“Políticas asistencialistas y políticas estructuralistas” PRAXIS CAPITAL INTRODUCCIÓN El Ecuador a partir del 2007 entró en un claro proceso de transformación productiva, pero sobre todo de su política pública hacia un direccionamiento más estructuralista, así el modelo de sustitución de importaciones, reinversión social, cambio de matriz productiva, entre otros, son cambios que buscan promover la producción nacional y dinamizar los sectores estratégico para disminuir la dependencia internacional de ciertos productos sobre todo a nivel tecnológico y agropecuario. Pero el mayor enfoque es incrementar la “vida digna”, término acuñado como política bajo la (Constitución de la República del Ecuador, 2008) y el (Plan Nacional del Buen Vivir, 2016). Para poder proceder dentro de este enfoque es pertinente generar un conjunto de acciones de parte del Estado, pero sobre todo invertir en los sectores productivos y sociales claves, para su dinamización comercial bajo la perspectiva de otorgar mayor valor agregado a los diferentes productos desarrollados a nivel nacional y que a largo plazo sean aperturados al extranjero como factor de ingresos nacionales e incrementar el Producto Interno Bruto. Con base a su incremento se obtendrá mayores ingresos y permitir a los ciudadanos “generar mayores políticas de asistencia y reducir brechas como pobreza y marginación a servicios básicos” (Ubidia, 2017, pág. 18). A partir de esto, el estructuralismo es un marco de construcción teórica que ve a la sociedad como “un sistema complejo cuyas partes trabajan juntas para promover la solidaridad y la estabilidad” (Fonseca, 2016, pág. 84). Se entiende como el estudio de una sociedad conocida como estructura o sistema social. Este enfoque ve a la sociedad desde una orientación de nivel macro, que es un enfoque amplio en las estructuras sociales “que conforman la sociedad en su conjunto, y cree que la sociedad ha evolucionado, frente al accionar de sus diferentes organismos” (Valles, 2017, pág. 78). Este enfoque se ve tanto en la estructura social como en las funciones sociales. El estructuralismo direcciona a la sociedad en su conjunto en términos de la función de sus elementos constitutivos, a saber" normas, costumbres, tradiciones e instituciones.
Por su parte el asistencialismo es una forma de aplicación de la asistencia pública, obligación que contraen los gobiernos con sus ciudadanos a través de una constitución, por la cual se señala el carácter de dignidad de todo ser humano sin distinciones de ningún tipo. Pero en un sentido mas directo es proporcionar a los ciudadanos los elementos para que las condiciones de vida mejoren, sin mayor esfuerzo de los ciudadanos, sino por obligación del Estado. Así, la presente investigación busca entender dentro del contexto ecuatoriano el regreso del estructuralismo sus perspectivas bajo las diferentes directrices que previamente mantiene las políticas asistencialistas. DESARROLLO Antecedentes Históricamente, los países latinoamericanos se han distinguido por su condición de primario-exportadores, es decir “genera productos sin valor agregado más allá del netamente adquirido en su producción básica” (Garrido E. , 2017, pág. 27). Esta condición es una clara problemática para lograr el objetivo clave de todo Estado, lograr un desarrollo económico sostenible que garantice promover una economía de beneficio social, especialmente en el modelo económico industrial que es la meta final de todo país; es decir no producir netamente materias primas sino productos finales con valor agregado, lo cual incrementa el valor de los mismos y tienen un mayor costo en el mercado. Pero dicha conceptualización en su búsqueda de pasar de lo teórico a lo practico requiere múltiples involucramientos sobre todo del Estado, sociedad y empresas. Ante la necesidad de buscar un nivel similar a las potencias económicas mundiales, los países en vías de desarrollo durante la segunda mitad del siglo XX generaron un modelo adaptado a las condiciones de Latinoamérica, que permitiera lograr la industrialización. Así surge la sustitución de importaciones como el medio para lograr la industrialización y por ende el desarrollo estatal y regional. Ante esto, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), propuso dentro de esta conceptualización, “promover mayor intervención del Estado, proteger las industrias nacionales y promover el avance tecnológico para lograr la sustitución de importaciones”
(CEPAL, 2015, pág. 92). Para la generación de tal modelo era necesario “aplicar impuestos de aduana altos y restricciones para la importación de los productos a fabricarse internamente, a fin de que se pueda fomentar la producción nacional y se incentive la industrialización” (Zambrano & Castro, 2017, pág. 104). En el contexto ecuatoriano, a partir de 1954 se ha buscado cambiar la realidad de país primario-exportador, para hacer la transición a la industrialización, pero los diferentes gobiernos de turno no lo han logrado por diversas causas, entre las más destacables se encuentran: “inestabilidad política, falta de inversiones internacionales, ausencia de tecnología, falta de mano de obra calificada, entre otros” (Fonseca, 2016, pág. 16). Así, durante el gobierno del ex presidente Rafael Correa se planteó lograr la transformación productiva, bajo los siguientes ejes: “1) sustitución selectiva de las importaciones, 2) agregación de valor en la producción, 3) diversificación productiva; y, 4) fomento a las exportaciones de productos nuevos” (Zambrano & Castro, 2017, pág. 172). A partir del 2007, el Plan Nacional de Desarrollo 2007- 2010, buscaba incorporar la sustitución de importaciones bajo planificaciones cuidadosas, realizadas con la ayuda de los ministerios y organismos anexos, para de esta forma evitar las improvisaciones causantes de gastos innecesarios en un país con pocos recursos hacia la implementación de dicha política. A dicho Plan le siguieron otros, para los periodos 2010 – 2013 y 2013 – 2017, cuyos objetivos eran los mismos del primero, el cambio de la matriz productiva, pero con mayores vinculantes como el cambio de la matriz energética y la incorporación del (Plan Nacional del Buen Vivir, 2016). Dicho plan ha servido como el despunte para la aplicación de la política de cambio de la matriz productiva, basada en la sustitución de importaciones e impulso de las exportaciones, beneficiando al sector productivo y por ende a la economía del país. Políticas estructuralistas El estructuralismo (también denominado cepalismo) se fundó en la Cepal bajo la dirección de Raúl Prebisch como una teoría económica que cuestionó una por una las suposiciones de la tendencia hegemónica en la economía. En ciertas estructuras de países latinoamericanos, el subdesarrollo se localizó en la relación entre la tenencia del suelo y la estructura de la industria. La teoría de la dependencia, o sea el enfoque del
estructuralismo histórico radicalizaron las críticas del estructuralismo y visualizaron las raíces del subdesarrollo en la estructura capitalista de la economía mundial. Esta corriente de pensamiento económico presenta una representación objetiva de la realidad de las economías subdesarrolladas, constituyendo el primer gran esfuerzo teórico por interpretar las causas de la situación económica y social en la región latinoamericana y sus perspectivas de transformación dentro de los marcos del propio sistema capitalista. El desarrollo hacia dentro, es decir, el proteccionismo, ocupó un lugar relevante en tal esfuerzo, y el principal aporte de la corriente estructuralista radicó en concebir al desarrollo y al subdesarrollo de América Latina, “no como una etapa cualquiera, sino como parte de un proceso global y único, además de distinguir que las desigualdades entre el centro y la periferia se producían a través del comercio internacional” (Samper, 2018, pág. 92). Los estructuralistas identificaron la presencia de deformaciones estructurales, a la hora de interpretar las causas del subdesarrollo latinoamericano y creyeron firmemente en la posibilidad de un desarrollo capitalista de las economías latinoamericanas, siempre y cuando se llevase a cabo un proceso consciente de transformaciones en la estructura productiva de esas economías y fuese protegido su mercado interno, ya que de lo contrario continuarían fortaleciéndose las asimetrías de la economía mundial. Los principales desequilibrios señalados por los estructuralistas latinoamericanos dentro de las sociedades latinoamericanas fueron:
Endeudamiento externo
Desempleo elevado y creciente
Tendencia a la inflación
La idea es que sólo mediante el análisis de la inserción (introducción) estructural de las economías de la región latinoamericana en el sistema económico mundial y desde una perspectiva histórica, era posible comprender el origen de tales desequilibrios.
Para revertir la condición de economías subdesarrolladas, los países latinoamericanos tendrían que enfrentarse a los proyectos de libre comercio propuestos por EE.UU (el Plan Clayton), es decir, rechazarlos, pues esa política comercial significaría el retroceso del pequeño proceso de industrialización que las economías más importantes de la región habían emprendido durante las tres primeras décadas del siglo XX y que había dado lugar a la formación de una insignificante burguesía industrial, interesada en continuar expandiéndose. Es así como la competencia por los mercados latinoamericanos, terminaría con la inundación de los mercados latinoamericanos con productos manufacturados en EE.UU. Las características históricas y económicas del mercado mundial, expresadas en la baja elasticidad - renta de la demanda internacional de productos primarios, que provocaba la inestabilidad y el carácter erróneo de los ingresos en divisas generados por la exportación de éstos productos, y la emergencia de Estados Unidos como potencia económica mundial con mayor producción de estos bienes y menor apertura de las importaciones, provocando de esta manera el derrumbamiento de las economías latinoamericanas, altamente especializadas en la exportación de los productos primarios. Precisamente, la tendencia al deterioro de la relación de intercambio de los productos primarios frente a los productos manufacturados, debido a las disparidad de la elasticidad – renta, el poder monopólico en las exportaciones de las manufacturas de los países desarrollados e incluso su influencia en los precios de los productos primarios, la cuota limitada de productos primarios exportados por el llamado Tercer Mundo, las devaluaciones de la moneda en los países subdesarrollados para hacer frente a déficit comerciales, además de conocidos problemas de la periferia como la baja productividad y el desempleo estructural, llevaron a Prebisch y los estructuralistas a la idea de promover un desarrollo basado en la industrialización por medio del Modelo de sustitución de importaciones (ISI), es decir, a proponer políticas económicas en defensa de la ampliación del mercado interno latinoamericano. En conjunto, lo que propone el estructuralismo latinoamericano no es un alto a la expansión de exportaciones de la Periferia, sin embargo, busca el impulso a cambiar a estructura de producción y a desarrollar un sector industrial para Latinoamérica a través de la asignación de los recursos productivos adicionales para el sector industrial. Lo que
se plantea es un Plan de Desarrollo Capitalista Nacional, desarrollo de un mercado interno para que sirviera de base a una burguesía nacional creciente. Políticas asistencialistas Para gobiernos con planes serios de desarrollo, la promoción de la persona humana es el camino para liberarse de la pobreza, mientras que la asistencia es la vía segura hacia la dependencia. De más está decir que todos los gobiernos de la transición eligieron la fácil opción de la dependencia de los compatriotas sumidos en la pobreza, con el beneficio colateral para los partidos y movimientos de convertirlos en clientelas políticas. Mediante esta política asistencialista, presentada falazmente como "la solución" de la democracia al problema de la pobreza, en realidad lo que se logró fue aumentar la pobreza. Ante esta evidencia, en vez de reaccionar con un cambio de timón en la conducción gubernamental, se persistió en el error de desechar las oportunidades que ofrece la democracia para dirigir los gastos sociales hacia la creación de fuentes de trabajo, de aumento de la competitividad del país y de fomento a las inversiones. La respuesta obvia al incremento de la población necesitada, indefensa y, por tanto, vulnerable es la creación de puestos de trabajo, que, lógicamente, el Estado no puede hacer por sí mismo, sino creando las condiciones para que el sector privado encuentre un clima propicio que le permita hacerlo. El gobierno actual (siguiendo a los anteriores) se caracteriza por un énfasis en la intervención asistencialista a las poblaciones conocidas como vulnerables, por el hecho de contar con menor protección y capacidad de autogestión. En líneas generales, la función del gobierno de la nación es aplicar políticas públicas para beneficio de la sociedad con un criterio de generalidad, sin descuidar las particularidades. Mucho se ha discutido a lo largo de la historia sobre el dilema de si desde el Estado se debe regalar a la gente lo que necesita o se le debe ayudar a buscar por sí misma la solución de sus problemas, especialmente en lo que respecta al combate a la pobreza. Es la eterna lucha entre la promoción social y la asistencia material a los excluidos sociales, pero ahora bajo las perspectivas de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008). Para los gobiernos con planes serios de desarrollo, la promoción de la persona humana es el camino para liberarse de la pobreza, mientras que la asistencia es la vía segura hacia la
dependencia. De más está decir que todos los gobiernos de la transición eligieron la fácil opción de la dependencia de los compatriotas sumidos en la pobreza, con el beneficio colateral para los partidos y movimientos políticos de convertirlos en clientelas políticas de los comicios donde se hacen elegir los candidatos generalmente más inescrupulosos. Mediante esta política asistencialista, presentada falazmente como “la solución” de la democracia al problema de la pobreza, en realidad lo que se logró fue aumentar la pobreza. Ante esta evidencia, en vez de reaccionar con un cambio de timón en la conducción gubernamental, se persistió en el error, de un gobierno a otro, desechándose “las oportunidades que ofrece la democracia para dirigir los gastos sociales hacia la creación de fuentes de trabajo, de aumento de la competitividad del país y de fomento a las inversiones” (Ubidia, 2017, pág. 109). Los sucesivos gobiernos de la transición de la dictadura a la democracia se empeñaron en crear cada vez mayor cantidad de subsidios con el doble fin de ocultar la ineficiencia de su gestión gubernativa y sostener e incrementar su clientela política, patentada por los diferentes grupos políticos como si fueran verdaderos "títulos de propiedad". Así se crearon el subsidio a la vivienda, al cultivo del algodón, al sésamo, a los pescadores; subsidio por la sequía, al incendio forestal, al consumo de luz y agua, ahora también a la extrema pobreza, a los niños de la calle, para concluir con el subsidio a la vejez. En tanto, se encuentran en pésima situación los servicios públicos de salud y educación, que son las bases primordiales para impulsar una promoción humana social de las personas en situación de pobreza. La existencia de tanta gente necesitada es naturalmente resultado de la ausencia o errores en la aplicación de políticas públicas, que los gobiernos tratan de maquillar con diferentes mecanismos de subsidios a los cuales busca diferentes denominaciones. A algunos les llaman aporte estatal; a otros, transferencia monetaria condicionada, mochila, kits, beneficios, pensión, etc., pero todos llevan el sello inconfundible del asistencialismo fatal. La respuesta obvia al incremento de la población necesitada, indefensa y, por tanto, vulnerable es la creación de puestos de trabajo, que lógicamente el Estado no puede hacerlo por sí mismo, sino creando las condiciones para que el sector privado encuentre un clima propicio que le permita hacerlo.
No existe sustentabilidad en la creación de fuentes de trabajo que no se funde en el negocio, es decir, en la búsqueda de lucro, por lo que la ficción de dar empleo a 40 jóvenes en el IPS, por ejemplo, no pasa de ser un espejismo que esconde una intención de formar nuevas clientelas políticas para el futuro. Es cierto que la población sumida en la pobreza extrema carece de condiciones inclusive para ejercer el empleo, y que, por tanto, quienes se encuentren en tal estado no pueden ser objeto de otra política que no sea la intervención directa, es decir, la asistencia. Pero por eso mismo el Estado debe atacar la pobreza, primero evitando que la misma se ensanche y luego fomentando estrategias de reducción por la única vía bien probada: generar la creación de empleos. Crear subsidios dentro de un marco de políticas de reducción de la pobreza puede ayudar, sin dudas, pero hacerlo desordenadamente al punto de no contar ni siquiera con los medios para cubrirlos, como ocurrió inicialmente con la pensión de vejez que se acaba de aprobar, es sencillamente una irresponsabilidad política, sobre todo cuando no va acompañada de medidas firmes para defender la producción, el servicio y el comercio en un marco de respeto al estado de derecho. Por la permisividad que está demostrando el gobierno del presidente Lugo frente a los atropellos a la legalidad, con la excusa de que sus protagonistas son "gente necesitada", y la facilidad con que se crean subsidios, sin plazo ni sustento presupuestario claro, y menos aún de políticas razonables para el desarrollo sustentable, podemos vaticinar que la tendencia y el lógico resultado de este quinquenio gubernamental serán el fomento a la pobreza y el estancamiento de la producción.
CONCLUSIONES Desde el 2007 al 2017, los problemas de Ecuador en términos de producción industrial e intercambio comercial parecen ser exactamente los mismos, la sustitución de importaciones ha permitido una economía menos dependiente de las importaciones, pero
tampoco ha sido la gran solución hacia un destino industrializado. Si bien la sustitución de importaciones está ampliamente vinculado en Ecuador, su implantación en la economía mundial sigue estando limitada y sus problemas como la reducción de inversiones extranjeras y la limitación de relación comerciales internacionales aun no puede ser solucionado dentro del modelo. Durante el gobierno del expresidente Rafael Correa se retomó las ideas desarrollistas de la CEPAL con un escenario halagador, pues se contó además con intensificación del extractivismo y de la condición de economía primario-exportadora sigue existiendo como una vía para obtener ingresos a nivel Estado, volviendo en teoría a la sustitución de importaciones como “el mito del desarrollo ecuatoriano”, que posterior a los 10 años de implementación aún no se tiene una idea clara de su éxito o fracaso. Es relevante mencionar que la sustitución de importaciones no es conveniente cuando se tienen que importar absolutamente toda la tecnología necesaria para poder generar productos con valor agregado, así la educación y preparación de talento humano calificado y la inversión en innovación y ciencia es clave para el éxito de dicho modelo. El asistencialismo como política del gobierno ecuatoriano a reducido brechas como la desigualdad y la pobreza, pero esto no a significado un mejor Estado, ni un gran cambio social, sino mantener la firme dependencia hacia el Estado y cuando esta falla o se limita en su asistencia se promueven graves problemas sociales y por tanto no se supera un país a nivel social, sino que se sigue viendo mas el deber del Estado como obligación de manejo público y no como ente planificador social.
BIBLIOGRAFÍA CEPAL. (2015). La sustitución de importaciones: visión moderna. Santiago de Chile: CEPAL publicaciones.
Constitución de la República del Ecuador. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Montecristi - Ecuador: Registro Oficial 449. Fonseca, D. (2016). Políticas económicas ecuatorianas: disyuntiva doctrinal o práctica. Quito - Ecuador: Flacso publicaciones. Garrido, E. (2017). Cosmovisión económica de América latina. México D.F.: Atenea ediciones académicas. Plan Nacional del Buen Vivir. (2016). Plan Nacional del Buen Vivir. Quito - Ecuador: Registro oficial. Samper, F. (2018). El proteccionismo estatal. Bogotá - Colombia: Atlas ediciones. Ubidia, A. (2017). Manejo de políticas públicas estatales. Quito - Ecuador: Flacso publicaciones. Valles, D. (2017). Manejo del estructuralismo del Estado. México D.F.: Poker ediciones. Zambrano, E., & Castro, E. (2017). La sustitución de importaciones como modelo económico. México D.F.: Faro ediciones.