilación natural acorde”. “En ningún edifico se encuentra señalizados los caminos de evacuación en caso de peligro e indicadas las salidas. No existen salidas de
emergencias”, se denunció. “Existen edificios muy críticos caso Oficina de Informática ubicada en un recinto sin ventilación y luz natural. Se viene reclamando su traslado desde el año 2016, con reclamos a diversos organismos de la Corte”, detallaron por medio de un comunicado. Por lo señalado, aseguran que “proliferan las enfermedades laborales que costean los propios trabajadores. Son inexistente los controles de salud periódicos que debe efectuar el empleador. La oficina de Sanidad no tiene un rol de prevención de las enfermedades, sino una función de control de ausentismo por enfermedad”. En el escrito que detalla el relevamiento de las condiciones laborales,, los trabajadores plantean la crisis de diversos Fueros como el de Familia donde se crean “Juzgados sin funcionamiento por la falta de alquileres de edificios al Poder Judicial porque no cumplen con los contratos”.
MARIO ORTIZ
DANIEL TRONCOSO
SECRETARIO GENERAL
SECRETARIO ADJUNTO
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INCENDIO EN LA APDH
“Nos sentimos fortalecidos y fuertes para mirar hacia adelante” Tras el siniestro intencional que destruyó las instalaciones de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos ubicada en San Justo, las muestras de apoyo y solidaridad se replicaron incesantemente. Sin datos sobre quién o quiénes son los responsables, desde el organismo señalaron que tienen “varios frentes abiertos” y esperan el avance de la investigación.
Desde 2015, el organismo realizó 15 denuncias por amenazas y ataques. En la noche del domingo 3 de noviembre un incendio intencional arrasó con la sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Matanza, que funcionaba en un espacio recuperado por el organismo hace cinco años en Esnaola 3870, en la localidad de San Justo. Pegado a la vía del ferrocarril Roca, el lugar era un basural. Una vez saneado, allí colocaron una primera casilla y luego otra fue donada por la fundación Techo Argentina, en la cual atendían los casos de vulneración de derechos humanos. “De todo lo logrado hasta el momento no quedó nada, el fuego se llevó todo: mobiliario, archivos, papeles, cuadros, recuerdos. El afecto, la indignación y el estado de alerta de todo lo recibido nos ayuda a tomar dimensión de la gravedad de los hechos”, manifestaron desde el organismo a través de un comunicado. “Entendemos que esto accidental no fue. Sería irresponsable decir o especular sobre quiénes son los responsables porque esto está enmarcado en la vía judicial y esperamos ese proceso para dar esa información”, señalo Miguel Meira, miembro del organismo. Asimismo, remarcó que la APDH local “tiene muchos frentes abiertos no solo a nivel municipal sino en los ámbitos provincial y nacional” y entienden que detrás de eso “no hay solo maldad sino la intención de generar un daño profundo que genere miedo, dolor y triste-
za”. La investigación está a cargo de la fiscal Andrea Verónica Palin de la UFI N.° 9 de La Matanza. “Compañeros no permitamos que este hecho quede en la impunidad, nuestras premisas en la lucha cotidiana es justamente no naturalizar ninguna injusticia. Este ataque feroz es un ataque a los colectivos sociales que pelean cada uno desde su lugar para transformar la realidad”, pidieron desde el organismo a través de un comunicado. Las amenazas y ataques al organismo se vienen multiplicando desde el año 2014: amenazas telefónicas, con armas de fuego, mensajes mafiosos y daños materiales simultáneos a vehículos de integrantes de la APDH local. Todas las denuncias que se realizaron por cada hecho puntual, que son 15 causas en total, fueron archivadas sin que la Justicia brinde ningún tipo de respuesta. “Entendemos que es muy grave lo que pasa con el Poder Judicial, continuamente lo denunciamos y creemos que esto tiene que ver con el valor que se le dan a los derechos humanos desde el 2015 para acá, calificados como un 'curro' desde el gobierno nacional”, remarcó Meira. Verónica Magario, intendenta de La Matanza y vicegobernadora electa de la provincia de Buenos Aires, recibió a miembros de la APDH local unos días después del incendio. La reunión fue impulsa-
da por la Mesa Nacional de Organismos de Derechos Humanos y gestionada en parte por Lidia Estela Mercedes Miy Uranga, más conocida como Taty Almeida, miembro de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. “Fue un encuentro muy positivo. Esperamos que a partir de aquí haya otro tipo de construcción entre el Municipio (de La Matanza) y nuestro organismo”, dijo Meira. Durante el encuentro, la intendenta se comprometió a “colaborar con la reparación del espacio y con la seguridad de la zona con cámaras de seguridad y la erradicación del basural, instando a las fábricas que tiran allí la basura a que dejen de hacerlo”, informaron desde la APDH local. Apenas unos días antes del incendio, desde la Asamblea habían dado a conocer una situación que los afectaba y se repetía durante los fines de semana: personas en situación de calle violentaban una de las casillas para pasar allí la noche. Pedían entonces, la intervención de Estado en todos sus niveles para resolver falta de acceso a la vivienda. Esta problemática también fue tratada durante el encuentro. “Es una cuestión compleja que necesita un abordaj e i n t e g ra l ”, s e n t e n c i a r o n . En este punto, desde el Ejecutivo municipal aseguraron que trabajarán en una política de inclusión junto a otras organizaciones como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP)- con las personas que están en situación de pobreza y trabajan desde la recolección de basura. “Esperamos seguir en diálogo con las autoridades para mantener estos temas en la agenda local, que son parte de los flagelos que denuncian de lunes a domingo cientos de vecinos en nuestra organización”, señalaron desde la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Matanza. “Resistencia permanente" Pablo Pimentel, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matan-
za, calificó el incendio intencional en la sede de la APDH como “una crónica anunciada” debido a las amenazas y ataques recibidos durante los años. Según Pimentel, la situación se tornó más grave con el acompañamiento del organismo a las causad de Gabriel Blanco en 2015 y de Luciano Arruga en 2009. “Fue gravísimo, denunciamos que nuestras vidas estaban en riesgo por gritar y exponer al poder nefasto de la Bonaerense que maneja el delito”, aseguró. Más allá de las pérdidas materiales provocadas por el siniestro, Pimentel lamentó que cada denuncia realizada quede archivada de manera inmediata. “Si eso le pasa a la APDH, que dicen que es legitimada y respetada, imagínense lo que vive cotidianamente la gente que gasta lo poco que tiene para acercarse y se va sin respuestas. Eso es más grave que cualquier incendio”, lamentó.
Mientras tanto la atención al público se estará realizando de 18 a 19.30 horas de manera provisoria en la sede de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) La Matanza, ubicado en Florencia Varela 2481, San Justo, en tanto para volver al espacio que les pertenece inmediatamente comenzaron las jornadas de trabajo que se llevan a cabo los días sábados. Para la reconstrucción de la sede se necesita de todo, desde andamios hasta ladrillos, palas, rastrillos, escobas, escobas de alambre, bolsas de cemento, bolsas de cal, cucharas de albañil, baldes de albañil, sogas, martillo, masa y clavos hasta elementos para la instalaciones de agua, electricidad y trabajos de jardinería. El objetivo es llegar a fin de año con un nuevo espacio físico, con su respectivo cerramiento para garantizar la seguridad. Todo parece posible teniendo en cuenta las infinitas muestras de apoyo y solidaridad recibidas por el organismo. “Nos sentimos fortalecidos y fuertes para mirar hacia adelante. No teníamos magnitud de lo que representa la APDH de La Matanza”, aseguran.