POSICIÓN INSTITUCIONAL Área de Reforma Política Noviembre 2011 Número 2
Nombramiento del Ministro de Seguridad Pública. Un pasado siempre presente. Una de las contribuciones de los acuerdos de paz fue la adscripción de la Defensa Nacional y la Seguridad Pública a Ministerios diferentes. La lógica que subyace tal separación obedece a la adecuada delimitación de las competencias de cada institución atendiendo su origen y finalidad. La institución armada fue creada para la defensa de la soberanía nacional y, por lo tanto, escapa a la concepción y objeto de dicha institución el encargarse de la seguridad pública. Debe de tenerse en cuenta que la cosmovisión del militar está fundamentada en principios que en muchos aspectos riñen con los democráticos; la jerarquía, rigidez, autoridad y obediencia sin discusión, son rasgos propios de este pensar militar. Del autoritarismo militar siguen latentes los abusos y violaciones a los derechos humanos que en el pasado cometió el estamento militar cuando se encargaba de la seguridad pública. Si se observa lo anterior, puede comprenderse la necesidad que motivó la creación de un ministerio con una correcta concepción de Seguridad Pública.
20 años de fracasos en seguridad pública. Fieles a la tradición autoritaria, los 4 gobiernos anteriores optaron por la represión como la lógica que fundamentaba la estrategia de seguridad pública. Por esa razón los planes de seguridad contaban con un alto contenido represivo- mano dura, súper mano dura- para combatir el crimen. Esto incluyó el fortalecimiento de los aparatos represivos del Estado. Los resultados, como era de esperarse, no fueron para nada positivos, pues el país es de las naciones más violentas del mundo. El fracaso estribó en no crear un verdadero plan de seguridad pública que, junto con la adecuada persecución y represión del delito, tuviera un enfoque de prevención del mismo. Enfocarse en la prevención implica ir al fondo de la problemática social que genera la inseguridad social. En concisas palabras, es ir a las causas estructurales, económicas y sociales, que hacen que El Salvador sea un país inseguro.
www.isd.org.sv Acá, mucho tiene que ver la descomposición del tejido social, debido a las precarias condiciones de vida que niegan el acceso a la adecuada satisfacción de los derechos de la población. El Salvador es excluyente de sus ciudadanos, y éste es un hecho irrefutable. Acabar con la inseguridad conlleva eliminar las causas de la exclusión social, significa ampliar las oportunidades a los más desfavorecidos, y abolir la inequitativa distribución de los ingresos. Obviamente este proceso toca intereses económicos de las élites. Y ese es el principal problema: La negativa de dicho sector social a acabar con las inequidades presentes en El Salvador. No debe de obviarse que la historia salvadoreña está signada por una cultura de la violencia, la cual está presente en todos los sectores sociales. La violencia en el país está institucionalizada como forma de vida y como medio de resolución de conflictos y esto es otro valladar que hay que considerar.
El cuestionado nombramiento. Luego de dos semanas de acefalia, finalmente se concretizó la designación del General Munguía Payes como titular del Ministerio, generando un crispado debate en torno a la conveniencia, legalidad y constitucionalidad del nombramiento del nuevo Ministro. En este debate debe de ponderarse el rumbo que la aludida cosmovisión militar pueda dar a dicha cartera. Y eso último da lugar a formular las principales dudas que asaltan con el nombramiento del Ministro Payes: ¿Qué rumbo seguirá la seguridad pública? ¿Seguirá la receta fracasada de la represión que por 20 años los gobiernos anteriores llevaron adelante? ¿Se privilegiará la represión en detrimento de la prevención? Estas preguntas son válidas dadas las cada vez más apremiantes condiciones de inseguridad de la familia salvadoreña. Si el Ministro llega con una concepción militar de la seguridad pública, es decir, siguiendo una línea represiva, las estrategias que se conciban dejarán de lado el ataque a las causas de exclusión social que generan la inseguridad ciudadana. El nuevo ministro debe procurar un plan de seguridad pública que fortalezca la persecución del delito, y que, además, potencie de manera consistente la prevención, atacando las causas estructurales de la violencia en el país. En esta etapa se requiere de la participación decidida de las otras instituciones estatales, gremiales y sociedad en general. De no ser así, significará seguir en el círculo vicioso que empantana el efectivo combate de la inseguridad pública.