VAMOS POR EL
L A N O I C A N PARO TODOS AL
L A N O I C A N O PLEBISCIT
¡NO MÁS AFP! Las propuestas de cambios al sistema de AFP de Bachelet, después de masivas protestas en todo el país desde hace un año, tienen un sentido claro, mantener a los privados en el “negocio” en medio de una enorme crisis jubilatoria. Mientras la pensión promedio que reciben los trabajadores que se jubilan por la AFP no superan los $150.000, solo 6 de las principales AFP ganaron $116.000.000.000 solo entre enero y marzo de este año. Bachelet plantea subir un 5% extra la cotización pagada por “el empleador”, pero los empresarios ya han dicho que lo tomaran como un “impuesto al salario” y los descontarán del sueldo de cada trabajador. Se anunció un subsidio estatal para las pensiones “básicas solidarias”, las cuales seguirán quedando muy debajo del ya miserable salario mínimo y este nuevo subsidio solo beneficiará a los grandes capitales, que agrandarán sus ganancias a costa de los fondos públicos, asegurando así los recursos para que las AFP los “inviertan” en sus empresas. ¿No es claro que los trabajadores necesitamos unirnos en una respuesta de conjunto para terminar con el robo de las AFP?
Es urgente que impulsemos asambleas en los sindicatos, barrios y universidades para preparar un gran paro nacional. Debemos derribar el dique de contención montado por el gobierno y la burocracia del PC, donde todos quienes estemos por terminar con las AFP y en contra de la reforma de Bachelet, debemos luchar en unidad. Hacemos un llamado a participar en el Plebiscito Nacional convocado por la Coordinadora de Trabajadores “No + AFP” para el 29, 30 y 1 de octubre. Junto con el impulso al paro, la situación reclama discutir un programa y una salida a la cuestión jubilatoria que dé prioridad al interés popular: pensión equivalente al 83% móvil respecto del último salario laboral. Restitución inmediata de los aportes patronales, eliminación de las contribuciones de los asalariados; transferencia de todos los cotizantes y sus ahorros a un nuevo organismo estatal de fondo de pensiones, el cual esté bajo el control y administración de representantes de trabajadores activos y pasivos. ¡Ninguna tregua a la Nueva Mayoría, paro nacional y plan de lucha!
Políticas
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PRENSA OBRERA SEPTIEMBRE 2017
El derrumbe económico, la crisis política y la “ingobernabilidad” de la Nueva Mayoría
La apertura de una nueva transición política Las masivas convocatorias a diferentes movilizaciones a lo largo de todo el país en las últimas semanas volvieron a colocar a la movilización popular en el centro de la crisis política.
L
a movilización de los estudiantes de las universidades públicas en contra de la reforma educativa de Bachelet, la organización y protesta de miles de mujeres en la lucha por el aborto legal, la convocatoria de miles de trabajadores y jóvenes bajo la bandera de “NO + AFP”, sumado a las huelgas obreras que sobrepasan las trabas de la negociación colectiva reglada y se siguen desplegando a contrapelo de la reforma laboral del gobierno que sigue negando el derecho a huelga; son todas ellas juntas, manifestación de un pueblo que clama de las calles una transformación social de fondo. Su contraparte, el gobierno de la Nueva Mayoría y la derecha que co-gobierna con ellos, ya han demostrado que sus diferencias son totalmente artificiales votando en bloque las principales “reformas” del gobierno. Reformas que se encuentran sumidas en la impopularidad y que no han logrado contener la movilización popular. Las últimas denuncias de corrupción con recursos estatales ligadas a más de 40 diputados que han pagado asesorías acusadas de plagio a fundaciones o centros de estudios ligados a los mismos partidos políticos de los cuales ellos son parte (los famosos “think tank”) han sacudido nuevamente la raíz del régimen heredado de la dictadura y el propio funcionamiento del Estado. El caso “copy – paste” ha puesto en jaque a diputados de la derecha, Gustavo Hasbún (UDI) y Claudia Nogueira (UDI), de Nueva Mayoría como Ricardo Rincón (DC) y Camila Vallejo (PC), y hasta del Frente Amplio como Vlado Mirosevic (PL). El caso más grave es el que liga a estos hechos al candidato presidencial de unas las fracciones de la quebrada Nueva Mayoría, Alejandro Guillier levantado por el PC y el PS. Los casos de corrupción anteriores, ligados a financiamiento de campañas y hasta sobornos para la aprobación de leyes de empresarios a parlamentarios, sumados a la extensa lista de casos de corrupción encontrada en carabineros, no son episodios aislados, sino que, todo lo contrario, se han transformado en los aceleradores de una situación de descomposición política de fondo que precede a estos escándalos, representa el fracaso del régimen “neoliberal” de Pinochet, de las políticas de rescate a las bases económicas de este régimen por parte del actual gobierno y de todas las practicas usadas por décadas por la burocracia estatal compuesta de todos los partidos tradicionales para obtener beneficios sociales a costa del Estado, a costa de los recursos de los trabajadores. Todos quienes obtienen beneficios del régimen capitalista en bancarrota, lucharan por mantenerlo en pie, se colocan como una barrera de contención frente al aumento de la tensión social y como cómplices de la perpetuación del crecimiento de la pauperización de las masas.
La crisis política El fracaso de la “retroexcavadora” de Bachelet que desmontaría las políticas “neoliberales” y abriría un “nuevo ciclo histórico en el país” ha sido total. Los casos de corrupción siguen saliendo a flote día a día, lo que ha encendido las alarmas en la clase capitalista. Recordemos las palabras de Ricardo Lagos hace algunos meses atrás cuando planteaba que “estamos todos cuestionados” y del empresario Andrónico Luksic cuando reclamaba por la prensa que Bachelet se encontraba “muy debilitada” y que era necesario que “los empresarios levantaran la voz”. A estos cantos de sirena se suma ahora una reciente editorial de El Mercurio que grafica la preocupación capitalista sobre los resultados de las últimas encuestas presidenciales, donde plantea que la “depreciación de los líderes políticos en el país es evidente y el daño potencial al funcionamiento de la democracia es difícil de cuantificar” (El Mercurio 05/09). La derecha puntea las encuestas de cara a la presidencial, pero el fantasma de abstención ronda en las proyecciones frente a la posibilidad de que nuevamente sea electo un gobierno con escaso apoyo de las masas. Los empresarios saben que el piñerismo no encabeza ni una de las luchas en contra de la Nueva Mayoría y, por ende, no se puede adjudicar la canalización de su rechazo de masas. La Nueva Mayoría que va quebrada en dos candidaturas, tendrá que demostrar si Guillier logra colocarse como el instrumento de cooptación del bloque “frente populista” encabezada por el PC y el PS, donde esta “UP” no es la de Allende, sino que una versión mucho más descompuesta de la colaboración de clase que reivindica como “reformas progresivas” los rescates al capital de Bachelet que buscan
continuidad. La asistencia social como base de la política económica a punta de rescates al capital en crisis es la columna vertebral de la propuesta de salida a la crisis propuesta por Piñera, por Guillier y también del Frente Amplio, aunque con matices por todos ellos, apuntan a no modificar las bases sociales “neoliberales” manteniendo los bonos para “pobres” camuflándolos con el verso de “distribución de la riqueza” en versión izquierdista, y de “red de apoyo a la clase media” en la versión derechista. Bachelet terminará su mandato con el nivel de aprobación popular más bajo desde el inicio de los gobiernos de la Concertación en los 90. Los últimos meses del año estarán marcados por las elecciones parlamentarias y presidenciales de noviembre próximo, estas tendrán lugar en medio de una escalada antiobrera del gobierno, donde la principal preocupación de la burguesía esta puesta en la incapacidad de todos los candidatos presidenciales, incluso Sánchez del Frente Amplio, de ligar los reclamos populares con una agenda política que no ponga en riesgo la estabilidad y gobernabilidad en el país. Aún sigue planteada en las calles toda una agenda obrera de luchas y reivindicaciones que no ha logrado ser contenida.
últimos cuatro años, el cual no ha sido usado para impulsar una política de desarrollo autónomo de la economía nacional partiendo por un plan de industrialización profundo y el control del comercio exterior, sino que para el incremento la parasitaria política de subsidios y asistencia social, con el objetivo de mantener los niveles de consumo de los trabajadores que se han visto golpeados por las bajas de salario. Hoy la mitad de los trabajadores chilenos tiene un salario de menos de $300.000 pesos chilenos, y están endeudados en promedio por 20 veces su salario, la precarización laboral se extiende y los despidos aumentan. Todas estas maniobras son partes del método con el cual los empresarios están enfrentando el debilitamiento económico, resguardando sus tasas de ganancia a costillas de las condiciones de vida de la clase obrera y con la garantía de que la Nueva Mayoría usará los recursos públicos para tal propósito. Esto ha provocado un explosivo aumento de la deuda pública alcanzando el 2016 un 21,3% del PIB y se estima que el 2017 se acercaría al 25%. Preocupa en todos los círculos económicos la rapidez con la cual ha ido creciendo, dado que solo 10 años atrás era de 3,9. Además, un reciente informe del FMI y el Banco Mundial, colocan a Chile con una deuda externa que equivale al 64,8% del PIB. En última instancia, la extensión de este ciclo a la baja del cobre limita los recursos estatales y condiciona el endeudamiento del Estado, lo que en el mediano plazo irá preparando las condiciones a una brutal política de ajuste dirigida a la clase obrera que pondrá en cuestión el régimen de arbitraje montado sobre la asistencia social de los bonos y subsidios de rescate capitalista. El avance de la lucha de los trabajadores depende en gran medida del reconocimiento de estas tendencias a la destrucción del trabajo en el contexto de la recesión económica. Las cifras de desempleo han crecido llegando a un 6,9% a nivel general, pero estas en la realidad son mucho peores, ya que están infladas con parámetros de “empleabilidad” acordes a la flexibilidad. Los despidos aumentan y lo que crece es el trabajo por “cuenta propia”, que son básicamente desempleados que compran artículos en el sector mayorista y lo venden al detalle en las calles y el transporte público. Otra fuente de precarización laboral que han encontrado los empresarios ha sido la contratación de trabajadores migrantes, quien en muchos casos llegan al país de forma ilegal y exponiéndose a redes de tráfico de personas. Hoy son miles los migrantes que trabajan a contratos con salarios rebajados y peores condiciones que
”el gobierno de la Nueva Mayoría y la derecha que co-gobierna con ellos, ya han demostrado que sus diferencias son totalmente artificiales votando en bloque las principales “reformas” del gobierno”
La recesión económica y sus efectos en los trabajadores Todas las respuestas del gobierno a los reclamos de los trabajadores y la juventud, han sido medidas orientadas a resguardar los pilares económicos e institucionales heredados de la dictadura militar, pero el desgaste de los gobiernos centroizquierdistas de tipo “Concertación”, que contando con el apoyo explícito o implícito de la derecha en los temas de fondo, ya es evidente. La Nueva Mayoría recorre sus últimos meses en La Moneda intentando pilotear la crisis política que se agrava con el telón de fondo de una situación económica agravada por el efecto de la presente crisis económica que recorre todos los continentes del globo. A pesar del repunte de la última semana de los precios del cobre, un mes de “brotes verdes” como lo calificó el saliente Ministro de Hacienda Valdés, no son tendencia, y la tendencia apunta a que esta recuperación del precio del metal rojo provocada por un repunte de la demanda de China será solo un “breve episodio”, como fue calificado la semana pasada desde el mismo Banco Mundial. La caída sostenida de las inversiones, de los precios del cobre y de la demanda interna ha condicionado un crecimiento económico a la baja desde finales del 2013. Esto ha provocado un sostenido y explosivo incremento del gasto público en los
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los trabajadores chilenos (Chile es hoy el país de la región con menos desempleo en la población migrante), donde además ya se sabe de casos de empresarios menores que los engañan con contratos falsos (sobre todos a los trabajadores haitianos) para trabajar en el comercio ambulante por una “comisión” y donde ellos mismos son quienes les arriendas piezas donde viven en condiciones de hacinamiento extremo y condiciones de higiene indignas. El ánimo de lucha de los trabajadores se ha acelerado y de esto ha dado cuenta el incremento de las negociones colectivas que han terminado en huelgas efectivas, las cuales han recibido toda la ofensiva patronal y la represión por parte del gobierno de Bachelet. El sindicalismo combativo debe tomar nota de esta situación y encuadrar un plan de lucha que integre las demandas y reclamos de los trabajadores chilenos y migrantes, muchos de ellos que, junto con las esperanzas de mejores condiciones de vida, golpeados por los efectos de la crisis mundial e incluso de los efectos de la intervención militar como es el caso de Haití, traen consigo experiencias de lucha desde sus países de origen, que sin lugar a dudas contribuirán a un salto de calidad en la conciencia de la lucha sindical y política de los explotados chilenos.
Políticas “Crédito con Aval del Estado” (CAE) que hoy tienen a más de un millón de jóvenes endeudados, muchos de ellos sometidos a una deuda que golpea sus salarios mes a mes de forma considerable teniendo en cuenta el actual escenario de precariedad laboral, y mucho peor se presenta esta situación en los que no terminaron sus estudios y cargan acuestas con una hipoteca impagable. En las actuales condiciones, la movilización de los estudiantes de las universidades públicas en el marco de terminar con el “autofinanciamiento” y por un financiamiento completamente estatal al 100% es la única forma que guiará el camino hacia un sistema de educación realmente gratuito (donde se eliminen los cobros y aranceles) donde además puedan ser satisfechos de forma concreta los reclamos de los trabajadores de estas universidades golpeados por la subcontratación en la forma de
El programa “de la calle” El agotamiento del régimen capitalista en Chile viene jalonado por contradicciones de fondo. A las masivas convocatorias contra el sistema privado de pensiones, se suman las combativas jornadas de protestas de la juventud por la recuperación de una educación pública y gratuita, como también las enormes movilizaciones encabezadas por miles de mujeres luchadoras reclamando contra la violencia de género, contra los femicidios y los derechos reproductivos agrupadas en torno al reclamo de “Ni Una Menos” y por el aborto legal, se suma la iniciativa de cientos de sindicatos y asociaciones de trabajadores del Estado que han radicalizado sus procesos de negociación con sus patrones, empujados por la extensión de la miseria social que recorre el país. Todas estas expresiones de lucha no representan los reclamos de “grupos aislados” con demandas particulares que no se conectan entre sí, sino todo lo contrario, son la expresión del fracaso del régimen “capitalista neoliberal”, que encarna la salida del capital mundial y nacional ante sus sucesivas crisis en el marco de su decadencia histórica. Este régimen impuesto en contra la clase obrera bajo el terror de la dictadura militar y de los gobiernos frentepopulistas que han hecho todo lo posible para defender la estabilidad de la democracia capitalista. Después de cuarenta años de apertura económica imperialista, privatizaciones y flexibilidad laboral, si tomamos todas las luchas que recorren el país podemos ver que han dado forma a un programa que ha emergido a punta de protesta, ocupaciones y movilizaciones, un verdadero programa “de la calle” como expresión popular del descontento con el régimen económico, político y social completo, en contra de las consecuencias del sometimiento del país al capital financiero mundial, de la situación de explotación aguda y endeudamiento extremos por el pago de servicios privatizados y por la destrucción del trabajo y salarios, en una verdadera cruzada de ofensiva patronal en el marco de una situación económica que deteriora día a día, y que ningún bono ni plan de asistencia social del gobierno la logrado contener.
La lucha contra la reforma en las universidades públicas Una de las luchas importantes de las últimas semanas está relacionada a la movilización de los estudiantes de las universidades públicas. Han puesto en cuestión no solo la precariedad económica y el autoritarismo detrás de las rectorías controladas por los gobiernos de turno que dejan fuera de las decisiones importantes a los estudiantes y funcionarios, sino que además, ha dejado al desnudo toda una reforma educativa que buscan incrementar el sistema de becas (la beca de “gratuidad) frente al fracaso del crédito “Fondo Solidario” y el
“honorarios”, y en donde la reforma amenaza con regirlos por el código del trabajo con el cual se ha ahogado a la organización sindical. La reforma educativa de Bachelet tiene el solo objetivo de mantener en pie un sistema educativo corroído por la sobreproducción, con aranceles impagables y donde el 86% de la matrícula es privada pasando la boleta de esta operación a las arcas fiscales. La lucha por un financiamiento estatal completo a las universidades públicas para lograr aplicar una genuina gratuidad, que expanda de forma sistemática y sostenida la matrícula para que se le deje de negar el derecho a la educación pública a los jóvenes y trabajadores condenándolos a un sistema privado plagado de flagelos sociales, por una reforma que coloque a las universidades públicas bajo el control de los representantes de todos los estamentos de la comunidad y por el paso a planta de todos los trabajadores funcionarios. Este será el primer paso para comenzar un desmonte del “negocio educativo” que ha servido para llenar los bolsillos de grandes monopolios, y que ha sido amparado por el gobierno en unidad con la derecha. La lucha de los estudiantes, junto a las de los trabajadores en los sindicatos y en el movimiento “NO + AFP” y las de las mujeres organizadas en asambleas autónomas en cientos en los barrios, universidades y sindicatos se han trasformado en un canal insoslayable para el reagrupamiento de una nueva camada de luchadores. La movilización social ha abierto un canal de avance que debe apuntar hacia la unidad de las luchas planteadas, y la unidad de los luchadores mismos en la perspectiva de un nuevo paro nacional. Este el único camino posible de avance para enfrentar al programa de los patrones con un programa de los trabajadores y la izquierda.
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La izquierda Frente a este cuadro de crisis y a la tardía expresión organizada de la izquierda revolucionaria en el escenario electoral abierto, veremos cómo las esperanzas de un sector importante de las masas desilusionadas del concertacionismo, mirarán con simpatía al Frente Amplio. Nuestra tarea es discutir con ellos los límites de sus organizaciones adaptadas a las necesidades estratégicas del régimen democrático-burgués de mantenerse en pie, y también con los mismos militantes de base del Frente Amplio que también ven en este frente electoral la superación de los reclamos que recorren el país. El que la izquierda aún sea minoritaria, debe provocar que luchemos con más fuerza por defender el lugar histórico que nos toca, mucho más allá de un frentismo sin principios. El destino de la izquierda está ligado estrechamente al desarrollo de la conciencia de clase de los trabajadores y el pueblo, por ende, su perspectiva de desarrollo no puede abstraerse del desarrollo de la situación política a partir de la crisis de poder que implica el derrumbe del concertacionismo y la crisis económica. Por esto la tarea fundamental en esta etapa debe ser impulsar la iniciativa de lucha contra el gobierno entreguista y antiobrero. Sobre la base de esta agitación, debemos convocar a toda la izquierda y a los luchadores a desarrollar en los frentes una política de Frente Único Combativo donde se impulsen todos los reclamos, donde los trabajadores más activos y los activistas puedan reconocer a sus aliados en la lucha misma. Nuestra estrategia debe desarrollar una completa delimitación del gobierno del cual las masas se separan con un programa de transición y una movilización por una alternativa de lucha independiente y un gobierno de los trabajadores. En este momento excepcional de lucha en el país, sólo actuando como frente único, como polo político de los explotados en todos los niveles posibles, conseguiremos desarrollar hasta el final el proceso de fusionar al movimiento obrero, estudiantil y de las causas populares con la izquierda, para brindarle al pueblo herramientas para enfrentar las políticas patronales de Bachelet. Tenemos que defender más que nunca los avances que se han dado hacia la conformación de una alternativa de los trabajadores y la izquierda en el país, porque somos los que debemos levantar la lucha para que el salario cubra la canasta familiar básica, para terminar con los partidos y sindicalistas corruptos, contra el trabajo precario y el desempleo, para terminar con los impuestos que gravan el consumo mientras se libera de ellos a los empresarios, para no pagar la deuda pública que se usa para subsidiar a los capitalistas y usar esos recursos en la industrialización del país bajo el control obrero, por la nacionalización del cobre para asegurar el derecho gratuito a la educación, salud y vivienda, por el fin de las AFP y una pensión por el 83% móvil, y por un gobierno de los trabajadores que es el único capaz de convocar una Asamblea Constituyente soberana y con poder. Esta es la reivindicación y lucha de la izquierda que tenemos que defender. Comité Editorial Prensa Obrera Partido Obrero Revolucionario
Mujer
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#NiUnaMenos!
Vamos por la organización independiente de las mujeres La situación de violencia hacia las mujeres se ha agravado en el último periodo. Ya van 50 casos de femicidios en el país solo en lo que va de este año, lo que ha conmovido a diferentes sectores de la sociedad que se ha hartado de esta situación y han salido a las calles pidiendo justicia y que ni una mujer más muera en manos de la violencia machista.
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a actual situación es barbárica y pone como tarea urgente a las trabajadoras, las jóvenes luchadoras y a las distintas organizaciones de mujeres del país a ponerse a la cabeza de una gran movilización que logre dar una salida y un freno a los femicidios, y deje en claro que el principal responsable en la reproducción de la violencia es el Estado que sostiene, reproduce y profundiza un sistema capitalista que oprime, explota y mata a las mujeres.
Un gobierno responsable Para Bachelet, la Nueva Mayoría y su Ministerio de la “Mujer y Equidad de Género”, la cifra de femicidios a la fecha es de alrededor de 27 casos, un número bastante inferior a los casos que han sido registrados por las diferentes organizaciones de mujeres. La diferencia entre una cifra y otra no es porque el gobierno “cuente menos”, sino que responde a una posición política de fondo, donde han intentado de distintas maneras eliminar la atribución de femicidios a una serie de casos, calificándolos como “homicidios”. El caso de Nabila Riffo, lo ejemplifica con la rebaja de la condena de Mauricio Ortega. Las declaraciones de Nabila son
un relato desgarrador de violencia de género, que le fue ejercida por parte de su pareja de ese entonces, y el gobierno junto al poder judicial lo llevaron adelante como un caso de “homicidio frustrado”. Está es una provocación de la Nueva Mayoría, de sus partidos por no denunciar la baja de la calificación y de toda la burocracia estatal que intenta instalar un retroceso del movimiento de mujeres, alejando la responsabilidad de las instrucciones del Estado capitalista. La categoría que permite diferenciar un femicidio de un “homicidio simple” en los casos ligados a la violencia de género es muy importante, ya que se atribuye a un crimen determinado por una situación política de fondo, no es solo un “crimen pasional” o “crimen por celos” como lo muestran los tribuna-
les y la prensa controlada por la burguesía, sino que es el eslabón más crudo de la violencia hacia la mujer impuesta por un Estado que promueve la subordinación de la mujer y educa en base a principios misóginos. Todas estas muertes de mujeres han sido producto de un régimen social que considera a las mujeres como personas de segunda o tercera categoría. El reconocimiento de los femicidios, es el reconocimiento de que estamos frente a un problema social, político y estructural de fondo, en donde la única salida para avanzar en un camino de superación de esta situación será producto de la organización independiente de las mujeres que apunte como responsables al Estado, el gobierno, la iglesia y sus partidos patronales. La Nueva Mayoría, desde el
Ministerio de la Mujer, se ha adjudicado estar del lado de la defensa de las mujeres y en contra de la violencia impulsando proyectos como “la ley sobre el derecho a vivir una vida libre de violencia” o la profundización de planes ya establecidos de asistencia social como las casas de acogidas y las diferentes intervenciones de los programas sociales estatales. Estos planes son insuficientes para dar una salida a la barbárica situación de violencia, ya que no podemos esperar que el Estado, el gobierno y sus partidos nos den una salida cuando son ellos quienes sostienen el régimen de explotación capitalista. Se hace urgente que sean las mujeres organizadas que tomen en sus manos el control de la intervención social de las casas de acogidas, en donde el Estado entregue los recursos, y estas las controlen
como espacios de organización que lleven adelante planes de emergencia contra la violencia de género y hagan frente a la opresión del régimen.
Sigamos la lucha por ¡Ni una menos! El movimiento de mujeres ha establecido un programa ganado en la calle que debe ser defendido de forma integral. No podemos separar la cuestión de género de la lucha de clases en su conjunto, debemos defender un abordaje clasista y de lucha para poder desarrollar una expresión de combate y organización acabada frente a las aspiraciones de miles de víctimas de la violencia que se reproduce al alero del régimen de explotación capitalista, aspiraciones de lucha que día a día se comienzan a agrupar en organizaciones autónomas de mujeres en lugares de trabajo, universidad y barrios. Debemos multiplicar la lucha por Ni Una Menos, denunciar que el Estado es responsable, e impulsar una campaña contra las políticas “de género” que ha impulsado la Nueva Mayoría, ya que no buscan erradicar la violencia de género atacando la raíz contradictoria de este régimen que la sostiene. La violencia de género no puede ser erradicada por quien la produce, opongámosle a este régimen capitalista descompuesto una organización independiente de las mujeres que se ponga a la cabeza de la lucha, rechazo a cualquier forma de colaboración, por una transformación social integral que termine con toda forma de opresión, por un gobierno de las trabajadoras y los trabajadores.
Camila Millaray
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Balance de la lucha por la despenalización del aborto Tras dos maratónicas jornadas de audiencias públicas en las que participaron más de 130 oradores, los 10 ministros que integran el Tribunal Constitucional (TC) se expidieron, por 6 votos contra 4, por la constitucionalidad del proyecto de ley que despenaliza el aborto en 3 causales: violación, riesgo de vida para la madre e inviabilidad del feto. Resta, aún, la promulgación de la medida por parte del Poder Ejecutivo.
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e trata de un fallo precedido por una intensa movilización de las organizaciones de mujeres, de un lado, y de una furiosa campaña clerical y derechista del otro. El reclamo mayoritario del pueblo chileno en favor de la despenalización se hizo sentir tanto en la calle como en las múltiples encuestas a través de Twitter y televisión que los medios de comunicación hicieron públicas. Esto representa un paso adelante de las luchadoras (Chile era uno de los pocos, junto al Vaticano, que prohibía la práctica del aborto en cualquier variante), aunque fuertemente limitado. La cuestión había llegado al TC debido a una apelación de la coalición derechista Chile Vamos, tras la aprobación del proyecto en el Congreso.
Bloqueo A las limitaciones del proyecto de ley impulsado por la Nueva Mayoría cabe añadir los obstáculos adicionales que levantó la mayoría del TC. El proyecto original toleraba la objeción de conciencia a nivel individual para los profesionales de la salud en la práctica del aborto, pero el TC ha decidido extenderla a las instituciones sanitarias, cediendo al lobby del Hospital Clínico de la Universidad Católica y el Hospital Parroquial San Bernardo, entre otras entidades. El carácter estratégico de este obstáculo contra el derecho al aborto fue reconocido por la abogada que representó a Chile Vamos ante el TC, Angela Vivanco, quien analizó que pese a no haber logrado la inconstitucionalidad de la norma pudieron poner una traba fundamental: “la objeción de conciencia es el último y el final reducto de la idea de protección de la vida humana”, celebró (Cooperativa, 28/8). Se viene una intensa campaña clerical para boicotear la aplicación de la norma en las instituciones sanitarias, donde la Iglesia goza de un enorme peso. Las mujeres estamos frente a un fuerte bloqueo al acceso al aborto en estas tres causales, ya que hospitales enteros podrían negarse a realizar la práctica, transformando el sufrimiento de la mujer o de la niña en una dramática peregrinación por los hospitales del país, acorde a los mandatos de la Iglesia Católica que tanto empeño pone en negarle a las mujeres el derecho a una vida digna. El movimiento de mujeres debe enfrentar decididamente el sabotaje de la Iglesia Católica y los partidos del régimen, como parte de la batalla por el aborto legal, seguro y gratuito. Debe desarrollar, sobre todo, una organización independiente de estos para avanzar por todos los derechos de las mujeres y garantizar que la limitada ley se haga efectiva en todos los hospitales.
Centroizquierdismo Con el proyecto de despenalización del aborto en las tres causales, el gobierno de Michelle Bachelet ha intentado –en las vísperas de las elecciones presidenciales- recuperar una popularidad que se despeñó y, al mismo tiempo, jugar un rol de contención y cooptación de un profundo movimiento de lucha. Ese es el rol político más general que cumple la Nueva Mayoría y a cuyos efectos sumó a la coalición de gobierno al PC. En la misma línea se ubica el proyecto de matrimonio igualitario que anunció Bachelet a fines de agosto. Este fue presentado deliberadamente sobre el fin de su mandato, con lo que su tratamiento comenzará, con suerte, a mediados del año próximo, probablemente con la derecha en el poder. La agenda de Bachelet ha mostrado los límites insuperables de la Nueva Mayoría para superar la herencia pinochetista. Las luchadoras debemos tomar nota de este hecho y unir su lucha al desarrollo de una alternativa política de los trabajadores.
María Chuli
Políticas
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Miles marcharon en todo el país por “No Más AFP” bajo la consigna del paro nacional El día domingo 03 de septiembre se realizó una nueva jornada de movilización en todo el país convocada por la Coordinadora “No + AFP”. En Santiago y otras regiones del país, se desarrollaron masivas manifestaciones en rechazo al actual sistema previsional privado. En Arica, Antofagasta, Chillán, San Carlos, Valparaíso, Valdivia, Concepción, Talca y Temuco, la movilización se desarrolló de forma coordinada .
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iles fueron los convocados en diferentes regiones del país, donde destacó participación de diferentes sindicatos y organizaciones de trabajadores del sector público, donde a pesar de que esta movilización no tuvo la masividad de jornadas anteriores, la delimitación política que va tomando la movilización popular en base a un fuerte rechazo a las “reformas” de Bachelet y la Nueva Mayoría, que han hecho todos los esfuerzos posibles para aplicar medidas que van en beneficio y rescate del sistema de AFP, contando con la colaboración de la burocracia sindical del PC en la CUT, comienza a instalar la necesidad de convocar a un paro nacional contra las AFP colocando al movimiento obrero a la cabeza de la lucha.
Los trabajadores frente al derrumbe económico
de jubilación, aumentar el subsidio estatal al pilar solidario, que seguirá desviando recursos públicos a administradoras de pensiones privadas las cuales generan ganancias con el dinero de los jubilados. Junto con esto, estamos frente a un gran engaño detrás del “aumento” gradual en 5% de la tasa de cotización en un plazo máximo de 10 años a cargo de los patrones, ya que han sido los mismos empresarios lo que han planteado que este aumento lo pagarán los mismos trabajadores, donde este aporte “extra” saldrá de un ajuste a los salarios.
¡Vamos por el paro nacional! La extensión de la miseria que vive el proletariado de la tercera edad en Chile ha logrado movilizar a la familia obrera, quien perdió el miedo y se volcó a las calles, pero es necesario que los trabajadores se pongan a la cabeza de la lucha. La merma en la convocatoria de hoy puede ser atribuida a la carencia de un programa obrero que sea levantado desde los sindicatos combativos apoyados por las asambleas territoriales, que abra un camino donde los reclamos por la defensa de las condiciones de los trabajadores activos se entrelacen con los de los jubilados. Junto con el urgente reclamo de un salario mínimo de $800.000 para poder cubrir una canasta familiar básica que día a día se encarece al ritmo del deterioro económico y el aumento del endeudamiento que precariza a la familia obrera, es urgente que el primer punto de un plan de lucha contra las AFP parta por exigir que las actuales pensiones de miseria de miles de jubilados suban a un monto equivalente al 83% del salario que recibían cuando estaban en actividad y donde este monto sea indexado al IPC. No debemos olvidar que la pensión que entregan las AFP son un salario diferido del trabajo, se les descontó de forma obligatoria durante toda una vida de trabajo, y deben ser reclamadas como tal. Mientras se entregan pensiones por debajo de un ya miserable salario mínimo, las AFP solo en el 2014 registraron ingresos por $7,1 “billones” (millones de millones) por concepto de cotizaciones de trabajadores y por aportes del fisco. En el mismo año, solo gastaron $2,8 “billones” en pagar pensiones. En relación con un mes, considerando solo las cotizaciones de los trabajadores, las AFP perciben 500.000 millones y pagan en pensiones 200.000, es decir, recaudan 2.5 veces los que se destina a pagar pensiones. En lo que lleva de tiempo el sistema, han ingresado 90 billones y solo gastado 30 billones en el pago de pensiones. Por esto se debe discutir en los sindicatos y en las asambleas territoriales la necesidad de encauzar la movilización bajo los métodos obreros de lucha, donde los trabajadores tomen un rol protagónico en una lucha que no es “técnica” que sea posible de resolver en los marco del régimen capitalista, sino que apunta a derribar el corazón de la herencia pinochetista. Las AFP usan los ahorros previsionales para financiar el 25% de la inversión de importantes empresas y bancos nacionales e internacionales, por lo que no permitirán “de buenas a primeras” ser desalojados de un “negocio” billonario en medio de una crisis económica que recorre toda la economía mundial sin dar tregua desde hace nueve años. Del desarrollo de la lucha de clases depende la permanencia de las AFP en el “negocio” de las pensiones, donde es urgente que todos los luchadores se plateen por la unidad y en favor de toda movilización que parta desde la necesidad de levantar un sistema de pensiones apegados a las necesidades sociales de la población laboriosa y no al servicio de la ganancia privada.
Un plan de lucha contra las AFP que parta por exigir que las actuales pensiones de miseria de miles de jubilados suban a un monto equivalente al 83% del salario que recibían cuando estaban en actividad y donde este monto sea indexado al IPC.
En el contexto de una situación económica que empeora día a día, con salarios a la baja que agudizan la situación de endeudamiento de millones de trabajadores, una ola de despidos que recorre todo el país y con un ataque brutal de los patrones contra las huelgas que se presentan como la única posibilidad de los trabajadores de revertir esta situación de precariedad, es urgente que el movimiento obrero tome en sus manos la lucha no solo de los trabajadores activos, sino también de los jubilados, para terminar con un sistema de pensiones que no nos beneficia. Las consecuencias de tres décadas y media del sistema de AFP han sido desastrosas para los trabajadores. Hoy, el 91% de las pensiones pagadas bajo el mecanismo de retiro programado bordean los $156.312, un 61% del salario mínimo. Por otra parte, los beneficios que obtuvieron las empresas del área son monumentales; sólo entre enero y septiembre del 2015 las ganancias de las AFP aumentaron en un 71,4%, lo que equivale a 486.000 millones de pesos (748 millones de dólares). De esta forma, han sido las AFP privadas las que han hecho un gran negocio con los ahorros de los jubilados, lanzándolos a la miseria después de toda una vida de trabajo. La situación de las mujeres trabajadoras es mucho peor, actualmente un 94% de las jubiladas que reciben pensiones pagadas por las AFP perciben un monto menor a $154.304. En el caso de los hombres, esta cifra es de un 87,5%.
Bachelet y el rescate de las AFP Las recientes medidas de Bachelet y la Nueva Mayoría, después de las grandes movilizaciones, siguen dejando a la deriva a los trabajadores, y aún se mantiene una enorme deuda pendiente con los jubilados. Todas las medidas vienen a mantener a las AFP en el negocio; pretenden los años
Desde la Coordinadora “No + AFP” se hizo un llamado a participar en un plebiscito que se realizará entre el 29 de septiembre y 1 de octubre. Frente a ello, el vocero de “No+AFP”, Luis Mesina, precisó que esta una consulta “autogestionada y autofinanciada que busca devolver la soberanía al pueblo”. El plebiscito se presenta como una oportunidad para que los luchadores se reúnan en torno al rechazo a las “reformas” rescatistas de Bachelet, en donde al repudio a las AFP se integren en la consulta la iniciativa por incluir consignas de acción por una pensión igual al 83% móvil y por un paro nacional para que todos los cotizantes y sus ahorros sean trasferidos a un nuevo organismo estatal de fondo de pensiones, el cual este bajo el control y administración de representantes de trabajadores activos y pasivo para sacar a las AFP. A menos de dos meses de la elección presidencial, en que Guillier el candidato del PC y los restos de la Nueva Mayoría se ha plegado a la defensa de las AFP colocándose como continuador de las políticas de Bachelet, donde Piñera sigue un camino calcado a lo hecho por el actual gobierno proponiendo usar los recursos públicos pasar “subir las pensiones” pero en donde se busca en el fondo capitalizar a los monopolios privados, y donde la candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, después de “plegarse” a la lucha contras las AFP, hoy brilla por su ausencia en las calles y su conglomerado demostró estar muy lejos de convertirse en el vocero de la lucha popular. Es necesaria una perspectiva de combate que logre cuajar un plan de lucha para cumplir los objetivos planteados hasta el final, contra la tregua de la CUT y los partidos de la Nueva Mayoría, luchemos por desarrollar la tendencia por el paro nacional en el movimiento “No +AFP”.
Vitoco La Rosa
Internacional
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Cataluña: el derecho a la autodeterminación nacional
E
l miércoles 6, el Parlamento de Cataluña fijó para el 1° de octubre la realización de un plebiscito que debe decidir acerca del establecimiento de una república independiente en su territorio mediante la aprobación o el rechazo a la separación de Cataluña del Estado español. El gobierno de España, que encabeza Mariano Rajoy, del Partido Popular -la derecha- no perdió un segundo en movilizar a la Corte Constitucional de España, que enseguida declaró ilegal la ley catalana; también movilizó a instancias judiciales inferiores y a la Guardia Civil. Seguramente ha puesto en alerta a las Fuerzas Armadas, aunque no lo haya hecho público. El Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos, una formación política relativamente reciente, oriunda de Cataluña pero incondicional del Estado español, se precipitaron en dar su apoyo al gobierno central sin el registro de la menor fisura. Abandonaron el Parlamento cuando no pudieron dilatar la sesión para facilitar una intervención anticipada del Tribunal Constitucional. Hubo once abstenciones, de variantes locales de Podemos. El conflicto nacional puso de manifiesto el conflicto político al interior de Cataluña. No hubo que esperar demasiado para que se requisaran establecimientos vinculados con la impresión de boletas o almacenamiento de urnas, e incluso se iniciará una acción judicial contra jueces que han legitimado la ley que convoca al plebiscito - por incumplimiento de deberes de funcionario judicial (“prevaricato”). A esta ‘guerra relámpago” se sumó el presidente del Parlamento Europeo -un colega italiano del Partido Popular. El 12 de septiembre, varias centenas de miles de personas se lanzaron a las calles de Barcelona, para celebrar el día nacional catalán, la Diada. Aunque gran parte de los medios internacionales, hostiles al derecho de autodeterminación y a la separación, destacaron una disminución, que no definieron, del número de asistentes en relación con conmemoraciones anteriores, olvidaron señalar que esta vez manifestaron para apoyar un desacato, y eventualmente una rebelión, contra el Estado español. El interés político internacional por la envergadura que está cobrando el antagonismo nacional en España es obvio. No impacta solamente en el régimen político español que fue establecido luego de la muerte de Francisco Franco (1975), sino en el conjunto de la Unión Europea, que se encuentra envuelta en varias crisis interestatales –desde el Brexit, el separatismo escocés, una reapertura del conflicto en Irlanda del Norte, nuevas crisis nacionales en los Balcanes, el enfrentamiento entre Turquía y Alemania (que cuenta con una numerosa población de origen turco), y la represión tremenda a los migrantes y a descendientes de inmigrantes de numerosas nacionalidades. Para España, la separación representa una amenaza al “régimen
político de autonomías estatales”, que contó, hace cuatro décadas, con el apoyo de la propia Cataluña. Podría llevar a España, además, a una nueva bancarrota, toda vez que Cataluña es el centro industrial del Estado español y, junto con el País Vasco, uno de sus polos financieros. La determinación de la carga respectiva de la deuda externa entre España y Cataluña, como consecuencia de una separación, sería suficiente para provocar el ‘defol’ de España, para desatar una crisis financiera internacional superior a la de 2007/8 y para determinar, como resultado, una ocupación militar del territorio catalán. Este escenario plantea la cuestión de la perspectiva general de este conflicto.
Bancarrota capitalista Contra lo que afirma la versión u omisiones del nacionalismo, la gran burguesía de las principales nacionalidades del Estado español fue la clave de la bóveda de la construcción del “pacto de transición’ que se tejió para sortear una salida revolucionaria a la agonía del franquismo. La motivación de esa burguesía era obvia: “la transición” era la vía para integrar al conjunto del Estado español, pero en especial al capital residente en Cataluña y Vascongada al Mercado Común Europeo y, eventualmente, a la Unión Europea, en especial en alianza con la burguesía de Alemania. La ‘europeización’ del Estado español fue también el puente de plata de la ola de inversiones de España hacia América latina, financiada en la Bolsa de Madrid y en las Bolsas extranjeras por fondos norteamericanos e ingleses. Bajo la dirección inconmovible del partido Convergencia e Unió, el nacionalismo catalán fue la piedra basal de un doble unitarismo: con el Estado español y con los estados imperialistas de Europa y Estados Unidos. La bancarrota mundial reforzó la adhesión europea de los grandes bancos de toda España, porque sólo gracias al rescate del Banco de España y del Banco Central Europeo salvaron el pellejo e incluso acentuaron un proceso de concentración de capitales a costa de Cajas, Cooperativas y depositantes. El Banco de España acaba de declarar que solamente ha recuperado 3 mil de los 60 mil millones de euros que le costó el salvataje ¡Quién no se inclina ante semejante regalo! El agotamiento de la estrategia se dejó ver en toda Europa ya en los años 90 del siglo pasado, cuando comenzaron los rechazos populares a los distintos ‘reforzamientos de la unidad europea”, que fueron puestos a votación. Hacia finales de siglo y con la bancarrota de 2007/8, el partido de la gran burguesía de Cataluña tuvo que comenzar a compartir el gobierno con otras corrientes nacionalistas e incluso partidos de izquierda españolistas, como el partido Socialista de Cataluña. En el cenit de la crisis capitalista internacional, Convergencia e Unió se rompió, al tiempo que se desarrollaba un desplazamiento mayor hacia el
nacionalismo, en especial en la pequeña burguesía pauperizada por la crisis. Este nuevo bloque se encuentra hoy representado por Junts pel si, con la Izquierda Republicana y el apoyo de la ‘anarquista’ Cup. Un corrimiento semejante se ha verificado en el conjunto de España con la aparición de Podemos (y variantes autónomas de Podemos en Cataluña) y la jefatura de Pedro Sánchez, del ala izquierda del Psoe. De otro lado, aparece la derecha liberal, Ciudadanos, en gran parte para ocupar la representación de la gran burguesía que rechaza cualquier forma de separación. O sea que se desenvuelve una polarización política en la propia Cataluña entre dos bloques de un sistema que se desintegra, y al mismo tiempo una diferenciación de clases al interior de Cataluña, que se superpone al enfrentamiento nacional y entrará, en algún momento, en contradicción con él. El nacionalismo ha venido reclamando una mayor porción de los ingresos públicos, pues denuncia que Cataluña ha transferido 300 mil millones de euros en dos décadas al estado español. El ataque enorme que la burguesía y el gobierno de Cataluña ha descargado sobre la clase obrera no ha sido suficiente para revitalizar las ganancias e inversiones. El nacionalismo estuvo planteando, en consecuencia, hasta ahora una recaudación propia de impuestos, su propia política de subsidios, manejo de los contratos de obras públicas y gestión de los servicios, mayor margen de las relaciones internacionales, es decir un cambio institucional que, potencialmente, derivaba, como se está discutiendo ahora, en un estado autónomo. La perspectiva de independencia de estos planteos explica el inmovilismo político de Rajoy y de la monarquía frente a la cuestión nacional, y el temor de una demolición del estado central. Por eso rechaza conceder una modificación de la Constitución de España, que amplíe la autonomía política de las naciones del Estado. La catalana y la española son dos respuestas confrontativas a una crisis capitalista internacional de conjunto –no una crisis institucional en si misma. El nacionalismo plantea
la ‘balcanización’ de España; el Estado español la sujeción de las nacionalidades, sin la cual se desmoronaría como un castillo de naipes. Es lo que también advierte la UE y el Banco Central Europeo.
Autodeterminación El gobierno de Junts pel si se las ha ingeniado para cercenar fuertemente el plebiscito de autodeterminación. Reclama el Sí para “una república de derecho, democrática y social…que respetará el derecho europeo e internacional”. O sea que condiciona el plebiscito al establecimiento de una república capitalista, incluidos todos los compromisos que sujetan a Cataluña al orden capitalista internacional. Los términos de la convocatoria definen un orden constitucional que solamente de-
bería establecer una Asamblea especial posterior al plebiscito. La Asamblea, condicionada desde la partida, deberá pasar por varios trámites ‘participativos’ antes de su reunión, y la nueva Constitución ratificada por un referendo final. Este largo proceso queda bajo la supervisión del gobierno actual. Cualquiera que pueda ser el impacto político del plebiscito, en función de la crisis en curso, los términos de la convocatoria desnaturalizan la autodeterminación y la futura o remota Constituyente. En todo esto hay que ver un intento final de llegar a un compromiso con el Estado central en función de la concurrencia o resultado del plebiscito. La convocatoria no define a la mayoría que se requiere para aprobar la separación – si un porcentaje de votantes o del padrón; si fuera sólo de los votantes, el resultado quedaría asegurado si la oposición boicotea la asistencia a las urnas. Una decisión minoritaria, en el marco de una inasistencia elevada de votantes, quedaría cuestionada. Cataluña ingresaría en un impasse político colosal. Los partidos nacionalistas no han reunido una mayoría electoral absoluta en los últimos comicios parlamentarios. Una victoria nacionalista, en las condiciones descriptas, y de crisis económicas como políticas, reforzaría el pretexto para profundizar la política reaccionaria de ‘ajuste social’ en curso, ahora en nombre de la defensa de la independencia nacional. Lejos de constituir un arma para quebrar a la monarquía y establecer la República, sería una soga al cuello del proletariado catalán y una balcanización de la clase obrera del conjunto del estado español. Ningún socialista verdadero puede pretender semejante salida. La clase obrera de Cataluña está ausente de este conflicto político, lo cual la obliga a escoger en forma atomizada, a dividirse entre el Sí y el No, o a asumir una posición de neutralidad. Los sindicatos siguen a la burocracia sindical del Estado, que es mayoritariamente monárquica ‘constitucional’ y opuesta a la autodeterminación. Esta crisis política creciente ha dejado al flamante Podemos en el limbo, pues apoya “el derecho a decidir”, pero no una decisión de separación e independencia nacionales. Tampoco plantea ese “derecho a decidir” en la perspectiva de una República. Estamos ante un caso típico de fraseología que se remite a la defensa del orden existente, quizás con algunas modificaciones constitucionales. El republicanismo de Pablo Iglesias se limita a concurrir a las convocatorias del monarca sin ponerse corbata.
Táctica y política La fluidez de la crisis política obliga a determinar los planteos y consignas cuartainternacionalistas en estrecha relación con el desarrollo de los acontecimientos, que de aquí a octubre aún va a enfrentar alternativas diversas. En el marco gene-
ral, hay que defender el derecho a la autodeterminación, en oposición a una salida nacionalista que balcaniza socialmente el territorio español y a los trabajadores. Planteamos, sí, la defensa del derecho a la autodeterminación, o sea el derecho a la libertad nacional, no para establecer una república burguesa regional sino una República Socialista Ibérica. Atacamos al nacionalismo en nombre de la lucha por la unidad de los trabajadores del estado español y por la unidad socialista de Europa. En este contexto se plantean dos alternativas. De un lado, que el nacionalismo llegue a un compromiso con la monarquía y el estado español, sea mediante una dilación del plebiscito o en el curso ulterior, ni qué decir si el oficialismo es derrotado en las urnas. La configuración del plebiscito y el condicionamiento de la Constituyente apuntan a la negociación de un compromiso. En el mismo sentido va la política de aparato del nacionalismo, en oposición a la movilización o su retaceo. El nacionalismo opone a una movilización la movilización policlasista, o sea sin huelgas, sin ocupaciones de lugares de trabajo, ni siquiera de propiedad de la burguesía que defiende a la monarquía del Estado español. Es decir, con una política férrea de conciliación de clases en ‘el campo nacional’. La estrategia debe ser la denuncia de la tendencia al compromiso y a desnaturalizar el plebiscito y la Constituyente, y convertir la demanda de autodeterminación para desarrollar una lucha de clases al interior de Cataluña y de España entera. Mientras este compromiso se negocia entre órdenes judiciales y envío de la Guardia Civil para cancelar el plebiscito, es absolutamente necesario defender, contra esta represión y contra el conjunto del régimen monárquico y centralista burgués, el derecho a la autodeterminación, incluso retaceada. Si el compromiso sucumbe y se produce un choque abierto, defenderemos el derecho a la autodeterminación de Cataluña, incluida la independencia o separación, contra el ataque del aparato represivo de la monarquía del estado español. Llamamos a los trabajadores de toda España a defender el derecho a la autodeterminación nacional, incluido el derecho a la separación, y a utilizar esta lucha como una palanca al servicio estratégico de la revolución socialista. El camino al gobierno de la clase obrera de todo el territorio ibérico, la República federativa socialista, pasa ineluctablemente por la defensa de las libertades nacionales.
Jorge Altamira Partido Obrero
Internacional
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PRENSA OBRERA SEPTIEMBRE 2017
Caso Santiago Maldonado
El círculo se cierra
A medida que pasan las horas, el círculo de las responsabilidades por la desaparición forzada de Santiago Maldonado se cierra inexorablemente sobre la Gendarmería, la fuerza que Patricia Bullrich dirigió al sur para aplacar los reclamos de la comunidad mapuche.
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l gobierno creyó que lograría disipar o al menos postergar esta crisis después de los incidentes y de la brutal represión desatada al término de la gigantesca marcha del viernes pasado. Pero el alivio le duró poco: el mismo lunes se derrumbó la versión oficial que daba a Maldonado herido o muerto en el asalto a un puesto de Benetton. Poco después, uno de los miembros de la comunidad mapuche que soportó aquella represión se presentó a la Justicia y dio testimonio de cómo vio detener y apalear a Santiago. Pudo superar el temor a declarar a partir del “gran acompañamiento del pueblo” a esta causa; de ese modo, dio cuenta del papel de la movilización popular para tirar abajo el encubrimiento. Luego, el ministro de Gobierno de Chubut se encargó de derrumbar otro de los mitos oficiales -la presencia “sólo circunstancial” de Pablo Nocetti, el jefe de Gabinete de Bullrich, en el sur, en los días de aquella represión. El funcionario provincial, por el contrario, señaló que Nocetti mismo ordenó el operativo. La propia Gendarmería, que no quiere cargar sola el fardo de la crisis, refrendó la versión. Finalmente, llegó a la Justicia un reporte ‘oficioso’ de la Policía Federal, indicando con pelos y señales las circunstancias de la detención y, según el informe, un apaleamiento mortal a Maldonado por parte de la Gendarmería. Tirando de este caso, aflora una crisis política y una guerra al interior de los aparatos de represión del Estado y
del propio gobierno. Los federales y sus agentes han encontrado la oportunidad para un ajuste de cuentas con la Gendarmería, la fuerza que los desplazó de la llamada ‘seguridad interior’ y del ‘control’ del narcotráfico. Del lado del gobierno, el ministro ‘político’ Frigerio sería favorable a una echada de lastre, que incluya el apartamiento -o al menos una bajada de perfil- de la represora Bullrich. A partir de estas revelaciones, un fiscal ha decidido investigar al Gabinete por posible encubrimiento. La crisis política está llevando a los represores al banquillo.
Crisis de Estado La línea de un “sinceramiento” apuntaría a volcar las culpas en los “excesos” de algunos gendarmes -o sea, una maniobra para rescatar de la crisis al gobierno que ordenó la represión y montó durante treinta días un enorme operativo de encubrimiento. Dos periodistas del diario Clarín, que se han sumado a la echada de lastre, revelan esta operación. El editorialista Van der Kooy señala que el juez Otranto allanó los cuarteles de Gendarmería recién “diez días después de sucedido el incidente”, otorgando un tiempo precioso a los represores para limpiar sus huellas y, naturalmente, cerrar un pacto de silencio en torno de los hechos, lo que se hubiera dificultado con una intervención judicial inmediata. Otro periodista, Santiago Fioriti, pone de manifiesto el silencio con el cual los grandes medios buscaron aplacar la causa, supuestamente, porque “carecía de interés popular”. Pero las propias encuestas oficiales terminaron de derrumbar esa pretensión, porque la mitad de los que conocen el caso consideran al gobierno como encubridor. Aunque Macri presente ahora cualquier reve-
lación como “prueba de que no ocultamos nada”, es claro que a ese desenlace se llegaría como resultado de una derrota del ocultamiento oficial. Es decir, de las versiones falsas, de las mentiras de Bullrich y de la mora de la Justicia. Concientes de ello, Bullrich y los suyos siguen blindando por ahora a la Gendarmería, lo que va a seguir echando nafta al fuego de la inquietud popular.
Entre agosto y octubre La crisis de Maldonado ha derrumbado la pretensión de que entre las Paso y las elecciones generales no ocurriría otra cosa que una nueva campaña electoral. Esa campaña, que tendrá lugar, estará surcada por la crisis que ha desatado el caso de Maldonado. Por lo pronto, los candidatos oficiales, como Carrió o Bullrich, han ingresado a la condición de “desaparecidos políticos”, ello, si se exceptúan algunos tuits de Carrió que emulan las infamias de Aníbal Fernández cuando desapareció Jorge Julio López. Lo mismo ocurre con Martín Lousteau, cuya oposición alcanza para criticar la política municipal de Larreta (que sus legisladores suscriben), pero no para denunciar a un Estado y a unas fuerzas de represión a las cuales les tramitó la compra de armas desde su embajada en Washington. El kirchnerismo ha salido a golpear al gobierno por el caso Maldonado, lo que los macristas denuncian por “aprovechamiento político”. Pero un debate a fondo sobre la cuestión, y es claro que la izquierda debe promoverlo, conduce a las responsabilidades de los “nac & pop”, que introdujeron a la Gendarmería en la represión interior. Ese debut tuvo lugar bajo Nilda Garré y Berni, en la acción de espionaje -“Proyecto X”- y represión directa a los movimientos populares, como ocurriera reiteradamente en la Panamericana. Cristina Kirchner ha justificado su maridaje con la Gendarmería señalando que “todo depende de la orientación política con que se dirija la fuerza”. Sin decirlo, está reivindicando aquellas represiones, que se ordenaron bajo la envoltura de la “seguridad democrática”. El kirchnerismo también fue partícipe del proceso social que opera como telón de fondo de esta crisis: un acaparamiento capitalista de tierras que involucra a los Benetton y a los monopolios petroleros y mineros. El fracking tuvo su debut en los pactos secretos del kirchnerismo con Chevron, al igual que los beneficios leoninos a la minería. El caso Maldonado interpela, en definitiva, a todos los bloques políticos del capital.
Intervenir El gobierno denuncia el “aprovechamiento electoral” de la oposición que se moviliza por Maldonado. No hay peor maniobra electoral, sin embargo, que la de quienes encubren la detención forzada para salvar un resultado en las urnas. El caso Maldonado ha desatado una crisis de Estado, pero sus premisas ya estaban presentes antes de la represión en el sur: la fractura del aparato estatal, que se traduce en
una guerra entre las fuerzas de ‘seguridad’ y en las contradicciones sociales monumentales que resultan del copamiento de la Patagonia por parte del capital internacional. Más de conjunto, vuelven a plantearse los choques y rebeliones populares que tienen y tendrán lugar a partir de la pretensión de una salida ajustadora a la crisis nacional. Estos límites ya se habían puesto de manifiesto cuando se quiso poner en marcha el beneficio carcelario del 2x1 a los represores, algo que también reventó la intervención popular y obligó al gobierno a un recule apresurado en el Congreso. La crisis actual es una bofetada a todos los que auguraron una “larga noche bajo el macrismo” con el único objetivo de no luchar contra él -ello, comenzando por la burocracia de los sindicatos, lo que incluye a la que comulga o va en las listas de la Unidad Ciudadana. Por eso mismo, hay que enlazar la lucha por Maldonado con toda la agenda obrera y popular que está planteada. Una intensa campaña del Frente de Izquierda y de los Trabajadores por este motivo debe enlazarse con la lucha contra la reforma laboral; la reforma educativa precarizadora de la enseñanza media, que ya ha desatado una ola de tomas y movilizaciones masivas en los secundarios porteños; por las reivindicaciones de la mujer, que enfrentan a los opresores clericales y políticos de sus reclamos. Sigamos ganando la calle por la Aparición con vida de Maldonado, Fuera Bullrich y todos los encubridores; juicio penal y político a los responsables materiales y políticos de la detención forzada. Los que levantaron el dedo acusador contra el movimiento popular están hoy en el banquillo. Desarrollemos la crisis para abrirle paso a una salida de los trabajadores.
Marcelo Ramal Partido Obrero