Revista En Obra 133 - Artículo Día de la Construcción

Nota Celebraci贸n del D铆a de la Construcci贸n

Celebraci贸n del D铆a de la Construcci贸n

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El 17 de Octubre, coincidentemente con en el día de la Construcción se llevó a cabo en nuestra sede y ante un gran número de socios una presentación de los alcances del nuevo instrumento legal de la promoción de la inversión privada en la construcción de viviendas de interés social. Convocó a los empresarios referentes en la temática, agentes inmobiliarios, personal jerárquico de oficinas públicas del sector y periodistas de todos los medios.

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Celebración del Día de la Construcción

En esta página, Ministra de Vivienda Arq. Graciela Muslera, Presidente de APPCU Arq. Herbert A. Cagnoli y -en el momento del evento- Presidente (i) de la república Cr. Danilo Astori.

1 - Arq. Ariel Hebert Cagnoli, Cr. Danilo Astori e Intendente de Montevideo Ana Olivera.

2 - Presidente de la ANV Ec. Carlos Mendive, miembro de la Comisión Directiva de APPCU Arq. Eduardo Steffen y asesor inmobiliario de APPCU Julio Villamide.

3 - Presidente de la Unión Cívica Arq. Aldo Lamorte e integrantes de la Comisión Directiva de APPCU Arq. Ernesto Kimelman y Arq. Luis Casaretto.

4 - Presidente de la Liga de la Construcción Sr. Ubaldo Camejo, Presidente del Partido Independiente Dr. Pablo Mieres y Presidente de la Cámara de la Construcción Sr. Ignacio Otegui.

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Nuestro presidente señaló en su oratoria de apertura, lo que representa este día para el sector y realizó una breve reseña sobre la normativa más importante en materia de vivienda. APPCU entendió que este día festivo era una ocasión propicia para difundir la buena noticia sobre la normativa recientemente promulgada y a consideración de nuestra gremial, esta ley es la más importante de los últimos 40 años para el sector, desde la aprobación de la ley de vivienda de 1968.

El Ministerio de Vivienda, y la Agencia Nacional de Vivienda anunciaron la apertura de la Oficina del Inversor para recibir los proyectos que aspiren a la declaración promocional en el marco de la Ley de Promoción de la Inversión Privada de Vivienda de Interés Social (N° 18.795).

La ministra Graciela Muslera y el presidente de la ANV Carlos Mendive explicaron el alcance de este nuevo instrumento legal de promoción de la inversión privada.

La Ley 18.795 promueve la inversión privada en viviendas de interés social a partir del otorgamiento de exoneraciones tributarias. Esta ley se enmarca en un programa más amplio cuyo objetivo es facilitar el acceso a viviendas a sectores de ingreso medio y medio bajo, a través de la compra o el alquiler. Incluye una serie de beneficios para los inversores privados, como exoneraciones tributarias y la creación de un nuevo Fondo de Garantía de Desarrollo Inmobiliario. La inversión privada es promovida para la construcción, refacción o ampliación de un mínimo de dos hasta cien viviendas por padrón las que podrán tener como destino tanto la venta como el alquiler.

La Oficina del Inversor tiene como objetivo asesorar al inversionista en el proceso de presentación del proyecto.

En el cierre de la actividad, el presidente en ejercicio Cr. Danilo Astori resaltó la importancia de la complementación entre el sector público y el privado como camino esencial para el crecimiento. Aseguró que esta política tendrá un impacto en un sector central de la economía, como lo es la construcción, que también influirá positivamente en otros sectores de actividad. Anunció que, entre los subsidios a la demanda para el acceso a la vivienda, se estudia la incorporación de los gastos de las familias en este rubro (como lo son las cuotas hipotecarias o pago de alquiler)

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Celebración del Día de la Construcción en el sistema de deducciones del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Muslera destacó que esta iniciativa del gobierno se da en un contexto de incertidumbre a nivel internacional, sin embargo destacó la particular situación del país luego de haber sorteado con éxito la crisis de 2008.

Afirmó que el país realiza actualmente un importante esfuerzo, que implica que al final del quinquenio se habrán invertido 4.500 millones de dólares en políticas sociales, pero que eso aún no es suficiente para solucionar el déficit habitacional que alcanza las 65 mil unidades en todo el país. Por esta razón, el gobierno promueve este nuevo instrumento que busca el involucramiento de los capitales privados en la construcción de viviendas para los sectores medios y medio-bajos de la población -a fin de garantizar su acceso al derecho a la vivienda digna- mediante incentivos que apuntan a la exoneración de todos los tributos que gravan la actividad.

Además de promover la oferta de viviendas de interés social, el ministerio también pone en gestión una serie de medidas para incentivar la demanda, como los subsidios a la cuota y al capital, el fortalecimiento del Fondo de Garantía de Alquiler, y los préstamos del Fondo Nacional de Vivienda.

El Presidente de la ANV, Ec. Carlos Mendive, centró su disertación en el análisis y la aplicación práctica de la ley y los nuevos instrumentos. Explicó a los presentes que la ley 18.795 promueve una batería de medidas que ya las hemos desmenuzado en la revista 132.

Por su parte el director de Planificación de la Intendencia de Montevideo, Juan Pedro Urruzola (ver nota aparte), destacó el trabajo conjunto entre el gobierno de la ciudad por una parte, y el MVOTMA y la ANV por otro, para concretar la elaboración de la ley en función del proyecto de ordenamiento territorial y desarrollo sustentable. Asistieron también al evento en la sede de APPCU la intendenta de Montevideo Ana Olivera, el intendente de Canelones Marcos Carámbula, el presidente de la Cámara de la Construcción José Ignacio Otegui, así como legisladores nacionales y autoridades de gobierno nacional y departamental.

1 - Director de HidroService, Sr. Mario Bellizzi, Intendente de Canelones Dr. Marcos Carámbula y Arq. Aldo Lamorte.

2 - Senador Pedro Bordaberry, Arq. Eduardo Olivella y Dr. Pablo Mieres.

3 - Dirigente de APPCU Arq. Alvaro Piña, Director de ATENKO Martín Soler e Ing. Gerardo Ansin de ATENKO. 4 - Cr. Carlos Lecueder.

5 - Integrantes de la Comisión Directiva de APPCU Arquitectos Carolina Escamez y Andrés Mokobocki

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Celebración del Día de la Construcción La Ley de Promoción de la Vivienda Social y el territorio montevideano por Arq. Juan Pedro Urruzola La Asociación de Promotores Privados de la Construcción nos convocó para conmemorar el día de la industria de la construcción.

Pero no sólo. En la invitación que me fuera enviada, las autoridades de la Asociación señalaron textualmente: “Nuestra gremial conmemorará dicho día consustanciada con lo que ha sido la noticia más importante en el sector privado en los últimos tiempos: la promulgación de la ley 18.795 de Promoción de la Vivienda de Interés Social”.

Esta Ley, impulsada por el MVOTMA en el marco de un amplio abanico de políticas públicas que intentan dar respuesta a viejas necesidades sociales insatisfechas en materia de vivienda, tampoco es para la Intendencia una ley más. Permítanme aprovechar esta oportunidad para explicar, muy brevemente, cuales son las razones que nos llevan a pensar así.

En primer lugar esta Ley fue trabajada y debatida con distintos actores vinculados, sí o sí, al tema. En este sentido permítanme mencionarnos como ejemplo, pues con la Intendencia de Montevideo se acordaron los territorios donde, de acuerdo a las visiones departamentales planificadas, sería pertinente aplicar los beneficios fiscales otorgados por la nueva Ley. Me consta que el Ministerio y la Agencia también trabajaron en la materia con APPCU así como con otras intendencias departamentales.

En segundo lugar interesa subrayar que esta Ley dará impulso a la inversión inmobiliaria de acuerdo al cumplimiento de los objetivos perseguidos. En este sentido, el Reglamento de la Ley define que “se promocionarán los proyectos localizados dentro del suelo categoría urbana, según la categorización que determinen los instrumentos de ordenamiento territorial de los Gobiernos Departamentales y de acuerdo con la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible”. Entiendo que esta definición es sustantiva, pues subraya una visión integral del territorio y la necesidad de trabajar de manera coherente en las distintas escalas y competencias que el mismo propone. En efecto, con esta Ley que declara de interés nacional el acceso a la vivienda social, se promueven pasos importantes en la materia, que son potestad del gobierno central, y se lo hace impulsando su concreción en el marco de las políticas territoriales planificadas, que son potestad de los gobiernos departamentales. Creo que en términos institucionales esta manera de enfocar las políticas de ordenamiento territorial es ejemplar. En particular porque comienza a transitar los caminos que señala el artículo 3º de la Ley de Ordenamiento Territorial cuando establece que “el ordenamiento territorial es una función pública que se ejerce a través de un sistema integrado de directrices, programas, planes y actuaciones de las instituciones del Estado con competencia a fin de organizar el uso del territorio. Por ello, reconoce la concurrencia de competencias e intereses, genera instrumentos de promoción y regulación de las actuaciones y procesos de ocupación, transformación y uso del territorio”.

En tercer lugar la Ley define objetivos muy concretos y compartibles en materia de vivienda social. Propone que sus beneficios se otorguen de acuerdo al cumplimiento de los mismos. La precisión de estos últimos, por tanto, es decisiva. Veamos: • la Ley propone “ampliar significativamente la cantidad de viviendas de interés social disponibles” y “facilitar el acceso” a la misma y a su financiamiento a los sectores sociales que lo necesitan y hoy no cuentan con dicha oferta. Para ello establece una serie de exoneraciones fiscales que buscan promover la inversión privada en la materia. Esto

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es relevante en dos aspectos que me interesa señalar. En primer lugar porque se intenta re-direccionar la inversión privada; seguramente teniendo en cuenta que esta se concentra, en la actualidad, en el sector social de mayores recursos. Y en segundo lugar porque se pretende hacer realidad un viejo mandato constitucional. En efecto, el artículo 45 de nuestra Constitución señala que “todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa.

La ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin”.

• la ley también fomenta la innovación tecnológica en materia de construcción.

No les voy a explicar a Uds. la importancia de una definición como esta, sea en términos arquitectónicos, sea en términos económicos o, de manera más general, en términos culturales. Es importante analizar la residencia como una manufactura en relación a la cual la innovación tecnológica debe aportar lo suyo. Al mismo tiempo, también es importante no descuidar la reflexión sobre los patrones antropológicos y sociales que intervienen en el tema y pueden calificar más o menos las distintas respuestas que le damos. La preocupación por la dimensión cultural del territorio que estamos construyendo, incluyendo a la residencia y a las distintas respuestas que la misma puede aportar, converge naturalmente con la preocupación por la sustentabilidad socio-ambiental que nuestro proyecto planificador propone. No hay respuestas universales en la materia y ello debe llevarnos a buscar las propias.

• finalmente, en el literal C del artículo 3º, la Ley que comentamos pone la condición de que los proyectos “contribuyan a la integración social y al mejor aprovechamiento de los servicios de infraestructura ya instalados”.

Me interesa detenerme en este último aspecto. En particular porque como muchos de Uds. deben saber, en este momento la Intendencia de Montevideo está realizando la Puesta de Manifiesto del proyecto de

Fotos: Dirigentes de APPCU, socios y empresarios del sector en desayuno de trabajo realizado en el Día de la Construcción el 17 de noviembre en nuestra sede.

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Celebración del Día de la Construcción Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible.

Este proyecto intenta dar cuenta de la prevista revisión del Plan Montevideo a los 8 años de aprobación, del nuevo marco legal establecido por la Ley 18.308 y de las novedades socio-territoriales acaecidas en los últimos años.

En particular, el proyecto de Directrices se funda en el reconocimiento de una serie de desafíos que debemos enfrentar si pretendemos generar un territorio socialmente sustentable. Estoy haciendo referencia, en particular, a • la segregación socio territorial (o la producción de localizaciones con homogeneidad social interna y escasa interacción social entre ellas, caracterizadas por fuertes asimetrías en sus calidades urbanas y sus dotaciones de equipamientos e infraestructuras).

• la importante precarización del hábitat (o la proliferación de propuestas habitacionales inadecuadas, con importantes déficit de equipamientos e infraestructuras).

• la problemática expansión urbana (asociada a densidades cuya insustentabilidad se hace cada día más evidente).

• la subutilización de las capacidades instaladas (o el vaciamiento de áreas residenciales que dejan ociosos equipamientos y servicios que son escasos en las áreas de nueva localización de viviendas).

Por ello las Directrices, que intentan dar cuenta de la prevista revisión del Plan Montevideo, del nuevo marco legal establecido por la Ley 18.308 y de las novedades socio-territoriales aparecidas en el departamento en los últimos años, establecen algunos objetivos estratégicos que, entre otros aspectos, proponen “controlar la expansión urbana optimizando el uso de las capacidades instaladas en la ciudad consolidada”.

En este sentido, y esto es para nosotros tremendamente relevante, la Ley que hoy nos convoca, también la podemos ver o tal vez, me corrijo, la debemos ver como un instrumente de política urbana al servicio del proyecto de territorio que la Intendencia impulsa, desde hace mucho tiempo, para el Departamento de Montevideo.

“Optimizar el uso de las capacidades instaladas” es una estrategia que aporta sustentabilidad de largo plazo y en este sentido nos hace más fuertes. Permite potenciar el territorio urbano heredado y por tanto bajar la presión sobre los atractivos y ricos

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Director General de Planificación Intendencia de Montevideo Juan Pedro Urruzola junto al Presidente de la ANV, Ec. Carlos Mendive en desayuno de trabajo del Día de la Construcción realizado en nuestra sede.

entornos rurales de Montevideo. Buscar nuevas respuestas a los problemas planteados en el marco de la optimización de nuestras capacidades instaladas tiene por objeto permitir la construcción de un territorio más económico y más equilibrado en términos sociales y ambientales, y por ende más inteligente.

Por ello en el proyecto de Directrices también nos detenemos en los territorios que hemos definido como estratégicos. Me interesa mencionar dos en particular: • los ejes transversales, donde las calidades de las infraestructuras existentes, la concreción de varias intervenciones de alto impacto y los avances en el plan de movilidad hacen presumibles transformaciones urbanas de alto impacto incluso en términos metropolitanos.

• el área central, donde las premisas precedentes se asocian a calidades patrimoniales relevantes, a equipamientos nacionales únicos y a la presencia de varios socios potenciales identificados con nuestra condición de capital nacional.

Los territorios estratégicos son, para nosotros, los ámbitos más sensibles de las problemáticas territoriales que nos desafían y cuya transformación, a la vez que necesaria, entendemos decisiva para la fortuna global de las políticas de ordenamiento planteadas.

Las Directrices también establecen lineamientos para los distintos sistemas funcionales que hacen a la ciudad. En la perspectiva de optimizar el uso de las capacidades instaladas y hacer eje en la integración socio-territorial, en materia residencial las Directrices proponen en otros puntos: • Promover la conformación de tejidos re-

sidenciales socialmente heterogéneos, desalentando las tendencias de localización residencial socialmente segregadas • Implementar políticas urbano-habitacionales de densificación de las áreas intermedias con mixtura social • Desarrollar políticas urbano-habitacionales que promuevan una vivienda con servicios básicos (agua, energía, saneamiento, comunicaciones, transporte) integrada a un territorio con espacios públicos calificados y equipamientos sociales accesibles (educativos, culturales, sanitarios, deportivos, comerciales) • Atacar la precariedad e informalidad urbana con políticas urbano-habitacionales interinstitucionales, integrales y estructurantes, sostenidas en el tiempo • Priorizar las actuaciones de relocalización de asentamientos ubicados en áreas de riesgo ambiental • Impulsar acciones facilitando el acceso a la vivienda en áreas centrales e intermedias.

La Ley 18.795 es muy importante porque propone un instrumento sencillo y muy atractivo en términos económicos para la promoción de la vivienda social. Pero no es sólo eso. La Ley también promociona un entorno cultural que entiendo relevante pues se asocia, explícitamente, a la planificación territorial y a la Ley 18.308, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible.

Debemos señalar dos documentos básicos en la concreción montevideana de la Ley: • El plano acordado con la ANV, donde se definen las distintas exoneraciones impositivas según las distintas zonas urbanas

AVISO

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Celebración del Día de la Construcción • El plano de la propuesta contenida en el nuevo Art. D 233. 2 de la nueva sección VIII del Digesto Departamental, que se propone crear con el nombre “De las viviendas de interés social”, y que define las avenidas donde se permitiría que los programas de vivienda social puedan construir dos pisos por encima de la estipulación normativa (dicha propuesta fue elevada a la Junta Departamental)* La historia del urbanismo del siglo XX se inició con una crítica radical a la ciudad heredada, porque no se la creía capaz de dar respuesta a los grandes desafíos de la era maquinista, y concluyó con una crítica no menos radical de su destrucción, basada en la convicción de que sin memoria no hay futuro. En la introducción a “Una ciudad sin memoria”, audiovisual realizada por el Grupo de Estudios Urbanos que dio lugar a una publicación aparecida en 1983, Mariano Arana decía que “estamos convencidos que nuestro pasado forma parte de nuestro futuro, y convencidos asimismo, que no es posible eliminar sustentos básicos de nuestra memoria colectiva, sin mengua de nuestra gente y de nuestro ser nacional”. Compartiendo estas palabras del ex intendente, creo que hoy nuestro gran desafío y nuestra gran oportunidad es proyectar un Montevideo que haga de su memoria y su sustentabilidad social la materia prima de un verdadero proyecto de futuro y no una carga insoportable para las futuras generaciones.

Para finalizar sólo quiero expresar la convicción de que ninguna ley, por sí sola, podrá cambiar la realidad. En este sentido creo que la Ley 18.795 necesita que la fortalezcamos y consolidemos sobre la base de nuestras buenas prácticas en la materia, que hagan evidente su pertinencia para avanzar en el logro de las metas planteadas. El desarrollo de esas buenas prácticas, a partir de ahora, es el gran desafío que todos, y en particular APPCU, tenemos planteadas.

Juan Pedro Urruzola, Director General de Planificación Intendencia de Montevideo.

Montevideo 16 de noviembre de 2011

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Un día especial

por Aníbal Durán Hontou

Esta industria de la construcción, pródiga y fecunda, que invierte sin solución de continuidad en el país, tuvo el pasado 17 de Octubre su día de reflexión y pausa.

Todos los agentes involucrados en el sector detuvieron sus tareas y buscaron en el descanso y en el solaz hogareño, la fuerza anímica para retomar con redoblado impulso su accionar al día siguiente.

Reflexión y pausa que en nuestro caso se matizó durante un desayuno de trabajo con una jornada dedicada a difundir la normativa más importante en materia de vivienda en los últimos 40 años (como ya fue dicho): promoción de la vivienda de interés social, por la cual hay marcada expectativa.

Entendimos que este día festivo era ocasión propicia para difundir buenas noticias: así desde APPCU, con jerarcas de la Agencia Nacional de Vivienda y de la Intendencia de Montevideo, junto a nuestro Presidente Cagnoli, se expuso sobre la normativa recientemente promulgada.

Vayan algunos números que pautan la actividad en el sector: representa casi el 10% del producto bruto interno, correspondiendo, 5.5% para el sector privado y 4.3% para el sector público.

Y en ese casi 10% el espectro es variado: desde viviendas a fábricas, puertos, muelles, industrias, oficinas, parkings, carreteras, hoteles, centros logísticos, silos, constituyendo una diversidad verdaderamente virtuosa.

En este año se están construyendo más de dos millones de metros cuadrados refiriéndome a obra privada, entre residencias, comercios y oficinas, estando las 2/3 partes en Montevideo y Maldonado. La inversión referida supone más de tres mil millones de dólares.

A su vez, en Montevideo hay en ejecución más de 475.0000 metros cuadrados, también refiriéndome a obra privada y a vivienda, con una inversión superior a los 600 millones de dólares. Sustancialmente los barrios de Malvín, Pocitos y Punta Carretas son los más requeridos en la materia; situación que tenderá a revertirse con la citada ley de vivienda social, donde seguramente la promoción privada más intensa esté precisamente alejada de la costa.

En el pasado año, la inversión en obra pública ascendió a 1.888 millones de dólares corrientes y en la obra privada ascendió a 2443 millones de dólares corrientes (todos los datos tienen la aquiescencia de nuestro asesor Julio Villamide en base a información del BCU).

El sector se encuentra mancomunado en sus intereses, maduro en su relacionamiento, las distintas gremiales interactúan fluidamente con el norte puesto en mejorar la eficiencia y la productividad de la mano de obra (tema excluyente), buscando mejorar la calidad del producto y los tiempos que su ejecución insume. Existe el respeto recíproco como norma de convivencia elemental para lograr una adecuada vida de relación. El respeto debe considerarse como una contribución forzosa, ininterrumpida y permanente, que los hombres se deben entre sí. Es un tributo inherente a la condición humana, del que se es al mismo tiempo deudor y acreedor.

Y ese respeto es valor entendido entre todas las gremiales del sector que permite, entre otras cosas, interactuar en varios organismos bipartitos. Además, se ha impuesto en forma paulatina pero sostenida una cultura de seguridad que sin perjuicio de errores humanos inexorables, está inserta en el espíritu de los agentes de la industria con la firmeza del yunque, firme y paciente aún en la adversidad.

Las tareas que los obreros desempeñan en la construcción son de diferente jerarquía; unas requieren de exactitud estricta; otras el más empeñoso cuidado; algunas, conocimiento difíciles de adquirir y otras, una extraordinaria responsabilidad. Esto es así y compete que sea así, pero en todas cabe la aureola de la excelencia si preside su ejercicio el sentimiento de una gran dignidad y la convicción de colaborar en una obra augusta. Y esos sentimientos están presentes.

Esta industria de la construcción también reivindica y reclama, pero no se queda quieta; hay que continuar la marcha y lanzar los pendones al viento. La batalla final la dará el tiempo, secundado por las circunstancias o en lucha con ellas.