diario del jucio by El Eslabón de la Cadena Informativa

Agustín Arnolf

NOVIEMBRE DE 2011

DIARIO DEL JUICIO

página 2 | noviembre de 2011

DIARIO DEL JUICIO

ENTREVISTA CON EDUARDO COSTANZO

“Yo no soy como los otros represores” Maia Basso

El ex Personal Civil de Inteligencia del Ejército (PCI) durante la dictadura, Eduardo Tucu Costanzo, recibió en su domicilio a el eslabón, volvió a prender el ventilador y no dejó títere con cabeza. Se despachó contra sus ex camaradas del Batallón 121, Luis Rubeo, Orlando Vignatti y Norberto Nicotra –entre otros–, y reveló los nombres de varios represores en fotos inéditas que aquí se publican por primera vez.

por Juane Basso l teléfono sonó y atendió una inconfundible voz con tonada tucumana. —“Qué tal Costanzo, yo soy Basso, del periódico…”. —“Sí, Juane –interrumpió–, ya se quién es usted, del Eslabón, de HIJOS, usted es de Rufino, el marido de la doctora...”. Lo corté: “Quiero hacerle una entrevista sobre el caso Cambiaso-Pereyra Rossi, y por lo que usted sabe de la desaparecida Raquel Negro y sus mellizos, a propósito de lo que declaró en el juicio en Paraná”, le dije. “Eso fue un desastre, cómo van a absolver a Marino González”, replicó el condenado a reclusión perpetua por la justicia federal de Rosario. Combinamos una cita en su casa, donde purga pena –bajo el régimen de prisión domiciliaria– por integrar el grupo de tareas que, entre otros crímenes de lesa humanidad, secuestró, mantuvo cautivos clandestinamente y desapareció a 17 militantes, durante el terrorismo de Estado. El número 2931 de calle Pueyrredón no fue difícil de ubicar, un patrullero hace guardia permanente a pocos metros del portón de ingreso. “Sí, esa es la casa de Costanzo”, confirmó el oficial de la policía santafesina sentado al volante del móvil. A las 10 en punto del 9 de noviembre, hora pautada para la entrevista, el Tucu está sentado en un sillón en el porche de su casa. Cualquiera que pase por la vereda puede verlo detrás de la reja, donde suele matar el tiempo. Apenas entramos con la fotógrafa Costanzo se atajó. “Yo no soy como los otros represores, esos milicos hijos de puta. Quiero que vean que no soy el monstruo que se construyeron ustedes”, dijo, apenas abrió la puerta. Entrar en la entrevista propiamente periodística no fue simple, Costanzo insistió en hablar, en tono de

reclamo, sobre por qué HIJOS le solicitó prisión perpetua en el juicio Guerrieri–Ámelong, en el que finalmente fue condenado por esa pena. Tras un corto y tranquilo peloteo le propuse: “Convengamos una cosa, hagamos una entrevista y no pretendamos ponernos de acuerdo”.

De servicio a servicio

el eslabón accedió a una carpeta perteneciente al ex personal de Inteligencia del Ejército Ariel Porra, alias Puma, entregada por una fuente que reclamó estricta reserva, que contiene diferentes documentos como una autorización para ingresar a dependencias policiales a ver antecedentes, informes de inteligencia, fichas de ex detenidos desaparecidos y fotos del propio Porra con otros personajes presumiblemente ex camaradas de la patota, a veces de uniforme, a veces no, y que datan de 1978. Costanzo aceptó identificar para este medio quiénes son los hombres que aparecen junto al Puma, y los lugares en que fueron tomadas las fotografías. En la primera imagen (1) el Tucu reconoció a Porra. En la segunda (2) le pareció que el lugar es la Fábrica Militar de Armas. En la tercera (3) reconoció a “un tal Sebastián, yerno de Juvenal Pozzi, creo que el apellido es Sebastián, le decían Filtro”, apuntó Costanzo, y agregó: “Es el que le iba pisando la cabeza a uno de los secuestrados en el bar Magnum”. En la cuarta foto (4) el Tucu señala al Puma y a otro de la patota del Batallón 121de ejército que utilizaba el seudónimo Aldo y cuyo verdadero nombre es Ariel López. La foto está tomada en el centro clandestino de detención La Calamita, por donde pasaron, según Costanzo, más de cien detenidos; y de donde se llevaron a unos sesenta en diferentes momentos para ser arrojados en aviones

al mar o a la Bahía de Samborombón. El Tucu reconoció de inmediato el lugar. “Es la Calamita porque Fariña le decía el Fortino”, indicó. En la imagen se ve que un cartelito pegado sobre la pared reza “Bienvenidos al Fortino”. En la quinta foto (5), tomada a la salida de un subte en Buenos Aires, Costanzo identificó a “Puma, Pancho (Francisco) Scilabra y a González Pinto, ya muerto”. De la séptima (7) foto que se publica en esta edición, con el tanque de guerra de telón de fondo, Costanzo aseguró que está tomada en el Batallón 121.

Del mercado de concentración al campo de concentración

Costanzo contó que en Tucumán tenía camiones y trabajaba en el mercado de concentración de la capital provincial. En agosto de 1976 fue detenido acusado de un robo en el mercado. El Tucu negó todo, pero luego de haber estado detenido, se fue a Rosario porque –aseguró– él y su familia corrían “riesgos” después de ese episodio. “Todos los sábados venían al mercado camiones de Ejército a solicitar algo de la mercadería que quedaba y todo el mundo le daba, y como yo no le he querido dar ni mierda, supongo que de ahí ha venido la bronca”, explicó Costanzo el origen del problema con los de verde. —¿Y cómo fue que empezó a realizar tareas como personal civil de inteligencia, a través de quién se contactó? —A través de un amigo mío, que tenía otro amigo, que me recomendó para hacer informes. Y es así que hacía informes yo los primeros meses. Te digo que era un problema bárbaro. La primera vez me mandan a la esquina de Wheelwright y Corrientes y yo no sabía ni dónde quedaba eso.

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Raquel Negro

Costanzo habló a borbotones. Contó, con una verborragia incontenible y una naturalidad difícil de asimilar, hechos de los más terribles que se puedan escuchar y que protagonizó u observó en persona. Son relatos del descenso al mismo infierno. —¿Cuál fue el destino de los mellizos de la detenida de la Quinta de Funes Raquel Negro? —El tema de Raquel Negro yo lo denuncié en el año 1992. No es nuevo. Y nadie hizo justicia en todo esos años. Hasta en la revista Gente salí en una nota que me hizo el Bigote Acosta. Es curioso que ahora el doctor (Marcelo) Bailaque (juez federal de instrucción) me procese como coautor de la muerte de Raquel Negro. Y más curioso cuando en Paraná me citan como testigo. En el juicio en Paraná el juez me dijo que me remita a responder lo que me pregunten y no me dejaron decir nada de lo que tenía para decir de Marino González –quien posteriormente fue absuelto en el juicio–. No me dejaron decir nada de lo que sé de Marino González. Él es a quién le encargan organizar el traslado de Raquel Negro de la quinta La Intermedia, propiedad de la familia de Daniel Ámelong, al Hospital Militar de Paraná. Marino González es el que organizaba las guardias las 24 horas. Así me cuentan, a mi no me mandaron. Una mañana vuelve uno de los que hacían custodia y dice que han nacido mellizos (un varón y una nena) y que el chiquito había nacido muerto. Después me cuenta (Walter) Pagano a mí que él con Ámelong la llevan a la nena a un convento, no me dicen en ese momento el Hogar del Huérfano. La ponen a la entrada bien envueltita. La dejan y tocan el timbre y le dejan un escarbadientes para que siga sonando.

—¿Qué sucedió con Raquel? —A Raquel Negro la traen muerta de Paraná o Santa Fe, en un baúl de un auto Peugeot 504. Yo estoy parado en un costado después de que han matado a todos los detenidos y cargado en un camioncito Mercedes 608, que es el mismo que usan en el secuestro de Cambiaso y Pereyra Rossi. La traen desnuda, atada y con una bolsa de plástico en la cabeza. Pregunto quién es y me dicen que era la María Amarilla (así le decían a Raquel Negro). La sacaron de ahí, la metieron junto con los otros muertos. —¿Y qué hicieron con esos cuerpos? —Los llevaron al aeropuerto, los cargaron al avión y los tiraron a la bahía de Samborombón.

Navone

“Yo le dije al juez de Paraná que hable con Carlos Razzetti, hijo de Constantino, que fue asesinado por la Triple A. Porque Razzetti se comunicó con Kopaitich, que

es un periodista que vive en Barcelona que se crió con Nabone en Casilda. Hace muchos años ya se comentaba que el hijo que tenía el hermano de Navone, no el militar, era hijo de desaparecidos”, dijo Costanzo, en un tramo de la entrevista en el que nos concentramos en el tema del otro de los mellizos de Raquel Negro, el varón. La mujer, Sabrina Gullino, recuperó su identidad en 2008, entre otros elementos por el testimonio del propio Costanzo, quien relató a la justicia el episodio protagonizado por Ámelong y Pagano, cuando llevaron a la bebé al Hogar del Huérfano. En cuanto al varón, la posibilidad de que esté vivo se reavivó durante el juicio en Entre Ríos, cuando el Tucu declaró que Razzetti y Kopaitich sabían quien lo tenía. El teniente coronel Paúl Alberto Navone prestó servicios en la sección Inteligencia 122 de Paraná, dependiente del Destacamento de Inteligencia 122 de Santa Fe, a su vez dependiente del Segundo Cuerpo

del Ejército con asiento en Rosario. En el año 1976 se encontraba en apoyo del Comando de la Segunda Brigada Blindada de la capital entrerriana, tal cual informó a la Justicia el Comando del Ejército. Según declaró Costanzo, Navone integró el grupo de tareas que llevó a Raquel Negro desde Rosario al Hospital Militar de Paraná y permaneció con ella durante el cautiverio. Por su parte Oscar Kopaitich, el señalado periodista residente en Barcelona, declaró a la prensa que conocía a Navone por ser vecinos de toda la vida en la ciudad de Casilda. Kopaitich alimentó la hipótesis de que Navone habría sido quien se llevó al mellizo varón de Raquel Negro y se lo habría dado a su hermano. Navone se suicidó de un disparo en la cabeza en febrero de 2008, el mismo día que debía prestar declaración indagatoria en la causa que investigaba la existencia de una maternidad clandestina en el Hospital Militar de Paraná.

Autorización que se encontraba entre los documentos de la carpeta del servicio de inteligencia Ariel Porra.

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COSTANZO SOBRE EL CASO CAMBIASO PEREYRA ROSSI

“Guerrieri sumó al Gato Andrada a la patota” Maia Basso

por Juane Basso l primer día de noviembre, el fiscal federal de San Nicolás, Juan Patricio Murray, confirmó a este medio la citación a prestar declaración indagatoria de una larga lista de imputados en la causa por el secuestro y asesinato de los militantes Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi. La nómina de represores, que incluye al ex ídolo de Central Edgardo Gato Andrada, y al organizador de los cruces de los Andes, Víctor Chuli Rodríguez, se completa con los ya detenidos por otros juicios Luis Patti, Reynaldo Bignone, Pascual Guerrieri, Ariel (Puma) Porra y Juan Andrés (Barba) Cabrera. Entre la importante prueba recogida por la investigación encabezada por Murray se cuenta una declaración testimonial brindada por Eduardo Costanzo. El Tucu, recordó en la entrevista con el eslabón los principales datos aportados a través de su testimonio ofrecido en San Nicolás. El 4 de febrero de 1979 Costanzo había sido detenido nuevamente en Tucumán por homicidio. Según explicó el Tucu, ese episodio fue consecuencia de una pelea. “Recién salí en el año '83”, refirió el ex civil de inteligencia, quien agregó que al tiempo volvió a Rosario y en algunos cafés y encuentros con ex integrantes de la patota, reconstruyó el secuestro y asesinato de los militantes peronistas.

―¿Cómo tomó conocimiento de lo que sucedió con Cambiaso y Pereyra Rossi? ―Hablando, tomando café con los muchachos. El que más me contó fue el Barba Cabrera.

Cabrera hacía seis meses que lo venía siguiendo a Cambiaso. Cabrera vivía en Pérez a pocas cuadras de Cambiaso. ―¿Qué pudo reconstruir de los hechos de ese operativo? ―Me cuenta Cabrera que Pereyra Rossi venía de Buenos Aires y Cambiaso lo iba a esperar en la terminal. Pero parece que Cambiaso lo hace bajar antes. Y toda la patota encabezada por Pascual Guerrieri

Rubeo, Costanzo y una relación explosiva l eslabón ya publicó diferentes notas que dan cuenta de los vínculos que unieron a Costanzo con Luis Rubeo padre. Rubeo, sindicado como uno de los precursores de la Triple A en Rosario, además de ser padrino de uno de los nietos de Costanzo, integró al Tucu a su staff de empleados cuando fue Senador, al igual que a Pascual Guerrieri, quien según Costanzo fue la persona que los presentó alguna vez. Se ha contado en este periódico el episodio en que el Tucu, ya en tiempos de la democracia, se encargó de hacer detonar un explosivo a un competidor de Rubeo en la interna justicialista. En esta entrevista, Costanzo se detuvo aún más en la figura de uno de los colaboradores de Rubeo en los años ochenta, el actual dueño de los diario Ámbito Financiero, El Ciudadano, Buenos Aires Herald y socio de La Capital, entre otros tantos negocios, Orlando Vignatti. “Vignatti, el del diario La Capital –se despachó el ex represor–, era un ladrón de autos. Te lo digo con todas las letras: ladrón de autos. Fichado y reconocido. Incluso yo cuando Vigantti andaba muerto de hambre, le desarmé un auto con los pibes para que tenga un mango para comer. Antes que fuera director del Banco de Santa Fe, que lo puso Rubeo. Era uno de los lacayos de Rubeo”.

―¿A usted le consta que Vignati se dedicaba al robo de autos? ―Pero si lo han detenido incluso. En el año 85 estuvo preso en la Federal. Otra vez lo detuvieron con una cupé Sierra en el Chaco. Que tuvo que hablar el en ese

momento senador Rubeo con el gobernador Vitel para que le arreglara la situación. ―¿Qué tarea realizaba usted como empleado de Rubeo en el Senado? ―Ninguna, yo lo cuidaba cuando venía a Rosario. Como custodia, como hombre de confianza. ―¿Y que se rompió en esa relación para que usted cuente las cosas que cuenta sobre él, que claramente no lo dejan bien parado? ―Él me había dicho que me iba a sacar para que yo no lo cague políticamente, pero que iba a mantener a mi señora, y cuando culminó el mandato de senador y siguió como diputado, nos dejó afuera. Entonces para que aprenda a tener códigos. Por eso es que he dicho esto yo. Además no estoy mintiendo, digo la verdad ―¿Qué sabe de otros ex represores que ya en democracia trabajaron con referentes políticos, como en el caso de la Defensoría del Pueblo? ―Con Norberto Nicotra, que era el defensor. Hombre de Rubeo. Nicotra lo llevó a Cabrera y al Chuli Rodríguez. ―Alguna vez Nicotra dijo que él no conocía del pasado de Cabrera. ―Pero si ha sido informante de los servicios toda la vida Nicotra. Él era informante de Rodríguez cuando el Chuli era segundo jefe del destacamento. Pasaron los años y Rodríguez pasó a retiro y Nicotra lo llevó de empleado al Chuli, cuando Nicotra fue Defensor del Pueblo, concejal y diputado. Se invierten las cosas pero siempre juntos.

y Victor Hugo Rodriguez, alias Chuli, se vienen de la terminal con el operativo ya fracasado. Pero otro muchacho, de nombre legal Daniel Ferrere, los ve entrar a Cambiaso y Pereyra en el bar Magnun, los llama por handy y todos convergen ahí. Los primeros son Guerrieri y Rodríguez y al volante en ese auto venía uno que le decían Choper, creo que Vanzinni el apellido. Choper me cuenta a mi que estaba ahí el kiosquero que vendía las revistas, que miraba y no sabía como ponerse. Entonces llega la patota. Guerrieri adentro los tenía apretados. Campilongo, uno del destacamento también estaba en la puerta y no dejaba pasar a nadie por la vereda. Y se los llevan a Cambiaso y Pereyra Rossi, en el camioncito que usaban para transportar los cuerpos, a Oroño al fondo, donde estaban haciendo la Circunvalación. Ahí los tienen todo el

día torturándolos y a la noche se los llevan y le entregan a Patti. En el auto de Cambiaso, un Fiat 1500 lo llevan tirado en el suelo a él y ahí va Porra con los pies arriba de la espalda. Y en otro auto lo llevan a Pereyra Rossi y lo va pisando Filtro, creo que de apellido Sebastián, ex yerno del coronel Pozzi. ―Usted también mencionó en su declaración judicial como otro integrante de la patota al ex arquero de Central Edgardo Andrada. ―Él entra a trabajar creo que en el año 80, lo nombra Guerrieri. Y él era uno más de la patota también estaba ese día. Porque Choper después me contó todo cuando yo estaba preso en el Batallón 121. Y ahí me contó con lujo de detalles todo. Choper, que ahora tiene taxi y remís en Pérez, fue toda la vida chofer del jefe del destacamento. Cambiaban los jefes y él seguía. Él estaba en la puerta del bar Magnum.

“Te pido que esto se publique” El rol que está cumpliendo Costanzo no lo cumple nadie en el país. Vos has visto a alguno que haya hecho lo que he hecho o dicho yo. Entonces creo que tengo derecho a decir a la opinión pública, que no soy el monstruo que crearon”, afirmó el Tucu en tono de reclamo. Y solicitó que esos dichos no sean excluidos de la nota que se publique en el eslabón.

“

―¿Usted cree por la información que ha declarado debería tener una consideración especial por parte de los jueces, fiscales y querellas? ―Lógico. Creo que en la vida se tiene que tener un agradecimiento. Está cantado que este hombre (por él) ha estado en su trabajo y que tenía que estar ahí. Y si ahí, en otra habitación, mataron a uno, que culpa tengo yo. La otra es que yo no le podía agarrar la mano a Guerrieri y decir “no lo matés”. ―Le repito que no vinimos acá a hacerle otro juicio, usted ya tuvo su juicio y fue condenado. —Si, tuve un juicio, pero vos sos con-

siente que hubo una injusticia conmigo. Como me van a dar perpetua a mi. ―Yo no pienso que hubo una injusticia con usted. Usted por integrar ese dispositivo de poder, ha sido partícipe de esos delitos de lesa humanidad, que tienen que tener la máxima pena. ―Pero no como coautor. Coautor es cuando vos matás, o estás en la muerte. Y yo no he estado en ninguna muerte. No nos podés juzgar igual. ―Coautor significa que para que se pueda haber realizado esa acción, esos delitos, usted tuvo que ser parte y estar allí para que el autor la realice. ―Yo te he recibido para que veas que no soy un monstruo. Ni siquiera te tengo rencor por esa tapa que ha hecho de los hijos de puta (se refiere a una tapa de el eslabón en la que aparece la foto de Costanzo junto a los otro cuatro represores del juicio Guerrieri-Ámelong que titulamos con esa puteada). Yo duermo tranquilo, no tomo pastillas, yo no torturé a nadie, yo no maté a nadie, ni he hecho desaparecer a nadie.

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JUICIO HOSPITAL MILITAR

Condenados en Paraná Nora Pastorini

El Tribunal Oral Federal que investigó el funcionamiento de una maternidad clandestina en el Hospital Militar de Paraná durante la dictadura, declaró culpables a 5 de los 6 imputados de los delitos de sustracción de un menor y de adulteración de identidad. os integrantes del Batallón de Inteligencia 121 de Rosario condenados fueron Pascual Oscar Guerrieri (14 años de prisión), Jorge Alberto Fariña (13 años), Juan Daniel Amelong (13 años) y Walter Pagano (11 años), mientras que el médico del hospital militar local, Juan Zaccaría recibió una pena de 5 años. La resolución fue celebrada como un hecho histórico para Entre Ríos, aunque abogados, querellantes y organismos reconocieron que esperaban “mayor contundencia en las condenas”. A la vez, el tribunal resolvió absolver de los delitos investigados en la causa al ex militar Marino González, también ex integrante del batallón rosarino. Los condenados pidieron no estar presentes en la sala al momento de la lectura del fallo, que encontró a Guerrieri, Amelong, Pagano y Fariña “coautores responsables” de la sustracción del mellizo varón de la detenida-desaparecida Raquel Negro, y de alteración o supresión de su identidad. En tanto, el médico Zaccaría, ex jefe de terapia intensiva del nosocomio castrense, fue considerado partícipe necesario del delito. El tribunal dispuso también que Guerreri y Zacarías cumplirán prisión domiciliaria, mientras que los restantes irán a cárcel común. Guerrieri, Fariña, Amelong y Pagano ya habían sido condenados a la pena de prisión perpetua por el Tribunal Oral Federal N°1 de Rosario en el marco del juicio que investigó los delitos cometidos en cinco centros clandestinos de detención que funcionaron bajo la órbita del Batallón 121 de ejército con asiento en Rosario. Por otra parte Marino González es investigado en otras tantas causas que también tramitan en los juzgados federales de Rosario. El abogado de Abuelas de Plaza de Mayo e integrante de HIJOS, Álbaro Baella, recordó a el eslabón, que desde la durante los alegatos la Fiscalía había solicitado que Guerrieri sea condenado a la pena de 14 años de prisión, Fariña, Amelong y González a 13, y Zaccaría y Pagano a 11, mientras que las querellas pidieron que todos los acusados sean sentenciados a prisión perpetua por los delitos investigados. Por otra parte, Baella indicó que desde la querella también habían solicitado que se revoque la prisión domiciliaria que goza actualmente Guerrieri y, subsidiariamente, para el caso de que el tribunal no aceptara la calificación del delito de desaparición forzada, la pena de prisión de 25 años e inhabilitación de cumplimiento efectivo para todos los imputados. Baella advirtió que “aún no se han

Sabrina Gullno rodeada de sus hermanos Sebastián y Matías. “Sólo faltas vos, Melli”, dijo la nieta recuperada. leído los fundamentos”, pero admitió que la sentencia “dista mucho del pedido de pena que hizo la querella conjunta, tanto del pedido de pena del delito de desaparición forzada de persona como los 25 años que pedimos para todos”. La abogada querellante por la agrupación HIJOS regional Paraná, Florencia Amore, adelantó que apelarán el fallo del tribubal. “Esperábamos mayores condenas ‒dijo la abogada‒, pero sigue siendo satisfactorio haber podido transcurrir por este juicio después de 30 años y haber logrado estas condenas, que para nosotros son menores pero son condenas al fin, sobre todo teniendo en cuenta la clase de delitos de la que estamos hablando”. “Tenemos un sentimiento contradictorio. Por un lado estamos contentos porque hemos logrado una condena, pero esperábamos mayor severidad”, señaló. “Es importante que la sociedad tenga muy claro el mensaje en relación a estos hechos gravísimos. El daño que generan, tanto en las personas apropiadas como en las familias que los han buscado por más de 30 años no puede ser soslayado con una pena de tan pequeña. Entonces, desde nuestro punto de vista, los jueces tienen que dejar claro simbólicamente que en este país la apropiación de menores es un hecho repudiable”.

Una cuestión de actitud

Fuera del tribunal, desde las 17 se había montado un escenario para “celebrar el hecho histórico de que por primera vez Paraná tenga una condena por delitos de lesa humanidad”, explicaron militantes de HIJOS desde los

micrófonos. Sabrina Gullino, reconoció estar “sorprendida porque apostábamos a perpetua” para los secuestradores de su madre, Raquel Negro, y de su hermano mellizo, que continúa desaparecido tras el parto en el hospital militar de Paraná, en marzo de 1978. “Igual estoy contenta de que se cierre esta parte”, dijo al recalcar el valor del juicio que, sostuvo, “aportó no sólo la condena de los imputados, sino además el hecho de saber que el Melli está vivo y que tenemos herramientas para encontrarlo”. Recalcó que el juicio permitió desterrar la hipótesis de su hermano mellizo muerto a las pocas de nacer, como dijeron algunas versiones. Funcionarios, militantes sociales y familiares de víctimas de la causa, destacaron el fallo que condenó a los implicados y resaltaron la importancia “histórica” del juicio para la provincia de Entre Ríos. El ministro de Gobierno de la provincia, Adán Bahl, aseguró que a partir del fallo “finalmente, la provincia ingresa en la senda de la justicia, la verdad y la memoria”. A su vez, el integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Iparraguirre, dijo que “es un triunfo del movimiento de derechos humanos la condena de los cuatro militares y del médico Zaccaría”, imputados en la causa. “Salió la verdad a la luz, así que para nosotros es una alegría enorme”, completó el dirigente. La luchadora por los derechos humanos y hermana de un desparecido, María Luz Pierola, recordó por su parte

que “hacía 30 años que veníamos peleando por esto”. “Vamos a ir por más”, prometió antes de reconocer que “hemos logrado en Entre Ríos la condena de los genocidas, lo que no es poco”, recalcó. Tras la lectura del veredicto, la Mesa por Juicio y Castigo organizó un festival popular frente a los tribunales federales locales. En el escenario, por donde pasaron varios artistas paranaenses, pudo verse a los Payasos Autoconvocados y la Murga la Memoriosa de la ciudad de Rosario, que acompañaron a una nutrida columna de rosarinos entre los que se encontraron integrantes del Espacio Juicio y Castigo y militantes de HIJOS de esta ciudad. El evento culminó con un recital a cargo de las Actitud María Marta.

Datos de la causa

En la causa Hospital Militar se investigó a los seis imputados por el robo y la sustitución de identidad de los hijos mellizos de la pareja de los militantes montoneros desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela, nacidos en marzo de 1978 en el hospital militar de Paraná. La melliza mujer, que fue dada en adopción y anotada como Sabrina Gullino luego de ser abandondana en un orfanato de Rosario, recuperó su identidad en 2008. Mientras tanto el bebé varón continúa siendo buscado, a pesar de que el represor arrepentido, Eduardo Costanzo, afirmó que el chico está en el seno de la familia del militar Pablo Navone, quien se suicidó en Córdoba el día que debía declarar por esta causa en Paraná.

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CAUSA DÍAZ BESSONE

La fiscalía pidió perpetua para Díaz Bessone y Lofiego Agustín Arnolf

El fiscal federal del juicio oral y público que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Servicio de Informaciones (SI), Gonzalo Stara, pidió la pena de prisión perpetúa para Ramón Genaro Díaz Bessone y José Rubén Lo Fiego. Tras describir la cuantiosa evidencia acumulada contra los policías Mario Marcote, Ramón Vergara y José Scortechini, Stara consideró que hay causas “exculpantes y eximentes” de la conducta del ex militante acusado de colaboracionista Ricardo Chomicky.

La puerta de los Tribunales Federales de Rosario, en bulevar Oroño al 900, es un espacio de encuentro y militancia. uego de referirse a la importante evidencia que prueba la participación en los delitos de lesa humanidad cometidos en el SI por Díaz Bessone, Lofiego, Marcote, Vergara y Scortechini, Stara fundamentó lo que consideró las causas exculpatorias y eximentes de la conducta del imputado Ricardo Chomicky ‒el ex militante montonero acusado de “colaboracionista” por varios de los sobrevivientes del centro clandestino de detención que funcionó en la ex jefatura de la policía rosarina‒. Tras cinco semanas de alegato, Stara culminó su acusación el miércoles 19 de octubre. El fiscal remarcó la condición de víctima de Chomicky y explicó que, por lo que surge de la causa, por los dichos del propio Chomicky y por resoluciones del juzgado de Instrucción y la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, el acusado “fue secuestrado en diciembre de 1976” por un grupo de tareas de la dictadura. Stara recordó además que por esas resoluciones judiciales Lofiego y Marcote están procesados por “privación ilegítima de la libertad y tormentos” contra Chomicky. El fiscal se refirió a la falta de libertad y a las condiciones que existían en el SI, y remitió a un documento de la Procuración General de la Nación ‒cabeza de todos los fiscales federales del país, conducido por Esteban Righi‒, en el que se fundamenta por qué no se debe acusar en casos como el de Chomicky.

Luego Stara pasó a detallar la calificación legal de los hechos y describió los delitos que cometieron los imputados en el SI, entre los que incluyó “privación ilegítima de la libertad”, “homicidio agravado” y “tormentos”. Además el fiscal fundamentó por qué los delitos deben ser considerados de “lesa humanidad”, y se detuvo en la consideración de la figura de “genocidio”. En el final de su alegato, el fiscal Stara solicitó al Tribunal Oral Federal Nº2 (TOF2), integrado por Otmar Paulucci, Beatriz Caballero de Barabani y Jorge Venegas Echagüe, la pena de prisión perpetua para el ex comandante del Segundo Cuerpo del Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone, e igual condena para el ex oficial de la policía rosarina José Rubén Lo Fiego. Ambos están acusados por 91 casos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y 17 casos de homicidio de personas que fueron secuestradas durante la última dictadura y detenidas ilegalmente en el centro clandestino que funcionó en el Servicio de Informaciones (SI) de la policía local. En tanto, el representante del Ministerio Público pidió 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para los ex policías José Carlos Scortechini, Mario Alfredo Marcote y Ramón Rito Vergara; mientras que solicitó la absolución de Ricardo Miguel Chomicky, un ex militante de la Juventud Peronista

secuestrado en 1976 y acusado por otros sobrevivientes del SI de complicidad con sus captores.

Cárcel común

Además, Stara pidió que los imputados cumplan la pena de prisión en cárcel común bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal, de acuerdo a lo establecido por la Resolución 444 del Ministerio de Defensa de la Nación. A la vez, el fiscal solicitó con relación a Díaz Bessone que se le revoque la prisión domiciliaria de la que goza, y por último reclamó al TOF2 que al dictar la sentencia se ordene la inmediata detención de los imputados, que en todos los casos están en libertad por decisiones de la Cámara Nacional de Casación Penal. Finalmente, el representante de la Unidad Fiscal solicitó que se remitan copias de las declaraciones de algunos de los testigos del juicio oral al Juzgado Federal Nº4 de esta ciudad, a los fines de que se investigue el posible delito de tormento contra menores que estuvieron detenidos en el SI mientras sus padres permanecieron allí. Según dijo Stara, “entendemos que esas condiciones de detención configuran el delito de tormentos”. Entre otros, mencionó los casos de los hijos de Nelly Ballestrini de Larrosa, María Inés Luchetti, Estela Cristina Bernal y Francisca Van Bove de Espinoza, quienes estuvieron en cautiverio en el SI durante las detenciones de sus progenitores.

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LA VIOLACIÓN: UN CRIMEN DE LESA HUMANIDAD

Un acto de Justicia José Granata/Télam/cl

principios de noviembre de 2011, la Justicia consideró –por primera vez en Rosario– a la violencia sexual perpetrada en centros clandestinos durante la dictadura como “delito de lesa humanidad e imprescriptible”. Fue a raíz del testimonio de la secretaria gremial del Sindicato de Prensa rosarino, Stella Maris Hernández, quien aseguró haber sido violada por el ex represor Mario Alfredo Marcote alias El Cura. La decisión del juzgado federal Nº 4 rosarino crea un antecedente novedoso, ya que hasta ahora los delitos sexuales no eran perseguidos en forma independiente a los tormentos sufridos por personas detenidas durante la represión ilegal. Se trata del caso de Stella Maris Hernández, actual secretaria gremial del Sindicato de Prensa Rosario (SPR), quien fue secuestrada el 11 de enero de 1977 y mantenida en cautiverio en el centro clandestino que funcionó en el Servicio de Informaciones (SI) de la policía local hasta el 23 de junio de ese año. En su testimonio en el juicio oral de la causa Díaz Bessone, que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de Rosario, Hernández contó que además de los tormentos sufridos en la sala de tortura fue violada por el entonces oficial de la policía rosarina Mario Alfredo Marcote, alias El Cura, uno de los imputados en ese expediente. “Di todo este testimonio, que fue muy duro para mí, porque quiero que declaren la violación como un delito de lesa humanidad, porque fue algo sistemático en el Servicio de Informaciones, no eran hechos aislados”, dijo la sobreviviente de la dictadura ante el TOF2 el 1º de diciembre pasado, cuando prestó testimonio. “Por mí y por todas las compañeras que

no lo pueden denunciar, porque esto no es sencillo, tiene un costo altísimo poder contarlo”, abundó la dirigente sindical, que tenía menos de 20 años cuando fue secuestrada por la dictadura.

Un fallo que sienta antecedente

“Estamos muy conformes con la decisión del juez, esto es algo que Stella Hernández viene pidiendo desde 1984”, aseguró la abogada de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh),

Gabriela Durrutti, quien patrocina a la sobreviviente del SI. La letrada explicó que “hasta ahora lo que ocurría en la jurisprudencia nacional, es que la violación se la tomaba como una modalidad más de los tormentos, así fue en el caso Etchecolatz y en la Esma. Ante la denuncia de las víctimas, los tribunales lo tomaban como parte del tormento”. Durruti señaló que la resolución del juez Bailaque encuadra a la violación “como delito autónomo”, lo cual recoge una demanda de las víctimas porque

“hace a la dignidad personal” de las mismas. Días antes de la resolución, la abogada había solicitado al juzgado federal Nº 4 de Rosario que “indague a Mario Alfredo Marcote por el delito de violación agravada por su condición de funcionario público a cargo de la guarda y con el concurso de dos o más personas”. La medida fue adoptada el 10 de noviembre pasado por el juez, quien ahora debe resolver un pedido de eximición de prisión presentado por la defensa de Marcote, y luego establecer si lo procesa por el delito de violación. Marcote está siendo juzgado ante el TOF 2 de Rosario junto al ex comandante del Segundo Cuerpo del Ejército, Ramón Díaz Bessone, y los ex policías Ramón Rito Vergara, José Carlos Scortechini y José Rubén Lo Fiego, por su participación en el centro clandestino de detenciones que funcionó en el SI durante la última dictadura, por donde se estima que pasaron entre 1.800 y 2.000 personas. Tras el testimonio de Hernández, en el que relató que fue sometida sexualmente por el ex policía y dijo que los detenidos en el SI “supimos que el Cura Marcote era un violador serial”, el TOF envió los audios de la audiencia al juzgado de Bailaque. Luego, el fiscal del juicio, Gonzalo Stara, pidió durante la ampliación de la acusación a los imputados que se juzgaran por separados los delitos sexuales ocurridos en el centro clandestino del SI. Finalmente, el martes, Hernández y su abogada pidieron ser querellantes en la causa y, ayer, el juez Bailaque consideró a la violación como un delito de lesa humanidad al convocar a indagatoria a Marcote por el caso de la sobreviviente del SI. Umano Casilda

PIDEN LA DETENCIÓN DEL CURA ZITELLI

Justicia divina l Juez Federal de Rosario, Marcelo Bailaque, citó a “indagatoria” con pedido de “detención” a monseñor Eugenio Zitelli, en el marco de la causa denominada “Feced-residual”, en la que varios testigos sobrevivientes de la última dictadura afirmaron que el ex capellán de la policía de Rosario presenciaba las sesiones de torturas. Además del cura Zitelli, hay una larga lista de represores que también serán indagados por diferentes delitos de lesa humanidad. Entre ellos los represores José Lofiego, Mario Marcote, Ramón Vergara y José Scortechini, quienes se encuentran soportando el proceso oral denominado Díaz Bessone y que permanecían en libertad por una resolución de la Cámara de Casación Penal. Por esta nueva citación quedarán detenidos hasta que la justicia resuelva sus estados procesales. El fiscal de la causa, Gonzalo Stara, informó que la nómina de citados se completa con “Videla, Sotera, Corrales, Portilo, Vallejo, Olazagiotía y Formoselle”. La medida tomada por el magistrado rosarino se enmarca en la causa denominada: Feced-Residual, que investiga delitos cometidos por la policía de Rosario, de la que el cura fue capellán entre 1964 y 1983, según informaron voceros judiciales. En declaraciones formuladas al pro-

grama Trascendental que se emite por LT8, Stara señaló que el religioso –que hasta el 2 de octubre pasado estaba a cargo de una parroquia en la localidad santafesina de Casilda– “fue denunciado por testigos de presenciar sesiones de torturas e indagatorias que se realizaban en el Servicio de Inteligencia que funcionaba en sede policial”. Según testimonios de sobrevivientes, el cura Zitelli cumplía diversas funciones como las de “calmar a la familia, y evitar reclamos y denuncias sobre desapariciones y detenidos”. Eugenio Zitelli, por decisión del Arzobispo de Rosario José Luis Mollahan, fue relevado –el pasado 2 de octubre– de su cargo al frente la parroquia San Pedro de la localidad de Casilda, aunque continúa viviendo en el lugar. El ex capellán de la Unidad Regional II de Rosario es el primer sacerdote citado en Santa Fe por la Justicia, en causas que investigan delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

Juicio Díaz Bessone

Por otra parte, se desarrolló una nueva audiencia de la causa Díaz Bessone, denominación que adquirió la parte del llamado expediente “Feced y otros” que

fue elevado a juicio, y que cursa en el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario desde julio de 2010. La audiencia continuó con el alegato del abogado de oficio Germán Artola, quien prosiguió con la defensa de los ex policías Mario Marcote, José Scortecchini y Ramón Vergara. Artola se dedicó a buscar diferencias entre las fechas de detenciones manifestadas por los sobrevivientes y las que figuran en los partes policiales elaborados en esa época. El defensor señaló además que “se trataba de detenciones de carácter legítimo dado el estado de sitio y la legislación antisubversiva vigente” y recordó que la jueza Laura Cosidoy –quien declaró como testigo propuesta por los abogados de los represores–, “manifestó que los habeas corpus se rechazaban porque las detenciones se ajustaban a la legislación de la época”.

JUICIO EN SANTA FE

Hora de alegatos En el marco del proceso que investiga al interventor de Santa Fe durante la dictadura, José María González, el Tribunal Oral Federal de la capital provincial dará inicio a los alegatos el 24 de noviembre próximo. A partir de ese día, los jueces José María Escobar Cello, Marivon Vella y

Lilia Carnero comenzarán a escuchar las exposiciones de las querellas, del Ministerio Público Fiscal y de las defensas. En el proceso se investiga la responsabilidad del ex interventor de Santa Fe y ex coronel, José María González, en el homicidio de Mario Marini y en el secuestro de Ana María Cavadini.

página 8 | noviembre de 2011

DIARIO DEL JUICIO

ACTO POR LA MASACRE DE LOS SURGENTES

Los lazos de la memoria Familiares de los siete jóvenes fusilados en 1976 compartieron con los vecinos de la localidad cordobesa una historia silenciada.

Por Alfredo Montenegro a cordobesa localidad de los Surgentes cumple cien años y prepara los típicos festejos que juntan a sus pobladores con su memoria y tierra. Con los clásicos desfiles de instituciones de la ciudad, recitales, obras de teatro y charlas, los cerca de cuatro mil habitantes celebran el compartir y defender su lugar en el mundo. Pero, la ciudad ubicada a 140 kilómetros de Rosario y a 307 al sur de la capital cordobesa, tiene en su historia una página testigo de lo que fue el Terrorismo de Estado, hace 35 años. Así, entre las actividades del centenario de la ciudad, también se realizó una charla con familiares de jóvenes fusilados el 17 de octubre de 1976. En un camino rural, cerca de la entrada al pueblo, crecen siete sauces en memoria de Cristina Costanzo, María Cristina Márquez, Analía Murguiondo, Daniel Oscar Barjacoba, Sergio Abdo Jalil, Eduardo Felipe Laus y José Antonio Oyarzábal, víctimas del Terrorismo de Estado. Los árboles fueron plantados en 2101 por los pibes del 3º año del Instituto Emilio Castoldi, como parte del proyecto pedagógico “Lazos de Identidad" y para “conocer la verdad y ayudar a esclarecer a la masacre”. Los siete fueron secuestrados en Rosario y llevados al Servicio de Informaciones de la Unidad Regional II de la Policía Provincial. Allí, según las declaraciones de testigos, fueron torturados y en la madrugada del 17 de octubre de 1976 los reunieron en una oficina para trasladados atados y encapuchados. Más tarde los hallaron acribillados en un camino de Los Surgentes.

Los cuerpos pasarían por el cementerio San Vicente de Córdoba y enterrados en una fosa común. En 1984 sus restos fueron desenterrados e incinerados. “Tenían entre 21 y 25 años, todos estudiaban o laburaban. Así como la mayor parte de los desaparecidos fueron sacados de sus casas y no de trincheras, como indica la teoría de los dos demonios. El terrorismo de Estado se aplicó con el modelo francés empleado ya en Argelia”, afirmó el “Vasco” Oyarzábal, al explicar en el salón central del colegio Emilio Castoldi de Los Surgentes, la desaparición de su hermano José Antonio. En el marco de los festejos de los cien años de la ciudad, el Himno Nacional abrió el acto oficial realizado el 14 de octubre en el establecimiento católico. Chicos, profesores, la electa intendenta Paula Córdoba, funcionarios municipales y vecinos retomaron el tema con un documental realizado por una de las alumnas. Luego, las organizadores del grupo Lazos de Identidad presentaron a Marcelo Jalil y Francisco Oyarzabal, familiares de dos de los fusilados. Al iniciar la charla, el periodista Carlos del Frade remarcó que las siete víctimas fueron llevadas a esas tierras cordobesas “porque esa era la carta presentación que hace Galtieri al frente del Comando del Segundo Cuerpo del Ejército con asiento en Rosario, sobre Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones Corrientes y Entre Ríos”. Por su parte, el Vasco relató lo vivido por aquellos días: “Luego que desapareció mi hermano no sabíamos qué hacer, sentíamos indefesión. Al enterarnos que había sido detenido, mi madre nos decía que al menos estaría preso, no muerto. Supuestamente, los militares venían a instaurar la legalidad que

había sido alterada”. “A José Antonio, en la escuela le decían el Ciruja, también así lo llamaban en el club Duendes donde jugaba al rugby. Tenía 22 años, estudiaba Derecho y era militante de la Juventud Universitaria Peronista. Había dejado de vivir con nuestros padres y se había mudado a una pensión, en España 961”, explica el Vasco. Al igual que Marcelo Jalil, también resaltó la lucha de las familias de las víctimas y el recorrido en sus innumerables denuncias, presentaciones ante tribunales provinciales y federales, dependencias del Ministerio del Interior, en la Policía, Ejército, Vicaría Castrense y organismos internacionales. Marcelo remarcó la pelea que dio Nelma Jalil, su madre. Esa mujer, quien con Esperanza Labrador en plena dictadura daban vuelta a la rosarina plaza 25 de Mayo, falleció en septiembre de 2008, antes de sentar a los represores en los tribunales.

El silencio resquebrajado

“La matanza alteró la vida de la ciudad en 1976. Luego de unos días el tema se calló, fue silenciado. En los años 90 aparece el primer libro de la localidad, pero sólo en siete reglones se toma el hecho. Para algunos, como las víctimas no eran del pueblo, los muertos eran ajenos”, dice una de las integrantes de Lazos de Identidad. “En 1997, Del Frade y el Vasco vinieron a la ciudad a investigar y eso sirvió para retomar la memoria, pero tampoco se habló casi sobre eso. Cuando en 2008 me acercaba a entrevistarme con vecinos de cierta confianza, aún se hablaba con cautela”, admite.

Pancho Elvar Budo

Pero ahora el grupo retoma el trabajo de los alumnos en la materia Formación Etica y Ciudadana, coordinado por la profesora Nancy Marino. “Los alumnos buscaron información en internet, noticias periodísticas, entrevistaron al dueño del campo en donde ocurrieron los fusilamientos, al hombre que llevó los cuerpos y a policías. La historia volvió a recordarse”, señalan. Así se llegó a levantar el monolito en el lugar de la masacre, a plantar los sauces y a que la legislatura provincial declare al sitio “Lugar Histórico Provincial-Espacio de la Memoria”. “Es importante que ahora nos visiten los familiares de las víctimas para retomar el relato. Está bien el monolito, pero hay que hacer un trabajo de la memoria, hay que conocer esas vidas”, resaltan. En el salón del colegio los vecinos escuchan a los familiares de pibes asesinados en la zona. Con respeto reconocen la inquebrantable militancia y compromiso de quienes además de intentar quitarles a sus seres queridos sufrieron la infame actitud de uniformados, sacerdotes, funcionarios políticos y judiciales que colaboraron con los crímenes de lesa humanidad. En tanto, en la sala del tribunal de Oroño al 900, donde los represores son juzgados, los familiares militantes de un solidario compromiso protagonizan con su valentía y memoria esta lucha por la justicia y la historia argentina. En la audiencia, cuando el Vasco declaró en marzo por la desaparición de su hermano advirtió: “Para los abogados, lo que se juzga acá son delitos. Para los familiares, son dolores. Me pregunto cuántos dolores tienen que pasar por este escritorio para que los asesinos estén presos”.

El Diario del Juicio es una propuesta impulsada por la agrupación HIJOS Rosario en convenio con Cadena Informativa Asociación Civil y la Cooperativa La Masa. Hacen posible el proyecto, el Concejo Municipal de Rosario, la Fundación Electroingeniería y la Presidencia de la Comisión Laboral de la Cámara de diputados de la Provincia de Santa Fe.