Nos sobra una ley

SEMINARIO

NOS SOBRA UNA LEY La lucha reciente contra la impunidad en el Cono Sur

Organización: Casa Bertolt Brecht En asociación con: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación – Udelar Auspicio: Fundación Heinrich Böell, Cono Sur

Sala Cassinoni Facultad de Humanidades y Cs. Educación Montevideo 17 diciembre de 2010

Introducción El seminario “Nos Sobra una Ley” fue componente básico del proyecto “Impactos jurídicos, políticos y sociales de la Ley de Caducidad en Uruguay a la luz de la lucha por los derechos humanos en la región del Cono Sur” que la Casa Bertolt Brecht llevó adelante en los meses de noviembre y diciembre de 2010, con apoyo de la Fundación Heinrich Böell – Cono Sur. Para este seminario, la Casa Bertolt Brecht y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República se asociaron en base a los principios compartidos de trabajar por una sociedad más justa y solidaria a través de la generación de espacios de información y debate abierto.

El objetivo general del seminario fue reflexionar respecto a cómo asumir el pasado reciente y analizar estrategias para garantizar la verdad y justicia, mediante el análisis de fenómenos que trascienden lo coyuntural. Se trazó este objetivo en vista de que durante la campaña en Uruguay por la anulación de la Ley de Caducidad en 2008-2009 nuevas generaciones de militantes y activistas, estudiantes y docentes, ciudadanos jóvenes de variadas ideologías, se encontraron nuevamente con las preguntas de fondo sobre el estado, los derechos humanos, la democracia y las formas de hacer política en el nuevo siglo.

La propuesta fue realizar este ejercicio en clave regional, pues si bien la memoria y el debate del pasado reciente han transitado diversos caminos en los diferentes países, se partió de la convicción de que las dictaduras y las transiciones a la democracia en el Cono Sur, forman parte de un proceso único. Qué solo mediante un pensamiento que trascienda las fronteras nacionales se profundizará la democracia en el marco de la integración regional y se logrará poner freno definitivo a las impunidades políticas, económicas y sociales.

Académicos, militantes, activistas, periodistas y ciudadanos interesados en la temática nos convocamos para conocer la realidad en los países del cono sur sobre la relación entre lucha por los derechos humanos y la construcción de memoria. Nos interesó asimismo conocer los procesos jurídicos, sociales y políticos en relación a la violación de los derechos humanos durante las dictaduras militares en la región y cómo afectan la lucha por los derechos humanos en el presente. Intentamos, finalmente, intercambiar ideas entre académicos y organizaciones sociales sobre el rumbo necesario para avanzar en la búsqueda de verdad y justicia contra la impunidad heredada en las transiciones democráticas del Cono Sur. Este material electrónico es la trascripción y primera edición, por parte de la Casa Bertolt Brecht, de las exposiciones brindadas en el Seminario. Los textos no fueron corregidos por sus autores, por lo cual cualquier error es asumido por la Casa Bertolt Brecht.

Lista de expositores Álvaro Rico – Licenciado en Filosofía (Udelar) y Doctor en Filosofía (Ph D) por la Universidad Lomonosov, Moscú. Coordinador de la "Investigación Histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en el Uruguay 1973-1985" realizada por la Udelar por convenio con el Poder Ejecutivo. Actual decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República en Uruguay.

Joana D`Arc Fernandes Ferraz- Doctora en Ciencias Sociales, Magíster en Ciencia Política. Profesora Asociada de LEDDES - UERJ (Laboratorio de Estudios sobre Diferencias y Desigualdades, de la Universidad Estadual de Río de Janeiro). Profesora de UniverCidade. Directora del Grupo “Tortura Nunca Mais” de Río de Janeiro.

Margarita Iglesias Saldaña - Licenciada en Humanidades con mención en Historia y Magíster en Historia por la Universidad de París VII, Jussieu. Profesora del Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina. Actualmente se desempeña como Directora de Relaciones Internacionales y directora estudiantil de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Chile.

Mirtha Guianze- Abogada. Fiscal Nacional de lo Penal de 2º turno en Uruguay. Es una de las fiscales que ha llevado adelante las investigaciones y los procesamientos más importantes vinculados a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

Recientemente ha declarado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA por el Caso Gelman, en donde realizó un informe sobre los efectos de la Ley de Caducidad en Uruguay.

Ana María Careaga - Licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires y periodista. Desarrolló una extensa trayectoria en el ámbito de los derechos humanos. Fue secretaria de Derechos Humanos de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA). Tiene una amplia producción de artículos sobre psicología y derechos humanos.

Es directora del Instituto Espacio para la Memoria de Buenos Aires.

Cristian Cruz- Abogado. Ex - funcionario del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior en Chile, organismo estatal encargado de defender, asesorar e indemnizar a las víctimas del terrorismo de Estado que vivió el país entre 1973 y 1990. Ha encabezado las investigaciones en el caso de Víctor Jara y como abogado del Programa de Derechos Humanos es quien llevó las causas de uruguayos desaparecidos en Chile. En ese contexto, hoy son procesados 21 ex - represores. Cuatro procesos relativos a la desaparición de uruguayos están en curso.

Adriana Cabrera - Licenciada en Enfermería. Escritora y periodista free-lance entre 1983 y 1988. Autora de la novela juvenil Crimen en el Puente Mauá (Premio MEC 2009). Vivió en Buenos Aires, Estocolmo y Managua. Fundadora y activista de la organización Hijos – Uruguay.

Gastón Grisoni – Secretario de la Asociación de ex pres@s polític@s de Uruguay (CRYSOL). Representante por las organizaciones de víctimas del terrorismo de estado en la Comisión Especial de la Ley 18.596 de reparación e indemnización.

Lourdes Acosta – Profesora de historia en educación secundaria e integrante de la secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, la central única de trabajadores del Uruguay.

Aperturas

Buenos días. Bienvenidos a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Creo que esta iniciativa refuerza una línea de colaboración de la Facultad de Humanidades con la Casa Bertolt Brecht que tiene sus antecedentes y que seguramente se va a seguir reforzando con otras iniciativas en los siguientes años. No es la primera tarea conjunta del año; hace poquito también inauguramos una importante exposición sobre la obra de Kathe Kolwitz, iniciativa de la Casa Bertolt Brecht con el apoyo de la Facultad, y ahora esta segunda actividad, el Seminario Nos Sobra una Ley, importante para la reflexión, el intercambio, la crítica de algo que nos viene del pasado reciente, pero que está condicionando muy fuertemente toda nuestra cotidianeidad, y todos nuestros relacionamientos en el presente, por lo tanto, celebro la presencia de ustedes. Espero nos sea fructífero este intercambio que, además, cuenta con amigos e invitados de la región, particularmente de Chile, Argentina y de Brasil, que también compartirán con nosotros las experiencias acerca de este problema que no es solamente uruguayo, sino que tiene que ver con la región del cono sur de América Latina. Muchas gracias y arrancamos.

(Alvaro Rico - Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Ecuación, Universidad de la República)

Reitero la bienvenida hacia todos los que han tenido la amabilidad de venir y participar de este encuentro, de este inicio de debate. La Casa Bertolt Brecht trabaja y va a seguir trabajando en esta línea, la idea es dar un pequeño aporte, un aporte que sirva a la sociedad uruguaya y también, en este caso, compartir con compañeros y compañeras de Chile, Argentina y Brasil sus experiencias; tenemos entre nosotros a la señora fiscal Mirtha Guianze, quien nos va a aportar sus conocimientos. De nuestra parte, el compromiso de tenerlos al tanto sobre aquellas cuestiones que van a ir surgiendo y seguir trabajando, para los próximos tiempos, en este tema de cómo se instala en la sociedad, o cómo se va a instalar de una manera lenta pero con mucha sutileza, este concepto de ley pública.

Nosotros queremos compartir eso, ver cuáles son las herramientas, las formas, los mecanismos, los aportes de todos para trabajar en esa dirección. Muchas gracias. Que tengan una buena estadía los que no son de Uruguay y junto con los uruguayos que tengamos una muy buena jornada.

(Walter Cortazo - Presidente del Consejo Directivo del Instituto Cultural Casa Bertolt Brecht)

La Ley de Caducidad es una caducidad de la ley Álvaro Rico

Comenzaré recordando un antecedente muy importante de todo este proceso de aprobación de la Ley de Caducidad, y cómo lo mismo continúa a lo largo del tiempo, que es la existencia en 1985, a la salida de la dictadura de la Comisión Investigadora Parlamentaria sobre situaciones de personas desaparecidas y hechos que las motivaron. Quiero recordarlo por varias razones, en primer lugar, porque en las sesiones de dicha comisión hubo una explosión de relatos, de testimonios, de testigos y de sobrevivientes, en particular sobre la situación de detenidos desaparecidos. La Comisión, mientras funcionó, canalizó ciento sesenta y cuatro denuncias de detenidos desaparecidos, y fíjense ustedes, entre ellas doce niños. Fíjense que si tomáramos como relación el informe final de la Comisión para la Paz y las sucesivas investigaciones que se siguieron realizando a continuación de ese informe en el año 2003, de esas ciento sesenta y cuatro denuncias en los ochenta, se comprobaron ciento treinta y ocho. Quiere decir, que hay un universo muy importante de esta primera iniciativa parlamentaria, y luego participación de testigos y denuncias, que se comprueban como víctimas de terrorismo de Estado, pero que durante prácticamente dieciocho años desde aquel 1985, no se procesaron en ninguna investigación sobre el particular. Entonces, creo que distinta sería la situación si desde aquellos años se hubiera podido continuar a partir de esas denuncias y situaciones colaterales en materia de justicia y en materia de verdad en todos estos años. En noviembre de 1985, aquella Comisión elabora una resolución final y deriva las denuncias a la justicia contenidas en ocho tomos. Los ocho tomos eran las actas de sus sesiones. Entonces, justamente este acto, de derivar a la justicia esas denuncias y junto a las mismas, la nómina de militares y policías directamente involucrados y donde fueron otros más mencionados en los testimonios de los sobrevivientes, movió, como algunos de ustedes recordarán, las citaciones a declarar por parte de la justicia, y todo un movimiento consiguiente de la clase política, el Parlamento, para activar los mecanismos de impunidad ante la amenaza de desacato de los militares ante la citación de la justicia. De alguna manera, esta situación fue la que en lo inmediato determinó esta urgente aprobación parlamentaria de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Quiero mencionar, recordar, rescatar este antecedente, muy importante, no solamente porque a partir de sus conclusiones se despliega el aparato de impunidad en democracia, sino también por la importancia que tuvo por las denuncias que recabó y fundamentalmente en cuanto a las voces que recuperó de los sobrevivientes sobre el terrorismo de Estado. A partir de esto, también quiero hacer algún comentario.

Por ejemplo, la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, es una ley aprobada por el Parlamento, y por la mayoría de los parlamentarios, fundamentalmente la mayoría representantes de los partidos tradicionales, en diciembre de 1986. Quiero mencionar un brevísimo paralelismo de esta ley aprobada en democracia por el Parlamento, con una ley que en el año 1972 también contó con la aprobación del Parlamento y con mayoría de los representantes de los partidos tradicionales que es la Ley de Seguridad y Orden Interno del Estado. Una ley que institucionalizaba el estado de guerra interno en el país, que confirmaba la declaratoria de las Fuerzas Armadas como fuerza beligerante en todo el territorio nacional, y que incorporaba el código penal militar y la justicia militar en el juzgamiento de los civiles. Una y otra ley entre 1972 y 1986 cierran un ciclo: el ciclo de la original declaratoria de guerra del Estado a la población y sectores particularizados de la misma.

Este ciclo concluye en 1986 con la negativa de investigar y penalizar los crímenes de Estado y sus autores en esa guerra interna, o guerra entre connacionales o hermanos de sangre, declarada por el Estado a la población en aquellos años iniciales de la década del 70.

Entonces, aquí, una mención a lo siguiente: hemos analizado críticamente ese papel del Parlamento en la aprobación de estas leyes y la concepción política y no garantista con respecto a la ley que predomina en las mayorías parlamentarias. Esto creo que es una

enseñanza para la reafirmación de la democracia y no lo contrario, esto lo digo porque en la legitimidad política construida en la etapa post dictadura, se identifica toda crítica al Parlamento o a la Ley como un intento deslegitimador de la democracia. Me parece que ese estereotipo lo que ha logrado es, justamente, que no se reflexione críticamente sobre conductas institucionales y responsabilidad política en las etapas precedentes al golpe de estado y posteriores a la recuperación de la democracia. Hemos señalado que entre 1968 y 1973, en la etapa previa al golpe de estado, se impuso en el Uruguay una práctica legal autoritaria a través de la cual se fueron estableciendo relaciones autoritarias del poder, y reconfigurando el Estado de derecho mediante la aplicación sistemática de una legislación de excepción, que tuvo en el Parlamento y las mayorías políticas uno de los principales responsables. Hemos llamado a esto, en los distintos trabajos para marcar esa especificidad del proceso previo de la instalación de la dictadura en el Uruguay, “el camino democrático a la dictadura en el Uruguay”, dentro del cual esta praxis legal autoritaria es constituyente. En 1985 y en democracia también, ese mismo actor, el Parlamento y las mayorías políticas, aprueban la Ley de Caducidad. Tanto en 1972 como en 1985 primó el sentido político de la ley, por la cual la legitimación de la misma se basa exclusivamente en el principio de que su promulgación esté de acuerdo con ciertas reglas de procedimiento y por los ámbitos y sujetos autorizados, es decir, la autoridad de la ley justificada en la obediencia al soberano y a su fuente de sanción. En este trayecto no se puede, no se pudo imponer hasta el presente, una concepción más racional o garantista de la ley, en el cual el sustrato ético de la misma, reflejado en el derecho positivo, proteja y defienda los derechos naturales de las personas, el derecho a la vida en primer lugar. Hay un rasgo común que desde 1972 a 1985 llega también a nuestros días, es la imposición de estas lógicas del poder estatal y político, incluso en la legitimación de la democracia actual. Esa lógica que se impone es el carácter procedimental, la legitimidad de las decisiones gubernamentales y leyes basadas en los fueros legítimos para sancionarlos y no en su contenido, y en la razón. Y en esa concepción de la democracia procedimental, o de la democracia como reglas de juego, hay que trabajar, reflexionar y criticar.

Volviendo a diciembre de 1986 quiero señalar el contexto sobre el que va incidir la aprobación de la Ley de Caducidad. El período que va de 1985 a 1989 lo hemos incluido como parte de la etapa de transición a la democracia en el Uruguay. Si bien el gobierno electo se instala en marzo de 1985, muchos investigadores sobre el período, incluido nosotros, hemos extendido esta etapa de transición hasta 1989, y la ratificación plebiscitaria de la Ley de Caducidad. ¿Por qué? Porque la transición hacia la democracia no solo concluye políticamente cuando se reinstala el gobierno elegido democráticamente, aunque aquellas elecciones del 84 fueron con proscripciones; no solamente concluye un período de transición a la democracia cuando se reinstala un gobierno elegido democráticamente o cuando se reinstala la normativa del Estado de derecho y se deroga la generada por la dictadura o cuando todos los actores políticos aceptan las reglas de juego democrático. Sino que también la transición a la democracia debería haber incorporado la resolución de otros temas culturales y de derechos humanos heredados de la etapa de la dictadura. Por eso, hasta 1989, cuando se ratifica plebiscitariamente esa ley, creemos que esa etapa de transición a la democracia no había aún concluido.

En este período de 1985 a 1989, se vivía una etapa de participación popular y de optimismo democrático, de disputa conceptual sobre el modelo de desarrollo del país y sobre la democracia misma, y sobre ese optimismo de la democracia, sobre el humor, el estado de ánimo, las esperanzas colectivas, que también son parte de las situaciones políticas y sociales, va a incidir la aprobación de la Ley de Caducidad en 1986 y su ratificación plebiscitaria en 1989. Quiero señalar esto como un efecto muy importante, no estrictamente jurídico, no solamente político, de la aprobación de la Ley de Caducidad, que tiene que ver con la incidencia y efecto que esa ley tiene sobre los estados de ánimo colectivos de la sociedad en sus diferentes manifestaciones. Es muy recordado, y por los actores en primer lugar, que una vez aprobada la Ley de Caducidad, recién en 1996 se van a reiniciar acciones colectivas, las marchas del silencio, que directamente reclaman verdad y justicia sobre lo acontecido bajo la dictadura. Este es un dato significativo de lo que estoy señalando

en el sentido de la incidencia de la Ley sobre este contexto anímico de la población. El cierre de esta etapa de la transición a la democracia con la ratificación plebiscitaria de la Ley de Caducidad en abril de 1989, cierra el conflicto histórico central del Uruguay de la transición vinculado al tema de los derechos humanos, y lo cierra sin justicia y sin verdad; inscribe la impunidad en el conjunto de las relaciones sociales, políticas e interpersonales de la sociedad uruguaya, y la impunidad es un registro que se inscribe sobre la justicia, en su acepción más directamente vinculada a la justicia penal, como incide rompiendo el principio de igualdad de los hombres ante la ley, impidiendo la separación de poderes y la autonomía del poder judicial, rompiendo los principios de garantías y de preservación de la vida y la integridad física de las personas, que son la base o uno de los elementos de los principios constitutivos del Estado de derecho. Por lo tanto, la impunidad se inscribe muy fuertemente en esta concepción de la justicia en todo el período posterior al 86 y hasta el presente.

De aquí en más, durante quince años, el hacer justicia sobre las denuncias de violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, quedará a cargo, desde el punto de vista institucional, del poder ejecutivo y de la justicia militar; la misma justicia militar que en 1972 había intervenido activa y directamente en el juzgamiento de civiles por delitos políticos.

Pero, además, la impunidad se inscribe no solamente sobre el sentido de justicia sino también sobre el de la verdad, incidiendo sobre lo que realmente pasó o sucedió bajo la dictadura; rompe la posibilidad de establecer una correspondencia entre lo que la sociedad consideraba una realidad evidente experimentada bajo la dictadura, el miedo, el terror, las torturas, los asesinatos y los desaparecidos, y la demostración de esta realidad evidente en la post dictadura, rompe la posibilidad de establecer una correspondencia entre lo evidente vivido durante la dictadura, y lo demostrado a través de pruebas, testimonios, documentos y testigos en la democracia recuperada; neutraliza el principio de verdad, degrada los principios de justicia y de verdad en el Uruguay post dictadura. Entonces, públicamente surgen las muchas verdades en democracia, lo opinable, el argumento de que depende del color del cristal con que se mire, el silencio de los militares… Esta degradación de la verdad del espacio de lo público obliga a un repliegue de las búsquedas de la verdad en ámbitos menos públicos, o privados, la historiografía, el periodismo, la terapia y los afectos. En síntesis, la impunidad bloquea la posibilidad de trabajar un sentido compartido sobre el pasado reciente y un juicio moral colectivo sobre los responsables del terrorismo de estado y los crímenes de lesa humanidad. La Ley de Caducidad clausura públicamente un imaginario colectivo sobre la justicia y la verdad.

De alguna manera, como lo hemos dicho, “la Ley de Caducidad es una caducidad de la ley” en el imaginario de los uruguayos e instala diferentes desafíos a la ley que puede ir desde colgarse en la televisión cable para no pagar, hasta violentar la normas de tránsito a los efectos de subir esos desafíos y esas apuestas individuales de las personas con respecto a la ley escrita o a la ley imaginada. Y opera esta impunidad sobre los símbolos y relatos de ese imaginario de verdad y justicia, y sobre las víctimas y testigos del terrorismo de estado, los descalifica, los estigmatiza y los ignora. La democracia recuperada deja de tener fundamento ético, la impunidad, el doble discurso, el discurso mentiroso, el silencio, la convivencia pacífica entre víctimas y victimarios, el sin vencidos ni vencedores, el dar vuelta la página. Está lógica post 1989 de impunidad se extiende como una cultura al conjunto de la sociedad, ya no solo como la impunidad relacionada al no juzgamiento y a la no búsqueda de la verdad sobre los crímenes de estado, sino como una cultura irrigada a la sociedad bajo el concepto, lo hemos llamado así, de una sociedad que no asume responsabilidad de ningún tipo, una sociedad, y particularmente un sistema político, que carece de la más mínima autocrítica institucional.

Esta impunidad, en el sentido cultural, extendida a la sociedad, tiene sus antecedentes previo a 1985, por eso es tan consistente. Tiene un antecedente en la cultura del miedo bajo la dictadura que también erigió un relacionamiento interpersonal de silencios, del “no te metás”, del “no dirás”. Pero más atrás aún tiene un predicamento de esta cultura de la impunidad en la cultura del clientelismo tan asentada en las prácticas políticas y sociales del Uruguay tradicional. La cultura del clientelismo también es una red que gira en base al

chantaje y complicidades mutuas, invisibilidad, negación, encubrimientos, dependencias y conformismos; por consiguiente estamos diciendo que la instalación de esta cultura de la impunidad y las dificultades que tenemos para revertir esta situación, tiene que ver con que la misma no es un asunto desde 1976 o 1985, sino que se inscribe también en todos estos antecedentes.

Por último, para ir terminando, señalamos 1972 con la Ley de Seguridad y Orden Interno del Estado, señalamos 1985 con la Ley de Caducidad y también el 1989 con el plebiscito y ratificación de la Ley. Pero 1989 también coincide con dos factores fundamentales que van a condicionar más un poco las lógicas de la sociedad uruguaya: la caída del socialismo real y el tema de las utopías y/o alternativas a lo real existente o al capitalismo, es decir, la Ley de Caducidad va a coincidir con esta otra vertiente, y con la imposición en esos años, a fines de los 80 y principios de los 90, la imposición definitiva del neoliberalismo. Entonces, impunidad, neoliberalismo, y fin de las utopías es una coordenada muy fuerte, un cruce de caminos muy fuerte para determinar un momento diferente en la sociedad uruguaya; me animo a decir, en un contexto mayor, las prácticas, las formas de pensar, las formas de relacionarse de los uruguayos en esta democracia post dictadura.

He querido señalar estos varios aspectos, un poco desordenadamente sobre la Ley de Caducidad y sobre la cultura de la impunidad para tratar de incorporar las múltiples dimensiones, algunas estructurales, algunas individuales, a las que hay que cambiar y las que hay que combatir. Por eso, no se trata sólo de un cálculo político, no se trata sólo de electorados. Quizás esta situación más estructural de la impunidad y de lo que se ha constituido en el país logre, de alguna manera, explicar más profundamente la derrota de la sociedad en el segundo intento plebiscitario con relación a la Ley de Caducidad el año pasado. Termino diciendo que algunos avances, aún en estos contextos tan difíciles, se han logrado: la Comisión para la Paz, la asunción de la izquierda en el 2005 y la diferente interpretación de la Ley que ha permitido, en mayor medida, la actuación de la justicia, el procesamiento de responsables vinculados a los delitos por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, las investigaciones arqueológicas e históricas, la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y probablemente la sanción por esta situación en el caso uruguayo.

Finalmente, con respecto a las investigaciones históricas, que es en lo que más hemos estado involucrados, quiero señalar que luego de la primera etapa de las mismas y de los resultados que han sido publicados, hemos concluido una segunda etapa de investigaciones en archivos que abarcó cerca de un año y medio. Esa actualización de la investigación histórica publicada con acceso a nuevos archivos, algunos de fuentes de corte militar, están en manos del Poder Ejecutivo para su difusión, después que fue concluida, y que fue derivada a la Secretaría de la Presidencia para su difusión pública. En tercer lugar, que se está a punto de firmar un nuevo convenio entre la Presidencia de la República y la Universidad de la República para una tercera etapa de investigación arqueológica e histórica, a partir de febrero de 2011, iniciándose la etapa de investigación arqueológica en el Batallón 14 que fuera interrumpida a fines del año pasado. Entonces, en este sentido, la Universidad de la República a través de sus equipos técnicos continuará en este intento de búsqueda de la verdad y de justicia tan bloqueado en este Uruguay post dictadura.

La historia oficial esconde la misma lucha de los movimientos sociales antes y después de la dictadura Joana Fernandes

Quiero agradecer la invitación a la Universidad y a la Casa Bertolt Brecht. Me gustó mucho la convocatoria, con el texto sobre la Ley de Caducidad que enviaron, y me alegro de encontrarme con Ana Careaga, a quien conocí en el último Foro Social Mundial en Asunción y también con Margarita Ibáñez en esta mesa. Es fundamental que nosotros de América Latina comprendamos que la represión no fue un acto aislado; tuvo un mando a partir de los EE.UU., del gobierno norteamericano, para contener las luchas sociales y los movimientos sociales que estaban siendo desarrollados en América Latina.

Nuestra dictadura va de 1964 a 1985. Si vemos que las primeras elecciones directas fueron en 1989, podemos decir que el período de transición fue desde 1985 hasta 1989.

Considerando este período de transición la dictadura duró 25 años. Fue una dictadura larga que afecta profundamente todas las estructuras sociales. Afecta la forma como se mira, las formas cómo las personas se relacionan dentro del campo médico, dentro del campo educacional, dentro de las políticas de Estado, en todas las instituciones se promueve un fuerte autoritarismo. Un autoritarismo que continúa, que se refleja en un mirar, en una pregunta: “¿Ud. sabe con quién está hablando?”. Esta pregunta se ubica en todos los ámbitos, tanto en la relación docente – alumno, médico – paciente, en todos los campos.

Cuando Ud. va a la intendencia, para pedir un documento… se vive aún este autoritarismo.

Soy profesora de la Universidad Federal pero también militante y directiva del grupo “Tortura Nunca Más” de Río de Janeiro. Voy a hablar rápidamente de este grupo para conocer su historia y de cómo hoy estamos caminando con pasos de cangrejo, un poco para el frente.

El grupo fue creado en 1985 en el contexto de las luchas sociales que surgieron en aquel período. El grupo Tortura Nunca Mais, no es una Ong. No tiene asociación con el Estado.

Hacemos películas, revistas y libros que vendemos. Entregamos un reconocimiento cada año a diez personas que se destacan en el mundo por la defensa de los derechos humanos, con el apoyo de algunas instituciones internacionales, de eso vivimos. Por eso no tenemos deudas. ¿Por qué no hacemos ningún acuerdo con el Estado? Porque los archivos no fueron abiertos, porque hay una Ley de Amnistía que amnistía también a los militares, porque los cuerpos de nuestros compañeros aún no fueron encontrados, porque los militares no fueron juzgados ni castigados por los crímenes cometidos. Esta posición hace que seamos bastante reconocidos en todo el mundo.

Respondiendo a las preguntas que la Casa Bertolt Brecht nos envió para ordenar nuestra presentación. Comenzaré por la última, sobre cómo evaluamos la actuación del nuevo gobierno en materia de derechos humanos. No creemos que el gobierno de Dilma va a cambiar alguna cosa. En 2005 cuando nuestra nueva presidente, Dilma Roussef, era Ministra Jefa de la Casa Civil, se promulgó una nueva ley de información secreta, y quien decide si una información es secreta o no es una comisión compuesta también por militares, que ha dejado información eternamente cerrada. Eso fue una determinación de Dilma.

También fue ella quien determinó que los archivos hasta el 75, podían quedar abiertos sólo para las personas directamente interesadas. O sea, que los investigadores no podemos acceder. Yo podría investigar sólo archivos de mis parientes. Por eso, nuestra evaluación en relación al gobierno Dilma no es tan buena.

Lo que se hace en Brasil es una política conciliatoria, que intenta higienizar, limpiar las luchas sociales. La política del gobierno Lula fue una política de seducción de los movimientos sociales. Y aquellos que no son seducidos, son altamente criminalizados. La política del gobierno Lula fue de no cumplimiento de las promesas de campaña electoral, que fue la promesa de apertura de los archivos y procurar encontrar los cuerpos. Hubo programas de derechos humanos, pero cada uno fue peor que el anterior.

En cuanto al trabajo sobre la memoria. Lo que intentamos es pensar con la gente, ¿por qué hubo un golpe militar? ¿Por qué en toda América Latina? La cuestión de la memoria es fundamental. Porque la memoria oficial coloca por debajo de la alfombra las luchas sociales. ¿Por qué no habla de las luchas sociales? Porque esas luchas son actuales, permanecen hasta hoy. Nuestros parientes, padres, tíos y hermanos, murieron en 1964 y hasta 1975, por esas luchas que están presentes hasta hoy, que son la reforma agraria, la reforma educativa, la reforma tributaria, reforma administrativa, control de las ganancias, todas cuestiones que fueron banderas en la década del 40 y del 60 y continúan siendo banderas de lucha. Por eso precisan ser escondidas, no pueden ser habladas.

El golpe de estado sucede el 1º de abril de 1964 y coincide en Brasil con el día de la mentira. Por eso los militares dicen que el golpe fue el 31 de marzo. En los 21 años que duró la dictadura, sin incluir el período de transición, unas 50.000 personas fueron afectadas. Todos los luchadores sociales fueron afectados. Sindicatos, partidos políticos que fueron clausurados, estudiantes, militares de bajo rango, funcionarios públicos, intelectuales y profesionales liberales. Como dije antes, todas las instituciones reflejan la dictadura, ese autoritarismo que permanece hasta hoy.

A partir de la década del 70 nosotros tuvimos diversos movimientos, todavía con presos políticos, con muchos desaparecidos, muchos exiliados, pero un movimiento contra la dictadura surgido de las comunidades eclesiales de base. El Movimiento por la Amnistía culminó con la Ley de Amnistía en 1979; esta Ley de Amnistía fue interpretada por el Ministerio Público como una ley que consideraba el crimen cometido por el Estado en conexión con los crímenes cometidos contra el Estado. Por eso es una política conciliadora.

El concepto de conexión de crímenes en Brasil es así: si en un asalto a un banco yo mato a alguien, el hecho de matar a alguien es un crimen conexo con el crimen de asalto al banco.

Por lo tanto muchos juristas brasileños creen que no hay conexión entre los crímenes del estado y los crímenes cometidos por militantes contra el estado autoritario. Por qué no hay conexión, porque son crímenes de naturaleza diferente. En relación a esto, diversos juristas han entrado una causa contra el estado brasileño pidiendo una reinterpretación de la Ley. Dos semanas atrás, nuestro caso fue juzgado como inconsistente y que los crímenes son conexos. La Ley de Amnistía fue fruto de un movimiento grande que pedía la amnistía irrestricta, pero que en realidad fue restringida, muy específica y poco avanzó. Pero fue muy importante, porque inició la apertura y porque generó en todo el país movimientos de lucha por la amnistía. Como resultado de la Ley de Amnistía unos 500 militantes volvieron del exilio, unos 200 presos políticos fueron liberados, 7500 militares fueron considerados no culpables, muchos de ellos de bajo rango, pues en Brasil fue la elite, la cúpula, que tomó el poder, pero hay sargentos, soldados que estaban de nuestro lado. En su momento, a pesar de la Ley de Amnistía, muchos prisioneros continuaron presos y muchos funcionarios públicos y soldados no volvieron a sus lugares antes de su destitución.

También hubo un movimiento para encontrar los cuerpos de militantes desaparecidos.

Comienza en 1990, con el reconocimiento del estado de su responsabilidad por la muerte de 126 desaparecidos y creó una Comisión que existe hasta hoy. ¿Cuál es el problema? El Estado no está obligado a investigar, ni de encontrar los restos mortales, ni de juzgar a los responsables. Son las familias que tienen que buscar y presentar las pruebas de que un familiar, militante político, es un desaparecido. Un segundo aspecto, es que el período desde la Ley de Amnistía en 1979 a 1985, que hubo muchas muertes y desaparecidos, no está contemplado. Después hubo una interpretación de esta ley que amplió el tiempo y los casos comprendidos, por ejemplo que hayan sido declarados suicidios.

La última cuestión es relacionada con la apertura de los archivos. Continúan cerrados.

Tenemos los archivos estaduales y los federales. De los 27 archivos estaduales, sólo nueve han sido abiertos. Cuando los militares los entregaron, ellos metieron mano en todo.

Entonces, no se puede ni consultar esos archivos. Es una locura, porque está todo

mezclado. A pesar de ello algo pudimos rescatar. ¿Qué archivos tenemos cerrados?

Tenemos los archivos del ejército, marina y aeronáutica, tenemos los archivos de la policía federal, todos cerrados. Hay documentos que son considerados reservados. Con el gobierno de Fernando Henrique Cardoso pasaron de cinco a diez años para ser conocidos y con el gobierno Lula se mantuvo. Los documentos confidenciales, por su parte, subieron de diez para veinte años; los documentos secretos de veinte para treinta años y los ultrasecretos están cerrados eternamente.

Quiero entonces terminar diciendo que la historia oficial esconde muchos hechos. En Brasil la historia reciente no es estudiada, la dictadura no aparece en los libros escolares, sólo aparece la construcción del puente de Niteroi… el currículo escolar no contempla este período. Tenemos distribuido por todo el país los nombres de los militares en puentes, viaductos, rutas; ningún torturador fue castigado por la ley civil; los familiares son quienes tienen que demostrar la desaparición y los archivos están cerrados, además de que fue recusado el pedido de revisión de la Ley de Amnistía. ¿Qué tenemos avanzado? Hay más tesis en las universidades; hay investigación de ADN, y principalmente jóvenes de la sociedad civil, en los últimos cinco años, que no estuvieron en ese período, con veinte y pocos años, comienzan a reclamar. Desde el año 2000, se produjeron muchos documentales, films, libros, hay un boom al respecto. Ha sido muy importante que el 14 de diciembre pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Brasil.

Lo que no fue resuelto en el pasado, permanece. El foco hoy no son los sindicatos, pero tenemos hoy la increíble violencia del estado contra pobres, negros y afavelados. El estado neoliberal asume su función penal. Los medios de comunicación acompañan con el discurso de que estamos en guerra, con la excusa de que allí están los capos de la droga; pero no están allí. Los capos son parte de una elite internacional. Todos lo sabemos.

Memoria e historia. Los desafíos de la democracia post-dictadura en Chile Margarita Iglesias

Muchas gracias por la invitación a la Casa Bertolt Brecht y a la Universidad de la República.

Me parece, esta es la segunda vez que nos toca interactuar con Álvaro Rico en una discusión sobre memoria e historia. Son muy importantes estos encuentros, y tener además a Joana Fernandes de Brasil en esta mesa, y después a la colega argentina, a otros colegas chilenos y a colegas uruguayos, para que empecemos a trabajar más el diálogo en el Cono Sur. Voy a partir mi exposición desde la creencia de que lo que pasó entre la década de los 60 con el golpe de estado en Brasil y que culminó con el golpe de estado en Argentina en 1976, no fueron hechos aislados; fue una estrategia contrainsurgente, contrarrevolucionaria, que se desató en forma progresiva y que no fueron golpes de estados de pacotilla, ni monigote, ni algún que otro dictador suelto centroamericano que nos gustaba mucho mofarnos. Fue una política de estado, de terrorismo de estado, para controlar movimientos sociales y procesos de cambio ascendente de América Latina post revolución cubana. Creo que teniendo este punto de partida me permite introducir el hecho de que creo que las salidas post dictatoriales son fundamentales, no es un cambio de estado más, un cambio de derecho más, transformó al concepto mismo del estado en este punto del continente. O sea, los estados que hoy día tenemos no son los que dejamos con las dictaduras. Este es un primer asunto, y creo que ese es un tema que está muy ausente aún en nuestras discusiones y análisis cuando intentamos reclamar justicia e intentamos reclamar verdad.

Los roles de las Fuerzas Armadas y del Orden que tenemos hoy día en el siglo XXI no son los mismos de la década del 60. Creo que eso es común en nuestro continente. En mi país es muy claro, lo vamos a ver más adelante. Chile sale de la dictadura que duró 17 años y en Brasil mucho más. Todos recordamos la imagen del golpe del estado, es muy didáctica, La Moneda en llamas bombardeada por el grupo de fuerza más importante y desarrollado que tenía Chile en ese momento: la Fuerza Aérea. Hasta el día de hoy nos da horror pasar frente a La Moneda a quienes vivimos esa situación. El 11 de setiembre de 2001 esa imagen vuelve sobre las llamas del edificio y se reanudan con otro hecho histórico que es la destrucción de las Torres Gemelas de Nueva York; la conciencia mundial se remecía frente a la anterior, que era La Moneda de Chile. Esa imagen de La Moneda en llamas para mí es el término de la República y de un tipo de estado en Chile.

Creo que son hechos no menores cuando se trata de hablar hoy día de dónde estamos respecto a esto y cuáles son los desafíos. Chile vuelve a una democracia negociada. La dictadura chilena no es derrotada, es negociada. Las correlaciones de fuerzas de los movimientos de resistencia revolucionaria no pudieron impedir la negociación de un sector importante de antiguas fuerzas de izquierda, nuevas fuerzas “realineadas” –desde el punto de vista de la izquierda—y de la derecha, incluyendo a la Democracia Cristiana que hasta el año 1978 como partido político estuvo en el golpe de estado. Salvo trece dirigentes que el mismo día del golpe sacan una carta, el partido Demócrata Cristiano fue un activo participante de la estrategia golpista en Chile, y hoy día es el partido clave dentro de la Concertación por la Democracia. Creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta.

Segundo aspecto, se entra en democracia con una Constitución establecida en dictadura.

Hasta el día de hoy no la cambiaron, hicieron cuatro o cinco remozamientos no menores: el hecho de que el presidente vuelva a tener la tutela sobre los comandantes en jefe; sacar lo que ellos denominaron “senadores designados a vida”, que no eran más que la continuidad, la garantía del régimen instalado en dictadura, y pará de contar… Los chilenos y las chilenas no hemos tenido la posibilidad de decir si queremos o no esa Constitución y tampoco hemos ganado el derecho a que se nos pregunte. Al entrar en ese tipo de democracia y para no tener que penetrar en lo profundo de las transformaciones, tenemos tres hitos fundamentales de las democracias post dictadura, que son las famosas comisiones de

verdad y reconciliación o de verdad y justicia, que toman distintos nombres, que son comisiones para llegar a un acuerdo político y societal. En Chile el primero de los hitos es del año 1990 y 1991 que es conocido como Informe Rettij, que es el informe que reconoce los asesinatos, las detenciones y desapariciones; también da una explicación históricopolítica oficial. Por lo tanto, según este informe que es la “teoría del empate”, todos fuimos responsables de que llegara el golpe de estado, por lo tanto todos asumimos el costo de este asunto. Quienes protestamos contra esa verdad oficial no tuvimos la fuerza de llegar más allá que la protesta social. Ese primer informe establece entonces un modus operandi de la democracia chilena que es, a mi juicio, el que va a marcar el tipo de democracia que tenemos hoy día. No reconoce ese informe que hay políticas estratégicas en pugna, con una derecha que no va a dudar en utilizar todo el aparato del estado versus las políticas de izquierda. En el caso chileno había un gobierno de izquierda, democrático, de unidad popular que buscó un proceso de socialización, como decía Salvador Allende al “socialismo por vía democrática”, que extendió al máximo las posibilidades constitucionales y democráticas de la sociedad para establecer una propuesta de acuerdo entre esta democracia republicana representativa y la aspiración socialista de una democracia más participativa. Eso es lo que la Unidad Popular, y Salvador Allende en particular, llevan al extremo y se rompe por la vía de la decisión política del conjunto de la derecha, la cual tiene costos institucionales muy importantes.

Segundo momento o hito, es el intento—después de la aparición de este Informe y la reacción de la sociedad chilena—de establecer un diálogo de vuelta de conciliación y reconciliación respecto a una ley de amnistía que la misma dictadura se había atribuido en el año 1978, mucho antes de dejar el poder, en pleno desarrollo de los crímenes, del desarrollo de la represión con desaparición como método de represión permanente. Que no logra revertirse, dado que se vuelve a tratar de incorporar esta vez un cierto discurso desde las fuerzas armadas y del orden: entregar una verdad a medias, desde su perspectiva; pero la condición es cerrar los archivos por 50 años. Archivos que después se demostró tenían nuevamente información de trabajo de Inteligencia. Hay casos brutales de familiares que creyeron haber encontrado los huesos de sus deudos y no lo eran o no estaban. Se hicieron funerales simbólicos y después hubo que recuperar esos funerales, porque cuando dijeron que estaban en el mar no estaban, habían aparecido en otro lugar. Estas son situaciones de Inteligencia, no fueron equivocaciones. Nuevamente, no se logra establecer un cierre social y político de esta situación.

Tercer elemento, la última comisión de acuerdo societal, y que creo que con el gobierno actual va a ser la última por mucho tiempo, que es la comisión del reconocimiento de la tortura y de los sobrevivientes de la tortura. Ya no se trataba solo de detenidos, desaparecidos asesinados, sino que de sobrevivientes entre nosotros, estamos entre pares, ellos están, no se fueron, no desaparecieron. Son los testigos de los desaparecidos, son los testigos que vienen de vuelta de la represión y están entre la sociedad, entre cualquiera de nosotros; es también una amenaza. Ese es el Informe Valech, y que va a reconocer finalmente una treintena de casos, de los cuales el diez por ciento son mujeres. Mujeres que reconocen una militancia activa y ahora vengo al asunto de las mujeres en esta historia.

Creo que al ser derrotados proyectos históricos de emancipación social de los partidos tradicionales incluidos algunos de los movimientos revolucionarios, también se están derrotando proyectos masculinos, de las masculinidades societales. Las mujeres participamos activamente en proyectos diseñados universalmente por hombres, muy atractivos, muy revolucionarios, pero que en definitiva no reconocían la distinción de ser hombre o ser mujer, porque todo era en función de la liberación social y de la causa total. Al ser también derrotados esos proyectos, y por cierto de eso dan cuenta la mayoría de los asesinados desaparecidos, pero también fueron los proyectos de corte masculino universales, por lo tanto la sociedad empieza a buscar nuevos derroteros políticos y surgen nuevos proyectos políticos desde las mujeres, esta vez. El caso de las Madres de Argentina, el caso de los Familiares de Detenidos y Asesinados en Chile, también creo que se dan en Uruguay y en Brasil estas organizaciones.

El movimiento feminista es posterior, pues aquí hago también una distinción. Hay una primera reacción antidictatorial de esta parte del continente que es de mujeres en épocas de dictadura, pero no deja de ser política en el espacio público. Una propuesta política, al menos en Chile, la de estos movimientos que fueron los iniciadores de los movimientos de resistencia más amplios y más masivos desde la política en el espacio público, inmediatamente después de la dictadura, cuando todos los otros proyectos y derechos estaban confiscados. Y creo que eso es uno de los problemas inmediatos de nuestras democracias, no han incorporado la valía social y política que tienen este tipo de antecedentes desde sujetos mujeres, y que son universales, y que es otra forma de enfrentar la política. Posteriormente en los años 80, como me recordaba Joana Fernandes, se incorporan movimientos feministas muy fuertes en América Latina, también en una lucha por la democracia antidictatorial y por el derecho de las mujeres a una individualización al interior de esas luchas políticas. Ya a finales de los 80, también en estas nuevas democracias, se incorporan los movimientos indígenas. A lo menos en Chile, es la primera vez que se van a identificar como movimientos indígenas en lucha, y esto es importante porque hoy en día son los movimientos que tienen más en jaque a los nuevos gobernantes y a los anteriores también, desde el punto de vista de las luchas políticas y democráticas.

En todos estos informes que tiene también a mi entender y que van tomar distintas formas, en distintos países del cono sur, hay otro problema que no hemos analizado en profundidad.

Que cuando surge esta contrainsurgencia en la década de los 60, y se desarrolla con mucha fuerza en los 70, también se está incorporando la idea de una alianza desde el punto de vista de las fuerzas reaccionarias del orden y militares, que se materializó en la Operación Cóndor, como una respuesta a la alianza de los movimientos revolucionarios de aquella época. Es decir, que esto me lleva a concluir que no hay lucha en América Latina, no hay posibilidad de entender una democracia, si no es en un movimiento de coordinación intercontinental. No es casualidad que hayamos asistido al mismo tipo de desarrollo político estratégico y que hoy día nuestras democracias tengan las mismas debilidades o los mismos problemas. Por ejemplo, lo que hacía mención Álvaro Rico, la judicialización de los movimientos sociales y la criminalización de las demandas sociales, que es muy claro hoy día.

Por otro lado, la fragilidad de los estados que fueron estados de compromiso social, en el caso chileno, en el caso uruguayo, quizá menos en Argentina, donde está teniendo un nuevo fortalecimiento. El estado de compromiso social es aquel que está obligado a dar garantías sociales a las mayorías sociales más débiles de nuestros países. Mientras que el estado chileno hoy día, por el contrario, es un estado que tiene lo que decimos nosotros coloquialmente “la política del chorreo social”. No es que tenga políticas pública de desarrollo social, pues en época de dictadura y eso se profundizó con la Concertación, se privatizaron los servicios básicos de un estado como lo concebimos en el siglo XX, la educación, la salud, el derecho a una habitación digna, que fueron los derechos y las luchas conquistadas durante el siglo XX durante el estado de compromiso social. El estado chileno al invertir su rol estatal se vuelve a reposicionar como un agente de privilegio del desarrollo de la perspectiva de los que se apropian mayoritariamente de las riquezas, y eso ha tenido como consecuencia, a mí entender, la desigualdad, el ensanchamiento y la desigualdad en Chile como nunca antes la vimos. Si bien es cierto, Chile y los gobiernos chilenos de la Concertación y el actual, que son herederos directos de la dictadura, no hay que equivocarse, tienen un reconocimiento de crecimiento económico, pero se enmascara o no se habla de la desigualdad que ha ido creciendo en Chile. No tengo cifras exactas, pero más o menos el 5% se apropia del 40% de la riqueza, y esto significa que esa desigualdad esté aún en la base de todos los proyectos democráticos.

Una democracia que además no contempla las nuevas propuestas que surgieron post dictadura, como el caso de las mujeres. Donde se negocia finalmente a través de un Servicio Nacional de la Mujer y, cierto, se incorpora una política masiva de igualdad de género al interior del estado, pero que no tiene una consistencia institucional, puesto que con el gobierno de derecha que es electo por la población chilena—esto creo que es uno de

los temas que tienen que preocuparnos—hay una involución inmediata respecto a las medidas que tomaron anteriormente. Hay una medida que instala la Concertación, especialmente Bachelet, que yo creo que es radical e histórica y espero que no vuelva atrás, que es la instalación de la pensión a las mujeres de más de 60 años, aunque no hubiera cotizado con trabajo asalariado externo a los hogares; es decir, con eso se está reconociendo que el trabajo doméstico en el hogar tiene un valor cuantitativo y social. Eso es un cambio radical.

Creo que estos son los problemas de la democracia que hoy día están presentes y me da la impresión que son parte de los problemas en todo el continente. Qué tipo de democracia, cómo resolvemos el problema de la criminalización de los movimientos sociales y de las demandas sociales en el famoso estado de derecho y cómo establecemos una democracia participativa que dé cuenta de las demandas sociales de las mayorías, cuando el único mecanismo que tenemos hoy día es la expresión del voto universal, y éste, al menos en Chile, ha tenido una inversión política importante: se eligió a los representantes directos de la dictadura.

La Ley de Caducidad viola la independencia de Poderes Mirta Guianze

Tengo que bajar las revoluciones de todo lo que se ha hablado hasta el momento en el seminario, porque como expliqué a los organizadores de la Casa Bertolt Brecht, en mi condición de Fiscal Nacional de lo Penal de 2º turno únicamente puedo hablar de temas jurídicos. Ustedes sabrán que la Constitución nos prohíbe a una serie de personas, entre los que está el Comandante en Jefe del Ejército 1 , vamos a decir la verdad, expresarnos sobre cuestiones políticas. Por lo tanto, mi opinión o lo que tenga que decir sobre la Ley de Caducidad, tiene que circunscribirse al plano netamente jurídico. Aunque dado que lo jurídico normalmente no viene en estado puro, y después de escuchar un poco las ponencias previas, una se embala...

Pero de cualquier manera, habiendo invitados extranjeros, quiero manifestarles primero la onda vergüenza que, como personas de Derecho, tenemos de tener esta Ley todavía en nuestro ordenamiento jurídico, todavía; de haberla tenido alguna vez y de seguirla teniendo.

Porque en realidad, si miramos hacia atrás, en los últimos ocho años más o menos (porque antes no hubo nada) todas mis experiencias se vienen centrando en la forma de eludir la Ley de Caducidad, de buscarle el resquicio, de buscarle intersticios donde nos podamos meter; donde podamos, a pesar de todo, seguir para adelante y concretar investigaciones y juicios. Se suele decir últimamente, he sentido por ahí, que “la Ley está siendo perforada”.

Yo nunca vi que una ley pudiera ser perforada, y no creo que la Ley esté perforada. La Ley vive, está presente en nuestro ordenamiento y tenemos que, de alguna manera, buscar la forma de eliminarla. Es la única manera de que podamos seguir en forma idónea los juicios, porque aún con la interpretación actual del Poder Ejecutivo, la Ley de Caducidad sigue siendo un obstáculo grave para investigar las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la dictadura, y vamos primero a la génesis de esta Ley: es una ley que nació mal, que nació inválida porque su fuente es la lógica de los hechos. La lógica de los hechos es un pacto. El pacto fue celebrado entre un grupo de militares y otro grupo de políticos de distinta laya, digamos, que lo habrían formalizado en agosto de 1984. Este pacto de ninguna manera puede ser fuente de derecho y además un parlamento democrático, electo con posterioridad a ese pacto, no podía verse obligado por lo que hubieran acordado determinadas personas. Entonces, ahí tenemos el vicio originario, pero además, tenemos que ese parlamento actuó bajo la presión de los militares. Es sabido, pues surge de la discusión parlamentaria del propio texto de la Ley, que esa lógica de los hechos era realmente el desacato de los militares que no concurrían a declarar ante los juzgados y, además, era la amenaza velada de un nuevo quiebre institucional. En esa lógica de los hechos dice el Art. 1º que “esta ley se dicta a efectos de concluir la transición hacia la plena vigencia del orden constitucional”. Entonces, con esto está reconociendo explícitamente que todavía no estábamos, a pesar de que había habido elecciones, en la plena vigencia del orden constitucional y esto pasa a darle el carácter de auto-amnistía.

Esta Ley declaró que “había caducado la pretensión punitiva del estado respecto a los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales por acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto”. Acá tenemos limitaciones personales, tenemos limitaciones espaciales y limitaciones en el tiempo, que no fueron tenidos en cuenta más adelante. Para implementar esta caducidad fue que se instrumentó este mecanismo de consulta del artículo tercero, por el cual el juez debe consultar si el caso está o no comprendido en la Ley de Caducidad. Si está comprendido, como estuvieron comprendidos todos a partir de la promulgación de la Ley y durante los gobiernos colorados y blancos, ahí el juez tiene que archivar. Así se archivaron y liquidaron 1

[NdeE] Recientemente, el Comandante en Jefe del Ejército de Uruguay fue amonestado por el Ministro de Defensa, por sus expresiones negativas sobre la Ley de Interpretación de la Ley de Caducidad a discusión en el Parlamento Uruguayo.

todas las denuncias que se habían presentado hasta el año 1986 sin llegar a decisión sobre el fondo del asunto. El sistema sigue funcionando de la misma manera, no ha cambiado la cuestión porque haya otra interpretación ahora. Obligatoriamente, el Poder Judicial debe consultar al Poder Ejecutivo, y esto significa que, aún la indagatoria primaria de cualquier ilícito vinculado a estos temas, está supeditado al poder político, a lo que opine el gobierno de turno.

Como dijimos, esta ley tiene límites en el propio texto: no se aplica a los civiles, sólo a los militares; no se aplicaría a los mandos; tiene un límite temporal que llegaría hasta el 1º de marzo de 1985 y no antes del 27 de junio de 1973. Sin embargo, ustedes sabrán que en gobiernos anteriores, hechos que ocurrieron antes del 27 de junio de 1973 fueron comprendidos y los casos de desaparición forzada que se siguen cometiendo hoy día también fueron comprendidos. O sea que no se respetó, no hubo una interpretación del Poder Ejecutivo de acuerdo al texto de la Ley. Pero tampoco vamos a ser ligeros: tampoco el Poder Judicial ni el sistema de justicia reclamó que se interpretara de otra manera, porque los jueces tienen la facultad de interpretar las leyes en todos los casos y los jueces renunciaron a esa facultad. Por lo menos en el período anterior, cuando se interpretaba que los mandos no estaban comprendidos, hubo jueces que se negaron a interpretar directamente al tema, no aceptaron la interpretación que planteaban los denunciantes, ni la que aceptaba la fiscalía, incluso, de que los mandos no estaban comprendidos. Consultaron al Poder Ejecutivo, o sea, resignaron su potestad voluntariamente.

Tenemos que acordarnos que el primer caso que se planteó ante la justicia por violaciones a los derechos humanos en época de dictadura fue el caso del Canciller Juan Carlos Blanco, porque era, mejor dicho es, un civil. En este caso, felizmente el juez que intervino aceptó la posición del denunciante y la posición de la fiscalía de que no era necesario consultar al Poder Ejecutivo porque el caso de Elena Quinteros ya había sido consultado y había sido declarado comprendido en la Ley de Caducidad en el año 1985, pero eso refería a los militares. En este caso no se consultó, no hubo interferencia y aún, en gobierno del Partido Colorado en 2003, se procesó al ex - Canciller. Evidentemente como la Ley fue dictada porque los militares en ese momento presionaban y presionaban, se olvidaron que era una dictadura cívico-militar, y se olvidaron de proteger a sus aliados los civiles. Por eso mismo fue procesado Juan Carlos Blanco otra vez, y fue procesado también Juan María Bordaberry más adelante. Estos son casos en los que no hubo interferencia del Poder Ejecutivo.

Pienso que un hito que se marcó, fueron los primeros casos en que el gobierno del Dr. Tabaré Vázquez excluyó de la Ley denuncias en las cuales había víctimas múltiples, que son los casos que ustedes conocen que son los militantes del PVP [Partido por la Victoria del Pueblo] que la prensa tituló “Segundo vuelo”, aunque debe ser el “vuelo número 100”.

Después, el otro caso de militantes de los GAU [Grupos de Acción Unificadora], PCR [Partido Comunista Revolucionario], AMS y militantes del MLN-T [Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros] también. Esos casos fueron excluidos por el Poder Ejecutivo.

Pero hay que tener en cuenta una cosa, la forma de excluir los casos de la administración anterior, de la administración del Dr. Tabaré Vázquez implicó indirectamente una reafirmación de la Ley de Caducidad. ¿Por qué digo esto? Porque excluyeron por ejemplo, con fundamentación, los casos que habían sido cometidos fuera del país, o sea, detenidos desaparecidos secuestrados en Argentina. Con eso nos limitó la instrucción, porque conectado con eso tenemos desaparecidos en Uruguay, por ejemplo el caso de Blanco, desaparecido en La Tablada, está conectado con otros desaparecidos del PCR que fueron detenidos en la Argentina. El caso de Blanco quedó fuera. ¿Por qué? Quedó fuera porque el Poder Ejecutivo dijo sólo los desaparecidos en Uruguay. Después, cuando el Poder Ejecutivo dice que los mandos no están comprendidos dice también que sí lo están los subordinados, o sea que nosotros podemos ir contra los comandantes, muchos de los cuales están muertos o en situación muy precaria de salud, y no podemos ir contra los ejecutores materiales, contra las personas que realmente procedieron en el caso. Entonces,

es una interpretación también bastante peligrosa, porque el gobierno anterior nos dio pie para iniciar juicios pero a la vez nos limitó.

Eso no sucede ahora, vamos a ser sinceros, que en este gobierno que se instaló el 1º de marzo, todos los casos que se han pedido, que se han consultado acerca de si están comprendidos o no en la Ley de Caducidad, se ha respondido llanamente que no están comprendidos, con una fundamentación que va por el lado de que hay nuevos elementos de juicio y en eso tiene que ver la investigación histórica que los universitarios hicieron. O sea, es una forma de darle un motivo a la solución administrativa, una forma de este gobierno para dejar fuera incluso casos, como el del maestro Julio Castro, que habían sido declarados anteriormente como comprendidos. Esto es importante, pero no deja por eso de estar vigente el punto principal, que una interpretación más amplia de la Ley de Caducidad, que permita proceder a la justicia, sigue dependiendo del poder político y del criterio que el Poder Ejecutivo sustente en ese momento y que el Presidente tenga en ese momento. El intérprete de la Ley no es el poder judicial, no es el sistema de justicia, es el Poder Ejecutivo, y eso, esa subordinación es un obstáculo que permanecerá mientras la Ley de Caducidad siga vigente y con otro gobierno puede ser otro resultado, con otro presidente puede haber otro resultado.

Esta Ley fue la que determinó que a partir de 1986 se fuera consolidando en el Uruguay una impunidad que parecía sin fisuras hasta mediados de esta década. ¿Por qué se vio esto?

Porque estos gobiernos que se instalaron a partir de 1985 y hasta el 2005, interpretaron maliciosamente, no creo que fuera un error sino que se trató de liquidar todo lo que fuera juicio por delitos de lesa humanidad, por delitos cometidos dentro de la dictadura. No se usó la palabra amnistía porque no podían presentar proyecto de amnistía. ¿Por qué? Porque ya había sido rechazado un proyecto de amnistía presentado por el Partido Colorado en ese mismo período. No se puede presentar en un mismo período, en una misma legislatura, otro proyecto de la misma naturaleza. Utilizaron esto que es muy especial, que nadie entiende lo que quiere decir, pero ellos lo entendieron, y sí, resultó muy operativo. Explicar esto en otros lugares, en otros países, o incluso dentro de la Corte Interamericana es muy difícil, porque nadie sabe lo que es la “caducidad de la pretensión punitiva del estado”, porque al que se le ocurrió esto está muerto, pero tuvo un cerebro bastante retorcido para pensarlo. Además, tenemos que acordarnos que el Art. 4º completó este panorama dándole el Poder Ejecutivo, inicialmente, la investigación sobre los desaparecidos, sobre los niños que habían sido secuestrados, a un fiscal militar y eso fue un simulacro de investigación.

Pienso que desde el punto de vista del derecho, ya no hablemos de la ética porque creo que eso está clarísimo, la Ley de Caducidad no puede permanecer en nuestro ordenamiento jurídico, es una mancha para nuestro país, y además, Uruguay está señalado por eso, por incumplir las obligaciones contraídas internacionalmente. Los estados americanos han ido adoptando a lo largo de los años una serie de instrumentos internacionales que son la base de un sistema regional de promoción y de protección de los derechos humanos y no solo se legitima a los derechos y se los reconoce sino que, además, se han creado órganos con el cometido de vigilar el cumplimiento de esos derechos y de asegurar su observancia. Desde la declaración americana de los derechos y deberes del hombre, en todas las discusiones de la carta de la OEA, en todas las declaraciones posteriores, hasta la convención americana de derechos humanos firmada en San José de Costa Rica en 1967, Uruguay estuvo siempre como a la vanguardia de la protección de los derechos humanos; estuvo en la formación de esos instrumentos. Quiero recordar que en el instrumento de ratificación de la Convención Americana, depositado el 19 de abril de 1985 en la secretaría de la OEA, el gobierno de la República Oriental del Uruguay declaró que “reconoce la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por tiempo indefinido y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de la convención”. Es decir, Uruguay borró con el codo lo que había escrito con la mano, porque en diciembre de 1986, desconoció todas las obligaciones contraídas al aprobar la Ley de Caducidad, sin renunciar por supuesto a la Convención. En particular, violó todas las obligaciones contraídas, y vamos a enumerar algunas de las primeras. En

primer lugar, el Art. 1.1 que reza “los estados parte en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio, a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción”. El Art. 2 de la Convención establece la obligación de que “cada estado parte debe adecuar su derecho interno a las imposiciones de la convención para garantizarlos”. Uruguay hizo exactamente a la inversa, adecuó su derecho interno para no cumplir la obligación contraída. Por supuesto, viola la Ley de Caducidad derechos fundamentales como el Art. 4º “derecho a la vida”, el Art. 5º de la “integridad de las personas”, el Art. 7º a la “libertad personal”, los Art. 8 y 25 que contempla todas las “garantías judiciales”. Entonces, es una Ley que nació viciada quebrantando los derechos que nuestro país se había comprometido a salvaguardar; este vicio no puede ser subsanado por mecanismos de la legislación interna, ni Uruguay puede invocarlos para eludir el cumplimiento de sus obligaciones.

Hay dos cosas que me parece importante resaltar. Debería ser claro para todos que los derechos fundamentales no son plebiscitables, que se sustraen a la esfera de decisión política y que, como expresó la Suprema Corte de Justicia en el caso de Nibia Sabalsagaray en la sentencia en que declaró la inconstitucionalidad de la Ley, ninguna mayoría alcanzada por el Parlamento, ni aún ratificada por el cuerpo electoral, puede desplazar hacia el Poder Ejecutivo el ejercicio de la función jurisdiccional que le compete exclusivamente al Poder Judicial, salvo disposición expresa de la Constitución. Y esto es lo que hace precisamente la Ley de Caducidad. Además hay que agregar que en nuestro país no existe el referéndum ratificatorio de las leyes; no hay norma que autorice a convocar al cuerpo electoral a convalidar una ley, contrariamente a las cosas que se están manejando ahora. Dado la falta de precisión técnica de algunas propuestas que circulan o han circulado, que hablan de un nuevo plebiscito, de una ley con plebiscito. (Desconozco si lo que se propone es la reforma de la Constitución por medio de una ley constitucional, porque hay doctores de Derecho Constitucional hablando de un plebiscito que no entiendo, por medio de una ley constitucional que debe ser luego sometida a plebiscito como todas las reformas de la carta). Con esto volvemos al principio: no hay reforma constitucional que pueda anular la separación de poderes, como tampoco recoger postulados que sean incompatibles con los derechos consagrados en la declaración americana de los derechos del hombre, en especial el Art. 28 “derechos de justicia” y los Art. 1, 8, 25 de la convención que hemos citado. Esto fue señalado en el informe 29/92 de la Comisión Interamericana que es el 28 para Argentina y el 29 para Uruguay, y que acá pasó sin pena ni gloria. En ese informe se marcó claramente que “al promulgar y aprobar la Ley el gobierno no cumplió con la obligación de garantizar el respeto a los derechos comprendidos en el artículo 8.1, derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro del caso razonables, infringió esos derechos y violó la convención”. Además que “al sancionar la Ley el Uruguay dejó de garantizar los derechos estipulados en artículo 25.1, derecho a un recurso sencillo y rápido ante los jueces o tribunal competente, que ampare a las personas contra actos que violen sus derechos fundamentales, aun cuando la violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales y violó la convención”. En San José, la comisión dijo que “la obligación de investigar debe tener sentido y ser asumida por el estado como un deber jurídico propio y no como una simple cuestión de intereses particulares que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares, o de la aportación privada de los elementos probatorios sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad.” Esto lo dijo la comisión en el año 92 y no pasó nada.

En estas soluciones domésticas que se vienen manejando jurídicamente en estos días, parece primar la concepción, a mi juicio profundamente equivocada, que deposita en el voto popular la decisión de asuntos en los que el Uruguay compromete su responsabilidad internacional. Se pasa por alto que estamos hablando de violaciones a los derechos humanos, de valores universales, y que la Ley de Caducidad es violatoria, no sólo del tratado de derechos humanos vigente, del sistema regional y universal, sino que colide con el ordenamiento constitucional vigente. Si se trata de modificar la Constitución y permitir luego que un plebiscito la legitime, seriamente habrá de pensarse en las consecuencias que

eventualmente esto puede aparejar a nuestro país, en el concierto internacional dado el carácter vinculante de los tratados.

Ustedes saben que hemos recurrido, la primera vez lo hice yo y después hubo otros casos, para la excepción de inconstitucionalidad. Se suele decir que masivamente hay que promover excepciones de inconstitucionalidad, pero esta no es la solución. La inconstitucionalidad ya fue promovida en la mayoría de los casos, no podemos volver a promover otras excepciones de inconstitucionalidad y es improbable que en la mayoría de los casos se pueda avanzar por ese sistema.

Finalmente, voy a decir que la Ley de Caducidad, además, nos ha condicionado la forma de presentación de las denuncias. Acá no hay “querellas”, vamos a decir “denuncias”. ¿Por qué? Porque se está buscando, lo hacen todos los abogados, de qué forma podemos entrar por una brecha que nos deje la Ley, de qué manera podemos lograr que el juicio vaya adelante y no se frene. Pero, ¿qué pasa? Los criterios jurisprudenciales actuales son muy restrictivos, no hay hasta ahora un juicio encausado por torturas, esperemos que se dé en los próximos meses o días. Ustedes saben que sí tenemos muchos desaparecidos, pero sobre todo fue un país de tortura masiva y de prisión prolongada, y de prisión que implicó tortura también. Entonces, ¿Qué es lo que nosotros tenemos que lograr? Que la jurisprudencia llegue a recibir el criterio de crimen de lesa humanidad para la tortura.

Porque, ¿qué estamos percibiendo? Estamos viendo a las desapariciones forzadas que las transforman en homicidios y los homicidios que no han prescripto, porque hemos hecho unas creaciones un poco raras, hacemos correr el plazo de determinada fecha y después decimos que realmente era un tercio el plazo… pero se nos termina eso. La Suprema Corte de Justicia tiene para pronunciarse sobre casaciones para saber si se consideran o no crímenes de lesa humanidad los cometidos en la época de la dictadura. Creo que eso no es nada novedoso, y que Uruguay tiene que abrir la cabeza un poco al mundo y tiene que dejar esos conceptos de soberanía que están en boga por ahí. Una soberanía que hace tiempo que no la sostenía nadie, pero ahora parece que retrocedimos unos sesenta o setenta años más o menos. Entonces, esperar a ver que alguien nos presente una denuncia por torturas y podemos ver de ampliar un poco el espectro de los juicios.

Espacios para la Memoria: de la sociedad a la institucionalidad.

Ana María Careaga La verdad que me genera un enorme bienestar poder compartir esta jornada con ustedes.

Quiero agradecer a la Casa Bertolt Brecht y a la Universidad. También a los panelistas que estuvieron antes. Me parece que han abordado temas sumamente interesantes, profundos.

Se dice que acá hubo una coordinación represiva entre dictaduras en el Cono Sur, que el tema es más amplio, si se quiere, que el que nos convoca inicialmente. Me parece que la posibilidad de pensar acerca de nuestros pasados recientes, la posibilidad de debatir acerca de estas experiencias, que sea también en forma coordinada, entre estos pueblos hermanos, es una forma de avanzar para construir las distintas respuestas posibles, en esta lucha nuestra que es parte de la lucha de los pueblos.

Acá se habló sobre temas muy interesantes: el tema de la relación de los distintos movimientos con el Estado; el alcance de las democracias en América Latina; los avances, las limitaciones, ver sus cambios profundos y estructurales que requieren esos sistemas; las consecuencias actuales en el plano político, social, económico, cultural; las redes sociales desarticuladas en estos países como consecuencia de esta represión; la relación entre el pasado reciente y el presente en vías de las líneas estratégicas o las construcciones futuras; los procesos de concentración de la riqueza en manos de muy pocos en desmedro de la inmensa mayoría de la población como objetivos, en realidad, de las dictaduras. En el caso de Argentina, este proceso se dio con posterioridad al retorno de la democracia, en la época del Menemismo se generó un enorme privilegio, una concentración de la riqueza en manos de los sectores más privilegiados, entre otros en manos de los medios de comunicación.

También se rozó acá el tema de los medios de comunicación. Se habló de las consecuencias actuales de esas dictaduras: la judicialización de la protesta social, la criminalización de la pobreza, se habló de la cultura del miedo, que es otra forma, de alguna manera, que tiene que ver con el discurso de la seguridad, de la inseguridad que también está sostenido desde los medios de comunicación hegemónicos. La verdad es que también se habló acá de la necesidad de juzgar esos delitos aberrantes, estos crímenes que fueron implementados por las dictaduras, que yo creo que es una deuda pendiente para sanear esta sociedades, de alguna manera restituirles una dimensión ética a estas experiencias. En fin, es un tema muy vasto.

La idea, en mi caso, es poder contarles un poco la experiencia de la lucha del Movimiento de Derechos Humanos en Argentina. Me parece que es una forma de complementar las intervenciones anteriores. Como ustedes saben la experiencia del terrorismo de Estado fue una experiencia latinoamericana que en el caso de la Argentina se coronó con un golpe de Estado el 24 de marzo de 1976, que generó dos fenómenos particulares que fueron fundamentales para el movimiento de derechos humanos y de resistencia que se generó en la Argentina: la desaparición forzada de personas y el robo de bebés. Fue una característica singular de la represión en la Argentina que tuvo que ver con el posterior surgimiento de algunos fenómenos de resistencia que no tenían antecedentes, como consecuencias de la represión en nuestro país. El terrorismo de estado se institucionalizó y se generalizó a partir del golpe de estado, pero ya reconocía antecedentes en el gobierno de Isabel Perón con el accionar de grupos paramilitares y parapoliciales a mano de la organización Triple A. Hay una frase del General Videla que, de alguna manera, pinta lo que fue la decisión de la desaparición de personas: “En nuestro país han desaparecidos personas, esta es una tristísima realidad, pero que objetivamente debemos reconocer. Tal vez lo difícil sea explicar el por qué y vía de quién esa persona ha desaparecido.” Se calcula, según investigaciones que desarrolló inicialmente el movimiento de derechos humanos y que después se llevó a cabo a través de distintas iniciativas desde el Estado, que hay 30 mil personas desaparecidas en la Argentina, un verdadero genocidio. Hay otra frase del entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, General Ibérico Saint Jean, que de alguna manera muestra también como tenían diseñado la represión: “Primero mataremos a los

subversivos, luego a sus colaboradores, luego a sus simpatizantes, a los indiferentes y por último a los tímidos.”

Las consecuencias en nuestras sociedades fueron, además de la desaparición forzada de personas y de todos los bebés que yo mencioné—que en el caso de la Argentina tuvieron una dimensión particular—los presos políticos, los presos sociales, los exiliados y países devastados en la medida que estas consecuencias, como se dijo acá también, afectaron los lazos sociales, las redes de solidaridad y tuvieron consecuencias en el plano político, social, económico y cultural de las cuales todavía nuestras poblaciones de nuestros países están tratando de recuperarse. Nosotros hacemos un paralelo con algunos efectos en la sociedad que tuvo la experiencia del Nazismo, que fue también una experiencia reivindicada en los centros clandestinos de detención que funcionaban durante la época de dictadura en Argentina, respecto del rol de lo que fue la llamada opinión pública en nuestra sociedad. Al principio cuando se hablaba en la Argentina de lo que pasaba, se justificaba la represión diciendo: “Por algo será, algo habrán hecho”. No había quien no conociera lo que pasaba en la Argentina. Sin embargo, cuando se conoció a través de la restitución de la democracia, de los primeros gobiernos democráticos, y el conocimiento de los testimonios, fue decir: “Qué terrible, qué horror, yo no sabía nada”. Posteriormente, en la década del Menemismo, y paralelo a este profundo proceso de concentración de la riqueza, fue ahora “hay que olvidar y mirar hacia el futuro”. Esto para tratar de expresar cómo se fue tratando de revertir esto que estaba tan instalado en la sociedad argentina, en la cabeza de la gente, en las ideas.

Creo que es muy importante, no solo en Argentina. Lo mencionó Margarita Ibañez, como en todos los procesos históricos es fundamental el rol de las luchas sociales, de la lucha de los movimientos sociales y de la lucha por los derechos humanos para poder revertir esta situación.

En el caso de la Argentina hubo toda una primera etapa durante la dictadura, incluso, en donde el rol que jugaron las organizaciones de derechos humanos fue muy importante, y en particular, las Madres de Plaza de Mayo, que surgen precisamente haciendo hincapié en el tema de la desaparición, ante la pérdida de sus hijos. Ese proceso que van haciendo los movimientos de derechos humanos pasa por salir desde una posición de espontaneidad a buscar a sus hijos. Al principio no había un reconocimiento de la militancia, no había un reconocimiento de la pertenencia de esta joven generación desaparecida a los movimientos, a las organizaciones revolucionarias, que yo creo que en ese momento si las madres, los familiares y quienes buscaban desaparecidos admitían la militancia, era una forma de relación en el momento que se estaba buscando en plena dictadura.

Posteriormente, fue un proceso muy interesante el que se fue dando, porque se pasó de empezar a reivindicar y modificar esa frase “Por algo será, por algo fue” por “Sí, por algo fue.

Porque luchaban por una sociedad más justa, porque tenían un compromiso social con el cambio del sistema”. Actualmente, además, se reivindica hasta la organización de pertenencia. Ese fue un proceso muy interesante que se fue dando y que también fue traducido en esta lucha en las distintas etapas de la democracia, en estas democracias formales que todavía no se ha podido profundizar en muchos aspectos de las consecuencias económicas. En el caso de la Argentina fue muy interesante el proceso: cómo los textos de verificaciones históricas de los organismos de derechos humanos fueron tomados por el último gobierno y traducidas a políticas institucionales. Esto es interesante y vuelvo a poner el énfasis en las organizaciones sociales, porque si no –hoy hablábamos con algunos compañeros—se puede perder el eje y pensar que se lleve la medalla quien la entrega y no quienes lucharon para conseguir estos logros que realmente fueron muy importantes y siguen siéndolo, en el caso de la Argentina.

Voy a hablar de dos cuestiones que realmente costaron mucho poder modificarlas y que no es que se han modificado absolutamente, profundamente, en el seno de la conciencia social. Pero sí se ha avanzado en este sentido. Una, es la teoría de los dos demonios, que es interesante pensar como se procesa también desde el punto de vista simbólico. Por un lado, cuando se hace el Nunca Más, como resultado de la investigación de la Comisión

Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), se puede leer en su prólogo como estaba absolutamente instalada la teoría de los dos demonios. Incluso en Argentina se plantea que gran parte contribuyó el Partido Radical, el radicalismo y el gobierno de Raúl Alfonsín a la teoría de los dos demonios, esto de que se instaló y se reprimió de tal manera a costa de las organizaciones revolucionarias. Posteriormente se modificó, en la última edición del libro Nunca Más, se dejó el primer prólogo pero se modificó y se habla de terrorismo de Estado: que ningún delito o supuesto delito puede ser equiparable con los delitos cometidos desde el Estado. Ese es un gran avance porque es como la institucionalización de un discurso que hasta el momento había sido el discurso alternativo, reflejo y expresión y reclamo de los movimientos de derechos humanos y otros actores e instituciones sociales.

La segunda, por otra parte, es el tema de que la represión no tuvo como objetivo en sí mismo la represión, sino generar las condiciones de control social para poder instalar estos modelos económicos de exclusión en la región; el impulso y el sostén de esas dictaduras por parte de los EE.UU. en defensa de esos intereses económicos. Esto dejó de ser hoy un discurso alternativo; impensado antes como parte de la currícula o de determinados discursos oficiales o institucionales en instituciones educativas, culturales y demás.

Creo que estas cuestiones son muy importantes, desde la lucha de los movimientos sociales que fueron concibiendo la traducción de esos reclamos o esos discursos o el contenido político de esos discursos, en políticas públicas de memoria. En ese sentido, una de las expresiones de esos logros es la creación del Instituto Espacio para la Memoria, que es un ente autárquico y autónomo, expresión de una articulación civil entre la sociedad y el Estado, donde este último se hace cargo de su responsabilidad, precisamente, respecto a la implementación de la represión desde el Estado. Fue creado por una ley de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Como dije antes es un espacio de articulación, por lo tanto es mixto en su integración. Es inédita esta experiencia en la Argentina porque, por primera vez, quienes fueron los que lucharon para conseguir este tipo de expresiones, integran estas instancias y son los que definen las políticas públicas de memorias. Esta institución tiene como objetivo la transmisión de la memoria y de la historia de los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado, pero no aislados de su contexto sino con los antecedentes de la larga alternancia de gobiernos civiles y militares, es decir golpes de estado, contemplando también las consecuencias posteriores a esta experiencia terrorista. Una de las tareas que tiene el Instituto Espacio para la Memoria es la recuperación de los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, que fueron, precisamente, el soporte material de la represión. La idea es, justamente, poder llenar de contenido estos lugares y que no sean simplemente “espacios donde se implementaba el terror”, sino que se vean como parte de la necesidad de poder contar con estos lugares para poder llevar a cabo sus objetivos en materia también de política económica y de instaurar estos modelos neoliberales que fueron los que después se fortalecieron en la región y que, hoy, frente a esta nueva posibilidad de modificar parte de esta situación, todavía tenemos una terrible situación de pobreza que tiene que ver, precisamente, con el sistema y con la estructura del sistema, que aún falta tanto para poder modificarlas.

En la Argentina hubo más de 500 campos de concentración a lo largo y a lo ancho del país, y se calcula alrededor de 46 en la ciudad de Buenos Aires si se cuentan las comisarías, porque prácticamente toda institución pública de las fuerzas de seguridad era un virtual o potencial campo de concentración. Actualmente desde el Instituto Espacio para la Memoria estamos trabajando para la recuperación de estos sitios, y coincide con los procesos judiciales que se están llevando adelante. En este sentido también hay que decir que se avanzó mucho y que falta mucho también. Cuando trabajamos desde el Instituto, en la transmisión de la memoria, en espacios culturales y educativos, se nota frente a las preguntas y a las intervenciones de los estudiantes, o de las distintas personas que en ese momento asisten a esas actividades, todo lo que se ha avanzado en materia de conciencia, pero también todo lo que falta. También esto se puede aplicar a los procesos judiciales actuales.

El juez Rosalti, el primero que en los juicios de la Argentina puso los delitos en un contexto de genocidio, en una charla que hubo en un seminario sobre impunidad en Brasil comentaba: “Cuando estoy en la Argentina soy pesimista porque veo todo lo que falta; cuando estoy afuera, digo, todo lo que avanzamos”, porque efectivamente hoy se están juzgando algunos de los delitos cometidos y a algunos de los represores, autores materiales de estos delitos. Uno de ellos es el juicio de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), este es uno de los centros que funcionó en la Capital Federal durante toda la dictadura; pasaron por ahí alrededor de 5000 personas, la mayoría de las cuales permanecen desaparecidas. Si bien todo el predio de la ESMA funcionó en su conjunto como campo de concentración, hubo edificios que estuvieron más directamente vinculados a la represión y que están hoy bajo la órbita del Instituto, trabajando en su recuperación. Uno de ellos es el edificio conocido como “Cuatro columnas”, que en la jerga de la Escuela de Mecánica de la Armada le dio el nombre a todo el predio, está destinado hoy para contar ahí la historia del terrorismo de estado, con sus antecedentes y consecuencias. Hemos editado un libro que, como decimos nosotros, es la piedra fundamental, la base sobre la cual hacer construir este museo o espacio para la memoria que también tiene que ver la connotación de cómo se nombre, no solamente lo que pasó en la ESMA, sino poder poner la represión en contexto, como decíamos, político, social y económico. La idea es poder hacerlo en un espacio que estaba lleno de oficiales. Es el lugar que funcionó como campo de concentración propiamente dicho, donde tenían permanentemente a las personas secuestradas; la enfermería, que es una enfermería que servía a todo el funcionamiento de este predio, donde también llevaron personas que traían heridas o para otras atenciones de salud; el Pabellón Coy, donde se llevó prisioneros para hacer trabajo esclavo; el edificio automotor donde se acondicionaban los autos que salían para los operativos, y la imprenta o laboratorio que era también donde llevaban a prisioneros para hacer trabajo esclavo.

Nosotros en este lugar, por ejemplo, encontramos prácticamente intacta la sala de revelados, hasta la bombita, lamparita pintada de azul o rojo, no me acuerdo, donde se llevaba a los prisioneros para hacerlos trabajar. En este sentido quería detenerme en el sótano, que es lugar donde traían por primera vez a las personas cuando las ingresaban para torturarlas y también es el último lugar por el que pasaban cuando se los subía a los camiones para ser trasladados, es decir, arrojados con vida al mar. Algunos fotos que mostramos en nuestras presentaciones fueron tomadas por un detenido desaparecido que fue posteriormente liberado, Víctor Lasterra, que fueron un aporte invalorable para la justicia porque a este prisionero le hacían sacar fotos para hacer documentación falsa para los marinos. Tenía que hacer cuatro, una para el DNI, una para la cédula, otra para el carné de conducir, otra para el pasaporte, y hacía una quinta que la guardaba en una casa donde los militares porque si se abría con el ingreso de la luz se velaban, y las fue sacando del campo de concentración y posteriormente cuando empezaron los juicios, en el juicio a la Junta Militar, las presentó como prueba y así se pudo conocer quienes fueron algunos de los autores materiales de estos hechos. Otras fotos no las tomó él con la cámara, sino que las recogió cuando las estaban microfilmando. Cuando iba a subir el gobierno, ya después de las elecciones en los últimos tiempos de funcionamiento del campo de concentración y de la dictadura, Lasterra todavía estaba secuestrado, vio que estaban por tirar unos negativos después de haber sido microfilmados, metió la mano, sacó un puñado y también fueron presentados a la justicia. Gracias a esto, los familiares de estas personas pudieron saber que sus seres queridos habían estado secuestrados en la ESMA. Otro de los centros clandestinos de detención es el Club Atlético, que funcionó hasta el año 1977. Después fue demolido para hacer una autopista. También se consiguió su recuperación gracias a la lucha de la gente que antes de que estuviera excavado pudo ser recuperado. Todos los 24 se enciende una silueta. Aquí se hizo una investigación y se consiguieron las fotos de las personas que estuvieron secuestradas allí. Se recuperó el circuito conocido como Atlético-Banco-Olimpo; están hoy siendo juzgados algunos de los autores materiales. Hay otros lugares que menos se sabe, como los que funcionaron como centros clandestinos de detenciones de la Fuerza Aérea. Automotores Orletti, fue una de las sedes principales del Plan Cóndor. Actualmente también se están investigando algunos de

los delitos cometidos ahí, son muchos los compañeros de Uruguay que están viajando para dar su testimonio, es un juicio muy importante y bastante complejo.

Para terminar, quería hacer un recorrido muy rápido de las distintas instancias de justicia e impunidad en Argentina. Primero hubo un intento, antes de entregar el poder los militares, de una ley de auto-amnistía; esto fue rechazado por el gobierno de Alfonsín que creó la CONADEP, que derivó luego de esa investigación en el juicio a las Juntas. Posteriormente, a pesar del reclamo social y del apoyo que tuvo el gobierno de Alfonsín frente a las presiones de los militares, el Congreso finalmente sancionó las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Más tarde, el gobierno de Menem los indultó, imposibilitando los juzgamientos durante muchos años. Pero ese reclamo histórico de los organismos y movimientos sociales generó los juicios en el exterior. Se inició entonces un lento proceso que, a través de la derogación primero, de la declaración de inconstitucionalidad posteriormente, de la declaración de nulidad después de las leyes de obediencia y punto final, se logró la reapertura de los juicios que se estaban llevando a cabo. Actualmente, les voy a leer una frase de Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, porque muestra como se fueron instalando estas luchas en el plano de la justicia: “La decisión de llevar adelante los juicios de lesa humanidad es una decisión de toda la sociedad y no hay marcha atrás. Porque es una idea que ha madurado y no hay nada más poderoso que una idea a la que le llega su tiempo.” Además, el presidente del máximo tribunal dijo que “toda la comunidad instaló culturalmente el tema en la sociedad. Este proceso social tuvo como reflejo un proceso institucional progresivo y múltiple como el que hoy vemos, y no a la inversa. También afirmamos que los juicios de lesa humanidad no dependen de una coyuntura ni de una dirección, ni de la decisión de una persona que está en el gobierno. Están hoy dentro del contrato social de los argentinos y forman parte del consenso básico que tiene la sociedad”. Me parece muy importante eso porque efectivamente se ha avanzado mucho a pesar de lo que falta en este tema. El próximo 21 de diciembre estamos esperando el primer veredicto de uno de los juicios que se están llevando a cabo en ese edificio emblemático que es sede de la justicia argentina. La justicia argentina es una justicia sumamente conservadora, que fue siempre cómplice del poder y que es también muy acomodaticia. Entonces, en esta etapa que soplan otros vientos, ha habido actitudes de algunos jueces que han posibilitado esto. Durante toda la primera etapa, era un solo tribunal y una sola fiscalía, la que se hacía cargo de estos juicios, por eso tardaban tanto. Luego se creó una unidad fiscal, se creó una comisión interpoderes para supervisar los juicios y hoy en ese edificio, por lo menos hay cuatro o cinco procesos judiciales, de los cuales uno de ellos va a tener su veredicto el martes próximo.

Para retomar una de las cuestiones que decía Mirtha Guianze, es también con qué leyes se juzgan estos delitos. Pensar que la disputa que hay hoy, en estos pasillos, es poder dar ese salto y tomar las leyes universales que precisamente fueron creadas frente a las situaciones de guerra o frente a las situaciones de crímenes aberrantes y de lesa humanidad para juzgar el delito, y no con leyes que fueron hechas para juzgar delitos comunes. Ese salto que nosotros esperamos, de este juicio que el martes se va a conocer la sentencia, pues la fiscalía pidió que se juzgue sanciones por genocidio. No sabemos todavía que va a pasar.

Tengo mucho más para compartir pero voy a terminar con la esperanza de que nuevamente se haga justicia en la Argentina.

Los derechos humanos son un tema del futuro. La situación en Chile.

Cristian Cruz Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a ustedes los asistentes. Recogiendo lo que aquí se ha dicho y planteado, creo que este tipo de encuentro es relevante. Punto uno: conocer nuestras distintas realidades. Punto dos: ver las convergencias que tenemos para seguir avanzando; también nos damos cuenta qué es lo que nos ha faltado y qué se ha hecho en otro lado. Los represores se juntaron, las dictaduras, los militares, los empresarios, siempre lo han hecho y han pasado por alto las fronteras. Creo que el mundo de los Derechos Humanos, que nace con esa vocación universal, es necesario que lo haga, ya, para ver las carencias y ver hacia dónde podemos seguir avanzando.

A propósito que estoy en Uruguay, obviamente, no puedo dejar de mencionar que en Chile, al menos hasta el momento, tenemos diez ciudadanos uruguayos víctimas de la dictadura.

Nueve detenidos desaparecidos y un ejecutado. De una de esos nueve detenidos desaparecidos, Mónica del Arroyo, apareció su cadáver. La verdad es que esto fue casual.

Ella no estaba calificada ni en Chile ni en Uruguay, literalmente se la tragó la tierra. Lo que hoy día sabemos reconstruir es que ella fue detenida en el extremo norte de Chile, en la frontera con el Perú, en la ciudad de Arica. Ella llegó en 1973, de Santiago se fue hacia el norte para trabajar en el mundo académico, también haciendo de traductora en una empresa y una telefónica. Llegó el golpe de estado, fue detenida por orden de los militares, llevada a un regimiento… bueno, no voy a decir lo insufrible o lo indecible que ella sufrió. No tenemos certeza de la fecha de fallecimiento porque hay diversas; había gente que la refiere en diciembre del año 73, hay algunos que hablan del 74, y otros que hablan incluso del 75.

Entonces multipliquemos cada uno de esos días, lo que tuvo que haber pasado esa mujer.

En octubre o noviembre se le hizo un juicio por la fiscalía militar y se da la orden de libertad.

Sabemos que, porque así lo han dicho varios agentes, que en Chile se daban las libertades falsas, supongo que en Argentina y en Uruguay también. Aquellas personas que habían sido blanqueadas, que habían estado en el sistema judicial—ya sea militar o civil—obviamente había como seguirles el rastro y por lo tanto se les daba la libertad, por lo general en horas del toque de queda, salían del recinto, las estaba esperando la patrulla militar o de la policía y hechos desaparecer de manera definitiva o asesinados. En el caso de Mónica, el expediente apareció muy a mal traer en la justicia militar. Consta que se le da su libertad obviamente un día y hora que hay toque de queda, y como refiere, su cuerpo apareció en un recinto que era ocupado por los militares para ejercicios bélicos. Contarles también que este cuerpo fue encontrado por un militar cuando hacían ejercicios el año pasado, si mi memoria no falla. Hace que se detenga la tropa que está practicando, van a escarbar el desierto chileno salino, que conserva muy bien los restos humanos, y obviamente da cuenta a superiores, y así sucesivamente y en el expediente queda bastante claro que los militares hicieron lo posible por que este antecedente no saliera a la luz. Pero el militar insistió. Fue en su vehículo particular al recinto donde es desierto abierto, habló con un cura, habló con otras personas y cuando ya el alto mando se dio cuenta que el hombre por A, B o C iba a hablar, así sea con la familia, o con periodistas, o algún sacerdote, optaron por hacer la denuncia formal. A partir de ese hecho es que en realidad podemos, tanto aquí en Uruguay (que Álvaro Rico ya me había comentado este caso) como en Chile, determinar el paradero de Mónica. Hoy en día esa causa es una de las que están abiertas por un total de ocho víctimas, uruguayos desaparecidos y ejecutados en Chile. Solamente en dos procesos tenemos un total de 21 procesados correspondiente a un nivel sobre cinco víctimas, todos agentes del estado en calidad de autores de asesinato calificado y las víctimas de asesinatos calificados son cuatro hombres y una mujer. Esto en la ciudad de Santiago y en San Antonio a la orilla de las costas del Océano Pacífico.

A la luz de lo que dicen los expedientes, han estado vinculados Uruguay y Chile en el tema de los Derechos Humanos y por lo tanto también el de la represión. Me parece que hubo mucha influencia en los organismos de Inteligencia chilenos respecto a lo que hacía la

inteligencia inglesa, o la norteamericana, también la brasileña, y también la vería muy importante la uruguaya. Creo que han sido cuatro factores relevantes para la Inteligencia chilena y debe haber una retroalimentación. Le comentaba a Mirtha Guianze que al menos un oficial del ejército chileno asegura que en el exterior del Estadio Nacional, que a partir del 16 de septiembre de 1973 fue ocupado como campo de prisioneros, vio a un oficial uruguayo interrogando detenidos. Pero la verdad no tenemos la certeza, porque es solamente un testimonio y ese oficial puede estar mintiendo, llamando la atención a objeto de desvirtuar su propia responsabilidad y participación.

Al leer los expedientes me llama mucho la atención como los agentes tenían una categoría de enemigos, dentro de lo que es Chile en el 73, primero están los cubanos, después están los uruguayos, después vienen los argentinos y después el resto de los marxistas. No logro entender el odio hacia la célula uruguaya: los Tupamaros; obviamente no hacían distingo si eran del PCR o de algún otro grupo, eran “Tupas”. Incluso, dentro de lo terrible lo anecdótico, hubo quien decía los “Tupac Amaru”. Por lo tanto, toda la fuerza del Estado se va sobre ellos, creo que eso tiene que ver con lo que pasa con Mónica. Es mantenida con vida porque, claro, no había un arma, no había ninguna operación de Inteligencia o subversión, pero era uruguaya, y si era uruguaya era tupamara, y si era tupamara no la podemos dejar ir así nomás. Creo que la mayoría sale acá a través del embajador sueco en Chile que salvó la vida de cincuenta y tantos ciudadanos uruguayos del interior del Estadio Nacional, y al menos lo que aparece en los expedientes nos deja la convicción de que iban a ser fusilados, que no iba a haber uruguayos sobrevivientes que estuviesen en manos de los represores.

A propósito de la causa Víctor Jara, llegamos ahí, porque también se vincula a Uruguay. Es decir hay mucho militar que junto con mencionar a Víctor Jara y otros detenidos, refieren la presencia de ciudadanos uruguayos, incluso de un par de asesinados al interior del Estadio Nacional. Todos sabemos que allí Jara es mantenido prisionero, secuestrado y posteriormente asesinado. La verdad es que también tenemos que tomar esa información con cuidado, porque para nosotros los chilenos es fácil confundir el acento argentino y el uruguayo. Pero obviamente para el soldado de baja categoría, lo importante era decirle “mire, este es un monstruo y como es un monstruo tiene que tener cuidado.” Y ya lo dije si era un monstruo, se le podía catalogar inmediatamente de uruguayo, y por lo tanto peligroso, y el agente tenía que actuar en consecuencia, aunque fuese cubano, uruguayo o daba lo mismo si era argentino, mejicano o salvadoreño. Creo que esto es relevante.

La existencia de la Ley de Caducidad, concuerdo, es una vergüenza; como es una vergüenza el decreto de Ley de Amnistía en Chile. Yo creo que es relativamente irrelevante la ley. El Poder va a actuar de distintas maneras. En Chile el decreto ley data del año 78, y la verdad que el sistema no necesitó una nueva ley de punto final o de obediencia debida como se dio en la Argentina para fomentar la impunidad, sino lo que iba a ser el punto de inflexión del quiebre fue la detención de Augusto Pinochet en Inglaterra. Es decir, Chile pasaba una nueva vergüenza a los ojos de la comunidad internacional porque el dictador estaba paseando, el ex dictador paseando, seguramente haciendo negocios –algún día podremos saber—con el tema de las armas. Fue la valentía de las Madres argentinas, junto a ciudadanos chilenos y uruguayos que actúan en España, que obligan a la adjudicatura a actuar. Eso nos abre una puerta, no solamente en Chile, sino que también hoy en día fíjense lo que pasó en Guatemala o lo que pasó en Perú. Perú ha ido mucho más adelante, pues están detenidos Fujimori, el presidente hace muy pocos años y Montesinos, si bien es cierto no es suficiente. Incluso el actual presidente Alan García ha dicho que irá a desviar recursos para la defensa de violadores de los Derechos Humanos durante la guerra contra el terrorismo, porque se entiende que es el Estado el que les ordenó actuar, bueno también es un reconocimiento de su responsabilidad, aunque desde un punto de vista negativo.

Entonces frente a toda esta realidad insisto en la importancia de que nos juntemos, de conocer la historia. Hoy en día en Chile el Ministro de Educación ha dicho que va a recortar las horas de historia en los colegios, estamos celebrando el Bicentenario, creo en el

Uruguay también están en esa cosa. No puede ser que hablemos sólo de historia de un patriotismo, necesario quizás, común, pedestre. El color de la bandera, la comida típica, el reconocimiento de las fronteras... ¿Pero dejar pasar todo lo que han implicado estos 200 años, y para atrás de historia? Como bien lo dijo alguien antes, esto no es sólo las herencias de las dictaduras, sino un sistema que a partir de las dictaduras fomenta mucho más fuertemente la mentalidad de las personas o de las instituciones de los que detentan el poder, sino que también está toda la historia para atrás, que es en definitiva cómo se resuelven los conflictos. En Chile sucedió la matanza de la Escuela de Santa María en 1907, existe una cantata, diferentes momentos y lugares, la matanza de Puerto Montt durante el gobierno de Frei (padre), etc. Esa era la manera que se resolvían los conflictos, haciendo matanzas parceladas, con un número relativamente bajo, golpeando a movimientos relevantes; a la luz de lo que ocurrió después en el resto de Latinoamérica, parecería que ha una decisión de, bueno, es mejor dar un golpe de timón, efectivo, rápido, y orgánico.

Uruguay, junio de 1973 golpe de estado, Chile septiembre del 73, Argentina 76, aunque ya estaban actuando harto los esquemas represivos. También con la JUP [Juventud Uruguaya de a Pie] operando en Uruguay, en Chile: Patria y Libertad, y otros grupos antes del golpe. ¿Qué es lo que aprendemos? Que es el estado el que actuó, y entonces es el estado el que tiene que actuar, como nos decía Joana Ferraz de Brasil. Ella nos decía que los mismos familiares de las víctimas son quienes tienen que acreditar, o sea que el peso de la investigación recae en ellos, se les vuelve a victimizar, es un absurdo. La gente no tiene los recursos para pagar un abogado, no tienen los medios que hoy día tiene el estado, como por ejemplo en el organismo que yo hasta el 31 de diciembre trabajo, que es el Programa de Derechos Humanos. Aquí hay una diferencia en Chile, y ustedes me corregirán, que una vez que se produce el golpe, al alero de la Iglesia Católica se dedica a la defensa y la promoción de los derechos humanos, y se va sistematizando la información. Entonces en Chile podemos hablar de números. Cifras exactas. Cuántas personas fueron detenidas, cuántos recursos de amparo se presentaron, que se cuentan por miles. Cuántos recursos de amparo la Corte acogió, que creo que fue solo uno, en cuyo caso la persona igual fue asesinada y desaparecida, porque era andaluz. Toda esa información de recopilación histórica y por supuesto de antecedentes jurídicos, de decirle al Poder Judicial, “miren, ustedes no hicieron nada, ustedes fueron cómplices e incluso encubridores.” Es que tenemos un presidente de la Corte Suprema, que preguntado por los detenidos desaparecidos, dijo: “Me tienen aburrido, me tienen asqueado, no quiero saber más, no me pregunten.” Además declara un servilismo con la adjudicatura castrense. Tenemos fiscales torturando a los prisioneros, participando en el destino final de las mismas, es decir si pasaban a prisión o si eran ejecutados o si se les hacía desaparecer, de manera principal arrojándolos al Océano Pacífico, pero no era el único método.

Entonces toda esa historia hoy día sirve para hablar con cifras y datos exactos, para cambiar esta idiosincrasia de que en Chile la ley se vende en la calle. Hay voceadores que dicen “Salió la ley”, la ley de urbanismo, la ley de tránsito… Existe para nosotros esa cultura de la legalidad. Es bajo esa misma figura que la Iglesia Católica junto con otros credos, pero ellos fueron los fuertes, crearon primero el Comité pro-Paz, después la Vicaría, sin perjuicio de otros organismos de derechos humanos, con gran prestigio en el extranjero y obviamente empezaron a recopilar antecedentes. No solamente a dar un cobijo a las madres, hijas, restos de familiares de víctimas y prisioneros de la dictadura sino también a buscar fórmulas, los datos, porque esto ya sirve para la historia. Llegada la democracia, esos datos sirven como antecedente duro y hoy día al menos cuando se presenta una acción judicial por un detenido desaparecido calificado, ya nos ahorramos, el familiar o el denunciante, un tremendo trabajo porque les decís “miren, víctimas de violación a los derechos humanos.”

Encima los jueces dicen “Pero cómo, todo es pa mí”. Bueno, le dices, “mire, sabes que, pidamos el archivo a la Fundación Documentación y Archivo de la vicaria de la Solidaridad o a la Comisión Rettij.” Entonces hay una verdad histórica que obviamente es relevante. Por eso aquí yo veo las limitaciones de ver la realidad de manera parcelada, sólo lo judicial, sólo lo sociológico, sólo los análisis históricos, que en realidad nadie lo ha hecho, por supuesto.

Creo que es relevante, que nos vayamos juntando, conversando, hemos traspasado información de un sinnúmero de prisioneros y de personas ubicadas, que requería la autoridad uruguaya en el año 73 a la autoridad chilena, apareció oportunamente ese dossier, o las personas, pocos habrán sido, pero lo cierto es que esa información se entregó. No todos los requeridos estaban en Chile, por supuesto. Pero demuestra como hubo interés, incluso antes del golpe, por una categoría de ciudadanos donde las fronteras ya no podían ser un límite, solamente un estorbo, para actuar por parte de los agentes.

Están las leyes, cada cual podemos hablar de nuestra realidad, pero no podemos pasar por alto que al menos el año pasado hubo una gran campaña internacional que se llamó Última Oportunidad. También el Congreso chileno, el senado, adhirió a ella que era la última oportunidad para perseguir y condenar a los jerarcas nazis que todavía están vivos en cualquier lugar del mundo. Entonces como puede ser que un día digan “la historia no importa, miremos hacia delante”, cuando las mismas instituciones de Estado dicen “hay que perseguir a estos nazis”, que obviamente no cometieron los crímenes en nuestra América Latina sino en la primermundista Europa. Bueno, nos vamos a ir con ese discurso para la foto o vamos a ir un poco más allá. Creo que todos los que están aquí presentes, no tengo ninguna duda, pensamos que este es el camino por el cual hay que seguir avanzando.

Ahora, ¿cómo? Eso yo lo desconozco.

En Chile obviamente al haber un cambio de gobierno también hay un cambio de situación.

Donde yo trabajo la mayoría somos abogados y obviamente que no se nos va a dar el objetivo: “miren que tenemos impunidad, hágase el tonto por la causa, no trabaje…”, sino que son trabas administrativas de otra índole. “Quiere apelar, quiere pedir algo, justifique a la luz del Derecho Internacional”, lo cual es absurdo, no tiene sentido, que yo le tiro toda la ley, la Constitución y los tratados internacionales para pedir una diligencia. Para decir que tal sujeto debería ser procesado y después condenado. Si las fuerzas de los hechos, que en definitiva motivan la diligencia, están en los expedientes. Buscar la manera de cómo conseguir primero verdad y después justicia a pesar de los obstáculos legales. Obviamente que nunca la ley y la justicia van a ser un aliado en estas temáticas, siempre el derecho va a ir mucho más atrás de…y por eso al menos en Chile que el Poder Judicial no se tocó. El Ejecutivo, obviamente, con la imagen de la Moneda en llamas queda claro que fue, desapareció y se impuso uno nuevo. El Poder Legislativo desapareció, lo asumieron los militares, pero le dijeron al Poder Judicial “no se preocupen, somos amigos” y actuaron en consecuencia. Entonces, nos vamos a quedar solo con aquello o seguir buscando.

Retomando el camino de los familiares en el caso de Argentina “Madres-Abuelas” cierto, que son un ícono no solo en América Latina sino que son reconocidas en todo el mundo por aquello. Tal como el bombardeo a la Moneda era un ícono de lo que significaron las dictaduras en el Cono sur. ¿Qué vamos a hacer frente a ellos? Bueno, buscar estos caminos, fórmulas creativas, obviamente discuto que yo o alguien las tenga, pero sí creo que hemos ganado legitimidad, recordemos lo que pasó en Bolivia cuando los sectores más conservadores de la derecha atacan principalmente en Pando y en otros lugares, ataca a simpatizantes del gobierno de Evo Morales. Bueno la UNASUR [Unión de Naciones del Sur], con todas las dificultades que tiene, muestra el valor de que hayan alzado la voz. Quizás no quedaba otra frente a la evidencia de las imágenes. Pero en otra época eso no hubiera pasado. Porque hubiesen sido los revoltosos que han causado desorden… vamos a investigar, se va a crear una comisión… Eso creo que fue entre el 10 y el 14 de septiembre de aquel año. Entonces yo creo que hay que ver los pequeños triunfos, a fuerza de sangre de los que ya no están o de los que están vivos y sufrieron y retomar aquello. Porque no solamente puede quedar en aquellas personas reconstruir la historia. Soy un convencido que todos y cada uno podemos ayudar con una o dos líneas a escribirla. Pienso que toda persona y movimiento es muy importante y necesario, que ninguno es en sí mismo el motor o el eje del cambio.

Paso ahora a contarles, al menos a septiembre de este año, cómo era la situación procesal.

Si bien es cierto hubo cambio de gobierno y eso implicó que muchos funcionarios durante el transcurso de esta administración se hayan ido del Programa, por lo tanto la información que

hoy sabemos que no es cien por ciento fidedigna, a septiembre teníamos 512 procesos en todo el país. De los cuales 266 de ellos eran parte del Programa de Derechos Humanos.

Insisto en la importancia para buscar información. Cuando en una causa me dice la gente, familiares, que saben que tienen que buscar a alguien que le dicen el Tasa, no parece relevante. Pero donde hay una base de datos importante y relevante la cosa cambia. Eso es el programa, y esa es la importancia que el Estado se haga parte. No solamente que tenga abogados que puedan facilitar la gratuidad para los familiares, sino que cómo se usa esa información, cuál es la base de datos que nos permite avanzar más rápido, sino va a perder 5 años en buscar al Tasa y cuando lo encontremos va a estar muerto, que nos ha pasado obviamente.

De esos 512 procesos se refieren a unas 1262 víctimas; recordemos que en Chile la cifra y voy a redondear son 3191, entre ejecutados y desaparecidos. De aquellos tenemos al presente pues a septiembre 296 militares condenados. Militares en un término amplio.

Militares, carabineros y algunos civiles. Y de ellos no más de 60 cumpliendo prisión efectiva, y eso es una falencia, porque en el mundo de los ciegos el muerto es rey. Porque estas cifras pueden aparecer muy significativas pero apenas 60 condenados es decir que en Chile se da lo que se denomina la mega prescripción y que implica que aquellas personas condenadas a no más de 5 años tienen derecho a cumplir su pena en la casa. Que para mí es como una reprimenda: “no lo haga más, última vez”. Es una burla para los familiares, es una burla, y es un mal ejemplo, porque obviamente que el resto de los funcionarios judiciales que están bajo la Suprema, dicen bueno, para que me voy a esforzar tanto, investigar, desgastar—sabemos que no pocos tienen que ir a psicólogos para atenderse, porque esta causa es fuerte, lo que se ve, lo que se escucha, lo que se imagina. Cuando la Corte Suprema está dando señales erráticas, equívocas, de impunidad para mí. Y el universo total de agentes que han sido procesados, condenados y absueltos, según el programa son 3600 y fracción. Ahora, lo que pasa es que hay algunos que están en vías de juicio. Así que calculo que el total deben ser unos 700 a 800.

El Estado hoy día tiene unos asesores qué es lo que intentan. Miren, el general [Pinochet] no pudo ser porque estaba muy alto. Y por último están echando la culpa al general que está muerto. Pero todos los demás son los pobres conscriptos, los pobres soldados. Cuando es un teniente, es el pobre teniente, si eso no es así. Lo que podemos mostrar al menos visualmente en el caso de la Fuerza Aérea que muchos se negaron a obedecer órdenes y no tuvieron sanción. Que algunos dijeron “yo no quiero seguir en esto” y los trasladaron de dependencias de la Fuerza Aérea. Porque los tipos también interrogados dicen: “mire yo era de la Fuerza aérea y no teníamos el deber de los militares de cumplir todas las órdenes, yo no torturé, de hecho en la Fuerza Aérea estaba prohibido.” Bueno esas mismas palabras las fotocopiábamos, y ese era el testimonio y lo agregábamos a todas las causas donde estaba la Fuerza Aérea metida. Entonces ahí no podían decir, pobres militares…

Eso yo creo que nos va ayudando, no se si ustedes lo hacen o si existe la posibilidad.

Tampoco es cuestión de crear un organismo con poca gente, para que el gobierno diga: “mire, sí nos preocupábamos de los derechos humanos”. No hay que perderse y buscar maneras en la hoja del día. Esto a propósito de lo que alguien aquí señalaba: no pocos de los represores, nos damos cuenta al revisar los documentos, pasaron por la Escuela de Las Américas en Panamá. Eso también incide. Recitaron lo de la escuela de Las Américas, lo que aprendieron de los demás. En Chile tenemos la certeza de la presencia de agentes brasileños enseñando torturas. Como les dije al menos un testimonio, que no podemos corroborar, de la presencia de un oficial uruguayo en el estadio de Chile… Colonia Dignidad, que eran ex soldados, simpatizantes Nazis, que se internan a 300-350 kilómetros al sur de Santiago que también participan de manera abierta en la tortura y la represión. Colonia Dignidad es un predio, un gran predio cordillerano, donde incluso todo indica que en la noche de fin de año del 83 al 84, ellos hacen desaparecer a un ciudadano norteamericano de ascendencia ruso-judía, que parece haber sido ese el motivo de que al verlo merodeando en las inmediaciones lo detienen por supuesto y lo hacen desaparecer, pero no tenemos lamentablemente la confirmación de aquel en este instante.

Pero insisto, hay que seguir lo de Mónica del Arroyo, porque mostró que no toda la historia está escrita, y van a seguir apareciendo víctimas. A veces es difícil también el tema de los familiares, familiares que se niegan a verlo. “No, a Mónica la mató un pobre borracho”. Eso dijo un familiar en la prensa. No, no fue un borracho, no fue una pelea en una esquina a medianoche. Hay que entender el dolor de cada uno, pero el dolor de cada uno, indudablemente no puede poner en juicio el avance de la causa de los derechos humanos.

Quizás eso es también un poco lo que pasó aquí con el plebiscito. Los derechos humanos no pueden ser negociados. Eso se aprende a fuerza. Para mí hoy día es fácil decirlo.

Seguramente si hace tres meses atrás yo hubiese estado acá, estaría en la campaña: “Sra. firme, Sr. firme, no se haga el bobo.” Pero se trata de los derechos humanos, que la personas esas no son sujetos de negociación, al menos en teoría. Para eso tenemos que estar la sociedad civil unidos, conversando, comentando, traspasando informaciones. Tanto si es un aula, en las universidades o en los colegios.

Termino con esto. Hace pocos días en Chile apareció una grabación reciente, de este año, ya con este nuevo gobierno, de la policía de carabineros en la población La Legua, un sector muy marginal en Santiago. Allí un típico hombre de la esquina, que ha tenido una vida miserable, el borrachito, y que a veces los carabineros lo ubican y tienen cierto lazo, no se si decirle de amistad pero al menos de empatía. Se ve al hombre en una imagen, filmada por los mismos carabineros, al interior de un automóvil policial, cantando un rap, que se ve chistoso, con una letra contra los carabineros. A posteriori le pasan un arma policial sin balas y lo obligan a que amenace a un carabinero mientras lo filman. Luego, llaman a este carabinero como parte de la broma y le dice: “Mira, tú me estás amenazando, guárdate todos tus insultos”; el hombre le pide disculpas; el carabinero saca la pistola, lo amenaza con que lo va matar. Le pregunta: “¿te mato o querés seguir viviendo?”, discuten un poco, entonces uno de los carabineros dice: “parece que vamos a tener un desaparecido más”.

Ese es el problema de la impunidad, porque finalmente los agentes también se mofan. “¿Por qué yo?” y desde su óptica es justo. Por que si yo soy un cabo o un teniente y nosotros sabemos que mi capitán mató asesinó, torturó, por que me tiene que condenar a mí, si yo no estoy haciendo nada y qué hay de los demás. Por lo tanto el tema de los derechos humanos no es pasado, y creo que ni siquiera es presente, es futuro.

La lucha de los familiares tiene hoy mayor legitimidad social Adriana Cabrera

“Hijos de desaparecidos” supo tener una organización en algún momento, después se fue debilitando y nos pasó ahora con la campaña por la anulación de la Ley, y también con la recuperación de algunos hijos de desaparecidos como Macarena, como Mariana, como Simón, nos fue pasando que nos fuimos encontrando en distintos eventos con posiciones más o menos similares. Por ejemplo participamos en la campaña por la anulación de la ley en la parte de publicidad y de hecho hay unos cuantos hijos que ustedes los vieron en los spots televisivos, y en determinado momento dijimos que vale la pena retomar eso que había sido una organización de hijos, en esa época muy jóvenes, ahora ya estamos todos adultos.

También hubo un vínculo no solo basado en la identidad si se quiere por una marca existencial que es la desaparición de una de las figuras o de ambas figuras parentales sino también vínculos de solidaridad en el caso por ejemplo de los recuperados, que realmente uno siente que vale la pena rodearlos y estar cerca de ellos y tratar de ayudar en lo que es esa reconstrucción de la identidad que es tan difícil. Ubicarse ya de personas adultas con tanta información nueva, posicionarse en la sociedad.

Nos define, primero, el tema de la desaparición forzada. Cuando en este país se habla de la Ley de Caducidad se desatan todos los demonios. No solo los dos demonios, sino que se desatan todos, porque uno a veces piensa que hay discursos que ya no deberían estar más y siguen estando. Hay discursos que ya no deberían estar dentro de la izquierda y sin embargo siguen estando. Entonces te encontrás con cosas que se decían antes, que este tema se iba a terminar cuando estuvieran todos muertos o cosas así, que se parece mucho al enemigo. Es esa visión militarista de la realidad política. Ese tipo de aseveraciones, y a uno le parece que son cosas del pasado, pero reaparecen apenas hay algún movimiento como fue la iniciativa de anular la ley o como fue ahora la ley interpretativa. Apenas hay algún movimiento en el sistema político que tiende a avanzar sobre un tema tan importante como son los delitos de lesa humanidad y qué hacer con los delitos de lesa humanidad en nuestro país y se empieza a avanzar con esos temas que uno pensaba que eran anacrónicos y que resulta que no, que están vivos. El tema también que nos convoca a los hijos es que la desaparición forzada también está ahí. Pues nuestros padres están desaparecidos. Que es un delito permanente, no solo porque lo diga la Corte Interamericana o porque lo digan las Naciones Unidas, es un delito permanente porque no han dicho dónde están y porqué a pesar de los esfuerzos que se ha hecho por encontrar los restos de los desaparecidos, la verdad es que tenemos contados con los dedos de la mano los desaparecidos que se han recuperado y la mayoría sigue estando ahí.

No queremos decir con esto que no se han hecho esfuerzos. Nosotros creemos que efectivamente se hicieron esfuerzos por investigar, especialmente estuvo la Comisión para la Paz, con todos esos recortes que sabemos que tuvo. Que decían que “había que averiguar”, porque ni siquiera se animaban a decir que iban a investigar el destino de los desaparecidos, solamente decían “averiguar”, con la falta de recursos que se le dio a la Comisión, etc., y fundamentalmente con el primer gobierno frenteamplista también. Me imagino que el informe que presentó Álvaro Rico en la mesa de inicio fue una decisión tomada desde el Poder Ejecutivo. Investigar tanto lo que era el destino de los desaparecidos como también ubicar donde estaban los restos y creo que hubieron momentos históricos como fue cuando la sociedad entra a los cuarteles con los antropólogos y entramos los familiares. Eso ha ido como quedando en la retina de la opinión pública. Hoy preguntaba uno del público “¿se avanzó o no se avanzó?”. De repente yo tengo una visión un poco ingenua, pero yo creo que sí se ha avanzado. Y lo voy a decir como familiar de desaparecidos. Nosotros, el grupo de hijos tienen distintos integrantes. Y habemos algunos

como mi caso que yo era una adulta cuando desapareció mi papá, que tuve la super amistad con él, me educó, no tuve la ausencia de figuras parentales como en otros casos, y cuando ellos desaparecieron bueno, nosotros hacíamos campañas en el exterior y tratábamos de denunciar el tema. Era primero absolutamente desconocido y nos llevamos la sorpresa cuando volvimos al país en el 85, que la gente acá ni siquiera sabía que había desaparecidos. No estoy hablando de la gente de derecha, estoy hablando de la gente progresista, no sabían.

También nos pasó que, Ley de Caducidad mediante, éramos estigmatizados. Pero no sólo por la Ley de Caducidad. Porque como decía Cristian Cruz, las políticas no son sólo una ley, son bastante más que eso, y de repente la ley es donde se condensa una política de Estado. La política de Estado fue una política de impunidad y de asegurar la impunidad. La ley fue una de las herramientas pero hubo otras. Hubo el famoso discurso de “no tener ojos en la nuca y que había que mirar para el futuro”. Los familiares que manteníamos la bandera en alto, eran absolutamente estigmatizados. Recuerdo por ejemplo en mi trabajo, en esa época yo trabajaba en el Hospital de Clínicas, compañeras uruguayas, mujeres simples, buenas personas en su tarea, con los pacientes, no se podía decir que eran malas personas, de escuchar a Sara [Méndez] pidiendo encontrar a Simón y decir: “¡Pero otra vez esa mujer buscando al hijo!”. Que quiero decir, que ese nivel de insensibilidad se había instalado en la sociedad uruguaya a tal punto que el reclamo de los familiares era un reclamo absolutamente incómodo. No era absolutamente incómodo dentro de la gente como estas personas que yo contaba, que eran gente de pueblo, gente trabajadora…no, era incómodo dentro de la izquierda, para los frenteamplistas: “¿Qué hacemos con este tema?, ¿cómo hacemos para encarar esto?, cuando no se sabía si el Frente Amplio iba a llegar al gobierno o no. Ese tema que era un trago difícil, que se vivía como una cosa así. La idea que había quedado instalada cuando la justicia llama a los primeros militares a declarar, y ellos se niegan a declarar y a partir de ahí viene la Ley de Caducidad. Esa, la idea de insubordinación al poder civil, y ese temor, no se si de que volvieran, pero sí de insubordinación, de una democracia que ya no podía aparentar lo que era, o lo que quería aparentar. Esa idea estuvo presente y creo que todavía está presente en amplios sectores de la izquierda. Decir: “¿cómo hacer para disimular?” y prendió tanto que ahora tenemos unas fuerzas armadas relativamente sujetas al poder civil pero sigue estando como parte del discurso.

Creo que eso se ha ido superando. Primero los familiares hemos ido adquiriendo, no solo los familiares, también los denunciantes, las víctimas del terrorismo de Estado, han ido adquiriendo cierta legitimidad, que no tenían ante la opinión pública. Sabemos que entre los compañeros la tenían, pero ante la opinión pública me parece que la han ido adquiriendo.

Se fue dando a partir de esos pequeños hechos de reconstrucción de cada caso, que en parte se hicieron a través de los historiadores, con aquellos cinco tomos famosos, o de los antropólogos excavando; pero también se hace desde la justicia. Hay que saludar a Mirtha Guianze, por lo que ha aportado a la Justicia, un marco ético acorde con lo que requiere un sistema democrático, nos parece que es claro. También los pronunciamientos que se han ido repitiendo de la Suprema Corte de Justicia que por más que sean sobre casos en particular son pronunciamientos de inconstitucionalidad que antes no los había. Vale recordar que en el 88 los pronunciamientos del estado habían sido al revés, se decía que era constitucional. Bueno en el 2000 se dice que es inconstitucional. Eso es cierto, no hay avances que no puedan tener retrocesos, eso es así. Pero también es cierto que esos pequeños pasos son como signos de que en algo hemos ido caminando, y que creo que la sociedad algunas cosas ya no las tolera de la misma manera.

El resultado del plebiscito me parece que también está en ese orden. Ahí, el otro día hablando con otros Hijos tratábamos de hacer una evaluación de lo que fue el plebiscito.

Coincido con que no se deberían plebiscitar temas vinculados a los derechos humanos, que implica riesgos serios, entre otras cosas porque las mayorías no siempre están del lado del Derecho. En el Nazismo y Fascismo se demuestra que las mayorías no siempre están del lado del derecho, los procesos dictatoriales también. En algunos momentos contaron con

cierto nivel de apoyo. Más allá de esto, en relación al plebiscito, en realidad el 48% de los votos es mucho. Con el 48% de los votos tenemos la mayoría parlamentaria del Frente Amplio. Entonces uno dice con el 48% de los votos antes se elegían los presidentes.

Cuando no había balotaje. Estamos hablando de la mitad de la población uruguaya, entonces no estamos hablando de una voluntad ciudadana tibia, en absoluto, estamos hablando de una voluntad contundente. Ahora uno dice, nos faltaron tantos puntos por ciento de ciudadanía para anular esta ley que es vergonzosa. Para nosotros en realidad lo vivimos como una derrota relativa. Pero también es cierto y lo decía el otro día un compañero, bueno pero todos estos años en que se ha ido sembrando cultura de impunidad, uno no le puede pedir a la ciudadanía que actúe como si eso no hubiera pasado.

No le puede pedir la madurez a la ciudadanía que le podría pedir si no hubiera habido una prédica de 20 años, de 30 años, primero con toda la prédica dictatorial, y después la prédica del olvido. Entonces uno le reclama a la ciudadanía, muchos se calientan “¡cómo puede ser que no hayamos llegado!”. Cuando perdimos el plebiscito la gente se ponía de negro y había una sensación de luto y todo eso. Pero en realidad el 48% no es poca cosa, es mucho. Y ahí me parece que vale la pena también aclarar qué fue el otro 52%. No coincido con lo que se dice que fue una maniobra de la Corte Electoral que no nos puso papeleta por la negativa.

Si el plebiscito dice que se requiere más del 50%, no importa cuantas papeletas pongan necesitás más del 50%. Pero sí es cierto que a los efectos de objetivar lo que estaba pasando en el país, nosotros sabemos y además desde la coordinadora por la anulación de la ley se hicieron dos investigaciones de opinión. Una se hizo con la empresa Equipos Consultores, y otra se hizo con Radar. Sabíamos que había un porcentaje de gente mayoritaria que estaba en contra de la ley, que había un porcentaje minoritario, siempre fue ampliamente minoritario, que estaba por mantener la ley, y que había un porcentaje demasiado grande de gente o indecisa o de gente desinformada. Incluso nosotros hicimos toda la campaña apuntando a eso, porque como era tan amplio, teníamos hasta un perfil, nos habíamos hecho un perfil con la gente de Equipos. Del indeciso, que eran más mujeres que hombres, más jóvenes que viejos, menos nivel educacional. Está el perfil ese para tratar de que la campaña estuviera dirigida a esos sectores. Esa existencia la supimos durante toda la campaña, y esos datos están, para cualquiera que agarre y revise en Internet, los datos estadísticos que manejaba la prensa en esa época y seguramente también la manejó la derecha, porque a nosotros se nos escapan esas cosas pero a ellos no. Seguramente ellos lo hacen, ellos saben que un porcentaje muy amplio de la gente que está incluido en ese 52% no era gente que quisiera mantener la Ley de Caducidad. Si uno toma un poquito de distancia de lo que fue ese proceso, que si tenemos la mitad de la ciudadanía que es consciente de que “Nos sobra una ley”, entonces, no estamos tan mal.

También es cierto que tenemos un sistema político bastante lento. Hoy hablaban de las políticas de Estado y yo creo que no ha habido políticas de Estado contundentes sobre el tema derechos humanos. Una, empezó Batlle con una famosa Comisión para la Paz, pero así de una forma muy tímida, casi obligado porque había una presión internacional y nacional. No se olviden que estaba el juez Garzón (España) tratando de meter preso a Pinochet en Chile. Como que el avance que estaba teniendo la normativa e institucionalidad en derechos humanos a nivel internacional, era tal que se veía venir. Hay una declaración de Ramela, presidente de la Comisión, que decía “la vemos venir, tratamos de adelantarnos.” Entonces se adelantaron con esa Comisión, que la verdad que fue la primera vez que hubo una política hacia el tema y no le estoy diciendo política de derechos humanos. Sí la hubo con el gobierno de Tabaré. Pero también es cierto que fue muy tibia, fue solo al principio del gobierno y después ha faltado algo que vos digas, “bueno, esta es la identidad de estos gobiernos.” Algo que por ejemplo tuvo el gobierno de Néstor Kirchner en Argentina. Uno le podrá criticar, pero nadie podrá decir que no fue un rasgo de identidad la lucha por los derechos humanos, está clarísimo que lo fue. En el caso nuestro, la verdad es que esos demonios que decíamos al principio que se desatan, hace que todo el mundo mediatice el discurso, y que lleguen a suceder cosas como las que sucedieron hace unos meses, que en el Parlamento una de las cámaras decide votar una ley, y la otra cámara empieza a saltar diciendo que no y después resulta que se suman más, y bueno una cosa que parece de ciencia ficción.

En Hijos hubo algunos enunciados: creemos en la justicia, creemos en la justicia como reivindicación, y la creemos como valor para los derechos humanos. No creemos que sea olvidar el pasado ni nada por el estilo. Creemos sí en la justicia hacia el futuro, en la construcción de una sociedad mejor. La mayoría de los que hemos pasado por situaciones si se quiere existenciales límites, como es la desaparición forzada, la tortura, la prisión, se para ante la realidad y dice, bueno que hacemos con esto. Que hace uno. Te vas a un psiquiátrico, te deprimís, te metés abajo de la cama, que hacés con esto que te pasó que te marca existencialmente y creo que la mayoría de los que estamos hoy en Hijos, también la mayoría de los familiares, la opción que hemos hecho es hacer que esto sea, sirva para el futuro. Que esto que es una herida abierta no sea para auto flagelarse, sino que sea algo constructivo, algo que sirva para las nuevas generaciones. Y creo que la justicia tiene eso.

Tiene lo que llaman el derecho a la garantía de la no repetición de los crímenes. Aplicar lo que está en el derecho, en el estado de derecho, es para que el tipo que se robó algo no lo vuelva a hacer. Pero no puede ser que vaya preso un tipo que se robó un auto a que vaya preso una persona que se robó a otra persona. Ahí hay algo que hay que desnaturalizar.

Tenemos un proceso cultural que ha ido naturalizando la impunidad y ese proceso alguien tiene que deconstruirlo. Que no se deconstruye de un día para el otro, es un proceso que lo vemos todos los días, es más lento de lo que nos hubiera gustado pero en ese proceso queremos estar y nos vamos a mantener.

Otra de las cosas que quería mencionar era sobre los otros actores. Porque siempre hablamos del sistema político; ahora en general hablamos de los gobiernos de izquierda, de las contradicciones que han tenido. Hay otros actores políticos. Hay otros sectores para empezar, los militares no ha habido una sola autocrítica, no ha habido un solo bajarse de la doctrina de seguridad nacional. A veces algún pronunciamiento medio tibio. Los hemos escuchado en el ultimo período porque en la discusión presupuestal que se iban volando algunos, pero institucionalmente no ha habido un decir bueno esto no lo vamos a volver a repetir. Eso es necesario que haya de parte de las fuerzas armadas un bajarse de lo que fue la doctrina de seguridad nacional y asumir que tienen secretos para contar. Asumir que hay un pacto de silencio que ellos tienen información para dar y que la tienen que dar.

Uno de los actores son los partidos tradicionales. Los partidos tradicionales que sacan como engomados cada vez que la izquierda trata de avanzar un poco, como fue la ley interpretativa, en realidad tienen una complicidad con la dictadura que va más allá de la complicidad de después de la Ley de Caducidad. Fue una complicidad durante la dictadura porque acordémonos que en el Consejo de Estado había blancos y colorados. Echegoyen era blanco y formaba parte del Consejo de Estado, Uribe, Juan Carlos Blanco. Entonces uno dice hay un pacto de silencio para encubrir a los militares, yo creo que no. Que hay un pacto de silencio para auto encubrirse, porque ellos tienen las manos sucias también. Entonces acá tenemos actores que se auto protegen en realidad. Entonces saltan cada vez que hay cualquier movimiento para que la investigación se profundice, cualquier movimiento para independizar al Poder Judicial. Ahí la Constitución no les importa como decía Mirtha Guianze.

Una mención supongo que ya está el dicho sobre la Ley de Caducidad que es anticonstitucional que viola la independencia de poderes, que viola la igualdad de las personas. Ahí tenemos otro tema que nos resulta bastante incómodo. En mi caso soy de los familiares que presentamos una de las causas que permitió la condena a los militares, y sin embargo tenemos a Macarena que ha tenido que ir a la Corte Interamericana y que todavía no ha podido resolver. Eso es desigualdad ante las leyes. Cuando hablábamos de la Ley de Caducidad establece una desigualdad entre los ciudadanos, porque hay ciudadanos que son punibles y otros que no lo son. El que roba un kilo de naranjas tiene que ir preso, pero los otros que tienen poder no van. Eso que crea una desigualdad ante la ley. Ahora también hay una desigualdad de los ciudadanos ante la ley cuando se trata de las denuncias. Porque en algunos la justicia ha podido actuar y en otros casos no ha podido actuar, y eso es algo que el sistema jurídico lo tiene que resolver. No lo puede seguir manteniendo.

El mejor homenaje por los trabajadores que cayeron Lourdes Acosta Buenas tardes y muchas gracias también por la invitación. Agradecemos muchísimo esta instancia, nos toca representar una organización social. A veces puede parecer, incluso sorprender, sobre todo a los extranjeros, cómo una organización social está metida en este tema y está tan involucrada.

Hoy día hay una conflictividad donde, lamentablemente, nuestra central sindical, el PIT-CNT o Convención Nacional de Trabajadores, está pasando por un momento muy difícil; sin embargo a pesar de todo eso quiero destacar que en este tema en particular hay unanimidad. Nosotros no tenemos diferencias. Pertenezcan a la corriente político - sindical que pertenezcan los compañeros y dirigentes y militantes y los sindicatos integrantes, no hay doble discurso con este tema. Eso es una cosa importante.

Uruguay es una excepción en cuanto a la unidad del movimiento sindical, porque todos sabemos que en general es muy difícil lograr la unificación sindical en el mundo. Hay pocas experiencias, creo que somos casi el único ejemplo de un país que tenga un solo movimiento sindical nucleado en una Convención. Eso para nosotros es un valor muy importante, que se forjó fundamentalmente en la década de los 60, justamente además con una actitud tremendamente visionaria y linda en 1966, cuando al conformarse la CNT ya se olfateaba la proximidad de un golpe de estado; ya en este momento en los estatutos de la Convención se establece que frente a un golpe de estado, inmediatamente los trabajadores iniciarían una Huelga General. Ese es otro elemento histórico, ejemplar en el mundo, de un “paisito” y un movimiento sindical que se enfrentó quince días al golpe, lo cual es una gesta heroica. Realmente, los compañeros que vivieron esa época, cuando cuentan y narran la experiencia de que los militares iban y desalojaban una fábrica ocupada y de nuevo los otros compañeros volvían a ocupar sistemáticamente. Esos quince días fueron muy fuertes y marcaron de lleno y de pique, de entrada, que esa dictadura nacía huérfana de apoyos populares. Nacía realmente sola, aislada de los sectores populares. En ese sentido, cuando a veces nos preguntan “¿por qué una organización social se dedica y tiene una secretaría de Derechos Humanos y una Comisión de Derechos Humanos y Políticas Sociales?”.

Porque siempre tuvimos la concepción de que los compañeros que fueron perseguidos, que sufrieron tortura, cárcel, exilio, y el delito más aberrante que es la desaparición forzada, cayeron por ser luchadores, luchadores sociales, militantes sociales y políticos, estudiantiles. Cuando nosotros entramos a rastrear, creo que no hay ningún sindicato de los que integra el PIT-CNT, que no tenga compañeros desaparecidos, compañeros que han pasado por las cárceles, los cuarteles, el exilio. Entonces, ¡vaya si es un tema importante para nosotros! Por eso ahí no hay dos posiciones. En todos los congresos desde 1997 para acá, se ha reafirmado la importancia y el compromiso de luchar contra la impunidad. De hecho nosotros tenemos un área especial que es el área impunidad, la lucha contra la impunidad.

Además en Uruguay nos ha ayudado muchísimo que no estamos divididos en compartimentos estancos, cerrados cada uno luchando por la suya. Particularmente nosotros tenemos mucha experiencia, de muchos años de relacionamiento y de vida con los compañeros, porque somos compañeros de militancia en este tema. Siempre hemos estado coordinando con las organizaciones sociales y de derechos humanos. Cuando digo organizaciones sociales, hablo de las organizaciones clásicas de este país: PIT-CNT, FUCVAM [Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua], FEUU [Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay]. Activistas, cooperativistas, estudiantes, trabajadores sindicalizados, siempre hemos estado en contacto y coordinando acciones con las organizaciones de Derechos humanos como SERPAJ [Servicio de Paz y Justicia), AMNISTÍA INTERNACIONAL, CRYSOL, Hijos de desaparecidos, Familiares de desaparecidos, y todas aquellas personas y agrupamientos que se van dando en el correr del tiempo que se juntan y quieren sumar en esta lucha. Esto creo que es un valor, un valor

ético, una reserva moral que todavía la sociedad uruguaya mantiene y que por lo tanto nos hace redoblar el compromiso y el esfuerzo.

El PIT-CNT fue de las primeras organizaciones. Inclusive fuimos criticados cuando en la década de los 90 empezamos a presentar causas judiciales. Al día de hoy inclusive, lamentablemente luego del fallecimiento de la Tota Quinteros , una figura emblemática en la lucha contra la impunidad buscando a su hija, el PIT-CNT quedó como apoderado. De hecho el asesoramiento y la representación, la mantienen el compañero Raúl Olivera y nuestro abogado Pablo Chargonia, que es el asesor en derechos humanos del PIT-CNT. Digo esto porque en el momento no se comprendió por qué apelábamos a la justicia en el marco de la Ley de Caducidad y con todas las trabas. Sin embargo, se entendió que había que empezar a meter una brecha, a tratar de abrir ese marco de impunidad, ese manto de impunidad que estaba cubriendo a toda la sociedad.

En el año 2006, el PIT-CNT con otras organizaciones conformó la Plataforma Uruguaya de Derechos Humanos, integrada por organizaciones sociales de derechos humanos. El 19 de junio de 2006, elegimos la ciudad de Paysandú para dar una señal que el interior también existía y se comprometía, lo recuerdo perfectamente, lanzamos una campaña de sensibilización frente a la opinión pública y sobre todo a los parlamentarios y quiero destacar esto, por que hoy se nos critica mucho por qué elegimos el camino del plebiscito, los cuestionamientos que asumimos tal vez en forma autocrítica. Pero queremos recordar que apelamos primero a quienes tenían la responsabilidad política y el deber; nosotros considerábamos que en un gobierno progresista estaban las condiciones dadas para que ese Parlamento anulase la ley. Hicimos varias jornadas, recorrimos varias ciudades del interior e inclusive hicimos un lanzamiento en setiembre del 2006 en el Teatro El Galpón.

Digo esto porque nos adelantamos un año a lo que fue después la conformación de la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad. Y ahí también el PIT-CNT estuvo desde el arranque, siendo motor, poniendo todo lo que teníamos… tal vez dirán “no les alcanzó, no fue mucho lo que pusieron.” Les puedo asegurar que nos tocó ser responsables de la organización y desde mandar imprimir las papeletas hasta armar las brigadas, todo, toda la difusión, las distintas comisiones que tratábamos de coordinar acciones… realmente fue un trabajo muy arduo, donde el movimiento sindical puso lo máximo que tenía, no sólo en dinero. Pero el dinero es importante, ¡vaya si será importante, sobre todo cuando tenés unos medios de comunicación que te juegan en contra permanentemente!

Aquí hay que reconocer que tuvimos el aporte fundamental de los compañeros uruguayos en el exterior. Tenemos una comisión de uruguayos en el exterior donde los colectivos uruguayos, nos enviaban aportes, por ejemplo “Donde están” de Francia y Suiza, funcionan juntas. Por supuesto también quiero acotar que, por ahí mucha gente no lo sabe, el propio Mario Benedetti, eso lo pudimos recién publicitar después que el falleció, había un compromiso de no decir públicamente que él había donado un aporte muy importante, miles de dólares, para que la campaña pudiera tener andamiento. Debemos hacer justicia, hacer honor, la central sindica tuvo reiteradamente que poner cantidades importantes de dinero, pero fundamentalmente lo que más pusimos fue militantes. Compañeros militantes que no iban solos por supuesto.

Quiero destacar uno de los logros de esta campaña contra la Ley de Caducidad, los aspectos positivos. Porque es muy fácil darnos con un caño por no haber llegado. Los uruguayos, esto lo digo a título personal, somos una sociedad muy fóbica, porque si hubiéramos triunfado éramos todos maravillosos. Nosotros no sentimos que fuera una derrota. No llegamos a un mínimo muy alto que nos exigían de votos, el 50% más uno, de la cantidad de votos emitidos. Una de las cosas que pretendemos destacar es que logramos avanzar en el tema. Y avanzar sobre todo en la acumulación. En el proceso de acumulación de fuerzas que, ojo, en el Uruguay todo es lento. Ya lo decía Mario Benedetti, y otros autores lo destacan, somos el país del medio y medio, y todo a medias. Todo lento.

Avanzamos un poquito y retrocedemos y así vamos. Con nuestras características, con nuestros tiempos, nos cuesta, nos cuesta acumular y nos cuesta crecer. En la campaña lo que visualizamos es que a sectores que logramos conmover pero de verdad, y comprometer, fue a los jóvenes. Ahí creemos que está nuestro gran aporte y donde tenemos la reserva moral para el futuro, porque esos jóvenes que por primera vez se iniciaban en la militancia, y ¡ojo! recuerden que estábamos en medio de una campaña electoral con todo lo que eso implica, el bombardeo mediático, etc.

A los gurises de hoy no los agarrás para una militancia partidaria, por ejemplo. Es muy difícil. Teníamos juventudes partidarias que integraban la Coordinadora, pero la mayoría eran gurises que venían de la FEUU o venían de organizaciones barriales e incluso en nuestro PIT-CNT, en ese período, se forma un departamento de jóvenes. Eran jóvenes trabajadores que recién se sindicalizaban, hicieron sus primeras experiencias y nos pedían y se anotaban en todas, sobre todo para ir hacia el interior, con todo lo que eso significa, con todos los miedos que a los grandes nos causaba: “Hay que por ahí se desbandan y se mandan cualquiera”. Todos esos temores que los grandes a veces tenemos, los adultos tenemos, problemas generacionales que en Uruguay son muy marcados por ser una sociedad envejecida. Cuando el 25 de octubre estábamos en la sede del PIT-CNT, esperando los resultados, teníamos un montón de jóvenes afuera y en la explanada de la Universidad, porque ahí se iba a festejar… El sentimiento de derrota, de decepción… ¡Cómo lloraban esos gurises! Fue brutal, realmente nos conmovió a todos muchísimo, nos marcó muchísimo. De alguna manera creo que justamente eso nos hizo redoblar los esfuerzos o por lo menos mantener el compromiso de que no vamos a cejar en la lucha, de que no vamos a aflojar, que vamos a buscar todos los caminos posibles.

Entonces acá viene la otra parte, otro tema discutible. Nos preguntan si apoyamos este proyecto de ley interpretativa. Desde el PIT-CNT, salieron varias declaraciones de apoyo a esta iniciativa, en el entendido de que el objetivo es el mismo. Lo que queremos es eliminar, dejar sin efecto esa maldita Ley. Entonces el camino que sea lo vamos a apoyar. Nos dicen, pero esto no soluciona todo. ¡Claro que no soluciona todo! Pero todos sí sabemos, acá se ha hablado y hemos analizado, los escollos que significa mantener esta ley en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces para empezar a romper la impunidad en este país por lo menos hay que dar una señal y una señal muy fuerte. Entonces desde el PIT-CNT, vuelvo a insistir, con diferentes posturas de corrientes político-sindicales, en este tema los compañeros están convencidos, porque para nosotros es muy importante rescatar la memoria de nuestros compañeros, homenajearlos. El mejor homenaje es la lucha y continuar los sueños por los que ellos cayeron, que nosotros somos continuadores de eso.

En una realidad muy compleja, muy difícil con grandes desafíos pero ese es nuestro compromiso, que es lo que asumimos.

También está la evaluación que hemos hecho de por que se llegó al 48% de los votos en el plebiscito de 2009. Discrepo con Adriana Cabrera de la organización Hijos. Pensamos que nos mejicaneó la Corte, porque lo vivíamos cuando se hacían reuniones y entrevistas con integrantes de la Corte. Las “reglas del juego” en este país es algo curiosísimo: vos empezás algo pero las reglas del juego no están claras del principio. A vos te van generando decretos e instructivos a medida que transcurre la campaña, entonces vos no sabés con que te encontrás. Al principio no sabíamos con que nos íbamos a encontrar. Entonces realmente la Corte electoral tuvo una responsabilidad muy fuerte al no haber papeletas por el “No”. Por ejemplo, convivo con muchas personas que me dicen: “ah, yo pensé que no pasaba nada si no metía la papeleta, como no estaba bien informada, entonces no puse nada.” Entonces la desinformación y el papel totalmente contrario de los medios de comunicación fue para nosotros, lo hemos evaluado en encuentros inclusive con las otras organizaciones, el factor fundamental que nos llevó a no haber alcanzado el porcentaje, el objetivo. Me resisto a decir que fue un fracaso, porque vamos a ver, en este paisito chiquito de morondanga—lo digo con todo cariño y respeto—tenemos un país chiquito para la comunidad internacional, apenas 3 millones de personas ¡un millón cien mil votos no son poca cosa, no son poca cosa!

Vamos a ver los aspectos positivos para tratar de sumar, para tratar de seguir acumulando, de seguir empujando y creemos que ahora el tema se juega en la cancha del Parlamento.

TenĂ­amos esperanzas y las seguimos manteniendo y vamos a seguir presionando sobre eso, no les quepa la menor duda que no vamos a cejar en los esfuerzos para que esta Ley caiga y va a caer. MĂĄs temprano que tarde va a caer.

Una batalla de largo aliento contra la impunidad Gastón Grisoni

Queremos agradecer en nombre de CRYSOL, a la Casa Bertolt Brecht, el habernos invitado a participar en este seminario con este nombre “Nos sobra una ley”. Pensamos que título ya es de por sí significativo, es un acierto. Porque si hay algo que está claro, y tendemos cada vez más a tener claro, es que la Ley de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado es una ley que obviamente sobra, que está demás en un Estado democrático.

Se puede visualizar desde varias perspectivas, la inconstitucionalidad de la Ley. Sometimiento del Poder Judicial a los designios del Poder Ejecutivo, contrapone el principio democrático de la separación de poderes. Esto no es una idea de un militante de CRYSOL, esto era una afirmación que hacía el Dr. Tarigo en otra época, por otro tema. Tarigo, periodista, abogado, ex – vice-presidente de la República por el Partido Colorado, ya falleció hace varios años. Cuando un Estado está sometido a otro y cuando un Poder del Estado está sometido a otro, no hay una plena vigencia del Estado democrático y eso sigue ocurriendo acá en este país, más allá de que haya una predisposición del actual Poder Ejecutivo de habilitar, en principio, todas las causas.

CRYSOL es la asociación de todas y todos los ex - presos políticos, con lo que eso significa en un país como el Uruguay donde hubo miles de presas y presos políticos. Nosotros tratamos de agrupar y representar en toda su variedad multifacética, de género, de edades, de corrientes políticas, trayectorias carcelarias; porque tenemos que representar a quienes estuvieron en los penales más conocidos como Punta de Rieles o Libertad, pero también está Prefectura, el FUSNA, la cárcel de Tacuarembó, Punta Carretas, los cuarteles, las diferentes variedades de prisión y las posteriores trayectorias. Tenemos eso sí una característica, es que varios socios, supuestos asociados nuestros, ocupan cargos privilegiados de gobierno. Algunos son más afines a nuestra asociación que otros, obviamente, y a algunos tenemos ganas de desafiliarlos en cualquier momento. (Risas) Pero tenemos un diálogo fluido y obviamente no compartimos o ellos no comparten las posiciones del gremio. Pero eso ocurre en todos los gremios y en todas las instancias.

Pero lo cierto es que nosotros en CRYSOL, a 21 años del plebiscito del año 89, estamos llegando a la conclusión de que la batalla por anular la impunidad es una batalla de largo aliento. A 21 años seguimos batallando. Pensamos que los esfuerzos no han sido en vano.

Si bien, como dice el dicho, en Uruguay todo ocurre más tarde que en otros países, unos 10 años después, lo cierto es que hemos venido avanzando. La realidad que tenemos al día de hoy, no es la que querríamos tener obviamente, pero era también una realidad difícil de concebir en abril o mayo del año 89, por ejemplo. Pensar en el año 89 que en algún momento Juan María Bordaberry iba a estar preso, que Juan Carlos Blanco iba a estar preso, que el “Goyo” Álvarez iba a estar preso, que Gavazzo iba a estar preso, uno lo mencionaba en cualquier reunión gremial y el primer comentario era internarlo en el Portal Amarillo, para que dejara la adicción a las drogas (risas). Sin embargo, hoy tenemos esa realidad, se ha avanzado, ha habido pronunciamientos legales por parte del Estado.

No estamos satisfechos con la magnitud y el contenido de las leyes, pero lo cierto es que el año pasado se logró la promulgación de la Ley 15.896. El gobierno hizo una ley de reparación que reconoce la actuación ilegítima por parte del Estado desde el 13 de junio del año 68. La fecha es un reconocimiento: el 13 de junio del 68 fue el día que Pacheco Areco implantó acá en Uruguay las medidas prontas de seguridad, para reprimir al movimiento sindical, a los trabajadores. Las medidas prontas de seguridad cuando se instalan no son para reprimir a la guerrilla, son para reprimir al movimiento sindical y a las pocas semanas son asesinados estudiantes que manifestaban contra la intervención en secundaria, lo cual es un mentís importante cuando se habla de la teoría de los dos demonios, tan sustancial a los partidos tradicionales y no solamente a ellos. Acá la represión al movimiento popular

empieza en el año 68 descaradamente y está orientada, dirigida, a reprimir las actividades sindicales; porque las fuerzas insurgentes o aquellos grupos que hacían políticas con armas, aún en ese momento, no tenían la significación que van a pasar a tener cuando se desencadena la represión. No es una opinión es un hecho histórico.

El año pasado se terminó de aprobar una ley que establece que es la responsabilidad del Estado y que el Estado uruguayo va a pasar a otorgar a quienes lo soliciten un documento oficial que reconoce su carácter de víctimas. La Comisión, en que participé en nombre de CRYSOL, en estos días ha entregado el documento que corresponde a Claudio Tabares, que es un testigo por la causa por el asesinato y desaparición de Julio Castro; también le hemos adjudicado documento de víctima de la actuación ilegitima y/o del terrorismo de Estado a Ricardo Zabalza Waksman, Su nombre está en disputa en la colocación de una placa en el liceo de Minas, porque está comprobado de que Ricardo Zabalza, si bien participó en el intento de la toma de Pando integrando un grupo armado, fue ejecutado por las fuerzas represivas. Independientemente del accionar de las personas, los Estados no pueden ni torturar, ni asesinar, porque esas cosas no están habilitadas por lo menos dentro de las normas uruguayas.

Un aspecto que nos interesa mucho desde la perspectiva de CRYSOL, como asociación de víctimas del terrorismo del Estado, con respecto a la Ley de Caducidad, no es sólo su carácter inmoral e inconstitucional, pero tiene para nosotros en nuestra perspectiva un carácter muy marcado: es una ley de amnistía no encubierta para crímenes que, en la perspectiva de las sociedades democráticas afirmadas en los derechos humanos, no pueden ser amnistiados. La Ley de Caducidad es una amnistía no declarada, no cumple la formalidad de una amnistía como ya lo dijo la Suprema Corte, pero en definitiva implica un no reconocimiento de delitos que la comunidad internacional y el propio Estado uruguayo ha consagrado que son inamnistiables, como son la desaparición forzada, los asesinatos políticos y la tortura. La tortura es un delito de lesa humanidad, imprescriptible e inamnistiable, tanto de la perspectiva de las normas internacionales de derechos humanos y lo que se aplica en el mundo entero, como desde el punto de vista de la normativa uruguaya y la ley 18.026, de setiembre de 2006, que tipifica y penaliza como delitos en la normativa uruguaya estas acciones por parte del Estado. Esto no quiere decir que no se pueda aplicar hacia atrás, porque hacia atrás las diferentes normas ya consagraban y prohibían la tortura.

Simplemente que la ley 18.026, lo que hace es especificar la pena que le va a corresponder a la persona que incurra en esos delitos.

Desde la perspectiva de CRYSOL pensamos que es importante remarcar, en un Estado democrático y una sociedad democrática mirando hacia el futuro, que hay delitos que son de lesa humanidad y que pretenden ser amnistiado y que es inadmisible desde esta perspectiva y que es la perspectiva que no aceptan los partidos tradicionales, las corrientes prioritarias, que eso es un elemento a tener en cuenta. Siguen sin aceptar que los Estados tienen que defender los derechos humanos y garantizar la plena vigencia y el goce de eso, no solamente los Estados no deben torturar, deben asegurar que esas cosas no ocurran.

Pensamos que ese es un rasgo que hay que darle batalla para sacar la Ley. O por lo menos nosotros le damos importancia, desde nuestra perspectiva muy limitada y muy consciente de lo que somos organizacionalmente: un colectivo en general de personas adultas, adultas mayores. Eso entonces también interfiere en lo que es la movilidad del colectivo. Pero desde esa perspectiva siempre hemos acompañado y acompañamos y estuvimos junto con el PITCNT y otras organizaciones sociales en la batalla por el plebiscito.

Nosotros evaluamos positivamente haber participado en el plebiscito. Lo llamemos derrota o no, lo cierto es que pretendíamos tener los votos suficientes para sacar la Ley de Caducidad mediante la reforma de la Constitución. No lo logramos, pero lo cierto es que se logró desarrollar en la vida política uruguaya un movimiento muy interesante, que puso arriba de la mesa, arriba de la agenda política nacional, algunos temas que si no se hubiera llevado adelante la campaña por el plebiscito capaz que no estaban. Entonces mirándolo desde esa perspectiva y sabiendo que no se lograron, ahora es muy fácil cuestionar lo que iba a pasar.

Si nosotros hubiéramos tenido con Lourdes Acosta los resultados seguramente no lo íbamos a empujar pero en aquel momento cuando el Pit-Cnt, cuando CRYSOL y otras organizaciones promovimos la campaña teníamos la sana esperanza de que íbamos a poder superar la meta. Estuvimos muy cerquita y lo cierto es que la temática de la verdad, la temática de la justicia se logró poner arriba de la mesa, se logró llegar a ámbitos donde no habíamos llegado. Nos sorprendió enormemente la presencia juvenil, que tomaron estas banderas a pesar de no haber vivido los acontecimientos y de haber sido educados en una enseñanza que promovió la cultura de la impunidad e ignoró la educación histórica sobre lo que había pasado. Como decía María Esther Gatti 2 : “Jamás hay que perder la esperanza ni la decisión de luchar” y seguiremos batallando. Hace 21 años que venimos batallando, 20 años más les podemos dar seguro.

2

Fundadora de la organización de Familiares de Desaparecidos, recientemente fallecida. Logró encontrar a su nieta, Mariana Zaffaroni, secuestrada al poco tiempo de nacer, pero no a su hija y yerno.

Cierre del seminario Casa Bertolt Brecht

Lo primero a señalar es que este seminario ha dado una visión, siempre parcial, de lo que está sucediendo en el Cono Sur en la lucha contra la impunidad post - dictaduras, la memoria del pasado reciente y la construcción de un nuevo pensamiento sobre la garantía de los derechos humanos en nuestros países de la región. Nos faltó Paraguay. Hicimos algunas consultas pero no logramos identificar la persona adecuada para que participe. A partir de este seminario, seguramente tengamos mejor conocimiento de redes y organizaciones para una próxima oportunidad.

Lo segundo, es que en todas las presentaciones e intervenciones se manifestó que aún no estamos satisfechos con los procesos por verdad y justicia, que no es suficiente. Sin embargo, hay un reconocimiento de avances, incluso en Brasil, donde parece más demorada la respuesta oficial. Que esta lucha por la memoria, por la justicia, ha encontrado brechas, ha encontrado formas de poder emerger y trasmitirse entre generaciones. Hay optimismos que son necesarios para las luchas.

Tercero, hace falta una mayor coordinación oficial entre países para la recuperación e intercambio de información sobre tortura, desaparición y juicios. También una mayor coordinación en el movimiento social y entre los técnicos especialistas.

Cuarto, para el caso de Uruguay, hemos intentado juntar las voces de activistas, de militantes, de académicos y abogados. Nos vamos satisfechos de que el título de la Jornada generó consenso: Nos Sobra una Ley. Quizá es el nombre de una próxima campaña desde la sociedad civil.

Finalmente, la Jornada Nos Sobra una Ley se ha logrado por el apoyo solidario de la Fundación Heinrich Böell, como lo han visto en el programa y afiches. Agradecemos el auspicio. Nos parece importante como organizaciones sociales, intentar influir también en las líneas de trabajo de la cooperación internacional para que Sudamérica y la sub-región del Cono Sur, con el Brasil incluido, podamos trabajar en conjunto.