Piñera ha comenzado a llevar adelante un ajuste fiscal y un paquete de políticas antiobreras que se merecen el repudio de todos los trabajadores. El ajuste de la derecha pretende recortar 1.150 millones de dólares este año, atacando los recursos estatales destinados a la educación en todos sus niveles, a los hospitales públicos, a la red de atención primaria de salud, los subsidios a Fonasa y al Sename. Las asociaciones de trabajadores públicos de la salud ya han comenzado a discutir una movilización nacional contra este ajuste. Junto con esto, Piñera está empeñado en atacar a los trabajadores con una agenda capitalista orientada a la defensa de las AFP que confiscan
el salario y entregan pensiones de hambre, de los créditos para estudiar que mantendrán las cadenas de la deuda educativa y la destrucción de la educación pública. La derecha acusa que no hay recursos para las necesidades del pueblo, pero sí los tiene para mantener los subsidios a los privados, pagar la deuda pública y aumentar la dotación de carabineros en todo el país. Todo esto mientras crecen los despidos, la reducción de sueldos y el trabajo precario. Los partidos de la ex Nueva Mayoría, el PC y la burocracia de Figueroa en la CUT, no se presentan como una oposición al gobierno. Juntos han votado leyes en contra el pueblo por décadas y hoy vuelven
a priorizar los acuerdos con la derecha. Sigamos el camino de lucha abierto por el movimiento de mujeres, que se han levantado contra la violencia de género, contra los femicidios y la discriminación salarial hacia las trabajadoras, por el aborto legal y gratuito y por una educación pública, gratuita y no sexista. La única oposición de fondo posible es la clase obrera. Organicemos la reacción de los trabajadores, el sindicalismo combativo y el movimiento popular, vamos por un Congreso de Bases del Movimiento Obrero para enfrentar a la derecha. Vamos por un plan de lucha, por el paro activo, por la unidad de los trabajadores y la izquierda revolucionaria.
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EDITORIAL
El plan de guerra de Piñera contra los trabajadores:
Los anuncios de Piñera en la cuenta pública del pasado 1 de junio, encarnaron las principales manifestaciones, tanto económicas como políticas, de la crisis en curso.
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os empresarios no tardaron en mostrarse sorprendidos por el “freno de mano” que puso Piñera a los anuncios que ellos esperaban. La negativa de rebajar los impuestos a las empresas del 27% al 25%, acusando estrechez de la recaudación fiscal, y la omisión a cambios ya planteados a la reforma laboral antisindical heredada de la Nueva Mayoría, fueron calificados como “desilusiones” por los capitalistas. Pero los trabajadores no debemos marearnos, aún existe la posibilidad de que detrás del anuncio de “simplificación” a la política tributaria busquen realizar una reintegración del sistema semiintegrado y se vuelva a crear un mecanismo de elusión de impuestos para los capitalistas similar al FUT. Lo mismo puede ocurrir con la reforma laboral, donde Piñera aún puede aumentar la dotación de “servicios mínimos” que atentan contra las huelgas y entregar atribuciones a los “grupos negociadores” en contra de los sindicatos vía decretos de la Dirección del Trabajo. Los sindicatos deben estar atentos a estos movimientos y tomar medidas de defensa. La “agenda valórica” impulsada por el ala liberal del gobierno también estuvo ausente en los anuncios (Ley de Identidad Genero y Ley de Adopción Homoparental) lo que dejo a la vista los choques dentro del gobierno, principalmente con los diputados “cristianos” de RN. La “agenda de género” fue cuestionada por un movimiento de mujeres que ya ha planteado que no permitirá que la “sala cuna universal” sea financiada con los recursos del seguro de cesantía, que se suban los planes de Isapre de
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ajuste y reformas antiobreras
los hombres para “compensar” los cobros injustificados a las mujeres y que no pararan en su reclamo por una educación no sexista para combatir la opresión a la mujeres y la violencia machista en los espacios educativos. Las mujeres se movilizaron en todo el país en contra de la cuenta pública y sacaron adelante el Paro Nacional de Mujeres del pasado 6 de junio que copo las calles con más de 100 mil luchadoras. Las mujeres luchadoras están enfrentando a la derecha y además, le están marcando un camino de combate a toda la clase obrera. La cuenta en general, fue la enunciación de un verdadero plan de guerra contra los trabajadores, estudiantes y jubilados, planteando el fin al crédito CAE, para ser remplazado por un nuevo crédito estatal que seguirá endeudamiento a la juventud y profundizando la destrucción de la educación pública. En pensiones, Piñera pateo su reforma para dos meses más, pero dejando en claro, que defenderá la permanencia de las AFP que roban el salario obrero y entregan pensiones de hambre. La tendencia a la movilización popular está latente y no se hizo esperar al fortalecimiento de las policías, anunciando un aumento de la dotación de carabineros en todo el país. A pocos días de la cuenta, Piñera anuncio que plan de ajuste (Plan de Austeridad 2) con el que pretende recortar 1.150 millones de dólares por año y así seguir en los próximos tres, pero donde no reducirá los subsidios que benefician directamente a los privatizadores y los usados pagar la deuda pública, sino que los recursos públicos destinados a los hospitales públicos, a la educación en todos sus niveles, la red de atención primaria, los subsidios a Fonasa y al Sename, atacando así, de forma directa, las condiciones de vida de la clase obrera. Las asociaciones de trabajadores públicos de la salud ya han comenzado
a discutir en miras de una movilización nacional contra este ajuste. El piñerismo, a pesar de haber conquistado la mayoría de votos en la pasada elección presidencial, mostro
”Desde el POR lanzamos una campaña...que permita preparar nuevas fuerzas y un reclutamiento de nuevos luchadores...sacando adelante un Congreso de Bases del Movimiento Obrero” su debilidad y su miedo al desarrollo de la movilización popular, al realizar con énfasis un llamado a la “unidad nacional” a la ex Nueva Mayoría, al Frente Amplio y la burocracia sindical del PC para que apoyen sus reformas antiobreras. El PC, lejos de declararse oposición al gobierno de la derecha, se limitó a reclamar a Piñera que no reconoció “en vivo” durante la cuenta que muchas de sus iniciativas ya habían comenzado su aplicación en el anterior gobierno de Bachelet. Toda la centroizquierda en sus más variados colores ya muestra sus límites insuperables para protagonizar una real oposición al gobierno privatizador y antiobrero. Cualquier intento de recomposición de una “unidad popular” sobre la base de un llamado a un “frente anti-Piñera” por parte de la ex Concertación, y el PC, o desde el Frente Amplio que integre a los partidos de la ex Nueva Mayoría, solo representarán un engaño para la clase obrera, con el cual buscarán anular el desarrollo de una salida política a la crisis en los términos de los trabajadores.
Urge que la clase obrera y la izquierda revolucionaria irrumpan en esta nueva transición política. Desde el POR lanzamos una campaña haciendo un llamado a los sindicatos y organizaciones populares combativas para desarrollar una deliberación colectiva, que permita preparar nuevas fuerzas y un reclutamiento de nuevos luchadores para dar forma a una salida de los trabajadores a esta crisis, sacando adelante un Congreso de Bases del Movimiento Obrero. La burocracia sindical de la CUT, se la ha jugado por los acuerdos con la derecha y no impulsara un congreso de estas características, que respete el mandato de las asambleas sindicales de base. Debemos sumar pronunciamientos y adhesiones por esta iniciativa, por un llamado a luchar en contra de las reformas capitalistas de Piñera, contra el ajuste y por la unidad del movimiento obrero por la base y con total independencia política frente a los partidos de la patronal. Por un plan de lucha por un salario mínimo igual a canasta familiar, contra el trabajo precario y los despidos, el fin de las AFP y pensión por el 83% móvil, por la condonación de la deuda educativa y una educación pública, gratuita y no sexista para todos; por la nacionalización del cobre, el fin al IVA y el no pago de la deuda pública; contra la violencia de género, contra la discriminación salarial hacia las mujeres y por el derecho al aborto legal y gratuito. Saquemos esta lucha adelante, recuperemos todos los sindicatos para avanzar hacia la unificación de la clase obrera bajo una dirección clasista y revolucionaria, asociada a la lucha por un gobierno de los trabajadores.
Comité Editorial Prensa Obrera Partido Obrero Revolucionario
SINDICAL
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Vamos por una campaña de sindicalización de los trabajadores de ENEX
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l 27 de febrero pasado fue asaltada en la comuna de Lo Espejo una sucursal de Shell. En el violento hecho Wisnel Noreus, trabajador de Shell, recibió al menos tres puñaladas. De esta manera, la fría realidad nos recuerda las condiciones y riesgos que los trabajadores debemos asumir a la hora de cumplir con nuestra jornada laboral.
Los trabajadores reflexionar
de
ENEX
debemos
Más de 7 meses llevan negociando los sindicatos, representando a los trabajadores para que la empresa ENEX extienda los seguros de vida de manera correcta a los trabajadores y no como lo viene haciendo hasta ahora, es decir, cobrando como beneficiaría a nombre de ellos. Hasta la fecha no han sido capaces de transparentar en qué condiciones funciona la póliza del seguro contratado y se han valido de maniobras de poca monta para evitar sentarse a negociar con todos los representantes de los trabajadores. Frente a esta realidad los trabajadores hemos respondido con incipientes grados de movilización, encontrando en ella la forma más factible de hacer oír nuestros reclamos; sin embargo, la patronal de ENEX ha respondido con la acostumbrada soberbia, despidiendo trabajadores y amenazando con concesionar cuanto servicentro se subleve a las condiciones impuesta. Lo anterior debe ser objeto de debate entre los trabajadores, el conflicto sobre los seguros
es solo un termómetro de cómo reacciona la patronal cuando los trabajadores alzan la voz para exigir derechos consagrados. Es el mismo termómetro que los trabajadores tendrán que utilizar para trazar una estrategia de lucha frente a la próxima negociación colectiva. El conflicto no se desarrolla en el aire, la familia Luksic no son sólo los patrones más ricos de Chile, sino que también de los más influyentes. De otra manera no es posible comprender el inmenso desarrollo monopólico de la propiedad de estos empresarios, cuyo patrimonio, según la revista Forbes se calcula en US$ 16.300 millones, posicionándolos en el lugar 80 de los ricos a nivel mundial. Recordemos que fue Luksic, desde el Banco de Chile, quien facilito los $6500 millones para la estafa que protagonizó el hijo de Bachelet: Armando Dávalos, que se conoció como “Caso Caval”, a cambio de la regularización de los terrenos para su empresa embotelladora CCU. Es decir, el uso del poder político en beneficio personal. Todo lo anterior tiene que guiar el pensamiento de los trabajadores. El sistema sindical que nos han impuesto desde el Estado no ha significado más que una traba en la lucha de los trabajadores por la defensa de sus escuálidas condiciones de trabajo; sin embargo, es la unión de los trabajadores la única herramienta de eficacia comprobada en la defensa de nuestros intereses. Los trabajadores de ENEX debemos mirar al
Canal 13, propiedad también de Luksic, donde la patronal no dudo en despedir masivamente a más de 270 trabajadores de un plumazo. Es una regla general que, a la hora de cuidar su tasa de ganancia, a los capitalistas no les importa la suerte de las familias trabajadoras, así como a Luksic no le importo dejar sin sustento a cerca de 300 familias ligadas a Canal 13. Frente a ello los trabajadores tenemos que sacar las conclusiones y actuar en consecuencia para no repetir la historia. Las conclusiones deben ir en la dirección del fortalecimiento de la organización sindical de los trabajadores, en la unión y el desarrollo de la solidaridad de clase como única forma de enfrentar el ajuste que nos pretenden imponer los empresarios.
Sindicato ENEX
Pudahuel: Un semáforo para la “curva de la muerte”. Una victoria popular
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na gran victoria ha conseguido la movilización popular de vecinas y vecinos de los alrededores de la intersección de las calles JJ. Perez y Serrano. Luego de una seguidilla de accidentes y la protesta de las organizaciones vecinales y de trabajadores, las autoridades municipales se han visto apuradas a implementar un semáforo en dicha intersección. El 1 de Noviembre de 2017 no fue un día cualquiera para los vecinos de las comunas de Pudahuel y Cerro Navia. Aquel día, en la llamada “curva de la muerte”, se produjo un brutal accidente entre una camioneta, un bus del Transantiago y un camión. El desenlace fue fatal, resultando fallecida una de los ocupantes de la camioneta. Aquel accidente puso súbitamente de manifiesto la crisis que venían denunciando los pobladores del sector por la falta de implementación vial. La arteria que divide las dos comunas ha sufrido profundas refacciones enmarcadas en un plan de mayor amplitud que contempla al sector como un atractivo polo de desarrollo inmobiliario y empresarial. Sin embargo este desarrollo urbano está diseñado por las autoridades en función del bolsillo de los capitalistas involucrados en el negocio, dejando fuera las necesidades e intereses de las clases populares.
Así lo han entendido vecinos y trabajadores que, a través de su organización independiente, han puesto de manifiesto una agenda de derechos básicos sobre “seguridad e infraestructura vial” ignorados por las autoridades estatales, frente a una política de desarrollo industrial y turístico sustentado en el florecimiento de las “ciudades empresariales” y la expansión del aeropuerto. Sobrepasados por el peligro latente que supone la “curva de la muerte” vecinos y trabajadores han visibilizado su lucha movilizándose de manera sistemática, agotaron una a una las instancias burocráticas que les impuso la autoridad estatal y hoy por fin, tienen fecha para la inauguración de un semáforo en la esquina en cuestión. Más que un acto diligente por parte de las autoridades municipales, reivindicamos la implementación de los semáforos como una victoria de la organización y la movilización popular llevada a cabo por los vecinos y trabajadores de los alrededores. En la organización y victorias de estas pequeñas iniciativas se encuentra el abono adecuado para desarrollar organizaciones territoriales con una perspectiva de desarrollo independiente de los empresarios y sus gobiernos centrales y locales. Ante este escenario la coordinación de las luchas a nivel comunal sigue instalada como una prioridad central para vecinos y trabajadores de la comuna.
Así mismo hacemos un llamado para que las organizaciones sociales y políticas clasistas de Pudahuel y Cerro Navia, en conjunto desarrollemos y multipliquemos las campañas que nos permita ir consolidando estos pequeños triunfos, evidenciando la profunda crisis social que padecen nuestro barrios a manos de todos gobiernos capitalistas.
Base POR Pudahuel
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SINDICAL
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Sindicatos de la educación superior privada se preparan para luchar por sus condiciones de trabajo
D
esde marzo de este año, distintos sindicatos de la educación privada han estrechado lazos de unidad y organizaciónpara visibilizar sus demandas y luchar contra los principales magnates del negocio educativo. Los bajos salarios, la precarización del empleo y las prácticas antisindicales en las IES privadas que se abrieron post dictadura, han sido la tendencia generalen contraste con sus millonarias ganancias, y el empuje para la creación de la Unión de Sindicatos de la Educación Privada (USEP).
La educación un negocio financiado por el Estado Tras el desarrollo del financiamiento a la educación vía subsidios estatales, principalmenteel CAE (2005) y la gratuidad de Bachelet-que opera desde el 2016-,los monopolios de educación superior privada dueños del 85% de la matrícula nacional, han visto crecer de manera fenomenal sus ganancias. Desde el 2006 los partidos del régimen han aprobado el presupuesto educativo con especial énfasis en los subsidios estatales,política que “cubre” el costo mercado de millonarios arancelesfijados porel sector privado de educación. Esta política,focalizada a estudiantes hijos/as de familias trabajadoras sin capacidad de pago, “obliga” al estudiantado a optar por una beca -si es que su puntaje PSU lo permite-, o a un crédito avalado por el Estado, vinculando al estudiante con los bancos y la deudapara financiar una carrera.Por esta vía, la matricula nacional creció de 663.679 estudiantes en 2006, a 1.247.746 en 2017. En paralelo, mientras el CAE representaba un 2,4% del presupuestoal año del pinguinazo, para el 2017 la cifra ascendía al 26,5%; mientras que el presupuesto para la gratuidad 2018 se consagraba con un29,4%, de un total de 10,3 billones. Las cifras, dan cuenta del carácter lucrativo del negocio y el saqueo al Estado para financiar a los privatizadores de la educación por la vía subsidiaria de la asistencia social. Solo el grupo Laurette Internacional, dueño de UNAB, UDLA, UVM, AIEP y la Escuela Moderna de Música, con una matrícula cercana a los 173mil estudiantes, hacia fines de 2017acumuló lucrativas ganancias que ascendieron a los 200 millones de dólares (El Dinamo, 2018), recibiendo $836 mil millones solo por concepto de CAE. Los grupos Santo Tomas, INACAP y Duoc de la Pontificia Universidad Católicale siguen,reuniendoen 20 instituciones el 70% de la matrícula, de la cual, el 67,4% son estudiantes que se endeudan vía CAE para estudiar, cifra equivalente a los $3,2billones, cerca del 70,3% de las utilidades totales del sistema de educación superior. Por su parte los bancos que se adjudican los créditos que van a parar a las arcas de estos monopolios, Scotiabank, Estado e ITAU-Corpbanca principalmente, entre 2006 y 2017han recibido casi $640 mil millones del fisco, en concepto de recompra de créditos frente a la deserción y la incapacidad de pago estudiantil(Datos: Fundación Sol, 2018), cuestión que viene a reafirmar, que con la política de subsidio vía becas y créditos, el Estado engrosa por el carril de la legalidad, el endeudamiento estudiantil y la confiscación del salario obrero vía impuestos al consumo, la ganancia privada.
La situación actual Mientras la derecha refuerza como continuismo de la Nueva Mayoríaesta billonaria política de financiamiento a los dueños de la educación superior en Chile, estos,se preparan para acumular por la vía legal los ostentosos aranceles asociados a la gratuidad.
De casi cuatro años de contención legislativa y tras el arribo de la derecha al gobierno,el pasado 2 de mayo el ministro de educación presentaba el proyecto que busca invertir $19mil millones para extender la gratuidad al 70% de los estudiantes más vulnerables, que cursen sus estudios en IP y CFT acreditados, bajo el argumento de “fortalecer la educación técnico-profesional” (Fuente: Diario U Chile, 2018). Hacia el 29 del mismo mes, el contenido central de la publicada Ley de EducaciónSuperior consagra la gratuidad, propone cambios arancelarios del séptimo al noveno decil, da plazo para nombrar al superintendente de educación y crea la Subsecretaria de educación superior (Fuente: CNN Chile, 2018). En lo que respecta a la gratuidad, los capitalistas de la educación adscritos al “beneficio”, tienen plazo hasta el 29 de julio para definir si siguen o no con esta vía de financiamiento,frente a losdéficits financieros que traen aparejado los montos fijados por el arancel regulado en las glosas;cuestión que los obliga a cobrar menos, y, por ende, a profundizar mediante despidos y ajuste, el ataque contra las condiciones de estudio y trabajo. Por otro lado, con la cuenta pública de principios de junio, Piñera no mostró nada nuevo para la superestructura educativa, el reemplazo del CAE por un crédito único estatal, con interés del 2%, con un pago del 10% del ingreso y que también modificaría el Fondo Solidario de crédito universitario (FSCU), no resuelve el desvío de plata estatal, la deuda estudiantil, ni las problemáticas asociadas a la crisis de la educación. En suma, el negocio sigue su curso, cuestión que no solo ha motivadoel debate y la movilización estudiantil, sino que también la unidad de los trabajadores y la organización sindical para enfrentar a los privatizadores.
La dirigenta relata que las principales aspiraciones de la Unión de Sindicatos de la Educación Privada apuntan a la movilización y a la unidad de clase contra los empresarios del negocio educativo. En post de sus demandas históricas, y en el marco de un gobierno que año a año inyecta capital a los mercaderes de la educación, las condiciones laborales de los trabajadores en las IES privadas versan dedobles turnos para aumentar el salario, problemas de salud mental, malos tratos y stress laboral. “Estamos sobre explotados-dice la dirigenta -, tenemos 3 o 4 personas donde deben haber 8. (.) Los docentes trabajan como verdaderos temporeros de la educación, sin contrato indefinido, existe incertidumbre a perder el trabajo, (.) y las instituciones no se hacen cargo”. (…)“AIEP es el instituto mas grande de Chile, tenemos muchos estudiantes y pocos funcionarios, la mayoría mal pagados y con salarios bajo mercado, profesionales con sueldo mínimo. Las prácticas antisindicales abundan”.
Contra los empresarios de la educación se organiza la USEP
¿Es posible la unidad con los estudiantes? “Es una necesidad levantar la unidad obrera estudiantil y estrechar lazos con los futuros trabajadores, es una formula potente. Debemos trabajar docentes, administrativos y estudiantes para parar con los voucher, el mercado y el negocio de la educación, debemos conquistar victorias para los trabajadores”.
Desde el 22 de marzodirigentes sindicales de CPECH, UST, IP Chile, UDLA, UDP, Esucomex, AIEP y otras organizaciones, han desarrollado encuentros para visibilizar sus demandas y acabar con los“sueldos que no alcanzan para nada, los despidos y la vulneración dederechos laborales”. En entrevista para Prensa Obrera, Valeska Caballero presidenta del Sindicato Nacional AIEP, nos cuenta sobre la creación de la USEP y llama a la movilización contra los consorcios internacionales de educación. ¿Cuáles son los objetivos de la USEP y en qué condiciones laborales se encuentran los trabajadores de la educación privada?
¿Qué piensan sobre los últimos anuncios del gobierno dirigidos a la política educativa? “La USEP dice ¡basta!, como trabajadores de la educación estamos por avanzar y reclamarle al ministro que nos escuche, y pongamos los puntos para que se fiscalice la plata del Estado, los grandes empresarios de este negocio no están invirtiendo ni en sus trabajadores, ni en infraestructura, cuestión que no resuelve el problema de la educación, solo sus ganancias”. (…)” El ministro se ha juntado con los empresarios de los IP Y CFT agrupados en Vertebral –concejo de IP y CFT acreditados-, también debe juntarse con los trabajadores, para resolver los problemas de los trabajadores”.
Marco Donaire
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MUJER
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¡Saquemos adelante un gran Congreso Nacional de Mujeres por todos nuestros derechos! En las últimas semanas se ha desarrollado todo un movimiento de mujeres que van en alza. Desde diferentes universidades y liceos fueron cientos de mujeres las que comenzaron a denunciar diferentes casos de acoso y a movilizarse contra la violencia machista en los lugares de estudio.
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ste levantamiento, agitado principalmente desde las y los estudiantes mediante paros y tomas de establecimiento que ya llevan dos meses, dio un paso más allá preparando la movilización del pasado 6 de junio. En esta jornada de lucha se sacaron adelante las consignas más sentidas del movimiento, como lo son los protocolos contra el abuso, los derechos maternales, en contra de toda forma de precarización de la vida de las mujeres trabajadoras y por una educación publica, gratuita y no sexista, pero principalmente las mujeres luchadoras coparon las calles en oposición a la cuenta pública de Piñera el pasado 1 de junio, rechazando contundentemente anuncios tales como la financiación de “salas cunas universales” con recursos del seguro de cesantía, el alza de los planes de Isapre para hambres en un intento de equiparar el cobro injustificado que se le hace a las mujeres y en rechazo a la forma en ignoro todos los reclamos emanados por las mujeres desde las universidades.
Un movimiento de mujeres que no para de crecer La marcha del pasado 6 de junio, convocada por la Coordinadora Feminista Universitaria (COFEU) sacó a más de 100.000 personas a la calle e integró a distintos sectores políticos, desde organizaciones de la ex Nueva Mayoría y el FA, quienes disputan la COFEU y las Secretarias de Género de las principales universidades del país. Estos últimos, cuyo discurso apunta a una perspectiva de “género inclusiva”, pretenden coaptary poner los principales reclamos dentro de los límites del régimen capitalista, planteando la unidad de la lucha de la mujer trabajadora con el feminismo burgués. Apelando a un “cambio cultural”, sin enfrentar al régimen que reproduce la opresión tanto en el trabajo como en el hogar, cuestión central que desemboca en la sectorización y división de una lucha, que en ningún caso apunta a la liberación de la mujer de la doble opresión. En este marco, desde el POR marchamos bajo la consigna “Por una educación no sexista, separación de la Iglesia y el Estado”, entendiendo que la educación en Chile está concesionada a la Iglesia y a monopolios privados de educación, en donde el 86% de la matrícula es privada y la iglesia juega un rol hegemónico,
supeditando la educación a los valores y la moral clerical, que impera en el propio currículum Nacional de Educación que se aplica en todos los establecimientos. Fomentando un modelo educativo que entrega colegios al clero, segrega con liceos exclusivos por separación de hombres o mujeres, que discrimina, privatiza y adoctrina en las propias aulas de clases. Junto con esto, nos hacemos cargo de los avances dados en la lucha, donde sumamos la lucha contra la opresión a la mujer y la violencia machista en las universidades al plan de lucha que el movimiento de mujeres viene desarrollando en jornadas anteriores, levantado en las calles las banderas por ¡Ni Una Menos! contra los femicidios, por el aborto seguro, gratuito y legal, y en contra de la brecha salarial y la discriminación laboral de las mujeres.
Vamos por un plan de lucha para la mujer trabajadora Para seguir esta lucha por todos nuestros derechos y reivindicaciones, lucharemos por la independencia política de los partidos que intentan cooptar y poner un freno en los términos capitalistas al movimiento de mujeres; por la irrupción de la clase trabajadora en el debate y en la acción, donde se agiten las demandas propias de la mujer obrera en encuentros y asambleas y todos los espacios de discusión. Que la lucha levantada desde las universidades salga a encontrarse con las trabajadoraspara que la clase en su conjunto direccione el movimiento bajo una bandera de lucha clasista que enfrente al gobierno de la derecha y la complicidad de toda la centroizquierda y reúna a todas las expresiones del movimiento de mujeres a nivel nacional en un gran Congreso Nacional de
Mujeres, que vote un plan de lucha unificado en donde se llame a todos los sindicatos, centros de estudiantes, federaciones y centrales a tomar esta lucha como suya y convocar a un paro nacional. ¡Vamos por! El aborto legal, seguro y gratuito. Por el fin al trabajo precario y la discriminación salarial a las mujeres trabajadoras Por los derechos maternales y sexuales: sala cunas y jardines, genuina asistencia ginecológica y obstetra, anticonceptivos a libre disposición para todas las trabajadoras y estudiantes. Por la educación no sexista, separación de la Iglesia y el Estado. Un plan de educación sexual, laico y científico. Por consejos autónomos de las mujeres en todas las universidades y liceos, con representas electas y bajo cogobierno. No más femicidios, ¡Ni Una Menos!¡El Estado es responsable!
Paulina Espíndola
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EDUCACIÓN
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A ganar la lucha de las mujeres en la UTEM
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a movilización contra la violencia de género y los derechos de la mujer trabajadora en la UTEM no solo ha motivado la reflexión y el debate entre estudiantes, sino que también ha generado lazos de unidad con funcionarios y académicos a favor de esta histórica lucha. Ya va poco más de un mes y la movilización sigue sumando universidades y liceos. El apoyo de funcionarias y funcionarios ha ido en la línea de tomar acuerdos que permitan avanzar hacia una política común entre los estamentos. Por parte de los académicos -como ocurrió en Trabajo Social-, se hicieron participes de actividades y debates de carácter biestamental con estudiantes y trabajadoras de la universidad, marcando un camino que debe replicarse en todas las facultades. Debemos discutir una salida de conjunto a las demandas planteadas por las mujeres trabajadoras y estudiantes en la UTEM. Desde la Rectoría, Luis Pinto hace un lavado de imagen de un régimen universitario profundamente atravesado por intereses contrarios a los derechos de las mujeres trabajadoras. A través un instructivo de “denuncia de acoso estudiantil y sexual” el gobierno universitario de Pinto y Fantuzzi, pretende crear un mero canal de denuncias, pero que no asegura una solución de fondo. Es de esperar que de una gestión burocrática y empresarial que precariza las condiciones de trabajadoras y estudiantes, no se aseguren las condiciones mínimas, como el reclamo histórico de salas cunas y jardines para padres y madres de la UTEM, hecho que clarifica, que el problema y los reclamos de la mujer están lejos de ser resueltos por este gobierno universitario. La discusión sobre la lucha contra la violencia de género y por los derechos de las mujeres en la UTEM, va atada necesariamente al debate sobre
quiénes, y con qué intereses sociales gobiernan la Universidad, y si estos pueden garantizar o no, los derechos de estudiantes y trabajadoras. Este régimen de gobierno antidemocrático, que resuelve las decisiones sobre el presupuesto educativo de forma gerencial, es el correlato de una universidad puesta al servicio de los intereses del mercado y condenada al desfinanciamiento. Esta orientación social es claramente contrapuesta con los derechos de los trabajadores en general, y de las mujeres de la Universidad en particular. Desde la TJR-POR aportamos al debate, y las reivindicaciones de mujeres en la UTEM, donde proponemos un consejo autónomo de mujeres (estudiantes y trabajadoras) electas y revocables, votada democráticamente por el padrón femenino, y que cuente con independencia política y económica, con financiamiento inscrito en presupuesto 2019. Desde ahí se levanta un mecanismo de asistencia genuino; que reciba las denuncias de la mano de un equipo multidisciplinario (psicólogo, abogados, médicos y trabajadoras/es sociales), que haga monitoreo de la política de genero de la Universidad, y que tenga toda la potestad de resolver los casos. El consejo debe contar con un lugar físico y horario para que todas las mujeres se puedan acercar. De esta manera aseguramos una solución genuina e independiente, y no las soluciones demagógicas de un gobierno universitario que privatiza la educación pública. ¡Luchemos por! • Comisión específica dentro del consejo con cargos autónomos y votados por la comunidad para disidencias sexuales • La modificación de todas las mallas curriculares y la inclusión de contenido específico de género, mediante la resolución democrática de la comunidad educativa.
• Régimen de libre asistencia y flexibilidad de evaluaciones para víctimas de violencia, embarazadas y para madres y padres. • Becas que colaboren con mujeres víctimas de violencia (transporte, alimentación y guardería). • Incorporación de ginecología al Sesaes que asegure anticoncepción y exámenes preventivos gratuitos. • Implementación de sala cuna y jardín en edificios propios de la universidad para madres y padres de la UTEM. • Plan de educación sexual laico y científico. • Plan de lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. Vamos por todas las condiciones para que las mujeres puedan emanciparse de sus violentadores, y desde nuestros lugares de estudio luchar por una universidad socialmente distinta, y al servicio de las mayorías. No deleguemos a las rectorías empresariales y clericales los derechos de la mujer y las disidencias sexuales. TJR – UTEM
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Aborto legal,
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el triunfo de la movilización
El triunfo de la media sanción en Diputados en favor del aborto legal debe ser adjudicado de forma exclusiva a la movilización popular.
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MUJER INTERNACIONAL
l movimiento de lucha que obtuvo este triunfo tiene por objetivo terminar con una alianza determinante a la hora consolidar el dominio político de la burguesía, la de la iglesia y el Estado y ante tan enorme proeza el triunfo cobra otra dimensión. Si encima sumamos que esto ocurre cuando el Estado Vaticano es gobernado por un cura argentino cuya estrategia política está centrada en la construcción del reagrupamiento del PJ, el valor político de este triunfo adquiere mayor fortaleza. El gobierno introdujo el tema en el Congreso sin ningún tipo de improvisación, sino como parte de una carta que desde hace tiempo se había propuesto usar. Dos factores fundamentales se combinaron para eso: la relación con la iglesia se tensó y el movimiento de mujeres no pudo ser frenado, ni siquiera contando en su composición con un importante sector que milita en el campo político del Papa, enemigo de los derechos de las mujeres, que persigue el armado una alianza electoral para 2019. “Nosotros estamos a favor de la libertad de la gente. Que cada uno haga lo que quiera. Y si una señora quiere abortar, que aborte”, dijo Durán Barba. Cuando se le recordó que la interrupción del embarazo no era legal, fue más allá. “Lo vamos a cambiar” (19/11/15), afirmó mientras los dos presidenciables del momento juramentaban la oposición al aborto legal en plena campaña. La ejecución de un recurso tan polémico como habilitar el tratamiento parlamentario del aborto legal, apenas dos años y medio después de comenzar a gobernar, no habla de otra cosa que no sea la enorme crisis en la que ese gobierno navega. En medio de un acuerdo de endeudamiento con el FMI que impone la profundización de las paritarias a la baja, la inflación, la reforma laboral, la previsional, los despidos masivos, que un movimiento de lucha triunfe por la acción directa de las masas, resulta un hecho indeseable para todos los actores del régimen. No buscan ni quieren gobernar sobre la base de la movilización. Esta convicción llevó a cinco de los seis presidentes de bloques del Senado a lo impensado: pronunciarse a favor de la legalización y a buscar acelerar los tiempos de un tratamiento. El Senado, centro político de la alianza entre el clero y el Estado, se encuentra paritariamente dividido entre quienes resisten al avance de la ley y quienes quieren acelerar su tratamiento para evitar la movilización popular. Hasta ayer a cualquiera que le preguntáramos no podía imaginar este escenario en la cámara más reaccionaria de representación federal, sin embargo, quienes se adelantaron a los malos augurios no lograban ver un fenómeno dinámico desde el punto de vista político: la intervención decidida de las masas. En el contexto social de enorme crisis y agravios a las mayorías populares, un triunfo de la movilización popular es un factor sumamente nocivo para los garantes del ajuste. Las conducciones sindicales con mayor capacidad de control sobre el movimiento obrero y las cabezas de organizaciones sociales como la Ctep se oponen a la conquista de este derecho. Los curas villeros sobre los cuales se ha creado una sensibilidad social que no merecen, se oponen también y fueron los principales militantes de la causa que se embanderó detrás de falso slogan de defensa de dos vidas. El Papa progre, que defiende a pedófilos y se postula como garante para transitar ajustes con “una buena dosis de religiosidad”, acusó de “nazis de guante blanco” a quienes defendemos el derecho al aborto legal. Los pilares de la contención social fueron puestos en cuestionamiento. Las
iglesias católicas y evangelistas dieron todo y fue poco para contrarrestar la marea verde que se apoderó de las calles. Los defensores de “las dos vidas” no paraban de citar en sus alocuciones el artículo 19 del Código Civil que la iglesia conquistó a través de un pacto con la “deconstruida” Cristina Kirchner en 2015. El Partido Obrero milita y militó esta causa allí donde estos poderes han logrado una mayor penetración ideológica, llevando al defensa del aborto legal a las barriadas más castigadas del país y debatiendo directamente en las asambleas de desocupados que se reagrupan en torno a la demanda de trabajo genuino y del combate a la indigencia. El resultado fue positivo, porque logramos arrancar de las fauces de este enemigo fundamental a miles de hombres y mujeres que ya cuestionan los principios de sometimiento que les fueron impuestos. Las filas del Polo Obrero fueron fundamentales en esta tarea. Nuestra corriente hizo honor a una tradición de abordaje de la problemática de la mujer que hace 20 años atrás puso de pie comisiones de mujeres, tratamiento de la violencia intrafamiliar, talleres que junto a la organización de los y las desocupadas por vivienda y trabajo genuino, logró como nunca antes lo había hecho ningún otro movimiento, que miles de mujeres fueran arrancadas del yugo de la violencia doméstica y de la ideología de sometimiento de la mujer, principio rector de la política clerical. Esa militancia desafió al clero en los barrios, en los que este milita por la resignación de los más castigados. El movimiento secundario que luchó hace un año reclamando educación sexual laica y científica y no fue escuchado, hoy logra adhesiones multitudinarias porque cuenta con la autoridad para eso. Esta pelea es la que consiguió otro triunfo colateral al de la media sanción del aborto, como es la media sanción en la provincia de Buenos Aires del proyecto de educación sexual científica y laica presentado por el diputado del PO-FIT Guillermo Kane.
La etapa que viene El Senado ya es terreno de maniobras de todo tipo. Mientras que cinco de los seis presidentes de bloque se pronunciaron a favor de la media sanción que va desde diputados, la presidenta del Senado que es la vicepresidenta de la Nación, la ultra clerical Gabriela Michetti, se involucró en el debate para burocratizar el pasaje del proyecto por más comisiones de las que corresponde. Una clara injerencia directa del poder ejecutivo en la dinámica parlamentaria que había prometido que no ocurriría. Las clínicas privadas salieron a proclamar el incumplimiento con la despenalización que rige en la actualidad y con la ley futura. Ante este desafío, el diputado del PRO, Daniel Lipovetsky, salió a contemporizar con las empresas y dejó en claro que en nuestro país no rige ninguna libertad de conciencia sino que rige la total libertad de empresa, que incluye el derecho a incumplir con las leyes sin que los representantes del régimen se inmuten. Mientras esto ocurre cuando un pobre se revela, como ocurrió en las jornadas del 14 y el 18, los comentarios sobre su derecho a hacerlo llenan horas y horas de un falso
debate que pretende ocultar el carácter de clase de estas opiniones. Las clínicas en cuestión se oponen porque esta ley termina con una importante fuente de financiamiento de esas empresas, ya que la práctica del aborto clandestino les reporta enormes ingresos. La hoja de ruta del clero incluye el pronunciamiento de médicos del sector privado y del público contra el aborto legal. Profesionales del Hospital Iturraspe de Santa Fe, donde mataron a Ana María Acevedo negándose a practicarle un aborto para hacerle quimioterapia, salieron a desafiar la ley. Lo que debe recordarse es que el poder político provincial ha consolidado al interior del Hospital Público funcionarios clericales militantes de la causa del aborto clandestino. Socialistas, radicales y peronistas son responsables de estas designaciones. El protagonismo del movimiento secundario, con sus tomas, la lucha de las actrices y escritoras que han puesto su reconocimiento público al servicio de esta causa, la pelea en los barrios y villas que encabeza con una profusa agenda de debates e intervenciones en las asambleas, la lucha contra las burocracias sindicales aliadas al clero, dará el triunfo a la pelea para convertir en ley la atención adecuada del aborto en el sistema de salud y de romper un instrumento político de dominación, el aborto clandestino. Este triunfo ha dado también un espaldarazo a la iniciativa por conquistar este derecho en otras latitudes de América Latina en donde este derecho está limitado o directamente vedado. El movimiento de mujeres de México lanzó ya una iniciativa para extender la conquista del aborto legal del DF a todos los estados. Iguales iniciativas se han tomado en Brasil, México, Costa Rica, Perú, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Chile y Paraguay. Las mujeres latinoamericanas abren un camino de lucha por la separación de la iglesia del estado, que para nuestros países supone una profunda iniciativa que desafía las entrañas mismas del régimen de explotación social cuyas expresiones políticas nacionales y populares o liberales, basan su poder en esta alianza estratégica. Para enfrentar las maniobras tenemos que redoblar las acciones de lucha y movilización. Despleguemos agitaciones en las escuelas católicas y en las públicas, convoquemos a los profesionales de la salud de todas las provincias a que expresen su adhesión públicamente, exijamos el tratamiento y aplicación de la educación sexual en los términos proclamados por el movimiento secundario con contenidos fijos y transversales, con formatos de talleres donde la voz de las y los estudiantes sea escuchada. Podemos ganar y nuestro triunfo vamos a convertirlo en una inspiración para el conjunto de la clase obrera para organizarse contra el pacto con el FMI y el ajuste feroz que promete castigar aún más los ingresos de salariales y profundizar los despidos y la precarización laboral, en definitiva un escenario que agudiza la violencia que el régimen desata día a día contra las mujeres trabajadoras y el conjunto de las mayorías populares. La imposición del derecho al aborto a los abanderados del régimen que hoy votan por este derecho y que en el pasado y en lo sucesivo son los responsables de leyes antiobreras y de políticas de ajuste, debe ser así valorado, como algo que le impusimos a los abanderados del ajuste. Gran proeza de nuestro enorme movimiento. ¡Vamos a ganar! Vanina Biasi Dirigenta del Partido Obrero de Argentina
MUJER
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Récord de femicidios en lo que va de 2018
PRENSA OBRERA JUNIO 2018
¡Basta de violencia contra las mujeres!
Son 36 horas de terror las que han asolado a nuestro país, que en tan solo tres días ha registrado una cifra record de 5 femicidios, que se suman a un total de 25 en lo que va del año.
L
os esca brosos asesinatos perpetuados en contra de Nelly Elizabeth Malo Ascencio, Soraya Pamela Sepúlveda Riquelme, Gertrudis Martínez Frías, Gabriela Paz Alcaíno Donoso y Carolina Ivon D onoso
Campos, revela la situación que viven miles de mujeres a lo largo del país. Donde en la gran mayoría de los casos, han existido denuncia previas en contra de los victimarios y aún así las autoridades no han realizado esfuerzos por prevenir los abusos, violaciones y muertes perpetrados contra de ciento de mujeres que viven en carne propia la violencia de género. El estado capitalista es el responsable Esta situación no es una casualidad, las circunstancias en que se producen estas muertes develan la brutal descomposición del Estado capitalista, el cual no sólo no garantiza las medidas mínimas para proteger a las mujeres, sino que muchas veces entrega herramientas a los femicidas para cometer estos delitos, concediéndole la custodia de sus víctimas, como en el caso de la pequeña Ambar. Además, desconoce como femicidios a las muertes producto de violencia de género que no sean consumados por esposos o cónyuges, minimízando el impacto que estas alarmantes cifras arrojan y reduciendo los casos de femicidios a 15 para este año. De esta forma, el Estado y todos los partidos tradicionales, sean de derecha o de la ex Nueva Mayoría que operan en función de la defensa del régimen social capitalista descompuesto, aparecen como los principales responsables de la violencia que se ejerce contra las mujeres, propiciando una oleada de femicidios y parricidios en su rol colaborador que promueve un régimen basado en la explotación y opresión. Amparando muchas veces bajo el marco jurídico y legal la impunidad de estos crímenes al no reconocerlos como tal e instalar siempre la duda sobre la víctima, poniendo en tela de juicio la denuncia para responsabilizar a la mujer de probar el delito y no al victimario de comprobar que hubo consentimiento.
La derecha contra los derechos de las mujeres Desde el oficialismo, la ministra Isabel Plá reconoce la incapacidad del gobierno para prevenir y combatir estas muertes, y explica que no existe una “política robusta” para enfrentar la violencia contra la mujer, ni siquiera para contener y manejar de alguna forma la situación. También anunció la creación de un proyecto teletemático en apoyo a las víctimas, argumentado que “una mujer que está bajo amenaza de muerte no puede estar sola”. A su vez, sostuvo que se realizarán anualmente campañas contra el maltrato y la violencia de género. Estas medidas anunciadas desde el gobierno de Piñera, no solo son insuficientes desde su concepción, sino que además se asemejan a una burla al provenir de una ministra que muestra abiertamente su posición en contra de la clase trabajadora, siendo una opositora férrea de la despenalización del aborto y los derechos de las disidencias sexuales, además de defender la privatización de la educación, el acoso callejero y el maltrato a los niños y niñas.
Ganemos la calle contra los femicidios y los derechos de las mujeres Por estas razones, las mujeres debemos salir a exigir la renuncia inmediata de la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá. Entendiendo que el Estado no entregará solución alguna a nuestras
reivindicaciones, debemos sostener nuestra organización independiente del gobierno patronal, utilizando nuestra herramienta de lucha histórica, que es la movilización, para conquistar todas nuestras demandas y erradicar la violencia contra la mujer. Debemos convocar a una nueva gran movilización, como las que se han convocado este año por una educación no sexista y por el derecho al aborto legal, donde unifiquemos en un plan de lucha único todos los reclamos de la mujer trabajadora. La movilización debe cumplir el rol de ser un catalizador para que las mujeres rompan el silencio y se animen a denunciar, para que se organicen y luchen en defensa de sus vidas en conjunto con toda la clase obrera. Debemos agitar la creación de un Consejo Autónomo de Mujeres garantizado por el Estado, que este bajo el control de representantes electas y revocables por el voto de las mujeres, que cuente con presupuesto propio, que tenga a su cargo la garantía de la asistencia a las víctimas y un plan contra la violencia que abraque a todo el país, de manera que sean las propias mujeres quienes acaben con la masacre de los femicidios y la violencia sobre nuestras familias. Debemos sumar este reclamo al plan de lucha con el que las mujeres han ganado la calle en los últimos meses. ¡Ni Una Menos! ¡El Estado es responsable! Paulina Espíndola