Revista de Estudios Sociales No. 54

Revista de Estudios Sociales No. 54

Revista de Estudios Sociales Dirección: Cra 1a No 18 A-10, Ed. Franco, of, GB-417 Teléfono: (571) 339 49 49 ext. 4819 Correo electrónico: res@uniandes.edu.co Periodicidad: trimestral Páginas del número: 240 Formato: 21.5 x 28 cm.

Tiraje: 500 ejemplares Precio: $ 20.000 (Colombia) USD $ 12.00 (Exterior) No incluye gastos de envío El material de esta revista puede ser reproducido sin autorización para su uso personal o en el aula de clase, siempre y cuando se cite la fuente.

Para reproducciones con cualquier otro fin es necesario solicitar primero autorización al Equipo Editorial de la Revista. Las opiniones e ideas aquí consignadas son de responsabilidad exclusiva de los autores y no necesariamente reflejan la opinión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes.

Corrección de Estilo y Traducción Español: Guillermo Díez Inglés:Carol O’Flynn Portugués: Roanita Dalpiaz Equipo Informático | Claudia Vega Diseño Editorial y Diagramación | Víctor Gómez Imágenes de portada y portadillas Composiciones a partir de la obra de Samuel Owen.

Recuperado de Wikimedia Commons.

Impresión | Panamericana formas e impresos S.A. Distribución | Siglo del Hombre Editores Cra 32 No 25-46 · Bogotá, Colombia · PBX (571) 337 77 00 www.siglodelhombre.com Suscripciones | Librería Universidad de los Andes Cra 1a No 19-27 Ed. AU 106 · Bogotá, Colombia · Tels. (571) 339 49 49 ext.

2071 – 2099 · http://libreria.uniandes.edu.co Canjes | Facultad de Ciencias Sociales Universidad de los Andes · Cra. 1a Este No. 18A – 10 Ed. Franco, piso 6, oficina 617 · Bogotá – Colombia.

Tel [571] 3394949 Ext.: 3585 · publicacionesfaciso@uniandes.edu.co http://publicacionesfaciso.uniandes.edu.co

Revista de Estudios Sociales

La Revista de Estudios Sociales (RES) es una publicación trimestral creada en 1998 por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes (Colombia) y la Fundación Social. Su objetivo es contribuir a la difusión de las investigaciones, los análisis y las opiniones que sobre los problemas sociales elabore la comunidad académica nacional e internacional, además de otros sectores de la sociedad que merecen ser conocidos por la opinión pública. De esta manera, la Revista busca ampliar el campo del conocimiento en materias que contribuyen a entender mejor nuestra realidad más inmediata y a mejorar las condiciones de vida de la población.

La estructura de la Revista contiene seis secciones: La Presentación contextualiza e introduce el número, además de destacar aspectos particulares que merecen la atención de los lectores.

El Dossier integra un conjunto de contenidos sobre un problema o tema específico, que desde una perspectiva crítica y analítica ofrecen avances o resultados de investigación, reflexión o revisión temática, dando cuenta de las nuevas tendencias en un área específica del conocimiento.

Otras Voces se diferencia del Dossier en que incluye textos que presentan investigaciones, reflexiones o revisiones, que tratan problemas o temáticas diversas.

Documentos difunde uno o más textos sobre temáticas de interés social que son abordadas de manera reflexiva, por lo general de autoridades en la materia. También se publican traducciones y transcripciones de contenidos relevantes de las diferentes áreas de las ciencias sociales.

Debate es una sección donde se incluyen contenidos sobre temáticas específicas, orientadas a generar discusiones académicas desde diferentes perspectivas, bien sea mediante entrevistas o escritos analíticos.

Lecturas incluye reseñas bibliográficas en el campo de las ciencias sociales.

La estructura de la Revista responde a una política editorial que busca: proporcionar un espacio disponible para diferentes discursos sobre teoría, investigación, coyuntura e información bibliográfica; facilitar el intercambio de información sobre las ciencias sociales con buena parte de los países de la región latinoamericana; difundir la Revista entre diversos públicos y no sólo entre los académicos; incorporar diversos lenguajes, como el ensayo, el relato, el informe y el debate, para que el conocimiento sea de utilidad social; finalmente, mostrar una noción flexible del concepto de investigación social, con el fin de dar cabida a expresiones ajenas al campo específico de las ciencias sociales.

Palabras clave: ciencias sociales, investigación, reflexión, revisión.

La Revista somete todos los artículos que recibe a la herramienta de detección de plagio.

Todos los contenidos que se publican son de libre acceso y se pueden descargar en formato PDF, HTML y en versión e-book.

Indexación

La Revista de Estudios Sociales está incluida actualmente en los siguientes directorios y servicios de indexación y resumen: • CIBERA - Biblioteca Virtual Iberoamericana/España/Portugal (German Institute of Global and Area Studies, Alemania), desde 2007.

• CLASE - Citas latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades (UNAM, México), desde 2007.

• CREDI - Centro de Recursos Documentales e Informáticos (Organización de Estados Iberoamericanos, OEI), desde 2008.

• DIALNET - Difusión de Alertas en la Red (Universidad de La Rioja, España), desde 2006.

• DOAJ - Directory of Open Access Journal (Lund University Libraries, Suecia), desde 2007.

• EP Smartlink fulltext, fuente académica, Current Abstrac, TOC Premier, SocINDEX with full text (EBSCO Information Services, Estados Unidos), desde 2005.

• European Science Foundation - ERIH PLUS (Noruega), desde 2015.

• HAPI - Hispanic American Periodical Index (UCLA, Estados Unidos), desde 2008.

• Historical Abstracts y America: History &Life (EBSCO Information Services, antes ABC-CLIO, Estados Unidos), desde 2001.

• Informe académico y Académica onefile (Gale Cengage Learning, Estados Unidos), desde 2007.

• LatAm -Estudios Latinamericanos (International Information Services, Estados Unidos), desde el 2009.

• LATINDEX - Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (México), desde 2004.

• Linguistics & Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts, Social Services Abstracts, World Wide Political Science Abstracs (SCA- Cambridge Scientific Abstracts, Proquest, Estados Unidos), desde 2000.

• Ocenet (Editorial Oceano, España), desde 2003.

• PRISMA - Publicaciones y Revistas Sociales y Humanísticas (CSA-ProQuest, Gran Bretaña).

• PUBLINDEX - Índice Nacional de Publicaciones Seriadas Científicas y Tecnológicas Colombianas, (Colciencias, Colombia), desde 2004. Actualmente en categoría A1.

• RedALyC - Red de Revistas Científicas de América Latina y El Caribe, España y Portugal (UAEM, México), desde 2007.

• SciELO - Scientific Electronic Library Online (Colombia), desde 2007.

• SciELO Citation Index (Thomson Reuters – SciELO), desde 2013.

• SCOPUS - Database of abstracts and citations for scholarly journal articles (Elsevier, Países Bajos), desde 2009.

• Social Sciences Citation Index (Thomson Reuters, Estados Unidos), desde 2009.

• Ulrich’s Periodicals Directory (CSA- Cambridge Scientific Abstracs ProQuest, Estados Unidos), desde 2001.

Portales Web a través de los cuales se puede acceder a la Revista de Estudios Sociales: • http://www.lablaa.org/listado_revistas.htm (Biblioteca Luis Angel Arango, Colombia) • http://www.portalquorum.org (Quórum Portal de Revistas, Universidad de Alcalá, España) • http://sala.clacso.org.ar/biblioteca/Members/lenlaces (Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO, Argentina)

Temas Varios

PRESENTACIÓN 8-10

Martha Lux – Universidad de los Andes, Colombia Ana Pérez – Universidad de los Andes, Colombia

La representación del “horror nazi” en la prensa argentina 120-133

Malena Chinski – Universidad de Buenos Aires, Argentina

El impacto de la crisis entre los jóvenes en España 134-149 Francesc Valls Fonayet – Universitat Rovira i Virgili, España

TEMAS VARIOS A Socio-Legal Exploration of the Linkages between Informal Employment, Social Protection and Labour Law in Latin America 12-24 Ulf Thoene – Universidad de La Sabana, Colombia

La convención de las discordias: Ocaña, 1828 150-168

Daniel Gutiérrez Ardila – Universidad Externado de Colombia

El pasado es tan irreal como el futuro: Abad Faciolince y la nueva historia cultural 169-177 Javier Ortiz Cassiani – El Colegio de México

La problemática transición boliviana hacia la época postneoliberal: el caso de la economía comunitaria 25-38 Nam Kwon Mun – Hankuk University of Foreign Studies, Corea del Sur

Migración internacional y desarrollo. Aportes desde el transnacionalismo 39-51

Ana Melisa Pardo Montaño – Universidad Nacional Autónoma de México

Movilidad femenina: los reveses de la utopía socio-espacial en las poblaciones de Santiago de Chile 52-67

Cristhian Figueroa Martínez – Pontificia Universidad Católica de Chile Rossana Forray Claps – Pontificia Universidad Católica de Chile

Inmigración y mercado de trabajo: nichos laborales por género y nacionalidad en España 68-80

Leire Aldaz Odriozola – Universidad del País Vasco, España Begoña Eguía Peña – Universidad del País Vasco, España

Cuerpo, sexualidad y violencia simbólica en la tortura sexual 81-92 Natalia Rodríguez Grisales – Universidad de los Andes, Colombia

El caleidoscopio de la violencia contra las mujeres en la pareja desde la desigualdad de género: una revisión de enfoques analíticos 93-106

María Luisa Jiménez Rodrigo – Universidad de Sevilla, España Raquel Guzmán Ordaz – Universidad de Sevilla, España

Paisajes del despojo cotidiano: acaparamiento de tierra y agua en Montes de María, Colombia 107-119 Diana Ojeda – Pontificia Universidad Javeriana, Colombia Jennifer Petzl – Freie Universität Berlin, Alemania Catalina Quiroga – Universidad de los Andes, Colombia Ana Catalina Rodríguez – Pontificia Universidad Javeriana, Colombia Juan Guillermo Rojas – Pontificia Universidad Javeriana, Colombia

DOCUMENTOS Volverse actor: dos vías para los movimientos sociales en el siglo XXI 179-183 Geoffrey Pleyers – Université Catholique de Louvain, Bélgica

DEBATE Ley de víctimas en Colombia: un balance 185-188

Angelika Rettberg – Universidad de los Andes, Colombia

LECTURAS Reseñas del libro Cultura escrita, historiografía y sociedad en el Virreinato de la Nueva Granada, de Renán Silva 190-206

Rafael E. Acevedo P. – Universidad de Cartagena, Colombia Annick Lempérière – Université Paris-I Panthéon-Sorbonne, Francia Francisco A. Ortega – Universidad Nacional de Colombia Antonio Annino – Università degli Studi di Firenze, Italia

Varied Topics

PRESENTATION 8-10

Martha Lux – Universidad de los Andes, Colombia Ana Pérez – Universidad de los Andes, Colombia

Representation of the “Nazi Horror” in the Argentine Press 120-133

Malena Chinski – Universidad de Buenos Aires, Argentina

The Impact of the Crisis on Young People in Spain 134-149 Francesc Valls Fonayet – Universitat Rovira i Virgili, Spain

VARIED TOPICS A Socio-Legal Exploration of the Linkages between Informal Employment, Social Protection and Labour Law in Latin America 12-24 Ulf Thoene – Universidad de La Sabana, Colombia

The Convention of Discords: Ocaña, 1828 150-168

Daniel Gutiérrez Ardila – Universidad Externado de Colombia

The Past is as Unreal as the Future: Abad Faciolince and the New Cultural History 169-177 Javier Ortiz Cassiani – El Colegio de México

The Problematic Bolivian Transition toward the PostNeoliberal Era: The Case of the Communitarian Economy 25-38

Nam Kwon Mun – Hankuk University of Foreign Studies, South Korea

International Migration and Development. Contributions from Transnationalism 39-51

DOCUMENTS Becoming an Actor: Two Paths for Social Movements in the 21st Century 179-183 Geoffrey Pleyers – Université Catholique de Louvain, Belgium

Ana Melisa Pardo Montaño – Universidad Nacional Autónoma de México

Women’s Mobility: Setbacks in Socio-Spatial Utopia in the Slums of Santiago de Chile 52-67

Cristhian Figueroa Martínez – Pontificia Universidad Católica de Chile Rossana Forray Claps – Pontificia Universidad Católica de Chile

Immigration and the Labor Market: Labor Niches by Gender and Nationality in Spain 68-80 Leire Aldaz Odriozola – Universidad del País Vasco, Spain Begoña Eguía Peña – Universidad del País Vasco, Spain

Body, Sexuality, and Symbolic Violence in Sexual Torture 81-92

Natalia Rodríguez Grisales – Universidad de los Andes, Colombia

The Kaleidoscope of Violence against Women in Union Based on Gender Inequality: A Review of Analytical Approaches 93-106

María Luisa Jiménez Rodrigo – Universidad de Sevilla, Spain Raquel Guzmán Ordaz – Universidad de Sevilla, Spain

Landscapes of Everyday Dispossession: Landgrabbing and Monopolizing of Water Sources in Montes de María, Colombia 107-119 Diana Ojeda – Pontificia Universidad Javeriana, Colombia Jennifer Petzl – Freie Universität Berlin, Germany Catalina Quiroga – Universidad de los Andes, Colombia Ana Catalina Rodríguez – Pontificia Universidad Javeriana, Colombia Juan Guillermo Rojas – Pontificia Universidad Javeriana, Colombia

DEBATE The Victims’ Law in Colombia: An Assessment 185-188 Angelika Rettberg – Universidad de los Andes, Colombia Readings

READINGS Book Reviews: Cultura escrita, historiografía y sociedad en el Virreinato de la Nueva Granada, by Renán Silva 190-206 Rafael E. Acevedo P. – Universidad de Cartagena, Colombia Annick Lempérière – Université Paris-I Panthéon-Sorbonne, France Francisco A. Ortega – Universidad Nacional de Colombia Antonio Annino – Università degli Studi di Firenze, Italy

Temas Vários

APRESENTAÇÃO 8-10

Martha Lux – Universidad de los Andes, Colômbia Ana Pérez – Universidad de los Andes, Colômbia

A representação do “horror nazi” na imprensa argentina 120-133

Malena Chinski – Universidad de Buenos Aires, Argentina

O impacto da crise entre os jovens na Espanha 134-149

Francesc Valls Fonayet – Universitat Rovira i Virgili, Espanha

TEMAS VÁRIOS Uma exploração sociojurídica dos nexos entre o emprego informal, a proteção social e o direito trabalhista na América Latina 12-24 Ulf Thoene – Universidad de La Sabana, Colômbia

A convenção das discórdias: Ocaña, 1828 150-168

Daniel Gutiérrez Ardila – Universidad Externado de Colombia

O passado é tão irreal como o futuro: Abad Faciolince e a nova história cultural 169-177 Javier Ortiz Cassiani – El Colegio de México

A problemática transição boliviana ao período pósneoliberal: o caso da economia comunitária 25-38

Nam Kwon Mun – Hankuk University of Foreign Studies, Corea del Sur

Migração internacional e desenvolvimento. Contribuições do transnacionalismo 39-51

Ana Melisa Pardo Montaño – Universidad Nacional Autónoma de México

Mobilidade feminina: os contratempos da utopia socioespacial nas populações de Santiago do Chile 52-67

Cristhian Figueroa Martínez – Pontificia Universidad Católica de Chile Rossana Forray Claps – Pontificia Universidad Católica de Chile

Imigração e mercado de trabalho: nichos corporativos por gênero e nacionalidade na Espanha 68-80 Leire Aldaz Odriozola – Universidad del País Vasco, Espanha Begoña Eguía Peña – Universidad del País Vasco, Espanha

Corpo, sexualidade e violência simbólica na tortura sexual 81-92

Natalia Rodríguez Grisales – Universidad de los Andes, Colômbia

O caleidoscópio da violência contra as mulheres no casal a partir da desigualdade de gênero: uma revisão de abordagens analíticas 93-106

María Luisa Jiménez Rodrigo – Universidad de Sevilla, Espanha Raquel Guzmán Ordaz – Universidad de Sevilla, Espanha

Paisagens do despojamento cotidiano: monopolização da terra e da água em Montes de María, Colômbia 107-119 Diana Ojeda – Pontificia Universidad Javeriana, Colômbia Jennifer Petzl – Freie Universität Berlin, Alemanha Catalina Quiroga – Universidad de los Andes, Colômbia Ana Catalina Rodríguez – Pontificia Universidad Javeriana, Colômbia Juan Guillermo Rojas – Pontificia Universidad Javeriana, Colômbia

DOCUMENTOS Tornar-se ator: duas vias para os movimentos sociais no século XXI 179-183

Geoffrey Pleyers – Université Catholique de Louvain, Bélgica

DEBATE Lei de vítimas na Colômbia: um balanço 185-188

Angelika Rettberg – Universidad de los Andes, Colômbia Leituras

LEITURAS Resenhas do livro Cultura escrita, historiografía y sociedad en el Virreinato de la Nueva Granada, de Renán Silva 190-206

Rafael E. Acevedo P. – Universidad de Cartagena, Colômbia Annick Lempérière – Université Paris-I Panthéon-Sorbonne, França Francisco A. Ortega – Universidad Nacional de Colombia Antonio Annino – Università degli Studi di Firenze, Itália

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Presentación

La Revista de Estudios Sociales tiene el gusto de presentar a su público lector el último número del año con doce artículos, que hemos organizado de acuerdo con las temáticas trabajadas en ellos por sus autores. Así, iniciamos con el texto de Ulf Thoene, titulado “A SocioLegal Exploration of the Linkages between Informal Employment, Social Protection and Labour Law in Latin America”, que presenta cómo algunos fenómenos sociales ligados a la informalidad —tales como las bajas tasas de participación política, la exclusión social, los esquemas de protección social disfuncionales y la desconfianza respecto de la ley— son abordados desde las perspectivas económicas o jurídicas, lo que limita la formulación de políticas regulatorias apropiadas, en la medida en que ignoran problemáticas coyunturales de la situación social, económica y política de América Latina. En esta misma línea de análisis sociojurídico y económico se encuentra el trabajo de Nam Kwon Mun, “La problemática transición boliviana hacia la época postneoliberal: el caso de la economía comunitaria”, quien analiza, a partir del modelo económico de Evo Morales en Bolivia —lo que denomina el tiempo del postneoliberalismo—, una economía de tipo comunitario. Esta retórica antineoliberal radical se encuentra aminorada, en su opinión, por una visión pragmática del modelo neoliberal.

Los siguientes tres artículos están orientados a los estudios sobre población, migración y movilidad socioespacial, que nos llevaron a agruparlos por sus temáticas. El primero de ellos, de Ana María Pardo, “Migración internacional y desarrollo. Aportes desde el transnacionalismo”, analiza desde esta aproximación la relación entre migración internacional y desarrollo para explicar el fenómeno migratorio en la actualidad. Señala que la nueva economía de la migración está conectada con el desarrollo por los salarios, las remesas y la circulación de bienes e información. El segundo artículo, de Cristhian Figueroa y Rossana Forray, titulado “Movilidad femenina: los reveses de la utopía socio-espacial en las poblaciones de Santiago de Chile”, da cuenta del desplazamiento urbano de mujeres en un barrio popular de la ciudad de Santiago de Chile. Los autores señalan que este desplazamiento se produce debido a sus condiciones femenina y económica, que les imponen exigencias ligadas al sustento del hogar, el acompañamiento, la manutención de relaciones familiares y vecinales.

El tercero es el texto de Leire Aldaz y Begoña Eguía, “Inmigración y mercado de trabajo: nichos laborales por género y nacionalidad en España”, que analizan si el aumento de una pluralidad en el mercado laboral conlleva una desigualdad laboral en España, a partir de los nichos laborales relacionados con el género y la nacionalidad. Las conclusiones por ellas encontradas confirman esta asociación, donde los trabajadores inmigrantes tienden a emplearse en actividades caracterizadas por las particularidades de género.

rev.estud.soc. No. 54 • octubre-diciembre • Pp. 8-10 • ISSN 0123-885X • eISSN 1900-5180

P R E S E N TAC I Ó N

En el tercer grupo de artículos dejamos aquellos que trabajan estudios de género en contextos diferentes.

El texto de Natalia Rodríguez, “Cuerpo, sexualidad y violencia simbólica en la tortura sexual”, hace una aproximación al estudio de la tortura sexual ejercida sobre cuerpos individuales, propósito que la lleva a reflexionar sobre las representaciones metafóricas del cuerpo social, en el marco de la violencia política. Encuentra que la tortura sexual tiene efectos psicosociales funestos cuando se establece como un acto comunicativo, en el que los colectivos implicados comparten una idea particular de feminidad, masculinidad e identidad. Por su parte, el artículo de María Luisa Jiménez y Raquel Guzmán, “El caleidoscopio de la violencia contra las mujeres en la pareja desde la desigualdad de género: una revisión de enfoques analíticos”, analiza la violencia masculina de pareja ejercida contra las mujeres, con un enfoque que permite reflexionar sobre las características personales de las víctimas y de los victimarios, las relaciones de poder en la pareja y los factores estructurales y simbólicos. Concluyen que para comprender mejor esta problemática de violencia, en el marco de la desigualdad de género, es conveniente trabajar con una perspectiva de análisis a varios niveles, como son los estudios interseccionales.

Otro conjunto de artículos se organizó por la diversidad de sus temáticas, con diferentes aproximaciones metodológicas y conceptuales, pero que muestran reflexiones sobre problemáticas sociales, tales como el conflicto socioambiental en un territorio específico en Colombia, la representación nazi en la prensa argentina y el impacto de la crisis económica en España. El primero de ellos, de Diana Ojeda, Jennifer Petzl, Catalina Quiroga, Ana Catalina Rodríguez y Juan Guillermo Rojas, “Paisajes del despojo cotidiano: acaparamiento de tierra y agua en Montes de María, Colombia”, busca contribuir a los estudios sobre conflictos socioambientales, introduciendo la narrativa del posconflicto en la región. El trabajo presenta un caso de despojo de tierra y acceso al agua en los Montes de María (Colombia), abordado desde una perspectiva etnográfica, que permite evidenciar cómo las violencias del despojo se producen y perduran mediante las dinámicas cotidianas. El segundo, de Malena Chinski, es “La representación del ‘horror nazi’ en la prensa argentina”, texto que ilustra y analiza la participación de la prensa argentina en la difusión de la información sobre los crímenes de los nazis en el período de liberación de los campos de concentración en Europa, durante la Segunda Guerra Mundial.

Concluye que la revisión de la prensa evidencia cómo se construyó un paradigma interpretativo del nazismo como “barbarie” absoluta. El tercero, de Francesc Valls, “El impacto de la crisis entre los jóvenes en España”, es un estudio cuantitativo y cualitativo sobre la población joven en España, en el contexto de la crisis económica vivida en este país. El trabajo analiza la relación entre la posición en la estructura social y las condiciones de vida

de los jóvenes en el proceso de transición a la vida adulta.

Los resultados encontrados y su análisis permiten señalar la necesidad de garantizar que en la definición de políticas de juventud se tengan como ámbitos prioritarios de actuación la pobreza y la exclusión social.

Para cerrar la sección de Temas Varios, presentamos dos artículos que tratan sus temáticas con perspectiva historiográfica política y social. El texto de Daniel Gutiérrez, “La convención de las discordias: Ocaña, 1828”, contribuye a la discusión que se viene produciendo sobre el proceso de independencia y la construcción de un Estado-Nación en el actual territorio colombiano. Analiza la Convención de Ocaña (1828) cuando las asambleas constituyentes se transformaban en hitos de demarcación política y abrían paso al advenimiento de la guerra civil durante el período estudiado. A su vez, el autor debate el imaginario de apoyo masivo y espontáneo de las regiones colombianas a la dictadura de Bolívar. Por último, el texto de Javier Ortiz, “El pasado es tan irreal como el futuro: Abad Faciolince y la nueva historia cultural”, nos invita a la reflexión sobre el oficio del historiador a partir de la obra Traiciones de la memoria del escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, donde la memoria se convierte en una herramienta metodológica “para no traicionar el pasado”. Señala: “Por supuesto que la realidad existe, pero los historiadores debemos ser consecuentes con la idea de que cuando estudiamos el pasado no nos acercamos a ella, sino a los discursos de los contemporáneos que la observaron”.

En la sección Documentos, el profesor Geoffrey Pleyers, nos ofrece una reflexión que él titula “Volverse actor: dos vías para los movimientos sociales en el siglo XXI”, en donde se refiere al triple desafío de la globalización y a las formas que han permitido tanto a los actores como a los movimientos sociales reinventar nuevas vías, que denomina la “vía de la razón” y la “vía de la subjetividad”. Muestra que éstas no son lógicas de acción separadas, sino que se combinan, y producen, a su vez, innovaciones sociales e interacciones más constructivas, como aproximaciones multidimensionales que permitan reconocer los necesarios cambios, a diferentes niveles.

En la siguiente sección, Debate, Angelika Rettberg, presenta un balance de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (la Ley 1448 de 2011, Colombia). Señala que, si se compara con otras leyes similares a nivel mundial, la Ley de Víctimas puede considerarse como una de las más generosas, innovadoras y ambiciosas que se han producido hasta el presente. Su reflexión como experta en el tema contribuye al análisis y comprensión de las negociaciones de paz que se están produciendo en La Habana (Cuba) con las FARC. El trabajo de Angelika Rettberg aporta, a su vez, a la vigente discusión de si los mecanismos legales son coherentes y eficaces para la construcción de paz en Colombia.

Martha Lux · Ana Pérez

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P R E S E N TAC I Ó N

En la última edición de este año, tomamos la decisión editorial de publicar en la Revista, en su sección Lecturas, cuatro reseñas del libro de Renán Silva, Cultura escrita, historiografía y sociedad en el Virreinato de la Nueva Granada. Para este fin contamos con la colaboración de Rafael Acevedo (Universidad de Cartagena), Annick Lempérière (Université Paris-I Panthéon-Sorbonne), Francisco Ortega (Universidad Nacional de Colombia) y Antonio Annino (Università degli Studi di Firenze y Universidad Externado de Colombia), académicos de amplia trayectoria que desde diferentes perspectivas se han aproximado al trabajo del autor. Esperamos que estos análisis presentados de manera conjunta resulten de interés para nuestros lectores y generen, a su vez, nuevas reflexiones.

Ya para cerrar el número, le contamos a nuestro público que la Revista se encuentra alojada desde mediados de 2015 en la plataforma European Science Foundation –

ERIH PLUS, asociación de 72 organizaciones dedicadas a la investigación científica en treinta países europeos, de carácter independiente, no gubernamental, y sin fines de lucro. La valoración que realizan para definir la inclusión se produce desde instancias netamente académicas, que impulsan, entre otros criterios, la selección y la definición acertadas de contenidos. Ha sido siempre un propósito de la Revista ampliar los espacios de difusión de sus contenidos entre académicos y público de diferentes geografías, por lo que trabajamos constantemente para cumplir con el reto que nos hemos impuesto. Esperamos cumplir con las expectativas de nuestros lectores.

Martha Lux Editora Ana Pérez Coordinadora editorial

rev.estud.soc. No. 54 • octubre-diciembre • Pp. 8-10 • ISSN 0123-885X • eISSN 1900-5180

Temas Varios

A Socio-Legal Exploration of the Linkages between Informal Employment, Social Protection and Labour Law in Latin America 12-24 Ulf Thoene – Universidad de La Sabana, Colombia

La problemática transición boliviana hacia la época postneoliberal: el caso de la economía comunitaria 25-38 Nam Kwon Mun – Hankuk University of Foreign Studies, Corea del Sur

Migración internacional y desarrollo. Aportes desde el transnacionalismo 39-51

Ana Melisa Pardo Montaño – Universidad Nacional Autónoma de México

Movilidad femenina: los reveses de la utopía socio-espacial en las poblaciones de Santiago de Chile 52-67

Cristhian Figueroa Martínez – Pontificia Universidad Católica de Chile Rossana Forray Claps – Pontificia Universidad Católica de Chile

Inmigración y mercado de trabajo: nichos laborales por género y nacionalidad en España 68-80

Leire Aldaz Odriozola – Universidad del País Vasco, España Begoña Eguía Peña – Universidad del País Vasco, España

Cuerpo, sexualidad y violencia simbólica en la tortura sexual 81-92

Natalia Rodríguez Grisales – Universidad de los Andes, Colombia

El caleidoscopio de la violencia contra las mujeres en la pareja desde la desigualdad de género: una revisión de enfoques analíticos 93-106 María Luisa Jiménez Rodrigo – Universidad de Sevilla, España Raquel Guzmán Ordaz – Universidad de Sevilla, España

Paisajes del despojo cotidiano: acaparamiento de tierra y agua en Montes de María, Colombia 107-119 Diana Ojeda – Pontificia Universidad Javeriana, Colombia Jennifer Petzl – Freie Universität Berlin, Alemania Catalina Quiroga – Universidad de los Andes, Colombia Ana Catalina Rodríguez – Pontificia Universidad Javeriana, Colombia Juan Guillermo Rojas – Pontificia Universidad Javeriana, Colombia

La representación del “horror nazi” en la prensa argentina 120-133

Malena Chinski – Universidad de Buenos Aires, Argentina

El impacto de la crisis entre los jóvenes en España 134-149 Francesc Valls Fonayet – Universitat Rovira i Virgili, España

La convención de las discordias: Ocaña, 1828 150-168

Daniel Gutiérrez Ardila – Universidad Externado de Colombia

El pasado es tan irreal como el futuro: Abad Faciolince y la nueva historia cultural 169-177 Javier Ortiz Cassiani – El Colegio de México

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A Socio-Legal Exploration of the Linkages between Informal Employment, Social Protection and Labour Law in Latin America* Ulf Thoene** Received date: October 31, 2014 • Acceptance date: March 31, 2015 • Modification date: June 01, 2015 DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.01

A B S T R AC T | For decades Latin American societies and policy-makers have attempted to confront the social, political and economic challenges brought about by high levels of informal employment and entrepreneurial activity. Social exclusion, low rates of political participation, dysfunctional social protection schemes and mistrust of the law are some of the social phenomena that are inextricably linked to informality. This research article takes a socio-legal approach to explore linkages between informal employment, social protection and labour law proposing that purely economic or legal approaches overlook crucial contextual issues that hinder the formulation of sound regulatory policies. Thus this paper develops an analytical perspective based on the social rights and citizenship discourse questioning current social policies and the role of labour law.

K E Y W O R D S | Informal employment, citizenship, social protection, labour law, social rights, socio-legal studies.

Una exploración socio-jurídica de los nexos entre el empleo informal, la protección social y el derecho laboral en América Latina RE SUME N | Durante décadas, las sociedades latinoamericanas y los decisores de política han intentado hacer frente a los retos sociales, políticos y económicos provocados por los altos niveles de empleo informal y la actividad empresarial. La exclusión social, las bajas tasas de participación política, los esquemas de protección social disfuncionales y la desconfianza de la ley son algunos de los fenómenos sociales que están inextricablemente ligados a la informalidad. Este artículo de investigación parte de un enfoque socio-jurídico para explorar los vínculos entre el empleo informal, la protección social y la legislación laboral al proponer que aproximaciones puramente económicas o jurídicas ignoran problemáticas cruciales coyunturales que limitan la formulación de políticas regulatorias apropiadas. Así, esta investigación desarrolla una perspectiva analítica basada en el discurso de derechos sociales y ciudadanía que cuestiona las políticas sociales actuales y el papel de la legislación laboral.

PA L A B R A S C L AV E | Empleo informal, ciudadanía, protección social, derecho laboral, derechos sociales, estudios

socio-jurídicos.

Uma exploração sociojurídica dos nexos entre o emprego informal, a proteção social e o direito trabalhista na América Latina R E S U M O | Durante décadas, as sociedades latino-americanas e os que tomam as decisões políticas têm tentado enfrentar os desafios sociais, políticos e econômicos provocados pelos altos níveis de emprego informal e pela atividade empresarial. A exclusão social, as baixas taxas de participação política, os esquemas de proteção social disfuncionais e a desconfiança da lei são alguns dos fenômenos sociais que estão inextricavelmente ligados à informalidade. Este artigo de pesquisa parte de um enfoque sociojurídico para explorar os vínculos entre o emprego informal, a proteção social e a legislação trabalhista ao propor que aproximações puramente econômicas ou jurídicas ignoram problemáticas cruciais conjunturais que limitam a formulação de políticas regulatórias apropriadas. Assim, esta pesquisa desenvolve uma perspectiva analítica baseada no discurso de direitos sociais e cidadania que questiona as políticas sociais atuais e o papel da legislação trabalhista.

PA L AV R A S - C H AV E | Emprego informal, cidadania, proteção social, direito trabalhista, direitos sociais, estudos

sociojurídicos. *

This article results from my Ph.D. research at the University of Warwick Law School (2008-2012). Funded by an ESRC 1+3 scholarship.

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Ph.D. in Law and Sociology (University of Warwick, United Kingdom). Assistant Professor at the Universidad de La Sabana. He is a member of the research group “Negocios, Economía y Finanzas” (Category C - Colciencias). His latest publications include: Stretching the Scope of Reflexive Law: Labour and the Regulation of Corporate Conduct in the World Society. Advocatus 11, n° 23 (2014): 259-278 and Weimar Germany’s Foreign Policy and the Protection of Minorities: The Case of the German Minority in Poland. Historia Caribe 9, n° 25 (2014): 39-70. E-mail: ulf.thoene@unisabana.edu.co

TEMAS VARIOS

Introduction This article highlights the socio-political struggles that have sought to translate de jure rights claims into actionable social and labour legislation that de facto protects and empowers citizens, calling for a comprehensive regulatory approach to the informal employment sector in order to elucidate the function of law’s operation in society, and the limits of legislative action. This research claims that the informal employment sector is a promising and fitting analytical prism though which to study the evolution, objectives, and conflicts of social and labour regulation in Latin America over time.

Although Latin American governments have employed law as a regulatory device in order to convey the progressive rhetoric of rights and citizenship, social reality has generally been very different from this throughout history. To a considerable degree, regulatory intervention in social protection and labour law has proved ineffective in protecting workers, empowering citizens, and nurturing businesses.

Nevertheless, there can be little doubt that law and regulation serve as a control and steering device for developmental processes, provided that they become embedded in inclusive and accountable socio-economic and political institutions over time.

For decades informal employment has been among the most persistent and pressing features challenging the development of participatory social and political institutions in Latin America. The fervent pursuit of specific economic development strategies coupled with a belief in top-down regulatory policy prescriptions has little bearing on a complex societal problem that will not simply fade away as a result of economic growth.

The quality of citizenship and citizens’ opportunities to engage in participatory action hold the key to resolving a problem that is both a cause and a consequence of exclusion and inequality.

This article places the analysis of informal employment activities among workers and firms at the intersection of the conceptual dimensions of regulation and rights, focusing particularly on the cases of Brazil, Colombia and Mexico.

The labour market serves as the central locus in which to examine not only economic facets of development, but also the social and political forces that shape society’s struggle for just and efficient resource allocation, as well as for protective and empowering policies. What is more, inequality and exclusion within the labour market are both symptoms and results of political power asymmetries within society. Furthermore, the persistence of barriers to participation in formal employment activities, which provide income and insurance against life risks, ignores the skills and capacities of the most deprived sectors of society. That process tends to undermine the formation of democratic political structures that aim to advance citizenship rights and economic opportunities.

This article is divided into five parts. These introductory remarks are followed by a second section, which establishes the context for the themes developed in the remainder of the paper, placing the issues of social protection and labour law on the broader canvas of social citizenship and democracy within a market-based economic system of societal organization. The third section explores the rationale for approaching the social question in capitalist societies via public, universal social protection.

The aim is to explain the purpose of social protection and labour law, as well as their functional aspects with respect to the informal employment sector in Latin America. The fourth section conceptualizes social protection and labour law within their societal context rather than as separate analytical entities. The fifth and final section offers some concluding remarks.

Social Citizenship and Democracy Numerous attempts to regulate Latin American labour markets and social protection systems have so far not resulted in a meaningful reduction of inequality on the one hand, and an increase in formal employment on the other hand. Latin America has a long track record of social and labour legislation covering certain select sectors of the populace. Yet analysts have frequently exposed social and labour market policies that fall short of “incorporating social rights in the status of citizenship and thus creating a universal right to real income which is not proportionate to the market value of the claimant” (Marshall 1992, 185). In other words, the notion of the universality of rights, and in particular that of social rights, in the sense of “enforceable claims” (Tilly 1995, 6), has been more cosmetic rather than real throughout much of Latin America’s history, although this state of affairs has undergone significant changes over the past three decades.

Thus the Latin American experience bolsters the claim that “there is no simple and universal logic to citizenship in the 20th century” (Yashar 2011, 185), so that Marshall’s (1992) taxonomy is instructive to policy-makers but not necessarily observable in societies around the world.

However, at the same time, the empirical evidence available on Europe suggests that, like most instances of social change, the process of social inclusion is long-term and incremental. Luhmann aptly captures the core of the process by stating that the “welfare state is the realization of political inclusion” (Luhmann 1990, 35). However, on many occasions persons “without regular work […] who do not meet [a function system’s] requirements” are excluded (Luhmann 1997, 70). Informal employment takes on an exclusionary effect due to inadequate social security coverage and low job quality (Attanasio, Goldberg and Pavcnik 2004, 334). That particular reading of modern society raises interesting questions regarding the regulation of informal employment in developing countries.

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In the context of economic development, the notion of the welfare state evolves from “[reacting] to the effects of industrialisation with measures of social help” towards “[meaning] more than just social help and more than just compensation for injuries” (Luhmann 1990, 21).

In a nutshell, even though the idea of public social and labour policy propagates the inclusion of all members of society, some individuals are excluded due to their labour market status, which again tends to be the ramification of prior exclusion on the grounds of education, class, race or gender. Furthermore, advances in industry, politics and society require regulators to think beyond the rather passive notion of a safety net and towards active policies of empowerment and protection.

Societies that have already consolidated relatively high degrees of social inclusion face fewer obstacles during the implementation stage of a new policy or a novel piece of regulation due to substantial levels of trust and legitimacy. Thus, the social fabric and the social capital of a society are decisive factors in bringing about lasting regulatory change. However, measuring inclusion and the quality of the social fabric can hardly be done with numbers alone. In other words, this research is not so much interested in the number-crunching game of analysing economic indicators and counting the pieces of legislation passed successfully, but rather more in the motivations for and ramifications of shifting patterns of social and labour regulation.

Focussing solely on a critique of regulation as a cure for the woes of Latin American labour markets would be too narrow an approach to derive analytical insights into the reasons for the continuous presence of high levels of informal employment on the one hand, and policy prescriptions for possible counter-measures on the other hand. Instead, what has become more pronounced is the notion that apart from law and regulation, numerous other factors such as entrenched inequality, access to the legal system and bank credit, democratization, state capacity, housing, education, and global macroeconomic factors decisively influence socio-economic development in general terms and the informal employment sector in particular.

Of course, almost all the individual factors mentioned above tend currently to fall under some kind of regulatory regime as well, so that policy-makers would be well advised to conceive of social and labour regulation as either covering a broader remit of regulatory areas, or as a field of regulation that could produce mutually beneficial outcomes by collaborating more closely with regulatory areas such as education, housing or credit.

The combined forces of economic and political history, as well as the increasing integration of national economies into global markets, confront Latin American countries with a number of social justice

challenges. The term “social justice” is understood here as the “basic institutions of society [having to] sufficiently benefit all, including the least advantaged and most vulnerable members of society” (Brennan 2012).

The contested issues of social legislation, labour law and labour market regulation are among a range of common obstacles on the road towards more equitable and economically dynamic societies.

The labour market is of fundamental importance for linking society and the economy since it acts as a mechanism that allocates “the sweet or bitter fruits of economic development […] among the population” (Pérez 2005, 205). A labour market that is capable of improving the quality of “employment opportunities for the poor” is key to transforming economic growth into declining rates of poverty (Gutierrez et al. 2009, 15). Moreover, labour markets have been central to the process of “social integration” in Latin America, in the sense that dysfunctional labour markets have a correspondingly dismal effect on social cohesion (Bayón, Roberts and Saraví 1999, 104).

Put differently, “[p]overty and equity outcomes are largely determined by” an economic environment and a regulatory framework enabling labour markets to create formal jobs rapidly, particularly as an economy adapts and emerges from a prior contraction (Tokman 2002, 159). As an adequate measure of the impact of labour law and labour market regulation, one can assess the progress made in terms of contributing to labour market outcomes that protect and empower workers whilst also creating decent employment, or “economic growth [...] compatible with human development” (Deakin 2011, 157). Yet, on precisely the two issues of worker protection and the creation of decent employment, Latin American labour markets have not scored high.

In order to be effective in driving economic growth, redistributing wealth and contributing to a set of policies geared to the lower social strata, labour regulation needs to be simultaneously oriented along the lines of equity and efficiency, and it is hence important to focus on dimensions of labour market regulation beyond the employment relationship. It is helpful, therefore, to analyse current social policy, i.e. policy in the wake of Import Substitution Industrialization (ISI) and the heyday of neoliberalism in the region, against the background of the thought most prominently expressed in the seminal publication “The Great Transformation” (Polanyi 2001). According to Polanyi’s analysis, it was impossible to construct a solid and fair “social order” in a market-based society, for it established strains, which unavoidably drove “individuals [to request safeguards] from the market’s destructive power because market society sought to reduce humans to […] commodities” (Silva 2009, 17). Against this background, it is worth bearing in mind that the Philadelphia Declaration of the

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International Labour Organisation (ILO) also explicitly warns against the latter point as an outcome that said organisation has sought to avoid ever since (ILO 1944).

According to Kuchler, Bourdieu’s more contemporary perspective seems closely aligned to Polanyi’s, as the French sociologist views the welfare state as an “achievement that protects society from run-away capitalism” (Kuchler 2006, 7, my translation).

Moreover, Silva argues that demoting people “to (fictitious) commodities disrupts [their] economic stability, [and] sense of justice, [so that] people inevitably seek [insurance] from the […] unpredictable […] market” (Silva 2009, 17). In this context Polanyi states that the three commodities —land, labour and money— could not in reality be translated into tradeable goods “as they were not produced for sale on the market,” thus leading Polanyi to label them “fictitious commodities” (Polanyi 2001, 79). What is more, Polanyi inserts another vital clarification into debates on labour, claiming, “labour is the technical term used for human beings, insofar as they are not employers but employed” (Polanyi 2001, 79).

Silva’s 2009 summary of key concepts of Polanyi’s work in the above paragraph is, of course, reminiscent of the ideas on citizenship put forward by T. H. Marshall (1963 and 1992). In regulatory parlance, Polanyi’s thought lays bare the tensions between private and public theories of regulation, and shifts the analytical focus towards the notion of the public interest. Polanyi’s arguments “extend beyond, and [are] antithetical to the practices, values, and outcomes of market-driven decision-making” (Feintuck 2010, 39).

In an attempt not only to reconcile warring competitive and protective themes, but also to provide an analytical roadmap, the institutionalist regulatory paradigm maintains that the markets for labour and commodities “are conscious institutional constructs rooted in historical trajectories and based on evolving political choices” (Chaudhry 1993, 249).

Furthermore, the signalling mechanism that prices fulfil in the markets for actual and real commodities rather than “fictitious commodities” leads to the “rapid balancing of supply and demand,” and the price mechanism is alien to the market for labour in “which supply and demand are balanced” more slowly (Block 2005, 8). In more general terms, prices take on the role of languages within the setting of the market, “enabling people to form mutual expectations” (Schmidtz 2012).

If applied to the labour market, the concept of volatile prices would undermine “societies that sustain stable identities and identifications” (Streeck 2008, 5). Some elements of stability have, of course, already become embedded in society over time, but further societal stability has been sought throughout contemporary Latin America following the demise of ISI, the hardship of the debt crisis, and subsequent experimentation with neoliberal policies.

Thus the call for the “socially, politically and ideationally [embedded nature of markets]” (Block 2005, 8) singles out the labour market as a more natural and urgent field of societal intervention and protection than is the case with other markets which governments have historically regulated, such as the telecommunications or energy markets, for example. Within this context, Olin Wright (2005) suggests the introduction of an unconditional basic income. Key regulatory aims are to contain or to embed markets and to provide stability, so that markets are agreeable and accommodating to individuals acting within them. Moreover, we learn from Filgueira and Filgueira that protection intended to shelter individuals against market energies is either “based on the market (individual capitalization), the state (welfare regimes), or on civil society (pre-capitalist protection)” (Filgueira and Filgueira 2002, 128). As those are ideal types of protection structures identified for the purposes of analysis, one can presume that in reality the manifestations of each individual category impact a society’s protective regime with different degrees of volatility over time.

Furthermore, a changing global political order in a post-Cold War world, the introduction of new constitutional frameworks in countries such as Brazil (1988) and Colombia (1991) that broadened access to justice, and an increasingly deep-seated awareness of the importance of social rights, firstly as an input factor, secondly as an accompanying theme, and thirdly as a consequence of democratization, both motivate and necessitate novel approaches to social policy-making. Parker understands access to justice as advancing “more substantive [legal] reforms [ensuring] the interests of the poor [and] diffuse public interests can […] overcome the discrepancy between the claims of substantive justice and the formal legal system” (Parker 1999, 31).

Integrating the process of Latin America’s post-1980s “Third Wave” of democratization into the analytical framework offers additional insights into social policymaking and labour market institutions (Huntington 1991 and 1997, 11). “Political competition and participation” as driving forces behind democratization not only positively impact the development of political institutions, but also result in improved labour market outcomes (Rodrik 1999, 707). More specifically, the case of Mexico illustrates that the “political context in which labour markets operate shapes [participants’] behaviour,” so that the democratic nature of political institutions joins the oft-mentioned economic institution of labour productivity as an explanatory factor for wage increases (Rodrik 1999, 708).

Western European experience demonstrates that over time the competitive politics of liberal democracies lead to higher demands for welfare and social justice with corresponding pressures on public finances, public borrowing and levels of taxation on the one hand, and

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more equitable societies on the other hand. According to Whitehead, a citizenry with access to universal suffrage “can exercise some leverage over public policy priorities [and revise] goals of democratic development” (Whitehead 2004, 107-108).

However, Gerring, Thacker and Alfaro caution that the dynamics of Western European democratic and welfare development do not tend to unfold in a similar fashion outside of the western world (2012, 1-2).

Consequently, said authors not only claim that “the case for democracy as a welfare-enhancing mechanism appears shaky,” but also that civil society, democracy and welfare-state institutions undergo unstable development requiring a long-term perspective in order to yield political and social “dividends” (2012, 2-4 and 15). It has been suggested that the process of acculturating the elites towards “[accepting] a relative loss of social and political authority” features as one of the key challenges confronting nascent democracies (Grugel 2007a, 45). Furthermore, reforms and increased spending on primary, secondary and tertiary education probably require as much as a whole generation to bear fruit in terms of equipping citizens with literacy skills and technical training, so that they can more actively engage in and contribute to democratic and socioeconomic development (Tenjo 2012).

On a related matter, Santiso and Zoido argue that political pressures and the design structure of a democratic polity place “fiscal policy at the heart of the relationship between citizens and the state,” so that the contributory system of Latin American countries that fund social policies appears as a promising area of analysis (Santiso and Zoido 2011, 309). In fact, a study of Latin America by Nieto and Santiso covering the period between 1990 and 2006 reveals that “the impact of elections on fiscal policy is high” and more significant than in high-income countries in terms of increased short-term expenditure for electoral gain (Nieto and Santiso 2012, 566 y 580). With respect to the development of democratization and social policy in southern Europe, Ferrera notes that the stability of democracy is enhanced by universal social protection, which buttresses “citizens’ loyalty to national institutions [and ensures their] allegiance through the provision of material advantages” (Ferrera 2007, 95).

Furthermore, Turner and Martz argue that during the consolidation of democratic institutions, “the level of confidence that citizens have in the institutions of their nations” is central (1997, 65). Nevertheless, whereas Spain and Portugal democratized during the 1970s in a geopolitical environment hospitable to coupling political change with increased social budgets, Latin American paths to democracy were, by and large, strewn with the necessity to limit budgetary demands during times of “economic crisis and neo-liberal state reform” (Grugel 2007b, 248).

In this context it is crucial to point out that Latin America’s history of social reform has experienced frequent instances of piecemeal rather than universal implementation of protective schemes, which goes some way to explaining the divergence between Ferrara’s (2007) observation on Europe and Latin America’s social reality. Moreover, similar to the evolution of citizenship rights, democracy in Latin America “followed an unusual political evolution when compared with [some European] cases where democracy emerged on a step-by-step basis” (Valenzuela 2001, 268). In fact, Latin American industrialization was not accompanied by the “formation of an industrial working class and labour movement,” and hence tended to lack a crucial emancipatory force conducive to citizenship (Huber 1988, 23). In this context, O’Donnell stresses that the process of democratization implies achieving “some reasonable levels […] of modernization and democratization of many social —not just political— relations, and redefining a role for the state” (O’Donnell 1992, 49).

Despite Tilly’s convincing claim that the progressive advance of democracy and citizenship is a function of “the maintenance of […] rights” (1995, 5), democratic politics has actually had a lesser impact on the development of social policy in Latin America than “state expansion,” which has played a stronger role, especially during the ISI period (Filgueira 2007, 136). Put differently, the mechanics of welfare state creation tend to be guided from above rather than by participatory elements from below. Yet Filgueira’s research findings suggest that due to “the relationship between democracy and welfare expansion [being] strongly path-dependent,” the contemporary democratic nature that predominates in the region “might well be the basis for a new push regarding social policy efforts” (Filgueira 2007, 137-138).

Before the onset of democratization processes throughout the region and prior to popular forces intensifying processes of legal innovation in the form of influential constitutional courts in some Latin American countries during the late 1980s and early 1990s, the state had often failed “to discipline capital” in order for citizens to actually “exercise […] rights” (Tilly 1995, 13). In contemporary times, the three branches of government have been subjected to more profound pressure from national as well as international actors to shore up the stability and authority of the state.

In more general terms, Brennan argues that “[i]f our basic institutions systematically fail to benefit innocent people […] then it is unreasonable to ask them to observe those institutions” (2012). With respect to labour and social regulation, Arthurs cautions that “[i]f […] labour law […] is so transformed that it no longer advances justice […], it will lack legitimacy [and efficiency]” (Arthurs 2011, 29). Policy-makers are hence called on to either maintain or strengthen the relevance of labour law as an integral part of compre-

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hensive social protection policies with respect to such areas as informal employment and the burgeoning group of own- account or self-employed workers and micro-enterprises.

Furthermore, social policy acts as the transmitter between aspiration and implementation in order to make social rights accessible to as large a proportion of the population as possible, and thus to gradually achieve a state of universality. In other words, in the contemporary Latin American context, social policy attempts to construct “a state-society nexus that is developmental, democratic, and socially inclusive” (Draibe and Riesco 2007, 2, italics in original). Whereas informal employment is in large part an act of exclusion, social policy seeks to create more inclusive social relations that make an individual’s life course more predictable and secure. Inclusive social and labour market policies aimed at the informal sector seek to formalize employment as well as businesses, so that a greater number of productive units complies with at least a minimum level of social and labour regulations.

Advancing the idea of labour regulation in terms of “a minimum threshold” is not an endorsement of any restrictions placed on informal workers’ claims to rights under a country’s labour code (Tokman 2011, 785). The underlying notion appeals rather to policymakers, business associations and unions to become more familiar with the realities of Latin American labour markets and their “grey areas” (Tokman 2001, 50) in order to “[improve] informal-sector enterprises’ ability to comply, and [to commit] them to follow this path” (Tokman 2011, 785). Micro-enterprises are especially at risk of generating insufficient profits and failing to amass the necessary legal and fiscal know-how in order to stem the expenses of regulatory compliance. Therefore, policy-makers face the complex and electorally unattractive task of advancing along a path of incremental regulatory steps with respect to micro-enterprises and street vendors. Such regulatory advances would have to benefit informal workers and enterprises by initially offering the key benefits of a formal employment relationship and a legally recognized business in exchange for the prospect of increased tax receipts for the state in the future.

However, social and labour legislation have all too often pursued separate agendas, setting adverse incentives that have facilitated socially and fiscally malevolent behaviour in the labour market. That also includes the threat to formal firms posed by informal economic units, since “tax evasion can amount to a large subsidy for low productivity firms” (Chong and Pagés 2010, 153). In fact, the Colombian labour economist Jaime Tenjo (2012) wonders whether a substantial number of participants in the informal labour market actually rather prefer to maintain their informal status rather than a formal employment opportunity. Considering the generally

low educational levels of informal workers, a key reason for their exclusion from the formal employment sector, coupled with the subsidies many receive via government social assistance programmes, the pursuit of such informal activities such as taxi services and selling confectionery, beverages or mobile-phone minutes on the street may generate a higher standard of living than what they can find in the formal labour market (Tenjo 2012).

The alternative to rethinking regulation is that the state’s protective and fiscal edifice either fails to take shape or inevitably crumbles, as rules imposed from above do not sufficiently correspond to social realities on the ground. Put differently, supported by a sufficiently substantial coalition of societal interest groups, regulation has the potential to arrest the decline towards corrosive forms of behaviour, and instead strengthens the respect for equity-enhancing institutions and the rule of law.

Nevertheless, the regulatory approaches that have been formulated to address specific labour market challenges have been counterproductive, incoherent and inefficient in many cases thus far. Not only does this represent a fiscal disaster for governments in the region, it also means an uphill battle for those outside of the system. Individuals in the informal sector strive for a level of labour protection, insurance to soften the blows of economic hardship, and the acquisition of capabilities with which to exploit their creative talents.

Analysing the evolution of specific social policies in the context of the labour market’s informal sector reveals the strong links between holding a formal job with de jure access to public social services on the one hand, and the funding of significant parts of Latin America’s social security systems on the other hand.

Yet the dichotomous structure that allows certain citizens disproportionate access to different streams of public spending whilst shutting the door to others leaves little room for stability and lasting social peace within a society. Echoing Filgueira and Filgueira’s taxonomy, despite their de jure status as citizens, the outsiders must rely on their very own efforts or those of their closest kin in a “pre-capitalist” mode of insurance as opposed to the blend of state-based and market-based insurance available to many of the insiders (Filgueira and Filgueira 2002, 128). Over time, socio-economic and political inequality feeds pressures that eventually surface within today’s predominantly democratic Latin American countries. Hence, the state has faced the challenge of finding and employing resources in a way that provides individuals outside the formal system with a level of de facto access to public services such as social insurance, legal redress, and education.

There have indeed been advances in recent years in terms of coverage and access, especially with respect

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to the extension of social assistance programmes that cut the link between the formal employment relationship and access to social insurance. However, many so-called complementarities such as corruption and clientelism are still rampant in politics, and basic needs of housing, infrastructure and personal safety have remained disconnected from social citizenship.

A further corollary is the fact that state budgets need to adjust to a new paradigm of higher social spending, which requires corresponding revenue increases in the long term. The latter is best achieved if a greater proportion of the economically active population holds formal jobs producing income that can be taxed.

Striking a balance between the desire to empower as well as to protect on the one hand, and the desire to get people into productive jobs as well as to let them enjoy the fruits of their labour on the other hand, spells out the gist of the puzzle. Against this background a policy focus on human capabilities is most likely to lead to a process of transformation and development.

By and large, most Latin American countries have opted for a social protection regime linking employment status to social insurance, a relationship that has in some cases been operating for almost a century. Thus, the system makes access to social insurance contingent on the existence of an employment contract, thus establishing an unshakeable link between labour and social regulation. On a global scale, one finds numerous countries that have implemented this system with considerable success, as is the case in western Europe, although widening cracks have begun to appear on the funding and sustainability side even in Europe.

Nevertheless, in most Latin American countries, social insurance financed through payroll tax revenue continues to suffer both from high deficits and from low coverage and participation, a combination that is neither conducive to the generation of formal employment nor to financial sustainability of the welfare regime.

However, the problem is not only one of ill-devised incentive schemes that have evolved over time. Rather, “informality is above all an expression of the lack of trust in public institutions [and] the limited understanding of the benefits derived from social security” (Schmid 2009, 38). Conducting longitudinal research in the favelas of Rio de Janeiro over the course of almost four decades, Perlman claims that favela residents make little distinction between jobs in the formal and the informal sector as long as they have the chance to “earn fair pay for decent work” (2010, 264). The perspective of favela residents “is that given the opportunity to earn their living, they could solve most of their other problems on their own” (Perlman 2010, 264).

There are manifold factors that explain why workers might not highly value direct and future eligibility for social security coverage, which they earn via their

co-financing of mandatory non-wage payroll taxes over the course of a formal employment relationship (Atal and Ñopo 2010, 187). Workers may “assign a [low] utility” to the social benefits, as well as fiscal duties that a formal employment relationship involves, and may instead opt for higher take-home pay due to “liquidity constraints; lack of knowledge of the [social insurance] systems; myopia; financial illiteracy; limited access to benefits; poor programme quality; undesired bundling with other social security elements; lack of government credibility” (Atal and Ñopo 2010, 187-188).

In a nutshell, trust in social insurance and in the benefits of participation seem almost as important as the existence of the system itself. What is more, laws that do not bring about substantial change will not deliver the trust that is needed in order to formalize, increase revenues via taxes, educate and invest. Roberts advances a similar argument by stating that, even though the process of formalization does not by its own nature result in enhanced “services and effective coverage, […] it does mean a deepening of citizen-state relations” (Roberts 2005, 153).

The above discussion indicates the gap between aspiration as expressed in legislation and political rhetoric on one side, and the way most Latin Americans experience socio-economic reality —or the “distance between norms and facts in labour market institutions”— on the other side (Bensusán 2006, 115, my translation). According to García and Rodríguez, the “gap between the written law and reality does not seem […] to be a dysfunction or a failure […] but rather [law’s] characteristic element” (2003, 30). The complexities of informal employment are very much an expression of this dichotomy. Thus, paradoxically, we witness the “expansion of informal activities in a largely regulated context” (Castells and Portes 1989, 13).

The Purpose of Social Protection Social protection as a tool of social policy-making acts as an anti-poverty measure, pools risk across society, and deals with issues of individual myopia in terms of insuring against risks. The motivation for social protection originates from social rights discourse and the contested notion of citizenship. Seen through the conceptual lens of Amartya Sen’s capability approach, the combination of social protection and labour law establishes “institutional mechanisms [extending] the substantive freedom of action of individuals” (Deakin and Koukiadaki 2011, 6). What is more, regulatory policy-making motivated by social rights discourse does not stop at providing “formal access to the institutions of property and contract,” but also seeks to fulfil a “market-creating function” to provide incentives and equip citizens to “participate in the labour market” (Deakin 2005, 4, italics in original).

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Labour regulation is chiefly concerned with the issue of freedom of association, the prohibition of child labour, safety provisions, minimum wage policies, overtime and vacation legislation, as well as “maternity-related leave” (Cox 1997, 129). Labour law regulates individual and collective aspects of the employment relationship and industrial relations. Those regulatory devices have generally been extended to cover the issues of generating employment and providing vocational training (Cox 1997, 129). According to Hausmann, traditional social policy vis-à-vis the regulation of labour includes three additional components: “public provision of health and education services; […] publicly provided social security; interventions in the price mechanism through controls and […] subsidies” (1994, 173).

Basic social security acts as an inclusive measure “making the outcomes of economic forces more equitable [enhancing] peace, stability and social cohesion” (ILO 2008, 2). In order to facilitate the management of an individual’s life risks and to contribute to lowering the poverty rate, “[g]overnments make transfers to households, either in cash or in kind” (Ferreira and Robalino 2011, 836). Life risks such as an individual’s health, longevity, and income are to a considerable extent dependent on employment status.

Regular occurrences of market imperfections, moral hazard, imperfect information, and adverse selection that cause instances of market failure, suggest a need for government intervention in order to provide a mechanism to cushion the impact of risks by spreading uncertainties across society rather than concentrating societal burden on a specific sector (Akerlof 1970, 488; Arrow 1963, 967; Rothschild and Stiglitz 1976, 648). Purely private systems of health or unemployment insurance, for instance, would only admit relatively healthy individuals or those with relatively high degrees of skills or job security, so that the resulting costs must be shouldered by either the state or the “vulnerable worker,” disregarding considerations of “cost effectiveness as well as social cohesion” (Deakin 2011, 164-165).

In fact, Samuelson (1958, 481-482) analysed social insurance from the point of view of a social contract between the different generations of society and the state “as a complicated device for self- or reinsurance,” so that the system allows for efficient and reliable inter-generational burden-sharing. Of course, such a complex social insurance scheme not only invokes “Kant’s Categorical Imperative [enjoining like people to follow the common pattern that benefits the most],” but also stresses “money as a medium of exchange” (Samuelson 1958, 480-481). Stable money as a key motivational factor to buy into state-orchestrated social insurance has only recently become a hallmark of at least the major Latin American economies, as a degree of permissiveness towards inflation has undermined the state’s legitimacy and its capacity throughout the region’s history.

On an elementary level, social protection is motivated by equity concerns and risk pooling “from localistic microsolidarities to societal institutions such as trade unions, insurance companies, or the welfare state” as societies undergo processes of modernization (Esping-Andersen 1999, 48). Industrialization increased the demand for wage labour, and in the context of an industrialized economy the existence of social security can provide an incentive to workers to seek employment in the formal labour market (Deakin 2011, 165). However, Deakin’s argument needs to be scrutinized because an economy has to create labour demand and thus offer formal employment in the first place in order for a worker to participate in social security.

Moreover, contemporary social policy can no longer rely on the relative safety provided by the nuclear family and the idea of the male breadwinner. Similarly, policymakers have to take into account socio-economic shocks like the forced displacement of a country’s population, as in the case of Colombia.

A further rationale for social security is based on the need to counteract the negative ramifications of such human personality traits as myopia, implying that “agents [discount] near dates much less than distant dates and [end] up saving too little” (Andersen and Bhattacharya 2011, 157). Individuals with little access to information and education particularly tend to be worse affected by myopia, as they are subsequently less likely to be able to act on future financial concerns such as old-age pensions and health insurance. Therefore, governments have built up bureaucratic and administrative capacities in order to put in place a system of mandatory contributions and savings.

Domestic workers tend to have low levels of education, inadequate knowledge both of social security and the legal system, as well as low job security since they can easily be substituted. These workers often require the support of benevolent employers and Bureaus of Citizen Advice in order to fully grasp the importance of regularly funding their public pension accounts.

Of course, an additional explanatory factor for the relative passivity of domestic workers is the fact that the poor in Latin America generally have a low opinion of government schemes that purport to provide them with security. Moreover, with lower-than-average life expectancy, the poor find it difficult to value a pension that would only be paid out to them once they reach the age of sixty or older, depending on the individual country’s legislation (James 1999, 13).

Governments have devised social protection systems with two protective components. The state centralizes income streams via its monopoly on taxation and redistributes resources according to shifting patterns of spending priorities, which are informed by the competitive forces of politics. It is difficult to draw a clear conceptual line between the two elements of social protection, namely social insurance and social assistance (Ferreira and

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Robalino 2011, 837). However, on a fundamental level social insurance is “intended for consumption smoothing and [social assistance] for redistribution in permanent incomes” (Ferreira and Robalino 2011, 837).

Thus, according to institutionalist regulatory parlance, such social “[i]nstitutions [as social protection] reduce uncertainty by providing a structure to everyday life” (North 1990, 3). Nevertheless, apart from structuring human interactions in socially beneficial ways, institutions can also perpetuate suboptimal social orders, constantly challenging the historical and contemporary configuration of social protection and labour law in the economic development of Latin America.

Social insurance tends to be financed via contributory schemes, i.e. payroll taxes that are co-financed by the employer and the employee in a formal employment relationship. Social assistance is paid for out of the non-contributory components of the national budget, i.e. consumption taxes or royalty income, and, importantly, income from formal labour market participants’ payroll taxes or non-wage labour costs.

The Social Policy Perspective on Informal Employment

Crucially for the informal sector debate, due to the relatively low number of participants in the contributory scheme, social assistance has taken on a markedly higher degree of importance as an anti-poverty measure in most Latin American countries over the past decade. Most social assistance programmes thus focus on “in-kind transfers (particularly food programmes); workfare programmes; non-contributory social insurance schemes (such as social pensions); and conditional cash transfers (CCTs)” (Ferreira and Robalino 2011, 838). Social assistance has thus been devised in order to protect those citizens who do not contribute to social insurance via their co-payments of non-wage labour costs.

This section stresses the renewed impetus that Latin American countries have given to social policy in the sense that it also inevitably includes labour legislation —the workplace being a locus of exploitation— but also of social mobility, of course. Indeed, the protective institution of social insurance tends to be delivered and administered via the formal labour market (Levy 2008). The term ‘social policy’ is here “understood as any actions by which the state intends to provide direct assistance to individuals to raise their living standards.”

The state can provide indirect assistance by means of “monetary [and] trade policy,” for example (Atal and Ñopo 2010, 184, my italics).

This situation tends to arise because of “either legal avoidance (primarily through self-employment) or illegal evasion” (Atal and Ñopo 2010, 185). In fact, a majority of households do not have a “family member in the labour market who receives protection against risks,” so that, depending on an individual country’s social and labour regulation and policy, there potentially exists a significant danger of downward social mobility if an individual falls sick, becomes unemployed, or reaches old age (Atal and Ñopo 2010, 185). However, advances in social assistance have sought to create a mitigating buffer in so far as the social protective system nowadays provides access to basic social healthcare, for instance, independent of the employment status of the head of household, at least in urban areas.

The complex issues that informality raises in terms of insufficient coverage of social protection have also featured more prominently in Latin American policy debates in recent years (Levy 2008). Moreover, there exists a two-way relationship between informality and social policy; i.e. the current design of social protection to some degree provides an incentive to informal activities in the labour market, whilst social protection as a part of social policy has frequently failed to cover individuals who, due to their informal employment status, do not fully participate in the system of social protection that is currently in place in Latin America.

Indeed, the current structure of social protection can act as a disincentive to seek formal employment. Based on an individual’s calculations, he might be better off earning a wage in an informal job whilst at the same time taking advantage of elements of social assistance programmes, which would normally be denied to him if he were in a formal employment relationship. In fact, “[c]onditioning welfare transfers on the labour-market status of the potential beneficiaries will increase the level of informality of the economy” (Galiani and Weinschelbaum 2012, 837). Maloney observes that “[o] ften an entire family is covered by medical benefits when any one member is formally employed, so the marginal value of benefits to the second formal sector worker is zero” (2003, 72).

Murillo Ronconi and Schrank state that under current conditions “labour-market based systems of social protection […] pool risks at the level of the enterprise rather than the economy, and thereby elevate labour costs, undercut redistribution, and give firms and workers an incentive to enter the informal economy” (2011, 809). The policy of funding social insurance via the contributions of the relatively small number of formal labour market participants, in conjunction with commonplace evasion of social and “labour regulations and individuals’ low valuation of social [insurance] benefits” provides incentives to entrepreneurs and employees to “remain uncovered in order to avoid contributions” (Atal and Ñopo 2010, 203). Consequently, that socially suboptimal path adds to the pressure on the social protective regime, which then not only has to provide resources for the coverage of children, the sick and the elderly, but also for those “not covered

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by the formal mechanisms” (Atal and Ñopo 2010, 203; Vuletin 2008, 12). In other words, the current funding mechanism of social protection measures runs counter to the principle of equitable burden sharing in society (Levy 2008).

Furthermore, only if a country manages to sustainably control the level of unemployment are there sufficient revenue and budgetary resources for social services.

Conversely, employment creation in productive parts of the economy is a political and economic imperative, which governments around the world have found hard to implement. In fact, since the labour market functions as a “social integration axis […] social protection strategies based on universal rights do not override the purpose of creating more and better jobs” (Bertranou and Maurizio 2010, 27).

What is more, the conceptual framework of this paper does not adopt an analytical focus on employment contracts, which Langille regards as “a very thin and negative foundation for labour law” (2011, 36).

Therefore, issues such as the analysis of disputes between individual employees and their employers, as well as changes to the system of severance payments and dismissal legislation, are not discussed in detail.

Furthermore, individual labour law has little bearing on labour market and social protection institutions in the presence of high numbers of informal workers and self-employed individuals on the one hand, and low coverage rates of labour contracts, especially in the agriculture, construction and trade sectors, on the other hand. Thinking beyond the confines of this article, an examination of employment contracts would, however, be relevant as part of an extensive analysis of informal employment because of the inextricable links between approaches to creating formal employment and the fiercely debated themes of deregulation and flexibility of labour markets.

Nevertheless, the analytical perspective employed in this research has been guided by social rights discourse, which pursues “a thicker and more positive claim” (Langille 2011, 36). Applied to the study of regulatory approaches to informal employment, only a conceptual lens that contextualizes the nexus between law, socio-economic structures and political forces can be expected to yield a promising analysis. By stressing the essential human and social nature of work, we can more convincingly claim to be wresting the debate on informal employment from the hands of some members of the economics and legal professions who all too often tend to be concerned with dichotomies such as regulation versus deregulation, flexibility versus rigidity, and the minutiae of contract details and court procedures, even though work as a human activity touches on the personal, socio-economic, legal, political and cultural domains.

Political actors and analysts have repeatedly criticized the institution of labour law as a stumbling block on the road towards economic development and as ineffective in protecting “vulnerable workers” (Davidov and Langille 2011, 1). Given the pressing questions raised by informal employment, “[l]abour law faces the challenge of how [to] integrate diversity [and] status issues such as that of precarious workers,” how —as part of a comprehensive social policy approach—labour law can “[protect] the vulnerable,” and in what ways labour law “[relates] to the increasing complexity” of industrial and societal modernization (López, Chacartegui and Cantón 2011, 346).

Moreover, this paper stresses the relevance of the currently operational funding mechanism of the social security system and its claim to universal coverage as a framing mechanism to analyse social and labour regulation. The factors of participation in the formal labour market, sustainability of the contributory system, coverage of social protection, and inclusive policies for the informal sector form the inextricable nexus between labour and social legislation. In fact, the interplay and closer integration of labour law and social protection create opportunities “for the future relevance of labour law” (Sankaran 2011, 233, my italics) and for the “development functions of labour law” (Deakin 2011, 164).

Conclusion The fact that under current conditions many Latin Americans are forced or incentivized to labour at least to some extent outside the law has dire consequences for their very own livelihoods, as well as for social cohesion within societies, the sustainability of social protection, and the trust placed in the protective elements of labour law. Nevertheless, several years after a consensus on the need for publicly-funded social protection emerged via fierce political contestation, a considerable number of individuals in the region are still not able to find decent work or to receive insurance against personal life risks and “Black Swan” events in the wider economy.

Moreover, the regulatory framework in many respects undermines an individual’s abilities to engage in entrepreneurship that makes ample as well as productive use of a country’s human and natural resources. In other words, the substantive policy goals of social and labour regulation are most likely met by enhancing capabilities and by empowering individuals to utilize those capabilities. In particular, the continued presence of structural, i.e. non-temporary occurrences of unemployment, often makes state intervention in the form of empowering social policy, protective labour legislation, and public spending a crucial matter for maintaining social peace and providing a minimum level of domestic demand.

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Although advances have been made in social policies since the 1990s, employment creation in terms of quality rather than quantity still lags behind most other economic indicators, and labour law hence has limited applicability. Notwithstanding this fact, the legal codes of the Latin American countries studied here still maintain some relevance today, although they have certainly not fulfilled the hopes that have been invested in labour law throughout history.

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rev.estud.soc. No. 54 • octubre-diciembre • Pp. 12-24 • ISSN 0123-885X • eISSN 1900-5180 · DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.01

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La problemática transición boliviana hacia la época postneoliberal: el caso de la economía comunitaria* Nam Kwon Mun** Fecha de recepción: 29 de octubre de 2014 • Fecha de aceptación: 17 de marzo de 2015 • Fecha de modificación: 24 de mayo de 2015 DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.02

R E S U M E N | El gobierno de Evo Morales ha definido la época contemporánea boliviana como el tiempo del postneoliberalismo, un período de tránsito hacia el socialismo comunitario a través del pluralismo económico y un desarrollo económico integral. Las múltiples vías de desarrollo en las diversas formas de producción de acuerdo con sus propias lógicas marcan la diferencia con otros modelos existentes. Sin embargo, la evolución de la economía comunitaria, pilar del nuevo modelo, demuestra, con los resultados de la reforma agraria y de la revolución agrícola, que la continuidad de los paradigmas neoliberales ha perpetuado el patrón de desarrollo de hegemonía capitalista. La Bolivia actual vive envuelta en una retórica antineoliberal radical, atemperada por el pragmatismo neoliberal.

PA L A B R A S C L AV E | Bolivia, postneoliberalismo, socialismo comunitario, economía comunitaria, reforma

agraria.

The Problematic Bolivian Transition toward the Post-Neoliberal Era: The Case of the Communitarian Economy A B S T R AC T | The government of Evo Morales has defined the contemporary era in Bolivia as the time of post-neoliberalism, a period of transition toward communitarian socialism through economic pluralism and integral economic development. The multiple paths to development among the diverse forms of production, each based on its own logic, mark the way in which it differs from other existing models. However, the evolution of the communitarian economy, which is the pillar of the new model, demonstrates through the results of the agrarian reform and the agricultural revolution that the continuance of neoliberal paradigms has perpetuated the hegemonic capitalist pattern of development. Contemporary Bolivia is thus immersed in a radical anti-neoliberal rhetoric tempered by neoliberal pragmatism.

K E Y W O R D S | Bolivia, post-neoliberalism, communitarian socialism, communitarian economy, agrarian reform.

A problemática transição boliviana ao período pós-neoliberal: o caso da economia comunitária R E S U M O | O governo de Evo Morales tem defendido o período contemporâneo boliviano como o tempo do pós-neoliberalismo, um período de transição ao socialismo comunitário por meio do pluralismo econômico e de um desenvolvimento econômico integral. As múltiplas vias de desenvolvimento nas diversas formas de produção de acordo com suas próprias lógicas determinam a diferença com outros modelos existentes.

Contudo, a evolução da economia comunitária, pilar do novo modelo, demonstra, com os resultados da reforma agrária e da revolução agrícola, que a continuidade dos paradigmas neoliberais tem perpetuado o padrão de desenvolvimento de hegemonia capitalista. A Bolívia atual vive envolvida numa retórica antineoliberal radical, amenizada pelo pragmatismo neoliberal.

PA L AV R A S - C H AV E | Bolívia, pós-neoliberalismo, socialismo comunitário, economia comunitária, reforma

agrária. *

La investigación desarrollada en este artículo fue financiada por Hankuk University of Foreign Studies Research Fund, de 2014.

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Doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor de la Facultad de Estudios Occidentales de Hankuk University of Foreign Studies (Corea del Sur). Entre sus últimas publicaciones se encuentran: La reconfiguración del Estado boliviano hacia el plurinacionalismo: economía política de autonomía indígena. Revista de Ciencias Sociales 20, n° 3 (2014): 522-534, y Growth and Regional Development of Mexico and South Korea: A Comparative Analysis of the Laws of Kaldor (en coautoría con Luis Quintana y Andrés Roldán). Investigación Económica 72, n° 284 (2013): 83-110. Correo electrónico: namkwon@hotmail.com

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TEMAS VARIOS

Introducción El siglo XXI ha estado marcado en Bolivia por una búsqueda permanente de nuevos regímenes y de modelos diferentes al de la época neoliberal (Laserna, Gordillo y Komadina 2011, 9). El intento por reconstruir el país del gobierno izquierdista de Evo Morales ha girado hacia las agendas claves del antineoliberalismo y de la justicia social, al tiempo que ha ido apareciendo en el debate público toda una nueva terminología organizada en torno a los conceptos del Vivir Bien, el pluralismo económico, la economía comunitaria, el socialismo comunitario y el capitalismo andino-amazónico, entre otros (De Alarcón 2011, 425).

Estos nuevos conceptos articulan el debate sobre el denominado postneoliberalismo, un discurso aún en construcción tanto a nivel regional como a nivel global. A escala regional, se ha planteado que el giro a la izquierda en los países latinoamericanos constituye algo más que un simple cambio de regímenes político-económicos, puesto que la transformación contemporánea no se puede reducir a un simple intento por superar el Consenso de Washington (Rovira Kaltwasser 2010), ni tampoco a la sugerencia de un papel más dinámico del Estado en busca del crecimiento y de la estabilidad social (Grugel y Riggirozzi 2009).

El debate sobre la crisis del neoliberalismo y la época postneoliberal continúa también a nivel global. Según Anatole Kaletsky (2011), por ejemplo, el modelo capitalista contemporáneo evoluciona hacia un nuevo modelo (capitalismo 4.0), habiendo superado el capitalismo neoliberal y su economía de mercado (capitalismo 3.0), que a su vez había superado el capitalismo revisado de dirección estatal (capitalismo 2.0), sustituto del capitalismo clásico del laissez-faire (capitalismo 1.0). Es decir, en busca del nuevo régimen, los pueblos parecen distanciarse del paradigma tradicional del capitalismo neoliberal combinado con la democracia representativa, que no ha resuelto los problemas económicos y ha traído consigo únicamente desencantos y frustraciones por las sucesivas crisis económicas traducidas en bipolarización, concentración de la riqueza y desempleo.

En numerosos y diversos países han ido emergiendo nuevos gobiernos más estatistas y nacionalistas, que exhiben un rechazo radical a las propuestas basadas en las políticas de mercado descontrolado (Prevost, Campos y Vanden 2012). Es verdad que Bolivia comparte algunas características con otros países vecinos en su marcha antineoliberal: el nacionalismo exagerado, la fuerte movilizacion popular o el protagonismo del Estado en la economía (Morales 2012, 49-50). Sin embargo, la particularidad de Bolivia en la reconstrucción estatal es la heterogeneidad histórica tanto de regiones como de etnias con presencia mayoritaria indígena marginada, que ha generado un sinfín de conflictos sociales.

La búsqueda boliviana de una alternativa postneoliberal se materializó tanto en el plano sociológico —con el “Capitalismo Andino-Amazónico”— como en el plano económico —con el “Nuevo Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo”—, y su destino futuro pasa por una transformación social hacia el denominado socialismo comunitario. El socialismo comunitario resume la sociedad postcapitalista boliviana, donde el pluralismo económico prevalece, y lo comunitario se toma como fuente principal de esta alternativa al capitalismo (Prada 2011). Se puede afirmar, en consecuencia, que el fomento de la economía comunitaria es el elemento diferenciador del modelo boliviano.

Este trabajo pretende analizar las principales características y los detalles del nuevo modelo boliviano, así como la economía política del modelo en torno a los principales actores sociales. Luego, se enfoca en el estudio de caso de la economía comunitaria, partiendo del análisis de la reforma agraria y de la revolución agrícola, para evaluar finalmente el alcance y las limitaciones del modelo postneoliberal boliviano.

La sociedad boliviana en la definición del nuevo modelo postneoliberal El debate en torno a la conceptualización del postneoliberalismo El giro a la izquierda y su experimento de reconstrucción estatal requieren un debate teórico en torno a la conceptualización de la transformación. Muchos autores (Burdick, Oxhorn y Roberts 2009; Calderón 2008 y 2010; Ellner 2012) han intentado definir lo que viene después del neoliberalismo en los países latinoamericanos, con el objetivo de construir un marco conceptual apropiado para el análisis de la era postneoliberal. Sin embargo, el debate apenas está dando sus primeros pasos, y el marco teórico del postneoliberalismo todavía no ha sido consensuado, lo que plantea serias dificultades a la hora de abordar el análisis. Hasta el momento, se han visualizado dos perspectivas diferentes en relación con la manera de entender y conceptualizar la nueva y cambiante realidad de América Latina.

El primer intento de definición y caracterización general del postneoliberalismo viene del marco conceptual que aborda la transformación de los países izquierdistas latinoamericanos desde la perspectiva de la combinación entre un proyecto ideológico-político hacia el socialismo y una suma de diferentes políticas y prácticas. Esta conceptualización del postneoliberalismo se articula en torno a dos elementos claves: la socialización de la economía de mercado y la ampliación de la democracia.

Esta corriente teórica, que abarca desde las primeras exploraciones de los nuevos regímenes (Burdick, Oxhorn y Roberts 2009; Grugel y Riggirozzi 2009; Macdonald y

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Ruckert 2009) hasta los recientes diagnósticos de los países de la denominada izquierda radical (Ciccariello-Maher 2013; Ellner 2012), se ha enfocado en descifrar el surgimiento de la nueva izquierda latinoamericana frente al fracaso de los modelos neoliberales, destacando sus semejanzas y sus diferencias con otros predecesores como la antigua izquierda latinoamerica del siglo XX, los regímenes comunistas actuales de Cuba y China, y la socialdemocracia de Europa y América Latina.

La metodología empleada en la indagación de la naturaleza de la época postneoliberal se ha basado, con frecuencia, en la agrupación de las cualidades comunes de los ensayos postneoliberales y en la catalogación de los nuevos regímenes en función de sus signos distintivos. El trabajo más controvertido de este género fue el de Jorge Castañeda (2006), quien clasificaba la nueva izquierda latinoamericana en dos izquierdas antagónicas: la Buena (socialdemócrata) y la Mala (populista), incluyendo en la primera a Brasil, Chile y Uruguay, y en la segunda, a Venezuela, Ecuador y Bolivia.

Otros trabajos representativos, de mayor repercusión, han sido los de Calderón (2008, 65-66; 2010, 336), en los que se atiende a los criterios de las políticas de crecimiento económico, la reforma institucional y la distribución del poder, para clasificar los países latinomericanos en cuatro grupos bien diferenciados: los reformistas prácticos (Brasil, Chile y Perú, donde la prioridad de estabilidad económica se combina con algunas modalidades participativas en la toma de decisiones); los nacionalistas populares (Venezuela y Argentina, donde prevalece el liderazgo carismático refrendado por movilizaciones masivas para imponer las decisiones del Estado en los asuntos de desarrollo y democracia); los neodesarrollistas indígenas (Bolivia y Ecuador, donde el Estado plurinacional, sobre la base del reconocimiento formal de las instituciones indígenas, dirige las prácticas desarrollistas de neoextractivismo); los modernistas conservadores (Colombia, México y Guatemala, donde gobiernos de tendencia autoritaria respaldan la expansión del mercado apoyados en su cercanía ideológica con Estados Unidos).

En trabajos más recientes, Heidrich y Tussie (2009) y Ellner (2012) clasifican en dos grupos los regímenes izquierdistas que sondean nuevas realidades postneoliberales: regímenes izquierdistas percibidos (socialismo del siglo XXI) y regímenes izquierdistas autoidentificados (de centro izquierda). Al mismo tiempo, detallan las características de las complejas condiciones políticas de cada uno de ellos. Esta tipología de regímenes postneoliberales relata las diferentes expresiones de las reformas postneoliberales, principalmente bajo los esquemas de un proyecto político-ideológico socialista, que conlleva la socialización de la economía de mercado, y de una profundización en la democracia, que conlleva la autogestión y la autonomía de la sociedad civil a nivel nacional, y la nueva economía política a nivel regional latinoamericano.

Sin embargo, las críticas realizadas a este tipo de clasificaciones destacan que las categorías políticoideológicas no pueden utilizarse como descriptores fiables del postneoliberalismo, debido a que la categorización se basa en la retórica y en las implementaciones políticas de mayor visibilidad, sin prestar atención suficiente a las formaciones sociales existentes ni a las trayectorias dependientes institucionales (Yates y Bakker 2014, 74).

Desde este punto de vista, surge una segunda alternativa de aproximación al análisis del postneoliberalismo, que rechaza la percepción y la interpretación simplistas de la época postneoliberal, así como la evolución lineal de la misma, resaltando por su parte las complejidades internas detectadas en el proceso de cambio hacia el nuevo régimen. Este enfoque argumenta que el proyecto postneoliberal no implica una ruptura total con el neoliberalismo ni supone una división binaria, ya que las condiciones institucionales históricas restringen esa posibilidad (Sader 2011).

Aplicando una lógica similar, Yates y Bakker (2014, 76-79) proponen el concepto “neoliberalización abigarrada” como eje de su enfoque para el análisis de la naturaleza de la época postneoliberal actual. Sobre la base de las tres dimensiones identificadas por Brenner, Peck y Theodore (2010, 339-342), es decir, atendiendo a la experimentación reguladora, la transferencia de políticas y el cambio de régimen, este marco teórico conceptualiza los hechos de la reestructuración institucional, asociándolos a cuatro escenarios diferentes: neoliberalización residual, contra-neoliberalización desarticulada, contra-neoliberalización organizada, socialización profunda. De acuerdo con estos autores, de esta manera se puede localizar con precisión en América Latina la naturaleza de cada una de las transformaciones contemporáneas.

Es verdad que el proceso de transformación del Estado hacia la época postneoliberal, es decir, la contra-neoliberalización, ha seguido una trayectoria complicada, retorcida y no lineal, que refleja un equilibrio entre las fuerzas de contención del mercado y las fuerzas reorientadas a favorecerlo. Estas condiciones se imponen como necesarias en determinados contextos que, como el boliviano, precisan mantener la estabilidad económica, teniendo en cuenta que la problemática del postneoliberalismo surge fundamentalmente de su demora en alcanzar las condiciones subjetivas para generar las condiciones de superar el neoliberalismo (Sader 2009, 176). En consecuencia, la reconstrucción del Estado bajo ideales socialistas termina siendo un proceso de contingencia contextual.

Bolivia experimenta en la actualidad prácticas contradictorias en instituciones diversas, ubicables en los cuatro niveles señalados. Asimismo, se debe subrayar que el postneoliberalismo de Bolivia presenta características constitutivas de todos los proyectos neoliberales y postneoliberales, aunque su retórica política

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sea claramente antineoliberal. El principio ideológico de desafío contra el neoliberalismo no supone necesariamente, en la práctica, un enfrentamiento frontal con el neoliberalismo, como se atestiguará en el análisis posterior.

El capitalismo andino-amazónico y el modelo económico, social, comunitario y productivo La exploración del nuevo modelo postneoliberal se produjo en el cruce de dos rutas. La primera de ellas, es la generada desde la perspectiva sociológico-política por el grupo Comuna, integrado por el actual vicepresidente, García Linera; el exviceministro de Planificación del Desarrollo, Raúl Prada; Luis Tapia y Oscar Vega, entre otros (Arce 2011, 8). El grupo ha definido el socialismo comunitario como el destino final de la sociedad boliviana; sin embargo, el actual contexto boliviano se define como la etapa del capitalismo andino-amazónico, un modelo que refleja las particularidades del capitalismo local que combina procesos de subsunción formal y subsunción real (Stefanoni y Svampa 2007, 154). El capitalismo boliviano de la etapa actual —explica el grupo— cuenta de manera particular con las formas económicas capitalistas y las no capitalistas, y la potenciación de esas formas no capitalistas irá generando procesos de mayor comunitarización que desembocarán en el postcapitalismo (García 2010).

Según dicha definición, la clave radica en lo comunitario como alternativa al capitalismo; sin embargo, la dificultad teórica de lo comunitario sigue ciertamente presente, así como los cuestionamientos sobre la mejor manera de potenciar el sector comunitario.

Como indican Bazoberry y Salazar (2008) y Jaldín (2010), conviven en la sociedad boliviana incentivos económicos individuales y lógicas de reciprocidad con prácticas colectivas y comunitarias. Jiménez (2009, 377-378) señalaba en su investigación sobre las economías comunitarias de ayllus (aillus) una modalidad de articulación entre las lógicas de mercado y las lógicas de subsistencia.

En el centro del debate se encuentra la posibilidad de transformar la experiencia comunitaria en un paradigma alternativo al capitalismo. Los teóricos del modelo del capitalismo andino-amazónico (De Alarcón 2011; García 2010; Tapia 2011) han propuesto el proyecto plural de modernización entre los distintos sectores económicos: industrial, artesanal urbano y comunitario rural. Al hablar de las tres modernizaciones diferentes, el modelo enfatiza la lógica propia de la economía artesanal y la comunitaria, descartando la visión lineal del desarrollismo cepalino (García 2011). Rechaza, asimismo, la lógica productivista de alta rentabilidad de la economía mercantil capitalista para los sectores comunitario y artesanal.

La segunda ruta del modelo postneoliberal llega desde los economistas del grupo Duende, organizados en torno al actual ministro de Economía, Luis Alberto Arce Catacora. Aquí, el nuevo modelo parte otra vez del principio de que el Estado debe desempeñar un papel protagónico en la economía mediante políticas proactivas de promoción productiva y mejora de la calidad del empleo, bajo una estrecha articulación y coordinación con políticas de distribución social de la riqueza. Este retorno al estatismo económico no es nuevo en la historia boliviana, que ha transcurrido al ritmo de un movimiento pendular entre las estrategias del estatismo y las del liberalismo (Prado 2012, 1). Los vaivenes se remontan a los primeros años de la República, pero esta vez se distancia tanto del antiguo desarrollismo izquierdista de los cincuenta como de la estrategia neoliberal de los noventa, dando lugar a “la tercera alternativa” (Bresser-Pereira 2007, 114).

El nuevo Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo (ver el gráfico 1), como sugiere su denominación, reconoce la pluralidad de la economía boliviana, reflejando las diversas formas de organización económica y los retos de las políticas públicas. La institucionalización del modelo se llevó a cabo mediante el Plan Nacional de Desarrollo de 2006, cuya culminación llegó con la nueva Constitución del Estado Plurinacional de 2009, que en sus artículos 306 y 307 reconoce, promueve y protege la economía plural, constituida por cuatro formas de organización económica: la economía estatal (el Estado y las entidades económicas de propiedad estatal), la privada (las empresas económicas de propiedad privada), la comunitaria (los sistemas de producción y reproducción fundados en los principios y la cosmovisión originario-campesinos de los pueblos y naciones indígenas) y la cooperativa (las asociaciones cooperativas).

Gráfico 1. Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo Sectores generadores de ingreso y empleo

Sectores estratégicos • • • •

Hidrocarburos Minería Electricidad Recursos ambientales

Estado redistribuidor

• Economía comunitaria • Industria manufacturera • Vivienda

Programas sociales • Bono Juancito Pinto • Renta Dignidad • Bono Juan Azurduy Fuente: elaboración propia, con datos del Ministerio de Economía, Bolivia.

rev.estud.soc. No. 54 • octubre-diciembre • Pp. 25-38 • ISSN 0123-885X • eISSN 1900-5180 · DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.02

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Bajo la pluralidad económica de las cuatro formas de organización, el modelo identifica dos pilares: el sector estratégico, que genera excedentes, y el sector generador de ingresos y empleo. Según el gobierno, el modelo funciona primero en el sector estratégico, a través de la recuperación del control estatal en los viejos y tradicionales sectores del modelo primario exportador (hidrocarburos, minería, electricidad y recursos ambientales). Las rentas generadas por el gobierno en estos sectores se transfieren a la provisión de bienes públicos como la salud, la educación y la vivienda, y a la industrialización y promoción de la diversificación productiva. El segundo pilar, el del sector generador de ingresos y empleo digno, se arma entre la industria manufacturera, el turismo, la vivienda, el desarrollo agropecuario y otros motores todavía no dinamizados que se fomentarán gracias a los excedentes transferidos desde los sectores estratégicos. En este sentido, el Estado adopta el papel de redistribuidor, y el modelo se basa en la administración estatal de los recursos naturales. El propio ministro de Economía, Luis Arce, reconoció en la entrevista1 que la orientación del modelo es desarrollista, y su meta final es la industrialización de la economía boliviana. Declara que se busca construir una Bolivia industrializada y productiva, abandonando el modelo histórico primario exportador.

Este modelo difiere supuestamente de otros modelos, el pasado y el vigente en la región, desde varias perspectivas. El discurso oficial (García 2010 y 2011) argumenta que, a diferencia del desarrollismo estructural de los años cuarenta y cincuenta —que distinguía únicamente entre obreros y burgueses—, el Estado no intenta sustituir el sector privado ni tutelar la economía sociocomunitaria. La distancia desde el neoliberalismo es aun mayor, en términos filosóficos y epistemológicos, ya que presenta una crítica al libre mercado y a la hipótesis del mercado eficiente. Niega que el libre mercado resuelva todos los problemas, y retoma para el Estado el rol de actor fundamental refutando el papel restringido de las instituciones públicas en asuntos relacionados con la garantía de la propiedad privada o el cumplimiento de los contratos (Wanderley 2011, 259). En el nuevo modelo, el Estado prioriza el mercado doméstico, en contraste con el énfasis neoliberal en la demanda externa para el crecimiento económico, al tiempo que intenta superar la dependencia del ahorro externo. Otra diferencia ideológica sería la insistencia en la inclusión social y la generación de oportunidades para la sociedad (Arce 2011, 11).

La originalidad declarada por el discurso oficial boliviano se halla ciertamente en la modernización pluralista, de acuerdo con las propias lógicas de las diferentes organizaciones económicas. A partir de la propia lógica

1

La entrevista se llevó a cabo por el autor en el despacho del Sr. Ministro, el día 24 de julio de 2013, en La Paz (Bolivia).

microempresarial y campesina comunitaria, implementa la especialización, la diversificación, el desarrollo tecnológico, el acceso a mercados y la provisión de servicios.

Frente a la vía unitaria de modernización del desarrollismo cepalino, el modelo postneoliberal boliviano, según el discurso oficial (Stefanoni y Svampa 2007, 155), reconoce que hay diversas maneras de medir el bienestar económico, y que, ante la eficiencia, la productividad y la rentabilidad de la economía mercantil capitalista, cabe adoptar los criterios organizativos de la economía comunitaria: complementariedad, solidaridad, reciprocidad, igualdad, sustentabilidad y equilibro.

Los actores sociales y la transformación social El modelo anterior representa la correlación de fuerzas entre los diferentes actores económico-sociales: el Estado, la oligarquía oriental y los movimientos sociales. Todos ellos tienen distintos intereses políticos y económicos, a lo que debe sumarse el hecho de que los movimientos sociales de Bolivia no conforman un bloque monolítico, lo que complica aún más la implementación real del nuevo modelo postneoliberal dando lugar a la brecha entre el discurso y la práctica.

El Estado, representado por el MAS, es la suma de diferentes ideologías e intereses entre los indigenistas, izquierdistas y populistas, ya que se trata de la confederación flexible y negociada de organizaciones sociales (Stefanoni y Svampa 2007, 157). El gobierno de Evo Morales es una alianza que, sobre una fuerte base electoral, abarca una amplia gama de etnias, ideologías izquierdistas y clases (Crabtree 2011, 136). La combinación y articulación de la corriente pachamámica, la corriente desarrollista y la corriente populista dentro del MAS y del gobierno han moldeado un modelo con definiciones, en algunos aspectos, conflictivas y contradictorias (Arze y Gómez 2013, 49-51).

En principio, el modelo postneoliberal refleja claramente la ideología izquierdista, cuando asume el socialismo comunitario como el destino final de la sociedad boliviana. Se refiere al modelo socialista, al que se quiere llegar y que requiere un largo período de transición, en el que conviven y entran en conflicto el capitalismo y el socialismo (García 2010, 15). Según el propio vicepresidente Linera, “el horizonte general de la época es el comunista. Pero en este momento está claro que no es un horizonte inmediato, el cual se centra en conquista de igualdad, redistribución de riqueza, ampliación de derechos” (Stefanoni y Svampa 2007, 153). Aunque destacan como actores centrales las comunidades indígenas campesinas, los cooperativistas y los asalariados (García 2011, 29), los izquierdistas enfatizan el rol del Estado en su esfuerzo por corregir fallas del mercado como la de la desigualdad social, dando lugar a las calificaciones de “extractivista” (Laserna 2012) y “neodesarrollista” (Calderón 2008).

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Aparte de la naturaleza izquierdista, otro punto particular del discurso postneoliberal es el avance del sector comunitario, debido a la influencia creciente de los indigenistas dentro del gobierno. Los indigenistas, liderados por el canciller, David Choquehuanca, hacen énfasis en los aspectos culturales del Vivir Bien (Medina 2012, 1). El Suma Qamaña (el Vivir Bien, en aimara), concepto que no encaja en la filosofía moderna occidental, hace referencia a la recuperación de la vida en completa armonía con la madre naturaleza, la Pachamama, donde todos son hijos de la naturaleza y del cosmos (Choquehuanca 2010). Allí no existe una dualidad de oposición entre la sociedad y la naturaleza, sino que una contiene a la otra, y ambas se conciben como complementarias e inseparables. Esta lógica indígena promueve, por lo tanto, una visión particular del desarrollo, con base en la comunalidad y en la relacionalidad, frente a la individualidad occidental en la relación entre el hombre y la naturaleza (Bravo y González 2009; Huanacuni 2010), lo que genera un contraste y un conflicto perenne con el desarrollo alternativo propuesto por los izquierdistas (Gudynas y Acosta 2011, 72-75). De los movimientos sociales, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) —en las regiones de Potosí, La Paz, Chuquisaca y Cochabamba— y los indígenas de las tierras bajas en torno a la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) exigen la promoción del sector comunitario, a partir de la demanda de la autonomía indígena y la autodeterminación (Fundación Tierra 2011, 12).

Sin embargo, ni todos los movimientos sociales ni los dirigentes del gobierno comparten la ideología indigenista y los proyectos gubernamentales. Al contrario, el pilar con el voto decisivo dentro del gobierno rechaza la importante parte de la reforma postneoliberal, como la descentralización y autonomía indígena. Los movimientos interculturales en torno a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” (CNMCIOB-BS), que crearon este gobierno, catalogado como el gobierno de los movimientos sociales, tienen fuerte identidad campesina y una forma de organización sindical.

Ellos piden la transformación estatal hacia un Estado antineoliberal donde todos los bolivianos, indígenas y no indígenas, compartan la riqueza nacional sin discriminación, valorando al mismo tiempo la participación en el poder político para mantenerse en un lugar hegemónico.

La derecha tradicional de la oposición —enquistada en la llamada Media Luna, los cuatro departamentos del Oriente boliviano—, otro actor importante de la sociedad boliviana, ha servido como fuerza de contención en la elaboración y ejecución del nuevo modelo económico postneoliberal. La particularidad boliviana, como es bien sabido, se halla en la discrepancia sobre el centro

político y el económico entre La Paz y Santa Cruz (Eaton 2007, 93). Aunque la Media Luna aloja el 35% de la población del país, su peso en el PIB nacional es del 67%, posee el 77% de la tierra cultivable y más del 90% del gas natural del país (Mun 2010, 601-602).

La derecha tradicional, con el sentimiento de privación, convertida ahora en autoridades descentralizadas frente al centralismo del MAS, insiste en el laissezfaire del régimen económico y reclama el control de los recursos naturales regionales (tierra, gas natural y petróleo), y el control y jurisdicción sobre más de dos tercios de todos los ingresos tributarios generados en el departamento (Eaton 2007, 14). Actualmente, la presencia y la acción de la derecha siguen influyendo en los planteamientos de políticas públicas a favor del sector privado, representado por las grandes empresas, todos ellos encaminados hacia un régimen más liberal, como se analizará más adelante.

La transformación social bajo el nuevo modelo La economía comunitaria y la reforma agraria En 2005, antes de la toma de posesión del gobierno del MAS, el sector comunitario y el estatal ocupaban aproximadamente el 8% y 14% del PIB, respectivamente, mientras que el sector privado tenía una presencia absoluta del 54% (Arze y Gómez 2013, 100).

Bajo estas circunstancias de hegemonía capitalista y debilidad estatal y comunitaria, el gobierno de ideología izquierdista ha impulsado continuamente un papel activo del Estado en la economía a través de las nacionalizaciones de empresas privatizadas en la época neoliberal, como en el caso de los Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), e incrementado las tasas de impuestos a las compañías transnacionales en sectores estratégicos como el de los hidrocarburos (Kaup 2010, 128).

Por otra parte, el gobierno ha incrementado la participación del gobierno central en la distribución del Impuesto Directo de Hidrocarburos (IDH), respecto a los gobiernos departamentales (Weisbrot y Sandoval 2008, 10), para fortalecer la hacienda pública. Asimismo, se han constituido nuevas companías estatales para encabezar la industrialización en varios sectores económicos: la Empresa de Cementos de Bolivia (ECEBOL), en 2008; la Planta Industrializadora de Coca, en 2010; Empresas Azucareras, en 2010, y la Empresa Boliviana de Recursos Evaporíticos (EBRE), en 2010, entre otras (Arias 2011).

Esta expansión del sector público se instrumenta al compás de la ampliación de programas sociales como la Renta Dignidad, el Bono Juancito Pinto y el Bono Juana Azurduy, destinados a reducir la pobreza, la

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desigualdad y la marginación (Molina 2008, 10-11), lo que define el carácter izquierdista del nuevo régimen, con su enfoque estatal y teleológico. Sin embargo, de no ser por el fomento del sector comunitario propio de Bolivia, y a pesar de las iniciativas mencionadas de promoción del sector estatal, el nuevo modelo boliviano carecería de identidad y no existiría ninguna diferencia con la izquierda convencional y otros modelos de desarrollismo puestos en práctica en diversos países latinoamericanos.

La economía comunitaria se define, en el artículo 307 de la nueva Constitución Plurinacional, como “los sistemas de producción y reproducción de la vida social, fundados en los principios y visión propios de las naciones y pueblos indígena originario y campesinos” (Asamblea Constituyente de Bolivia 2009, 76). El sector comunitario de la economía boliviana absorbe la mayoría de la población rural y es el oferente de alimentos para el país, pero la fragilidad histórica del sector ha traído serios problemas, tales como el empobrecimiento de la población rural, la inseguridad alimentaria por la escasez de los alimentos y la creciente dependencia del mercado externo. Existen varios factores que pueden explicar este problema histórico.

El factor clave y estructural que explica dicho fenómeno, es la realidad del sector comunitario, que carece de tierra cultivable, y en el que predominan los minifundios y las pequeñas parcelas familiares. El campo boliviano ha soportado la polarización entre la producción capitalista de las grandes empresas agroindustriales que dominan el sector y la producción campesina de la propiedad colectiva y las pequeñas parcelas familiares. Bolivia es, después de Chile, el segundo país de toda América Latina con mayor inequidad en la tenencia de tierra. Antes de la llegada del gobierno actual, aproximadamente el 3,9% de las familias poseía el 91% de la tierra (Weisbrot y Sandoval 2008, 2-3), y, como consecuencia, la superficie cultivada tanto en el altiplano como en las tierras bajas por el 96% de las familias bolivianas se encuentra entre las 0,5 y las 3 hectáreas (Cartagena 2012, 165).

La otra causa de la debilidad de la economía comunitaria puede hallarse en su diferente modalidad de relación con el mercado, ya que los pequeños productores rurales piensan por lo común en la seguridad alimentaria de su unidad familiar, y en las comunidades se mantiene una racionalidad de subsistencia, en contraste con la racionalidad maximizadora de beneficios del sector privado industrial. Se puede decir que lo anterior se debe a un sistema de normas y valores étnico-culturales alternativo a la racionalidad moderna, de acumulación de capital y organización eficiente y competitiva (Temple 2003). En las comunidades siguen ciertamente las prácticas colectivas de control de los medios de producción en la tenencia de la tierra comunal, y se mantienen las costumbres del trueque y del trabajo colectivo (el ayni y la minka) en los ayllus (Prada 2010, 116).

El tercer factor han sido las políticas públicas equivocadas, que han agravado el problema del campo boliviano, puesto que tanto los gobiernos revolucionarios como los neoliberales han contribuido al mantenimiento del espacio de indecisión mencionado. Los campesinos e indígenas, siendo los proveedores de los alimentos, han recibido pocas veces el apoyo del Estado y sufrieron irónicamente las consecuencias negativas de las políticas oficiales (Rojas 2012, 122). En otras palabras, las comunidades originarias y los productores campesinos recibieron los incentivos menores, en comparación con el sector empresarial agrícola, en el período del capitalismo de Estado, de 1952 a 1985, y no ha habido una política pública integral que incentive y contribuya al desarrollo del sector comunitario y la economía real en el período neoliberal (Wanderley 2011, 246).

Ante semejantes circunstancias, el discurso oficial de fomento del sector comunitario se ha dirigido a procurar equilibros entre los diferentes actores productivos. En el nuevo modelo económico postneoliberal, el principal interés del gobierno es el funcionamiento del sector comunitario como generador de empleo e ingresos, y garantizar al mismo tiempo el suministro de alimentos en el mercado doméstico. Para alcanzar dichos objetivos, el gobierno del MAS ha diseñado e implementado dos políticas fundamentales para el fomento del sector comunitario.

La primera es la reforma agraria, que otorga a la población indígena los derechos sobre la tierra y el territorio como condiciones productivas del espacio físico (Chumacero 2010; Fundación Tierra 2011), y la segunda es la revolución agrícola, que, a partir de una nueva y más equitativa titulación de la tierra, debería promover la producción comunitaria de alimentos hacia el mercado doméstico e incrementar los ingresos de la población campesina (Cartagena 2012; Rojas 2012). Con la conjunción de ambas políticas se espera fortalecer el rol de la economía campesina, indígena y originaria de base comunitaria en la economía nacional, complementando y, en algunos casos, desplazando otros actores productivos.

Los indigenistas de la corriente pachamámica del MAS han sido los principales promotores de esta reforma, cuyo objetivo ha sido cambiar la estructura de la tenencia de la tierra en favor de las comunidades que la trabajan (Medina 2012). La demanda de reversión y expropiación de los latifundios improductivos ha resonado con fuerza en el escenario político boliviano.

Sin embargo, la implementación actual de las reformas revela una paradoja por parte del MAS, ya que el gobierno sólo da seguimiento a la política de la época neoliberal en relación con la distribución de la tierra. En la época neoliberal, ya en 1994, el gobierno de Sánchez de Lozada había diseñado, con miras a asegurar la gobernabilidad multicultural, la segunda reforma agraria, que intentaba corregir los errores de la primera reforma agraria, de 1953 (Mun 2010, 603), que había traído el establecimiento

La problemática transición boliviana hacia la época postneoliberal | Nam Kwon Mun

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TEMAS VARIOS

de numerosos minifundistas en el oeste y el surgimiento de grandes latifundistas en el este del país, debido al ilimitado reparto sin costo de la tierra (Osborne 1986, 74-76). La reforma agraria neoliberal de 1996 tenía por objetivo impedir el proceso de traslado de tierra gratuita a los latifundistas, y estipuló la Función Económica Social (FES) abriendo la posibilidad de confiscar la tierra distribuida, en caso de ser incumplida. Lo novedoso de la ley 1715 de 1996 era que otorgaba el derecho de propiedad colectiva a las comunidades indígenas en forma de Tierra Comunitaria de Origen (TCO), y el mecanismo diseñado para la reforma fue el saneamiento del derecho de la propiedad de la tierra por diez años, hasta 2006 (Fundación Tierra 2011, 10).

ha sido realmente escasa. Esto se explica porque el saneamiento ha alcanzado un avance de sólo un 59% de la tierra total objeto de saneamiento durante los dieciséis años, centrado en los hábitats tradicionales de los indígenas, y no ha tocado hasta la fecha la tenencia empresarial (INRA 2013; Ormachea 2012). Al igual que durante la época neoliberal, la misma FES constituye el mecanismo de saneamiento, que, en vez de servir para la supuesta confiscación de la tierra improductiva de latifundios, ha sido utilizado, por el contrario, para ratificar de hecho todos los derechos de los grandes terratenientes, que pueden conservar sus tierras, con la única condición del cumplimiento de la FES (Arze y Gomez 2013, 90).

La política del MAS en la distribución de la tierra en el sector comunitario ha sido exactamente igual a la anterior, y sólo extendió el período del saneamiento durante siete años más, hasta 2013, mediante la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria n° 3545 de 2006 y su Reglamento n° 29215 de 2007.

Dicho fenómeno ha provocado críticas, según las cuales la intención del MAS es mejorar la gobernabilidad mediante la articulación de los intereses entre los indígenas, los terratenientes de tierras bajas y el sector empresarial (Regalsky 2010, 47). Lo anterior queda probado en el hecho de que la reversión a propietarios privados llegó sólo a 64 predios con 126.860 hectáreas, hasta 2012, a pesar de las retóricas políticas espontáneas sobre la justicia económica. De hecho, la redistribución de la tierra al sector comunitario ha descansado principalmente sobre la distribución de tierras de vocación forestal, tierras fiscales agrícolas y barracas (tierras agroforestales sin propietario), en vez de la tierra cultivada del oriente.

Por lo tanto, el resultado de la reforma ha sido la expansión de las TCO (ver el gráfico 2), como forma de propiedad de la tierra para las comunidades indígenas y originarias, que suman un total de 22 millones de hectáreas, el 34,95% de las tierras saneadas hasta 2012.

Por otro lado, el mayor porcentaje de tierras saneadas pertenece a la tierra fiscal, que ocupa el 36,6% del total, mientras que sólo unos 4,4 millones de hectáreas, el 6,7%, han sido saneadas hasta el momento como tenencia empresarial y mediana. El panorama estadístico general parece conformar la mayor dotación de la tierra para el sector comunitario.

No obstante, el resultado permite aseverar que no se ha modificado la estructura de la tenencia de la tierra, y que la dotación nueva de tierra al sector comunitario

Otro hecho que complica el proceso de la repartición de la tierra es la pugna interna dentro del sector comunitario. Los campesinos y los movimientos interculturales dentro del MAS reaccionan contra la expansión de las TCO, criticándolas por considerarlas otro tipo de latifundios (Fundación Tierra 2012). Los cocaleros, los movimientos interculturales y los colonizadores de este grupo, que prefieren derechos individuales frente a la

Gráfico 2. Resultados de la reforma agraria, por tipo de propiedad 1953-1993

1996-2012

0,00% 0,89% 0,00%

21,67% 12,28%

4,85%

6,70% Tierra comunitaria de 0,00% origen

Tierra comunitaria de origen

Tierra fiscal

Tierra fiscal

Propiedad comunitaria

Campesinos e interculturales

Pequeña

Empresa y mediana

Empresa y mediana 39,24%

Sin dato

Sin dato 36,60%

34,95%

Fuente: elaboración propia, con los datos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). rev.estud.soc. No. 54 • octubre-diciembre • Pp. 25-38 • ISSN 0123-885X • eISSN 1900-5180 · DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.02

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propiedad colectiva, han presentado el anteproyecto de la nueva Ley de Tierras, que reclama el reconocimiento de los “asentamientos campesinos”; en otras palabras, avasallamientos espontáneos o promovidos en tierras fiscales, áreas protegidas y TCO, con el agravante de que no se podrán desalojar hasta la conclusión de su trámite de dotación (Rojas 2012, 146). El caso del sonado conflicto del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), ocasionado por la construcción de la carretera que traspasa el parque nacional y la TCO, ha demostrado claramente que los campesinos controlan el gobierno (Fortún 2012). Este conflicto entre las organizaciones campesinas y las indígenas afecta al proceso de saneamiento, y por el momento el trabajo de la distribución de la tierra está prácticamente parado por causas políticas.

El desarrollo de la economía comunitaria y el funcionamiento del nuevo modelo El fomento de la economía comunitaria en el nuevo modelo económico se hace teóricamente a través de una titulación más equitativa de la tierra y el consecuente incremento de la producción agrícola de las comunidades indígenas y campesinas. Por lo tanto, la transformación de los patrones productivos y alimentarios durante el mandato del gobierno del MAS debería revelar el desarrollo de la economía comunitaria y, a grandes rasgos, el funcionamiento del modelo.

de frutas, hortalizas y tubérculos para el mercado local (Cartagena 2012), principalmente para resolver el problema de seguridad alimentaria originado en la época neoliberal como consecuencia del apoyo a la producción capitalista de los cultivos industriales destinados a los mercados externos (Ormachea 2012, 15).

Durante varias décadas, la producción agrícola comunitaria había perdido los terrenos y estaba en clara desventaja competitiva frente a la agricultura capitalista (Ormachea 2008, 5), mientras que la agroindustria aumentaba el cultivo de oleaginosas como la soya, el girasol, y también de la caña de azúcar, para la exportación, en las mejores tierras de Santa Cruz (CAO 2010). Los datos indican que en un lapso de seis décadas, entre 1950 y 2010, la población boliviana creció 3,7 veces, y la superficie cultivada, 4,4 veces. Durante ese lapso, cultivos como la soya y los cereales sobrepasaron el ritmo de crecimiento de la población y la tierra cultivada, mientras que otros cultivos campesinos de alimentos se han mantenido constantes, pese al crecimiento de la población (Rojas 2012, 135-136).

Los hechos y los datos referidos reflejan un empobrecimiento de la economía comunitaria y la crisis alimentaria de Bolivia, que depende de la importación para el abastecimiento de alimentos básicos como el trigo.

La política del gobierno para promover la producción agrícola de la economía comunitaria está siendo instrumentada bajo la denominada revolución agrícola, materialización de la Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, de 2011 (ver gráfico 3). El objetivo de esta política es incrementar la producción agrícola comunitaria, dedicada por lo general al cultivo

A pesar del discurso oficial, que promete la revitalización de la economía y garantiza la seguridad alimentaria, el desarrollo de la agricultura boliviana durante los seis años de mandato del gobierno actual muestra que, irónicamente, tanto la tendencia hacia una agricultura exportadora como la relegación de la producción campesina continúan aumentando, dando lugar a lo que el MAS denomina crisis del modelo neoliberal. Las compañías transnacionales y las grandes empresas privadas nacio-

Gráfico 3. Producción agrícola de diferentes cultivos

Gráfico 4. Peso de los diferentes sectores en el PIB 100%

2005-2006

Frutales

2005

Estatal

Privado Comuniextranjero tario

Social

52,65%

2010-2011

Forrajes

54,77%

Privado nacional

Hortalizas

80%

100%

2,58%

60%

2,22%

40%

18,63%

6,26%

20%

7,20%

0%

21,92%

13,88%

Industriales

19,88%

2010

Tubérculos

0% Fuente: elaboración propia, con datos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

Fuente: elaboración propia, a partir de los datos suministrados por Arze y Gómez (2013).

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nales, asentadas en el oriente del país, siguen liderando la agricultura de exportación, mientras que la producción comunitaria para el mercado interno sigue sin incrementar su participación en el mercado.

Las estadísticas demuestran que el incremento de la producción agrícola durante la presente legislatura ha tenido lugar principalmente en los llanos de Santa Cruz.

Así, en el marco de la misma tendencia, han sido los cultivos industriales los que han aumentado su peso en la producción agrícola total, de un 79,1% a un 80,4%. A diferencia de las propuestas de los planes nacionales, el peso de la producción campesina de economía comunitaria se ha contraído, debido a que Santa Cruz ha concentrado el 85% del aumento de las nuevas tierras cultivadas, de las que nuevamente se ha dedicado el 40% a la siembra de soya, y el 36%, a la siembra de caña de azúcar.

Las regiones del altiplano y del valle donde se localiza la pequeña producción campesina de frutas, hortalizas y tubérculos sólo han podido incrementar su producción en mínimas proporciones. El resultado fue el incremento de las importaciones anuales de alimentos en un 60%, en comparación con la época neoliberal, durante los cuatro años de mandato del MAS (Arze y Gómez 2013, 110). Las nuevas empresas públicas del sector, como la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) e Insumos Bolivia, están por el momento dedicadas a resolver el asunto de la importación alimentaria (Arias 2011).

El panoramo descrito obliga a la formulación de algunas preguntas: ¿A qué se debe el fracaso del gobierno en el fomento de la economía comunitaria? ¿Por qué sigue dominando el patrón de la agricultura capitalista? La razón más importante es la naturaleza de la tierra saneada distribuida a las comunidades originarias e indígenas. Las TCO saneadas son de uso ganadero, forestal o minero en su mayoría, y sencillamente no son adecuadas para la producción agrícola. Las TCO saneadas en las tierras altas son en la mayoría de los casos el resultado de la conversión del estado jurídico de comunidades y ayllus con títulos pro indiviso o colectivos en TCO (Ormachea 2012). Las que se encuentran en zonas de actividad minera, como Oruro y Potosí, no están habilitadas para la producción agrícola de escala, sino más bien interesadas en la producción minera y en el ingreso colectivo extra por el derecho a la consulta previa de la explotación de recursos naturales no renovables, de acuerdo con la nueva Constitución, de 2009 (Chumacero 2010, 162). Por otra parte, la poca producción agrícola en la economía comunitaria de TCO en las tierras bajas está orientada en muchos casos al autoconsumo, y las comunidades completan un 36,3% de sus ingresos con actividades forestales, de recolección, caza y pesca (Cartagena 2012, 165).

Otra razón importante del fracaso en la promoción de la economía comunitaria, es la falta de una política pública integral que apoye y acompañe la gestión productiva y sostenible de los territorios. A partir de la seguridad

jurídica de acceso a la tierra, los actores locales y el Estado deben manejar tanto herramientas técnicas e inversiones como un importante grado de organización, regulaciones y acciones políticas para el control y gestión del territorio, que facilitan el uso del mismo (Andaluz 2010). Sin embargo, la permanencia de una estructura inequitativa de tenencia de la tierra y de otros recursos está produciendo, por el contrario, un fenómeno de descampesinización en la economía comunitaria, que consiste en el aumento de personas dedicadas a labores no agropecuarias y en la gradual concentración, en algunas zonas, de las pequeñas parcelas, para dar lugar a pequeñas y medianas empresas (Ormachea 2010, 13).

Ante dichas circunstancias, desde no hace mucho tiempo el gobierno está impulsando, bajo el discurso de la soberanía alimentaria, acciones de incentivación al agronegocio, para extender la frontera agrícola.

El gobierno acordó con la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), que había liderado el conflicto regional de 2007 amenazando con derrocar al gobierno, trabajar en la implementación de medidas destinadas a ampliar la frontera agrícola, como la ampliación del plazo de revisión de la FES de la propiedad agrícola de tres a cinco años, la flexibilización de la normativa de acceso al crédito bancario y la agilización de los permisos para nuevos desmontes (Quispe 2012, 1).

Se puede inferir, por lo tanto, a partir de las políticas públicas y los resultados alcanzados, que los hechos no sustentan la retórica oficial del carácter indígena y comunitario de la transformación social. Existe una distancia entre el discurso del fomento de la economía comunitaria y la práctica de la reforma agraria y la revolución agrícola. El gobierno del MAS ha seguido la misma orientación y mantenido las leyes elaboradas en la época neoliberal, y la economía comunitaria no ha podido convertirse en un proveedor importante de alimentos, ni generar los nuevos empleos, ni incrementar los ingresos. La pretendida transformación contemporánea del sector se ha estancado en la continuidad del patrón primario exportador.

El protagonismo estatal y la hegemonía capitalista en la época postneoliberal El dominio de la producción capitalista en el campo continúa, a pesar de la retórica comunitaria gubernamental, también a nivel de la economía nacional. El argumento del nuevo modelo postneoliberal, relativo al desarrollo integral entre los diversos actores sociales y las diferentes formas de producción, parece no haber alcanzado su objetivo hasta la fecha. El análisis de este trabajo confirma que los únicos cambios destacables en la economía durante el mandato del MAS han sido el creciente protagonismo estatal y el constante predominio del sector privado empresarial, en contraste con el estancamiento del sector social-comunitario.

rev.estud.soc. No. 54 • octubre-diciembre • Pp. 25-38 • ISSN 0123-885X • eISSN 1900-5180 · DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.02

TEMAS VARIOS Gráfico 5. Volúmenes de producción agrícola, por región

tendencia a la concentración y la centralización del capitalismo (Arze y Gómez 2013, 164), al promover la coexistencia entre las unidades comunitarias (TCO y pequeños agricultores campesinos) y los otros dos sectores (empresarial y estatal).

2010-2011

15.000.000

2005-2006

10.000.000

Total

Santa Cruz

Llanos

Valles

0

Altiplano

5.000.000

Fuente: elaboración propia, con datos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

Durante los cinco años de mandato del MAS, sólo el sector estatal ha incrementado su participación en la economía nacional, del 14% al 20%, mientras que el sector comunitario redujo su peso del 7,20% al 6,24%, y el sector privado empresarial, del 54% al 52%. Esto prueba que el modelo postneoliberal de capitalismo andino-amazónico y Nuevo Modelo Económico Social, Comunitario y Productivo es teórica y metodológicamente deficiente en todo lo relativo al desarrollo integral. En otras palabras, la intención del modelo no radica en promover el sector comunitario por encima de otros sectores económicos, ya que el gobierno parece haber dado prioridad al alto crecimiento económico fundamentado en un régimen neoliberal favorable al sector industrial. Por lo tanto, el modelo no ha alcanzado hasta ahora las posiciones intermedias de tránsito hacia el socialismo comunitario.

El análisis de la reforma agraria y la revolución agrícola señala que este resultado se debe a dos factores: la dualidad contradictoria del discurso postneoliberal, concerniente a la esencia del capitalismo, y el conflicto interno entre las diferentes corrientes dentro del oficialismo. Por una parte, la meta del discurso de superación del patrón exportador primario y fin del mismo capitalismo no ha sido alcanzable, porque parte de la contradicción de asumir la coexistencia de la expansión de la economía capitalista con el concepto del Vivir Bien, sin acciones innovadoras por parte del gobierno. Lo que ha hecho el gobierno del MAS para el campo y la economía del país es la aplicación ininterrumpida de paradigmas neoliberales (la orientación exportadora, la priorización de la inversión extranjera y la redistribución limitada de la renta fiscal), que habría de resultar en la permanencia del modelo existente de hegemonía capitalista.

El discurso ha ignorado la asimetría de la fuerza y la

Por otra parte, el segundo factor que ha contribuido a la configuración actual que no logra la modificación del patrón de desarrollo, ni un cambio de modelo económico, más allá de la mayor presencia estatal en la economía, ha sido la preeminencia del tinte desarrollista de los izquierdistas y populistas, ante la corriente pachamámica en la pugna interna del oficialismo. El MAS nunca ha intentado transformar el Estado de manera revolucionaria en pro de los intereses indígenas, ni tampoco ha buscado la creación de un Estado indígena, sino un nuevo contrato social con miras a garantizar la gobernanza y desarrollar el país sobre la base de una ideología izquierdista. La contradicción entre el discurso del Vivir Bien y la práctica desarrollista se ha resuelto en muchas ocasiones en favor de los proyectos neodesarrollistas.

Las organizaciones sociales dominantes, como las de los cocaleros y los movimientos interculturales, que consideran este gobierno como suyo, han impulsado la agenda pública en función de sus intereses económicos y sociales, enfocados en la mayor intervención estatal y la redistribución de la riqueza. El resultado de este “patrimonialismo plebeyo” de los movimientos sociales (Stefanoni y Svampa 2007, 156), que busca una relación clientelar con un Estado rentista, ha sido el florecimiento de regímenes económicos liberales, que favorecen las actividades de grandes industrias privadas, junto a un creciente papel del Estado en la economía.

Esta tendencia liberal del mandato del MAS ha causado en varias ocasiones conflictos sociales con grupos de diferentes identidades, como en el caso de la carretera del Tipnis, conflicto gestionado por el MAS, con talante autoritario en primera instancia, pero por el que luego se retractó para conciliarse con las organizaciones indígenas. Puede colegirse, por lo tanto, que la etnicidad indígena provee legitimidad al gobierno y que la estabilidad política y social ha sido importante para sentar las bases de la victoria electoral.

De hecho, gracias al fuerte apoyo de las organizaciones afines al gobierno, Evo Morales logró el 12 de octubre de 2014 la reelección para su tercer mandato, con una mayoría absoluta del 61,04%, aunque el apoyo para el Presidente se redujo ligeramente, en comparación con el 64,22% de 2009 (Tribunal Supremo Electoral, www. oep.org.bo). El hecho de que el crecimiento del sector hidrocarburífero, junto a su consecuente expansión de programas sociales y de la inversión pública, haya desembocado en una victoria electoral demuestra la eficacia de la aplicación del pragmatismo del estilo Lula en Bolivia, más que la de cualquier proyecto ideológico.

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Conclusión

Referencias

La introducción del postneoliberalismo en Bolivia suele asociarse con la llegada al poder del gobierno de Evo Morales, que convocó a varios grupos de interés, llenos de frustración e ira contra el modelo neoliberal.

Sin embargo, la propuesta de su modelo postneoliberal, que apuntaba a una transición hacia la época postcapitalista, no ha logrado diferenciarse del modelo previo de desarrollo económico, así como tampoco modificar el patrón primario exportador ni llevar a Bolivia a una transformación social verdaderamente trascendental.

1.

En contra del argumento central del nuevo modelo —fundamentado en el desarrollo integral de los diferentes sectores de la economía, de acuerdo con sus propias lógicas, hacia el socialismo comunitario—, lo que se ha observado a la hora de poner en práctica el modelo postneoliberal ha sido un choque entre la noción del Vivir Bien y la práctica desarrollista. El proceso de contra-neoliberalización en Bolivia refleja las dificultades en la transición hacia la época postneoliberal. Su retórica es propia de un proyecto ideológico radical, pero en la práctica se aplica un pragmatismo neoliberal, dado que el discurso postneoliberal, que pretendía satisfacer las demandas de los diferentes actores sociales en un amplio espectro de ideologías, no ha logrado traducirse en una implementación lineal y coherente de prácticas políticas y económicas efectivas.

2.

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El mandato del MAS ha priorizado en el contexto particular de Bolivia el equilibrio entre mercado e ideología, con el objetivo de asegurar la estabilidad económica, política y social. Ya que no dispone de las condiciones para ir más allá del neoliberalismo, la época antineoliberal del MAS ha sido testigo de la coproducción de las condiciones neoliberales y más que neoliberales. De hecho, esta gobernanza, basada en los programas sociales prácticos, ha surtido efecto en las contiendas electorales.

Como se ha demostrado, la definición del período postneoliberal actual como una etapa de transición en el nuevo modelo constituye un razonamiento idealista.

De una mayor presencia estatal en la economía, con acciones limitadas a superar las fallas del mercado, no puede esperarse un tránsito automático hacia la época postneoliberal, aunque tal vez los teóricos del régimen insistirán en resaltar el carácter de enunciado performativo que encierra su propuesta. Lo que se observa es un país que, enmarañado en las instituciones neoliberales, afronta el triple y difícil desafío de encontrar una alternativa, superar el neoliberalismo e inaugurar una efectiva y verdadera época postneoliberal.

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rev.estud.soc. No. 54 • octubre-diciembre • Pp. 25-38 • ISSN 0123-885X • eISSN 1900-5180 · DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.02

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Migración internacional y desarrollo. Aportes desde el transnacionalismo* Ana Melisa Pardo Montaño** Fecha de recepción: 23 de octubre de 2014 • Fecha de aceptación: 15 de enero de 2015 • Fecha de modificación: 26 de mayo de 2015 DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.03

R E S U M E N | Este artículo tiene como objetivo fundamental analizar la relación entre la migración internacional y el desarrollo, a partir de la mirada del transnacionalismo como una de las teorías más utilizadas en la actualidad para explicar el fenómeno migratorio. Considerando esto, la discusión inicial se remite a las principales teorías que explican la migración, enfocándose en la relación que éstas tienen con el desarrollo; en un segundo momento, se analiza el transnacionalismo, principalmente desde la mirada geográfica, mientras que en la última parte se consideran algunas prácticas económicas de carácter transnacional, las cuales permiten entender la relación entre la migración y el desarrollo. Finalmente se resaltan los principales aportes del transnacionalismo, específicamente desde las prácticas económicas de carácter transnacional.

PA L A B R A S C L AV E | Migración internacional, desarrollo, transnacionalismo, remesas.

International Migration and Development. Contributions from Transnationalism A B S T R AC T | The fundamental objective of this article is to analyze the relationship between international migration and development, from the viewpoint of transnationalism as one of the main theories currently used to explain the migratory phenomenon. Considering this, the initial discussion refers to the main theories that explain migration, focusing on their relation to development. Secondly, it analyzes transnationalism, mainly from a geographic perspective, while in the last part, it considers some transnational economic practices that help to understand the relationship between migration and development. Finally, it highlights the main contributions of transnationalism are highlighted, specifically in terms of transnational economic practices.

K E Y W O R D S | International migration, development, economic transnational practices, Remittances.

Migração internacional e desenvolvimento. Contribuições do transnacionalismo R E S U M O | Este artigo tem como objetivo fundamental analisar a relação entre a migração internacional e o desenvolvimento a partir do olhar do transnacionalismo como uma das teorias mais utilizadas na atualidade para explicar o fenômeno migratório. Considerando isso, na discussão inicial, remete-se às principais teorias que explicam a migração enfocando-se na relação que estas têm com o desenvolvimento; num segundo momento, analisa-se o transnacionalismo, principalmente a partir do olhar geográfico; enquanto na última parte, consideram-se algumas práticas econômicas de caráter transnacional, as quais permitem entender a relação entre a migração e o desenvolvimento. Finamente, ressaltam-se as principais contribuições do transnacionalismo, especificamente a partir das práticas econômicas de caráter transnacional.

PA L AV R A S - C H AV E | Migração internacional, desenvolvimento, transnacionalismo, remessas.

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Este trabajo es resultado del proyecto “Impacto económico del envío de remesas de la población mexicana residente en Minnesota en el desarrollo regional de Puebla y Morelos”, el cual no cuenta actualmente con financiamiento.

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Doctora en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Investigadora asociada del Instituto de Geografía, UNAM. Entre sus publicaciones se encuentran: Magnitud y tendencia de la mortalidad por homicidios en Colombia y México, 2000-2011 (en coautoría con Claudio Alberto Dávila-Cervantes). Revista Panamericana de Salud Pública 36, n° 1 (2014): 10-16; Notas de investigación. Transformaciones espaciales generadas por la migración transnacional. El caso Axochiapan (Morelos) – las Ciudades Gemelas (Minnesota). RELACSO. Revista Estudiantil Latinoamericana de Ciencias Sociales 3 (2013): 1-20, y Análisis del espacio y el transnacionalismo. Una visión desde la geografía. El caso Morelos (México) – Minnesota (EE. UU.). Cuadernos de Geografía 21, n° 2 (2012): 45-58. Correo electrónico: apardo@igg.unam.mx

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TEMAS VARIOS

Introducción La relación entre migración y desarrollo es un tema de interés tanto para la academia como para los gobiernos de los países de origen y destino de los migrantes. El fenómeno migratorio ha sido visto en ocasiones como resultado de los desequilibrios en el desarrollo económico, mientras que en otras se ha considerado como un proceso potencializador del crecimiento económico, tanto en el origen como en el destino (Palazuelos y Villareal 2013).

Estas diferentes visiones dependen de los lugares, los momentos y las circunstancias históricas relacionadas con el fenómeno migratorio (Nyberg-Sørensen, Van Hear y Engberg-Pedersen 2002).

Aunque dependiendo de las características del contexto que se esté analizando, el carácter económico puede o no ser una de las principales motivaciones que definen la migración; por lo general, para analizar la relación entre migración y desarrollo, las remesas monetarias tienen un peso importante (Binford 2002; Mendoza y Calderón 2006; Verduzco 2008); este elemento ha permitido que la migración se haya estudiado tanto desde una perspectiva positiva como desde una negativa. La movilidad de personas de países pobres hacia países ricos genera movimiento de recursos, lo que, se supone, produce cierto equilibrio económico. Del lado negativo, se considera que la migración desplaza a los miembros de las comunidades en edades productivas, convirtiéndolas en dependientes de las remesas (Nyberg-Sørensen, Van Hear y Engberg-Pedersen 2002). Sin embargo, aun con la importancia que tienen las remesas en la relación entre la migración internacional y el desarrollo, existen otros factores que pueden ser considerados en esta relación y que dependerán tanto de la perspectiva desde la cual se esté estudiando este tema como del tipo de migración al que se esté haciendo referencia.1 En cuanto al fenómeno migratorio como tal, existen muchas teorías que buscan explicarlo, entre las que se encuentran: la teoría de la economía neoclásica, la nueva economía de la migración, la teoría de las redes, la de la causalidad acumulativa; sin embargo, una teoría desde la cual en la actualidad se están realizando muchos de los estudios sobre este tema es el transnacionalismo (Faist 2000; Glick, Basch y Szanton 1992; Guarnizo 2004; Hiernaux 2007; Kearney 1995; Mendoza 2011; Portes, Guarnizo y Landolt 1999). Este término se refiere a las “ocupaciones y actividades que requieren para su implantación contactos sociales periódicos y

1 En contextos donde se estudie la migración calificada, por mencionar un ejemplo, aunque pueda haber presencia de remesas, el factor económico no es la principal motivación de dicho movimiento de población. En el caso de esta investigación, el análisis de las teorías migratorias se enfoca principalmente en contextos donde las causas que generan migración son principalmente de carácter económico.

sostenidos a lo largo del tiempo y a través de fronteras nacionales” (Portes, Guarnizo y Landolt 1999, 219). En la actualidad, la perspectiva del transnacionalismo es considerada como novedosa y de gran importancia para estudiar la migración, debido principalmente a que explica los lazos que mantienen los migrantes con los países receptores y, por supuesto, con sus lugares de origen; sin embargo, es poco lo que se ha hablado de los aportes que dicha teoría hace al desarrollo, por lo que el objetivo general de este artículo es analizar cuáles son los aportes que la mirada transnacional puede darle a la relación entre migración y desarrollo. Considerando que el vínculo de interés involucra al desarrollo, en el análisis se destacará la importancia de la mirada económica, sin desconocer la importancia de aspectos políticos, sociales y culturales, que, como se verá, son también relevantes.

Para cumplir con este objetivo, en la primera parte se mencionarán de manera breve las teorías desde las cuales se ha trabajado el tema migratorio, resaltando las contribuciones que han realizado al estudio de la relación migración-desarrollo. En un segundo momento, se analizará el transnacionalismo, teniendo en cuenta principalmente los aportes que se han realizado desde la geografía. En la tercera parte, se analizarán algunas prácticas vistas como transnacionales, especialmente de carácter económico, y que permitirán entender la relación que tienen el estudio de la migración desde esta perspectiva y el desarrollo; en la última parte se presentan las consideraciones finales.

Teorías migratorias y desarrollo. La teoría de la economía neoclásica En principio, el concepto de migración es entendido como un cambio de residencia, que puede ser o no permanente, dependiendo del tipo de movimiento al que se esté haciendo referencia. Uno de los primeros autores en estudiar este tema fue Raverstein, quien definió etapas y factores distintos que intervienen en la migración (ver Arango 2003). Sin embargo, otros autores lo retoman y presentan distintas concepciones.

Alberts, por ejemplo, considera que la migración es un cambio de residencia, permanente o no, y señala que “no hay restricción de distancia ni consideración de carácter voluntario o involuntario de la migración, ni tampoco se hace diferencia entre la migración interna e internacional” (Alberts 1977, 9), mientras que otros, como Vivas, explican la migración como “todo desplazamiento de población que se produce desde un lugar de origen a otro de destino, implica el cruce de algún límite político administrativo o ecológico y lleva consigo un cambio de residencia habitual” (Vivas 2007, 13).

Estas definiciones se vinculan con las distintas teorías que han intentado explicar la migración. Una de éstas es la teoría de la economía neoclásica, que, aparte de

rev.estud.soc. No. 54 • octubre-diciembre • Pp. 39-51 • ISSN 0123-885X • eISSN 1900-5180 · DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.03

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ser la más antigua, ha sido una de las más influyentes.

A nivel general, expone que la migración es causada por las diferencias geográficas en relación con la oferta y la demanda laboral.

Un país con una gran reserva laboral respecto al capital se caracteriza por un salario bajo; mientras que un país con una limitada reserva laboral con relación al capital se caracteriza por un salario alto.

Los diferenciales salariales resultantes hacen que los trabajadores de países con salarios bajos, o con exceso de oferta laboral, se muevan hacia los países con salarios altos o con escasez de oferta laboral. Como resultado de este movimiento, la oferta laboral decrece y los salarios eventualmente se incrementan en los países pobres en capital, mientas que en los países ricos en capital la oferta laboral aumenta y los salarios caen. (Durand y Massey 2003, 14)

El tema del desarrollo se plantea en esta teoría a partir del lugar de destino, considerándolo como un espacio de progreso y de mejora de las condiciones de vida que se tienen en los lugares de origen; además, supone que la mejor forma de elegir el destino es el balance entre las principales ventajas que dicho lugar puede brindar, es decir, aquellos lugares con mayor desarrollo y que ofrecen más y mejores trabajos bien remunerados.

Por otra parte, menciona que uno de los elementos con los cuales se contribuye al desarrollo en los lugares de origen, es el envío de remesas, pues éstas aumentan el ingreso de las unidades familiares, de las cuales —aunque en su mayoría son utilizadas en los gastos diarios— un porcentaje considerable puede ir a inversiones en la zona de origen.

Uno de los principales aspectos que puede criticársele a esta teoría, es que afirma que el trabajador se desplaza a cualquier región en la que espera que sus ganancias netas sean superiores a las de su lugar de origen; sin embargo, en la actualidad se sabe que, además de lo económico, influyen otros aspectos que son igualmente importantes, como las redes sociales, las cuales facilitan a los migrantes la elección de los lugares de destino, ya que les proveen, entre otros elementos, alojamiento provisional, seguridad y, en muchos casos, relaciones laborales. Esto indicaría que, aunque el incremento de sus ganancias económicas es importante, también lo es el hecho de facilitar se entrada al nuevo lugar.

Además de esto, esta teoría hace referencia específicamente a migraciones por cuestiones laborales, dejando por fuera otras causas como la reunificación familiar, aspecto que tiene un peso importante, principalmente en los últimos años.

Otro de los aspectos que no considera esta teoría son las políticas de control instauradas en los lugares de destino, ya que para algunas nacionalidades resulta mucho más fácil adquirir la documentación necesaria para ingresar al lugar de destino, que para otras. En

el caso de la migración de mexicanos hacia Estados Unidos, influye un factor fundamental: la distancia, ya que al compartir frontera, puede llegar a ser más fácil disminuir las desventajas de no tener la documentación indicada para migrar. Mientras tanto, la migración de centroamericanos indocumentados a Estados Unidos resulta más complicada, pues deben atravesar dos o más fronteras, lo que dificulta y disminuye su probabilidad de llegar a su destino.

Otro elemento que, de acuerdo a Roldán (2012), puede criticársele a la teoría, es la mirada demográfica que se le da a la relación entre desarrollo y migración, la cual considera como causa de la migración, principalmente, el exceso de fuerza de trabajo, aspecto que es resuelto por quienes proponen esta teoría con el control de la sobrepoblación y, por ende, del crecimiento de la mano de obra.

Si bien la teoría neoclásica logra dar un paso adelante en la explicación de los procesos migratorios, la crítica principal que se le puede hacer es su enfoque exclusivamente económico, que deja por fuera otros elementos de carácter social, político y cultural.

La nueva economía de la migración Esta teoría nace como una modificación de la teoría neoclásica. Se corresponde con la neoclásica, al explicar que la migración es una elección racional; sin embargo, toma como actor principal la familia, el hogar u otras unidades culturales de producción y consumo, y no al individuo, como lo hace la anterior teoría.

Una clave en el análisis de esta aproximación es que las decisiones migratorias no obedecen exclusivamente a la voluntad de actores individuales, sino que se insertan en unidades más amplias de grupos humanos —familias o grupos familiares, en ocasiones comunidades enteras—, en las que se actúa colectivamente para maximizar no solo la esperanza de obtener nuevos ingresos, sino también para minimizar los riesgos económicos. (Durand y Massey 2003, 15)

Su principal relación con el tema de desarrollo, es que se enfoca entre tres elementos de carácter económico: los salarios, las remesas y la circulación de bienes e información. Una de las principales consideraciones que hace la teoría de la nueva economía, es que les quita el peso a las diferencias salariales entre el origen y el destino que le otorgaba la teoría neoclásica como una de las principales causas que empujaban a los trabajadores a migrar.

Sin embargo, esta explicación de la migración, antes que ser vista como una teoría, es entendida más como una extensión o corrección de la teoría neoclásica, por lo que su dependencia de ésta se ve como una de sus principales deficiencias. Además de esto, el hecho de enfocarse en las condiciones económicas del lugar de Migración internacional y desarrollo | Ana Melisa Pardo Montaño

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origen para explicar sus causas y consecuencias resulta problemático, ya que no sólo las características económicas en los lugares de origen influyen en la decisión de migrar de las familias, sino que es necesario tener en cuenta otros factores como los mencionados en las deficiencias de la teoría neoclásica.

Otra de las críticas que puede hacérsele a dicha teoría, es que al centrarse en las causas y consecuencias de la emigración en los lugares de origen, les resta atención a las ventajas que pueden ofrecer los lugares de destino, y los factores que facilitan o dificultan el desplazamiento de las personas (Arango 2003), elementos considerados por otras teorías, como se verá más adelante.

La exportación de la fuerza de trabajo La teoría de los mercados de trabajo duales impulsada por Piore (1979) explica que la decisión de migrar no es tomada por los hogares o por individuos, sino que es el fruto de la demanda laboral de las sociedades industriales, es decir, que se centra en la categoría de exportación de fuerza de trabajo como elemento para analizar el desarrollo.

Las migraciones internacionales obedecen a una demanda permanente de mano de obra en las sociedades industriales avanzadas, que tienen su origen en ciertas características intrínsecas de éstas y que, a su vez, producen una segmentación en sus mercados de trabajo. Por una serie de razones, las economías muy desarrolladas necesitan trabajadores extranjeros para ocupar los trabajos que soslayan los trabajadores autóctonos y que ya no realizan las mujeres ni los adolescentes, si es que alguna vez lo hicieron. (Arango 2003, 13)

Este mismo autor señala que una de las principales ventajas de esta teoría es que explica, entre otros aspectos, por qué en las sociedades avanzadas existen trabajos con bajos salarios y poco apetecidos por los autóctonos, por qué son rechazados por estas personas y por qué los inmigrantes están dispuestos a aceptar estos trabajos, además de las razones por las cuales ya no son cubiertos por mujeres o adolescentes, como se hacía antes.

El tema del desarrollo desde esta teoría se enfoca de manera específica en dos aspectos: en las ventajas económicas en el lugar de destino y en la facilidad en la inserción laboral de estos migrantes. Estos aspectos se explican principalmente porque en las sociedades avanzadas la economía se divide en un sector primario —con predominio de capital intensivo— y un sector secundario —con trabajo intensivo pero poco salario—.

Estos puestos de trabajo del sector secundario no suelen ser ocupados por la población de origen, ya que significan baja posición social, poco salario, y no ofrecen la posibilidad de mejoras a futuro. Una posibilidad de hacer

más atractivos estos trabajos podría darse si se mejoran los salarios; no obstante, ésta no es una solución pertinente, ya que al aumentar los salarios, sería necesario además acrecentar los del sector primario, lo que significaría una inflación a nivel general, poco atractiva para el mercado. Sin embargo, estos trabajos pueden ser desempeñados por migrantes, puesto que los salarios son significativamente mayores que en sus lugares de origen, y la posición social primordial para ellos es la de sus lugares de origen, la cual pueden mejorar incrementando sus recursos a través de este tipo de empleos.

Por otra parte, quienes ocupaban estos cargos anteriormente, mujeres y jóvenes, no tienen la misma disponibilidad, ya que, en el caso de las mujeres, así como en el caso de los adolescentes, éstos también buscan dejar su condición de mano de obra secundaria mejorando, entre otros aspectos, su nivel de escolaridad (Arango 2003).

Aun cuando esta teoría tuvo muchos adeptos, hay algunos elementos que no quedan del todo claros. Por ejemplo, presenta como principal motor de la migración internacional la demanda laboral en las economías receptoras, dejando de lado las razones que impulsan la migración en los lugares de origen, lo cual significa que sólo aclara una parte de la realidad de este fenómeno.

Por otra parte, esta teoría presenta como un factor importante el reclutamiento por parte de las sociedades receptoras, y en la actualidad este fenómeno no es del todo frecuente; si bien es cierto que un ejemplo de este aspecto puede ser el programa bracero,2 o el caso de algunos países europeos que solicitan población joven para desempeñar ciertas actividades, en la actualidad los trabajadores, en su mayoría, deciden migrar sin que necesariamente sean requeridos por empresas de los lugares de destino.

La teoría del sistema mundial Esta teoría comparte con la anterior la idea de que las sociedades avanzadas necesitan indiscutiblemente la mano de obra extranjera para ocupar cargos poco rentables. Se basa principalmente en la noción de un sistema mundial moderno, aportada por Wallerstein (1979), quien hace referencia a un sistema mundial de predominio europeo, dividido en tres esferas: centro, periferia y semiperiferia. La teoría de los sistemas mundiales explica entonces que la migración es producto de la dominación de las regiones céntricas sobre las periféricas, que da como resultado mayor desigualdad, en comparación con otras teorías (Durand 2004). Le da gran relevancia al componente del desarrollo, pues las ventajas de las esferas mencionadas están directamente relacionadas con los niveles de desarrollo de las mismas.

2 El programa bracero es un acuerdo laboral celebrado entre México y Estados Unidos en 1942, con el objetivo de que la población mexicana laborara en Estados Unidos, en el sector agrícola.

rev.estud.soc. No. 54 • octubre-diciembre • Pp. 39-51 • ISSN 0123-885X • eISSN 1900-5180 · DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.03

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Uno de los aspectos que puede llegar a ser cuestionable de esta teoría, es su alto nivel de generalización, ya que sugiere que todos los países atraviesan procesos similares, sin tener en consideración las particularidades del fenómeno migratorio o la importancia de las decisiones individuales o del grupo familiar. En este caso, el migrante carece de decisión y es manejado por los intereses del mercado global. Por otra parte, no todos los países periféricos están relacionados con países centrales, lo cual los dejaría por fuera del proceso migratorio, y en la actualidad se pueden observar flujos migratorios entre países que sólo están relacionados de esta manera, lo cual resulta insostenible, de acuerdo con esta teoría.

Las redes migratorias en los procesos de movilidad “Las redes de migrantes son conjuntos de lazos interpersonales que conectan a los migrantes, primeros migrantes y no migrantes, en las áreas de origen y destino mediante lazos de parentesco, amistad y de compartir un origen común” (Massey et al. 2008). Una de las principales ventajas de las redes, es que facilitan la migración bajando los costos del desplazamiento, a través del flujo de información sobre empleos, mejores lugares para migrar, etcétera. Muchas personas deciden migrar debido a que algún compatriota o familiar lo hizo con anticipación, generando un efecto de migración en cadena, ya que, al conocer las ventajas o desventajas de los lugares de destino —la mejor forma de cruzar la frontera, las ventajas salariales, entre otros aspectos—, la decisión de los candidatos a migrar se facilita considerablemente (Durand 2000). Otro elemento importante de las redes de migrantes, es la reducción de los riesgos asociados a la migración, ya que la presencia de éstas en los lugares de origen aumenta la probabilidad de obtener empleo.

Esta teoría asevera que la migración puede ser tanto una decisión individual como familiar que genera, como ya se mencionó, cierta facilidad para que otros integrantes del hogar o de la comunidad puedan migrar, lo cual no interfiere con algunas teorías antes mencionadas; sin embargo, aun cuando las redes sociales facilitan estos movimientos, en algún momento el mercado laboral llega a saturarse, lo que hace necesario pensar en nuevos destinos de desplazamiento; por lo tanto, no se puede hablar de una perpetuación de la migración. Esta saturación a la que se hace referencia, es un aspecto que debe analizarse con cautela en el estudio de las redes migratorias, ya que el objetivo de éstas es facilitar todo el proceso migratorio; no obstante, si el mercado salarial y las tasas de empleo disminuyen, los flujos migratorios también; por consiguiente, aunque se trate de un teoría que explica los beneficios que tiene para el desplazamiento hacia otros lugares el tener contacto con personas que ya hayan pasado por un proceso similar, es importante destacar que éste no es un mecanismo único que pueda explicar este complejo fenómeno.

La teoría de redes revela que la distribución espacial de la migración está dada por la cantidad de migrantes en un destino específico y por las facilidades que se les ofrecen a los nuevos migrantes en relación con la ubicación laboral, principalmente; sin embargo, existen otros factores para explicar dicha distribución. En el caso de la migración de México a Estados Unidos, pueden ser, por ejemplo, la frontera compartida, la oferta de empleos, etcétera, y en otros casos, como la migración de latinos a España, el idioma común facilita de cierta manera, al igual que las redes sociales, la presencia de migrantes con dicho destino. La existencia de estas redes es un aspecto que no se puede dejar de lado por su importancia; no obstante, debe ser analizado junto con otros que permitan explicar la migración como un fenómeno más complejo.

La teoría de la causalidad acumulativa y el desarrollo La teoría de la causalidad acumulada propone que la migración internacional es un fenómeno que con el tiempo tiende a sostenerse a sí mismo, generando movimientos adicionales. “La causalidad es acumulada en el sentido de que cada acto migratorio altera el contexto social dentro del cual se toman las decisiones migratorias posteriores, particularmente porque posibilitan movimientos adicionales” (Durand y Massey 2003, 34). Estos mismos autores señalan que existen ocho modalidades en las que el proceso migratorio se ve afectado por esta teoría: la expansión de las redes, la distribución de la ganancia, la repartición de la tierra, la organización de la agricultura, la distribución del capital humano, la cultura, el sentido social del trabajo y la estructura de la producción. En este sentido, el nivel de desarrollo tanto del origen como del destino facilitará la decisión de migrar.

Existen, además, otros factores en los que esta teoría se relaciona con el desarrollo. Por ejemplo, presenta la distribución de los ingresos como uno de los principales elementos que aumenta la migración, ya que las familias con menores ingresos ven en la migración una forma de incrementarlos, contactándose con otros migrantes en busca de que se les facilite este proceso.

Sin embargo, al migrar estas familias, las diferencias en los ingresos continúan, lo que genera que otras familias deseen migrar. Otro de los aspectos que se resaltan para explicar el fenómeno migratorio a través de esta teoría, al menos en contextos rurales, es la distribución de la tierra, ya que, por diversas circunstancias, quienes comienzan a tener mayor acceso a la compra de tierras son los migrantes. “Un objetivo muy importante de las comunidades rurales es la compra de tierra. Pero la tierra la compran los migrantes que están en el extranjero típicamente porque tiene un valor que da prestigio o como una fuente de ingreso para el retiro más que como una inversión productiva” (Massey et al. 2008).

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Sin embargo, como explican estos autores, una desventaja que presenta este hecho, es que éstas son tierras que no son trabajadas en muchos casos, dejándolas por fuera del mercado laboral, lo que origina más desempleo y, a la vez, mayor migración. Otro de los aspectos relacionados con la tierra, es que los migrantes que sí deciden trabajarla tienen mayor acceso a maquinarias y a mejores métodos de producción, lo cual dificulta la actividad agrícola para los no migrantes, generando a su vez mayor desempleo y, por consiguiente, que más población decida migrar. Por último, otro de los factores que se discuten para hacer referencia al tema migratorio es lo que se denomina la cultura de la migración, que hace referencia a los cambios de valores que incrementan la probabilidad de que los individuos o familias se desplacen hacia otros lugares.

“Aunque los migrantes puedan comenzar con unos objetivos a lograr buscando hacer un viaje y ganar dinero con un propósito limitado, después de migrar adquieren un concepto muy fuerte de la movilidad social y un gusto por el consumo y otros estilos de vida difíciles de obtener mediante el trabajo local” (Massey et al. 2008). Éstos y otros aspectos deben tenerse en consideración al analizar el fenómeno migratorio, pero debe ponerse especial atención a que, aunque se trate de un fenómeno autosostenido, es decir que la migración genera más migración, esto no significa que no exista un punto donde los mercados se saturen y se desacelere el proceso migratorio, ocasionando que la población se desplace hacia otros destinos, lo cual puede resultar en principio costoso y difícil para los nuevos migrantes, debido a la falta de redes sociales. Sin embargo, estos nuevos migrantes facilitarán más adelante los procesos migratorios a los que lleguen en el futuro.

El transnacionalismo como teoría Los primeros trabajos que consideraron el transnacionalismo para analizar el tema migratorio fueron los de Nina Glick Schiller y sus colegas (1992), quienes lo definen como un proceso en el cual los migrantes mantienen distintas relaciones entre su lugar de origen y su destino (Glick, Basch y Szanton 1992). Una definición más enfocada en el tema del desarrollo, es la que presenta más adelante Portes (1996), quien considera que lo transnacional involucra de manera específica lo económico, y no todos los aspectos de la vida de los migrantes. Aunque, años más tarde, este mismo autor se refiere a lo transnacional como las “ocupaciones y actividades que requieren para su implantación contactos sociales periódicos y sostenidos a lo largo del tiempo y a través de fronteras nacionales” (Portes, Guarnizo y Landolt 1999, 219), sin clarificar si se trata exclusivamente de actividades económicas o con otro carácter.

Por otra parte, Mitchell (1997 y 2009), desde una visión geográfica, ha explicado el transnacionalismo como una serie de movimientos entre fronteras, en los cuales

los migrantes desarrollan y sostienen numerosos lazos económicos, políticos, sociales y culturales en una misma nación. Dicha conceptualización del transnacionalismo, además de coincidir con otras presentadas por Faist (2000) y Portes, Guarnizo y Landolt (2003), considera lo transnacional, no desde una visión exclusiva de “los espacios transnacionales” como tal, sino a partir de los movimientos y su importancia en lo social, lo económico y lo político.

Jackson, Crang y Dwyer (2004), también con una visión geográfica, consideran que los espacios transnacionales abarcan a todos aquellos que participan en las culturas transnacionales, como productores o consumidores.

Además de incluir prácticas materiales como la participación del mercado laboral, o del comercio de bienes y servicios de carácter transnacional, también incorporan lo que ellos llaman geografías simbólicas o imaginarias, desde las cuales se trata de dar sentido al mundo transnacional.

No obstante, aun con la relevancia que puede tener estudiar los movimientos, autores como Rouse (1991) explican que la migración no se trata sólo de un conjunto de movimientos a través de fronteras nacionales, sino que involucra la circulación continua de gente, dinero, bienes e información, lo que genera un entrelazamiento de lugares que se convierten en una sola comunidad, es decir, en una comunidad transnacional.

Rouse (1991), al igual que otros autores (por ejemplo, Conradson y Latham 2005; Jackson, Crang y Dwyer 2004), explica el fenómeno transnacional afirmando que la transcendencia del mismo está dada principalmente por toda la población que se ve involucrada: los migrantes, sus familias, los empleadores en los destinos, etcétera. Asimismo, los estudios transnacionales son aplaudidos por promover el trabajo empírico y permitir el análisis desde exploraciones abstractas de subjetividades múltiples y móviles, a partir de términos como flujo y circulación, frontera, etcétera (Mitchell 2009).

Estas diferentes formas de entender el transnacionalismo dejan como interrogante qué elementos son considerados transnacionales y cuáles no, es decir, si el hablar de contactos empresariales entre países, o de comunidades con actividades políticas en circuitos migratorios específicos, permite un análisis desde esta perspectiva. Considerando lo anterior, Dore et al. (2003) mencionan que mientras Portes (1996) centra su interés en el aspecto económico, Basch, Glick-Schiller y Szanton (1994), buscando ser más incluyentes, incorporan todas las prácticas transnacionales, esto es, tanto las económicas como aquellas relacionadas con la elección de identidades, aspectos políticos, entre otros, para lo cual definen las actividades o prácticas transnacionales en dos tipos: estrechas y amplias.

Consideramos las prácticas transnacionales estrechas y amplias como dos polos de un continuum

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TEMAS VARIOS definido por el grado de institucionalización, de movimiento dentro del campo transnacional o de participación en las actividades transnacionales. Por transnacionalidad en sentido estrecho o restringido entendemos a aquellas personas involucradas en prácticas económicas, políticas y sociales que implican un movimiento habitual en un campo geográfico transnacional, un alto nivel de institucionalización o una participación personal constante.

Mientras que por transnacionalidad en sentido amplio entendemos una serie de prácticas materiales y simbólicas en las cuales las personas involucradas sostienen un movimiento físico esporádico entre los dos países, un bajo nivel de institucionalización o sólo ocasional, pero que incluye ambos países como puntos de referencia. (Dore et al. 2003, 169)

Esta perspectiva resulta de mayor interés cuando se está trabajando en comunidades pequeñas con prácticas menos abarcadoras, ya que de esta manera se pueden incorporar como prácticas transnacionales tanto las actividades económicas a gran escala como las personas que viajan regularmente e incluso venden mercancías en el origen y el destino, o bien, a aquellos que regresan a sus lugares de origen a celebrar las fiestas del pueblo y a quienes las celebran en el destino, entre otras tantas actividades producto de la migración internacional. Esto, además, permite diferenciar tipos de actividades (económicas, políticas, simbólicas, etcétera), las cuales, de alguna manera, se ven reflejadas en el desarrollo de las comunidades tanto de origen como de destino. El siguiente apartado se enfocará en las actividades de carácter económico y su relación con el desarrollo. No obstante, aunque la mayoría son consideradas principalmente como actividades económicas, también tienen relación con otros elementos de carácter social, cultural y político, como es el caso de las remesas familiares y colectivas.

Prácticas económicas transnacionales La migración, vista desde el transnacionalismo, involucra a personas que intercambian bienes materiales y culturales, ideas y subjetividades (Bobes 2011). La relación entre la migración vista desde la óptica transnacional y el desarrollo, se enfoca principal pero no exclusivamente en las prácticas de carácter económico, centradas generalmente en el flujo de dinero que los migrantes envían a sus familiares desde los lugares de destino (Guarnizo 2004). Para el análisis del componente económico de la migración internacional con enfoque transnacional, Guarnizo (2004) considera las remesas individuales, la importancia de los empresarios migrantes y las relaciones económicas entre la comunidad de origen y la de destino. Esta visión coincide con la de Dore et al. (2003), entendiéndose en este caso las prácticas económicas como intercambios en sentido estrecho, donde hacen parte de este rubro las empresas formales, las actividades ocasionales de poca

o nula institucionalización y, por supuesto, las remesas.

A continuación se explorarán estos tres aspectos, los cuales se consideran como un buen ejemplo que permite entender de manera más directa la relación entre el fenómeno migratorio y el desarrollo.

Las remesas monetarias Puesto que una de las principales causas de la migración es la falta de recursos económicos, el envío de remesas es una de las primeras prácticas visibles que expresa la relación entre el lugar de origen y el de destino. A partir de éstas se van generando otras tantas, que también reflejan la consolidación del fenómeno.

De acuerdo con Guarnizo (2004), las remesas son entendidas como vínculos sociales caracterizados por la solidaridad, la reciprocidad y la obligación, lo que une a migrantes con parientes y amigos, incluso con la distancia espacial que los separa, a través del envío de diferentes recursos. Entre tanto, Portes (1995 y 1998) se refiere a dichos vínculos como “solidaridad delimitada de larga distancia”, porque los primeros beneficios son individuales, pues la intención es precisamente ayudar a los familiares más cercanos; es con el tiempo que las remesas se transforman en un factor macroeconómico que relaciona y beneficia tanto al lugar de origen como al de destino. En el origen, los hogares receptores de remesas de alguna manera aumentan las inversiones privadas, ya sea en la compra o remodelación de viviendas, como práctica típica en comunidades receptoras de remesas, o en el consumo de productos internos, generando incrementos en los niveles de inversión en el entorno (Abella y Ducanes 2007). Los beneficios que generan las remesas en los lugares de destino han sido trabajados por muchas investigaciones (Mendoza y Calderón 2006; Nica 2014; Verduzco 2008); sin embargo, desde el transnacionalismo se puede observar la influencia no sólo en el desarrollo de los lugares de origen, sino en procesos económicos más globales como el comercio internacional y la producción y consumo de cultura (Guarnizo 2007).

Uno de los casos de estudio más analizados en el tema del constante crecimiento en volumen e importancia macroeconómica de las remesas, es el flujo migratorio México-Estados Unidos (Durand et al. 1996; Lozano 1993 y 2004). Dichas investigaciones, enfocadas en el desarrollo, se han especializado en medir y analizar los volúmenes de las mismas y su contribución al desarrollo local. Sin embargo, existen distintas versiones sobre los beneficios que pueden ofrecer las remesas. Algunos afirman que el aporte positivo a la economía local es innegable, expresado en la ampliación del mercado interno regional, las inversiones productivas (creación de negocios) y el gasto en el consumo diario. Se considera además, desde esta perspectiva, que mediante el envío de remesas se crean mercados más seguros, se Migración internacional y desarrollo | Ana Melisa Pardo Montaño

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estimulan las economías locales, y, de alguna manera, se puede pensar que contribuyen al ahorro, además de generar otros beneficios, como el incremento de los conocimientos técnicos a través de la circulación de la población (Agunias 2006).

Del lado negativo, se hace referencia al intercambio de la mano de obra joven a cambio de las remesas; en otros casos, se menciona que se trata de recursos de uso exclusivo de las familias, lo que genera dependencia económica respecto a las remesas (Lozano 2007).

Esta visión negativa del uso de las remesas, incluso ha llevado a que se propongan distintos planes de uso “productivo” de las mismas, que permitan fortalecer económicamente los lugares de origen y combatir el desempleo y la pobreza, para que de alguna manera se vaya frenando la expulsión de población en edades laborales (Guarnizo 2007).

Otra de las visiones negativas de la migración sostiene que, aunque la migración significa el envío de remesas a las comunidades de origen, los trabajadores migrantes trabajan en condiciones difíciles o son explotados por sus empleadores y deben hacer sacrificios (por ejemplo, vivir en condiciones de hacinamiento) para poder enviar dinero a sus familias (Datta et al. 2007). Una manera de resumir esta visión, es la que menciona Gamlen (2014, 593): “Las remesas no pueden sustituir al desarrollo”.

Este mismo autor explica que el desarrollo generado por la migración depende de la geografía de los lugares de origen y destino.

En esta investigación no se está considerando si realmente la migración (principalmente a través del envío de remesas) resulta positiva o negativa; sin embargo, es necesario tener en cuenta que existen estos dos tipos de posicionamientos de importancia para el estudio de la relación entre migración y desarrollo.

Como se mencionó anteriormente, se coincide con lo que explican De Haas (2012) y Gamlen (2014), quienes afirman que los resultados de la relación entre la migración y el desarrollo dependen fuertemente del contexto que se esté analizando. Esto significa, como lo exponen Mercer, Page y Evans (2009), que en materia de migración y desarrollo, la dinámica del lugar, el espacio y la escala reflejan, de alguna manera, el beneficio que puede o no traer para una comunidad el fenómeno migratorio. Si bien este impacto de las remesas, positivo o negativo, es uno de los aspectos económicos que más ha llamado la atención de quienes trabajan el tema migratorio, existen otras prácticas económicas relevantes desde la mirada transnacional.

Empresarios migrantes transnacionales Otro elemento considerado como parte de las prácticas económicas transnacionales, son los empresarios migrantes, muchos de ellos transnacionales. Faist

(2000) explica que en lo referente a la economía, en las comunidades transnacionales primero se empiezan a observar los envíos de dinero constantes por parte de las familias en el destino; en un segundo momento, se hacen evidentes algunos negocios provenientes de capital enviado por los migrantes; y en algunos casos, dichos negocios comienzan a traspasar fronteras y a relacionarse con la sociedad de destino. No obstante, esta última etapa del proceso implica un mayor establecimiento del flujo migratorio.

Por otra parte, ni todas las empresas ni todos los negocios migrantes tienen las mismas características ni, por lo tanto, beneficios para la comunidad de origen. De acuerdo con Landolt, Autler y Baines (2003), estos negocios se pueden dividir en “empresas circuito”, las cuales significan traslados constantes de bienes entre el origen y el destino; los “negocios culturales”, que tienen como objeto ofrecer bienes del terruño a los migrantes en el destino; “empresas éticas”, donde los empleados pertenecen a una misma comunidad, al igual que la clientela; “microempresas migrantes de retorno”, que básicamente son inversiones que hacen los migrantes al regresar a sus comunidades de origen, para evitar la dependencia laboral; y las “empresas transnacionales de expansión”, las cuales son destinadas a cualquier sector económico y que tienen como ubicación el lugar de destino. Como menciona Taylor (1999), dos de los procesos que explican la creación de este tipo de empresas o negocios de carácter transnacional, son la nostalgia por los productos y servicios locales y el sostenimiento de las relaciones entre los lugares de origen y destino, por lo que, tal vez, el tipo de emprendimientos económicos más importantes, a la hora de hablar de desarrollo, son los tres primeros, pues se trata en su mayoría de pequeños negocios que intentan promocionar la identidad nacional, tanto en el origen como en el destino, manteniendo la circulación de recursos en el flujo migratorio.

Como lo apunta Hirai (2009), en el caso de los hispanos y sus descendientes en Estados Unidos, se observa una gran demanda de los productos y servicios, con el fin de conservar las prácticas y costumbres de los lugares de origen, aspecto que además se ve reflejado en la creación de negocios propios, principalmente en el destino, con el fin de mantener dicha relación. A los productos ofrecidos por estos negocios, este autor los denomina “productos de la nostalgia y productos étnicos”. Los primeros son entendidos, de acuerdo con un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), como “aquellas mercancías que están integradas por los bienes y servicios que forman parte de los hábitos de consumo, cultura y tradición de los diferentes pueblos y naciones, y son objeto de añoranza de los grupos que emigraron al extranjero, pero difíciles de obtener en sus destinos. Por su parte, los productos étnicos son aquellos asociados a un país, pero que en el exterior, los consumen tanto los nacionales como otros grupos de población” (Hirai 2009, 270).

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Este tipo de mercado que involucra la nostalgia es el que ha llevado a que en muchos casos, la población en el destino pueda incorporarse al mercado laboral de manera independiente, cuestión que además puede beneficiar a las comunidades de origen, ya que es común mantener relaciones comerciales con sus paisanos tanto en la compra como en la distribución de dichos productos.

Pero además, esta relación también se da en el sentido opuesto, cuando los migrantes deciden poner sus negocios en el origen, asociados, en muchos casos, a sus actividades en el destino. Dichos negocios, además de ser, como se mencionó anteriormente, una manera de que los migrantes al regreso puedan tener cierta libertad laboral, son un reflejo de las prácticas transnacionales entre las dos comunidades y aportan, de alguna manera, al desarrollo de los lugares de origen, a través de la movilidad de la economía y de la generación de empleos.

A la par de estas actividades más institucionalizadas, existen otras que entrarían en la categoría de transnacionalismo, en sentido amplio, de acuerdo con Dore et al.

(2003), que, si bien no reflejan cambios en el desarrollo a nivel local o regional, de alguna manera ayudan al mejoramiento de las condiciones económicas de las comunidades. En este rubro se consideran, por ejemplo, el comercio informal de ropa, medicinas, alimentos, el envío de regalos a través de correos o paqueterías informales, etcétera; se trata de iniciativas que sobreviven gracias a las redes sociales; si bien las ganancias económicas no son significativas, forman parte de las prácticas transnacionales. Este tipo de iniciativas han sido registradas en distintos flujos migratorios como el de Jalostotitlán (México)-California (Hirai 2009), Ticuani (México)-Nueva York (Smith 2006), República Dominicana-Nueva York (Itzigsohn et al. 1999), entre muchos otros.

Remesas colectivas Además de las remesas individuales enviadas a los lugares de origen y las actividades de empresarios transnacionales, otra práctica económica de carácter transnacional que involucra el envío de recursos, son las remesas colectivas, las cuales han sido una estrategia de los migrantes para ayudar a sus comunidades de origen. El beneficio en el desarrollo de las comunidades de origen se produce siempre y cuando los migrantes vean como una posibilidad el regresar, o que consideren que de alguna manera pueden colaborar a partir de su experiencia migratoria (Portes 2011).

Las remesas colectivas, en muchas ocasiones, se envían de manera informal, a partir de la iniciativa de algunos migrantes en el destino. En otros casos, como el mexicano, se han institucionalizado, a partir del interés de gobierno nacional, capitalizando estos flujos de dinero en beneficio de las comunidades. En el caso

específico mencionado, se puede hablar del programa 3x1,3 el cual busca participar en la direccionalidad de las remesas. Dicho programa está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y, de acuerdo con esta entidad, su objetivo fundamental es “Multiplicar los esfuerzos de los migrantes mexicanos radicados en el extranjero, mediante el fortalecimiento de los vínculos con sus comunidades de origen y la coordinación de acciones con los tres órdenes de gobierno que permitan mejorar la calidad de vida en dichas comunidades” (Sedesol 2015). El Programa 3x14 funciona con la participación directa de un club de migrantes, por lo que los grupos que no están registrados correctamente ante la oficina consular del lugar de residencia no pueden tomar parte en este programa.

Este tipo de programas motivan el envío de remesas colectivas y resultan benéficos para la comunidad, pero al compararlos con los montos de las remesas individuales, resultan poco significativos (Shannon 2006). A pesar de esto, uno de los beneficios que presentan es que han visibilizado a los migrantes en sus lugares de destino, convirtiéndolos en un agente social de cambio, y además han estimulado relaciones transnacionales, a través de la participación de los migrantes en el desarrollo local de sus comunidades de origen.

Algunos de los investigadores que han estudiado este tema afirman que dichos envíos colectivos contribuyen al mejoramiento de la infraestructura y la economía local y regional de las comunidades de origen (Alarcón 2002; Verduzco 2008). Por su parte, García (2009) sugiere cuatro efectos positivos que pueden generar las remesas colectivas: la conformación de comunidades transnacionales a través de la constante relación entre los lugares de origen y de destino; la participación de los migrantes como actores políticos a través de la relación que las organizaciones de migrantes inician con el gobierno; la participación en programas que benefician a la comunidad de origen; y la participación en proyectos productivos donde se involucren los fondos de los migrantes y otros fondos de carácter nacional o internacional.

Un aspecto importante de este tipo de envíos, es que ilustran formas de organización social, que poco a poco han ido consolidándose. De acuerdo con Moctezuma (2006), en principio se trató de donaciones de carácter esporádico, con el objetivo de realizar mejoras a las iglesias, envío de ropa para población necesitada,

3 Se le denominó 3x1 porque por cada peso que aportan los migrantes, los tres órdenes de gobierno aportan la misma cantidad (25% el gobierno federal, 25% el estado, 25% el municipio, más 25% el club de migrantes), que se destinan a la realización de obras de desarrollo comunitario en los lugares de origen del migrante.

4 Una iniciativa similar es el programa “Unidos por la solidaridad”, en El Salvador.

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apoyo especial a enfermos, donaciones de ambulancias, etcétera. Con el tiempo, se han convertido en envíos más regulares, en muchos casos envíos formales con el apoyo gubernamental, y en otros, de manera informal, simplemente por iniciativa de algunos migrantes en el destino. En la actualidad, en el caso de México y a través del programa 3x1, las principales actividades que se han desarrollado son la pavimentación de calles, la provisión de servicios de agua potable, proyectos de alcantarillado y energía eléctrica, la construcción de centros comunitarios y centros de apoyo para las mujeres, y el abastecimiento de servicios de educación y salud (Moctezuma 2013).

En general, las remesas colectivas resultan una práctica transnacional cada vez más presente en los distintos flujos migratorios, pues además de ayudar a la permanencia del vínculo constante entre las comunidades de origen y de destino, son una forma de participación comunitaria de los migrantes, ya que, aunque se encuentren lejos de su origen, pueden beneficiar a sus comunidades y les permiten mantener su estatus ante las comunidades de origen, y, de alguna manera, les ayudan a participar en decisiones que benefician a sus paisanos.

Consideraciones finales La migración internacional es un fenómeno social que ha sido estudiado desde diversas perspectivas teóricas.

En el caso de esta investigación, se analizaron las principales teorías que intentan explicar este fenómeno, a partir de la relación que tiene con el desarrollo. En general, se encontró que todas las teorías analizadas consideran dicha relación de una u otra manera. En el caso de la teoría neoclásica, por ejemplo, el tema de desarrollo se relaciona con la ubicación en el destino, el cual es visto como un espacio de progreso. De la misma manera, dicha teoría considera que el envío de remesas es un elemento importante que contribuye al desarrollo de los lugares de origen. Por su parte, la nueva economía de la migración se relaciona con el desarrollo a través de tres elementos: los salarios, las remesas y la circulación de bienes e información.

A nivel general, se encontró que las remesas son uno de los principales elementos relacionados con el desarrollo considerado por las teorías que explican la migración.

En esta investigación, el análisis se centró en el transnacionalismo, teoría que menciona este tema, al igual que las anteriormente citadas. Aunque en el análisis se señalan distintas perspectivas que trabajan el tema de la migración transnacional, se orientó hacia las visiones desde la geografía, en la cual el transnacionalismo se ha entendido como una serie de movimientos entre fronteras, entre las cuales los migrantes sostienen distintas relaciones de carácter social, económico, político y cultural.

Uno de los argumentos sostenidos en esta investigación, fue que, si bien no en todos los casos se puede hablar de comunidades estrictamente transnacionales, en general, en los flujos migratorios actuales son comunes las prácticas de carácter transnacional. Dichas prácticas pueden ser tanto de carácter amplio como estrecho. Se encontró además que las prácticas transnacionales que permiten explicar mejor la relación entre la migración y el desarrollo son las de carácter económico, y aunque en general se ha afirmado que las remesas monetarias son las que facilitan explicar la relación entre estos dos elementos, existen otras prácticas que también posibilitan analizar esta relación. En este caso, se consideraron, además de las remesas monetarias de carácter individual, los emprendimientos económicos de carácter étnico y las remesas colectivas.

La relación entre las remesas individuales y el desarrollo ha sido estudiada por distintas investigaciones, en las cuales ha sido vista tanto de manera positiva como negativa. Mientras que las investigaciones que consideran las remesas como un elemento positivo para el desarrollo de las comunidades de origen mencionan la ampliación del mercado interno regional, la inversión productiva en pequeña y grande escala —a partir de la creación de negocios producto de las remesas y los gastos de consumo diario—, las investigaciones que se centran en el aspecto negativo se refieren a la dependencia que llegan a tener los lugares de destino del envío de remesas. Independientemente de si se analiza este aspecto desde una óptica positiva o negativa, el argumento sostenido en esta investigación es que las remesas significan movimiento de recursos, y dicho movimiento influye (positiva o negativamente, dependiendo de la perspectiva de análisis) en la economía de las comunidades de origen.

En cuanto a las empresas o los negocios étnicos, es importante rescatar que, a diferencia de las remesas de carácter individual —las cuales son una de las primeras manifestaciones de prácticas transnacionales económicas—, este tipo de negocios nacen de la nostalgia de los migrantes en el lugar de destino y de la relación entre ambas comunidades, en el origen, por lo que suelen ser más comunes en el caso de flujos migratorios más establecidos.

Por último, las remesas colectivas, las cuales pueden ser tanto de carácter formal como informal, resultan una práctica transnacional de carácter económico que involucra, además, elementos políticos, pues en muchos casos requieren también la organización de los migrantes y la intervención de los gobiernos.

Dado que el objetivo fundamental fue analizar la relación entre la migración y el desarrollo desde una mirada transnacional, se quisieron destacar principalmente las prácticas transnacionales de carácter económico, sin desconocer las relaciones que dichas prácticas tienen

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con otros elementos. No obstante, es necesario considerar que existen prácticas transnacionales de carácter principalmente social, cultural y político que pueden ayudar a explicar la relación inicial, lo que podría ser de interés para futuras investigaciones.

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Movilidad femenina: los reveses de la utopía socio-espacial en las poblaciones de Santiago de Chile* Cristhian Figueroa Martínez** - Rossana Forray Claps*** Fecha de recepción: 11 de octubre de 2014 • Fecha de aceptación: 06 de febrero de 2015 • Fecha de modificación: 25 de mayo de 2015 DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.04 R E S U M E N | Los desplazamientos cotidianos constituyen una de las principales actividades de las mujeres en barrios populares de ciudades latinoamericanas. Su condición femenina les impone exigencias ligadas al sustento del hogar, el acompañamiento, la mantención de relaciones familiares y vecinales, etcétera. Como consecuencia, se ven obligadas a desplegar múltiples trayectorias dentro y fuera de sus barrios. Mediante el análisis de los desplazamientos de las mujeres en la población Santa Julia de Santiago, este artículo muestra cómo el diseño urbano del proyecto político de “promoción popular” resultó ser un arma de doble filo; hoy, las trayectorias están amenazadas por el espacio público y ponen nuevamente en consideración la vieja discusión sobre si el diseño espacial es susceptible por sí sólo de transformar la sociedad.

PA L A B R A S C L AV E | Movilidad femenina, poblaciones, diseño urbano.

Women’s Mobility: Setbacks in Socio-Spatial Utopia in the Slums of Santiago de Chile A B S T R AC T | Daily displacement is one of the main activities of women in the poor neighborhoods of Latin American cities. Their female status makes heavy demands of them in connection with household support,, accompaniment, maintenance of family relationships and neighborhood social networks, etc. They are consequently obliged to make countless trips both inside and outside their neighborhoods. Through an analysis of the daily travel routines of women in Santa Julia, a poor neighborhood in Santiago, this article shows how the urban design of the political project of “popular promotion” has turned out to be a double-edged weapon.

These women’s habitual pathways are being threatened by public space today, a situation which reignites the old debate on whether urban design by itself can transform society.

K E Y W O R D S | Women’s mobility, neighborhoods, urban design.

Mobilidade feminina: os contratempos da utopia socioespacial nas populações de Santiago do Chile R E S U M O | Os deslocamentos cotidianos constituem uma das principais atividades das mulheres em bairros populares de cidades latino-americanas. Sua condição feminina lhes impõe exigências ligadas ao sustento do lar, ao acompanhamento, ao mantimento de relações familiares e entre os vizinhos etc. Como consequência, são obrigadas a realizar várias trajetórias dentro e fora de seus bairros. Por meio da análise dos deslocamentos de mulheres na população Santa Julia de Santiago, este artigo mostra como o desenho urbano do projeto político de “promoção popular” resultou ser uma arma de dois gumes; hoje, as trajetórias estão ameaçadas pelo espaço púbico e volta-se a considerar a velha discussão sobre se o desenho espacial é suscetível por si só de transformar a sociedade.

PA L AV R A S - C H AV E | Mobilidade feminina, populações, desenho urbano.

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Este artículo hace parte de la investigación desarrollada en la tesis para optar al grado de Magíster en Proyecto Urbano “Recalificación de la estructura del espacio público según la movilidad cotidiana de las mujeres de la población Santa Julia de Macul”, dirigida por la profesora Rosanna Forray Claps. El proyecto fue financiado por la Vicerrectoría de Investigación de la Pontificia Universidad Católica de Chile y por el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable CEDEUS, Proyecto CONICYT/FONDAP 15110020.

Magíster en Proyecto Urbano por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, miembro del Laboratorio de Ciudad y Movilidad FADEU UC (C&Mlab). Entre sus publicaciones se encuentran: Estrategias colectivas de movilidad en un espacio mixto. La Plaza de Maipú en Santiago de Chile (en coautoría con Alejandro Cortés). Bitácora Urbana 25 (2015): 31-40, e Implementation of Bus Rapid Transit Infrastructure: Conflicts, Meanings and Contradictions in the Defense of Santiago de Chile Streets. Flux 91 (2013): 33-44. Correo electrónico: cofiguer@uc.cl *** PhD en Sciences Appliquées por la Université Catholique de Louvain (Bélgica). Profesora asociada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, miembro del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS) y del Laboratorio de Ciudad y Movilidad FADEU UC (C&Mlab). Entre sus publicaciones más recientes se encuentran: La vivienda, un problema de acceso al suelo (en coautoría con María José Castillo). Revista ARQ 86 (2014): 48-57, y Del Camino del Inca a Gran Avenida (en coautoría con Cristhian Figueroa y Rocío Hidalgo). Revista ARQ 85 (2014): 36-48. Correo electrónico: rforray@uc.cl

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Introducción Desde mediados del siglo pasado, las ciudades latinoamericanas exhiben acelerados procesos de crecimiento.

En una primera etapa, este crecimiento tiene origen en las migraciones campo-ciudad; posteriormente, se debe al aumento de población dentro de las ciudades y —en los barrios populares— al crecimiento propio de la familia extensa. Frente a estos procesos en constante reproducción, los Estados, incapaces de solucionar el problema de la habitación al ritmo en que éste se produce, se muestran también incapaces de evitar la proliferación de los asentamientos irregulares. En estos asentamientos, las familias crean múltiples lazos sociales que contribuyen a su subsistencia, donde se destaca el rol de la mujer como forjadora de estos lazos y como soporte afectivo, funcional y, en buena parte, económico de los hogares (Rainero 2001).

El Estado chileno, mediante agresivas políticas de vivienda, ha logrado reducir el déficit habitacional y prácticamente erradicar los asentamientos irregulares en las últimas décadas; sin embargo, esto ha tenido un costo no sólo económico, sino social (Hidalgo 2005; Rodríguez y Sugranyes 2005; Sabatini y Arenas 2000).

Así, estas políticas, sumadas a los cambios del modelo económico e institucional del país, han debilitado una parte importante de las instituciones comunitarias que propiciaban la superación de la pobreza y han dejado en precarias condiciones amplias zonas de la ciudad, facilitando el arribo de la inseguridad y la fragmentación de los territorios (Dammert 2004; Ducci 1997).

Según el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, estas zonas constituyen hoy una nueva forma de pobreza, a la que llama periferias interiores (Ministerio de Vivienda y Urbanismo 2009). Los problemas en estas periferias interiores ya no son la solución de la unidad de vivienda; las políticas habitacionales han tendido a solucionar tal problemática; ahora son dificultades asociadas al diseño urbano, a equipamientos y servicios de baja calidad, y a espacios públicos deteriorados, que disminuyen las posibilidades de desarrollo de sus habitantes (Rodríguez y Sugranyes 2005).

En las periferias interiores de Santiago de Chile, al igual que en los asentamientos irregulares que se observan en otras ciudades de la región, las mujeres ejercen un rol preponderante en la supervivencia del hogar y en la superación de la pobreza. Sin embargo, la progresiva ruptura de las redes comunitarias les ha quitado parte del soporte que las ayudaba a resolver una serie de necesidades domésticas. De la misma forma, el deterioro masivo de los equipamientos y del espacio público de los barrios, y, con ello, el aumento de la percepción de inseguridad han comprometido el despliegue de la movilidad que requieren para ejercer cotidianamente sus roles en el entorno urbano inmediato, entrampándolas —y a quienes dependen de ellas— en círculos de pobreza y frustración.

En el presente texto se caracteriza la movilidad pedestre de las mujeres en la población Santa Julia, asentamiento creado en 1965, en el marco de la política llamada “Operación Sitio”, que se detallará más adelante.

Localizado en el sector oriente de Santiago de Chile (comuna de Macul), es el asentamiento de vivienda social más cercano al centro financiero de la ciudad (6 km), próximo a un eje metropolitano (Av. Macul); no obstante, es reconocido por su deterioro físico y social (Palmer y Vergara 1990).

En términos metodológicos, este asentamiento se estudió a través de herramientas cualitativas y cuantitativas. Con el fin de comprender las tendencias generales de movilidad de los residentes del sector donde se localiza la Población, se analizaron las bases de datos de movilidad disponibles para Santiago (Sectra 2006). A continuación, se realizó observación etnográfica de la red de espacios públicos de la Población, seguida de un levantamiento detallado de las prácticas cotidianas de movimiento de las mujeres, a través del seguimiento de recorridos recurrentes, con el objetivo de identificar patrones de comportamiento y características de sus desplazamientos pedestres. Este trabajo se complementó con un sistema de conteos en puertas virtuales situadas en torno a los grandes equipamientos de la población.1 Una vez levantadas las redes de desplazamiento, se realizaron encuestas con una sección de preguntas abiertas para evaluar los motivos que determinaban las rutas de las mujeres dentro de la población, los lugares elegidos o excluidos de las circulaciones y sus atributos físicos.

Las mujeres y la movilidad La movilidad, si bien corresponde a un fenómeno tan antiguo como el hombre, es un concepto revisitado en las últimas décadas por las ciencias sociales que estudian los fenómenos urbanos desde distintas disciplinas y enfoques; por lo mismo, tiende a tener una amplia base de definiciones. Según Manuel Hercé, es aquel fenómeno mediante el cual las personas resuelven sus necesidades sociales, y que, a diferencia del transporte, no necesariamente implica desplazamientos físicos (Hercé 2009). A 1

El de observación en cada puerta fue de media hora, entre 7:30 am y 11:00 am, entre los días miércoles y jueves durante los meses de abril y junio. La elección de estos horarios de observación responde a la literatura que indica que durante ese período del día se concentra el mayor número de desplazamientos entre las mujeres. Asimismo, los días y meses escogidos obedecen a un criterio de homogeneidad, ya que los días lunes y viernes y los meses entre enero y marzo poseen comportamientos y patrones de movimiento diferenciados.

Véase Daniels y Warnes (1993) y Alcaíno, López y Domarchi (2009). En el mismo período se realizaron encuestas y entrevistas cortas (200) que abordaron directamente la relación entre movilidad y seguridad.

Movilidad femenina | Cristhian Figueroa Martínez · Rossana Forray Claps

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esto podemos agregar que la movilidad está íntimamente ligada a la organización de los tiempos y los espacios de la vida cotidiana, permitiendo a los individuos organizar sus relaciones en las diversas esferas de su vida social, y, consecuentemente, se constituye por desplazamientos que poseen cierta regularidad (frecuencia) y un carácter de obligatoriedad.

Contenida dentro de esta primera definición, la movilidad cotidiana (Kaufmann 2001; Miralles-Guasch y Cebollada 2009) o habitual (Le Breton 2005) corresponde a una capacidad o aptitud que los individuos despliegan a fin de resolver necesidades básicas para el desarrollo de sus vidas. De este modo, los autores comparten con François Ascher (2005) y Jean-Pierre Orfeuil (2002) la afirmación de que la movilidad es un derecho, al punto que da acceso a la mayor parte de los derechos ciudadanos.

Sin embargo, aunque la movilidad cotidiana es fundamental para el desarrollo de la vida de las personas, ciertas condiciones sociales y/o espaciales comprometen los desplazamientos y, por lo tanto, impiden la satisfacción de un número importante de necesidades.

Gutiérrez y Minuto (2007) indican que estos desplazamientos comprometidos conforman la movilidad vulnerable, movilidad que está amenazada y que, eventualmente, puede desaparecer.

Entre los grupos más proclives a desarrollar una movilidad vulnerable están las mujeres. Históricamente relegadas de la esfera pública (Izard 1985; Perrot 1997; Valcárcel y De Quirós 2008), económicamente marginadas (Alcaíno y Gutiérrez 2009; Lens 2001) y fuertemente restringidas por las condiciones que impone el mantenimiento del hogar (Rainero 2001), conforman un grupo propenso a caer en la pobreza (Valenzuela 2003) y en la inmovilidad (Jirón 2007). Su tiempo disponible es limitado y valioso, ya que deben destinarlo a resolver no sólo sus propias necesidades, sino las relativas a la supervivencia del hogar y las relacionadas con los demás integrantes de la familia.

Deben responder por quehaceres hogareños, actividades laborales, compras, diligencias, así como por la mantención de redes sociales de apoyo, además de asegurar los quehaceres de los demás integrantes de la familia, en los cuales actúa como un móvil de grupos con capacidades limitadas (acompañamiento de niños, adolescentes, adultos mayores, etcétera).

En los grupos de menores recursos, la condición de la mujer como soporte del hogar conduce a desplazamientos cotidianos reducidos; ellas deben ajustar sus rutinas a las diligencias del hogar y los horarios de terceras personas, y restringir su ámbito de movilidad a los barrios en que habitan (Aguirre 1992). Es dentro de ellos donde resuelven la mayor parte de las necesidades mediante la caminata, que constituye su principal modo de desplazamiento (Alcaíno, López y Domarchi 2009).

Sin embargo, esta movilidad, con un fuerte componente peatonal, es altamente dependiente del contexto en que se desenvuelve, pues las mujeres son en especial sensibles a las condiciones “medioambientales” que poseen los espacios públicos por los que circulan cotidianamente (Loukaitou-Sideris 2005).

Según Rosario Aguirre, el radio acotado en que las mujeres realizan sus prácticas cotidianas las somete a un enfrentamiento constante con los espacios públicos que recorren. Por ello, apunta que son las reales conocedoras de las falencias de los barrios, y, por ende, del grupo en que parte de las políticas públicas debieran enfocarse. No obstante, esta misma fricción cotidiana que las señala como objeto ideal de políticas públicas, las hace sensibles a las características que presentan los espacios que recorren (Aguirre 1992).

Dichas condiciones configuran en ellas percepciones de seguridad que influyen en sus prácticas de movilidad.

De hecho, cuando éstas son extremadamente negativas, pueden llegar a inhibir sus desplazamientos, inmovilizando no sólo a ellas sino a sus dependientes. Es así como en las mujeres de hogares de escasos recursos, a las limitaciones de tiempo asociadas a los múltiples quehaceres de la reproducción de la vida cotidiana, se suman los obstáculos y amenazas que les imponen los espacios públicos deteriorados que deben recorrer; factores que incrementan la vulnerabilidad de su movilidad cotidiana.

Santiago de Chile, la construcción de territorios de movilidad vulnerable En nuestra ciudad, los grupos de bajos ingresos y los espacios públicos deteriorados coinciden en amplios territorios construidos bajo el alero de las políticas de vivienda social. Hoy cubren una parte importante de la ciudad y son símbolos de vulnerabilidad y problemas sociales; sin embargo, no siempre tuvieron estas características; en su origen fueron espacios de esperanza y progreso. Durante la segunda mitad del siglo XX, el Estado chileno elaboró una serie de políticas orientadas a disminuir el déficit de vivienda, mejorando las precarias condiciones de vida de quienes habitaban los asentamientos espontáneos (las llamadas “callampas”), originados por la masiva migración del campo a las ciudades. La mayor parte de estas políticas focalizaron sus esfuerzos en la provisión directa de vivienda, aunque, en un período acotado, el foco fue puesto en la propiedad del terreno, más que en la vivienda misma.

Entre 1965 y 1969, el gobierno de Eduardo Frei Montalva desarrolló la llamada “Operación Sitio”, programa que consideraba que el problema de quienes residían en asentamientos precarios no era la vivienda misma —ellos eran capaces de autoconstruirlas—, sino la amenaza del desalojo, ya que residían en terrenos que no eran de su propiedad (Hogar de Cristo 1973).

rev.estud.soc. No. 54 • octubre-diciembre • Pp. 52-67 • ISSN 0123-885X • eISSN 1900-5180 · DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.04

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Para hacer frente a esta amenaza, la Operación Sitio permitió al Estado, en conjunto con grupos organizados de familias en torno a las Juntas de Vecinos, comprar grandes propiedades agrícolas y subdividirlas en lotes de menor tamaño para atribuirlos a través de apoyo crediticio a quienes participaban en dicha operación.

Los lotes poseían conexión a las redes de servicio básico y, sólo en casos excepcionales, incluían viviendas construidas; se trataba, así, de: Un programa estatal de créditos para la adquisición de lotes urbanos unifamiliares, dotados de servicios básicos de urbanización y de equipamiento comunitario. Su etapa inicial incluye predios de 160 m2 con letrina, calles ripiadas y soleras, redes de agua potable con pilones y redes eléctricas y en casos calificados una “mediagua” de madera de 20 m. (Hogar de Cristo 1973, 24)

La particularidad de la Operación Sitio radica en que el Estado, al desligarse de la responsabilidad de construir la vivienda, focalizó su esfuerzo en construir comunidad, poniendo mayor énfasis en los espacios colectivos, el espacio público y los equipamientos, que fueron entonces considerados como motores de “promoción social”.

Cada hogar deberá estar ubicado en un conjunto que cuente con los servicios urbanos (agua, electricidad, alcantarillado y pavimento) y el equipamiento comunitario indispensable para complementar la vida familiar y promover el desarrollo de la comunidad. Estas condiciones constituyen el derecho de toda familia y el Estado se encargará de proporcionárselas a los grupos humanos de bajos recursos. Circunstancialmente también podrán entregarse parcialmente estos elementos, pero dentro de un programa definido, encaminado a la ejecución del proyecto total. (Hogar de Cristo 1973, 24)

Este proyecto de promoción social tendría su correlato en el diseño del espacio de las poblaciones. La estructura de su tejido urbano, sus espacios públicos y sus equipamientos serían factores de integración social.

La morfología de la trama urbana: espejo del proyecto de promoción comunitaria Raposo (2001) apunta que a través de sus políticas de vivienda, el Estado chileno construyó un “mito” sobre cómo debían ser habitados los espacios urbanos, destacando dos ideas: la inclusión del habitante en la ciudad formal y el ordenamiento de la vida cotidiana.

En relación con la inclusión, el autor considera que para el Estado, el diseño de las poblaciones reflejaba una voluntad de formalizar las vidas de las personas: previamente vivían en asentamientos considerados desor-

denados, fragmentados y sin límites claros, mientras que las nuevas poblaciones poseían un orden definido, un diseño de totalidad y una morfología que permitía reconocer con facilidad las fronteras (ver la imagen 1).

Estas características del diseño buscaban generar un cambio simbólico en la vida de sus habitantes. Por ejemplo, la idea de unidad en el diseño tenía como propósito integrar en una misma comunidad y proveer igualdad de condiciones a personas que podían provenir de grupos distintos; en tanto que el orden tenía por objetivo integrar a las comunidades en una sociedad mayor con normas establecidas.

En relación con la organización de la vida cotidiana, a modo de muñeca rusa, la estructura de plazuelas y pasajes, calles y plazas, vías estructurantes con explanadas y grandes equipamientos, iba organizando la vida social a distintas escalas. El mismo autor destaca la existencia de tres niveles: macro-, meso- y microvecinal, que organizarían la sociabilidad desde el encuentro de menor frecuencia en el macronivel hasta el de mayor frecuencia en el micronivel de la vecindad.

Conviene prestar mayor atención a este punto, ya que este orden es determinante para comprender las dinámicas que actualmente se observan en las poblaciones originadas en la Operación Sitio. En la escala mayor, las poblaciones constituyen grandes fragmentos urbanos, cuya trama vial guarda una relación ortogonal con el predio agrícola de origen, salvo en aquellos casos donde, por diferentes motivos, persistieron trazados agrícolas (caminos o curso de agua). La conexión con el resto de la ciudad se da sólo por las vías de mayor jerarquía (calles reguladores), donde se ubican los grandes equipamientos. Las vías secundarias culminan abruptamente al enfrentar alguno de los bordes, generándose así una clara frontera entre las poblaciones y el resto de la ciudad (ver la imagen 1).

En la idea original, estas fronteras permitirían a los habitantes identificar el asentamiento al cual pertenecían, fomentarían con ello el arraigo y el sentido de comunidad, y los facultarían para establecer un control del acceso. Quienes quisieran acceder al interior de las poblaciones sólo podrían hacerlo por las calles principales. En estas calles, que poseen una alta afluencia y donde se localizan los equipamientos, los extraños serían fácilmente reconocibles.

Además, dichas calles de primera jerarquía funcionarían como organizadoras de la morfología de la Población, dividiéndola en fragmentos menores y configurando la trama de la segunda escala: las macrounidades. En el centro geométrico de estas macrounidades, normalmente se localizan los equipamientos de salud, comercio, sedes sociales, educación primaria o secundaria, los cuales, según el proyecto político que subyace a este modelo, estaban llamados Movilidad femenina | Cristhian Figueroa Martínez · Rossana Forray Claps

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a cumplir un rol fundamental en la promoción social. Dichos equipamientos eran implantados en vastos predios, en los cuales converge una serie de vías radiales que describen una forma de esvástica (imagen 1).

Cada macrounidad que compone la Población posee un equipamiento único, que obliga a los vecinos de distintas unidades a acudir a las otras en algún momento de sus rutinas. En cierta manera, la visita obligada a unidades distintas procuraba garantizar el contacto entre todos los residentes de la Población, evitando el aislamiento o la fragmentación de las redes sociales preexistentes entre vecinos desde que habitaban los asentamientos irregulares, y favoreciendo la formación de nuevas relaciones, por ejemplo, entre las nuevas generaciones que asistirían a los recintos escolares.

Por último, en la menor escala, las macrounidades se subdividen a su vez en grupos menores, que conforman microunidades vecinales, a partir una serie de pequeñas manzanas residenciales organizadas nuevamente en forma de esvástica en torno a una plazuela central. En su diseño original, esta estructura de microunidades vecinales perseguía generar pequeñas comunidades dentro de la comunidad mayor: la Población.

La idea detrás de la trama urbana en forma de esvástica expresaba en su origen una búsqueda de convergencia, a distintas escalas, entre las personas que habitarían estos subsistemas comunitarios que constituyen el conjunto de la Población; convergencia posibilitada por el encuentro cotidiano en los espacios públicos centrales en sus distintos niveles. La estructura facilitaría de nuevo el reconocimiento de fronteras, el control del acceso, y con ello, la identificación comunitaria y su empoderamiento.

Imagen 1. Morfología en tres poblaciones construidas entre 1959 y 1970

Fuente: elaboración propia con base en Raposo (2001) y Palmer y Vergara (1990). rev.estud.soc. No. 54 • octubre-diciembre • Pp. 52-67 • ISSN 0123-885X • eISSN 1900-5180 · DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.04

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El ordenamiento de tres escalas propuesto por esta trama asignaba también un rol central al espacio público y a los equipamientos en la construcción de la comunidad y la ciudadanía. Según esta política, el trabajo colectivo era una clave para enfrentar la pobreza. El Estado debía proveer el soporte físico para la construcción de vínculos sociales dentro de la comunidad, y ésta, a su vez, estaba llamada a mejorar las condiciones de cada uno de los individuos que la formaban. La comunidad sería, así, el soporte del individuo.

No obstante, esta comprensión de la superación de la pobreza como un trabajo colectivo que comienza en el espacio de las poblaciones enfrentó en la práctica serias dificultades. Una creciente inflación impidió al Estado completar sus planes originales, lo cual dejó a los habitantes de muchas poblaciones en una compleja situación de precariedad legal y funcional. En muchos casos, los residentes no recibieron títulos de propiedad, y, consecuentemente, siguieron viviendo en la ilegalidad; tampoco obtuvieron conexiones a servicios básicos (agua y saneamiento) para sus viviendas, sino hasta la década de 1980, cuando las poblaciones de la Operación Sitio formaron parte de programas de saneamiento urbano (Hidalgo 2005).

Similar destino corrieron los equipamientos; muchos no se llegaron a construir, y sus terrenos quedaron en manos de gobiernos locales con escasos recursos, como sitios de reserva, a la espera de una eventual edificación futura.

Salvo obras de pavimentación y dotación de luz, agua y alcantarillado en calles y pasajes, el espacio público de las poblaciones no recibió mayor atención en las políticas posteriores (Morales y Rojas 1987), hasta el programa Quiero Mi Barrio, implementado por Bachelet en 2007, que busca recuperar el espacio público de los asentamientos.

En consecuencia, quienes fueron beneficiados por la Operación Sitio nunca llegaron a gozar de un entorno construido bajo las condiciones proyectadas; vivieron en barrios inconclusos, muchas veces tan carentes como los asentamientos irregulares de los cuales provenían. A las dificultades derivadas del precario ambiente construido, pronto se sumaría un cambio mayor que alteraría profundamente la estructura social de las comunidades.

La destrucción del sueño comunitario Iniciado el gobierno de Salvador Allende (1970), la política de vivienda Operación Sitio perdió continuidad, para orientarse hacia la construcción de conjuntos habitacionales en altura en áreas centrales buscando evitar la segregación en la periferia, pero el paradigma del Estado benefactor siguió vigente hasta el abrupto inicio de la Dictadura Militar (1973). En este nuevo período, las autoridades iniciaron una incesante búsqueda por mejorar los índices macroeconómicos del país, creando una profunda

reforma que redujo el tamaño del Estado, transformó la base productiva nacional y modificó una amplia gama de instituciones sociales y comunitarias. Este proceso fue mantenido en los gobiernos elegidos democráticamente (1990) y continúa vigente hasta el día de hoy.

Bajo el principio del Estado subsidiario, el enfoque de las políticas públicas cambió significativamente hacia un modelo donde coexistieron la transferencia de los servicios públicos a la inversión privada y la delegación de responsabilidades a organismos institucionales débiles.

Ejemplo de ello son las políticas de educación que dejaron la administración de los recintos en los gobiernos locales, carentes de capital económico y humano, mientras que en paralelo fomentaron la creación masiva de escuelas privadas subvencionadas con fondos públicos (Valenzuela, Labarrera y Rodríguez 2008).

Este modelo de gestión postergó indefinidamente la posibilidad de concretar la construcción de los equipamientos pendientes, propició un rápido deterioro de la calidad de los servicios públicos y segmentó a la población entre quienes podían pagar por un servicio y quienes no podían hacerlo. De este modo, dejó sin soporte el proyecto de los gobiernos de los años sesenta de instalar en los equipamientos y en los servicios públicos la base de la integración y la promoción social.

Por otra parte, la liberalización económica significó el desmantelamiento de la industria manufacturera local, y con ello, el fin del modelo de industrialización sustitutiva que aún persistía en el país. Si bien este modelo se caracterizaba por una cierta inamovilidad social, a la vez otorgaba estabilidad laboral y proveía servicios y habitación a los trabajadores, en especial a los menos calificados. Por el contrario, el nuevo modelo, centrado en el sector terciario, permitió la movilidad social pero introdujo una creciente inestabilidad a través de la incorporación de trabajos estacionarios, de corta duración, sin previsión social, entre otras características similares. Estos trabajos afectaron particularmente a los grupos menos calificados, que pasaron desde el estable sector industrial al incierto sector de los servicios no calificados y la construcción.

Finalmente, el cambio de modelo implicó una relocalización de las fuentes de trabajo, desde una relativa dispersión de las áreas industriales hacia una alta concentración de empleos terciarios en el centro histórico de la ciudad y su prolongación hacia el oriente, con el consecuente incremento de los costos temporales de los desplazamientos para quienes habitan villas y poblaciones, obstaculizando en muchos casos su acceso a nuevos mercados de trabajo.

Así, la relocalización de las actividades se acompañó de una creciente segregación socioespacial en la ciudad, de modo que quienes se encuentran en mejores condiciones de proximidad y conectividad o cuentan con medios de transporte más eficientes acceden con Movilidad femenina | Cristhian Figueroa Martínez · Rossana Forray Claps

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mayor facilidad a los mercados de trabajo y, eventualmente, tienen mejores oportunidades que quienes viven a mayores distancias o cuentan con medios de transporte deficientes (Sabatini y Arenas 2000).

La impronta del nuevo modelo A lo largo de los diecisiete años recorridos en el régimen militar, y con los nuevos enfoques en las políticas de vivienda, el papel y las rutinas de las mujeres sufrieron cambios. Con la represión de los movimientos sociales en torno a la vivienda se acrecentó el proceso de “allegamiento”, y con él, la cohabitación de la familia extensa, que llevó a ampliar las tareas de sostén afectivo y económico, y, al mismo tiempo, a participar en organizaciones sociales de subsistencia.

Con la llegada del gobierno democrático, las políticas de vivienda se propusieron resolver el déficit habitacional acumulado privilegiando la producción masiva por sobre la calidad. Para lograr ese objetivo se redujeron costos, se disminuyó el tamaño de las nuevas viviendas, se compraron terrenos cada vez más económicos y distantes de la ciudad tradicional. En este proceso, se destruyeron vínculos parentales y vecinales que eran la base de la supervivencia y el progreso de las familias; se debilitó la participación en organizaciones sociales. La promesa del consumo pasó a ser el medio a través del cual las personas buscaron el reconocimiento y la integración social antes otorgados por las comunidades (Ducci 1997; Rodríguez y Sugranyes 2005). El individuo abandonó el colectivo, y la desconfianza mutua se acrecentó.

En este panorama de fragmentación y reordenamiento social, las mujeres fueron uno de los grupos más afectados. Con la destrucción de las redes sociales, se individualizó la resolución de necesidades, que antes recaía en la comunidad o en la familia extendida. La carencia de soporte social multiplicó el número de tareas asumidas por las mujeres, aumentando el valor de su tiempo e impidiéndoles la realización de desplazamientos prolongados.

Al mismo tiempo que los equipamientos segregaron a sus usuarios, en el espacio público inconcluso se propagaron las desconfianzas mutuas, dificultando la creación de nuevas redes de apoyo. La desesperanza y la desafiliación en las comunidades facilitaron la incursión de la inseguridad y el dominio del espacio público por parte de redes de delincuencia y microtráfico de drogas, las cuales encontraron en la trama urbana de la esvástica un terreno fértil para ocultarse, y en la conectividad limitada con el exterior, la oportunidad de ejercer un férreo control de los accesos.

Todo esto provocó el repliegue de las familias en el espacio privado, propició la bunkerización de sus hogares y de los equipamientos, que pasaron a estar

rodeados por altos muros impermeables; y, finalmente, permitió un rápido avance del deterioro, que acrecienta la percepción de inseguridad de las mujeres al circular en el espacio público, complicando así su movilidad (Dammert 2004).

Santa Julia de Macul, un ejemplo significativo La Población Santa Julia de Macul2 —objeto de este estudio— corresponde en su origen a una Operación Sitio y tiene la particularidad de ser hoy uno de los proyectos de vivienda social mejor localizados en la ciudad. Se encuentra en un sector tradicional de ingresos medios, bien conectada y servida por transporte público, enclavada en áreas que presentan una importante dinámica inmobiliaria; sin embargo, presenta un fuerte deterioro de sus espacios públicos, índices sociales similares a los de la periferia de bajos recursos de la ciudad y una tendencia a la inmovilidad, particularmente en las mujeres.3 Se trata de uno de los primeros conjuntos del programa Operación Sitio (1965) y correspondió al lugar de radicación de al menos cinco grupos de habitantes de asentamientos irregulares ubicados en el entorno de su actual localización. Administrativamente, forma parte de la comuna de Macul, comuna con usos mixtos (residencia, servicios e industria) articulada sobre uno de los principales ejes radiales del suroriente de Santiago, la Av. Macul.

Dicha avenida posee una amplia oferta de transporte público, además de una serie de equipamientos de escala metropolitana (centros comerciales y universidades) que dan acceso directo al cono de alta renta de la ciudad. El predio de la Población limita por el norte, oriente y sur con frentes de calles y avenidas, en tanto que por su lado poniente se encuentra confinado a espaldas de la franja de sitios que enfrentan la Avenida Macul (ver la imagen 2).

2 De acuerdo con el censo de 2002, la Población Santa Julia cuenta con 10.492 habitantes (49% población femenina, en comparación con el 52% de la Región Metropolitana de Santiago; en adelante, RMS). Sólo un 3% de la población pertenece a los grupos de ingresos altos (10,6% en la RMS y 11,9% en la comuna de Macul), y un 67,5% se encuentra en los dos de menor poder adquisitivo (46,2% en la RMS y 36,4% en la comuna de Macul). Habitan en ella 2.718 hogares, y sólo hay 2.111 viviendas, lo cual indica que existen hacinamiento y allegamiento (Adimark 2004; INE 2002).

3 La Población Santa Julia supera ampliamente el promedio comunal en la mayoría de los indicadores económicos y sociales; así, en embarazo adolescente supera el 20%; la escolaridad promedio es de 8 años, mientras que el hacinamiento supera el 30% de las viviendas. En contraste, la comuna de Macul posee menos de 10% de embarazo adolescente, más de 10 años de escolaridad, y menos del 10% viviendas con hacinamiento. En Minvu (2009). Indicadores urbanos. Recuperado el 20 de octubre de 2011 de la base de datos Observatorio Urbano; en internet: <http://www. observatoriourbano.cl>.

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TEMAS VARIOS Imagen 2. Población Santa Julia y su entorno metropolitano

Fuente: elaboración propia con base en registro en terreno de la comuna de Macul y su entorno inmediato.

Debido a sus atributos de localización, desde mediados de la década pasada la Comuna acoge una serie de emprendimientos inmobiliarios, especialmente en la franja comprendida entre la Población y la Av. Macul.

Estos desarrollos han ido modificando las alturas tradicionales del sector con la construcción de torres que superan los quince pisos y, de este modo, cercando y dando la espalda a la Población por su borde poniente.

En términos morfológicos, dos vías estructuran la Población y la comunican con su entorno inmediato: la calle Santa Julia, en sentido norte-sur, y la calle Los Espinos, en dirección oriente-poniente, perpendicular a la Avenida Macul. Estas dos vías mayores dividen la Población en tres grandes unidades: dos de ellas, ubicadas al poniente de la calle Santa Julia, ocupan aproximadamente un cuarto del área total de la Población, cada una, y poseen en su centro un área destinada a equipamiento deportivo, un centro de salud y dos escuelas de educación primaria. Entre estos

equipamientos, sólo una escuela está en funcionamiento, y los centros deportivos no están consolidados y son sólo una superficie de tierra (ver la imagen 3).

La tercera unidad, localizada al oriente de la calle Santa Julia, cubre la otra mitad de la superficie total de la Población. Su trama ortogonal presenta un trazado diagonal, vestigio de un canal de regadío (imagen 3, calle Manuel Sánchez), lo que genera espacios públicos irregulares en sus encuentros con las manzanas. En el centro, esta unidad posee un equipamiento deportivo que ocupa el terreno de una escuela destruida a finales de la década de 1980.

Palmer y Vergara (1990) señalan que no existe certeza sobre las circunstancias en que esta escuela terminó destruida, pero apuntan que ya a inicios de la década de 1990, la Población Santa Julia era un “extraño” caso de deterioro, en donde esta escuela era uno los muchos espacios abandonados de la Población.

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TEMAS VARIOS Imagen 3. Morfología y equipamientos de la Población Santa Julia

Fuente: elaboración propia con base en observaciones y registros realizados en la Población.

Sin embargo, tanto la desaparición de este equipamiento como su cambio de uso inciden directamente en la intensidad de actividades que exhiben las áreas circundantes hoy en día: las áreas con equipamientos en funcionamiento atraen desplazamientos y actividades, mientras que las que no los poseen permanecen inactivas.

Los equipamientos son inductores del movimiento en la Población, atraen desplazamientos desde diferentes direcciones, que, sumados, describen grandes redes de movimiento. Estas redes desequilibran y polarizan el uso de los espacios públicos, siendo las jerarquías de los desplazamientos no necesariamente coincidentes con las jerarquías de las categorías espaciales (avenida, calle, pasaje). Así, muchas veces el pasaje más angosto y precario es el lugar que más circulaciones acoge.

Las redes de movimiento de mayor intensidad Dentro de la Población, sólo dos equipamientos se encuentran en funcionamiento: el centro de salud, en el sector sur-poniente, y la escuela primaria, en el sector nor-poniente, pero una serie de inversiones privadas compensaron las carencias en el resto de los sectores. En el borde oriente existe un complejo de escuelas privadas (primarias y secundarias) que sirven justamente al sector en donde fue destruido un equipamiento escolar. En el extremo opuesto ocurre algo similar con el comercio: un hipermercado localizado fuera de la Población suple la ausencia de comercio en su interior (ver la imagen 4).

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TEMAS VARIOS Imagen 4. Grandes redes de movimientos en la Población Santa Julia

Fuente: elaboración propia con base en observaciones y registros realizados en la Población.

En términos generales, las redes de movimiento inducidas por los equipamientos evidencian una constante búsqueda de eficiencia en los desplazamientos; las mujeres tienden a realizar los trayectos más cortos entre sus hogares y los lugares de destino.

Esto muestra la alta valoración del tiempo que ellas poseen, pues circulan por las vías de comunicación más directas, sin importar la jerarquía de los espacios que recorren, sumando indistintamente tramos de pasajes y calles, con tal de construir una ruta directa (ver la imagen 5).

La secuencia de tramos de diferente jerarquía espacial también evidencia las dificultades que plantea el diseño de la trama en forma de esvástica de la Población; no es posible articular recorridos directos por una sola calle, ya que las calles desaparecen o giran en diversos puntos. El diseño de las perspectivas cortas que sugerían la intimidad de las relaciones vecinales en la escala micro- y mesoespacial, por una parte, reduce el dominio visual del espacio a distancia y genera inseguridad, y por otra, es poco funcional bajo la lógica de la eficiencia que hoy en día persiguen las mujeres en sus trayectos cotidianos.

La necesidad de reducir los tiempos de desplazamiento propicia también la incorporación de múltiples actividades en un mismo viaje, con el objetivo de ahorrar tiempo. Primerano et al. (2008) llaman a este comportamiento trip-chaining, o encadenamiento de actividades, y lo describen como aquella práctica en donde las personas suman una serie de destinos en un mismo traslado, fragmentando el desplazamiento en múltiples etapas.

Imagen 5. Esquema de recorrido directo dentro de la Población

Fuente: elaboración propia con base en observaciones y registros realizados en la Población.

Si bien el transporte motorizado facilita este tipo de prácticas, en la Población Santa Julia aparece un fenómeno similar, constituido por trayectos peatonales en torno a los equipamientos comerciales. De esta forma, los desplazamientos hacia el hipermercado se conforman por dos destinos y tres etapas. En la ida, se recorre desde el hogar hacia el hipermercado (destino principal) siguiendo rutas directas, mientras que en la vuelta, el desplazamiento se fragmenta en dos etapas, con una parada intermedia (destino menor) (ver la imagen 6). Esta parada corresponde a un pequeño comercio que provee productos vegetales no adquiridos en el supermercado.

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TEMAS VARIOS Imagen 6. Esquema de incorporación de paradas intermedias en recorridos hacia los equipamientos

Tabla 1. Labor de compañía de las mujeres en el centro de salud

Mujeres solas

Acompañando a menores

66%

13%

Acompañando a Acompañando discapacitados a la familia o personas de la tercera edad

10%

11%

Fuente: elaboración propia con base en observaciones y registros realizados en la Población.

Fuente: elaboración propia con base en el universo de mujeres observadas durante el registro de la red del centro de salud.

Este tipo de estrategias permite disminuir el costo en tiempo y esfuerzo que tendría un viaje independiente a los mismos destinos, pero sólo ocurre en desplazamientos en que las mujeres circulan solas o acompañadas de un hombre. En traslados de otros tipos aparecen otras prácticas asociadas a la sociabilidad y al acompañamiento de niños y personas de la tercera edad.

La sociabilidad en los intersticios

Las responsabilidades del hogar, viajes en familia a los servicios públicos Las redes de desplazamientos en torno a los equipamientos escolares y al centro de salud muestran la importancia de la tarea de acompañamiento que cumplen las mujeres con los niños, las personas discapacitadas y los adultos mayores, más allá de los quehaceres domésticos y los trabajos esporádicos. Es más, las necesidades de terceros muchas veces generan más de un viaje y restringen otras posibles actividades.

Por ejemplo, los menores en edad escolar demandan desplazamientos al ingreso y a la salida de la escuela.

Esto define los horarios de las actividades de las mujeres e imposibilita aquellas cuya duración es mayor al tiempo de permanencia del menor en el recinto escolar.

Equivalente es el caso del centro de salud, en donde la obtención de una hora de consulta y la consulta misma demandan, en la mayoría de los casos, más de dos viajes.

En el centro de salud de Santa Julia, aproximadamente un 66% de las personas que ingresan corresponde a mujeres solas, mientras que un 34% corresponde a mujeres que acompañan a otros integrantes de la familia (ver la tabla 1).

Similar situación aparece en las redes asociadas al colegio, con el 83% de niños acompañados de mujeres.

Como estos desplazamientos no están asociados directamente con las necesidades propias de las mujeres, implican importantes tiempos de espera al ingreso o salida del niño del recinto escolar, o mientras la persona acompañada recibe atención médica. Sin embargo, dado el alto valor asignado al tiempo, las esperas no son tiempos muertos sino momentos de sociabilidad.

En las esperas, las mujeres entablan pequeñas conversaciones. En el caso del centro de salud, el interior del recinto ampara esperas prolongadas, ya sea en la fila de los trámites, o bien mientras sus acompañados reciben atención. En ese espacio y tiempo emerge la conversación. El comportamiento en los colegios es distinto al del recinto de salud; en el consultorio, la conversación termina en el momento en que concluye el trámite o el paciente sale de la consulta, en tanto que a las puertas de la escuela en la mañana, la espera por el ingreso constituye un momento de encuentro entre las madres que se repite diariamente y que se prolonga por el retorno en grupo a sus respectivos hogares, haciendo converger las rutas al máximo posible.

A la hora de salida de la escuela se da un comportamiento similar, pero invertido: el viaje de ida a buscar al niño al colegio se hace en compañía y en conversación con otras mujeres, mientras que el trayecto de vuelta, las mujeres sólo lo hacen con los niños, realizando el recorrido más corto (ver la imagen 7).

Imagen 7. Esquema de comportamiento social en el desplazamiento

Fuente: elaboración propia con base en observaciones y registros realizados en la Población.

Las prácticas frente a los espacios amenazantes Las prácticas recién descritas no son sólo cuestión de sociabilidad, también responden a un temor generalizado a la desprotección en el espacio público. En

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efecto, las mujeres inician sus conversaciones siempre en recintos interiores, ya sea tras las rejas de la escuela o dentro del centro de salud. Esto ocurre incluso en lugares donde el diseño dotó de abundantes espacios públicos a los entornos de los equipamientos, pero como éstos están deteriorados y/o vandalizados, son percibidos como amenazantes.

El temor moviliza muchas veces al grupo familiar completo, por ejemplo, en el recinto de salud es común observar a las madres acompañadas de adolescentes y niños pequeños. Todo esto por el miedo a dejarlos a merced de la delincuencia en el hogar, bajo la custodia de otra persona, o, peor aún, en el espacio público.

La aprensión frente el espacio público resulta todavía más evidente al identificar las áreas por las cuales no circulan las mujeres. En la imagen 4 se observa que el área nor-oriente de la Población (en línea punteada) no posee equipamientos y, por lo mismo, no presenta un número significativo de desplazamientos. En la misma imagen aparece otra área inactiva en el límite poniente de la Población que no está incluida en las redes de desplazamientos; a pesar de proveer rutas directas entre los equipamientos y las viviendas, las mujeres la evitan.

En relación con este fenómeno, las mujeres de la Población señalan que los espacios considerados como peligrosos están vedados para ellas. Prefieren realizar largos rodeos, en lugar de someterse a un potencial peligro, pero declaran no tener certeza sobre el peligro real que estos espacios representan; se trata sólo de su percepción.

La percepción de inseguridad Loukaitou-Sideris indica que las mujeres temen circular por el espacio público, a pesar de que existen mayores agresiones en el espacio privado (Loukaitou-Sideris 2005).

La autora apunta que no temen al espacio público per se, sino más bien a las percepciones de inseguridad que se levantan sobre él. La percepción de inseguridad no necesariamente coincide con inseguridad real; es una construcción social en donde colaboran circunstancias y actores diversos, así como las características propias del género.

Al respecto, De la Cruz (2008) apunta que las mujeres construyen parte de su percepción basadas en rumores e historias orales que se transmiten mediante amistades o familiares; los relatos muchas veces son intergeneracionales, pasando de madres a hijas. Rodigou (2009) agrega que el desconocimiento de los lugares influye fuertemente en la percepción de inseguridad que poseen las mujeres; ellas siempre considerarán más inseguros aquellos lugares que no conocen porque, en caso de algún acto delictual, no sabrían por dónde huir o a quién pedir ayuda.

Las mujeres que circulan cotidianamente por la Población confirman tal panorama: quienes no pertenecen a ella no distinguen gradientes ni espacios en mayor o menor grado peligrosos; para ellas, toda la Población es amenazante. En contraste, quienes circulan cotidianamente por la Población y además habitan en ella distinguen una serie de atenuantes. Destacan que los espacios realmente peligrosos son pocos y que algunos de ellos sólo lo son de noche, cuando están inactivos y desocupados (ver la imagen 8).

Imagen 8. Prácticas de movilidad frente al temor

Fuente: elaboración propia con base en encuestas y entrevistas realizadas en Santa Julia.

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La oscuridad y la ausencia de personas revelan otras dos condiciones que influyen en la percepción de las mujeres sobre el espacio público: el nivel de actividad y el ambiente. En cuanto al nivel de actividad, las mujeres de la Población Santa Julia señalan que en ambientes donde circulan otras personas existen posibilidades de solicitar o recibir ayuda; de este modo, para ellas las áreas más seguras son justamente las localizadas en el entorno del centro de salud, que corresponde al equipamiento más ocupado y recorrido durante el día.

El resto de los equipamientos, como los educativos, que entran en actividad en momento puntuales de la jornada (ingreso y salida), no tienen el mismo efecto en la percepción de seguridad.

Esta explicación coincide con lo expresado por diversos autores, que consideran que las personas que circulan o trabajan en el espacio público actúan como vigilantes naturales y disminuyen las posibilidades de algún tipo de violencia (Jacobs 1994; Harrison y Swain 2003; Paz Ciudadana, Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Ministerio del Interior 2003). Las mujeres de la Población agregan que la vigilancia no necesariamente debe ocurrir a nivel de la calle e indican que también es seguro circular bajo las torres de departamentos que bordean la Población. Lejos de ser percibidas como una transgresión visual, constituyen un factor de seguridad pues eventualmente alguien podría solicitar ayuda por teléfono y socorrerlas en caso de un atraco.

En relación con el ambiente, los factores que generan la percepción de inseguridad son conocidos, así como sus soluciones; incluso, existen manuales que retratan la temática (Harrison y Swain 2003; Rainero 2006). Éstos apuntan a que los factores más relevantes en la percepción de inseguridad son la ausencia de luz, la visibilidad, la presencia de basura y rayados de muros, etcétera. En concordancia con estas ideas, las mujeres señalan que todas estas condiciones son generadoras de percepción de inseguridad, pero agregan que son el resultado de largos procesos de deterioro producto del abandono progresivo tanto de las autoridades como de los vecinos y propietarios de los predios adyacentes.

El acompañamiento forzado frente al deterioro del entorno La teoría de las ventanas rotas propone que el deterioro usualmente es una acumulación de sucesivos actos de destrucción menores. Se inicia con un daño menor que, al no ser reparado, propicia otros daños, y así sucesivamente (Kelling y Coles 1996). En Santa Julia, la presencia de un terreno localizado en la Av. Los Espinos, eje central oriente-poniente de la Población, perteneciente a una industria desafectada, es un buen ejemplo de tal proceso.

Desparecida a mediados de la década de 1980, la industria dejó un gran terreno disponible. Este sitio fue objeto

de sucesivos loteos y una serie de inversiones inmobiliarias transformaron gran parte de su extensión en torres de departamentos. Sin embargo, aún se mantiene inutilizada una parte del terreno original, donde permanecen las ruinas de lo que fue la industria.

Las mujeres relatan que el daño a este terreno se inició con la destrucción de parte de su cierro perimetral. Al no ser reparado, permitió el ingreso de redes de tráfico de drogas y vagabundos que lentamente destruyeron la edificación y el resto del cierro. Aunque no existen pruebas, se habla de que en ese terreno, ubicado en la frontera entre la población y la ciudad, y en su entorno inmediato ocurren asaltos y agresiones; por ello, no es de extrañar que sea actualmente uno de los espacios más estigmatizados de la Población. Pero más aún, su amenaza tiene consecuencias sobre el uso del eje principal de ésta, la calle Los Espinos, espacio de confluencia entre los tres sectores que la componen, vía de conexión con la Av. Macul y, a través de ella, con el resto de la ciudad.

Para sortear este terreno, las mujeres aplican dos estrategias. La primera es evitar aproximarse a él, dejando de circular por Los Espinos para atravesar del área nor-poniente a la sur-poniente de la Población, privándose así de frecuentar los equipamientos y los servicios que cada sector posee. La presencia de este terreno, a su vez, restringe la salida hacia la Avenida Macul, impidiendo el acceso directo a un cruce dotado de toda clase de servicios y transporte público, profundizando así el enclave de la Población y provocando desplazamientos perimetrales mucho más largos (imagen 8).

La segunda estrategia es circular por la calle Los Espinos frente al terreno, pero con escoltas; sólo una de cada diez mujeres lo hace. Así, cuando un menor o alguien con dificultades requiere salir de la Población de manera expedita, solicita ayuda a algún vecino, que lo acompaña hasta atravesar el terreno. Similar estrategia aparece al regreso, cuando existen personas que se ofrecen de escolta para recoger a las mujeres y acompañarlas hasta sus hogares (imagen 8).

Un mayor nivel de temor expresan las mujeres de la Población hacia el sector sin equipamientos; pero, a diferencia del lugar recién retratado, en donde la amenaza proviene de un terreno privado altamente deteriorado, en este sector los elementos que provocan sensación de inseguridad están en el espacio público.

El temor a los inmóviles La calle Manuel Sánchez tiene el perfil más ancho de las vías de la Población, debido a su trazado diagonal, que en su encuentro con la trama ortogonal va creando espacios que la dotan aún de mayor amplitud. Si bien usualmente se señala que el dominio visual infunde la

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sensación de seguridad (Rainero 2006), en este caso se presta para el ejercicio del control de la calle como el lugar de negocios por parte de grupos de traficantes de drogas. Para lograrlo, marcan la calle con una serie de señales como un código, que las mujeres interpretan como símbolos de peligro (ver la imagen 9).

La calle es nombrada repetidas veces por las entrevistadas como un espacio inseguro, a causa de su deterioro ambiental, de los signos que la marcan y de las personas presentes en ella. En relación con el deterioro, posee características similares al del terreno industrial desafectado; las mujeres se refieren a la calle como un espacio público abandonado, sucio, carente de arborizaciones, etcétera. En cuanto a los símbolos, existen grafitis de pandillas del lugar, zapatos colgados de los cables eléctricos que demarcan territorios, y casas de mayor altura, altamente fortificadas, que son apuntadas como los hogares de los traficantes de drogas.

A estas dos primeras condiciones, se agrega la presencia de grupos que vigilan y controlan el espacio. Estos grupos son inmóviles y utilizan las esquinas con mayor

amplitud visual como punto de reunión. Cuando ingresa un extraño, activan una red de amedrentamiento en donde participan ellos y los vecinos del entorno vociferando y lanzando objetos. Con estos antecedentes, los mismos habitantes de la Población no se atreven a ingresar en esta calle y la rodean, desaprovechando las posibilidades que ofrece como espacio de conexión.

Finalmente, al deterioro y los grupos inmóviles se suma el cierre permanente del acceso a todos los pasajes perpendiculares a la calle Manuel Sánchez, organizado por parte de los vecinos como una medida de protección. De este modo, los pasajes cuentan con entrada y salida sólo por su extremo opuesto, a la manera de culs de sac, que provocan una fragmentación de la permeabilidad reticular de las vías. Los vecinos prefieren, así, dar la espalda a la calle principal, a costa de limitar su movilidad y la conectividad entre sus pasajes (imagen 9). Esta situación amplifica el potencial de control de los grupos de narcotráfico e impide la diversificación de las rutas de circulación de los vecinos. La calle se hace, así, cada vez más inmóvil, y a modo de ejemplo, se convierte en una realidad que tiende a repetirse en muchos otros puntos de la Población.

Imagen 9. Características de la calle Manuel Sánchez

Grafitis Zapatos en tendido eléctrico Grupos inmóviles

Basura Ausencia áreas verdes

Fuente: elaboración propia con base en registro en terreno de la calle Manuel Sánchez.

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Conclusiones En el proyecto de la Operación Sitio subyace la idea de establecer un correlato entre diseño espacial e integración social de los habitantes. A través de la promoción de la vida en comunidad, este diseño en sus diferentes escalas propuso un tejido que organizaba los espacios de socialización en una sucesión de agrupamientos, a la manera de la muñeca rusa, desde la vecindad basada en pequeños grupos de manzanas reunidas en torno a la plazoleta hasta subunidades barriales compuestas por macrogrupos de manzanas organizadas en torno a equipamientos y espacios públicos de mayor jerarquía conectados a la ciudad a través de ejes estructurantes.

Esta política perseguía fomentar la autonomía de los hogares a través de unidades habitacionales dotadas de todos los servicios, y al mismo tiempo, la identidad comunitaria mediante centralidades que posibilitaban el reconocimiento mutuo, “el nosotros”, y fronteras que permitían distinguir el espacio de la comunidad del espacio de “los otros”.

No obstante, la historia desmintió la utopía, y la sociedad interpretó su espacio de otra manera. El Estado desprotegió los espacios públicos de las poblaciones favoreciendo su deterioro y el abandono de algunos equipamientos y servicios. Este abandono facilitó el arribo de la desconfianza. Por su parte, con el debilitamiento de las organizaciones sociales, las familias se desafiliaron del sentimiento comunitario y se recluyeron en el espacio privado, en busca de seguridad. La comunidad se hizo cada vez más vulnerable y paulatinamente la morfología de la Población se transformó en una amenaza.

Este nuevo esquema fue obligando a los residentes a atravesar una serie de fronteras para salir de la Población a fin de satisfacer sus necesidades, introduciendo en su vida cotidiana un desgaste adicional, especialmente en los grupos más vulnerables, como las mujeres. Desprovistas del soporte comunitario, de la proximidad de los servicios, y amenazadas por la inseguridad, se vieron obligadas a limitar su movilidad para asegurar la supervivencia del hogar, debiendo enfrentar una traba más a la vulnerabilidad asociada al género.

Hoy, las trayectorias de las mujeres —moldeadas por el temor— en la Población Santa Julia ilustran cómo la utopía contenida en la estructura morfológica del diseño original se presta para prácticas abusivas por parte de grupos de antisociales que se apoderaron del espacio público. Las fronteras se profundizaron, y las centralidades de las plazoletas y equipamientos ya no convocan las relaciones de vecindario. La Población se encuentra sumergida en una espiral de deterioro y obsolescencia. Su trama urbana y su localización privilegiada por su proximidad a los barrios medios y altos la han transformado en un enclave espacial, terreno fértil para el tráfico de drogas.

Esta movilidad limitada en espacio y en tiempos de autonomía dificulta a las mujeres acceder a las oportunidades que ofrecen la población misma y su entorno diverso. Se ven obligadas a recorrer trayectorias prolongadas, a acompañar a aquellos que —por temor— no pueden desplazarse autónomamente y a encargar a quienes no pueden permanecer en sus hogares y a renunciar a oportunidades como el trabajo a distancia. La pérdida de movilidad por la inseguridad podría ser uno de los factores que contribuye al estancamiento económico y social que muestra la población, situación que eventualmente podría repetirse con distintas intensidades en otros asentamientos de escasos recursos de Santiago.

Sin embargo, resulta interesante constatar que en poblaciones como Santa Julia no se trata de falta de espacio público; por el contrario, existe una amplia red de servicios y espacios subutilizados que eventualmente podrían ser la base para reconquistar estos territorios urbanos para las comunidades.

La solución, en estos casos, no es aumentar el espacio público, sino rescatarlo en los puntos de conexión con la ciudad, atenuando la percepción de inseguridad, incluyendo y dispersando equipamientos de pequeña escala por todo el territorio de las poblaciones, con una alta densidad de usos que permita reactivar las áreas inmóviles y promover la convergencia en las fronteras interiores mediante una red de espacios públicos de calidad, que posibiliten recorrer con certeza la Población. Un urbanismo de proximidad, capaz de brindar trayectos seguros, de dar independencia a los grupos de menor movilidad (niños y adolescentes) y de apoyar las múltiples labores que cumplen las mujeres en la sociedad, y a la vez, un urbanismo que asegure la permeabilidad entre las Poblaciones y la ciudad.

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Inmigración y mercado de trabajo: nichos laborales por género y nacionalidad en España* Leire Aldaz Odriozola** – Begoña Eguía Peña*** Fecha de recepción: 13 de octubre de 2014 • Fecha de aceptación: 09 de febrero de 2015 • Fecha de modificación: 26 de mayo de 2015 DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.05

R E S U M E N | En este artículo se analiza si una mayor heterogeneidad del factor trabajo conlleva una desigualdad laboral desde la perspectiva de la posición laboral. La investigación se realiza para España, dada la mayor diversidad demográfica que presenta en la actualidad, motivada por las múltiples transformaciones sociales producidas en las últimas décadas. Primero, se calculan diversos índices para verificar la existencia de nichos laborales por razón de género y de nacionalidad. Asimismo, se aplica un análisis de correspondencias para estudiar una posible asociación entre el género y la nacionalidad como factores determinantes de la posición laboral de distintos colectivos de trabajadores. El estudio confirma dicha asociación y revela que los trabajadores inmigrantes principalmente se emplean en las actividades-ocupaciones más caracterizadas por género.

En consecuencia, la posible competencia entre trabajadores inmigrantes y nativos se dará entre trabajadores del mismo sexo. Este hecho tendrá que ser considerado en los estudios que analicen el impacto económico de la inmigración sobre las condiciones laborales de la mano de obra nativa.

PA L A B R A S C L AV E | Posición laboral, segmentación, género, inmigración.

Immigration and the Labor Market: Labor Niches by Gender and Nationality in Spain A B S T R AC T | This article analyzes whether greater heterogeneity within the labor force leads to labor inequality from the perspective of position in the labor market. The research was conducted for Spain, given its great demographic diversity today, as a result of the many transformations that have taken place in recent decades.

First, various indices are calculated to verify the existence of labor niches based on gender and nationality. A correspondence analysis is also applied to study a possible link between gender and nationality as determining factors of the position of different groups of workers in the labor market. The study confirms said connection and reveals that immigrant workers are employed mainly in the activities-occupations that are most highly characterized by gender. Consequently, any possible competition between immigrant and native workers will be among workers of the same sex. This fact will have to be taken into consideration in studies that analyze the economic impact of immigration on the labor conditions of the native workforce.

K E Y W O R D S | Labor market position, segmentation, gender, immigration.

*

**

El artículo es resultado de la tesis doctoral “Segregación Ocupacional e Inmigración en el Mercado de Trabajo Español. Una Perspectiva de Género”, Universidad del País Vasco (UPV/EHU), España, y del proyecto de investigación financiado por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) (EHU14/46). Queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento a Felipe Serrano y a dos evaluadores anónimos por sus valiosos comentarios y sugerencias.

Doctora en Economía por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), España. Profesora en el Departamento Economía Aplicada V de la UPV/EHU. Entre sus últimas publicaciones se encuentran: Decomposing Changes in Occupational Segregation: The Case of Spain (1999-2010). European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences 38 (2011): 72-91, y La población inmigrante en las zonas rurales del País Vasco. Información Técnica Económica Agraria (ITEA) 105, n° 2 (2013): 215-238. Correo electrónico: leire.aldaz@ehu.eus *** Doctora en Economía por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), España. Profesora en el Departamento Economía Aplicada V de la UPV/EHU. Entre sus últimas publicaciones se encuentran: Abandono e infrautilización del suelo agrario en la Cornisa Cantábrica: el caso del País Vasco. Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros 231 (2012): 63-91, y Conflict between the Agricultural Policy and Sustainable Land Use: The Case of Northern Spain. Panoeconomicus 60, n° 3 (2013): 397-414. Correo electrónico: bego.eguia@ehu.eus

TEMAS VARIOS

Imigração e mercado de trabalho: nichos corporativos por gênero e nacionalidade na Espanha R E S U M O | Neste artigo, analisa-se se uma maior heterogeneidade do fator trabalho implica uma desigualdade corporativa sob a perspectiva da posição laboral. Esta pesquisa foi realizada para a Espanha, tendo em vista a maior diversidade demográfica que apresenta na atualidade, motivada pelas múltiplas transformações sociais produzidas nas últimas décadas. Primeiro, calculam-se diversos índices para verificar a existência de nichos corporativos por gênero e nacionalidade. Além disso, aplica-se uma análise de correspondências para estudar uma possível associação entre o gênero e a nacionalidade como fatores determinantes da posição laboral de diferentes coletivos de trabalhadores. Este estudo confirma essa associação e revela que os trabalhadores imigrantes principalmente são empregados nas atividades-ocupações mais caracterizadas por gênero. Em consequência, a possível concorrência entre trabalhadores imigrantes e nativos se dará entre trabalhadores do mesmo sexo. Esse fato terá que ser considerado nos estudos que analisarem o impacto econômico da imigração sobre as condições de trabalho da mão de obra nativa.

PA L AV R A S - C H AV E | Posição laboral, segmentação, gênero, imigração.

Introducción Las múltiples transformaciones sociales producidas en España en las últimas décadas, entre otras, la fuerte incorporación de la mujer a la actividad económica y la llegada de población extranjera (inducida principalmente por motivos laborales), han supuesto que, en la actualidad, el mercado de trabajo español presente mayor diversidad demográfica. La heterogeneidad del factor trabajo puede conllevar una desigualdad de oportunidades laborales para algunos colectivos demográficos. La desigualdad laboral surge cuando se observa que entre trabajadores individuales existen diferencias en diversas características laborales (nivel de desempleo, tipo de contrato, salario, posición laboral…) motivadas por determinadas características sociodemográficas. Una de las consecuencias de tal desigualdad es la existencia de nichos laborales por género y por nacionalidad.

El interés del estudio de los nichos laborales reside en las consecuencias de este proceso de segmentación del mercado de trabajo, ya que algunos colectivos se sitúan en las posiciones menos ventajosas de forma sistemática, sin que ello se deba a diferencias de cualificación o preferencias a la hora de buscar empleo.

La desigualdad laboral por género es uno de los rasgos fundamentales de los mercados de trabajo en los países desarrollados (Anker 1998). De hecho, existen diversos estudios que revelan importantes diferencias entre la posición laboral de hombres y mujeres: Blau, Simpson y Anderson (1998), Preston (1999), para Estados Unidos; Fortin y Huberman (2002), para Canadá; Watts (2003), para Australia; Shuto (2009), para Japón; Glover (2005), para Europa; Castaño, Iglesias y Sánchez (2002), Amuedo-Dorantes y De la Rica (2006), Cebrián y Moreno (2008), para España.

Otro tema tratado de forma extensa en la literatura internacional es el estudio de las condiciones laborales de la mano de obra inmigrante, que pone de manifiesto

su exclusión de determinadas ocupaciones y su concentración en las ocupaciones con menores requerimientos de cualificación, y, por ello, mayor inestabilidad dentro del mercado de trabajo. Ortega (2005), Pajares (2010) o Muñoz de Bustillo y Antón (2010) confirman estas características para los trabajadores extranjeros en España, manifestando además que cuentan con mayores tasas de actividad, empleo y paro, y presentan mayor movilidad tanto geográfica como ocupacional.

Algunos autores argumentan que la segmentación ocupacional presentada por los inmigrantes no tiene necesariamente que obedecer a la existencia de un trato discriminatorio en el acceso al empleo, sino que puede encontrar su justificación en otras razones (Barrett y Duffy 2008; Green 1999). Por ejemplo, la mayor disposición del inmigrante a aceptar puestos de trabajo que requieren un capital humano por debajo de su cualificación, para garantizar su presencia en el mercado laboral (Liu, Zhang y Chong 2004; Parasnis 2006; Weiss, Sauer y Gotlibovski 2003). Otra razón se puede hallar en el escaso grado de transferibilidad del capital humano adquirido en sus países de origen (Bratsberg y Ragan 2002; Ferrer y Riddel 2003; Friedberg 2000; Schaafsma y Sweetman 2001). Una tercera razón puede obedecer a cuestiones como su contratación a través de empresas de trabajo temporal, la falta de homologación de títulos o su elevada presencia, precisamente, en sectores tradicionalmente marcados por la temporalidad como construcción, hostelería, servicio doméstico y agricultura (Abowd y Freeman 1991; Chiswick y Hatton 2003; OIT 2010).

La presente investigación analiza la desigualdad laboral existente en el mercado de trabajo español desde la perspectiva de la posición laboral. Su objetivo es obtener evidencia sobre si una mayor heterogeneidad del factor trabajo conlleva desigualdad entre distintos colectivos de trabajadores, si se atiende a su sexo y a su nacionalidad, tanto desde la vertiente sectorial como desde la ocupacional. Se trata de verificar si, en la actualidad, el mercado de trabajo español es un mercado segmentado Inmigración y mercado de trabajo | Leire Aldaz Odriozola · Begoña Eguía Peña

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por género, donde a su vez caben diferencias en función de la nacionalidad. Con tal propósito, se realiza un análisis descriptivo de la posición laboral de los distintos colectivos de trabajadores, para determinar cuáles son sus nichos laborales.

La mayor parte de las investigaciones realizadas para el caso español analizan la desigualdad en la posición laboral de distintos colectivos de trabajadores atendiendo al género y/o a la nacionalidad de forma separada. En este artículo, sin embargo, se consideran conjuntamente ambas fuentes de desigualdad. De esta manera, se trata de determinar si existe alguna asociación entre el género y la nacionalidad que condiciona la posición laboral de cada colectivo. Adicionalmente, se ofrece información sobre el proceso de asimilación ocupacional de la mano de obra inmigrante atendiendo a su zona de origen y sexo, lo que permite determinar si, en el caso español, este proceso difiere entre los distintos colectivos de trabajadores inmigrantes o si, al contrario, todos ellos presentan un mismo comportamiento laboral.

El resto del artículo se estructura de la siguiente forma.

Primero, se muestran la fuente de datos y la metodología utilizada en el estudio. Segundo, se analiza la posición laboral de los distintos colectivos de trabajadores en función del género y de la nacionalidad, y se determinan sus nichos laborales. Tercero, se estudia la evolución de su comportamiento laboral considerando de nuevo ambas fuentes de desigualdad conjuntamente: el género y la nacionalidad. Finalmente, se presentan las principales conclusiones.

Fuente de datos y metodología El estudio utiliza como fuente de datos los microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA), con la actividad y la ocupación desagregadas a un dígito. Se utiliza el primer trimestre de 2011 como período de referencia para el cálculo de los índices que permitirán caracterizar los nichos laborales de los distintos colectivos de trabajadores. El análisis posterior de la evolución de sus pautas laborales se basa en datos de 1999, 2005 y 2011, en su primer trimestre.1 Es un horizonte temporal suficientemente amplio para captar el cambio de tendencia habido en la trayectoria migratoria en España, al incluir una década de entrada masiva de población procedente de otros países.

Siguiendo el criterio jurídico de nacionalidad, se considera inmigrante a la persona que no posee nacionalidad española. El estudio no tiene en cuenta a los que

1 La caracterización de los nichos laborales se realiza únicamente para el último período muestral, 2011, porque el análisis temporal de las pautas laborales ofrece información similar en tres momentos del tiempo: 1999, 2005 y 2011.

Tabla 1. Actividades económicas Código

Descripción

0

Agricultura, silvicultura y pesca

1

Industria de la alimentación, textil, cuero, madera, y del papel

2

Industrias extractivas, refino de petróleo, industria química, transformación del caucho, metalurgia, energía y agua

3

Construcción de maquinaria, equipo eléctrico, material de transporte, industrias manufactureras diversas

4

Construcción

5

Comercio y hostelería

6

Transporte

7

Intermediación inmobiliarias

8

Administración Pública, educación y actividades sanitarias

9

Otros servicios

financiera,

actividades

Fuente: Microdatos EPA.

poseen doble nacionalidad, ni tampoco a apátridas y a procedentes de América del Norte y Oceanía porque suponen un porcentaje insignificante de la muestra (un 0,43% en 2011).2 La determinación de los nichos de empleo propios de cada colectivo demográfico (catalogados en función del género y de la nacionalidad) se realiza atendiendo, por un lado, a la rama de actividad en la que está empleado, y por otro, a la categoría ocupacional a la que pertenece.

Se consideran las diez actividades listadas en la tabla 1, y las diez ocupaciones presentadas en la tabla 2.

En cuanto a la metodología, en este artículo se utilizan dos métodos distintos. Primero, el cálculo de diversos índices permitirá identificar los nichos de empleo de los diferentes colectivos de trabajadores. Y segundo, la aplicación de un análisis de correspondencias, además de ratificar las conclusiones anteriores, permitirá analizar la evolución de estos nichos en el tiempo.

En primer lugar, y para estudiar la posición laboral de distintos colectivos demográficos, se hace uso de tres herramientas complementarias: el índice de distri-

2 Al igual que otros autores (Amuedo-Dorantes y De la Rica 2011; Eguía, Aldaz y Murua 2011; Izquierdo, Lacuesta y Vegas 2009), se ha optado por la nacionalidad como criterio de definición del inmigrante. En cualquier caso, datos del primer trimestre de 2011 revelan una discrepancia únicamente del 1% en la selección de este colectivo, si se atiende a este criterio y al del país de nacimiento.

rev.estud.soc. No. 54 • octubre-diciembre • Pp. 68-80 • ISSN 0123-885X • eISSN 1900-5180 · DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.05

TEMAS VARIOS

Tabla 2. Ocupaciones Código

Descripción

0

Fuerzas Armadas

1

Dirección de empresas y de Administraciones Públicas

2

Técnicos y Profesionales científicos e intelectuales

3

Técnicos y Profesionales de apoyo

4

Empleados de tipo administrativo

5

Trabajadores de servicios de restauración, personales, protección y vendedores de comercio

6

Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca

7

Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, la construcción, y la minería, excepto los operadores de instalaciones y maquinaria

8

Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores

9

trabajadores no manuales (NM)

trabajadores manuales cualificados (MC)

trabajadores manuales no cualificados (MNC)

Trabajadores no cualificados

Fuente: Microdatos EPA. bución, el índice de representación y el índice de concentración. Estas herramientas ya han sido utilizadas, entre otros, por Castaño, Iglesias y Sánchez (2002), Cáceres et al. (2004), Hidalgo, Calderón y Pérez (2006), Cuadrado, Iglesias y Llorente (2007), Iglesias y Llorente (2010).

•

•

El Índice de Distribución mide el peso relativo de un colectivo demográfico en un determinado sector de actividad (u ocupación). Los colectivos se conforman, por un lado, atendiendo al género y, por el otro, atendiendo a la nacionalidad. Siguiendo el criterio establecido previamente en Cáceres et al.

(2004), un sector de actividad (u ocupación) se define como femenino si el peso de las mujeres en dicho sector (u ocupación) supera en un 25% al porcentaje de mujeres en el empleo total. Por el contrario, se considera masculino si la proporción de hombres supera en un 25% la presencia de varones en el empleo total. Por último, se dice que está integrado por género cuando no se cumple ninguna de las dos condiciones anteriores. En el análisis se utiliza este mismo criterio (aplicado también por Cuadrado, Iglesias y Llorente 2007) para diferenciar los sectores dominados por inmigrantes, de los dominados por nacionales y de los integrados por nacionalidad.

El Índice de Representación se obtiene como el cociente entre el porcentaje de individuos de un colectivo en una determinada rama de actividad (u ocupación) y el porcentaje de individuos de ese mismo colectivo en el empleo total de la economía.

Así, un valor superior a uno refleja que este colectivo

está sobrerrepresentado en una rama (u ocupación); un valor inferior a uno, que está infrarrepresentado, y la unidad implica una adecuada representación.3 •

El Índice de Concentración se calcula como el cociente entre el número de personas de un colectivo demográfico en un sector de actividad (u ocupación) y el número total de personas empleadas de ese colectivo. Este índice permite, por tanto, conocer la proporción de mano de obra perteneciente a un determinado grupo que se sitúa en cada rama de actividad o categoría profesional.

En segundo lugar, se aplica un análisis de correspondencias para considerar conjuntamente el género y la nacionalidad como factores determinantes de la posición laboral de cada colectivo de trabajadores. El análisis de correspondencias muestra gráficamente las similitudes y diferencias entre los distintos colectivos de trabajadores y entre las diversas categorías laborales, así como la asociación entre ambos. Es decir, permite determinar cuáles son las actividades-ocupaciones en las que se emplea cada colectivo y observar las diferencias en su posición laboral.

Además, al comparar distintos períodos, también se pueden apreciar los cambios producidos en la estructura ocupacional pudiendo estudiar si, en el período consi3 La definición de rama (u ocupación) para un colectivo puede hacerse en términos de este indicador, si la representación del colectivo es mayor que 1,25.

Inmigración y mercado de trabajo | Leire Aldaz Odriozola · Begoña Eguía Peña

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derado, las pautas laborales de la población extranjera se asimilan a las manifestadas por la nativa o si, al contrario, los inmigrantes presentan su propio patrón de empleo.

Posición laboral, por género y por nacionalidad El análisis de la posición laboral de distintos colectivos de trabajadores catalogados en función del género o la nacionalidad permite determinar los nichos laborales propios de cada colectivo. El estudio de estos nichos se realiza considerando, por un lado, las ramas de actividad a las que accede cada colectivo (vertiente sectorial), y por otro, las ocupaciones en las que se emplea (vertiente ocupacional).

El análisis se realiza para el año 2011, con el objeto de conocer la ubicación laboral de los distintos colectivos de trabajadores tras una entrada masiva de población procedente de otros países. Primero, se considera la posición laboral de mujeres y hombres, y a continuación, la correspondiente a trabajadores nacionales e inmigrantes.

Nichos laborales, por género Posición laboral desde una perspectiva sectorial

Tal y como se aprecia en la tabla 3, al comparar la posición laboral de la mano de obra femenina con la de la mano de obra masculina por rama de actividad, el índice de distribución muestra que “Administración Pública, educación y actividades sanitarias” y “Otros servicios” son ramas de actividad que pueden conside-

rarse femeninas, al superar en más de un 25% la participación de las mujeres en el empleo total de la economía española (que es del 44,58% el primer trimestre de 2011).

Utilizando este umbral para los varones, cuyo empleo asciende a 55,42% en el mismo período, se pueden definir como ramas de actividad masculinas las siguientes: “Agricultura, silvicultura y pesca”, “Industrias extractivas, refino de petróleo, industria química, transformación del caucho, metalurgia, energía y agua”, “Construcción de maquinaria, equipo eléctrico, material de transporte, industrias manufactureras diversas”, “Construcción” y “Transporte”. Los tres restantes pueden considerarse, por tanto, sectores de actividad integrados por género (“Intermediación financiera y actividades inmobiliarias”, “Comercio y Hostelería” e “Industria de la alimentación, textil, cuero, madera, y del papel”).

El índice de representación pone de manifiesto, claro está, los mismos resultados: los hombres están infrarrepresentados en un menor número de actividades que las mujeres.

Finalmente, el índice de concentración revela que las mujeres se concentran en un menor número de sectores que los hombres: el 73% de la población femenina está ocupada entre una de estas tres ramas de actividad: “Administración Pública, educación y actividades sanitarias”, “Comercio y hostelería” e “Intermediación financiera y actividades inmobiliarias” (ver tabla 3).

Sin embargo, sólo el 49% de los trabajadores varones está empleado en los tres sectores que concentran un mayor número de hombres (“Comercio y hostelería”, “Administración Pública, educación y actividades sanitarias” y “Construcción”).

Tabla 3. Índice de distribución (ID), índice de representación (IR) e índice de concentración (IC), por sexo y actividad económica ID Actividad económica

M

IR

IC

V

M

V

M

V

0-Agricultura, silvicultura y pesca

0,26

0,74

0,59

1,33

0,03

0,06

1-Industria de la alimentación, textil, cuero, madera, y del papel

0,35

0,65

0,79

1,17

0,04

0,05

2-Industrias extractivas, refino de petróleo, industria química, transformación del caucho, metalurgia, energía y agua

0,18

0,82

0,41

1,48

0,02

0,08

3-Construcción de maquinaria, equipo eléctrico, material de transporte, industrias manufactureras diversas

0,20

0,80

0,45

1,45

0,02

0,06

4-Construcción

0,08

0,92

0,17

1,67

0,01

0,14

5-Comercio y hostelería

0,51

0,49

1,15

0,88

0,27

0,20

6-Transporte

0,23

0,77

0,52

1,38

0,04

0,11

7-Intermediación financiera y actividades inmobiliarias

0,52

0,48

1,16

0,87

0,15

0,11

8-Administración Pública, educación y actividades sanitarias

0,61

0,39

1,38

0,70

0,31

0,15

9-Otros servicios

0,73

0,27

1,63

0,49

0,13

0,04

Nota: M denota Mujeres y V denota Varones.

Fuente: Microdatos EPA, datos correspondientes al 1er trimestre de 2011. rev.estud.soc. No. 54 • octubre-diciembre • Pp. 68-80 • ISSN 0123-885X • eISSN 1900-5180 · DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.05

TEMAS VARIOS

Posición laboral desde una perspectiva ocupacional

Al realizar el análisis desde la perspectiva ocupacional, en la tabla 4 se observa que, atendiendo a los índices de distribución y de representación, “Empleados de tipo administrativo”, “Trabajadores de servicios de restauración, personales, protección y vendedores de comercio” y “Trabajadores no cualificados” se pueden catalogar como ocupaciones femeninas. A su vez, entre las ocupaciones catalogadas como masculinas, destacan las categorías de “Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, la construcción, y la minería, excepto los operadores de instalaciones y maquinaria”, “Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores”, “Fuerzas Armadas”, “Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca”, y en menor medida, “Dirección de empresas y de Administraciones Públicas”. Las dos restantes, “Técnicos y profesionales científicos e intelectuales” y “Técnicos y profesionales de apoyo”, son ocupaciones integradas por género, es decir, cuentan con una presencia similar de hombres y mujeres.

Se observa, por tanto, que es mayor el número de ocupaciones con escasa presencia femenina, en comparación con las ocupaciones en las que los hombres están infrarrepresentados.

En la misma tabla 4, y atendiendo al índice de concentración, se obtiene un resultado similar al ya obtenido por sector de actividad. Las mujeres manifiestan mayores niveles de concentración que los hombres, ya que el 83% se emplea en cuatro categorías ocupacionales: “Trabajadores de servicios de restauración, personales, protección y vendedores de comercio”, “Técnicos y profesionales científicos e intelectuales”, “Trabajadores no cualificados” y “Empleados de tipo administrativo”.

Los hombres, sin embargo, se muestran más uniformemente distribuidos, debido a que el 74% de ellos trabaja en alguna de las siguientes cinco ocupaciones: “Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, la construcción, y la minería, excepto los operadores de instalaciones y maquinaria”, “Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores de comercio”, “Técnicos y profesionales científicos e intelectuales”, “Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores” y “Técnicos y Profesionales de apoyo”.

Nichos laborales, por nacionalidad Posición laboral desde una perspectiva sectorial

Centrándonos ahora en la nacionalidad, se analiza la posición laboral de nativos e inmigrantes. El índice de distribución muestra que la presencia de los nativos es superior en todas las actividades económicas, hecho lógico teniendo en cuenta que la mano de obra extranjera supone únicamente el 13,4% de la población ocupada total. Sin embargo, tal y como se aprecia en la tabla 5, el peso de los inmigrantes en “Otros servicios”, “Agricultura, silvicultura y pesca” y “Construcción” supera en un 25% su participación en el empleo total de la economía, por lo que estos sectores pueden considerarse sectores para inmigrantes. La economía española utiliza mano de obra extranjera, por tanto, para cubrir puestos de trabajo en dichos sectores de actividad.

Atendiendo al índice de concentración, se aprecia asimismo que la mano de obra extranjera se concentra en unas pocas ramas de actividad (ver tabla 5): el 71%

Tabla 4. Índice de distribución (ID), índice de representación (IR) e índice de concentración (IC), por sexo y ocupación ID

IR

IC

M

V

M

V

M

V

0-Fuerzas Armadas

0,12

0,88

0,27

1,58

0,00

0,01

1-Dirección de empresas y de Administraciones Públicas

0,29

0,71

0,64

1,29

0,03

0,06

2-Técnicos y Profesionales científicos e intelectuales

0,54

0,46

1,21

0,83

0,20

0,13

3-Técnicos y Profesionales de apoyo

0,38

0,62

0,85

1,12

0,09

0,12

4-Empleados de tipo administrativo

0,65

0,35

1,46

0,63

0,15

0,06

5-Trabajadores de servicios de restauración, personales, protección y vendedores de comercio

0,61

0,39

1,38

0,70

0,30

0,15

6-Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca

0,22

0,78

0,49

1,41

0,01

0,04

7-Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, la construcción, y la minería, excepto los operadores de instalaciones y maquinaria

0,08

0,92

0,17

1,66

0,02

0,21

8-Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores

0,13

0,87

0,28

1,58

0,02

0,13

9-Trabajadores no cualificados

0,61

0,39

1,37

0,71

0,18

0,09

Ocupación

Nota: M denota Mujeres y V denota Varones.

Fuente: Microdatos EPA, datos correspondientes al 1er trimestre de 2011.

Inmigración y mercado de trabajo | Leire Aldaz Odriozola · Begoña Eguía Peña

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74

TEMAS VARIOS Tabla 5. Índice de distribución (ID), índice de representación (IR) e índice de concentración (IC), por nacionalidad y actividad económica ID Actividad económica

I

IR N

IC

I

N

I

N

0-Agricultura, silvicultura y pesca

0,22

0,78

1,60

0,91

0,07

0,04

1-Industria de la alimentación, textil, cuero, madera, y del papel

0,12

0,88

0,85

1,02

0,04

0,05

2-Industrias extractivas, refino de petróleo, industria química, transformación del caucho, metalurgia, energía y agua

0,07

0,93

0,52

1,08

0,03

0,06

3-Construcción de maquinaria, equipo eléctrico, material de transporte, industrias manufactureras diversas

0,07

0,93

0,55

1,07

0,02

0,04

4-Construcción

0,20

0,80

1,46

0,93

0,12

0,08

5-Comercio y hostelería

0,16

0,84

1,21

0,97

0,28

0,22

6-Transporte

0,12

0,88

0,87

1,02

0,07

0,08

7-Intermediación financiera y actividades inmobiliarias

0,11

0,89

0,84

1,03

0,11

0,13

8-Administración Pública, educación y actividades sanitarias

0,04

0,96

0,31

1,11

0,07

0,25

9-Otros servicios

0,36

0,64

2,62

0,75

0,20

0,06

Nota: I denota Inmigrantes y N denota Nacionales.

Fuente: Microdatos EPA, datos correspondientes al 1er trimestre de 2011.

del total de extranjeros se emplea entre cuatro actividades: “Comercio y hostelería”, “Otros servicios”, “Construcción” e “Intermediación financiera y actividades inmobiliarias”. Sin embargo, los trabajadores autóctonos se presentan más uniformemente distribuidos entre los distintos sectores. Sus espacios laborales prioritarios son: “Administración Pública, educación y actividades sanitarias”, “Comercio y hostelería” e “Intermediación financiera y actividades inmobiliarias”. En estas actividades se ocupa únicamente el 60% de la mano de obra nacional, de forma que el 40% restante está ocupado en el resto de actividades.

Posición laboral desde una perspectiva ocupacional Centrándose en la estructura ocupacional, el estudio revela de nuevo, como era de esperar, que en todas las categorías profesionales, la presencia de trabajadores nativos es mayor que la de trabajadores extranjeros (ver la tabla 6).

Sin embargo, la categoría “Trabajadores no cualificados”, que cuenta con más de un tercio de trabajadores de nacionalidad extranjera, puede considerarse una categoría para inmigrantes.

Tabla 6. Índice de distribución (ID), índice de representación (IR) e índice de concentración (IC), por nacionalidad y ocupación ID Ocupación 0-Fuerzas Armadas

IR

IC

I

N

I

N

I

N

0,07

0,93

0,48

1,08

0,00

0,01

1-Dirección de empresas y de Administraciones Públicas

0,07

0,93

0,48

1,08

0,02

0,05

2-Técnicos y Profesionales científicos e intelectuales

0,05

0,95

0,40

1,09

0,07

0,18

3-Técnicos y Profesionales de apoyo

0,06

0,94

0,41

1,09

0,04

0,12

4-Empleados de tipo administrativo

0,05

0,95

0,36

1,10

0,04

0,11

5-Trabajadores de servicios de restauración, personales, protección y vendedores de comercio

0,16

0,84

1,16

0,97

0,25

0,21

6-Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca

0,12

0,88

0,90

1,02

0,02

0,03

7-Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, la construcción, y la minería, excepto los operadores de instalaciones y maquinaria

0,16

0,84

1,17

0,97

0,15

0,12

8-Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores

0,11

0,89

0,78

1,03

0,06

0,08

9-Trabajadores no cualificados

0,36

0,64

2,64

0,74

0,35

0,10

Nota: I denota Inmigrantes y N denota Nacionales.

Fuente: Microdatos EPA, datos correspondientes al 1er trimestre de 2011. rev.estud.soc. No. 54 • octubre-diciembre • Pp. 68-80 • ISSN 0123-885X • eISSN 1900-5180 · DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.05

TEMAS VARIOS

A su vez, en la misma tabla, el índice de concentración muestra que el 75% de la población extranjera se concentra sólo entre tres ocupaciones: “Trabajadores no cualificados”, “Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, la construcción, y la minería, excepto los operadores de instalaciones y maquinaria” y “Trabajadores de servicios de restauración, personales, protección y vendedores de comercio”. Parece, por tanto, que los inmigrantes se especializan en estas categorías profesionales, que pueden ser consideradas como sus propios nichos de empleo.

Por el contrario, los trabajadores nativos se muestran más uniformemente distribuidos, ya que el 74% trabaja en alguna de las siguientes cinco ocupaciones: “Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores de comercio”, “Técnicos y profesionales científicos e intelectuales”, “Técnicos y profesionales de apoyo”, “Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, la construcción, y la minería, excepto los operadores de instalaciones y maquinaria” y/o “Empleados de tipo administrativo”.

Resulta evidente, por tanto, que mientras que los inmigrantes están más concentrados en algunas ramas y ocupaciones, los nacionales se encuentran más homogéneamente distribuidos a lo largo de ellas.

Evolución de la posición laboral, por género y por nacionalidad Una vez determinada la existencia de nichos laborales por género y por nacionalidad, se estudia si existe alguna relación entre ambos. Con tal objetivo, se analiza la evolución de la posición laboral de los distintos colectivos de trabajadores, catalogados en función de las dos variables: el género y la nacionalidad. La posición laboral se considera desde un punto de vista conjunto de sector de actividad y categoría profesional. El estudio se realiza para los años 1999, 2005 y 2011, comparando así la posición laboral de la población ocupada en un primer escenario de presencia casi nula de mano de obra inmigrante, con un segundo escenario de masiva incorporación de este colectivo a la actividad económica, y un último escenario marcado por la recesión económica, a pesar de que el número de ocupados inmigrantes sigue en aumento.

Para ello, se realiza un análisis de correspondencias, en el que, para establecer la posición de cada trabajador en el mercado laboral, se elabora una variable mixta de actividades y ocupaciones. Se consideran las diez actividades listadas en la tabla 1, y para cada una de ellas, se distinguen tres grupos (según su ocupación en el mercado laboral), tratando así de garantizar la representatividad estadística del análisis: “trabajadores no

manuales” (NM), “trabajadores manuales cualificados” (MC) y “trabajadores manuales no cualificados” (MNC), de acuerdo con la clasificación presentada en la tabla 2.

Por tanto, dentro de cada actividad, se trata de identificar las ocupaciones no manuales, en general cubiertas por trabajadores más cualificados (white collar), y las ocupaciones manuales, algunas de las cuales requieren una cualificación mínima (blue collar). En el estudio se analiza, por tanto, un conjunto de treinta actividades-ocupaciones, que se denotan a través de un valor numérico que identifica la actividad, seguido del indicativo del tipo de ocupación. Así, por ejemplo, 4NM representa, dentro del sector de la construcción, a los trabajadores no manuales. A su vez, los trabajadores se agrupan por nacionalidad y sexo. En el caso de los inmigrantes, este colectivo, además, se diferencia por zona de origen, distinguiendo entre africanos, asiáticos, centro y sudamericanos, individuos de la Unión Europea (UE-15), y los procedentes del resto de Europa.4 De esta forma, se obtiene información sobre las posibles diferencias existentes en las pautas de empleo dentro del colectivo inmigrante.

Se distinguen, por tanto, doce categorías poblacionales: hombres nativos (HN), mujeres nativas (MN), hombres de la Unión Europea-15 (HUE-15), mujeres de la Unión Europea-15 (MUE-15), hombres del resto de Europa (HRE), mujeres del resto de Europa (MRE), hombres de Centro y Sudamérica (HCSA), mujeres de Centro y Sudamérica (MCSA), hombres de África (HAF), mujeres de África (MAF), hombres de Asia (HAS) y mujeres de Asia (MAS).

Para 1999, se aprecian grandes diferencias en el peso relativo de los distintos colectivos sobre la población ocupada, donde se destacan los hombres nativos, con un 63,33%, seguidos de las mujeres nativas, con un 34,71%. En el análisis de correspondencias, el primer eje es determinante, ya que su contribución a la representación de la información de la tabla de datos es casi del 77% (ver la imagen 1). La importancia del segundo eje es bastante secundaria, aunque entre ambos explican el 87,7% de la información. El primer eje diferencia los colectivos de trabajadores según el sexo, ya que, excepto los asiáticos, el resto de hombres se sitúa en el lado negativo, mientras que todas las mujeres se sitúan en el lado positivo.

En consecuencia, el análisis de correspondencias muestra gráficamente la existencia de nichos laborales por género, nichos que ya apuntaban los índices.5

4 Los extranjeros procedentes de América Central y el Caribe y de América del Sur se consideran en un único grupo, catalogado como Centro y Sudamérica, porque se trata de países que presentan características culturales y de desarrollo económico similares.

5

El segundo eje representa la segmentación laboral por nacionalidad, pero su contribución es muy pequeña. En 1999, la

Inmigración y mercado de trabajo | Leire Aldaz Odriozola · Begoña Eguía Peña

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TEMAS VARIOS Imagen 1. Análisis de correspondencias para el año 1999

Fuente: Microdatos EPA, datos correspondientes al 1er trimestre de 1999.

Las actividades-ocupaciones que destacan en el lado negativo son las más masculinizadas, es decir, las que registran mayor presencia de mano de obra masculina.

Se trata de las ocupaciones manuales de la construcción (4MC y 4MNC), del transporte (6MC), de las industrias extractivas (2MC) y de la construcción de maquinaria (3MC). Al contrario, las actividades-ocupaciones que destacan en el lado positivo son las más feminizadas.

Entre las actividades-ocupaciones que emplean mayoritariamente a mujeres destacan las ocupaciones manuales de otros servicios (9MC y 9MNC), junto con las manuales no cualificadas de “intermediación financiera (7MNC)”. En este último caso se aprecia que, aunque en principio se trate de una actividad integrada por género, son las mujeres las que se encargan de la realización de las tareas menos cualificadas. Las restantes actividades-ocupaciones “intermedias”, también consideradas como ocupaciones integradas por género, son las que presentan una mayor igualdad en la proporción de mujeres y hombres.

La situación cambia considerablemente al estudiar el mercado de trabajo para el año 2005. Tras un período de entrada masiva de mano de obra inmigrante, este colectivo pasa a representar el 10,27% de la población ocupada total. En consecuencia, el peso relativo en el empleo para los distintos colectivos varía considerablemente. Mientras que el peso de los hombres nativos segregación por nacionalidad es irrelevante, hecho lógico teniendo en cuenta la aún escasa presencia de población inmigrante en España (1,96% de la población ocupada total).

cae al 54,42%, el correspondiente a las mujeres nativas sube al 35,31%. Aun así, en 2005 el perfil medio de la población ocupada corresponde a la población nativa, y se observa que los trabajadores de la UE-15 presentan un perfil muy similar a este perfil nacional. Al contrario, la posición laboral más diferenciada del perfil medio corresponde al resto de inmigrantes, exceptuando a los hombres asiáticos. Asimismo, son las mujeres extranjeras las que más se alejan de ese perfil medio.

Además, en el análisis de correspondencias realizado para 2005, varía la contribución de los dos ejes a la representación de la información de la tabla de datos, de forma que el primer eje contribuye en un 54,91%, mientras que la importancia del segundo eje asciende a 30,82% (ver la imagen 2). Si bien el primer eje continúa revelando la existencia de nichos laborales por género, el segundo pone de manifiesto la existencia de desigualdades según procedencia del trabajador o, lo que es lo mismo, de segregación laboral por nacionalidad. En la imagen 2 se aprecia que el colectivo inmigrante que ha accedido al empleo entre 1999 y 2005 se ocupa en unas determinadas actividades-ocupaciones. Además, se observa que la población inmigrante contribuye a acentuar la segmentación por género, debido a que los hombres de este colectivo acceden a las actividades-ocupaciones más masculinizadas, es decir, aquellas que registran mayor presencia de mano de obra masculina, y las mujeres inmigrantes ocupan los puestos más feminizados del mercado laboral español.

En concreto, los hombres extranjeros acceden principalmente a trabajos manuales cualificados y no cuali-

rev.estud.soc. No. 54 • octubre-diciembre • Pp. 68-80 • ISSN 0123-885X • eISSN 1900-5180 · DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.05

TEMAS VARIOS Imagen 2. Análisis de correspondencias para el año 2005

Fuente: Microdatos EPA, datos correspondientes al 1er trimestre de 2005.

ficados de la construcción (4MC y 4MNC), y las mujeres de este colectivo destacan en los trabajos manuales no cualificados de “otros servicios” (9MNC), donde se incluyen principalmente el servicio doméstico y el cuidado de niños y ancianos.

Finalmente, se analiza la situación para el año 2011, donde, pese a la coyuntura económica desfavorable, la mano de obra no nativa ya supone el 13,54% de su población ocupada total. Además, el peso relativo en el empleo de cada colectivo varía respecto al período anterior. La presencia relativa de los hombres nativos es menor (48,61%), a favor de una mayor participación de la mujer nativa (37,85%). En 2011 se vuelve a observar que el perfil medio de la población ocupada corresponde a la población nativa, junto con la procedente de la UE-15, y que los colectivos inmigrantes, excepto los hombres asiáticos, siguen mostrando sus propias pautas de empleo, alejándose del perfil medio.

En el análisis de correspondencias referente a este último año, la contribución de los dos ejes a la representación de la información de la tabla de datos no varía significativamente respecto a la de 2005 (ver la imagen 3). El primer eje contribuye en un 50,39%, y la importancia del segundo eje asciende a 31,14%, lo que significa que en el mercado de trabajo español siguen manifestándose tanto la segmentación por género como la segmentación por nacionalidad.

En la imagen 3 se observa una clara separación entre la mano de obra masculina y femenina, ya que, excepto los

asiáticos, todos los colectivos de trabajadores varones se sitúan a la izquierda. A su vez, se pueden establecer diferencias atendiendo a la nacionalidad, y dentro del colectivo inmigrante, atendiendo a la zona de origen.

Las ocupaciones manuales no cualificadas de la intermediación financiera (7MNC) y del comercio y hostelería (5MNC), así como las cualificadas de otros servicios (9MC), presentan un perfil marcadamente femenino, en las que, excepto en la intermediación financiera, se aprecia una ligera presencia de población inmigrante. Aunque con menor intensidad que en los casos anteriores, todas las ocupaciones correspondientes a la Administración Pública (8MC, 8MNC y 8NM) son ocupaciones femeninas y, además, son exclusivas de la población nativa y de la procedente de países de la UE-15. Los hombres asiáticos se sitúan muy cerca de las ocupaciones manuales del comercio y la hostelería (5MNC y 5MC), que destacan por su carácter femenino.

Al contrario, en los trabajos manuales de las industrias extractivas (2MC y 2MNC) y en las ocupaciones manuales cualificadas de la agricultura (0MC), construcción de maquinaria (3MC), intermediación financiera (7MC) y transporte (6MC) destaca la presencia masculina, y se trata de ocupaciones con ligera presencia de extranjeros.

Las ocupaciones manuales no cualificadas de otros servicios (9MNC), construcción (4MNC), transporte (6MNC) y agricultura (0MNC) destacan por la presencia de trabajadores extranjeros. La primera tiene un perfil marcadamente femenino y es una ocupación muy cercana a Inmigración y mercado de trabajo | Leire Aldaz Odriozola · Begoña Eguía Peña

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TEMAS VARIOS Imagen 3. Análisis de correspondencias para el año 2011

Fuente: Microdatos EPA, datos correspondientes al 1er trimestre de 2011.

las mujeres del resto de Europa, de África y de Centro y Sudamérica. La segunda es una ocupación con una fuerte presencia masculina y, además, muy cercana a los hombres del resto de Europa. La tercera es también una ocupación con perfil masculino, y cercana a los hombres procedentes de Centro y Sudamérica. Por último, la cuarta es una ocupación integrada por género y cercana a los hombres africanos y centro y sudamericanos.

Sin embargo, las diferencias se manifiestan en cuanto al sector de actividad, ya que, en lo que se refiere a la ocupación, se observa que todos los inmigrantes se emplean en ocupaciones manuales (cualificadas y no cualificadas). Además, cabe mencionar que estas diferencias por sector de actividad se observan únicamente en el colectivo masculino, ya que las mujeres inmigrantes se concentran en un único sector: el catalogado como “Otros servicios”, donde se incluyen principalmente el servicio doméstico y el cuidado de niños y ancianos. Ya se ha comentado anteriormente que las mujeres, en general, se emplean en un menor número de ocupaciones que los hombres. Se concluye, por tanto, que la nacionalidad, junto con el género, conlleva un mayor confinamiento laboral.

El hecho de que los nichos laborales por nacionalidad se mantengan entre 2005 y 2011 evidencia que se trata de un período relativamente corto para que los inmigrantes se adecúen a las exigencias del mercado de trabajo español. Además, ratifica la idea de que los inmigrantes se especializan en unas determinadas tareas. Cabe concluir, por tanto, que los procesos de asimilación laboral requieren un período más prolongado para que manifiesten sus primeros signos.

Conclusiones

Por último, el análisis de correspondencias también pone de manifiesto la existencia de diferencias en la posición laboral del colectivo inmigrante, si se atiende a la zona de origen. La primera excepción corresponde a los extranjeros procedentes de países de la UE-15, que, junto con la población nacional, se encargan de realizar las tareas no manuales en la economía española. A su vez, destaca el comportamiento de los hombres asiáticos, cuya posición laboral difiere del resto de colectivos de inmigrantes. Éstos no se emplean en las ocupaciones con mayor porcentaje de hombres, sino que presentan un patrón más integrado por género.

El análisis realizado en esta investigación concluye que el mercado de trabajo español está segmentado por género y por nacionalidad, de forma que cada colectivo demográfico presenta su propio patrón de empleo: las mujeres presentan mayores niveles de concentración que los hombres, y de forma análoga, los trabajadores inmigrantes muestran mayores niveles de concentración que los trabajadores nacionales. En consecuencia, se puede afirmar que, en el caso español, la mayor heterogeneidad del factor trabajo conlleva una mayor desigualdad desde la perspectiva de la posición laboral.

rev.estud.soc. No. 54 • octubre-diciembre • Pp. 68-80 • ISSN 0123-885X • eISSN 1900-5180 · DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.05

TEMAS VARIOS

La principal aportación de este estudio es que revela la existencia de una asociación entre el género y la nacionalidad, que condiciona la posición laboral de cada trabajador.

Se observa que los nichos laborales de los trabajadores inmigrantes son, a su vez, los nichos más caracterizados por género. Además, se trata principalmente de ocupaciones manuales. Por tanto, las ocupaciones no manuales de la economía española las cubren los trabajadores nacionales, tanto mujeres como hombres.

De estos resultados se deduce que la posible competencia que se pueda producir entre trabajadores nacionales y extranjeros se dará entre trabajadores del mismo sexo y en ocupaciones manuales. Es decir, la incorporación de mano de obra inmigrante femenina potencialmente afectará a las mujeres nativas, mientras que, al contrario, la mano de obra inmigrante masculina afectará a los hombres nativos. Este hecho tendrá que ser considerado como base en los estudios que analicen el impacto económico de la inmigración sobre las condiciones laborales de la mano de obra nativa.

Asimismo, en el caso de la población femenina se podría producir cierta complementariedad entre nativas e inmigrantes. El hecho de que las mujeres inmigrantes se ocupen principalmente en el servicio doméstico y el cuidado de niños y ancianos facilita la incorporación de la mujer nativa al mercado de trabajo remunerado.

Los datos revelan que en 1999 un 35,5% de la población ocupada era de sexo femenino, pero ya en 2011 este porcentaje llega al 44,6%.

A su vez, el estudio concluye que dentro del colectivo inmigrante existen diferencias por zona de origen.

Por un lado, la posición laboral de los extranjeros procedentes de la UE-15 difiere significativamente del comportamiento del resto del colectivo inmigrante, ya que sus pautas de concentración se asemejan más a las de la población nacional. Por otro lado, los hombres asiáticos se emplean en ocupaciones integradas por género, desmarcándose del patrón seguido por el resto de hombres inmigrantes. Sin embargo, estas diferencias únicamente se aprecian en cuanto al sector de actividad y para los hombres, ya que las mujeres se concentran mayoritariamente en un único sector, el catalogado como “Otros servicios”.

En definitiva, en la actualidad, en el mercado laboral español coexiste una discriminación laboral por género y por nacionalidad, interpretada como la exclusión de algunos colectivos de determinadas ocupaciones y el alto nivel de concentración en otras pocas. Esta discriminación es más evidente para la población inmigrante, sobre todo femenina. Sin embargo, el período de la presencia de mano de obra inmigrante en España es relativamente corto para que su patrón de empleo converja con las pautas de empleo propias de la población nativa, ya que los procesos de asimilación requieren espacios temporales más amplios.

Desde la perspectiva del “policy maker”, el conocimiento de la existencia de un mercado de trabajo segmentado por género y por nacionalidad, con patrones propios de empleo para colectivos demográficos diferentes, puede contribuir al planteamiento y diseño de políticas de integración diferenciadas, con el objetivo de construir un mercado laboral con menor desigualdad laboral.

Cabría, así, la adopción de medidas de sensibilización hacia el tejido empresarial y los interlocutores sociales, con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades y la no discriminación en el desempeño del puesto de trabajo de nacionales e inmigrantes, y en especial del colectivo femenino. Las mujeres inmigrantes parecen ser el colectivo laboralmente más vulnerable, por lo que deberían recibir un tratamiento especial en el diseño de las políticas públicas.

Referencias Abowd, John M. y Richard B. Freeman. 1991.

Immigration, Trade and the Labour Market. Londres: National Bureau of Economic Research.

2. Amuedo-Dorantes, Catalina y Sara de la Rica. 2006. The Role of Segregation and Pay Structure on the Gender Wage Gap: Evidence from Matches Employer-Employee Data for Spain. Contributions to Economic Analysis & Policy 5, n° 1. <http://www.ehu.eus/SaradelaRica/docs/Gendergap_28dic2005.pdf>.

3. Amuedo-Dorantes, Catalina y Sara de la Rica. 2011.

Complements or Substitutes? Task Specialization by Gender and Nativity in Spain. Labour Economics 18: 697-707.

4. Anker, Richard. 1998. Gender and Jobs. Sex Segregation of Occupations in the World. Ginebra: Organización Internacional del Trabajo.

5. Barrett, Alan y David Duffy. 2008. Are Ireland’s Immigrants Integrating into Its Labour Market? International Migration Review 43, n° 1: 90-111.

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Cuerpo, sexualidad y violencia simbólica en la tortura sexual* Natalia Rodríguez Grisales** Fecha de recepción: 31 de octubre de 2014 • Fecha de aceptación: 26 de febrero de 2015 • Fecha de modificación: 01 de junio de 2015 DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.06

R E S U M E N | Este artículo es una aproximación al fenómeno de la tortura, y en particular de la tortura sexual, que tiene por objetivo indagar acerca de los marcos interpretativos comunes que se construyen en la tortura sexual ejercida sobre cuerpos individuales, en cuanto representaciones metafóricas del cuerpo social, en el marco de la violencia política. Por medio de una aproximación fenomenológica y una caracterización de la tortura en sus dimensiones social, física, psicológica y sexual, se propone que la tortura sexual, en cuanto acto comunicativo, obliga al sujeto a participar en su propia victimización cuando sus orificios corporales son empleados como herramientas de tortura. Se concluye que sólo queda el grito de la víctima como oportunidad para articular el dolor a la experiencia de violencia, cuyo objetivo principal es feminizar al enemigo como estrategia de dominación simbólica al inundar de estímulos sexuales al sujeto para alterar la relación con su propio cuerpo.

PA L A B R A S C L AV E | Cuerpo, sexualidad, tortura, dominación, simbólica, violencia, política.

Body, Sexuality, and Symbolic Violence in Sexual Torture A B S T R AC T | This article is an approach to the phenomenon of torture, particularly sexual torture, and it aims to inquire into the common interpretative frameworks that are constructed in the sexual torture exerted over the individual bodies, as metaphorical representations of the social body, within the context of political violence. Through a phenomenological approach and a characterization of torture in its social, physical, psychological and sexual dimensions, it argues that sexual torture, as a communicative act, forces the subject to participate in its own victimization when its body orifices are used as tools of torture. It concludes that only the scream of the victim remains as an opportunity to articulate the pain with the experience of violence, the main purpose of which is to feminize the enemy as a strategy of symbolic domination by flooding the subject with sexual stimuli to alter its relationship with its own body.

K E Y W O R D S | Body, sexuality, torture, domination, symbolic, violence, politics.

Corpo, sexualidade e violência simbólica na tortura sexual R E S U M O | Este artigo é uma aproximação ao fenômeno da tortura e, em particular, da tortura sexual; tem como objetivo indagar sobre os referenciais interpretativos comuns que são construídos na tortura sexual exercida sobre corpos individuais, como representações metafóricas do corpo social, no âmbito da violência política. Por meio de uma aproximação fenomenológica e de uma caracterização da tortura em suas dimensões social, física, psicológica e sexual, propõe-se que a tortura sexual, como ato comunicativo, obriga o sujeito a participar de sua própria vitimização quando seus orifícios corporais são utilizados como ferramentas de tortura. Conclui-se que só resta o grito da vítima como oportunidade para articular a dor à experiência de violência, cujo objetivo principal é feminizar o inimigo como estratégia de dominação simbólica ao inundar de estímulos sexuais o sujeito para alterar a relação com seu próprio corpo.

PA L AV R A S - C H AV E | Corpo, sexualidade, tortura, dominação, simbólica, violência, política.

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Este artículo es parte del documento de grado para optar al título de Magíster en Antropología Social en la Universidad de los Andes.

Este artículo no contó con ningún tipo de financiación.

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Magíster en Antropología Social por la Universidad de los Andes (Colombia). Profesora de cátedra Programa Sigma en la Universidad de los Andes y docente del Departamento de Humanidades en la Universidad El Bosque (Colombia). Correo electrónico: n.rodriguez3092@uniandes.edu.co

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Bajo una perspectiva de género, este artículo se propone revisar el fenómeno de la tortura sexual ejercida en escenarios de violencia política como metáfora de agresión al cuerpo social. Considera las tendencias, los conceptos y agendas involucrados en las prácticas de violencia sexual como método de tortura1 durante los últimos cincuenta años. En el caso particular del sujeto víctima de tortura sexual, este artículo intenta mostrar cómo el individuo queda desdibujado y sin capacidad de agencia, al fracturarse las coordenadas empleadas en la vivencia cotidiana.

Lo anterior ocurre en la relación entre el cuerpo individual (ser-cuerpo) y el cuerpo social (usos representacionales del cuerpo como símbolo natural a través del cual se piensan la naturaleza, la sociedad y la cultura). De igual manera, se propone ahondar en las transformaciones de la sexualidad y la imagen corporal en las víctimas después de los hechos de violencia.

Además de sus efectos inmunitarios en los contextos político, social y cultural, se presenta una caracterización de la tortura en sus dimensiones física, psicológica y sexual. Se plantea la tortura sexual como una forma de dominación simbólica y como acto comunicativo donde se entretejen nociones de género, sexualidad, etnicidad y corporalidad. En cuanto experiencia, se realiza una aproximación fenomenológica a la tortura sexual que parte de los esquemas interpretativos que usan los sujetos para dar sentido a sus vivencias. En esta línea, se habla de cómo los orificios corporales se vuelven objeto de extrema crueldad, por su carga simbólica. Por último, se discute acerca de cómo se sitúa el sujeto, cómo se narra a sí mismo y cómo opera el grito como forma de articulación del dolor durante la tortura.

La tortura como dispositivo inmunitario Antes de abordar la categoría tortura sexual es importante referirse a la articulación de los contextos políticos, sociales y culturales que enmarcan y posibilitan la práctica de la tortura actualmente. Para comenzar, la tortura hace parte de una economía del castigo que se ha transformado en los últimos siglos y que transita de lo público a lo privado. Sobre el tema, Foucault (1998) argumenta que la naturaleza de la tortura cambió en el siglo XIX al desaparecer el espectáculo punitivo constituido en el suplicio al ser reemplazado por el régimen de la prisión, basado en

1 Para efectos de este trabajo, se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia (Asamblea General de las Naciones Unidas 1984, artículo 1).

los principios de disciplinamiento, corrección y rehabilitación. Desde este momento, el espectáculo de la pena física desaparece, y la tortura, antes parte ordinaria de los procesos penales, pasa gradualmente a hacer parte de la ilegalidad. Paulatinamente, la práctica de la tortura se desplaza al ámbito privado y adopta las formas del secreto en el mundo actual. Sin embargo, aunque existe en el terreno del secretismo, sigue operando socialmente, pues es un secreto a voces.

En la actualidad, la tortura sexual es una práctica extendida, que hace parte del régimen de aplicación de la Política de la Tortura Instrumental. Esta política opera sobre la premisa de que “la tortura constituye un medio instrumentalmente idóneo para obtener ciertos fines [de poder], que sólo pueden ser alcanzados modificando la conducta de sus ciudadanos, para lo cual en ocasiones la tortura puede ser un medio adecuado, a veces el único” (Paredes 2012, 66). Esta Política se planteó como antesala de los cambios en la percepción de seguridad, pues el enemigo o la amenaza (reales o imaginarios) ya no provienen del exterior o de otro Estado, sino que se encuentran mimetizados dentro de la propia comunidad.

Según Esposito (2005), la deslocalización del enemigo y del peligro posibilita el surgimiento de nuevas prácticas, que operan como dispositivos de inmunización, los cuales encarnan una respuesta de protección frente a un peligro que representa una intrusión y ruptura con un equilibrio anterior y, por ende, demanda una restitución interna: la inmunización.

En otras palabras, la inmunización se produce cuando el mal se inocula, en una forma y dosis apropiadas, para crear los mecanismos de defensa contra el mismo. En este sentido, la tortura funciona como un dispositivo inmunitario, pues busca impedir que otra fuerza se manifieste reproduciendo controladamente el mal del que se protege.

Así pues, como plantea Blair (2010), la tortura es una tecnología corporal que tiene por objetivo controlar y dominar los cuerpos para ajustarlos a ciertas concepciones del orden social y político. En efecto, tanto la tortura de índole no sexual como la tortura sexual son ejercidas como acciones racionales necesarias para alcanzar ciertos fines políticos, como pueden ser mantener la estabilidad política del Estado o eliminar ciertos movimientos sociales considerados subversivos; en últimas, contra miembros específicos de la sociedad definidos como enemigos y mimetizados en la comunidad.

La tortura sexual: aportes de la psiquiatría y la psicología social Bajo estas premisas, definiremos como tortura sexual la tortura que comprende: 1) la violencia en contra de los órganos sexuales; 2) el asalto sexual físico y los actos sexuales que involucren contacto sexual físico directo entre la víctima

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TEMAS VARIOS y los torturadores, entre víctimas, entre víctimas y un animal, o los tres; 3) el asalto sexual mental, el desnudo forzado, las humillaciones sexuales, las amenazas sexuales y presenciar a otros siendo sexualmente torturados; 4) la combinación de los tres anteriores. (Lunde y Ortmann 1990, 289)

En principio, para comprender el fenómeno de la tortura sexual2 es importante partir del carácter indisociable de los ámbitos físico y mental en la tortura, pues como lo apunta Reyes (2007), el empleo de métodos psicológicos de tortura, como la desnudez forzada y las humillaciones sexuales y culturales, altera los sentidos o la personalidad sin dejar secuelas físicas visibles. Al respecto, Başoğlu, Livanou y Crnobarić (2007) explican que maltratos como la manipulación psicológica y los tratos humillantes no difieren sustancialmente de la tortura física en cuanto al sufrimiento mental que causan y los mecanismos de estrés postraumático que desencadenan. Así, la manipulación de órganos genitales, las insinuaciones sexuales, las amenazas de violación y la desnudez forzada están igualmente asociadas —si no más— a factores estresantes y a la tortura física (Başoğlu, Livanou y Crnobarić 2007).

Hasta el momento son escasas las investigaciones sobre la prevalencia de tortura sexual en el mundo. El trabajo de Inge Lunde y Jørgen Ortmann (1990), conducido entre 1975 y 1987 en 283 víctimas de tortura por el Danish Medical Group de Amnistía Internacional y el International Rehabilitation and Research Center for Torture Victims (RCT), mostró una prevalencia de tortura sexual en la población estudiada de 61% (80% en hombres y 56% en mujeres), de los cuales el 40% reportó secuelas y problemas sexuales,3 en comparación con un 19% de sobrevivientes no sexualmente torturados, entre los que se incluyen incertidumbre y ansiedad sobre uno mismo y su cuerpo. Como lo reflejan las cifras, la tortura sexual no sólo tiene una alta prevalencia sino que es efectiva para destruir la sexualidad de la víctima al atacar su identidad sexual y capacidad reproductiva.

Con respecto a las secuelas de la tortura sexual, se deben reconocer los grandes aportes de la psicología 2

Según Lira y Weinstein (2000), los métodos de tortura sexual más habituales son la violación hetero- y homosexual, violación por perros entrenados, aplicación de corriente en los genitales, introducción de objetos en los orificios corporales, estimulación de zonas erógenas por manoseos, observación forzada de relaciones sexuales, embarazo forzado, incesto forzado, amenazas de agresión sexual durante la detención en contra del afectado y sus familiares, amenazas a la pérdida de la capacidad de goce o de procreación en el futuro, entre otros.

3 Incluye libido reducida, disfunción eréctil, disfunción eyaculatoria, disfunción orgásmica, coito doloroso, disgusto por el sexo, miedo a involucrarse sexualmente y preocupación por el daño permanente en los órganos sexuales, infertilidad o tener niños deformes (Lunde y Ortmann 1990).

social y la psiquiatría social para construir una aproximación terapéutica dirigida a víctimas de tortura. Éstos se han centrado en su mayor parte en el denominado Trastorno de Estrés Post-Traumático (PTSD,4 por su sigla en inglés). Sin embargo, aún no hay consenso sobre la eficacia de los tratamientos e intervenciones en víctimas de tortura que se basan en este modelo.

Según Lira y Weinstein (2000), etiquetar los síntomas de tortura como un desorden mental puede ser visto como la medicalización de un problema sociopolítico, lo que falla para captar la magnitud de la tortura como trauma.

En la misma línea, Pau Pérez-Sales (2004) plantea que lo traumático no debería ser abordado como un conjunto de síntomas psicofisiológicos, como se ha venido proponiendo especialmente en la psiquiatría norteamericana. Por el contrario, debe ser abordado como una experiencia de quiebre radical de las convicciones más profundas de un individuo, ocasionado por eventos que rompen la vida cotidiana de la víctima, vuelven su mundo un lugar hostil y ajeno a él y producen pérdida del control sobre su vida y trastocan su dignidad.

Tortura sexual: feminización del enemigo como forma de dominación simbólica En vista de lo anterior, es importante partir de que la experiencia de la tortura no concierne únicamente a dos sujetos (el torturador y el torturado), sino que implica un impacto procedente de las significaciones sociales y culturales. En particular, la tortura sexual existe en un marco interpretativo común donde las construcciones de masculinidad y feminidad se ven determinadas por los imaginarios de nación, etnicidad y sexualidad. En esta medida, la tortura sexual tiene por objetivo feminizar al enemigo como una estrategia de dominación simbólica.

De ahí que la tortura deba dar forma a un otro/enemigo con el fin de justificar sus actos.

Por ejemplo, en el caso de las torturas de Abu Ghraib5 difundidas mediáticamente en 2004, la tortura sexual refleja la creación de un otro oriental y la producción de una dominación racial, sexual y de género. En los medios de comunicación norteamericanos los eventos fueron justificados como actos cometidos por individuos enfermos y aislados del modus operandi regular de la comunidad militar. Sin embargo, se trataba de un modo de actuar sistemático en el que someter a

4 Este trastorno está caracterizado por tres grupos de síntomas: 1) niveles exagerados de activación y de alarma, 2) síntomas de reexperimentación del trauma y 3) síntomas de evitación o de anestesia emocional (Pérez-Sales, Herzfeld y Durán 2001).

5 Con el apoyo y aprobación de la inteligencia militar, el personal militar de EE. UU. y empleados civiles sistemáticamente humillaron y torturaron prisioneros iraquíes en la prisión de Abu Ghraib, cerca de Bagdad. Las fotografías de estas torturas fueron publicadas en abril de 2004 (Zurbriggen 2008).

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los prisioneros a desnudez y masturbaciones forzadas, obligarlos a vestir ropa de mujer, así como observar y perpetrar actos sexuales con otros prisioneros, tenían como propósito humillar y deshumanizar al otro iraquí al feminizarlo. Como expone Nusair: Las fotos de tortura y abuso en Abu Ghraib son evidencia del acto violento de develar, desnudar y penetrar, el acto último de la dominación sexual y cultural sobre un otro iraquí emasculado. El prisionero Iraquí hombre fue representado en la fotos de Abu Ghraib como lo opuesto a lo que un militar norteamericano y un soldado o policía hipersexual, hombre o mujer, es o debería ser. Los prisioneros fueron representados como otros indefensos, obedientes y dóciles [léase femeninos]. (Nusair 2008, 184; las cursivas son de la autora)

La tortura sexual es efectiva como estrategia de dominación simbólica porque se comparten determinados marcos interpretativos entre el torturado y el torturador, es decir, los marcos culturales de uno y otro comparten las mismas nociones de misoginia y homofobia. Al respecto de Abu Ghraib, Zurbriggen sugiere que “tanto los prisioneros como sus guardias compartían una visión de la homosexualidad masculina como emasculación y de que ser asociado a cualquier cosa femenina era vergonzoso y humillante” (Zurbriggen 2008, 307).

Por tanto, y en cuanto acto comunicativo, la tortura sexual deviene en herramienta efectiva para significar y comunicar públicamente la separación de un territorio o nación donde cohabitan distintas identidades étnicas. Este análisis también puede aplicarse al caso de Bosnia-Herzegovina,6 en la ex-Yugoslavia, donde la tortura sexual fue sistemáticamente empleada contra hombres y mujeres como forma de depuración étnica.

A finales de 1980, cuando se iniciaron las demandas por independencia de las repúblicas de la ex-Yugoslavia, fue imposible dividir los grupos étnicos entre las fronteras existentes, que se convirtió en una guerra por la exclusividad étnica y por territorios étnicos exclusivos (Zarkov 2001). Así, croatas, musulmanes y serbios se vieron envueltos en una guerra donde la única identidad posible era la étnica, al igual que la única relación posible con el territorio. Por ello, la violencia sexual7 fue empleada sistemáticamente para

6 La guerra de Bosnia fue un conflicto internacional desarrollado entre 1992 y 1995 a raíz de la desintegración de la República Federal Socialista de Yugoslavia.

7 El número de mujeres violadas durante la guerra de Bosnia es incierto, debido al halo de vergüenza que rodea este crimen y las consecuencias sociales que traería admitirlo públicamente. Sin embargo, se estima que el número de mujeres violadas (en su mayoría musulmanas violadas por fuerzas serbias) está entre 20.000 (según la Unión Europea) y 50.000 (según el gobierno de Bosnia) (Gottschall 2004, 363).

expulsar y reclamar un territorio definido, con base en una identidad étnica específica. La tortura sexual fue empleada en forma de violaciones en masa para comunicar y demostrar exclusividad sobre un territorio sustentada en la “imposible” coexistencia entre los grupos. Hayden (2000) explica que la violación en masa aparece en conflictos donde hay partición del territorio y de su población, es decir, cuando el Estado en sí mismo es liminar y son inciertos tanto el territorio como el control sobre él. Por el contrario, en conflictos donde el Estado no es amenazado y las partes continuarán coexistiendo hay evidencia que indica que la violación en masa será evitada. Específicamente, en Bosnia hubo una partición del territorio en varios Estados, por lo cual diversas formas de violencia sexual fueron utilizadas para transmitir el mensaje de que la convivencia entre los grupos había finalizado, y se establecieron fronteras territoriales exclusivas basadas en la etnicidad.

A partir de lo anterior, el marco de interpretación en el que opera la tortura sexual es alimentado por la construcción de identidades étnicas y nacionales. Nagel (2003) utiliza el concepto fronteras etno-sexuales para sustentar que en la noción de nación hay ciertas prescripciones y proscripciones sobre con quién es aceptable e inaceptable tener sexo, de acuerdo con límites raciales y nacionales construidos. En este sentido, en la tortura sexual esas fronteras etno-sexuales son deliberadamente transgredidas con el objetivo de sancionar a aquellas personas que han desestabilizado el orden social, o con el propósito de marcar claramente los miembros del enemigo. Por ejemplo, la tortura sexual utilizada en Perú durante el conflicto armado interno, vivido entre 1980 y 2000, fue una práctica reiterada y persistente por parte del Estado y los grupos subversivos, que estuvo íntimamente asociada a procesos de exclusión y discriminación. Las mujeres afectadas por la violencia sexual como tortura fueron en su mayoría mujeres en estado de vulnerabilidad provenientes de sectores de pocos recursos y campesinas quechuahablantes. Boesten (2008) sostiene que el régimen de violencia sexual en Perú reprodujo ciertas jerarquías raciales que legitimaron la violencia sexual contra personas consideradas de menor valor racial. Esto se observa, según el autor, en el uso recurrente del término “chola” para describir a las mujeres que en busca de movilidad social han traspasado las fronteras culturales (no se ajustan ni al estereotipo indígena ni al mestizo) y geográficas (no son ni rurales ni urbanas). Entonces, la tortura sexual es un mecanismo de control sexual que disciplina a aquellos individuos o comunidades que no se ajustan a los discursos de licitud y prohibición.

De allí se deriva que en la tortura sexual los cuerpos individuales sean violentados como expresión del cuerpo social. Por ello, en la guerra de Bosnia la tortura sexual estuvo determinada conjuntamente por los roles de género, la etnicidad y la idea de nación existentes en tiempos de paz y en tiempos de guerra. Para Olujic, “en

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tiempos de paz el cuerpo individual, especialmente su esencia (sexualidad y reproducción), se convierte en un símbolo de dominación y agresión diarias. En tiempos de guerra, los cuerpos individuales son convertidos en cuerpos sociales, por ejemplo, en violaciones genocidas o en la limpieza étnica, pensadas para purificar el linaje” (Olujic 1998, 31). Es por esto que en Bosnia la violencia sexual fue efectiva como forma de tortura, pues en la ex-Yugoslavia los conceptos de honor, deshonra y sexualidad determinaban la construcción del cuerpo femenino durante tiempos de paz. Así, la violencia de género en la guerra refleja los significados de la sexualidad en tiempos de paz, si se tiene en cuenta que las dinámicas de protección del honor femenino están incorporadas en las tradiciones culturales eslavas del sureste de Europa.

En consecuencia, el valor de la virginidad, la castidad, la monogamia y la fertilidad de la mujer, tanto como el honor de la familia durante tiempos de paz, son determinantes en el uso de la violencia sexual sobre el cuerpo social en tiempos de guerra. La violación empleada como forma de tortura constituye, así, no sólo un ataque físico y moral contra las mujeres, sino también una humillación y un deshonor para los hombres de su comunidad. Como lo plantea Olujic: […] los hombres sufren la vergüenza de su fracaso en la protección de sus propiedades que incluyen mujeres, familia, linaje y tierra […] La admisión pública de la victimización sexual significa la derrota pública del honor del hombre: la pérdida de su estatus público (obraz); la admisión pública de la pérdida de su linaje (krv), y la pérdida de su tierra/ nación (zemlja). (Olujic 1998, 39)

Por esta razón, la potencia deletérea de la tortura sexual difiere de la tortura de índole no sexual, pues en la primera responde a un sistema de creencias compartido, en el caso anterior, entre croatas, musulmanes y serbios, entre las víctimas y los perpetradores, basado en la dicotomía honor/vergüenza. En otras palabras, la tortura sexual es efectiva como táctica de destrucción social, en la medida que el torturador y su víctima comparten un marco cultural en el cual la comunidad entera es humillada cuando el torturado lo es.

Durante la guerra, los cuerpos individuales se convierten en representaciones metafóricas del cuerpo social, por lo cual la tortura sobre el cuerpo simboliza la tortura sobre la familia y el grupo étnico.

De allí que la crueldad no apunte a la muerte, sino a infligir un dolor que acabe por completo con el Otro, su comunidad y su identidad étnica. En la antigua Yugoslavia la tortura sexual ejercida demostró el uso político de la crueldad al depurar comunidades, al atacar la fuerza reproductiva femenina y masculina como expresión del colectivo social. En

este escenario, la crueldad8 de la tortura produce un efecto en el cuerpo del enemigo y en sus elecciones, especialmente cuando éste es definido por sus lazos de filiación. En la antigua Yugoslavia las mujeres eran violadas repetidas veces en campos de detención con el propósito de provocar un embarazo forzado, para implantar la semilla de la identidad serbia,9 o un aborto involuntario. Como afirma NahoumGrappe, “la crueldad quiere arruinar la víctima ante sus propios ojos, hacerle lamentar haber nacido, deconstruirla hasta en el vientre materno […] El fin de la crueldad no es la muerte de la víctima, sino su nacimiento, que debe ser deshecho. Y el lugar de elección de la crueldad es el vientre de la madre” (Nahoum-Grappe 1996, 7). Por ello, como explica Salzman (1998), los repetidos intentos de los soldados serbios por embarazar a mujeres musulmanas y croatas católicas, la presencia de ginecólogos para examinar a estas mujeres y la detención intencional de mujeres embarazadas apuntan a una política planificada de limpieza étnica. Lo anterior, debido a que “el cuerpo simbólico de estos linajes (croata, serbio y musulmán) se convirtió en un territorio geográfico en términos tanto de la tierra como del cuerpo físico, es decir, las violaciones de mujeres individuales fueron microcosmos de las invasiones más grandes del territorio” (Olujic 1998, 45). No obstante, la tortura sexual no fue infligida únicamente contra mujeres; los cuerpos de los hombres también fueron violentados como metáforas del cuerpo social.

Tortura sexual contra hombres La dimensión cultural profundiza el efecto de la tortura pues ésta rompe los tabúes sexuales que dependen de las construcciones de los roles de género tradicionales y las prohibiciones asociadas a ellos. Oosterhoff, Zwanikken y Ketting (2004) afirman que es difícil calcular la incidencia de la tortura sexual en hombres pues muchas víctimas de este crimen son asesinadas y pocos sobrevivientes admiten haber sido torturados sexualmente, en parte debido a que los profesionales de la salud han internalizado roles de género estereotípicos donde el hombre es el agresor y las mujeres las víctimas. Para los autores, la tortura sexual de los hombres en tiempos de guerra es un secreto a voces, que contrasta con los sesgos de género en el registro realizado por profesionales de la salud, el sistema legal y los derechos humanos.

8 La instrumentación política (en términos de apuestas de poder) del dolor es lo que Nahoum-Grappe (1996) denomina crueldad.

9 En la ex-Yugoslavia, la nacionalidad del padre determina la nacionalidad del bebé, por lo cual los niños producto de una violación pertenecerán a la filiación étnica de su padre, el violador (Olujic 1998).

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En el caso de Bosnia-Herzegovina, tanto hombres10 como niños sufrieron violencia sexual, pero el foco de interés de los medios de comunicación fue la violación en masa de mujeres. Según Zarkov (2001), la ausencia de interés de los medios de comunicación internacionales en la violencia sexual contra hombres en el caso de Bosnia-Herzegovina responde a que la designación de quién puede y quién no puede ser denominada víctima es resultado de la conformación de identidades étnicas legítimas e ilegítimas, a los ojos de la prensa nacional.

La autora explica que mostrar y percibir a los hombres sólo como perpetradores y nunca como víctimas es parte de una narrativa bélica basada en nociones dominantes de masculinidad y heterosexualidad.

Sin embargo, es claro que en la ex-Yugoslavia tanto hombres como mujeres fueron abusados y torturados de formas diversas, no sólo por las diferencias físicas entre ellos, sino por los distintos significados que se inscriben en los cuerpos femeninos y masculinos. En este contexto, la definición del otro se dio en términos de etnicidad, ligando a ella ciertas valoraciones de lo masculino. Las víctimas masculinas de violencia sexual siempre eran representadas mediáticamente como musulmanas, negándoseles atributos de la masculinidad dominante, tales como el poder de protegerse a sí mismos y a otros (Zarkov 2001); esto indica que la masculinidad se constituye de forma conjunta con la etnicidad.

La tortura sexual11 empleada contra los hombres incluyó diferentes formas de violencia sexual, entre las que se resaltan lesiones en los testículos con objetos contundentes, castración y semicastración, violación y actos sexuales perversos, tales como masturbación forzada, y ser forzados a violar a alguien más (comúnmente a sus familiares). En este caso, hay numerosos testimonios de incesto forzado perpetrado por las fuerzas serbiobosnias y las milicias serbias (Oosterhoff, Zwanikken y Ketting 2004). Cuando lo anterior ocurre, la víctima se puede sentir partícipe de una relación denigrante, lo que provoca un sentimiento de coimplicación de mucho mayor impacto y alcance que el que ocasionan otros métodos de tortura (Lira y Weinstein 2000, 358).

Un estudio completo sobre el fenómeno de la tortura sexual ejercida contra hombres durante la guerra de

Croacia y Bosnia-Herzegovina es el llevado a cabo por Loncar, Henigsberg y Hrabac (2010). El principal hallazgo del estudio es que un gran número de hombres fueron sometidos a tortura sexual, especialmente hombres en edad reproductiva, y en sus genitales. El tipo de tortura sexual más común encontrado en el estudio fueron los tormentos aplicados a los testículos con objetos contundentes (68,3%) y la castración parcial12 (11,6%). En segundo lugar, los hombres fueron sometidos a un gran repertorio de acciones sexuales forzadas, tales como realizar sexo oral a otros (21,6%), obligarlos a agredir los órganos sexuales de otros presos, diferentes formas de masturbación forzada y mutua, violación (3,3%) y torturas en las cuales se ponen objetos en el recto de la persona a la fuerza (25%). Por último, en el estudio se menciona la tortura psicosexual, que incluye la desnudez forzada, amenazas contra la fertilidad de la persona (56,6%) y amenazas de castración directa (31,6%). Los autores concluyen que la tortura sexual contra hombres no constituyó un caso aislado; por el contrario, ocurrió a gran escala e hizo parte de una política calculada y eficiente dada sobre la base de la etnicidad de la víctima.

De este modo, el objetivo de la tortura sexual contra hombres es feminizar al enemigo y afectar a la comunidad al despojarlo de su poder de reproducción social. En la tortura sexual los órganos sexuales son tratados como metonimias del cuerpo social. En el caso de Bosnia-Herzegovina, “el centro del régimen patriarcal es la familia extensa, llamada zadruga, una unidad familiar corporativa bajo la cual todas las tenencias, por ejemplo, las propiedades, el ganado y la tierra, son comunales por línea paterna” (Olujic 1998, 33). De esta manera, al cortar total o parcialmente los órganos genitales masculinos se busca cercenar al cuerpo social, despojando al hombre de sus propiedades y tierras.

En definitiva, la tortura sexual contra hombres en tiempos de guerra “es predominantemente una afirmación del poder y agresión, en lugar de un intento por parte del perpetrador por satisfacer su deseo sexual” (Zawati 2007, 27). Al ubicar a la víctima en la posición subordinada y pasiva, el perpetrador toma la posición dominante y activa, no sólo sobre el cuerpo individual, sino sobre el cuerpo social que éste representa.

La tortura como experiencia 10 En el conflicto armado de la ex-Yugoslavia “se había informado que de 6.000 víctimas en los campos de concentración del distrito de Sarajevo, 5.000 eran hombres; de ellos, el 80% denunció haber sufrido violaciones” (Sivakumaran 2010, 6).

11 Aunque la documentación sobre tortura sexual en hombres es casi inexistente, según el Centro Médico Zagreb para los Derechos Humanos, se estima que 4.000 hombres prisioneros fueron sexualmente torturados en los campos de detención serbios: 70% de ellos permanecen con lesiones físicas, 1% fueron castrados o parcialmente castrados y 20% fueron forzados a practicar una felación a sus compañeros (Independent 2006, citado en Littlewood 1997, 9).

Fenomenología de la tortura sexual Es por lo anterior que la tortura no se dirige a un individuo aislado, sino a su dimensión familiar, comunitaria y cultural, en suma, a todo lo que lo 12 Aunque en los testimonios hay testigos de castración total de hombres como forma de tortura, ninguna de las víctimas sobrevivió a esta modalidad.

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hace humano, incluidos sus vínculos afectivos, sus lealtades y creencias. Por esta razón, una aproximación a la tortura sexual debe partir de los esquemas interpretativos que usan los sujetos para dar sentido a sus vivencias. La tortura no tiene como objetivo la muerte de la víctima, sino la anulación completa del sujeto, de su cuerpo y de su relación con el mundo por medio del sufrimiento extremo y la fractura de sus creencias básicas. Lira y Weinstein precisan que el objetivo de la tortura sexual es “inundar de estímulos sexuales a un sujeto que está privado de su libertad y sometido a una condición extrema de pasividad e inermidad. Se busca así humillarlo, degradarlo, perturbar su sexualidad como forma de expresión y satisfacción en el futuro, afectar el conjunto de su psiquismo, contribuyendo a la destrucción de su identidad” (Lira y Weinstein 2000, 356).

Doerr, Weinstein y Lira (1987) describen en la situación de tortura un cambio de sentido en la naturaleza del sujeto hacia un empobrecimiento psíquico general, la disminución de sus capacidades previas, el quiebre de su proyecto vital y de sus creencias en sí mismo, en el otro y en un mundo posible, con el agravante que el dolor es infligido de manera consciente y deliberada por otro ser humano.

Para los autores, en la relación de tortura se construye una situación de doble vínculo cuando se expone al sujeto a una serie de falsas elecciones, donde debe elegir entre conservar su integridad física o ser leal a un proyecto social y político. Anotan que la situación de tortura se caracteriza por la anonimia y asimetría en la relación torturador-torturado; se trata de un encuentro personal y recíproco pero asimétrico, donde el primero es quien detenta todo el poder mientras que la víctima se encuentra en una situación de indefensión total. De igual manera, para el torturador no es relevante la identidad de la víctima, y ésta desconoce la identidad del torturador. Por ejemplo, en la tortura sexual plasmada en las fotografías difundidas sobre Abu Ghraib, los prisioneros fueron sometidos a desnudez forzada mientras que su rostro era cubierto con una capucha, que dejaba sus cuerpos en un halo de anonimia y vulnerabilidad. Cuando sus órganos sexuales eran exaltados, sus cuerpos eran despersonalizados, es decir, para el torturador quien yace a sus pies no es una persona, su rostro le es arrebatado, a fin de deshumanizarlo.

Paralelamente, la tortura sexual genera dos movimientos, uno centrípeto, que implanta la violencia en lo más íntimo, y otro centrífugo, pues en momentos de dolor extremo el cuerpo es sentido como ajeno, despreciable y repugnante. Entonces, el cuerpo propio y el ajeno, “vistos normalmente como compañía, calidez y objeto de admiración estética, se transforman en la tortura sexual en el instrumento de martirio más perverso y refinado, ya sea por los dolores que provoca o por ser el vehículo de esa humillación” (Doerr, Weinstein y Lira

1987, 176). Asimismo, en la tortura sexual se coloniza el espacio de la intimidad cuando las fronteras entre lo íntimo y lo público son trasformadas por el torturador.

Según Donnan y Magowan (2010), lo privado y lo público son regulados no sólo por la exposición de las partes del cuerpo sino también por dónde son realizados los actos sexuales, con quién, cómo, y de qué tipo son. De esta manera, en la tortura sexual se subvierte la distribución de lo íntimo y lo público cuando los actos sexuales son realizados con la presencia de terceros, sin los cuales los dolores infligidos no tendrían sentido. Cuando la víctima es sometida a tortura sexual ante otros o es obligada a observar vejámenes sexuales sobre terceros, la tortura se convierte en un espectáculo del sufrimiento, pues ver sufrir pasa a ser un elemento central en la producción de violencia.

De la misma manera, la tortura sexual invade la intimidad como futuro espacio de expresión de la sexualidad del individuo. El cuerpo, lo propio, deja de ser un vehículo de placer y se convierte en un vehículo del sufrimiento, entra en una situación perversa que altera la identidad, destruye la autoestima e impide toda expresión futura de deseo y placer que no esté invadida por la experiencia traumática (Lira y Weinstein 2000). Por lo tanto, en la tortura sexual intervienen elementos tanto agresivos como libidinales, que hacen de ella una experiencia ambigua al afectar profundamente la intimidad del individuo, así como la relación con su sexualidad.

Orificios corporales Por ser el sexo una poderosa fuerza social determinada por construcciones de feminidad y masculinidad, así como por nociones de pureza y contaminación, las diferencias culturales generan múltiples experiencias de los hechos de tortura sexual. Específicamente, en situaciones de tortura sexual no sólo los órganos sexuales se vuelven objeto de extrema crueldad por su carga simbólica; también los orificios corporales se convierten en territorio de violencia. Al ser el propio cuerpo la herramienta de tortura, se produce un poderoso efecto desestructurante, en el que, explican Lira y Weinstein, “hay un cierto grado de participación inevitable por parte de la víctima, pues aunque no haya colaboración, entrega de información o reacciones reflejas autónomas de excitación, el propio cuerpo (pene, ano, vagina, pechos) es utilizado para provocar tormento” (Lira y Weinstein 2000, 371). Así, la víctima experimenta sentimientos de culpa al sentirse parte de una relación sádica y cruel, en la cual su propio cuerpo, sus propias cavidades corporales, son el origen de su dolor y sufrimiento.

Para entender la importancia de los orificios corporales, resultan fundamentales los aportes de Merleau-Ponty, para quien el cuerpo:

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TEMAS VARIOS […] constituye el origen radical o punto cero de mi percepción para definir y concretar mi propia finitud y para articular mi “ser-y-estar-en-el-mundo”. Por eso Merleau-Ponty afirma que el cuerpo humano es el anclaje [ancrage] de mi propia subjetividad en el mundo cotidiano, la cual, en un espacio y tiempo concretos, determina decisivamente mi situación en la trama de las relaciones sociales. (En Duch y Mélich 2005, 145)

de 1973 a 1990 en Chile, la tortura sexual constituyó un método generalizado y sistemático para anular la voluntad de los sujetos y afectar sus vínculos afectivos, lealtades y creencias. Fueron recurrentes el desnudamiento, la aplicación de electricidad en zonas sensibles como los senos, tetillas, pene, vagina, testículos y ano, y la violación con perros entrenados especialmente para este cometido (Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura 2004, 292).

A partir de esta premisa, los orificios corporales son objeto de tortura sexual, por ser un punto de encuentro entre el cuerpo y su “ser-y-estar-en-el-mundo”. Los orificios del cuerpo son zonas de articulación, pues metafóricamente flotan entre el interior y el exterior ocupando un espacio liminal (Martínez 2011, 42). En la medida que los orificios son elementos que posibilitan el desplazamiento de lo íntimo a lo público, son espacios de penetración y dominación tanto simbólica como materialmente. Es por esto que la tortura sexual busca penetrar los orificios corporales, en cuanto vías de entrada y salida de fluidos (como semen, sangre menstrual, flujo vaginal, saliva) asociados a la identidad del sujeto.

De igual modo, en Perú la tortura sexual no tenía como propósito la obtención de información, sino servir de castigo ejemplarizante para sembrar terror en las comunidades y eliminar toda posibilidad de insurrección. Particularmente, en Perú la violencia sexual se vuelve un espectáculo de entretenimiento porque se transforma en un consumo colectivo de porno-tortura (Boesten 2010). De no ser así, como refiere Boesten, “¿cómo podríamos entender la violación continua de una mujer que ya ha sido torturada hasta causar su muerte? […] Los hombres se miraban entre sí, creando imágenes de tortura sexual y repitiendo estas acciones unos frente a otros, y al hacer esto creaban y consumían colectivamente una pornografía extremadamente violenta” (Boesten 2010, 82).

En primer lugar, la vagina como orificio provee acceso a lo más íntimo y más vulnerable del cuerpo, al estar asociada con los valores de pureza, virginidad, fidelidad y fertilidad. Justamente, la tortura sexual busca contaminar e invadir este orificio, en la medida que representa un marcador de deseo, erotismo y libido del individuo.

Para ilustrarlo, Olujic (1998) relata la historia de Sanela, una joven musulmana de 19 años violada y torturada por cuatro soldados serbios, quienes además afeitaron y arrancaron su vello púbico con un cuchillo luego de acusarla de no ser musulmana, pues su zona genital no estaba rasurada como lo requería su religión. En este caso, en la vagina y en el vello púbico que la recubre fueron inscritas “marcas visibles de etnicidad con el fin de justificar la dominación masculina sobre la femenina, así como la serbia sobre la musulmana” (Olujic 1998, 43).

Asimismo, la vagina es utilizada en la tortura sexual para atacar la autonomía de mujeres y hombres (cuando las mujeres que los rodean son violentadas), al desestructurar sus funciones sexuales y su lugar dentro de la reproducción social. En muchas ocasiones, la tortura sexual se dirige a la vagina, por estar ligada al parto y la función de procreación de la mujer. Para el caso de Guatemala, en el conflicto armado que sufrió el país entre 1962 y 1996, la tortura sexual “consistía en violencia directa en los órganos genitales, en la forma de violación sexual por animales, con botellas o porras, y golpes o corriente eléctrica aplicada a los órganos genitales” (Comisión para el Esclarecimiento Histórico 1999, 477).

Así, aunque la tortura tuvo como objetivo prioritario la obtención de información, también fue utilizada para generar terror en la población, garantizar el inmovilismo social y desarticular cualquier forma de actividad política. En otro escenario, durante el régimen militar

En segundo lugar, el ano encarna uno de los orificios con mayor significado, pues representa una conexión esencial entre el interior y el exterior del cuerpo. Martínez (2011) comenta que el ano ha sido un orificio históricamente rechazado, por estar ligado a la defecación y a la homosexualidad, por lo cual ha sido relegado a lo más profundo de la intimidad. Es precisamente esta intimidad la que se ve colonizada en la tortura sexual, pues la función fisiológica de expulsión es invertida en un acto de violencia y sumisión. Aquí, el torturador provoca una metamorfosis del sujeto al transformar el rol activo del ano, expresado en la defecación, en rol pasivo, expresado en la penetración. La boca y el ano, especialmente protegidos como orificios de la intimidad, son despojados de todo lo propio, lo que da como resultado que lo interior ya no sea lo interior del sujeto, pues este territorio antes íntimo e intacto ha sido conquistado por el torturador.

Para ilustrarlo, en Perú la tortura infligida por agentes estatales como estrategia contrasubversiva en dependencias públicas como bases y cuarteles militares incluyó la violación de prisioneros y de quienes denunciaban casos de violación a los Derechos Humanos o abogaban por los derechos de otros detenidos, entre otros. Los casos denunciados ilustran “hechos como introducir el órgano sexual masculino u objetos por el recto del detenido (botellas, linternas, varas, palos e incluso las armas de los captores)” (Comisión de la Verdad y la Reconciliación 2003, 247).

Por otro lado, las mutilaciones de índole sexual ocurren durante la tortura, por su fuerte carga simbólica, “los senos como símbolo de feminidad, el vientre como símbolo de filiación, el pene como símbolo de mascu-

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linidad” (Cortés 2014, 78). En el caso de Bosnia-Herzegovina, las castraciones y semicastraciones producto de la tortura sexual buscan fragmentar al cuerpo en cuanto representante de una identidad étnica. Así, en estos casos, “las partes o los aspectos corporales funcionan como metonimias del cuerpo obliterado y de otras grandes totalidades. La reducción violenta del cuerpo a sus partes o aspectos desasociados es un momento crucial en la metaforización política del cuerpo” (Feldman 1991, 69). Tal fragmentación hace difícil articular, a través del lenguaje, el hecho victimizante de la tortura en una representación mental que le dé sentido a lo vivido y pueda metabolizarse en una experiencia que permita seguir viviendo.

formación de la autoimagen corporal es resultado de la culpa y vergüenza que surgen cuando las herramientas de tortura son el propio cuerpo y sus orificios corporales. Como lo explican Lira y Weinstein:

Tortura y lenguaje

Aquí, el sujeto obligado a participar en su propia victimización es incapaz de expresar su dolor físico, pues éste no sólo escapa al poder de la objetivación verbal sino que además destruye el lenguaje. Scarry (1985) sostiene que por medio del dolor el torturador destruye la voz y el sentido de sí misma que pudiera tener la víctima. Más aún, para la autora el dolor físico no sólo es resistente al lenguaje sino que también lo destruye activamente, deconstruyéndolo en un prelenguaje de gritos y gemidos; en esta medida, la tortura fractura la palabra (Scarry 1985, 172). Entonces, ¿cómo se sitúa el sujeto en las situaciones de tortura sexual? ¿Cómo se narra a sí mismo? ¿Cómo se piensa la víctima en cuanto “ser-y-estar-en-el-mundo”?

A partir de que los cuerpos de las víctimas son realidades simbólicas donde se configuran significados, trayectos biográficos y especificidades culturales, se puede constatar que el empleo de la violencia sexual como método de tortura desdibuja al sujeto. Por tanto, es importante referirse a la articulación entre el lenguaje y el cuerpo en situaciones de tortura. ¿Cómo se sitúa el sujeto, cómo se narra a sí mismo y cómo se piensa la víctima en cuanto cuerpo individual y cuerpo social? Ésta es una inquietante pregunta que atraviesa el lenguaje.

El cuerpo en cuanto sistema psique-soma administra sufrimientos y dolores. Por ello, se puede concebir como un texto, donde se configuran el dolor y el sufrimiento, signos, significados, roles, trayectos biográficos y especificidades culturales. Todo lo anterior se constituye dentro de la cotidianeidad y las prácticas sociales, en la unión de los órdenes real, simbólico e imaginario.

Como explica Aranguren, “los ordenamientos discursivos inscriben sus marcas, bien sea dejando sus huellas sobre lo real del cuerpo, bien operando como transformación de su componente imaginario o signándolo en su representación, operando sobre lo simbólico” (Aranguren 2011, 9). De allí que en la tortura sexual no sólo sea transformada la dimensión real del cuerpo, sino también su dimensión imaginativa, es decir, la relación del sujeto con su propio self, la representación de sí mismo y de los demás. El sufrimiento producto de la tortura sexual se inscribe como un corte en el tiempo, pues la imagen corporal de sí mismo cambia por completo. Como argumenta Denis Vasse: “ya no somos más realmente como antes. ‘Yo’ (je), el sujeto, no es ya realmente ‘yo’ (moi), la imagen que tenía de mí. Aquello que imaginaba de mí se modificó, se transformó, ha sido alterado” (Vasse 1985, 14).

En consecuencia, en la situación de tortura sexual, tanto hombres como mujeres cambian su autopercepción corporal, pues el sentido de sí mismo y de lo íntimo es expropiado por el victimario, entre otras cosas, al inundar de culpa al sujeto. En esta situación, la trans-

Se puede llegar a un desdoblamiento inconsciente y a la disociación de su persona: es decir, disociar entre mente y cuerpo, entre sentimiento y percepción, transformándose así en otro, que es al que le pesa todo esto. Este mecanismo permite al torturado protegerse momentáneamente de la angustia de quedar atrapado sin salida, pero le permite integrar y asimilar la experiencia, agudizando así el potencial traumático de la misma a mediano y largo plazo.

(Lira y Weinstein 2000, 352)

El grito Aparece así una forma alternativa de articular el lenguaje en situaciones límite: el grito. Con base en la experiencia de tortura sufrida durante el régimen dictatorial de Chile, Consuelo Rivera-Fuentes y Birke (2001) analizan cómo se efectúa la experiencia de los cuerpos bajo la tortura. A partir de Scarry (1985), destacan la incapacidad del lenguaje para articular el dolor y la pérdida de la frontera entre el cuerpo y el yo, que se disuelve en el sufrimiento. Sin embargo, manifiestan que si bien la experiencia del dolor no tiene lenguaje en la forma convencional de entenderlo (palabras, producción de significado, etcétera), el dolor sí encuentra una voz en los gritos y en los alaridos. Según las autoras, “Te dices a ti mismo: estoy perdiendo la única manera que conozco de describir lo que está ocurriendo dentro de mí, estoy perdiendo mi habla, estoy perdiendo significado. Insisto, el dolor sí tiene una voz, si no en las palabras, en su performatividad (Rivera-Fuentes y Birke 2001, 661). En la tortura sexual el cuerpo es el blanco del tormento y al mismo tiempo su fabricante. En este sentido, el dolor producto de la experiencia contradictoria de la tortura es revelado en el grito, pues “la carne está viva, pero es sibilina y en el fondo ininteligible. Su mejor expresión es el grito, en el que se revela algo así como lo dionisiaco puro” (Dimoulié 1992, 134). Por ello, como señala Cavarero

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(2009), el grito evoca precisamente la intraducibilidad sonora del ultraje, es decir, la esfera del horror, más allá de la angustia o de la desesperación.

Asimismo, el grito aparece cuando la palabra es frustrada o inaccesible, dando voz al dolor cuando el grito es significado como demanda, pues, como subraya Vasse (1985), el grito finalmente sólo repercutirá en palabras si desde el inicio se lo interpreta como demanda. A propósito, Dixon (2011) explica que el grito pertenece a una etapa presimbólica pues no ha sido intervenido por el lenguaje, por lo cual no tiene significado per se; el significado es impuesto en él por el interlocutor al ser interpretado como demanda. Entonces, los gritos son sólo gemidos o alaridos insignificantes hasta que el otro los significa como demanda de algo. En este punto hay un tránsito de lo real a lo simbólico, cuando el otro lo significa. No obstante, cuando el tránsito se ve interrumpido y el interlocutor no interpreta el grito como demanda, éste queda como un grito mudo y atrapado. Es decir, cuando la víctima grita, el sonido se dirige a un oído congelado, el del torturador, quien no interpreta al grito como demanda, despojando a la víctima de la posibilidad de significar y transmitir el sufrimiento extremo al que es sometida. En consecuencia, a pesar de la incapacidad del lenguaje formal para articular el dolor durante la situación de tortura, el sujeto encuentra en el grito un espacio para exteriorizar no sólo su experiencia de tormento sino también su demanda por terminar con el sufrimiento de la tortura a la que es sometido; el grito es, en tal sentido, lenguaje mudo.

Reflexiones finales En este texto, la tortura en general y la tortura sexual no son consideradas categorías excluyentes, pues sus finalidades son similares: dominar, regular, silenciar, obtener información, exterminar, expropiar, entre otras. Sin embargo, como se ha visto a lo largo de las páginas, los efectos desestructurantes de la tortura sexual y de la tortura de índole no sexual —en las dimensiones individual, familiar y comunitaria— difieren en algunos puntos.

En primer lugar, tanto la tortura de índole no sexual como la tortura sexual fracturan la comunidad. En la primera, ocurre cuando la desconfianza y la desesperanza producidas por la situación de tortura rompen los lazos comunitarios. Las estrategias de redes de informantes y el pago de recompensas que existen alrededor de la tortura son herramientas de control social, las cuales producen desconfianza entre los miembros de la comunidad y pérdida del sentido de solidaridad (Corporación AVRE y Corporación Vínculos 2011). En la segunda, ocurre principalmente porque el carácter sexual de la tortura provoca el rechazo de la comunidad a la víctima y fractura los lazos comunitarios. Contrario a la tortura de índole no sexual —donde la víctima puede ser

compadecida por la comunidad y el silencio prima como mecanismo de autoconservación—, en la tortura sexual la víctima es estigmatizada, marginada y rechazada por su propia colectividad. Para ésta, la persona ha sido contaminada, dañada, usada, corrompida y violentada en tal medida que es indigna de su propio grupo.

En segundo lugar, tanto la tortura de índole no sexual como la tortura sexual tienen un impacto importante en la dimensión familiar. En el caso de la primera, la fragmentación familiar es producto del cambio abrupto en las dinámicas y los roles familiares. Esto ocurre debido a que los efectos físicos y psicológicos de la situación de tortura “generan un vacío en la estructura familiar producto de la ausencia del torturado/a que no está en capacidad de asumir su rol habitual” (Corporación AVRE y Corporación Vínculos 2011, 74). En la segunda hay un impacto generacional importante, pues los métodos de tortura sexual interrumpen o alteran la reproducción social. Así, situaciones como el aborto forzado, el embarazo forzado, las torturas ejercidas contra los órganos sexuales femeninos y masculinos, y la castración total, derivan en daños permanentes en la capacidad reproductiva de los miembros de una comunidad. Asimismo, en la tortura sexual el impacto en la esfera familiar ocurre debido a la participación, directa o indirecta (como testigos), de miembros de la familia en los actos de violencia.

En tercer lugar, las dos formas de tortura afectan las relaciones afectivas y personales del sujeto. No obstante, la tortura sexual afecta de manera especial estos ámbitos, pues el torturador gestiona la capacidad de gozo de la víctima y de quienes se relacionan con ella. Aquí, el torturador pretende controlar la capacidad de sentir placer de su víctima, ya sea extirpando sus órganos genitales o dañándolos. Como resultado, controla lo más profundo de la intimidad del sujeto cuando le niega la posibilidad de sentir placer sexual.

Para resumir, el análisis social de la tortura sexual aporta elementos importantes sobre el efecto desestructurante de la tortura en la ordenación simbólica del sujeto, especialmente en su intimidad y sexualidad. El estudio de la fenomenología de la tortura permite reconocer que la tortura sexual no persigue como objetivo la muerte de la víctima, sino la anulación simbólica del cuerpo individual y colectivo, en un marco interpretativo común donde las construcciones de masculinidad y feminidad se ven determinadas por los imaginarios de nación, etnicidad y sexualidad. En esta medida, el análisis de la tortura sexual como metáfora de agresión al cuerpo social pone en evidencia su principal objetivo, a saber, feminizar al enemigo como una estrategia de dominación simbólica al inundar al sujeto de estímulos sexuales para deshumanizarlo y alterar su vínculo con el mundo. En consecuencia, la tortura sexual acaba con el poder/potencia político de los sujetos; en el caso de las mujeres, al inducir la activación de la sexualidad,

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mientras que en los hombres se logra al inducir la pasividad sexual. De manera específica, en esta forma de tortura el sujeto es obligado a participar en su propia victimización, pues no sólo sus órganos sexuales sino también sus orificios corporales son empleados como herramientas de tortura. El poderoso efecto desestructurante de la tortura sexual reside precisamente en que la violencia ejercida sobre las cavidades corporales altera las fronteras entre lo íntimo y lo público, fragmentando así la ordenación simbólica del sujeto.

Por eso, es pertinente una aproximación a la tortura sexual a partir de los esquemas interpretativos que usan los sujetos para dar sentido a sus vivencias.

En conclusión, en la tortura sexual se entretejen elementos agresivos y libidinales, que producen una profunda ambigüedad en la experiencia del sujeto.

Además, éste es incapaz de expresar su dolor físico, pues no sólo escapa al poder de la objetivación verbal sino que además se destruye la posibilidad de un lenguaje que traduzca lo real a un nivel simbólico. Sin embargo, aunque el dolor no se pueda articular en un lenguaje formal, el grito se constituye en intersticio entre el dolor y sufrimiento causados por la tortura y el lenguaje formal que demanda el deseo de vivir.

En suma, la tortura sexual es un régimen que actúa como un dispositivo inmunológico. Ésta hace parte del amplio repertorio de violencia empleado durante la guerra para mantener la estabilidad política de los Estados o para eliminar ciertos movimientos sociales considerados subversivos. Son pocas, casi inexistentes, las investigaciones en el campo de la tortura sexual.

Se requieren estudios que aborden en mayor profundidad elementos histórico-políticos y culturales, las secuelas específicas de la tortura sexual y la prevalencia de esta práctica. En esta medida, la arena académica debe considerar la tortura sexual como experiencia en la que tanto víctimas como víctimarios comparten un mismo marco de significados. La tortura sexual tiene efectos psicosociales nefastos cuando se constituye en acto comunicativo, en el que los colectivos implicados comparten una idea de feminidad, masculinidad e identidad. La tortura sexual no funcionaría como política de terror, de no ser porque en escenarios de violencia los cuerpos individuales se convierten en representaciones metafóricas del cuerpo social.

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El caleidoscopio de la violencia contra las mujeres en la pareja desde la desigualdad de género: una revisión de enfoques analíticos* María Luisa Jiménez Rodrigo** – Raquel Guzmán Ordaz*** Fecha de recepción: 31 de octubre de 2014 • Fecha de aceptación: 24 de marzo de 2015 • Fecha de modificación: 08 de mayo de 2015 DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.07

R E S U M E N | Los marcos feministas han centrado la desigualdad de género como factor explicativo fundamental de la violencia masculina contra las mujeres en la pareja. En este trabajo se analizan las aportaciones que se elaboran desde la investigación social. Los enfoques que se estudian consideran las características personales de víctimas y agresores (enfoque individual), las relaciones de poder en la pareja (enfoque diádico) y los factores estructurales y simbólicos (enfoque macrosocial). Explorando sus respectivas aportaciones, éstas denotan aproximaciones parciales no adecuadas a la complejidad multidimensional del problema. Las principales conclusiones reconocen que, para una mejor comprensión del problema de la violencia masculina contra las mujeres asociada a las desigualdades de género, se requiere un desarrollo de marcos analíticos multinivel e interrelacionales como el interseccional.

PA L A B R A S C L AV E | Violencia, mujeres, desigualdad, género, interseccionalidad, investigación social.

The Kaleidoscope of Violence against Women in Union Based on Gender Inequality: A Review of Analytical Approaches A B S T R AC T | Feminist frameworks have focused on gender inequality as the fundamental explanatory factor of male violence against women in union. This paper extends the analysis to contributions produced through social research. The approaches studied consider the personal characteristics of victims and aggressors (individual focus), the male-female power relationship within the couple (dyadic focus), and structural and symbolic factors (macro-social focus). An exploration of the respective contributions of these different perspectives shows that they offer only partial, inadequate approaches, given the multidimensional complexity of the problem. The main conclusions recognize that it is necessary to develop multi-level and inter-relational analytical frameworks such as the intersectional paradigm, in order to achieve a better understanding of the connection between gender inequality and male violence against women.

K E Y W O R D S | Violence, women, inequality, gender, inter-sectionality, social research.

O caleidoscópio da violência contra as mulheres no casal a partir da desigualdade de gênero: uma revisão de abordagens analíticas R E S U M O | Os referenciais feministas têm centralizado a desigualdade de gênero como fator explicativo fundamental da violência masculina contra as mulheres no casal. Neste trabalho, analisam-se, além disso, as contribuições que são elaboradas com base na pesquisa social. As abordagens que são estudadas consideram

*

Este artículo es producto de los estudios independientes que las autoras vienen desarrollando en la línea de investigación sobre violencia contra las mujeres desde una perspectiva interseccional. ** Doctora en Antropología Social por la Universidad de Granada (España). Profesora de la Universidad de Sevilla (España). Miembro del grupo de investigación “Análisis de las Estructuras de Interactividad e Intercomunicación Social”. Entre sus últimas publicaciones se encuentran: Las políticas de salud vistas desde el género: una aproximación a partir de los planes de control del tabaquismo. Investigaciones Feministas 5 (2014): 289-316, y Género y uso de drogas: dimensiones de análisis e intersección con otros ejes de desigualdad (en coautoría). Oñati Socio-Legal 2, n° 6 (2012): 77-96. Correo electrónico: mljimenez@us.es *** Doctora en Sociología por la Universidad de Sevilla (España). Investigadora y miembro del Grupo de Investigación “Economía Ecológica, Feminista y Desarrollo (EcoEcoFem)”. Entre sus últimas publicaciones se encuentran: La interseccionalidad como instrumento analítico de interpelación en la violencia de género (en coautoría). Oñati Socio-Legal 5, n° 2 (2015): 594-610, y El paradigma interseccional: rutas teórico-metodológicas para el análisis de las desigualdades sociales. En Traslaciones en los estudios feministas, coord. Saletti-Cuesta Lorena. Málaga: Editorial Perséfone – Universidad de Málaga, 2015. Correo electrónico: rguzman@us.es

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as características pessoais de vítimas e agressores (abordagem individual), as relações de poder no casal (abordagem díada) e os fatores estruturais e simbólicos (abordagem macrossocial). Explorando suas respectivas contribuições, estas denotam aproximações parciais não adequadas à complexidade multidimensional do problema. As principais conclusões reconhecem que, para uma melhor compreensão do problema da violência masculina contra as mulheres associada às desigualdades de gênero, se requer um desenvolvimento de referenciais analíticos multinível e inter-relacionais como o intersecional.

PA L AV R A S - C H AV E | Violência, mulheres, desigualdade, gênero, intersecionalidade, pesquisa social.

Introducción Desde las teorías feministas se señalan las desigualdades de género como factor explicativo fundamental de la violencia masculina contra las mujeres (Toffanin 2012). El patriarcado ha sido una de las bases principales para explicar cómo se engendra la violencia contra las mujeres, que sería usada por los hombres como recurso de control y dominación (Walby 1990).

Los análisis tradicionales sobre la violencia contra las mujeres han basado sus premisas principalmente en las estructuras patriarcales de dominación, situando a las mujeres “víctimas” en posiciones de subordinación y vulnerabilidad. Estos análisis se muestran limitados frente a las transformaciones de las relaciones de género y los procesos de emancipación y empoderamiento —todavía inacabados e insuficientes, y variables territorialmente— de las mujeres en diversos ámbitos sociales.1 Estas tendencias podrían llevar a concluir que una mejora en la igualdad de género estaría aparejada a una reducción de la violencia contra las mujeres.

Sin embargo, la violencia contra las mujeres no sólo no se ha reducido sino que se está incrementando, incluso en contextos donde la igualdad de género ha experimentado notables progresos: ¿se trata de un incremento real de la violencia o de una ampliación de la conciencia social frente a este problema? (Almeras y Calderón 2012; European Union Agency for Fundamental Rights 2014; Walby 1990). Esta paradoja nos lleva a preguntarnos por las relaciones existentes entre la desigualdad de género y la violencia contra las mujeres, que, lejos de parecer obvias y sin fisuras, plantean decisivos retos para la investigación e intervención en este campo. Dar respuesta a esta cuestión no es tarea fácil, pues la violencia contra las mujeres abarca

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En Europa, se ha observado a lo largo de la primera década del siglo XXI una reducción de la brecha de género en cuanto al acceso de las mujeres a la educación, al empleo y a puestos de responsabilidad económica y política. Sólo los países bálticos registran un retroceso (Bericat y SánchezBermejo 2015). En el contexto latinoamericano, también se han señalado avances en la igualdad de género respecto a los objetivos marcados en la Conferencia de Beijing (1995), si bien “estos avances han sido dispares y heterogéneos, y la desigualdad y la discriminación siguen afectando a muchas mujeres en la región” (Cepal y Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe 2015, 1).

un amplio espectro de actos que generan daño físico, sexual o psicológico, incluidos los actos de amenazas, coerción o privación arbitraria de libertad, ya sea en el ámbito público, ya sea en el privado (Guzmán y Jiménez 2015; Terry 2004). Además, las diversas materializaciones de la violencia contra las mujeres son variables respecto a su percepción, valoración y aceptabilidad social en función del contexto social y cultural (Sokoloff y Dupont 2005). Por ello, este trabajo se centrará en el ámbito de la violencia contra las mujeres por la pareja (en adelante, VMP), presentando una revisión de los principales enfoques de análisis (individual, diádico y macrosocial) que han orientado la investigación social en este campo. Cada uno de estos enfoques origina, a modo de caleidoscopio, diferentes imágenes sobre el problema de la VMP y pone sobre la mesa distintos y relevantes debates en su estudio que han provocado amplia polémica, dentro y fuera de los espacios feministas. Señalaremos sus principales aportaciones y limitaciones, para luego exponer las potencialidades del enfoque interseccional, buscando con ello la superación de visiones limitadas y parciales que tradicionalmente han afectado al estudio de la VMP. Desde la interseccionalidad se pretende identificar las complejas y cambiantes interacciones entre la desigualdad de género y otros ejes de desigualdad, así como articular distintos niveles de análisis en las relaciones sociales.

Atendiendo al contexto de partida que nutre estas reflexiones, hay que señalar que éstas se sitúan desde una postura crítica y periférica de la academia alimentada por las aportaciones feministas postcoloniales, desde donde se busca la superación de algunas aporías que los estudios de género han planteado para explicar la VMP a partir de sus fundamentos epistemológicos.

Aproximaciones de análisis en el estudio de la violencia contra las mujeres en la pareja La investigación social sobre desigualdad de género y violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja ha sido planteada desde diversos enfoques en función de la unidad de análisis considerada, portando distintas premisas teóricas y metodológicas. Podemos identificar, así, el enfoque individual, el diádico, el macrosocial y el interseccional.

rev.estud.soc. No. 54 • octubre-diciembre • Pp. 93-106 • ISSN 0123-885X • eISSN 1900-5180 · DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.07

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El enfoque individual: los límites de la tesis universalista de la violencia contra las mujeres Dentro del enfoque individual se puede situar un considerable número de estudios que han tratado de examinar los perfiles sociodemográficos de quienes padecen y ejercen violencia en el marco de la pareja. Los hallazgos de estos estudios, pese a que identifican discrepancias en muchos de ellos, ponen en cuestión la tesis universalista de que la violencia en la pareja afecta a “todas las mujeres” indistintamente, mostrando cómo determinados “factores de riesgo” hacen más vulnerables a la violencia a ciertos perfiles de mujeres. La consigna “la violencia de género no distingue clases sociales” ha sido una estrategia ampliamente utilizada por las organizaciones feministas para universalizar el problema y, así, fomentar la sensibilización y solidaridad entre las mujeres (Larrauri 2007). Sin embargo, la tesis universalista de la violencia de género contribuye a ignorar la influencia del contexto social en las diferentes tasas de violencia, así como a invisibilizar las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentran ciertos colectivos de mujeres en situación de pobreza y exclusión social, o de minorías étnicas (Larrauri 2007). Por eso es importante analizar cómo las desiguales posiciones de estatus pueden estar relacionadas con una mayor probabilidad de sufrir violencia en el marco de la pareja, pero también de contar con recursos y estrategias para afrontar las situaciones de violencia. Así, se ha señalado la importancia del empleo como factor protector contra la violencia. En esta línea la falta de acceso al empleo ha sido también interpretada como una manifestación de la violencia y el control del varón para que la mujer no participe en el mercado laboral y no acceda a recursos de independencia económica (Villarreal 2007).

La metodología más utilizada en este enfoque individual está fundamentalmente basada en la encuesta poblacional representativa, en el análisis de registros administrativos y en la aplicación de escalas de violencia en contextos locales, especialmente sanitarios (ver la tabla 1).

El uso de las encuestas para la identificación de perfiles más vulnerables a la violencia está adquiriendo una creciente importancia tanto en el espacio europeo como

en el latinoamericano, donde muchos de los países incorporan mediciones de la violencia en sus encuestas de salud y victimización, y algunos de ellos, como España, México o Ecuador, implementan encuestas específicas para la medición de la violencia contra las mujeres (Almeras y Calderón 2012; Jiménez y Ruiz 2007). Pese a la diversidad de contextos y herramientas de medición, se identifican ciertas pautas en los perfiles sociodemográficos de mujeres con mayor prevalencia de violencia, tales como vivir en zonas urbanas, estar separadas o divorciadas, recientemente empleadas, y con niveles bajos de instrucción y recursos económicos (Bott et al. 2013).

En el espacio europeo, se ha realizado la Encuesta Europea de Violencia Basada en el Género contra las Mujeres (2014). Ésta señala que las diferencias en cuanto a nivel educativo no son significativas respecto a la prevalencia de maltrato físico, aunque sí respecto al maltrato psicológico, donde las mujeres con estudios más bajos declaraban más violencia psicológica por parte de sus parejas actuales. En cuanto a las diferencias en ingresos, las mujeres que expresaban mayores dificultades económicas presentaban una mayor tasa de violencia física. Así también, se registraban mayores tasas de maltrato físico y psicológico entre aquellas mujeres que trabajaban como supervisoras, seguidas de aquéllas que no participaban en el empleo. Otros perfiles de mayor riesgo de violencia física y psicológica se ubicaban entre las mujeres de 30 a 59 años, y entre las residentes en áreas suburbanas, frente a la menor prevalencia de los entornos rurales (European Union Agency for Fundamental Rights 2014). El informe sobre la encuesta europea, aunque aporta importantes datos sobre la extensión de este grave problema en la Unión Europea, no considera las diferencias sociales, culturales, económicas y políticas que pueden afectar a la realidad de la VMP en cada país.

Los estudios disponibles en España y en algunos países latinoamericanos muestran cómo las mujeres con bajo y medio estatus educativo y menor estatus socioeconómico presentan mayores tasas de violencia por parte del compañero íntimo (Ducca 2007; Valdez-Santiago et al. 2006; Vives-Cases et al. 2009), como también se observa en el caso de mujeres de minorías étnicas (González y Valdez-Santiago 2008).

Tabla 1. Aspectos analíticos y metodológicos que caracterizan al enfoque individual en el estudio de la VMP Premisa central

Foco de análisis

Mujeres víctimas de (Diferente) distribución de riesgos de sufrir violencia en violencia la pareja Agresores

Principales cuestiones de análisis Características sociodemográficas Cuestionamiento de la tesis universalista de la VMP

Aproximaciones metodológicas Análisis descriptivo de los datos de encuestas y registros administrativos Estudios descriptivos en el ámbito sanitario

Fuente: elaboración de las autoras.

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Por otra parte, los datos procedentes de la macroencuesta española de violencia de género de 2011 apuntan a una mayor prevalencia de maltrato entre las mujeres que residen en grandes núcleos urbanos y entre las que se encuentran en situación de desempleo. Respecto al nivel educativo, los resultados no son concluyentes, ya que no se observan diferencias significativas en la edición de 2011, y son contradictorios respecto a las tendencias identificadas en ediciones anteriores (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 2011). En relación con la procedencia geográfica, tanto las encuestas como los registros de denuncias y muertes por violencia masculina en pareja indican una mayor prevalencia de maltrato entre mujeres inmigrantes, según las estadísticas del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades de España2 y estudios como el de VivesCases et al. (2009).

En este nivel de análisis individual también hay que considerar los estudios descriptivos aplicados a escala local, frecuentemente en el ámbito sanitario, que tratan de medir tanto la prevalencia de maltrato como las características de mujeres maltratadas y de sus agresores a partir de la implementación de escalas de violencia sobre las mujeres que acuden a los centros de salud, por ejemplo: Klevens (2001), en Colombia; Fernández et al. (2008), Trías et al. (2013), en España.

Son escasos los estudios sobre el estatus socioeconómico de los maltratadores. La Encuesta Europea de Violencia Basada en el Género contra las Mujeres (2014) señala una mayor probabilidad de ejercer maltrato físico y psicológico entre aquellos perfiles de hombres con nivel educativo bajo (sin completar estudios primarios) y con empleos poco cualificados o en situación de desempleo (European Union Agency for Fundamental Rights 2014).

La revisión sistemática de la literatura realizada por Vives-Cases et al. (2007a) indicaba, por su parte, que la conducta violenta parece asociarse en mayor medida a los varones con menor nivel socioeconómico, si bien, como insisten los autores de este trabajo, la evidencia no es sólida y es preciso avanzar en la investigación.

Las estadísticas aportadas por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades de España3 señalan también la nacionalidad extranjera como factor de riesgo de ejercer violencia contra la pareja. Dato que habría de ponerse en relación con el contexto social y las condiciones socioeconómicas de los grupos de origen extranjero y minorías étnicas, para evitar la reproducción de estereotipos racistas y etnicistas.4 2 “Mujeres en cifras. Estadísticas sobre Violencia”, última modificación, 17 de agosto de 2015. <http://www.inmujer. gob.es/estadisticas/consulta.do?area=10>.

3 “Mujeres en cifras. Estadísticas sobre Violencia”, última modificación, 17 de agosto de 2015. <http://www.inmujer. gob.es/estadisticas/consulta.do?area=10>.

4 De hecho, cuando se controlan los factores socioeconómicos, las diferencias raciales y étnicas entre los perpetradores de

Los datos que proporcionan los estudios y registros de la violencia contra las mujeres son, sin duda, necesarios para medir la extensión y caracterización del problema e identificar los “perfiles de riesgo” más allá de proposiciones universalistas, pero se muestran limitados por su descontextualización respecto a las dinámicas de pareja y los factores socioeconómicos y de género que inciden y configuran los actos de violencia contra las mujeres.

El enfoque diádico: la violencia contra las mujeres en la pareja, ¿un conflicto familiar más o una forma distinta de violencia?

Desde el prisma de las relaciones de pareja pueden identificarse dos aproximaciones principales y radicalmente opuestas en el estudio de la violencia de género: la de la violencia familiar y las interpretaciones feministas (Kurz 1989), que han generado un extenso y controvertido debate, en especial en Estados Unidos, en torno a la simetría de género (Johnson 2006; Larrauri 2007). Éstas parten de premisas teóricas enfrentadas y prefieren el empleo de distintas herramientas de producción de datos (ver la tabla 2).

La perspectiva de la violencia familiar considera el “maltrato a la esposa” (concepto habitualmente utilizado en este enfoque) como una pauta más que se da dentro de las dinámicas de maltrato y conflicto familiar (Coleman y Straus 1986; Straus, Gelles y Steinmetz 1980).

La perspectiva feminista, por el contrario, sitúa las relaciones de pareja en el centro de análisis y entiende la desigualdad de género como un factor clave de la violencia (Dobash y Dobash 1979; Yllö y Bograd 1988).

Otro elemento de distinción entre estas dos posturas se refiere a los instrumentos metodológicos empleados para llevar a cabo sus indagaciones. Los estudios sobre violencia familiar se han apoyado mayoritariamente en la Conflict Tactics Scale, cuestionario ampliamente utilizado en Estados Unidos para medir la extensión de las agresiones físicas y psicológicas en la pareja, como estrategia de resolución de conflictos familiares (Jiménez y Ruiz 2007). Por el contrario, los estudios de corte feminista han apostado por la utilización de otras fuentes de datos como los registros policiales, judiciales y sanitarios, además de otras encuestas específicas sobre violencia de género (Larrauri 2007).

Desde la perspectiva de la violencia familiar, el análisis de la violencia dentro de las relaciones de pareja se aborda desde una mirada eminentemente materialista, donde las posiciones de estatus de la mujer y del varón se interpretan en términos del acceso a los recursos, y de sus efectos en las relaciones de dependencia familiares y en el estrés que pueden desencadenar conflictos y violencia en la pareja. A violencia desaparecen, lo que pone de manifiesto la necesidad de considerar los niveles de pobreza y exclusión social que padecen las minorías étnicas (Sokoloff y Dupont 2005).

rev.estud.soc. No. 54 • octubre-diciembre • Pp. 93-106 • ISSN 0123-885X • eISSN 1900-5180 · DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.07

TEMAS VARIOS Tabla 2. Aspectos analíticos y metodológicos que caracterizan al enfoque diádico en el estudio de la VMP Perspectivas

Premisa central

Foco de análisis

La violencia en la pareja Perspectiva de la como una forma más de Familia violencia familiar conflicto dentro de la familia

Hipótesis

Aproximaciones metodológicas

Hipótesis de la simetría de la violencia en la pareja

Encuestas

Hipótesis de la dependencia económica

(Conflict Tactics Scale)

Hipótesis del estrés económico

Perspectivas feministas

La desigualdad de género en la pareja como factor clave de la VMP

Pareja (relaciones de poder)

Hipótesis de la dependencia de las mujeres Hipótesis del último recurso de poder masculino

Encuestas específicas de violencia Registros Estudios cualitativos

Fuente: elaboración de las autoras.

partir del entendimiento de la violencia en la pareja como una pauta más dentro de los conflictos familiares, otra importante premisa parte de la consideración de lo que se ha denominado “simetría de género” (gender symmetry), que hace referencia a un modelo de agresión mutua donde tanto mujeres como hombres aparecen, en un mismo nivel, como víctimas y perpetradores de la violencia. Se mantendría que la violencia en la pareja, lejos de ser un problema que afectaría de forma preponderante a las mujeres, sería un hecho equivalente que se daría de forma simétrica entre los sexos (Archer 2000; Straus, Gelles y Steinmetz 1980). Las nociones de “violencia doméstica” o “violencia intrafamiliar” reforzarían esta idea.

Sin embargo, estos estudios sustentados en la hipótesis de la simetría de género han sido ampliamente criticados tanto desde el punto de vista metodológico y conceptual como desde el empírico y factual, al subrayarse que la frecuencia, los tipos, los propósitos, los efectos y los significados de la violencia son sustancialmente diferentes entre mujeres y hombres5 (Dobash et al. 1992; Dobash y Dobash 2004; Kimmel 2002; Osborne 2009).

En un intento por superar interpretaciones simplistas asociadas a las hipótesis de la simetría de género, se han propuesto tipologías de violencia en la pareja, como la de Michael Johnson (2006), que diferencia entre la violencia de pareja situacional, el terrorismo íntimo, la resistencia violenta y el control violento mutuo. En todo caso, las críticas feministas insisten en la necesidad de no desligar el análisis de la VMP de un marco teórico de género que incorpore en su consideración las relaciones de poder en

5 Estas críticas no implican en ningún modo negar la existencia de usos de la violencia por parte de las mujeres, sino que demandan la consideración de las relaciones de poder y de dominación en el estudio de la violencia dentro de la pareja, así como el análisis de los factores de desigualdad de género involucrados en sus diferentes manifestaciones.

la pareja, para su adecuada comprensión y el desarrollo de medidas eficaces de intervención (Reed et al. 2010).

Pese a las críticas desplegadas, esta tradición de estudio sobre la “violencia familiar” ha trabajado con dos hipótesis importantes para la interpretación de la violencia de la pareja: la hipótesis de la dependencia femenina y la hipótesis del estrés económico, que, en combinación con una interpretación feminista, pueden ayudar a comprender los efectos de los desequilibrios de género y socioeconómicos en la VMP. Los primeros estudios que abordaron las relaciones de asimetría de recursos dentro de la pareja y su relación con la violencia contra la mujer sostenían que en aquellas parejas donde el varón desempeñaba un rol dominante era más probable la incidencia de violencia en la pareja contra la mujer (Coleman y Straus 1986). Desde la hipótesis de la “dependencia marital”, las mujeres sin empleo serían más dependientes del varón y tendrían menos recursos para negociar los comportamientos de su pareja y abandonar una relación violenta.

Las parejas más igualitarias con mayor acceso a recursos presentarían, a su vez, menor probabilidad de conflicto y violencia. En cambio, entre aquellas parejas donde se da paridad respecto a la carencia de empleo y bajo nivel educativo se observaba una mayor probabilidad de violencia (Coleman y Straus 1986; Salari y Baldwin 2002).

Estos resultados se apoyan, a su vez, en la hipótesis del estrés económico. El desempleo y la pobreza crónica se situarían como factores de tensión y frustración que incrementarían el riesgo de conflicto y violencia en la familia. Cuando los “maridos” pierden recursos (de empleo e ingresos) o están en situación de escasez de éstos respecto a sus parejas se produciría mayor grado de violencia (Kalmuss y Straus 1982). Según estos estudios, la violencia contra las mujeres por la pareja tiende a ser muy alta en situaciones de “desigualdad marital”, donde la mujer posee mayores recursos para

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la toma de decisiones; y todavía más alta cuando es el hombre el que tiene estatus y poder de decisión mayores (Hornung, McCullough y Sugimoto 1981; Straus, Gelles y Steinmetz 1980).

Desde aproximaciones feministas, por el contrario, la familia no puede considerarse como una unidad de análisis homogénea, situando las relaciones de poder dentro de la pareja —casi siempre, definida como heterosexual— en el foco central de análisis (Anderson 1997). La VMP, en consecuencia, no es una forma de violencia más, sino un tipo específico y diferente de violencia, no equiparable a otros tipos de violencia interpersonal o que puedan darse dentro de la familia, “porque obedece a mecanismos y pulsiones enraizados en las relaciones de poder y posesión, en que se han establecido las relaciones entre hombres y mujeres en las culturas de las sociedades patriarcales” (VallsLlobet 2006, 60). La VMP, por tanto, se entiende como un instrumento masculino de control y de dominación (Dobasch y Dobasch 1979). Se destaca la dimensión económica de la desigual distribución de recursos, que motiva una mayor dependencia de las mujeres respecto a sus parejas masculinas y que hace más difícil que las mujeres puedan enfrentar una relación violenta.

Esta dificultad se acentúa por el hecho de tener hijos o una insuficiente cualificación para poder acceder a un empleo (Kurz 1989; Salari y Baldwin 2002).

Junto a lo económico, se otorga especial importancia desde los estudios feministas a la dimensión simbólica, analizando cómo el acceso a recursos de estatus y poder cumple un papel central en la configuración de las identidades y en las relaciones de género como elemento crítico de la masculinidad hegemónica tradicional (el varón como proveedor económico principal o breadwinner) (Macmillan y Gartner 1999). Como apuntó Pierre Bourdieu (2000), los esquemas de dominación y subordinación que subyacen a las relaciones de género y a sus manifestaciones de violencia contra las mujeres están profundamente estructurados —además de las condiciones objetivas de producción y reproducción— por los presupuestos de orden simbólico sobre la superioridad masculina y la inferioridad femenina que los grupos dominados asumen como naturales.

Los estudios feministas que se han centrado en este nivel diádico enfatizan, además, cómo la construcción de la masculinidad también implica determinada construcción de la feminidad, por lo que no se trata de analizar de forma aislada la posición socioeconómica del varón y de la mujer, sino a partir una consideración interrelacional. A este respecto, Catherine Kaukinen (2004) analizó la in/compatibilidad de estatus dentro de la pareja en relación con la violencia. Identificó diversas situaciones en función de si se daba una paridad de estatus, donde ningún miembro de la pareja es dominante (ya sea porque ambos tienen empleo o no lo tienen), hace similares contribuciones a la economía

doméstica o tiene nivel educativo parecido. O si, por el contrario, se producía incompatibilidad de estatus, lo que podía manifestarse de dos formas: en una relación de estatus tradicional normativo favorable al varón o en una relación de estatus no normativo favorable a la mujer. La incompatibilidad de estatus a favor de la mujer incrementaba el riesgo de sufrir maltrato emocional. Estos resultados convergen en cierto modo hacia los obtenidos en los estudios sobre violencia familiar. Sin embargo, desde la interpretación feminista se enfatiza el papel simbólico y fáctico de la violencia como un medio para construir la masculinidad tradicional y restablecer el poder dentro del pareja, cuando los medios económicos fallan (Kaukinen 2004).

Resultados similares se han obtenido en estudios sobre el efecto del empleo en la pareja en la VMP. La participación femenina en el empleo frente a una situación de desempleo masculino incrementaría la probabilidad del uso de la violencia por parte del varón, y por el contrario, éste decrecería en el escenario donde ambos miembros de la pareja tienen empleo (Macmillan y Gartner 1999). Igualmente, los hombres que ganaban menos que sus parejas femeninas mostraban mayores niveles de violencia (Anderson 1997; Salari y Baldwin 2002). La pérdida o exclusión del empleo, o unos menores ingresos, por parte del varón frente a la participación laboral femenina significaría a nivel simbólico una alteración de la norma cultural de la superioridad masculina. Respecto al nivel educativo, las evidencias son menos sólidas, aunque se ha encontrado que los varones con alto nivel formativo mostraban una mayor tasa de perpetración de violencia (Anderson 1997).

Así también, en las parejas igualitarias en la toma de decisiones (por ejemplo, sobre tener hijos, si la mujer debería trabajar fuera del hogar, o el dinero para la manutención familiar y los gastos del hogar) disminuye la probabilidad de violencia. Las tasas más altas de violencia se registraban en las parejas donde el marido ejercía un rol de estatus laboral y económico dominante, seguidas de las situaciones donde la mujer portaba un rol dominante (Yllö 1984). Cabe señalar dentro de este conjunto de investigaciones de corte feminista, el desarrollo de significativos estudios cualitativos que profundizan en el papel de la violencia para la reconstrucción de una masculinidad crecientemente cuestionada, inestable y amenazada por la reversión de los roles tradicionales de género (Anderson y Umberson 2001).

El enfoque macrosocial: ¿el lado oscuro de la igualdad de género?

En un nivel macrosocial, podemos identificar dos aproximaciones sobre las relaciones entre las desigualdades de género y la VMP. Si bien resulta analíticamente limitada la separación entre aspectos estructurales y simbólicos

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TEMAS VARIOS Tabla 3. Aspectos analíticos y metodológicos que caracterizan al enfoque macrosocial en el estudio de la VMP Perspectivas

Premisa central

Foco de análisis

Estructural

La VMP es consecuencia de la desigualdad estructural de las sociedades

Posiciones socioeconómicas de mujeres y hombres dentro la estructura social (país, estado, región, provincia…)

Simbólica

La VMP sustentada en pautas culturales de dominación interiorizadas en el curso de la socialización

Actitudes, percepciones y representaciones sociales frente a la igualdad de género y la VMP

Hipótesis Hipótesis minorativa de la violencia Hipótesis del “contragolpe” Hipótesis de las actitudes tradicionalistas Hipótesis de los “espejismos de igualdad”

Principales aproximaciones metodológicas Análisis de la relación entre indicadores/índices macroestructurales

Escalas de actitudes frente al sexismo y la VMP Estudios cualitativos

Fuente: elaboración de las autoras.

(Bourdieu 2000), emplearemos esta distinción para organizar e identificar las diversas premisas teóricas y metodológicas empleadas por los diferentes estudios revisados. Éstos tienen en común definir como unidad de observación a sociedades, países, estados, comunidades autónomas o barrios.

Desde una mirada estructural, las relaciones entre la desigualdad de género y la violencia contra las mujeres se han analizado a partir de la correlación entre indicadores sociales, sencillos o compuestos (en el caso de la medición de la igualdad de género), relativos a cada uno de estos dos ámbitos. Así también, son significativos los estudios que, desde un plano simbólico, tratan de indagar en las representaciones valores y percepciones sociales en torno al sexismo y la VMP a partir de la realización de encuestas representativas de la población así como de estudios cualitativos (ver la tabla 3).

Desde un punto de vista estructural, se parte del presupuesto teórico de que la violencia contra las mujeres está asociada a la extensión de las desigualdades sistématicas de género ubicadas en el empleo, la educación, la economía o el poder. Sin embargo, los resultados son contradictorios y podrían estar afectados por las diferentes herramientas utilizadas para la medición tanto de la VMP como de las desigualdades de género.

Por una parte, se ha observado que los países donde las mujeres tienen menor estatus educativo y económico padecen mayores tasas de violencia sexual (Yodanis 2004). Hallazgo que se apoyaría en la hipótesis de que a mayor igualdad de género, menor violencia masculina contra las mujeres (ameliorative hypothesis). Sin embargo, también se ha constatado que el progreso social hacia la igualdad de género, sobre todo en sus momentos iniciales, puede tener efectos negativos sobre la violencia contra las mujeres (backlash hypothesis). Los hombres se sentirían, en este contexto, amenazados por el progreso de la igualdad entre los sexos y emplearían

la violencia para preservar sus posiciones privilegiadas y como un contragolpe (Whaley y Messner 2002).

El trabajo de Kersti Yllö (1984) constituye, dentro de este enfoque estructural, un importante precedente al emplear por primera vez un índice sintético —el Status Women Index6— para medir el estatus de las mujeres y su relación con la prevalencia de maltrato dentro del matrimonio. Este estudio pionero relaciona, además, las conexiones entre la desigualdad estructural y las relaciones de dominación dentro de la pareja. Los resultados de su investigación, obtenidos a partir de la explotación de un conjunto de encuestas nacionales en Estados Unidos, revelaban cómo la “desigualdad marital”, en un contexto social de desigualdad de género, marcaría determinadas pautas de violencia contra la mujer en la pareja. Así, las tasas de violencia física más severas se darían en regiones donde viven familias en las que la situación socioeconómica de las mujeres era más alta respecto a la de los varones, y, al mismo tiempo, los “maridos” ejercían un rol dominante respecto a sus parejas en cuanto a su posición socioeconómica.

Por otra parte, y con datos más recientes, la mencionada Encuesta Europea de Violencia Basada en el Género contra las Mujeres (2014), examina cómo una mayor igualdad estructural de género podría estar relacionada con una mayor prevalencia de violencia física y sexual contra las mujeres en la pareja. De este modo, obtiene que los países de la Unión Europea donde las mujeres declaran mayores tasas de maltrato son aquellos con mayor grado de igualdad de género, medida a partir del uso de un índice compuesto: el Gender Equality Index

6 Este índice combina diversos indicadores relativos a los ámbitos económico, educativo, político y legal (Yllö 1984).

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(GEI).7 Así, países como Dinamarca, Finlandia y Suecia albergan las tasas más elevadas de VMP a partir de los 15 años, con porcentajes de 32%, 30% y 28%, respectivamente. Esto puede deberse, como señala el informe de la encuesta, a varios factores. Primero, a las variaciones en la aceptabilidad social a la hora de hablar sobre violencia y maltrato contra las mujeres, así como a una mayor concienciación social. El incremento de la igualdad de género podría facilitar que este problema se exprese más libremente (a la Policía, a los medios de comunicación o en las respuestas a una encuesta). Segundo, las mujeres que desempeñan roles de género alejados de los tradicionales se verían expuestas a mayores riesgos de enfrentar violencia por parte de la pareja (European Union Agency for Fundamental Rights 2014, 25-26).

Sin embargo, el informe citado no aporta datos adicionales que desarrollen o sustenten empíricamente estas posibles explicaciones. Además, es importante tener presente cómo las diferencias legislativas, administrativas y metodológicas pueden afectar al registro de los casos de VMP. En España, por ejemplo, se constató un incremento de las denuncias como consecuencia de la creación en 2003 de nuevas leyes de protección contra la violencia de género (Osborne 2009).

Desde este enfoque macroestructural, se ha estudiado la relación entre la desigualdad de género y la prevalencia de la violencia por parte del compañero íntimo a nivel provincial español (Vives-Cases et al. 2007b). En este estudio se examinaba, a partir del análisis de los registros oficiales de muertes y denuncias por violencia de género, la relación entre el Índice de Desarrollo de Género (IDG) y dos manifestaciones diferentes de la violencia: el riesgo de morir y el nivel de denuncias de violencia por parte del compañero íntimo. Observaron que tanto la tasa mortalidad como el número de denuncias aumentaban en las provincias con menor IDG. Los hallazgos de los distintos estudios identificados no son concluyentes en relación con la influencia de la desigualdad estructural de género en la prevalencia de la violencia contra las mujeres. Estas conclusiones diversas pueden deberse a discrepancias metodológicas y conceptuales, pero también a las limitaciones de un enfoque centrado en lo estructural y ajeno a las dimensiones simbólicas que disponen y legitiman las relaciones de dominación de género (Bourdieu 2000).

Simultáneamente, se puede identificar otra vía de análisis a nivel macro, sustentada en el estudio de las representaciones sociales, actitudes y percepciones sociales sobre la igualdad de género y sus relaciones con la VMP. Gran parte de estos estudios se fundamentan en la aplicación

7

Índice elaborado por el European Institute for Gender Equality (EIGE) e integrado por seis dominios centrales (trabajo, ingresos, conocimiento, tiempo, poder, salud) y dos dominios satélite (desigualdades interseccionales y violencia): <http:// eige.europa.eu/content/activities/gender-equality-index>.

de escalas de medición del sexismo y encuestas poblacionales de actitudes, aunque también son reseñables los estudios cualitativos desarrollados en este campo. Entre los estudios cuantitativos, se han tratado de investigar las relaciones entre los roles de género y el mantenimiento de actitudes tolerantes a la violencia contra las mujeres. Así, la asunción de roles tradicionales —en particular, aquellos más manifiestos— se encontraría correlacionada con una mayor tolerancia a la violencia (Herzog 2007). Esto nos llevaría a plantearnos los efectos de los cambios en las relaciones de género y el avance hacia roles más igualitarios en la extensión de una mayor concienciación e intransigencia frente a la violencia.

Sin embargo, los estudios disponibles revelan que esta hipótesis es compleja. En el caso de España, por ejemplo, una encuesta reciente sobre las percepciones sobre la violencia de género (De Miguel Luken 2015) indicaba una mayor tolerancia frente a la violencia de control entre los grupos de jóvenes y adolescentes, al mismo tiempo que manifestaba una mayor percepción de igualdad de género. Esta paradoja es resultado de lo que podemos denominar “espejismos de igualdad”, donde los logros producidos en materia de igualdad de género se estiman como concluidos, ignorando los mecanismos menos manifiestos de dominación masculina. Por ello, no podemos dejar de incluir en esta revisión la aproximación cualitativa en el estudios de las percepciones sobre la igualdad de género en relación con la VMP, que, precisamente, pueden contribuir a desvelar las argumentaciones y legitimaciones socialmente compartidas de la violencia y sus variaciones en razón del género, la edad o la clase social (Colectivo IOÉ 2011).

El enfoque interseccional: superación del uso limitado de categorías únicas Desde la propuesta interseccional, se aboga por una superación de los límites analíticos derivados del uso unidimensional de categorías, como puede ser el caso del género, apelando a la incorporación en el análisis de las intersecciones entre diferentes ejes de dominación y subordinación que dan lugar al “cruce de las matrices de opresión de género y sexualidad con las matrices y los sistemas de raza/racialización/racismo, clase, modernidad/colonialidad, heterosexualidad obligatoria como régimen político, cisgenerismo, sistema etario, segregación y jerarquización territorial, discapacidad física, mental, sensorial y múltiple” (Esguerra y Bello 2014, 20).

En el estudio interseccional de la violencia contra las mujeres se puede atender a las visiones centradas en grupos, procesos y sistemas (Choo y Ferree 2010). Desde ellos se plantea que la violencia contra las mujeres no es producto únicamente de una relación de desigualdad8 8 Los estudios desde América Latina muestran un escenario en donde la articulación teórica y política de las diferencias es aún una tarea difícil, aunque indispensable. Rita Segato (2003)

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TEMAS VARIOS Tabla 4. Aspectos analíticos y metodológicos que caracterizan al enfoque interseccional en el estudio de la VMP Premisa central

La violencia contra las mujeres se debe analizar considerando la intersección de los diferentes ejes de desigualdad y discriminación (heterosexismo, etnia-raza, clase social, género, ciclos de vida, condiciones de salud)

Foco de análisis Las experiencias e implicaciones de las intersecciones de ejes de desigualdad y diferencia: • Minorías étnicas • Migrantes • Personas con diferente orientación sexual (LGBT) • Personas en diferentes ciclos vitales • Personas con salud vulnerable • Pobreza • Personas con (dis) capacidades

Hipótesis • La intersección de distintos ejes de desigualdad produce diferentes grados y niveles de violencia contra las mujeres.

• Las políticas y los programas contra la violencia tienen un impacto diferencial en las mujeres, que depende de sus características intragrupales e intercategoriales

Principales aproximaciones metodológicas

Análisis multidimensional centrado en grupos, procesos y sistemas.

Estudios cuantitativos y cualitativos

Fuente: elaboración de las autoras.

de género o de una posición y diferencia de estatus con respecto a su pareja. De igual manera, los cambios estructurales en la sociedad no son la premisa central para explicar la violencia contra las mujeres, puesto que la interseccionalidad pugna por comprenderla desde el reconocimiento de la interacción entre los distintos ejes de desigualdad (ver la tabla 4).

Desde la dimensión centrada en grupos sobre la violencia contra las mujeres, la interseccionalidad aborda las situaciones de aquellas que pertenecen a los grupos sociales vulnerables o “marginados” (pobres, migrantes, lesbianas, minorías étnicas-raciales). Así, hay en la literatura trabajos destacados sobre las situaciones de violencia que sufren las mujeres negras, latinoamericanas y asiáticas (Crenshaw 1991; Hancock 2007; Hook 2004; Mohanty 2008). Muchos de estos trabajos revelan que el maltrato es producto de la intersección e interdependencia de los ejes de desigualdad de clase, raza y género. Éstos indagan sobre las experiencias cotidianas de las mujeres afroamericanas que expresan dificultades complejas en el ámbito de la violencia, no sólo por su situación de carencia socioeconómica, sino por las implicaciones que puede tener su raza a la hora de acceder a las leyes y otros recursos que las protejan (Crenshaw 1991; Hancock 2007).

En el enfoque interseccional se enfatiza en la capacidad de agencia (Creek y Dunn 2011) que poseen las mujeres

explica las limitaciones a la hora de plantear políticas públicas de acción afirmativa con mujeres indígenas brasileñas que han sufrido violencia de género. Su hipótesis es que esto se debe a una tensión entre las “lealtades de género” y las “lealtades del grupo étnico”. Según la autora, esto plantea que el derecho de las mujeres de los pueblos indígenas representa un paradigma de dificultades múltiples.

pertenecientes a grupos “marginados” que han enfrentado maltrato. Esto revela un alejamiento del etiquetaje de “víctima” que muchas veces manifiestan trabajos de corte culturalista que apuestan por “dar voz”9 a las mujeres identificadas como integrantes de grupos desfavorecidos. Uno de los desafíos en esta línea de investigación es la actuación que pueden tener las mujeres que pertenecen a grupos con una identidad étnica devaluada (como las mujeres de minorías étnicas, migrantes o de origen extranjero), que, aun siendo agredidas, temen llamar a la Policía, por miedo a que sus parejas sean tratadas en un sistema de justicia que criminaliza a la minorías étnicas/raciales bajo estereotipos de violentos (Richie 2000; Websdale 1999, citado en Sokoloff y Dupont 2005, 43).

Desde la interseccionalidad, se anula la consideración de las mujeres como “víctimas puras” (pure victim), es decir, aquellas a quienes por sus propias condiciones estructurales se les asocia en términos naturalistas y se les considera sujetos proclives a sufrir maltrato por parte de sus parejas (Creek y Dunn 2011). Esa “victimización” deriva muchas veces en el denominado “síndrome de la mujer maltratada”, que tiende a ser asociado tanto a experiencias individuales como a grupos considerados vulnerables por pertenecer a un estrato social bajo, grupo étnico, origen nacional u orientación sexual diferente a la normativizada. Esto supone serios problemas en el reconocimiento de la capacidad de agencia y resistencia de las mujeres, que la interseccionalidad pretende

9 Hay que marcar distancias sobre el “dar voz a los grupos desfavorecidos” desde un amparo de reconocimiento condescendiente “salvador” que algunos feminismos manifiestan a la hora de integrar las reflexiones derivadas del pensamiento crítico poscolonial.

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atajar al considerar que éstas no son “presas”10 de sus diferencias: justamente, estas diferencias pueden ser usadas dentro de una estrategia de empoderamiento para superar los efectos de los estigmas y estereotipos que puede acarrear la violencia (MacDowell 2013). Además, la victimización queda asociada a los modelos tradicionales de feminidad (docilidad, tolerancia, sumisión) que se interpretan fundamentalmente desde el patriarcado, siendo éste uno de los ejes de desigualdad por considerar, pero no necesariamente el único que interviene para que se presente la VMP. Otra de las líneas de investigación que se aborda desde la interseccionalidad centrada en grupos es la experiencia de las mujeres inmigrantes en distintos contextos (generalmente en el Primer Mundo). En estos trabajos se ha puesto en evidencia que muchas de las políticas contra la violencia de género, al estar basadas sobre la premisa de la desigualdad estructural entre mujeres y hombres, proponen como argumento principal la consecución de la “igualdad de género” como factor primordial para combatir la violencia (López y Peterson 2011). Esta concepción puede derivar en problemas de oscurecimiento de las realidades de mujeres migrantes, cuyas condiciones de documentación-ciudadanía, raza, etnia y clase social pueden ser determinantes a la hora de acogerse a sistemas de protección reglados (Mestre 2005). Además, anula la visión de la VMP como un motivo en sí mismo para producir la migración de algunas mujeres que huyen de sus países por el maltrato sexual, racial y, en muchos casos, homófobo (Mestre 2005). De tal forma, la interseccionalidad insta a analizar las experiencias de las mujeres migrantes a través de marcos multidimensionales donde se les reconozca no sólo como “mujeres” sino como sujetos con diferencias condicionantes que, al entrelazarse, pueden expresar condiciones de desigualdad múltiple o, incluso, de privilegio (Morris y Bunjus 2007).

La migración trae aparejado, además, el estigma de las consideraciones culturalistas, desde donde se presupone que las acciones delictivas, anómicas y violentas forman parte de un agregado cultural distinto al occidental.

Determinar que la violencia tiene una prevalencia en los grupos de personas migrantes o extranjeras, además de reproducir estereotipos negativos, conlleva explicaciones simplistas que no consideran la existencia de otras diferencias. Por ello, en los trabajos donde se aplica la perspectiva interseccional se explica que, si bien en algunos casos se pueden observar altas tasas de VMP entre la población inmigrante, éstas no se pueden entender como el resultado de la inscripción cultural sino de su correlación con factores contextuales como

10 Una de las críticas punteras sobre “el síndrome de la mujer maltratada” la elabora Pamela Jenkins (1996), que esgrime que definir de esta manera a las mujeres las subyuga a quedar atrapadas por la violencia y ser rehenes de sus propias percepciones (citado en Creek y Dunn 2011, 313).

las condiciones socioeconómicas, el estatus legal y distintos ejes de desigualdad (Adams y Campbell 2012).

Por otro lado, la VMP puede ser analizada desde la interseccionalidad como un proceso. Desde esta perspectiva se centra la preocupación en las intersecciones que se revelan mediante los procesos estructurales organizados a través del poder en determinados contextos (Choo y Ferree 2010). Tiene especial pertinencia para el análisis de este enfoque la propuesta analítica de Leslie McCall (2005); denominada “matriz de la dominación”, desde donde se elabora una sofisticada explicación sobre la operación del poder a través de las dimensiones intercategoriales e intracategoriales.

En investigaciones como la de Elizabeth MacDowell (2013) se puede ejemplificar la perspectiva interseccional basada en procesos, desde donde se plantea no sólo la importancia de conocer los ejes de desigualdad y las diferencias que tienen las mujeres maltratadas, sino también y en igual medida, identificar las diferencias de los perpetradores. Ello supone reconocer cómo ciertas ventajas estructurales funcionan de manera disímil según el lugar que ocupen los sujetos en una situación de violencia. La autora expone el caso de dos juicios llevados a cabo en Estados Unidos contra hombres que maltrataban a sus respectivas parejas; una de ellas era de origen latinoamericano y la otra tenía origen afroamericano; la primera estaba casada con un hombre mestizo blanco-latino, y la segunda, con uno de su mismo grupo étnico. Pese a que los casos de maltrato compartían características y atenuantes idénticos, las penalizaciones fueron muy distintas, con la singularidad que los testigos de la pareja latina respondían a un ideal prototípico blanco, mientras que la pareja afroamericana sólo contaba con testigos negros. La hipótesis de MacDowell es que la forma en que los agresores desarrollaron su identidad (identity performances) durante el juicio fue determinante para debilitar o atenuar ciertas características que les permitieron “moverse” de sus respectivas denominaciones (blanco, agresivo, sexual, violento; latino, macho, dominante, celoso, agresivo).

En suma, desde el modelo centrado en procesos, las categorías de los individuos estudiados pueden optar en el análisis por elaboraciones metodológicas y ubicaciones más complejas (Choo y Ferree 2010).

Por último, el foco de atención centrado en los sistemas pugna por visibilizar y complejizar los distintos sistemas de dominación y desigualdad (Walby 2009). La concepción de la violencia entre parejas del mismo sexo es también uno de los temas que la interseccionalidad ha venido abordando en la literatura anglosajona. Lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT) entrarían en la denominación que Natalie Sokoloff e Ida Dupont (2005) realizan sobre “grupos devaluados”. Más allá de un etiquetaje estandarizado, estas autoras integran consideraciones estructurales e individuales, puesto que ponen de

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manifiesto —en el caso de las personas LGBT— que las experiencias de violencia vividas por éstas no quedan disociadas de los contextos de homofobia de la sociedad y del sistema heteronormativo.

Dado que se trata de una violencia que transgrede la concepción de los estereotipos generizados (perpetrador hombre-mujer agredida), se torna en una tipología de violencia con muchos desafíos. De ahí que el significado del concepto “riesgo” para sufrir y enfrentar violencia adquiera mayor relevancia. Justamente, sobre esta temática versa el trabajo de Hiebert-Murphy, Ristock y Brownridge (2011), que analiza los factores de riesgo y las experiencias de violencia de las mujeres con orientación sexual diferente a la norma dominante (lesbianas, bisexuales o transexuales). Las autoras exploran cómo pueden manifestarse experiencias únicas de violencia vinculadas a las características de las mujeres que tienen parejas de su mismo sexo. Su estudio considera mujeres de diferentes estratos sociales, grupos étnicos, con distintos niveles de discapacidad y estados de salud, y en algunos casos, usos de drogas y alcohol. Los resultados muestran la complejidad sobre la asunción de riesgo de las personas LGBT y permiten romper las clásicas acepciones sobre “factores determinantes”, pues a través de las entrevistas en profundidad se reconoce el resultado único del entrelazamiento de las desigualdades que estas mujeres experimentan.

Se puede observar, por tanto, desde las premisas interseccionales, que los cuestionamientos sobre la desigualdad en singular y sólo centrados en el dispositivo de género representan una ruta limitada e insuficiente a la hora de abordar las situaciones complejas de personas que integran en sus experiencias cotidianas redes complejas de desigualdad (raza, etnia, opción sexual, ciudadanía, clase social).

Conclusiones Las relaciones entre desigualdad de género y VMP, como muestra la revisión de los diferentes enfoques analíticos, son complejas, dinámicas y multidimensionales. Como ocurre cuando se giran los cilindros de un caleidoscopio, los diversos enfoques y niveles de análisis presentados en este trabajo ofrecen distintas imágenes e interpretaciones de la VMP, al ser examinados desde el foco de las desigualdades de género. Estas diferentes miradas han tendido a centrar su atención en determinados aspectos (individuales, diádicos, estructurales, simbólicos, interseccionales) que permiten identificar los perfiles y características de mujeres maltratadas, así como los de sus agresores, las relaciones de poder que se dan dentro de la pareja y que pueden desembocar en violencia, el impacto

de los cambios estructurales en las relaciones de género, las legitimaciones simbólicas de las relaciones de dominación o las complejas interacciones de las desigualdades sociales con el género. Sin embargo, su carácter parcelado ha derivado en una amalgama de tesis incompletas y restringidas, que ha dejado el terreno abonado para el planteamiento de críticas, a menudo excesivamente simplificadas, respecto a sus limitaciones explicativas, sin tener en cuenta las vetas de reflexión y análisis generadas por estos estudios sobre la influencia de las condiciones sociales en la violencia contra las mujeres.

Por todo ello, desde este trabajo se pone en consideración la necesidad de seguir avanzando hacia nuevos modelos teóricos e interpretativos de la VMP que permitan superar tales limitaciones. De este modo, la interseccionalidad se presenta como un marco de análisis que, debido a su propuesta multinivel, permite ampliar su espectro de análisis entrelazando distintos ejes de diferencia y desigualdad. Su propuesta involucra visiones centradas en grupos, en procesos y en sistemas que facilitan reconocer a través de ella una posibilidad heurística de síntesis teórica y empírica, que permite hacer frente a las diferencias y complejidades de la producción teórica, además de mantener un impulso político (Knapp 2005, 254).

Si bien dentro de las Ciencias Sociales, y en especial en la Sociología, no es nuevo este intento por sintetizar distintos ejes de desigualdad, el marco interseccional empuja, sin embargo, a considerar las desigualdades y las diferencias como características que, dependiendo del contexto y de las experiencias de los sujetos, pueden producir relaciones de dominación y, en igual medida, de privilegio. La aplicabilidad interseccional tanto en las estrategias de investigación como en su materialización dentro de las políticas públicas sería un objetivo deseable, siempre y cuando no se sucumba a una reproducción irreflexiva de la misma.

Es aún una tarea pendiente la articulación de los enfoques microanalíticos y las macroperspectivas de la interseccionalidad (Knapp 2005, 259). Lo idóneo sería continuar articulando la complejidad de las intersecciones sobre las desigualdades, y no sólo enumerar y juntar (add and stir) esas desigualdades, ya que, justamente, de los análisis multinivel que nos propone la interseccionalidad es desde donde se puede avanzar para superar esa “teoría sin datos” y “los datos empíricos inconsistentes” que abundan en la investigación sobre la VMP (Castro y Riquer 2003, 135), pues sólo con un mayor y mejor conocimiento de las relaciones de género y la violencia contra las mujeres podremos contribuir a desnaturalizar las formas de dominación de género y a deslegitimar sus argumentos.

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El caleidoscopio de la violencia contra las mujeres | María Luisa Jiménez Rodrigo · Raquel Guzmán Ordaz

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Paisajes del despojo cotidiano: acaparamiento de tierra y agua en Montes de María, Colombia* Diana Ojeda** – Jennifer Petzl*** – Catalina Quiroga**** – Ana Catalina Rodríguez***** – Juan Guillermo Rojas****** Fecha de recepción: 14 de octubre de 2014 • Fecha de aceptación: 23 de febrero de 2015 • Fecha de modificación: 01 de junio de 2015 DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.08

R E S U M E N | El fenómeno del despojo de tierra y agua, entre otros recursos naturales, ha ganado creciente atención en los últimos años. A pesar de esto, pocos trabajos han abordado el problema del acaparamiento y la concentración de los recursos desde una perspectiva etnográfica que permita ilustrar las distintas formas en las que se da el despojo, así como sus mecanismos y efectos concretos en contextos históricos, geográficos y políticos particulares. Este artículo aporta críticamente a esta literatura. Basado en el caso específico de la región de Montes de María, ubicada en el Caribe colombiano, el artículo muestra cómo las violencias del despojo se producen y mantienen desde dinámicas cotidianas. A partir del análisis de i) las geografías imaginadas de la región, ii) la implementación de proyectos de desarrollo, iii) los procesos de privatización del agua, y iv) la configuración de espacios del miedo, esta investigación ilustra cómo se producen los paisajes del despojo cotidiano en la región. De este modo, busca contribuir a los estudios sobre conflictos socioambientales e irrumpir en la narrativa del posconflicto en la región.

PA L A B R A S C L AV E | Paisajes, despojo, cotidiano, acaparamiento, violencia, Montes de María, Colombia.

Landscapes of Everyday Dispossession: Landgrabbing and Monopolizing of Water Sources in Montes de María, Colombia A B S T R AC T | The phenomena of landgrabbing and monopolizing of water sources have gained increasing attention in recent years. Nevertheless, very few studies have dealt with the problem of the grabbing and concentration of resources from an ethnographic perspective that would make it possible to illustrate the different ways in which dispossession takes place, as well as its concrete mechanisms and effects in particular

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Este artículo es el resultado del trabajo colaborativo de los distintos autores en el marco del proyecto de investigación “Imperativos verdes y subjetividades ambientales campesinas”, financiado por la Pontificia Universidad Javeriana. Queremos agradecer a los pobladores rurales que generosamente participaron y colaboraron en este estudio, sobre todo a aquellos vinculados a la Organización de Poblaciones Desplazadas de los Montes de María (OPD). Esta investigación no habría sido posible sin ellas ni ellos.

También agradecemos por su apoyo a la Corporación de Desarrollo Solidario (CDS) y al Instituto Latinoamericano para una Sociedad y Derecho Alternativos (ILSA). Versiones previas de este artículo fueron discutidas en detalle en el marco del Centro de Estudios en Ecología Política (CEEP) de la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad del Rosario. Los comentarios y sugerencias de sus distintos miembros, así como de los dos lectores anónimos, ayudaron a fortalecer nuestro argumento.

Ph.D. Geografía por la Clark University (Estados Unidos). Profesora de la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia), miembro del grupo de investigación “Estudios Culturales”. Entre sus últimas publicaciones: Decarbonización y despojo: desigualdades socioambientales y las geografías del cambio climático. En Desigualdades socioambientales en América Latina, eds. Barbara Göbel, Manuel Góngora-Mera y Astrid Ulloa. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia – Ibero-Amerikanisches Institut, 2014, 255-290, y Turistas y campesinos: el turismo como vector de cambio de las economías campesinas en la era de la globalización (en coautoría con Jordi Gascón). Madrid: Foro de Turismo Responsable – ACA – Pasos, 2014. Correo electrónico: diana.ojeda@javeriana.edu.co *** Estudiante de Magíster en Estudios Interdisciplinarios de América Latina por la Freie Universität Berlin (Alemania). Correo electrónico: jennifer.petzl@fu-berlin.de **** Estudiante de Magíster en Geografía de la Universidad de los Andes (Colombia). Entre sus últimas publicaciones: Hacia un territorio minero-campesino: propuestas territoriales desde el movimiento socioterritorial en el nordeste de Antioquia, Colombia. En Extractivismo minero en Colombia y América Latina. Serie de Perspectivas Ambientales en las Ciencias Humanas, eds. Göbel Barbara y Ulloa Astrid. Universidad Nacional de Colombia – Ibero-Amerikanisches Institut. Correo electrónico: catalina.qm@gmail.com ***** Estudiante de Magíster en Estudios Culturales por la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia). Entre sus últimas publicaciones: Escuela intercultural de diplomacia indígena: derecho, participación y memoria (en coautoría con Pedro Rojas Oliveros y Ángela Santamaría). Bogotá: Universidad del Rosario, 2012, e Identidades políticas porosas. Estudios sobre las reivindicaciones sociales, nacionales y transnacionales (en coautoría con Ángela Santamaría, Édgar Ricardo Naranjo, Mónica Acosta y Pedro Rojas Oliveros).

Bogotá: Universidad del Rosario, 2012. Correo electrónico: rodriguez.anacatalina@gmail.com ****** Magíster en Estudios Culturales por la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia). Investigador vinculado al Centro de Estudios en Ecología Política (CEEP). Entre sus últimas publicaciones: ¿Por qué viajan las jaibas? (en coautoría con Denise Ganitsky). Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2013. Correo electrónico: walt.supertramp@gmail.com

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TEMAS VARIOS

historical, geographic and political contexts. This article makes a critical contribution to the relevant literature.

Based on the specific case of the area of Montes de María, located in the Caribbean region of Colombia, it shows how the violent forms of dispossession are produced and maintained by everyday dynamics. Through the analysis of i) the imagined geographies of the region, ii) the implementation of development projects, iii) the processes of privatization of water resources, and iv) the configuration of spaces of fear, this study illustrates how the landscapes of everyday dispossession in the region are produced. In this way, it seeks to contribute to the research on socio-environmental conflicts and to break into the narrative of post-conflict in the region.

K E Y W O R D S | Landscapes, dispossession, everyday, landgrabbing, violence, Montes de María, Colombia.

Paisagens do despojamento cotidiano: monopolização da terra e da água em Montes de María, Colômbia R E S U M O | O fenômeno do despojamento de terra e água, entre outros recursos naturais, vem ganhando crescente atenção nos últimos anos. Apesar disso, poucos trabalhos têm abordado o problema da monopolização e da concentração dos recursos de uma perspectiva etnográfica que permita ilustrar as diferentes formas nas quais o despojamento se dá, bem como seus mecanismos e efeitos concretos em contextos históricos, geográficos e políticos particulares. Este artigo contribui criticamente para essa literatura. Baseado no caso específico da região de Montes de María, localizada no Caribe colombiano, este artigo mostra como as violências do despojamento são produzidas e mantidas a partir de dinâmicas cotidianas. Com base na análise de geografias imaginadas da região, da implementação de projetos de desenvolvimento, dos processos de privatização da água e da configuração de espaços do medo, esta pesquisa ilustra como são produzidas as paisagens do despojamento cotidiano na região. Desse modo, pretende-se contribuir para os estudos sobre conflitos socioambientais e irromper na narrativa do pós-conflito na região.

PA L AV R A S - C H AV E | Paisagens, despojamento, cotidiano, monopolização, violência, Montes de María, Colômbia.

Introducción “Después de la desmovilización paramilitar del 2007, pensamos que ya íbamos a poder vivir tranquilos porque no había guerrilla ni paramilitares.

Pero entonces en el 2008 comienzan a llegar todos los empresarios, a entrar y salir carros blindados, y uno comenzó a atemorizarse… Entonces el tipo [el empresario] lo cogía, lo encerraba, le quitaba el acceso al agua, le quitaba el acceso al camino, le cercaba todo alrededor. […] Y así han venido haciendo todavía y lo siguen haciendo”. (Líder campesino, Ovejas, junio de 2013)

La región de Montes de María, ubicada entre los departamentos de Bolívar y Sucre, en el Caribe colombiano, es un caso emblemático de despojo de tierra y agua en Colombia.1 Durante las décadas de 1990 y 2000, la región enfrentó una profunda contrarreforma agraria llevada a cabo por grupos paramilitares, que tenían estrechos vínculos con actores económicos y estamentos políticos de todo nivel (Verdad Abierta 2010). La violencia de las masacres, las desapariciones, los abusos sexuales y el

1 Montes de María incluye quince municipios; siete en el departamento de Bolívar: El Carmen de Bolívar, María La Baja, San Juan Nepomuceno, El Guamo, Zambrano, Córdoba Tetón y San Jacinto, y ocho en el departamento de Sucre: Ovejas, Chalán, Colosó, Morroa, Los Palmitos, San Onofre, San Antonio de Palmito y Toluviejo.

desalojo forzado hicieron posible el despojo de tierras, entre otros recursos. Las cifras oficiales informan sobre sus alcances: 56 masacres entre 1997 y 2004, además de unas 220 muertes de civiles, de los cuales el 80% fueron víctimas del paramilitarismo. Esto, sumado a más de 200.000 casos de desplazamiento forzado, generó el despojo de más de 80.000 hectáreas de tierra entre 1997 y 2007 (De los Ríos, Becerra y Oyaga 2012, 32; Verdad Abierta 2012).2 Más allá del acaparamiento violento de tierras, el despojo en la región se caracterizó por la combinación efectiva de estrategias coercitivas y jurídicas, a través “del rifle y el título” (Grajales 2011). Éstas garantizaron la legalización y titularización de los predios arrebatados violentamente, que fueron integrados con rapidez al mercado de tierras y puestos al servicio de la implementación de millonarios agronegocios a través de proyectos de desarrollo. Sin embargo, como sugiere el testimonio del líder campesino que abre esta sección, la viabilidad misma de estos distintos mecanismos de despojo depende de formas sostenidas y cotidianas —menos visibles, pero no por ello menos violentas— de mantener y actualizar las geografías desiguales del acceso y control de los recursos.

Este artículo busca estudiar los paisajes del despojo desde su producción cotidiana. Examinamos la manera

2 El área cultivada total de la región se calculó en 94.580 hectáreas, para 2010 (Incoder 2012).

rev.estud.soc. No. 54 • octubre-diciembre • Pp. 107-119 • ISSN 0123-885X • eISSN 1900-5180 · DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.08

TEMAS VARIOS

en que ciertas formas de acaparamiento y concentración de los recursos se hallan fuertemente ancladas en prácticas que hacen parte del diario transcurrir de la vida de los pobladores rurales.3 Como mostramos en la primera sección, se trata de mecanismos de despojo que han sido invisibilizados por las narrativas oficiales y que, a pesar de su carácter sistemático y profundamente violento, hacen parte de cómo se entiende generalmente la región. Nuestra apuesta por estudiar los paisajes del despojo desde lo cotidiano está inspirada en la geografía política feminista que insiste en la importancia de las esferas de lo privado y lo ordinario en la espacialización del poder. Es desde las dinámicas del día a día, desde los aspectos usualmente relegados a lo apolítico y a lo banal, que se configuran los espacios de la violencia, el miedo y la exclusión (Hyndman 2007; Ojeda 2013; Pain 2014). A lo largo del texto nos referimos a paisajes del despojo cotidiano con el fin de entender, desde su reproducción en la vida diaria, los procesos de acaparamiento y concentración de los recursos.

Nuestra noción de paisajes parte de la ecología política y de su planteamiento de que los paisajes son proyectos políticos, es decir, procesos inconclusos y saturados de poder que se materializan en ensamblajes concretos de naturaleza y sociedad (Cronon 1996; Raffles 2002; Tsing 2004). Los paisajes del despojo constituyen entonces la evidencia sedimentada de un entramado de procesos históricos de desigualdad, muerte y sufrimiento que se acumulan en el espacio (Moore 2005).

El concepto paisajes del despojo cotidiano nos permite entonces contribuir a la literatura sobre procesos de acaparamiento de tierra. En los últimos años, organismos multilaterales, instituciones estatales, ONG y la academia han dado creciente importancia a los millonarios negocios de compra masiva de tierras, usualmente asociados al desplazamiento y el despojo de pobladores locales (Borras y Franco 2010; Borras et al. 2011 y 2012). Desde el campo de los estudios agrarios en particular, el concepto “acumulación por desposesión” planteado por David Harvey (2005, 112-113) ha resultado de gran utilidad para ilustrar los conflictos implicados en la definición y el uso de los recursos.4 El estudio de los procesos constantes de desposesión como necesarios para la reproducción del capital, se ha traducido en una rica literatura que permite explicar una amplia variedad de conflictos socioambientales

3 Por poblaciones rurales, nos referimos a grupos de campesinos, afrodescendientes e indígenas que habitan la región y quienes se han visto afectados de manera similar por las problemáticas que aquí analizamos. Si bien Montes de María se ha caracterizado como una región campesina, estas poblaciones trabajan en la actualidad por la construcción de una “territorialidad intercultural”.

4 La contribución de Harvey ha sido clave, al menos, en dos sentidos: i) apunta a cómo la acumulación de capital requiere un proceso constante de despojo, y no únicamente un primer momento de acumulación primitiva u originaria; y ii) examina la dimensión espacial de estos procesos.

desde una perspectiva multiescalar. Éste ha sido el caso, por ejemplo, de estudios sobre procesos de privatización y cercamiento (enclosure) de los recursos (Peluso y Lund 2011), sobre mecanismos laborales de despojo (Li 2011) y sobre despojos verdes (Fairhead, Leach y Scoones 2012), entre otros.

Si bien esta literatura no se ha limitado al estudio del funcionamiento del capitalismo y ha hecho importantes aportes al estudio de las relaciones de poder implicadas en la reconfiguración del control de los recursos, ha dejado de lado una perspectiva anclada en el análisis detallado de las complejidades de la realidad local. Éste es el caso de muchas de las contribuciones que se han hecho desde América Latina, donde la producción intelectual sobre dinámicas de despojo se ha enfocado en estudios a escala nacional de los modelos extractivistas (Gras y Hernández 2013; Svampa y Viale 2014), así como en el papel que ha desempeñado el Estado dentro de la reorganización de la propiedad (Gudynas 2012). En Colombia, la extensa producción académica sobre la cuestión agraria y sobre formaciones estatales concretas, se ha traducido en importantes bases para estudiar el acaparamiento y la concentración de los recursos desde un enfoque distinto. Éste es el caso de trabajos que se ocupan de las relaciones entre violencia y legalización (Grajales 2011), del papel que ha cumplido el narcotráfico en estos procesos (Ballvé 2012), de las formaciones raciales y étnicas (Cárdenas 2012), del despojo del agua (VélezTorres 2012) y del despojo en nombre de la conservación (Ojeda 2012). Sin embargo, existe aún la necesidad de entender los procesos de acaparamiento y concentración de los recursos desde una mirada cotidiana que permita entender los matices, pliegues y dinámicas concretos, que a menudo se pierden en muchos estudios del acaparamiento por parte del gran capital.

Buscando aportar desde esta perspectiva, nuestra investigación se basó en métodos etnográficos llevados a cabo bajo los lineamientos de la investigación colaborativa.5 Realizamos nuestro trabajo de la mano de organizaciones de base en la región, compuestas en su mayoría por campesinos y pescadores, algunos de los cuales se identifican como afrodescendientes o indígenas. La mayoría de estas organizaciones está vinculada a la Organización de Poblaciones Desplazadas (OPD), que actúa como organización sombrilla y provee espacios de 5

Nuestro análisis estuvo basado en observación participante, conversaciones informales, entrevistas en profundidad, historias de vida, recorridos etnográficos y cartografía social. El proyecto tuvo una duración de dieciocho meses, desde mayo de 2013 hasta octubre de 2014. El trabajo de campo lo realizamos en seis visitas de una a cuatro semanas de duración, a poblaciones ubicadas en distintos lugares de la región. Si bien la motivación inicial de nuestro trabajo fue analizar la producción y circulación de discursos ambientales en la región y sus articulaciones con procesos de formación de subjetividades campesinas, las preocupaciones de los pobladores de la región nos llevaron a estudiar las dinámicas de acaparamiento de los recursos.

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formación política y apoyo técnico a pobladores locales, a la vez que ha propiciado vías de interlocución con el Estado y con organizaciones de derechos humanos. La OPD opera con financiación de distintas ONG y agencias de cooperación internacional. Trabajamos tanto con mujeres como con hombres de distintas edades, siempre a partir de acuerdos explícitos sobre nuestra posible contribución a la organización, y haciendo un esfuerzo permanente por investigar para, por y con ellos.

En la primera sección de este artículo, nos enfocamos en las producciones de Montes de María como una zona de vocación agrícola, como territorio de violencia y, más recientemente, como laboratorio de políticas estatales de pacificación y desarrollo. Con ello, rastreamos las geografías imaginadas que sustentan el despojo de los pobladores rurales desde las construcciones de la región como un territorio con vocación para grandes monocultivos, pero ocupado por poblaciones incapaces de aprovechar su potencial. La forma en la que se han naturalizado estas geografías imaginadas habla del carácter banal y cotidiano de estos paisajes profundamente excluyentes de despojo. Las siguientes dos secciones estudian el papel que han tenido las iniciativas de desarrollo en la región en los procesos de acaparamiento de la tierra y el agua, respectivamente.

Detallamos los efectos de las plantaciones de palma aceitera en las formas de sustento de los pobladores rurales, mostrando cómo la violencia de los proyectos agroindustriales se imprime en el día a día, afectando actividades y lógicas cotidianas. Más allá de eso, ilustramos cómo los mecanismos de despojo basados en la redefinición de la propiedad se hacen viables y se mantienen a partir de la privatización de espacios y recursos de uso común. Como mostramos para el caso de la implementación de los monocultivos, esta privatización se da a través de la redefinición y disputa de límites y formas de uso desde las prácticas cotidianas, y no únicamente desde los grandes robos de tierra.

La cuarta sección se enfoca en las distintas formas de control territorial ejercidas por empresarios, grandes propietarios y actores armados herederos de bandas paramilitares en la región. A través del análisis de la producción cotidiana de espacios del miedo, mostramos cómo los regímenes de inmovilidad se convierten en un efectivo mecanismo de despojo cotidiano.

Montes de María: entre despensa agrícola y laboratorio de pacificación Grandes plantaciones de caña, tabaco, arroz y, más recientemente, palma aceitera y árboles maderables han configurado históricamente paisajes de explotación, exclusión y despojo en Montes de María. Estos paisajes contrastan dramáticamente con aquellos de autonomía y supervivencia construidos por distintas formas de resistencia en la región. En esta sección ilustramos cómo las geografías imaginadas de Montes de María, como un

lugar propicio para el monocultivo, han fijado la noción de que los recursos de la región deben estar en manos de aquellos que saben explotar su potencial: grandes terratenientes y empresarios. Entendidas como modalidades espaciales para hacer legibles a gentes y naturalezas (Gregory 1995; Said 1994), las geografías imaginadas cumplen un papel fundamental en la construcción de un espacio, tanto simbólica como materialmente.

La cronología agraria marcada por las bonanzas de tabaco, caña y arroz, presente tanto en el relato oficial como en los sentidos comunes sobre Montes de María, ha consolidado históricamente la idea de una región de vocación agrícola y ganadera. Al mismo tiempo, ésta ha sido vista como un lugar de movimientos sociales campesinos. En la segunda mitad del siglo XX surgieron organizaciones que aglomeraban sindicatos de trabajadores de las plantaciones, cooperativas y organizaciones veredales, entre ellos la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) (Fals-Borda 2002; Molano 2011). A pesar de haber nacido como una iniciativa estatal para poder materializar la reforma agraria de finales de los años sesenta, la ANUC terminó siendo un espacio fundamental de lucha campesina. Su objetivo principal fue procurar el acceso a la propiedad de tierra para pobladores rurales, quienes hasta ese momento trabajaban la tierra a través de contratos de arriendo, pago en especie o acuerdos laborales con grandes propietarios (entrevistas personales, junio de 2013).6 Las tomas de tierra provocaron la reacción de grandes propietarios y élites regionales, quienes financiaron ejércitos privados o autodefensas que, en la década de los noventa, pasaron a conformar diversos grupos paramilitares. La presencia de grupos guerrilleros durante los años ochenta en la región se convirtió en la excusa perfecta para la posterior arremetida paramilitar contra comunidades rurales, que fueron criminalizadas como supuestas colaboradoras de los grupos guerrilleros. De este modo, a partir de la mitad de los noventa, primó la imagen de Montes de María como una zona violenta, “corredor y escondite estratégico para guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes” (Semana 2007). El discurso oficial convirtió a los campesinos en potenciales guerrilleros, y a éstos, en el enemigo paradigmático de la paz y el desarrollo, mientras que la violencia de grupos paramilitares era entendida como un mal necesario, como el precio justo que el país debía pagar por la imposición de la ley y el

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Sólo entre 1971 y 1972, la ANUC logró 640 reclamos de tierras (Molano 2011). Luego de ser “invadidas” por campesinos, las tierras eran adjudicadas por parte del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora): “Armábamos todo ahí, sin que se diera cuenta el dueño. […] treinta, cuarenta familias, nos metíamos ahí y empezábamos a hacer las mejoras, a tumbar y a sembrar. Cuando el dueño se daba cuenta, no le quedaba más que negociar con el Incora, que le compraba esas tierras y nos las entregaba como parte de la reforma agraria […]” (líder campesino, María La Baja, julio de 2013).

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orden en el territorio nacional (Ramírez 2010). Esto incluso cuando el incremento dramático de asesinatos en la región coincide con las acciones unilaterales de grupos paramilitares (Cerac 2009, 23).

Constituidas por espacios sin Dios ni Ley, habitadas por potenciales o actuales guerrilleros, las geografías imaginadas de Montes de María soportan la producción de paisajes de despojo. Las narrativas de un enemigo común, que debía ser derrotado por la fuerza, se convirtieron años más tarde en el eje articulador de la política estatal de Seguridad Democrática llevada a cabo durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) (DNP 2007), implementada a partir de los estrechos vínculos entre las Fuerzas Armadas, distintas instancias estatales y las organizaciones paramilitares. Un claro ejemplo de estas geografías son las Zonas de Rehabilitación y Consolidación, definidas como “[...] el área geográfica afectada por acciones de grupos criminales en donde, con el fin de garantizar la estabilidad institucional, [es necesario] restablecer el orden constitucional, la integridad del territorio nacional y la protección de la población civil […]” (Decreto 2002 de 2002, Artículo 11).

La declaración de Montes de María como una de estas zonas implicó su intensiva militarización, lo que trajo la restricción de derechos y libertades fundamentales, detenciones masivas de miembros de las comunidades rurales y persecución de líderes campesinos, indígenas y afrodescendientes en toda la región (ILSA 2014, 9). A pesar de que las Zonas de Consolidación fueron declaradas inconstitucionales un año después, la violencia de su implementación transformó drásticamente las geografías del uso y control de los recursos en la región.

Años más tarde, tras el aparente éxito del Estado en la retoma del territorio nacional y la desmovilización del bloque paramilitar Héroes de los Montes de María en 2005, la región se definió como Laboratorio de Paz (Semana 2007). El Laboratorio marcó el comienzo de la segunda fase de la política de Seguridad Democrática, el Plan de Consolidación Territorial, basado en la presencia militar, el involucramiento de los ámbitos civiles y los proyectos de desarrollo como los elementos fundamentales de la estrategia de control y desarrollo territorial para la región (Podec 2011, 51-59; WOLA 2012). De este modo, el discurso oficial y los medios han presentado la región como un territorio saneado, que, luego del borrón y cuenta nueva de las décadas de cruenta violencia, está listo para grandes proyectos de inversión. Al mismo tiempo, el gobierno le ha atribuido a la agroindustria un papel estratégico en “la implementación y el éxito de las políticas de restitución y reparación” (DNP 2010, 154), convirtiendo a los empresarios en los administradores ideales de recursos fundamentales como la tierra y el agua.

La apuesta por la agroindustria se refleja en la visión de que los campesinos carecen del conocimiento y las herramientas necesarios para poder sostener una economía rentable. Por ejemplo, la entonces directora

del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), Miriam Villegas, se dirigió así a los pobladores que se encontraban presentes en el Foro de Desarrollo Rural y Economía Campesina, realizado en María La Baja en abril de 2011, instándolos a que se convirtieran en campesinos rentables: “[Ustedes] no pueden seguir cultivando solamente lo que se comen... tienen que cultivar algo que puedan vender, que deje excedentes. Hacer todo lo que no pueden hacer cultivando simplemente la yuca, el maíz, lo que se come” (OTEC 2013). La vieja fórmula de desarrollo rural, más allá de haber probado ser desastrosa en múltiples contextos, se sustenta en la visión de que las prácticas agropecuarias a pequeña escala son improductivas e insostenibles, que extiende esta mirada a los campesinos. La representación de los pobladores rurales como poco rentables ha operado en Montes de María como un poderoso mecanismo de descalificación de sus estrategias de sustento, a la vez que ha legitimado el despojo, presentándolo incluso como necesario.

El desarrollo y la pacificación de la región se convirtieron así en la prueba de que el postconflicto había llegado a la región: “Hay regiones del país en las que esta realidad [el posconflicto] se les vino encima. Una de ellas es Montes de María, donde hace por lo menos un lustro la gente está retornando a los pueblos abandonados [...]” (Semana 2013; ver también El Universal 2010, y Gobernación de Bolívar 2013). Lo que usualmente no se menciona es que estos campesinos han retornado por su cuenta, sin ninguna garantía por parte del Estado, y que las amenazas, las extorsiones y los asesinatos selectivos no han cesado. A pesar de la violencia que siguen afrontando pobladores locales, se ha consolidado la geografía imaginada de la región como una especie de terra nullius, dispuesta para la implementación de agronegocios, que tan efectivamente oculta la contrarreforma agraria que se ha venido dando en nombre de la paz (León 2009).7 Esto se evidencia, por ejemplo, en el proceso de mercadeo que intenta posicionar una “marca montemariana” bajo el eslogan “Cosechas de vida” (El Universal 2010), impulsado desde la Fundación Red de Desarrollo y Paz de los Montes de María y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), e incluso en producciones académicas que insisten en que la región “posee un potencial económico por desarrollar como los cultivos agroindustriales y forestales, así como el turístico” (Aguilera 2013, 1).

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Paradójicamente, la narrativa del posconflicto ha permitido a su vez la producción de Montes de María como el laboratorio de restitución de tierras a campesinos despojados por parte del Estado. Sin embargo, la devolución de tierras acaparadas enfrenta muchos obstáculos, entre los que se incluyen las tramoyas burocráticas y las amenazas y los asesinatos constantes de líderes campesinos, así como la figura de “tenedores de buena fe” que protege a propietarios y testaferros que obtuvieron sus tierras de manera aparentemente legal, pero respaldada en las dinámicas violentas del desalojo forzado y el acaparamiento (Bargent 2011; De los Ríos, Becerra y Oyaga 2012; Osorio 2011).

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Al mismo tiempo, la mayoría de municipios de Montes de María se caracteriza por “la concentración y acumulación indebida de las tierras que fueron obligados a abandonar, o de las cuales fueron despojados los campesinos víctimas del desplazamiento forzado, y que actualmente se encuentran a nombre de empresas, sociedades y fiducias” (De los Ríos, Becerra y Oyaga 2012, 49). La historia de la implementación de cultivos forestales en los municipios de Ovejas y El Carmen de Bolívar parece corroborar estas conexiones entre desalojo y despojo. Para el caso de los cultivos de teca, establecidos como depósitos de carbono y proyectos de reforestación en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio por parte de la compañía colombiana Argos, las ventas forzadas de predios y su sucesiva especulación se dieron a través de vínculos con grupos paramilitares (Bargent 2011, 88). Según lo ha señalado el senador Iván Cepeda: “Estos proyectos comerciales de reforestación han permitido a estas compañías disfrazar sus acciones […] Se trata de un negocio que se presenta como limpio, cuando en realidad está ahogado en sangre, la sangre de los campesinos que fueron víctimas de las masacres” (citado en Bargent 2011, 87; ver Ojeda 2014 y Tenthoff 2011). Por su parte, el establecimiento y auge del cultivo de la palma en María La Baja, como detallaremos en la siguiente sección, corroboran también estas formas de despojo sostenidas, que van más allá de las masacres, los desplazamientos y la titulación, y que sedimentan siglos de exclusión y explotación en los paisajes concretos de los proyectos agroindustriales de hoy.

Las promesas rotas del desarrollo Los proyectos de desarrollo rural en Montes de María ilustran un proceso de despojo sostenido. Éstos han servido para la acumulación de capital por parte de conglomerados empresariales vinculados a la economía agroindustrial. Según cifras oficiales, en 2013, el 43% de las tierras cultivables, unas 74.000 hectáreas, se encontraban en manos de inversionistas externos a la región, y la extensión de los monocultivos alcanzaba por lo menos 100.000 hectáreas (OTEC 2013). En esta sección examinamos cómo la implementación de proyectos de desarrollo a partir de las “alianzas productivas” opera desde lo cotidiano, redefiniendo el acceso, uso y control de la tierra, generando la expansión del monocultivo de palma aceitera en la región. Entendidas como arreglos socioespaciales, las alianzas productivas permiten rastrear los procesos de privatización de la tierra y el papel que han desempeñado la empresarización8 y la proletarización de pobladores rurales en el municipio de María La Baja.

8 Se refiere a distintas iniciativas y estrategias desde entidades oficiales y sectores privados de convertir a los campesinos en empresarios del campo, bajo la lógica de que los agronegocios son la única forma rentable de poner a producir la tierra.

La historia de la entrada de la palma en la región está estrechamente ligada a la figura de las alianzas productivas, gestionadas por Carlos Murgas Guerrero, llamado “El Zar de la Palma”, debido a las 44.000 hectáreas que para 2013 tenía sembradas en Cesar, Bolívar y Norte de Santander (La Silla Vacía 2013).9 Hoy en día, Murgas es el dueño de uno de los grupos empresariales más grandes en Colombia, Oleoflores, dedicado a la producción de aceite de palma para la industria alimenticia y biodiesel, y ha logrado controlar la mayor cantidad de tierra cultivada con palma en el país, cerca de 25.000 hectáreas para 2011 (Marín-Burgos 2014, 128).

A principios del año 2000, el distrito de riego de María La Baja, construido a finales de los años sesenta para los cultivos de arroz, se encontraba cercano a la quiebra. Murgas compró alrededor 100 hectáreas, que correspondían al antiguo molino de arroz (actual planta procesadora de aceite de palma), y, luego, siendo ministro de Agricultura, diseñó el programa de alianzas productivas. Implementadas como un modelo ideal de desarrollo rural, las alianzas productivas se convirtieron en una de las estrategias para poner en marcha las “locomotoras del crecimiento” propuestas por el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 del gobierno Santos. En Montes de María, para el caso de la palma aceitera, la figura de las alianzas productivas vincula a los campesinos locales en calidad de “productores”, y a los conglomerados empresariales, como “socios estratégicos”. Los campesinos “productores” se comprometen a sembrar más de diez hectáreas en palma o son subcontratados como trabajadores de los cultivos.

A pesar de los supuestos ingresos para los pobladores locales por la venta del fruto de la palma aceitera y el acceso a un trabajo remunerado (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 2013), éstos ingresan al negocio, pero pronto descubren que la empresa compradora del fruto es la que fija el precio de compra, muchas veces por debajo de los costos de producción.

Los contratos de arrendamiento de tierra se basan en el ciclo de vida del monocultivo y tienen una duración de 20 o 25 años, garantizando así el control de este recurso por parte de las empresas, incluso sin necesidad de asegurar su propiedad. Sin embargo, bajo la condición de que quienes participen deben ser dueños de la tierra, las alianzas han presionado la formalización de la propiedad de la tierra en la región, que ha estado históricamente caracterizada por falsa tradición o ausencia de escrituras. La aprobación de la ley de titulación (Ley 1182 de 2008), aunque se hizo en nombre de la protección de la tierra frente al despojo, ha operado en beneficio de grandes empresarios. En palabras de un líder campesino de la región, “las alianzas productivas sólo sirvieron para que el campesino legalizara su tierra y entonces se 9 Murgas fue ministro de Agricultura, presidente de Fedepalma, representante de Colombia ante la FAO y gerente de la Caja Agraria.

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la diera a precio de huevo al empresario” (Ovejas, julio de 2013). Esto parece reflejarse en la compra de más de 37.000 hectáreas que se dio en la región entre 2007 y 2011 (De los Ríos, Becerra y Oyaga 2012, 47).

En muchos de los casos que pudimos rastrear en campo, la empresarización de los campesinos se traduce en dinámicas de endeudamiento y financiarización del agro. La gran mayoría de quienes han participado en el programa en calidad de productores dicen haber perdido sus tierras, debido a las obligaciones financieras en las que incurren con la empresa tras la adquisición de semillas y agroquímicos (entrevistas personales, febrero de 2014). Como lo narra un líder campesino de la región, “Te decían: ‘Vea, esto se va a poner todavía más grave, usted le debe al banco, usted le debe al Incoder, le van a rematar’. […] [E]llos traían su abogado, traían sus asesores, traían todo… uno así terminaba vendiendo” (Ovejas, junio de 2013).

Las compras y los arrendamientos de tierra por parte de los conglomerados detrás del cultivo de palma reflejan la producción de paisajes del despojo desde la cotidianidad. Por ejemplo, para su establecimiento, las alianzas productivas eran promocionadas entre los pobladores rurales por intermediarios contratados por las empresas. Estos intermediarios organizaban sancochos (la comida local) comunitarios para mostrar catálogos de los monocultivos y promocionar las mejoras que traerían: “[…] nos mostraban un formato con tremenda casa, bien hermosa, bien embaldosada, tremendos carros al lado de la casa. Mejor dicho, mostraban lo más lindo en un catálogo, con tal de que usted sembrara la palma. […] andaba [un tipo] en la moto con su tremendo catálogo, enamorando a todo mundo […]”.

(Arelys, María La Baja, junio de 2013)

Más allá de esto, las dinámicas resultantes de estos procesos de privatización de la tierra irrumpen drásticamente en los arreglos tradicionales de préstamo de mano de obra y uso colectivo de la tierra. Esto adquiere aún más relevancia si se tiene en cuenta que la gran mayoría de pobladores rurales de la región no tiene tierra. Así nos describieron pobladores locales el monocultivo: “La palma no quiere yuca, ni plátano, ni maíz cerca, quiere estar sola […] Y el problema es que ya nadie presta tierra ni para sembrar una mata de yuca […] hoy uno tiene que esperar a que el dueño de la palma le devuelva la tierra. […] [pero] la tierra queda destruida, [después] no se cultiva nada más allá” (Ramiro, María La Baja, junio de 2013).

Las promesas rotas de la rentabilidad van de la mano de aquellas de la generación de empleo. “Diciendo que todo se va a mejorar, nos prometían que van a dar trabajo a uno o dos hijos de cada familia. [...] Pero la palma no genera tanto empleo. En diez hectáreas necesitan un

solo palmicultor. Eso más bien ha dificultado el empleo” (Ever, María La Baja, junio de 2013). Quienes acceden a los pocos trabajos disponibles, en su mayoría hombres jóvenes, se convierten en obreros agroindustriales en labores de siembra, fumigación y recolección.10 El trabajo es descrito como una labor de gran exigencia física y condiciones precarias: no requiere mano de obra durante todo el año, y el salario está por debajo del mínimo legal. La contratación a través de cooperativas de trabajo asociado les permite a las empresas saltarse la legislación laboral (Salinas Abdala 2012, 189-190).

Así, los trabajadores carecen de seguridad social y de dotación básica como botas y otro tipo de protección frente a los productos químicos que manejan, las heridas por el uso del machete y la mordedura de las culebras, que abundan en las plantaciones (María La Baja, febrero y julio de 2014). Además, los trabajadores de la palma tienen largas jornadas, lo cual les dificulta acceder a otras fuentes de ingresos y altera los arreglos dentro de sus hogares y comunidades. Según la esposa de un trabajador: “Anteriormente él apoyaba con tareas en la casa, como cortar la leña y arreglar cositas, pero ahora que él está todo el día en la palma y yo estoy sola. [...]

Siento que me toca trabajar aún más aquí [en la casa]” (Julia, María La Baja, marzo de 2014).

A pesar de los efectos en las formas de sustento de los pobladores rurales, que son vistas por el Estado como poco viables, empresas como Oleoflores han posicionado el monocultivo de palma como “un proyecto productivo, rentable y sostenible” (Oleoflores 2014). Los logros que presenta la empresa en términos de “generar fuentes de empleo lícito a los agricultores y sus familias” y “proteger a los pequeños productores de la pérdida de sus parcelas por presión de la violencia” (Oleoflores 2014) resuenan con el lenguaje de las políticas públicas y los discursos oficiales. Esto hasta el punto de que la rápida expansión del monocultivo de palma ha sido presentada en los medios como “el aceite que resucitó a María La Baja” (Salinas Ortegón 2012).11 Igualmente, las carreteras construidas para el transporte de los insumos y los productos son presentadas como formas de responsabilidad social empresarial, mientras que los desiertos verdes de palma y teca pasan por proyectos de sostenibilidad ambiental (Argos 2014).

Como hemos señalado, las promesas de la palma no son más que promesas rotas para la mayoría de la población rural de Montes de María. Las alianzas productivas guardan estrecha conexión con dinámicas de privatización de la tierra, ocultando el papel de la empresarización y la proletarización de los pobladores rurales 10 No fue fácil acceder a entrevistas con trabajadores de la palma, quienes aparentemente tienen prohibido dar entrevistas a periodistas e investigadores. Nuestra información se deriva de familiares de quienes trabajan en los cultivos o de quienes han sido empleados en ellos en algún momento.

11 Ver la respuesta del CINEP/PPP (2012).

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bajo la retórica del desarrollo. Si bien en un momento inicial las promesas de rentabilidad y acceso a fuentes de empleo lograron llamar la atención de los pobladores de la zona, el panorama años después es desolador.

Rodeados de palma y sin trabajo ni casa, muchos pobladores demandan el acceso a las tierras que un día fueron suyas y que perdieron tras la implementación de las “alianzas productivas”.

Las geografías desiguales del acceso al agua Las formas de limitación del acceso a la tierra y el deterioro de los modos de sustento de las poblaciones locales de Montes de María ilustran las estrategias de despojo cotidiano en la región, ya que éstas afectan directamente las formas como sus pobladores se relacionan entre sí y con el espacio que habitan. Pero la producción de los paisajes del despojo cotidiano en la región va más allá de la definición del acceso a la tierra y de sus usos posibles. La otra parte de la historia de la expansión de la agroindustria, en particular de la palma aceitera, tiene que ver con el despojo del agua a partir de su privatización. El distrito de riego de María La Baja, construido a finales de los años sesenta para irrigar los cultivos de arroz, canaliza el agua de varios arroyos y ríos en tres represas artificiales (Matuya, Playón/ Arroyo Grande y La Suprema) y una serie de canales que distribuyen el agua que irriga actualmente 9.688 hectáreas (Incoder 2013).

En un comienzo, los distritos de riego en Colombia fueron de carácter público. Sin embargo, tras la implementación de diversas medidas de neoliberalización a comienzos de los noventa, éstos fueron cedidos por el Estado a asociaciones de usuarios, organizaciones de carácter privado. En el caso del distrito de riego de María La Baja, cedido en concesión a la Asociación de Usuarios de María La Baja (Usomaría), el cambio en la forma de propiedad y administración del distrito de riego relegó a muchos pobladores locales que no contaban con títulos de propiedad ni con los recursos necesarios para poder hacer parte de la asociación. También quedaron por fuera pequeños productores agropecuarios que simplemente no conocían el proceso y que en el momento de la concesión eran empleados de las grandes plantaciones de arroz, que por ese momento empezaban a entrar en crisis. Incluso, las parcelas productivas, pequeñas extensiones de tierra adquiridas por pobladores locales bajo figuras comunitarias, no fueron (ni son) tenidas en cuenta por las políticas estatales, ya que sin títulos de propiedad individual no pueden ser incluidas para concesiones de agua.

El proceso de privatización de la infraestructura de riego —que en un inicio fue presentado a las poblaciones locales como la única forma de mantener las plantaciones de arroz de las que dependían la mayoría de campesinos de la región, y como un proyecto que

beneficiaría a todos los cultivadores— trajo consigo cambios significativos en las formas de acceso al agua.

La concesión del distrito de riego a Usomaría —gerenciada hasta hace pocos años por el mismo Murgas, y ahora en cabeza de Alfonso Torres, dueño de varias hectáreas de la palma en la zona— ha irrumpido en las vidas de los habitantes de las zonas aledañas a las represas y los canales. En la actualidad, gran parte de las 9.688 hectáreas beneficiadas, aproximadamente 8.500, están cultivadas con palma aceitera (Alfonso Torres, María La Baja, julio de 2014). La estructura, que en el pasado servía tanto a pequeñas como grandes propiedades, ha pasado a ser de uso casi exclusivo de la palma.

El agua en la zona no constituye un bien público, sino un recurso destinado a la producción agroindustrial. Por ejemplo, los productores de leche y queso en la zona no pueden utilizar agua proveniente del distrito. “El agua es para las fincas que tienen agricultura y, en este caso, la agricultura es únicamente la palma […] las pequeñas ganaderías, las cuales dejan el queso, el suero en la zona, no tienen derecho a regar sus pastos porque eso no es cultivo” (Jeffer, María La Baja, julio de 2014).

Los cuerpos de agua del distrito de riego son la fuente de comida, la base de proyectos comunitarios, y uno de los motivos de lucha de distintas poblaciones que dependen de sus canales para vivir. Los canales, además, tienen una importante función recreativa y congregan a pobladores de todas las edades. En palabras de un joven campesino: “[Y] es que la represa es como una columna vertebral, si no sacamos [agua] de ahí, no se da nada ni en los patios, ni mucho menos en las parcelas. [...] Que esté limpia, que sea nuestra, es lo único [que queremos]” (Wilson, María La Baja, julio de 2014). El acceso diferencial y restringido al importante recurso pone en riesgo la supervivencia misma de las cientos de familias que habitan en los bordes de los canales y represas, pero que no tienen acceso a agua potable. A pesar de que las poblaciones de los municipios de María La Baja, Mahates y Arjona se encuentran en las inmediaciones del distrito de riego, éstas no son sus beneficiarias oficiales. Las represas y los canales artificiales son la única fuente de agua para estas poblaciones, a pesar de que sus verdaderos destinatarios son las grandes plantaciones de palma aceitera (entrevistas personales, marzo y julio de 2014).

El despojo del agua para uso doméstico, a pesar de ser una realidad apabullante para gran número de pobladores rurales en la región, se forja a través del día a día. El acceso a este recurso depende en buena medida de dónde logren recoger agua para luego llevarla en “pimpinas” (galones de plástico) hasta sus hogares. El agua es transportada por canales a quienes pagan por ella, mientras que los patios de las familias se proveen de agua por medio de instalaciones artesanales. Sin embargo, la mayoría de los pobladores rurales con quienes trabajamos deben caminar hasta los canales esperando utilizar el agua allí estancada. El nivel de los canales está determinado por las demandas de los cultivos de palma, y no por las necesi-

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dades de los pobladores locales. Tal como lo menciona un habitante de la zona expresando su temor a posibles inundaciones: “El agua es de Murgas; los carreteables esos del canal y las bombas y las compuertas, son de él. Si llueve mucho la represa se llena y eso es un peligro, pero igual si Murgas no dice que la suelten, pues nada, no la sueltan, y aquí nosotros al borde” (Jorge, María La Baja, febrero de 2014).

Si bien este riesgo se reduce en verano, cuando los canales se secan por largos períodos, el acceso al agua se hace más difícil para esta época. En ambos casos, como revela el testimonio de esta líder local, el acceso al agua depende de negociaciones diarias con los cultivos de palma: “En verano [los canales] están secos. Ésos se llenan con agua lluvia, si llueve todos los días, todos los días crecen. Si no llueve, están secos... por eso a la fija es mejor [ir hasta] la piscina. Aunque el pozo nunca se seca... pero lo único es que queda en la mitad de la palma y a la gente no le gusta [que uno entre]. [...] y es que esas aguas hacen daño, o sea, es que ahora con el cultivo de la palma si tomamos agua de ahí, los niños pasan toda la semana con diarrea, antes se tomaba su agua fresca ahí, y esa agua estaba limpia. Ahora para tomar toca es la agua lluvia, cuando no está lloviendo la escasez es grande”. (Luisa, María La Baja, marzo de 2014)

Estas negociaciones ilustran el carácter cotidiano de los paisajes de despojo del agua en la región. Éste es también el caso de pobladores que habitan en las inmediaciones de la planta de tratamiento de María La Baja, quienes para poder tener acceso a agua para beber y cocinar deben pedir a los funcionarios de la planta que “les hagan el favor” de llenarles sus tanques y jarras con el líquido tratado (entrevistas personales, María La Baja, julio de 2014).

A pesar de que los pobladores de los caseríos aledaños al distrito de riego son conscientes de que sus aguas no son aptas para el consumo humano, se ven obligados a utilizarlas para cocinar, bañarse y regar sus parcelas, entre otras actividades. Las fuentes de agua están contaminadas por los fertilizantes y pesticidas que vierten las plantaciones de palma, además de los residuos animales de grandes extensiones ganaderas que llegan a dichas fuentes de agua. En La Suprema, los habitantes sufren recurrentemente enfermedades gastrointestinales y de la piel. Ellos atribuyen estas enfermedades, así como las muertes masivas de peces ocurridas en 2008 y 2010, a los productos químicos de la palma. A pesar de que esta población está ubicada muy cerca de la planta de tratamiento de agua, que hace parte del distrito de riego y desde donde se distribuye el agua tratada al casco urbano de María La Baja, ninguna de las casas cuenta con acueducto ni alcantarillado. Los servicios sanitarios son letrinas y lavaderos que se alimentan de la instalación comunitaria de llaves de captación de agua por gravedad y bombeo.

La responsabilidad de las grandes empresas detrás de los proyectos agroindustriales con respecto al despojo del agua va más allá del caso del distrito de riego de María La Baja. En toda la región de Montes de María hemos conocido casos en que la implementación de los monocultivos se ha traducido en el cercamiento de las fuentes de uso común de este recurso, que, tras la expansión de la palma aceitera y la teca, han quedado dentro de las plantaciones o han sido desecadas y contaminadas. Jagüeyes (ojos de agua) y reservorios que antes eran de uso comunal y eran la fuente principal del líquido han sido apropiados por grandes propietarios. Éste es el caso de comunidades en el municipio de Ovejas, donde represas y jagüeyes que antes eran comunitarios y abastecían a las poblaciones locales, ahora son propiedad privada de las empresas que lideran el cultivo de la teca en la región; como es el caso específico de las tierras de campesinos desplazados que fueron adquiridas por Mario Uribe (pariente del expresidente Álvaro Uribe) y Carlos Murgas, quienes luego vendieron estas tierras y las fuentes de agua que contienen a la Reforestadora del Caribe S. A. (cartografía social, Ovejas, febrero de 2014).

De este modo, la privatización de fuentes de agua y su contaminación, ambas vinculadas al establecimiento de los monocultivos en la región, atentan contra el derecho al agua para el consumo humano, a la vez que afectan negativamente las distintas formas de producción campesina.

Espacios del miedo y regímenes de inmovilidad Como hemos mencionado, el despojo de las poblaciones locales en Montes de María ha sido parte constitutiva de los proyectos de desarrollo implementados en la región. Los imaginarios de tierras de vocación agropecuaria, ahora pacificadas, permitieron la entrada y la rápida expansión de agronegocios que han puesto en riesgo las formas de sustento de pobladores rurales, incluidos campesinos, indígenas y afrocolombianos.

Las plantaciones de palma aceitera, pero también de maderables como la teca y la ganadería extensiva, han producido paisajes de despojo sostenido que se materializan en y a través de lo cotidiano. En esta sección nos enfocamos en cómo los mecanismos de protección del capital —retenes militares, esquemas de vigilancia privada, cercas y alambre de púas— implementados bajo la supuesta pacificación de la región, se han dado a costa de la seguridad de los pobladores locales y constituyen una forma contundente de despojo cotidiano.

A pesar de la nueva imagen de Montes de María como una zona asegurada, los líderes de las organizaciones sociales insisten en la continuidad de la violencia: “[…] los proyectos que están elaborando los están elaborando para mostrar iniciativas de paz en un entorno de posconflicto y lo hemos dicho políticamente:

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TEMAS VARIOS nosotros no estamos en posconflicto porque aún nos siguen asesinando líderes, y siguen amenazando […] y eso no es un escenario de posconflicto [...]”. (Roberto, nuestro énfasis, María La Baja, febrero de 2014)

Varias investigaciones corroboran este panorama de amenazas, asesinatos y difícil acceso a los recursos (Daniels y Múnera 2011; ILSA 2014; Supernotariado 2011), que obedece en buena parte a que el orden paramilitar no ha sido desmontado en la región, y a que grandes propietarios respaldados en mecanismos de seguridad privada ejercen todavía un control directo sobre muchas poblaciones (ILSA 2014, 19). Los espacios del miedo forjados por el dolor y el sufrimiento están todavía vivos, como se evidenció en nuestras conversaciones con grupos de mujeres desplazadas del municipio de María La Baja. Una de ellas señaló: “Aquí hay bastante miedo, porque de repente uno no sabe ni con quién se va a enfrentar. […] por eso hay muchos que mejor han vendido [las tierras], porque les da miedo volver” (Ana, María la Baja, julio de 2013). Otra mujer describe el miedo que tienen los campesinos, y sobre todo las campesinas, de volver a trabajar las tierras de las cuales fueron desplazados: “Las personas ya no pueden trabajar igual a como se trabajaba, porque no tenemos el terreno y tenemos pánico de volver a esas tierras […] Los hombres se arriesgan a ir porque ellos son hombres, pero qué pasa, que ya una mujer no trabaja igual […], no tenemos dónde trabajar. Los hombres van, pero tampoco es igual”. (Nellys, María la Baja, julio de 2013)

Las cercas y los esquemas de vigilancia privada de los monocultivos son parte constitutiva de los paisajes del despojo cotidiano en la región, a la vez que operan como el recuerdo constante de la dura violencia a la que sobrevivieron sus pobladores, y el anuncio constante de que nuevamente podría pasar. Estos paisajes del despojo cotidiano se evidencian bien en dos casos: el encerramiento de poblados y la prohibición de tránsito por caminos veredales, debido a la expansión de los monocultivos. Éste es el caso de Borrachera, en El Carmen de Bolívar, donde los hogares de los habitantes rurales se encuentran encerrados por grandes extensiones de teca. O de los poblados de Cucal, en San Onofre, o de Paso del Medio y Palo Altico, en María La Baja, que se encuentran cercados por las plantaciones de palma. Conversando con un grupo de campesinos en Palo Altico, uno de los hombres describía el “cercamiento” de la palma, mientras dibujaba en el suelo un círculo pequeño dentro de otro círculo más grande: el primer círculo eran los campesinos, mientras que el segundo círculo representaba a la palma. Según él: “Aquí hay más de 25.000 hectáreas de palma, y siguen sembrando más todavía y más… estamos quedando así… los campesinitos aquí en este huequito y todo esto por aquí alrededor palma. Los

monocultivos de palma, acabando con la cadena alimenticia de los campesinos y de todo el mundo”.

(Fernando, María La Baja, julio de 2013)

Muchas de las parcelas de la zona de Cucal ya han sido vendidas a las empresas palmeras, o se encuentran sembradas de palma. Las que aún pertenecen a los campesinos no pueden ser trabajadas en muchos casos porque están encerradas entre cultivos de palma, o debido a que su acceso es muy complicado. Esto se evidenció en un ejercicio de cartografía social que se adelantó con un grupo de pobladores de la zona: muchos identificaron en el mapa las plantaciones de palma alrededor de sus fincas y señalaron los antiguos caminos por los que transitaban para sacar al mercado sus productos, ahora de uso exclusivo para el monocultivo.

Al escenario de encerramiento se le suma la lógica de los caminos “condenados”, esto es, los caminos que antes eran utilizados libremente por los campesinos y que ahora son de uso exclusivo de las empresas, o que han desaparecido dentro de los límites de los monocultivos, generando con esto otra forma cotidiana de despojo.

En uno de los recorridos por San Onofre, uno de los campesinos tuvo que romper con sus propias manos en un par de ocasiones los alambres de púas que cierran el camino, para que pudiéramos pasar. Luego tuvo que unirlos nuevamente “para no generar problemas”, y nos explicó: “Ahora lo condenaron [ese camino], pero tú sabes que a la gente… le toca igual pasar” (José, San Onofre, febrero de 2014). Desafortunadamente, en la mayoría de los casos la solución no es tan sencilla. La “condena” de estos espacios de circulación, así como la necesidad de algunos campesinos de rodear las fincas sembradas de palma para llegar a sus parcelas, muestran de manera contundente cómo los procesos de despojo y acaparamiento adquieren formas menos visibles, pero no por ello menos problemáticas, de delimitar quién usa los recursos y de qué manera.

Como en el caso de Cucal, Cayeco, en el municipio de María La Baja, está plagado de estos espacios del miedo por donde es muy difícil transitar. Antes de los desplazamientos a finales de los noventa, las familias vivían dentro de sus parcelas. Una vez la violencia se instauró en la región, estas familias tuvieron que abandonar sus tierras, y, si bien han querido volver a trabajarlas, los largos desplazamientos para llegar a sus parcelas son insostenibles. Campesinos ahora asentados en San José del Playón recorren hasta tres horas por trayecto para acceder a sus parcelas comunitarias (entrevistas personales, mayo de 2014). Además, las constantes amenazas de grupos paramilitares les recuerdan todo el tiempo que su vida está en riesgo si se trasladan luego de caer el sol. Estos regímenes de inmovilidad se convierten en un obstáculo para que los campesinos puedan mantener sus modos de sustento, a la vez que son un motivo más para ceder a las presiones de los empresarios de vender o arrendar sus tierras.

rev.estud.soc. No. 54 • octubre-diciembre • Pp. 107-119 • ISSN 0123-885X • eISSN 1900-5180 · DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.08

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Los paisajes del despojo cotidiano se evidencian también en la reconfiguración del espacio privado.12 Muchas de las mujeres, que antes trabajaban en las parcelas, ahora están más restringidas al espacio del hogar. La distancia entre sus casas y las parcelas hace que ya no dispongan del tiempo para trabajar fuera de la casa, y que se sientan menos seguras de hacerlo. Esa inmovilidad refuerza las desigualdades de género y limita los espacios productivos de las mujeres. Algunas de ellas ahora cultivan en los patios. Como narra una importante lideresa de la región, desplazada por la violencia paramilitar: “Volví a tener una hortaliza.

Es que no puedo sin mi tradición. Las semillas las regaló una amiga del pueblo, de su hortaliza, y cuando yo tenga mi primera cosecha yo le devuelvo de mis semillas. Tengo nuevamente ají, cebollín, etcétera.

Estoy feliz” (Evelia, María La Baja, abril de 2014). Así mismo, algunos campesinos señalaron que hasta la forma de ir al baño cambió para ellos: “pues uno acostumbrado a ensuciar en el monte, se iba para allá [a la palma] para hacer sus necesidades. […] a los señores [palmicultores] nos les gustó, y mandaron a decir y a amenazar [...] que si ensuciábamos, la pagábamos” (Ever, María La Baja, julio de 2013).

Como hemos mostrado en esta sección, el despojo violento en la región no se reduce a los desplazamientos, masacres y amenazas vividos por la población antes de la supuesta pacificación y consolidación del territorio, hacia la segunda mitad de la década del dos mil. Se trata de una profunda reconfiguración del espacio que, a través de distintos mecanismos —que incluyen la actualización de los espacios del miedo y la instauración de nuevos regímenes de inmovilidad en la zona—, define el control de los recursos desde las prácticas cotidianas de los pobladores de Montes de María.

Conclusiones A lo largo de este artículo analizamos la manera en la que distintas prácticas cotidianas de restricción del uso y el acceso a la tierra y el agua se traducen en formas violentas de producir y mantener paisajes del despojo en Montes de María. La drástica contrarreforma agraria, que fuerzas paramilitares que actuaron en alianza con instancias estatales y poderes económicos lograron implementar durante las décadas de 1990 y 2000, generó geografías profundamente desiguales de extracción, explotación, exclusión y aniquilamiento, que se extienden hasta el día de hoy. Los paisajes de despojo resultantes se caracterizan por el ataque sostenido a las estrategias de sustento y los modos de vida de las poblaciones rurales de campesinos, afros e indígenas que habitan la región.

12 Para una discusión destallada sobre la producción de espacios públicos en relación con espacios privados, ver Wright (2008 y 2009).

Por un lado, señalamos el carácter continuo de estas distintas formas de violencia, que van más allá del desalojo violento y la sucesiva titulación de predios que caracterizaron estas décadas. Para ello, analizamos su sedimentación en paisajes concretos que se han configurado en torno a los desiertos verdes de palma aceitera y teca. Por el otro, enfatizamos el carácter cotidiano de estos paisajes. Esta perspectiva nos permitió ilustrar la manera en que los paisajes del despojo dan forma a la vida diaria de los habitantes de Montes de María, así como mostrar que los distintos mecanismos de control de recursos fundamentales como la tierra y el agua operan justamente a través de las prácticas ordinarias y del día a día. Al analizar las narrativas oficiales de la historia de la región, los procesos de privatización de la tierra y el agua, y la producción de distintos espacios del miedo en la región, hemos querido mostrar que los paisajes del despojo se configuran de maneras perversas desde la experiencia cotidiana de las poblaciones locales, a la vez que le dan forma a ésta.

Hemos insistido en el carácter a la vez simbólico y material de estos paisajes, buscando irrumpir en su naturalización y legitimación a través de los discursos del posconflicto y el desarrollo. Las geografías imaginadas de Montes de María como despensa agrícola de gran potencial para los monocultivos confluyen en formas de despojo violento, masivo y abierto —como en el caso de las acciones paramilitares, que han sido vistas como necesarias para la “retoma” de la región—; pero también en formas de despojo que no se nombran como tales —como en el caso de la concentración de los recursos y de la implementación de proyectos agroindustriales que se han dado a expensas de las estrategias de sustento de los pobladores locales—. Las interminables filas de palma aceitera, los canales y represas de agua envenenada, las parcelas a las que ya casi nadie se atreve a ir, así como los recorridos que deben sortear los monocultivos, los alambres de púas y las amenazas, todos constituyen paisajes del despojo cotidiano extremadamente violentos, si bien no son siempre visibles.

Como lo resume hábilmente uno de los líderes campesinos de la región: “Que haya terratenientes ésos, un terrateniente de esos que tenga 3.000 hectáreas, y que haya un campesino que tiene que estar arrendando un cuarto de hectárea para poder sembrar una mata de yuca para comer, eso es violencia” (Juan de Jesús Pérez, en OTEC 2013).

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Arelys. María La Baja. Junio de 2013.

Ever. María La Baja. Junio de 2013.

Ramiro. María La Baja. Junio de 2013.

Líder campesino. Ovejas. Junio de 2013.

Ana. María La Baja. Julio de 2013.

Fernando. María La Baja. Julio de 2013.

Nellys. María La Baja. Julio de 2013.

Jorge. María La Baja. Febrero de 2014.

Roberto. María La Baja. Febrero de 2014.

José. San Onofre. Febrero de 2014.

Julia. María La Baja. Marzo de 2014.

Luisa. María La Baja. Marzo de 2014.

Evelia. María La Baja. Abril de 2014.

Alfonso Torres. María La Baja. Julio de 2014.

Jeffer. María La Baja. Julio de 2014.

Wilson. María La Baja. Julio de 2014.

Paisajes del despojo cotidiano | Diana Ojeda · Jennifer Petzl · Catalina Quiroga · Ana Catalina Rodríguez · Juan Guillermo Rojas

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La representación del “horror nazi” en la prensa argentina* Malena Chinski** Fecha de recepción: 31 de octubre de 2014 • Fecha de aceptación: 17 de marzo de 2015 • Fecha de modificación: 26 de mayo de 2015 DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.09

R E S U M E N | Este artículo analiza la cobertura periodística argentina de los crímenes nazis durante el período de la liberación de los campos de concentración, cuando las tropas aliadas descubrieron las “atrocidades” allí cometidas. Para ello se construyó un corpus de noticias de los cuatro principales diarios argentinos de la época: los matutinos La Prensa y La Nación, y los vespertinos La Razón y Crítica. El análisis de estos materiales muestra que la prensa construyó un paradigma interpretativo del nazismo como “barbarie” absoluta. Este tipo de cobertura generó confusión sobre el lugar específicamente reservado a los judíos en el sistema de destrucción nazi, a pesar de que la misma prensa había informado sobre el exterminio sistemático de las poblaciones judías de Europa desde 1942.

PA L A B R A S C L AV E | Prensa, atrocidad, civilización, barbarie, holocausto, Argentina.

Representation of the “Nazi Horror” in the Argentine Press A B S T R AC T | This article analyzes Argentine news coverage of Nazi crimes during the period of liberation of prisoners from concentration camps, when Allied troops discovered the “atrocities” that had been committed in them. For this purpose, a corpus was put together of news articles taken from the four main Argentinean newspapers of the period: the morning papers La Prensa and La Nación, and the evening papers La Razón and Crítica. The analysis of these materials shows that the Argentine press consolidated an interpretive paradigm of Nazism as absolute “barbarity.” This type of coverage created confusion regarding the place specifically reserved for Jews in the Nazi system of destruction, despite the fact that the same press had been reporting on the systematic extermination of the Jewish populations in Europe ever since 1942.

K E Y W O R D S | Press, atrocity, civilization, barbarity, holocaust, Argentina.

A representação do “horror nazi” na imprensa argentina R E S U M O | Este artigo analisa a cobertura jornalística argentina dos crimes nazis durante o período da liberação dos campos de concentração, quando as tropas aliadas descobriram as “atrocidades” lá cometidas. Para isso, construiu-se um corpus de notícia dos quatro principais jornais argentinos da época: os matutinos La Prensa e La Nación, e os vespertinos La Razón e Crítica. A análise desses materiais mostra que a imprensa construiu um paradigma interpretativo do nazismo como “barbárie” absoluta. Esse tipo de cobertura gerou confusão sobre o lugar especificamente reservado aos judeus no sistema de destruição nazi, apesar de que a mesma imprensa tinha informado sobre o extermínio sistemático das populações judias da Europa desde 1942.

PA L AV R A S - C H AV E | Imprensa, atrocidade, civilização, barbárie, holocausto, Argentina.

*

La investigación se enmarca en el proyecto de tesis doctoral de la autora, el cual contó con la financiación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Argentina. Agradezco especialmente las lecturas y los comentarios de Daniel Lvovich y Elizabeth Jelin.

**

Estudiante de Doctorado de Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de General Sarmiento (Argentina) y el Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES). Profesora de Filosofía en la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Miembro del Núcleo de Estudios Judíos del IDES. Entre sus últimas publicaciones se encuentran: La carta familiar: información, sentimientos y vínculos mantenidos en el tiempo y en el espacio (en coautoría con Elizabeth Jelin). Políticas de la Memoria. Anuario de Investigación del CeDInCI 15(2014/2015): 47-52 e Ilustrar la memoria: las imágenes de tapa de la colección Dos poylishe yidntum (El judaísmo polaco), Buenos Aires, 1946-1966. Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe 23/1 (2012): 11-13. Correo electrónico: malechinski@gmail.com

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Introducción El presente artículo analiza las reacciones de la prensa argentina ante la difusión internacional de las “atrocidades nazis”1 durante el período de liberación de los campos de concentración. ¿Cómo se articuló la información difundida hasta ese momento sobre las persecuciones y el exterminio de los judíos europeos con la cobertura de la liberación y la victoria aliada? Esta pregunta incluye la sospecha de que existe un nudo problemático en esta articulación.

Las investigaciones sobre la prensa mundial ante el Holocausto habitualmente se preguntan por qué los diarios no informaron más y por qué no dieron mayor visibilidad a las noticias (Shapiro 2003). Este tipo de preguntas encubre un reproche y atribuye a los hechos actualmente conocidos como “el Holocausto” una relevancia histórica que todavía no había sido construida. Además, resulta difícil establecer un criterio objetivo para medir si un hecho se informó mucho o poco: ¿en qué página consideraríamos que una información es lo suficientemente visible y a partir de qué página juzgaríamos que ésta fue “enterrada” por el diario?2 En lugar de enfocar la dimensión cuantitativa de las noticias o la posición de las mismas dentro del diario, intentaré analizar cómo fue presentada la información sobre los crímenes nazis y dentro de qué marcos interpretativos fue comprendida por la prensa argentina. Si bien ésta informó sobre las persecuciones, las deportaciones y el asesinato de los judíos en Europa a lo largo del período 1933-1945, la cobertura de la liberación de los campos de concentración, paulatinamente dio lugar a una disociación entre las “atrocidades nazis” y el exterminio de los judíos sobre el que se había informado antes. Hacia el final de la guerra, los diarios dejaron al lector argentino un legado de confusión y desconocimiento, ya que pasaron a hablar de un “horror nazi” abstracto. La cobertura de la victoria aliada contribuyó a la consolidación de un paradigma dicotómico en el que el nazismo era la “barbarie” absoluta de la que el mundo se había salvado, y la identidad de sus víctimas pasó a segundo plano.

Las fuentes de esta investigación son los cuatro principales diarios argentinos de la época: los matutinos La Prensa y La Nación, y los vespertinos La Razón y Crítica.

Todos ellos eran en esos años medios informativos de carácter general, sin afiliaciones partidarias expresas.

Los tradicionales La Prensa (fundado en 1869) y La

1 Utilizo las comillas para indicar algunas expresiones características de la época, y en particular de la cobertura mediática que conforma el objeto de estudio.

2 Esta expresión aparece en el título de un estudio sobre el diario, The New York Times (Leff 2005).

Nación (fundado en 1870), si bien surgieron como prensa política, se habían transformado a comienzos de siglo en los diarios masivos de mayor tiraje del país (Saítta 2013, 30-38).3 La Razón fue desde su fundación (1905) un diario comercial, el cual priorizaba las noticias por sobre la opinión, y acompañaba las noticias con grandes titulares e ilustraciones (Saítta 2013, 30-38). Por último, Crítica (fundado en 1913) se distinguía por su estilo sensacionalista a través de títulos llamativos, notas ilustradas centradas en conflictos, dramas y crímenes, y el despliegue de campañas políticas y sociales (Saítta 2013, 38-50).

La investigación toma como antecedentes otros trabajos sobre la prensa argentina acerca del nazismo, añadiendo nuevas fuentes de archivo. El período de la liberación y los marcos interpretativos de la prensa no han sido abordados hasta ahora y conforman la principal contribución del artículo. Su tratamiento es fundamental para comprender de manera global el fenómeno de la cobertura periodística argentina del nazismo y el Holocausto.4

Antecedentes: la prensa argentina ante el nazismo y la persecución de los judíos en Europa, 1933-1941 La oposición de los principales diarios argentinos al nazismo no fue automática. Los matutinos La Nación y La Prensa presentaron el ascenso de Hitler con cierta cautela. Si bien deseaban que la función pública ejerciera efectos moderadores en el líder, expresaban al mismo tiempo admiración por su carisma y se mostraron optimistas por la base popular del hitlerismo; a diferencia del vespertino Crítica, que adoptó desde el principio una postura de abierta oposición, descreyó de la versión oficial sobre el incendio del Parlamento alemán, perpetrado en febrero de 1933, y negó la idea del sustento popular del Reich (Romero 1998, s. p.). Por su parte, el vespertino La Razón admiraba abiertamente a Hitler y fue el último en cambiar de posición (Efron y Brenman 2007, 219-220).5

3 La Guía Periodística Argentina de 1913 señala que La Prensa tiraba entonces 160.000 ejemplares diarios, y La Nación, aproximadamente 100.000 (Saítta 2013, 33). Es probable que esta cifra hubiese crecido significativamente en la década de 1930 pero los datos del tiraje no se encuentran disponibles.

4 Los materiales de prensa consultados pertenecen en su mayoría al archivo digital de Proyecto Testimonio II, radicado en el Centro de Estudios Legales y Sociales de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). Las notas están fechadas pero el número de página no fue registrado por el equipo que realizó el relevamiento; por lo tanto, éste no figurará tampoco en las referencias a pie de página.

5 Desde luego, también hubo medios periodísticos que permanecieron alineados al nazismo durante todo el período. Para el análisis pormenorizado de uno de estos diarios, véase Bisso (2007b).

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Las posturas de los principales diarios argentinos se definieron claramente a partir del estallido de la guerra, la cual operó como divisora de aguas en la percepción del nazismo por parte de la sociedad argentina en general. El año 1939 fue un punto de inflexión en la polarización fascismo/antifascismo, y los diarios pasaron a considerar la guerra “como un mal necesario”, y “como la materialización del enfrentamiento de los bloques antagónicos de las democracias liberales y de los gobiernos autoritarios, de la civilización y de la barbarie” (Romero y Tato 2002, 169).6 Precisamente, el paradigma de civilización y barbarie atraviesa la historia de las ideas en Argentina desde el siglo XIX y se reactivó en la cobertura mediática del nazismo, lo cual tuvo consecuencias en la representación general del Holocausto forjada por los diarios hacia el final de la guerra. ¿Qué informaron los diarios acerca de las medidas antijudías? A través de los cables noticiosos de agencias internacionales como Reuters, Associated Press y United Press, los lectores de la prensa argentina pudieron enterarse casi diariamente y en detalle de las persecuciones a profesionales, funcionarios, intelectuales y comerciantes judíos —que acontecían en Alemania desde 1933—, del proceso de exclusión legal, expropiación y creciente violencia sistemática contra los judíos (Efron y Brenman 2007).

Las leyes raciales de 1935 suscitaron comentarios escuetos por parte de los diarios argentinos: mientras que La Prensa, La Nación y Crítica expresaron condenas, La Razón había empezado a oscilar hacia una posición germanófila (Romero 1998, s. p.). Las reacciones fueron más enfáticas tras la Noche de los Cristales Rotos, en noviembre de 1938, a través de “páginas enteras con crónicas compungidas, fotografías alarmantes que revelaban la dimensión de la violencia suscitada” (Efron y Brenman 2007, 207).

denuncia, los diarios también informaron a través de cables las deportaciones de los judíos europeos al este y la confinación en guetos.

La prensa argentina ante la “Solución Final”, 1942-1945 Ya en febrero de 1942 La Nación informó sobre “el exterminio de los israelitas por los alemanes”; en este contexto, el término “exterminio” tenía el sentido inequívoco de aniquilación física. Citando al ministro de Relaciones Exteriores británico, el diario informó sobre que “de todos los países ocupados, son transportados los judíos en espantosas condiciones de horror y brutalidad hacia la Europa oriental y Polonia que han sido convertidas en el matadero principal”.8 Esta nota data incluso de cuatro meses antes de la llegada de la primera noticia oficial sobre el proyecto nazi de exterminar a toda la población judía de Polonia.

Las noticias oficiales provinieron de una declaración del gobierno polaco en el exilio, en junio de 1942.9 Ese mismo mes La Prensa informó sobre la matanza de judíos con “camiones equipados con cámaras de gases tóxicos”.10 Tras las primeras deportaciones del gueto de Varsovia, Crítica y La Prensa anticiparon que los alemanes tenían el propósito de exterminar a sus habitantes.11 A estas notas las sucedieron muchas otras hasta el final de la guerra, sobre todo en Crítica y La Prensa, a través de las cuales los lectores pudieron enterarse del destino de los judíos de Europa, así como del de otras poblaciones civiles masacradas en los países ocupados.

Según la historiadora Deborah Lipstadt, el principal obstáculo en la transmisión de las noticias sobre los crímenes nazis durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, para el caso de la prensa estadounidense, fue el cisma entre información y credulidad

Por lo general, las condenas al nazismo que se hicieron oír en el país por parte de los diarios y de otros actores sociales respondían a una agenda interna, y sólo ocasionalmente a actitudes de solidaridad hacia los judíos (Romero 1998, s. p.).7 Pero aun sin intenciones de

6 El alineamiento antifascista de los diarios no implicó el abandono de una posición neutralista, a excepción de Crítica, que desplegaba una campaña ferviente en pro de los Aliados. La política de neutralidad fue mantenida a lo largo de todo el período de la guerra, a pesar de los sucesivos cambios de gobierno que lo caracterizaron, y obtuvo el apoyo de la mayoría de los sectores de la sociedad argentina, tanto pro-Eje como aliadófilos. Sobre Argentina y el neutralismo, véanse Rapoport (1995), Romero y Tato (2002), Senkman (1995).

7

El polimorfo movimiento antifascista argentino se posicionó ante el conflicto mundial como un medio de movilización política ante sucesos locales (Bisso 2007a, 23). Este frente se

consolidó tras la revolución militar del 4 de junio de 1943, que pasó a encarnar al enemigo fascista. La denuncia de las persecuciones y el exterminio de los judíos de Europa nunca estuvo en el centro de la prédica antifascista.

8 “El exterminio de los israelitas por los alemanes”. La Nación. 18 de febrero de 1942, citado en Efron y Brenman (2007, 208-209).

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Polonia llama la atención sobre el terrorismo nazi. La Nación.

10 de junio de 1942, 3, citado en Lvovich (2003, 348). Véase también: “Sobre la ejecución de polacos por los nazis habló el General Sikorski”. La Prensa. 10 de junio de 1942.

10 Hubo matanza de miles de elementos israelitas en Polonia.

La Prensa. 25 de junio de 1942.

11 Himmler se propone exterminar a los 600.000 judíos de Varsovia. Crítica. 28 de julio de 1942, citado en Efron y Brenman (2007, 209); Los nazis en Polonia procuran exterminar a los hebreos de Varsovia. La Prensa. 29 de julio de 1942.

rev.estud.soc. No. 54 • octubre-diciembre • Pp. 120-133 • ISSN 0123-885X • eISSN 1900-5180 · DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.09

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(Lipstadt 1986, 9).12 Esta conceptualización no podría aplicarse linealmente al caso de la cobertura argentina.

En efecto, el material consultado no sugiere un tono de duda o incredulidad, más que en sutiles pasajes; en realidad, los diarios argentinos simplemente no emitían opinión o comentario ninguno sobre esta información.

Precisamente, uno de los aspectos característicos de la cobertura argentina fue la ausencia de editoriales acerca de la “Solución Final”. Dado que los editoriales son la expresión oficial de una publicación (Sidicaro 1993, 9), es importante analizar qué tipo de editoriales acompañaban a estas noticias. Si bien no aparecen opiniones ni protestas sobre los crímenes cometidos contra los judíos específicamente, los diarios expresaron la fe en el triunfo del bien sobre el mal, de “la civilización” sobre “la barbarie”, como si se tratara de principios o fuerzas abstractos en conflicto.13 Por ejemplo, en una nota editorial de fines de 1943 afirmaba La Nación: Visiones apocalípticas se apoderan de las imaginaciones, y surge la pregunta sobre si los acontecimientos que se suceden desde septiembre de 1939 no son los indicios reveladores del fin de la civilización. […] Pero es necesario rendirse a la evidencia y reconocer que, a pesar del carácter horrendo de la contienda en que se debate ahora el mundo, no es permitido subestimar las consecuencias de otras ni tampoco creer en la muerte de la civilización, aun cuando ésta declinaría notablemente si triunfasen las fuerzas del mal.14

El nazismo aparece en esta lectura como un hiato, una interrupción en el proceso civilizatorio general de la humanidad, en afinidad con una interpretación eliasana (Elias 2010, 307-398).

12 Lipstadt argumenta que el legado de la Primera Guerra Mundial contribuyó a esta incredulidad, dado que los reportes sobre supuestas atrocidades cometidas por los alemanes en Bélgica se habían revelado como propaganda gubernamental. Otras barreras a la credulidad fueron la presentación confusa de la información por parte de la prensa y la desconfianza que esta misma expresaba ante sus fuentes, a las que calificaba como parciales. A esto se sumaba, según la autora, la naturaleza misma de la información transmitida, ya que era un hecho sin precedentes el asesinato de un pueblo entero en cámaras de gas, así como el número de víctimas (Lipstadt 1986, 142). Sin embargo, este último punto es discutible, dado que tres décadas antes la prensa occidental había difundido el genocidio armenio.

13 En contraste, algunos políticos aislados declararon su repudio al exterminio de los judíos europeos (véase Mundo Israelita. 5 de diciembre de 1942, 2). Además, la Organización Popular contra el Antisemitismo compiló en 1942 numerosas expresiones de denuncia del exterminio por parte de personalidades de la política argentina (véase La voz argentina contra la barbarie 1942, 12-43).

14 Civilización y libertad. La Nación. 2 de diciembre de 1943.

La prensa argentina ante las “atrocidades nazis”, 1944-1945 La liberación de los campos de concentración comenzó a mediados de 1944 y abarcó un período de once meses, divisible en dos etapas. La primera comprendió la liberación de los campos del Frente Oriental, a cargo del Ejército Rojo, desde la entrada de tropas a Majdanek o KL Lublin (23 de julio de 1944) hasta el ingreso a Auschwitz (27 de enero de 1945). La segunda etapa comprendió la liberación de los campos del Frente Occidental, a cargo de los ejércitos británico y norteamericano alternativamente, desde la liberación de Buchenwald (11 de abril de 1945) hasta la de Mauthausen, que coincidió con la victoria aliada (8 de mayo de 1945).15 Si bien Himmler ya había ordenado el fin del exterminio de los judíos en noviembre de 1944, las matanzas continuaron, y los prisioneros seguían muriendo a causa de las espantosas condiciones reinantes en los campos; en este sentido, la liberación detuvo el proceso (Bridgman 1990, 107-108). Pero no fue la liberación en sí sino la victoria aliada lo que salvó a aproximadamente un millón de judíos en situación de riesgo en Europa (sin incluir al remanente judío de la Unión Soviética). La victoria habilitó al mismo tiempo la salida de miles de judíos que habían sobrevivido en escondites, o bien en el “lado ario”.

Se estima que había alrededor de 660.000 prisioneros en total en los campos nazis al final de la guerra, de los cuales sólo el 10% eran judíos (Malcolm Proudfoot, en Bridgman 1990, 57, nota 4).16 Es decir que los judíos eran una minoría dentro de la población liberada en los campos. Los millones de judíos que cayeron en poder de los nazis entre 1941 y 1944 habían sido directamente asesinados.

Las dos etapas mencionadas del proceso de liberación se distinguen, a su vez, por la cobertura mediática internacional que recibieron. Mientras que la liberación en el Frente Oriental pasó en gran medida desapercibida a nivel mundial, la liberación de los campos de concentración en el Frente Occidental, en abril y mayo de 1945, dio lugar a una masiva cobertura mediática en Gran Bretaña y Estados Unidos (Lipstadt 1986; Zelizer 1998), países que exportaron las noticias al resto del mundo.

Si bien en esos países ya existía un conocimiento sobre el alcance criminal del nazismo antes del ingreso de las 15 La historiografía cuestiona el término “liberación” porque éste parecería sugerir una situación de alegría, poco acorde a un contexto extremadamente dramático. Sin embargo, la noción de liberación es válida, por cuanto marca un momento de transformación en la comprensión de las “atrocidades nazis”. Los restos hallados en los campos permitieron probar los crímenes allí cometidos, que quedaron a partir de entonces asociados a sitios concretos (Zelizer 1998, 252, nota 24).

16 Sin embargo, hay que tener en cuenta que la alta tasa de mortalidad durante la posliberación provocó una reducción considerable de la cantidad de sobrevivientes de los campos.

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tropas aliadas a los campos, la instancia de confrontación visual con las consecuencias del sistema de concentración operó como confirmación de aquello que hasta ese momento no contaba con suficiente credibilidad pública. Militares, políticos, editores y funcionarios participaron en visitas organizadas a los campos.

Ciudadanos alemanes de los alrededores fueron forzados a asistir para observar las “atrocidades” y enterrar los cadáveres (Zelizer 1998, 64-65).

Uno de los rasgos más salientes de la cobertura mediática de la liberación en el Frente Occidental fue el ascenso de la fotografía a primer plano como instrumento periodístico. En un período de sólo tres semanas, los públicos británico y estadounidense estuvieron expuestos a un despliegue visual continuo e inesperado de “atrocidades” (Zelizer 1998, 92). Sin embargo, ni los periodistas ni los fotógrafos contaban con marcos conceptuales adecuados para comunicar las escenas de las que fueron testigos, por lo cual en un principio reinaba la confusión ante estos hallazgos.

Señala Zelizer que muchos de los errores de interpretación del sistema nazi, que persistieron en el tiempo, tales como la indistinción entre campos de concentración y campos de exterminio, o la indiferenciación identitaria de las víctimas y los sobrevivientes, se originaron en esta instancia caótica inicial de la liberación (Zelizer 1998, 80). Era esperable que la confusión se expandiera a otros lugares del mundo adonde se transmitieron los cables noticiosos y las fotografías. ¿Cómo se tradujeron específicamente estos procesos históricos y mediáticos en la prensa argentina? Esta cobertura debe ser analizada en el entramado de circulación internacional de noticias; por lo tanto, Estados Unidos y Gran Bretaña operan como puntos de referencia y comparación para estudiar el caso de la prensa argentina. Precisamente, los diarios argentinos construyeron la cobertura de estos hechos a partir de la selección y presentación de cables provenientes de agencias internacionales, así como de notas traducidas de diarios británicos y estadounidenses.

La primera noticia sobre la liberación de los campos llegó al país en la primera quincena de agosto de 1944, aproximadamente tres semanas después de la liberación de Majdanek. La Nación reprodujo una información transmitida por el corresponsal de una radio rusa, quien describía detalladamente los hornos crematorios hallados y su funcionamiento.17 A su vez, La Prensa reprodujo un cable de la agencia United Press, que permite apreciar el carácter múltiplemente mediado de la información que llegaba al público

lector en Argentina: “Los corresponsales anglonorteamericanos visitaron el gigantesco crematorio donde testigos alemanes declararon que en un solo día, el 3 de noviembre de 1943, fueron asesinados por lo menos 18.000 hebreos polacos y rusos”.18 Si reconstruimos el circuito de la información, vemos que ésta pasó de “testigos alemanes”, cuya identidad no se precisa, a corresponsales extranjeros; luego fue transmitida por un cable de United Press a la filial local de la agencia en Argentina, la cual remitió el cable en español a La Prensa, y el diario lo redactó a los fines de la publicación.

Esta larga cadena de mediaciones es una especificidad de la cobertura mediática argentina, y probablemente produjo en los lectores un efecto de distanciamiento respecto de los hechos.19 La liberación de Auschwitz —un nombre ya conocido para el público lector en 1945— pasó totalmente desapercibida en la prensa argentina, en consonancia con la casi nula repercusión que tuvo en la prensa de los países aliados (Zelizer 1998, 50-51). A comienzos de abril La Prensa publicó una nota sobre dos sobrevivientes que habían escapado del “campo de aniquilamiento de Auschwitz”, sin que los lectores hubiesen sido informados antes acerca de la liberación de este campo.20 Un mes más tarde el mismo diario reprodujo un cable proveniente de Londres en el cual Auschwitz aparecía confundido con Terezin.21 Estos ejemplos muestran un fenómeno que se reitera: los diarios no siempre tuvieron en cuenta, en el criterio de selección de los cables, qué información ya habían hecho circular anteriormente, ni corroboraron la coherencia interna de los distintos informes.

A grandes rasgos, la cobertura argentina del período de la liberación se caracteriza por la fragmentación, la ausencia de una sucesión ordenada de hechos, las contradicciones y las vaguedades.

La liberación de los campos en el Frente Occidental tuvo una repercusión cuantitativamente mayor, en consonancia con lo que sucedió en el plano internacional. Tanto La Nación como La Prensa, La Razón y Crítica, le dedicaron casi a diario un espacio entre las

18 Detalles sobre la matanza, en Lublín, de 1.500.000 hombres, mujeres y niños. La Prensa. 31 de agosto de 1944. La información corresponde a la masacre del 3 de noviembre de 1943 (véase Lublin/Majdanek: Chronology s. f.).

19 Sólo excepcionalmente, corresponsales de diarios argentinos visitaron los campos liberados. Véase: Kenneth Everill. El campo de Buchenwald fue escenario de crímenes horrorosos. La Nación. 28 de abril de 1945; Alberto Cellario.

Monstruosa organización de aniquilamiento era el campo de concentración en Dachau. La Prensa. 24 de junio de 1945.

20 Dramático relato de dos mujeres que huyeron del campamento de Auschwitz. La Prensa. 4 de abril de 1945, 6.

17 El campo de concentración de Lublin. La Nación. 12 de agosto de 1944, citado en Efron y Brenman (2007, 211).

21 A 2.000 hebreos por mes asesinaban los nazis en una prisión.

La Prensa. 4 de mayo de 1945, 9.

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noticias referentes a las últimas etapas de la guerra, en abril y mayo.22 Los diarios argentinos incurrieron en el mismo error que la prensa de otros países, al calificar los campos de concentración del Frente Occidental como “los peores”.

Los detalles sobre Treblinka, Belzec y Sobibor, destinados al programa global de aniquilación de los judíos europeos, no eran todavía conocidos, y la información sobre Auschwitz era parcial y confusa. Así era un típico informe testimonial, elaborado por un corresponsal británico y reproducido en La Prensa: He podido presenciar muchas escenas horripilantes durante estos años de guerra, pero nunca he presenciado el horror de este infierno de Belsen, ni nunca veré nada que se le parezca.

Es necesario verlo para poder creerlo. Y la mejor forma en que puedo resumir todo lo que he visto es diciendo que todos los horrores imaginarios que se han escrito no pueden compararse con el indescriptible horror de esta enorme casa de tortura y de muerte.23

Evidentemente, al periodista le faltaron las palabras para expresar lo que veía. Es notoria la repetición de la palabra “horror” y derivados de la misma, cuatro veces, en pocas líneas. Términos tales como “horripilante”, “macabro” o “infierno” eran frecuentes en la caracterización de los hallazgos y en los títulos de la mayoría de las notas consultadas. La apertura de los campos enfrentó a los corresponsales de los países aliados a un dilema de orden práctico: ¿cómo transmitir de la manera más adecuada posible a los lectores las escenas de las que fueron testigos?

Un recurso habitual, que también se tradujo en la cobertura de los diarios argentinos, fue la descripción literal de “atrocidades” y de los detalles sobre métodos de tortura y muerte empleados en los campos. Por ejemplo, sobre el campo de concentración austríaco de Mauthausen informó La Nación que “jaurías de perros amaestrados destrozaron las carnes de seres humanos hasta hacerlos pedazos”.24 En una nota “especial para La Nación” el reportero Kenneth Everill describía lo que vio en Buchenwald: “Todos los cadáveres son de una flacura terrible, huecas las órbitas, con las costillas pujando por salirse de la piel, los muslos no más gruesos que una muñeca, y los estómagos solo un hueco en el cuerpo”.25

De la misma manera, La Prensa reprodujo una nota que informaba que en Buchenwald “un comandante ordenó a dos doctores desollar los cadáveres de los prisioneros ahorcados o fusilados. La piel de las víctimas era luego curtida y empleada en la encuadernación de ejemplares del ‘Mein Kampf’”.26 Se trataba de un testimonio apócrifo, ya que este tipo de objetos nunca se encontró.27 La Razón llamó a Belsen “el agujero negro”28, y La Prensa reprodujo el siguiente informe: Lo que ha visto el corresponsal solo puede creerlo por haberlo visto. Una estricta comprobación militar ha confirmado los hechos siguientes: un cerdo fue muerto y comido crudo; el castigo impuesto a un hombre por arrancar el corazón de un compañero muerto fue permanecer de rodillas un día entero con la oreja de un ser humano entre los dientes: vivos y muertos fueron atados juntos y quemados en una estaca, mientras las mujeres de las formaciones de S.S. gritaban y bailaban en histérico frenesí.29

Si bien también aparecieron representaciones más “antisépticas” de los campos, los hallazgos de la liberación consolidaron una mirada sobre el nazismo como “barbarie” salvaje, y los relatos literales de los crímenes eran congruentes con esa mirada. Señala Douglas que en el proceso de Núremberg los artefactos hallados en los campos, tales como una cabeza reducida o fragmentos de piel disecada, materializaron una representación de las “atrocidades” como el producto de crímenes atávicos, hechos que habrían sido cometidos en una situación de salvajismo orgiástico (Douglas 2001, 278). Este señalamiento es aplicable a las representaciones del “horror nazi” en los diarios argentinos.

La difusión mediática internacional de imágenes de “atrocidad” fue crucial en el proceso de construcción de una concepción simplista del nazismo. La fotografía se convirtió en la principal vía para persuadir al público de los países aliados sobre la veracidad de los crímenes nazis, cumpliendo el mandato del general Eisenhower, “que el mundo vea” (Zelizer 1998, 94). Pero aquello que 26 Una misión británica inspeccionará los “campos de atrocidades” nazis. La Prensa. 21 de abril de 1945.

23 Un corresponsal narra los horrores de su visita a Belsen. La Prensa. 22 de abril de 1945, 4.

27 En el proceso de Núremberg se expusieron fragmentos de piel humana tatuada que habían sido preservados como ornamento por Ilse Koch, esposa del comandante de Buchenwald. El rumor de que esta mujer había utilizado piel humana para fabricar lámparas nunca se comprobó (Douglas 2010, 276-277). Este tipo de prácticas, en la medida en que existieron, habrá constituido, no obstante, una excepción, y no la regla. De hecho, el comandante de Buchenwald fue acusado por las irregularidades cometidas en este campo y ejecutado por las SS (Douglas 2010, 291).

24 Churchill aclaró el asunto de los crímenes nazis. La Nación.

27 de abril de 1945.

28 El “agujero negro de Belsen” dio la medida sobre lo horroroso de la internación nazista. La Razón. 18 de abril de 1945.

25 Kenneth Everill. El campo de Buchenwald fue escenario de crímenes horrorosos. La Nación. 28 de abril de 1945.

29 Doon Campbell. Los horrores cometidos por los nazis en Belsen son de extrema gravedad. La Prensa. 21 de abril de 1945, 4.

22 Hay que tener en cuenta que Argentina declaró la guerra a Alemania en marzo de 1945. Esto puede haber contribuido también a la mayor difusión de las noticias sobre la liberación.

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se ve está siempre ligado a la interpretación; por eso es necesario observar las palabras que acompañaron a las fotografías (Sontag 2003, 29). Zelizer señala que la prensa dio a estas imágenes un uso idiosincrático: la falta de precisiones sobre fechas, lugares y personas representadas hizo de las fotografías símbolos de la “atrocidad nazi”. La autora concluye que las imágenes redundaron en la conversión de la incredulidad colectiva en el shock y el horror del reconocimiento (Zelizer 1998, 98-99, 108 y 138).

ericano que aparece en una de estas fotos es el mayor John R. Scott, de la 4ta división del ejército mandado por Patton. Fue él quien hizo el macabro hallazgo de los restos de cuatro mil trabajadores europeos asesinados por los nazis en el pueblo de Ohrburf [sic], cerca de la ciudad de Gotha. Este horrendo crimen no es, sin embargo, sino uno de los que están descubriendo los soldados en su avance entre cementerios y lugares de torturas por los campos germanos.

En comparación, este proceso parece haber sido mucho más matizado en el contexto argentino. Entre los diarios relevados, sólo Crítica, considerado por muchos como un diario sensacionalista en esos años, difundió algunas de las imágenes que se convirtieron en íconos de las “atrocidades nazis”. El 17 de abril, Crítica publicó dos fotos del campo de Ohrdruf (liberado el 4 de abril), las cuales habían aparecido una semana antes en diversos diarios estadounidenses y británicos (ver la imagen 1).30 En la foto de la izquierda, un hombre con traje militar aparece sentado detrás de una pila de cadáveres; ésta fue una de las primeras imágenes de cuerpos desnudos que circularon en el mundo (Zelizer 1998, 90). En la segunda foto se ven cadáveres desperdigados en el suelo. El epígrafe indica:

El texto guía así la lectura de las fotografías. Por un lado, aparecen las indicaciones precisas del lugar, la persona fotografiada y el contexto en que fueron tomadas las fotos. Por otro lado, se indica que éstas deben ser leídas como documentos que “demuestran la demente barbarie” del nazismo. Esta presentación ejemplifica el uso idiosincrático de la fotografía.

Estos dos atroces documentos demuestran la demente barbarie con que el nazismo pone fin en Alemania a su dominación. El oficial norteam-

En una foto de Belsen publicada unos días más tarde bajo el título de “El horror nazi” se observa a un hombre que yace muerto en el suelo en una posición que connota la crucifixión (ver la imagen 2).31 El epígrafe indica: La estampa fotográfica, prueba inalterable de nuestro tiempo, nos ofrece toda su dramática elocuencia. He aquí un ejemplo de las atrocidades nazis: un hombre muerto por inanición y hallado por las tropas británicas en el campo de la muerte de Belsen, en donde perecieron en la misma forma cerca de

Imagen 1. Dos atroces documentos que prueban la barbarie nazi

Fuente: Crítica. 17 de abril de 1945.

30 Dos atroces documentos que prueban la barbarie nazi.

Crítica. 17 de abril de 1945.

31 El horror nazi. Crítica. 21 de abril de 1945.

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TEMAS VARIOS sesenta mil hombres, mujeres y niños. También vemos al comandante alemán de esa preparación para la muerte lenta: es José Kramer, jefe de grupo de la S.S., con cadenas en los pies.

La fuerza retórica de estas imágenes proviene de la composición y presentación visual del contraste entre el victimario y la víctima. Dos días más tarde, Crítica publicó imágenes escabrosas del campo de Belsen (ver la imagen 3).32 La “bestialidad” de los crímenes se realza a través del epígrafe, el cual nos informa que los verdugos eran mujeres:

soldado atendiendo a una mujer acostada en el suelo.35 A diferencia de las fotografías típicas de los campos, las personas representadas en esta fotografía parecen gozar en general de buen estado físico. El epígrafe indica que la fotografía proviene de la ciudad de Osnabrück, ocupada por los británicos, quienes “libertaron a trabajadores rusos que habían sido confinados en esa población y sometidos a un régimen de esclavitud”.

Imagen 2. “El horror nazi”

Las Guardias Femeninas de los S.S. del campo de Belsen, son obligadas a dar sepultura a los prisioneros muertos, cuyos cadáveres estaban abandonados a la intemperie. Tales mujeres resultaron más bestiales y fanatizadas que los mismos hombres que cuidaban el terrible campamento que ha causado asombro al mundo.

Esta foto fue acompañada con una imagen de las guardias S.S. del campo, de expresión aterradora, caracterizadas como “peores que los hombres” (ver la imagen 4).33 Las perpetradoras femeninas, generalmente representadas en posturas y expresiones gestuales rígidas, encarnaron lo peor de la “barbarie nazi” a los ojos de la prensa (Zelizer 2000, 264).

Así y todo, las fotografías de “atrocidad” que inundaron la prensa estadounidense y británica durante abril y mayo de 1945 fueron escasas en la prensa argentina del mismo período, si tenemos en cuenta que sólo Crítica, entre los principales diarios, publicó una selección acotada de estas imágenes.34 Dado el impacto que esas imágenes produjeron en el otro hemisferio, es necesario indagar las razones y las implicancias de esta ausencia.

Fuente: Crítica. 21 de abril de 1945.

Imagen 3. Más feroces que los hombres

Mientras que La Prensa y La Razón no publicaron imágenes en general, La Nación publicó otro tipo de fotos que no son las típicas imágenes de “atrocidad”.

Por ejemplo, en una foto publicada el 10 de abril, bajo el título “Mientras la liberación se extiende”, se observa una escena en la cual aparecen civiles caminando y un

32 Más feroces que los hombres. Crítica. 23 de abril de 1945.

33 Peores que los hombres. Crítica. 23 de abril de 1945. La foto recorrió el mundo en esos días (Zelizer 1998, 117).

34 Algunas de estas imágenes fueron reproducidas en el vespertino Noticias Gráficas, el cual se destacaba precisamente por sus numerosas ilustraciones. Véanse, por ejemplo: Superan la imaginación humana las atrocidades.

Noticias Gráficas. 21 de abril de 1945, s. p.; La horrible verdad del nazismo. Noticias Gráficas. 23 de abril de 1945, s. p. Este diario publicaba las fotos de los campos con intención más claramente sensacionalista que Crítica, lo cual se evidencia en la reimpresión de las mismas fotos en más de una fecha y en exclamaciones tales como “¡Esto es el nazismo!”.

Fuente: Crítica. 23 de abril de 1945.

35 Mientras la liberación se extiende. La Nación. 10 de abril de 1945. Las fotos de La Nación fueron consultadas en microfilm; por lo tanto, no ha sido posible reproducirlas aquí.

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TEMAS VARIOS Imagen 4. Peores que los hombres

no fue el caso de Belsen, donde se halló el contingente más numeroso de sobrevivientes judíos (aproximadamente 40.000), respecto a los otros campos liberados (Bridgman 1990, 33-60). Pero la escena de la misa refuerza además la idea de la civilización europea y cristiana salvada del nazismo.

A pesar de la escasa circulación de fotografías de “atrocidad” en la prensa argentina, a partir de fines de mayo de 1945 fue posible acceder a cintas informativas en las salas cinematográficas de Buenos Aires.

El escritor Alberto Gerchunoff declaraba cínicamente en el periódico Antinazi (24/5/1945, 2) que “el público bonaerense dispone ahora de comodidad para observar los procedimientos que aplicaban los alemanes en los lugares de exterminio”.39 El anuncio de estas cintas en un periódico de cine de la época, además de revelar su contenido, sugiere que el fenómeno de la incredulidad también se había extendido en Argentina:

Fuente: Crítica. 23 de abril de 1945.

El criterio de La Nación de no publicar fotografías de “atrocidad” se hace más claro en su selección de fotos de Belsen. En una foto con el título “Cautivos del Reich en Belsen” se observa a un grupo de personas sentadas en el suelo.36 No aparecen allí cuerpos ni fosas comunes como en las fotos de Crítica. Probablemente, el diario considerara estas fotos de mal gusto, indignas de un diario “serio”.37 En otra foto, titulada “Una misa en el campo de Belsen”, se observan un altar con una cruz y un grupo de personas de espaldas a la cámara, de rodillas ante el altar.38 El epígrafe indica: Un sacerdote británico oficia la primera misa en el campamento de Belsen, conocido ya por las pavorosas atrocidades cometidas allí. La telefoto muestra el altar instalado bajo la lona, con su rústica cruz de madera. Hombres y mujeres oran de rodillas; dos llevan aún la vestimenta a rayas del campamento de concentración.

La foto de la misa parece sugerir que todos los prisioneros liberados eran cristianos, lo cual precisamente

36 Cautivos del Reich en Belsen. La Nación. 24 de abril de 1945.

37 Como ejemplo de ello, en una nota de enero de 1945, un periodista de La Nación se quejaba de “lo que ya puede llamarse tristemente lugar común de relatar las crueldades alemanas en los países invadidos”, a las cuales llama “divulgaciones periodísticas” (Un polaco expone los métodos y fines de la dominación alemana. La Nación. 27 de enero de 1945).

38 Una misa en el campo de Belsen. La Nación. 26 de abril de 1945.

[…] aun previniendo al público sobre sus características, TODOS LOS CINES DEL PAÍS deben exhibir los noticiarios que han sido filmados en los campos de concentración de Alemania. Es la mejor manera de documentar la barbarie nazista y mostrar, a quienes dudaban —que no son pocos—, de los procedimientos de Hitler y sus secuaces, atribuyendo a “propaganda aliada” la difusión de las atrocidades llevadas a cabo por quienes ya están recibiendo el castigo que sus crímenes merecen.

No es, por cierto, un espectáculo agradable el de las pilas de cadáveres y los “muertos vivientes”, como tan gráficamente se ha calificado a quienes sobrevivieron a las torturas y vejaciones a que fueron sometidos; pero es aleccionadora su visión, y se contribuye a convencer a los incrédulos de qué peligro acaba de salvarse el mundo.40

¿Quiénes eran los “no pocos” que en Argentina desconfiaban de la veracidad de los crímenes nazis? Sin duda habría que contar entre éstos a los grupos nacionalistas que practicaban un antisemitismo militante (Lvovich 2003, 349-350 y 422).41 Los representantes oficiales de la Iglesia católica en el país optaron por el silencio

39 Alberto Gerchunoff. El crematorio nazi en los cines de Buenos Aires. Antinazi. 24 de mayo de 1945, 2.

40 Films sobre la barbarie nazi. El Heraldo del Cinematografista, XV, Año 15, n° 716: 63 (23 de mayo de 1945; énfasis en el original). El tópico de los “muertos vivientes” abundó en la cobertura mediática de la liberación. Véase, por ejemplo, Las atrocidades alemanas en el campo de Dachau. La Nación. 3 de mayo de 1945.

41 Señala Lvovich que Argentina fue uno de los primeros países del mundo en los que se publicó un texto negacionista del Holocausto, titulado El Gobierno Universal y la solución integral del problema judío (Autoría de Justo Pacífico, Acamayo, Buenos Aires, 1945). Referencia en Lvovich (2003, 371).

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respecto del Holocausto hasta el final de la guerra.42 Pero lo más probable es que el periódico se refiriese al público general.

Aunque resulta difícil establecer el grado de difusión de las películas de los campos de concentración, es probable que su circulación haya sido limitada. En mayo de 1945 estas cintas debían competir con otras películas sobre el nazismo en la cartelera porteña que prometían mayor entretenimiento. Diversas películas de ficción eran exhibidas en las salas de Buenos Aires. Los anuncios de estos estrenos coexistían en las páginas de la prensa con dramática información fáctica. Por ejemplo, el mismo día en que La Nación informaba sobre el hallazgo de 377.000 personas muertas en Latvia (Letonia),43 difundía la película La pandilla de Hitler (Farrow 1944) como “el capítulo más dramático de la historia en la película más real y valiente que se ha filmado!”.44 Asimismo, el anuncio de El diario de un nazi en La Nación destacaba como virtud de la película que “la fotografía acentúa sus tonos sombríos y las escenas patéticas, y se utiliza, además, ya sea en el diálogo o en las notas de violencia, el estilo directo y explícito, que no exige esfuerzo del espectador”.45 El estreno de La extraña muerte de Adolf Hitler ofrecía en el anuncio de La Nación “el drama de un oficial, que por su asombroso parecido al Fuehrer es escogido por la Gestapo para actuar como su doble”.46 Ese mismo día el diario publicaba una noticia sobre “nuevos detalles de las atrocidades alemanas”.47 Estos anuncios en los diarios muestran que el nazismo ya se había configurado como un producto exportable exitoso de la industria cultural tanto estadounidense como soviética. Las películas (Braun 1942; Farrow 1944; Hogan 1943) se dirigían al amplio público del espectáculo, mientras que las cintas informativas sobre la liberación de los campos eran noticiarios dirigidos a un público que probablemente fuera más restringido, por el hecho de que requería estar dispuesto a ver un material de esas características y que sí exigía “esfuerzo del espectador”.

42 Recién en abril de 1944, el Arzobispado de Buenos Aires se pronunció por vez primera contra la persecución a los judíos, sin abandonar por ello una cosmovisión antisemita.

Monseñor Franceschi, director de la revista Criterio, habló explícitamente del exterminio de los judíos europeos en agosto de 1945 manteniendo sus prevenciones hacia éstos (Lvovich 2003, 427-428).

43 Personas muertas por los alemanes en Latvia. La Nación. 10 de abril de 1945.

¿Cuáles son las implicancias de la escasa circulación de imágenes de “atrocidad” en los grandes diarios? Según Sontag (2003, 84-85), este tipo de imágenes fotográficas contribuye a fijar los crímenes en nuestras mentes, haciendo que parezcan menos remotos. Desde esta perspectiva, la cobertura casi exclusivamente a través de cables noticiosos genera un efecto de mayor distancia. ¿Cuán novedosa era la información que los diarios y las películas aportaban? Como vimos, los diarios ya habían informado sobre los crímenes nazis a lo largo de la guerra. De esta repentina “sorpresa” colectiva se quejaba el semanario en español Mundo Israelita en una nota editorial titulada “El horror nazi no es nuevo para los judíos. ¿Lo es para el mundo?”: ¿Fue preciso dirigirse al campo mismo de la muerte, al mismo centro de la barbarie, al profundo pozo de la desolación, para corroborar lo que las armas habían dejado al descubierto? Los ejércitos aliados liberaron cadáveres en los campos de concentración. Los soldados rindieron los honores de una libertad póstuma al esqueleto trágico de una comunidad supliciada. Y entonces el mundo se aterró ante la magnitud del descubrimiento y se despertó un legítimo sentimiento de rechazo hacia el fanatismo y la crueldad infrahumana que provocaron la hecatombe. Nosotros ya los sabíamos todo.48

En este punto comienzan a vislumbrarse las divergencias interpretativas en cuanto al significado del “horror nazi”. Para el periódico judío, las “atrocidades” halladas en el frente eran la evidencia última de aquello que los judíos ya sabían, es decir, del proceso de exterminio de los judíos en Europa. Pero la prensa general no construyó un lazo entre las “atrocidades nazis” y el exterminio de los judíos tal como se había informado.

También el diario ídish Di Yidische Zaitung (El Diario Israelita) se lamentaba por la repentina indignación del mundo ante crímenes que, según reclamaba, ya habían sido ampliamente informados: Sin duda es respetable esta reacción indignada frente a las evidencias de los horrores del nazismo. Pero, en cambio, sorprende que se dé la impresión de que se trata del descubrimiento de algo novedoso, de la verificación de hechos insospechados. ¿Cuántas veces —y antes de comenzar la guerra— se han denunciado públicamente los crímenes cometidos por el hitlerismo con judíos inocentes e indefensos? ¿No sabía, acaso, el mundo de la existencia de una vasta y minuciosa organización tendiente a exterminar a los judíos?49

44 La Nación. 10 de abril de 1945.

45 El diario de un nazi. La Nación. 4 de mayo de 1945, 4.

46 El 11: “la extraña muerte de Adolf Hitler” de la Universal, en el Suipacha. La Nación. 4 de mayo de 1945, 4.

48 El horror nazi no es nuevo para los judíos. ¿Lo es para el mundo? Mundo Israelita. 5 de mayo de 1945, 3.

47 Se conocen nuevos detalles de las atrocidades nazis. La Nación. 4 de mayo de 1945.

49 El tardío “descubrimiento” de las atrocidades hitleristas. Di Yidische Zaitung. 22 de abril de 1945, 8 (editorial en español).

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Para la prensa judía era claro que los judíos habían sido las principales víctimas del sistema de destrucción nazi.

Desde la perspectiva de Gerchunoff, éstos no hallarían nada nuevo en las películas de los campos: No somos los judíos los que necesitamos documentarnos en lo que concierne al horror nazi que se descubre en los talleres macabros de Majdanek o de Auschwitz. Son las multitudes no judías las que tienen el deber de presenciar esas exhibiciones, penetrar lo que significan, estudiar las causas que condujeron a esa organización de la bestialidad y averiguar en qué grado contribuyeron o no con su antisemitismo activo o latente, con su indiferencia opaca o con su consentimiento tácito a esa administración de la barbarie, a esa prolija industria de la muerte judía.50

Las noticias sobre la liberación de los campos contribuyeron a un panorama de confusión, y lo que Gerchunoff veía inequívocamente como “muerte judía” no era evidente para la prensa general. En parte, hay que atribuir esta tensión al hecho de que efectivamente los judíos no constituían un número significativo entre los sobrevivientes de los campos liberados (con la excepción de Belsen), y no eran las únicas víctimas de aquellos campos que adquirieron mayor notoriedad durante la liberación. Pero además, esto se debió a que las “atrocidades nazis” quedaron desligadas de las noticias sobre la persecución y el exterminio de los judíos de Europa.

En el período de la liberación de los campos y las semanas posteriores a la capitulación alemana, la prensa publicó balances globales sobre las víctimas del régimen nazi, y allí el lugar de los judíos distaba de ser tan claro como lo era para la prensa judía. El 8 de mayo de 1945 La Prensa y La Razón informaron de los resultados de la investigación del comité polaco-ruso sobre Auschwitz.51 El informe establecía que más de cuatro millones de personas de diversas nacionalidades habían sido asesinadas en este campo. Los judíos no eran mencionados como tales en las veinte páginas del informe soviético (Bridgman 1990, 26), y, por lo tanto, tampoco en las noticias.52

Hemos decidido preservar la misma transcripción del título del diario que utilizaban sus editores.

Cinco días más tarde, La Prensa reprodujo un artículo del corresponsal de Chicago Daily News titulado “Más de 6.000.000 de hebreos fueron muertos en Europa”.53 La nota abundaba en información errónea y confusa, la cual además aparecía desvinculada de los resultados del informe sobre Auschwitz ya publicado.

El corresponsal afirmaba que “en Alemania, donde se hallaba concentrada la mayor parte de los israelitas de Europa, viven hoy tan sólo 500.000”. Esta afirmación incurría en tres errores: primero, la mayor parte de los judíos europeos estaba concentrada en Europa del este, y no en Alemania, antes de la guerra; segundo, en Alemania había 500.000 judíos en total antes de la guerra, y no después; por último, los judíos que se encontraban en Alemania después de la liberación no eran de origen alemán exclusivamente, sino sobrevivientes desplazados de diversas nacionalidades.

En la misma nota, el corresponsal explicaba que “el martirio de los judíos atravesó por tres fases”: en primer lugar, en el proceso de exterminio propiamente dicho, desde la fecha de la declaración de la guerra a Rusia hasta fines de 1942; en segundo lugar, en la esclavización de los judíos desde fines de 1942 hasta comienzos de 1944; en tercer lugar, el trueque de judíos sobrevivientes por dinero. Esta periodización ad hoc ignoraba que el exterminio se prolongó hasta el final de la guerra, que la esclavización de los judíos comenzó ya en 1939 y que el trueque de personas no constituyó una fase separada, sino que se trató de fenómenos aislados que no detuvieron el proceso de exterminio.

A partir de las dos notas de La Prensa, un hipotético lector podría haber concluido que en Auschwitz fueron asesinadas cuatro millones de personas de diversas nacionalidades y que, además, seis millones de judíos fueron asesinados durante un año y medio de guerra en circunstancias desconocidas.54 Agregando todavía otro elemento a este panorama confuso, a fines de mayo La Prensa reprodujo el testimonio de la esposa del ex primer ministro polaco Wladilaw Mokolajczyk, tras haber sido liberada de Auschwitz, donde estuvo cautiva once meses: “Manifestó que, aunque había sido tratada relativamente bien, tenía que trabajar en las faenas agrícolas bajo la vigilancia brutal de guardianes y guardianas de las fuerzas SS y amenazada

50 Alberto Gerchunoff. El crematorio nazi en los cines de Buenos Aires. Antinazi. 24 de mayo de 1945, 2.

51 Habría organizado el propio Himmler las matanzas en Auschwitz. La Prensa. 8 de mayo de 1945, 11; Millones de seres fueron asesinados. Himmler era el promotor. La Razón.

8 de mayo de 1945.

52 En la actualidad sabemos que alrededor de 960.000 de un total de aproximadamente 1,1 millones de personas asesinadas en Auschwitz eran judíos. Las otras víctimas fueron unos 74.000 polacos, 21.000 romaníes, 15.000 prisioneros de guerra soviéticos, y entre 10.000 y 15.000 miembros de otras nacionalidades, entre ellas civiles

soviéticos, checos, yugoslavos, franceses, alemanes y austríacos (véase Auschwitz s. f.).

53 Paul Ghali. Más de 6.000.000 hebreos fueron muertos en Europa. La Prensa. 13 de mayo de 1945, 4.

54 Esta confusión excedía, sin duda, el contexto argentino.

Señala Wieviorka (2005, 121) que el rol de Auschwitz en el sistema de destrucción nazi todavía resultaba confuso en el transcurso del proceso de Núremberg.

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continuamente por sus perros”.55 Sin duda, este testimonio no es representativo de la suerte corrida por la mayoría de las víctimas de Auschwitz. Sólo en el antepenúltimo párrafo de la nota aparece en letra chica una cita de la misma testigo, en la que ésta afirma que la mayor parte de las víctimas que llegaban en los trenes destinadas al exterminio directo eran judías.

No muy distinta es la impresión que deja la lectura de La Nación. Este diario informó a fin de mayo de 1945, mediante un cable de United Press, que la cifra de víctimas del nazismo ascendía a diez millones.56 Si bien en esta nota aparece la centralidad de Auschwitz en el sistema de destrucción, en lo que respecta a las víctimas sólo se enumeran nacionalidades, y no hay mención especial de la condición judía de las víctimas. En esto La Nación se distinguió de La Prensa, que publicó el informe ya referido sobre los seis millones de víctimas judías.

En los meses durante los cuales la prensa cubrió la liberación de los campos, la condición judía de las víctimas era algo así como una “presencia ausente”. La información apareció, aunque de manera inconsistente.

La prensa argentina no intentó enmarcar la información a través de notas editoriales. La caída del nazismo daría lugar a relatos cada vez más generalizadores de la condición identitaria de las víctimas.

Las estrategias editoriales de los diarios, en los últimos días de la guerra, reafirmaban una concepción según la cual la caída del nazismo significaba la salvación de “la civilización”. A pocos días de la capitulación alemana, La Prensa celebraba los acontecimientos aprovechando la ocasión para conmemorar el centenario de la publicación del Facundo, libro clásico del autor romántico argentino Domingo Faustino Sarmiento, quien popularizó la expresión “civilización y barbarie”: El centenario de “Facundo”, cuya aparición contribuyó tan eficazmente a la caída de la tiranía que ensombreció a nuestro país durante un largo período, coincide con el derrumbamiento de los sistemas dictatoriales que en la época en que vivimos han arrastrado al mundo a la más sangrienta tragedia de la historia.57

El Facundo, en su carácter de ensayo de interpretación histórico-social, resultó eficaz en la implantación de tópicos para pensar la realidad argentina (Terán 2008, 66-67). No es sorprendente entonces que La Prensa trazara un paralelo entre el argumento de este libro y la guerra mundial. Las lecturas de los diarios continuaron

55 Los horrores del campo de concentración de Auschwitz según la Sra. Mikolajcyk. La Prensa. 26 de mayo de 1945, 3.

la tradición del Facundo, no sólo en la oposición entre civilización y barbarie, sino también en el optimismo y la confianza decimonónicos en el curso inexorable del progreso (Terán 2008, 84).

Los diarios editorializaron con grandes loas la victoria aliada.

Tanto La Nación como La Prensa presentaron un relato de resonancia cosmogónica según el cual el mundo, tras haber caído en una especie de estado de naturaleza, habría dado lugar a una lucha sacrificada de fuerzas opuestas, en la cual finalmente el bien habría resultado triunfante, y el mundo habría asistido así a su propia salvación.

La Nación, 8 de mayo de 1945: […] la humanidad se siente libre de una pesadilla que la ha angustiado durante más de cinco años, que llevó al extravío a innumerables espíritus y que dejó un saldo de destrucciones y muertes, cuyo horror no puede compararse a ninguno de los que hayan ensombrecido la historia de los hombres.

A este inaudito holocausto nos condujo el culto de la fuerza. […]

Con las dictaduras europeas ha caído vergonzosamente el mito de la fuerza, del poder invencible de los medios de coerción material sobre el espíritu.

Bajo el signo del espíritu, única fuerza todopoderosa, se iniciará, en medio de las ruinas, el trabajo reconstructor de los que no desdeñan el decoro humano, de los que creen en la primacía de las leyes, de los que saben que nada grande se consigue regimentando a los pueblos como tropas autómatas sin voluntad ni iniciativa.58 La Prensa, 8 de mayo de 1945: Hay leyes que en la historia se cumplen inexorablemente. Una de ellas enseña que la humanidad no puede marchar hacia atrás, desoyendo la voz de la conciencia y renegando de su propio perfeccionamiento que tiene como símbolo a la libertad. Intentar hacerlo equivale a provocar el caos y desatar la anarquía que son las expresiones milenarias de la vida sin ley y sin honor, sin orden ni justicia.

El vendaval desatado por los impulsos del mal que a través de todos los tiempos pugnan al influjo de los más primitivos instintos, debía enfrentarse también en esta ocasión con la voluntad de supervivencia de las almas iluminadas por los ideales que aseguran la dignidad al hombre y trabada así la lucha, entre la fuerza inerme, pero inmanente del espíritu y la fuerza material, pero incontrolable del despotismo, el desenlace no podía ser dudoso. […]

Ya sabe el mundo cómo ha terminado la tragedia: con la rendición incondicional del nazismo que la desató. Sabe el mundo, asimismo, cuánta sangre se ha derramado en la lucha por la libertad, y sabiéndolo

56 Las víctimas de los nazis llegan a diez millones. La Nación. 28 de mayo de 1945.

57 “Facundo”, libro maestro de la literatura argentina y fuente inagotable de nuestra historia. La Prensa. 2 de mayo de 1945, 3.

58 El fin de la guerra europea. La Nación. 8 de mayo de 1945, 8 (énfasis agregado).

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TEMAS VARIOS en medio del horror y del dolor incontenible por las víctimas caídas en su holocausto, ha de recordar sobrecogido la impresionante verdad de la frase de Jefferson: “El árbol de la libertad necesita ser regado con sangre de los tiranos; es su abono natural”.59

En estos textos, el período nazi es definido en términos generales como “horror”, “tragedia”, “pesadilla”, que generó un “holocausto” de víctimas inocentes, un saldo de destrucción, muerte, dolor y sangre. Tanto La Prensa como La Nación utilizaron el término “holocausto” en sentido general, sin referencias a la destrucción de los judíos europeos; ya este sentido del término no existía en ese momento. Para los diarios, la victoria significaba la salvación definitiva respecto de “la barbarie nazi”.

Referencias 1.

2.

3.

4.

5.

Conclusiones

6.

La prensa forjó las primeras representaciones en torno a lo que hoy se conoce como “el Holocausto” y construyó modelos interpretativos para comprenderlo que perduraron largo tiempo. Mediante la difusión de las “atrocidades” halladas en los campos de concentración en abril y mayo de 1945, la prensa argentina consolidó un paradigma según el cual “la civilización” salía victoriosa de una guerra contra “la barbarie” absoluta.

7.

8.

9.

La bibliografía indica que en el momento de la apertura de los campos, en el mundo occidental se tomó verdadera conciencia de los crímenes cometidos contra los judíos, de los que hasta ese momento se dudaba. Esto no se verifica en el caso de la prensa argentina. Pareciera que la liberación de los campos no produjo un giro de conciencia, sino que contribuyó a privilegiar la interpretación del nazismo como una especie de monstruo que ponía en peligro a toda la humanidad.

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Esta matriz interpretativa no contribuyó a comprender la especificidad de los crímenes, ni el lugar reservado a los judíos en el sistema nazi de destrucción, a pesar de que la información hubiese estado presente durante años en las páginas de los diarios, y aisló a los judíos argentinos en el reclamo por el reconocimiento de la tragedia.

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El “horror nazi” no tenía un significado unívoco para todos los que celebraban su fin. Los diarios subsumieron las noticias de los crímenes en un relato general de sufrimiento, en la concepción de un “holocausto” de millones de víctimas cuya identidad étnica o nacional era secundaria, y presentaron la victoria aliada como el triunfo de “la civilización” por sobre la “regresión” y el “salvajismo”. En cambio, en la prensa judía argentina la condición judía de las víctimas fue reafirmada como un hecho supuestamente indudable para todos.

59 El día de la Victoria. La Prensa. 8 de mayo de 1945, 5 (énfasis agregado).

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La representación del “horror nazi” en la prensa argentina | Malena Chinski

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El impacto de la crisis entre los jóvenes en España* Francesc Valls Fonayet** Fecha de recepción: 09 de octubre de 2014 • Fecha de aceptación: 17 de marzo de 2015 • Fecha de modificación: 12 de mayo de 2015 DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.10

R E S U M E N | Este artículo estudia el impacto de la pobreza durante el proceso de transición a la vida adulta en España en el contexto de crisis actual. Se apuesta por una conceptualización de la juventud mediante criterios sociales, por un análisis multidimensional de la vulnerabilidad y por una triangulación metodológica que combina el análisis cuantitativo (European Union Statistics on Income and Living Conditions, EU-SILC, de 2011) con el análisis cualitativo, a través de entrevistas biográficas. Se localiza la existencia de grupos sociales juveniles socialmente diferenciados dentro de la estructura social española contemporánea. Se muestra cómo cada posición social se ve afectada por unas formas de vulnerabilidad específicas. Finalmente, se evalúa el proceso de integración de esta posición social en la subjetividad y las prácticas de los jóvenes españoles conforme a estrategias de reacción frente a la pobreza, a la degradación de la identidad y al aislamiento social: desde la búsqueda alternativa (a menudo alegal, ilegal y/o estigmatizada) de recursos materiales hasta mecanismos subjetivos de alivio o relativización de sus condiciones de vida.

PA L A B R A S C L AV E | Pobreza, juventud, exclusión social, estructura social, desigualdad.

The Impact of the Crisis on Young People in Spain A B S T R AC T | This article studies the impact of poverty during the process of transition to adult life in Spain within the context of the current crisis. It conceptualises young people by means of social criteria, through a multidimensional analysis of vulnerability and a methodological triangulation that combines quantitative analysis (European Union Statistics on Income and Living Conditions, EU-SILC, 2011) with qualitative analysis, through biographical interviews. It localizes the existence of socially differentiated juvenile social groups within the contemporary social structure of Spain. It also shows how each social position is affected by specific forms of vulnerability. Finally, it evaluates the process of integration of this social position in the subjectivity and practices of Spanish youths in terms of reaction strategies in the face of poverty, degradation of identity, and social isolation: everything from the alternative search (often alegal, illegal and/or stigmatized) for material resources, to subjective mechanisms for relief from or relativization of their living conditions.

K E Y W O R D S | Poverty, youth, social exclusion, social structure, inequality.

O impacto da crise entre os jovens na Espanha R E S U M O | Este artigo estuda o impacto da pobreza durante o processo de transição à vida adulta na Espanha no contexto de crise atual. Aposta-se por uma conceptualização da juventude mediante critérios sociais, por uma análise multidimensional da vulnerabilidade e por uma triangulação metodológica que combina a análise quantitativa (European Union Statistics on Income and Living Conditions, EU-SILC, de 2011) com a análise qualitativa, por meio de entrevistas biográficas. Localiza-se a existência de grupos sociais juvenis socialmente

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Este artículo ha sido elaborado en el marco del proyecto del Plan Nacional I+D+I 2008-2011 del Ministerio de Ciencia e Innovación de España, con referencia CSO2008-05535 y título “Nueva pobreza y exclusión social entre la juventud en España”.

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Doctor en Sociología por la Universitat Rovira i Virgili (España). Profesor asociado de la Universitat Rovira i Virgili. Miembro del grupo de investigación “Social and Business Research Laboratory (SBRlab)”. Entre sus últimas publicaciones se encuentran: Condiciones de vida y construcción de identidades juveniles. El caso de los jóvenes pobres y excluidos en España (en coautoría). Revista Mexicana de Sociología 75, n° 4 (2013): 647-676, y Las pobrezas de las juventudes: análisis de las formas elementales de pobreza juvenil en España.

Empiria. Revista de Metodología de las Ciencias Sociales 21 (2011): 97-120. Correo electrónico: francesc.valls@urv.cat

TEMAS VARIOS

diferenciados dentro da estrutura social espanhola contemporânea. Mostra-se como cada posição social se vê afetada por umas formas de vulnerabilidade específicas. Finalmente, avalia-se o processo de integração dessa posição social na subjetividade e nas práticas dos jovens espanhóis conforme estratégias de reação ante a pobreza, a degradação da identidade e o isolamento social: desde a busca alternativa (frequentemente “alegal”, ilegal e/ou estigmatizada) de recursos materiais até mecanismos subjetivos de alívio ou relativização de suas condições de vida.

PA L AV R A S - C H AV E | Pobreza, juventude, exclusão social, estrutura social, desigualdade.

Introducción: ¿Cómo abordar el estudio de la pobreza juvenil?

Este artículo parte de una cuestión fundamental que el investigador debe formularse al inicio del estudio sobre pobreza: ¿qué hace que una persona sea pobre en una determinada sociedad? Para responderla, focalizamos la atención sobre dos dimensiones.

En primer lugar, la dimensión del vínculo social y de la solidaridad. Incluso en las sociedades occidentales contemporáneas, aparentemente fundamentadas en el desarrollo del autonomismo, y en el supuesto de que los agentes son cada vez más libres, el vínculo social no sólo no desaparece sino que se refuerza gracias a la complementariedad e interdependencia entre individuos. En este sentido, ser pobre no es sino una forma de estar vinculado al mundo social, con lo que no deberíamos analizar una pobreza abstracta sino, por el contrario, la pobreza como constructo surgido de la relación que se establece entre las personas definidas como pobres y la sociedad de referencia. En esta dimensión debemos formularnos dos cuestiones. La primera, “¿con quién puedo contar?”, pone énfasis en la idea de solidaridad y en un aspecto esencial de la interdependencia: la protección. La segunda, “¿para quién cuento?”, se centra en la construcción de la identidad, la capacidad de ser reconocido y de sentirse útil socialmente. Así, en relación con el vínculo social, la pobreza se construye cuando se cuenta cada vez con menos apoyos (desprotección) y se es reconocido socialmente cada vez por menos gente (degradación de la identidad) (Castel 1997 y 2003; Paugam 2007).

En segundo lugar, incluir el vínculo social en el estudio de la pobreza implica, en las sociedades capitalistas contemporáneas, hacer referencia a la distribución desigual del poder en una sociedad y, en consecuencia, al acceso (o apropiación) desigual a los recursos disponibles. Aquí, la sociología de la pobreza debe priorizar el análisis de la estructuración de la sociedad en clases sociales, como resultado del modelo económico de producción y del sistema de organización política y social. Desde esta perspectiva, la pobreza no debería ser tomada como una consecuencia desafortunada y marginal, sino como una condición estructural de tipo relacional-dialéctico (Tortosa 1993), fundamentada en

la división social que estructura la sociedad en grupos jerarquizados verticalmente, que distribuye el poder de manera desigual y que condena a una parte de la población a vivir por debajo de la capacidad colectiva de producción de bienestar, que se convierte en víctima de una auténtica máquina de excluir (Gaulier 1992).

Este planteamiento inicial también defiende una revisión de la aproximación a la juventud como objeto de estudio. De forma predominante aún, la noción de juventud se reduce de manera empírica a una categoría demográfica elevada acríticamente a categoría social, convirtiendo la edad biológica —perfecta variable independiente, soñada y estadísticamente neutra— en una variable hegemónica, sustancialmente superior a cualquier otra (Thévenot 1979). Lo que aquí pretendemos es situar en el centro del análisis la existencia de realidades sociales juveniles que tienen poco que ver entre ellas (más allá de pertenecer a una misma cohorte de edad) a causa de la estructuración de la sociedad en clases sociales. Esto es, respetar la noción de generación propuesta por Bourdieu (2003), Mannheim (1993) y Mauger (2009): enmarcar la(s) juventud(es) en un sistema de relaciones sociales para abordar, en cada espacio social, las dinámicas que la definen, es decir, cómo son producidos los sujetos. Esto tiene que llevar a plantearnos también qué relaciones de dominación y subordinación se establecen entre distintas clases de edad, es decir, entre jóvenes y viejos dentro de un mismo grupo social (acelerando u obstaculizando los ritmos de transición), y también entre jóvenes producidos en mundos sociales heterogéneos y, a menudo, en conflicto (Martín 1998).

Pobreza juvenil: estado de la situación en España y Europa El estudio de la pobreza y la exclusión social juvenil carece de una trayectoria consolidada en España, en comparación con Europa.1 Existe un déficit de investiga-

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Pérez Islas (2006), en una radiografía de la sociología de la juventud, sostiene que estas limitaciones también son extrapolables a América Latina, con aproximaciones aisladas y poco articuladas y una recurrencia al dato empírico sin análisis conceptual. Sin embargo, debe reconocerse la

El impacto de la crisis entre los jóvenes en España | Francesc Valls Fonayet

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ciones sobre la inserción de la juventud en la estructura social y sobre la vinculación entre la posición social y la práctica social, en comparación con la abundancia de otros temas de estudio —la participación, los valores, las conductas de riesgo o las formas de expresión cultural, por ejemplo— (París et al. 2006).

En la última década han aparecido investigaciones sobre la vulnerabilidad social juvenil centradas en analizar el impacto que el modelo de emancipación juvenil español, de instalación tardía, y enmarcada en una lógica de pertenencia familiar (Van de Velde 2008), tiene sobre el riesgo de pobreza. Por esto se produce en España un efecto de ayuda que representa para los hogares pobres la presencia de jóvenes que trabajan, gracias a la solidaridad bidireccional que se establece entre generaciones (Cantó y Mercader-Prats 1999, 2001a y 2001b). No obstante, la precaria vinculación laboral de los jóvenes españoles en el actual período de crisis (Moreno y Rodríguez 2013) sólo se convierte en bienestar social si existe la presencia de una fuente de ingresos principal —breadwinner— dentro de un núcleo familiar tradicional (Recio 2001), lo que perpetúa las diferencias existentes entre grupos de jóvenes en función de su origen social (Baizán 2003; Gentile 2010), a causa de la debilidad de las estructuras públicas de apoyo y del repliegue en la institución familiar típicas del sur de Europa, con el riesgo de reproducción de las

desigualdades sociales de origen (Cardenal 2006). De esta forma, en España el origen social es clave para la configuración desigual de las oportunidades vitales de los jóvenes, en especial en el sistema formativo y en el mercado laboral (Serracant, Fàbregues y Pujol 2008), pero escasamente en el ámbito subjetivo, debido a la mayor invisibilidad de las determinaciones de la clase social (Furlong y Cartmel 1997).

Pero a raíz de la crisis económica, el riesgo de pobreza juvenil en España es elevado, incluso si los jóvenes permanecen en el hogar de origen, que pierde progresivamente su capacidad protectora: en comparación con el inicio de la crisis —año 2007—, el porcentaje de jóvenes de 16 a 29 años que vive en el hogar de origen se mantiene estable en España en 2012 (alrededor de tres de cada cuatro), pero el riesgo de pobreza ha aumentado de un 16,3% a un 23,3%. Estos datos, visibles en la imagen 1, sitúan a España como uno de los países europeos con unos datos de pobreza juvenil extrañamente altos, teniendo en cuenta el retraso en la edad de emancipación, una característica compartida con otros países del sur del continente (Rumanía, Italia, Bulgaria y Grecia). De hecho, según la OCDE (2014), España es uno de los países desarrollados con una mayor caída de la renta disponible entre las personas jóvenes, con una caída de ingresos entre 2007 y 2011 de un 4,9%, casi cinco veces superior a la caída media en los 33 países de este organismo (1,0%).

Imagen 1. Riesgo de pobreza juvenil y porcentaje de jóvenes que viven en el hogar de origen. Distintos países de Europa, 2012

Fuente: elaboración propia a partir de datos de EUROSTAT/ EU-SILC (2012). labor de distintos autores en el desarrollo de este campo de estudio en América Latina. Además del citado José Antonio Pérez Islas, véanse, por ejemplo, las aportaciones de Claudia Jacinto, sustancialmente en el ámbito formativo (Jacinto 2010); de Ernesto Rodríguez, sobre las políticas juveniles (Rodríguez 2003); de Mario Margulis, sobre la cultura y la significación de la juventud (Margulis 2008), o de Carles Feixa, sobre las identidades juveniles (por ejemplo: González y Feixa 2013), entre otras. rev.estud.soc. No. 54 • octubre-diciembre • Pp. 134-149 • ISSN 0123-885X • eISSN 1900-5180 · DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.10

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Además, distintos autores apuntan que el riesgo de pobreza juvenil en España sería aún mayor si el patrón de emancipación de los jóvenes fuera similar al de otros modelos de régimen de bienestar europeos (Gómez 2008; Iacovou y Aassve 2007). Esta externalización de la responsabilidad sobre el hogar de origen permite que el riesgo de pobreza entre jóvenes emancipados y no emancipados sea similar en España (Ayllón 2009; Iacovou y Berthoud 2001), puesto que la emancipación se aplaza hasta que se acumulan recursos suficientes (formativos, laborales o materiales). Así, detectamos una precarización del tránsito a la vida adulta cada vez mayor, ligada a la posición de clase y que no se limita a aspectos materiales sino que también se refleja en las prácticas y percepciones de los individuos mediante la cristalización de la posición social en la subjetividad (Brunet, Belzunegui y Valls 2013).

En síntesis, la literatura científica sobre la realidad de la pobreza y la exclusión social juvenil en España desvela la importancia de la posición ocupada en la estructura social, que ejerce un impacto tanto sobre las condiciones de vida de los jóvenes como sobre las estrategias y posibilidades de relación con el entorno social, y también sobre los itinerarios y ritmos de transición a la vida adulta.

Razonamiento metodológico Sobre problemas…

A nuestro entender, el estudio de la pobreza juvenil presenta aún debilidades frecuentes y relevantes en el ámbito de la conceptualización y de la elección metodológica: a. Por la vertiente de la pobreza: la homogeneidad de los enfoques (lo cuantitativo y lo monetario) y disciplinar (lo económico), al darse mayor interés en concebir la pobreza de forma operativa y en cuantificarla de forma precisa. Una caracterización descriptiva tan necesaria como insuficiente. No obstante, esta primera debilidad se está viendo solventada por la reciente aparición de investigaciones cualitativas sobre, entre otros temas, la integración de la vulnerabilidad en la subjetividad, ligada al proceso de transición a la vida adulta (Cardenal 2006) y con efectos sobre la construcción de la identidad juvenil (Gaviria 2005) generados por la precariedad laboral (Albaigés 2003) o expresados mediante las desigualdades de género en las conductas juveniles de riesgo (Berga 2007). Otros estudios remarcan que el bajo riesgo de pobreza monetaria no debería esconder el deterioro de las condiciones de vida de los jóvenes y una mayor vulnerabilidad subjetiva (Ayala 2008), ni mayores deficiencias en la capacidad de consumo y en el estado de la vivienda (Mercader-Prats 2005).

En este punto, algunas investigaciones alertan del problema que genera el denominado velo metodológico familiar, consistente en tomar todos los miembros de un mismo hogar como una unidad con idéntico nivel de vida, lo que tiende a esconder la dependencia de colectivos como los jóvenes o las mujeres (Brunet, Valls y Belzunegui 2008; Tortosa 2001). Para solucionarlo, existen investigaciones que defienden el análisis individualizado del nivel de vida, bajo el supuesto de autonomía, para evidenciar las posibles situaciones de subordinación o dominio que se dan dentro del hogar, por ejemplo, entre las mujeres (Valls 2012) y entre los jóvenes (Gómez 2008). b. Por la vertiente de la juventud: la influencia que tienen ciertas disciplinas científicas (como la demografía, la psicología o la biología), la construcción mediática o las fronteras jurídicas y administrativas a la hora de definir el colectivo de estudio. La práctica totalidad de investigaciones sobre vulnerabilidad social juvenil conciben empíricamente la juventud como un grupo de edad, subordinando sus características sociales a dicha restricción metodológica, consistente en situar la edad biológica como variable de primer orden. A modo de alternativas, debemos citar la consolidación en los últimos años del estudio de los itinerarios de transición a la vida adulta (Casal 1996; Casal et al. 2004 y 2006; Miret, Salvadó y Serracant 2008), que vuelven a situar lo social en la definición del colectivo y que han tenido un notable impacto en el estudio de la posición de los jóvenes dentro del sistema formativo, de la inserción laboral o del proceso de emancipación, pero modesto aún dentro del grupo de estudios sobre la pobreza juvenil.

… y soluciones Ante estas debilidades, este trabajo defiende una estrategia metodológica y conceptual basada en los siguientes tres sustentos: a. Resaltar el componente multidimensional más allá del ámbito monetario, superando la dicotomía pobreza/no pobreza. Es ampliamente reconocido en la actualidad que existen diversas escuelas que han avanzado, de manera significativa, en la conceptualización y medición de la pobreza a partir de un enfoque multidimensional (Alkire y Foster 2011; Bourguignon y Chakravarty 2003; Sen 1976; Townsend 1979). Para ello, se apuesta por la inclusión de variables analíticas de tipo material, como la pobreza monetaria o distintos índices multidimensionales de privación, pero también de tipo social y subjetivo (desde el estado de salud hasta el nivel formativo, el tipo de vínculo social y la valoración de la propia posición social), esto sí, sin pretender la obtención de un único índice de pobreza multidimensional, pues El impacto de la crisis entre los jóvenes en España | Francesc Valls Fonayet

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precisamente se intenta comprender de manera desagregada qué dimensiones concretas afectan a los distintos tipos de juventudes. b. Respetar la diferencia entre grupo social y grupo de edad. Las unidades de análisis —grupos sociales de jóvenes— se construyen a partir de criterios sociales, mediante un conjunto de análisis de componentes principales categóricos, de correspondencias múltiples y de clasificación bietápica, estableciendo conglomerados de individuos que comparten una posición homogénea en la estructura social y en el proceso de transición a la vida adulta. De esta manera, se respeta la estructuración de la sociedad en posiciones sociales diferenciadas, superando la conceptualización artificial de la juventud como unidad social homogénea. Este ejercicio disfruta de una cierta tradición en el estudio de la estructura social española (Subirats, Sánchez y Domínguez 2002), y ya ha sido utilizado en los últimos años como mecanismo de aproximación más nítida a la realidad social de la juventud (Elzo 2006; Sánchez 2010; Valls 2011). c. Puesto que se pretende analizar tanto aspectos fácticos como subjetivos, defendemos la triangulación metodológica como mecanismo para combinar lo descriptivo (el análisis cuantitativo o distributivo, para conocer las condiciones objetivas de vulnerabilidad) con lo comprensivo (el análisis cualitativo o estructural, para conocer las vivencias y el significado que los sujetos dan a sus vidas, así como las estrategias de actuación ligadas a cada posición).

En este caso, se combina un análisis cuantitativo a través de los datos de la EU-SILC de 2011 con la incorporación de un análisis cualitativo. En este artículo se incorporan los resultados de 38 entrevistas semiestructuradas realizadas a una muestra estructural: 17 a agentes sociales e informantes privilegiados y 21 a jóvenes. Esta muestra huye de criterios de representatividad estadística y está basada en los componentes tipológicos de los grupos sociales construidos en el análisis cuantitativo (en términos de relación con el trabajo, formación, estado de salud y exclusión social, entre otros, y transversalmente en lo que refiere al género y etnia), lo que responde a la voluntad de triangulación metodológica. El contacto con las personas jóvenes para el desarrollo de las entrevistas se viene realizando a partir de 2010 mediante una red de agentes sociales participantes en la investigación, y también mediante la técnica de bola de nieve. Siguiendo a Alonso (1998), entendemos que la entrevista no se mueve en el terreno de la conducta pura ni la lingüística pura sino en lo que los actores dicen ser y hacer, con lo que se ha pretendido captar la experiencia social a través de la palabra. Los discursos producidos no son, pues, simples expresiones de los jóvenes, sino prácticas generadas a partir de unos esquemas interpreta-

tivos socialmente adquiridos: son el sentido práctico del orden social que los jóvenes han interiorizado en su subjetividad.

La posición social de los jóvenes en España El análisis de la vulnerabilidad social juvenil no debería hacer referencia a una pretendida identidad colectiva —la juventud—, sino aproximarse a las diferentes realidades sociales juveniles existentes en España. Esta estrategia conceptual nos permite ubicar la posición social de los individuos que transitan hacia la vida adulta y abordar qué formas de vulnerabilidad social están asociadas a cada una de estas posiciones.

Para detectar estas posiciones se ha utilizado el modelo estadístico, que se describe sintéticamente a continuación. En primer lugar, se han seleccionado 23 variables de la EU-SILC de 2011 que ilustran las condiciones de vida de la población de 16 a 34 años (una frontera que actúa simplemente como margen operativo de trabajo), y que han sido agrupadas en cinco dimensiones: a) perfil demográfico; b) formación y mercado laboral; c) nivel de vida y privación material; d) territorio y entorno geográfico, y e) estructura del hogar. En cada dimensión, y de manera independiente, se han realizado un análisis de componentes principales categóricos y un análisis de clasificación bietápica, que han agrupado los individuos con características sociales homogéneas dentro de cada una de ellas. Finalmente, y ya de manera conjunta, un análisis de correspondencias múltiples y otro análisis de clasificación bietápica han servido para localizar la existencia de los distintos grupos sociales juveniles, formados por conjuntos de individuos que comparten unas condiciones de vida similares entre sí, es decir, ocupadores de una posición similar en la estructura social. En los análisis de correspondencias múltiples y de componentes principales categóricos, la elección del número de ejes extraídos se ha basado en un doble criterio: la varianza retenida (autovalores superiores a 1 y alrededor del 70% de la varianza total de las variables originales) y la interpretación sociológica del peso de las variables originales sobre cada eje construido. En el análisis de clasificación bietápica (idóneo para matrices de datos de gran tamaño, como la EU-SILC) se ha respetado la determinación automática del número de grupos propuesta por el modelo estadístico, cuya calidad de las particiones ha sido definida como satisfactoria.

Por último, se ha procedido a una validación del modelo mediante: a) la replicación, es decir, la repetición del proceso en submuestras, para contrastar la estabilidad de los grupos generados; b) un análisis de varianza (Anova) para corroborar la existencia de diferencias significativamente estadísticas entre los distintos grupos, para un conjunto de variables cuantitativas relevantes como la edad, la renta familiar y varios índices de privación, y c) la confirmación de la coherencia sociológica de los grupos construidos. En concreto, el modelo ha detectado

rev.estud.soc. No. 54 • octubre-diciembre • Pp. 134-149 • ISSN 0123-885X • eISSN 1900-5180 · DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.10

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la presencia de seis grupos sociales nítidamente diferenciados entre ellos, que agrupan los 7.485 individuos de 16 a 34 años de la muestra. Al trabajar la EU-SILC con una muestra estadísticamente representativa, los resultados obtenidos son representativos del conjunto de once millones de individuos de 16 a 34 años en España.

Para una primera aproximación visual, los seis grupos sociales juveniles —ordenados de mayor a menor tamaño poblacional— son representados visualmente en el gráfico de categorías de la imagen 2, que es una síntesis del modelo estadístico con un menor número de variables, para su mejor visualización. Con este mismo objetivo de visualización se han remarcado dos variables que pueden ayudar a la interpretación de ambos ejes: la edad del individuo, en quinquenios (línea horizontal), y la renta del hogar, en quintiles

(línea vertical). Como se aprecia, el eje horizontal está determinado por las variables explicativas del proceso de transición a la vida adulta: en el cuadrante derecho se sitúan las fases iniciales de la transición (permanencia en el hogar de origen, etapa de formación, baja edad), y en el cuadrante izquierdo, las fases finales (la emancipación, la edad adulta y la vinculación laboral). El eje vertical determina la posición social de los individuos: en la parte superior se concentran las categorías de mayor nivel de vida (elevado nivel formativo, categorías profesionales dominantes, rentas elevadas y facilidades para llegar a final de mes), mientras que las categorías de precariedad social se agrupan en la inferior (bajo nivel formativo, baja cualificación laboral, paro, bajos niveles de renta, retrasos en el pago de facturas, dificultades para llegar a final de mes, entre otras).

Imagen 2. Espacio de posiciones sociales de la población de 16 a 34 años. España, 2011

Fuente: elaboración propia a partir de la EU-SILC 2011.

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TEMAS VARIOS

El análisis que se presenta en este trabajo focaliza la atención en los dos grupos sociales situados en el último escalón de la estructura social española y nítidamente posicionados en el cuadrante inferior del eje vertical, explicativo de la posición social, que son los grupos que reciben el mayor impacto de la crisis social y económica en España.

Discusión de resultados: las formas de pobreza juvenil en España La juventud descalificada. Fragmentación del vínculo social, exclusión laboral, deterioro de la salud y riesgo de marginalidad Punto de encuentro de jóvenes demográficamente heterogéneos Este grupo social está formado por 1.300.000 jóvenes españoles (11,9% del total de personas de 16 a 34 años), y su emergencia es inherente al proceso de deterioro social y económico de los últimos años. Tanto su estructura de edades (edad media de 26,1 años, con una fuerte desviación típica) como su porcentaje de población emancipada (44%, frente al 39,4% de la media), su estado civil (con un 23,3% de población casada, frente a un 22,4% de la media, si bien este grupo sí presenta unos mayores índices de ruptura familiar, del 2,7%) y la presencia de hijos son similares a la media del conjunto de grupos sociales juveniles. Otros indicadores como los relativos al territorio (ver la imagen 3) tampoco presentan grandes diferencias frente al comportamiento medio, mientras que sí detectamos una ligera mayor presencia de población de nacionalidad extranjera (de 18,3%, siete puntos superior a la media).

Pertenecen a él individuos situados en etapas diferentes del proceso de transición a la vida adulta. Así, esta realidad social se mantendría oculta bajo el uso de los criterios tradicionales de análisis de la juventud (basados en la edad o en la relación del individuo con el sistema educativo, con el mercado de trabajo o con el proceso de emancipación). En cambio, la propuesta metodológica de este trabajo permite descubrir que estos sujetos sí comparten un elemento unificador: su misma posición descalificada en la estructura social española, es decir, las deterioradas condiciones de vida de sus miembros.

Un colectivo excluido del sistema productivo Este conjunto de individuos comparte el abandono del sistema formativo a edades tempranas, una de las características de España en el contexto europeo (Eurostat 2015). El 82,4% de sus miembros ya no está estudiando y han abandonado los estudios a los 17,3 años de media, la más baja de todos los grupos sociales, y pocos meses después de la edad mínima de escolarización. En consecuencia, es un grupo poblacional caracterizado por el escaso nivel formativo. Destacamos dos ideas. En primer lugar, prácticamente uno de cada cinco jóvenes del grupo no tiene estudios o solamente ha conseguido terminar los estudios primarios básicos, y ha alcanzado un 23,9% entre los individuos de 30 a 34 años —escolarizados antes de la instauración de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO)—, lo que triplica la media de los otros grupos. En segundo lugar, también es el grupo con mayor presencia de jóvenes que tienen los estudios secundarios obligatorios como máximo nivel formativo (42,9%). Se trata, principalmente, de los individuos de menor edad del grupo, formados ya en el itinerario formativo de la ESO, y a los que el bloqueo del mercado laboral ha llevado a optar por alargar el período

Imagen 3. Distribución territorial. Grupo 5. Jóvenes descalificados. España, 2011

Fuente: elaboración propia a partir de la EU-SILC 2011. Base cartográfica: d-maps.com rev.estud.soc. No. 54 • octubre-diciembre • Pp. 134-149 • ISSN 0123-885X • eISSN 1900-5180 · DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.10

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de formación reglada. Estos jóvenes han heredado un débil capital escolar por parte de sus familias (con unos niveles formativos igualmente muy bajos: más del 80% de sus padres no ha superado la escolarización obligatoria), lo que limita sus expectativas formativas a largo plazo, orientadas en edades muy tempranas a la búsqueda de una utilidad inmediata, y en los que la escuela se convierte más en un espacio de permanencia que de promoción.

Esta precariedad formativa obstaculiza su inserción laboral. Solamente un 32,6% está trabajando, quince puntos por debajo de la media, con lo que la mayoría de estos jóvenes se ven abocados a la exclusión laboral, ya sea mediante el paro o la inactividad: es el grupo con mayor porcentaje de población parada (37,6% del total de jóvenes), pero también con mayor población ocupada en labores del hogar (5,8%). Además, una cuarta parte de los que han conseguido insertarse al mercado de trabajo lo hace a jornada parcial y en las ocupaciones menos cualificadas, según la estructura de puestos de trabajo CIUO-08 (el 27,2% como mano de obra no cualificada), con lo que se tiende a reproducir la precaria posición laboral de sus padres. La decadencia material, la dependencia respecto a las transferencias sociales y las dificultades de reintegración al sistema económico y productivo, generadas por los largos períodos de inactividad, de desocupación o de ocupaciones asociales, favorecen asimismo la estigmatización de este perfil de jóvenes, con el agravante, además, de que esta exclusión presenta síntomas de cronicidad, fomentada por el propio funcionamiento social, que la convierten en un elemento de estabilidad que cuestiona la idea de liquidez con la que recurrentemente se describe el proceso de transición a la vida adulta.

En este sentido, existe el riesgo de convertir estos jóvenes en socialmente inútiles, situados incluso por debajo de la clase obrera tradicional, la inserción laboral que —a través de la explotación de su mano de obra— resulta indispensable para el funcionamiento del sistema capitalista. En cambio, estos jóvenes no están insertados en los circuitos de producción, y esto favorece la expansión y acumulación de déficits en otros ámbitos: económico, de relaciones sociales, de participación política, residencial o sociosanitario.

Bloqueado el acceso al mercado de trabajo, emergen los mecanismos de obtención de recursos por vías alternativas, como los chanchullos, tareas alegales o ilegales y a menudo estigmatizadas. Representan una alternativa para afrontar las limitaciones económicas, y aunque abundan los aspectos negativos (trabajos puntuales de horas o días en tareas no cualificadas, variabilidad en la retribución, informalidad, fragmentación y no linealidad de las tareas, imposibilidad de planificación a largo plazo, estigmatización de determinadas actividades), también presentan aspectos positivos en el contexto vital —según los discursos producidos por los mismos jóvenes—: principalmente, porque ayudan

a aliviar puntualmente una situación de necesidad, pero también porque, en cualquier caso, son tareas tan puntuales e informales que escapan a la idea tradicional de explotación laboral (con lo que, puesto que no dotan de identidad, tampoco la degradan). Lo que debemos resaltar es la permanencia de esta forma precaria de obtención de ingresos a edades mucho más avanzadas que en los otros grupos juveniles, entre los cuales este tipo de tareas se limita a la adolescencia y a la compaginación con la etapa formativa, y que ha sido recurrente entre los jóvenes participantes en las entrevistas biográficas.

“Empecé a vender libros de mis hermanos pequeños.

Libros de texto, matemáticas… […] Me gano la vida como puedo, vendiendo libros. Hoy voy con este carrito, ¿ves? [carrito de la compra viejo, lleno de libros antiguos que vende en la calle]. Llevo aquí todo de libros de inglés y me he sacado 120 euros aquí delante de la universidad”. (E13. Hombre, 34 años, vive en pareja, ex drogadicto, sin techo anteriormente, estudiando en universidad desde el año pasado —a través de pruebas de acceso a mayores de 25 años—, chanchullos económicos para subsistir) “Ya que trabajo en el comedor del instituto, cada día cojo lo que sobra [de comida]. ¿Por qué se tiene que tirar? […]. La ropa también me la dan, normalmente.

Las amigas. Casi todo. Es que yo, que me haya comprado [se mira la ropa que lleva], ¡nada! [se da cuenta, y se ríe]”. (E8. Mujer, 28 años, vive con su hermana, trabaja puntualmente, episodios depresivos)

La descalificación social

La imagen 4 sintetiza los resultados obtenidos por este grupo social en distintos índices de vulnerabilidad. El indicador de pobreza monetaria se refiere a la definición convencional (individuos por debajo del umbral del 60% de la renta mediana por unidad de consumo). Se define como población con bajo nivel formativo aquella que no ha finalizado la ESO o equivalente y que lleva como mínimo dos años naturales sin estudiar. Por población excluida laboralmente entendemos la parada o inactiva (a excepción de estudiantes y jubilados). La privación en la vivienda se calcula mediante un índice a partir de la privación en ocho variables relativas al estado de la vivienda (ausencia de luz natural en alguna habitación; ruido; contaminación; delincuencia en el entorno; goteras, humedad o podredumbre; imposibilidad de mantener la vivienda a temperatura adecuada; ausencia de baño propio; ausencia de ducha). La privación en el consumo, igualmente, se calcula mediante un índice a partir de seis variables relativas al consumo (retrasos en el pago de facturas; alquiler o hipoteca; compras; imposibilidad de ir de vacaciones; dificultades para comprar carne o pescado; imposibilidad de afrontar gastos imprevistos). Cada variable se ha ponderado según el grado de generalización de la privación, de El impacto de la crisis entre los jóvenes en España | Francesc Valls Fonayet

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forma inversa: las variables con menor privación adquieren un mayor peso dentro del modelo, pues se supone que son de mayor gravedad. La fórmula es la

Imagen 4. Síntesis de indicadores de vulnerabilidad. Grupo 5. Jóvenes descalificados. España, 2011 Pobreza monetaria 300

siguiente,

, donde Ii es el indicador

económico de presencia o no de privación, y Pi es el porcentaje de hogares que no sufren privación. Por último, el estado de salud (malo o muy malo) queda definido por el propio individuo, en una escala de cinco categorías.

Los resultados plantean una afectación como mínimo del doble en relación con la media del conjunto de grupos sociales juveniles (= 100) para cada tipo de dimensión analizada, resaltando la ya citada problemática de salud: la población con mal o muy mal estado de salud es 4,8 veces superior a la media del resto de grupos sociales juveniles en España.

Excluidos laboralmente, se generaliza entre estos individuos un modelo de pobreza que Paugam (2007) define como descalificadora, inherente al capitalismo postindustrial y que se caracteriza por un deterioro de las condiciones materiales de vida, por la dependencia respecto de la protección pública y por la degradación de la identidad.

En primer lugar, en lo que refiere a las condiciones materiales, los resultados evidencian que estamos ante los jóvenes situados en los últimos escalones de la jerarquía social. Enumeramos brevemente algunos datos ilustrativos. Ocho de cada diez jóvenes (alrededor de 1 millón) viven en hogares que llegan a final de mes con dificultad o mucha dificultad, ubicados en entornos degradados (mayores porcentajes de delincuencia, contaminación y ruido en sus zonas).

El riesgo de pobreza (44,2%, unos 575.000 jóvenes) duplica al del resto de grupos, aspecto que se reproduce en los casos de pobreza severa (25,2%, unos 330.000) y extrema (13,5%, 175.000). En el último año, más de la mitad de sus hogares ha sufrido retrasos en el pago de la hipoteca, del alquiler, de facturas o de compras, y se ha generalizado la acumulación de dos o más pagos pendientes. En este punto, más del 80% declara que los gastos de la vivienda y el pago de las compras suponen una carga pesada para el hogar, y que no se podrían permitir gastos imprevistos. Un 26,4% declara que en sus hogares no se puede comprar carne o pescado por lo menos cada dos días. Y es que, como nos explican los participantes, el consumo debe limitarse a la satisfacción de las necesidades básicas huyendo de la lucha por el estatus a través del consumo social, en la cual siempre resultan perdedores, “Siempre hemos ido con cosas que nos dan […]. Yo creo que somos sencillos. No compro ni ropa de marca ni… Voy a la oferta” (E3. Mujer, 28 años, emancipada. 2 hijos, hogar monoparental, sin pareja, huérfana, bachillerato, no trabaja).

Además, este deterioro del nivel de vida generaliza la

Mal estado de salud

200 100

Bajo nivel formativo

0

Privación consumo

Exclusión laboral Privación vivienda

Grupo 6

Media grupos sociales juveniles=100

Fuente: elaboración propia a partir de la EU-SILC 2011.

aparición de problemas de salud: seis de cada diez jóvenes españoles cuya percepción del estado de salud es mala o muy mala pertenecen a este grupo, lo que perjudica su inserción social y laboral, con el porcentaje más elevado de jóvenes con invalidez reconocida (3%).

En segundo lugar, la difícil integración laboral la convierte en una población dependiente de la asistencia pública, que interviene para atenuar episodios de pérdida de la dignidad social. Dos datos elocuentes. Uno, a nivel de incidencia: es el grupo con más beneficiarios de transferencias monetarias en el capítulo de asistencia social (el 9,3%), el que percibe un mayor volumen de transferencias monetarias en este mismo capítulo (una media de 460 euros anuales por hogar) y el mayor perceptor de otras transferencias sociales, de tipo individual, ligadas a la exclusión social, como las de supervivencia e invalidez. Dos, a nivel de intensidad: frente el desmantelamiento de otras instituciones protectoras, entre estos jóvenes las transferencias monetarias adquieren el rol de última malla de seguridad. Sin ellas, el 64,7% de estos jóvenes sufriría pobreza moderada (que alcanza los 840.000 individuos), el 49,4% pobreza severa (640.000) y el 39,1% pobreza extrema (508.000). En este ámbito, deberíamos considerar como elemento de reflexión la cronicidad de esta condición de población dependiente de la asistencia pública, en la medida en que no se está consiguiendo una integración sociolaboral plena, incluso a edades avanzadas, con lo que los programas de intervención social presentan el riesgo de convertirse en modelos de compañía (en el sentido de establecimiento e instalación en ellos, como advierte Soulet 2008), más que de acompañamiento hacia una inserción social plena (Aliena, Fombuena y García 2012).

En tercer lugar, el tránsito por una trayectoria vital impregnada de experiencias sociales negativas provoca la asimilación de una identidad desvalorizada social-

rev.estud.soc. No. 54 • octubre-diciembre • Pp. 134-149 • ISSN 0123-885X • eISSN 1900-5180 · DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.10

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mente. En este contexto de estrés social se favorecen la fragmentación del bienestar emocional y la pérdida de identificación y adscripción con una colectividad que cada vez es menos capaz de ofrecer protección y sentimiento de utilidad social. De aquí que la fragmentación de las redes relacionales y el peligro de aislamiento social detectables entre este perfil de jóvenes se entiendan como la renuncia a participar en un entorno que genera un sentimiento de inferioridad por la acumulación de fracasos sociales.

de rentas sino también, y como consecuencia de ésta, a la ocupación de roles de autoridad. Algo confirmado por los datos: a su edad media, de 26,9 años, un 61% de sus miembros ya se ha emancipado (frente a un 39,4% de la media), un 31,1% se ha casado y un 28,7% tiene hijos, porcentajes anormalmente elevados si se tiene en cuenta su edad biológica, lo que confirma otra vez el bajo poder explicativo —y el posible poder ocultador— de la variable edad en un análisis sociológico sobre la juventud.

“P. Vida social, amigos, con otra gente… Cuéntame.

En el Messenger. Y abajo tengo un amigo. Pero como dice mi madre que no es un amigo… [Se ríe, avergonzado].

P. ¿Te dice tu madre que no es un amigo?

No. P. ¿Por qué?

Porque tiene 30 años [el joven entrevistado tiene 16].

P. ¿Y de qué lo conoces?

De abajo. Porque yo bajo a comprar y él está ahí [es el encargado de seguridad del supermercado del barrio]”. (E4. Hombre, 16 años, cursa ESO [repetidor], vive con su madre, dos hermanastros y padre del tercer hermanastro, ninguno trabaja)

Otro dato demográfico sustancial es la concentración de población de nacionalidad extranjera (46,4%), nítidamente superior a la del resto de grupos sociales juveniles.

Este efecto migratorio es un factor clave para entender el ritmo transicional: es la población de nacionalidad extranjera la que, a una edad media similar, presenta un mayor nivel de emancipación, un menor porcentaje de soltería y una mayor presencia de hijos. Este componente también explica la concentración territorial en los núcleos densamente poblados de las Comunidades Autónomas más desarrolladas económicamente (ver la imagen 5), focos tradicionales de captación de la migración. Y entre éstas, se debe destacar que sólo dos Comunidades Autónomas, Madrid y Cataluña, abarcan la mitad (49,2%) de jóvenes de este grupo.

La juventud obrera precarizada: “working poors” y movilidad social descendente

La pérdida de protección en el trabajo: jóvenes working poors

De lo demográfico a lo social: la aceleración de la transición a la vida adulta como estrategia de lucha contra la pobreza Con 1,2 millones de individuos, que representan el 11% del total de individuos de 16 a 34 años en España, este grupo ejemplifica la relación que se establece entre la posición social del joven y las estrategias de transición a la vida adulta. Aunque la literatura científica remarca la relevancia de las segundas en la reducción de la pobreza juvenil, habitualmente se centra en las utilizadas por los jóvenes de clase media, como el retraso de la emancipación y el ajuste de la fecundidad. No obstante, deberían dejar de considerarse como estrategias inherentes a toda la juventud, como lo demuestra el comportamiento diferencial de los jóvenes desfavorecidos que pertenecen a este grupo. Estos individuos planean una transición a la vida adulta adelantada en el tiempo, por la rápida salida del sistema formativo, y a mayor velocidad, debido a la restricción de los condicionantes objetivos, con lo que la complejidad de expectativas vitales se desluce. En este sentido, su rápida salida del sistema formativo, su inserción laboral y el hecho de que, a menudo, sus hogares de origen estén afectados por el desempleo o la inactividad llevan a menudo a estos jóvenes a asumir rápidamente responsabilidades dentro del hogar, no sólo en lo que refiere a la entrada

Los jóvenes de este grupo presentan un modesto nivel formativo, con una edad media de abandono de los estudios inferior a los 19 años: mayoritariamente, se trata de jóvenes que abandonaron el sistema formativo a mediados de la década de los dos mil, en un contexto de inserción rápida al mercado laboral, incluso para individuos que —como ellos— poseían una baja cualificación. Esto explica la notable presencia de población con solamente estudios primarios (un 13,8%, casi seis puntos por encima de la media), y que se presenta como crónica, puesto que ya menos de una cuarta parte está estudiando. Aun así, la presencia de jóvenes en niveles formativos superiores (incluso universitarios) no es rara. Esta dualidad se explica por la existencia de dos realidades sociales con distintos orígenes pero que se han visto homogeneizadas por los condicionantes sociales y económicos recientes. Por un lado, aproximadamente la mitad de este grupo está formada por población de nacionalidad extranjera, que presenta un menor nivel formativo y un proceso de transición a la vida adulta más veloz. Por otro lado, la otra mitad se nutre de jóvenes autóctonos, con un mayor nivel formativo y un ritmo de transición a la vida adulta más pausado, hijos de cuadros intermedios industriales y de clase trabajadora (tanto cualificada como no cualificada), y que se encuentran recluidos en el segmento inferior del mercado de trabajo, con situaciones de subocupación y de ineficacia de las credenciales formativas obtenidas.

El impacto de la crisis entre los jóvenes en España | Francesc Valls Fonayet

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TEMAS VARIOS Imagen 5. Distribución territorial. Grupo 6. Juventud obrera precarizada. España, 2011

Fuente: elaboración propia a partir de la EU-SILC 2011. Base cartográfica: d-maps.com

En este sentido, los datos de 2011 revelan que la mayoría de jóvenes de este grupo (52,7%) estaba trabajando, acumulando ya cierta antigüedad, con un porcentaje relativamente bajo de parados (20,3% del total de jóvenes), a tenor de su bajo nivel formativo y de su elevada tasa de pobreza (de 30,3%, nueve puntos por encima de la media, hasta un total de 360.000 jóvenes pobres). De esta forma, la vulnerabilidad se explica no tanto por el impacto de la desocupación o la inactividad —como sucede en el grupo anterior, de difícil integración laboral— sino por la posición que se ocupa dentro del mercado de trabajo, sintetizada en tres características esenciales. En primer lugar, la baja cualificación de las ocupaciones a las que se tiene acceso, con un 23% de los jóvenes ocupados como mano de obra no cualificada. En segundo lugar, las dificultades para insertarse plenamente en el mercado de trabajo, con un 20% de la población ocupada que trabaja a jornada parcial (hasta un 28% entre las mujeres). En tercer lugar, el tipo de ocupaciones en las que se trabaja, de baja capacidad protectora, con una fuerte presencia de hombres y mujeres ocupados en el sector de la hostelería (15,1%, casi el doble de la media del conjunto de grupos) y de mujeres empleadas como personal doméstico (18%, 4,5 veces por encima de la media).

Estos datos son clave para entender que nos encontramos ante jóvenes a los que el hecho de estar ocupados en el mercado laboral no les garantiza la salida de la pobreza ni es, evidentemente, una fuente de identidad positiva: “Yo era camionero de la basura. Que es muy digno, evidentemente. […] Pero socialmente no es lo mismo entrar con corbata que entrar vestido guarro.

Me comía la cabeza. Me he sentido inferior social-

mente. Escuchas, ves cosas… Vergüenza, un poco, sí.

Y aún la tengo ahora. Lo sabe muy poca gente”. (E21.

Hombre, 32 años, vive solo, universitario [beca], trabajos no cualificados, episodios depresivos)

Estos jóvenes alcanzan una escala salarial similar a la de los jóvenes de menor edad que pertenecen a grupos acomodados, que no están emancipados y que justo están empezando a instalarse en el mercado laboral, para los cuales la precariedad laboral es un peaje momentáneo (cada vez más estructural). De aquí que éste sea el grupo cuya población ocupada presenta un mayor riesgo de pobreza (del 15,7% si es asalariada a tiempo completo, del 30,6% si lo es a tiempo parcial, y del 32,1% si trabaja por cuenta propia). Aun así, la relativamente alta vinculación laboral sí consigue frenar la degradación de las condiciones de vida en los indicadores de mayor gravedad (como los retrasos en el pago del alquiler o hipoteca, compras y facturas, la imposibilidad de comprar carne o de mantener la vivienda a una temperatura adecuada), con unos resultados alejados de los obtenidos por el grupo 6, como se aprecia en la imagen 6.

Paradójicamente, la baja cualificación y la aceptación de cualquier tipo de ocupación disponible se convierten en la principal cualidad de estos jóvenes para insertarse laboralmente y estabilizar el aumento de vulnerabilidad. Entendemos que, aunque los beneficios materiales son evidentes, se trata de una estrategia arriesgada si entendemos el trabajo como fuente de fortalecimiento de la identidad. Es en este contexto que situamos ciertos discursos de jóvenes pertenecientes a este grupo, orientados al alivio de la sensación de precariedad en su subjetividad y a una estrategia para distanciarse de la estabilidad del mundo adulto y la ocultación

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del conflicto latente como mecanismo de protección, y que consisten, sintéticamente, en: a) la positivización del jefe, que nos elige por delante de cientos de jóvenes dispuestos a ocupar nuestro puesto de trabajo (“En negro, puedes decir. Pero los dueños son muy buenos”.

E11. Mujer, 19 años, inmigrante, residencia familiar con habitaciones realquiladas, estudiante de ESO, trabajo en negro), lo que se corresponde con una red de obtención del trabajo mediante la familia y el círculo de amistades que —aunque esté en regresión (Moreno y Rodríguez 2013)— facilita la confusión entre relaciones familiares y laborales y que puede acabar por diluir el conflicto (por lo menos en lo que refiere a la clase para sí, en términos marxistas); b) la relativización de la precariedad, al enfatizar dimensiones alternativas, como la buena relación que mantenemos con los compañeros o la informalidad (“Era en negro. A ver, más que trabajar, yo iba a ayudar”. E19. Mujer, 28 años, vive sola, no trabaja, episodios depresivos), y c) la positivización de la precariedad, como el peaje que superamos, que demuestra nuestra capacidad de esfuerzo y adaptación, y que permite distinguirnos de los vagos que no quieren trabajar (“Mientras yo trabajaba en el hotel, era llegar a casa a las 16h y no se había levantado —su expareja— de la cama. Ni se dignaba a lavar un plato […]. Dije, a la mierda, esto no es un hombre ni nada”. E3).

Este último aspecto lo incorporamos en una dimensión más amplia que refiere a la construcción de una identidad distintiva. Sorprendentemente, al preguntar a estos jóvenes si se consideraban pobres, su respuesta mayoritaria fue negativa. La argumentación se basa en una comparación respecto a los individuos que se encuentran justo por debajo, que serían los auténticos pobres. Esta distinción opera en una doble vertiente. En primer lugar, por lo que refiere a las condiciones materiales de vida, no se consideran pobres, ya que, aunque el nivel de vida sea muy modesto, no ven peligrar su subsistencia (“Es que como, tengo un techo, voy vestida… ¿Qué más quiero?”.

E8). En segundo lugar, se construye una distinción de estatus que les permite igualarse a los individuos que se encuentran justo por encima, es decir, asumen como propios los valores subjetivos pertenecientes a una clase media idealizada. Mediante la exaltación del esfuerzo, de la sinceridad o de la honestidad pretenden reconstruir las diferencias entre los pobres que intentan superar esta situación —y que legítimamente pueden exigir el reconocimiento de la sociedad— y los que no hacen nada para mejorarla: pobres y nada más que pobres, sin ningún derecho social.

Un último elemento sustancial para entender la elevada vulnerabilidad de estos jóvenes es el escaso acceso a la protección pública, en especial en las transferencias de tipo individual (por supervivencia, enfermedad, invalidez o desocupación), pero también en algunas relativas al hogar, como las de asistencia social. En todas ellas, los jóvenes de este grupo se sitúan entre los menos beneficiados, tanto en lo que refiere al volumen

Imagen 6. Síntesis de indicadores de vulnerabilidad. Grupo 6. Juventud obrera precarizada. España, 2011 Pobreza monetaria 300

Mal estado de salud

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Bajo nivel formativo

0

Privación consumo

Exclusión laboral Privación vivienda

Grupo 6

Media grupos sociales juveniles=100

Fuente: elaboración propia a partir de la EU-SILC 2011.

de población beneficiaria como a las cuantías de dichas transferencias. Esto provoca que se trate del grupo social juvenil en que las transferencias monetarias tienen un menor impacto en la reducción de la pobreza: la pobreza moderada sólo se reduce en un 40% (la media reductora es del 49%), la pobreza severa en un 34% (la media en un 39%) y la extrema en un 17% (la media en un 27,7%). Paradójicamente, este impacto es inferior al que beneficia a otros grupos acomodados y refleja una cierta ineficacia redistributiva, generando un aumento de la desigualdad entre jóvenes.

Conclusiones Este artículo alerta sobre la capacidad que la sociedad contemporánea tiene de generar sufrimiento, en este caso entre los jóvenes, enfatizando el impacto que la posición en la estructura social, como resultado del sistema de organización social, económica y política, tiene sobre las condiciones de vida de estos jóvenes, sobre la configuración del proceso de transición a la vida adulta y sobre la asimilación de una identidad desvalorada. Siguiendo a Laparra (2001), situamos el origen de los procesos de exclusión social como resultado de la articulación de dos lógicas diferenciadas: por una parte, la del capitalismo, orientada a la mercantilización del trabajo humano y a la proletarización pasiva, y, por otra parte, la de la democracia, que empuja hacia una sociedad homogénea en el ámbito de la ciudadanía y hacia una mayor igualdad en la distribución del poder.

La pobreza y la exclusión social son, pues, resultado del fracaso de los Estados de Bienestar para proteger a los individuos, o de hacerlo por lo menos de forma no estigmatizadora. Tezanos (2002) también apunta a esta dualidad, con una parte de población relativamente integrada a la sociedad y otra formada por los individuos prescindibles, que Castel (1992) caracterizó El impacto de la crisis entre los jóvenes en España | Francesc Valls Fonayet

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por una ruptura con el mercado laboral, no compensada por otros mecanismos de protección como el acceso a redes sociales de protección.

Empíricamente se ha seguido una estrategia de investigación que supera algunas de las debilidades de este campo de estudio: a) el establecimiento de una triangulación metodológica que rompe el dominio de los análisis cuantitativos; b) el análisis multidimensional de la vulnerabilidad, y c) la conceptualización de lo juvenil con base en criterios sociales, que supera el abuso de la edad biológica como única variable de definición.

Este mecanismo permite una aproximación nítida a la realidad social de los jóvenes situados en los grados inferiores de la estructura social española, evidenciando que los análisis basados exclusivamente en la edad biológica o en la pobreza monetaria ocultan realidades sociológicamente relevantes.

El grupo 5 de la estructura social juvenil engloba los jóvenes más vulnerables, caracterizados por la acumulación de déficits sociales en todos los ámbitos analizados, como un bajo nivel formativo, la exclusión laboral, la carencia de recursos materiales, el deterioro del vínculo social, la acumulación de privaciones en el consumo y en la vivienda y la generalización de un mal estado de salud. Esta descalificación social, con la cual España se acerca a formas de vulnerabilidad vinculadas al resto de Europa, se cristaliza en su subjetividad mediante la asimilación de una profunda identidad negativa y un progresivo aislamiento social e incluso familiar, elementos que dificultan su adscripción en la comunidad y que presentan alarmantes síntomas de cronicidad.

Por otra parte, el grupo 6 engloba individuos que transitan de forma rápida hacia la vida adulta y cuya vinculación laboral no garantiza protección ante la pobreza, aunque sí en otros ámbitos. La reclusión en el segmento secundario del mercado laboral genera en esta población —en algunos casos, relativamente bien formada— un sentimiento de fracaso y de desilusión ante el futuro, que se alivia mediante estrategias presentistas de perdedores: relativizar lo que Bourdieu (1999) definió como pequeña miseria, y conformarse con distinguirse de los que están aun peor.

A partir de aquí, queremos destacar algunas líneas de actuación que consideramos urgentes en este sentido: En primer lugar, se deben impulsar programas sociales orientados a las personas jóvenes a unos niveles parecidos a los que disfrutan otros colectivos dentro de las políticas contra la pobreza. Esto es, incorporar a las personas jóvenes como foco de atención de las políticas de lucha contra la pobreza, superando su actual doble afectación: el grado de debilidad de la protección pública en España y su concentración hacia la franja de población de edad avanzada mediante los programas de atención a la vejez y a la dependencia.

En segundo lugar, es necesario integrar a las personas jóvenes como sujetos activos en la definición, ejecución y evaluación de los programas sociales con el fin de superar las barreras materiales y las distancias simbólicas que existen entre la acción social (ya sea pública o privada) y las personas jóvenes, especialmente las más vulnerables.

Por último, garantizar que las políticas de juventud tengan en la pobreza y la exclusión social un ámbito prioritario de actuación, al disponer de los medios necesarios para la actuación. De hecho, es habitual que no se haga referencia a la existencia de desigualdades sociales entre los jóvenes ni tampoco que se prevean programas específicos de actuación de tipo no universal.

En la mayoría de articulados en torno a la juventud, como los Planes Nacionales de Juventud de España, el tratamiento de la pobreza es inexistente, mientras que el de la exclusión social empieza a aparecer últimamente, pero sólo enfocado a la marginalidad y centrado en casos individualizados: reclusos, mujeres maltratadas, etcétera. Debería fomentarse, por el contrario, el desarrollo de políticas nucleares (empleo, vivienda, educación, entre otras) mediante una planificación integral orientada a colectivos de personas jóvenes vulnerables con necesidades de intervención específicas que deben ser reconocidas por parte de los agentes sociales implicados.

Referencias 1.

Todo ello debe hacernos reflexionar acerca de la realidad en que se encuentra la juventud en el contexto de crisis actual en España. Constatamos que la preeminencia del rol del mercado privado como proveedor de servicios (sobre todo, en el trabajo y la vivienda), unida a la debilidad de la política pública como mecanismo de igualación de oportunidades, favorecen el aumento de la vulnerabilidad social juvenil (controlada, en última instancia, gracias a la malla protectora de la familia y a las estrategias juveniles de retraso de la emancipación) y la reproducción de las desigualdades sociales.

2.

3.

4.

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64. E3. Mujer, 28 años, pueblo (<10.000). Marzo de 2011.

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de 2011.

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de 2011.

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150.000). Enero de 2011.

75. E14. Hombre, 28 años, ciudad media (100.000 a

125.000). Diciembre de 2010.

76. E15. Hombre, 31 años, ciudad media (125.000 a 150.000).

Marzo de 2011.

77. E16. Hombre, 25 años, ciudad media (125.000 a

150.000). Marzo de 2011.

78. E17. Mujer, 18 años, ciudad media (125.000 a 150.000).

Diciembre de 2011.

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125.000). Diciembre de 2010.

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Abril de 2011.

81. E20. Mujer, 27 años, vive sola, huérfana, universitaria,

no trabaja (beca). Abril de 2011.

82. E21. Hombre, 32 años, ciudad media (125.000 a 150.000).

Abril de 2011.

83. E22. Responsable de centro de acogida a personas sin

hogar en ciudad grande (>500.000). Marzo de 2011.

84. E23. Responsable de centro de vivienda para jóvenes

extutelados en pueblo (10.000 a 25.000). Febrero de 2011.

85. E24. Responsable de organización sindical juvenil.

Octubre de 2010.

86. E25. Responsable de organismo nacional de políticas

de juventud. Diciembre de 2010.

87. E26. Responsable de oficina municipal de inclusión

social en ciudad mediana (100.000 a 125.000).

Diciembre de 2010.

rev.estud.soc. No. 54 • octubre-diciembre • Pp. 134-149 • ISSN 0123-885X • eISSN 1900-5180 · DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.10

TEMAS VARIOS 88. E27. Responsable de centro de acogida para personas

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sin hogar en ciudad mediana (125.000 a 150.000). Abril de 2011.

E28. Responsable de entidad social para jóvenes en riesgo de exclusión social en ciudad mediana (100.000 a 125.000). Febrero de 2011.

E29. Responsable de entidad social para jóvenes en riesgo de exclusión social en ciudad mediana (100.000 a 125.000). Febrero de 2011.

E30 Responsable de entidad social para jóvenes en riesgo de exclusión social en ciudad mediana (100.000 a 125.000). Marzo de 2011.

E31. Responsable de entidad social para jóvenes en riesgo de exclusión social en ciudad grande (>500.000).

Marzo de 2011.

93. E32. Responsable de entidad nacional de intervención

y asistencia social para jóvenes. Diciembre de 2010.

94. E33. Responsable de entidad nacional de intervención

y asistencia social para jóvenes. Enero de 2011.

95. E34. Responsable de organismo nacional de políticas y

programas de inclusión social. Enero de 2011.

96. E35. Responsable de plataforma nacional de entidades

juveniles. Enero de 2011.

97. E36. Responsable de acción social municipal, ciudad

mediana (100.000 a 125.000). Abril de 2011.

98. E37. Responsable de acción social municipal, ciudad

mediana (100.000 a 125.000). Abril de 2011.

99. E38. Responsable de acción social municipal, ciudad

mediana (125.000 a 150.000). Abril de 2011.

El impacto de la crisis entre los jóvenes en España | Francesc Valls Fonayet

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La convención de las discordias: Ocaña, 1828* Daniel Gutiérrez Ardila** Fecha de recepción: 31 de octubre de 2014 • Fecha de aceptación: 24 de marzo de 2015 • Fecha de modificación: 08 de mayo de 2015 DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.11

R E S U M E N | Los congresos constituyentes en la Hispanoamérica independentista fueron por lo general reuniones que decidieron o ratificaron la existencia de nuevos Estados. En ese sentido, puede decirse que se caracterizaron en lo fundamental por la convergencia de pareceres y por la búsqueda de la unanimidad. Por eso, cuando los acuerdos alcanzados comenzaban a degradarse, se recurría naturalmente al expediente de convocar a un nuevo cuerpo constituyente que reparara las fisuras y conjurara las amenazas de disolución. Pero, ¿cómo aparejar tendencias irreconciliables? ¿Y qué sucedía si en lugar de resolver las más álgidas disputas, la esperanza de medianía se esfumaba definitivamente y el cuerpo de diputados faltaba a su cometido esencial? Mediante el análisis de la Convención de Ocaña (1828), cuyo fracaso tuvo mucho que ver con la disolución definitiva de la República de Colombia (1819-1831), este texto se interesa por tales cuestiones y busca analizar, echando mano de la documentación disponible en el Archivo General de la Nación (AGN), sistemáticamente confrontada con fuentes diplomáticas francesas y chilenas, el momento en que las asambleas constituyentes se transformaban en hitos de demarcación política y preparaban el advenimiento de la guerra civil. Así mismo, el artículo busca impugnar la idea, ampliamente difundida, del apoyo masivo y espontáneo de los pueblos colombianos a la dictadura de Bolívar.

PA L A B R A S C L AV E | Convención de Ocaña, asambleas constituyentes, revolución de independencia, República de Colombia, Simón Bolívar.

The Convention of Discords: Ocaña, 1828 A B S T R AC T | Constituent congresses in pro-independence Spanish America were generally meetings that declared or ratified the existence of new States. In this sense, it can be said that they were basically characterized by the convergence of opinions and by the quest for unanimity. For that reasonl, when the agreements reached began to disintegrate, they naturally resorted to the procedure of convening a new constituent body to repair the fissures and ward off the threats of dissolution. But how were they to resolve irreconcilable differences? And what happened if, instead of settling the most heated disputes, all hope of compromise finally vanished and the corps of deputies failed in their essential mission? By analyzing the Ocaña Convention of 1928, the failure of which had a great deal to do with the final dissolution of the Republic of Colombia (18191831), this text poses such questions and seeks to analyze the moment in which the constituent assemblies became milestones for political boundaries and prepared the way for civil war. It does so by making use of the documentation available in the Archivo General de la Nación (AGN) and systematically confronting it with French and Chilean diplomatic sources. The article also seeks to challenge the widely disseminated idea of massive and spontaneous support of the Colombian peoples for the dictatorship of Bolivar.

K E Y W O R D S | Ocaña Convention, constituent assemblies, war of independence, Republic of Colombia, Simon

Bolivar.

*

Esta investigación fue financiada por el programa Research in Paris, de la Alcaldía de París, en 2013.

**

Doctor en Historia por la Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Francia). Docente investigador del Centro de Estudios en Historia (CEHIS) de la Universidad Externado de Colombia. Miembro del grupo de investigación “Arqueología de la Modernidad Política” (categoría D en Colciencias). Entre sus últimas publicaciones se encuentran: Les commissaires de la Restauration auprès des États hispanoaméricains (1818-1826). La Révolution française 6 (2014), y Matar a un rey ausente. Los regicidios simbólicos durante el interregno neogranadino (1808-1816), Economía y Política 2 (2014): 5-37. Correo electrónico: danielgutierrezardila@gmail.com

TEMAS VARIOS

A convenção das discórdias: Ocaña, 1828 R E S U M O | Os congressos constituintes na América Espanhola independentista foram, em geral, reuniões que decidiram ou ratificaram a existência de novos Estados. Nesse sentido, pode-se dizer que foram caracterizados fundamentalmente pela convergência de pareceres e pela busca da unanimidade. Por isso, quando os acordos atingidos começavam a se desintegrar, recorria-se naturalmente à convocação de um novo corpo constituinte que consertasse as fissuras e acabasse com as ameaças de dissolução. No entanto, como igualar tendências irreconciliáveis? O que aconteceria se, em vez de resolver as mais agudas disputas, a esperança de mediania desaparecesse definitivamente e o corpo de deputados faltasse a seu cometido essencial? Mediante a análise da Convenção de Ocaña (1828), cujo fracasso teve muita relação com a dissolução definitiva da República da Colômbia (1819-1831), este texto se interessa por essas questões e busca analisar, com base na documentação disponível no Archivo General de la Nación (AGN), sistematicamente confrontada com fontes diplomáticas francesas e chilenas, o momento em que as assembleias constituintes se transformavam em indicações de demarcação política e preparavam a chegada da guerra civil. Além disso, este artigo pretende impugnar a ideia, largamente difundida, do apoio massivo e espontâneo dos povos colombianos à ditadura de Bolívar.

PA L AV R A S - C H AV E Convenção de Ocaña, assembleias constituintes, revolução de independência, República da Colômbia, Simón Bolívar.

Antecedentes Al comenzar el año de 1826, el porvenir de Colombia generaba confianza dentro y fuera del país. Aunque inquietaba la presencia de España en Cuba y Puerto Rico, con la rendición de El Callao, a finales del mes de enero, la antigua metrópoli fue expulsada definitivamente del Perú.

Además, la pugna por el reconocimiento parecía resolverse también de manera satisfactoria, pues la república mantenía relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Gran Bretaña y estaba ligada por tratados solemnes con la mayor parte de los Estados hispanoamericanos (Rivas 1915 y 1961; Zubieta 1924). El Congreso Constitucional se venía reuniendo regularmente desde 1823 y podía pensarse que los conflictos civiles que atormentaban a los Estados vecinos habían sido definitivamente superados.

No obstante, en el mes de febrero la casa Goldschmidt de Londres se declaró en bancarrota y arruinó el crédito y las finanzas de Colombia. El 30 de abril, pocos días después de conocerse en Valencia la decisión del Congreso de suspender al influyente militar José Antonio Páez de la comandancia general de Venezuela, y de llamarlo a juicio, se originó una revolución que se extendió muy pronto a las provincias de Caracas, Carabobo y Apure.

El movimiento desembocó en la sustracción de estos territorios a la autoridad del gobierno de Bogotá, en la designación de Páez de una magistratura extraordinaria con el título de “jefe civil y militar de Venezuela” y en la decisión de remitir un diputado a Bolívar en Perú, para solicitarle que regresase a la república y facilitara con su influjo la reunión de una convención capaz de reformar la Constitución. Para legitimar estas actuaciones se acudió a un expediente que habría de gozar en los años sucesivos de gran popularidad: la redacción de actas en que supuestamente se consignaba la voluntad de los diferentes vecindarios.

Como ha anotado Clément Thibaud, esta práctica “permitía, en períodos de crisis, afincar alternativamente la soberanía” y constituía “un poder constituyente capaz de ser movilizado en cualquier momento contra el poder ejecutivo” (Thibaud 2006, 16). Conviene, con todo, anotar que el descontento del territorio de la antigua Capitanía General con el gobierno y las leyes de Colombia venía incubándose desde la creación misma de la república, y se había manifestado previamente por medio de una comisión que ofreció a Bolívar una corona bonapartista. El incidente de la suspensión de Páez fue visto entonces como una ocasión inmejorable para manifestar con vigor, en un primer momento, un separatismo genuino y para proclamar, más adelante, el sistema federal (Bushnell 2007, 251-260; Guerra 1908, 20-33; Restrepo 1858, 497-515, tomo 3).

Mientras esto sucedía, Simón Bolívar logró que comenzara a gestionarse en Perú la adopción del proyecto de Constitución, que había redactado en especial para la república de Bolivia y que, entre otras cosas, preveía la creación de una Presidencia vitalicia e irresponsable (Paz Soldán 1874, 70-110).1 Al recibir las noticias de Venezuela, y en lugar de esforzarse por defender el orden constitucional, el Libertador aprovechó la situación para promover también en Colombia la adopción de la Carta y encargó a un amigo personal que la llevase a Bogotá, la reimprimiese y la circulase profusamente (Restrepo 1858, 527-528, tomo 3; Vargas 1978, 33; Villanueva s. f.). Los temores abrigados por los “hombres liberales” de Colombia, según los cuales el Libertador había modificado sus ideas políticas en Perú y cortejaba ahora la Corona, parecieron confir1

Ver también Andrés de Santa Cruz a Bolívar y a La Fuente (Lima, 12, 19 y 28 de septiembre y 8 y 23 de octubre de 1826), Santa-Cruz Schuhkraft (1976, 207-210, 214-216 y 218-219).

La convención de las discordias: Ocaña, 1828 | Daniel Gutiérrez Ardila

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TEMAS VARIOS

marse cuando las ciudades de Guayaquil, Quito, Cuenca, Panamá, Cartagena y Maracaibo expidieron actas por medio de las cuales le conferían facultades dictatoriales y lo llamaban a ejecutar la variación del sistema. Para colmo, detrás de aquellos tumultos se descubrieron instancias puntuales de diferentes emisarios de Bolívar —el general Salom, el coronel Demarquet y, sobre todo, Antonio Leocadio Guzmán— y hasta cartas de éste, que circularon entonces manuscritas (Bushnell 2007, 264-266; Cuervo y Cuervo 2012, 50-66; Guerra 1908, 77-84; Soto 1978, 121-123; Restrepo 1858, 529-535 y 655-656, tomo 3; Restrepo 1954, 299, 304-305 y 307; Vargas 1978, 16-17).2 Bolívar regresó por aquel tiempo a Colombia tras tres años de residencia en Perú, y desde su llegada a Guayaquil (12 de septiembre) su comportamiento fue contrario a la Constitución. En efecto, usando una “autoridad de dictador” que prescindió de reivindicar, promovió oficiales comprometidos en las actas de la dictadura, derogó sentencias ejecutoriadas en la corte marcial y dispuso a su antojo de los caudales públicos. Semejantes facultades sólo podían proceder de las actas emitidas por las juntas populares de Guayaquil, Ecuador y Azuay, en las cuales se les habían conferido explícitamente (Bushnell 2007, 266-268; Restrepo 1858, 550, tomo 3; Restrepo 1954, 307; Vargas 1978, 24-25). A continuación, Bolívar se dirigió a Bogotá (14 de noviembre), y nueve días más tarde hacia Venezuela, con el objeto de restablecer la concordia. Para entonces, si, con excepción de tres, todos los departamentos de la república se habían pronunciado a favor de una reforma de las instituciones, Antonio Leocadio Guzmán había fracasado en Caracas en su misión de promover la adopción de la Constitución boliviana y causado por ello un “extraño disgusto” a Bolívar, según refiere José Manuel Restrepo, que fue informado puntualmente de la rabieta (Restrepo 1954, 312 y 315-316). En Venezuela, el Libertador contemporizó con los rebeldes, ofreciéndoles amnistía y comprándolos con puestos. Páez fue así confirmado como “jefe superior de Venezuela”; otros revoltosos como Francisco Carabaño y Andrés Torrellas recibieron ascensos, y el dominicano José Núñez de Cáceres obtuvo el juzgado de Maturín.

Entre tanto, los hombres que se habían mantenido fieles a las leyes y defendido el orden constitucional permanecieron en su sitio, sin ningún tipo de reconocimiento (Bushnell 2007, 271-276).

En Maracaibo, camino hacia Caracas, Bolívar había expedido un decreto ilegal el 19 de noviembre de 1826, en virtud del cual ofreció convocar los colegios electorales de la república para que decidieran cuándo, cómo y en qué términos debía instalarse la convención nacional.

No obstante, dos meses después, graves sucesos en el Sur frustraron toda posibilidad de uniformar las

2 Ver también el discurso de Miguel Uribe ante el Senado de 1827, Mendoza y Yánez (1828, 116-117).

instituciones de Colombia con las de Perú y Bolivia. En efecto, el 26 de enero una revolución en Lima, en la que participaron las tropas colombianas allí estacionadas, derogó la Constitución boliviana que apenas regía en el país desde el mes de diciembre. La revuelta se extendió a Guayaquil y aun a Bolivia, donde comenzó a vacilar también la autoridad de Sucre (Restrepo 1858, 579-593, tomo 3 y 7-17, tomo 4; Restrepo 1954, 322, 324 y 325; Vargas 1978, 49-55). En consecuencia, fracasaron el proyecto de establecer la gigantesca confederación de los Andes y, simultáneamente, las tentativas de imponer en Colombia, mediante asambleas tumultuarias, el código de la presidencia vitalicia (Lecuna 1995, 365-402). En adelante, la reforma constitucional habría de llevarse a cabo siguiendo vías menos expeditas.

Por las dificultades que se presentaron para completar el quórum, el Congreso Constitucional colombiano tuvo que instalarse en la ciudad de Tunja en torno a un senador moribundo y con una tardanza de cuatro meses.

Según apuntó José Manuel Restrepo en su Diario político y militar, desde el comienzo de la legislatura se perfilaron dos grandes partidos: el de los “militares-aristócratas” y el de los “republicanos exaltados”. El examen de las renuncias presentadas a la corporación por el Presidente y el Vicepresidente demuestra que ya para entonces la figura de Bolívar constituía una línea de fractura, pues 24 de los 74 congresistas se manifestaron a favor de su retiro. En cualquier caso, el Libertador, a la sazón en Caracas, explicaba sin recelos en sus conversaciones privadas que su dimisión no era sincera y que con ella sólo buscaba que se le entregase el mando supremo, sin sujeción a la Constitución (Porter 1997, 221, 223 y 225).

Santander, por su parte, suscitaba menos resistencia en el Legislativo en ese momento, como parece indicarlo el hecho de que su continuación en el gobierno fuese decidida por una aplastante mayoría de 70 votos a favor (Restrepo 1954, 336; Soto 1978, 129-145; Vargas 1978, 58-64). El principal cometido del Congreso Constitucional de 1827 fue decidir la cuestión de la convocatoria a la convención revisora, que se veía obstaculizada por el artículo 191 de la Constitución en vigor. En efecto, éste preveía que tan sólo cuando una práctica de “diez o más años” hubiera descubierto los inconvenientes o ventajas de la carta promulgada en Cúcuta podría convocarse una asamblea que la examinase o reformase en su totalidad.

Mediante una interpretación abusiva, y tras acaloradas discusiones, el Congreso fijó a finales de julio la fecha de la reunión (2 de marzo de 1828) y eligió como sede de ella a la ciudad de Ocaña, por tener ésta una situación geográfica favorable a los desplazamientos de los diputados venezolanos y porque los antibolivianos pensaban que allí podría deliberarse con mayor libertad que en la capital (Guerra 1908, 199-221 y 254-259; Restrepo 1858, tomo 4, 53-56; Vargas 1978, 56-58 y 86-87). El empeño de los santanderistas por salvaguardar las bases del gobierno republicano representativo los llevó a conseguir que se exigiese a los diputados de la Convención un juramento previo, que devela sus temores de que se aprovechase la

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reunión para instaurar un protectorado, una corona o una presidencia vitalicia: juro a Dios Nuestro Señor sobre estos santos evangelios, y prometo a la República de Colombia […] no promover nada que sea contrario a su integridad e independencia de otra potencia o dominación extranjera, ni que sea en tiempo alguno el patrimonio de ninguna familia ni persona, antes bien sostendré, en cuanto esté de mi parte, la soberanía de la nación, la libertad civil y política, y la forma de su gobierno popular representativo, electivo y alternativo; que sus magistrados y oficiales investidos de cualquier especie de autoridad sean siempre responsables a ella de su conducta política; y que el poder supremo se conserve siempre dividido, para su administración, en legislativo, ejecutivo y judicial.3

El decreto del Congreso no calmó los ánimos ni distendió el ambiente, en buena medida porque ya para entonces había llegado a su fin la feliz cooperación entre el Presidente y el Vicepresidente, y con ella, la asociación del carisma y la legalidad, que tanto había facilitado la marcha de la república (Calderón 2005). Francisco de Paula Santander actuaba desde hacía varios meses como “cabeza de facción” alentando proyectos separatistas y publicando artículos contra el Presidente en la gaceta ministerial. Bolívar, por su parte, ordenaba movimientos de tropas y continuaba otorgando ascensos militares y licencias a diversos oficiales, a pesar de no haber prestado juramento ni tomado posesión aún como máxima autoridad de la república (Restrepo 1954, 350-351; Vargas 1978, 67).

Como si esto fuera poco, los coroneles Arismendi y Fergusson recorrieron las provincias de Socorro y Tunja por órdenes suyas, con el fin de promover en ellas la redacción de actas semejantes a las de Venezuela, y el coronel Pedro Alcántara Herrán hizo gestiones en el mismo sentido con los regidores de Bogotá (Santander 1988, 70). Además, varios militares del séquito del Libertador agredieron públicamente a periodistas comprometidos con la defensa del orden constitucional, y cuya cercanía con el Vicepresidente era de conocimiento público (Posada 1865, 82-83; Restrepo 1954, 363-364 y 373; Vargas 1978, 74-76 y 100-103). Ni siquiera el Congreso escapaba a la exaltación general, pues algunos de sus miembros trataron a Bolívar de “gran criminal” o lo compararon con César o Bonaparte, mientras que otros atacaron a Santander, acusándolo de corrupto (Guerra 1908, 225-236).

En otras palabras, cuando los diputados de la Gran Convención comenzaron a llegar a Ocaña, el ambiente político estaba dominado por la zozobra, las arcas 3 “Reglamento de las elecciones de los diputados a la Gran Convención”. Bogotá, 29 de agosto de 1827. art. 40, en: Gaceta de Colombia 310. Reproducido por Pineda, Epps y Caicedo (1993, 214, tomo 1).

públicas se hallaban exhaustas, el Ejército resultaba amenazante por su tamaño, por sus pretensiones y por sus excesos, y los fundadores de la república se habían dividido en torno a las figuras de Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar. El primero, elegido como diputado por Cundinamarca a la Convención, se convirtió naturalmente en el jefe de un grupo que se consideraba como el defensor de las instituciones democráticas y se daba el epíteto de “liberal” (Restrepo 1858, 83, tomo 4). El segundo no se abstuvo tampoco de intervenir en los debates y se instaló en Bucaramanga para seguirlos de cerca e influenciarlos, gracias al correo semanal que desde Ocaña iba hasta su residencia (O’Leary 1883, 210; Perú de Lacroix 1945). En su derredor se hallaban la generalidad de la alta y mayoritaria oficialidad venezolana, los extranjeros al servicio de Colombia y “patriotas antiguos” que creían de buena fe en la necesidad de un poder ejecutivo enérgico (Baralt y Díaz 1939, 266-268, tomo 2). Las disensiones abrían de nuevo la cuestión del sistema de gobierno más propicio para edificar en la Tierra Firme una sociedad feliz e ilustrada: las vacilaciones en torno al federalismo y las tentaciones autoritarias, cortadas desde 1819 por la guerra con España, volvieron a emerger con inusitada fuerza.

Convocatoria y propósitos El testimonio del agente francés Claude Buchet Martigny resulta muy valioso para el estudio de la Gran Convención. Nacido en Sury-en-Vaux (departamento de Cher) en 1795, Buchet Martigny comenzó su carrera como agregado de la legación francesa en Estados Unidos y fue nombrado como representante de su país en Colombia tras haber administrado los asuntos consulares en Charleston, Norfolk y Filadelfia (18161822). A Bogotá llegó primeramente como “agente superior de comercio” a principios de agosto de 1826, antes de convertirse en “inspector de comercio” y, en abril de 1827, en cónsul general.4 Desde su llegada a Colombia, Buchet Martigny se forjó una visión de conjunto de la situación del país que se modificó muy poco durante los siete años de su permanencia en Bogotá, y en cuya comprensión la Convención de Ocaña ocupa una parte esencial. En opinión del representante francés, la república ofrecía pocas posibilidades de consolidación y estabilidad si Simón Bolívar dimitía o era derribado. Si hemos de creer en sus repetidas denuncias, la administración del vicepresidente Santander era corrupta; los legisladores, ignorantes, y los jueces, prevaricadores.5 Los prejuicios 4 Archives du Ministère des Affaires Etrangères (AMAE), Dossiers du personnel, première série 676.

5 Lo mismo decían los jefes de la insurrección en Venezuela, y tal era también la opinión del cónsul británico en Caracas (Porter 1997, 193). Restrepo desestima la acusación en su Historia y afirma que el gabinete al que perteneció él mismo La convención de las discordias: Ocaña, 1828 | Daniel Gutiérrez Ardila

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políticos y nacionales de Buchet Martigny lo llevaron a ver en el Libertador-Presidente un aliado potencial de las Restauraciones europeas y del principio del orden contra el espíritu demagógico. En consecuencia, Francia y sus aliados continentales debían apoyar los proyectos de transformación de las instituciones colombianas que Bolívar venía promoviendo desde Perú y que, en concepto de Buchet Martigny, apuntaban claramente a la fundación de un sistema muy próximo a la monarquía constitucional, mediante la adopción de una presidencia vitalicia e irresponsable. “El general Bolívar será rey”, aseguraba el agente francés, “mas superior en sabiduría a César, se contentará con serlo de hecho sin tomar el título”.6 Por lo menos desde mediados de agosto de 1826, Buchet Martigny se mostró convencido en su correspondencia de que las pretensiones de Bolívar apuntaban en esa dirección. ¿Acaso no había visto el Libertador en la revuelta de Páez una ocasión inmejorable para modificar las instituciones de Colombia? Y si en un primer momento el representante francés desestimaba la posibilidad de que Bolívar estuviese detrás de las actas de diversas capitales departamentales, para finales de octubre había adquirido la certeza de que tales movimientos hacían parte de sus maquinaciones.7 Es conveniente en este punto citar un extracto de la correspondencia: [...] il semble aujourd’hui démontré que Bolivar luimême, a été le fomentateur des mouvements de Venezuela, de ceux de Guayaquil, Quito, Panama, Carthagène, Sainte-Marthe, Maracaibo, etc. Il avait envoyé des émissaires dans toutes ces parties de la république pour y suggérer d’y demander des reformes dans le gouvernement, se faire nommer dictateur et proposer le plan modifié de la Constitution de Bolivia, pour l’adoption duquel il se trouverait président à vie et irresponsable des trois républiques de Colombia, du Pérou et de Bolivia, qui a, dit-on, intention de réunir sous un même empire. 8

Las opiniones de Buchet Martigny se afianzaron con la llegada de Simón Bolívar a Bogotá después de una larga ausencia en Perú y, más que nada, con la audiencia en la

estaba compuesto por “hombres de integridad pura y de integridad conocida” (Restrepo 1858, 632, tomo 3).

6 “Le général Bolivar sera roi, mais plus sage que César, il se contentera de vouloir l’être de fait, sans en prendre le titre”, Buchet Martigny a sus comitentes. Bogotá, 18 de agosto de 1826. AMAE. Correspondance consulaire et commerciale, tomo 1, ff. 26-29. Ver también el oficio dirigido al Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia el 20 de mayo de 1828, Correspondance Politique Colombie (en adelante, CPC), tomo 4, ff. 8-9.

7

Buchet Martigny a sus comitentes. Bogotá, 19 de septiembre y 15 y 28 de octubre de 1826. AMAE. CPC, tomo 3, ff. 63-64, 69-70 y 75-76.

8 Buchet Martigny a sus comitentes. Bogotá, 23 de enero de 1827. AMAE. CPC, tomo 3, ff. 122-125.

que tuvo la oportunidad de conocerlo personalmente.

Durante la entrevista, ocurrida el 20 de noviembre de 1826, el Libertador se expresó en francés en presencia del vicepresidente Santander y observó con franqueza “que el gobierno republicano no era conforme a las costumbres, los hábitos, la educación o el genio de los habitantes de la América meridional”, antes de recordar que tiempo atrás, ante el Congreso reunido en Angostura, había anunciado ya esta verdad, a sus ojos incontrovertible. El mensaje tácito era claro: los males padecidos recientemente por el país hallaban su origen en la porfiada inadvertencia del oráculo y se originaban exclusivamente en la naturaleza de las instituciones republicanas. Habiéndose apresurado Buchet Martigny a refrendar el diagnóstico, basado en su corta experiencia en Colombia, Bolívar agregó que una monarquía tampoco era conveniente “porque el país era demasiado pobre para mantener un rey y un gobierno real”. El único remedio, en palabras del propio Bolívar, era la dictadura, capaz de obviar a un tiempo los inconvenientes suscitados por uno y otro sistema.9 Cinco días más tarde, en medio de una cena ofrecida por el representante británico en Bogotá, Bolívar hizo un brindis en el que renovó su fe política y envió nuevamente señales claras de sus proyectos, declarando que Francia poseía “el mejor gobierno de su historia y que se encaminaba a pasos redoblados hacia el último grado de la prosperidad”.10 En otras palabras, la Convención de 1828 habría sido, según Buchet Martigny, un recurso imaginado por el Libertador-Presidente para modificar de manera solapada las instituciones de Colombia. Ocaña fue, en opinión del representante francés, un nuevo intento —después de Angostura y Cúcuta— por crear en el país una monarquía constitucional disfrazada, una “realeza con librea republicana”, para emplear las propias palabras del agente.11 Ello quiere decir que la asamblea revisora de 1828 significó, desde tal punto de vista, un tercer fracaso. ¿Cómo explicar tan repetidos y fatales tropiezos en un hombre que, en opinión de Buchet Martigny, se encontraba muy por encima del resto de sus conciudadanos? La respuesta del comisionado francés es también persistente e invariable desde las primeras comunicaciones oficiales que remitió a París en 1826: el alto precio que Bolívar concedía a su propia gloria, edificada sobre su condición de héroe antimonárquico, le habría impedido presentar y promover abiertamente sus proyectos y sus aspiraciones. Por lo

9 Buchet Martigny al Ministro de Relaciones Exteriores de Francia. Bogotá, 20 de noviembre de 1826. AMAE. CPC, tomo 3, ff. 84-85.

10 Buchet Martigny al Ministro de Relaciones Exteriores de Francia. Bogotá, 25 de noviembre de 1826. AMAE. CPC, tomo 3, ff. 88-89.

11 Buchet Martigny al Ministro de Relaciones Exteriores de Francia. Bogotá, 18 de noviembre de 1826. AMAE. CPC, tomo 3, ff. 82-83.

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tanto, cuando la adopción por vía legal de sus diseños institucionales resultó imposible, se contentó con ejercer una dictadura limitada en el tiempo y, por lo mismo, ineficaz.12 ¿Vio Bolívar en la convocatoria de la Gran Convención de 1828 un mecanismo capaz de imponer a Colombia la Constitución boliviana? Tal es la opinión de Buchet Martigny, que tuvo a bien recordar en su correspondencia que el Presidente mismo había asestado varios golpes letales a la Carta de Cúcuta al prometer en una proclama a los venezolanos la convocatoria de una nueva asamblea constituyente (en contravía de lo estipulado por las leyes fundamentales) y al premiar a Páez y sus aliados con ascensos y favores.13 Las miras del Libertador habrían apuntado, en última instancia, a la creación de una vasta confederación que se extendería desde Colombia hasta el Perú y Bolivia.14 Se ha visto cómo, en opinión del comisionado francés, los planes de Bolívar habrían fallado por la timidez con que emprendió su ejecución. ¿Cómo se tradujo esto en la práctica? Las controvertidas acciones del Presidente desde su retorno del Perú despertaron las mayores suspicacias en Bogotá y llevaron al establecimiento de un “partido” estructurado alrededor del vicepresidente Santander. Según Buchet Martigny, éste estaba compuesto esencialmente por “altos funcionarios” adictos a la más pura democracia, mientras que los apoyos de Bolívar pertenecían en su mayoría al Ejército y al clero y luchaban por imponer instituciones de corte monárquico, que no parecían ser contrarias, por lo demás, al querer de la plebe.15 Escritores como Restrepo, Urisarri, Posada y Groot sostienen que el Libertador cometió el error de ordenar a los intendentes y gobernadores mantenerse alejados de las elecciones, mientras que el Vicepresidente escribía “cien cartas en cada correo” con el propósito de asegurar su designación y la de sus partidarios (Bushnell 2007, 282-282; Groot 1953, 307-309; Posada 1865, 76 y 80; Restrepo 1858, 83, tomo 4; Urisarri 2000, 91). Muy distinta es en este punto la opinión de Vargas Tejada, quien afirma que los bolivianos participaron activamente en las elecciones y hasta repartieron a través de los departamentos y provincias listas destinadas a las asambleas electorales (Vargas 1978, 77-78). Sea como fuere, lo cierto es que los

12 Buchet Martigny al Ministro de Relaciones Exteriores de Francia. Bogotá, 18, 20 y 25 de noviembre de 1826. AMAE. CPC, tomo 3, ff. 82-85 y 88-89.

comicios presentaron en ambas rondas una abstención fortísima16 y fueron dominados en la Nueva Granada por los santanderistas, y en la antigua presidencia de Quito, el departamento del Magdalena y algunas partes de Venezuela, por los candidatos afines al Libertador (Vargas 1978, 79-80).17

La Gran Convención Un gran escollo surge al estudiar la Convención de Ocaña: como durante toda su existencia careció de imprenta, aparentemente por la estudiada negligencia del Secretario del Interior (Vargas 1978, 86),18 sólo una porción de las actas circuló en su momento.

Cuando en 1993 el proyecto editorial liderado por Luis Horacio López para el bicentenario del natalicio y el sesquicentenario de la muerte de Francisco de Paula Santander encaró la cuestión, halló incompleto en el Archivo Histórico Restrepo (Bogotá) el Registro Oficial de la asamblea, por lo que debió recurrir a la Gaceta de Colombia y a la publicación de Blanco y Azpurúa para cubrir algunos de los vacíos. Al final, sólo fue posible dar con las sesiones preliminares, las actas de instalación y de los dos primeros días de labores (2 de marzo-11 de abril de 1828), así como con la del 8 de mayo y con las que marcaron el cierre de la asamblea (6, 7, 9 y 11 de junio). En suma, es fácil estudiar allí lo relativo a la calificación de los poderes de cada representante y a la instalación propiamente dicha, no así los tempestuosos debates que llevaron a los diputados a separarse sin haber encontrado una solución a sus desacuerdos.19 Por fortuna, en el Archivo Legislativo del Congreso (que se conserva en el Archivo General de la Nación) existe un tomo con actas manuscritas de la Gran

16 En la primera vuelta, de los tres mil electores del cantón de Bogotá sólo 200 se presentaron a votar y lo hicieron siempre a favor de candidatos “liberales”, Buchet Martigny al Ministro de Relaciones Exteriores. Bogotá, 21 de diciembre de 1827 y 2 de enero de 1828. AMAE. CPC, tomo 3, ff. 271-272 y 274-275; Ver también Porter (1997, 193). Un impreso de la época confirma las afirmaciones del agente francés. Aparentemente, sólo 8.000 individuos habrían tomado parte en las elecciones en la totalidad de la república (Torres 1828).

17 No hay ningún estudio sistemático sobre los diputados de Ocaña. Algunos estudios someros y de desigual calidad se encuentran en Mier (1978).

14 Buchet Martigny al Ministro de Relaciones Exteriores de Francia. Bogotá, 27 de mayo de 1828. AMAE. CPC, tomo 4, ff. 10-13.

18 Vargas (1978, 86). Consta que el 3 de marzo de 1828 Francisco Soto escribió al Ministro del Interior solicitando con urgencia la remisión de una imprenta y de taquígrafos desde Bogotá o Cartagena. Archivo General de la Nación (AGN).

Fondo Congreso, tomo 28, f. 325. Como Restrepo se excusó aduciendo falta de operarios, la Convención reanudó sus instancias, aun cuando la máquina llegara a Ocaña sin los oficiales necesarios, Soto a Restrepo (Ocaña, 01 de abril de 1828). AGN. Fondo Congreso, tomo 28, f. 372.

15 Buchet Martigny al Ministro de Relaciones Exteriores de Francia. Bogotá, 14 de septiembre y 18 de noviembre de 1826.

AMAE. CPC, tomo 3, ff. 58-62 y 82-83.

19 Pineda, Epps y Caicedo (1993, 3-107). Un traslado manuscrito de esta serie de actas se encuentra en: AGN. Fondo Congreso, tomo 28, ff. 302-421.

13 Buchet Martigny al Ministro de Relaciones Exteriores de Francia. Bogotá, 23 de enero y 6 de marzo de 1827. AMAE. CPC, tomo 3, ff. 122-125 y 161-162.

La convención de las discordias: Ocaña, 1828 | Daniel Gutiérrez Ardila

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Convención. Si bien está incompleto, pueden allí leerse, además de los registros de las sesiones preliminares, los correspondientes a casi todo el mes de abril y los de la primera quincena de mayo.20 En suma, las actas faltantes de la asamblea son pocas y corresponden esencialmente a las últimas dos semanas de dicho mes. No obstante, la información que ofrece el recuento oficial de la Convención es desalentadora: varias transcripciones manuscritas de las sesiones no pasan de ser imperfectos borradores y, a pesar de la presencia de taquígrafos (ver la imagen 1), los debates son consignados con un laconismo desesperante que se abate como un telón entre los diputados y nosotros. Así, por ejemplo, a propósito de la sesión del 25 de abril, puede leerse en los originales que “varios señores tomaron la palabra alternativamente y esforzaron muchas razones para persuadir que no debía adoptarse en su totalidad el parecer de la comisión”, mientras que en el acta del 14 de mayo aparece consignado que ciertos diputados “sostuvieron lo contrario y manifestaron varias razones a favor de la moción”. Resulta entonces imposible comprender a través de una fuente semejante la conformación y el dinamismo de los bandos en pugna, seguir el rastro a las principales disputas o confrontar argumentaciones, réplicas y contrarréplicas. Limitarse, pues, al solo registro oficial de la asamblea impide ver la Convención de Ocaña como el “campo de batalla” y el escenario de largos y acalorados debates a los que se refieren otras fuentes contemporáneas.

La cronología es sencilla: el 2 de marzo de 1828, doce miembros de la Convención se encontraban en Ocaña y acordaron comenzar el examen de los registros de las asambleas electorales y la redacción de informes sobre los resultados de los sufragios. ¿Se realizaron las votaciones en la fecha prevista? ¿Se siguió estrictamente lo mandado por el reglamento? ¿Tenían los elegidos tachas que les impidieran el ejercicio de sus augustas funciones? ¿Eran patriotas notorios? ¿Carecían de las propiedades estipuladas o del tiempo de residencia preciso? Tales son las cuestiones que ocuparon y opusieron en un principio a los pocos diputados presentes (O’Leary 1883, 155-200; Vargas 1978, 118). En ese punto se produjo un movimiento armado en Cartagena encabezado por el general pardo José Padilla, quien fracasó en el intento y buscó refugiarse en Ocaña (Helg 2004, 195-236). Allí se reunió con los diputados santanderistas, con quienes consideró la posibilidad de organizar una revolución contra Bolívar y las miras tiránicas que le atribuían.21

Imagen 1. Versión taquigráfica del acta de la sesión extraordinaria de la noche del 5 de abril de 1828

Fuente: AGN, Archivo Histórico Legislativo, Originales Gran Convención, 1828, Senado, t. XIII BIS, f. 162.

20 AGN. Archivo Histórico Legislativo (AHL), Originales de actas, tomo XIII Bis.

El 9 de abril, habiendo ascendido el número de los diputados presentes en Ocaña a 64 (de un total previsto de 108), pudo instalarse finalmente la asamblea en la iglesia parroquial, tras la invocación del Espíritu Santo.

A partir de ese momento finalizan las actas impresas y es forzoso recurrir a las manuscritas que se conservan en el Archivo General de la Nación. Lo esencial del tiempo se empleó a continuación en discutir el reglamento interno de la corporación, que comprendía al menos cinco títulos y 70 artículos. Igualmente, el 16 de abril la asamblea expidió un decreto declarando urgente la reforma de la Constitución, y el 14 de mayo se rechazó por 40 votos contra 28 el proyecto de exhortar a Bolívar a que se trasladase a Ocaña con el fin de facilitar la conciliación de opiniones.22 De ahí en adelante, las actas se interrumpen, y sólo se sabe con certeza que el 2 de junio, cuando se alcanzó la cifra de 74 diputados presentes, 19 de ellos tomaron la decisión de no concurrir más

21 Según José Manuel Restrepo (1858, 87-91, tomo 4), la conspiración fue aprobada en Ocaña; Luis Vargas Tejada (1978, 91-100), por su parte, afirma que el proyecto fue contemplado y descartado.

22 AGN. AHL, tomo XIII Bis, ff. 121-192.

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a las sesiones, pretextando enfermedades. Si bien el quórum se mantenía, era éste muy frágil, pues con dos nuevas ausencias o defecciones la Convención tendría que disolverse. Por ello, los presentes optaron por abandonar la discusión de la Constitución y concentrarse en examinar un “acto adicional” a la maltrecha Carta imperante que pudiera discutirse y aprobarse en tres debates. Así, al menos la república vería confirmadas en lo esencial sus instituciones y no quedaría enteramente huérfana de ordenamiento legal. Como un nuevo diputado se fingió enfermo (Fernández Peña), otro más anunció su defección (Anastasio García de Frías), y los remisos optaron por abandonar la ciudad, la asamblea quedó herida de muerte y acordó su separación el 11 de junio de 1828.

En conclusión, las actas resultan insuficientes para el estudio de la Convención. Para tener alguna idea de los desacuerdos y las polémicas generados en el seno de la asamblea es preciso remitirse a otras fuentes.

Por ejemplo, a los oficios de Buchet Martigny que he utilizado ya, combinados con escritos de la época y, en particular, con el Diario político y militar de José Manuel Restrepo. Redactado como materia prima de la Historia de la revolución de la República de Colombia, su autor, entonces secretario del Interior, consignaba en él con franqueza sus primeras impresiones y sus opiniones personales. Unas y otras estaban, claro está, fundadas en evidencia de primera mano, pues Restrepo, a más de las ventajas propias de su posición, mantenía correspondencia activa con varios diputados e intervenía activamente por su intermedio en las discusiones de la Convención.23 El Diario político y militar es entonces un testimonio muy valioso porque va librando poco a poco instantáneas de la lid de la constituyente y de la manera en que las diferentes etapas de la confrontación eran leídas por una figura eminente del gobierno.

Para llegar a Ocaña, los primeros diputados se hallaron desprovistos de toda clase de auxilios pecuniarios y debieron sufragar de su propio bolsillo los gastos de viaje, los “útiles indispensables para el despacho” y la “conducción de algunos muebles para la asamblea y conclusión del local de las sesiones”. La guerra había golpeado duramente a la ciudad, que se hallaba comunicada con el resto de la república a través de caminos deficientes, por lo que todo escaseaba o alcanzaba precios muy altos. Las dificultades de los vocales se acrecentaban por la falta de pago de las dietas, la interceptación o el extravío de la correspondencia y la presencia constante de agentes y espías de Bolívar, y particularmente del coronel O’Leary (AGN.

23 Ver al respecto las cartas que dirigía a Restrepo el diputado José Joaquín Gori desde Ocaña (Pineda, Epps y Caicedo 1993, tomo 3), y en especial la del 10 de abril de 1828, donde se ve que la intervención del Secretario fue determinante para la falta de calificación del santanderista Ezequiel Rojas (Pineda, Epps y Caicedo 1993, tomo 3, 229-232).

AHL, Correspondencia oficial, tomo 20, ff. 1 y 23-26; Santander 1988, 78; Vargas 1978, 85-88 y 102).24 Tanto el representante francés como José Manuel Restrepo coincidieron en pronosticar desde el comienzo que la Convención sería el escenario de una violenta confrontación de partidos. El encabezado por Santander estaba mucho más organizado: a tal punto, que O’Leary lo describe como una “máquina” movida por un solo resorte. De hecho, sus miembros se reunían habitualmente en una fonda y no entraban a la Convención sin saber primero “lo que han de hacer, lo que van a proponer, quién ha de hacer la moción, quién debe apoyarla, etc., etc.” (O’Leary 1883, 202). La serenidad estuvo ciertamente ausente desde el principio, y los espíritus tendieron a caldearse aún más por la recepción en Ocaña de “muchas actas insultantes de los cuerpos de ejército del Sur y el Norte de Colombia”, que buscaban que se confiriese a Bolívar un “poder discrecional sin límites” y amenazaban con no aceptar decisión alguna contraria a estos deseos (AGN. AHL, Correspondencia oficial, tomo 20, ff. 20 y 89; Mosquera 2012, 87; Vargas 1978, 90). Además, numerosas municipalidades de la república remitieron representaciones a la Convención, abogando en su mayoría por la permanencia de Bolívar en el mando y por el establecimiento de un gobierno fuerte.25 Sería errado ver en semejante movimiento una expresión espontánea o concluir, como hicieron apresuradamente José Manuel Groot y José Joaquín Guerra, que tal era la opinión unánime del país (Groot 1953, 312 y 314; Guerra 1908, 294). Con toda razón, los diputados Santander y Montoya denunciaron la incoherencia que había entre algunas de aquellas manifestaciones y las que tan sólo unos meses atrás habían suscrito los vecinos de los mismos pueblos a favor de la federación.26 Más convincente resulta por ello el análisis del diputado Vargas Tejada cuando afirma

24 Ver también: el oficio de José Joaquín Gori a J. M. Restrepo (Ocaña, 24 de marzo de 1828), Pineda, Epps y Caicedo (1993, 221-222, tomo 3), y los de Francisco Soto al Secretario de Hacienda. Ocaña, 10 de marzo de 1828. AGN. Fondo Congreso, tomo 8, ff. 955-957. Dice O’Leary en sus memorias que salió de Bogotá el 4 de marzo para Ocaña “con orden [del Libertador] de permanecer allí mientras duraren las sesiones, para darle cuenta de lo que ocurriera” (O’Leary 1883, 156). Lynch también anota que O’Leary era “el observador personal de Bolívar en la Convención” y recuerda que “detestaba a Santander”, a quien veía como un hombre mediocre e inmoral (Lynch 2006, 236).

25 Ejemplos numerosos de las actas remitidas a la asamblea por militares y municipalidades se encuentran en Pineda, Epps y Caicedo (1993, tomo 1 y 2). Al recibir y examinar las de Venezuela y las del Ejército del Sur, las autoridades de la Convención las remitieron a Bolívar, “como a quien corresponde mantener el orden público y la disciplina militar”. 29 de abril y 30 de mayo. AGN. Fondo Congreso, tomo 28, ff.

359-360 y 408-410.

26 “Opinión de Francisco de Paula Santander acerca de la reforma del gobierno” y Francisco Montoya a J. M. Restrepo (Ocaña, 10 de abril de 1828), en Pineda, Epps y Caicedo (1993, 197, tomo 2 y 233-234, tomo 3).

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que se trataba en realidad de una conformidad facticia, producida por una “causa extrínseca e independiente de la voluntad pública” (Vargas 1978, 145-147). En el mismo sentido, Rafael María Baralt y Ramón Díaz aludieron a la inconsecuencia de los pronunciamientos expedidos por las municipalidades antes y después de las elecciones a la Gran Convención y no dudaron en atribuirla a la interesada influencia de los bolivianos (Baralt y Díaz 1939, t. 2, 271 y 274). Por su parte, David Bushnell señaló en 1983 que con frecuencia las peticiones habían sido “preparadas de antemano en formularios impresos listos para ser enviados a la convención” y que había incluso manifiestos en los cuales “el lugar de origen se había dado como ‘Bogotá’ o ‘Cartagena’ y luego se había corregido para inscribir el nombre en un lugar diferente” (Bushnell 2006, 59).

Recientemente, he encontrado evidencia en los archivos que demuestra que el propio Restrepo, en su calidad de secretario del Interior, empleó toda su influencia para presionar a los diputados de la Gran Convención. Para conseguirlo, envió a las autoridades provinciales una representación impresa, encargándoles comunicarla a los diferentes cabildos para que éstos la transcribieran, la firmaran y la remitiesen a Ocaña.27 Tal fue, cuando menos, lo que sucedió en Neiva, como lo demuestra la carta escrita por Tomás Escobar y Rivas al Secretario del Interior, a comienzos del mes de mayo de 1828: Cuando vi ahora en la gaceta número 341 la instalación de la Gran Convención, no pude menos de recordar la recomendación de Vuestra Señoría, y aunque desde el día 5 del mes pasado abril participé a los cabildos de los cuatro cantones de que se compone esta provincia (La Plata, Timaná, Neiva y Purificación) la conveniencia de dar el paso que Vuestra Señoría tuvo la bondad de indicar, relativo a la forma de gobierno en aquella asamblea, hoy tengo el dolor de avisar a Vuestra Señoría que, excepto el de Purificación, de los demás, ninguno ha acusado recibo, e ignoro cuál haya sido la causa de su morosidad: me considero en la obligación de anunciarlo a Vuestra Señoría para que por ningún caso se persuada que puedo tener parte en la tardanza, y mucho menos que yo sea de contraria opinión. Esperaba las contestaciones para reunir la municipalidad de esta capital con su vecindario y obtener sus firmas

27 “El gobierno de esta provincia, invitado por la filantropía y conocimientos prácticos del Sr. Secretario de Estado y del despacho del Interior, tiene el honor de ofrecer a la consideración de V. S muy ilustre la adjunta representación impresa que manifiesta bastantemente su objeto, para que, participándola a los ciudadanos honrados y beneméritos de este cantón, si mereciese la aprobación universal, se transcriba y se [¿firme?], devolviéndola a este gobierno para dirigirla oportunamente”, Circular dirigida por Tomás Escobar y Rivas a las municipalidades de la provincia de Neiva. Neiva, 5 de abril de 1828. AGN. Sección República. Fondo Historia, tomo 7, f. 131.

después de representarles las ventajas de esta medida, pero ya queda informado el señor comandante Silverio José Abondano, que me ha sucedido, para tomar las providencias conducentes y verificar la remisión a Ocaña.28

La representación compuesta en la capital de la república circuló impresa efectivamente por la provincia de Neiva y fue adoptada por los diferentes pueblos mediante un procedimiento tan sencillo como burdo: a punta de tachones se disimularon el lugar y la fecha de expedición que aparecían en letras de molde (“Bogotá, marzo 21 de 1828, 18°”) y se les reemplazó en el costado con la pluma, antes de agregar las firmas de los vecinos. Así sucedió en Purificación el 10 de abril, y en El Espinal cuatro días más tarde (ver imágenes 2 y 3).

A otros lugares llegó un traslado manuscrito del acta, a la que sólo restaba agregar el día, el nombre del poblado y, por supuesto, las rúbricas de los padres de familia: tal fue el caso de Dolores y Alpujarra, donde fueron suscritas respectivamente el 20 y el 21 del mes citado.

Al cotejar una con otra, resulta innegable que una única y misma mano elaboró las copias, lo que confirma el origen exógeno de la iniciativa (ver las imágenes 4 y 5).

Se presentó también un tercer caso, en el que el acta fue remitida manuscrita incluyendo el lugar y la fecha originales, de modo que fue necesario corregirlos chapuceramente por encima: ello aconteció en Prado, Natagaima y Coyaima, que revalidaron todos el acta el 21 de abril (ver las imágenes 6, 7 y 8)29.

Cuando el secretario Restrepo recibía las actas que propiciaba con tanta diligencia, las enviaba a diputados de su partido en Ocaña con el fin de que a su vez las presentasen en la asamblea.30 No obstante, se sabe que no todas las municipalidades entraron en la combinación. En una carta escrita desde Ocaña, Santander refirió a un corresponsal en Popayán que poblaciones como Girón y San Gil se habían resistido abiertamente a ejecutar lo que se les mandaba.31 Aunque no he podido dar con documentos sobre estos dos casos, sí encontré un acta de la municipalidad de Arauca de naturaleza semejante. En ella se lee que tras haber recibido de manos del jefe político y militar una comunicación del gobernador de la provincia que los instaba a que manifestasen a la Gran Convención “su opinión acerca del sistema de gobierno más conve-

28 Tomás Escobar y Rivas al Secretario del Interior. Neiva, 6 de mayo de 1828. AGN. Sección República. Fondo Historia, tomo 7, f. 130.

29 AGN. AHL, Asuntos varios, tomo 70, ff. 238, 275-276, 277-278, 281-283, 284-285, 294-206, 297-298.

30 Gori a Restrepo (Ocaña, 1° de mayo de 1828), en Pineda, Epps y Caicedo (1993, 257-259, tomo 3).

31 Santander a Rufino Cuervo (Ocaña, 1° de mayo de 1828), en Pineda, Epps y Caicedo (1993, 251-253, tomo 3).

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TEMAS VARIOS Imagen 2. Acta de Purificación (10 de abril de 1828)

Fuente: AGN, Archivo Histórico Legislativo, Asuntos varios, 1827-8, t. 70, Senado, ff. 297-298.

Imagen 3. Acta de El Espinal (14 de abril de 1828)

Fuente: AGN, Archivo Histórico Legislativo, Asuntos varios, 1827-8, t. 70, Senado, f. 238.

Imagen 4. Acta de Dolores (20 de abril de 1828)

Fuente: AGN, Archivo Histórico Legislativo, Asuntos varios, 1827-8, t. 70, Senado, ff. 284-285.

La convención de las discordias: Ocaña, 1828 | Daniel Gutiérrez Ardila

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TEMAS VARIOS Imagen 5. Acta de Alpujarra (21 de abril de 1828)

Fuente: AGN, Archivo Histórico Legislativo, Asuntos varios, 1827-8, t. 70, Senado, ff. 294-296.

Imagen 6. Acta de Prado (21 de abril de 1828)

Fuente: AGN, Archivo Histórico Legislativo, Asuntos varios, 1827-8, t. 70, Senado, ff. 281-283.

Imagen 7. Acta de Natagaima (21 de abril de 1828)

Fuente: AGN, Archivo Histórico Legislativo, Asuntos varios, 1827-8, t. 70, Senado, ff. 277-278. rev.estud.soc. No. 54 • octubre-diciembre • Pp. 150-168 • ISSN 0123-885X • eISSN 1900-5180 · DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.11

TEMAS VARIOS Imagen 8. Acta de Coyaima (21 de abril de 1828)

Fuente: AGN, Archivo Histórico Legislativo, Asuntos varios, 1827-8, t. 70, Senado, ff. 275-276.

niente”, los capitulares se negaron a pronunciarse sobre el particular, “supuesto que han depositado su confianza en los miembros de aquella respetable corporación y que han sometido su voluntad a la de aquellos, que los consideran con el patriotismo, luces y demás necesario para mirar por la felicidad de Colombia”.32 ¿Quiere esto decir que la coacción no era tan terminante y que, por consiguiente, las actas enviadas a Ocaña desde muy diversos rincones de la república deben leerse como una adhesión sincera al sistema central y a la permanencia del Libertador en el poder? En realidad, los casos de San Gil, Girón y Arauca resultan verdaderamente excepcionales y, en ese sentido, parecen sugerir más bien la residencia en dichas poblaciones de delegados del poder ejecutivo afines a los liberales o menores posibilidades locales de constreñimiento.

Para el 14 de abril de 1828, Buchet Martigny juzgaba ya inútil esperar algún resultado de la asamblea.

No obstante, al conocer que el antiguo secretario de Hacienda José María del Castillo había derrotado al general Santander por un estrechísimo margen en la elección por la presidencia de la corporación, alcanzó a ilusionarse a finales de mayo con un triunfo del partido boliviano y el establecimiento de “instituciones más adecuadas con el Estado moral” del país.

Esta tendencia pareció confirmarse, además, por la derrota de los proyectos federales que propusieron dividir la república en ocho pequeños Estados o en tres de mayor tamaño.33 Restrepo comentó también la apurada elección de Del Castillo y agregó en su diario

que los cuatro secretarios designados eran “enemigos de Bolívar”. Basado en esta evidencia, auguró que Ocaña iba a convertirse en “un campo de batalla” en el que se opondrían dos partidos, y señaló que los pocos diputados “moderados” o “independientes” que allí había (particularmente, los antioqueños y dos miembros de la poderosa casa Mosquera, de Popayán) tendrían un papel decisivo en la contienda.

En cuanto a la alternativa federal, Restrepo criticó la inconsecuencia de Santander, que había abandonado su entusiasmo por el “gobierno central”, sólo para oponerse a Bolívar, y dio cifras concretas de su derrota del 28 de abril: 42 votos contra 22. Así mismo, Restrepo tuvo la oportunidad de revisar 34 artículos del proyecto de Constitución presentado a la Convención por una comisión de cinco miembros nombrada para tal efecto, y lo calificó con dureza de “miserable reglamento” porque, en su opinión, debilitaba la acción del Ejecutivo. Por el Diario político y militar se sabe, además, que Bolívar se disgustó con el proyecto de los santanderistas y que amenazó con retirarse a Venezuela. Sus partidarios en Ocaña quisieron entonces presentar una moción para que se le llamase y se acordase con él el perfil de las nuevas instituciones. Pedro Briceño Méndez quedó encargado de enunciarla una vez que se hubieran conseguido con certeza los votos precisos para su aprobación.

Se trataba, evidentemente, de ahorrar al Libertador una afrenta innecesaria. Según se dijo, 38 diputados, entre los cuales se contaba el mismísimo general Santander, ofrecieron apoyar la iniciativa. No obstante, el 14 de mayo la moción fue rechazada, como se ha dicho, por 40 votos contra 28 (Restrepo 1858, 96-98 y 592-593, tomo 4; Restrepo 1954, 377-380).34

32 Acta sin fecha de la municipalidad de Arauca. AGN. Negocios Administrativos (NA), tomo 2, f. 642.

33 Buchet Martigny al Ministro francés de Relaciones Exteriores. Bogotá, 14 de abril y 20 de mayo de 1828. AMAE. CPC, tomo 4, ff. 3-4 y 8-9.

34 Ver también las cartas de José María del Castillo y José Joaquín Gori a José Manuel Restrepo (Ocaña, 10 y 17 de mayo de 1828), en Guerra (1908, 307-309, 312-313 y 321-362).

La convención de las discordias: Ocaña, 1828 | Daniel Gutiérrez Ardila

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Buchet Martigny mencionó el hecho en su correspondencia e indicó que se trató en realidad de un engaño muy bien zurcido por los santanderistas, algunos de los cuales fingieron malintencionadamente estar de acuerdo con las miras del partido boliviano, con el fin de imprimirle una derrota humillante.35 En los días siguientes (22-28 de mayo), el combate giró en torno a la nueva constitución propiamente dicha, mediante la oposición de dos proyectos: uno, formado esencialmente por Vicente Azuero, buscaba debilitar el Ejecutivo, particularmente mediante el aumento del número de los departamentos (de 12 a 20) y el establecimiento en cada uno de ellos de asambleas con amplias atribuciones; el otro, redactado por José María Castillo, se afanaba, por el contrario, por darle fuerza, ampliando, por ejemplo, el período presidencial (Restrepo 1954, 380).36 Si bien ambos borradores comenzaron a discutirse al mismo tiempo, el segundo fue admitido tan sólo como una modificación del primero, y, por lo demás, había quedado muy claro quién poseía la mayoría en la Gran Convención. Al parecer, las discusiones se desarrollaron sin mesura ni sosiego: la correspondencia de Santander fue violada descaradamente (O’Leary 1883, 228-231), y los diputados bolivianos fueron insultados por ser “sostenedores de la tiranía y de los planes ambiciosos de Bolívar” y acusados de querer establecer una constitución de corte monárquico (Restrepo 1858, 99, tomo 4).

A pesar de que para entonces habían llegado algunos representantes más, la preponderancia santanderista se mantuvo. Bolívar escribió, en consecuencia, a un convencionista pariente suyo (Briceño Méndez) para manifestar su disgusto y amenazó con “no firmar las reformas” que se decretasen y con abandonar el país. Alarmados por la noticia, los llamados serviles despacharon al coronel O’Leary a Bucaramanga con la intención de que acordase con el Libertador una estrategia para lo venidero.37 Consta que, desde mediados de mayo, Bolívar había recibido con satisfacción, y como una “profecía” que deseaba “ver cumplir”, las protestas de los diputados que le eran adictos, según las cuales éstos estaban resueltos “a no firmar ni votar cosa que no sea excelente, y que más bien abandonar[í]an el campo a los facciosos, retirándose de Ocaña y denunciándolos a la nación como perturbadores y enemigos públicos”.38 En otras palabras, es

35 Buchet Martigny al Ministro francés de Relaciones Exteriores. Bogotá, 13 de junio de 1828. AMAE. CPC, tomo 4, ff. 24-25.

36 Ambos proyectos de constitución han sido publicados en múltiples ocasiones (por ejemplo, Guerra 1908, 321-362 y 368-402).

37 O’Leary a su esposa Soledad Soublette (Bucaramanga, 14 de mayo de 1828), en Carbonell (1937, 173-174). Gori a Restrepo (Ocaña, 10 de mayo de 1828), en Pineda, Epps y Caicedo (1993, 271-272, tomo 3).

38 Bolívar a Rafael Urdaneta, José María Castillo, José Rafael Arboleda y José Antonio Páez (Bucaramanga, 14 y 15 de mayo

imposible salvar la responsabilidad del Presidente de la república en lo sucedido a continuación (Santander 1988, 80-81; Sañudo 1995, 444-456).39 Como estaba previsto, los bolivianos decidieron retirarse masivamente de la asamblea sólo cuando estuvieron seguros de que, al dejar de concurrir a las sesiones, ya no podría alcanzarse el quórum preciso.40 Es importante señalar que el grupo de los disidentes tenía una clara cohesión regional, puesto que lo formaban todos los diputados del Sur (nueve), seis de la antigua Venezuela, cuatro del departamento del Magdalena y uno del de Cundinamarca. En otras palabras, se trataba de individuos que debían su elección a los “jefes superiores” Páez y Flores y al intendente Montilla, y que representaban, en consecuencia, los intereses de los oficiales del Ejército colombiano. Mediante el arbitrio escogido, el gobierno de la república debía quedar luego en manos de Bolívar, a quien se declararía dictador en Bogotá. Y como las principales poblaciones de Colombia habían de replicar el acto, comenzaron a tomarse de inmediato las medidas apropiadas.41 Antes de resignarse a disolver la Convención, los diputados liberales intentaron aprobar aun cuando fuera un “acto adicional” a la Constitución de 1821. Compuesto de 19 artículos, él puede verse como la expresión más sencilla de sus reivindicaciones, y apuntaba particularmente a regular con claridad las atribuciones del poder ejecutivo en casos de conmoción interior y a garantizar las reivindicaciones de los federalistas mediante la creación de las asambleas provinciales (Pineda, Epps y Caicedo 1993, 221-224, tomo 2). Dicho de otro modo, se trataba de poner coto al influjo de Bolívar. ¿Abusó el partido santanderista de la mayoría con que contaba en la asamblea? Tal acusación, enunciada por los historiadores Baralt y Díaz en su Resumen de la historia de Venezuela, merece ser tenida en cuenta (Baralt y Díaz 1939, 278, tomo 2). Para abordar la cuestión viene como anillo al dedo la correspondencia oficial de Joaquín Campino, ministro de Chile en Estados Unidos, quien siguió muy de cerca los trabajos de la

y 1° y 2 de junio de 1828), en O’Leary (1883, 290-292, 293-294 y 315-319).

39 Restrepo sostiene lo contrario en su Historia y afirma, sin allegar pruebas, que se trata de una “calumnia” encaminada a despedazar “el honor del Libertador” (Restrepo 1858, 593, tomo 4). El general Posada Gutiérrez, en sus Memorias histórico-políticas, coincide con él, basándose en las conversaciones que tuvo posteriormente con José María del Castillo y Rada y el propio Bolívar sobre el asunto. Tales evidencias son, por supuesto, del todo insatisfactorias (Posada 1865, 102 y 107-108). Lynch también supone que Bolívar era ajeno a la decisión de establecer una dictadura (Lynch 2006, 237).

40 A mediados de mayo, tan sólo entre 16 y 18 diputados habían tomado semejante resolución, Briceño Méndez a Bolívar (Ocaña, 15 de mayo de 1828), O’Leary (1883, 297-299).

41 Oficio citado de Buchet Martigny del 13 de junio de 1828.

AMAE, CPC, t. 4, ff. 24-25.

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Gran Convención. Para 1828, Campino contaba con una abultada carrera pública, desarrollada esencialmente en la década de 1820, habiendo sido, entre otros, miembro del Parlamento, agudo gacetero y secretario del Interior y Relaciones Exteriores. El pensamiento político de Campino dio en Estados Unidos un giro importante, pues empezó a desconfiar allí de los “principios abstractos y de escuela” y a valorar el ascendiente de hombres como O’Higgins, cuyo gobierno, “a pesar de todas sus cosas vituperables”, era, en su concepto, el único que había merecido el nombre de tal en Chile. Campino moduló, en consecuencia, su antibolivarianismo de hogaño, juzgando, por ejemplo, que los diputados liberales cometieron un error al no lisonjear al Libertador y capitular con él, “respecto a que le reconocían intención, poder e influjo bastante para frustrar sus deliberaciones, procediendo en guerra abierta”. Ciertamente, Bolívar había combatido la legitimidad de la asamblea por medio de sus escritores; sin duda, había tratado de levantar en su contra la opinión del Ejército y de los pueblos, sacándoles actas venenosas. Sin embargo, los convencionistas se habían dedicado también a ofender y punzar al Presidente: ¿Esperaban acaso estos diputados que un hombre lleno de gloria, extremadamente celoso de ella y con bastante poder para sostenerse, inclinase la cabeza y permitiese aparecer ante el mundo, declarado criminal por esta misma convención? ¿No conocían estos representantes que el único modo de salvar a su país era legitimar y dar opinión al poder y fuerza de hecho que Bolívar tenía, y asegurar la obediencia y cumplimiento de las deliberaciones de la Convención con el apoyo y el poder de aquel? […] Aquellos liberales parece que no conocieron la alhaja preciosa y el valor e importancia que tiene en un país, y más en una revolución como la nuestra, un ciudadano que haya logrado reunir un tan gran capital de influjo, ascendiente, poder y opinión si se le da a ésta una dirección conveniente. En mi concepto la exaltación o terquedad de los liberales de Colombia ha perjudicado a la causa de la libertad, y puesto a Bolívar en la necesidad de pasar sobre ella. La minoría de la convención que de hecho se ha retirado, ha procedido de un modo muy ilegal, juzgándoseles por las reglas comunes y ordinarias, y todas las justificaciones que a este respecto ellos han dado me parecen muy superficiales. La verdadera justificación la encuentro en que ellos conocían y veían el estado de disolución y anarquía de todo su país, y en que sabían que las deliberaciones de la convención, la constitución misma que diesen iba a ser desobedecida y rechazada por el ejército y por muchas provincias.42

42 Campino a sus comitentes. Baltimore, 10 de agosto de 1828. Archivo Histórico Nacional de Chile (AHNC). Fondo Ministerio de Relaciones Exteriores, tomo 22, ff. 31-44.

Campino veía en la figura de Bolívar una garantía de estabilidad que convenía conservar, y, al mismo tiempo, en caso de excluirlo del mando, una amenaza formidable para Colombia. En tales circunstancias, le parecía que la única manera de preservar la república era un pacto que engatusara al caudillo. ¿Era posible tal cosa? Para el mes de septiembre, cuando Campino se enteró de la declaración de guerra de Colombia al Perú y renacieron sus temores de que Bolívar estuviese buscando conformar un imperio de tipo napoleónico en América del Sur, su respuesta al interrogante anterior se hizo terminantemente negativa: Mucho me equivocaba yo cuando creía que una conducta lisonjera hacia aquel por parte de la última convención habría servido a contenerlo en los límites de la moderación y la justicia. Sus planes eran resueltos. Si la convención no los hubiese autorizado y aprobado, ella habría sido concluida del mismo modo que lo ha sido. Sin embargo, en mi opinión, aquellos representantes habían estado en la obligación de capitular con él, y esta conducta política y generosa de su parte, habría recomendado más su causa, y puesto más en descubierto y descrédito los planes y miras de Bolívar. Pero los tales representantes liberales de la convención se han manejado de un modo muy imprudente y apasionado en su conducta con éste, y después muy imbéciles y pusilánimes para sostener sus propias pretensiones, abandonando el campo por la sola retirada ilegal de una corta minoría, sin haber hecho la menor gestión ni insistencia por sostenerse, ni haber dado la menor muestra de energía. Ellos han proporcionado a Bolívar con su terca e imprudente conducta al principio, y con este abandono posterior que hicieron del poder, pretextos para colorir la necesidad de investirse del mando supremo para no dejar la nación acéfala y entregada a todas las facciones.43

Los preparativos de la dictadura Como se ha visto, la agonía de la Gran Convención comenzó el 2 de junio de 1828 con la defección de 19 diputados y se prolongó por nueve días más hasta su clausura definitiva, habiendo resultado inútiles todas las tentativas de conciliación (Guerra 1908, 424-432).

La reunión se cerró con un rotundo fracaso y costó a la quebrada república de Colombia la bicoca de 200.000 pesos (Porter 1997, 336). En el proceso, el partido santanderista, que había controlado las elecciones del año anterior y gozado en Ocaña de una mayoría tan indisputable como precaria, perdió el control de la situación en beneficio de las autoridades bolivianas de Bogotá. El 13 de junio, aprovechando la ausencia de los principales líderes del partido opositor, y acudiendo al 43 Campino a sus comitentes. Baltimore, 3 de septiembre de 1828. AHNC. Fondo Ministerio de Relaciones Exteriores, tomo 22, ff. 48-52.

La convención de las discordias: Ocaña, 1828 | Daniel Gutiérrez Ardila

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llamado del intendente de la capital (el coronel Pedro Alcántara Herrán), “la mayor parte de las autoridades civiles, judiciales y eclesiásticas”, respaldadas por un “gran concurso de ciudadanos principales y del pueblo”, retiraron los poderes que la provincia había dado a sus diputados en la Gran Convención y depositaron en Simón Bolívar toda la autoridad pública.44 Lejos de ser un acto espontáneo, la movida había sido preparada con cautela en “varias reuniones de personas notables” (Groot 1953, 325-326; Restrepo 1954, 380-381), que obraban de consuno y por medio de estafetas, tanto con Simón Bolívar como con los diputados bolivianos de Ocaña. En efecto, la maniobra no podía más que ser una consecuencia de la disolución previamente discutida y acordada de la asamblea y del beneplácito (tácito o expreso) del Libertador de asumir la dictadura.

A pesar de que, según José Manuel Restrepo, el Consejo de Gobierno “aprobó el acta bajo su responsabilidad y sin órdenes o instrucciones” de Bolívar (Restrepo 1954, 381), pensar en una manifestación improvisada y aislada de las autoridades de Bogotá resulta tan absurdo como suponer que pudo tratarse de un movimiento unánime del pueblo. Por el contrario, la creación de la dictadura en junio de 1828, antes de que se conocieran en Bogotá las noticias de la disolución de la Gran Convención, debe ser vista como una respuesta del partido boliviano a la preponderancia santanderista en Ocaña.45 No hay que olvidar que, pocos meses después, el intendente Pedro Alcántara Herrán recibió el grado de general en reconocimiento a los importantes servicios prestados (Bushnell 2006, 59-60).

El acta de Bogotá fue replicada en toda la República de Colombia con una rapidez y una efectividad asombrosas.

En cuatro días se consiguió la adhesión del Socorro; en diez, la de Cartagena, y en menos de tres semanas, las de Antioquia y Panamá.46 El proceso encaja muy bien en la definición de Thibaud de los pronunciamientos, a los que ve como mecanismos de “reproducción de los consensos políticos”, menos deliberativos que duplicativos (Thibaud

44 Buchet Martigny al Ministro francés de Relaciones Exteriores. Bogotá, 13 de junio de 1828. AMAE. CPC, tomo 4, ff. 24-25. Ver también la narración de Posada Gutiérrez sobre el particular (Posada 1865, 107). El Acta de Pronunciamiento de Bogotá puede leerse en Pineda, Epps y Caicedo (1993, 283-286, tomo 2).

45 Véase lo afirmado al respecto por Restrepo, que cumplió un papel fundamental en la adopción de la estrategia: “Adoptóse, pues, la base de que era útil, conveniente y aun necesario hacer todo lo posible para que la Convención de Ocaña no diera constitución alguna. Como no había otro arbitrio que escoger entre males harto graves, éste pareció menor”, Restrepo (1858, 103, tomo 4).

46 Ejemplos numerosos de estas actas se hallan en AGN. NA, tomo 1 (provincia de Antioquia), 2 (Pore, Chire, Santiago de las Atalayas), 3 (Guayana), 5 (Medellín), 6 (Zipaquirá), 10 (Socorro) y 11 (antigua Venezuela). Algunas de éstas, y otras más, fueron reproducidas en Pineda, Epps y Caicedo (1993, tomo 2 y 3).

2006, 17).47 No obstante, si se repara en la trastienda, surge en alto relieve una poderosa y bien articulada red que sustentaba las pretensiones bolivianas. Por lo demás, éstas recibieron el apoyo oportuno del Secretario del Interior, que se dirigió por escrito a todos los intendentes de la república para solicitarles que se encargasen de reproducir en el territorio a su mando una declaración semejante a la de los vecinos de la capital.48 Afortunadamente, se han conservado documentos que demuestran que las órdenes recibieron un diligente acatamiento y que los ciudadanos de las diferentes provincias fueron convocados no tanto para deliberar como para refrendar y suscribir. Mírese, si no, la manera en que el gobernador de Guayana se permitió convocar una de las asambleas de notables: Necesitamos ya de nuestros propios esfuerzos. La misma energía que nos inspiró el deseo de sacudir la tiranía de los antiguos opresores, nos manda hoy autorizar al más grande de los héroes, al inmortal Bolívar, con los más amplios poderes, para que nos liberte del abismo que nos amenaza.49

Las instrucciones que el intendente Mariano Montilla dirigió al coronel Adlercreutz para que éste consiguiese en Mompox el acta apropiada, incluso con derramamiento de sangre, si fuere necesario, son aún más elocuentes.50 Con semejantes auxilios, no es de extrañar que en todas las provincias (salvo en Manabí y Coro, que creyeron necesario ir más allá y dar al Libertador un poder ilimitado “para constituir a Colombia como le pareciese”) (Mosquera 2012, 86-87) se refrendase, ya por miedo, ya de buena fe, lo establecido en la capital.

El general José María Córdoba, que había sido uno de los principales promotores del acta del 13 de junio en Bogotá,51 sabía, pues, de qué hablaba al denunciar posteriormente aquellas ceremonias, recordando que el acta

47 Más particularmente, María Teresa Calderón ha señalado que, tras la disolución de la Convención de Ocaña, la disyuntiva entre la pluralidad de los pueblos y la necesaria singularidad de la soberanía del pueblo se resolvió a través de la figura del Libertador (Calderón 2005, 210-211).

48 “Las autoridades constituidas y todos los colombianos, debemos cooperar con Su Excelencia [el Libertador] […] manifestando la ilimitada confianza que tenemos de sus virtudes, y nuestro profundo reconocimiento por los eminentes servicios que ha prestado a la patria”. Circular dirigida por José Manuel Restrepo a los intendentes (Bogotá, 21 de junio de 1828), en Pineda, Epps y Caicedo (1993, 19-20, tomo 3).

49 Proclama del comandante del Orinoco (30 de julio de 1828), en Pineda, Epps y Caicedo (1993, 87-88, tomo 3). Con respecto al departamento de Maturín y a la provincia de Apure, en Pineda, Epps y Caicedo (1993, 98-99 y 117-118).

50 Montilla a Federico Adlercreutz (Cartagena, 25 de junio de 1828), en Parra (1928, 56-57).

51 Buchet Martigny al Ministro francés de Relaciones Exteriores. Bogotá, 28 septembre 1829. AMAE. CPC, tomo 4, ff. 286-287.

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se preparaba de antemano y que sólo concurrían y tenían licencia para hablar en las reuniones los sujetos más conocidos por sus ideas “antiliberales”.52 En síntesis, ver en las muy numerosas réplicas del acta de Bogotá del 13 de junio un “pronunciamiento general y uniforme como nunca se había visto” (Groot 1953, 328) o un “movimiento plebiscitario” (Tovar 1986, 383-388) a favor del Libertador resulta un poco traído de los cabellos.

No obstante, se trataba de un triunfo tan frágil como el de los santanderistas el año anterior. Dos partidos se habían insinuado a partir de las maniobras de Bolívar en Perú y en Venezuela, se perfilaron durante las elecciones a la Gran Convención y se consolidaron en la liza de Ocaña. Ambos tenían una dimensión semejante al territorio de la república, y sus nervaduras respectivas se extendían por ciudades, villas y pueblos. No en vano, uno se beneficiaba de las clientelas construidas por Francisco de Paula Santander a lo largo de los ocho años en que se desempeñó como vicepresidente de Cundinamarca y presidente del poder ejecutivo de Colombia, y el segundo fundaba su fuerza no sólo en la muy promovida figura del Libertador, sino también en los secretarios del despacho y en las poderosas jerarquías militar y eclesiástica.

En consecuencia, la alternativa de la dictadura no podía ser aceptada dócilmente por el partido perdedor, que aprovechó los últimos días en Ocaña para preparar una revolución simultáneamente desde diferentes provincias.53 El gobierno tampoco tardó en perseguir y expatriar a muchos de los convencionistas antibolivianos, a pesar de que la ley los declaraba irresponsables (Baralt y Díaz 1939, 289-290, tomo 2). El diferendo político con que se cerró la Gran Convención estimuló también en el mes de septiembre a varios jóvenes a planear y acometer un atentado homicida contra Bolívar. El crimen no pudo concretarse, los cómplices fueron apresados y castigados, y Santander, que tuvo noticia de la trama y se abstuvo de denunciarla, fue condenado a muerte, pena que se le conmutó después por la de destierro (Restrepo 1858, 116-123, tomo 4). Colombia, no obstante, había salido de Ocaña agonizante y tenía para entonces los días contados.

Conclusiones Según Restrepo, la Convención de Ocaña estaba conformada por hombres de luces, experiencia y patriotismo, en todo comparables a los que expidieron

52 Córdoba a Bolívar. Medellín, 22 de septiembre de 1829. AGN. Sección República. Fondo Historia, tomo 1, ff. 133-142.

53 La acusación la hace Restrepo y parece confirmada por El diario de Bucaramanga (entrada del 26 de junio) y por los posteriores levantamientos de José Hilario López y José María Obando en Popayán y de José María Córdoba en Antioquia (Restrepo 1858, 102, tomo 4).

en Cúcuta la Constitución de 1821. ¿Por qué, pues, no lograron como aquéllos hallar un compromiso entre las diferentes tendencias? La respuesta del historiador, según la cual muchos de los diputados de 1828 estaban dominados por “violentas pasiones”, resulta hoy enteramente insatisfactoria (Restrepo 1858, 91-94, tomo 4). Si los miembros de la Convención fueron incapaces de fundar la concordia en torno a las premisas concurrentes del orden y la libertad, o de hallar un justo medio entre el centralismo y el federalismo, esto se debió, antes que nada, a que el espíritu de unión del grupo de los fundadores de la república se fue relajando a medida que se perfilaba el desenlace de la guerra de independencia. El agente francés en Colombia Benoît Chassériau indicaba ya en uno de sus informes de 1821 las trágicas consecuencias de una victoria quizás demasiado rápida contra los españoles, al señalar que ésta iba generando el surgimiento de las “pretensiones particulares”, en detrimento de los “intereses generales”. Aparentemente, los hombres sensatos del país comenzaron a temerles desde entonces a las paradójicas consecuencias de una liberación demasiado abrupta.54 En su estudio clásico sobre el período, David Bushnell recuerda que la adopción del régimen central en 1821 contó aun con el voto de federalistas convencidos, y que ello no se debió a la intimidación de los militares, sino a la convicción sincera de que el primer sistema era más apropiado para continuar la lucha contra España y de que su elección no impedía que en tiempos de paz se hiciesen las reformas convenientes. Es por eso que, en opinión de Bushnell, la decisión de convocar constitucionalmente una convención al cabo de diez años puede considerarse como el “gran compromiso” del Congreso de Cúcuta (Bushnell 1966, 33-34). La revolución de Venezuela de 1826 y los desórdenes promovidos por el propio Bolívar en el resto de la república abreviaron la vida de un pacto de suyo brevísimo y extremadamente frágil. Peor aún, los acontecimientos que tuvieron lugar desde entonces y hasta la instalación de la Gran Convención en Ocaña contribuyeron a consolidar dos partidos cuyas orientaciones políticas hacían prácticamente imposible cualquier acuerdo. La figura de Bolívar constituía ciertamente el mayor escollo, puesto que, para los primeros, su permanencia al frente del poder ejecutivo no sólo era necesaria sino indispensable para la pervivencia de Colombia, mientras que los segundos veían en el Libertador a un hombre poseído por la ambición y a un enemigo de las instituciones republicanas. Las numerosas actas expedidas por las municipalidades para exigir la adopción del sistema federal, conceder facultades omnímodas a 54 Aperçu de la situation de la République de Colombie, sus les rapports politiques, économiques et commerciaux à la fin de l’année 1822, pp. 26-27. Archives Nationales de France (ANF).

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La convención de las discordias: Ocaña, 1828 | Daniel Gutiérrez Ardila

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Bolívar o presionar a la Convención; la intervención en los desórdenes de jefes militares, secretarios del despacho y agentes del Libertador, y la obligación en que se vio el Congreso de anticipar la convocatoria de la Convención —prevista en principio por la Constitución para 1831— sentaron un precedente gravísimo al dar muerte al “principio de legalidad” (Posada 1865, 72) y abrir la puerta a las vías de hecho.

Una vez quebrantado el “gran compromiso de Cúcuta”, ¿era posible acaso fundar otro? La respuesta es a todas luces negativa. Luis Vargas Tejada, hombre cercano a Santander y diputado como éste en Ocaña, se lamentó tardíamente del apego mostrado por los hombres liberales de la Nueva Granada a las leyes fundamentales de la república hasta 1828 y de su incapacidad para comprender que en la alianza con los federalistas de Venezuela se encontraba la clave para vencer las pretensiones de Bolívar y salvar la existencia de Colombia (Vargas 1978, 21-22, 45-46 y 167). No obstante, su lamentación parece vana porque no se ve cómo hubieran podido luchar los civiles de ambos territorios contra un estamento militar tan poderoso y celoso de sus prerrogativas. La historia de la Nueva Granada, de Ecuador y de Venezuela en las décadas siguientes demuestra la capacidad palpable que poseían los oficiales del Ejército libertador para conmover rápidamente sus regiones de influencia y poner en entredicho el orden constitucional.

Tampoco puede pensarse que el respeto del statu quo hubiera sido una garantía de estabilidad y de paz. De hecho, la existencia de Colombia no hubiera podido prolongarse por mucho tiempo porque sus instituciones deprimían gravemente los intereses de los departamentos del Sur y el Norte de la república (es decir, de la antigua Capitanía General de Venezuela y de la desaparecida Presidencia de Quito). Sólo el federalismo podía remediar esas contradicciones, pero el partido boliviano se empeñaba en ver en él un sinónimo de la anarquía, muy a pesar de que en la práctica no eran otra cosa las amplias facultades con que obraban los llamados “jefes civiles y militares”, los intendentes y el mismo Bolívar, en uso de sus atribuciones extraordinarias. ¿Qué decir, finalmente, del establecimiento de una magistratura personal de amplias facultades en la que los bolivianos cifraban el porvenir de Colombia? La premisa reiterada de la incapacidad de los habitantes de la república de gozar de la libertad de su siglo fue leída con razón como una apostasía y como un atentado contra el más fundamental de los acuerdos: el sistema republicano de gobierno. No hay ninguna duda de que los liberales temieron sinceramente entre 1826 y 1830 la creación de una Corona, de un protectorado o cuando menos de un consulado vitalicio en Colombia. Difícilmente puede reprochárseles que vieran en ello un insulto a la causa revolucionaria.

¿Qué concluir, en suma, de la Convención de las discordias? ¿Cómo evitar decir tan sólo una verdad de Perogrullo que corrobore, por ejemplo, que la asamblea se disolvió por falta de acuerdos? El análisis de los antecedentes de la asamblea y de los debates que en ella tuvieron lugar permite, en primer lugar, comprender que la narración fundacional de José Manuel Restrepo en su Historia de la revolución, acerca de lo sucedido en Ocaña, es eminentemente partidista. Los hechos que oculta o disimula el autor acerca de su propio accionar, así como del Libertador y sus copartidarios, tienen, en últimas, la intención de justificar la dictadura y deben leerse en ese sentido.55 En otras palabras, las “pasiones” que el historiador fustiga como causantes del fracaso de la Convención no pueden atribuirse exclusivamente a los santanderistas. La asamblea de Ocaña se disolvió ciertamente por falta de acuerdos, pero dicha falta de acuerdos no se debió a la ceguera interesada de unos cuantos, sino a la desaparición de los consensos más elementales acerca del sistema republicano.

En segundo lugar, los acontecimientos de Ocaña escenifican una oposición fundamental a la legítima expresión de la voluntad popular. En efecto, aquellos que se titulaban liberales insistieron en ver en las elecciones y en el sistema representativo la voz natural de la soberanía instaurada por la revolución de independencia. Los bolivianos, entre tanto, fustigaron la manipulación de los comicios y apoyaron “sus pretensiones en el legajo de papeles enviados a la convención con el carácter de expresión libre del pueblo” (Santander 1988, 79). Como se ha visto, estas actas no pueden tomarse tampoco como una manifestación espontánea y cierta de los ciudadanos (pasivos o activos) de la república, y los defectos evidentes que las invalidaban (y que la investigación confirma) fueron denunciados oportunamente por los santanderistas.56 Luego, ¿se trataría en últimas de dos manipulaciones concurrentes del mismo calibre? Forzoso es reconocer que no, puesto que mientras la primera se atenía a las reglas de juego, la segunda no sólo las infringía sino que hacía posible su eterno cuestionamiento.

55 La interpretación de Restrepo ha tenido un infinito número de seguidores y cabe calificarla como preponderante.

Recientemente, por ejemplo, John Lynch, al abordar con rapidez la Convención de Ocaña, escribió sin rubor: “Most delegates agreed on the need for constitutional reform, though not on the details. But while the Bolivarians were determined to behave correctly, free of party spirit, the ‘anarquists’ formed a tied group, eating and living together, and coordinating their tactics, all targeted on weakening the executive” (Lynch 2006, 236).

56 En mi opinión, es imposible, pues, atribuir a estos pronunciamientos una “legitimidad igual o superior a la de los poderes ejecutivo y legislativo nacionales” o tenerlos por un sinónimo “inequívoco del bien común”, para retomar los términos empleados por Clément Thibaud (2006, 18).

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El pasado es tan irreal como el futuro: Abad Faciolince y la nueva historia cultural* Javier Ortiz Cassiani** Fecha de recepción: 31 de octubre de 2014 • Fecha de aceptación: 05 de mayo de 2015 • Fecha de modificación: 04 de agosto de 2015 DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.12

R E S U M E N | A partir de la construcción de un diálogo entre el libro Traiciones de la memoria del escritor colombiano Héctor Abad Faciolince y los planteamientos de algunos teóricos de la historiografía mundial, se exploran los aportes metodológicos y conceptuales de este trabajo para el oficio del historiador. No obstante haber sido creado como una obra literaria, sin pretensiones históricas, el texto de Abad Faciolince presenta importantes sugerencias y puntos de encuentro con las maneras de concebir el quehacer histórico de la nueva historia cultural.

PA L A B R A S C L AV E | Abad Faciolince, nueva historia cultural, historia, literatura, historiografía.

The Past is as Unreal as the Future: Abad Faciolince and the New Cultural History A B S T R AC T : | Based on the construction of a dialogue between the Colombian writer Hector Abad Faciolince’s book Traiciones de la memoria and the standpoints of certain theoreticians of world historiography, the article explores the methodological and conceptual contributions of this study for the craft of the historian.

Despite having been created as a literary work, with no historical pretensions, Abad Faciolince’s text presents important suggestions and points of encounter with the ways of conceiving the historical mission of the new cultural history.

K E Y W O R D S : | Abad Faciolince, new cultural history, history, literature, historiography.

O passado é tão irreal como o futuro: Abad Faciolince e a nova história cultural R E S U M O | A partir da construção de um diálogo entre o livro Traiciones de la memoria, do escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, e das propostas de alguns teóricos da historiografia mundial, exploram-se as contribuições metodológicas e conceituais desse trabalho para o ofício do historiador. Embora tenha sido criado como uma obra literária, sem pretensões históricas, o texto de Abad Faciolince apresenta importantes sugestões e pontos de encontro com as maneiras de conceber o fazer histórico da nova história cultural.

PA L AV R A S - C H AV E | Abad Faciolince, nova história cultural, história, literatura, historiografia.

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Este texto es una reflexión final del curso de historiografía impartido por el profesor Guillermo Zermeño en el año 2010, en el desarrollo del Doctorado en Historia de El Colegio de México.

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Candidato a doctor en Historia por el Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México; Magister en Historia por la Universidad de los Andes (Colombia). Entre sus últimas publicaciones se encuentran: Cartagena de Indias: el pasado como refugio de un futuro necesario. En Cartagena de Indias realidad y futuro, ed. Andreu Estany Serra. Barcelona: Fundación Esteyco, 2013, 83-120 y Quién fuera tambó. Revista Aguaita 24 (2012): 147-150. Correo electrónico: javierortizcass@yahoo.com

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TEMAS VARIOS Aquí. Hoy. Ya somos el olvido que seremos.

El polvo elemental que nos ignora y que fue el rojo Adán y que es ahora todos los hombres y que no veremos.

Ya somos en la tumba las dos fechas del principio y del término, la caja, la obscena corrupción y la mortaja, los dichos de la muerte y las endechas.

No soy el insensato que se aferra al mágico sonido de su nombre; pienso con esperanza en aquel hombre que no sabrá que fui sobre la tierra.

Bajo el indiferente azul del cielo.

Esta meditación es un consuelo.

(Jorge Luis Borges)

Durante los largos diálogos que sostuvo con Ernesto Sabato entre finales de 1974 y comienzos de 1975, Jorge Luis Borges citó una frase de Rudyard Kipling quien dijo que “a un escritor puede estarle permitido inventar una fábula pero no la moraleja” (Barone 1997, 22). La expresión hace parte de los argumentos que Kipling usó intentando demostrar la incapacidad que tenían los autores para controlar su obra. Por medio de la escritura amansaban sus pensamientos, pero una vez los libros eran editados parecían caballos desbocados que entraban a colonizar otros terrenos y escapaban de los objetivos que se propusieron los autores al momento de crearlos. En esa conversación, Borges recordó que Kipling había usado como ejemplo para demostrar su teoría al escritor Jonathan Swift.

Según Borges, citando a Kipling, Swift había intentado hacer un alegato moral de la humanidad con Los viajes de Gulliver, pero a pesar de lo trascendental de su empresa, fue imposible evitar que la sociedad convirtiera su libro en un clásico de la literatura infantil. “El libro vivió —le dijo Borges a Sabato—, pero no con el propósito del autor” (Barone 1997, 22).

Con estas reflexiones de fondo, el presente texto explora cómo el libro Traiciones de la memoria, del escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, creado con fines literarios, puede ser leído como una importante herramienta que aporta elementos metodológicos y conceptuales para el trabajo del historiador. Una lectura más allá de su importancia literaria, lo acerca a los dominios de la llamada nueva historia cultural, que en los últimos tiempos ha apostado por la necesidad de que el historiador en el ejercicio de su investigación y de la escritura, muestre el proceso de construcción de las fuentes, el compromiso por desentrañar los mecanismos históricos mediante los cuales se van construyendo las “verdades” en vez de presentarlas como meras enunciaciones, la relevancia de desnudar las paradojas y la incertidumbre en la construcción del relato, y la apuesta no sólo por mostrar el pasado, sino también por revelar la manera como se ha construido el conocimiento sobre ese pasado.

Fueron los planteamientos de Peter Burke (2000 y 2006) los que le dieron sentido de grupo a la llamada nueva historia cultural. Lo que existe, sin embargo, es un amplio número de investigadores que, desde diferentes experiencias, intereses y perspectivas, se preocuparon por acercarse a la investigación histórica dándole importancia a las significaciones, las relaciones con el poder, las apropiaciones sociales, políticas y culturales de los sectores populares, el replanteamiento de las periodizaciones convencionalmente aceptadas, lo que implica, también, una reflexión sobre el ejercicio historiográfico. Para los propósitos del presente ensayo, resultan fundamentales las reflexiones elaboradas por Niklas Luhmann (2007) y Reinhart Koselleck (1993, 2003 y 2010), sobre los conceptos de cultura e historia que han mostrado “las estrechas relaciones entre la emergencia moderna de dichos conceptos y unas formas de reconocimiento y de comunicación que supone la observación de observaciones” (Hering y Pérez 2012, 25-26). Sin duda, en esta asociación del ejercicio histórico con las dinámicas de la comunicación, se llega a la más alta expresión de autorreferencialidad en la disciplina histórica, y es aquí donde considero que el trabajo de Abad Faciolince hace méritos para el ejercicio comparativo.

El ensayo, en primera instancia, aborda de manera detallada los antecedentes de la construcción del libro y el contenido del mismo. A pesar de la extensión de esta parte, representa un punto de partida necesario para entender el segundo punto del desarrollo y parte nodal del texto, en el que establezco un diálogo entre la obra de Abad Faciolince y algunos teóricos de la nueva historia cultural, y de cómo este trabajo representa, sin proponérselo, una sugerencia metodológica para el oficio del historiador.

En aquella conversación con Sabato, sobre el control y la intencionalidad del autor con su obra, a Borges se le ocurrió suponer que tal vez Esopo cuando escribió sus fábulas “le divertía más la idea de animales que hablan como hombrecitos que las moralejas”, y que posiblemente “esas moralejas se agregaron después” (Barone 1997, 22). Por supuesto, Héctor Abad Faciolince no escribió pensando en los historiadores. Mi ejercicio aquí ha sido el de “agregarle” la moraleja de historiador a sus relatos, para tratar de encontrar algunas claves que relacionan su trabajo con los preceptos de la nueva historia cultural.

Aferrado al mágico sonido de su nombre A la caída de la tarde del martes 25 de agosto de 1987, Héctor Abad Gómez, médico sanitario, profesor universitario, político y activista por la defensa de los derechos humanos en Colombia, fue asesinado en la calle Argentina en el centro de la ciudad de Medellín. Su hijo, Héctor Abad Faciolince, joven escritor en ciernes,

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con las lágrimas contenidas por la rabia y la tristeza, palpó el cuerpo todavía caliente de su padre y extrajo del bolsillo de la camisa una hoja de papel ensangrentada con un poema copiado a mano por el fallecido. “Lo besé y aun estaba caliente —consignó Abad Faciolince en su diario— Pero quieto, quieto. La rabia casi no me dejaba salir las lágrimas. La tristeza no me permitía sentir toda la rabia. Mi mamá le quitó la argolla de matrimonio.

Yo busqué en los bolsillos y encontré un poema” (Abad Faciolince 2010, 17).

El poema, consignado como epígrafe del presente texto —que a todas luces es una especie de premonición de la suerte que corrió su padre y algunos de sus amigos en un país desangrado por la violencia y el exterminio político—, se convirtió en la obsesión de Héctor Abad Faciolince durante los años venideros. ¿De dónde había salido este poema?, ¿quién era su autor?, ¿de dónde lo había copiado su padre?

Tres meses después del asesinato, la edición del 29 de noviembre de 1987 del Magazín Dominical del periódico El Espectador de Colombia, dedicó la portada a la memoria de Héctor Abad Gómez. En sus páginas interiores reprodujo un texto titulado Filosofía de la salud pública, que el profesor había publicado ese mismo año en una reunión de ensayos sobre las prácticas sanitarias, editados por la Universidad de Antioquia.

En las mismas páginas del Magazín, Abad Faciolince publicó una semblanza de su padre, en la que al final, luego de hablar de la condición humana del fallecido y de sus logros en la práctica de las medidas de sanidad implementadas en varios pueblos del departamento de Antioquia, reprodujo el poema que encontró en el bolsillo de la camisa la tarde del asesinato. Aunque adjudicó la autoría del soneto a Jorge Luis Borges, no colocó ningún título al poema (Abad Faciolince 2010, 22). También en la lápida de Héctor Abad Gómez en el cementerio Campos de Paz de Medellín, se labró el soneto en la piedra con las iniciales J.L.B., que corresponden a Jorge Luis Borges.

El autor no recuerda bien de dónde sacó que el poema era de Borges, “lo más probable —dice— es que el poema escrito a mano viniera firmado con su nombre, o por los menos con sus iniciales” (Abad Faciolince 2010, 20). Lo cierto es que la hoja de papel en la que su padre escribió el poema, debido a la alocada carrera por salir del país la navidad del mismo año del asesinato, sumada a la auto reconocida condición del autor de hombre “desordenado, olvidadizo, a veces indolente”, se extravió.

De la sentida nota sobre su padre, llama poderosamente la atención el epígrafe del filósofo, médico y músico alemán Albert Schweitzer, premio nobel de la paz en 1952 y, para más señas, tío materno de Jean-Paul Sartre. Este epígrafe revela, quizá de manera temprana, las posteriores búsquedas del escritor en torno al enigmático poema y de paso nos deja una reflexión sobre el presente convertido en pasado, su inevitable desaparición, y la dificultad para encontrar sus rastros

debido a la fuerza del presente. Schweitzer, citado por Abad Faciolince, dice: Trazar un surco significa hacer una cosa beneficiosa pero destinada a desaparecer. Cuando las espigas se mecen sobre el campo, ¿quién puede ver los surcos donde fueron sembradas? Y aquel que contempla ese mar dorado y ondulante, ¿qué puede saber del nombre del hombre que trazó los surcos? Pero ese hombre existió bajo un cielo nublado de otoño que amenazaba tormenta; ese hombre trazó los surcos sobre el arado, movido por la esperanza. (Abad Faciolince 1987, 15)

¿Cómo ver los surcos (el pasado), donde se levantan espigas que se mecen en el campo (presente)?, ¿Cómo rescatar la memoria de los surcos que existieron en la oscura tierra, si nos encandila el intenso dorado de las espigas?, ¿cómo encontrar al hombre que “bajo un cielo nublado de otoño que amenazaba tormenta [...] trazó los surcos sobre el arado”?, ¿cómo saber cuáles eran sus esperanzas?

Espoleado por el afán de escarbar en la memoria, por ir al fondo de las cosas a partir de la imagen que revelan en el presente, en el año 2006 Abad Faciolince publicó el libro El olvido que seremos. El título, como es evidente, es tomado de la frase inicial del poema. Después de dos decenios, y con una carrera literaria en avance, el escritor tomó la pluma para contar la saga familiar y revelarnos detalles de la vida y la muerte de su padre.

Allí volvió a citar el poema encontrado en el bolsillo, pero en esta ocasión sí consignó el título, aunque anotó, de manera errónea, que el soneto se llamaba “Epitafio” (Abad Faciolince 2006, 238-239).1 Fue una “alevosa traición de la memoria [...] si piensan en el tema del poema y en la lápida del cementerio entenderán de dónde nace la confusión en mi cabeza” (Abad Faciolince 2010, 27), dijo Abad Faciolince en su siguiente libro, pues el éxito de ventas del trabajo generó la reacción de los cultores de Borges que se volcaron a señalar el error en la titulación del poema.

Algunos críticos no sólo anotaron que el título estaba errado, sino que además dijeron que el poema era apócrifo, pues no aparecía en ninguno de los tomos compilados con las obras completas de Borges. Surgió, incluso, la versión del escritor colombiano Harold 1 En febrero de 1999 Abad Faciolince publicó en Caracas un poema titulado Memento en homenaje a su padre. En uno de los apartes vuelve a citar el poema y al igual que en el libro lo titula Epitafio: “…Nunca entendimos que lo hubieran matado/ni que el traje con sangre/que me entregaron en el anfiteatro/pudiera ser su traje con su sangre/.¡Nunca sangre tan roja entre mis dedos!/Había en los bolsillos un poema/de Borges, “Epitafio”/,una lista de muerte con su nombre/,y una bala incrustada en el forro del cuello/.La bala fue una de las seis que lo mataron/ y no la conservamos/;los nombres de la lista/fueron siendo borrados/,en los meses siguientes/,por los asesinos/.El poema decía/: “Ya somos el olvido que seremos”/.Y es verdad. A veces lo olvidamos/.Yo voy a recordarlo el día en que me muera.

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Alvarado Tenorio, quien señaló que el poema, junto con otros cuatro, los había recibido del mismo Borges en Nueva York el 16 de diciembre de 1983, y que posteriormente los había hecho publicar como lo último escrito por el poeta argentino en la segunda edición de la revista Número de Colombia, en octubre de 1993, bajo el título de Cinco inéditos de Borges. Según la versión que Alvarado Tenorio consignó en el texto que precede a los poemas, Borges, deslumbrado con la belleza de la exiliada estudiante argentina de medicina María Panero, le dictó a ella los sonetos en un bar de las calles 40 y 57 de Nueva York, y el último, a bordo de un taxi.

Además de la bella estudiante de medicina, Alvarado Tenorio dijo que fueron testigos del acontecimiento él mismo y el poeta venezolano Gabriel Jiménez Emán.

Alvarado hizo una fotocopia de los poemas copiados a mano por María Panero, pero los olvidó ese mismo año en Madrid en la casa del matrimonio de Jiménez Emán y Sara Rosenberg. Los poemas, según Alvarado Tenorio, permanecieron en un libro de la casa Jiménez Rosenberg por nueve años, hasta que en 1992, de vuelta a Madrid, los recuperó y los publicó en la revista Número en 1993, diez años después de que Borges se los hubiera dictado a María Panero en Nueva York (Abad Faciolince 2010, 35).

en varias de sus columnas habituales en la prensa, y en algunas revistas colombianas e internacionales, el autor fue exponiendo los logros, los aliados, los encantos y los desencantos de su búsqueda en torno al poema. Por supuesto, esto ayudó a atizar la polémica con Harold Alvarado Tenorio.

La única evidencia que conocía Abad Faciolince de la publicación del poema era la de la revista Número, de modo que se dirigió directamente a la principal fuente, Harold Alvarado Tenorio. Indagado por Abad Faciolince, Alvarado diría que en realidad la historia de Nueva York y la entrega de los poemas por parte de Borges era un invento suyo, y que el mismo los había escrito imitando el estilo del célebre escritor para “mamarle gallo” a quienes se creían expertos en Borges (Abad Faciolince 2010, 34-41).

Las posteriores averiguaciones de Abad Faciolince lo llevaron a descubrir que el poema, al que había titulado en su libro anterior como “Epitafio”, en realidad se titulaba “Aquí. Hoy”, y que fue publicado por primera vez en una edición rústica junto con otros cuatro poemas en la ciudad de Mendoza, Argentina, por Jaime Correa, que en ese entonces tenía 25 años. Un compañero del grupo de Correa recibió los sonetos de parte de Coco Romairone, quien a su vez los recibió de Franca Beer, una italiana que vivió en Mendoza, casada con Guillermo Roux, conocido pintor argentino. El matrimonio Roux Beer visitó a Borges junto con el poeta francés Jean-Dominique Rey. Mientras Rey entrevistaba a Borges, Roux lo dibujaba. Al final de la entrevista Rey le pidió unos poemas inéditos a Borges para publicarlos, y el poeta sugirió que fuera al día siguiente por ellos. El francés debía viajar ese mismo día a Europa, de modo que fue Franca Beer quien pasó por ellos al día siguiente. Antes de que Abad Faciolince viajara a Mendoza a entrevistarse personalmente con Jaime Correa se cruzaron algunos correos electrónicos. Uno de éstos, enviado el 24 de agosto de 2007, revela el misterio:

Poco convencido con las mutantes versiones de Alvarado Tenorio, el autor emprendió la tarea de desentrañar los misterios de este poema. Hacía veinte años del asesinato, y la pasión estética le había ganado la batalla a la indagación rabiosa por los asesinos de su padre: “como es natural en esa situación, me intrigaba más la maldad que la poesía; menos el enigma de la belleza que el enigma del mal. Al lado de la atrocidad de la muerte, ese pequeño acto estético, un soneto, no parecía tener mayor importancia” (Abad Faciolince 2010, 29). Producto de esta aventura intelectual y personal, publicó el libro Traiciones de la memoria, compuesto por tres relatos. El primero y más extenso de los tres se titula Un poema en el bolsillo. Allí narra, sin ahorrar detalles, todo el proceso que lo llevó a encontrar la fuente de la cual su padre copió el poema y cómo comprobó que, en efecto, el poema era de Borges. El segundo y el tercero se titulan Un camino equivocado y Ex futuros, respectivamente, en donde narra episodios de su vida de exiliado en Turín.2 El libro salió publicado en el año 2010, pero

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En el presente texto se pone mayor atención al primer relato, sin dejar de hacer esporádicas alusiones a los otros dos.

El 15 de enero de 2007, en su columna de la revista colombiana Semana, Abad Faciolince habló sobre su búsqueda y de que Alvarado Tenorio ante su indagación le dijo que ese poema lo había escrito él diez años atrás y de cómo, ante la inconsistencia de fechas, pues el poema había sido encontrado en el bolsillo de su padre en 1987 —es decir, seis años antes de que Alvarado los “escribiera” y los publicara—, el poeta contestó con una salida borgiana: “¡Tu papá llevaba el poema antes de que el poema existiera!”. Alvarado Tenorio respondió en un artículo para la revista Cromos diciendo, nuevamente, que los poemas eran suyos, que “era una vaina que había hecho para divertirse, para mamarles gallo a los “borgianos” y para demostrar que no saben quién es Borges”. Al final remataba diciendo que lo del poema en el bolsillo “era una vaina para vender libros que Héctor Abad se ha inventado” (Abad Faciolince 2010, 56-57).

Los sonetos fueron dados en mano por Borges a Franca Beer —dice Jaime Correa— […] Borges le dijo que abriera un cajón y que sacara unos poemas que allí había. Ella los tomó, hicieron copias y se los dio. Eran seis. Este detalle es importante porque al grupo de estudiantes mendocinos le llegaron seis.

Franca conoce acá a un personaje adorable, que hoy está viejito, pero vivo, llamado Coco Romairone. Él se los hizo llegar a uno de mis compañeros. Yo los estudié y comprobé que uno estaba publicado en La Cifra, con lo cual quedaron los otros cinco, que son

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TEMAS VARIOS los que publicamos. Pero hay más, Rey los tradujo al francés y los publicó con los dibujos de Roux en Francia en su revista. Franca dice que hicieron gestiones, muerto Borges, para hacer una carpeta con los dibujos y los poemas bilingües, pero nunca tuvieron repuesta de Kodama. (Abad Faciolince 2010, 79-80)

La Kodama, a la que se refiere Jaime Correa en el correo es María Kodama, la viuda de Borges y heredera de los derechos editoriales de su obra, a quien también Abad Faciolince se dirigió unos meses antes para comprobar la veracidad del poema, a través de Gabriel Iriarte editor de Planeta en Colombia. Con una rápida mirada, y tal vez fastidiada con la versión que hablaba de un supuesto Borges seducido, dictando poemas fervorosamente a una bella estudiante argentina, Kodama dijo que el poema era apócrifo “como el resto de poemas que circulan en internet envueltos en una historia neoyorkina” (Abad Faciolince 2010, 55). A punto de desanimarse por la sentencia de Kodama, apareció otra pista que lo llevó definitivamente a la edición rústica hecha por Jaime Correa y su grupo en Mendoza. Una tarde se apareció en la librería de viejos Palinuro —un pequeño negocio que Abad tiene con unos amigos en Medellín— la señora Tita Botero, diciendo que ella sabía de dónde había copiado el profesor asesinado los poemas. Se trataba de “un viejo recorte de prensa, amarillento después de que su marido lo hubiera puesto a hibernar dentro de un libro de Borges durante casi veinte años” (Abad Faciolince 2010, 70-71).

Era una página de la revista Semana de Colombia, fechada el 26 de mayo de 1987, cuatro meses antes de la muerte de Héctor Abad Gómez. La nota introductoria decía que unos estudiantes en la ciudad de Mendoza habían editado un pequeño libro “hecho a mano, de 300 copias para distribuir entre amigos”. Luego de la nota de apertura, aparecía, en el centro, una foto de Borges y más abajo publicados los poemas “Gratitudes” y “Aquí.

Hoy”, el poema que Abad Gómez llevaba en el bolsillo el día de su muerte. Un par de días después de este hallazgo, Luza Ruiz, estudiante de periodismo y colaboradora de Abad en la búsqueda, encontró otro dato interesante y conmovedor. Abad Gómez, durante más de diez años, tuvo un programa de radio en la emisora de la Universidad de Antioquia llamado Pensando en voz alta. El programa se grababa los viernes y era emitido todos lo domingos por la mañana y se repetía los lunes por la noche. En la emisión siguiente a la publicación del poema, Héctor Abad Gómez leyó la nota aparecida en Semana y los dos poemas.3 Luza Ruiz encontró la grabación y se la envió vía internet a Abad Faciolince.

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La voz de Héctor Abad Gómez recitando los poemas se puede escuchar en este archivo virtual del audio del programa, emitido el 7 de junio de 1987, a partir del minuto 24, con 24 segundos: <http://www.ivoox.com/podcast-hector-abadgomez-pensando-voz-alta_sq_f1187818_2.html?o=all >.

Lo que sigue en el libro es la pormenorizada documentación de las entrevistas que el autor tuvo con los personajes involucrados en esta historia: Jaime Correa, Coco Romairone, Jean-Dominique Rey, Guillermo Roux y Franca Beer. Antes de que saliera el relato en Traiciones de la memoria, Abad Faciolince publicó una versión en la revista literaria Letras Libres de México en agosto de 2009 (Abad Faciolince 2009). A causa de estas nuevas evidencias, Harold Alvarado Tenorio respondió con una carta a la revista, publicada en octubre de ese mismo año, en la que señaló sus pergaminos como experto conocedor de Borges. Anotó que era “Doctor en Letras de la Universidad Complutense de Madrid”, universidad en la que se había graduado con una tesis sobre Jorge Luis Borges, cuya dirección estuvo a cargo de Alonso Zamora Vicente, el mismo que había dirigido la célebre tesis de Mario Vargas Llosa, Historia de un deicidio, sobre Gabriel García Márquez. Aprovechó entonces para construir una nueva versión sobre los famosos sonetos y de cómo llegaron a las manos de Héctor Abad Gómez. Esta vez dijo, que en “una mañana de sábado” de 1986 en una reunión en casa de Jorge Child, ante los comentarios del anfitrión, quien resaltó sus cualidades como discípulo de Borges al punto de haber “compuesto sus últimos poemas”, Abad Gómez se interesó en los sonetos y le pidió de regalo una copia. “Como no los tenía a mano, —dijo Alvarado— Child facilitó la que yo le había regalado” (Alvarado 2009).

Abad Faciolince respondió a la nueva arremetida de Alvarado con una nota en la que reconocía la capacidad inventiva y el humor del escritor —lo último que dijo Alvarado fue que el poema había sido metido en el bolsillo por el sicario que asesino a Héctor Abad Gómez obedeciendo instrucciones de los paramilitares colombianos—, pero que era apenas comprensible si no celebraba este humor salpicado con la sangre de su padre (Abad Faciolince 2009).

El pasado es tan irreal como el futuro La manera como procede Héctor Abad Faciolince, en su interés de contar la historia de un poema encontrado en el bolsillo de la camisa del padre muerto, tiene mucho que ver con las operaciones y la concepción de la nueva historia cultural. Lo primero es un cuestionamiento a la dificultad para recordar y para aprehender el pasado, lo que de alguna manera ya está en el epígrafe de Albert Schweitzer que señalamos arriba. Abad Faciolince sabe que el pasado tiene la misma inconsistencia que el futuro. “Lo ya ocurrido y lo que está por venir, en mi cabeza, —señala— son apenas conjeturas” (Abad Faciolince 2010, 12). De modo que el libro revela las traiciones de la memoria, no solamente de las que el autor es consciente y que deja claras en su texto, sino también de aquellas que inconscientemente se le escapan. Un ejemplo de esto último está presente en el relato “Un camino equivocado”. Cuando narra la asistencia a un El pasado es tan irreal como el futuro | Javier Ortiz Cassiani

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gran concierto de rock en Turín organizado por Amnesty para la defensa de los derechos humanos, confiesa que ha tenido que llamar a su amigo Alberto Aguirre “para preguntarle los nombres de los cantantes de esa noche memorable” (Abad Faciolince 2010, 206). Pero más adelante la memoria lo sigue traicionando. A pesar de que en el número 196 de la revista italiana Stampa del 8 de septiembre de 1988 —de la que Abad incluye una fotografía en el libro— aparece un reportaje previo sobre los artistas que se iban a presentar, insiste en señalar que la cantante negra Whitney Houston cantó en aquel evento, cuando quien en realidad se presentó fue Tracy Chapman, otra cantante negra, cuya música encajaba más con el carácter de denuncia del concierto, que las lacrimosas baladas de la Houston. Estas traiciones de la memoria muestran la dificultad para acercarse al pasado, pues este es “casi siempre algo que ya no es y de lo cual solo nos queda el rastro de las palabras”, de modo que los recuerdos en ocasiones suelen confundirse con la invención y el pasado adquiere “una consistencia casi tan irreal como el futuro” (Abad Faciolince 2010, 11).

El tiempo presente, del modo en que lo entiende el historiador francés François Hartog, parece devorar al pasado (Hartog 2007). El mismo título del poema, “Aquí.

Hoy”, revela esa fuerza del presentismo, que recupera al pasado, sólo en tanto funciona para el presente y niega el futuro. Aquí cabe señalar lo que Hans Ulrich Gumbrecht denomina la producción de presencia que enfatiza en la necesidad de traer el pasado hacia el presente y en la renuncia a la idea de futuro y a la función ejemplarizante de la historia (Gumbrecht 2005).4 Abad Faciolince parece tener conciencia de esto cuando descubre por primera vez el título original del poema gracias a la publicación en portugués que hizo el escritor y traductor brasileño Charles Kiefer en 1987: El hallazgo brasileño revivía mi asombro y mi esperanza —dice el autor— un suplemento español que yo no conocía, “Aqui. Hoje”, es decir “Aquí. Hoy”. Había algo extraño y elocuente en ese título. “Aquí. Hoy”.

El presente absoluto, la situación en que estoy, tanto en la geografía como en el tiempo, lo que niega el pasado y el futuro y también la memoria y la profecía. Aquí, hoy, el presente continuo, la negación del olvido, hic et nunc. (Abad Faciolince 2010, 63)

Siguiendo con esta misma idea, tal como lo plantea Abad Faciolince en el prólogo, “cuando vivimos las cosas, en ese tiempo “durante” que llamamos presente, con ese peso devastador que tiene la realidad inmediata, todo parece trivial y consistente y duro como una mesa o un taburete” (Abad Faciolince 2010, 11-12). Pero a medida que el tiempo avanza y que el presente se vuelve pasado:

4 Gumbrecht (2004), aplica esta propuesta teórica en el libro: En 1926 viviendo al borde del tiempo.

[…] las patas de ese taburete se rompen o se pierden, el asiento se dobla, el espaldar se deforma, el respaldo es devorado por el comején, y las cosas terminan siendo tan irreales como ese objeto definido maravillosamente por Lichtenberg; “un cuchillo sin hoja al que le falta el mango”. ¿Qué objeto es ese? Un objeto que no puede existir tan solo en las palabras pero una cosa que usted puede ver en esa frase.

(Abad Faciolince 2010, 11-12)

¿Cómo reconstruir el espaldar y las patas que sostenían el taburete sabiendo que el taburete anterior ya fue, que no volverá a ser el mismo? ¿Cómo hacerlo, cuando “solo nos quedan de ellos rastros de las palabras”?

Como cualquier historiador Abad Faciolince escribe sabiendo lo que ya sucedió: que el poema lo escribió Borges, las circunstancias en que fueron publicados por primera vez y la forma en que llegó uno de ellos en particular al bolsillo de su padre. Como ya tiene claro esto, guía su escritura hacia ese final, va dando señas, lanza ironías a sus detractores. Pero lo más importante —y esto lo acerca a la forma de proceder de la nueva historia cultural— es que en ese proceso nos va revelando la manera como va construyendo el conocimiento para encontrar las respuestas, las paradojas con las que se topa, los momentos de duda y las flaquezas del proceso. No tiene ningún reparo en mostrarnos su desencanto ante la opinión de María Kodama o de los expertos en Borges que consultó y que dudaron de la veracidad del poema, pero también de cómo no se fue por las hipótesis más fáciles y evidentes, porque como él mismo lo señala: “uno puede conformarse, siempre, con las hipótesis más obvias (si Harold dice que el poema es suyo, el poema es de Harold), pero hasta los matemáticos dicen que muchas veces los caminos más felices para resolver un teorema no son los más fáciles, los más intuitivos y directos, sino los más estéticos, los más bonitos” (Abad Faciolince 2010, 50). Sabía, además, que “la verdad suele ser confusa”, y que “es la mentira la que tiene siempre los contornos demasiado nítidos” (Abad Faciolince 2010, 158).

Mucha de nuestra producción historiográfica, incluso algunos trabajos que se inscriben dentro de tendencias revisionistas, suelen dejarse deslumbrar por la nitidez de esos contornos. De modo que no evidencia sus dificultades y trata de blindar el texto lo máximo posible para darnos una falsa idea de objetividad y de seguridad. Bajo ese supuesto “rigor científico”, se pierde la riqueza de la posibilidad de entender cómo se construye el conocimiento tanto en la época estudiada como en el presente en el que el historiador se mueve.

Abad Faciolince en cambio, no tiene ningún problema en admitir la imperfección de la memoria, y señalar que es esa imperfección la que otorga cierto grado de confiabilidad, puesto que representa “una aproximación a la precaria verdad humana que se construye solamente con la suma de los recuerdos imprecisos, unidos a la resta de los distintos olvidos” (Abad Facio-

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lince 2010, 130). Estamos entonces ante uno de los presupuestos más importantes para quienes apuestan por la renovación del ejercicio de la historia, comprometidos, más que con la enunciación de “verdades”, con la necesidad de desentrañar los mecanismos mediante los cuales esas “verdades” históricas son producidas y asimiladas (Zermeño 2013). La investigación de Abad Faciolince, sin embargo, presenta una rigurosidad en el manejo de las fuentes y una metodología que envidiaría cualquier investigador clásico indigestado de objetividad y apegado al documento.

En el libro cada una de las fuentes usadas, los personajes entrevistados, los lugares visitados, están fotografiados.

Aquí, gracias a una edición limpia y elegante, se pueden observar imágenes del diario del autor; la lápida de la tumba de Héctor Abad Gómez con el poema de Borges labrado en la piedra; las páginas con la semblanza sobre su padre escrita en el Magazín Dominical donde publicó por primer vez el soneto; las páginas de su libro anterior (El olvido que seremos) donde cita el poema; las portadas y los índices de las obras completas de Borges; la edición de la revista Número con los cinco poemas publicados por Alvarado Tenorio; sus columnas en la revista Semana a propósito del tema; la carta que los padres de María Panero —la médico argentina a quien, según la primera versión de Alvarado Tenorio, Borges en un arrebato de amor dictó los poemas— enviaron al embajador de los Estados Unidos en Argentina para que intercediera por su hija detenida por la dictadura; documentos confidenciales del Departamento de Estado norteamericano que hablan de la captura de María Panero en Argentina y su posterior exilio a Estados Unidos; los artículos de Alvarado Tenorio y William Ospina sobre el tema en la revista Cromos; la página del libro Museu de coisas insignificantes donde Charles Kiefer publicó el poema en portugués; la entrada y los interiores de la librería de viejos Palinuro en Medellín; la página de la revista Semana con la reseña sobre la publicación en Mendoza y los dos poemas, incluido Aquí.

Hoy, de donde lo copió Héctor Abad Gómez; las copias de los poemas guardados por Franca Beer y las que guardó Jaime Correa; el poemario completo, con los cinco sonetos editado por Correa y sus amigos en Mendoza en septiembre de 1986; el sello que Correa usó para las carátulas del cuaderno; fotografías de Coco Romairone y Correa en la casa del primero; una vieja fotografía de la entrevista de Rey a Borges en la que se observa claramente a Guillermo Roux haciendo dibujos de Borges; los dibujos de Borges hechos por Roux; la portada del libro de Rey sobre Borges y la página en la que se menciona la visita; el café en París donde se entrevistó con Rey; Rey mostrando sus archivos en el café; la carta en francés de Franca Beer a Jean-Dominique Rey, fechada el 25 de noviembre de 1985, en la que Franca comenta a Rey sobre la publicación de los poemas, y fotografías de Franca Beer con Guillermo Roux en su casa. Como si toda esta andanada de referencias fueran pocas, al final del relato, sobre una tabla de madera en una especie de

organigrama, se entrelazan las personas que tuvieron que ver en la aventura de llegar al fondo de la situación, de igual modo se traza con hilos el itinerario recorrido en la investigación a través de cartas y viajes (Abad Faciolince 2010, 182-186). Por supuesto, no obstante lo anterior, no faltará quien en un arrebato de objetividad morbosa extrañe la presencia de la fotografía del papel ensangrentado con el poema.

Lo interesante de todo esto, es que el autor mostró claramente cómo fue construyendo sus fuentes en el mismo proceso de la investigación. De manera que a medida que nos narra una historia nos deja ver además su archivo y la manera de organizarlo, y no recurre al común artificio de los historiadores de mostrar y ocultar a la vez. Abad Faciolince no sólo nos muestra las costuras de su escrito, sino también los hilos y las agujas con las que fue zurciendo su historia. En este sentido convierte la metodología en parte del contenido de la investigación que está desarrollando. Ésta no es sólo una herramienta que nos encamina a un resultado, sino que también es parte del resultado mismo de la investigación. En la misma línea metodológica, el autor historiza la publicación del poema, lo que permite hacer una cronología de la publicación del soneto en castellano. De acuerdo con esta línea de tiempo —consignada en las páginas del libro e ilustrada con las fotografías de las fuentes—, la primera publicación del poema se realizó el 13 de septiembre de 1986 hecha por Jaime Correa y el grupo de estudiantes mendocinos; posteriormente apareció en el periódico La Jornada de México, el 3 de mayo de 1987; 23 días después los publicó la revista Semana de Colombia, y en septiembre de ese mismo año fue publicado en Diario 16 de España y Somos de Argentina. También en 1987, el 29 de noviembre, el autor lo registró, aunque sin título, al final de la nota que hizo a su padre a escasos meses de su muerte y que fue publicada por El Magazín Dominical del periódico El Espectador de Colombia. Apariciones posteriores se encuentra en El Altillo de Diario Uno de Argentina, en agosto de 1993, y la publicación de la revista Número de Colombia, en octubre de 1993, con la nota introductoria de Alvarado Tenorio, con “los errores de métrica y de rima” que señaló posteriormente Abad Faciolince (Abad Faciolince 2010, 37-38 y 88-89).

Esta rigurosidad investigativa no impidió que el autor evidenciara las paradojas de su búsqueda y desnudara los puntos de incertidumbre. La paradoja, dijo Heinz von Foerster, es lo que socava la legitimación del ortodoxo y Michel de Certeau señaló que ésta estaba inscrita en la historiografía y constituía una especie de oxímoron, mediante el cual se armonizaban dos conceptos antinómicos (discurso y realidad) en una sola expresión, formando así un tercer concepto (De Certeau 2006, 13).

Los historiadores solemos tenerle miedo a las paradojas porque hemos aprendido a desarrollar historias herméticas, aparentemente objetivas que al final terminan siendo una coladera por donde se filtra el inevitable El pasado es tan irreal como el futuro | Javier Ortiz Cassiani

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carácter de aventura que tiene la realidad humana. Algo de esto nos había advertido Nietzsche en Uso y abuso de la historia, cuando dijo que la opinión sobre el pasado basada en las referencias universales del presente era conocida como “objetividad”, y que el trabajo del historiador consistía en “adaptar el pasado a la trivialidad del presente”, de modo “que toda escritura histórica que no considerara esas opiniones populares como canónicas”, entraba en el terreno de lo “subjetivo” (Rabasa 2009, 26).

La investigación histórica exige cada vez más una metodología en la que el investigador, a medida que nos revela elementos del pasado, muestre la manera como se ha construido el conocimiento sobre ese pasado y la inserción del mismo autor dentro de esta dinámica científica. En ese sentido lo que plantea Gumbrecht, sobre el cambio que se está generando a propósito de la situación del observador en la investigación, resulta relevante. Este autor anota que cada vez se toma más conciencia de que el observador no debe tomar tanta distancia “en relación con el fenómeno del que se ocupa”. Resulta sumamente complicado hacer abstracciones para “hablar constantemente del “mundo”, o de “la sociedad” como si “mundo” y “sociedad” fuesen objetos situados a distancia —objetos en relación con los cuales podemos (o incluso debemos) ocupar una posición de lejanía” (Gumbrecht 2005, 35). Por su parte Daniel Roche, dice que, “al obligar que el investigador reflexione sobre la construcción del objeto que pretende delimitar, permite comprender mejor su naturaleza” (Roche 1999, 47). Lo que está en el fondo de todo esto, es que la racionalidad binaria, sujeto/objeto, tiene que ser rebasada, junto con la de un “observador, excéntrico y descorporeizado”. En este misma lógica, Niklas Luhmann plantea que “el observador no es un sujeto colocado fuera del mundo de los objetos; el observador es, más bien, uno de ellos” (Luhmann 2007, 153). Michel de Certeau ya había señalado que “toda interpretación histórica depende de un sistema de referencia; que dicho sistema queda como una “filosofía” implícita particular; que al infiltrarse en el trabajo de análisis, organizándolo sin que éste lo advierta, nos remite a la “subjetividad” del autor” (De Certeau 2006, 69).

En un interesante libro sobre el Renacimiento, Jerry Brotton procede en el mismo sentido. A medida que nos habla de este período histórico analiza en qué coyuntura se construyó la imagen del Renacimiento.

Para él, esta visión clásica, que ubicó a Europa como el epicentro de la cultura renacentista y la aparición de un hombre moderno, fue desarrollada durante el siglo XIX en la coyuntura de la consolidación de los estados naciones europeos justo en el momento en que “Europa afirmaba su dominio imperial sobre el mundo con mayor agresividad” (Brotton 2003, 41). Pero el autor no se queda sólo en señalar en qué momento se construyó la imagen histórica del Renacimiento, sino que aclara también la coyuntura desde la cual él está escribiendo. “Cada generación construye una versión

del Renacimiento” —dice— y la suya está inscrita en un mundo caracterizado por la globalización. Se entiende entonces el énfasis del autor en entender este período histórico como un proceso de intercambio de bienes e ideas, más allá de las diferencias políticas y religiosas.

No se trata de una apuesta por el relativismo, sino por la necesidad de estudiar el contexto y las formas de comunicación que usa la disciplina histórica a través del tiempo. Implica renunciar al concepto de verdad histórica universal y absoluta, y entender que la verdad es histórica y contingente y que depende del tiempo y del espacio en el que se pronuncia. En un reciente texto el historiador Guillermo Zermeño resumió bastante bien esta nueva apuesta: Si sostenemos que la verdad histórica no cambia debemos suponer también que no hay lugar para la sociología y la historia. Seguiríamos suponiendo que las verdades son universales en la medida que no dependen ni del espacio o del tiempo de la observación. Pero en cambio, si asumimos lo contario, es decir, de que toda verdad depende del tiempo en que se pronuncia, entonces habría que mantener la postura de que no hay producción de verdad independiente de la sociedad en que se produce. (Zermeño 2013)

Borges sonríe a los historiadores: a modo de epílogo Es innegable que Abad Faciolince es un observador que se coloca dentro del mundo que intenta observar o describir y que, además, hace explícitas sus motivaciones y el lugar desde el cual escribe. Antes que un obstáculo, este tipo de situaciones no limitan su trabajo, todo lo contrario, lo hacen avanzar. El autor maneja una ética personal; el relato “Un poema en el bolsillo”, al igual que su libro anterior, constituye una forma de duelo mediante la cual después de veinte años rinde homenaje a su padre asesinado. No obstante el carácter justiciero de la memoria, como lo ha señalado Paul Ricoeur, Abad Faciolince no escribe con el ánimo de reclamar justicia por la trágica muerte del padre; de hecho, desde muy temprano, desde sus primeros años de exilio en Turín, rechazó esa especie de pornografía del duelo que hacía que algunos perseguidos políticos y las víctimas de la violencia del tercer mundo cultivaran sus llagas como menesterosos diligentes para exhibirlas y causar lástima (Abad Faciolince 2010, 203-207). Existe, por supuesto, una propuesta de duelo, una propuesta ética, pero también estética.

Aquí, si se quiere, hay un doble ejercicio. Uno fenomenológico en tanto ejercicio de la memoria personal de un hombre que pone todo su empeño en rendirle homenaje a un padre silenciado por cinco impactos de bala, a través de la investigación sobre la procedencia del poema que llevaba al momento de su muerte; y otro epistemológico en la medida que rescata para la historia,

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mediante un riguroso trabajo de investigación, un poema olvidado y poco antologizado de Borges. Roger Chartier, a propósito de la obra de Paul Ricoeur (1999 y 2003), ha dicho que en ocasiones la historia somete a la memoria con el discurso del saber, pero que en otros casos es la memoria la que somete a la historia (Chartier 2005, 82). En este trabajo se mantiene un interesante equilibrio entre historia y memoria, que además puede servir de referente para el quehacer historiográfico.

Abad Faciolince, señala que estos poemas fueron sembrados fuera del surco y que por eso tardaron en germinar. Sin embargo, toda sombra es producto de una luz, de modo que luz y sombra se producen en el mismo lugar. La historia tradicional busca sólo en la luz, en lo aparente, la nueva historia cultural escarba en las sombras para encontrar luces y construir relatos más acordes con la realidad humana. Obsesionado con la procedencia y la autoría de un poema que la tarde del 25 de agosto de 1987 fue escudo y epitafio para su padre, Héctor Abad Faciolince realizó una rigurosa investigación que rescató y liberó de olvidos y conjeturas un soneto de Borges sobre el olvido. Para los historiadores este trabajo constituye una insinuación metodológica para no traicionar el pasado. “¿Acaso, —se pregunta el escritor Antonio Muñoz Molina en Córdoba de los Omeyas— no es la historia una ficción de sombras nacida de las ruinas y los libros un rumor de escritura y de voces del pasado, de indicios dudosos […] y de verdades tan inaccesibles como las estatuas ocultas a metros bajo tierra?” (Muñoz 1991). Por supuesto que la realidad existe, pero los historiadores debemos ser consecuentes con la idea de que cuando estudiamos el pasado no nos acercamos a ella, sino a los discursos de los contemporáneos que la observaron. Cada vez los historiadores debemos ser más conscientes de las formas de comunicación a través del tiempo y entender que el mismo ejercicio de escribir historia es comunicación. Tal vez el viejo Borges lo supo desde siempre y asumió la historia como una aventura. Y al final de sus días, con una sonrisa en los labios, lanzó un reto a quienes hemos escogido como profesión escarbar ese pasado: “pienso con esperanza en aquel hombre que no sabrá que fui sobre la tierra”.

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El pasado es tan irreal como el futuro | Javier Ortiz Cassiani

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Volverse actor: dos vías para los movimientos sociales en el siglo XXI 179-183

Geoffrey Pleyers – Université Catholique de Louvain, Bélgica

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Volverse actor: dos vías para los movimientos sociales en el siglo XXI Geoffrey Pleyers* DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.13

Con la magnitud de los desafíos globales como el cambio climático, el poder de los mercados financieros y la concentración de los recursos mundiales en el 1% de los más ricos, la globalización parece reducir drásticamente la cuestión sobre la capacidad de actuar de los ciudadanos y alejarlos de los lugares donde se toman las decisiones políticas. Sin embargo, esta misma globalización también ofrece nuevas oportunidades y nuevos espacios para que los ciudadanos se construyan como actores de su vida y de su mundo.

Siguiendo los caminos de la sociología de la acción (Melucci 1996; Touraine 1978 y 2002) y de la emergencia (Sousa Santos 2009), me parece importante analizar las culturas políticas y las vías por las cuales individuos y comunidades se oponen a la forma dominante de globalización económica, cómo implementan alternativas concretas y cuáles son las visiones del mundo y del cambio social sobre las cuales construyen proyectos de emancipación que se oponen a la dominación de los mercados globales y se distinguen de las perspectivas de los movimientos sociales del siglo pasado.

El pensamiento y las prácticas de la emancipación en el siglo XX estuvieron dominados1 por un modelo de cambio social centrado en una estrategia en dos etapas: la toma del poder del Estado (por vías electorales o revolucionarias), y luego, la transformación de la sociedad a partir del Estado. Como lo resume John Holloway (2002, 29): “Durante más de cien años los sueños de aquellos que han querido un mundo adecuado para la humanidad se han burocratizado y militarizado, todo para que un gobierno ganara el poder del Estado y que, entonces, se lo pudiera acusar de ‘traicionar’ el movimiento que lo llevó hasta allí”.

La caída del Muro de Berlín dio una teatralización al fracaso de esta perspectiva y propulsó al mundo y a los movimientos sociales en la historia global del siglo XXI (Hobsbawm 2002). En la década siguiente, la globalización fue dominada por las políticas económicas neoliberales, que rápidamente conquistaron los países del

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Ph.D. en Sociología por la Université Catholique de Louvain (Bélgica). Investigador del FNRS en la Université Catholique de Louvain y en el Centro de Análisis e Intervenciones Sociológicas (CADIS, Francia). Es el presidente del Comité de Investigación “Movimientos Sociales” de la Asociación Internacional de Sociología. Correo electrónico: Geoffrey.

Pleyers@uclouvain.be

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Como lo muestra Hugo Fazio (2014), el movimiento global de 1968 abre una nueva etapa, a partir de la cual se difunden paulatinamente perspectivas más culturales del cambio social. Sin embargo, y a pesar de la creatividad de las resistencias culturales de la “anti-política” en Europa del Este y en varias partes del mundo, el peso del modelo de cambio social del siglo XX siguió dominando el panorama geopolítico, aunque en menor proporción intelectual.

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desaparecido bloque del Este, pero también los países no alineados de Bandung, desde la vuelta al capitalismo en China, las reformas de 1991 en India y el dominio de las políticas neoliberales en casi todos los países de América Latina. El fracaso del modelo soviético también promovió una desideologización, que además fue en muchos casos sinónimo de despolitización.

Frente a este triple desafío de la globalización, del dominio del neoliberalismo y de la despolitización de la sociedad civil institucionalizada (Kaldor 2003), los actores y movimientos sociales reinventaron las vías para volverse actores de su vida y de su mundo. En mi libro Alter-Globalization. Becoming Actors in the Global Age (Pleyers 2010) analizo dos de estas vías. Con la “vía de la razón”, los ciudadanos se apoyan en una sociedad civil capaz de cuestionar la ideología neoliberal a través de análisis científicos y técnicos, y en una ciudadanía activa que se moviliza en contra del neoliberalismo para constituir sociedades más democráticas; mientras que los actores de la “vía de la subjetividad” defienden la autonomía de su experiencia vivida, de su subjetividad y de su creatividad, ya sea a nivel de una comunidad o a nivel individual. Estas dos vías fueron particularmente visibles en el movimiento altermundialista y en su lucha en contra del dominio de las finanzas globales, pero también han ocupado un lugar central en muchos de los movimientos contemporáneos, incluidos los movimientos ecologistas, los que están en contra de la violencia y los que buscan la democratización en la segunda década del siglo XXI, tales como algunas revoluciones árabes, el 15M en España, los movimientos Occupy o los movimientos ciudadanos de junio de 2013 en Turquía, Brasil y Bulgaria.

Estas dos vías son “gramáticas de acción” y se deben considerar como herramientas analíticas. Son lógicas de acción que no existen de manera pura en la realidad —y ningún actor es la encarnación perfecta de una lógica de acción—, pero nos permiten entender las acciones de los actores y las visiones del mundo que ellos agitan.

Ningún actor concreto se puede resumir en una de estas vías, entendiendo que las vías de la razón y de la subjetividad se mezclan en la acción y en la subjetividad de los actores de los movimientos contemporáneos.

La vía de la razón En los años 1990, la presentación de la “democracia de mercados” (Fukuyama 1992) como el modelo único llevó a considerar el desarrollo económico y los tratados de libre comercio como cuestiones técnicas, manejadas por expertos y tecnócratas. Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio sobre las grandes orientaciones económicas se aprobaron sin debates en los parlamentos nacionales, cuando no se negociaron en secreto, como fue el caso de la Asociación Transatlántica para el Comercio y las Inversiones en la segunda década del

siglo XXI. Esto fue denunciado por activistas y analistas como la “democracia vacía” (Randeria 2007).

Frente a esta “tecnificación” de las políticas económicas —que a menudo ha significado una “despolitización”—, redes de ciudadanos y de expertos comprometidos consideran que las decisiones políticas con tantas repercusiones en la vida de los ciudadanos, como los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), no se pueden dejar en manos de unos cuantos expertos y tecnócratas. Por lo tanto, los actores de la vía de la razón promueven un mundo más democrático, combinando dos ejes de acción: la promoción de una ciudadanía activa e informada, y una crítica científica a las políticas dominantes.

Por un lado, las redes de expertos y los ciudadanos de la vía de la razón cumplen dos funciones esenciales para las democracias del siglo XXI: la primera es una función de alerta y de monitoreo de los actores políticos e institucionales, y la segunda, una función de educación popular. Atraen la atención de ciudadanos y sociedad civil sobre temas pocos visibles en los grandes medios, y los transforman en problemas públicos. Consideran, además, que un mundo más democrático requiere que los ciudadanos se formen para tener el conocimiento suficiente que les permita entender los debates políticos y forjarse su propia opinión, en especial en el campo de las políticas económicas y comerciales. Se trata, por lo tanto, de un movimiento profundamente democratizador y antitecnocrático.

Los expertos altermundialistas cumplieron un papel fundamental en alertar a la opinión pública sobre las consecuencias de los tratados de libre comercio o de los paraísos fiscales. El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático emitió una declaración que no puede ser ignorada por los ciudadanos, por quienes toman las decisiones políticas y por los expertos en ciencias sociales: la forma de vida moderna no es sostenible, puesto que altera el clima, los ciclos geológicos y químicos básicos. Otras redes de expertos tienen un papel similar documentando casos de violación a los derechos humanos o de contaminación producida por empresas de extracción de recursos. El monitoreo y las críticas a los actores políticos y las instituciones a nivel nacional e internacional por grupos de la sociedad civil tienen un papel central en las democracias contemporáneas. John Keane (2009) califica las democracias contemporáneas como “democracias de monitoreo” (véase también Rosanvallon 2006), y sostiene que el funcionamiento democrático de nuestras sociedades depende tanto de las actividades de monitoreo y de crítica a los actores políticos ante los medios, la sociedad civil y los ciudadanos como de la transparencia de los procesos electorales.

Por otro lado, estos expertos y ciudadanos de la vía de la razón creen en el modelo de “democracia deliberativa”

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de Jürgen Habermas (1987). Están convencidos de que los argumentos racionales y científicos tendrán que ser tenidos en cuenta por quienes toman las decisiones políticas. Desarrollan análisis rigurosos de las políticas actuales, para demostrar que las políticas neoliberales no sólo son injustas en términos sociales, sino que, sobre todo, son irracionales en términos económicos (Pleyers 2010, capítulos 5 y 6). Intelectuales y expertos tuvieron un impacto importante en el desglose de las pretensiones científicas de las políticas económicas neoliberales y de los que negaban el cambio climático. La crisis financiera y económica que inició en 2007 comprobó la validez de los economistas altermundialistas, que desde hace muchos años denunciaba los excesos de la especulación y habían previsto tal crisis. Sin embargo, la crisis también evidenció un límite estructural de esta concepción del cambio social: los buenos argumentos y la comprobación de la validez de sus análisis no bastaban para cambiar las orientaciones dominantes de las políticas económicas. A finales de 2007, vieron sus análisis comprobados y pensaron, en consecuencia, que los líderes políticos iban a aplicar la política económica alternativa y a limitar la especulación. La realidad fue distinta: las medidas tomadas por el G20 en contra de los paraísos fiscales fueron muy limitadas, y la crisis de los bancos se convirtió, en muchos países, en una crisis de presupuesto estatal, lo que sirvió de argumento para justificar recortes al Estado social. De esta manera, la situación resultó contraria a las políticas alternativas propuestas por los expertos altermundialistas.

Si bien son complementarias, también entran en tensión la promoción de una ciudadanía activa e informada, y la preparación de argumentos científicos para deslegitimar las políticas dominantes. La primera busca ampliar los debates a los ciudadanos, mientras que la producción de análisis científicos y la discusión con los expertos de las instituciones internacionales privilegian el trabajo de unos cuantos expertos.

Los activistas de la vía de la razón comparten una visión del cambio social impulsada desde la participación ciudadana en los debates públicos, y que genera una mejor regulación de la economía por las instituciones. Consideran que el mayor reto es recuperar el vínculo entre la economía (que opera a nivel global) y los asuntos sociales, culturales, ambientales y políticos, los cuales siguen fuertemente arraigados a las políticas nacionales.

Por lo tanto, resaltan la urgente necesidad de contar con instituciones internacionales más fuertes y democráticas (Smith 2008), así como con medidas eficientes capaces de controlar la economía global e institucionalizar la redistribución y la participación a escala mundial.

Los ciudadanos y expertos altermundialistas se dirigen entonces a los gobiernos o a las instituciones internacionales, con el objetivo de convencerlos de la necesidad de impulsar políticas distintas, de renegociar capítulos de tratados internacionales o de resolver casos de contaminación industrial. También valoran el respeto del Estado

de Derecho y la imparcialidad del poder. Consideran al Estado como un actor capaz de limitar los poderes de los mercados, de las transnacionales y de los grupos armados o narcotraficantes, así como de redistribuir una parte de las riquezas y de imponer regulaciones para proteger el medioambiente. Por lo tanto, para estos ciudadanos, la corrupción y la colusión entre élites políticas y económicas son un problema fundamental, ya que pervierten la función del Estado y lo llevan a reforzar el poder de los más ricos.

La vía de la subjetividad En la vía de la subjetividad, el “otro mundo posible” empieza por cambios locales y personales. El activismo se construye alrededor de la experiencia, entendida en su doble sentido: la experiencia vivida y la experimentación.

Estos activistas buscan defender la autonomía de su experiencia vivida frente a la influencia de la sociedad global y de los poderes económicos en todos los aspectos de la vida, y se rebelan contra la manipulación de las necesidades y de la información. Estos movimientos son un llamado a la libertad personal contra las lógicas del poder y de la producción, del consumo y de los medios de comunicación masivos. Como lo escribe Alain Touraine (2002, 391): “No podemos oponernos a esta invasión con principios universales, sino con la resistencia de nuestras experiencias singulares”.

Por otro lado, los activistas de la vía de la subjetividad consideran la lucha como un proceso de experimentación creativa, por medio del cual se ponen en práctica los valores de un “mundo mejor”. Los activistas de la vía de la subjetividad rechazan los modelos y planes preconcebidos para crear el mundo mejor y privilegian un aprendizaje en procesos de experimentación, ya que “se hace camino al andar”, como lo repiten los zapatistas en el sur de México. La orientación general de la acción está en la consistencia entre sus valores y sus actos, refiriéndose en ocasiones al eslogan de Gandhi: “Sean el cambio que quieren ver en el mundo”. El activismo es entonces prefigurativo (prefigura en los actos concretos los elementos de un mundo mejor y más democrático) y performativo (el objetivo no precede a la acción, sino que le es concomitante). En vez de una ruptura abrupta y radical que corresponde a la idea clásica de revolución, el cambio social se concibe como un proceso. El “otro mundo posible” no surgirá mañana, luego de la “gran noche”, sino que comienza aquí y ahora, en estos rincones intersticiales de la sociedad apropiados por los activistas y transformados en espacios de experiencia alternativos y autónomos.

Frente a la invasión de la vida por lógicas mercantiles, estos movimientos buscan crear espacios de experiencia.

Se trata de construir lugares distanciados de la sociedad capitalista que permitan a los actores vivir de acuerdo Volverse actor | Geoffrey Pleyers

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con sus propios principios, entablar relaciones diferentes y expresar su subjetividad (Bey 1991; McDonald 2006; Pleyers 2010, 37-40). Estos espacios son a la vez lugares de lucha y antecámaras de un mundo nuevo. Permiten a cada individuo y colectividad construirse como sujeto, defender su derecho a la singularidad y volverse actor de su propia vida. Algunos movimientos se organizan en territorios locales, como las comunidades indígenas zapatistas, o los “asentamientos” ocupados por los campesinos sin tierra (Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, MST) en Brasil, donde organizan sistemas alternativos de salud, de educación o de decisiones colectivas. En las ciudades también se desarrollan movimientos para una transformación a partir de lo cotidiano, por ejemplo, con redes para consumir menos y mejor, o comprar sus verduras directamente a pequeños campesinos locales. Los jóvenes activistas privilegian espacios de experiencia más efímeros: las acampadas, que se volvieron una forma de acción privilegiada por los jóvenes alteractivistas del movimiento altermundialista en los años dos mil, del movimiento para la justicia climática y, en los años 2010, de la revolución en Egipto, de los indignados y de los movimientos “Occupy” o de Gezi Park.

Los activistas de la vía de la subjetividad consideran la democracia no tanto como una reivindicación dirigida a los gobiernos, sino como una práctica y un compromiso personales (Glasius y Pleyers 2013). Sostienen una concepción del cambio social que no pasa tanto por la influencia sobre los responsables políticos, sino por la transformación de la maneras de vivir juntos a partir de alternativas concretas que pongan en práctica los valores del movimiento, así como por una reafirmación de las formas de sociabilidad locales. Se trata tanto de cambiar la vida como de cambiar el mundo. Detrás de pequeños cambios en la manera de desplazarse, de fortalecer el tejido social, de elegir sus alimentos y de vivir de manera más responsable a nivel social y ecológico, se desarrollan proyectos de una sociedad distinta y de mayor convivencialidad (Illich 1985).

El cambio no se limita al nivel local, sino que se concibe de abajo hacia arriba (bottom-up), y el cambio personal ocupa un lugar central: “Creo que las cosas cambian mucho con el cambio personal. Lo más importante de mi forma de ser activista es mantener mi integridad y que mis prácticas sean consistentes con lo que yo defiendo” (Sofia, indignada, Bruselas, 2012). Con la misma lógica, el primer reto de las comunidades zapatistas es el de cambiarse a sí mismas; como lo recordó el subcomandante Marcos, la “primera revolución zapatista” no fue el levantamiento armado de enero de 1994, sino la adopción de la igualdad de género en las comunidades unos meses antes (EZLN 1994).

Estos movimientos nos llevan a reconsiderar la importancia del nivel local en un mundo globalizado. Lejos de desaparecer o de resumirse en una traducción de

dinámicas globales, se ha vuelto el espacio en donde surgen muchos actores y alternativas al neoliberalismo; se ha convertido en el territorio en donde se implementan otras formas de democracia y prácticas de emancipación en el siglo XXI. La sustentabilidad de tales espacios constituye, sin embargo, desafíos permanentes a nivel político y social, y para asegurar una viabilidad económica.

Estos movimientos nos llevan a reconsiderar la importancia del nivel local en un mundo globalizado. Lejos de desaparecer en la edad global o de limitarse a una traducción de dinámicas globales, se han vuelto los espacios en donde surgen actores sociales, los territorios donde se implementan otras formas de democracia y prácticas de emancipación en el siglo XXI (Pleyers 2011).

La literatura consagrada a los movimientos sociales suele dar una importancia secundaria a estos movimientos locales, a menudo reducidos a grupos de defensa de intereses locales y particulares (los movimientos NIMBY, “Not in my backyard”), o considerados como iniciativas que no tenían la fuerza suficiente para elevarse a nivel nacional (McAdam, Tarrow y Tilly 2001). La perspectiva de la vía de la subjetividad sugiere que muchos de estos actores eligen enfocar su energía y sus actividades en el nivel local, no porque no alcancen otra escala de acción, sino porque sitúan la construcción de la autonomía local en el centro de su proyecto de sociedad. Por lo tanto, se debe evitar toda confusión entre la escala territorial de un movimiento y el nivel de significación de su acción.

Muchos movimientos locales apuntan a problemas globales y exploran soluciones concretas en el ámbito de la organización democrática de la vida en común y de la ecología. Sus alcances sobrepasan, por lo tanto, la escala local, y sus significados pueden ser tan globales como los de las redes internacionales de activistas.

Con la vía de la subjetividad, el cambio individual y a nivel local se ha vuelto una vía importante y estimulante del cambio social en el siglo XXI. Sin embargo, ¿acaso se puede cambiar el mundo cambiándose a sí mismo o construyendo “espacios de experiencias”, multiplicando las “islas alternativas” en un océano neoliberal? México representa un estudio de caso particularmente claro en este asunto. Numerosas iniciativas comunitarias y locales surgieron en las últimas décadas.

Cambiaron la vida de mucha gente, a menudo sacándola de situaciones muy difíciles, por lo cual ya puede destacarse su importancia. Sin embargo, a pesar de la energía y la creatividad que miles de ciudadanos invirtieron en estos proyectos, México es en el presente un país más desigual y más violento que hace dos décadas, cuando se levantó el movimiento zapatista. Estos movimientos no han logrado impedir las transformaciones recientes en México, contrarrestar la colusión entre las élites política, económica y mediática, que está destruyendo los logros de la alternancia política y de la democracia institucional, ni evitar la colusión entre los actores políticos y el crimen organizado.

rev.estud.soc. No. 54 • octubre-diciembre • Pp. 179-183 • ISSN 0123-885X • eISSN 1900-5180 · DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.13

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Exploraciones para una democracia en la Edad Global Las vías de la razón y de la subjetividad no son dos lógicas de acción aisladas. Se combinan en las iniciativas de muchos grupos en los actos de ciudadanos que buscan contribuir a un mundo mejor y más democrático. Esta combinación conlleva algunas tensiones y contradicciones, a menudo visibles en los movimientos. También genera innovaciones sociales e interacciones constructivas que permiten superar algunos límites de cada vía.

El activismo prefigurativo y la exigencia de implantar los valores democráticos en la organización del propio movimiento de la vía de la subjetividad limitan el poder de los expertos y proveen un contrapeso al liderazgo y a los procesos de institucionalización de los movimientos sociales (Pleyers 2012). Por otro lado, la perspectiva global y las competencias técnicas de los expertos complementan las perspectivas locales, y, a veces, permiten colaboraciones con actores políticos e institucionales.

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Una democracia global no puede resultar de una simple expansión de la democracia representativa implementada a escala nacional. A nivel global, la democracia tiene que ser considerada en sus múltiples dimensiones, y dentro de diversos caminos que permitan a los ciudadanos tomar parte activa para dar forma a su destino común. Las vías de la razón y de la subjetividad proveen formas innovadoras de lidiar con los límites estructurales de la democracia representativa y constituyen conjuntos de experimentación que nos permiten elaborar una aproximación multidimensional a un mundo más democrático, que reconozca el papel de la transformación de uno mismo, de las comunidades locales, de las políticas nacionales y de las instituciones internacionales.

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Volverse actor | Geoffrey Pleyers

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Debate

Ley de vĂ­ctimas en Colombia: un balance 185-188

Angelika Rettberg â&#x20AC;&#x201C; Universidad de los Andes, Colombia

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Ley de víctimas en Colombia: un balance Angelika Rettberg* DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.14

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Ph.D. Political Science por Boston University (Estados Unidos). Profesora del Departamento de Ciencia Política y directora de la Maestría en Construcción de Paz, Universidad de los Andes (Colombia). Correo electrónico: rettberg@ uniandes.edu.co

La Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras cumplió cuatro años de implementación, y es hora de hacer un balance. A nivel mundial, se trata del proyecto de reparación más generoso, más ambicioso y más complejo que cualquier otro programa de reparación, como concluyó un estudio de la Universidad de Harvard a finales del año pasado (ICTJ 2015; Sikkink et al. 2014). Por un lado, se reconocen más formas de victimización por un período más largo que el de cualquier otra ley. Así, la fecha acordada desde la cual se cuentan las víctimas en el marco de la ley es el 1 de enero de 1985. Además, el Artículo 3 de la ley reconoce como víctimas a hombres y mujeres, mayores de 18 años, que hayan sido afectados de forma directa por una violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH), en el marco del conflicto armado (realizada por grupos armados ilegales y/o agentes del Estado), o que lo haya sido un familiar en primer grado (padres, hijos o hermanos) o su cónyuge o compañero, o el familiar en segundo grado cuando faltan los de primer grado. Por tanto, quedan cubiertas formas de victimización como el homicidio, el secuestro, la desaparición forzada, el reclutamiento forzado y el desplazamiento forzado.

Este último es el hecho victimizante que ha afectado a un mayor número de personas en Colombia (se han registrado más de seis millones de casos ante el Registro Único de Víctimas), que ubica al país en el grupo de los países que más desplazan a sus propios ciudadanos. Por otro lado, la ley ha hecho énfasis en la integralidad de la respuesta del Estado, en clara alusión a la combinación de estrategias económicas, simbólicas, psicológicas, educativas y políticas en la atención a la población sujeta a reparación. Según una encuesta realizada en 2012m, un 18% de la población colombiana actual puede considerarse víctima del conflicto armado colombiano y, por consiguiente, con derecho a reparación (CMH 2012, 19).

La ley recogió y transformó muchos de los legados que en materia de reparación había inaugurado la Ley 975 de Justicia y Paz de 2005, y dio, así, una continuidad institucional de una década al tema de la reparación en Colombia. El andamiaje institucional en el que se apoya la implementación de la Ley de Víctimas ha logrado desarrollar presencia en múltiples regiones colombianas, consta de un proceso eficaz de registro y atención y ha logrado sistematizar la información de las personas que se declaran víctimas, lo cual supera una de las brechas clásicas en el monitoreo de las políticas humanitarias, referida a la ausencia de datos comparables, y permite hacerle un cercano seguimiento a la implementación de la ley. Al amparo de la ley se ha desarrollado una importante capacidad técnica, que

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DEBATE

abarca desde la atención psicológica hasta la asesoría en la inversión de los recursos de la reparación en las diversas comunidades que lo requieren.

Más notable, quizás, es la decisión política de no hacer depender la reparación de la verificación de los hechos victimizantes. Según la ley, “la condición de víctima se adquiere con independencia de que se identifique, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible” (Artículo 3, Ley 1448). Con ello, desde el Estado se le dio un respaldo sin precedentes en la historia nacional a la necesidad de reconocer a las víctimas, declarar inaceptables los hechos que sufrieron y reparar los daños, sin que la victimización haya sido demostrada en un proceso judicial. En el contexto de un conflicto de larga duración y de instituciones judiciales débiles y desbordadas, esta decisión volvió factible el desarrollo de proyectos de reparación y desembolsos que, en caso contrario, se hubieran quedado truncos en el proceso de verificación de hechos y definición de culpas y responsabilidades penales. Representa, a su vez, un rasgo distintivo del modelo colombiano de justicia transicional, que privilegia la reparación y la verdad (recogida en esfuerzos como los adelantados por el Grupo de Memoria Histórica, los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, y los resultados que produzca una eventual Comisión de la Verdad que se origine del proceso de paz que actualmente adelantan el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias —FARC— en La Habana) por encima de las perspectivas de hacer justicia en un sentido punitivo. En contraste con otros países, en los que los gobiernos se han resistido de múltiples maneras a este reconocimiento, el Estado colombiano ha mostrado claramente la voluntad política de promover y adelantar las tareas relacionadas con la reparación de las víctimas colombianas, confiriéndole respaldo legal y músculo financiero. En pocas palabras, en Colombia ha habido reparación debido al Estado colombiano, y no a pesar de éste.

Hasta ahora, la ley goza de un amplio consenso y apoyo popular en torno a su validez moral y política.

Así lo sugieren datos de distintas encuestas. Según la encuesta realizada en 2012 conjuntamente por el Centro de Memoria Histórica (CMH), la Fundación Social, la Organización Internacional de Migraciones (OIM) y la Universidad de los Andes, por ejemplo, un 71% de una muestra representativa de la población colombiana estaba de acuerdo con la afirmación según la cual las víctimas “en general eran personas inocentes que fueron injustamente afectadas” (CMH et al. 2012, 83). Además, un 68% aprobó la afirmación según la cual “las víctimas del conflicto armado aún no reciben la atención que merecen por parte del Estado” (CMH et al. 2012, 87). Encuestas subsiguientes han confirmado esta tendencia a apoyar la causa de las víctimas por parte de la población colombiana. Por ejemplo, una encuesta realizada en 2012 por el Latin

American Public Opinion Project (LAPOP) encontró que 48,4% de una muestra representativa de la población nacional estaba de acuerdo con la afirmación según la cual “reparar a las víctimas de las FARC contribuiría a la reconciliación” (García, Rodríguez y Seligson 2013, 120). De igual manera, datos recogidos en 2014 por la misma encuesta mostraron que un 49,1% apoya esa opción (García et al. 2014, 230).

A pesar de sus evidentes logros y de su apuesta innovadora, la política para las víctimas enfrenta diversos retos que vale la pena señalar. El primero se refiere a la sostenibilidad fiscal. En el Documento Conpes 3712 de diciembre de 2011 se fijó un plan de financiación de $54,9 billones, que deben cubrir sus diez años de vigencia. Según diversos expertos, muchos de los supuestos en los que se basa este cálculo han sido ya excedidos (Bornacelly 2011; DNP 2011; Toro 2015; Villar y Forero 2014; Zuluaga 2009) y dependen de que se mantenga el desempeño económico actual y que se materialice el dividendo de la paz para la economía colombiana. Cabe señalar, en ese sentido, la desaceleración de la economía en los últimos meses ocasionada por la caída de los precios de los commodities, lo cual afecta las perspectivas de crecimiento económico en los próximos años y, con ello, la disponibilidad de recursos para apalancar las tareas de la construcción de paz (Fedesarrollo 2015).

Por otro lado, es claro que, así como el proceso de paz actual ha sido diseñado “por los colombianos para los colombianos”, los costos de la implementación de los acuerdos y el mantenimiento de la actual estructura de construcción de paz colombiana dependerán principalmente del bolsillo de los colombianos y de su voluntad de asumir muchos de los costos que la paz implica. A medida que se aclaran los distintos compromisos en este tema (la materialización de la así llamada paz territorial en las regiones colombianas, la atención a miles de desmovilizados adicionales a los más de 55.000 que ya ha reconocido la Agencia Colombiana para la Reintegración en los últimos años [ACR 2015] y la reparación de millones de víctimas), se puede vaticinar que más temprano que tarde habrá que priorizar entre las tareas de la construcción de paz. Es entonces cuando se revelará la naturaleza intrínsecamente política de la construcción de paz y se pondrán a prueba el consenso público y el apoyo popular a favor de la causa de las víctimas. Será el momento en el que se escucharán con más fuerza las voces que señalan el oportunismo de algunas víctimas, la posible inviabilidad financiera del esquema de reparación y, en cualquier caso, la manera en la que, en un mundo de recursos limitados, la reparación de las víctimas compite con otras necesidades, también importantes.

Un tercer reto se refiere a la generación de expectativas que se han desarrollado en torno a la política de reparación. Ya en la actualidad, la demanda excede

rev.estud.soc. No. 54 • octubre-diciembre • Pp. 185-188 • ISSN 0123-885X • eISSN 1900-5180 · DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.14

DEBATE

el ritmo y la capacidad de respuesta por parte de las autoridades estatales. Según el universo presente de víctimas, más del 90% está pendiente de reparación.

Sin importar cuán bien dotadas estén las oficinas y cuán calificados los equipos —o, quizás, especialmente por eso—, se incrementa la impaciencia con respecto a las promesas formuladas y las expectativas generadas.

A ello se suma la vigorosa presencia de organizaciones que defienden la causa de las víctimas en el proceso político, y cuya existencia responde, en parte, a los incentivos institucionales que previó la misma ley. Por ejemplo, se prevé la participación de estas organizaciones en el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (art. 29), así como en los espacios de diseño, implementación y evaluación de la política a nivel nacional y territorial (arts. 14 y 161). Estas organizaciones operan como garantes de los derechos de las víctimas y se han constituido en nuevos actores e interlocutores en la escena política nacional (Rettberg 2015; Mosquera 2015). Pasando de invisibles en procesos anteriores a centrales a lo largo de la última década, las víctimas —aunque no siempre de forma coordinada— ejercen una creciente presión para defender su agenda ante las instituciones encargadas de la reparación, en línea con las promesas que se les han formulado.1 Más allá de la participación de las organizaciones formales en el acompañamiento de la política, grupos de víctimas han recurrido a mecanismos de hecho, como las tomas de edificios públicos, y han hecho uso de su derecho a la tutela contra funcionarios del proceso de reparación, con el propósito de presionar y precipitar respuestas a sus demandas. A medida que se evidencie la dificultad del Estado para dar respuesta a las expectativas generadas, todas estas manifestaciones podrían aumentar, no disminuir, buscando generar presión para lograr atención y desembolsos. Sin importar que se estén logrando avances importantes, en esa competencia que puede surgir entre víctimas por la limitada atención estatal se puede extraviar el espíritu reparador de esta política pública.

Finalmente, la existencia de la ley y la apuesta a la reparación plantean una pregunta más de fondo sobre su efectividad. Más allá de montos, proyectos y capacidades técnicas, debemos preguntarnos —y preguntarles a las víctimas—: ¿Cuándo se sienten reparadas? ¿Habrá punto de cierre de este proceso y cuál será él? En pocas palabras, ¿cómo y en qué medida esta ley va a contribuir a la reconciliación nacional? Es importante no ocultar ni despreciar o desconocer la magnitud de las atrocidades

1

Cabe anotar, en este sentido, el elevado número de organizaciones de víctimas —más de 3.000, según información de la Unidad de Víctimas—, así como el bajo porcentaje de víctimas que se declaran parte de una organización (7%, según CMH et al. 2012). Ello plantea preguntas con respecto a la representación y las perspectivas de acción colectiva de la totalidad de este grupo social (Rettberg 2015).

cometidas en el marco del conflicto colombiano, y todos los esfuerzos en esa dirección deben recibir el apoyo del Estado y de la sociedad civil. Pero un efecto perverso del reconocimiento de sufrimientos diversos es que perpetuemos, en vez de superar, las divisiones y los agravios.

El espíritu generoso, innovador y reconciliador de la ley requiere que se conozcan estos retos y que se prevengan y se superen. Además, la reconciliación nacional, por su parte, requerirá de este esquema de reparación un fuerte impulso a esfuerzos de educación y concientización a nivel nacional, y la superación de las muchas otras brechas sociales, políticas y económicas que atraviesan la sociedad colombiana.

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Lecturas

Reseñas del libro Cultura escrita, historiografía y sociedad en el Virreinato de la Nueva Granada, de Renán Silva 190-206

Rafael E. Acevedo P. – Universidad de Cartagena, Colombia Annick Lempérière – Université Paris-I Panthéon-Sorbonne, Francia Francisco A. Ortega – Universidad Nacional de Colombia Antonio Annino – Università degli Studi di Firenze, Italia

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Silva, Renán. 2015. Cultura escrita, historiografía y sociedad en el Virreinato de la Nueva Granada. Medellín: La Carreta Histórica [340 pp.].

Es la primera vez que la Revista decide presentar cuatro reseñas de un mismo texto, en este caso, del libro Cultura escrita, historiografía y sociedad en el Virreinato de la Nueva Granada de Renán Silva. Será el público lector quien evaluará lo acertado o no de esta decisión de presentar en la misma edición cuatro lecturas críticas de la obra. Las reseñas, como lo mencionamos en la Nota editorial, estuvieron a cargo de cuatro académicos que se han acercado a la producción del autor.

No queremos dejar de mencionar que Rafael Acevedo, Annick Lempérière, Francisco Ortega y Antonio Annino se mostraron entusiastas cuando se les invitó a reseñar este trabajo. El orden de los contenidos se estableció cuando, al leerlas en conjunto, identificamos el enfoque que cada uno de ellos definió para reseñar el libro. Ya fuera desde una mirada total del trabajo, enfatizando en la relación entre cultura escrita, sus formas de elaboración y circulación, las transformaciones de la cultura intelectual, sobre lo que se enuncia, como se modifica, y que hace la gente con lo que lee y escucha.

Sabemos acerca de los diferentes usos de una misma fuente, pero queremos resaltar que en el trabajo que les presentamos, fue el mismo autor quien asumió el reto —ante nuevas preguntas y el replanteamiento de otras— de volver sobre el Papel Periódico de Santafé de Bogotá, fuente principal de su libro Prensa y revolución a finales del siglo XVIII publicado en 1988. Renán Silva aborda las fuentes y compone a partir de ellas —con las limitaciones impuestas— para indagar y mostrar los procesos de cambios intelectuales (como los que corresponden al campo de la fe y al campo de la ciencia) y socioculturales que se producían en la sociedad neogranadina.

Resaltar a la sociedad como perspectiva parece convertirse para el autor en elemento fundamental del método a fin de plantear y abordar el problema. Flujos de intercambio, en el que las voces de muchos —más de lo que siempre hemos considerado—, de sitios diferentes, se representaron en el Papel Periódico, y llevaron al autor a proponer la idea de un tiempo abierto en una sociedad en la que germinó la paradoja de tener una intelectualidad que ya era moderna, pero cuya estructura social conservaba las formas monárquicas. El Papel Periódico es tomado por el autor como objeto y fuente de estudio, y como actor social, en la medida en que se constituyó en una forma de intervención, participación e interpretación, en la que el público —en cierta medida— influía en lo que se publicaba, como se difundía, y los modos en que esto sucedía.

LECTURAS

Pudimos identificar en la lectura de las reseñas cómo uno de los aportes más significativos del texto se refiere a la coexistencia de una intelectualidad moderna con un ordenamiento tradicional. Las noticias y lo que se leía y difundía estaban sujetos a lo que sucedía en el espacio atlántico de la Revolución Francesa, y a la elaboración e información que se ofrecían en lo local. La “noticia” quedaba sujeta a la inmediatez de los acontecimientos y a los cambios que se producían. No obstante, Manuel del Socorro Rodríguez se esforzaba por dejarle saber a su público lector que la “noticia” que él difundía estaba sujeta a procesos de verificación y contaba con referentes reales (fuentes), pero también se cuidaba de presentar el orden cronológico de los acontecimientos y cualquier otro elemento de contexto que considerara necesario. Una particularidad del libro es que rompe certezas y abre el camino de las incertidumbres, lo que no está mal si conviene desarrollar actitudes nuevas en el camino de la “investigación reflexiva”.

como el autor que la pensó y produjo durante días y años de investigación, reflexión y escritura. Sin embargo, estas miradas externas, que enfatizan diferentes aspectos de un trabajo, terminan por sugerir al lector puntos para repensar, ya sea de contenido, sobre los usos de las fuentes, los marcos interpretativos, y la metodología de investigación utilizada, por mencionar algunos. Además, surgirán debates que buscarán desmenuzar los puntos centrales y los argumentos del autor; algunos estarán de acuerdo, otros disentirán, pero lo que sí es probable es que ayuden a alimentar el pensamiento reflexivo de otro autor para otra investigación, incluso para el autor de este trabajo, quien seguramente rumiará sobre algunos puntos de su obra y los énfasis por los que optaron quienes la reseñaron.

Ningún reseñador, por experimentado que sea en la temática de la obra reseñada, conocerá de ella tanto

Ana Pérez Coordinadora editorial

Martha Lux Editora

Cultura escrita, historiografía y sociedad en el Virreinato de la Nueva Granada | Martha Lux · Ana Pérez

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LECTURAS

Reseña de Rafael E. Acevedo P.* DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.15

Teniendo como referencia el texto de Kant, me pregunto si no se puede considerar la modernidad como una actitud más que como un período de la historia. Y por actitud quiero decir un modo de relación con respecto a la actualidad; una elección voluntaria que hacen algunos; en fin, una manera de pensar y de sentir, una manera también de actuar y de conducirse que, simultáneamente, marca una pertenencia y se presenta como una tarea […].

Foucault (2011, 81) […] El género antropológico de la historia tiene su propio rigor, aunque pueda parecerles tan sospechoso como la literatura a los sociólogos rígidos. Esto se apoya en la premisa de que la expresión individual se manifiesta a través del idioma en general, y que aprendemos a clasificar las sensaciones y a entender el sentido de las cosas dentro del marco que ofrece la cultura. Por ello debería ser posible que el historiador descubriera la dimensión social del pensamiento y que entendiera el sentido de los documentos relacionándolos con el mundo circulante de los significados, pasando del texto al contexto, y regresando de nuevo a éste hasta lograr encontrar una ruta en un mundo mental extraño.

Darnton (2004, 13)

Hace ya varias décadas —más exactamente, desde finales de los años sesenta del siglo XX— el sociólogo Norbert Elias llamaba la atención sobre la necesidad de establecer una convivencia más cercana entre la sociología y la historia en el trabajo investigativo. En la edición en español de La sociedad cortesana, publicada en 1982 —y reimpresa en 1996—, Elias realizó una extensa introducción de su libro bajo el título “Sociología y ciencia de la historia”, en la cual —en uno de los tantos aspectos que señalaba allí— cuestionaba algunos planteamientos históricos encaminados a la descripción sólo de una “serie única de acontecimientos”. De manera puntual dijo: “Lo que se llama historia aparece, entonces, habitualmente, como un amontonamiento de acciones particulares de hombres concretos que sencillamente no tienen ninguna relación […]” (Elias 1996, 13).

Intentando así entablar una discusión —que no vamos a detallar aquí— en torno a un aspecto que notaba ausente

*

Doctor en Historia por la Universidad de los Andes (Colombia). Profesor del Programa de Historia en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Cartagena (Colombia). Correo electrónico: rafacep17@hotmail.com

—con frecuencia, y sin entrar en generalizaciones— en la ciencia histórica: la carencia de “cuadros de referencia científicamente elaborados y verificables”, o dicho de otra manera, el abandono —o la suplantación— del contexto de los fenómenos concretos por la “interpretación arbitraria”.

Para Elias, la ciencia de la historia debía ser susceptible, al igual que en el trabajo de los sociólogos, de entender las configuraciones específicas de una sociedad a partir de la clarificación de las relaciones sociales. El punto de vista del sociólogo venía entonces a complementar el punto de vista histórico, no sólo al destacar las acciones de los hombres sino al analizar sus interdependencias o poner de relieve las posiciones sociales. Un poco, las anotaciones de aquel sociólogo —aunque no serían las únicas— sirvieron a los historiadores (sobre todo de la nueva historia cultural) para repensar y evitar las rígidas oposiciones dadas a priori, como la distinción excluyente entre las élites y el pueblo, entre los dominadores y los dominados, y por el contrario, para pensar más en la idea del campo social (el contexto o — siguiendo el ejemplo de Robert Darnton— el mundo en el que circulan los documentos), que ayuda a explicar y valorar la diversidad de las prácticas. En cierta medida, porque como lo ha recordado Roger Chartier: “las divisiones culturales no se ordenan obligatoriamente según una única clasificación de las diferenciaciones sociales […]” (Chartier 2005, 53).

Es esa perspectiva de análisis —en la que se intenta recuperar la dimensión sociológica de la historia cultural para evitar reducir el examen, por ejemplo, de la Ilustración solamente a un “movimiento de ideas”— la que otra vez explora Renán Silva en un nuevo libro que acaba de publicarse en Colombia. Se trata de Cultura escrita, historiografía y sociedad en el Virreinato de la Nueva Granada, obra publicada por La Carreta Histórica en 2015, en la cual este conocido historiador colombiano vuelve a desempolvar el Papel Periódico de Santafé de Bogotá —editado por Manuel del Socorro Rodríguez desde 1791 hasta 1797— para investigar el campo de la cultura escrita, de la comunicación periodística, de la materialidad de los textos, de los sistemas de información, de los procesos de constitución de identidades, de los criterios de imparcialidad, de las conexiones atlánticas, de la escritura de la historia, de la diversidad de las prácticas de lectura y, sobre todo, de los modos de argumentación en la emergente “cultura social de la época” de los ilustrados al finalizar el siglo XVIII.

LECTURAS

Varios años después de la aparición en 1988 de Prensa y revolución a finales del siglo XVIII y de su reimpresión en 2004, lo que no quiere decir que haya abandonado el análisis del Papel Periódico durante ese tiempo, Silva vuelve entonces a “reconsiderar” el problema de la cultura escrita en la sociedad neogranadina, pero esta vez desde distintos ángulos y matices. Y decimos reconsiderar porque, a diferencia de la lectura orientada o en perspectiva que intentaba situar entre paréntesis y criticar la visión teleológica de que la independencia nacional era la hija directa del pensamiento ilustrado —idea fuertemente cuestionada por Silva en su obra de 1988—, su análisis se ha enriquecido y ampliado al reflexionar de manera más detallada —y con rigurosidad empírica— sobre una “superficie de emergencia” que parece anunciar un cambio intelectual revelador en el Virreinato de la Nueva Granada —al menos en uno de sus dominios—: el del periodismo, asunto ése que sirve al autor para inscribir o conectar el “archipiélago de los ilustrados” neogranadinos en el marco de referencia euroamericano, tomando distancia así —y es un aporte significativo del libro— de las visiones historiográficas elaboradas sobre los reinos americanos como “sociedades coloniales” alejadas y desinformadas de lo que pasaba al otro lado del Atlántico.1 No obstante, el problema de las conexiones o “redes de circulación de informaciones” no constituyó el único factor determinante de las evoluciones y transformaciones del mundo editorial neogranadino al finalizar el siglo XVIII. En este punto, y es otro de los aportes del libro, Renán Silva logra demostrar —en el plano de la realidad sociológica y de la construcción imaginaria— cómo el avance de la prensa y su singularidad o variabilidad estaban definidos también por el actor esencial de la comunicación periodística: el público lector.

Una categoría social en formación que para la época se iba vinculando con los “genios ilustrados”, la “nobleza universitaria”, la “juventud del noble reino” y, en fin, la clarificación del auditorio por parte del Papel Periódico (p. 30). Allí considero que radica una de las tesis centrales —y una de las principales contribuciones al análisis histórico— de Cultura escrita, historiografía y sociedad, en la medida en que se demuestra —en el plano empírico— cómo los procesos de diferenciación de los grupos sociales de notables y privilegiados obedecían a las propias transformaciones de la cultura social de los ilustrados a finales del siglo XVIII. En otras partes del libro, Silva incluso llega a afirmar que “La Ilustración neogranadina no fue la búsqueda de la independencia […] y mucho menos la búsqueda de la revolución política moderna. Fue ante todo la búsqueda de identidad de grupos sociales nuevos, carentes de poder social, que 1

Una observación sobre la necesidad de modificar esa visión sobre las relaciones entre la Metrópoli y sus satélites se había anunciado en el prólogo de la segunda edición de Prensa y revolución a finales del siglo XVIII (Silva 2004, 12).

buscaban sus apoyos en fuerzas excéntricas a las que la tradición había por varios siglos legitimado […]” (pp.

209 y 210).

La riqueza documental del libro y el análisis centrado en la propia época de los ilustrados o de los procesos editoriales del Papel Periódico permiten entender entonces la cultura escrita, desde mi punto de vista, a partir de dos lógicas que sólo se entienden en sus conexiones, sus sincronías, o —citando nuevamente a Norbert Elias— en el plano de sus configuraciones sociales e interdependencias. Esa cultura escrita, que reconoce y estudia Silva en el marco temporal y espacial del Nuevo Reyno de Granada a finales del siglo XVIII, remite a la lógica de la circulación —a una escala mayor— de las informaciones entre la Nueva Granada y los circuitos atlánticos de difusión de las noticias en Europa y América, pero ese tipo de cultura también nos transporta a las modalidades locales de re/elaboración e interpretación de las noticias que llegan y se publican —para el caso estudiado— en el diario dirigido por Manuel del Socorro Rodríguez. Considero que el análisis de esas lógicas lleva al autor a evitar el estudio del discurso por el discurso al centrar más bien su mirada en la dimensión social de las prácticas y el conjunto de actividades de la cultura intelectual, al menos en el dominio del periodismo.

No en vano, es importante señalar que para el caso que estudia en su nuevo libro, el de la cultura escrita y la historiografía, la dimensión social remite al problema de los modos de comunicación de las noticias, a las formas de presentación y los criterios de imparcialidad de los argumentos y polémicas que se generan, a las referencias y modificaciones de regímenes de verdad, a las materialidades del texto, a las relaciones de lo escrito con lo oral y lo visual, a la figura del autor, al público lector y a todo el proceso editorial que hace viable —a pesar de sus condiciones rudimentarias— la presencia del periodismo en el Nuevo Reyno de Granada. Asunto ése que nos invita a repensar el problema de la “modernidad cultural”, al incluir la idea del público desde mucho antes de la coyuntura política de 1808-1810, no obstante sin caer en el “anacronismo” de los antecedentes directos que condicionan o explican la independencia nacional, tratando de evitar así lo que Quentin Skinner ha denominado la “mitología de la coherencia” (Skinner 2007, 128). Es posible entonces volver la mirada sobre los rasgos iniciales de las modernas formas de comunicación periodística, pero esta vez en el marco de una sociedad en la que la singularidad de la prensa resulta ser su “servicio al público” y a la defensa de la Monarquía.

Asimismo, es importante destacar cómo la dimensión social de la cultura escrita pone de presente en los ilustrados una nueva valoración de la crítica y la presencia de unas corrientes de secularización en el plano de la construcción del conocimiento sobre la naturaleza, la actualidad de las noticias, la curiosidad pública, los sucesos europeos, la elaboración del análisis histórico,

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la valoración del tiempo, la defensa de la legitimidad de la Monarquía, la afirmación del dominio de la ciencia frente a la religión en la percepción de los fenómenos naturales, el estilo y la materialidad de la escritura, entre otras modalidades que constituyen la “superficie de emergencia” del periodismo y le dan sentido. Todo ello en el escenario de un contexto cultural marcado por la redefinición de las relaciones entre el documento, la observación y la fábula, en el cual los usos sociales de la imprenta y el acceso a un tipo de retórica científica permitieron la modificación de los regímenes de verdad (en lo relacionado básicamente con los saberes y los valores tanto del progreso como de la civilización) bajo la forma escrita, argumentada y demostrada, pero ante todo en el marco de una sociedad que se reconocía como parte integral de la Monarquía española.

Podemos decir entonces que Cultura escrita, historiografía y sociedad en el Virreinato de la Nueva Granada constituye un aporte al análisis de la cultura intelectual del siglo XVIII, a partir de un cuidadoso examen del periodismo y de una valoración de la “cultura social de lo impreso”, en un contexto marcado por el reformismo borbónico, los crecientes procesos de secularización, los sucesos de enorme impacto —como la Revolución Francesa y las guerras entre las monarquías europeas— y, sobre todo, el avance de la Ilustración. El libro está estructurado en seis capítulos, en los que el autor, desde distintos ángulos y matices, intenta detallar la “superficie de emergencia” del periodismo en el marco de ese contexto.

Quiero, en ese sentido, presentar ahora algunas de las ideas esbozadas en esos capítulos, y lo haré en función del reconocimiento de tres niveles de análisis que considero centrales en el libro, y que nos pueden dar una orientación sobre su marco interpretativo: 1) La formación de un sistema de información moderno, 2) Los modos y usos de la argumentación en la escritura y 3) La materialidad de los textos, combinada con la diversidad de las prácticas de lecturas. Aun cuando es importante reconocer que la riqueza —empírica e interpretativa— de los argumentos mostrados en el texto trasciende quizás los horizontes que a continuación se examinarán brevemente y que exigirían, por tanto, más que una reseña.

El libro inicia con un capítulo titulado “La re/escritura de la historia: informar interpretando”, en el que, además de la discusión sobre el público lector y los cambios de orientación del Papel Periódico en 1794 (luego de la suspensión en él de la publicación del Arcano de la Quina de José Celestino Mutis), el autor muestra la transformación de la cultura intelectual de la época al desplazar su foco de atención de las ciencias naturales y la filosofía al escenario político y a la “actualidad noticiosa” sobre los sucesos de Francia y las reacciones europeas, señalando, en ese sentido, cómo el público se constituyó en un ente regulador de la prensa. Es en ese contexto en el que emerge un sistema de información,

cuya característica básica es la puesta en escena de una serie de elementos o prácticas que regulan las maneras de informar: la correspondencia, la cita y el comentario, las noticias de viva voz, la veracidad de lo que se dice, la coordinación de los eventos, el estilo y las formas de intervención sobre lo escrito (“aviso al público”, “advertencia”, “nota”, etcétera), entre otras modalidades de la información que se re/reelaboran como parte del proceso de edición de la comunicación periodística.

Ese inicial sistema de información —siguiendo en ese punto a Robert Darnton— parece definirse o constituirse mediante los lugares de difusión de la noticia (casas, calles, plazas, tiendas, imprentas y tertulias) y los modos de comunicación de los sucesos (pasquines, cartas, canciones, malas palabras, chismes, rumores y, desde luego, los periódicos y las gacetas). La interacción de esas variables le permite a Silva reconstruir los circuitos geográficos y culturales de donde provenían las informaciones sobre Francia, y otros asuntos: los impresos traídos de Bruselas, Londres, Ámsterdam, Jamaica, Ginebra, París y, por supuesto, las noticias publicadas por las Cortes de España, que entraban por Cartagena, se utilizaban en el Papel Periódico de Santafé y luego se propagaban en las poblaciones del Nuevo Reino de Granada. Aunque el autor hace más complejo aún sus análisis cuando intenta mostrar cómo las noticias circulaban también de manera oral, o de viva voz, tal como lo ilustra a partir de los pocos testimonios de los capitanes de embarcaciones que llegaban a ese lugar del Nuevo Mundo, cuyo relato era objeto de procesos de comprobación. La consideración y el análisis de todos esos elementos contextuales, según Silva —y es otro de los aportes centrales del libro—, son los que permiten observar y explicar las formas iniciales de inscripción de la “Filosofía de las Luces” y el pensamiento de la Ilustración en la configuración del naciente espacio público en la sociedad neogranadina a finales del siglo XVIII (pp. 36 y 39).

El reconocimiento de ese espacio público de difusión e intervención sobre las informaciones constituye una de las claves que permiten comprender la Ilustración más allá del marco referencial de las obras y los autores.

Aun cuando es necesario señalar en este punto que los análisis de Silva no sólo se concentran en el plano de las formas de elaboración y circulación de las “actualidades noticiosas” sino también en las transformaciones de la cultura intelectual, es decir, de las actitudes asumidas frente a lo actual y las nuevas valoraciones sobre el tiempo, la cultura y la vida en las reflexiones de los ilustrados. Ello se evidencia en los capítulos II y III: “Reflexiones de un historiador” y “La defensa de la Monarquía y los historiadores de la Ilustración”, en los cuales se examinan con cuidado el contexto y los modos de argumentación de los textos escritos o editados —básicamente— por Manuel del Socorro Rodríguez, para explicar y dotar de validez sus interpretaciones sobre la “Idea general del estado presente de las cosas en Francia”, “Retrato histórico de Luis XVI en

rev.estud.soc. No. 54 • octubre-diciembre • Pp. 192-196 • ISSN 0123-885X • eISSN 1900-5180 · DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.15

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el trono”, “El interés del pueblo en el restablecimiento de la Monarquía”, “Extravagancias del siglo ilustrado”, “Poema en prosa a la muerte de la Reina de Francia”, entre otros textos publicados en el Papel Periódico, que ponían de presente la sensibilidad de los ilustrados por el curso de la historia universal y las maneras de practicar el análisis histórico en su época.

El libro de Silva nos ofrece pues un panorama más detallado en cuanto a las formas de expresión de la actitud crítica de los ilustrados en el campo del conocimiento, un tema en torno al cual se había avanzado en la historiografía colombiana en el plano de la comprensión de la historia natural, la filosofía, la teología y las ciencias naturales, pero del que poco o nada sabíamos en función del problema que se estudia: el pensamiento histórico inscrito en las prácticas de la Ilustración, o lo que los ilustrados, a su manera, llamaban historia político-filosófica e historia de la sociedad interesada por las causas de las informaciones que circulaban en el Nuevo Reyno de Granada. O en otro caso, como se señala en el capítulo III, a propósito de la defensa de la Monarquía como forma de gobierno y su papel civilizador en América, la elaboración de “[…] un saber contextualizado que trata de comprender las acciones humanas sobre la base de sus condiciones y contextos de realización en medio de una actitud lo menos pasional posible, que pueda hacer brillar ese valor altamente estimado que el siglo designó como la ‘imparcialidad’” (p. 137). Ese valor, al igual que los usos de la cronología, la referencia a historiadores de la Antigüedad griega y romana, la posición frente al documento y el testimonio, entre otros criterios de verificación, constituían precisamente la base de los argumentos y del análisis histórico a finales del siglo XVIII. El análisis histórico, al igual que la discusión crítica de la legitimidad de la Monarquía presentada en el Papel Periódico (respaldada en los usos de la ley y del registro histórico para polemizar los argumentos de William Robertson, Guillaume-Thomas Raynal, Montesquieu, Voltaire, Diderot, entre otros autores que cuestionaban los procesos de conquista de España), no eran más — sugiere Silva— que una de las formas complejas como un hombre de letras —del archipiélago ilustrado— inscribía su trabajo y se ligaba intelectualmente con fenómenos culturales mayores —como la Filosofía de las Luces—, a pesar del aislamiento de los ilustrados de la cultura científica europea. No quiere decir ello, por supuesto, que la única manera de entrar en contacto con esos fenómenos fuera por vía del conocimiento histórico.

Sobre este último aspecto resulta ilustrativo el capítulo IV, “El diablo en Santafé”, en el cual se muestra cómo Manuel del Socorro Rodríguez, en 1795, valiéndose del uso de cierta “retórica científica”, amparada en los criterios de la ciencia, en el estudio de la atmosfera y de los movimientos de los cuerpos, logra demostrar, argumentar y polemizar los prejuicios sociales, la

“vulgar” opinión y las tesis del padre Joseph Cassani (en 1741) sobre el “gran ruido” de 1687, un tipo de conocimiento que ponía de presente los crecientes procesos de secularización, la distinción entre ciencia y fe, o aún más, una valoración crítica de las tradiciones culturales que para nada afectaba las relaciones con la Monarquía.

El libro, finalmente, nos introduce en dos capítulos que —a mi modo de ver— abordan un problema sobre el que muy poco tenemos conocimiento en la historiografía colombiana —a pesar de los avances recientes en el estudio de la prensa neogranadina del siglo XVIII—: la materialidad de la cultura escrita y la diversidad de las prácticas de lecturas. En el V aparte, “Papeles periódicos y escritura del tiempo histórico”, por ejemplo, además de la discusión sobre la noción de autor y el paulatino ascenso de la escritura frente a la oratoria, Silva explora las condiciones de emergencia, permanencia y clausura del Papel Periódico, en las cuales destaca las relaciones de los grupos sociales locales con la Monarquía y las autoridades virreinales (en especial, entre Manuel del Socorro Rodríguez y el virrey Ezpeleta) que hicieron posible el funcionamiento de aquel diario en el Nuevo Reyno de Granada, un tema que aún está por investigarse en Colombia, no sólo a nivel del Papel Periódico, sino de otras producciones de la época. De nuevo, en este punto el autor señala que ese tipo de relaciones no deben seguir viéndose bajo la idea del “despotismo consustancial” de las autoridades españolas, y, por el contrario, sugiere la necesidad de orientar los análisis hacia la comprensión de los usos sociales de la imprenta, las suscripciones, los lugares y modos de la comunicación escrita, y, sobre todo, teniendo en cuenta los niveles culturales de la sociedad.

El último capítulo, “Lectura, imprenta y periodismo a finales del siglo XVIII”, precisamente, constituye un acercamiento al problema de los niveles y transformaciones de las prácticas de lectura en el Nuevo Reyno de Granada. Se muestra en esa parte cómo en la sociedad neogranadina, si bien no existía una revolución cultural de la lectura como en la Europa del siglo XVIII, había una diversidad de prácticas de lecturas vinculadas a los usos sociales de la imprenta, las tertulias, el precio, las suscripciones, el “espíritu de los diarios” y, sobre todo, el homo typographicus y la materialidad de los textos que circulaban. Un ejemplo de ello —según Silva— estaba ligado con el tiempo de la lectura, un asunto que tenía que ver con el uso moderado de la palabra y de la extensión del escrito.

Del mismo modo, en este capítulo el autor dedica una parte de su reflexión al problema de la cultura escrita y su relación con los contenidos visuales, las imágenes y la presencia de la música. Un aspecto que —desde mi punto de vista— parece recordarnos uno de los tantos problemas que se anunció en la agenda de la nueva historia cultural y que aún falta por estudiarse en nuestros medios: la escritura de las prácticas.

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Estamos, pues, ante un libro que ha vuelto a desempolvar el Papel Periódico de Santafé de Bogotá (1791-1797) para abordar algunos problemas claves de la sociedad neogranadina del siglo XVIII, sobre todo en lo relacionado con la cultura escrita, la historiografía y el pensamiento de los ilustrados. Una historia que trasciende las ideas y se sitúa en el universo de las prácticas de la propia cultura intelectual de esa época. Una obra cuyos argumentos serán objeto seguramente de mucha discusión, críticas y olvidos. Y, en fin, un texto que sin duda ofrece una lección de método, de renovación de las preguntas y de la vitalidad de las fuentes, a pesar del paso del tiempo y de sus múltiples usos, pues las reflexiones de hoy no son las mismas de 1988 en Prensa y revolución, a pesar de que el documento principal sigue siendo el mismo: el Papel Periódico, lo cual demuestra la constante modificación de los enfoques, las metodologías y las perspectivas de análisis de Clío.

Referencias 1.

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Chartier, Roger. 2005. El mundo como representación.

Estudios sobre historia cultural. Barcelona: Gedisa Editorial.

Darnton, Robert. 2004. La gran matanza de gatos y otros episodios en la historia de la cultura francesa.

México: Fondo de Cultura Económica.

Elias, Norbert. 1996 [1982]. La sociedad cortesana.

México: Fondo de Cultura Económica.

Foucault, Michel. 2011. Sobre la Ilustración. Madrid: Editorial Tecnos.

Silva, Renán. 2004 [1988]. Prensa y revolución a finales del siglo XVIII. Contribución a un análisis de la formación de la ideología de independencia nacional. Medellín: La Carreta Histórica.

Skinner, Quentin. 2007. Lenguaje, política e historia.

Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.

rev.estud.soc. No. 54 • octubre-diciembre • Pp. 192-196 • ISSN 0123-885X • eISSN 1900-5180 · DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.15

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Reseña de Annick Lempérière* DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.16

“Contra las ilusiones del ‘discurso’, como conjunto de ‘simples ideas’ cuya forma de existencia material no importaría […], contra ese error que intenta captar el problema del significado, sin decir una palabra sobre los soportes que le han dado existencia material”: así concluye su libro el autor (p. 323), quien, pocas páginas después de entrar en la sustancia de su estudio, había advertido a sus lectores que “en el caso de los investigadores de la cultura escrita, que dependen para sus análisis del contacto directo con el texto,1 es decir del reconocimiento visual de su forma (tamaños, letra, tinta, tipos de papel, etc.)”, el hecho de que las principales bibliotecas “que en Bogotá tienen ejemplares ‘originales’ del Papel Periódico […] han prohibido de manera terminante la consulta directa de cualquiera de esos ejemplares”, no sólo al “público” en general sino también a los “investigadores”, constituye un “perjuicio mayor” (p. 18).

Renán Silva, quien “hace treinta años [comenzó] a estudiar el Papel Periódico de Santafé de Bogotá” (p.

11), lo vuelve a tomar como objeto y fuente de estudio de la Ilustración neogranadina, en la era en la que estamos, de la digitalización de las fuentes primarias, que son cuidadas y conservadas con celo —¿excesivo?— por instituciones públicas y privadas especialmente dedicadas a esa tarea. Hasta cierto punto, en cuanto a las dificultades por resolver para seguir con sus compromisos intelectuales, el historiador contemporáneo se encuentra en una posición, si no idéntica, por lo menos comparable —aunque sea en sentido contrario— a la del “autor” del Papel Periódico, Manuel del Socorro Rodríguez, a la hora de “componer” la información de que dispone para ilustrar a sus lectores. El historiador de mediados de la segunda década del siglo XXI se ve afrentado por el exceso, cada vez más inmanejable, de la información de índole académica puesta en línea (cfr. JSTOR, MUSE, CAIRN, SciELO, etcétera), mientras la digitalización lo condena a acceder de manera casi ilimitada y al mismo tiempo puramente virtual, a los documentos originales que son la materia prima de su producción historiográfica. En cambio —como bien lo demuestra Silva a lo largo de su libro—, en Nueva Granada, en la última década del siglo XVIII, Manuel del Socorro Rodríguez —para cumplir con la misión que

* Doctora en Historia por la Université Paris I (Francia).

Profesora de la Université Paris-I Panthéon-Sorbonne (Francia). Correo electrónico: annick.lemperiere@orange.fr 1

Énfasis del autor.

le asignaba a su Periódico— se vio en la necesidad de arreglárselas con la (relativa) escasez de libros a su alcance y la discontinuidad y aleatoriedad de la llegada de las (a veces también escasas) noticias provenientes de la Europa revolucionada por los acontecimientos franceses, a fin de poder informar e ilustrar a un público de lectores creados y retenidos por la periodicidad y regularidad del Papel Periódico.

Se trata de dos realidades comparables, en el sentido de que tanto los ilustrados hispanoamericanos de ayer como los historiadores de hoy en día tienen que componer con ellas —sin poder controlarlas—, para producir conocimiento y, en la medida de lo posible, también advertir a sus lectores sobre los límites impuestos a sus producciones intelectuales. Lo que demuestra de manera gráfica el libro de Silva es que, si bien como autor de su propio libro no pudo ver ni tocar el Papel Periódico bajo la forma material en que fue fabricado, distribuido, leído y utilizado por sus lectores de la década de 1790, tampoco Manuel del Socorro Rodríguez estuvo en condiciones de comprobar la veracidad de los acontecimientos de la Revolución Francesa que relataba semana tras semana en su periódico, ni de hablar con conocimiento de causa de los libros impresos de la “época de la Ilustración”, en cuanto partícipe en su naciente diseminación en las sociedades europeas de su época y lector en condición de tocarlos con sus propias manos. Sin embargo, una de las señales más notables de la “ilustración” de Rodríguez fue, sin duda, su afán por buscar y experimentar en su periódico una forma de escribir —trátese de sus reflexiones históricas y filosóficas, o de la apremiante “actualidad” de la Francia revolucionaria— que evidenciara el espíritu crítico que creía su deber insuflar en sus lectores.

Este nuevo libro de Renán Silva podría leerse empezando por sus notas de pie de página, las cuales constituyen por sí solas un ensayo historiográfico completo —cosa que no se logra sin haber tenido los propios libros en las manos y bajo la mirada— entre referencias a una bibliográfica internacional y actualizada sobre historia del periodismo, la lectura, la Ilustración, y otros temas adyacentes, y polémicas argumentadas en contra de corrientes historiográficas ya anticuadas, aunque todavía vivas (el “nacionalismo criollo”, la “historia de las ideas”), o al contrario, de moda, como el poscolonialismo. Basado en un diálogo crítico con las aportaciones de esta bibliografía fundamentalmente “europea” —en cuanto a su origen y objetos de estudio—, el libro de Silva retoma el tema de los procesos de cambio socio-

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cultural e intelectual llamados “Ilustración neogranadina”, partiendo de planteamientos historiográficos cuyo arraigo se encuentra en la historia intelectual, por una parte, y en problemáticas propias de la sociología y de la historia social y cultural, por la otra.

En su forma impresa —en su periodicidad semanal, que lo hace partícipe en la temporalidad concreta de la sociedad neogranadina y, en otra escala, contemporáneo del espacio atlántico al cual pertenece (y del cual depende) y de la Revolución Francesa—, el Papel Periódico presenta “los modos de la comunicación de las noticias” y las “modalidades locales de elaboración de [las] informaciones” que llegan de Europa (pp. 34-35).

Para el historiador, estos “modos de comunicación”, lejos de ser evidencias obvias e insignificantes, al contrario son otras tantas fuentes de preguntas cuya respuesta, según él, no puede dimanar de la “historia de las ideas”, sino de una lectura que conecta directamente los textos con su entorno social, cultural y material.

Surge la tesis de que la contemporaneidad entre la publicación del Papel Periódico (entre 1791 y 1796) y los acontecimientos revolucionarios en Francia propicia la aparición y aceleración de cambios que afectan a la noción misma de “información”. Dicha contemporaneidad desemboca en las ideas —nuevas en aquel entonces— de “comunicación periódica” y de “actualidad”, y en la formación, en el contexto local mismo, del concepto noticia. La noticia como algo completamente distinto de “los sucesos maravillosos”, siendo éstos, por esencia, inverificables y propios de las gazetas, mientras que la noticia y su tratamiento por parte de Rodríguez, bajo la exigencia de comprobar su exactitud o al menos su verosimilitud, hacen del Papel Periódico precisamente lo que es, no una gazeta desconectada de cualquier noción de la actualidad, sino un periódico de tipo moderno. El libro muestra cómo, paralelamente, el ritmo acelerado de los acontecimientos —y la necesidad de darlos a conocer al público neogranadino bajo la forma de la “noticia”, a medida que se presentan— transforma y clarifica, a su vez, la relación entre pasado y presente, historia y actualidad, escritura de la historia y periodismo (pp. 261-262). La noticia, por tener un referente real, obliga a distinguir entre historia y fábula y a reconsiderar la manera misma de escribir la historia, fuera de los moldes clásicos de la retórica y de los formalismos escolásticos, apegándose —tal como lo hace Rodríguez en los artículos que dedica, ya sea a la escritura de la historia o a contextos históricos

específicos— a una metodología que respeta el orden cronológico, produce documentos que comprueban sus afirmaciones, explicita los elementos de contexto, etcétera.

A lo largo del libro, Silva evidencia el surgimiento de las novedades de índole cognitiva introducidas por los ilustrados —específicamente, por Manuel del Socorro Rodríguez—, tales como sus modos de razonamiento, su uso de “fuentes” como prueba de lo que dice o de las ideas que defiende. Al mismo tiempo, Silva nunca deja de mencionar las contradicciones en las cuales incurre Rodríguez en sus prácticas intelectuales, por cuanto sus principios de objetividad, racionalización, rechazo de las “pasiones” y de las “personalidades” podrían conducirlo a rebasar los límites que le imponen a él su fe católica y su lealtad monárquica —por ejemplo, cuando se dedica a presentar a sus lectores las ideas de Montesquieu o del Abate Raynal—. Según el mismo esfuerzo por contextualizar las condiciones de producción de las ideas ilustradas en Nueva Granada, el historiador alega también la necesidad de tener presente “el fondo social de la cultura intelectual de la época” (p. 259), el del humanismo renacentista y sus referencias al pasado griego y romano, así como la historia bíblica como fuente perdurable de verdades que, aunque imposibles de comprobar, no dejan nunca de ser consideradas históricas. El “terreno social”, no el “mundo textual”, es el verdadero “terreno de formación del mundo de las representaciones” (p. 261). De este modo, el libro ofrece perspectivas matizadas y novedosas sobre el “proceso de secularización” y sus especificidades neogranadinas, que, sin duda, pueden extenderse al mundo hispanoamericano en su conjunto. Se desprende de ello un matiz adicional sobre los “ilustrados” de esta parte del mundo: más que ilustrados, fervientes católicos y monarquistas, son fervientes católicos (que es lo mismo que decir monarquistas en aquel entonces) que se vuelven “ilustrados”. No es nada anodino el matiz.

Como lo muestra muy bien el caso de Rodríguez —tal como lo presenta Silva—: en cuanto católico, el autor del Papel Periódico construye fronteras infranqueables entre lo que pertenece al campo de la fe y lo que remite al campo de la ciencia (sea natural o histórica) y el saber profano. Se trata, sin duda, de una especificidad del proceso de secularización hispanoamericano, un proceso de signo católico que distingue entre sagrado y profano estrictamente a partir de lo indisponible de lo sagrado, no a partir de las libertades que los filósofos le otorgan al pensamiento profano.

rev.estud.soc. No. 54 • octubre-diciembre • Pp. 197-198 • ISSN 0123-885X • eISSN 1900-5180 · DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.16

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Reseña de Francisco A. Ortega* DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.17

Hace poco más de diez años reseñé para el Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura el libro de Renán Silva Los ilustrados de Nueva Granada, 1760-1808: genealogía de una comunidad de interpretación, el libro con el que efectivamente renovó el interés por la Ilustración neogranadina. Desde entonces, la lista de publicaciones de Silva ha crecido de manera significativa. Por una parte, algunos de sus mejores trabajos sobre el mismo período fueron reeditados: un conjunto de ensayos publicados previamente apareció bajo el título La Ilustración en el Virreinato de Nueva Granada: estudios de historia cultural; su libro Universidad y sociedad en el Nuevo Reino de Granada: contribución a un análisis histórico de la formación intelectual de la sociedad colombiana, otro estudio clásico de la cultura letrada virreinal, fue nuevamente reeditado (2009 [1993]); y apareció finalmente una edición transcrita y comentada de la Historia de un congreso filosófico tenido en Parnaso por lo tocante al imperio de Aristóteles. Su autor, José Domingo Duquesne. El año, 1791.

Durante esa etapa, el autor igualmente publicó diversas investigaciones sobre la primera mitad del siglo XX, el otro período que Silva ha trabajado de manera intensa: República liberal, intelectuales y cultura popular (2005); Sociedades campesinas, transición social y cambio cultural en Colombia: la Encuesta Folclórica Nacional de 1942: aproximaciones analíticas y empíricas (2006); y Política y saber en los años cuarenta: el caso del químico español A. García Banús en la Universidad Nacional (2011). Finalmente, en los últimos años Silva también ha publicado un par de ensayos sobre el quehacer historiográfico —A la sombra de Clío. Diez ensayos sobre historia e historiografía (2007); Lugar de dudas: sobre la práctica del análisis histórico. Breviario de inseguridades (2014)—, libros extraños, aunque no del todo ausentes entre nosotros, que por su composición, su mirada aguda, rigor argumentativo y vocación polémica, nos recuerdan los mejores momentos del ya ausente Germán Colmenares. Esta larga lista de publicaciones pone de manifiesto a un investigador comprometido con el tema, que se mantiene activo y en la plenitud de su producción intelectual.

En Cultura escrita, historiografía y sociedad en el Virreinato de la Nueva Granada, Silva retorna al Papel Periódico de Santafé de Bogotá (1791-1797), el primer *

Ph.D. Comparative Studies in Literature. Profesor asociado de Departamento de Historia, Universidad Nacional de Colombia. Correo electrónico: fortega@unal.edu.co

semanario del Virreinato y la empresa intelectual de mayor envergadura y alcance durante el período colonial tardío. A diferencia de su primer acercamiento al periódico en Prensa y revolución (1988), donde Silva se ocupó de caracterizar el circuito social dentro del cual se inscribía y el temario abordado por éste durante sus seis años de existencia, Cultura escrita, historiografía y sociedad se enfoca en la emergencia de las nuevas categoría intelectuales que caracterizaron e impulsaron el proceso de apropiación, elaboración y difusión de la Ilustración por parte de las élites culturales neogranadinas. El libro está dividido en una breve “Introducción” (pp. 11-15), que en realidad es más un prefacio, y seis capítulos —“La re/escritura de la historia: informar interpretando” (pp. 19-72); “Reflexiones de un historiador” (pp.

73-124); “La defensa de la monarquía y los historiadores de la Ilustración” (pp. 125-82); “El diablo en Santafé” (pp.

183-229); “Papeles Periódicos y escritura del tiempo histórico” (pp. 230-74); “Lectura, imprenta y periodismo a finales del siglo XVIII” (pp. 275-334)—. Todos los ensayos están claramente emparentados, aunque no existe una relación de estricta continuidad argumental entre éstos.

Cada ensayo se puede leer de manera independiente, y sobreviven en la escritura rasgos que indican su concepción como intervención individual.

Como en trabajos anteriores, Silva subraya la recepción tardía de la “cultura científica” y los magros logros de la Ilustración local, basada, fundamentalmente, en textos divulgativos y de síntesis. En buena medida, ese acceso a la ciencia era una cuestión más de deseo que “una práctica regular bien establecida” (p. 193), y no se produce a través de un conocimiento y una participación plena en la ciencia de su época. No obstante, la aparición de lo que Silva llama “una retórica de la ciencia” anuncia la irrupción protagónica en la sociedad neogranadina de una nueva categoría socio-profesional, “la juventud noble del reino”, la cual sirve de “enganche del cambio cultural impulsado por la monarquía a finales del siglo XVIII” (p. 29). Y por vía de este nuevo grupo social se abrió la brecha para la aparición efectiva de nuevas formas de observar y reportar lo que había pasado; de nuevas representaciones sociales del trabajo, la riqueza y el mundo; de nuevas formas de consumo y cálculo; y, sobre todo, de una nueva utilidad pública del saber a través de la noción de crítica, categoría intelectual fundamental de la nueva cultura política.

Discernir la autocomprensión de este grupo social y su proceso de interpretación significa desentrañar el principio interno por medio del cual un grupo social

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en ascenso representa su entorno y actúa sobre él, e impone, aun cuando sólo parcialmente, sus categorías de comprensión al resto de la sociedad. Significa, por lo tanto, descifrar un aspecto fundamental de las dinámicas de cambio de una sociedad, lo que de ningún modo comporta aseverar la preeminencia de las ideas sobre lo social. Al contrario, más allá de las ideas que sus miembros pudieron detentar o de los significados abstractos que los textos pudieran proponer, comprender ese mecanismo nos obliga a indagar el trabajo efectuado sobre una experiencia acumulada —unas formas de comprender, representar y actuar ya instaladas en la sociedad— y un horizonte de acción posible que recoge las expectativas del grupo emergente, así como los cuestionamientos de quienes las enfrentan.

El Papel Periódico constituye —en cuanto dispositivo central del sistema de información ilustrado emergente— una superficie privilegiada para indagar diversos elementos de ese mecanismo. En la concepción de Silva se evidencia la huella de los trabajos de FrançoisXavier Guerra, Roger Chartier, Robert Darnton y Franco Venturi, a quienes Silva ha referenciado previamente y a quienes dedica, con la excepción de Darnton, este libro.

Aparece igualmente una cierta sensibilidad por el peso histórico de la estructuración retórica, los lenguajes políticos, los giros y las ambivalencias argumentales, mucho más cercanos —aunque no siempre reconocidos con el mismo entusiasmo— a la historia intelectual de Quentin Skinner y John Pocock.

El primer capítulo aborda el Papel Periódico como parte de un sistema de información en transformación, entendido éste como “un conjunto improvisado y precario, en proceso de construcción” (p. 34). La unidad básica de este sistema de información es la noticia, una relativa novedad en el contexto local. La circulación de la noticia conectaba los saberes que transitaban por una amplia red global —Londres, Madrid, Ámsterdam, París, Kingston, La Habana etcétera—, pero Silva pone el acento de su análisis en la selección y elaboración que ocurren en el semanario y que permiten vislumbrar tanto la naturaleza del destinatario —en este caso, el público, otra novedad ilustrada— como las condiciones que hacían verosímil, para una época y un lugar concretos, la información ofrecida. Ese desplazamiento de la atención del nivel de las ideas (las noticias que circulaban) al de la acción comunicativa (el proceso material e intelectual de producción y recepción local) le permite a Silva profundizar en la especificidad de la llamada Ilustración neogranadina. Allí se hace evidente que —como ya lo había demostrado ampliamente en Los ilustrados de Nueva Granada—, aun cuando la Ilustración local no surge en oposición a las autoridades virreinales, la empresa cultural sí está atravesada por tensiones estructurales que surgen entre las nuevas categorías críticas y las formas tradicionales de concebir el orden social, sancionar la autoridad o pensar la relación con el pasado. Recordemos la ambigüedad de las autoridades

frente a la imprenta, para quienes ésta era el vehículo propicio para impulsar las reformas, pero quienes también señalaron con frecuencia que, mal usada, daba pie a un sinfín de desórdenes sociales.

Los capítulos dos al cinco abordan diversas intervenciones de Manuel del Socorro Rodríguez, con el fin de precisar los escenarios y las argumentaciones en los cuales se elaboran las nuevas categorías intelectuales de la crítica. Cada capítulo identifica uno de esos escenarios y los procedimientos complejos —a veces aparentemente paradójicos— que permitieron la consolidación de una tímida pero novedosa cultura ilustrada en el virreinato. Así, en “Reflexiones de un historiador” (1795) —objeto de análisis del capítulo dos—, Silva muestra cómo el redactor del Papel Periódico da razón de la información que llegaba sobre la Revolución Francesa; en el capítulo tres, Silva examina diversos textos donde el redactor refuta la historiografía ilustrada crítica de la Monarquía española; el capítulo cuatro aborda el texto de Manuel del Socorro Rodríguez “Raro suceso que debe excitar las reflexiones filosóficas de la ilustrada Juventud…” (1795), el cual crítica la tradición religiosa popular que había convertido la historia del Gran Ruido de 1687 en la base de una fuerte tradición religiosa local.

En estos tres capítulos, Silva muestra las dificultades y, con frecuencia, los límites —fundamentalmente, la profunda adhesión a la Monarquía y a la fe católica, así como las precarias condiciones materiales de las sociedades americanas— que los actores ilustrados encontraron para explorar con libertad el potencial de las nuevas categorías intelectuales.

Aparece entonces con nitidez uno de los aportes más significativos de este conjunto de ensayos: la insistencia en que las nuevas categorías de interpretación coexisten siempre con los ordenamientos más tradicionales, en parte modificándolos (como ocurre con el proceso de lectura, que adquirió nuevas intensidades y abarcó sectores cada vez más amplios), y, a su vez, siendo resignificadas por las prácticas e imaginarios más tradicionales (como ocurrió con las tertulias, donde se reprodujeron insidiosamente ideas de nobleza y prestancia). Silva evita, de ese modo, ofrecer relaciones causales simples para ilustrar el cambio social, cultural e intelectual que ocurrió en la última década del siglo XVIII. Estos procedimientos críticos empleados por el redactor, llevados a cabo en buena medida con las categorías emergentes de la Ilustración, llevaron al reconocimiento de que el mundo era dinámico, abierto, necesitado de dar una explicación, y, en consecuencia, propiciaron una perspectiva narrativa novedosa. En todas estas instancias se nos ofrece la aparente (pero sólo aparente, como señala en el subtítulo del capítulo cuatro) paradoja que entraña el hecho de que fue en la férrea defensa de posiciones que parecerían refractarias al cambio histórico donde finalmente ocurrió la innovación en las categorías y las maneras de argumentar.

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Es de notar que ese sistema de información se veía sometido a una presión extraordinaria por las noticias concernientes a la Revolución Francesa, “el extravagante nuevo curso del mundo, marcado por un extraño delirio en el que un puñado de insensatos había imaginado la terrible quimera de que podría existir un tipo de vida social en el que los hombres y las mujeres vivieran sin sujeción a los poderes de un monarca” (p.

85). La Revolución aparece como el mundo invertido en el que todo ha perdido su lugar, “la abolición —como dice Rodríguez— absoluta de los enlaces y órdenes [naturales] de la sociedad” (en Silva, p. 99). La extensión e intensidad de la reflexión del editor indican que ésta se impuso al entorno de los ilustrados como la forma misma de la actualidad. Aún más, la naturaleza perentoria del acontecimiento imponía presión sobre las certezas vigentes en la sociedad neogranadina y estaba, por lo tanto, llamada a modificar la historia universal.

Ante la magnitud del acontecimiento —en el que el libertinaje amenazaba con destruir todos los vínculos sociales, y ya no sólo en Francia—, la imparcialidad se volvía imposible. Se hacía necesario explicarle al público, el soberano de este sistema de información, el curso de la conflagración, la naturaleza exacta de la osadía, el legado maldito de un acontecimiento que instauraba el régimen de la impiedad y la irreligión.

El conflicto amenazaba con trasladarse al orden de las interpretaciones, del escenario francés, aparentemente ajeno, a la República de las Letras, tan caro e íntimo a la comunidad que se articulaba en torno a la lectura del Papel Periódico.

Por otra parte, las noticias llegaban difusas, contradictorias, dispersas; la velocidad de los hechos se incrementaba; la historia de la Revolución aparecía inacabada y, por lo tanto, fragmentaria y abierta. Silva muestra cómo la comunicación de estas novedades ofrecía retos inéditos a las formas vigentes de contar y saber. La historia sagrada decía muy poco al respecto, en especial al pequeño grupo de ilustrados que se había enseñado a distinguir entre el examen del “Filósofo y del Naturalista” y la disertación del “Ministro de la religión y del Teólogo evangélico” (referencias de Rodríguez en Silva, p. 214). La historia como magistra vitae ya no ofrecía respuestas ni lecciones suficientes para enfrentar los peligros de un presente incierto.

En otras palabras, la relación entre pasado y presente había cambiado radicalmente, y empezaba a anunciarse un nuevo régimen de historicidad (la expresión es de François Hartog).

El examen perspicaz y matizado que hace Silva de este problema —prácticamente ausente de nuestra historiografía— es una de las razones por las cuales este libro debe ser leído por todo aquel interesado en el período tardo-colonial. El análisis de las transformaciones en la relación entre pasado y presente, es decir, entre experiencia (o pasados hechos presentes) y expectativa (o futuros hechos presentes), invoca, casi de manera

inevitable, la figura de Reinhart Koselleck. Una lectura atenta del historiador alemán le hubiera suministrado a Silva otras herramientas analíticas para escrutar de manera más incisiva la fractura dolorosa que existe en el Papel Periódico entre la historia como magistra vitae y la historia como vehículo de un nuevo horizonte de expectativas. Sin embargo, Silva reprocha a Koselleck que aborde la experiencia del tiempo como “una instancia metafísica” (nota de pie de página 104) e identifica su análisis con hacer “deducciones a partir de un espacio puramente textual, que luego deja flotando como si se tratara de una aproximación sociológica” (p. 260). Estos comentarios evidencian una comprensión superficial de la Begriffsgeschichte o historia conceptual alemana, lo que en este caso, a mi juicio, genera una oportunidad perdida, ya que su empresa, la de Silva, no dista mucho del proyecto de Koselleck (desde Crítica y crisis hasta sus trabajos más tardíos), es decir, la de historiar la emergencia de una nueva categoría intelectual como estructura de conciencia de grupos sociales en ascenso.

El libro cierra con el capítulo que examina el posible alcance que tuvieron estos cambios en las prácticas de lectura, para comprender las posibilidades que se abrían desde el punto de vista de la comunicación escrita impresa y los límites de la renovación cultural que vivía el Virreinato. Allí, Silva retoma problemáticas de la sociología de la lectura cercanas a sus trabajos anteriores: la ampliación de las prácticas de lectura como efecto del aumento de la circulación de impresos, las nuevas formas de relación con los textos impresos, más cercanas a la compilación y al extracto, a la enciclopedia y al diccionario (p. 286); la aparición de formas de sociabilidad novedosas, ligadas a la circulación de estos impresos periódicos. Como último aparte del capítulo y del libro, Silva comienza una consideración de la precariedad de la comunicación, a partir de una fascinante exploración de los equívocos editoriales y las erratas tipográficas. El tema queda apenas abierto pero ya se anuncia como un posible tema para futuras investigaciones del autor.

El recorte cronológico del libro resulta una rareza en nuestra época, más acostumbrada a privilegiar —al amparo de efemérides y conmemoraciones— el período de la Independencia. La intención del autor es enfatizar las rupturas sobre cualquier continuidad que pudiera suponerse entre el ideario ilustrado y la Independencia, y que tradicionalmente tienden a explicar el primero a partir de la emergencia de una burguesía nacionalista criolla. En ese sentido, este libro corrige el nacionalismo evidente en Prensa y revolución (y ya denunciado por el autor mismo en el prólogo a la reimpresión de 2004) e insiste en la necesidad de comprender los sentidos enunciados por los contemporáneos en sus propios términos. Por medio de éstos descubre en el período previo a la crisis detonada por la invasión napoleónica, un “laboratorio de experimentación sorprendente” (p. 41) que merece un examen

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intenso y no puede ser comprendido como un insumo destinado a realizarse en el marco de la transición política que llevaba de la Monarquía a la instauración de la República. Esa observación se ha convertido en el caballito de batalla de Silva durante los últimos quince años, y sus investigaciones han abierto, como consecuencia, nuevas perspectivas interpretativas.

El recorte —y los muchos pasajes en los que el autor aconseja no interpretar la Ilustración a la luz de eventos subsiguientes— no es óbice para el recurrente uso que Silva hace de otra categoría, la modernidad, cuya carga normativa despliega una teleología que entorpece el argumento del libro. Desconociendo que todo pasado tiene múltiples futuros posibles (Koselleck), el carácter normativo de la modernidad lo proyecta como destino inevitable de las formas que están apenas surtiendo. Esto ocurre con alguna frecuencia en el libro, como cuando el autor señala que el Papel Periódico se ofrece “como un laboratorio magnífico para realizar una primera aproximación […] al estudio de la aparición de los embriones de un moderno sistema de información” (p. 39). La “emergencia del mundo moderno”, señala Silva, nos remite a la aparición de un conjunto de valores, prácticas y modalidades ampliamente compartidos por nuestro presente: “una sociedad de individuos regida […] por el mercado, el dinero, el principio de la libre individualidad, y una idea de los lazos colectivos como un principio externo que compromete a los individuos sólo con posterioridad a su definición como individuos” (p. 250).

Sin embargo, más importante que la descripción de aquellos valores y prácticas, importa acá señalar que esa modernidad se constituye en el origen indiscutido de lo más prometedor e imprescindible de nuestro presente, “el descubrimiento de las posibilidades del espíritu crítico e investigativo y de sus infinitas posibilidades en el campo del conocimiento” (p. 56).

En ese camino a nuestro presente, Manuel del Socorro Rodríguez aparece en el texto de Silva como el poseedor de una lúcida “consciencia de las limitaciones de ese descubrimiento maravilloso y sin embargo problemático que es el periodismo, como elemento formador de la conciencia moderna” (p. 267); aparece igualmente como el timorato líder de “una sociedad que con pasos lentos, a veces erráticos, trataba de acercarse a las formas de la modernidad que se representaba como su horizonte histórico, aunque de manera práctica lejos se encontrara de esas metas” (p. 278). Pero tendríamos que advertir que “la sociedad” —unidad totalizante como ninguna— jamás marcha decidida o timoratamente hacia un horizonte, en este caso la modernidad. Más bien, las sociedades constituyen escenarios conflictivos en los que diversos grupos sociales elaboran sus horizontes de expectativas como formas expresivas de sus aspiraciones hegemónicas. Es decir, que el horizonte que se consolidó durante el siglo XIX —y que aún hoy en día

cautiva nuestra imaginación— se nos ofrezca como el único destino de la historia no descubre ninguna inevitabilidad de la modernidad sino que evidencia el contundente poder de coacción y convicción de aquellos que se han identificado con ella. Pero en el pasado habitan, aun hoy en día, muchos futuros posibles.

Un último aspecto problemático de la carga normativa con la que aparece el concepto de modernidad en algunos pasajes del libro: esa modernidad albergaría formas y modalidades de vida cultural que se ven realizadas en las sociedades más complejas y consolidadas del espacio euroamericano, como Francia. De manera concomitante, en las sociedades periféricas de la América hispánica esa modernidad necesariamente se realiza de manera precaria. Aún más, allí la modernidad posible lucha con otras alternativas existentes que aparecen condenadas, de antemano, a la obsolescencia pues aparecen vinculadas a formas sociales que inhibían el correcto comportamiento de la modernidad, es decir, del espíritu crítico. La consecuencia de tal planteamiento es que lo más promisorio y preciado de nuestra actualidad —ese espíritu crítico— sólo puede surgir de la fidelidad con que adoptemos unos modelos que, de modo ineludiblemente, aparecen como europeos (modernos) frente a otros que, inevitablemente, aparecen como americanos (tradicionales).

Es ésta una crítica que Elías José Palti elaboró recientemente en El tiempo de la política (2007) al explorar los alcances y límites de la renovación historiográfica llevada a cabo por la obra de François-Xavier Guerra.

En la reseña que hice de Los ilustrados de Nueva Granada en 2006 señalé que no me quedaba muy claro qué era —en qué consistía y cuál era el sentido de— una práctica ilustrada. Hoy reitero algo similar con relación a la práctica moderna, es decir, la práctica ilustrada tomada en su proyección continua —en lo que mantiene de vigente— hasta nuestro presente. Evidentemente, algo de ello —de lo ilustrado, de lo moderno— está en la base precisa de nuestro presente, pero —como entonces— me tienta la idea de problematizar esa categoría. En particular cuando ofrece tan poco y a cambio pide tanto.

Para concluir, este nuevo libro de Renán Silva constituye un aporte importante a la línea de investigación que ha consolidado durante los últimos veinte años. Sus trabajos hoy en día resultan ineludibles para comprender las transformaciones políticas y culturales de las últimas décadas del Virreinato. Y este libro, en particular, profundiza temáticas ya abordadas previamente y ofrece aportes frescos para discernir los alcances, logros y límites de la cultura ilustrada americana, y, sobre todo, para comprender los complejos mecanismos de cambio que actualizan una sociedad periférica en conexión con las exigencias de su tiempo. Bienvenida sea su lectura.

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Referencias 1.

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Palti, Elías José. 2007. El tiempo de la política. El siglo XIX reconsiderado. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.

Silva, Renán. 1988. Prensa y revolución a finales del siglo XVIII: contribución a un análisis de la formación de la ideología de independencia nacional. Bogotá: Banco de la República.

Silva, Renán. 2002. Los ilustrados de Nueva Granada, 1760-1808: genealogía de una comunidad de interpretación. Medellín: Banco de la República – Fondo Editorial Universidad Eafit.

Silva, Renán. 2005. La Ilustración en el Virreinato de Nueva Granada: estudios de historia cultural. Medellín: La Carreta Editores.

Silva, Renán. 2005. República liberal, intelectuales y cultura popular. Medellín: La Carreta Editores.

Silva, Renán. 2006. Sociedades campesinas, transición

social y cambio cultural en Colombia: la Encuesta Folclórica Nacional de 1942: aproximaciones analíticas y empíricas. Medellín: La Carreta Editores.

7. Silva, Renán. 2007. A la sombra de Clío. Diez ensayos sobre historia e historiografía. Medellín: La Carreta Histórica.

8. Silva, Renán. 2009 [1993]. Universidad y sociedad en el Nuevo Reino de Granada: contribución a un análisis histórico de la formación intelectual de la sociedad colombiana. Medellín: La Carreta Editores.

9. Silva, Renán. 2011. Historia de un congreso filosófico tenido en Parnaso por lo tocante al imperio de Aristóteles. Su autor, José Domingo Duquesne. El año, 1791.

Medellín: La Carreta Histórica.

10. Silva, Renán. 2011. Política y saber en los años cuarenta.

El caso del químico español A. García Banús en la Universidad Nacional. Bogotá: Universidad de los Andes.

11. Silva, Renán. 2014. Lugar de dudas: sobre la práctica del análisis histórico. Breviario de inseguridades. Bogotá: Ediciones Uniandes.

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Reseña de Antonio Annino* DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.18

Renán Silva es sin duda alguna un historiador de nivel internacional, no sólo por su fama bien merecida, sino porque su obra no pertenece a la cultura colombiana sino a toda la cultura que piensa —a partir del presente— aquel fascinante, decisivo e intrigante momento de la historia occidental que con una fuerte conciencia de sí se llamó “Ilustración”. Los aportes de Renán Silva quedarán como una pieza del entramado historiográfico que empezó a rescatar, en la segunda mitad del siglo XX, el fenómeno ilustrado, y le fue otorgando un “reconocimiento” civil que antes no tenía. Es un dato que quizás vale la pena recordar: la Ilustración tuvo una aceptación contundente en su momento, que sin embargo se opacó a lo largo del siglo XIX, y aún más en las primeras décadas del XX. No es éste el lugar para detenerse en los itinerarios dramáticos del Siglo de las Luces. Lo que cuenta es señalar que el rescate se debió a la nueva cultura democrática antiautoritaria en búsqueda de su razón histórica, más allá de los eventos del “siglo breve”. Sin embargo, no es atrevido decir que, a lo largo del proceso, Nuestra América sufrió un descuido que la dejó en una soledad historiográfica que hoy nos parece sin justificación. El Atlántico, la condición “colonial”, el catolicismo, el conservadurismo, el “atraso”, todos estos fantasmas agobiantes moldearon lugares comunes acerca de la “falta de Ilustración”. Y como se sabe, los lugares comunes no son un buen instrumento para definir un campo del saber. Ni se trata de pasar de una de las tantas leyendas negras a algunas de las tantas leyendas rosadas, hoy de moda. Ni la cuestión es lo que pasó, sino cómo pasó, por cuáles caminos, por cuáles instrumentos, por cuáles lecturas de una propuesta cultural que —como hemos señalado— tuvo siempre una aguda conciencia de sí misma. Es en esta perspectiva que la obra completa de Renán Silva fue y es pionera. El trasfondo histórico es el reto clásico para quien se ocupa de la así llamada “época borbónica”: en el plano internacional, el fantasma agobiante de la Revolución Francesa, de las guerras perdidas en el escenario europeo, de la necesidad (igual de agobiante) de reformar un imperio demasiado “compositor” (en el sentido de John Elliott), donde la componente americana no dejaba de manifestar esporádicamente, pero con fuerza, su histórica queja por una independencia no “absoluta”, pero sí una forma de autogobierno en línea con el “orden natural” de las *

Doctor en Historia de las Instituciones Políticas por la Università degli Studi di Firenze (Italia). Profesor de la Università degli Studi di Firenze y el Centro de Estudios en Historia, Universidad Externado de Colombia. Correo electrónico: anninovondusek@gmail.com

cosas. En este escenario, la Ilustración neogranadina, y más en general la americana, sigue siendo un reto, no sólo por los silencios, sino por las dificultades heurísticas que propone.

En esta perspectiva, este libro de Renán Silva marca un punto de maduración, en el sentido de que construye su objeto a partir de un entramado crítico sumamente sofisticado, donde es casi imposible separar las reflexiones personales de las lecturas de las fuentes, y de los comentarios acerca de la bibliografía de apoyo. Al mismo tiempo, nos enfrentamos con un texto “inquietante”, en el sentido de que sus páginas inquietan al lector, lo sacan de muchas certezas y lo ponen en aquel “Lugar de las dudas”, que para Silva (2014) es el verdadero lugar del historiador, como él mismo enfatizó hace poco en un librito muy sofisticado y contundente. Nos permitimos dar al lector dos consejos: el primero es que se lea aquel librito, si tiene paciencia y voluntad de entender; y el segundo, que, tras la lectura de la nueva obra que aquí se comenta, nuestro lector vuelva a reflexionar sobre las citas dedicatorias de las primeras páginas.

Allí, el autor nos ofrece unas claves para entender su mirada. El recuerdo de François-Xavier Guerra no es sólo un homenaje a un historiador que abrió horizontes sin retorno, sino también a un intelectual que miró a la historia como un campo de “construcción improvisada de la sociedad” (nota 82, p. 268), una mirada que desafía —como anota Silva— la estructuración extrema de las relaciones sociales y responsabiliza al historiador acerca de la contingencia y de la creatividad en los tiempos históricos.

Los agradecimientos para Roger Chartier no se justifican meramente con las citas a lo largo del libro. Chartier trabaja Au bord de la falaise —citamos un texto suyo de 1998—, es decir, sobre una historia que discute constantemente de sí misma produciendo textos, formaciones discursivas, dispositivos de lectura, un conjunto de caminos donde la incertidumbre de los actores históricos es materia fundamental para el historiador. La memoria de Franco Venturi es la del historiador que dio un impulso decisivo al rescate de la Ilustración en los años de la segunda posguerra. Sin embargo, también en este caso no se trata sólo de un homenaje a la obra (los volúmenes del Settecento Riformatore) sino a un hombre que hizo de lo “ético-político” la motivación de su vida intelectual.

Y no es necesario conocer personalmente a Renán Silva para percibir en su escritura esta tensión éticamente engagée. La cita de Pierre Bourdieu es clarísima sobre este punto: “El summum del arte en ciencias sociales es,

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a mi juicio, ser capaz de comprometer apuestas ‘teóricas’ muy altas mediante objetos empíricos muy precisos […] si no irrisorios”. Por último, es casi necesario recordar que a finales del siglo XX vivimos un renovado ataque a la Ilustración, lo cual nos muestra que aquel momento histórico abrió un camino que sigue teniendo muchos enemigos, aun en nuestros días.

Nuestro lector va a recibir de entrada un desafío. El título de la obra es largo y voraz, parece una promesa de regalarnos una visión “total” de las cosas. Sin embargo, Renán Silva se ocupa “sólo” de un impreso, el Papel Periódico de la Ciudad de Santafé de Bogotá (PP), y “sólo” a lo largo de su corta vida, 1791-1797. El actor es “sólo” el director-autor de los textos, el cubano Manuel del Socorro Rodríguez, y los años de vida del PP corresponden al gobierno del virrey José de Ezpeleta, un alter ego también ilustrado que apoyó al editor y a veces puso de su bolsillo los recursos para la empresa. La explicación de este aparente desequilibrio entre las “palabras” (el título) y la “cosa” (el objeto) es muy sencilla: el autor no hace historia “a través de” sino “a partir de”, para ser precisos, a partir de un “lugar concentrado” (p. 11) “en donde se puede leer una transformación mayor […]”, no de la sociedad sino de un grupo cultural en extremo reducido que Silva llama el archipiélago ilustrado. La mirada del autor se ubica, por lo tanto, en un “lugar” histórico que en las páginas se vuelve historiográfico, y, por lo tanto, sin fronteras que no sean las definidas por la mirada misma. El desafío “à la Bourdieu” está en cómo el autor explica al lector —página tras página (¡y ojo a las notas!)— la construcción de su mirada. Un procedimiento para nada obvio porque el autor no pone máscaras entre él y el lector. El verdadero protagonista del libro es Silva, y no porque firme el texto, sino porque se queda en la primera línea del otro “lugar” del libro, el frente de la crisis (del griego κρίσις, “búsqueda”) que Silva construye y construyó (lo explica él mismo) a lo largo de treinta años de impenitente convivencia con este objeto (el PP), no por cierto “irrisorio” pero sí muy “específico”. Molestamos otra vez a nuestro lector para señalarle una cuestión: hoy es un lugar común hablar en contra de la historia “teleológica”, y lo es porque la historia misma se liberó de este traje elegante pero cada vez más pesado. Así que hoy debería ser “normal” que cada historiador se exponga, más que en el pasado, para aclararnos cómo piensa el objeto que está inventando. Fácil decirlo, más difícil hacerlo. No se trata sólo de un problema “metodológico”, sino de una “actitud nueva”, necesaria en nuestros tiempos tan difíciles para historiar, y que tiene muchísimo que ver con el espíritu de la Ilustración.

Renán Silva llama casi constantemente la atención del lector sobre este punto kantiano. No se sabe cuánta “gente ilustrada” leyó el muy célebre articulito ¿Qué es la Ilustración?, del filósofo de Königsberg, escrito precisamente en un periódico (1784) para informar a la “opinión pública”. Es casi imposible que aquel texto

circulara en la Nueva Granada borbónica, pero es cierto que el concepto de “poner al lector en estado de poder juzgar por sí mismo” se repite ad abundantiam en las páginas del PP. Este “lugar común” ilustrado caminó por su cuenta y llegó a los lejanos virreinatos americanos porque existía un nuevo modo de comunicar. Por supuesto, este “modo” no fue dominante en todos los lugares, y siempre coexistió con viejas modalidades.

Lo que cuenta es que esta nueva actitud de considerar la escritura sin el principio de autoridad clásico fue transcultural, en el sentido de que se experimentó en el mundo protestante y en el católico. Silva no minimiza las componentes “ideológicas” de su “amigo” director-redactor. Fue un fiel defensor de la Monarquía católica, lo cual no tiene nada de contradictorio. En primer lugar, porque la Ilustración fue en gran parte impulsada por las monarquías europeas, con la notoria excepción de Francia, aunque la gran amistad entre Voltaire y Federico II de Prusia es elocuente. En segundo lugar, porque su naturaleza “revolucionaria” es materia de una disputa infinita. En tercer lugar, porque persiste un viejo perjuicio acerca de la compatibilidad entre Ilustración y catolicismo en Nuestra América, una cuestión más bien ideológica, hija de las intensas luchas civiles entre liberales y conservadores. La obra (entera) de Renán Silva es un punto de no retorno, también, por la declarada y practicada voluntad de huir de las ideologías historiográficas de su país y de su continente. La crisis es ético-política porque busca pacificar una historia nacional no pacificada, un objetivo que no tiene nada que ver con el relativismo (además superficial) del “posmodernismo”, sino con las obligaciones del “pos-siglo breve”. El historiador “neutral” no existe, por la sencilla razón que los saberes no son “neutros”, y menos la historiografía. Sin embargo, hacer historia hoy requiere más que nunca una actitud “kantiana” en lo personal, y “critica” en lo que concierne a escribir.

El gran tema de cómo el autor-director del PP se dedicó a pensar la historia según la actitud ilustrada es una pieza central del libro de Silva. Lo es por dos razones: la primera, y la más obvia, es que la Revolución Francesa fue el gran tema de la prensa y de la “opinión pública” internacional. La segunda razón es la más profunda porque involucra también el presente de Colombia.

El camino hermenéutico de Silva pone el lector en el centro de un cruce: el director-autor del PP distribuye sus esfuerzos entre dos líneas de reflexión: por una parte, la Revolución de Francia, y por la otra, las personales Reflexiones de un historiador. El cruce es uno de los lugares cruciales del libro. Aquí lo que cuenta no son los juicios políticos de Manuel del Socorro Rodríguez. La gran mayoría de la “opinión ilustrada” europea (y norteamericana), para no hablar obviamente de la antiilustrada, no dudo en condenar rotundamente los “excesos de Francia”. Lo que cuenta es que, precisamente, para explicar el “misterio” agotador de la Revolución, la mirada antirrevolucionaria del PP elaboró formulaciones inéditas en el plano local sobre

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el análisis histórico, que tuvieron mucho que ver con la relación entre el “género histórico” y el periodismo en formación. Otra vez, lo importante no es el qué se dio (la “obvia” condena) sino cómo se dio (vía nueva información histórica de la época ilustrada) en un lugar como la Nueva Granada, y no cabe duda de que —si entendimos bien— el espacio que el PP otorgó, por voluntad de su director, a esta fértil encrucijada fue muy extenso.

Sin embargo, el esfuerzo de Silva no se detiene en las páginas de aquel periódico. El “verdadero” punto de su crisis es mostrar un silencio y una deformación de la historiografía colombiana actual, que por cierto superan el caso nacional. Porque, a fin de cuentas, ¿qué sentido tiene hacer esta “arqueología del saber” ilustrado, redescubrir un objeto en sí tan “específico” y con tantos enemigos tradicionalistas en la Nueva Granada? No se trata de una defensa de oficio, por inteligente que sea. La apuesta es más alta, involucra contundentemente nada menos que el paradigma historiográfico del siglo XX, sus silencios acerca de los pensadores del siglo XIX, o a lo mejor, la subvaluación del enorme esfuerzo de conocer que esta intelectualidad hizo al escribir historia patria para hacer patria. La supuesta separación en la historia del siglo XX entre “ciencia” e “ideología” invalidó conscientemente el trabajo cultural del siglo XIX, y sus deudas con aquellos primeros esfuerzos ilustrados de la tan controvertida época borbónica. No es la primera vez que Renán Silva lanza su crítica despiadada en contra de los programas de estudio de Historia en las universidades. Pero en este libro su fuerza logra una eficacia nueva, gracias precisamente a su “investigación reflexiva”. Una cuestión nos parece central y de largo alcance, a pesar de que se presenta como una paradoja, aun si es aparente. Las responsabilidades de los silencios sobre el siglo XIX recaen en el nacionalismo del XX, que desconoció ciertas continuidades culturales entre los dos siglos. Mas Silva sostiene sin vacilación que el siglo XX repite gran parte del siglo XIX, y con menos acervos documentales. Una mirada, la del autor, que podría

parecer demasiado radical y con una punta de “conservadurismo” old fashion. No es así porque —en nuestra modesta opinión— la cuestión candente es la naturaleza del nacionalismo del siglo XX, y no sólo del colombiano.

Dicho sea en forma muy (y demasiado) escueta: los nacionalismos del siglo XX sustituyeron la “voluntad” con la “ciencia” positiva de unas supuestas “reglas” que explicarían las sociedades. Ni vale la pena recordar las devastaciones culturales del populismo en todas sus formas. Lo que cuenta es la pretensión neohobbesiana del siglo XX, que sigue en el siglo XXI. ¿En qué sentido se trata de “algo “neohobbesiano? El Hobbes histórico no tiene nada que ver con sus caricaturas. Al Hobbes del De cive (1642) le interesó medirse con la gran revolución científica de su época y plantearse si existen también en las sociedades “mecanismos” que pueden explicar su existencia. Sin embargo, en Hobbes estos “mecanismos” son naturales, mientras que en la “ciencia” del siglo XX se consideran “sociales” y, por ende, “positivos”. Es por medio de este décalage que el neohobbesianismo puede volverse “científico” y borrar los esfuerzos de quienes construyeron el saber histórico del siglo XIX. Cualquier reseña de un libro es parcial porque el lector —diría Umberto Eco— es un autor. Nosotros hemos decidido comprometernos activamente con algunos “lugares” del libro porque sabemos que son del Silva historiador, y que por esta vía el lector puede apreciar en todo su valor innovador lo que significa sacar a la luz aquel objeto tan “pequeño” como el PP, pero a la vez tan capaz de medirse con apuestas “teóricas” tan grandes como las que propone Renán Silva. Una apuesta “à la Bourdieu” lograda. Esperamos otras.

Referencia 1.

Silva, Renán. 2014. Lugar de dudas: sobre la práctica del análisis histórico: breviario de inseguridades. Bogotá: Ediciones Uniandes.

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Silva, Renán. 2015. Cultura escrita, historiografía y sociedad en el Virreinato de la Nueva Granada. Medellín: La Carreta Histórica [340 pp.].

Es la primera vez que la Revista decide presentar cuatro reseñas de un mismo texto, en este caso, del libro Cultura escrita, historiografía y sociedad en el Virreinato de la Nueva Granada de Renán Silva. Será el público lector quien evaluará lo acertado o no de esta decisión de presentar en la misma edición cuatro lecturas críticas de la obra. Las reseñas, como lo mencionamos en la Nota editorial, estuvieron a cargo de cuatro académicos que se han acercado a la producción del autor.

No queremos dejar de mencionar que Rafael Acevedo, Annick Lempérière, Francisco Ortega y Antonio Annino se mostraron entusiastas cuando se les invitó a reseñar este trabajo. El orden de los contenidos se estableció cuando, al leerlas en conjunto, identificamos el enfoque que cada uno de ellos definió para reseñar el libro. Ya fuera desde una mirada total del trabajo, enfatizando en la relación entre cultura escrita, sus formas de elaboración y circulación, las transformaciones de la cultura intelectual, sobre lo que se enuncia, como se modifica, y que hace la gente con lo que lee y escucha.

Sabemos acerca de los diferentes usos de una misma fuente, pero queremos resaltar que en el trabajo que les presentamos, fue el mismo autor quien asumió el reto —ante nuevas preguntas y el replanteamiento de otras— de volver sobre el Papel Periódico de Santafé de Bogotá, fuente principal de su libro Prensa y revolución a finales del siglo XVIII publicado en 1988. Renán Silva aborda las fuentes y compone a partir de ellas —con las limitaciones impuestas— para indagar y mostrar los procesos de cambios intelectuales (como los que corresponden al campo de la fe y al campo de la ciencia) y socioculturales que se producían en la sociedad neogranadina.

Resaltar a la sociedad como perspectiva parece convertirse para el autor en elemento fundamental del método a fin de plantear y abordar el problema. Flujos de intercambio, en el que las voces de muchos —más de lo que siempre hemos considerado—, de sitios diferentes, se representaron en el Papel Periódico, y llevaron al autor a proponer la idea de un tiempo abierto en una sociedad en la que germinó la paradoja de tener una intelectualidad que ya era moderna, pero cuya estructura social conservaba las formas monárquicas. El Papel Periódico es tomado por el autor como objeto y fuente de estudio, y como actor social, en la medida en que se constituyó en una forma de intervención, participación e interpretación, en la que el público —en cierta medida— influía en lo que se publicaba, como se difundía, y los modos en que esto sucedía.

LECTURAS

Pudimos identificar en la lectura de las reseñas cómo uno de los aportes más significativos del texto se refiere a la coexistencia de una intelectualidad moderna con un ordenamiento tradicional. Las noticias y lo que se leía y difundía estaban sujetos a lo que sucedía en el espacio atlántico de la Revolución Francesa, y a la elaboración e información que se ofrecían en lo local. La “noticia” quedaba sujeta a la inmediatez de los acontecimientos y a los cambios que se producían. No obstante, Manuel del Socorro Rodríguez se esforzaba por dejarle saber a su público lector que la “noticia” que él difundía estaba sujeta a procesos de verificación y contaba con referentes reales (fuentes), pero también se cuidaba de presentar el orden cronológico de los acontecimientos y cualquier otro elemento de contexto que considerara necesario. Una particularidad del libro es que rompe certezas y abre el camino de las incertidumbres, lo que no está mal si conviene desarrollar actitudes nuevas en el camino de la “investigación reflexiva”.

como el autor que la pensó y produjo durante días y años de investigación, reflexión y escritura. Sin embargo, estas miradas externas, que enfatizan diferentes aspectos de un trabajo, terminan por sugerir al lector puntos para repensar, ya sea de contenido, sobre los usos de las fuentes, los marcos interpretativos, y la metodología de investigación utilizada, por mencionar algunos. Además, surgirán debates que buscarán desmenuzar los puntos centrales y los argumentos del autor; algunos estarán de acuerdo, otros disentirán, pero lo que sí es probable es que ayuden a alimentar el pensamiento reflexivo de otro autor para otra investigación, incluso para el autor de este trabajo, quien seguramente rumiará sobre algunos puntos de su obra y los énfasis por los que optaron quienes la reseñaron.

Ningún reseñador, por experimentado que sea en la temática de la obra reseñada, conocerá de ella tanto

Ana Pérez Coordinadora editorial

Martha Lux Editora

Cultura escrita, historiografía y sociedad en el Virreinato de la Nueva Granada | Martha Lux · Ana Pérez

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LECTURAS

Reseña de Rafael E. Acevedo P.* DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.15

Teniendo como referencia el texto de Kant, me pregunto si no se puede considerar la modernidad como una actitud más que como un período de la historia. Y por actitud quiero decir un modo de relación con respecto a la actualidad; una elección voluntaria que hacen algunos; en fin, una manera de pensar y de sentir, una manera también de actuar y de conducirse que, simultáneamente, marca una pertenencia y se presenta como una tarea […].

Foucault (2011, 81) […] El género antropológico de la historia tiene su propio rigor, aunque pueda parecerles tan sospechoso como la literatura a los sociólogos rígidos. Esto se apoya en la premisa de que la expresión individual se manifiesta a través del idioma en general, y que aprendemos a clasificar las sensaciones y a entender el sentido de las cosas dentro del marco que ofrece la cultura. Por ello debería ser posible que el historiador descubriera la dimensión social del pensamiento y que entendiera el sentido de los documentos relacionándolos con el mundo circulante de los significados, pasando del texto al contexto, y regresando de nuevo a éste hasta lograr encontrar una ruta en un mundo mental extraño.

Darnton (2004, 13)

Hace ya varias décadas —más exactamente, desde finales de los años sesenta del siglo XX— el sociólogo Norbert Elias llamaba la atención sobre la necesidad de establecer una convivencia más cercana entre la sociología y la historia en el trabajo investigativo. En la edición en español de La sociedad cortesana, publicada en 1982 —y reimpresa en 1996—, Elias realizó una extensa introducción de su libro bajo el título “Sociología y ciencia de la historia”, en la cual —en uno de los tantos aspectos que señalaba allí— cuestionaba algunos planteamientos históricos encaminados a la descripción sólo de una “serie única de acontecimientos”. De manera puntual dijo: “Lo que se llama historia aparece, entonces, habitualmente, como un amontonamiento de acciones particulares de hombres concretos que sencillamente no tienen ninguna relación […]” (Elias 1996, 13).

Intentando así entablar una discusión —que no vamos a detallar aquí— en torno a un aspecto que notaba ausente

*

Doctor en Historia por la Universidad de los Andes (Colombia). Profesor del Programa de Historia en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Cartagena (Colombia). Correo electrónico: rafacep17@hotmail.com

—con frecuencia, y sin entrar en generalizaciones— en la ciencia histórica: la carencia de “cuadros de referencia científicamente elaborados y verificables”, o dicho de otra manera, el abandono —o la suplantación— del contexto de los fenómenos concretos por la “interpretación arbitraria”.

Para Elias, la ciencia de la historia debía ser susceptible, al igual que en el trabajo de los sociólogos, de entender las configuraciones específicas de una sociedad a partir de la clarificación de las relaciones sociales. El punto de vista del sociólogo venía entonces a complementar el punto de vista histórico, no sólo al destacar las acciones de los hombres sino al analizar sus interdependencias o poner de relieve las posiciones sociales. Un poco, las anotaciones de aquel sociólogo —aunque no serían las únicas— sirvieron a los historiadores (sobre todo de la nueva historia cultural) para repensar y evitar las rígidas oposiciones dadas a priori, como la distinción excluyente entre las élites y el pueblo, entre los dominadores y los dominados, y por el contrario, para pensar más en la idea del campo social (el contexto o — siguiendo el ejemplo de Robert Darnton— el mundo en el que circulan los documentos), que ayuda a explicar y valorar la diversidad de las prácticas. En cierta medida, porque como lo ha recordado Roger Chartier: “las divisiones culturales no se ordenan obligatoriamente según una única clasificación de las diferenciaciones sociales […]” (Chartier 2005, 53).

Es esa perspectiva de análisis —en la que se intenta recuperar la dimensión sociológica de la historia cultural para evitar reducir el examen, por ejemplo, de la Ilustración solamente a un “movimiento de ideas”— la que otra vez explora Renán Silva en un nuevo libro que acaba de publicarse en Colombia. Se trata de Cultura escrita, historiografía y sociedad en el Virreinato de la Nueva Granada, obra publicada por La Carreta Histórica en 2015, en la cual este conocido historiador colombiano vuelve a desempolvar el Papel Periódico de Santafé de Bogotá —editado por Manuel del Socorro Rodríguez desde 1791 hasta 1797— para investigar el campo de la cultura escrita, de la comunicación periodística, de la materialidad de los textos, de los sistemas de información, de los procesos de constitución de identidades, de los criterios de imparcialidad, de las conexiones atlánticas, de la escritura de la historia, de la diversidad de las prácticas de lectura y, sobre todo, de los modos de argumentación en la emergente “cultura social de la época” de los ilustrados al finalizar el siglo XVIII.

LECTURAS

Varios años después de la aparición en 1988 de Prensa y revolución a finales del siglo XVIII y de su reimpresión en 2004, lo que no quiere decir que haya abandonado el análisis del Papel Periódico durante ese tiempo, Silva vuelve entonces a “reconsiderar” el problema de la cultura escrita en la sociedad neogranadina, pero esta vez desde distintos ángulos y matices. Y decimos reconsiderar porque, a diferencia de la lectura orientada o en perspectiva que intentaba situar entre paréntesis y criticar la visión teleológica de que la independencia nacional era la hija directa del pensamiento ilustrado —idea fuertemente cuestionada por Silva en su obra de 1988—, su análisis se ha enriquecido y ampliado al reflexionar de manera más detallada —y con rigurosidad empírica— sobre una “superficie de emergencia” que parece anunciar un cambio intelectual revelador en el Virreinato de la Nueva Granada —al menos en uno de sus dominios—: el del periodismo, asunto ése que sirve al autor para inscribir o conectar el “archipiélago de los ilustrados” neogranadinos en el marco de referencia euroamericano, tomando distancia así —y es un aporte significativo del libro— de las visiones historiográficas elaboradas sobre los reinos americanos como “sociedades coloniales” alejadas y desinformadas de lo que pasaba al otro lado del Atlántico.1 No obstante, el problema de las conexiones o “redes de circulación de informaciones” no constituyó el único factor determinante de las evoluciones y transformaciones del mundo editorial neogranadino al finalizar el siglo XVIII. En este punto, y es otro de los aportes del libro, Renán Silva logra demostrar —en el plano de la realidad sociológica y de la construcción imaginaria— cómo el avance de la prensa y su singularidad o variabilidad estaban definidos también por el actor esencial de la comunicación periodística: el público lector.

Una categoría social en formación que para la época se iba vinculando con los “genios ilustrados”, la “nobleza universitaria”, la “juventud del noble reino” y, en fin, la clarificación del auditorio por parte del Papel Periódico (p. 30). Allí considero que radica una de las tesis centrales —y una de las principales contribuciones al análisis histórico— de Cultura escrita, historiografía y sociedad, en la medida en que se demuestra —en el plano empírico— cómo los procesos de diferenciación de los grupos sociales de notables y privilegiados obedecían a las propias transformaciones de la cultura social de los ilustrados a finales del siglo XVIII. En otras partes del libro, Silva incluso llega a afirmar que “La Ilustración neogranadina no fue la búsqueda de la independencia […] y mucho menos la búsqueda de la revolución política moderna. Fue ante todo la búsqueda de identidad de grupos sociales nuevos, carentes de poder social, que 1

Una observación sobre la necesidad de modificar esa visión sobre las relaciones entre la Metrópoli y sus satélites se había anunciado en el prólogo de la segunda edición de Prensa y revolución a finales del siglo XVIII (Silva 2004, 12).

buscaban sus apoyos en fuerzas excéntricas a las que la tradición había por varios siglos legitimado […]” (pp.

209 y 210).

La riqueza documental del libro y el análisis centrado en la propia época de los ilustrados o de los procesos editoriales del Papel Periódico permiten entender entonces la cultura escrita, desde mi punto de vista, a partir de dos lógicas que sólo se entienden en sus conexiones, sus sincronías, o —citando nuevamente a Norbert Elias— en el plano de sus configuraciones sociales e interdependencias. Esa cultura escrita, que reconoce y estudia Silva en el marco temporal y espacial del Nuevo Reyno de Granada a finales del siglo XVIII, remite a la lógica de la circulación —a una escala mayor— de las informaciones entre la Nueva Granada y los circuitos atlánticos de difusión de las noticias en Europa y América, pero ese tipo de cultura también nos transporta a las modalidades locales de re/elaboración e interpretación de las noticias que llegan y se publican —para el caso estudiado— en el diario dirigido por Manuel del Socorro Rodríguez. Considero que el análisis de esas lógicas lleva al autor a evitar el estudio del discurso por el discurso al centrar más bien su mirada en la dimensión social de las prácticas y el conjunto de actividades de la cultura intelectual, al menos en el dominio del periodismo.

No en vano, es importante señalar que para el caso que estudia en su nuevo libro, el de la cultura escrita y la historiografía, la dimensión social remite al problema de los modos de comunicación de las noticias, a las formas de presentación y los criterios de imparcialidad de los argumentos y polémicas que se generan, a las referencias y modificaciones de regímenes de verdad, a las materialidades del texto, a las relaciones de lo escrito con lo oral y lo visual, a la figura del autor, al público lector y a todo el proceso editorial que hace viable —a pesar de sus condiciones rudimentarias— la presencia del periodismo en el Nuevo Reyno de Granada. Asunto ése que nos invita a repensar el problema de la “modernidad cultural”, al incluir la idea del público desde mucho antes de la coyuntura política de 1808-1810, no obstante sin caer en el “anacronismo” de los antecedentes directos que condicionan o explican la independencia nacional, tratando de evitar así lo que Quentin Skinner ha denominado la “mitología de la coherencia” (Skinner 2007, 128). Es posible entonces volver la mirada sobre los rasgos iniciales de las modernas formas de comunicación periodística, pero esta vez en el marco de una sociedad en la que la singularidad de la prensa resulta ser su “servicio al público” y a la defensa de la Monarquía.

Asimismo, es importante destacar cómo la dimensión social de la cultura escrita pone de presente en los ilustrados una nueva valoración de la crítica y la presencia de unas corrientes de secularización en el plano de la construcción del conocimiento sobre la naturaleza, la actualidad de las noticias, la curiosidad pública, los sucesos europeos, la elaboración del análisis histórico,

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la valoración del tiempo, la defensa de la legitimidad de la Monarquía, la afirmación del dominio de la ciencia frente a la religión en la percepción de los fenómenos naturales, el estilo y la materialidad de la escritura, entre otras modalidades que constituyen la “superficie de emergencia” del periodismo y le dan sentido. Todo ello en el escenario de un contexto cultural marcado por la redefinición de las relaciones entre el documento, la observación y la fábula, en el cual los usos sociales de la imprenta y el acceso a un tipo de retórica científica permitieron la modificación de los regímenes de verdad (en lo relacionado básicamente con los saberes y los valores tanto del progreso como de la civilización) bajo la forma escrita, argumentada y demostrada, pero ante todo en el marco de una sociedad que se reconocía como parte integral de la Monarquía española.

Podemos decir entonces que Cultura escrita, historiografía y sociedad en el Virreinato de la Nueva Granada constituye un aporte al análisis de la cultura intelectual del siglo XVIII, a partir de un cuidadoso examen del periodismo y de una valoración de la “cultura social de lo impreso”, en un contexto marcado por el reformismo borbónico, los crecientes procesos de secularización, los sucesos de enorme impacto —como la Revolución Francesa y las guerras entre las monarquías europeas— y, sobre todo, el avance de la Ilustración. El libro está estructurado en seis capítulos, en los que el autor, desde distintos ángulos y matices, intenta detallar la “superficie de emergencia” del periodismo en el marco de ese contexto.

Quiero, en ese sentido, presentar ahora algunas de las ideas esbozadas en esos capítulos, y lo haré en función del reconocimiento de tres niveles de análisis que considero centrales en el libro, y que nos pueden dar una orientación sobre su marco interpretativo: 1) La formación de un sistema de información moderno, 2) Los modos y usos de la argumentación en la escritura y 3) La materialidad de los textos, combinada con la diversidad de las prácticas de lecturas. Aun cuando es importante reconocer que la riqueza —empírica e interpretativa— de los argumentos mostrados en el texto trasciende quizás los horizontes que a continuación se examinarán brevemente y que exigirían, por tanto, más que una reseña.

El libro inicia con un capítulo titulado “La re/escritura de la historia: informar interpretando”, en el que, además de la discusión sobre el público lector y los cambios de orientación del Papel Periódico en 1794 (luego de la suspensión en él de la publicación del Arcano de la Quina de José Celestino Mutis), el autor muestra la transformación de la cultura intelectual de la época al desplazar su foco de atención de las ciencias naturales y la filosofía al escenario político y a la “actualidad noticiosa” sobre los sucesos de Francia y las reacciones europeas, señalando, en ese sentido, cómo el público se constituyó en un ente regulador de la prensa. Es en ese contexto en el que emerge un sistema de información,

cuya característica básica es la puesta en escena de una serie de elementos o prácticas que regulan las maneras de informar: la correspondencia, la cita y el comentario, las noticias de viva voz, la veracidad de lo que se dice, la coordinación de los eventos, el estilo y las formas de intervención sobre lo escrito (“aviso al público”, “advertencia”, “nota”, etcétera), entre otras modalidades de la información que se re/reelaboran como parte del proceso de edición de la comunicación periodística.

Ese inicial sistema de información —siguiendo en ese punto a Robert Darnton— parece definirse o constituirse mediante los lugares de difusión de la noticia (casas, calles, plazas, tiendas, imprentas y tertulias) y los modos de comunicación de los sucesos (pasquines, cartas, canciones, malas palabras, chismes, rumores y, desde luego, los periódicos y las gacetas). La interacción de esas variables le permite a Silva reconstruir los circuitos geográficos y culturales de donde provenían las informaciones sobre Francia, y otros asuntos: los impresos traídos de Bruselas, Londres, Ámsterdam, Jamaica, Ginebra, París y, por supuesto, las noticias publicadas por las Cortes de España, que entraban por Cartagena, se utilizaban en el Papel Periódico de Santafé y luego se propagaban en las poblaciones del Nuevo Reino de Granada. Aunque el autor hace más complejo aún sus análisis cuando intenta mostrar cómo las noticias circulaban también de manera oral, o de viva voz, tal como lo ilustra a partir de los pocos testimonios de los capitanes de embarcaciones que llegaban a ese lugar del Nuevo Mundo, cuyo relato era objeto de procesos de comprobación. La consideración y el análisis de todos esos elementos contextuales, según Silva —y es otro de los aportes centrales del libro—, son los que permiten observar y explicar las formas iniciales de inscripción de la “Filosofía de las Luces” y el pensamiento de la Ilustración en la configuración del naciente espacio público en la sociedad neogranadina a finales del siglo XVIII (pp. 36 y 39).

El reconocimiento de ese espacio público de difusión e intervención sobre las informaciones constituye una de las claves que permiten comprender la Ilustración más allá del marco referencial de las obras y los autores.

Aun cuando es necesario señalar en este punto que los análisis de Silva no sólo se concentran en el plano de las formas de elaboración y circulación de las “actualidades noticiosas” sino también en las transformaciones de la cultura intelectual, es decir, de las actitudes asumidas frente a lo actual y las nuevas valoraciones sobre el tiempo, la cultura y la vida en las reflexiones de los ilustrados. Ello se evidencia en los capítulos II y III: “Reflexiones de un historiador” y “La defensa de la Monarquía y los historiadores de la Ilustración”, en los cuales se examinan con cuidado el contexto y los modos de argumentación de los textos escritos o editados —básicamente— por Manuel del Socorro Rodríguez, para explicar y dotar de validez sus interpretaciones sobre la “Idea general del estado presente de las cosas en Francia”, “Retrato histórico de Luis XVI en

rev.estud.soc. No. 54 • octubre-diciembre • Pp. 192-196 • ISSN 0123-885X • eISSN 1900-5180 · DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.15

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el trono”, “El interés del pueblo en el restablecimiento de la Monarquía”, “Extravagancias del siglo ilustrado”, “Poema en prosa a la muerte de la Reina de Francia”, entre otros textos publicados en el Papel Periódico, que ponían de presente la sensibilidad de los ilustrados por el curso de la historia universal y las maneras de practicar el análisis histórico en su época.

El libro de Silva nos ofrece pues un panorama más detallado en cuanto a las formas de expresión de la actitud crítica de los ilustrados en el campo del conocimiento, un tema en torno al cual se había avanzado en la historiografía colombiana en el plano de la comprensión de la historia natural, la filosofía, la teología y las ciencias naturales, pero del que poco o nada sabíamos en función del problema que se estudia: el pensamiento histórico inscrito en las prácticas de la Ilustración, o lo que los ilustrados, a su manera, llamaban historia político-filosófica e historia de la sociedad interesada por las causas de las informaciones que circulaban en el Nuevo Reyno de Granada. O en otro caso, como se señala en el capítulo III, a propósito de la defensa de la Monarquía como forma de gobierno y su papel civilizador en América, la elaboración de “[…] un saber contextualizado que trata de comprender las acciones humanas sobre la base de sus condiciones y contextos de realización en medio de una actitud lo menos pasional posible, que pueda hacer brillar ese valor altamente estimado que el siglo designó como la ‘imparcialidad’” (p. 137). Ese valor, al igual que los usos de la cronología, la referencia a historiadores de la Antigüedad griega y romana, la posición frente al documento y el testimonio, entre otros criterios de verificación, constituían precisamente la base de los argumentos y del análisis histórico a finales del siglo XVIII. El análisis histórico, al igual que la discusión crítica de la legitimidad de la Monarquía presentada en el Papel Periódico (respaldada en los usos de la ley y del registro histórico para polemizar los argumentos de William Robertson, Guillaume-Thomas Raynal, Montesquieu, Voltaire, Diderot, entre otros autores que cuestionaban los procesos de conquista de España), no eran más — sugiere Silva— que una de las formas complejas como un hombre de letras —del archipiélago ilustrado— inscribía su trabajo y se ligaba intelectualmente con fenómenos culturales mayores —como la Filosofía de las Luces—, a pesar del aislamiento de los ilustrados de la cultura científica europea. No quiere decir ello, por supuesto, que la única manera de entrar en contacto con esos fenómenos fuera por vía del conocimiento histórico.

Sobre este último aspecto resulta ilustrativo el capítulo IV, “El diablo en Santafé”, en el cual se muestra cómo Manuel del Socorro Rodríguez, en 1795, valiéndose del uso de cierta “retórica científica”, amparada en los criterios de la ciencia, en el estudio de la atmosfera y de los movimientos de los cuerpos, logra demostrar, argumentar y polemizar los prejuicios sociales, la

“vulgar” opinión y las tesis del padre Joseph Cassani (en 1741) sobre el “gran ruido” de 1687, un tipo de conocimiento que ponía de presente los crecientes procesos de secularización, la distinción entre ciencia y fe, o aún más, una valoración crítica de las tradiciones culturales que para nada afectaba las relaciones con la Monarquía.

El libro, finalmente, nos introduce en dos capítulos que —a mi modo de ver— abordan un problema sobre el que muy poco tenemos conocimiento en la historiografía colombiana —a pesar de los avances recientes en el estudio de la prensa neogranadina del siglo XVIII—: la materialidad de la cultura escrita y la diversidad de las prácticas de lecturas. En el V aparte, “Papeles periódicos y escritura del tiempo histórico”, por ejemplo, además de la discusión sobre la noción de autor y el paulatino ascenso de la escritura frente a la oratoria, Silva explora las condiciones de emergencia, permanencia y clausura del Papel Periódico, en las cuales destaca las relaciones de los grupos sociales locales con la Monarquía y las autoridades virreinales (en especial, entre Manuel del Socorro Rodríguez y el virrey Ezpeleta) que hicieron posible el funcionamiento de aquel diario en el Nuevo Reyno de Granada, un tema que aún está por investigarse en Colombia, no sólo a nivel del Papel Periódico, sino de otras producciones de la época. De nuevo, en este punto el autor señala que ese tipo de relaciones no deben seguir viéndose bajo la idea del “despotismo consustancial” de las autoridades españolas, y, por el contrario, sugiere la necesidad de orientar los análisis hacia la comprensión de los usos sociales de la imprenta, las suscripciones, los lugares y modos de la comunicación escrita, y, sobre todo, teniendo en cuenta los niveles culturales de la sociedad.

El último capítulo, “Lectura, imprenta y periodismo a finales del siglo XVIII”, precisamente, constituye un acercamiento al problema de los niveles y transformaciones de las prácticas de lectura en el Nuevo Reyno de Granada. Se muestra en esa parte cómo en la sociedad neogranadina, si bien no existía una revolución cultural de la lectura como en la Europa del siglo XVIII, había una diversidad de prácticas de lecturas vinculadas a los usos sociales de la imprenta, las tertulias, el precio, las suscripciones, el “espíritu de los diarios” y, sobre todo, el homo typographicus y la materialidad de los textos que circulaban. Un ejemplo de ello —según Silva— estaba ligado con el tiempo de la lectura, un asunto que tenía que ver con el uso moderado de la palabra y de la extensión del escrito.

Del mismo modo, en este capítulo el autor dedica una parte de su reflexión al problema de la cultura escrita y su relación con los contenidos visuales, las imágenes y la presencia de la música. Un aspecto que —desde mi punto de vista— parece recordarnos uno de los tantos problemas que se anunció en la agenda de la nueva historia cultural y que aún falta por estudiarse en nuestros medios: la escritura de las prácticas.

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Estamos, pues, ante un libro que ha vuelto a desempolvar el Papel Periódico de Santafé de Bogotá (1791-1797) para abordar algunos problemas claves de la sociedad neogranadina del siglo XVIII, sobre todo en lo relacionado con la cultura escrita, la historiografía y el pensamiento de los ilustrados. Una historia que trasciende las ideas y se sitúa en el universo de las prácticas de la propia cultura intelectual de esa época. Una obra cuyos argumentos serán objeto seguramente de mucha discusión, críticas y olvidos. Y, en fin, un texto que sin duda ofrece una lección de método, de renovación de las preguntas y de la vitalidad de las fuentes, a pesar del paso del tiempo y de sus múltiples usos, pues las reflexiones de hoy no son las mismas de 1988 en Prensa y revolución, a pesar de que el documento principal sigue siendo el mismo: el Papel Periódico, lo cual demuestra la constante modificación de los enfoques, las metodologías y las perspectivas de análisis de Clío.

Referencias 1.

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6.

Chartier, Roger. 2005. El mundo como representación.

Estudios sobre historia cultural. Barcelona: Gedisa Editorial.

Darnton, Robert. 2004. La gran matanza de gatos y otros episodios en la historia de la cultura francesa.

México: Fondo de Cultura Económica.

Elias, Norbert. 1996 [1982]. La sociedad cortesana.

México: Fondo de Cultura Económica.

Foucault, Michel. 2011. Sobre la Ilustración. Madrid: Editorial Tecnos.

Silva, Renán. 2004 [1988]. Prensa y revolución a finales del siglo XVIII. Contribución a un análisis de la formación de la ideología de independencia nacional. Medellín: La Carreta Histórica.

Skinner, Quentin. 2007. Lenguaje, política e historia.

Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.

rev.estud.soc. No. 54 • octubre-diciembre • Pp. 192-196 • ISSN 0123-885X • eISSN 1900-5180 · DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.15

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“Contra las ilusiones del ‘discurso’, como conjunto de ‘simples ideas’ cuya forma de existencia material no importaría […], contra ese error que intenta captar el problema del significado, sin decir una palabra sobre los soportes que le han dado existencia material”: así concluye su libro el autor (p. 323), quien, pocas páginas después de entrar en la sustancia de su estudio, había advertido a sus lectores que “en el caso de los investigadores de la cultura escrita, que dependen para sus análisis del contacto directo con el texto,1 es decir del reconocimiento visual de su forma (tamaños, letra, tinta, tipos de papel, etc.)”, el hecho de que las principales bibliotecas “que en Bogotá tienen ejemplares ‘originales’ del Papel Periódico […] han prohibido de manera terminante la consulta directa de cualquiera de esos ejemplares”, no sólo al “público” en general sino también a los “investigadores”, constituye un “perjuicio mayor” (p. 18).

Renán Silva, quien “hace treinta años [comenzó] a estudiar el Papel Periódico de Santafé de Bogotá” (p.

11), lo vuelve a tomar como objeto y fuente de estudio de la Ilustración neogranadina, en la era en la que estamos, de la digitalización de las fuentes primarias, que son cuidadas y conservadas con celo —¿excesivo?— por instituciones públicas y privadas especialmente dedicadas a esa tarea. Hasta cierto punto, en cuanto a las dificultades por resolver para seguir con sus compromisos intelectuales, el historiador contemporáneo se encuentra en una posición, si no idéntica, por lo menos comparable —aunque sea en sentido contrario— a la del “autor” del Papel Periódico, Manuel del Socorro Rodríguez, a la hora de “componer” la información de que dispone para ilustrar a sus lectores. El historiador de mediados de la segunda década del siglo XXI se ve afrentado por el exceso, cada vez más inmanejable, de la información de índole académica puesta en línea (cfr. JSTOR, MUSE, CAIRN, SciELO, etcétera), mientras la digitalización lo condena a acceder de manera casi ilimitada y al mismo tiempo puramente virtual, a los documentos originales que son la materia prima de su producción historiográfica. En cambio —como bien lo demuestra Silva a lo largo de su libro—, en Nueva Granada, en la última década del siglo XVIII, Manuel del Socorro Rodríguez —para cumplir con la misión que

* Doctora en Historia por la Université Paris I (Francia).

Profesora de la Université Paris-I Panthéon-Sorbonne (Francia). Correo electrónico: annick.lemperiere@orange.fr 1

Énfasis del autor.

le asignaba a su Periódico— se vio en la necesidad de arreglárselas con la (relativa) escasez de libros a su alcance y la discontinuidad y aleatoriedad de la llegada de las (a veces también escasas) noticias provenientes de la Europa revolucionada por los acontecimientos franceses, a fin de poder informar e ilustrar a un público de lectores creados y retenidos por la periodicidad y regularidad del Papel Periódico.

Se trata de dos realidades comparables, en el sentido de que tanto los ilustrados hispanoamericanos de ayer como los historiadores de hoy en día tienen que componer con ellas —sin poder controlarlas—, para producir conocimiento y, en la medida de lo posible, también advertir a sus lectores sobre los límites impuestos a sus producciones intelectuales. Lo que demuestra de manera gráfica el libro de Silva es que, si bien como autor de su propio libro no pudo ver ni tocar el Papel Periódico bajo la forma material en que fue fabricado, distribuido, leído y utilizado por sus lectores de la década de 1790, tampoco Manuel del Socorro Rodríguez estuvo en condiciones de comprobar la veracidad de los acontecimientos de la Revolución Francesa que relataba semana tras semana en su periódico, ni de hablar con conocimiento de causa de los libros impresos de la “época de la Ilustración”, en cuanto partícipe en su naciente diseminación en las sociedades europeas de su época y lector en condición de tocarlos con sus propias manos. Sin embargo, una de las señales más notables de la “ilustración” de Rodríguez fue, sin duda, su afán por buscar y experimentar en su periódico una forma de escribir —trátese de sus reflexiones históricas y filosóficas, o de la apremiante “actualidad” de la Francia revolucionaria— que evidenciara el espíritu crítico que creía su deber insuflar en sus lectores.

Este nuevo libro de Renán Silva podría leerse empezando por sus notas de pie de página, las cuales constituyen por sí solas un ensayo historiográfico completo —cosa que no se logra sin haber tenido los propios libros en las manos y bajo la mirada— entre referencias a una bibliográfica internacional y actualizada sobre historia del periodismo, la lectura, la Ilustración, y otros temas adyacentes, y polémicas argumentadas en contra de corrientes historiográficas ya anticuadas, aunque todavía vivas (el “nacionalismo criollo”, la “historia de las ideas”), o al contrario, de moda, como el poscolonialismo. Basado en un diálogo crítico con las aportaciones de esta bibliografía fundamentalmente “europea” —en cuanto a su origen y objetos de estudio—, el libro de Silva retoma el tema de los procesos de cambio socio-

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cultural e intelectual llamados “Ilustración neogranadina”, partiendo de planteamientos historiográficos cuyo arraigo se encuentra en la historia intelectual, por una parte, y en problemáticas propias de la sociología y de la historia social y cultural, por la otra.

En su forma impresa —en su periodicidad semanal, que lo hace partícipe en la temporalidad concreta de la sociedad neogranadina y, en otra escala, contemporáneo del espacio atlántico al cual pertenece (y del cual depende) y de la Revolución Francesa—, el Papel Periódico presenta “los modos de la comunicación de las noticias” y las “modalidades locales de elaboración de [las] informaciones” que llegan de Europa (pp. 34-35).

Para el historiador, estos “modos de comunicación”, lejos de ser evidencias obvias e insignificantes, al contrario son otras tantas fuentes de preguntas cuya respuesta, según él, no puede dimanar de la “historia de las ideas”, sino de una lectura que conecta directamente los textos con su entorno social, cultural y material.

Surge la tesis de que la contemporaneidad entre la publicación del Papel Periódico (entre 1791 y 1796) y los acontecimientos revolucionarios en Francia propicia la aparición y aceleración de cambios que afectan a la noción misma de “información”. Dicha contemporaneidad desemboca en las ideas —nuevas en aquel entonces— de “comunicación periódica” y de “actualidad”, y en la formación, en el contexto local mismo, del concepto noticia. La noticia como algo completamente distinto de “los sucesos maravillosos”, siendo éstos, por esencia, inverificables y propios de las gazetas, mientras que la noticia y su tratamiento por parte de Rodríguez, bajo la exigencia de comprobar su exactitud o al menos su verosimilitud, hacen del Papel Periódico precisamente lo que es, no una gazeta desconectada de cualquier noción de la actualidad, sino un periódico de tipo moderno. El libro muestra cómo, paralelamente, el ritmo acelerado de los acontecimientos —y la necesidad de darlos a conocer al público neogranadino bajo la forma de la “noticia”, a medida que se presentan— transforma y clarifica, a su vez, la relación entre pasado y presente, historia y actualidad, escritura de la historia y periodismo (pp. 261-262). La noticia, por tener un referente real, obliga a distinguir entre historia y fábula y a reconsiderar la manera misma de escribir la historia, fuera de los moldes clásicos de la retórica y de los formalismos escolásticos, apegándose —tal como lo hace Rodríguez en los artículos que dedica, ya sea a la escritura de la historia o a contextos históricos

específicos— a una metodología que respeta el orden cronológico, produce documentos que comprueban sus afirmaciones, explicita los elementos de contexto, etcétera.

A lo largo del libro, Silva evidencia el surgimiento de las novedades de índole cognitiva introducidas por los ilustrados —específicamente, por Manuel del Socorro Rodríguez—, tales como sus modos de razonamiento, su uso de “fuentes” como prueba de lo que dice o de las ideas que defiende. Al mismo tiempo, Silva nunca deja de mencionar las contradicciones en las cuales incurre Rodríguez en sus prácticas intelectuales, por cuanto sus principios de objetividad, racionalización, rechazo de las “pasiones” y de las “personalidades” podrían conducirlo a rebasar los límites que le imponen a él su fe católica y su lealtad monárquica —por ejemplo, cuando se dedica a presentar a sus lectores las ideas de Montesquieu o del Abate Raynal—. Según el mismo esfuerzo por contextualizar las condiciones de producción de las ideas ilustradas en Nueva Granada, el historiador alega también la necesidad de tener presente “el fondo social de la cultura intelectual de la época” (p. 259), el del humanismo renacentista y sus referencias al pasado griego y romano, así como la historia bíblica como fuente perdurable de verdades que, aunque imposibles de comprobar, no dejan nunca de ser consideradas históricas. El “terreno social”, no el “mundo textual”, es el verdadero “terreno de formación del mundo de las representaciones” (p. 261). De este modo, el libro ofrece perspectivas matizadas y novedosas sobre el “proceso de secularización” y sus especificidades neogranadinas, que, sin duda, pueden extenderse al mundo hispanoamericano en su conjunto. Se desprende de ello un matiz adicional sobre los “ilustrados” de esta parte del mundo: más que ilustrados, fervientes católicos y monarquistas, son fervientes católicos (que es lo mismo que decir monarquistas en aquel entonces) que se vuelven “ilustrados”. No es nada anodino el matiz.

Como lo muestra muy bien el caso de Rodríguez —tal como lo presenta Silva—: en cuanto católico, el autor del Papel Periódico construye fronteras infranqueables entre lo que pertenece al campo de la fe y lo que remite al campo de la ciencia (sea natural o histórica) y el saber profano. Se trata, sin duda, de una especificidad del proceso de secularización hispanoamericano, un proceso de signo católico que distingue entre sagrado y profano estrictamente a partir de lo indisponible de lo sagrado, no a partir de las libertades que los filósofos le otorgan al pensamiento profano.

rev.estud.soc. No. 54 • octubre-diciembre • Pp. 197-198 • ISSN 0123-885X • eISSN 1900-5180 · DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.16

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Reseña de Francisco A. Ortega* DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.17

Hace poco más de diez años reseñé para el Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura el libro de Renán Silva Los ilustrados de Nueva Granada, 1760-1808: genealogía de una comunidad de interpretación, el libro con el que efectivamente renovó el interés por la Ilustración neogranadina. Desde entonces, la lista de publicaciones de Silva ha crecido de manera significativa. Por una parte, algunos de sus mejores trabajos sobre el mismo período fueron reeditados: un conjunto de ensayos publicados previamente apareció bajo el título La Ilustración en el Virreinato de Nueva Granada: estudios de historia cultural; su libro Universidad y sociedad en el Nuevo Reino de Granada: contribución a un análisis histórico de la formación intelectual de la sociedad colombiana, otro estudio clásico de la cultura letrada virreinal, fue nuevamente reeditado (2009 [1993]); y apareció finalmente una edición transcrita y comentada de la Historia de un congreso filosófico tenido en Parnaso por lo tocante al imperio de Aristóteles. Su autor, José Domingo Duquesne. El año, 1791.

Durante esa etapa, el autor igualmente publicó diversas investigaciones sobre la primera mitad del siglo XX, el otro período que Silva ha trabajado de manera intensa: República liberal, intelectuales y cultura popular (2005); Sociedades campesinas, transición social y cambio cultural en Colombia: la Encuesta Folclórica Nacional de 1942: aproximaciones analíticas y empíricas (2006); y Política y saber en los años cuarenta: el caso del químico español A. García Banús en la Universidad Nacional (2011). Finalmente, en los últimos años Silva también ha publicado un par de ensayos sobre el quehacer historiográfico —A la sombra de Clío. Diez ensayos sobre historia e historiografía (2007); Lugar de dudas: sobre la práctica del análisis histórico. Breviario de inseguridades (2014)—, libros extraños, aunque no del todo ausentes entre nosotros, que por su composición, su mirada aguda, rigor argumentativo y vocación polémica, nos recuerdan los mejores momentos del ya ausente Germán Colmenares. Esta larga lista de publicaciones pone de manifiesto a un investigador comprometido con el tema, que se mantiene activo y en la plenitud de su producción intelectual.

En Cultura escrita, historiografía y sociedad en el Virreinato de la Nueva Granada, Silva retorna al Papel Periódico de Santafé de Bogotá (1791-1797), el primer *

Ph.D. Comparative Studies in Literature. Profesor asociado de Departamento de Historia, Universidad Nacional de Colombia. Correo electrónico: fortega@unal.edu.co

semanario del Virreinato y la empresa intelectual de mayor envergadura y alcance durante el período colonial tardío. A diferencia de su primer acercamiento al periódico en Prensa y revolución (1988), donde Silva se ocupó de caracterizar el circuito social dentro del cual se inscribía y el temario abordado por éste durante sus seis años de existencia, Cultura escrita, historiografía y sociedad se enfoca en la emergencia de las nuevas categoría intelectuales que caracterizaron e impulsaron el proceso de apropiación, elaboración y difusión de la Ilustración por parte de las élites culturales neogranadinas. El libro está dividido en una breve “Introducción” (pp. 11-15), que en realidad es más un prefacio, y seis capítulos —“La re/escritura de la historia: informar interpretando” (pp. 19-72); “Reflexiones de un historiador” (pp.

73-124); “La defensa de la monarquía y los historiadores de la Ilustración” (pp. 125-82); “El diablo en Santafé” (pp.

183-229); “Papeles Periódicos y escritura del tiempo histórico” (pp. 230-74); “Lectura, imprenta y periodismo a finales del siglo XVIII” (pp. 275-334)—. Todos los ensayos están claramente emparentados, aunque no existe una relación de estricta continuidad argumental entre éstos.

Cada ensayo se puede leer de manera independiente, y sobreviven en la escritura rasgos que indican su concepción como intervención individual.

Como en trabajos anteriores, Silva subraya la recepción tardía de la “cultura científica” y los magros logros de la Ilustración local, basada, fundamentalmente, en textos divulgativos y de síntesis. En buena medida, ese acceso a la ciencia era una cuestión más de deseo que “una práctica regular bien establecida” (p. 193), y no se produce a través de un conocimiento y una participación plena en la ciencia de su época. No obstante, la aparición de lo que Silva llama “una retórica de la ciencia” anuncia la irrupción protagónica en la sociedad neogranadina de una nueva categoría socio-profesional, “la juventud noble del reino”, la cual sirve de “enganche del cambio cultural impulsado por la monarquía a finales del siglo XVIII” (p. 29). Y por vía de este nuevo grupo social se abrió la brecha para la aparición efectiva de nuevas formas de observar y reportar lo que había pasado; de nuevas representaciones sociales del trabajo, la riqueza y el mundo; de nuevas formas de consumo y cálculo; y, sobre todo, de una nueva utilidad pública del saber a través de la noción de crítica, categoría intelectual fundamental de la nueva cultura política.

Discernir la autocomprensión de este grupo social y su proceso de interpretación significa desentrañar el principio interno por medio del cual un grupo social

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en ascenso representa su entorno y actúa sobre él, e impone, aun cuando sólo parcialmente, sus categorías de comprensión al resto de la sociedad. Significa, por lo tanto, descifrar un aspecto fundamental de las dinámicas de cambio de una sociedad, lo que de ningún modo comporta aseverar la preeminencia de las ideas sobre lo social. Al contrario, más allá de las ideas que sus miembros pudieron detentar o de los significados abstractos que los textos pudieran proponer, comprender ese mecanismo nos obliga a indagar el trabajo efectuado sobre una experiencia acumulada —unas formas de comprender, representar y actuar ya instaladas en la sociedad— y un horizonte de acción posible que recoge las expectativas del grupo emergente, así como los cuestionamientos de quienes las enfrentan.

El Papel Periódico constituye —en cuanto dispositivo central del sistema de información ilustrado emergente— una superficie privilegiada para indagar diversos elementos de ese mecanismo. En la concepción de Silva se evidencia la huella de los trabajos de FrançoisXavier Guerra, Roger Chartier, Robert Darnton y Franco Venturi, a quienes Silva ha referenciado previamente y a quienes dedica, con la excepción de Darnton, este libro.

Aparece igualmente una cierta sensibilidad por el peso histórico de la estructuración retórica, los lenguajes políticos, los giros y las ambivalencias argumentales, mucho más cercanos —aunque no siempre reconocidos con el mismo entusiasmo— a la historia intelectual de Quentin Skinner y John Pocock.

El primer capítulo aborda el Papel Periódico como parte de un sistema de información en transformación, entendido éste como “un conjunto improvisado y precario, en proceso de construcción” (p. 34). La unidad básica de este sistema de información es la noticia, una relativa novedad en el contexto local. La circulación de la noticia conectaba los saberes que transitaban por una amplia red global —Londres, Madrid, Ámsterdam, París, Kingston, La Habana etcétera—, pero Silva pone el acento de su análisis en la selección y elaboración que ocurren en el semanario y que permiten vislumbrar tanto la naturaleza del destinatario —en este caso, el público, otra novedad ilustrada— como las condiciones que hacían verosímil, para una época y un lugar concretos, la información ofrecida. Ese desplazamiento de la atención del nivel de las ideas (las noticias que circulaban) al de la acción comunicativa (el proceso material e intelectual de producción y recepción local) le permite a Silva profundizar en la especificidad de la llamada Ilustración neogranadina. Allí se hace evidente que —como ya lo había demostrado ampliamente en Los ilustrados de Nueva Granada—, aun cuando la Ilustración local no surge en oposición a las autoridades virreinales, la empresa cultural sí está atravesada por tensiones estructurales que surgen entre las nuevas categorías críticas y las formas tradicionales de concebir el orden social, sancionar la autoridad o pensar la relación con el pasado. Recordemos la ambigüedad de las autoridades

frente a la imprenta, para quienes ésta era el vehículo propicio para impulsar las reformas, pero quienes también señalaron con frecuencia que, mal usada, daba pie a un sinfín de desórdenes sociales.

Los capítulos dos al cinco abordan diversas intervenciones de Manuel del Socorro Rodríguez, con el fin de precisar los escenarios y las argumentaciones en los cuales se elaboran las nuevas categorías intelectuales de la crítica. Cada capítulo identifica uno de esos escenarios y los procedimientos complejos —a veces aparentemente paradójicos— que permitieron la consolidación de una tímida pero novedosa cultura ilustrada en el virreinato. Así, en “Reflexiones de un historiador” (1795) —objeto de análisis del capítulo dos—, Silva muestra cómo el redactor del Papel Periódico da razón de la información que llegaba sobre la Revolución Francesa; en el capítulo tres, Silva examina diversos textos donde el redactor refuta la historiografía ilustrada crítica de la Monarquía española; el capítulo cuatro aborda el texto de Manuel del Socorro Rodríguez “Raro suceso que debe excitar las reflexiones filosóficas de la ilustrada Juventud…” (1795), el cual crítica la tradición religiosa popular que había convertido la historia del Gran Ruido de 1687 en la base de una fuerte tradición religiosa local.

En estos tres capítulos, Silva muestra las dificultades y, con frecuencia, los límites —fundamentalmente, la profunda adhesión a la Monarquía y a la fe católica, así como las precarias condiciones materiales de las sociedades americanas— que los actores ilustrados encontraron para explorar con libertad el potencial de las nuevas categorías intelectuales.

Aparece entonces con nitidez uno de los aportes más significativos de este conjunto de ensayos: la insistencia en que las nuevas categorías de interpretación coexisten siempre con los ordenamientos más tradicionales, en parte modificándolos (como ocurre con el proceso de lectura, que adquirió nuevas intensidades y abarcó sectores cada vez más amplios), y, a su vez, siendo resignificadas por las prácticas e imaginarios más tradicionales (como ocurrió con las tertulias, donde se reprodujeron insidiosamente ideas de nobleza y prestancia). Silva evita, de ese modo, ofrecer relaciones causales simples para ilustrar el cambio social, cultural e intelectual que ocurrió en la última década del siglo XVIII. Estos procedimientos críticos empleados por el redactor, llevados a cabo en buena medida con las categorías emergentes de la Ilustración, llevaron al reconocimiento de que el mundo era dinámico, abierto, necesitado de dar una explicación, y, en consecuencia, propiciaron una perspectiva narrativa novedosa. En todas estas instancias se nos ofrece la aparente (pero sólo aparente, como señala en el subtítulo del capítulo cuatro) paradoja que entraña el hecho de que fue en la férrea defensa de posiciones que parecerían refractarias al cambio histórico donde finalmente ocurrió la innovación en las categorías y las maneras de argumentar.

rev.estud.soc. No. 54 • octubre-diciembre • Pp. 199-203 • ISSN 0123-885X • eISSN 1900-5180 · DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.17

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Es de notar que ese sistema de información se veía sometido a una presión extraordinaria por las noticias concernientes a la Revolución Francesa, “el extravagante nuevo curso del mundo, marcado por un extraño delirio en el que un puñado de insensatos había imaginado la terrible quimera de que podría existir un tipo de vida social en el que los hombres y las mujeres vivieran sin sujeción a los poderes de un monarca” (p.

85). La Revolución aparece como el mundo invertido en el que todo ha perdido su lugar, “la abolición —como dice Rodríguez— absoluta de los enlaces y órdenes [naturales] de la sociedad” (en Silva, p. 99). La extensión e intensidad de la reflexión del editor indican que ésta se impuso al entorno de los ilustrados como la forma misma de la actualidad. Aún más, la naturaleza perentoria del acontecimiento imponía presión sobre las certezas vigentes en la sociedad neogranadina y estaba, por lo tanto, llamada a modificar la historia universal.

Ante la magnitud del acontecimiento —en el que el libertinaje amenazaba con destruir todos los vínculos sociales, y ya no sólo en Francia—, la imparcialidad se volvía imposible. Se hacía necesario explicarle al público, el soberano de este sistema de información, el curso de la conflagración, la naturaleza exacta de la osadía, el legado maldito de un acontecimiento que instauraba el régimen de la impiedad y la irreligión.

El conflicto amenazaba con trasladarse al orden de las interpretaciones, del escenario francés, aparentemente ajeno, a la República de las Letras, tan caro e íntimo a la comunidad que se articulaba en torno a la lectura del Papel Periódico.

Por otra parte, las noticias llegaban difusas, contradictorias, dispersas; la velocidad de los hechos se incrementaba; la historia de la Revolución aparecía inacabada y, por lo tanto, fragmentaria y abierta. Silva muestra cómo la comunicación de estas novedades ofrecía retos inéditos a las formas vigentes de contar y saber. La historia sagrada decía muy poco al respecto, en especial al pequeño grupo de ilustrados que se había enseñado a distinguir entre el examen del “Filósofo y del Naturalista” y la disertación del “Ministro de la religión y del Teólogo evangélico” (referencias de Rodríguez en Silva, p. 214). La historia como magistra vitae ya no ofrecía respuestas ni lecciones suficientes para enfrentar los peligros de un presente incierto.

En otras palabras, la relación entre pasado y presente había cambiado radicalmente, y empezaba a anunciarse un nuevo régimen de historicidad (la expresión es de François Hartog).

El examen perspicaz y matizado que hace Silva de este problema —prácticamente ausente de nuestra historiografía— es una de las razones por las cuales este libro debe ser leído por todo aquel interesado en el período tardo-colonial. El análisis de las transformaciones en la relación entre pasado y presente, es decir, entre experiencia (o pasados hechos presentes) y expectativa (o futuros hechos presentes), invoca, casi de manera

inevitable, la figura de Reinhart Koselleck. Una lectura atenta del historiador alemán le hubiera suministrado a Silva otras herramientas analíticas para escrutar de manera más incisiva la fractura dolorosa que existe en el Papel Periódico entre la historia como magistra vitae y la historia como vehículo de un nuevo horizonte de expectativas. Sin embargo, Silva reprocha a Koselleck que aborde la experiencia del tiempo como “una instancia metafísica” (nota de pie de página 104) e identifica su análisis con hacer “deducciones a partir de un espacio puramente textual, que luego deja flotando como si se tratara de una aproximación sociológica” (p. 260). Estos comentarios evidencian una comprensión superficial de la Begriffsgeschichte o historia conceptual alemana, lo que en este caso, a mi juicio, genera una oportunidad perdida, ya que su empresa, la de Silva, no dista mucho del proyecto de Koselleck (desde Crítica y crisis hasta sus trabajos más tardíos), es decir, la de historiar la emergencia de una nueva categoría intelectual como estructura de conciencia de grupos sociales en ascenso.

El libro cierra con el capítulo que examina el posible alcance que tuvieron estos cambios en las prácticas de lectura, para comprender las posibilidades que se abrían desde el punto de vista de la comunicación escrita impresa y los límites de la renovación cultural que vivía el Virreinato. Allí, Silva retoma problemáticas de la sociología de la lectura cercanas a sus trabajos anteriores: la ampliación de las prácticas de lectura como efecto del aumento de la circulación de impresos, las nuevas formas de relación con los textos impresos, más cercanas a la compilación y al extracto, a la enciclopedia y al diccionario (p. 286); la aparición de formas de sociabilidad novedosas, ligadas a la circulación de estos impresos periódicos. Como último aparte del capítulo y del libro, Silva comienza una consideración de la precariedad de la comunicación, a partir de una fascinante exploración de los equívocos editoriales y las erratas tipográficas. El tema queda apenas abierto pero ya se anuncia como un posible tema para futuras investigaciones del autor.

El recorte cronológico del libro resulta una rareza en nuestra época, más acostumbrada a privilegiar —al amparo de efemérides y conmemoraciones— el período de la Independencia. La intención del autor es enfatizar las rupturas sobre cualquier continuidad que pudiera suponerse entre el ideario ilustrado y la Independencia, y que tradicionalmente tienden a explicar el primero a partir de la emergencia de una burguesía nacionalista criolla. En ese sentido, este libro corrige el nacionalismo evidente en Prensa y revolución (y ya denunciado por el autor mismo en el prólogo a la reimpresión de 2004) e insiste en la necesidad de comprender los sentidos enunciados por los contemporáneos en sus propios términos. Por medio de éstos descubre en el período previo a la crisis detonada por la invasión napoleónica, un “laboratorio de experimentación sorprendente” (p. 41) que merece un examen

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intenso y no puede ser comprendido como un insumo destinado a realizarse en el marco de la transición política que llevaba de la Monarquía a la instauración de la República. Esa observación se ha convertido en el caballito de batalla de Silva durante los últimos quince años, y sus investigaciones han abierto, como consecuencia, nuevas perspectivas interpretativas.

El recorte —y los muchos pasajes en los que el autor aconseja no interpretar la Ilustración a la luz de eventos subsiguientes— no es óbice para el recurrente uso que Silva hace de otra categoría, la modernidad, cuya carga normativa despliega una teleología que entorpece el argumento del libro. Desconociendo que todo pasado tiene múltiples futuros posibles (Koselleck), el carácter normativo de la modernidad lo proyecta como destino inevitable de las formas que están apenas surtiendo. Esto ocurre con alguna frecuencia en el libro, como cuando el autor señala que el Papel Periódico se ofrece “como un laboratorio magnífico para realizar una primera aproximación […] al estudio de la aparición de los embriones de un moderno sistema de información” (p. 39). La “emergencia del mundo moderno”, señala Silva, nos remite a la aparición de un conjunto de valores, prácticas y modalidades ampliamente compartidos por nuestro presente: “una sociedad de individuos regida […] por el mercado, el dinero, el principio de la libre individualidad, y una idea de los lazos colectivos como un principio externo que compromete a los individuos sólo con posterioridad a su definición como individuos” (p. 250).

Sin embargo, más importante que la descripción de aquellos valores y prácticas, importa acá señalar que esa modernidad se constituye en el origen indiscutido de lo más prometedor e imprescindible de nuestro presente, “el descubrimiento de las posibilidades del espíritu crítico e investigativo y de sus infinitas posibilidades en el campo del conocimiento” (p. 56).

En ese camino a nuestro presente, Manuel del Socorro Rodríguez aparece en el texto de Silva como el poseedor de una lúcida “consciencia de las limitaciones de ese descubrimiento maravilloso y sin embargo problemático que es el periodismo, como elemento formador de la conciencia moderna” (p. 267); aparece igualmente como el timorato líder de “una sociedad que con pasos lentos, a veces erráticos, trataba de acercarse a las formas de la modernidad que se representaba como su horizonte histórico, aunque de manera práctica lejos se encontrara de esas metas” (p. 278). Pero tendríamos que advertir que “la sociedad” —unidad totalizante como ninguna— jamás marcha decidida o timoratamente hacia un horizonte, en este caso la modernidad. Más bien, las sociedades constituyen escenarios conflictivos en los que diversos grupos sociales elaboran sus horizontes de expectativas como formas expresivas de sus aspiraciones hegemónicas. Es decir, que el horizonte que se consolidó durante el siglo XIX —y que aún hoy en día

cautiva nuestra imaginación— se nos ofrezca como el único destino de la historia no descubre ninguna inevitabilidad de la modernidad sino que evidencia el contundente poder de coacción y convicción de aquellos que se han identificado con ella. Pero en el pasado habitan, aun hoy en día, muchos futuros posibles.

Un último aspecto problemático de la carga normativa con la que aparece el concepto de modernidad en algunos pasajes del libro: esa modernidad albergaría formas y modalidades de vida cultural que se ven realizadas en las sociedades más complejas y consolidadas del espacio euroamericano, como Francia. De manera concomitante, en las sociedades periféricas de la América hispánica esa modernidad necesariamente se realiza de manera precaria. Aún más, allí la modernidad posible lucha con otras alternativas existentes que aparecen condenadas, de antemano, a la obsolescencia pues aparecen vinculadas a formas sociales que inhibían el correcto comportamiento de la modernidad, es decir, del espíritu crítico. La consecuencia de tal planteamiento es que lo más promisorio y preciado de nuestra actualidad —ese espíritu crítico— sólo puede surgir de la fidelidad con que adoptemos unos modelos que, de modo ineludiblemente, aparecen como europeos (modernos) frente a otros que, inevitablemente, aparecen como americanos (tradicionales).

Es ésta una crítica que Elías José Palti elaboró recientemente en El tiempo de la política (2007) al explorar los alcances y límites de la renovación historiográfica llevada a cabo por la obra de François-Xavier Guerra.

En la reseña que hice de Los ilustrados de Nueva Granada en 2006 señalé que no me quedaba muy claro qué era —en qué consistía y cuál era el sentido de— una práctica ilustrada. Hoy reitero algo similar con relación a la práctica moderna, es decir, la práctica ilustrada tomada en su proyección continua —en lo que mantiene de vigente— hasta nuestro presente. Evidentemente, algo de ello —de lo ilustrado, de lo moderno— está en la base precisa de nuestro presente, pero —como entonces— me tienta la idea de problematizar esa categoría. En particular cuando ofrece tan poco y a cambio pide tanto.

Para concluir, este nuevo libro de Renán Silva constituye un aporte importante a la línea de investigación que ha consolidado durante los últimos veinte años. Sus trabajos hoy en día resultan ineludibles para comprender las transformaciones políticas y culturales de las últimas décadas del Virreinato. Y este libro, en particular, profundiza temáticas ya abordadas previamente y ofrece aportes frescos para discernir los alcances, logros y límites de la cultura ilustrada americana, y, sobre todo, para comprender los complejos mecanismos de cambio que actualizan una sociedad periférica en conexión con las exigencias de su tiempo. Bienvenida sea su lectura.

rev.estud.soc. No. 54 • octubre-diciembre • Pp. 199-203 • ISSN 0123-885X • eISSN 1900-5180 · DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.17

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Referencias 1.

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Palti, Elías José. 2007. El tiempo de la política. El siglo XIX reconsiderado. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.

Silva, Renán. 1988. Prensa y revolución a finales del siglo XVIII: contribución a un análisis de la formación de la ideología de independencia nacional. Bogotá: Banco de la República.

Silva, Renán. 2002. Los ilustrados de Nueva Granada, 1760-1808: genealogía de una comunidad de interpretación. Medellín: Banco de la República – Fondo Editorial Universidad Eafit.

Silva, Renán. 2005. La Ilustración en el Virreinato de Nueva Granada: estudios de historia cultural. Medellín: La Carreta Editores.

Silva, Renán. 2005. República liberal, intelectuales y cultura popular. Medellín: La Carreta Editores.

Silva, Renán. 2006. Sociedades campesinas, transición

social y cambio cultural en Colombia: la Encuesta Folclórica Nacional de 1942: aproximaciones analíticas y empíricas. Medellín: La Carreta Editores.

7. Silva, Renán. 2007. A la sombra de Clío. Diez ensayos sobre historia e historiografía. Medellín: La Carreta Histórica.

8. Silva, Renán. 2009 [1993]. Universidad y sociedad en el Nuevo Reino de Granada: contribución a un análisis histórico de la formación intelectual de la sociedad colombiana. Medellín: La Carreta Editores.

9. Silva, Renán. 2011. Historia de un congreso filosófico tenido en Parnaso por lo tocante al imperio de Aristóteles. Su autor, José Domingo Duquesne. El año, 1791.

Medellín: La Carreta Histórica.

10. Silva, Renán. 2011. Política y saber en los años cuarenta.

El caso del químico español A. García Banús en la Universidad Nacional. Bogotá: Universidad de los Andes.

11. Silva, Renán. 2014. Lugar de dudas: sobre la práctica del análisis histórico. Breviario de inseguridades. Bogotá: Ediciones Uniandes.

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Reseña de Antonio Annino* DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.18

Renán Silva es sin duda alguna un historiador de nivel internacional, no sólo por su fama bien merecida, sino porque su obra no pertenece a la cultura colombiana sino a toda la cultura que piensa —a partir del presente— aquel fascinante, decisivo e intrigante momento de la historia occidental que con una fuerte conciencia de sí se llamó “Ilustración”. Los aportes de Renán Silva quedarán como una pieza del entramado historiográfico que empezó a rescatar, en la segunda mitad del siglo XX, el fenómeno ilustrado, y le fue otorgando un “reconocimiento” civil que antes no tenía. Es un dato que quizás vale la pena recordar: la Ilustración tuvo una aceptación contundente en su momento, que sin embargo se opacó a lo largo del siglo XIX, y aún más en las primeras décadas del XX. No es éste el lugar para detenerse en los itinerarios dramáticos del Siglo de las Luces. Lo que cuenta es señalar que el rescate se debió a la nueva cultura democrática antiautoritaria en búsqueda de su razón histórica, más allá de los eventos del “siglo breve”. Sin embargo, no es atrevido decir que, a lo largo del proceso, Nuestra América sufrió un descuido que la dejó en una soledad historiográfica que hoy nos parece sin justificación. El Atlántico, la condición “colonial”, el catolicismo, el conservadurismo, el “atraso”, todos estos fantasmas agobiantes moldearon lugares comunes acerca de la “falta de Ilustración”. Y como se sabe, los lugares comunes no son un buen instrumento para definir un campo del saber. Ni se trata de pasar de una de las tantas leyendas negras a algunas de las tantas leyendas rosadas, hoy de moda. Ni la cuestión es lo que pasó, sino cómo pasó, por cuáles caminos, por cuáles instrumentos, por cuáles lecturas de una propuesta cultural que —como hemos señalado— tuvo siempre una aguda conciencia de sí misma. Es en esta perspectiva que la obra completa de Renán Silva fue y es pionera. El trasfondo histórico es el reto clásico para quien se ocupa de la así llamada “época borbónica”: en el plano internacional, el fantasma agobiante de la Revolución Francesa, de las guerras perdidas en el escenario europeo, de la necesidad (igual de agobiante) de reformar un imperio demasiado “compositor” (en el sentido de John Elliott), donde la componente americana no dejaba de manifestar esporádicamente, pero con fuerza, su histórica queja por una independencia no “absoluta”, pero sí una forma de autogobierno en línea con el “orden natural” de las *

Doctor en Historia de las Instituciones Políticas por la Università degli Studi di Firenze (Italia). Profesor de la Università degli Studi di Firenze y el Centro de Estudios en Historia, Universidad Externado de Colombia. Correo electrónico: anninovondusek@gmail.com

cosas. En este escenario, la Ilustración neogranadina, y más en general la americana, sigue siendo un reto, no sólo por los silencios, sino por las dificultades heurísticas que propone.

En esta perspectiva, este libro de Renán Silva marca un punto de maduración, en el sentido de que construye su objeto a partir de un entramado crítico sumamente sofisticado, donde es casi imposible separar las reflexiones personales de las lecturas de las fuentes, y de los comentarios acerca de la bibliografía de apoyo. Al mismo tiempo, nos enfrentamos con un texto “inquietante”, en el sentido de que sus páginas inquietan al lector, lo sacan de muchas certezas y lo ponen en aquel “Lugar de las dudas”, que para Silva (2014) es el verdadero lugar del historiador, como él mismo enfatizó hace poco en un librito muy sofisticado y contundente. Nos permitimos dar al lector dos consejos: el primero es que se lea aquel librito, si tiene paciencia y voluntad de entender; y el segundo, que, tras la lectura de la nueva obra que aquí se comenta, nuestro lector vuelva a reflexionar sobre las citas dedicatorias de las primeras páginas.

Allí, el autor nos ofrece unas claves para entender su mirada. El recuerdo de François-Xavier Guerra no es sólo un homenaje a un historiador que abrió horizontes sin retorno, sino también a un intelectual que miró a la historia como un campo de “construcción improvisada de la sociedad” (nota 82, p. 268), una mirada que desafía —como anota Silva— la estructuración extrema de las relaciones sociales y responsabiliza al historiador acerca de la contingencia y de la creatividad en los tiempos históricos.

Los agradecimientos para Roger Chartier no se justifican meramente con las citas a lo largo del libro. Chartier trabaja Au bord de la falaise —citamos un texto suyo de 1998—, es decir, sobre una historia que discute constantemente de sí misma produciendo textos, formaciones discursivas, dispositivos de lectura, un conjunto de caminos donde la incertidumbre de los actores históricos es materia fundamental para el historiador. La memoria de Franco Venturi es la del historiador que dio un impulso decisivo al rescate de la Ilustración en los años de la segunda posguerra. Sin embargo, también en este caso no se trata sólo de un homenaje a la obra (los volúmenes del Settecento Riformatore) sino a un hombre que hizo de lo “ético-político” la motivación de su vida intelectual.

Y no es necesario conocer personalmente a Renán Silva para percibir en su escritura esta tensión éticamente engagée. La cita de Pierre Bourdieu es clarísima sobre este punto: “El summum del arte en ciencias sociales es,

LECTURAS

a mi juicio, ser capaz de comprometer apuestas ‘teóricas’ muy altas mediante objetos empíricos muy precisos […] si no irrisorios”. Por último, es casi necesario recordar que a finales del siglo XX vivimos un renovado ataque a la Ilustración, lo cual nos muestra que aquel momento histórico abrió un camino que sigue teniendo muchos enemigos, aun en nuestros días.

Nuestro lector va a recibir de entrada un desafío. El título de la obra es largo y voraz, parece una promesa de regalarnos una visión “total” de las cosas. Sin embargo, Renán Silva se ocupa “sólo” de un impreso, el Papel Periódico de la Ciudad de Santafé de Bogotá (PP), y “sólo” a lo largo de su corta vida, 1791-1797. El actor es “sólo” el director-autor de los textos, el cubano Manuel del Socorro Rodríguez, y los años de vida del PP corresponden al gobierno del virrey José de Ezpeleta, un alter ego también ilustrado que apoyó al editor y a veces puso de su bolsillo los recursos para la empresa. La explicación de este aparente desequilibrio entre las “palabras” (el título) y la “cosa” (el objeto) es muy sencilla: el autor no hace historia “a través de” sino “a partir de”, para ser precisos, a partir de un “lugar concentrado” (p. 11) “en donde se puede leer una transformación mayor […]”, no de la sociedad sino de un grupo cultural en extremo reducido que Silva llama el archipiélago ilustrado. La mirada del autor se ubica, por lo tanto, en un “lugar” histórico que en las páginas se vuelve historiográfico, y, por lo tanto, sin fronteras que no sean las definidas por la mirada misma. El desafío “à la Bourdieu” está en cómo el autor explica al lector —página tras página (¡y ojo a las notas!)— la construcción de su mirada. Un procedimiento para nada obvio porque el autor no pone máscaras entre él y el lector. El verdadero protagonista del libro es Silva, y no porque firme el texto, sino porque se queda en la primera línea del otro “lugar” del libro, el frente de la crisis (del griego κρίσις, “búsqueda”) que Silva construye y construyó (lo explica él mismo) a lo largo de treinta años de impenitente convivencia con este objeto (el PP), no por cierto “irrisorio” pero sí muy “específico”. Molestamos otra vez a nuestro lector para señalarle una cuestión: hoy es un lugar común hablar en contra de la historia “teleológica”, y lo es porque la historia misma se liberó de este traje elegante pero cada vez más pesado. Así que hoy debería ser “normal” que cada historiador se exponga, más que en el pasado, para aclararnos cómo piensa el objeto que está inventando. Fácil decirlo, más difícil hacerlo. No se trata sólo de un problema “metodológico”, sino de una “actitud nueva”, necesaria en nuestros tiempos tan difíciles para historiar, y que tiene muchísimo que ver con el espíritu de la Ilustración.

Renán Silva llama casi constantemente la atención del lector sobre este punto kantiano. No se sabe cuánta “gente ilustrada” leyó el muy célebre articulito ¿Qué es la Ilustración?, del filósofo de Königsberg, escrito precisamente en un periódico (1784) para informar a la “opinión pública”. Es casi imposible que aquel texto

circulara en la Nueva Granada borbónica, pero es cierto que el concepto de “poner al lector en estado de poder juzgar por sí mismo” se repite ad abundantiam en las páginas del PP. Este “lugar común” ilustrado caminó por su cuenta y llegó a los lejanos virreinatos americanos porque existía un nuevo modo de comunicar. Por supuesto, este “modo” no fue dominante en todos los lugares, y siempre coexistió con viejas modalidades.

Lo que cuenta es que esta nueva actitud de considerar la escritura sin el principio de autoridad clásico fue transcultural, en el sentido de que se experimentó en el mundo protestante y en el católico. Silva no minimiza las componentes “ideológicas” de su “amigo” director-redactor. Fue un fiel defensor de la Monarquía católica, lo cual no tiene nada de contradictorio. En primer lugar, porque la Ilustración fue en gran parte impulsada por las monarquías europeas, con la notoria excepción de Francia, aunque la gran amistad entre Voltaire y Federico II de Prusia es elocuente. En segundo lugar, porque su naturaleza “revolucionaria” es materia de una disputa infinita. En tercer lugar, porque persiste un viejo perjuicio acerca de la compatibilidad entre Ilustración y catolicismo en Nuestra América, una cuestión más bien ideológica, hija de las intensas luchas civiles entre liberales y conservadores. La obra (entera) de Renán Silva es un punto de no retorno, también, por la declarada y practicada voluntad de huir de las ideologías historiográficas de su país y de su continente. La crisis es ético-política porque busca pacificar una historia nacional no pacificada, un objetivo que no tiene nada que ver con el relativismo (además superficial) del “posmodernismo”, sino con las obligaciones del “pos-siglo breve”. El historiador “neutral” no existe, por la sencilla razón que los saberes no son “neutros”, y menos la historiografía. Sin embargo, hacer historia hoy requiere más que nunca una actitud “kantiana” en lo personal, y “critica” en lo que concierne a escribir.

El gran tema de cómo el autor-director del PP se dedicó a pensar la historia según la actitud ilustrada es una pieza central del libro de Silva. Lo es por dos razones: la primera, y la más obvia, es que la Revolución Francesa fue el gran tema de la prensa y de la “opinión pública” internacional. La segunda razón es la más profunda porque involucra también el presente de Colombia.

El camino hermenéutico de Silva pone el lector en el centro de un cruce: el director-autor del PP distribuye sus esfuerzos entre dos líneas de reflexión: por una parte, la Revolución de Francia, y por la otra, las personales Reflexiones de un historiador. El cruce es uno de los lugares cruciales del libro. Aquí lo que cuenta no son los juicios políticos de Manuel del Socorro Rodríguez. La gran mayoría de la “opinión ilustrada” europea (y norteamericana), para no hablar obviamente de la antiilustrada, no dudo en condenar rotundamente los “excesos de Francia”. Lo que cuenta es que, precisamente, para explicar el “misterio” agotador de la Revolución, la mirada antirrevolucionaria del PP elaboró formulaciones inéditas en el plano local sobre

Cultura escrita, historiografía y sociedad en el Virreinato de la Nueva Granada | Antonio Annino

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el análisis histórico, que tuvieron mucho que ver con la relación entre el “género histórico” y el periodismo en formación. Otra vez, lo importante no es el qué se dio (la “obvia” condena) sino cómo se dio (vía nueva información histórica de la época ilustrada) en un lugar como la Nueva Granada, y no cabe duda de que —si entendimos bien— el espacio que el PP otorgó, por voluntad de su director, a esta fértil encrucijada fue muy extenso.

Sin embargo, el esfuerzo de Silva no se detiene en las páginas de aquel periódico. El “verdadero” punto de su crisis es mostrar un silencio y una deformación de la historiografía colombiana actual, que por cierto superan el caso nacional. Porque, a fin de cuentas, ¿qué sentido tiene hacer esta “arqueología del saber” ilustrado, redescubrir un objeto en sí tan “específico” y con tantos enemigos tradicionalistas en la Nueva Granada? No se trata de una defensa de oficio, por inteligente que sea. La apuesta es más alta, involucra contundentemente nada menos que el paradigma historiográfico del siglo XX, sus silencios acerca de los pensadores del siglo XIX, o a lo mejor, la subvaluación del enorme esfuerzo de conocer que esta intelectualidad hizo al escribir historia patria para hacer patria. La supuesta separación en la historia del siglo XX entre “ciencia” e “ideología” invalidó conscientemente el trabajo cultural del siglo XIX, y sus deudas con aquellos primeros esfuerzos ilustrados de la tan controvertida época borbónica. No es la primera vez que Renán Silva lanza su crítica despiadada en contra de los programas de estudio de Historia en las universidades. Pero en este libro su fuerza logra una eficacia nueva, gracias precisamente a su “investigación reflexiva”. Una cuestión nos parece central y de largo alcance, a pesar de que se presenta como una paradoja, aun si es aparente. Las responsabilidades de los silencios sobre el siglo XIX recaen en el nacionalismo del XX, que desconoció ciertas continuidades culturales entre los dos siglos. Mas Silva sostiene sin vacilación que el siglo XX repite gran parte del siglo XIX, y con menos acervos documentales. Una mirada, la del autor, que podría

parecer demasiado radical y con una punta de “conservadurismo” old fashion. No es así porque —en nuestra modesta opinión— la cuestión candente es la naturaleza del nacionalismo del siglo XX, y no sólo del colombiano.

Dicho sea en forma muy (y demasiado) escueta: los nacionalismos del siglo XX sustituyeron la “voluntad” con la “ciencia” positiva de unas supuestas “reglas” que explicarían las sociedades. Ni vale la pena recordar las devastaciones culturales del populismo en todas sus formas. Lo que cuenta es la pretensión neohobbesiana del siglo XX, que sigue en el siglo XXI. ¿En qué sentido se trata de “algo “neohobbesiano? El Hobbes histórico no tiene nada que ver con sus caricaturas. Al Hobbes del De cive (1642) le interesó medirse con la gran revolución científica de su época y plantearse si existen también en las sociedades “mecanismos” que pueden explicar su existencia. Sin embargo, en Hobbes estos “mecanismos” son naturales, mientras que en la “ciencia” del siglo XX se consideran “sociales” y, por ende, “positivos”. Es por medio de este décalage que el neohobbesianismo puede volverse “científico” y borrar los esfuerzos de quienes construyeron el saber histórico del siglo XIX. Cualquier reseña de un libro es parcial porque el lector —diría Umberto Eco— es un autor. Nosotros hemos decidido comprometernos activamente con algunos “lugares” del libro porque sabemos que son del Silva historiador, y que por esta vía el lector puede apreciar en todo su valor innovador lo que significa sacar a la luz aquel objeto tan “pequeño” como el PP, pero a la vez tan capaz de medirse con apuestas “teóricas” tan grandes como las que propone Renán Silva. Una apuesta “à la Bourdieu” lograda. Esperamos otras.

Referencia 1.

Silva, Renán. 2014. Lugar de dudas: sobre la práctica del análisis histórico: breviario de inseguridades. Bogotá: Ediciones Uniandes.

rev.estud.soc. No. 54 • octubre-diciembre • Pp. 204-206 • ISSN 0123-885X • eISSN 1900-5180 · DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res54.2015.18

207 La Revista de Estudios Sociales agradece la colaboración especial de las siguientes personas como árbitros de este número: María Elena Acuña – Universidad de Chile Fernando Alanís – El Colegio de San Luis, México Ana Alcázar Campos – Universidad de Granada, España Ana María Álvarez Rojas – Université Paris-Est - Créteil Val-de-Marne, Francia Gerónimo Barrera de la Torre – Instituto Mora, México Ángel Belzunegui Eraso – Universitat Rovira i Virgili, España Andrés Bisso – Universidad Nacional de La Plata / Conicet, Argentina Diana Bocarejo – Universidad del Rosario, Colombia Teodoro Bustamante Ponce – Flacso, Ecuador Ignacio Calderón – Universidad de Málaga, España Claudia Capella Sepúlveda – Universidad de Chile Eduardo Cavieres – Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile Luz Stella Chamorro Caicedo – Universidad de Caldas, Colombia Rafael Chaves-Ávila – Universitat de Valencia, España Francoise Contreras Torres – Universidad del Rosario, Colombia Antonio Daher – Pontificia Universidad Católica de Chile Cruz Elena Espinal Pérez – Universidad EAFIT, Colombia Marco Estrada Saavedra – El Colegio de México César Alexis Galera – Universidade de São Paulo, Brasil Cosme Jesús Gómez Carrasco – Universidad de Murcia, España Iñigo González de la Fuente – Universidad de Cantabria, España Rita Gradaílle Pernas – Universidad de Santiago de Compostela, España Carmen Gregorio Gil – Universidad de Granada, España Andrea Greppi – Universidad Carlos III de Madrid, España Fuad Hatibovic Díaz – Universidad de Valparaíso, Chile Cristina Herrera – El Colegio de México Simón Pedro Izcara Palacios – Universidad Autónoma de Tamaulipas, México Cecilia Inés Jiménez – Conicet, Argentina Aurelia Martín Casares – Universidad de Granada, España Gustavo Martineli Massola – Universidade de São Paulo, Brasil Armando Martínez Garnica – Universidad Industrial de Santander, Colombia Carlos Alberto Mejía Sanabria – Universidad del Valle, Colombia Julián Melo – Universidad Nacional de San Martín, Argentina Rafael Merino – Universidad Autónoma de Barcelona, España Juan R. Murua Mujika – Universidad del País Vasco, España José César Lenin Navarro Chávez – Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México Guilherme Pereira das Neves – Universidade Federal Fluminense, Brasil Eduardo Ortiz-Juárez – United Nations Development Programme (UNDP), Estados Unidos Luis Oscar Pyszczek – Universidad Nacional del Nordeste, Argentina Bernardo Ricupero – Universidade de São Paulo, Brasil Eduardo Rodrigues Gomes – Universidade Federal Fluminense, Brasil Genoveva Roldán Dávila – Universidad Nacional Autónoma de México Hernando Sáenz Acosta – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil Nathalia Salamanca-Sarmiento – The University of Edinburgh, Escocia Hernán Salas Quintanal – Universidad Nacional Autónoma de México Bráulio Figueiredo Alves da Silva – Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil Gastón Souroujon – Universidad Nacional del Rosario, Argentina Clément Thibaud – Université de Nantes, Francia Guillermo Torres Carral – Universidad Nacional Autónoma de México Elvia Vargas Trujillo – Universidad de los Andes, Colombia Laura Wills – Universidad de los Andes, Colombia Guillermo Zermeño – El Colegio de México

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Índice cronológico No. 51: enero-marzo de 2015 Dossier: Religiones, post-secularidad y democracia en América Latina: reconfiguraciones del discurso y la acción política Iranzo Dosdad, Ángela y Carlos Manrique. Presentación, 9-22.

Shakman Hurd, Elizabeth. Thinking about Religion, Law, and Politics in Latin America, 25-35.

Dockendorff, Cecilia. Pretensiones normativas de la religión como problema. Una aproximación desde las teorías sobre secularización y diferenciación social de Habermas y Luhmann, 36-49.

Rojas Berrío, María Juliana. Mampuján, en el acto de partir: el duelo como levantamiento y la comunidad en transición. Reconciliación y representación en Jean-Luc Nancy, 50-61.

Salamanca Villamizar, Carlos Arturo. Los lugares de la memoria y de la acción política en Guatemala. Justicia transicional, políticas del reconocimiento y ficciones de secularismo, 62-75.

Pinto, Lucas Henrique. La influencia de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) en la formación del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST): breve análisis teórico-documental del papel de la religión en los conflictos sociales en Brasil (1954-1984), 76-88.

Ramírez, Carlos Andrés. Indigenismo de derecha. La formación de la OPIC como “revolución pasiva”, 89-104.

Vaggione, Juan Marco y Daniel Jones. La política sexual y las creencias religiosas: el debate por el matrimonio para las parejas del mismo sexo (Argentina, 2010), 105-117.

Montoya Upegui, Laura. Estrategias de evangelización y catequización de las misioneras Lauritas en el Occidente Antioqueño (1914-1925), 118-131.

Sarrazin, Jean Paul y Lina Rincón. La conversión al islam como estrategia de cambio y diferenciación en la modernidad, 132-145.

Mansilla, Miguel Ángel y Luis Orellana. Participaciones activas y pasivas de los evangélicos en los espacios públicos y políticos en Chile entre 1973 y 1999, 146-159.

Otras Voces Perret, Gimena. De exiliados a migrantes… Una aproximación a la experiencia migratoria de exiliados políticos chilenos en Argentina, 161-172.

Pujol, Joan y Marisela Montenegro. Technology and Feminism: A Strange Couple, 173-185.

Mínguez, Alcaide Xavier. Métodos de Diálogo con Grandes Grupos. Herramientas para afrontar la complejidad, 186-197.

Soto Roy, Álvaro. Escenarios del trabajo, una aproximación a la heterogeneidad del trabajo contemporáneo en Latinoamérica, 198-212.

Valenzuela, Fernando A. y Claudio Ramos Zincke. Cómo los maltratos se transforman en “violencia intrafamiliar”: el recorrido de la performatividad, 213-226.

No. 52: abril-junio de 2015 Dossier: La evaluación del pensamiento histórico en la enseñanza de las ciencias sociales.

Contribución al desarrollo de la competencia social y ciudadana Gómez Carrasco, Cosme J., Pedro Miralles Martínez y Sebastián Molina Puche. Presentación: Evaluación, competencias históricas y educación ciudadana, 9-14.

Cooper, Hilary. How Can We Plan for Progression in Primary School History?, 16-31.

Lévesque, Stéphane y Paul Zanazanian. “History Is a Verb: We Learn It Best When We Are Doing It!”: French and English Canadian Prospective Teachers and History, 32-51.

Gómez Carrasco, Cosme J. y Pedro Miralles Martínez. ¿Pensar históricamente o memorizar el pasado? La evaluación de los contenidos históricos en la educación obligatoria en España, 52-68.

Trigueros Cano, Francisco Javier, Jorge Ortuño Molina y Sebastián Molina Puche. La percepción del alumnado de educación secundaria sobre el desarrollo del pensamiento histórico en el proceso evaluador, 69-86.

Sáiz Serrano, Jorge y Ramón López-Facal. Competencias y narrativas históricas: el pensamiento histórico de estudiantes y futuros profesores españoles de educación secundaria, 87-101.

Bermudez, Angela. Four Tools for Critical Inquiry in History, Social Studies, and Civic Education, 102-118.

Toledo Jofré, María Isabel, Abraham Magendzo Kolstrein, Virna Gutiérrez Gianella, Ricardo Iglesias Segura y Ramón López-Facal. Enseñanza de “temas controversiales” en el curso de historia, desde la perspectiva de los estudiantes chilenos, 119-133.

Arias Gómez, Diego H. La enseñanza de las ciencias sociales en Colombia: lugar de las disciplinas y disputa por la hegemonía de un saber, 134-146.

Serna Dimas, Adrián. Ciencias sociales, pensamiento histórico y ciudadanía: entre lo alegórico y lo virtual (Colombia, 1910-2010), 147-157.

Otras Voces Cienfuegos Illanes, Javiera. Diversidad familiar y derecho en Chile: ¿una relación posible?, 159-171.

Vega y Ortega, Rodrigo. La divulgación botánica para los hombres de campo a través de las revistas mexicanas, 1840-1855, 172-184.

Bianchi, Eugenia. “El futuro llegó hace rato”. Susceptibilidad, riesgo y peligrosidad en el diagnóstico y tratamiento por TDAH en la infancia, 185-199.

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No. 53: julio-septiembre de 2015 Temas Varios Lux, Martha y Ana Pérez. Presentación, 8-10.

Milanez, Bruno y Rodrigo S. P. Santos. Topsy-Turvy Neo-Developmentalism: An Analysis of the Current Brazilian Model of Development, 12-28.

Güiza Suárez, Leonardo, Beatriz Londoño Toro, Cristhian David Rodríguez Barajas, Juliana Zuluaga. Las agendas interinstitucionales ambientales: un instrumento para la resolución de conflictos ambientales, 29-42.

De Souza Marques, Marcelo. Críticas ao modelo hierarquizado de cultura: por um projeto de democracia cultural para as políticas culturais públicas, 43-51.

Caballero Mariscal, David. La identidad maya-poqomchi´ guatemalteca en sus manifestaciones espirituales y religiosas, 52-64.

Figuera Vargas, Sorily y Andrea Ariza Lascarro. Derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas en el ordenamiento jurídico colombiano, 65-76.

Grinberg, Julieta. Entre la pediatría, el psicoanálisis y el derecho: apuntes sobre la recepción, reelaboración y difusión del “maltrato infantil” en Argentina, 77-89.

Gómez Urrutia, Verónica y Paulina Royo Urrizola. Nuevas subjetividades y proyecto de vida: jóvenes universitarios de la VII región del Maule, Chile, 90-101.

Acevedo Tarazona, Álvaro. Educación, reformas y movimientos universitarios en Colombia: apuestas y frustraciones por un proyecto modernizador en el siglo XX, 102-111.

Monkevicius, Paola. “Reparar algo de esta maldita historia”: memorias del pasado negro y narrativa estatal en Argentina. 112-123.

López Varas, Miguel Ángel y Ricardo Gamboa Valenzuela.

Sufragio femenino en Chile: origen, brecha de género y estabilidad, 1935-2009, 124-137.

Vancea, Mihaela y Álex Boso. Migrant Women and Labour Integration in Catalonia: The Impact of New Information and Communication Technologies, 138-149.

Herrera, Martha Cecilia y Carol Pertuz Bedoya. Narrativas femeninas del conflicto armado y la violencia política en Colombia: contar para rehacerse, 150-162.

No. 54: octubre-diciembre de 2015 Temas Varios Lux, Martha y Ana Pérez. Presentación, 8-10.

Thoene, Ulf. A Socio-Legal Exploration of the Linkages between Informal Employment, Social Protection and Labour Law in Latin America, 12-24.

Kwon Mun, Nam. La problemática transición boliviana hacia la época postneoliberal: el caso de la economía comunitaria, 25-38.

Pardo Montaño, Ana Melisa. Migración internacional y desarrollo. Aportes desde el transnacionalismo, 39-51.

Figueroa Martínez, Cristhian y Rosanna Forray Claps.

Movilidad femenina: los reveses de la utopía socio-espacial en las poblaciones de Santiago de Chile, 52-67.

Aldaz Odriozola, Leire y Begoña Eguía Peña. Inmigración y mercado de trabajo: nichos laborales por género y nacionalidad en España,68-80.

Rodríguez Grisales, Natalia. Cuerpo, sexualidad y violencia simbólica en la tortura sexual, 81-92.

Jiménez Rodrigo, María Luisa y Raquel Guzmán Ordaz. El caleidoscopio de la violencia contra las mujeres en la pareja desde la desigualdad de género: una revisión de enfoques analíticos, 93-106.

Ojeda, Diana, Jennifer Petzl, Catalina Quiroga, Ana Catalina Rodríguez y Juan Guillermo Rojas. Paisajes del despojo cotidiano: acaparamiento de tierra y agua en Montes de María, Colombia, 107-119.

Chinski, Malena. La representación del “horror nazi” en la prensa argentina, 120-133.

Valls Fonayet, Francesc. El impacto de la crisis entre los jóvenes en España, 134-149.

Gutiérrez Ardila, Daniel. La convención de las discordias: Ocaña, 1828, 150-168.

Ortiz Cassiani, Javier. El pasado es tan irreal como el futuro: Abad Faciolince y la nueva historia cultural, 169-177.

Índice de autores Acevedo Tarazona, Álvaro (No. 53) Aldaz Odriozola, Leire (No. 54) Arias Gómez, Diego H. (No. 52) Ariza Lascarro, Andrea (No. 53) Bermudez, Angela (No. 52) Bianchi, Eugenia (No. 52) Boso, Álex (No. 53) Caballero Mariscal, David (No. 53) Chinski, Malena (No. 54) Cienfuegos Illanes, Javiera (No. 52) Cooper, Hilary (No. 52) De Souza Marques, Marcelo (No. 53) Dockendorff, Cecilia (No. 51) Eguía Peña, Begoña (No. 54) Figuera Vargas, Sorily (No. 53) Figueroa Martínez, Cristhian (No. 54) Forray Claps, Rosanna (No. 54) Gamboa Valenzuela, Ricardo (No. 53) Gómez Carrasco, Cosme J. (No. 52) Gómez Urrutia, Verónica (No. 53)

210 Grinberg, Julieta (No. 53) Güiza Suárez, Leonardo (No. 53) Gutiérrez Ardila, Daniel (No. 54) Gutiérrez Gianella, Virna (No. 52) Guzmán Ordaz, Raquel (No. 54) Herrera, Martha Cecilia (No. 53) Iglesias Segura, Ricardo (No. 52) Iranzo Dosdad, Ángela (No. 51) Jiménez Rodrigo, María Luisa (No. 54) Jones, Daniel (No. 51) Kwon Mun, Nam (No. 54) Lévesque, Stéphane (No. 52) Londoño Toro, Beatriz (No. 53) López Varas, Miguel Ángel (No. 53) López-Facal, Ramón (No. 52) Lux, Martha (No. 53) Magendzo Kolstrein, Abraham (No. 52) Manrique, Carlos (No. 51) Mansilla, Miguel Ángel (No. 51) Milanez, Bruno (No. 53) Mínguez, Alcaide Xavier (No. 51) Miralles Martínez, Pedro (No. 52) Molina Puche Sebastián (No. 52) Monkevicius, Paola (No. 53) Montenegro, Marisela (No. 51) Montoya Upegui, Laura (No. 51) Ojeda, Diana (No. 54) Orellana, Luis (No. 51) Ortiz Cassiani, Javier (No. 54) Ortuño Molina, Jorge (No. 52) Pardo Montaño, Ana Melisa (No. 54) Pérez, Ana (No. 53) Perret, Gimena (No. 51) Pertuz Bedoya, Carol (No. 53) Petzl, Jennifer (No. 54) Pinto, Lucas Henrique (No. 51) Pujol, Joan (No. 51) Quiroga, Catalina (No. 54) Ramírez, Carlos Andrés (No. 51) Ramos Zincke, Claudio (No. 51) Rincón, Lina (No. 51) Rodríguez, Ana Catalina (No. 54) Rodríguez Barajas, Cristhian David (No. 53) Rodríguez Grisales, Natalia (No. 54) Rojas, Juan Guillermo (No. 54) Rojas Berrío, María Juliana (No. 51) Royo Urrizola, Paulina (No. 53) Sáiz Serrano, Jorge (No. 52)

Salamanca Villamizar, Carlos Arturo (No. 51) Santos, Rodrigo S. P. (No. 53) Sarrazin, Jean Paul (No. 51) Serna Dimas, Adrián (No. 52) Shakman Hurd, Elizabeth (No. 51) Soto Roy, Álvaro (No. 51) Thoene, Ulf (No. 54) Toledo Jofré, María Isabel (No. 52) Trigueros Cano, Francisco Javier (No. 52) Vaggione, Juan Marco (No. 51) Valenzuela, Fernando A. (No. 51) Valls Fonayet, Francesc (No. 54) Vancea, Mihaela (No. 53) Vega y Ortega, Rodrigo (No. 52) Zanazanian, Paul (No. 52) Zuluaga, Juliana (No. 53)

Índice temático Abad Faciolince (Ortiz Cassiani, No. 54) Acaparamiento (Ojeda, Petzl, Quiroga, Rodríguez y Rojas, No. 54) Afrodescendientes (Monkevicius, No. 53) Agenda interinstitucional (Güiza Suárez, Londoño Toro, Rodríguez Barajas y Zuluaga, No. 53) Agricultura (Vega y Ortega, No. 52) Alegoría (Serna Dimas, No. 52) América Latina (Shakman Hurd, No. 51; Milanez y Santos, No. 53) Argentina (Vaggione y Jones, No. 51; Monkevicius, No. 53; Chinski, No. 54) Asambleas constituyentes (Gutiérrez Ardila, No. 54) Atrocidad (Chinski, No. 54) Autodeterminación (Figuera Vargas y Ariza Lascarro, No. 53) Barbarie (Chinski, No. 54) Bolivia (Kwon Mun, No. 54) Botánica (Vega y Ortega, No. 52) Brasil (Pinto, No. 51) Brecha de género (López Varas y Gamboa Valenzuela, No. 53) Capital social (Vancea y Boso, No. 53) Catequización (Montoya Upegui, No. 51) Charles Taylor (Shakman Hurd, No. 51) Chile (Cienfuegos Illanes, No. 52; López Varas y Gamboa Valenzuela, No. 53) Chilenos en Argentina (Perret, No. 51) Ciencia y tecnología (Valenzuela y Ramos Zincke, No. 51) Ciencias sociales (Serna Dimas, No. 52)

211 Ciudadanía (Serna Dimas, No. 52; Thoene, No. 54) Civilización (Chinski, No. 54) Colombia (Figuera Vargas y Ariza Lascarro, No. 53; Acevedo Tarazona, No. 53; Ojeda, Petzl, Quiroga, Rodríguez y Rojas, No. 54) Competencia (Trigueros Cano, Ortuño Molina y Molina Puche, No. 52) Complejidad (Mínguez Alcaide, No. 51) Comunidad (Rojas Berrío, No. 51) Conflicto social (Pinto, No. 51) Conmemoración (Monkevicius, No. 53) Construcción social (Grinberg, No. 53) Convención de Ocaña (Gutiérrez Ardila, No. 54) Conversión (Sarrazin y Rincón, No. 51) Cooperación institucional (Güiza Suárez, Londoño Toro, Rodríguez Barajas y Zuluaga, No. 53) Corte Interamericana de Derechos Humanos (Shakman Hurd, No. 51) Cotidiano (Ojeda, Petzl, Quiroga, Rodríguez y Rojas, No. 54) Creencias religiosas (Vaggione y Jones, No. 51) Cristianismo (Rojas Berrío, No. 51) Cuerpo (Rodríguez Grisales, No. 54) Currículum (Toledo Jofré, Magendzo Kolstrein, Gutiérrez Gianella, Iglesias Segura y López-Facal, No. 52) Democracia (Mansilla y Orellana, No. 51) Democracia cultural (De Souza Marques, No. 53) Democratización cultural (De Souza Marques, No. 53) Derecho de familia (Cienfuegos Illanes, No. 52) Derecho laboral (Thoene, No. 54) Derechos sexuales y reproductivos (Vaggione y Jones, No. 51) Derechos sociales (Thoene, No. 54) Desarrollo (Milanez y Santos, No. 53; Pardo Montaño, No. 54) Desigualdad (Jiménez Rodrigo y Guzmán Ordaz, No. 54; Valls Fonayet, No. 54) Despojo (Ojeda, Petzl, Quiroga, Rodríguez y Rojas, No. 54) Diagnóstico (Bianchi, No. 52) Dictadura militar (Pinto, No. 51; Mansilla y Orellana, No. 51) Diferenciación social (Dockendorff, No. 51) Dinámicas culturales (De Souza Marques, No. 53) Diseño urbano (Figueroa Martínez y Forray Claps, No. 54) Diversidad familiar (Cienfuegos Illanes, No. 52) Divulgación científica (Vega y Ortega, No. 52) Dominación (Rodríguez Grisales, No. 54) Economía comunitaria (Kwon Mun, No. 54) Educación (Lévesque y Zanazanian, No. 52) Educación ciudadana (Bermudez, No. 52) Educación histórica (Sáiz Serrano y López-Facal, No. 52) Educación primaria (Cooper, No. 52) Educación secundaria (Sáiz Serrano y López-Facal, No. 52) Educación superior (Acevedo Tarazona, No. 53) Empleo (Soto Roy, No. 51) Empleo informal (Thoene, No. 54) Enmarcamiento (Valenzuela y Ramos Zincke, No. 51) Enseñanza de la historia (Gómez Carrasco y Miralles

Martínez, No. 52; Bermudez, No. 52; Arias Gómez, No. 52) Enseñanza de las ciencias sociales (Bermudez, No. 52; Arias Gómez, No. 52) Enseñanza secundaria (Toledo Jofré, Magendzo Kolstrein, Gutiérrez Gianella, Iglesias Segura y López-Facal, No. 52) Espacio (Salamanca Villamizar, No. 51) Espiritualidad (Caballero Mariscal, No. 53) Estructura social (Valls Fonayet, No. 54) Estudiante (Toledo Jofré, Magendzo Kolstrein, Gutiérrez Gianella, Iglesias Segura y López-Facal, No. 52) Estudios socio-jurídicos (Thoene, No. 54) Evaluación (Gómez Carrasco y Miralles Martínez, No. 52; Trigueros Cano, Ortuño Molina y Molina Puche, No. 52) Evangélicos (Mansilla y Orellana, No. 51) Evangelización (Montoya Upegui, No. 51) Examen (Gómez Carrasco y Miralles Martínez, No. 52) Exclusión social (Valls Fonayet, No. 54) Exilio (Perret, No. 51) Experiencia migratoria (Perret, No. 51) Experiencias (Lévesque y Zanazanian, No. 52) Familia (Grinberg, No. 53; Gómez Urrutia y Royo Urrizola, No. 53) Feminismo (Pujol y Montenegro, No. 51) Formación de profesorado de secundaria (Sáiz Serrano y López-Facal, No. 52) Género (Pujol y Montenegro, No. 51; Aldaz Odriozola y Eguía Peña, No. 54; Jiménez Rodrigo y Guzmán Ordaz, No. 54) Gestión (Soto Roy, No. 51) Gobierno (Grinberg, No. 53) Guatemala (Salamanca Villamizar, No. 51; Caballero Mariscal, No. 53) Guerra (Salamanca Villamizar, No. 51) Hegemonía (Ramírez, No. 51) Heterogeneidad (Soto Roy, No. 51) Historia (Cooper, No. 52; Lévesque y Zanazanian, No. 52; Trigueros Cano, Ortuño Molina y Molina Puche, No. 52; Toledo Jofré, Magendzo Kolstrein, Gutiérrez Gianella, Iglesias Segura y López-Facal, No. 52; Ortiz Cassiani, No. 54) Historia de la enseñanza (Arias Gómez, No. 52) Historiografía (Ortiz Cassiani, No. 54) Holocausto (Chinski, No. 54) Ideales normativos (Cienfuegos Illanes, No. 52) Identidad (Sarrazin y Rincón, No. 51; Caballero Mariscal, No. 53) Iglesias evangélicas (Ramírez, No. 51) Impacto ambiental (Güiza Suárez, Londoño Rodríguez Barajas y Zuluaga, No. 53) Indagación (Cooper, No. 52) Indagación crítica (Bermudez, No. 52) Indígenas (Montoya Upegui, No. 51)

Toro,

212 Infancia (Bianchi, No. 52; Grinberg, No. 53) Informe Atcon (Acevedo Tarazona, No. 53) Inmigración (Aldaz Odriozola y Eguía Peña, No. 54) Innovación social (Mínguez Alcaide, No. 51) Integración laboral (Vancea y Boso, No. 53) Internet (Vancea y Boso, No. 53) Interseccionalidad (Jiménez Rodrigo y Guzmán Ordaz, No. 54) Investigación social (Jiménez Rodrigo y Guzmán Ordaz, No. 54) Islam (Sarrazin y Rincón, No. 51) Justicia transicional (Serna Dimas, No. 52) Juventud (Gómez Urrutia y Royo Urrizola, No. 53; Valls Fonayet, No. 54) Ley (Shakman Hurd, No. 51) Libre determinación (Figuera Vargas y Ariza Lascarro, No. 53) Literatura (Ortiz Cassiani, No. 54) Luhmann (Dockendorff, No. 51) “Maltrato infantil” (Grinberg, No. 53) Matrimonio de parejas del mismo sexo (Vaggione y Jones, No. 51) Mayas (Caballero Mariscal, No. 53) Memoria (Salamanca Villamizar, No. 51) Memoria colectiva (Monkevicius, No. 53) Memorias (Herrera y Pertuz Bedoya, No. 53) Metodología (Soto Roy, No. 51) Métodos de Diálogo con Grandes Grupos (Mínguez Alcaide, No. 51) Migración internacional (Pardo Montaño, No. 54) Misioneras (Montoya Upegui, No. 51) Modernidad (Sarrazin y Rincón, No. 51) Montes de María (Ojeda, Petzl, Quiroga, Rodríguez y Rojas, No. 54) Movilidad femenina (Figueroa Martínez y Forray Claps, No. 54) Movimientos sociales (Pinto, No. 51) Mujeres (Jiménez Rodrigo y Guzmán Ordaz, No. 54) Mujeres migrantes (Vancea y Boso, No. 53) Nancy (Rojas Berrío, No. 51) Narrativa estatal (Monkevicius, No. 53) Narrativas (Sáiz Serrano y López-Facal, No. 52) Narrativas femeninas (Herrera y Pertuz Bedoya, No. 53) Neodesarrollismo (Milanez y Santos, No. 53) Neoextractivismo (Milanez y Santos, No. 53) No-retorno (Perret, No. 51) Normatividad (Dockendorff, No. 51) Nueva historia cultural (Ortiz Cassiani, No. 54) Organización (Soto Roy, No. 51) Organización política (Perret, No. 51) Paisajes (Ojeda, Petzl, Quiroga, Rodríguez y Rojas, No. 54) Páramo (Güiza Suárez, Londoño Toro, Rodríguez Barajas y Zuluaga, No. 53)

Participación ciudadana (Güiza Suárez, Londoño Toro, Rodríguez Barajas y Zuluaga, No. 53) Pedagogía crítica (Bermudez, No. 52) Peligrosidad (Bianchi, No. 52) Pensamiento crítico (Bermudez, No. 52) Pensamiento histórico (Gómez Carrasco y Miralles Martínez, No. 52; Trigueros Cano, Ortuño Molina y Molina Puche, No. 52; Sáiz Serrano y López-Facal, No. 52; Serna Dimas, No. 52) Percepción del alumnado (Trigueros Cano, Ortuño Molina y Molina Puche, No. 52) Performatividad (Pujol y Montenegro, No. 51; Valenzuela y Ramos Zincke, No. 51) Poblaciones (Figueroa Martínez y Forray Claps, No. 54) Pobreza (Valls Fonayet, No. 54) Política (Mansilla y Orellana, No. 51; Rodríguez Grisales, No. 54) Política cultural pública (De Souza Marques, No. 53) Política sexual (Vaggione y Jones, No. 51) Poqomchi´es (Caballero Mariscal, No. 53) Posición laboral (Aldaz Odriozola y Eguía Peña, No. 54) Postneoliberalismo (Kwon Mun, No. 54) Prensa (Vega y Ortega, No. 52; Chinski, No. 54) Profesores canadienses (Lévesque y Zanazanian, No. 52) Progresión (Cooper, No. 52) Protección social (Thoene, No. 54) Protesta estudiantil (Acevedo Tarazona, No. 53) Proyecto de vida (Gómez Urrutia y Royo Urrizola, No. 53) Pueblos indígenas (Salamanca Villamizar, No. 51; Ramírez, No. 51; Figuera Vargas y Ariza Lascarro, No. 53) Reconciliación (Rojas Berrío, No. 51) Reconocimiento (Cienfuegos Illanes, No. 52) Redes (Valenzuela y Ramos Zincke, No. 51) Reforma agraria (Kwon Mun, No. 54) Reforma educativa (Acevedo Tarazona, No. 53) Reforma Patiño (Acevedo Tarazona, No. 53) Religión (Shakman Hurd, No. 51; Dockendorff, No. 51; Pinto, No. 51; Sarrazin y Rincón, No. 51) Religiosidad (Caballero Mariscal, No. 53) Remesas (Pardo Montaño, No. 54) Representación (Rojas Berrío, No. 51) República de Colombia (Gutiérrez Ardila, No. 54) Resistencia (Montoya Upegui, No. 51; Sarrazin y Rincón, No. 51) Revolución de independencia (Gutiérrez Ardila, No. 54) Revolución pasiva (Ramírez, No. 51) Riesgo (Bianchi, No. 52) Saberes (Grinberg, No. 53) Secularismo (Shakman Hurd, No. 51) Secularización (Dockendorff, No. 51) Segmentación (Aldaz Odriozola y Eguía Peña, No. 54) Sexualidad (Rodríguez Grisales, No. 54) Siglo XIX (Vega y Ortega, No. 52) Simbólica (Rodríguez Grisales, No. 54) Simón Bolívar (Gutiérrez Ardila, No. 54) Socialismo comunitario (Kwon Mun, No. 54) Sociología de la educación (Arias Gómez, No. 52)

213 Subjetividades (Herrera y Pertuz Bedoya, No. 53) Sujetividad (Pujol y Montenegro, No. 51) Susceptibilidad (Bianchi, No. 52)

Trabajo renumerado (Gómez Urrutia y Royo Urrizola, No. 53) Transnacionalismo (Pardo Montaño, No. 54)

TDAH (Bianchi, No. 52) Tecnología (Pujol y Montenegro, No. 51) Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) (Vancea y Boso, No. 53) “Temas controversiales” (Toledo Jofré, Magendzo Kolstrein, Gutiérrez Gianella, Iglesias Segura y LópezFacal, No. 52) Teoría de sistemas sociales (Dockendorff, No. 51) Tortura (Rodríguez Grisales, No. 54) Trabajo (Soto Roy, No. 51)

Universidad (Acevedo Tarazona, No. 53) Uribe (Ramírez, No. 51) Violencia (Rodríguez Grisales, No. 54; Ojeda, Petzl, Quiroga, Rodríguez y Rojas, No. 54; Jiménez Rodrigo y Guzmán Ordaz, No. 54) Violencia doméstica (Valenzuela y Ramos Zincke, No. 51) Violencia política (Herrera y Pertuz Bedoya, No. 53) Virtualidad (Serna Dimas, No. 52) Voto femenino (López Varas y Gamboa Valenzuela, No. 53)

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Revista de Estudios Sociales · Universidad de los Andes

P O L Í T I C A

E D I T O R I A L

Normas para Autores Tipo de artículos, fechas y modalidades de recepción

La Revista de Estudios Sociales (RES) publica artículos inéditos en español, inglés o portugués que presenten resultados de investigación en ciencias sociales y reflexiones o revisiones teóricas que aporten a debates relevantes en este campo. La Revista publica también reseñas y ensayos bibliográficos con orientación crítica sobre temas propios de disciplinas como antropología, historia, sociología, ciencia política, filosofía, psicología, estudios culturales. En casos excepcionales se incluyen artículos que ya han sido publicados, siempre y cuando se reconozca su pertinencia dentro de las discusiones y problemáticas abordadas en la Revista, y su contribución a la consolidación del diálogo y el intercambio de ideas en los debates vigentes de la academia. Todos los artículos publicados cuentan con un número de identificación DOI, que de acuerdo con las políticas editoriales internacionales, debe ser citado por los autores que utilizan los contenidos, al igual que el título abreviado de la Revista: rev.estud.soc.

Las fechas de recepción de artículos de tema abierto y para dossier se informarán en las respectivas convocatorias.

Los artículos deben ser remitidos a través del formulario que se encuentra en la página web http://res.uniandes. edu.co o enviados al correo electrónico res@uniandes.edu. co. Los artículos presentados no deben estar en proceso de evaluación ni tener compromisos editoriales con ninguna otra publicación. La recepción de un texto se acusará de inmediato y los resultados de la evaluación se informarán en un plazo máximo de seis meses.

La Revista somete todos los artículos que recibe en sus convocatorias a la herramienta de detección de plagio.

Cuando se detecta total o parcialmente (sin la citación correspondiente) plagio, el texto no se envía a evaluación y se notifica al autor el motivo del rechazo.

Teniendo en cuenta la cantidad de artículos que recibe la Revista de Estudios Sociales en cada convocatoria, no se publicaran artículos de un mismo autor en un periodo de dos años.

Evaluación de artículos y proceso editorial

Al recibir un artículo el Equipo Editorial revisa si cumple con los requisitos básicos exigidos por la Revista. Posteriormente los artículos son sometidos a un proceso de arbitraje a cargo de evaluadores pares, quienes pueden formular sugerencias al autor. Durante la evaluación, tanto

los nombres de los autores como los de los evaluadores se mantienen en el anonimato. La decisión final de publicar o rechazar los artículos es tomada por el Equipo Editorial, con base en los informes presentados por los evaluadores; esta decisión es comunicada al autor por medio de un concepto escrito emitido por el Editor de la Revista.

Las observaciones de los evaluadores, así como las del Equipo Editorial, deberán ser tenidas en cuenta por el autor, quien hará los ajustes solicitados en el plazo estipulado por la Revista. La fecha de publicación informada por los editores se cumplirá, siempre y cuando el autor haga llegar toda la documentación solicitada en el plazo indicado. Durante el proceso de edición, los autores podrán ser consultados por los editores para resolver las inquietudes existentes. No obstante, la Revista se reserva el derecho de hacer correcciones de estilo menores.

Tanto en el proceso de evaluación como en el proceso de edición, el correo electrónico constituye el medio de comunicación privilegiado con los autores.

Parámetros para la presentación de artículos

Es requisito indispensable que en el momento de la remisión los artículos cumplan con los parámetros establecidos por la Revista de Estudios Sociales: •

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Estar escritos en formato Word, en letra Times New Roman tamaño 12, con interlineado 1 ½ , paginado, en papel tamaño carta y con márgenes de 2,5 cm. Las notas a pie de página deben estar en Times New Roman 10 y a espacio sencillo.

Tener una extensión entre 7.000 y 10.000 palabras en total, incluidos los resúmenes y las palabras clave, la bibliografía y las notas a píe de página, entre otros.

Tener resumen del artículo en español, no superior a 120 palabras, y su respectiva traducción al inglés. El título del texto debe ser presentado igualmente en ambos idiomas.

Tener entre tres y seis palabras clave que identifiquen el artículo, tanto en inglés como en español. Las palabras clave deben reflejar el contenido del documento, y por ello es necesario que señalen las temáticas precisas del artículo, rescatando las áreas de conocimiento en las que se inscribe y los principales conceptos. Se recomienda revisar los términos y jerarquías establecidos en los listados bibliográficos (THESAURUS), y buscar correspondencia entre títulos, resúmenes y palabras clave. Cuando una palabra no se encuentre normalizada en THESAURUS, debe señalarse.

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Estar escritos en un lenguaje académico accesible a públicos de diferentes disciplinas.

En un archivo aparte incluir los datos de los autores: títulos académicos, lugar de trabajo o estudio actual, grupo de investigación al que pertenecen, últimas dos publicaciones y correo electrónico.

En ese mismo archivo incluir la información de procedencia del artículo. En caso de que éste sea resultado de una investigación, la información del proyecto del que hace parte y el nombre de la institución financiadora.

Cuando los contenidos utilizados tengan un número de identificación DOI este debe incluirse en el listado de referencias.

Reglas de edición •

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La primera vez que se use una sigla o abreviatura, ésta deberá ir entre paréntesis después de la fórmula completa; las siguientes veces se usará únicamente la sigla o abreviatura.

Las citas textuales que sobrepasen cuatro renglones deben colocarse en formato de cita larga, a espacio sencillo, tamaño de letra 11 y márgenes reducidos.

La Revista de Estudios Sociales utiliza el formato Author-Date References de Chicago Manual of Style para presentar las citas y referencias incluidas en el artículo. Deben tenerse en cuenta los detalles de puntuación exigidos (coma, punto, dos puntos, paréntesis, etc.) y la información requerida. El listado bibliográfico debe incluir las referencias que han sido citadas dentro del texto (en una relación 1 a 1), enumeradas y en orden alfabético. Es indispensable incluir los nombres completos de los autores y/o editores en cada una de las referencias.

A continuación se presentan los ejemplos que muestran las diferencias entre la forma de citar dentro del texto (T) y la forma de citar en la lista bibliográfica (B).

Libro de un solo autor: T: (Abello 2003, 56) B: Abello, Ignacio. 2003. Violencias y culturas. Bogotá: Universidad de los Andes – Alfaomega Colombiana.

Libro de dos o tres autores: T: (Drennan, Herrera y Uribe 1989, 27) B: Drennan, Robert, Luisa Fernanda Herrera y Carlos Alberto Uribe. 1989. Cacicazgos prehispánicos del Valle de la Plata. El contexto medioambiental de la ocupación humana.

Tomo 1. Bogotá: Pittsburg University – Universidad de los Andes.

Cuatro o más autores: T: (Laumann et al. 1994, 30) B: Laumann, Edward, John Gagnon, Robert Michael y Stuart Michaels. 1994. The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States. Chicago: University of Chicago Press.

Capítulo de libro: T: (Saldarriaga 2004, 32-33) B: Saldarriaga, Lina María. 2004. “Aprendizaje cooperativo”.

En Competencias ciudadanas: de los estándares al aula. Una propuesta integral para todas las áreas académicas, editado por Enrique Chaux, Juanita Lleras y Ana María Velásquez, 102-135. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional – Universidad de los Andes.

Introducciones, prefacios o presentaciones: T: (Sanders 2014, 15) B: Sanders, James. 2014. Introducción/prefacio/presentación a The Vanguard of the Atlantic World: Creating Modernity, Nation, and Democracy in NineteenthCentury Latin America. Durham: Duke University Press.

Artículo de revista (impresas o en línea): T: (Aguilar 2008, 27) B: Gutiérrez Rivera, Lirio. 2008. “Assimilation or Cultural Difference? Palestinian Immigrants in Honduras”. Revista de Estudios Sociales 48: 57-68. http://dx.doi.org/10.7440/ res48.2014.05.

En caso de que la revista tenga volumen y número, se citará de la siguiente manera: Apellido, Nombre. Año. Título. Nombre de la revista volumen, no. #: Páginas. Ejemplo: Guttman, Allen. 2003. “Sport, Politics and the Engaged Historian”. Journal of Contemporary History 38 (3): 363-375.

Artículo de prensa (con autor y sin él): T: (Martin 2002) B: Martin, Steve. 2002. “Sports-interview Shocker”. New Yorker, 6 de mayo, 30, http://www.cabrini.edu/Library/ documents/ChicagoStyleGuide.pdf.

T: (“Aprenda usted a vivir” 1966) B: “Aprenda usted a vivir: nuestro enemigo cada día”. 1966.

El Correo, 22 de enero, 12.

Reseña de libro: T: (Duque 2008) B: Duque, Juliana. 2008. Reseña del libro Alimentación, género y pobreza en los Andes ecuatorianos, de Mary Weismantel. Revista de Estudios Sociales 29: 177-178.

Tesis o disertación y otros documentos inéditos: T: (Amundin 1991, 22-29) B: Amundin, Mats. 1991. “Click Repetition Rate Patterns in Communicative Sounds from the Harbour Porpoise, Phocoena phocoena”, disertación doctoral, Stockholm University.

Ponencias: T: (Doyle 2002) B: Doyle, Brian. 2002. “Howling Like Dogs: Metaphorical Language in Psalm 59”. Ponencia presentada en el Annual International Meeting for the Society of Biblical Literature.

The University of Chicago.

Documentos recuperados de internet: T: (Sabo 2000) B: Sabo, Don. 2000. Comprender la salud de los hombres: un enfoque relacional y sensible al género. Organización Panamericana de La Salud. www.bvs-psi.org.br.

Nota: en ningún caso se utiliza op. cit., ibid. o ibidem.

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Los artículos que incluyan fuentes de archivo deben presentar las referencias en notas a pie de página numeradas, de manera que faciliten al lector la identificación y el acceso a los documentos en el archivo correspondiente. Es necesario indicar: Siglas del archivo, Sección, Fondo, vol./leg./t., f. o ff. (lugar, fecha, y otros datos pertinentes). La primera vez se cita el nombre completo del archivo con la abreviatura entre paréntesis, y después, sólo la abreviatura. Al final del texto, deben recogerse todas las referencias primarias en un listado separado del bibliográfico.

Presentar los cuadros, tablas, imágenes y gráficas numerados al final del documento, y para el caso de imágenes o gráficas muy pesadas, en archivo aparte (jpg o tiff 300 dpi y 240 pixeles). Es responsabilidad del autor gestionar y entregar a la Revista el permiso para la publicación de las imágenes que lo requieran.

Es necesario que dentro del texto se indique el lugar donde se ubica cada cuadro/tabla/imagen/gráfico.

Esta instrucción se presenta entre paréntesis, de la siguiente manera: [Insertar Cuadro 1 aquí] Estos recursos deben incluirse en número moderado y buscando siempre que sean claros, legibles y pertinentes para la argumentación del artículo.

Parámetros para la presentación de reseñas •

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Estar escritas en formato Word, en letra Times New Roman tamaño 12, paginado, en papel tamaño carta y con márgenes de 2,5 cm.

Tener una extensión de entre 4 y 12 páginas (espacio doble).

Incluir datos completos del texto reseñado (autor, título, fecha, ciudad, editorial y páginas totales).

Incluir los datos del autor: títulos académicos, lugar de trabajo o estudio actual, grupo de investigación al que pertenece y correo electrónico.

Se espera que las reseñas no solamente den cuenta del contenido del libro, sino que incorporen una perspectiva crítica y analítica.

Indicaciones para los autores • •

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Cada autor recibirá dos ejemplares de cortesía de la Revista de Estudios Sociales.

Los autores y/ o titulares de los artículos aceptados autorizan la utilización de los derechos patrimoniales de autor (reproducción, comunicación pública, transformación y distribución) a la Universidad de los Andes/ Facultad de Ciencias Sociales, para incluir su escrito o artículo en la Revista de Estudios Sociales (versión impresa y versión electrónica).

En caso de que un artículo quiera incluirse posteriormente en otra publicación, deben señalarse claramente los datos de la publicación original en la Revista de Estudios sociales, previa autorización del Equipo Editorial de la Revista.

Políticas éticas Publicación y autoría

La Revista de Estudios Sociales hace parte de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes (Colombia), encargada del soporte financiero de la publicación. Se encuentra ubicada en el Edificio Franco, Of. GB-417. La dirección electrónica de la Revista es http://res.uniandes. edu.co/ y su correo res@uniandes.edu.co El teléfono de contacto es el 3394999, extensiones 4819.

Cuenta con la siguiente estructura: un director, un editor, un coordinador editorial y un consejo editorial que garantizan la calidad y pertinencia de los contenidos de la Revista. Los miembros del consejo son evaluados anualmente en función de su reconocimiento en el área y de su producción académica, visible en otras revistas nacionales e internacionales.

Los artículos presentados a la Revista deben ser originales e inéditos y estos no deben estar simultáneamente en proceso de evaluación ni tener compromisos editoriales con ninguna otra publicación. Si el manuscrito es aceptado, los editores esperan que su aparición anteceda a cualquier otra publicación total o parcial del artículo. Si el autor de un artículo quisiera incluirlo posteriormente en otra publicación, la Revista donde se publique deberá señalar claramente los datos de la publicación original, previa autorización solicitada al editor de la Revista.

Así mismo, cuando la Revista tiene interés de publicar un artículo que ya ha sido previamente publicado se compromete a pedir la autorización correspondiente a la editorial que realizó la primera publicación.

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Los autores deben remitir sus artículos a través del siguiente enlace y enviarlo al siguiente correo electrónico: res@uniandes.edu.co en las fechas establecidas por la Revista para la recepción de los artículos. La Revista tiene normas para los autores de acceso público, que contienen las pautas para la presentación de los artículos y reseñas, así como las reglas de edición. Se puede consultar en: http://res.uniandes.edu.co/page.php?c=Politica+Editorial y en la versión impresa de la Revista.

Si bien los equipos editoriales aprueban los artículos con base en criterios de calidad, rigurosidad investigativa y teniendo en cuenta la evaluación realizada por pares, los autores son los responsables de las ideas allí expresadas, así como de la idoneidad ética del artículo.

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El equipo editorial se reserva la última palabra sobre la publicación de los artículos y el número en el cual se publicarán. Esa fecha se cumplirá siempre y cuando el autor haga llegar toda la documentación que le es solicitada en el plazo indicado. La Revista se reserva el derecho de hacer correcciones menores de estilo.

Los autores de los textos aceptados autorizan, mediante la firma del “Documento de autorización de uso de derechos de propiedad intelectual”, la utilización de los derechos patrimoniales de autor (reproducción, comunicación pública, transformación y distribución) a la Universidad de los Andes, para incluir el texto en la Revista (versión impresa y versión electrónica). En este mismo documento los autores confirman que el texto es de su autoría y se respetan los derechos de propiedad intelectual de terceros.

Revisión por pares/responsabilidad de los evaluadores

A la recepción de un artículo, el equipo editorial evalúa si cumple con los requisitos básicos exigidos por la Revista.

El equipo editorial establece el primer filtro, teniendo en cuenta formato, calidad (objetivo, marco teórico, metodología, conclusiones y bibliografía). Después de esta primera revisión, se definen los artículos que iniciarán el proceso de arbitraje. Los textos son, en esta instancia, sometidos a la evaluación de pares académicos anónimos y al concepto del equipo editorial, quien se reserva la última palabra de los contenidos a publicar. El resultado será comunicado al autor en un período de hasta seis meses a partir de la recepción del artículo. Cuando el proceso de evaluación exceda este plazo, el editor deberá informar al autor dicha situación.

Todos los artículos que pasen el primer filtro de revisión serán sometidos a un proceso de arbitraje a cargo de evaluadores pares, quienes podrán formular sugerencias

al autor, señalando referencias significativas que no hayan sido incluidas en el trabajo. Estos lectores son, en su mayoría, externos a la institución y en su elección se busca que no tengan conflictos de interés con las temáticas sobre las que deben conceptuar. Ante cualquier duda se procederá a un remplazo del evaluador.

La Revista cuenta con un formato que contiene preguntas con criterios cuidadosamente definidos, que el evaluador debe responder sobre el artículo objeto de evaluación.

A su vez, tiene la responsabilidad de aceptar, rechazar o aprobar con modificaciones el artículo arbitrado. Durante la evaluación, tanto los nombres de los autores como de los evaluadores serán mantenidos en completo anonimato.

Responsabilidades editoriales El equipo editorial de la Revista, con la participación de los comités editorial y científico, es responsable de definir las políticas editoriales para que la Revista cumpla con los estándares que permiten su posicionamiento como una reconocida publicación académica. La revisión continua de estos parámetros asegura que la Revista mejore y llene las expectativas de la comunidad académica.

Así como se publican normas editoriales, que la Revista espera sean cumplidas en su totalidad, también deberá publicar correcciones, aclaraciones, rectificaciones y dar justificaciones cuando la situación lo amerite.

El equipo es responsable, previa evaluación, de la escogencia de los mejores artículos para ser publicados.

Esta selección estará siempre basada en la calidad y relevancia del artículo, en su originalidad y contribuciones al conocimiento social. En este mismo sentido, cuando un artículo es rechazado la justificación que se le da al autor deberá orientarse hacia estos aspectos.

El editor es responsable del proceso de todos los artículos que se postulan a la Revista, y debe desarrollar mecanismos de confidencialidad mientras dura el proceso de evaluación por pares hasta su publicación o rechazo.

Cuando la Revista recibe quejas de cualquier tipo, el equipo debe responder prontamente de acuerdo a las Normas establecidas por la publicación, y en caso de que el reclamo lo amerite, debe asegurarse de que se lleve a cabo la adecuada investigación tendiente a la resolución del problema.

Cuando se reconozca falta de exactitud en un contenido publicado, se consultará al comité editorial, y se harán las correcciones y/o aclaraciones en la página Web de la Revista.

Tan pronto un número de la Revista salga publicado el editor tiene la responsabilidad de su difusión y distribución a los colaboradores, evaluadores y a las entidades con las que se hayan establecido acuerdos de intercambio, así como a los repositorios y sistemas de indexación nacionales e internacionales. Igualmente, el editor se ocupará del envío de la Revista a los suscriptores activos.

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Revista de Estudios Sociales · Universidad de los Andes

E D I T O R I A L

P O L I C Y

Instructions for Authors Types of articles, submission dates and guidelines

The Revista de Estudios Sociales (RES) publishes previously unpublished articles in Spanish, English and Portuguese that present the results of research in the social sciences, and reflections or theoretical reviews that contribute to relevant debates in this field. The RES also publishes bibliographical reviews and essays with a critical orientation on topics proper to fields such as anthropology, history, sociology, political science, philosophy, psychology, and cultural studies. In exceptional cases, articles that have been published previously may also be included, but only when their relevance within the discussions and problem areas dealt with in the journal is recognized, as well as their contribution to the consolidation of dialogue and the exchange of ideas in current academic debates. All the articles published have a DOI identification number which, according to international editorial policies, must be cited by the authors who use the contents, along with the abbreviated title of the journal: rev.estud.soc.

Submission deadlines for open-topic articles and issue-specific topics are announced in each call for papers.

For publication in RES, articles must be sent directly in the form posted on the journal’s web page at http://res. uniandes.edu.co or by e-mail to res@uniandes.edu.co . The articles submitted should not be undergoing evaluation nor have any commitments for publication elsewhere.

Receipt of a text will be acknowledged immediately and the results of its evaluation will be made known within a maximum period of six months.

All articles submitted for publication in RES undergo a plagiarism-detection process. When plagiarism – either total, or partial (i.e., without the corresponding citation) – is detected, the text will not be considered for evaluation and the author will be notified of the reason for its rejection.

Given the large number of articles submitted in each call for papers, the journal will not publish more than one article by the same author within a two-year period.

Editorial Policy

When an article is received, the Editorial Board assesses it to see whether it meets the basic requirements established for publication by the journal. All articles accepted for consideration are subjected to a peer-review process in which the evaluators can also make suggestions to the author regarding the article. The names of the authors and

the evaluators will remain anonymous throughout the evaluation process. The final decision to either publish or reject an article is made by the Editorial Board, based on the results of the peer evaluation, and is communicated to the author in writing by the editor of RES. Observations made by the evaluators and by the Editorial Board must be taken into account by the author, who will make the necessary adjustments within the time limit set by the editor. The Editorial Board has the final say regarding the publication of articles and the issue in which each article will be published. The author will be informed of the decision immediately, provided that all required documentation has been presented within the established deadlines. During the editing process, authors may be called on to resolve any doubts that arise, but the journal reserves the right to proofread and correct any minor errors detected in the text. E-mail will normally be used for communicating with the author during the evaluation and editing processes.

Instructions for Submitting Articles

All articles submitted must comply with the following requirements established for publication in RES: •

• •

•

They should be submitted in Word format, US letter, Times New Roman 12-point font, paginated, 1½ Line spacing, with 2.5cm margins. Footnotes should be set in Times New Roman 10-point font, single spaced.

Articles should be from 7,000 to 10,000 words long, including abstracts, key words and footnotes.

Every article must include an abstract of no more than 120 words, and a list of 3 to 6 key words to identify the article and indicate precise topics it deals with. The title, abstract and key words must all be presented in English as well as in Spanish, and both versions are to be included in the form for submitting articles.

Have between 3 and 6 key words which identify the article, in English as well as in Spanish. It is necessary that both groups be included in the form for sending articles. The key words should reflect the contents of the document and it is therefore necessary thatthey point out the precise themes of the article, covering the areas of knowledge in which they fall and the principle concepts. It is recommended that the terms and hierarchies in the bibliographical lists (THESAURUS) be reviewed and correspondence between titles,

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• •

•

summaries and key words be sought.

Articles should be written in language that is accessible to readers from a variety of different fields.

Author information must be presented in a separate document and details should include the full name, address, phone number, e-mail address, academic degrees, institutional affiliation, current position, current studies, and publications in books and journals. This separate sheet should also indicate the research study on which the article is based and how it was funded.

When the contents used have a DOI identification number, it should be included in the list of references.

Stylistic Rules •

• •

The first time an acronym or abbreviation is used, it should be placed in parentheses immediately following the full form to which it corresponds. On subsequent occasions, the acronym or abbreviation will be used alone.

Long quotations of four lines or more must be indented, single spaced, in 11-point font, without quotation marks.

Revista de Estudios Sociales uses the Chicago Manual of Style Author-Date References for presenting citations and references included in the articles it publishes. The rules regarding punctuation details (comma, period, colon, parentheses, etc.) and the data requirements in citations and references information must be observed. The bibliography must include all references that have been cited in the text (in a 1 to 1 relationship), numbered consecutively, and in alphabetical order. The complete names of authors and/or editors must be included in each one of the references.

The following examples are presented to show the differences between the brief parenthetical form of citation to be used within the text (T), and the full form of citation to be used in the bibliography (B).

Book by a single author: T: (Abello 2003) B: Abello, Ignacio. 2003. Violencias y culturas. Bogota: Universidad de los Andes – Alfaomega Colombiana.

Book by two or three authors: T: (Drennan, Herrera and Uribe 1989, 27) B: Drennan, Robert, Luisa Fernanda Herrera y Carlos Alberto Uribe. 1989. Cacicazgos prehispánicos del Valle de la Plata. El contexto medioambiental de la ocupación humana.

Tomo 1. Bogotá: Pittsburg University – Universidad de los Andes.

Book by four or more authors: T: (Laumann et al. 1994) B: Laumann, Edward, John Gagnon, Robert Michael and Stuart Michaels. 1994. The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States. Chicago: University of Chicago Press.

Book chapter: T: (Saldarriaga 2004, 32-33) B: Saldarriaga, Lina María. 2004. “Aprendizaje cooperativo”. In Competencias ciudadanas: de los estándares al aula. Una propuesta integral para todas las áreas académicas, edited by Enrique Chaux, Juanita Lleras y Ana María Velásquez, 102-135. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional – Universidad de los Andes.

Introduction, preface o presentation: T: (Sanders 2014, 15) B: Sanders, James. 2014. Introduction / preface / presentation to The Vanguard of the Atlantic World: Creating Modernity, Nation, and Democracy in NineteenthCentury Latin America. Durham: Duke University Press.

Magazine article (print or online): T: (Aguilar 2008, 27) B: Gutiérrez Rivera, Lirio. 2008. “Assimilation or Cultural Difference? Palestinian Immigrants in Honduras”. Revista de Estudios Sociales 48: 57-68. http://dx.doi.org/10.7440/ res48.2014.05.

When the reference to an article in a journal includes a volume and issue number, it will be cited in the following way: Last name, First name. Title of article. Name of journal, volume, n°: page numbers.

Example: Guttman, Allen. 2003. “Sport, Politics and the Engaged Historian”. Journal of Contemporary History 38 (3): 363-375.

Press article (with author and without it): T: (Martin 2002) B: Martin, Steve. 2002. “Sports-interview Shocker”.

New Yorker, 6 May, 30, http://www.cabrini.edu/Library/ documents/ChicagoStyleGuide.pdf.

T: (“Aprenda usted a vivir” 1966) B: “Aprenda usted a vivir: nuestro enemigo cada día”. 1966.

El Correo, 22 January, 12.

Book review: T: (Duque 2008) B: Duque, Juliana. 2008. Review of Alimentación, género y pobreza en los Andes ecuatorianos, by Mary Weismantel.

Revista de Estudios Sociales 29: 177-178.

Thesis or dissertation: T: (Amundin 1991, 22-29) B: Amundin, Mats. 1991. “Click Repetition Rate Patterns in Communicative Sounds from the Harbour Porpoise, Phocoena phocoena.” PhD diss., Stockholm University, Sweden.

Paper presented at a meeting or conference: T: (Doyle 2002) B: Doyle, Brian. 2002. “Howling Like Dogs: Metaphorical Language in Psalm 59.” Paper presented at the annual international meeting for the Society of Biblical Literature.

The University of Chicago.

Online documents: T: (Sabo 2000) B: Sabo, Don. 2000. Comprender la salud de los hombres: un enfoque relacional y sensible al género. Organización Panamericana de La Salud. <www.bvs-psi.org.br>.

Note: Ibid, ibidem or op. cit. should not be used in these cases.

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•

Articles that include source files should present the references in numbered footnotes, so as to facilitate the reader’s identification of and access to the documents in the corresponding file. It is necessary to indicate the following: Abbreviation of the name of the file, Section, Source, vol./leg./t., f. o ff. (place, date and other relevant information). The complete name of the file, followed by its abbreviated form set in parentheses, is used the first time a file is cited; the abbreviation is used alone in subsequent citations. All primary references should be placed on a separate reference list at the end of the text, before the bibliography.

Tables, graphs and illustrations should also be presented on a separate page at the end of the text. Images must be submitted in high-quality digital format. The author is responsible for obtaining authorization to reproduce figures that require it.

It is necessary to indicate the place where each table/ graph/illustration is to be located within the text. The corresponding instruction should be set in brackets at the exact point where the item should be placed in the text, as shown in the following example: [Insert Table 1 here.]

•

Moderate use of tables, graphs and illustrations is recommended.

Instructions for Submitting Reviews •

• •

•

Reviews should be presented in Word format, US letter, Times New Roman 12-point font, paginated, single spaced, with 2.5 cm margins.

They should be from 2 to 6 pages long.

They must include complete information about the text reviewed: author, title, date, city, publisher, total number of pages.

Author information must be included in the same document: name, academic degrees, institutional affiliation, current position, current studies, e-mail address.

Directions for authors •

•

•

Each author whose work is published will receive 2 courtesy copies of the issue of Revista de Estudios Sociales in which the article appears.

Authors and/or copyright holders of articles that are accepted will assign the copyrights (reproduction, public communication, transformation and distribution) to the School of Social Sciences of the Universidad de los Andes in order for the work to be included in Revista de Estudios Sociales (print version and electronic version).

In order for an article to be used in another publication at a later date, its original publication in Revista de Estudios Sociales must be clearly acknowledged and formal permission for its use must obtained from RES.

Ethic Guidelines Publication and authorship

La Revista de Estudios Sociales is the journal of the Faculty of Social Sciences at Universidad de los Andes who finances the publication. It is located in the Franco Building, Of. GB-417. The web page of the journal is http:// res.uniandes.edu.co/ and its e-mail address res@uniandes. edu.co Contact telephone is 3394999, extension 4819.

The structure of its organization is as follows: a director, an editor, an assistant editor, an editorial committee and a scientific committee who guarantee the quality and relevance of the contents of the journal. The members are evaluated annually in relation to their academic production in other national and international journals.

The articles submitted to the journal must be original and unpublished and must not be in an evaluation process or have an editorial commitment to any other publication.

If the manuscript is accepted, the editors expect that its appearance will precede republication of the essay, or any significant part thereof, in another work. If the author of an article wants to include it in another publication, the details of the original publication must be clearly stated by the journal where it will be published and must be authorized by the editor of the journal.

In the same way when the journal is interested in publishing an article that has been previously published it will ask for permission from the editorial charged of the first publication.

Author responsibilities

Authors must submit their articles through the following link and send them to the following addresses: res@ uniandes.edu.co within the dates set by the magazine for their submission. The magazine has instructions of public access for the authors that contain the guidelines for the presentation of the articles and reviews, as well as editorial procedures which can be accessed in: http://res. uniandes.edu.co/page.php?c=Politica+Editorial and in all the printed versions of the journal.

Although the articles approved by editorial teams take into account criteria of quality, research rigor and the evaluation by peers. The responsibility for the ideas expressed in the article rest upon the authors, as well as his ethical level.

The authors must specifically make clear that the essay written by them respects the intellectual property rights of third parties. If they use material which is not their property it is their responsibility to obtain due permission for their use in publication, be it illustrations, maps diagrams, photographs, etc.

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They also agree to submit their texts to evaluation by two external peers and must take into account their observations as well as those made by the Editorial Board. These should be noted by the author to make the necessary adjustments. The author, in the time limit indicated by the journal editor, must carry out the modifications and corrections of the manuscript. Once the modified article is submitted, the author will be notified of its complete approval.

When the manuscripts submitted to the journal are not accepted for publication the editor will notify the author in writing, explaining the reasons why it will not be published.

During the editing process, editors may consult the authors to clarify any doubts. Both in the process of evaluation and edition any communication with the authors will be by electronic means preferably.

The Editorial Board will reserve rights regarding the publication of the articles and the issue in which they will be published. The publication date will be observed once the author submits the required documentation within the time frame previously indicated. The journal reserves the right to make minor corrections of style.

The authors of approved manuscripts authorize the use of intellectual property rights by signing the ‘Document of authorization of intellectual property rights use’ and the usage of the author’s patrimonial rights (reproduction, public communication, transformation and distribution) to the Universidad de los Andes, in order to include the text in the journal (both printed and electronic versions). In this same document the authors confirm that they are the authors of the text and that intellectual property rights of third parties are respected in the text.

Peer review / responsibility for the reviewers

Upon receipt of an article, the editorial team evaluates it to see whether it meets the basic requirements stipulated by the journal. The editorial team establishes the first filter, taking into account both format and quality (objective, theoretical framework, methodology, conclusions and bibliography). After this first review, it is decided which articles will begin the arbitration process. At this point, the texts are subjected to anonymous peer review, as well as to assessment by the editorial team, which has the last word regarding which contents will be published. The results will be communicated to the author within a period of six months from the date of receipt of the article. When the evaluation process exceeds this time limit, the editor must inform the author of said situation.

All articles that pass the first revision filter will be submitted to an evaluation process by peer reviewers, who can make suggestions to the author, pointing out possibly significant references to the author which have not been included in the essay. These readers are generally

externalto the institution and are chosen taking into account they do not have interests that might conflict with the topics they are evaluating. If there are any doubts the evaluator will be replaced.

The journal uses a format that contains questions with carefully defined criteria that must be answered by the evaluator about the article. He or she has the responsibility of accepting or refusing the article or approving modifications to it. During this process the journal will under no circumstances reveal the name of the author of the article being evaluated. In the same way the journal protects the identity of reviewers. During the evaluation both the names of the authors as well as those of the reviewers will not be disclosed.

Editorial responsibilities

The Editorial Board of the journal composed of scientific and editorial teams, is responsible for defining the editorial policies so that the journal sustains the standards of a renowned academic publication. These guidelines are constantly reviewed to improve the journal and fulfill the expectations of the academic community.

Just as the journal expects editorial norms be to be observed, it must also publish corrections, clarifications, retractions and apologies when needed.

The Editorial Board is responsible for the choice of the best articles to be published after evaluation. This selection will always be based on the quality and relevance of the article, as well as its originality and contributions to the social knowledge. In the same way, when an article is refused, the justification given to the author must take these aspects into consideration.

The editor is responsible for the procedure of all the articles submitted to the magazine, and must develop confidential mechanisms during the evaluation process that leads to its publication or refusal.

When the magazine receives complaints of any kind the team must answer promptly according to the norms established for publication, and in case the complaint is justified it must make sure the necessary investigation is carried out to solve the problem.

When there is a mistake in a published content it must be promptly corrected and announced in the Web site of the journal.

As soon as a volume of the journal is published the editor has the responsibility of its diffusion and distribution to contributors, reviewers and institutions with whom exchange agreements have been established, as well as national and international repositories and indexation systems. In the same way the editor will be in charge of sending the journal to active subscribers.

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P O L Í T I C A

E D I T O R I A L

Normas para os autores Tipo de artigos, datas e modalidades de recepção

A Revista de Estudios Sociales (RES) publica artigos inéditos em espanhol, inglês ou português que apresentarem resultados de pesquisa em ciências sociais e reflexões ou revisões teóricas que contribuam para o debate nesse campo. A RES publica também resenhas e ensaios bibliográficos com orientação crítica sobre temas próprios de disciplinas como antropologia, história, sociologia, ciência política, filosofia, psicologia e estudos culturais. Em casos excepcionais, incluem-se artigos que já tenham sido publicados contanto que sejam reconhecidas sua pertinência nas discussões e problemáticas abordadas na Revista, e sua contribuição para a consolidação do diálogo e do intercâmbio de ideias nos debates atuais da academia. Todos os artigos publicados contam com um número de identificação DOI que, de acordo com as políticas editoriais internacionais, deve ser citado pelos autores que utilizam os conteúdos, bem como o título abreviado da Revista: rev.estud.soc.

As datas de recepção de artigos de tema aberto e para dossiê serão informadas nos respectivos editais. Os artigos devem ser enviados por meio do formulário que se encontra na página web http://res.uniandes.edu.co ou pelo e-mail res@uniandes.edu.co. Os artigos apresentados não devem estar em processo de avaliação nem ter compromissos editoriais com nenhuma outra publicação. A recepção de um texto será acusada de imediato e os resultados da avaliação serão informados num prazo máximo de seis meses.

A Revista submete todos os artigos que recebe em seus editais à ferramenta de detecção de plágio. Quando se detecta que um texto foi usado sem a citação correspondente (total ou parcialmente), este não é enviado à avaliação e o autor é notificado sobre o motivo da recusa.

Considerando a quantidade de artigos que a Revista de Estudios Sociales recebe em cada edital, não se publicarão artigos de um mesmo autor em um período de dois anos.

Avaliação de artigos e processo editorial

Ao receber um artigo, o Corpo Editorial confere se este cumpre com os requisitos básicos exigidos pela Revista.

Em seguida, os artigos são submetidos a um processo de arbitragem sob a responsabilidade de pares avaliadores, os quais podem formular sugestões ao autor. Durante a avaliação, tanto os nomes dos autores quanto os dos avalia-

dores se manterão no anonimato. A decisão final de publicar ou recusar os artigos é tomada pelo Corpo Editorial, com base nos relatórios apresentados pelos avaliadores; essa decisão é comunicada ao autor por meio de um conceito escrito emitido pelo Editor da Revista.

As observações dos avaliadores, bem como as do Corpo Editorial, deverão ser consideradas pelo autor, o qual fará os ajustes solicitados no prazo estipulado pela Revista. A data de publicação informada pelos editores se cumprirá contanto que o autor faça chegar toda a documentação solicitada no prazo indicado. Durante o processo de edição, os autores poderão ser consultados pelos editores para resolver as dúvidas existentes. No entanto, a Revista se reserva o direito de fazer correções de estilo menores.

Tanto no processo de avaliação quanto no de edição, o e-mail constitui o meio de comunicação privilegiado com os autores.

Parâmetros para a apresentação de artigos É requisito indispensável que, no momento do envio, os artigos cumpram com os parâmetros estabelecidos pela RES descritos a seguir.

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Estarem escritos em formato Word, em letra Times New Roman tamanho 12, com entrelinha 1 ½ , paginado, em papel tamanho carta e com margens de 2,5 cm. As notas de rodapé devem estar em Times New Roman 10 e entrelinha simples.

Terem uma extensão entre 7.000 e 10.000 palavras no total, incluídos os resumos e as palavras-chave, a bibliografia e as notas de rodapé, entre outros.

Terem resumo do artigo em espanhol não superior a 120 palavras, e sua respectiva tradução ao inglês. O título do texto deve ser apresentado também em ambos os idiomas.

Terem entre três e seis palavras-chaves que identifiquem o artigo, tanto em inglês quanto em espanhol. Essas palavras devem refletir o conteúdo do documento e, por isso, é necessário que indiquem as temáticas precisas do artigo e resgatem as áreas de conhecimento nas quais se inscreve, bem como os principais conceitos. Recomenda-se revisar os termos e hierarquias estabelecidos nas listas bibliográficas (TESAUROS) e procurar correspondência entre títulos, resumos e palavras-chave.

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Estarem escritos em uma linguagem acadêmica acessível a públicos de diferentes disciplinas.

Em um arquivo separado, incluir os dados dos autores: títulos acadêmicos, lugar de trabalho ou estudo atual, grupo de pesquisa ao qual pertencem, últimas duas publicações e e-mail.

Nesse mesmo arquivo, incluir a informação de procedência do artigo. No caso de este ser resultado de uma pesquisa, incluir a informação do projeto do qual faz parte e o nome da instituição financiadora.

Quando os conteúdos utilizados tiverem um número de identificação DOI, este deve ser incluído na lista de referências.

Regras de edição •

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A primeira vez que se use uma sigla ou abreviatura, esta deverá ir entre parênteses depois da fórmula por extenso; nas seguintes citações, será usada unicamente a sigla ou abreviatura.

As citações textuais que ultrapassarem quatro linhas devem ser colocadas em formato de citação longa, com espaço simples, tamanho de letra 11 e margens reduzidas.

RES utiliza do formato Author-Date References do Chicago Manual of Style para apresentar as citações e referências incluídas no artigo. Devem ser considerados todos os detalhes de pontuação exigidos (vírgula, ponto, dois-pontos, parênteses etc.) e a informação requerida. A lista bibliográfica deve incluir as referências que foram citadas no texto (em uma relação 1 a 1), enumeradas e em ordem alfabética. É indispensável incluir os nomes completos dos autores e/ou editores em cada uma das referências.

A seguir, apresentam-se alguns exemplos que mostram as diferenças entre a forma de citar no texto (T) e a forma de citar na lista bibliográfica (B).

Livro de só um autor: T: (Abello 2003) B: Abello, Ignacio. 2003. Violencias y culturas. Bogotá: Universidad de los Andes – Alfaomega Colombiana.

Livro de dois ou três autores: T: (Drennan, Herrera e Uribe 1989, 27) B: Drennan, Robert, Luisa Fernanda Herrera e Carlos Alberto Uribe. 1989. Cacicazgos prehispánicos del Valle de la Plata. El contexto medioambiental de la ocupación humana.

Tomo 1. Bogotá: Pittsburg University – Universidade de Los Andes.

Quatro ou mais autores: T: (Laumann et al. 1994) B: Laumann, Edward, John Gagnon, Robert Michael e Stuart Michaels. 1994. The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States. Chicago: University of Chicago Press.

Capítulo de livro: T: (Saldarriaga 2004, 32-33) B: Saldarriaga, Lina María. 2004. “Aprendizaje cooperativo”.

Em Competencias ciudadanas: de los estándares al aula. Una propuesta integral para todas las áreas académicas, editado por Enrique Chaux, Juanita Lleras e Ana María Velásquez, 102-135. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional – Universidad de los Andes.

Introdução, prefácio o apresentação: T: (Sanders 2014, 15) B: Sanders, James. 2014. Introdução / prefácio / apresentação a The Vanguard of the Atlantic World: Creating Modernity, Nation, and Democracy in NineteenthCentury Latin America. Durham: Duke University Press.

Artigo de revista (impresso ou on-line): T: (Aguilar 2008, 27) B: Gutiérrez Rivera, Lirio. 2008. “Assimilation or Cultural Difference? Palestinian Immigrants in Honduras”. Revista de Estudios Sociales 48: 57-68. http://dx.doi.org/10.7440/ res48.2014.05.

Caso a revista tenha volume e número, será citada da seguinte maneira: Sobrenome, Nome. Ano. Título. Nome da revista volume, n.: páginas.

Exemplo: Guttman, Allen. 2003. “Sport, Politics and the Engaged Historian”. Journal of Contemporary History 38 (3): 363-375.

Artigo de imprensa (com ou sem autor): T: (Martin 2002) B: Martin, Steve. 2002. “Sports-interview Shocker”. New Yorker, 6 de maio, 30, http://www.cabrini.edu/Library/ documents/ChicagoStyleGuide.pdf.

T: (“Aprenda usted a vivir” 1966) B: “Aprenda usted a vivir: nuestro enemigo cada día”. 1966.

El Correo, 22 de janeiro, 12.

Resenha de livro: T: (Duque 2008) B: Duque, Juliana. 2008. Resenha do livro Alimentación, género y pobreza en los Andes ecuatorianos, de Mary Weismantel. Revista de Estudios Sociales 29: 177-178.

Dissertação ou Tese: T: (Amundin 1991, 22-29) B: Amundin, Mats. 1991. “Click Repetition Rate Patterns in Communicative Sounds from the Harbour Porpoise, Phocoena phocoena”. Tese de Doutorado, Stockholm University.

Palestras: T: (Doyle 2002) B: Doyle, Brian. 2002. “Howling Like Dogs: Metaphorical Language in Psalm 59”. Palestra apresentada no Annual International Meeting for the Society of Biblical Literature. The University of Chicago.

Documentos recuperados da internet: T: (Sabo 2000) B: Sabo, Don. 2000. Comprender la salud de los hombres: un enfoque relacional y sensible al género. Organização Pan-americana da Saúde. <www.bvs-psi.org.br>.

Nota: em nenhum caso, utilizam-se as expressões op. cit., ibid. ou ibidem.

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•

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Os artigos que incluírem fontes de arquivo devem apresentar as referências em notas de rodapé numeradas a fim de facilitar ao leitor a identificação e o acesso aos documentos no arquivo correspondente. É necessário indicar: siglas do arquivo, seção, fundo, vol./ leg./t., f. ou ff. (lugar, data e outros dados pertinentes).

Na primeira vez, cita-se o nome completo do arquivo com a abreviatura entre parênteses; depois, somente a abreviatura. Ao final do texto, devem apresentar todas as referências primárias em uma lista separada da lista bibliográfica.

Apresentar os quadros, tabelas, imagens e gráficos numerados ao final do documento e, para o caso de imagens ou gráficos muito pesados, em um arquivo separado (JPG ou TIFF 300 DPI e 240 pixels). O autor é o responsável pela organização e entrega da licença para a publicação das imagens que o requeiram à Revista. É necessário que dentro do texto se identifique o lugar no qual se localiza cada quadro, tabela, imagem ou gráfico. Essa instrução deve ser apresentada entre colchetes, da seguinte maneira: [Inserir Quadro 1 aqui]

•

Esses recursos devem ser incluídos em número moderado e procurando sempre que sejam claros, legíveis e pertinentes para a argumentação do artigo.

Parâmetros para a apresentação de resenhas •

• • •

•

Estarem escritas em formato Word, em letra Times New Roman tamanho 12, paginado, em papel tamanho carta e com margens de 2,5 cm.

Terem uma extensão entre 4 e 12 páginas (entrelinha dupla).

Incluírem dados completos do texto resenhado (autor, título, data, cidade, editora e páginas totais).

Incluírem os dados do autor: títulos acadêmicos, lugar de trabalho ou estudo atual, grupo de pesquisa ao qual pertence e e-mail.

Espera-se que as resenhas não somente deem conta do conteúdo do livro, mas também incorporem uma perspectiva crítica e analítica deste.

Indicações para os autores • •

•

Cada autor receberá dois exemplares de cortesia da RES. Os autores ou titulares dos artigos aceitos autorizam a utilização dos direitos patrimoniais de autor (reprodução, comunicação pública, transformação e distribuição) à Universidade dos Andes/Faculdade de Ciências Sociais, para incluir seu texto na RES (versão impressa e eletrônica).

Caso um artigo queira ser incluído posteriormente em outra publicação, devem ser indicados claramente os dados da publicação original na RES, com autorização prévia do Corpo Editorial da Revista.

Políticas éticas Publicação e autoria

A Revista de Estudios Sociales faz parte da Faculdade de Ciências Sociais da Universidad de los Andes, encarregada do suporte financeiro da publicação. Sua sede se encontra no Edifício Franco, escritório GB-417. A página da Revista é http://res.uniandes.edu.co, e seu e-mail é res@uniandes.edu. co. O telefone para contato é (57 1) 339-4999, ramais 4819.

Conta com a seguinte estrutura: um diretor, um editor, um assistente editorial, um comitê editorial e um comitê científico, os quais garantem a qualidade e pertinência dos conteúdos da Revista. Os membros são avaliados anualmente em função de seu reconhecimento na área e de sua produção acadêmica, visíveis em outras revistas nacionais e internacionais.

Os artigos apresentados à Revista devem ser originais e inéditos e não devem estar simultaneamente em processo de avaliação nem ter compromissos editoriais com nenhuma outra publicação. Se o texto for aceito, os editores esperam que seu aparecimento anteceda a qualquer outra publicação total ou parcial do artigo. Se o autor de um artigo quiser incluí-lo posteriormente em outra publicação, a Revista na qual se pretende publicar deverá indicar claramente os dados da publicação original e possuir prévia autorização solicitada ao editor da Revista.

Do mesmo modo, quando a Revista tiver interesse em publicar um artigo já publicado previamente, compromete-se a pedir a autorização correspondente à editora que realizou a primeira publicação.

Responsabilidades do autor

Os autores devem remeter seus artigos pelo link e enviá-los aos seguintes correios eletrônicos: res@uniandes.edu.co nas datas estabelecidas pela Revista para a recepção dos artigos. A Revista possui normas para os autores de acesso público que contêm as pautas para a apresentação dos artigos e resenhas, bem como as regras de edição. Elas podem ser consultadas em: http://res.uniandes.edu.co/page.php?c=Politica+Editorial e na versão impressa da Revista.

Ainda que as equipes editoriais aprovem os artigos com base em critérios de qualidade, rigorosidade investigativa e considerem a avaliação realizada por pares, são os autores os responsáveis pelas ideias expressas no texto bem como pela idoneidade ética dele.

Os autores devem deixar explícito que o texto é de sua autoria e que nele se respeitam os direitos de propriedade intelectual de terceiros. Se for utilizado material que não seja de propriedade dos autores, é responsabilidade deles se assegurarem de ter as autorizações para o uso, reprodução e publicação de quadros, gráficos, mapas, diagramas, fotografias etc.

Revista de Estudios Sociales · Universidad de los Andes

Além disso, os autores aceitam submeter seus textos às avaliações de pares externos e se comprometem a considerar as observações dos avaliadores bem como as do Corpo Editorial para a realização dos ajustes solicitados.

Essas modificações e correções do texto deverão ser realizadas pelo autor no prazo que o editor da Revista indicar.

Assim que a Revista receber o artigo modificado, será informado ao autor sobre sua completa aprovação.

Quando os textos submetidos à Revista não forem aceitos para publicação, o editor enviará uma notificação escrita ao autor na qual se explicarão os motivos pelos quais seu texto não será publicado pela Revista.

Durante o processo de edição, os autores poderão ser consultados pelos editores para resolver dúvidas. Tanto no processo de avaliação quanto no de edição, o correio eletrônico constitui o meio de comunicação privilegiado com os autores.

O Corpo Editorial tem a última palavra sobre a publicação dos artigos e sobre o número no qual serão publicados. Essa data se cumprirá sempre que o autor tiver enviado toda a documentação que lhe foi solicitada no prazo indicado. A Revista tem o direito de fazer revisões menores de estilo.

Os autores dos textos aceitos autorizam, mediante a assinatura do “Documento de autorização de uso de direitos de propriedade intelectual”, a utilização dos direitos patrimoniais do autor (reprodução, comunicação pública, transformação e distribuição) pe la Universidad de los Andes, para incluir o texto na Revista (versão impressa e eletrônica). Nesse mesmo documento, os autores confirmam que o texto é de sua autoria e se respeitam os direitos de propriedade intelectual de terceiros.

Revisão por pares/responsabilidade dos avaliadores

Ao receber um artigo, a equipe editorial avalia se este cumpre com os requisitos básicos exigidos pela Revista.

A equipe editorial estabelece um primeiro filtro considerando formato, qualidade (objeto, referencial teórico, metodologia, conclusões e bibliografia). Depois dessa primeira avaliação, definem-se os artigos que entrarão no processo de arbitragem. Os textos são, nesse momento, submetidos à avaliação de pares acadêmicos anônimos e ao conceito da equipe editorial, a qual reserva a última palavra sobre os conteúdos a serem publicados. O resultado será comunicado ao autor num período de até seis meses a partir do recebimento do artigo. Quando o processo de avaliação ultrapassar esse prazo, o editor deverá informar a situação ao autor.

Todos os artigos que passarem pelo primeiro filtro de revisão serão submetidos a um processo de arbitragem a cargo de pares avaliadores, os quais poderão formular sugestões ao autor e indicar referências significativas que não tenham sido incluídas no trabalho. Esses leitores são, em sua maioria, externos à instituição e, em sua eleição,

busca-se que não tenham conflitos de interesse com as temáticas sobre as quais devem conceituar. Diante de qualquer dúvida, uma substituição do avaliador será realizada.

A Revista conta com um formato que contém perguntas com critérios cuidadosamente definidos que o avaliador deve responder sobre o artigo objeto de avaliação. Ele tem a responsabilidade de aceitar, rejeitar ou aprovar com modificações o artigo arbitrado. Durante a avaliação, tanto os nomes dos autores quanto o dos avaliadores serão mantidos em completo anonimato.

Responsabilidades editoriais

O Corpo Editorial da Revista, com a participação dos comitês editorial e científico, é responsável pela definição das políticas editoriais para que a Revista cumpra com os padrões que permitem seu posicionamento como uma reconhecida publicação acadêmica. A revisão contínua desses parâmetros garante que a Revista melhore e cumpra com as expectativas da comunidade acadêmica.

Assim como se publicam normas editoriais que a Revista espera que sejam cumpridas em sua totalidade, ela também deverá publicar correções, esclarecimentos, retificações e dar justificativas quando necessário.

O Corpo Editorial é responsável, sob prévia avaliação, da escolha dos melhores artigos para publicação. Essa seleção estará sempre baseada na qualidade e relevância do artigo, em sua originalidade e contribuições para o conhecimento social. Nesse sentido, quando um artigo é rejeitado, a justificativa dada ao autor deverá ser orientada a esses aspectos.

O editor é responsável pelo processo de todos os artigos que se postulam à Revista e deve desenvolver mecanismos de confidencialidade enquanto durar o processo de avaliação por pares até sua publicação ou recusa.

Quando a Revista receber reclamações de qualquer tipo, a equipe deve responder brevemente de acordo com as normas estabelecidas pela publicação e, caso a reclamação seja coerente, ela deve garantir que se realize a adequada investigação a fim de resolver o problema.

Quando se reconhecer falta de exatidão em um conteúdo publicado, o Comitê Editorial será consultado e serão feitas as correções e/ou esclarecimentos na página web da Revista.

Assim que um número da Revista for publicado, o editor tem a responsabilidade de sua difusão e distribuição aos colaboradores, avaliadores e às entidades com as quais se tenham estabelecido acordos de intercâmbio, bem como aos repositórios e sistemas de indexação nacionais e internacionais. Além disso, o editor se responsabilizará pelo envio da Revista aos assinantes ativos.

225

ANTIPODA 23

R E V I S T A

D E

A N T R O P O L O G Í A

Y

A R Q U E O L O G Í A

NO. 23, SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2015 · ANTROPOLOGÍA CONTEMPORÁNEA EN AMÉRICA LATINA ISSN 1900-5407 · eISSN 2011-4273 · http://antipoda.uniandes.edu.co

NOTA EDITORIAL

El pluralismo intelectual en tiempos de mediciones Mónica L. Espinosa A. .................................................................................................................................15

MERIDIANOS

Entre lugares y documentos: problematización del desplazamiento y las condiciones transnacionales del viaje y del trabajo de tripulantes corraleños Gonzalo Díaz Crovetto ...............................................................................................................................23 En el corazón del Buen Pastor. La apropiación del discurso de los derechos humanos en el contexto penitenciario colombiano Libardo José Ariza Higuera y Carolina Ángel Botero ...........................................................................45 Política y cotidianeidad: memorias del pasado reciente en Bahía Blanca (Argentina) Gabriela González .......................................................................................................................................65

PARALELOS

Radio Totopo y sus jóvenes. Instituciones comunitarias y procesos de resistencia Elena Nava Morales ................................................................................................................................... 89 “Éste es chorro”: identificaciones masculinas y aprendizajes infantiles en contextos urbanos de argentina Jesús Jaramillo ............................................................................................................................................113

PANORÁMICAS

Facultad de Ciencias Sociales Departamento de Antropología .

Cra 1a No 18 A-10 Ed. Franco, piso 6, G-417 Bogotá, Colombia

Escasez de agua y apropiación de la tierra en las Sierras Chicas de Córdoba, Argentina Adrián Koberwein ..................................................................................................................................... 139 Edenes en el desierto. Señales de caminos y lugares en la historia de la colonización de Patagonia argentina Laura Lucía Miotti, Darío Hermo, Enrique Terranova y Rocío Blanco ...........................................161

DOCUMENTOS

En un edificio el mundo: el camino-relato sensible de Uaira Uaua Mónica L. Espinosa A. .............................................................................................................................. 189

(571) 339 49 49 ext. 3483 - 2550 antipoda@uniandes.edu.co

Suscripciones y ventas | Librería Universidad de los Andes | Cra 1ª No 19-27 Ed. AU 106 | Bogotá, Colombia Tels. (571) 339 49 49 ext. 2071 – 2099 | librería@uniandes.edu.co

Colombia Internacional ISSN 0121-5612 · eISSN 1900-6004

85

Septiembre-diciembre 2015

R E V I S TA D E L D E PA R TA M E N T O D E C I E N C I A P O L Í T I C A F A C U LTA D D E C I E N C I A S S O C I A L E S • U N I V E R S I D A D D E L O S A N D E S

Editorial Carta a los lectores

13-14

Tema libre Las fugas de la democracia. Análisis económico del derecho sobre las normas de transfuguismo político en Colombia (2003-2011)

17-52

Equidad en el financiamiento de campañas en América Latina y sus implicaciones para la competitividad electoral: una mirada a las elecciones en Centroamérica, 2010-2014

53-80

Jorge Andrés Illera Cajiao y Lina Fernanda Buchely Ibarra, Universidad Icesi (Colombia)

Betilde Muñoz-Pogossian, Organización de los Estados Americanos (EE. UU.)

Incidencia de los cambios en las reglas de la competencia electoral sobre nacionalización del sistema de partidos: las estrategias de los actores políticos en Antioquia, 1997-2011

81-110

John Fredy Bedoya Marulanda y Juan Carlos Arenas Gómez, Universidad de Antioquia (Colombia)

El efecto de la experiencia escolar en el desarrollo de actitudes favorables hacia la democracia como mejor sistema político: el caso de estudiantes peruanos recién graduados del nivel secundario

111-139

La identidad estratégica de Brasil: política de defensa para un jugador global

141-169

Cooperación dependiente asociada. Relaciones estratégicas asimétricas entre Colombia y Estados Unidos

171-205

Lars Gunnar Stojnic Chávez, Pontificia Universidad Católica del Perú Marina Vitelli, Universidad Nacional de Rosario (Argentina)

Arlene B. Tickner y Mateo Morales, Universidad de los Andes (Colombia)

Documentos Honduras: hacia una reconfiguración del sistema partidario tras las elecciones generales de 2013

209-226

Elecciones regionales y municipales 2014: de la “cuota nativa” a la cuota (casi) indígena

227-245

Cecilia Graciela Rodríguez, Universidad de Salamanca (España)

Enith Pinedo Bravo, Universidad de Salamanca (España)

http://colombiainternacional.uniandes.edu.co

53

Mecanismos de difusión de los Programas de Transferencia Condicionada en América Latina. El caso chileno Cecilia Osorio Gonnet Construyendo una coalición para romper el paisaje congelado: alcances y límites de la reforma de la salud en Uruguay (2005-2014) Martín Freigedo, Guillermo Fuentes y Martín Rodríguez Araújo Instrumentalización de la acción pública en educación superior en Argentina. Políticas sobre trabajo académico y negociación colectiva Pedro Enrique Pérez y Facundo Solanas El modelo de Gobierno Abierto en América Latina. Paralelismo de las políticas públicas de transparencia y la corrupción Martín Cutberto Vera, David Rocha y María Concepción Martínez Ideas, intereses e instituciones en la política de desarrollo territorial brasileña: un estudio en el Território Meio Oeste Contestado Andréia Tecchio, Catia Grisa, Luiza Zitzke Oliveira y Ademir Antonio Cazella Transformación de las políticas de vivienda social. El Sistema de Incentivos para la Vivienda en la conformación de cuasi-mercados en Ecuador Marco Antonio Córdova

TEMAS

Lecciones de América Latina sobre las dimensiones racionales, cognitivas e institucionales del cambio de políticas Presentación del dossier Guillaume Fontaine

Conectando sures. La construcción de redes académicas entre América Latina y África Paola Andrea Bayle Violencia y autodefensas comunitarias en Michoacán, México Antonio Fuentes Díaz y Guillermo Paleta Pérez

RESEÑAS

DOSSIER

R E V I S TA D E C I E N C I A S S O C I A L E S

Año 19 No. 53 Septiembre de 2015 Cuatrimestral

Teoría y práctica de las políticas públicas de Gema Pastor Albaladejo, editora Edgar Zamora Avilés Decisiones públicas. Análisis y estudio de los procesos de decisión en políticas públicas de Bruno Dente y Joan Subirats Tania L. Zabala Peñafiel Manual de análisis y diseño de políticas públicas de Gonzalo Ordóñez-Matamoros, director Vanessa Montenegro Hidalgo Políticas públicas. Formulación, implementación y evaluación de André-Noël Roth Deubel Luis Carlos Erazo

Número anterior: ICONOS 52: Interpretaciones del estado en América Latina.

Número siguiente: ICONOS 54: Estudios críticos de la agricultura y la alimentación: perspectivas sobre el actor, las prácticas y el territorio en América Latina.

Incluida en los siguientes índices científicos: CLASE, e-revist@s, DIALNET, DOAJ, FLACSO-Andes, Fuente Académica-EBSCO, HAPI, IBSS, Social Science Journal y Sociology Collection-ProQuest, Informe Académico-Thompson Gale LatAm-Studies, LATINDEX, RedALyC, Sociological Abstracts-CSA-ProQuest, Ulrich's Periodical Directory.

Revista de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - Sede Ecuador Ventas y suscripciones: La Librería - FLACSO (lalibreria@flacso.edu.ec) Canjes: Biblioteca FLACSO (xparedes@flacso.edu.ec) • Información y colaboraciones: (revistaiconos@flacso.edu.ec) Revista Íconos: www.revistaiconos.ec

TABULA RASA Bogotá, Colombia. Revista de Humanidades. No.22 enero-junio de 2014 Disponible online en: www.revistatabularasa.org

Feminismo y feminismos: consensos y disensos Juanita Barreto Gama Márgenes de la etnicidad: de fantasmas, espectros y nomado-lógica indígena. Aportes desde una «etnografía filolítica» Leticia Katzer Horrorismo y biopolítica de la ablación.

Racializaciones de lo indio en el conflicto armado colombiano Carolina Castañeda V. Problematización, eventualización y funcionalización: La crítica en la visibilización de las subjetividades Jorge Eliécer Martínez Posada

Memoria social y territorio en la conflictividad por tierras en una comunidad indígena. Un acercamiento desde la tradición oral polítizada David Figueroa Serrano La incautación de las historias indígenas: itinerario y limitaciones del tiempo lineal en Chile Maximiliano Salinas Campos La dimensión histórica versus la banalización del paisaje. El caso del paisaje rural del departamento de Maipú Mendoza – Argentina Lorena Manzini La cuestión social y su articulación con el trabajo social Sandra del Pilar Gómez Contreras

El interminable apogeo de la interculturalidad: algunas reflexiones críticas desde la antropología y la filosofía Gonzalo Díaz Crovetto y Mario Samaniego

Trabajar en la cuestión social: trabajo sobre los otros y transformaciones en los mundos del trabajo Claudia Bermúdez Peña

Las ilusiones y los padecimientos de la emigración, el caso de los inmigrantes árabes musulmanes levantinos a Chile 1930 – 1950.

Jorge Araneda Tapia

El cuestionamiento del poder como dominio: repensar los análisis de poder en la acción social María Belén Ortega Senet

Rebeliones indígenas, movimientos socioreligiosos y procesos de territorialización.

El Dios Luciano y la Iglesia Evangélica Unida en Argentina Liliana Tamagno, Carolina Andrea Maidana, Alejandro Martínez Pasos hacia una descolonización de lo festivo Javier Reynaldo Romero Flores Conflicto y violencia: relaciones de género, expresiones culturales y distensiones emocionales Anna María Fernández Poncela

pauta-Tabula22.indd 1

Senderos de reposicionamiento a la complejidad praxiológica del trabajo social: patrimonio disciplinar enclave experiencia de fusión teoría-práctica Víctor R. Yáñez Pereira Estudios culturales: respuestas a necesidades sociales. Entrevista a Eduardo Restrepo Mónica María del Valle Reseña: La investigación en el trabajo social contemporáneo Ángela María Quintero Velásquez

01/07/2015 07:40

Revista Colombiana de Sociología 35 n .º1 , en ero -ju n io 201 2 Estado, sociedadVol.civil I S S N 01 20-1 59X y gobernanza local en contextos violentos

issn impreso 0120-159x· issn en línea 2256-5485 · volúmen 38, número 1 · ene - jun, 2015

Andrea Lampis Ph. D · Director Carolina Galindo Hernández Ph. D · Editora invitada SECCIÓN TEMÁTICA Estado, sociedad civil y gobernanza local en contextos violentos. Algunos temas para una agenda de investigación C a rol i na G a l i nd o H e r ná nd ez Procesos violentos de formación del Estado en los inicios del Frente Nacional en el Tolima, Colombia L u ka s Re h m El Plan Colombia o el desarrollo como seguridad J ua n P a b l o G u eva r a l ato r r e La militarización, un obstáculo para la gobernanza democrática de la seguridad en México S a b i na Mo r a l e s R o sa s C a r l o s A . P é r ez R i ca rt SECCIÓN GENERAL La presión sobre el derecho al territorio ancestral del pueblo afrocolombiano. El caso de la Federación de Comunidades Negras del Alto San Lorenzo J o h n He r ly n A ntó n S á n c h ez F er na nd o G a rc í a S e r r a no

www.revistacolombianasociologia.unal.edu.co Departamento de Sociología, Universidad Nacional de Colombia, Ciudad Universitaria, edificio de Sociología, Orlando Fals Borda (205) oficina 230, telefax 316 56 34, Bogotá, Colombia

Movimiento social de “piernas cruzadas”, práctica neosubjetiva y comprensión del cuerpo como lugar de lo político C laudia M e rc e de s Jim é n ez G arc é s Pensar la formación para la ciudadanía en clave espacial. Una lectura comprensiva de David Harvey y Doreen Massey Dav id An dré s V idal Ló p ez TESIS Y MONOGRAFÍAS Disposiciones, trayectorias e imaginarios sociales de Estado y ciudadanía en el proceso de reintegración de guerrilleros y paramilitares en Colombia San dra M ile na C é sp e de s M e lo RESEÑAS El precariado. Una nueva clase social, de Guy Standing E dgar Aug usto V ale ro Julio Proyecto Ensamblado en Colombia. Tomo 1.

Ensamblando estados, de Olga Restrepo Forero (editora) An dre a Lam p is

Esta revista se encuentra indexada en el ibn-Publindex de Colciencias en categoría C. En el ámbito internacional se encuentra alojada en: Latindex, Sociological Abstracts, Fuente Académica Premier-ebsco, Dialnet, Clase, Portal E-Revistas, clase, doaj y en Georgetown University - NewJour.

E-mail: revcolso_fchbog@unal.edu.co PUNTO DE VENTA · BOGOTÁ:

Centro Editorial, Facultad de Ciencias Humanas Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá ed. 205, of. 222, tel.: 3165000 ext. 16208 e-mail: editorial_fch@unal.edu.co www.humanas.unal.edu.co

UN la Librería Calle 20 n.o 7-15 Tel. 281 9003 ext. 29490 Siglo del Hombre Editores Cra. 31A no. 25B-50 / Tel. 337 7700

DISTRIBUCIÓN Y VENTAS: www.libreriadelau.com www.siglodelhombre.com

51

ENERO-JUNIO 2015

1

ISSN: 0486-6525 BOGOTÁ, COLOMBIA

Usos y sentidos contemporáneos de lo público

artículos

Introducción: Usos y sentidos contemporáneos de lo público Margarita Chaves y Mauricio Montenegro

Mantener la ambigüedad de lo común: los nuevos y disputados sentidos del ejido mexicano en la era neoliberal Gabriela Torres-Mazuera

El barrio patrimonial: imaginarios identitarios urbanos y producción de lo público en una ciudad intermedia de la Provincia de Buenos Aires Ana Cecilia Silva

“La calle es un río”: el público de los narcocorridos como “el pueblo” Rihan Yeh

¡Dios me la puso en el medio para mi remedio!: esferas públicas y producción jurídica de “la prostitución” en la Colombia actual José Miguel Nieto Olivar

El activismo burocrático y la vida mundana del estado. Las madres comunitarias como burócratas callejeras y el programa de cuidado de niños Hogares Comunitarios de Bienestar Lina Fernanda Buchely Ibarra

Cuestiones de método

El delito económico y los modos neoliberales de gobierno: el ejemplo de la región mediterránea Beatrice Hibou

Los entramados de lo público: república, plebe, publicidad y población Francisco A. Ortega

Temas diversos

Antes y después del centro cultural: renovación urbana y desplazamiento en Bogotá Diana Carolina Urbina Vanegas

Antropología y “estudios de la violencia” en Colombia: en busca de una perspectiva crítica Juan Pablo Vera Lugo

Reflexiones conmemorativas

Tendencias temáticas de la Revista Colombiana de Antropología. Primera etapa: 1953-1988 Carlos Andrés Meza y Vivian Andrea Ladino Rodríguez

Usos y abusos de la bibliometría Yuri Jack Gómez-Morales

reseña

Michael A. Uzendoski. Los napo runa de la Amazonía ecuatoriana. Quito: Abya-Yala, 2010 Jairo Tocancipá Falla

Contacto: Línea gratuita en Bogotá: 018000 3426042 Fuera de Bogotá: 018000 119811 Correo electrónico: rca.icanh@gmail.com Página web: www.icanh.gov.co/publicaciones

Precio volumen actual: $ 20.000 Puntos de venta: · Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) Librería: Calle 12 n.° 2-41, Bogotá, Colombia Tel: (571) 444 0544 ext. 118 · Principales librerías colombianas

Co-herencia Revista de Humanidades Universidad EAFIT - Departamento de Humanidades ISSN 1794-5887 - Vol. 12, No. 22 (enero - junio) 2015 Medellín, Colombia

Contenido New Approaches to the novel: From Terra Nostra to twitter literature Raymond L. Williams

13-23

El olor de la guayaba y el sabor del sorgo rojo El realismo mágico en la literatura china y de Latinoamérica Fan Ye El culto de la forma en la literatura de Flaubert Francisco Cruz León

27-39 41-57

Andrés Holguín et la poésie française: Une brève lecture de Mallarmé en traduction Claudine Lécrivain

59-95

André Malraux más allá de su antimemoria Nacho Duque García

97-114

Ansiedad finisecular e hibridez cultural en el imaginario dariano de Azul (1888) David Solodkow

115-149

Lectura celebrativa de un poema: “Cuestión de estadísticas” de Piedad Bonnett Juan Camilo Suárez R.

153-165

El drama ático clásico: un marco de presentación Mauricio Vélez Upegui

167-200

“Entrar en los cuadros”. Écfrasis literaria y écfrasis crítica en los ensayos de Pedro Gómez Valderrama Efrén Giraldo

201-226

De la realidad a la ficción, de la literatura al periodismo Clemencia Ardila J.

227-248

RESEÑAS Bibliográficas Los adversarios de la ficción. Una defensa de la literatura, de Gregory Jusdanis Vicente Raga Rosaleny

253-256

Contra la alegoría: Hegemonía y disidencia en la literatura latinoamericana del siglo XIX, de Gustavo Faverón Patriau Pablo Pérez Wilson

257-260

De las señales, de Jaime García Maffla Juan Manuel Cuartas Restrepo

261-266

Artística Procesos de creación en arquitectura o construcciones ilusorias: Límites difusos en la obra del grupo Utopía Jorge Lopera Gómez Guía para los autores Guidelines for Authors

269-276 285-287 288-289

80 Revista de los departamentos de Antropología y Sociología, publicada por la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana. No. 80 julio-diciembre de 2015, ISSN 0120-4807. http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/univhumanistica

Presentación

7

controversia Claudia Briones

Janaina Lobo Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil Playa de Oro, Esmeraldas - Equador

investigación joven

Universidad Nacional de Río Negro-CONICET, Bariloche, Argentina 13

Carlos del Cairo

Rocío Vera Santos

Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia Prácticas de fronterización, pluralización y diferencia

Alcida Rita Ramos Universidade de Brasília, Brasilia, Brasil Sobre malentendidos interétnicos

53

horizontes Régis Minvielle ITM (Instituto Tecnológico Metropolitano), Medellín, Colombia Migrantes africanos en Buenos Aires: Entre estigmatización y exotización

Instituto de Estudios Latinoamericanos Universidad Libre de Berlín, Berlín, Alemania Barrio afrodescendiente en Quito: identidades, representaciones y multiterritorialidades

265

Santiago Andrés Gutiérrez Sánchez Investigador Independiente 293 La diversidad en las organizaciones indígenas del Cauca: El Consejo Territorial de Autoridades Indígenas del Oriente Caucano

79

espacio abierto Francisco J. Güemez Ricalde

María Cecilia Martino

Universidad de Quintana Roo, Chetumal, Quintana Roo. México

UBA – CONICET, Buenos Aires, Argentina 107 Hacia una contextualización de las migraciones de caboverdeanos en el Gran Buenos Aires a partir de sus diferencias generacionales

Adriana Y. Valdivieso Ortiz

325

Universidad de Quintana Roo, Chetumal, Quintana Roo. México

José L. Zapata Sánchez

Universidad de Quintana Roo, Chetumal, Quintana Roo. México

Claudia P. Carrión Sánchez Universidad Nacional Autónoma de México, México Desafiando al Estado-nación: Reclamos de autonomía del pueblo pasto

133

Mario A. Martínez Cortés Lateinamerika Institut de la Universidad Libre de Berlín, Berlín, Alemania 159 ¿Descubrir o intervenir? El conocimiento de la interculturalidad en la educación superior de Brasil y México: políticas y sujetos interculturales como objetos de reflexión y conocimiento

otras voces Cristian J. Salaini Escola Superior de Propaganda e Marketing, São Paulo, Brasil

Denise Fagundes Jardim

189

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil Batalha dos papéis: Notas sobre as tensões entre procedimentos escritos e memória na regularização fundiária de terras de quilombos no Brasil

Eliana E. Diehl Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil

Esther Jean Langdon

237

A ‘política do lugar’: a Comuna afrodescendente

Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil Transformações na Atenção à Saúde Indígena: Tensões e Negociações em um Contexto Indígena Brasileiro

213

Ma. de los Ángeles Hernández Bustos

Colegio de Bachilleres, Chetumal, Quintana Roo. México Apropiación social del conocimiento en cuatro grados de desarrollo empresarial en organizaciones productivas mexicanas en la frontera Sur México/Belice. Análisis del modelo OCDE

Patricia Tovar John Jay College, CUNY, Nueva York, Estados Unidos Una reflexión sobre la violencia y la construcción de paz desde el teatro y el arte

347

reseña Fernando Cubides Cipagauta Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia Pasados y presentes de la violencia en Colombia – Estudio sobre las Comisiones de Investigación (1958-2011). Jefferson Jaramillo M. Bogotá: Editorial Universidad Javeriana, 2014. 274 pp.

373

Voces y Silencios: Revista Latinoamericana de Educación es una publicación académica, arbitrada, electrónica, de frecuencia semestral, de acceso gratuito, que se dedica al estudio y al diálogo sobre preguntas y problemas en la pedagogía, en la gestión y en las políticas educativas, con énfasis en los temas que son de interés particular para la educación en Latinoamérica.

EDITORIAL Anne-Marie Truscott ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN Flexibilizar el currículo de las Instituciones de Educación Superior (IES) en un entorno de complejidad: un análisis de casos desde la perspectiva cultural del socio-constructivismo Mario Alberto Benavides-Lara Logro de aprendizajes significativos a través de la competencia transversal “trabajo colaborativo” en educación superior Neyla Aguilar Pérez, Minerva Cedillo Cuadros, Jaime Ricardo Valenzuela González Estágio Supervisionado em Gestão Educacional: um relato de experiência na formação de professores em Pedagogia Daiani Clesnei da Rosa, Maria Madalena Dullius, Emanueli Luisa Johann, Silvana Neumann Martins, Rogério José Schuck “Hago caso porque me gusta tocar”. Procesos de construcción de autoridad pedagógica en una experiencia artístico-educativa desarrollada con adolescentes de sectores populares Gabriel Alexandro Rosales Arquitectura escolar moderna: interferencias, representación y pedagogía Daniela A. Cattaneo OTROS ARTÍCULOS Cultura política y libros de texto de educación para la ciudadanía en España Erika González García

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