Revista de Estudios Sociales No. 55 by Publicaciones Faciso

Revista de Estudios Sociales No. 55

Revista de Estudios Sociales Dirección: Cra 1a No 18A-12, Ed. Franco, Of. GB-417 Teléfono: (571) 339 49 49 ext. 4819 Correo electrónico: res@uniandes.edu.co Periodicidad: trimestral Páginas del número: 240 Formato: 21.5 x 28 cm. Tiraje: 500 ejemplares Precio: $ 20.000 (Colombia) USD $ 12.00 (Exterior) No incluye gastos de envío El material de esta revista puede ser reproducido sin autorización para su uso personal o en el aula de clase, siempre y cuando se cite la fuente. Para reproducciones con cualquier otro fin es necesario solicitar primero autorización al Equipo Editorial de la Revista. Las opiniones e ideas aquí consignadas son de responsabilidad exclusiva de los autores y no necesariamente reflejan la opinión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes. Corrección de Estilo y Traducción Español: Katherine Vargas Tovar Inglés: Carol O’Flynn Portugués: Roanita Dalpiaz Equipo Informático | Claudia Vega Diseño Editorial y Diagramación | Víctor Gómez Imágenes de portada y portadillas “Nature”. Víctor Gómez Impresión | Panamericana formas e impresos S.A. La Revista tiene todos sus contenidos en acceso abierto a través de su página web. La versión impresa tendrá un costo y podrá adquirirse en: Distribución | Siglo del Hombre Editores Cra 32 No 25-46 · Bogotá, Colombia · PBX (571) 337 77 00 www.siglodelhombre.com Suscripciones | Librería Universidad de los Andes Cra 1a No 19-27 Ed. AU 106 · Bogotá, Colombia · Tels. (571) 339 49 49 ext. 2071 – 2099 · http://libreria.uniandes.edu.co Canjes | Facultad de Ciencias Sociales Universidad de los Andes · Cra. 1a Este No. 18A – 10 Ed. Franco, piso 6, oficina 617 · Bogotá – Colombia. Tel [571] 3394949 Ext.: 3585 · publicacionesfaciso@uniandes.edu.co http://publicacionesfaciso.uniandes.edu.co

Revista de Estudios Sociales

La Revista de Estudios Sociales (RES) es una publicación trimestral creada en 1998 por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes (Colombia) y la Fundación Social. Su objetivo es contribuir a la difusión de las investigaciones, los análisis y las opiniones que sobre los problemas sociales elabore la comunidad académica nacional e internacional, además de otros sectores de la sociedad que merecen ser conocidos por la opinión pública. De esta manera, la Revista busca ampliar el campo del conocimiento en materias que contribuyen a entender mejor nuestra realidad más inmediata y a mejorar las condiciones de vida de la población. La estructura de la Revista contiene seis secciones: La Presentación contextualiza e introduce el número, además de destacar aspectos particulares que merecen la atención de los lectores. El Dossier integra un conjunto de contenidos sobre un problema o tema específico, que desde una perspectiva crítica y analítica ofrecen avances o resultados de investigación, reflexión o revisión temática, dando cuenta de las nuevas tendencias en un área específica del conocimiento. Otras Voces se diferencia del Dossier en que incluye textos que presentan investigaciones, reflexiones o revisiones, que tratan problemas o temáticas diversas. Documentos difunde uno o más textos sobre temáticas de interés social que son abordadas de manera reflexiva, por lo general de autoridades en la materia. También se publican traducciones y transcripciones de contenidos relevantes de las diferentes áreas de las ciencias sociales. Debate es una sección donde se incluyen contenidos sobre temáticas específicas, orientadas a generar discusiones académicas desde diferentes perspectivas, bien sea mediante entrevistas o escritos analíticos. Lecturas incluye reseñas bibliográficas en el campo de las ciencias sociales. La estructura de la Revista responde a una política editorial que busca: proporcionar un espacio disponible para diferentes discursos sobre teoría, investigación, coyuntura e información bibliográfica; facilitar el intercambio de información sobre las ciencias sociales con buena parte de los países de la región latinoamericana; difundir la Revista entre diversos públicos y no sólo entre los académicos; incorporar diversos lenguajes, como el ensayo, el relato, el informe y el debate, para que el conocimiento sea de utilidad social; finalmente, mostrar una noción flexible del concepto de investigación social, con el fin de dar cabida a expresiones ajenas al campo específico de las ciencias sociales. Palabras clave: ciencias sociales, investigación, reflexión, revisión. La Revista somete todos los artículos que recibe a la herramienta de detección de plagio. Todos los contenidos que se publican son de libre acceso y se pueden descargar en formato PDF, HTML y en versión e-book.

Indexación

La Revista de Estudios Sociales está incluida actualmente en los siguientes directorios y servicios de indexación y resumen: • CIBERA - Biblioteca Virtual Iberoamericana/España/Portugal (German Institute of Global and Area Studies, Alemania), desde 2007. • CLASE - Citas latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades (UNAM, México), desde 2007. • CREDI - Centro de Recursos Documentales e Informáticos (Organización de Estados Iberoamericanos, OEI), desde 2008. • DIALNET - Difusión de Alertas en la Red (Universidad de La Rioja, España), desde 2006. • DOAJ - Directory of Open Access Journal (Lund University Libraries, Suecia), desde 2007. • EP Smartlink fulltext, fuente académica, Current Abstrac, TOC Premier, SocINDEX with full text (EBSCO Information Services, Estados Unidos), desde 2005. • European Science Foundation - ERIH PLUS (Noruega), desde 2015. • HAPI - Hispanic American Periodical Index (UCLA, Estados Unidos), desde 2008. • Historical Abstracts y America: History & Life (EBSCO Information Services, antes ABC-CLIO, Estados Unidos), desde 2001. • Informe académico y Académica onefile (Gale Cengage Learning, Estados Unidos), desde 2007. • LatAm - Estudios Latinamericanos (International Information Services, Estados Unidos), desde el 2009. • LATINDEX - Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (México), desde 2004. • Linguistics & Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts, Social Services Abstracts, World Wide Political Science Abstracs (SCA- Cambridge Scientific Abstracts, Proquest, Estados Unidos), desde 2000. • Ocenet (Editorial Oceano, España), desde 2003. • PRISMA - Publicaciones y Revistas Sociales y Humanísticas (CSA-ProQuest, Gran Bretaña). • PUBLINDEX - Índice Nacional de Publicaciones Seriadas Científicas y Tecnológicas Colombianas, (Colciencias, Colombia), desde 2004. Actualmente en categoría A1. • RedALyC - Red de Revistas Científicas de América Latina y El Caribe, España y Portugal (UAEM, México), desde 2007. • SciELO - Scientific Electronic Library Online (Colombia), desde 2007. • SciELO Citation Index (Thomson Reuters – SciELO), desde 2013. • SCOPUS - Database of abstracts and citations for scholarly journal articles (Elsevier, Países Bajos), desde 2009. • Social Sciences Citation Index (Thomson Reuters, Estados Unidos), desde 2009. • Ulrich’s Periodicals Directory (CSA- Cambridge Scientific Abstracs ProQuest, Estados Unidos), desde 2001. Portales Web a través de los cuales se puede acceder a la Revista de Estudios Sociales: • http://www.lablaa.org/listado_revistas.htm (Biblioteca Luis Angel Arango, Colombia) • http://www.portalquorum.org (Quórum Portal de Revistas, Universidad de Alcalá, España) • http://sala.clacso.org.ar/biblioteca/Members/lenlaces (Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO, Argentina)

Los conflictos socioambientales y ecología política en América Latina

En memoria de Jaime Jaramillo Uribe 8-11

Diana Bonnett Vélez – Universidad de los Andes, Colombia

El capital extranjero y el acaparamiento de tierras: conflictos sociales y acumulación por desposesión en Argentina 137-149 Agostina Costantino – Flacso, México

PRESENTACIÓN 12-16

Diana Bocarejo – Universidad del Rosario, Colombia Carlos Del Cairo – Pontificia Universidad Javeriana, Colombia Guillermo Ospina – Universidad del Cauca, Colombia

OTRAS VOCES Anti-Machiavellian Rancière: Aesthetic Cartography, Sites of Incommensurability and Processes of Experimentation 151-162

DOSSIER Hacia una ecología política del agua en Latinoamérica 18-31 Patricia Ávila-García – Universidad Nacional Autónoma de México

Procesos de construcción de la diferencia cultural en el co-manejo del Parque Nacional Nahuel Huapi 32-44 Florencia Trentini – Universidad Nacional de Quilmes, Argentina

Hacia una geografía de los conflictos socioambientales en Santiago de Chile: lecturas para una ecología política del territorio 45-62 Enrique Aliste – Universidad de Chile Caroline Stamm – Universidad de Chile

Redes transnacionales de organizaciones indígenas. Análisis del uso de las redes en conflictos socioambientales 63-72 Marcela Paz Herrera – Universidad de Santiago de Chile

Tiempo de vidrio y de abundancia. Saberes y oficios de la cultura fluvial en el Alto Magdalena, Colombia 73-87

Anders Fjeld – Université Paris Diderot-Paris 7, Francia

Los migrantes por estilo de vida como agentes de transformación en la Norpatagonia chilena 163-176

Hugo Marcelo Zunino – Universidad de La Frontera, Chile Lorena Espinoza Arévalo – Universidad de La Frontera, Chile Arturo Vallejos-Romero – Universidad de La Frontera, Chile

DOCUMENTOS El estudio socio-histórico de las emociones y los sentimientos en las Ciencias Sociales del siglo XX 178-191 Leidy Paola Bolaños Florido – Universidad de los Andes, Colombia

DEBATE Los debates del giro ontológico en torno al naturalismo moderno 193-204

Daniel Ruiz Serna – McGill University, Canadá Carlos Del Cairo – Pontificia Universidad Javeriana, Colombia

Martín Andrade Pérez – Fundación Erigaie, Colombia María Catalina García Cháves – Fundación Erigaie, Colombia

Transando el agua, produciendo territorios e identidades indígenas: el modelo de aguas chileno y los atacameños de Calama 88-103 Manuel Prieto – Universidad Católica del Norte, Chile

Relación de una comunidad de pescadores del golfo de Urabá (Colombia) con los ecosistemas de manglar y su conservación 104-119 Ana María Gómez Aguirre – Universidad de Antioquia, Colombia Sandra Turbay – Universidad de Antioquia, Colombia

Implantaciones mineras y trayectorias territoriales. El noroeste argentino, un nuevo centro extractivo mundial 120-136

Silvina Carrizo – Conicet, Argentina Marie Forget – Université de Savoie, Francia Mathilde Denoël – Université Toulouse - Jean Jaurès, Francia

LECTURAS Leticia Vita. 2014. La legitimidad del Derecho y del Estado en el pensamiento jurídico de Weimar: Hans Kelsen, Carl Schmitt y Hermann Heller 206-209 María Emilia Barreyro – Universidad de Buenos Aires, Argentina

Socio-environmental Conflicts and Political Ecology in Latin America

In memory of Jaime Jaramillo Uribe 8-11

Diana Bonnett Vélez – Universidad de los Andes, Colombia

PRESENTATION 12-16

Diana Bocarejo – Universidad del Rosario, Colombia Carlos Del Cairo – Pontificia Universidad Javeriana, Colombia Guillermo Ospina – Universidad del Cauca, Colombia

Foreign Capital and Land Grabbing: Social Conflicts and Accumulation by Dispossession in Argentina 137-149 Agostina Costantino – Flacso, Mexico

OTHER VOICES Anti-Machiavellian Rancière: Aesthetic Cartography, Sites of Incommensurability and Processes of Experimentation 151-162

Anders Fjeld – Université Paris Diderot-Paris 7, France

DOSSIER Towards a Political Ecology of Water in Latin America 18-31 Patricia Ávila-García – Universidad Nacional Autónoma de México

Processes of Constructing Cultural Difference in the Comanagement of Nahuel Huapi National Park 32-44 Florencia Trentini – Universidad Nacional de Quilmes, Argentina

Towards a Geography of Socio-Environmental Conflicts in Santiago de Chile: Interpretations for a Political Ecology of the Territory 45-62 Enrique Aliste – Universidad de Chile Caroline Stamm – Universidad de Chile

Transnational Networks of Indigenous Organizations: Analysis of the Use of Networks in Socio-Environmental Conflicts 63-72 Marcela Paz Herrera – Universidad de Santiago de Chile

Time of Glass and Abundance. Knowledge and Trades in the Fluvial Culture along the Banks of the Upper Magdalena River in Colombia 73-87 Martín Andrade Pérez – Fundación Erigaie, Colombia María Catalina García Cháves – Fundación Erigaie, Colombia

Compromising Water, Producing Indigenous Identities and Territories: The Chilean Water Model and the Atacameño People of Calama 88-103 Manuel Prieto – Universidad Católica del Norte, Chile

Relation of a Fishing Community in the Gulf of Urabá (Colombia) to Mangrove Ecosystems and their Conservation 104-119 Ana María Gómez Aguirre – Universidad de Antioquia, Colombia Sandra Turbay – Universidad de Antioquia, Colombia

Mining Implantations and Territorial Trajectories: The Argentine Northwest, a New World Extractive Center 120-136

Silvina Carrizo – Conicet, Argentina Marie Forget – Université de Savoie, France Mathilde Denoël – Université Toulouse - Jean Jaurès, France

Lifestyle Migrants as Agents of Transformation in the Chilean Northern Patagonia 163-176

Hugo Marcelo Zunino – Universidad de La Frontera, Chile Lorena Espinoza Arévalo – Universidad de La Frontera, Chile Arturo Vallejos-Romero – Universidad de La Frontera, Chile

DOCUMENTS The Socio-Historical Study of Emotions and Feelings in 20th Century Social Sciences 178-191 Leidy Paola Bolaños Florido – Universidad de los Andes, Colombia

DEBATE The Ontological Turn Debates on Modern Naturalism 193-204

Daniel Ruiz Serna – McGill University, Canada Carlos Del Cairo – Pontificia Universidad Javeriana, Colombia

READINGS Leticia Vita. 2014. La legitimidad del Derecho y del Estado en el pensamiento jurídico de Weimar: Hans Kelsen, Carl Schmitt y Hermann Heller 206-209 María Emilia Barreyro – Universidad de Buenos Aires, Argentina

Os conflitos socioambientais e ecologia política na América Latina

Em memória de Jaime Jaramillo Uribe 8-11

Diana Bonnett Vélez – Universidad de los Andes, Colômbia

O capital estrangeiro e o monopólio de terras: conflitos sociais e acumulação por desapossamento na Argentina 137-149 Agostina Costantino – Flacso, México

APRESENTAÇÃO 12-16

Diana Bocarejo – Universidad del Rosario, Colômbia Carlos Del Cairo – Pontificia Universidad Javeriana, Colômbia Guillermo Ospina – Universidad del Cauca, Colômbia

DOSSIÊ Rumo a uma ecologia política da água na América Latina 18-31 Patricia Ávila-García – Universidad Nacional Autónoma de México

Processos de construção da diferença cultural na cogestão do Parque Nacional Nahuel Huapi 32-44 Florencia Trentini – Universidad Nacional de Quilmes, Argentina

Rumo a uma geografia dos conflitos socioambientais em Santiago do Chile: leituras para uma ecologia política do território 45-62 Enrique Aliste – Universidad de Chile Caroline Stamm – Universidad de Chile

Redes transnacionais de organizações indígenas. Análise do uso das redes em conflitos socioambientais 63-72 Marcela Paz Herrera – Universidad de Santiago de Chile

Tempo de vidro e de abundância. Saberes e ofícios da cultura fluvial no Alto Magdalena, Colômbia 73-87

Martín Andrade Pérez – Fundación Erigaie, Colômbia María Catalina García Cháves – Fundación Erigaie, Colômbia

Negociando a água, produzindo territórios e identidades indígenas: o modelo de águas chileno e os atacamenhos de Calama 88-103 Manuel Prieto – Universidad Católica del Norte, Chile

Relação de uma comunidade de pescadores do golfo de Urabá (Colômbia) com os ecossistemas de manguezal e sua conservação 104-119 Ana María Gómez Aguirre – Universidad de Antioquia, Colômbia Sandra Turbay – Universidad de Antioquia, Colômbia

Implantações mineradoras e trajetórias territoriais. O noroeste argentino, um novo centro extrativo mundial 120-136

Silvina Carrizo – Conicet, Argentina Marie Forget – Université de Savoie, França Mathilde Denoël – Université Toulouse - Jean Jaurès, França

OUTRAS VOZES Rancière antimaquiaveliano: cartografia estética, lugares de incomensurabilidade e processos de experimentação 151-162

Anders Fjeld – Université Paris Diderot-Paris 7, França

Os migrantes por estilo de vida como agentes de transformação na Norpatagônia chilena 163-176

Hugo Marcelo Zunino – Universidad de La Frontera, Chile Lorena Espinoza Arévalo – Universidad de La Frontera, Chile Arturo Vallejos-Romero – Universidad de La Frontera, Chile

DOCUMENTOS O estudo sócio-histórico das emoções e os sentimentos nas Ciências Sociais do século XX 178-191 Leidy Paola Bolaños Florido – Universidad de los Andes, Colômbia

DEBATE Os debates da virada ontológica sobre o naturalismo moderno 193-204

Daniel Ruiz Serna – McGill University, Canadá Carlos Del Cairo – Pontificia Universidad Javeriana, Colômbia

LEITURAS Leticia Vita. 2014. La legitimidad del Derecho y del Estado en el pensamiento jurídico de Weimar: Hans Kelsen, Carl Schmitt y Hermann Heller 206-209 María Emilia Barreyro – Universidad de Buenos Aires, Argentina

En memoria de Jaime Jaramillo Uribe Cada generación, cada época, tiene sus problemas específicos y los resuelve de acuerdo con los medios, los métodos y la mentalidad de su tiempo. (Jaramillo Uribe 1998, 44)

Ningún lugar mejor que la Revista de Estudios Sociales para hacer una semblanza del historiador Jaime Jaramillo Uribe, recientemente fallecido; la vocación de la Revista desde su fundación ha sido difundir investigaciones y fomentar la lectura de temas académicos en Ciencias Sociales, que merecen ser conocidos por la comunidad nacional e internacional. Prueba de ello es que en el primer número de la RES (1998) Jaime Jaramillo Uribe publicó un artículo titulado “¿Para qué la Historia?” en el que, de alguna manera, condensaba su forma de pensar la disciplina. De una parte, se hacía la pregunta ¿Puede el conocimiento del pasado darnos pautas para comprender el presente? a lo que respondía con el epígrafe de este escrito. Así, la relación pasado-presente en la historia sería un leitmotiv en toda su obra. De otra parte, mostraba su afán por ensamblar procesos históricos de larga duración y evidenciar la continuidad entre fenómenos que en los libros de historia suelen aparecer fraccionados. Estas dos formas de entender la historia son recurrentes en sus escritos, por ello Juan Gustavo Cobo Borda lo nombró como “El hombre del recuerdo más largo”. La obra y la actividad intelectual de Jaime Jaramillo Uribe nos honra, ha sido conocida y reconocida en distintas latitudes. Además de sus capacidades intelectuales, a ello contribuyeron su larga vida y las coyunturas históricas que le tocó experimentar. No obstante, no se puede dar por hecho que todos los lectores de esta Revista estén familiarizados de la misma manera con él. Por esta razón, este escrito comenzará por responder quién fue Jaime Jaramillo Uribe, para luego escudriñar la manera como lo definieron sus contemporáneos y cómo se definió a sí mismo. Los últimos párrafos se dedicarán a los temas centrales de su obra académica y los aspectos más innovadores para la historiografía colombiana. Cuando el profesor Frank Safford presentó a Jaime Jaramillo Uribe, en Hispanic American Historical Review, lo hizo de la siguiente manera: Antes de que Jaime Jaramillo Uribe se hiciera activo, la historia colombiana era predominantemente propiedad de amateurs de la clase alta y de elementos tradicionales de la clase media destinados a sobrevivir bajo la tutela del gobierno. Jaime Jaramillo Uribe representó un nuevo desarrollo. Se distinguió de sus predecesores no tanto quizás por sus orígenes rev.estud.soc. No. 55 • enero-marzo • Pp. 8-11 • ISSN 0123-885X • eISSN 1900-5180

9 de clase media, sino por su clara orientación hacia la universidad y las formas académicas modernas de concebir la investigación y la redacción históricas. (Jaramillo Agudelo 1984, s. p.)

Si bien la primera parte del párrafo describe atinadamente las circunstancias en que por largas décadas se produjo la Historia de Colombia, lo que importa destacar es lo que representó Jaramillo Uribe en el desarrollo de las Ciencias Sociales en América Latina. Quiero reiterar la idea de que además del talento personal y de su capacidad para lograr una síntesis y un método propio, Jaime Jaramillo Uribe aprovechó unas circunstancias propicias para el desarrollo de la disciplina histórica en el país. Después de haberse preparado para ser profesor en la Escuela Normal de Varones, continuó sus estudios en la Escuela Normal Superior. Allí se capacitó, conjuntamente con un fogoso grupo de intelectuales. Posteriormente, todos ellos influirían en la formación universitaria de las primeras generaciones en las distintas áreas de las Ciencias Sociales. Las circunstancias de las décadas de mediados del siglo XX fueron propicias para su desarrollo intelectual en varios sentidos: Jaramillo Uribe vivió, a partir de los años 40 del siglo XX, una época de amplios movimientos poblacionales en el país, de una especie de revolución urbana. Nacido en Antioquia, pasó su infancia en Pereira y llegó a la capital para completar sus estudios profesionales.1 Este recorrido lo llevó a la Escuela Normal Superior “heredera de una Facultad de Educación, creada en Tunja a fines de los años veinte o comienzos de los treinta” (Jaramillo Uribe 2007, 38). En este ambiente recibió las enseñanzas de profesores extranjeros, huidos del franquismo, del nazismo, de la ocupación alemana, como Paul Rivet, Ots Capdequí y Rudolph Homes. También recibió las enseñanzas de un puñado de maestros nacionales. Años más tarde, su vida en París y posteriormente en Alemania cerrarían el círculo de su desarrollo profesional. Esta rica experiencia dio vigor a su formación académica, política y cultural. Jaime Jaramillo Uribe calificó los años sesenta como una década de profundos cambios sociales. Fue en ésta que se anudaron sus relaciones con los intelectuales latinoamericanos. Entonces conoció a los mexicanos Silvio Zavala y Leopoldo Zea, y a los chilenos Rolando Mellafe y Álvaro Jara. De estos vínculos académicos surgirían proyectos colectivos, como su principal obra, El Pensamiento Colombiano en el siglo XIX, que se propuso para todos los territorios de América Latina,

Nació en 1917 en Antioquia y a los 17 años viajó a Bogotá. A los 21 años ingresó a la Escuela Normal Superior donde se licenció en Ciencias Económicas y Sociales. En 1946 recibió una beca para estudiar Sociología e Historia en La Sorbona, en París, y en 1951 la Universidad Libre le otorgó el doctorado en Derecho y Ciencias Políticas.

pero que no en todos llegó a buen término. Todo ello coincidió con la creación del Departamento de Historia en la Universidad Nacional de Colombia, donde ejerció la decanatura. Allí se formaría un grupo de investigadores que marcaron la historia de la disciplina y entonces se publicó el primer número del Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura. Estas circunstancias fueron fecundas para la edificación de las Ciencias Sociales en Colombia.2 Pero ¿cómo lo han definido sus contemporáneos y cómo se definió a sí mismo? Recurriré a las palabras de Jorge Orlando Melo, Darío Jaramillo Agudelo, Bernardo Tovar Zambrano, Margarita Garrido Otoya, Hermes Tovar Pinzón y Gonzalo Cataño, quienes lo conocieron de cerca siendo sus estudiantes o colegas. Todos lo han definido como académico y se han aproximado a sus enormes capacidades intelectuales, a su formación de tipo humanista y a los rasgos de su carácter, particularmente su sentido del humor, su ironía y también por su escepticismo. Lo que se colige de la percepción de estos contemporáneos es su amplio sentido de la libertad y su posición crítica frente a las rígidas formas ideológicas que cruzaban la vida universitaria (Ortiz 2015). Jorge Orlando Melo, además de ser su alumno, fue un entrañable amigo y por lo tanto lo conoció muy de cerca. En lo que respecta a la disciplina histórica, una frase reciente de Melo sintetiza excelentemente la labor de Jaramillo Uribe: “con él se acabó el cuento”. Con ello quería expresar que los recursos metodológicos y el análisis histórico fueron las armas con que Jaramillo Uribe combatió la concepción de la historia como una mera narrativa de la imaginación (Ortiz 2015).3 Para el maestro, el análisis y un método eran imprescindibles dentro del quehacer histórico. En 1978, con ocasión de la presentación del Manual de Historia de Colombia, Jaramillo Uribe señalaba directamente la vocación innovadora de esa obra porque se logró “utilizando los métodos y conceptos que en los últimos años han renovado la investigación histórica” (Jaramillo Uribe et al. 1982, 17).

2 En una entrevista a raíz de su desaparición, Hermes Tovar, su discípulo, señaló “Escéptico frente a la ausencia de profesionales en el campo de la investigación histórica se opuso a la apertura de un programa de enseñanza de la historia. Fueron los estudiantes en 1962 quienes le forzaron a aceptar la creación de la carrera de Historia. Y fueron estos mismos estudiantes los que tuvieron que salir del país para encontrar las más avanzadas formas de desarrollo e investigación históricas”. 3 Melo, en la entrevista concedida al diario El Tiempo, con motivo de su muerte, señaló que la obra de Jaime Jaramillo Uribe se caracterizó esencialmente por los siguientes aspectos “… la práctica de la historia debía basarse en una amplia utilización de archivos originales, apoyarse en una conceptualización rigurosa, buscar explicaciones e interpretaciones que fueran sustentables científicamente”. Diana Bonnett Vélez

10 Sus contemporáneos y colegas afirmaron siempre que la formación recibida en Francia fue determinante en su decisión de dedicarse a la Historia y en la manera de concebirla. De esa experiencia nacieron sus principales obras, aquellas que cimentaron la historia social e intelectual en Colombia: “Armado con su muy sustancial formación intelectual europea, Jaramillo trajo dos innovaciones a la historiografía colombiana, la primera fue una altamente estructurada, sistemática y temáticamente organizada historia intelectual que culminó con El pensamiento colombiano en el siglo XIX (1963)” apuntaba Darío Jaramillo Agudelo. La segunda fue una serie de ensayos sobre la historia social de Colombia (Jaramillo Agudelo 1984). Bernardo Tovar Zambrano coincide en que esta experiencia fue fundamental (Ortiz 2015).4 Y Gonzalo Cataño puntualizó la riqueza de su obra en cuanto a historia social y a historia de la cultura, en mucho heredada de la tradición francesa (Cataño 1996). La coyuntura de las Ciencias Sociales en América Latina, entre 1950 y 1970, fue muy especial. En esos años se asumieron y ajustaron las condiciones institucionales de las Universidades a las nuevas exigencias de estas disciplinas. Por ello, el historiador Hermes Tovar considera que su obra más significativa se cristalizó durante su vinculación a la Universidad Nacional de Colombia. Según Tovar, precisamente en ese momento “Jaime Jaramillo Uribe plantó entre 1950 y 1970 un faro que iluminó el estudio de la historia entre un pasado dominado por las academias y la improvisación y un futuro que acercó la investigación histórica al mundo de las ciencias y las artes” (Tovar Pinzón 2015, s. p.). Por ello fue tan importante esta coyuntura en que se trasformaron los paradigmas de la disciplina histórica. Para Margarita Garrido, la virtud de su trabajo estriba en la vigencia que posee, tanto por los temas que aborda como por sus certeras apreciaciones, y es que la característica manera de proceder en el análisis histórico le llevó a penetrar finamente en asuntos que permiten comprender las profundidades de nuestra vida social (Garrido 2003, 261). Posteriores generaciones de historiadores, más jóvenes, se han referido también a su obra. Eduardo Posada Carbó presentó “La personalidad histórica de Colombia” cuando los editores de la revista Arcadia se propusieron seleccionar las diez obras con las que es posible entender los últimos cien años de la vida nacional. En la presentación de ese libro, Posada Carbó apuntó a un argumento que nos llega más de cerca a todos, no como 4 En su entrevista con Tovar Zambrano, Jaime Jaramillo definió así esta experiencia: “Los cursos y la experiencia que tuve en Francia fueron quizá lo más importante de mi proceso y de las coyunturas de mi carrera”. Y explicó luego cómo de ahí vino la decisión de dedicarse exclusivamente a la historia y “hacer un intento de investigación más o menos original desde el punto de vista metodológico en el campo de la historia colombiana”. rev.estud.soc. No. 55 • enero-marzo • Pp. 8-11 • ISSN 0123-885X • eISSN 1900-5180

profesionales sino como compatriotas, porque, según él, Jaime Jaramillo Uribe desmitificaba aquella lectura rápida de nuestro pasado, como un pasado plagado de extremos, de guerras, de violencia al que nos hemos acostumbrado a repetir, para hablar en vez de eso de una sociedad donde predominaba “el término medio”. Decía Jaramillo Uribe: Discreta la contribución indígena en población, mano de obra y técnicas; mediana y de difícil logro la riqueza y medianas las formaciones sociales de clases y grupos; con numerosos núcleos urbanos que hasta hoy han evitado el gigantismo urbanístico, Colombia bien puede ser llamada el país americano del término medio, de la aurea mediocritas. (Carbó 2014)5

Por su parte, Daniel Emilio Rojas Castro considera que “No fue el primero en introducir una visión sistemática del pasado nacional, pero sí su trabajo basado en archivos, en el diálogo permanente con la Economía Política, la Geografía, la Demografía y la Sociología fueron una verdadera innovación en el campo” (Rojas 2015). Más intrigante es acercarse a responder ¿cómo se definió a sí mismo? Jaime Jaramillo Uribe decía: “opinar sobre uno mismo es muy difícil y aun antipático”. Se definió en varias ocasiones como un “artesano del difícil pero fascinante oficio de escribir y enseñar la historia”. Con ello quería decir que cada vez que se enfrentaba a la escritura de la historia era como si lo hiciese por primera vez. No había un molde, un patrón ni un modelo único a seguir. El reto era fascinante pero también representaba lo difícil del oficio. En su obra, también aparece reflejado como un hombre inmensamente interesado en entender el país, en hacer de la historia un dispositivo para comprender las razones particulares por las que se desenvolvieron los hechos. De esta manera afinaba su sentido para ubicarse en un lugar privilegiado que le permitiera reconocer el contexto en que se dieron los hechos. Fue así como se ubicó en coyunturas específicas desde donde podía examinar las circunstancias sociales y económicas que rodeaban los procesos históricos. En sus Memorias intelectuales (2007) se observa, el arte de filigrana con que comenzaba a examinar la historia del país en el siglo XIX. Se preocupaba por el estado de sus comunicaciones, las relaciones internacionales, las exportaciones e importaciones, la prensa, los partidos 5 Refiriéndose a la personalidad histórica de Colombia decía Posada Carbó: “Su lectura quizás sorprenda a muchos. Acostumbrados hoy a ser identificados como una nación de extremos, Jaramillo Uribe nos obliga a cuestionar el estereotipo. Lo que caracteriza a Colombia, nos dice, es su ‘mesura, medianía, término medio’. Sus conclusiones no son fruto de la fantasía, están basadas en una rigurosa lectura de nuestro pasado, que contrasta con los desarrollos de otros países latinoamericanos”.

11 políticos, la función de los gremios y artesanos, la influencia de ciertas culturas foráneas y de esta manera comenzaba a recoger prensa, folletería y una amplia bibliografía para dar inicio a la investigación. ¿Qué de este libro resulta significativo? Frente a los trabajos monográficos que se producen actualmente, El pensamiento colombiano en el siglo XIX posee una larga y a la vez comprensiva visión de la historia, en la que su autor conjugó magistralmente la relación entre la sociología, la filosofía, la política, la historia de las ideas y la historia de la cultura. Gonzalo Cataño se refiere a sus innovaciones historiográficas de la siguiente manera: A su juicio, y esta es una de las tantas innovaciones en el medio colombiano, la historia trabaja con marcos de referencia —con teorías— observa hechos, establece nexos entre ellos y postula explicaciones, esto es, relaciones de causalidad. Como las demás ciencias, su trabajo está orientado por teorías que lo sitúan en el mundo infinito de lo real y le permiten aislar y relacionar fenómenos a fin de lograr una comprensión significativa de los hechos. (Cataño 1996, s. p.)

Pero, además, desde una mirada psicológica Jaramillo Uribe se atrevió a elaborar apreciaciones sobre sentimientos colectivos y el estado de ánimo de una sociedad. Él mismo se refirió a El pensamiento colombiano en el siglo XIX como una “historia erudita” y como un “ensayo” y de una “objetividad” comprendida como un esfuerzo de “comprensión interpretativa”, pero lejos de “cualquier actitud polémica o apologética”. Respecto a lo que hoy entendemos por historia, todas estas apreciaciones se tornan sumamente interesantes. En los estudios coloniales tres intereses centraron su obra de historia social colombiana: las transformaciones demográficas, la esclavitud y los mestizos. Para Jorge Orlando Melo el más agudo de todos ellos es el que se denomina “Esclavos y señores en la sociedad colombiana del siglo XVIII”, ya que rompe con la concepción tradicional de las relaciones entre amos y esclavos (Melo 1996). Como dijo Jaramillo Uribe, cada generación, cada época, tiene sus problemas específicos y los resuelve de acuerdo con los medios, los métodos y la mentalidad de su tiempo. Pero si bien cambian los temas de interés, las formas y las preguntas, siempre seguiremos aprendiendo de este trabajo impecable, de su buena prosa y del trasfondo argumentativo y multidisciplinario de su obra.

Referencias Cataño, Gonzalo. 1996. “El profesor”. En Jaime Jaramillo Uribe, Premio vida y obra. 1a. Convocatoria, editado por El Archivo General de la Nación, 25- 42 Bogotá: Archivo General de la Nación. 2. Garrido Otoya, Margarita. 2003. “Migración de paradigmas. A propósito del mestizaje”. En Balance y desafío de la Historia de Colombia al inicio del siglo XIX, editado por Adriana Maya Restrepo y Diana Bonnett Vélez. Homenaje a Jaime Jaramillo Uribe, 261-268 Bogotá: Bogotá: Uniandes. 3. Jaramillo Agudelo, Darío. 1984 Reseña del libro La personalidad histórica de Colombia. Biblioteca Vitual Luis Ángel Arango. http://www.banrepcultural.org/ blaavirtual/literatura/resedario/lecci.htm. 4. Jaramillo Uribe, Jaime. 1982. Manual de historia de Colombia. Tomo I. Bogotá: Procultura. 5. Jaramillo Uribe, Jaime 1998. “¿Para qué la historia?”. Revista de Estudios Sociales 1: 44-49. 6. Jaramillo Uribe, Jaime. 2007. Memorias intelectuales. Bogotá: Universidad de los Andes. 7. Melo, Jorge Orlando. 1996. Laberinto de influencias en la Nueva Historia de Colombia. Premio vida y obra. 1a. Convocatoria. Bogotá. 8. Ortiz, María Paulina. 2015. “Jaime Jaramillo Uribe, el padre de la nueva Historia”. El Tiempo, 1 de noviembre. http://www.eltiempo.com/entretenimiento/musicay-libros/asi-fue-la-vida-del-historiador-jaime-jaramillo-uribe/16418150. 9. Posada Carbó, Eduardo. 2014. “La personalidad histórica de Colombia”. Revista Arcadia. http://www. revistaarcadia.com/impresa/especial-arcadia-100/ articulo/arcadia-100-la-personalidad-historica-de-colombia-jaime-jaramillo-uribe/35063. 10. Rojas Castro, Daniel Emilio. 2015. “Un artesano de la historia amalgamado con el tiempo”. El Espectador, 3 de noviembre. http://www.elespectador.com/ opinion/jaime-jaramillo-uribe-1917-2015. 11. Tovar Pinzón, Hermes. 1995. “Historiando a un historiador”. El Espectador, 26 de noviembre, 4-8. Tomado de Premio vida y obra. 1a. Convocatoria, Bogotá, 1996. Editado por El Archivo General de la Nación, 49-54. Bogotá: Archivo General de la Nación. 12. Tovar Pinzón, Hermes. 2015. “Un compromiso con la historia. El aporte de Jaime Jaramillo Uribe”. El Tiempo, 13 de noviembre. http://www.eltiempo.com/lecturas-dominicales/lecturas-dominicales-un-compromiso-con-la-historia/16429846. 1.

Diana Bonnett Vélez* 11 de diciembre de 2015 *Doctora en Historia por El Colegio de México. Profesora asociada de la Universidad de los Andes (Colombia). *dbonnett@uniandes.edu.co Diana Bonnett Vélez

Presentación Diana Bocarejo* – Carlos Del Cairo** – Guillermo Ospina***

Los artículos que componen este número de la Revista de Estudios Sociales, dedicado a los conflictos socioambientales y a la ecología política en América Latina, proponen perspectivas críticas y contextuales a las diversas formas que asumen los entramados de poder que se tejen alrededor de la naturaleza en esta región del mundo. Como señala Robbins (2012, 4-5), antes que configurar un “cuerpo de conocimiento” particular, la ecología política refiere a una “comunidad de práctica” estructurada a partir de la preocupación elemental por comprender los sistemas de poder que simultáneamente configuran y son el resultado de complejos vínculos socioambientales. Se trata de un campo dinámico y variado que toma cada vez más fuerza y que propone argumentos innovadores para complejizar las habituales lecturas sobre las transacciones socioecológicas, a partir del reconocimiento de los dispositivos de poder que inevitablemente las atraviesan. Es variado aquello que se construye como ecología y como política en esta colección, pero la intersección de esas dimensiones supone un esfuerzo por transformar el conocimiento ambiental para politizarlo y, a la inversa, redimensionar la política para ecologizarla. A pesar de sus diferentes acentos teóricos, metodológicos, temáticos y contextuales, los artículos que componen el Dossier formulan argumentos sugerentes alrededor de conflictos socioambientales localizados en varios puntos de la geografía latinoamericana que, sin lugar a dudas, tienen repercusiones en otras localidades del subcontinente. Dentro de las diversas posibilidades analíticas que supone una lectura comparativa de los artículos que componen el Dossier, queremos destacar aquellas que consideramos particularmente relevantes para la comprensión de los conflictos socioambientales en América Latina hoy:

* Ph.D. en Antropología por la University of Chicago (Estados Unidos). Profesora de la Universidad del Rosario (Colombia). * dbocarejo@gmail.com; diana.bocarejo@urosario.edu.co ** Ph.D. en Antropología por la University of Arizona (Estados Unidos). Profesor de la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia). * cdelcairo@javeriana.edu.co *** Candidato a doctor en Antropología por la Universidad del Cauca (Colombia). Líder de la línea de investigación “Sociedad & Ambiente” en el Grupo de Estudios Sociales Comparativos (GESC) de la Universidad del Cauca. * gospina@unicauca.edu.co

Los artículos llaman la atención sobre la reconfiguración del papel del Estado en la regulación de los procesos extractivos a manos del capital privado de maneras que facilitan arreglos que le benefician a éste a costa del bienestar de las poblaciones locales y de la ciudadanía en general (artículos de Constantino, Ávila, Carrizo, Forget y Denoël, en este volumen). Con esto, lejos de “desaparecer” —como vaticinaban algunos, resultado de su contracción en la fase neoliberal— el Estado se vigoriza y redimensiona su papel como un regulador de las relaciones entre el capital privado y los sectores sociales y comunitarios, con quienes debe tranzarse en negociaciones para acceder a los recursos naturales que reclama para su reproducción. Al tiempo, la capacidad y los efectos locacionales del capital (sensu Harvey 2007; Castree 2008) expresan una agenda contingente y densa frente a cómo las poblaciones locales interactúan con las estra-

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tegias que despliega el capital privado para apropiarse de los recursos naturales sobre los cuales fija su mirada. Resulta particularmente compleja la manera en que los regímenes neoliberales despliegan formas alternas de tasación y representación de la naturaleza que impactan los derechos de propiedad, las formas de identificación social y las nociones locales de bienestar de ciertos colectivos humanos. Incluso, estas formas producen efectos tan variados que en algunos casos la posibilidad de que una comunidad local continúe accediendo a un recurso pasa por su plegamiento activo a las lógicas capitalistas y desarrollistas que promueve el mismo Estado, como lo señalan Andrade y García en su artículo (en este volumen) a propósito de los pescadores de Honda y Puerto Bogotá en las riberas del río Magdalena (Colombia). Las propuestas antes mencionadas también señalan los complejos entramados y mecanismos por medio de los cuales el Estado se reconfigura y también lo hacen aquellos agentes que, por medio de estrategias inéditas, ayudan a definir y expandir el poder del capital. Los conflictos ambientales que analizan los artículos muestran la estrecha relación entre el capital y el Estado, y la relevancia de las políticas extractivas y de conservación para sostener su co-producción. Dichos aportes conceptuales están lejos de ser unicausales; más bien dejan entrever la complejidad de las diversas economías políticas que se forjan en las localidades estudiadas y justifican la necesidad de encuadrar esos análisis desde la perspectiva de la ecología política, que busca develar las tensiones y contradicciones que constituyen los espacios estudiados. La modulación de formas hegemónicas alrededor de la naturaleza también está invariablemente asociada a la producción de ciertos regímenes que reproducen y exacerban la diferencia. Esta producción adquiere visos particularmente complejos cuando se trata de comunidades indígenas, ya que desde ciertas percepciones Estado-céntricas la legibilidad de estas comunidades se ata a un canon ecologizado que modula narrativas sobre la autenticidad que legitima el acceso a derechos de las minorías, como acertadamente lo identifican los artículos de Prieto, Trentini y Paz (en este volumen). En cambio, cuando las comunidades locales carecen de una plataforma étnica para reivindicar sus derechos territoriales, la posibilidad de afianzar su acceso, uso y control sobre un recurso natural se ve claramente vulnerada (Gómez y Turbay, en este volumen). Esta forma de diferenciación social basada en la adjudicación de identidades y derechos constituye una fuente de conflictos que son recurrentes en el terreno. La diferenciación étnica es cada vez más debatida en las arenas políticas que van más allá de la mera intervención, donde las ideas de manejo del ambiente, conservación y restauración, por mencionar algunas, revelan una variedad de actores que trascienden la dicotomía étnico-no étnico dando lugar a distintas formas de interacción, disputas y procesos de negociación.

La producción de la diferencia también puede estar marcada por asuntos de clase, que suele tomar un matiz particular en contextos urbanos asociados con la justicia ambiental y el derecho a la ciudad. Al respecto, Aliste y Stamm (en este volumen) proponen argumentos persuasivos para repensar la configuración de conflictos socioambientales en contextos urbanos, a partir de perspectivas que gravitan alrededor de la ecología política para desentrañar los factores estructurales que llegan a condicionar la detección de esos conflictos asociados a una clase social en particular. Las diferencias muestran también la superposición de territorialidades y —como señalan Gómez y Turbay (en este volumen)— la incorporación de la atribución inequitativa de responsabilidades entre los actores locales de la conservación y la restauración. En algunos contextos y con resultados distintos, estas diferencias sociales y culturales también son movilizadas políticamente con el propósito de defender territorios y ecologías reclamadas como indígenas o campesinas (Ávila, en este volumen). En algunos casos, por ejemplo, dichas movilizaciones buscan transformar paisajes mineros en territorios indígenas mediante la celebración de tradiciones asociadas con el agua (Prieto, en este volumen). Los significados atribuidos y el lenguaje mismo de “recursos naturales” ocluyen los valores asociados con el agua, el suelo, la tierra y, en general, el territorio (Carrizo, Forget y Denoël, en este volumen) que por cierto configura una categoría que comparten la mayoría de las contribuciones de este número especial. Al igual que los procesos de reivindicación particularmente indígenas, las perspectivas alrededor de los conflictos socioambientales articulan el alcance desigual de los actores transnacionales en escenarios locales, específicamente en la configuración de nuevas pautas de reconocimiento social (Paz, en este volumen). Los pobladores locales que constantemente producen y defienden sus ecologías y diferencias culturales afrontan grandes batallas en el marco de las relaciones sociales más amplias que los engloban y los ponen en interacción con actores del orden nacional y transnacional. Algunas de esas batallas las han perdido con crueldad y resultan en la degradación de sus vidas y la resiliencia de los lugares parece opacarse, al tiempo que las lógicas extractivistas y desarrollistas se imponen sometiendo las expectativas locales de bienestar. Muchos otros pobladores locales se encuentran expectantes frente a las posibilidades y azares que les permitan continuar definiéndose a sí mismos a través de sus lugares o territorios, como ocurre en el caso de la cultura fluvial del río Magdalena (Andrade y García, en este volumen). En conjunto, el Dossier ilustra algunos de los encuadres analíticos que devienen un sello singular de la práctica de los ecólogos políticos contemporáneos: la necesidad de rastrear la historicidad de los conflictos socioambientales, el llamado a establecer las influencias interescalares Diana Bocarejo · Carlos Del Cairo · Guillermo Ospina

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que les dan forma, el interés por identificar el carácter inherentemente activo de las diferentes facciones que entran en tensión o colaboración y, finalmente, el requerimiento por desarrollar una comprensión contextualizada que destaque las singularidades de cada conflicto y las regularidades que lo vinculan con otros. Esperamos que el Dossier resulte una sugerente invitación para que aquellos lectores que recién se acercan al campo de la ecología política profundicen en su comprensión e identifiquen su originalidad y relevancia. Para aquellos lectores ya familiarizados con este campo, estamos convencidos que hallarán en él un conjunto estimulante de estudios de caso que alientan el desarrollo de análisis comparativos sobre las densidades que reviste pensar crítica y contextualmente la naturaleza en clave de poder.

Referencias 1.

2. 3.

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Castree, Noel. 2008. “Neoliberalising Nature I: The Logics of De- and Re-regulation”. Environment and Planning A 40 (1): 131-152. http://dx.doi.org/10.1068/ a3999. Harvey, David. 2007. El nuevo imperialismo. Madrid: Akal. Robbins, Paul. 2012. Political ecology: A critical introduction. Malden: Wiley-Blackwell.

Nota editorial

La Revista de Estudios Sociales inicia este número con la semblanza escrita por Diana Bonnett, profesora del Departamento de Historia, en memoria del maestro Jaime Jaramillo Uribe (1917-2015), uno de los intelectuales colombianos más importantes del siglo XX. Como señaló el decano Hugo Fazio en el evento de noviembre, cuando presentó las más recientes publicaciones de la Facultad de Ciencias Sociales: “La renovación de la historia y la preocupación de los científicos sociales por nuevos temas, métodos y enfoques, están asociadas a la obra de este insigne pensador. Su interés por los sectores tradicionalmente silenciados, por la cultura y el pensamiento social lo hicieron merecedor al título del historiador del siglo XX colombiano”. Cabe mencionar que algunos de sus mejores trabajos fueron reeditados por la Facultad en siete volúmenes que recogen, para las siguientes generaciones de historiadores y los académicos dedicados a las Ciencias Sociales, las “Obras completas de Jaime Jaramillo Uribe”. Enseguida, se encuentra la presentación del dossier temático que contiene nueve artículos que tratan sobre los conflictos socio-ambientales y la ecología política en América Latina, involucrando tanto a la sociedad civil como a los estamentos gubernamentales. Los textos presentan una variedad temática que enmarca aspectos económicos, sociales y políticos, y muestra los efectos que transforman el espacio, desde la perspectiva física y la configuración social de las comunidades que los habitan, espacios donde la extracción de recursos naturales genera inequidades y disputas por el acaparamiento de tierras y la subsecuente contaminación. Los autores se refieren a los territorios que cobran otras formas de re-significación y apropiación. El concepto de ecología política se convierte así en el marco teórico para entender, y de alguna manera explicar, estos conflictos sociales y ambientales que se vinculan a la explotación de la naturaleza. No obstante la ecología política no es sólo una categoría de análisis, también es, como lo arguye Leff (2003, 17), “[…] un campo teórico-práctico. Es la construcción de un nuevo territorio del pensamiento crítico y de la acción política”. La manifestación de los conflictos ambientales parece contener un pluralismo de valores tales como la pérdida de patrimonios culturales, la biodiversidad, la afectación del sustento humano, la pérdida de autonomía de lo local, los lenguajes de valoración, de justicia ambiental, de derechos territoriales de determinados grupos, de seguridad ambiental, y por supuesto, de talante económico. Todos estos continuarán siendo temas de estudio e intervención para la ecología política y la economía ecológica. Remitiéndonos a las otras secciones de la Revista, presentamos en Otras Voces dos artículos, el primero de Anders Fjeld “Anti-Machiavellian Rancière: Aesthetic Cartography, Sites of Incommensurability and Processes of Experimentation”, en el cual el autor analiza la distinción entre policía y política afirmando que es un quiebre en el tejido sensible de la sociedad, Martha Lux · Ana Pérez

16 lo que le permite trabajar el concepto de política como una cartografía estética de situaciones y elaborar las siguientes categorías de análisis: sitios de inconmensurabilidad, experimentación, y fragmentación del espacio social. El segundo artículo de esta misma sección, de Hugo Zunino, Lorena Espinoza y Arturo Vallejo, se titula “Los migrantes por estilo de vida como agentes de transformación en la Norpatagonia chilena” y presenta el estilo de vida de migrantes que habitan la Norpatagonia chilena. Concluyen los autores que los migrantes de la Norpatagonia chilena tienen un capital social y cultural significativo, cuentan con el impulso necesario, y poseen las condiciones socioeconómicas y culturales que les permiten movilizarse, cambiar su estilo de vida, y convertirse en agentes de transformación. Los dos textos a los que nos hemos referido, aportan herramientas metodológicas y categorías de análisis para estudios futuros en las áreas de sociología y geografía humana. En la sección Documentos se encuentra el texto de Leidy Bolaños, “El estudio socio-histórico de las emociones y los sentimientos en las Ciencias Sociales del siglo XX”, en el que la autora hace una reflexión historiográfica sobre los estudios que incorporan las emociones y los sentimientos como categorías de análisis socio-histórico, e incluye también, desde una perspectiva cronológica y descriptiva, los debates teóricos y temáticos sobre las emociones y los sentimientos. En su opinión, el estudio de estas categorías analíticas surge cuando algunos investigadores se alejan de las dicotomías clásicas de la tradición positivista para establecer el vínculo entre lo físico-corporal, los hábitos psíquicos, y las formas sociales y culturales. Para la sección Debate contamos con el texto de Daniel Ruiz y Carlos Del Cairo, “Los debates del giro ontológico al naturalismo moderno”, debate que da cuenta de lo producido por el giro ontológico acerca de los planteamientos entre naturaleza y cultura que estructuró el naturalismo moderno. Los autores sostienen que algunos estudios se abordan desde la investigación antropológica, y ofrecen una cartografía

general e introductoria sobre este giro mostrando su relevancia para producir análisis desde la vertiente de la ecología política. Finalmente, en la sección Lecturas, se encuentra la reseña del libro La legitimidad del Derecho y del Estado en el pensamiento jurídico de Weimar: Hans Kelsen, Carl Schmitt y Hermann Heller de Leticia Vita, hecha por María Emilia Barreyro, en la que señala el aporte del texto para situarse en las discusiones sobre teoría política y jurídica en el siglo XX, particularmente en lo que refiere a la legitimidad de las democracias representativas, y contribuye a repensar la actualidad jurídica y política de la academia hispana. Cerramos este primer número del 2016 invitando a nuestros lectores para que consulten los números ya publicados, así como las temáticas de los siguientes números del 2016 y el 2017, incluidas las convocatorias de la RES 58 “La relevancia de la sociología para comprender la América Latina contemporánea”, la RES 59 “Los ciudadanos-víctima. Problematización teórica y revisión crítica de una identidad transnacionalizada”, y de la RES 60 del 2017 que incluirá temas varios, contenidos que estaremos recibiendo durante todo el mes de mayo de 2016. El vínculo a consultar es la página web http://res.uniandes.edu.co/ Martha Lux Editora Ana Pérez Coordinadora editorial

Referencias 1.

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Leff, Enrique. 2003. “La ecología política en América Latina: un campo en construcción”. Sociedade e Estado 18 (1/2): 17-40. http://www.scielo.br/pdf/se/v18n1-2/ v18n1a02.pdf. Martinez-Alier, Joan. 2006. “Los conflictos ecológicos-distributivos y los indicadores de sustentabilidad”. Polis. Revista de la Universidad Bolivariana 5 (13). http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30551307.

Dossier

Hacia una ecología política del agua en Latinoamérica 18-31 Patricia Ávila-García – Universidad Nacional Autónoma de México

Procesos de construcción de la diferencia cultural en el co-manejo del Parque Nacional Nahuel Huapi 32-44

Florencia Trentini – Universidad Nacional de Quilmes, Argentina

Redes transnacionales de organizaciones indígenas. Análisis del uso de las redes en conflictos socioambientales 63-72 Marcela Paz Herrera – Universidad de Santiago de Chile

Tiempo de vidrio y de abundancia. Saberes y oficios de la cultura fluvial en el Alto Magdalena, Colombia 73-87

Martín Andrade Pérez – Fundación Erigaie, Colombia María Catalina García Cháves – Fundación Erigaie, Colombia

Transando el agua, produciendo territorios e identidades indígenas: el modelo de aguas chileno y los atacameños de Calama 88-103 Manuel Prieto – Universidad Católica del Norte, Chile

Relación de una comunidad de pescadores del golfo de Urabá (Colombia) con los ecosistemas de manglar y su conservación 104-119

Ana María Gómez Aguirre – Universidad de Antioquia, Colombia Sandra Turbay – Universidad de Antioquia, Colombia

Implantaciones mineras y trayectorias territoriales. El noroeste argentino, un nuevo centro extractivo mundial 120-136

Silvina Carrizo – Conicet, Argentina Marie Forget – Université de Savoie, Francia Mathilde Denoël – Université Toulouse - Jean Jaurès, Francia

El capital extranjero y el acaparamiento de tierras: conflictos sociales y acumulación por desposesión en Argentina 137-149 Agostina Costantino – Flacso, México

Hacia una ecología política del agua en Latinoamérica* Patricia Ávila-García** Fecha de recepción: 28 de febrero de 2015 • Fecha de aceptación: 06 de julio de 2015 • Fecha de modificación: 09 de septiembre de 2015 DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res55.2016.01

R E S U M E N | La ecología política, entendida como un campo de análisis social y político de los problemas ambientales, cobra relevancia con los cambios asociados a la mundialización capitalista, que se expresan en la privatización de recursos naturales estratégicos, la afectación de los bienes comunes y la devastación ambiental. Desde esta perspectiva se estudió la neoliberalización de la naturaleza y del agua en Latinoamérica como un proceso que se basa en el despojo de los territorios indígenas y campesinos y en la exacerbación de la conflictividad socioambiental. Entre los hallazgos fue que el Estado tuvo un papel central como impulsor (junto con los actores privados) de tales cambios en la región; y como facilitador de los procesos de privatización y despojo de los territorios indígenas y campesinos (por medio de mecanismos legales e ilegales). Esto generó una diversidad de movimientos sociales en defensa del territorio y del agua que demandaron acceso a la justicia y solución a sus conflictos socioambientales. PA L A B R A S C L AV E | Estado, Latinoamérica, agua (Thesaurus); ecología política, mundialización capitalista, neoliberalización de la naturaleza (Palabras clave de autor).

Towards a Political Ecology of Water in Latin America A B S T R AC T | Political Ecology, understood as a field of social and political analysis of environmental problems, becomes relevant in the face of changes associated with the capitalist globalization that is expressed in the privatization of strategic natural resources, encumbrance of community property, and devastation of the environment. From that perspective, this article studies the neo-liberalization of nature and water in Latin America as a process based on the dispossession of peasants and indigenous peoples in their territories and the exacerbation of socio-environmental conflicts. Among other results, it was found that the state plays a central role both as a promoter (together with private stakeholders) of such changes in the region, and as a facilitator of processes of privatization, through legal and illegal mechanisms alike. This process has generated a variety of social movements for the defense of the territory and water that demanded access to justice and solutions to their socio-environmental conflicts. K E Y W O R D S | State, Latin America, water (Thesaurus); political ecology, capitalist globalization, neo-liberalization of nature (Author’s Keywords).

Esta investigación es resultado del proyecto Seguridad hídrica y conflictos socioambientales en México, financiada por el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) de la Universidad Nacional Autónoma de México, clave IN301712.

Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (México). Investigadora del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre sus últimas publicaciones se encuentran: “Water Conflicts and Human Rights in Indigenous Territories of Latin America”. En Water for The Americas: Challenges and Opportunities, editado por Alberto Garrido y Mordechai Shechter, 177-205. Nueva York: Routledge, 2014 y “Urbanización, poder local y conflictos ambientales en Morelia”. En Urbanización, sociedad y ambiente. Experiencias en ciudades medias, coordinado por Antonio Vieyra y Alejandra Larrazábal, 121-149. México: UNAM – INECC, 2014. * pavila@cieco.unam.mx

DOSSIER

Rumo a uma ecologia política da água na América Latina R E S U M O | A ecologia política, entendida como um campo de análise social e político dos problemas ambientais, ganha relevância com as mudanças associadas com a mundialização capitalista, que se expressam na privatização de recursos naturais estratégicos, a afetação dos bens comuns e a devastação ambiental. Dessa perspectiva, estudou-se a neoliberalização da natureza e da água na América Latina como um processo que está baseado na desocupação dos territórios indígenas e camponeses e na exacerbação da conflitividade socioambiental. Entre as constatações, está o papel central que teve o Estado como propulsor (junto com os atores privados) dessas mudanças na região e como facilitador dos processos de privatização e despojo dos territórios indígenas e camponeses (por meio de mecanismos legais e ilegais). Isso gerou uma diversidade de movimentos sociais em defesa do território e da água que demandaram acesso à justiça e solução a seus conflitos socioambientais. PA L AV R A S - C H AV E | Estado, América Latina, água (Thesaurus); ecologia política, mundialização capitalista, neoliberalização da natureza (palavras do autor).

Introducción Los cambios estructurales en la economía iniciados en 1980 fueron determinantes para la expansión del sistema capitalista en su etapa de mundialización.1 Ello implicó la penetración del capital en los rincones más alejados del planeta, con el fin de garantizar su funcionamiento a escala global. Además, los cambios legales e institucionales realizados por los Estados-nación fueron determinantes para adecuar sus economías y territorios a las nuevas condiciones del libre mercado. Bajo este marco, la neoliberalización de la naturaleza se relaciona con la privatización y el despojo de los recursos naturales y los bienes comunes (ríos, lagos, acuíferos, mares); la fragmentación de los ecosistemas y la devastación ambiental; así como con la mercantilización de los recursos naturales y los “servicios ambientales”; y la socialización de los costos ambientales (externalidades, según economía ambiental). Desde la perspectiva de la ecología política2 este ensayo pone énfasis en la dimensión social y política de la cuestión ambiental, a partir de las contradicciones y conflictos ecológico-distributivos que genera el sistema económico dominante (Escobar 2010; Leff 2003; Martínez-Alier 2006; Robbins 2012). En este sentido, interesa indagar la inserción de los países latinoamericanos en la mundialización capitalista y en particular el papel que

En términos menos rigurosos se considera como neoliberalismo o globalización económica; así como la interfase global y mundial del capitalismo en la acepción latinoamericana.

2 Leff (2003, 4) señala que la ecología política “se localiza en los linderos del ambiente que puede ser recodificado e internalizado en el espacio paradigmático de la economía, de la valorización de los recursos naturales y los servicios ambientales. La ecología política se establece en ese espacio que es el del conflicto por la reapropiación de la naturaleza y de la cultura, allí donde la naturaleza y la cultura resisten a la homologación de valores y procesos (simbólicos, ecológicos, epistemológicos, políticos) inconmensurables y a ser absorbidos en términos de valores de mercado”.

estos juegan en la neoliberalización de la naturaleza y del agua. Para ello, aquí se analizan los cambios en el modelo de apropiación y gestión del agua que benefician a actores privados nacionales y transnacionales y conllevan nuevas formas de colonización del territorio, resistencia social y conflicto.

Mundialización capitalista y sus expresiones neocoloniales En su etapa de mundialización, los cambios en el sistema económico dominante estuvieron asociados con políticas neoliberales como la apertura comercial y la privatización (Harvey 2004; Osorio 2004). Los países centrales que impulsaron tales cambios fueron: Estados Unidos de América (EUA), como país dominante, y la Unión Europea, Canadá y Japón que afianzaron su poderío económico a escala mundial, principalmente por medio de un mayor control y subordinación de los territorios donde se ubican los países periféricos (América Latina, África, Asia). Es decir, las históricas relaciones de dependencia y colonialismo se reforzaron con la mundialización capitalista y lógicas depredadoras como el extractivismo de los recursos naturales se intensificaron, gracias al cambio tecnológico y a una mayor inversión de capital transnacional en esos territorios (Alimonda 2011). Otros países no centrales con gran poder económico y político como los del ex bloque socialista (Rusia y China) entraron en la lógica neoliberal al insertarse en el libre mercado y al hacer inversiones económicas importantes en el campo energético y minero, en diversas partes del mundo. En la práctica esto implicó una mayor presión sobre los territorios, ya que algunos países periféricos abrieron sus puertas a estos capitales. En el contexto de la región latinoamericana, Chile y México fueron los primeros en adoptar, en la década de 1980, los cambios estructurales en la economía para abrirse al mercado externo y permitir el ascenso de Hacia una ecología política del agua en Latinoamérica | Patricia Ávila-García

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actores privados (transnacionales) en áreas estratégicas. Paulatinamente lo hicieron el resto de los países de la región, con excepción de Cuba. Esto fue posible gracias a que los Estados asumieron de forma ortodoxa los lineamientos impulsados por los países centrales y los organismos supranacionales —como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)— para insertarse en la mundialización capitalista. Además los Estados latinoamericanos hicieron reformas en sus marcos legales e institucionales para dar mayor certeza a la inversión privada en materia de tenencia de la tierra, derechos de agua y concesiones mineras. En corto tiempo dichas acciones garantizaron la apropiación privada del territorio y los recursos naturales por parte de los grupos de poder local y los actores transnacionales, en detrimento de la soberanía y el desarrollo nacional (Escobar 2011). Como resultado, se reforzó el papel histórico de la región como proveedora de mano de obra barata, exportadora de materias primas (petróleo, minerales y otros recursos naturales estratégicos) y productos agrícolas y pecuarios (frutas, hortalizas, carne) para los países centrales. En el ámbito económico, se convirtió en un espacio de interés para el capital transnacional al abrirse numerosas oportunidades de inversión para la extracción y procesamiento del petróleo y sus derivados, la explotación minera, la generación de energía hidroeléctrica y eólica, la construcción de carreteras y presas, la expansión inmobiliaria y turística; así como para la prestación de diversos servicios privados como el agua potable, las comunicaciones y la electricidad, entre otros. Desde una perspectiva geopolítica, con su dominio a escala internacional EUA buscó tener el control desde el norte hasta el sur del continente, mediante el impulso de acuerdos comerciales con implicaciones en la seguridad de los países (Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN; Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA); la concreción de planes de integración territorial con fines expansionistas (Plan Puebla Panamá, PPP y Proyecto Mesoamérica, PM; y la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana, IIRSA). Es decir, el neocolonialismo se fortaleció en Latinoamérica con la inclusión de sus países en la mundialización capitalista (Alimonda 2011; Ceceña 2008; Osorio 2004). No obstante, las particulares condiciones históricas de los países latinoamericanos y las coyunturas que se desarrollaron hacia finales del siglo XX influyeron en el ascenso de nuevos proyectos políticos en el sur del continente. Entre sus objetivos estaba articularse de forma diferente con la economía mundial, desde una perspectiva más nacionalista y menos dependiente de los EUA. Tales fueron los casos de Brasil, Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Uruguay, que con

diferentes matices y niveles de confrontación con los poderes local y transnacional establecieron límites a la avanzada neoliberal, sin afectar en esencia el funcionamiento del modelo económico dominante. Ello explica la existencia de contradicciones sociales y disputas por la imposición de proyectos económicos en sus territorios (como la construcción de carreteras y deforestación en la selva; la expansión minera a cielo abierto y monocultivos transgénicos como la soya).

El Estado en el contexto neoliberal: cambios legales e institucionales El Estado ha jugado un papel central como impulsor de la mundialización del capitalismo, a diferencia de lo que en el discurso dominante de la globalización se señala: el adelgazamiento e incluso desaparición del mismo (Osorio 2004). Más que su extinción, lo que éste ha experimentado es una re-funcionalización producto de los cambios en la hegemonía del bloque de poder. Los actores privados trasnacionales se han vuelto dominantes en su alianza con las élites nacionales más modernas e integradas al esquema económico neoliberal. De hecho Petras (2001) señala que en la actualidad el Estado-nación es más dinámico y tiene un rol central en la economía mundial. En consecuencia, el Estado neoliberal ha generado las condiciones jurídicas e institucionales para que el capital privado concrete sus inversiones y proyectos en la región, sin obstáculos legales ni político-sociales (Harvey 2004). De igual manera éste ha promovido, por la vía de endeudamiento externo, la realización de costosas obras de infraestructura (comunicaciones, carreteras, obras hidráulicas, generación de energía) que garanticen la movilidad del capital y la penetración en territorios otrora inaccesibles; y ha detenido, por la vía de la coerción y la violencia, el ascenso de movimientos sociales que ponen en riesgo el ascenso del proyecto dominante (Composto y Navarro 2014). Sin embargo, el papel del Estado puede analizarse mejor desde las dos acepciones que plantea Osorio (2004): el Estado visible, conformado por un conjunto de instituciones, leyes, normas y reglamentos que están a la vista del observador común; y el Estado invisible, que representa la condensación de la red de relaciones de poder, dominio y fuerza que ejerce para concretar los proyectos que tiene en común con los grupos aliados y remite a una realidad oculta que termina por darle significación al Estado visible. Es decir, el Estado en su forma invisible contribuye a afianzar los intereses de las élites y grupos dominantes, mediante la promoción de un proyecto económico neoliberal que en el caso latinoamericano se expresa en un neocolonialismo ligado con la mundialización capitalista (Alimonda 2011; Osorio 2004).

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Pero en su forma visible, el Estado aparece como un ente neutro que vela por los intereses de la población que habita en el territorio, por medio del respeto al marco legal e institucional, la defensa de la soberanía nacional y la búsqueda del desarrollo económico para reducir las desigualdades sociales. Su discurso a favor de la globalización argumenta que esta es un medio para salir de la crisis y superar el subdesarrollo por la vía de la modernización capitalista (Osorio 2004). Con ello justifica realizar reformas constitucionales y cambios legales para permitir una mayor apertura y flexibilidad al capital privado nacional y extranjero; así como la promoción de proyectos e inversiones económicas altamente costosas para el erario público, pero de gran interés para el capital, aduciendo que son de utilidad pública e interés nacional. De esta manera se convierte en un promotor de cambios jurídicos, firma de los tratados comerciales, apertura a inversiones extranjeras y realización de megaproyectos en infraestructura.

mercados y bancos de agua para su mejor asignación con base en criterios económicos como la eficiencia.

Al menos tres políticas impulsadas por el Estado han sido centrales en la avanzada neoliberal: la privatización de recursos estratégicos como el agua y la tierra; la desregulación económica y ambiental para incentivar la inversión extranjera en actividades extractivas y productivas altamente consumidoras de recursos naturales; y la reorganización territorial por el impulso de proyectos en infraestructura que orientan la inversión de capital en sectores estratégicos.

En la actualidad, las implicaciones de los tratados comerciales están a la vista: los sectores productivos y de servicios de los países latinoamericanos han sido desplazados por empresas privadas, sobre todo, transnacionales que han penetrado en campos diversos de la economía. Chile es líder en compromisos contractuales con empresas transnacionales dedicadas a la construcción de obras hidráulicas y también se caracteriza por la participación privada en la gestión del agua. No obstante, Argentina es un caso interesante de reversión a los procesos de privatización en materia de agua: los contratos de inversión realizados con el sector privado transnacional en los años 1990 fueron rescindidos o están en controversia ante instancias mercantiles internacionales (IMTA 2008).

La primera política neoliberal está asociada con la privatización. Los países latinoamericanos han realizado una serie de reformas constitucionales y cambios en leyes asociados con la propiedad de la tierra y el agua que permiten dar certeza jurídica a la inversión privada. En el caso chileno, el Código de Aguas aprobado en 1981 dio la pauta para considerar el agua como un bien económico, separar la propiedad del agua del dominio de la tierra y generar un mercado para transar los derechos otorgados a los particulares. Sus efectos han sido dramáticos sobre todo para los territorios indígenas y campesinos, al haber una afectación de sus derechos ancestrales y el acaparamiento del agua por parte de los sectores económicos más modernos, en su mayoría transnacionales ligadas a la generación de hidroelectricidad y con actividades mineras, industriales y agrícolas para exportación (Budds 2009; Gentes 2009). En el caso mexicano, las reformas constitucionales al artículo 27 en 1991 conllevaron la liberalización de la propiedad social de la tierra (ejidal y comunal) y de otros bienes (playas, humedales), otrora considerados propiedad de la nación. Cuestión que implicó la fragmentación del territorio al separar la tierra de otros recursos naturales como el agua, los bosques, los minerales y la biodiversidad. Estos cambios vinieron acompañados de nuevas leyes como la de Aguas Nacionales, aprobada en 1992, que creó derechos de propiedad (por la vía de la concesión y asignación) sobre las fuentes de agua superficial y subterránea, y la posibilidad de formar

La segunda política neoliberal está ligada a la desregulación económica que ha fomentado la flexibilidad para la inversión extranjera, mediante la reducción de las barreras arancelarias y no arancelarias. Gracias a estos cambios se abrieron las puertas al mercado internacional, ya que en los países latinoamericanos se reformó el marco jurídico que impedía este tipo de inversiones y se promovieron tratados de libre comercio con los países centrales. Aquí se destaca el caso de México con el mayor número de tratados firmados en la región, pero el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) firmado en 1994 es el central. En el caso de los países sudamericanos, pertenecientes al Mercosur, sus tratados fueron sobre todo con países pertenecientes a la Unión Europea. Otros países de la región firmaron tratados con China, es el caso de Chile en 1996, Perú en 2010 y Costa Rica en 2011.

De igual manera, la política de desregulación ambiental ha atraído la inversión privada transnacional: los costos ambientales generados por las actividades económicas son subvaluados o simplemente no se consideran para incentivar la localización de empresas e inversiones en los países latinoamericanos. La legislación y normatividad ambiental solo incluye algunos indicadores y mecanismos para evaluar el impacto y los riesgos que tienen estas actividades sobre la población, los recursos naturales y los ecosistemas. Es, pues, más flexible que en los países centrales, lo cual abre el camino a empresas transnacionales que en otras condiciones (altas restricciones ambientales) no podrían operar. En la práctica, los Estados latinoamericanos buscan ajustar la normatividad para que las empresas cumplan los requisitos mínimos para la mitigación y reducción de los riesgos e impactos ambientales. Se trata de internalizar los costos ambientales que provocan las actividades económicas (mineras, industrias petroquímicas y automotrices, proyectos turísticos e inmobiliarios, entre otros) sin afectar en esencia el funcionamiento del sistema económico dominante y por ende su lógica de ganancia. Hacia una ecología política del agua en Latinoamérica | Patricia Ávila-García

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El ejemplo del agua es ilustrativo,3 ya que al manejarse bajo la lógica del capital es sobreexplotada por la agricultura de exportación (producción de soya, hortalizas, frutales); y por las industrias de extracción (mineras), transformación (petrolera, celulosa y papel, química, automotriz) y agroindustria (granjas, biodiesel). El agua también se ve afectadada por la contaminación de desechos urbanos, industriales y agrícolas, ya que las regulaciones son laxas y hay omisiones importantes en la ley ambiental. Lo mismo ocurre con la devastación de ecosistemas: los estatus de protección del territorio (como las áreas naturales protegidas) y los planes de ordenamiento ecológico son cambiados (de manera discrecional) por el Estado, e incluso, eliminados sin justificación técnica alguna cuando hay un proyecto o inversión de importancia económica. Las manifestaciones de impacto ambiental, requeridas por las instituciones en la materia, no consideran los impactos sociales y subvalúan los costos ambientales para garantizar la factibilidad de los proyectos privados y estatales. Incluso varios de ellos son realizados sin haber cumplido con la normatividad ambiental (Ávila et al. 2012). La tercera política neoliberal consiste en la reorganización y el control territorial, a partir de los cuales el sector privado transnacional busca orientar las inversiones en actividades económicas estratégicas, con base en el aprovechamiento de los recursos naturales (agua, petróleo, minerales). Además, los países centrales impulsan el neocolonialismo y el control geopolítico para afianzar sus intereses en la región y la acumulación del capital a escala global (Achkar y Domínguez 2008; Naidoo y Davidson 2006). De manera específica, EUA ha promovido junto con los Estados latinoamericanos proyectos territoriales en el norte, centro y sur del continente. Como ejemplos están el Plan Puebla Panamá (2001-2008) y luego el Proyecto Mesoamérica (2008 a la fecha) que se diseñaron con el fin de integrar en el mercado mundial a México y Centroamérica. Estos incluyen: la construcción de infraestructura para garantizar la movilidad de mercancías entre ambos océanos (Atlántico y Pacífico); la exportación, explotación y comercialización de los recursos naturales; y el desarrollo de megaproyectos en materia de agua y energía, entre otros (Arreola 2006).

3 Al respecto el Tribunal Latinoamericano del Agua ha documentado decenas de casos de afectación a los sistemas hídricos por parte de empresas privadas nacionales y transnacionales en la región. Los casos más críticos son la minería en Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica) y Sudamérica (Perú, Chile), así como los proyectos hidroeléctricos en México, Colombia, Chile y Brasil. También existen otros casos de violación o incumplimiento de la ley por parte del Estado y las empresas privadas que muestran la afectación socioambiental en los territorios indígenas y campesinos (Bravo 2010; Peniche 2010; Meza 2011; Roa y Duarte 2012; Composto y Navarro 2014).

Su área de influencia abarca nueve países: México, Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. En el sur del continente, organismos supranacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina y los Estados sudamericanos impulsaron la creación de infraestructura en comunicaciones y transportes, así como megaproyectos para aprovechar los recursos naturales de la región. Para ello formaron en el año 2000 la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) en la que participan doce países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. La propuesta territorial incluye la formación de diez ejes de integración con base en la disponibilidad de recursos naturales, existencia de infraestructura y desarrollo de actividades económicas (Ceceña 2008). El objetivo de IIRSA es promover una cartera de proyectos en materia de infraestructura, con inversiones financiadas por organismos supranacionales y regionales, en los ejes que forman parte de la iniciativa: Eje Andino (nodos de articulación de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), Eje Andino del Sur (abarca algunas regiones limítrofes de Argentina y de Chile con la cordillera de los Andes), Eje Capricornio (en el Trópico de Capricornio entre los Océanos Atlántico y Pacífico), Eje Hidrovía ParaguayParaná (incorpora las regiones de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay que están en las cercanías de los ríos Paraguay, Paraná, Tietê y Uruguay), Eje Amazonas (vincula determinados puertos del Pacífico con los puertos brasileños), Eje Escudo Guayanés (algunas regiones de Brasil, Guyana, Surinam y Venezuela), Eje del Sur (instalaciones portuarias tanto en el Océano Atlántico como en el Pacífico), Eje Interoceánico Central (puertos y los nodos de articulación entre Perú, Chile, Bolivia, Paraguay y Brasil) y Eje Perú-Brasil-Bolivia (triple frontera de estos países). Así, la política territorial impulsada por los Estados latinoamericanos en su alianza con los grupos dominantes, sobre todo transnacionales, ha tenido un alto contenido geopolítico y económico al impulsar obras de infraestructura y megaproyectos que articulen regiones ricas en recursos naturales o con ubicación geográfica estratégica, en el marco de la mundialización capitalista y el ascenso del neocolonialismo en la región.

Neoliberalización de la naturaleza y del agua: privatización y despojo Como señala Harvey (2004), la acumulación por desposesión es una lógica vigente en la fase imperialista del capitalismo (o mundialización) que implica, entre otras, formas primitivas de acumulación como: la mercantilización y privatización de la tierra; la conversión de diversas formas de propiedad (comunal, colectiva y

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estatal) en derechos de propiedad privada; la restricción en el acceso de los bienes comunes; y la adopción de procesos coloniales, neo-coloniales e imperiales de apropiación de bienes (como los recursos naturales). Otros mecanismos novedosos de acumulación por desposesión incluyen: la mercantilización de la naturaleza en todas sus formas; la afectación de los bienes, hasta ahora comunes, que integran el entorno global (tierra, agua, aire); y la degradación del hábitat natural que pone en riesgo la supervivencia de las actividades productivas tradicionales. Para Zibechi (2010, 2) estos nuevos mecanismos se asocian al extractivismo, definido como “la apropiación de los bienes comunes, de modo directo o indirecto, para convertirlos en mercancía. Se trata de una fase diferente del modelo neoliberal luego de la primera etapa anclada en las privatizaciones, la apertura comercial y financiera y la desregulación laboral”. Adicionalmente, la acumulación por desposesión requiere de un Estado que genere las condiciones necesarias para abrir espacios al capital, sin importar que se atente contra los entornos naturales y las poblaciones que habitan los territorios considerados como estratégicos. Dicho Estado crea, además, los mecanismos legales y no legales para imponer aquellos proyectos que garanticen la acumulación del capital en la escala global. Con este argumento, Harvey (2004) señala que cualquier territorio que busque insertarse en la lógica del capital requiere necesariamente de cambios estructurales, institucionales y legales, de gran alcance y realizados por el Estado. El proceso denominado neoliberalización de la naturaleza (Castree 2008) nos permite analizar con mayor detalle las nuevas modalidades que tiene el capitalismo en los territorios (naciones y regiones) para simplificar y cosificar el medio biofísico como si fuera una mercancía o servicio (ambiental) e incluirlo como parte del “capital natural”. Para ello se modifican, flexibilizan e incluso violentan los derechos de propiedad y las regulaciones sociales en torno al acceso y aprovechamiento de los recursos naturales. En lo referente a la neoliberalización del agua, Swyngedouw (2005) señala que la acumulación por desposesión está muy relacionada con la privatización y con el despojo de los bienes comunes. Hecho que se justifica ideológicamente con los argumentos de que el mercado es la fuerza más racional para asignar y distribuir los derechos del agua; y de que el sector privado es el actor más idóneo para prestar el servicio y operar las grandes obras hidráulicas con el fin de evitar el deterioro de los bienes comunes. Al ser considerada el agua como un bien económico sujeto a las leyes del mercado, queda expuesta a las reglas comerciales internacionales y a su devastación

por la lógica de maximización de la ganancia de las empresas y consorcios privados, interesados en su control y gestión. De acuerdo con Flórez (2006), el BM y la Organización Mundial del Comercio (OMC) jugaron un rol clave en la campaña global para que el agua fuera tratada como un bien económico, lo cual trajo como consecuencia un uso regulado por las normas internacionales y en especial por los tratados de libre comercio. Al respecto Swyngedouw (2005) señala que la presencia del Estado es central para establecer y sostener los principios del mercado, ya que privilegia un modelo de gestión privada del agua y excluye otras formas de gestión comunitaria y social. En este escenario emergen nuevas instituciones en el campo económico y de regulación ambiental que dan sustento a la estrategia de privatización. Pero más que desregulación en el sector del agua, lo que se observa es que la privatización conduce a una profunda re-regulación del mercado del agua. En este proceso, numerosos actores involucrados en formas diferentes de gestión del agua se ven significativamente afectados y dan lugar a una nueva geometría del poder social. La acumulación por desposesión asociada a la privatización del agua brinda más poder económico y autonomía a las empresas (sobre todo transnacionales), en términos de decisiones sobre estrategias e inversiones. Además elimina los controles estatales para ser transferidos al sector privado; cambia los mecanismos en la toma de decisiones y estrategias de desarrollo; y limita el acceso a la información y datos relevantes en materia de agua (Swyngedouw 2005). A esto se le llama desvío de poder (Serra 2003): el Estado invisible violenta la legalidad al otorgar facultades importantes a determinados actores para garantizar su beneficio privado, sin importar si se pone en riesgo el bienestar colectivo o afectan los bienes comunes. Es importante señalar que la liberalización y privatización del agua fue promovida desde los años 1980 por el BM y el FMI (Achkar y Domínguez 2008). Tales organismos condicionaron los créditos otorgados en varios países del mundo (sobre todo de América Latina, Asia y África) para asegurar la privatización del recurso. Entre 1990 y 2002, 30% del monto total de los préstamos del BM para abastecimiento de agua y saneamiento tuvieron como centro la privatización y, por ende, estimularon el mayor control del agua por parte de las empresas transnacionales. Porto-Gonçalves (2006) señala que la liberalización y la mercantilización muestran una dinámica de la “conquista del agua” en la que hay integración de los sectores que luchan por la sobrevivencia y la hegemonía, en el seno del oligopolio mundial. Cada uno de estos sectores (agua potable, agua envasada, bebidas gasificadas, tratamiento de aguas servidas) tienen sus protagonistas, sus especialidades, sus mercados y sus conflictos. Hacia una ecología política del agua en Latinoamérica | Patricia Ávila-García

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El poder alcanzado por los actores privados se muestra claramente en el control oligopólico del mercado de abasto de agua por parte de empresas transnacionales como las francesas Suez y Vivendi, que controlan el 70% del mercado global de aguas privatizadas (PortoGonçalves 2006; Swyngedouw 2005). El mercado de agua embotellada es controlado, a nivel global, por otras empresas transnacionales: Coca Cola, Pepsico, Danone, Nestlé.4 No obstante, Bakker (2003 y 2013) observa que la privatización del agua estimuló la expansión del sector (como el ligado a la provisión del servicio) en algunas regiones, mientras que en otras hubo retraimiento. Un primer nivel de explicación está en la dimensión económica: las inversiones privadas en materia de agua se expandieron en aquellos lugares donde encontraron nichos de mercado altamente redituables; pero en donde la utilidad fue poco atractiva para sostenerse en el mediano y largo plazo, o mostró riesgos para su realización, se retiraron. Ello muestra la escasa presencia e incluso contracción del sector privado en regiones o actividades consideradas no redituables económicamente (por ejemplo, el abasto formal de agua en zonas suburbanas y rurales donde habitan los pobres de la ciudad y el campo). Así, el neoliberalismo del agua se basa en una lógica de acumulación de capital en la que el eje es la maximización de la ganancia a corto plazo; y su expresión territorial es diferencial por los grados de utilidad que ofrece cada sector social. Un segundo nivel de explicación está en la dimensión política: en aquellos espacios donde no hubo resistencia social y el Estado brindó todas las facilidades para la inversión se expandió el modelo de privatización del agua. Pero donde hubo fuerte oposición a la privatización y emergieron organizaciones de defensa territorial e iniciativas ciudadanas para una gestión alternativa en materia de agua (cogestión, autogestión), el capital se retrajo. En esos espacios de conflicto, las empresas privadas no tuvieron más opción que retirarse, reducir sus márgenes de ganancia o incluir lógicas más racionales de uso y manejo del recurso. Este momento corresponde al llamado post-neoliberalismo del agua (Bakker 2013).

Neoliberalización del agua y conflictividad en los territorios indígenas y campesinos de Latinoamérica De manera concreta, en Latinoamérica la neoliberalización del agua se ha expresado en la fragmentación del territorio al separar la matriz agua-suelo-bosque, que forma parte de la cosmovisión prehispánica tanto 4 Tan sólo en México, más del 80% del mercado es acaparado por la empresa francesa Danone y las estadounidenses Coca Cola y Pepsico (Sánchez 2012).

mesoamericana (altépetl) como andina (ayllú), e incluirla en la lógica del mercado como una entidad independiente (como mercancías con valor económico y precio). Cuestión que ha implicado el despojo de los territorios habitados por población indígena5 y campesina (fenómeno presente desde la Colonia y exacerbado en la actualidad) al convertir la propiedad social y estatal de la tierra en propiedad privada y generar un mercado de derechos, donde el agua y el suelo son tranzados como cualquier bien económico. La dimensión social y cultural asociada a la noción misma de territorio simplemente se ha hecho a un lado con el fin de fragmentar sus componentes (en forma de recursos naturales) para su fácil mercantilización. Al respecto, las reformas neoliberales realizadas en materia de agua en Chile y México dieron mayor certeza sobre los derechos individuales y la creación de mercados de agua (Código de Aguas de Chile de 1981 y Ley Nacional de Aguas de México de 1992). Estas tendencias privatizadoras dificultaron aún más la posibilidad de aplicar las políticas de integración y coexistencia de los derechos colectivos del agua en los territorios indígenas, al no ser reconocidos por los Estados. Como resultado, hubo procesos de desposesión en materia de derechos del agua: en el caso mexicano la cuestión indígena fue omitida en la Ley de Aguas Nacionales, por lo que la población indígena fue tratada como usuario al igual que una empresa privada, sin considerar su reconocimiento constitucional como pueblos indígenas con derechos (Ávila 2012). En el caso chileno, el Código de Aguas de 1981 contribuyó a privatizar los derechos del agua en territorios indígenas y generó tensiones y conflictos con el pueblo mapuche, tanto que en las reformas al mismo Código en 2005 tuvieron que incluir elementos que dieran mayor equidad social en la asignación de los derechos individuales. Aun así, no pudo evitarse el despojo al que fueron sometidos los pueblos indígenas (Budds 2004 y 2009; Gentes 2009). Por otra parte, la neoliberalización del agua se relaciona con la restricción del acceso y control de los bienes comunes (manantiales, ríos, lagos y humedales) por la vía de la privatización de la tierra y el otorgamiento de concesiones privadas y decretos expropiatorios, desde el norte hasta el sur del continente (México, Centroamérica y Sudamérica). Ello ha facilitado la realización de obras e inversiones económicas para el aprovechamiento privado de los recursos naturales y del agua en particular, con el argumento del interés público y el beneficio social.

5 Del Popolo y Oyarce (2005) y UNICEF (2012) muestran la importancia de los pueblos indígenas en América Latina: existen más de quinientos grupos indígenas con alrededor de treinta millones de habitantes, valor que representa el 6% de la población total en la región. Su distribución varía según los países: México, Bolivia, Guatemala, Perú y Colombia concentran la mayor población indígena en el continente, aunque en términos porcentuales Bolivia es la más indígena. Brasil concentra el mayor número de grupos indígenas pero con una densidad demográfica baja.

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Lo que ha habido es un diseño y aplicación de recursos jurídicos para legalizar el despojo de los bienes comunes y territorios que cuentan con gran riqueza natural (como los pueblos indígenas y campesinos). Como ejemplo están la apropiación de manantiales reconocidos como bienes colectivos que fueron privatizados (vía concesiones otorgadas y compra de tierra) para el embotellamiento y venta del agua por parte de empresas transnacionales como la compañía Nestlé en el volcán Iztaccíhuatl en México (Meza 2011); así como el aprovechamiento del agua de alta calidad (manantiales y ríos prístinos) para el riego de cultivos agrícolas de exportación como la fresa en Michoacán y las flores del Estado de México que van principalmente al mercado de Estados Unidos (Peniche 2010; Velázquez 2011). En consecuencia, la neoliberalización del agua ha requerido de nuevas instituciones y políticas públicas (no solo nacionales sino también internacionales) que impulsen regulaciones más flexibles, acuerdos comerciales e inversiones económicas que hagan realidad la privatización en la región. Por la vía del financiamiento de proyectos multiobjetivo organismos supranacionales como el BM y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), junto con los Estados latinoamericanos, han promovido la construcción de grandes presas hidroeléctricas que benefician sobre todo al capital privado transnacional, desde su etapa de construcción hasta su operación. Muchos de estos proyectos han sido construidos vía endeudamiento público en México, Colombia, Chile y Brasil, principalmente; y se ubican en aquellos espacios definidos como prioritarios por el capital: las regiones de influencia del PPP en México y Centroamérica y los ejes del IIRSA en Sudamérica (Romero, Aravena y Toledo 2009; Kothari et al. 2012). La mayor flexibilidad de la legislación (hídrica, agraria, ambiental) ha brindado certeza al capital para penetrar en regiones de gran riqueza natural (selvas de centro y sur de América, desiertos y montañas en México y Sudamérica) y con disponibilidad de recursos estratégicos (acuíferos, glaciares, petróleo, minerales). Esto se ha hecho sobre la base de la depredación ambiental (es decir, sobreexplotación de acuíferos, contaminación de ríos y cuerpos de agua y desvío de fuentes naturales de agua para actividades mineras, industriales, agrícolas, pecuarias y urbanas) y el despojo de los pueblos indígenas de sus territorios (desde México hasta la Patagonia) como se documenta en Composto y Navarro (2014). Tal depredación se manifiesta en la expansión de la agricultura comercial (sobre todo de exportación) que ha aprovechado los recursos hídricos en algunas regiones, al punto de sobreexplotar los acuíferos y obtener aguas fósiles que afectan la calidad del agua. La Comarca Lagunera y el Bajío Guanajuatense en México son casos bien documentados de los impactos de la actividad agrícola-comercial en la sobreexplotación de acuíferos y la afectación en la salud de la población por

la contaminación del agua (elevadas concentraciones de Arsénico y Flúor).6 Lo mismo puede decirse de la Reserva de la Biósfera Cuatro Ciénegas, ubicada en el desierto mexicano y considerada de alto valor ambiental por las especies endémicas que habitan allí. Sus lagunas se han secado o reducido el nivel de profundidad por la sobreexplotación de los acuíferos para el cultivo de forraje, que alimenta al ganado de la industria lechera más importante del país (Enciso 2006 y 2012). En los casos anteriores se destaca el papel del Estado mexicano al no haber hecho algo por detener la sobreexplotación y contaminación de los acuíferos, como consta con los casos presentados en diversas audiencias del Tribunal Latinoamericano del Agua y en la pre-audiencia de devastación del sistema hídrico nacional del Tribunal Permanente de los Pueblos (Ávila et al. 2013). De hecho, el veredicto emitido por el Tribunal Latinoamericano del Agua en su audiencia de Buenos Aires en 20127 lo señala como responsable de la devastación del sistema hídrico nacional y la violación del derecho humano de los mexicanos al agua. En Sudamérica, la expansión del monocultivo de soya ha generado: una presión sobre el uso del agua (superficial y subterránea), cambios en el uso del suelo (afectación de ecosistemas) y adopción de un paquete tecnológico (plaguicidas, herbicidas, semillas transgénicas) altamente nocivo para el ambiente (contaminación del suelo, agua y aire). Los principales productores de aceite y harina de soya a nivel mundial son Argentina, Brasil y Estados Unidos de América; y los principales consumidores son la Unión Europea, Japón y China (Bravo et al. 2010; GRAIN 2013). Tal mercado es controlado por cuatro empresas transnacionales de origen estadounidense (3) y francés (1). En particular se destaca la transferencia de “agua virtual” desde Argentina para la exportación de soya a China, ya que implica el uso de 900 litros de agua para producir 500 gramos de ese cultivo (Viano 2012). Esto sin duda afecta regiones como la Pampa Húmeda, las Yungas y el Chaco, al ampliarse la frontera agrícola en zonas con importancia ecológica o en situaciones de estrés hídrico. Sin embargo, el cultivo se introdujo en ese país en 1996 sin realizar estudios de impacto ambiental que fueran independientes ni una consulta pública o discusión parlamentaria que avalara su pertinencia (GRAIN 2009). De igual manera, los megaproyectos hidroeléctricos se han autorizado en la región sin considerar las verdaderas afectaciones, sobre todo en los territorios indígenas. Han sido impuestos por el Estado sin brindar 6 Véanse los estudios realizados por Romero, Soto y Gómez (2012); Arreguín, Chávez y Soto (2010); Ortega (2009); y el dictamen de Ávila et al. (2013). 7 Para más detalle véase el veredicto del caso mexicano presentado en el Tribunal Latinoamericano del Agua en 2012. http://tragua.com/2012/11/3148/. Hacia una ecología política del agua en Latinoamérica | Patricia Ávila-García

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información y mucho menos considerar por la vía de la consulta la opinión de la población afectada; y se han caracterizado por el hostigamiento e incluso violencia contra los opositores a los citados proyectos (Composto y Navarro 2014). Entre los casos están: las presas La Parota, Arcediano y La Yesca en México; las presas del río Bío Bío (Pangue, Ralco y Angostura) en Chile; y la presa Hidrosogamoso en Colombia (Tirel 2006; Romero, Aravena y Toledo 2009; Khotari et al. 2012). Lo mismo puede decirse en cuanto a la permisividad del Estado para que actores privados contaminen ríos, cuerpos de agua y mares, sin que haya legislaciones ambientales que realmente se apliquen o contribuyan con su reducción. Eso sin duda es un atractivo para la inversión extranjera, ya que pueden contaminar la región aplicando medidas ambientales mínimas o presionando (incluso extorsionando) a las autoridades en el ramo para que no clausuren sus empresas. En general, las normas ambientales son tan laxas que prácticamente todas las empresas pueden, sin mucho problema, obtener permisos de descarga en los cuerpos de agua y construir sistemas de tratamiento muy básicos. Estas pueden, incluso, contaminar sin que haya sanciones económicas o clausuras que eviten mayores desastres ambientales. En toda la región latinoamericana los desechos industriales son un problema grave porque contaminan el agua superficial y subterránea y afectan los ecosistemas, las poblaciones y las actividades productivas que se ubican en las partes bajas de las cuencas o en zonas aledañas. Los casos de contaminación de agua por la industria petrolera y petroquímica en el Golfo de México son realmente graves: han destruido ecosistemas costeros y atentan contra la salud de la población como ocurre en Coatzacoalcos, donde están bien documentados casos de cáncer en la población que ingiere agua contaminada de los pozos profundos cercanos a los complejos petroleros. Al sur del continente ha habido problemas severos de contaminación de ríos y lagos por los desechos de la industria celulósica y de papel, cuestión que ha afectado la biodiversidad (cisnes de cuello negro en Chile) y ha generado tensiones entre Uruguay y Argentina porque el primero afecta la calidad del agua de un río compartido. Una de las actividades económicas más críticas es la minería, que realiza prácticas extractivas mayoritariamente a cielo abierto y utiliza en sus procesos sustancias altamente contaminantes (Giarracca y Teubal 2011). Muchas de estas prácticas y sustancias están prohibidas en los países de origen de las empresas mineras, es el caso de Canadá y EUA principalmente. Como resultado, las fuentes de agua subterránea y superficial se han contaminado a niveles que han devastado ecosistemas y restringido el consumo de la población y el desarrollo de otras actividades productivas. Los casos de mineras como Pascua Lama en Chile, Cajamarca en Perú y Marlin

en la zona maya de Guatemala han sido denunciados por su afectación en los acuíferos y fuentes de agua.8 En México más del 30% del territorio ha sido concesionado para que las empresas mineras (principalmente transnacionales) realicen exploraciones y exploten los recursos naturales del subsuelo (Ramírez 2012). Incluso tienen garantizado el aprovechamiento del agua, a pesar de que constitucionalmente es prioritario el consumo humano. Sus afectaciones comienzan a ser un problema recurrente en el territorio. Por ejemplo en agosto de 2014 una minera (perteneciente al Grupo México) derramó un volumen considerable de desechos peligrosos (40 mil metros cúbicos de solución de ácido sulfúrico y metales pesados) sobre el río Sonora, ubicado en una de las zonas más áridas del país (Lammers 2014). La empresa no quiso admitir su responsabilidad y el Estado tampoco hizo algo por obligarla a reparar los daños sociales y ambientales. Lo máximo que hicieron las instituciones estatales, después de algunos meses de presión social, fue aplicar una sanción económica a la minera que resultó irrisoria frente a la afectación generada a la población y a los ecosistemas. La clausura de la empresa jamás fue considerada, ni siquiera por unos días. Centroamérica es otro ejemplo claro de la avanzada de las empresas mineras con capital transnacional en sus territorios, sufre efectos dramáticos en el entorno natural y en particular en los recursos hídricos. Las demandas de la población por las afectaciones generadas por la minería han sido constantes en todas las audiencias del Tribunal Latinoamericano del Agua (2000-2012). El reconocimiento geopolítico del agua como un recurso estratégico ha fortalecido la tendencia a su concentración en unas cuantas manos, ya que es una fuente de poder y control sobre la población y los países (Giarracca y Teubal 2011). En particular se destaca el caso del acuífero Guaraní, que es el gran reservorio de agua en el mundo. Se ubica en Sudamérica en una región donde confluyen cuatro países: Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Varios magnates extranjeros han adquirido propiedades en ese territorio altamente codiciado, y el gobierno de Estados Unidos tiene bases militares del lado Paraguayo, con el argumento de que hay problemas de terrorismo e inseguridad en la región. En respuesta a estas intenciones, tales países han comenzado a poner restricciones en cuanto a la adquisición de tierras y derechos sobre el agua y han impulsado instrumentos de política de ordenamiento territorial, reconociendo su importancia geopolítica (Cosso 2012).

8 Para más detalle véanse los veredictos de la Primera audiencia del Tribunal Latinoamericano del Agua en México 2006. http:// tragua.com/audiencias/primera-audiencia-regional-latinoamericana-ano-2006-distrito-federal-mexico/.

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Por otra parte, la neoliberalización del agua está relacionada con el cambio de una gestión pública y social a una gestión privada, sobre todo en aquellas actividades que resultan atractivas al capital por las ganancias que producen (abasto de agua, principalmente). El argumento de los organismos supranacionales ha sido la incapacidad del Estado para brindar un servicio público de calidad y con criterios de eficiencia económica y saneamiento financiero. Por lo que han propuesto eliminar todo tipo de subsidios e ineficiencias en el aprovechamiento del agua, así como introducir una valoración económica que haga de la prestación del servicio un campo atractivo para el sector privado. Esto significa cambiar los marcos legales e institucionales para posibilitar el ascenso de actores no estatales, que se consideran modernos y funcionan bajo una lógica empresarial (Urrea y Cárdenas 2011). La privatización en la gestión del agua potable y saneamiento comenzó formalmente desde finales de 1980 en la región. No solo significó una expansión inducida por el BM al condicionar sus apoyos financieros (vía endeudamiento público) a la privatización del sector, sino que se presionó a los Estados para que realizaran los cambios jurídicos necesarios y firmaran los acuerdos comerciales que dieran certeza al capital para invertir o participar en el sector (Giarracca y Teubal 2011). Al respecto Porto-Gonçalves (2006) señala que el discurso de la calidad es uno de los principales argumentos de la política de liberalización y privatización de los servicios de abastecimiento y saneamiento del agua, ya que el Estado es visto como carente de recursos financieros para realizar inversiones que conlleven su mejoría y ampliación. Este argumento se ha derrumbado en varios países latinoamericanos que comenzaron con la privatización de los servicios urbanos de agua en etapas tempranas. Lejos de la citada superioridad de la gestión privada del agua, la Suez, la Vivendi, la Thames Water (RWE) y la Wessex Water (Enrom) fueron clasificadas por la Agencia de Protección Ambiental del Reino Unido como las cinco mayores empresas contaminadoras en tres años consecutivos (1999, 2000 y 2001). Además, los conflictos asociados con su inadecuada gestión (mala calidad y altas tarifas) hicieron evidente tal contradicción en ciudades como Tucumán (Argentina), donde la población inició en 1997 un movimiento de desobediencia civil contra una filial de la Vivendi, rehusándose a pagar las cuentas de agua debido al deterioro de la calidad y al aumento de más del 100% en las tarifas. La lógica económica dominante (ganancia) de las empresas privadas ha generado tensiones entre la población, ya que al pretender cobrar el agua a su precio real, excluye a los más pobres. Frente a ello, organizaciones ciudadanas de origen nacional (como COMDA en México) e internacional (WASH) han cuestionado el papel del Estado como garante de los derechos humanos.

La mayoría de los países de la región han firmado acuerdos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1976) y han reconocido el acceso al agua y al saneamiento como derechos humanos fundamentales (2010), frente a la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, con la privatización del servicio de agua las empresas transnacionales han resultado beneficiadas al buscar maximizar sus ganancias, pero la población ha visto restringido su acceso al agua por razones económicas y por ende se ha violentado su derecho humano al agua. Incluso el poder de las transnacionales ha tendido a ser superior que el de los Estados, ya que con la firma de tratados internacionales y comerciales y de contratos leoninos en materia de prestación del servicio de agua, sus intereses económicos están protegidos jurídicamente ante una eventual cancelación por presión social de los usuarios o por no cumplir con sus expectativas de ganancia. Uno de los casos más conocidos es el de Bolivia: en el año 2000, a raíz de la privatización del servicio de agua en Cochabamba emergieron inconformidades sociales por el aumento de las tarifas y la falta de provisión del servicio en las zonas más pobres de la ciudad (Kruse 2005). Esto desencadenó la llamada Guerra del agua que obligó al gobierno boliviano a cancelar el contrato de la empresa privada Aguas de Tunari como prestadora del servicio. Sin embargo, en el año 2002 la corporación estadounidense Bechtel (que era accionista de la empresa) lo demandó ante instancias internacionales por rescindir el citado contrato. La demanda fue presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), que es una instancia promovida por el BM. El monto solicitado por la corporación fue de 25 millones de dólares, al estimar las pérdidas presentes y futuras por la rescisión del contrato. Después de cuatro años de litigio, con negociaciones secretas y con una importante presión internacional (movimientos anti-globalización), la demanda fue retirada y no se aplicó pago alguno. Otro caso problemático para ese mismo país ocurrió en 2007 cuando el gobierno de Evo Morales tuvo que pagar 5.5 millones de dólares para evitar otra demanda, esta vez con la empresa francesa Suez (accionista mayoritaria del consorcio Aguas de Illimani) que solicitaba la compensación de las pérdidas generadas por la cancelación del contrato. Esta vez fue por el conflicto del agua en Los Altos-La Paz, ya que hubo gran inconformidad y movilización entre la población por las elevadas tarifas e ineficiencia en la prestación del servicio de la citada empresa.9

9 Este caso fue abordado en la Primera Audiencia del Tribunal Latinoamericano del Agua en México, marzo del 2006. Hacia una ecología política del agua en Latinoamérica | Patricia Ávila-García

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Porto-Gonçalves (2006) y Cenicacelaya (2012) señalan que las grandes corporaciones del agua no son muchas pero sí muy poderosas como las francesas Veolia Environment, antes Vivendi y Suez-Lyonnaise des Eaux (Ondeo); la alemana RWE que compró a la británica Thames Water; y la estadounidense American Water Works Co, que adquirió a Azurix. Estas corporaciones difícilmente pueden ser sancionadas por los Estados, ya que los plazos de las concesiones otorgadas suelen ser muy largos y los contratos de difícil rescisión, aun con incumplimiento de lo pactado (como brindar un deficiente servicio o incrementar las tarifas de forma excesiva o recurrente). Por lo que Cenicacelaya (2012, 4) afirma que: cuando los gobiernos, presionados por una ciudadanía insatisfecha, han pretendido exigir las obligaciones contractuales –sobre todo las de ampliar las redes hacia los sectores más desfavorecidos– en muchos casos estas empresas han abandonado la prestación del servicio para presentar más tarde abultadas demandas de indemnización ante la instancia que ‘arbitra’ las diferencias entre las sociedades transnacionales y los Estados: el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones (CIADI o ICTSD, por sus siglas en inglés), una poderosa estructura en el seno del Banco Mundial que fue instituida en 1965 en Washington por el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados.

En resumen, la neoliberalización del agua en Latinoamérica ha estado asociada con la avanzada del sector privado (sobre todo transnacional) en campos otrora gestionados por el Estado (prestación de servicio de agua) y en actividades económicas altamente redituables (agricultura comercial, industria petrolera y papelera, minería) dirigidas al mercado internacional. Gracias a las desregulaciones en términos de propiedad de la tierra y derechos de agua se ha facilitado el despojo y la devastación de los bienes comunes (glaciares, acuíferos, manantiales, humedales), sobre todo en territorios indígenas y campesinos.

Reflexiones finales Desde hace tres décadas los países latinoamericanos han experimentado transformaciones importantes en su modelo económico. Ellas han reforzado las condiciones de dependencia y pérdida de la soberanía nacional al insertarse en la mundialización capitalista. Si bien han cambiado los proyectos políticos, sobre todo en América del Sur, en esencia el modelo económico se ha mantenido invariable. La expresión más clara es el establecimiento de nuevas formas de colonización del territorio (integración por bloques económicos y proyectos regionales) para posibilitar la extracción de recursos naturales estratégicos y consolidar megaproyectos de infraestructura para atraer la inversión

privada (sobre todo transnacional) hacia regiones otrora inaccesibles (selvas, cordilleras, desiertos, humedales). Para posibilitar la avanzada neoliberal, el papel del Estado ha sido determinante: desde impulsar las reformas económicas y la firma de acuerdos comerciales internacionales hasta promover cambios legales e institucionales que abran el paso al libre comercio y al ascenso de actores transnacionales. La privatización ha sido una de las estrategias principales para dar certeza al capital en materia de propiedad de la tierra y el control de recursos estratégicos. Ha emergido una nueva forma de despojo conocida como acumulación por desposesión que consiste en formas originarias de acumulación del capital más nuevas formas que llevan a la apropiación de los bienes comunes y a la devastación ambiental. Una de las implicaciones más importantes de la privatización ha sido la fragmentación del territorio y en particular de las zonas indígenas y campesinas, que se caracterizan por la riqueza natural y el manejo integrado de sus recursos (agua, suelo, bosques). Esos territorios han sido afectados por intereses económicos de actores privados que se han apropiado de los mismos para maximizar sus ganancias por vías diversas a corto plazo, sin considerar los costos sociales y ambientales generados. El proceso de neoliberalización de la naturaleza se relaciona con la separación de la matriz original que integra el territorio: el suelo se separa del agua y ésta a su vez de los bosques, el sustrato del subsuelo también es sacado de las entrañas de la Tierra. Como resultado de la cosificación de la naturaleza se tienen bienes económicos llamados recursos naturales (agua, suelo, bosques, minerales) que pueden ofertarse en el mercado, previamente des-regulado o re-regulado (según el caso) para garantizar su apropiación y usufructo privado. Bajo esas nuevas reglas también pueden considerarse las externalidades como costos ambientales del modelo económico (desde la economía ambiental), así como los “servicios” que la naturaleza cosificada presta a la sociedad: provisión de agua, captura de carbono, control de inundaciones, etcétera. En suma, el capital natural. En ese contexto, la neoliberalización del agua es resultado de una estrategia que impulsa su privatización y conversión en mercancía, al considerarse como un bien económico que puede tranzarse en el mercado de derechos. Esta modalidad puede llevar a su acaparamiento y por ende a la exclusión de aquellos actores que no cuenten con el capital suficiente para adquirirlos. Tal situación ha ocurrido en Chile, donde los indígenas prácticamente han sido despojados de sus aguas y tierras por empresas transnacionales. Por otra parte, los “servicios” que el agua provee a la sociedad son compensados monetariamente como pago de servicios ambientales o como pago de derechos de descarga en ríos y cuerpos de agua (con el lema “el que contamina paga”).

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Estos nuevos espacios de apropiación privada del recurso y gestión del servicio de agua son apetecidos por los actores transnacionales, bajo una lógica empresarial (e incluso monopólica) que busca maximizar sus utilidades a corto plazo. Los criterios sociales y ambientales simplemente son omitidos o subvaluados para evitar reducir su margen de utilidad o poner en riesgo la concreción de su proyecto económico. Tal lógica genera tensiones sociales, que según la coyuntura, pueden convertirse en luchas y movimientos sociales que cambien la modalidad de privatización o reduzcan la voracidad del capital en su lógica de la máxima ganancia. Los ejemplos de oposición social a la privatización del agua abundan en la región, así como las ineficiencias del sector privado en la gestión del servicio. La apropiación de los bienes comunes se expresa en las restricciones a su acceso y usufructo, como ocurre con algunos ríos, manantiales, lagos e incluso playas, donde el capital ha despojado a los actores sociales que históricamente habían dependido de ellos (generalmente comunidades indígenas y campesinas, cooperativas de pescadores, etcétera). Las opciones de despojo son: la obtención de concesiones, inclusión de mecanismos irregulares que formalizan su privatización (escrituras de propiedad en zonas de litigio) y la declaración de actos de expropiación por causa de utilidad pública (construcción de presas, caminos, obras de trasvase de agua). Un caso dramático son las concesiones del subsuelo para la exploración y explotación minera que acaban con todo el sustrato natural (incluida el agua) e incluso atentan contra la seguridad de los asentamientos humanos y sus formas de reproducción social. El dominio de una lógica capitalista en los procesos productivos (agricultura comercial de exportación, agroindustrias, industria de transformación, extracción minera, entre otros) tiene impactos ambientales negativos sobre la calidad y la cantidad del agua subterránea y superficial disponible. Muchos territorios indígenas y campesinos tienen sus ecosistemas devastados: los acuíferos sobreexplotados, los ríos, lagos y mares contaminados, los manantiales y lagos en proceso de desaparición por deforestación y azolve, etcétera. Tales costos ambientales pretenden ser incorporados bajo una lógica neoliberal, como externalidades del proceso productivo y de consumo, sin cambiar en esencia la racionalidad económica dominante. Además, se busca que se controlen los procesos de deterioro ambiental por medio de la respectiva legislación y sus instrumentos de política, como las normas de agua para el control de la contaminación, las evaluaciones de impacto ambiental, los ordenamientos ecológicos y los decretos de protección (áreas naturales protegidas). Sin embargo, la aplicación de la normatividad ha sido discrecional para no afectar el funcionamiento y desarrollo de las actividades económicas. Con ello lo que se busca es

legitimar la devastación ambiental. Los ejemplos de aprobación de proyectos mineros, hidroeléctricos y carreteros en zonas de alta biodiversidad o con decretos de protección ecológica son una constante en la región: sus impactos ambientales se minimizan y sus impactos sociales se omiten. En el proceso de neoliberalización de la naturaleza (y del agua en particular), el Estado juega un papel central en la desregulación y flexibilización de los instrumentos legales (agrarios, ambientales) que protegen la propiedad y el aprovechamiento de los recursos naturales estratégicos (suelo y subsuelo) y los bienes de la nación (agua, energía, minerales). En su cara no visible, el Estado actúa con mecanismos no formales (y por tanto ilegales) para asegurar el desvío de poder (en términos jurídicos) y favorecer los intereses de los grupos dominantes. Esto puede conducir a la violación de los derechos fundamentales de la población local para abrir camino a la privatización, por la vía del despojo o imposición de megaproyectos en territorios indígenas y campesinos; incluso puede venir acompañado del uso de la violencia y la coerción para avanzar en tales objetivos. Casos como estos abundan en la región. En ella las luchas sociales que se oponen a la actividad minera y a la construcción de presas hidroeléctricas y carreteras han pretendido ser abatidas por medio de cooptación, coerción y violencia extrema (desaparición y asesinato de líderes y la represión de los movimientos sociales). Detrás de esas acciones están los actores privados y estatales, en total alianza, para afianzar sus proyectos e intereses económicos en los territorios considerados estratégicos para el capital. Es claro que los impactos sociales y ambientales de la neoliberalización de la naturaleza y el agua en Latinoamérica han sido devastadores en los territorios donde habitan los pueblos indígenas y campesinos. El camino para revertir esta tendencia está en proceso de construcción: hoy existe una diversidad de luchas sociales que defienden su derecho al control del territorio y exploran formas novedosas de autonomía y aplicación de la justicia ambiental, ante la voracidad del capital y el autoritarismo del Estado.

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Hacia una ecología política del agua en Latinoamérica | Patricia Ávila-García

Procesos de construcción de la diferencia cultural en el co-manejo del Parque Nacional Nahuel Huapi* Florencia Trentini** Fecha de recepción: 28 de febrero de 2015 • Fecha de aceptación: 03 de junio de 2015 • Fecha de modificación: 22 de agosto de 2015 DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res55.2016.02

R E S U M E N | El artículo buscó analizar, desde un enfoque etnográfico, los procesos de construcción de la diferencia cultural en el co-manejo del Parque Nacional Nahuel Huapi (Patagonia, Argentina), a partir de problematizar la articulación entre identidad, cultura y territorio. Entendiendo al co-manejo como una arena conservacionista (global-local) en la que entran en disputa múltiples intereses que van reconfigurando las identidades y políticas ambientales, se concluye que las comunidades no son abordadas como productos históricos sino como entidades totalizantes y homogéneas que para ser legitimadas e incorporadas al co-manejo deben cumplir con atributos prefigurados. Por el contrario se muestra como las distintas “formas de ser comunidad” requieren de una plasticidad institucional que no es posible garantizar con versiones tan modelizadas de co-manejo. PA L A B R A S C L AV E | Co-manejo, diferencia cultural, conservación (palabras clave de autor).

Processes of Constructing Cultural Difference in the Co-management of Nahuel Huapi National Park A B S T R AC T | This article has sought to present an ethnographic analysis of the processes of constructing cultural difference in the co-management of Nahuel Huapi National Park (Patagonia, Argentina). It focuses on the articulation of identity, culture and territory, understanding co-management to be a global-local conservationist arena in which multiple interests that reshape identities and environmental policies come into dispute. The study concludes that communities are not approached as historical products in this process, but rather as totalizing and homogeneous entities that must comply with predetermined attributes in order to be legitimized and incorporated into the co-management process. In contrast to this tendency, it shows how different “ways of being a community” require a degree of institutional plasticity that cannot be guaranteed with such rigid models of co-management. K E Y W O R D S | Co-management, cultural difference, conservation (Author’s Keywords).

Processos de construção da diferença cultural na cogestão do Parque Nacional Nahuel Huapi R E S U M O | Este artigo buscou analisar, de um enfoque etnográfico, os processos de construção da diferença cultural na cogestão do Parque Nacional Nahuel Huapi (Patagônia, Argentina), a partir da problematização da articulação entre identidade, cultura e território. Entendendo a cogestão como uma arena conservacionista (global-local) na qual entram em disputa múltiplos interesses que vão reconfigurando as identidades e políticas ambientais, conclui-se que as comunidades não são abordadas como produtos históricos, mas sim como entidades totalizantes e homogêneas que, para serem legitimadas e incorporadas à cogestão, devem cumprir com atributos prefigurados. Pelo contrário, mostra-se como as diferentes “formas de ser comunidade” requerem de uma plasticidade institucional que não é possível garantir com versões tão modeladas de cogestão. PA L AV R A S - C H AV E | Cogestão, diferença cultural, conservação (palavras do autor).

Este trabajo es producto de mi investigación doctoral Pueblos indígenas y áreas protegidas: procesos de construcción de identidades y territorialidades en el co-manejo del Parque Nacional Nahuel Huapi, realizada gracias a una beca doctoral del Conicet en el marco del Proyecto UBACyT 2012-2015 “Etnicidades, movimientos y comunidades indígenas en contextos de promoción de emprendimientos productivos: una perspectiva comparativa entre los pueblos indígenas Mapuche, Chané y Qom”, FFyL-UBA, dirigido por el Dr. Sebastián Valverde. Agradezco a los/as evaluadores/as de este artículo por sus valiosos aportes y comentarios.

Doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires (Argentina) y becaria postdoctoral del Conicet (Argentina). Investigadora del Instituto de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología (IESCT), Universidad Nacional de Quilmes (Argentina). Entre sus últimas publicaciones se encuentran: “El doble filo del esencialismo verde: repensando los vínculos entre pueblos indígenas y conservación” (en co-autoría con Sebastián Carenzo). En Pueblos indígenas, conformación de los estados nacionales y fronteras. Tensiones y paradojas de los procesos de transición contemporáneos en América Latina, compilado por Trinchero, H.; Campos Muñoz, L y Valverde, S., 103-134. Buenos Aires: UAHC-FFyL UBA, 2014 y “Ecología política y conservación: el caso de co-manejo del Parque Nacional Nahuel Huapi y el Pueblo Mapuche”. Pilquen Año XIV (15): 1-11, 2012. * flortrentini@gmail.com

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Introducción Históricamente los parques nacionales han sido concebidos como espacios sin habitantes, pensados para resguardar la belleza y riqueza de los paisajes naturales. Para los pueblos indígenas que habitaban estos territorios, en los que se constituyeron áreas protegidas, esto implicó expulsión, despojo y negación de sus derechos (Stevens 1997). Sin embargo, una tendencia creciente en las últimas décadas ha generado cambios en la forma de concebir y manejar estas áreas, entendiendo que el aislamiento no es la solución y que los derechos de estos pueblos tienen que ser respetados y su participación asegurada (Borrini 1997). Este cambio de enfoque dio lugar a manejos participativos o co-manejos de las áreas protegidas. Grosso modo, estos pueden ser definidos como alianzas o acuerdos que se establecen entre los interesados en un territorio o conjunto de recursos que se encuentra bajo un determinado status de protección, para compartir entre ellos las funciones de manejo, derechos y responsabilidades (Borrini 1997). El presente artículo es parte de mi investigación doctoral con la que busco contribuir al análisis de las relaciones que existen entre los pueblos indígenas y las áreas protegidas, en el marco de “alianzas estratégicas” que devienen centrales para (re)pensar la conservación del medio ambiente y el uso sustentable de los recursos naturales. En este trabajo analizo, desde una perspectiva etnográfica, el proceso de construcción de la diferencia cultural en el co-manejo establecido entre la administración del Parque Nacional Nahuel Huapi (PNNH) y el pueblo mapuche,1 a partir de problematizar la articulación entre la identidad, la cultura y el territorio que la categoría de co-manejo moviliza o prescribe. El PNNH se crea en 1934 con la sanción de la Ley Nacional 12.103,2 siguiendo el modelo de áreas protegidas norteamericano (Stevens 1997). Dentro de su jurisdicción se establecieron severas restricciones con respecto al uso de los recursos y se impuso un modelo de reserva sin habitantes que trajo como consecuencia violentos desalojos de pobladores originarios de la zona. Actualmente el PNNH ocupa una superficie de 717.261 hectáreas al norte de la Patagonia, al suroeste de la provincia de Neuquén y noroeste de la provincia de Río

1 El pueblo mapuche (gente de la tierra en mapuzungun, idioma mapuche) es uno de los pueblos originarios del actual sur de Chile y Argentina que sobrevivieron a los ataques genocidas llevados adelante por ambos Estados a fines del siglo XIX, conocidos como Pacificación de la Araucanía y Conquista del Desierto. En la actualidad, en Argentina este pueblo habita en varias provincias, principalmente en Neuquén, Río Negro y Chubut. 2 Ley de creación de la Dirección (posteriormente Administración) de Áreas Protegidas de Argentina.

Negro en Argentina. En los últimos años, la relación con las comunidades locales que habitan en la jurisdicción del PNNH se ha visto modificada en el marco de estos cambios a nivel mundial, que a partir de la década de 1970 empiezan a hacer foco en la participación de estas poblaciones en la gestión y conservación de áreas protegidas (Amend y Amend 1991). En nuestro país, esta nueva relación tomó cuerpo dentro de las políticas institucionales de la Administración de Parques Nacionales (APN), principalmente en el co-manejo del Parque Nacional Lanín (PNL).3 En este contexto, la histórica relación de negación y exclusión dio paso a una lenta incorporación de la participación de los pueblos indígenas en las políticas y acciones de conservación, redefinidas como interculturales (Carpinetti 2005). En este sentido, lo acontecido en el PNL desde finales de los 90 es considerado una experiencia “bisagra” en la relación de estos pueblos con la APN. Entonces, el proyecto de co-manejo del PNNH debe entenderse en el marco de una política global que actualmente reconoce y revaloriza la importancia de las comunidades locales, integrando aspectos culturales, sociales, económicos y políticos a un terreno previamente considerado como estrictamente ecológico y ecosistémico. Así, la diversidad biológica presente en las áreas protegidas comenzó a pensarse fuertemente relacionada con la diversidad cultural de los pueblos indígenas, consolidando a nivel global lo que Dumoulin (2005) define como “programa de la doble conservación”. Esto ha dado lugar a la vinculación entre los reclamos político-jurídicos de preexistencia y ocupación ancestral con el saber conservar estos territorios. El surgimiento y desarrollo del co-manejo del PNNH recupera localmente cuestiones del ambientalismo global, donde la figura del “nativo ecológico” (Ulloa 2005) construida en estas arenas deviene central al momento de pensar las relaciones con las comunidades indígenas. Pero al mismo tiempo retoma orientaciones previas, delineadas a partir de la experiencia del co-manejo del PNL. Estas líneas han ido definiendo formas explícitas e implícitas de llevar adelante este proceso, que no siempre respondieron a las particularidades del PNNH. Los co-manejos considerados exitosos alrededor del mundo evidencian, como común denominador, la participación de pueblos indígenas que han habitado históricamente los espacios que se pretenden conservar preservando sus pautas culturales.4 El valor heurístico del caso analizado en el presente trabajo está dado

3 Para profundizar sobre el caso del co-manejo del PNL ver Carpinetti (2005). 4 Numerosos trabajos abordan casos de co-manejo alrededor del mundo, entre ellos: Li (2002), Tyler (2006), Cisneros (2007), Tytelman (2008) y Andrade (2009). Procesos de construcción de la diferencia cultural | Florencia Trentini

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justamente por la imposibilidad de enmarcarlo en esta lógica, ya que algunas de las comunidades asentadas dentro de la jurisdicción del PNNH no pueden acreditar (recurriendo a elementos jurídicamente validados) haber habitado históricamente los territorios que actualmente reclaman, y otras no lo han hecho (auto) adscribiéndose públicamente como indígenas hasta hace pocos años. Por tal motivo, entiendo que el análisis de este proceso permite poner en cuestión las bases del programa de doble conservación. Al iniciar mi investigación en el año 2009, la frase que quienes estaban vinculados al co-manejo me repetían una y otra vez era que yo “estaba tocando un tema sensible”, y esto era así porque para los técnicos y funcionarios del PNNH no estaba claro si quienes decían ser indígenas y comunidades lo eran “verdaderamente”. Se hablaba de un co-manejo, pero también se sostenía que en Nahuel Huapi “nunca había habido indios”, y que las “comunidades nuevas” que se estaban conformando eran “inventos oportunistas” para quedarse con territorios que (actualmente) valían mucho dinero. Para los funcionarios y técnicos del PNNH, y para la sociedad local no estaba muy claro cómo era que los históricos “pobladores criollos” del parque se “volvían” mapuches. Frente a esto, resulta interesante indagar las condiciones de posibilidad que permitieron el surgimiento de un co-manejo en dicho parque. Assies (2003) sostiene que en el contexto de la globalización neoliberal se pone en-sitio culturalmente a los indígenas, induciéndolos a que se mantengan “fieles a su primitivismo cultural”, construyéndolos como “ecologistas natos”. Por lo tanto, si bien hubo un importante avance en el reconocimiento de derechos territoriales de los pueblos indígenas, este avance se dio a la par de la construcción de un modelo de subjetividad indígena conformado a partir de la interpenetración de signos de “indianidad” y “ambientalismo”, construyendo a los territorios indígenas como islas en un mar de desarrollo. Dentro de las áreas protegidas, las representaciones y prácticas del ser indígena se basan fundamentalmente en la metáfora del “buen salvaje ecológico” (Ulloa 2005), establecida en las arenas globales de la conservación, la cual sostiene que los indígenas “naturalmente” saben cómo conservar, cumpliendo con el objetivo principal de las áreas protegidas (Carenzo y Trentini 2014). Hale (2002) explica que esta situación es el resultado de enmarcar el reconocimiento de los derechos indígenas en un “multiculturalismo neoliberal” que reconoce ciertos derechos, brindando a los indígenas opciones limitadas que no amenazan ni modifican el modelo hegemónico. Frente a esto, lo que termina sucediendo según Assies (2003) es que se crea un círculo vicioso en el que las políticas de reconocimiento y las políticas de identidades se retroalimentan sosteniendo y fomentando discursos esencialistas.

Para romper con este esencialismo recupero el planteamiento de Gupta y Ferguson (1992), quienes sostienen que es necesario discutir el isomorfismo explícito o tácito entre espacio, lugar y cultura. Estos autores afirman que tomar la comunidad como preexistente y localizada, es decir, como un punto de partida dado, no permite prestar atención a los procesos que han intervenido en la construcción simbólica de un espacio como lugar, distinto de otros en términos de unidades culturales. Lo que muestran estos autores es que la diferencia cultural ocurre en un espacio continuo y conectado, atravesado por relaciones políticas y económicas, y por lo tanto, debe ser entendida como producto de procesos históricos de un mundo social y espacialmente interconectado. Retomo estos planteamientos porque entiendo que permiten dar cuenta del imaginario global construido sobre los indígenas. Es decir, definir a un grupo como indígena es fácil cuando este presenta características claras: mantiene (total o parcialmente) su identidad cultural, materializada en prácticas y saberes ancestrales que desarrolla históricamente en un territorio específico, espacialmente delimitado. Y en el caso de que este sea un espacio de conservación a lo largo de su presencia histórica, los indígenas pueden demostrar que saben cómo conservarlo y que por lo tanto pueden ser socios en esta tarea. Sin embargo, las comunidades del co-manejo del PNNH no cumplen con ninguno de los requisitos que a priori definen las alianzas estratégicas de conservación. No pueden demostrar una ocupación permanente del espacio o no se han reconocido históricamente como integrantes del pueblo mapuche. Por lo tanto, el caso analizado evidencia un límite de estas alianzas estratégicas al momento de la construcción de demandas indígenas por territorio. Como he sostenido en un trabajo previo (Carenzo y Trentini 2014), este límite proviene del uso de la relación entre diversidad cultural y biodiversidad, materializada en los saberes y prácticas tradicionales para legitimar o deslegitimar los reclamos territoriales de estas comunidades. Así, se construye una matriz aparentemente inseparable entre biodiversidad-territorio-identidad-cultura-derechos que es puesta en cuestión en el caso de estudio. Mi interés en analizar los procesos de conformación de comunidades en el co-manejo del PNNH se basa justamente en poder indagar qué sucede cuando no se cumple con las pautas que globalmente establecen y definen los co-manejos: ¿Qué sucede cuando se establecen alianzas estratégicas con comunidades que no pueden demostrar que han vivido de forma permanente en un territorio determinado y que históricamente no han sido concebidos como “culturalmente diferentes”? Siguiendo a Ferrero (2013), entiendo el co-manejo como una “arena conservacionista”, es decir, como un espacio territorial y discursivo donde los sistemas

rev.estud.soc. No. 55 • enero-marzo • Pp. 32-44 • ISSN 0123-885X • eISSN 1900-5180 · DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res55.2016.02

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de manejo del ambiente y las identidades son colectivamente negociados y generados. La participación en esta arena establece una tensión entre la creación de identidades como grupos sociales y su creación como grupos sociales. Por un lado, existen imposiciones para organizarse en determinadas formas institucionales, en este caso en comunidades; pero por otro lado estas formas brindan la posibilidad de reclamar derechos frente al Estado y de luchar por el territorio. Así, entran en disputa nuevas formas de gobierno de los territorios, entendiendo gobierno en términos foucaultianos como una serie de finalidades diversas y muchas veces contradictorias que dan lugar a discusiones, reinvenciones y revisiones que van creando y recreando al co-manejo en su aplicación (Ferrero 2011). Considero que el co-manejo implica una nueva forma de territorialización en tanto nueva forma de sometimiento y ordenamiento de los territorios y disciplinamiento de las poblaciones, pero también da lugar a las luchas, resistencias, negociaciones, acuerdos y nuevos posicionamientos por parte de las comunidades. Es una arena en la cual entran en disputa múltiples intereses que van reconfigurando los límites de esta experiencia, brindando a las comunidades un espacio de posibilidades políticas sin precedentes. En estos procesos (globales-locales) las comunidades transitan, negocian y reformulan los mecanismos institucionales, mientras ellas mismas cambian, se modifican y se transforman (Papalia 2012). El trabajo etnográfico me ha permitido centrar el análisis en las relaciones entre los sujetos y los grupos que conforman el co-manejo del PNNH. Relaciones que más allá del marco general son particulares en cada caso, lo que lleva a logros, conquistas, obstáculos y fracasos distintos a lo largo del proceso de construcción del co-manejo y de la disputa por recursos, territorios y derechos específicos. No obstante, como busco mostrar a lo largo de este artículo, en el PNNH la categoría de comunidad indígena cristaliza la diferencia cultural, invisibilizando los efectos de las históricas relaciones de poder y dominación. El uso de esta categoría como algo “natural”, propio de la organización de cualquier grupo indígena, sin tener en cuenta los procesos históricos específicos de la zona y de cada uno de estos colectivos, genera permanentes obstáculos, contradicciones y cuestionamientos a los propios procesos de conformación de comunidades, y en consecuencia al co-manejo.

Políticas de reconocimiento estatal y procesos de conformación de comunidades indígenas: repensando la diferencia cultural La región de Nahuel Huapi ha sido históricamente considerada como “sin indios”. Esto se debe al proceso particular de conformación y consolidación del Estadonación argentino en la zona, en donde el PNNH vino a

cumplir un rol central.5 Por tal motivo, la creación de este parque no puede pensarse separada del proceso iniciado en la “Conquista del Desierto”, porque esta institución fue la que logró cumplir con creces los objetivos de poblar, colonizar, resguardar y administrar los territorios ganados “al indio”, imponiendo y sosteniendo en el tiempo una “identidad nacional” que excluyó y controló otras identidades como las étnicas. Así, “lo mapuche” ha sido históricamente invisibilizado y estigmatizado, dando lugar a un largo proceso de des-adscripción étnica (García y Valverde 2007). A partir de la década de 1930, la APN fue el principal referente del Estado en la región, y mediante sus políticas institucionales fue estableciendo actividades e identidades permitidas y prohibidas. Las limitaciones impuestas con respecto al uso del territorio y los recursos generaron consecuencias inmediatas en la vida de quienes habitaban previamente las tierras. Las economías familiares estaban basadas en la agricultura y ganadería, por lo que las restricciones en pos de la conservación provocaron grandes trastornos modificando las relaciones sociales, políticas, económicas y simbólicas de estos pobladores con sus territorios.6 La relación que se les permitió a los pobladores tener (o no) con las tierras fue definiendo distintos “tipos” de habitantes. Las categorías con las cuales se ha identificado a los sujetos en la región se fueron estableciendo, principalmente, con base en la propiedad o no propiedad de las mismas. Históricamente, dentro de jurisdicción del PNNH se clasificó a los sujetos entre “los privados”, con título de propiedad sobre sus tierras; “los pobladores” con Permisos Precarios de Ocupación y Pastaje (PPOP), con derecho de uso y usufructo, pero no de propiedad; y “los intrusos”, quienes no tenían ningún derecho a habitar el PNNH y debían ser desalojados (Pérez 2011). Quienes hoy se reconocen como mapuches y se organizan en comunidades indígenas han sido históricamente identificados como “pobladores criollos” o como “intrusos”. Mientras los títulos de propiedad eran permanentes, para poder conservar los PPOP se debían respetar las normas y reglamentaciones establecidas por la institución y sobre todo pagar en tiempo y forma los derechos de pastaje. Para la década de 1940 muchas familias no habían podido cumplir con las normativas y los pagos, razón por la cual los permisos no les fueron renovados. Así, muchos “pobladores” se convirtieron en “intrusos”. Además, los PPOP eran personales e intransferibles y no permitían el fraccionamiento, imposibilitando el reconocimiento por vía jurídica de divisiones

5 Para profundizar en este tema ver Bessera (2011). 6 Para profundizar en las políticas del PNNH durante los primeros años en la zona ver García y Valverde (2007), Trentini (2009) y Pérez (2011). Procesos de construcción de la diferencia cultural | Florencia Trentini

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en el interior de las familias. Esto generaba continuos conflictos entre los hermanos, ya que cuando los hijos crecían y el titular del permiso fallecía solo uno de ellos podía quedar como nuevo titular y permanecer en el territorio. Además, al morir el titular quienes seguían viviendo en la población eran “intrusos” hasta que lograban regularizar su situación. En este sentido, la cantidad de normas a seguir para poder continuar con la posesión de un permiso y la complejidad que implicaba su sucesión eran para el PNNH formas de vaciar los territorios (Pérez 2011). La política de distribución de tierras en el interior del PNNH ha generado relaciones de poder asimétricas entre quienes poseen títulos de propiedad y aquellos que recibieron PPOP. Actualmente, para los “pobladores” y “comunidades”, estos permisos siguen siendo el único documento que valida la ocupación de los territorios ya que continúan sin tener la propiedad de los mismos. Asimismo, las categorías de “privado”, “poblador” o “intruso” continúan operando en el presente en relación con otros procesos actuales como el co-manejo. Así, las comunidades que se conforman a partir de un poblador con PPOP son entendidas desde la institución como “procesos de vuelta al territorio” que no plantean mayores complicaciones que un cambio de adscripción. Mientras que “volver” a un territorio que se encontraba vacío por un desalojo se define como una “recuperación”, poniendo en cuestión la legitimidad del reclamo hasta tanto se logre comprobar que realmente habitaron ese territorio específico en el pasado. Actualmente, distintas familias de “pobladores” comienzan a adscribirse públicamente como parte del pueblo mapuche, revalorizando su identidad étnica en el marco de disputas territoriales. En estos procesos las familias, organizadas ahora públicamente como comunidades indígenas, reafirman su preexistencia al Estado argentino (y en consecuencia a la APN) anclando su identidad en el pasado y recurriendo a la memoria para fortalecer sus discursos étnicos (Crespo y Tozzini 2009). Cabe señalar que este proceso se da en un contexto en el que el Estado argentino —igual que muchos Estados latinoamericanos— viene desarrollando una política más favorable en relación con los pueblos indígenas. Esto les brinda mayor protección legal y permite la apertura de espacios para la disputa y la negociación, así como también para la organización y revalorización de sus costumbres ancestrales (Bazán 2003). En este contexto, el reclamo en términos de “pobladores” o de “comunidades” tiene implicancias significativamente distintas para las posibilidades de negociar, disputar y dialogar. No obstante, estos procesos de re-adscripción étnica (García y Valverde 2007) no deben ser entendidos en términos instrumentales u oportunistas ni la conformación de comunidades debe ser pensada como sinónimo de “invento”, sino que estas

prácticas deben entenderse en el marco de los particulares procesos históricos que se dieron en la región una vez finalizada la “Conquista del Desierto” y que generaron relaciones de poder específicas en cuanto al acceso a la tierra y al ser indígena (García y Valverde 2007; Trentini 2009). En el contexto particular de la región de Nahuel Huapi, donde no existieron comunidades indígenas históricamente reconocidas como tales, las categorías de “poblador” e “intruso” se resignifican y devienen centrales al momento de pensar los procesos actuales de conformación de comunidades. Como sostiene Briones (2013), en el norte de Patagonia estos procesos presentan una heterogeneidad que recién está empezando a registrarse y analizarse. Según esta autora, en Argentina las políticas de invisibilización de “lo indígena” fueron acompañadas de prácticas de marcación de la alteridad que construyeron ideas de “comunidad” propias del sentido común y de los requerimientos jurídicos. Así, se han ido estableciendo ciertos pasos a seguir al momento de conformar este tipo de agrupaciones que no suelen coincidir con los variados procesos vividos por los sujetos y colectivos expuestos a estas políticas. Las comunidades dentro de la jurisdicción del PNNH pertenecen a este grupo que despierta dudas y cuestionamientos porque no “encaja” en lo que desde el sentido común se entiende por “comunidad indígena”. Según sostiene Briones (2013), estos cuestionamientos son resultado de entender a las construcciones identitarias desde una visión instrumentalista que responsabiliza a los sujetos y grupos por lo que afirman ser, sin contemplar que los seres humanos construyen identidades pero no lo hacen en condiciones elegidas por ellos. Como bien explica esta autora, estas visiones no tienen en cuenta la violencia material y simbólica impuesta por prácticas hegemónicas de discriminación y estigmatización entre identidades permitidas y prohibidas. Para el caso en estudio, estas visiones no permiten explicar tampoco por qué bajo condiciones semejantes algunos se adscriben como mapuches y otros no, o por qué algunos se organizan en comunidades mientras otros rechazan esta posibilidad. Frente a esto, retomando el planteamiento de Briones (2013), entiendo que para abordar la complejidad de estos procesos es necesario analizar las brechas entre las condiciones de sujeción y subjetivación, es decir, las brechas entre la construcción del sí mismo y del sometimiento al Estado (Fassin 2004, citado en Boccara 2007). También es necesario tener en cuenta el proceso histórico de discriminación, invisibilización y estigmatización de “lo mapuche” en la región de Nahuel Huapi y las políticas estatales que, principalmente mediante la actuación del PNNH, han ido delineando arenas de límites y posibilidades en las que hasta hace

rev.estud.soc. No. 55 • enero-marzo • Pp. 32-44 • ISSN 0123-885X • eISSN 1900-5180 · DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res55.2016.02

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pocos años era imposible pensar en la autoadscripción étnica. En este sentido, entiendo que los procesos de des-adscripción y re-adscripción étnica son situaciones históricas y, por lo tanto, deben entenderse y analizarse teniendo en cuenta las relaciones de poder imbricadas en relaciones interétnicas, permitiendo dar cuenta de las negociaciones, contradicciones, acuerdos y desacuerdos presentes en estas relaciones. En la región de Nahuel Huapi, una de las formas de poner en cuestión los procesos de conformación de comunidades “nuevas” es sosteniendo que son “inventos”, y la forma de argumentar esto es compararlas con las comunidades “ancestrales” que habrían existido “desde siempre”. Esto desconoce los procesos y no da cuenta de que estas comunidades son resultado de la gestión del Estado con posterioridad a “la Conquista”. Como afirma Delrío, las comunidades (nuevas o ancestrales) “no constituyen lo que ‘ha quedado’, sino lo que ha sido hecho por los pueblos originarios a partir de la expropiación estatal y de las sucesivas políticas genocidas” (2005, 296). Algo que resulta interesante en los procesos de conformación de comunidades en el PNNH es que al inicio estos grupos solían definirse como “comunidades indígenas”, categoría reconocida por el Estado. Pero a lo largo del proceso, estos grupos comenzaron a revalorizar “su cultura” y cosmovisión, y de la mano del fortalecimiento comunitario empezaron a definirse como lof. El significado de esta palabra en mapuzungun (idioma mapuche) podría traducirse como comunidad. Sin embargo, el uso del término en su idioma tiene implicancias diferentes en términos políticos, al momento de vincularse con la institución y disputar derechos, porque permite remarcar que esta presencia es “culturalmente diferente”. Esta diferencia puede entenderse si distinguimos en estas conformaciones un proceso hacia afuera y otro hacia adentro. Por un lado, para ser reconocidos por el PNNH como comunidad y formar parte del co-manejo estos grupos deben seguir ciertos pasos burocráticos, como la obtención de la personería jurídica que los vuelve comunidad hacia el afuera. Generalmente, esto se da con anterioridad al fortalecimiento interno del grupo por lo que “desde afuera” suele verse como algo forzado y meramente oportunista. Con el tiempo, estos grupos llevan a cabo un proceso de fortalecimiento interno en el que el concepto de lof no solo implica el reconocimiento estatal, la posibilidad de acceder a derechos diferenciales y el auto-adscribir como indígenas —algo que podría estar más asociado al concepto de comunidad—, sino que permite ir más allá vinculando este proceso con “un origen”. Como afirma Pacheco de Oliveira (2010), este “origen ontológico” anclado en la cosmovisión del pueblo mapuche sitúa las conexiones en planos que no pueden ser atravesados o arbitrados por “los de afuera”.

En los últimos años, principalmente a partir del año 2000, distintas familias reconocidas históricamente como pobladores empezaron a adscribir públicamente como mapuche y a conformarse y organizarse como comunidades indígenas. Frente a este proceso, es importante señalar una diferencia entre el reconocimiento jurídico y el reconocimiento de la sociedad en general. A pesar de que la mayoría de las comunidades del PNNH poseen personería jurídica y son reconocidas por la APN en el marco del co-manejo, las comunidades aún no son aceptadas por algunos sectores de la sociedad local porque, según se argumenta en la zona, surgieron “espontáneamente” en los últimos años y, por lo tanto, entienden que no son “verdaderos” mapuche sino “oportunistas”. En este sentido, es fundamental reiterar que al momento de reconocer comunidades indígenas existieron importantes diferencias entre las políticas del PNL y del PNNH (Valverde y Stecher 2011). En este último, las políticas de expulsión de los pobladores fueron muy intensas. Incidieron en la ausencia de reconocimiento público de los indígenas con la consiguiente falta de formalización de comunidades e invisibilización de “lo mapuche” (García y Valverde 2007). Por lo tanto, los procesos de conformación de comunidades no pueden entenderse sino es en relación con estas políticas estatales. Históricamente, el concepto de comunidad ha estado asociado a la indisociable relación entre territorio-identidad-cultura, naturalizando “la diferencia”, tomándola como “algo dado”. Sin embargo, como bien explica Briones (2013), aun en comunidades cuyo estatus no ha sido cuestionado resulta imposible establecer una relación exacta entre grupo y territorio. Frente a esto, entiendo que es fundamental des-esencializar el concepto de comunidad indígena prestando especial atención a las prácticas de sujeción que marcan límites a los procesos de conformación de este tipo de colectivos.7 En este sentido, siguiendo el planteo de Briones (2013), considero que para entender los cambios en los procesos de identificación es necesario tener en cuenta los cambios en las políticas de reconocimiento y analizar cómo estos cambios tensan los procesos de construcción de identidad, dando lugar a la emergencia de espacios de acción política. En palabras de la autora, “es a partir de formas contextuadas de enfrentar semejante tensión que emergen diversas formas de ser indígenas o de preferir no serlo” (2013, 13). Para el caso que analizamos, la autenticidad —demarca espacios sociales como legítimos o ilegítimos— lleva a utilizar categorías como “indígena” o “comunidad”, que entendidas acríticamente invisibilizan las históricas 7

Ver Brosius (1999) y Gómez y Ferrero (2012) para profundizar la idea de “esencialismo estratégico” vinculado a la conservación y el ambientalismo. Procesos de construcción de la diferencia cultural | Florencia Trentini

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relaciones de poder y dominación. Como se pregunta Pacheco de Oliveira retomando a Radhakrishnan “¿por qué no puedo ser indiano sin tener que ser ‘auténticamente indiano’? ¿La autenticidad es un hogar que construimos para nosotros mismos o es un gueto que habitamos para satisfacer al mundo dominante?” (Pacheco de Oliveira 2010, 29). En el PNNH, la autenticidad —definida a partir de la relación entre identidad-cultura-territorio— ha ido delineando formas de ser más o ser menos mapuche, y por lo tanto, de tener más o menos legitimidad. Esta es la vara que ha permitido definir políticas exitosas de co-manejo con algunas comunidades, mientras en otras se llevó adelante una no-política, que implicó no desalojarlas pero tampoco incluirlas en prácticas concretas de administración compartida. Asimismo, esta dicotomía entre autenticidad/inautenticidad al momento de clasificar los procesos de conformación de comunidades depende de las políticas de reconocimiento establecidas por el PNNH. Para ser reconocidos e incorporados al co-manejo estos colectivos deben contar con la personería jurídica (ya sea nacional o provincial), es decir, deben realizar trámites para constituirse formal y jurídicamente como “comunidad indígena”. Mediante estos requerimientos una familia deviene comunidad y en el PNNH esto genera un quiebre con un proceso regional que históricamente ha desconocido la existencia formal de comunidades mapuche. En este sentido, como explica Tozzini (2012), el propio Estado genera estereotipos y se construye como un “productor de inautenticidades”. En el caso en estudio, siguiendo el modelo “exitoso” del PNL, se imponen determinados requisitos para constituirse formalmente como “comunidad” y así dar cuenta de la “diferencia cultural”. Solo mediante estos pasos estos colectivos adquieren una “nueva condición” que les permite acceder a derechos diferenciales. Sin embargo, esta “política de reconocimiento” termina generando una inautenticidad que lleva a la propia institución a dudar de estos procesos y en consecuencia a obstaculizar el co-manejo.

La diferencia cultural interpelada desde las prácticas: los casos de las comunidades Kinxikew y Roberto Maliqueo En marzo del año 2008 se inauguró una ruka (casa) de venta de artesanías en la comunidad Kinxikew. Este acto fue presentado públicamente como una iniciativa conjunta entre la comunidad y el PNNH. En aquel momento yo estaba cerrando el trabajo de campo para mi tesis de licenciatura y fui invitada a participar en una de las primeras reuniones de co-manejo que se realizaba en el marco del recientemente creado “Programa Permanente de Desarrollo de Pobladores y Comunidades de Pueblos Originarios”. Este Programa tenía

como objetivo profundizar las relaciones existentes entre el PNNH, las “poblaciones” y las “comunidades indígenas”, que hasta ese momento se encontraban conformadas y reconocidas dentro de su jurisdicción, entre ellas la comunidad Kinxikew. La creación del Programa respondía a un intento por parte de la administración del PNNH de replicar la experiencia del “exitoso” co-manejo que se venía llevando adelante en el PNL desde el año 2000, pero tratando de repensarlo con base en las particularidades de este parque. El intendente y los técnicos entendían que a diferencia de lo que sucedía en Lanín, en Nahuel Huapi existían más “poblaciones criollas” que “comunidades indígenas” y, por lo tanto, no había que establecer un co-manejo sino un tipo de proyecto que involucrara también a los pobladores no-indígenas. A mi entender, más allá de la cantidad de comunidades, la principal diferencia estaba dada por las características de las mismas, fundamentalmente por el tiempo de su existencia pública, conformación formal y reconocimiento institucional, ya que a diferencia de Lanín, en este parque no se habían reconocido comunidades previamente. Por lo tanto, los procesos de conformación de comunidades vividos en Nahuel Huapi desde finales de la década de 1990 implicaron un importante desafío para esta administración. En el año 2000, mientras se iniciaba un co-manejo en el PNL, en el PNNH recién se comenzaba a hablar públicamente de indígenas y comunidades donde antes solo había habido “pobladores”. En este sentido, es importante aclarar que algunos documentos oficiales de la APN (censos, actas, informes) se refieren a ciertos habitantes como “indígenas” y en algunas cartas algunos pobladores adscriben como “indígenas” o como “comunidad”. Sin embargo, entiendo que los procesos que se viven en el PNNH a partir del año 2000 merecen ser abordados de manera específica, sin por esto negar que previamente hayan existido este tipo de adscripciones, y remarcando que lo que sucede es que se formalizan relaciones comunitarias que existían antes de la conformación jurídica de estos colectivos. Para poder pensar en un co-manejo, era necesario que existieran comunidades indígenas, en tanto las mismas eran las contenedoras de la diferencia cultural. Esto se debe a que el modelo establecido en el PNL y continuado en el PNNH se basa en el reconocimiento a “otra cultura” y en el principio de interculturalidad, haciéndolo aplicable solo a comunidades indígenas y no a poblaciones no-indígenas, como sucede en otros casos de co-manejo alrededor del mundo. En Argentina, estos procesos surgen como una política institucional de la APN en respuesta al reclamo impulsado por el pueblo mapuche en jurisdicción del PNL. Sin embargo, como en el PNNH no existían comunidades indígenas reconocidas formalmente, entiendo que “producir la diferencia cultural” fue el primer requisito necesario

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para poder pensar en este tipo de proyecto. Siguiendo la lógica establecida en Lanín, en el PNNH el co-manejo es definido como: Compartir responsabilidades de administración, manejo y control de un territorio o recurso buscando integrar todas las formas de conocimiento, respetando la diversidad cultural y promoviendo el desarrollo de prácticas sustentables. Asimismo se destaca que actualmente, para los espacios naturales protegidos se plantean objetivos comunes de conservación referidos tanto al medio natural como a los rasgos identificatorios de tradición y cultura que han contribuido a modelar el paisaje.8

En esta definición pueden reconocerse las líneas globales del “programa de doble conservación”: conservación del medio natural (biodiversidad) y de los rasgos identificatorios de tradición y cultura (diversidad cultural) que conjuntamente han contribuido a modelar el paisaje. Ahora bien, si las políticas institucionales del PNNH en sus primeros años en la región dieron lugar a un proceso de des-adscripción étnica, entonces ¿cómo podría pensarse que “el paisaje” se ha moldeado con la presencia histórica de una “diferencia cultural” que se buscó invisibilizar o expulsar? El reconocimiento formal a la comunidad Wiritray marca el inicio del proceso de construcción del co-manejo en el PNNH si consideramos por esto el comienzo de una gestión compartida en territorios de una comunidad indígena jurídicamente constituida. Desde entonces, la expresión co-manejo ha servido para referirse a las relaciones entre el parque y las comunidades indígenas que se iban conformando. No obstante, el co-manejo en tanto proceso fue tomando distintas formas y se dio de maneras más o menos institucionalizadas y formalizadas. Así, el concepto de co-manejo ha sido utilizado para referirse a distintas formas de acción que se han ido articulando en relaciones contradictorias a lo largo de los últimos quince años. Para fines analíticos, entiendo que el proceso de construcción del co-manejo puede dividirse en tres etapas: una primera que va desde el reconocimiento de Wiritray en el año 2000 hasta finales del año 2007 cuando se conforma el “Programa Permanente de Desarrollo de Pobladores y Comunidades de Pueblos Originarios”; un segundo momento que va desde la creación de este programa hasta inicios del 2012 cuando se formaliza mediante una resolución administrativa el co-manejo; y una tercera etapa comienza con esta institucionalización formal. Los cambios de etapa están marcados principalmente por modificaciones en la dinámica institucional, con base en la mayor formalización del co-manejo dentro de la estructura administrativa del parque. 8 Administración de Parques Nacionales. Página web oficial del Parque Nacional Nahuel Huapi. http://www.nahuelhuapi.gob.ar.

Centraré el análisis en las dos primeras etapas, debido a que en estos momentos acontecieron la mayoría de los procesos de conformación de comunidades. En la primera estas conformaciones se dieron a partir de pobladores con PPOP y no generaron un problema para la administración del Parque porque, según me explicaban los funcionarios, esto implicaba un cambio de adscripción y en todo caso la vuelta de integrantes de la familia a un territorio en el que había permanecido viviendo el titular del permiso. Por el contrario, durante la segunda etapa las comunidades que se conformaron no contaban con ningún reconocimiento previo de la APN como “pobladores”, lo que generó una profunda discusión sobre su autenticidad/inautenticidad, y en consecuencia sobre sus derechos, obstaculizando el desarrollo del co-manejo. Me interesa especialmente el caso de la comunidad Roberto Maliqueo porque se conformó a partir de un poblador históricamente calificado como “intruso”. El 24 de noviembre de 2008, la comunidad Maliqueo realizó una “recuperación territorial” en el Valle del Challhuaco (a 12km de Bariloche) de donde afirmaban haber sido desalojados por la APN a mediados de la década del 50. En este caso no existían pruebas escritas que dieran cuenta de la presencia previa de la familia en el territorio que reclamaban, y por otro lado, su recuperación se daba en una zona que en el 2004 había sido recategorizada por el PNNH como “área crítica” por su alta prioridad de conservación debido a la presencia de especies únicas y características del lugar que se encontraban amenazadas y que era necesario proteger. Por lo tanto, la comunidad Maliqueo era la primera que reclamaba territorio sin que al menos uno de sus integrantes hubiera permanecido en el lugar como poblador y no poseía un PPOP que diera cuenta de su presencia histórica en ese territorio específico. Además, el reclamo en un sector categorizado como “área crítica” trajo a la discusión de este caso el problema de la conservación de la biodiversidad, y desde la institución se sostuvo que los Maliqueo no sabían conservar el territorio porque no habían vivido en él de forma permanente. Frente a esto, analizar de forma comparativa el caso de los Maliqueo —entendido como un “problema” para el co-manejo— con el de los Kinxikew —definido como un ejemplo de “éxito” de esta nueva relación— permite mostrar dos formas distintas de vincular la identidad, la cultura y el territorio, y su relación con la legitimación y el acceso a determinados derechos.

El caso de la comunidad Kinxikew El reconocimiento histórico que el PNNH realizó en el año 2005 —al otorgarle públicamente a la comunidad Kinxikew el manejo de dos cotos de caza de ciervo colorado que se encuentran en su territorio— ha Procesos de construcción de la diferencia cultural | Florencia Trentini

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servido como un argumento fundamental en el reclamo de preexistencia al Estado y ha sido clave en el proceso de fortalecimiento de esta comunidad. La comunidad Kinxikew se encuentra asentada en Paso Coihue, a mitad de camino entre Bariloche y Villa La Angostura. Está compuesta por diez familias que viven en el territorio de forma permanente y por quince que residen en las localidades cercanas. Históricamente ha sido reconocida como una “población” con PPOP. En abril de 2003, la familia fue desalojada de una parte del territorio que era reclamada por un supuesto heredero de la familia Newbery, pero diez días después del desalojo recuperaron pacíficamente la zona en litigio conformados como “comunidad mapuche” y un fallo judicial ordenó “restituirles” el campo. La defensa denunció que la sentencia de desalojo implicaba “inconstitucionalidad” y violación de las normas internacionales vigentes en relación con los pueblos indígenas y se recusó a los jueces intervinientes por emitir fallos anti-constitucionales. En esta presentación judicial los Kinxikew afirmaron reivindicar su pertenencia al pueblo mapuche preexistente al Estado argentino y sostuvieron que podían demostrar su presencia ancestral en el territorio (Trentini 2009). Históricamente, los Kinxikew han sido una familia criancera que practica la ganadería extensiva para su subsistencia y también para la venta. Si bien esto no ha representado un conflicto con la APN, en los últimos años desde la institución se ha comenzado a plantear la necesidad de una reconversión productiva en pos de la conservación. Así, se elaboró conjuntamente entre la comunidad y una técnica del Parque un proyecto de diversificación productiva, y se ha comenzado a plantear la necesidad de trabajar con el turismo. Si bien los Kinxikew no se han reconocido históricamente como mapuches, sí son reconocidos como antiguos pobladores, y por lo tanto, pueden demostrar sin cuestionamientos que han habitado el territorio “desde siempre” y que su presencia ha ayudado a conservarlo. Desde la perspectiva institucional saben habitar su territorio y no son un “peligro” para la conservación. Esto debe entenderse en los marcos de un proyecto de co-manejo, que siguiendo la matriz establecida por el “programa de doble conservación” establece que identidad-cultura-territorio deben pensarse con relación al desarrollo sustentable. Así, la preservación de la biodiversidad permitirá la preservación de la diversidad cultural y viceversa. Esta lógica que vincula identidad-cultura-territorio de forma esencialista es la que impera al momento de pensar proyectos de desarrollo sustentable, principalmente mediante el turismo cultural mercantilizando los saberes y prácticas indígenas como vestigios de un modo de vida exótico y en armonía con la naturaleza. De esta manera, los Kinxikew dividen sus prácticas entre

“mostrables”: ceremonias, bailes, venta de artesanías, caminatas, cabalgatas; y “ocultas”: ganadería extensiva, caza, recolección de leña. Por ocultas no me refiero a que las hacen sin que la institución sepa, sino que no son las que muestran hacia “el afuera”. Curiosamente son estas prácticas las que históricamente han realizado, pero que no encajan en lo que se espera de los indígenas dentro de un área protegida. Frente a esto, entiendo que el “éxito” se logra a costa de la esencialización de la “diferencia cultural”, invisibilizando las condiciones socio-históricas de producción de esta diferencia, desvinculándola de las formas de sujeción, dominación y explotación que ha sufrido y sufre esta comunidad. La relación entre esta comunidad y el PNNH se consolidó a partir de un acelerado proceso de (re)construcción de la etnicidad, alimentando el esencialismo desde el que suele pensarse a los pueblos indígenas. Por este motivo su proceso de conformación como comunidad no fue puesto en duda por la institución y rápidamente se les otorgaron derechos diferenciales, como dejar de pagar el pastaje o manejar los cotos de caza.

El caso de la comunidad Roberto Maliqueo El caso Maliqueo fue justamente opuesto. Esta comunidad se encuentra ubicada en una zona turística conocida como Valle del Challhuaco. Está conformada por trece familias que descienden de Antonio Maliqueo y María Florinda Catrilao. En sus memorias familiares, los Maliqueo cuentan que en la década del 50 fueron desalojados del territorio que actualmente reclaman, pero que ellos continuaron haciendo uso del territorio y reclamando por distintos medios que se revirtiera la medida para poder volver a asentarse definitivamente. Una vez concretado el desalojo la familia se asentó en El Frutillar, un barrio “del alto” de Bariloche. Estos barrios rodean la ciudad y son conocidos como “inseguros” y “peligrosos”, como los lugares donde viven los “pobres”, los “violentos” y “delincuentes”. En la mayoría de estos barrios no hay cloacas ni gas (en una ciudad que alcanza muy bajas temperaturas durante el invierno), la mayoría de las viviendas son casillas de madera y/o chapa, las calles no están asfaltadas. Muchos viven en casas tomadas o comparten casas entre varias familias en un mismo terreno. Vivir en esta situación es para los Maliqueo el resultado del desalojo y entienden que la salida consiste en volver al territorio. Por este motivo se decidieron a “recuperarlo”, conformados como “comunidad mapuche”. El principal problema al momento de la conformación de esta comunidad fue delimitar objetivamente el territorio en disputa, ya que no existía ningún documento institucional que diera cuenta del lugar exacto y de

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hectáreas específicas a reclamar. La discusión se centró en dos aspectos ligados al territorio: desde la institución se sostenía, por un lado, que el sector que reclamaban actualmente no era el que habían ocupado en el pasado, y por otro lado, argumentaban que el “uso” que hacían hoy de ese espacio no era propio de una comunidad indígena. Al momento de conformarse como comunidad, los Maliqueo no encajaron en la lógica del “programa de doble conservación”. No podían comprobar haber convivido con la naturaleza desde tiempos inmemoriales sin destruirla, ya que habían sufrido un largo proceso de desalojos y relocalizaciones desde la llegada de la APN a la zona. Además no mostraban signos evidentes de “indianidad”, factibles de ser catalogados como saberes y prácticas tradicionales que debían conservarse junto con la biodiversidad del territorio. Por lo tanto, no entraban dentro de la lógica de las políticas de reconocimiento de la APN, basadas en un fuerte esencialismo que necesitaba de ciertas pautas que dieran cuenta de que “eran indios”. No practicaban ceremonias, no hablaban el mapuzungun, no vestían como mapuches, es decir, no contaban con las “marcas diacríticas” que permitían dar cuenta de la “diferencia cultural”. A esto se sumaba el hecho de que no pudieron establecerse de forma permanente en el territorio y debieron continuar con una dinámica urbano-rural/ rural-urbana viviendo en Bariloche durante la semana y yendo al territorio los fines de semana. Desde la institución, lejos de profundizar en las causas de esto —que se debían principalmente a la prohibición de construir una casa y a las constantes limitaciones en el desarrollo de actividades que les permitieran su subsistencia— se sostenía que no permanecían ahí toda la semana, como una forma más de mostrar que no eran una “verdadera” comunidad. El principal argumento utilizado para desacreditar el reclamo de esta comunidad fue la conservación de la biodiversidad, ya que los Maliqueo reclamaban territorio en un “área crítica”. Con base en el conocimiento científico, principalmente de los biólogos e ingenieros forestales, se sostuvo que esta comunidad no sabía conservar. Básicamente, la comunidad no podía acreditar saberes tradicionales (diversidad cultural) que pudieran vincularse con la conservación de la biodiversidad. Esto generó el establecimiento de una “no-política”, es decir que no se los desalojó ni se los denunció, pero tampoco se promovió el trabajo conjunto. La imposibilidad de llevar adelante proyectos articulados con la institución —en los marcos del co-manejo que garantizaran su subsistencia, como sucedía en Kinxikew— generaba que los Maliqueo desarrollaran ciertas prácticas consideradas por la institución como “prohibidas”. Así, parecían ser “indios aculturados” que no sabían conservar y eran un peligro para el área crítica.

Con la institucionalización del co-manejo en 2012 y la inclusión de la comunidad Roberto Maliqueo dentro del colectivo genérico del pueblo mapuche, se le ha reconocido a la comunidad su “diferencia cultural” y su autenticidad, convirtiéndola en socia de la conservación del área crítica. En la práctica esto ha implicado un proceso complejo en el que se sigue trabajando, no sin conflictos. Sin embargo, me interesa subrayar que esto vuelve a invisibilizar las relaciones de poder y dominación, y la vinculación de estas con la conservación. Si algo ha demostrado la comunidad Roberto Maliqueo es el desfasaje entre el modelo ideal de comunidades que deben conformar un co-manejo y su experiencia histórica y cotidiana de desigualdad. Por lo tanto, reconocerles una “diferencia cultural” dada como parte del pueblo mapuche, continúa ocultando el proceso de construcción de esa “diferencia”.

A modo de conclusión Como expliqué al inicio, mi interés por analizar etnográficamente el proceso de construcción de la diferencia cultural en el co-manejo del PNNH se debió a las particularidades que presenta este caso y a la posibilidad que brinda para poder repensar, desde las prácticas, ese modelo construido globalmente basado en el “programa de doble conservación”. Al igual que otros proyectos de co-manejo alrededor del mundo, el caso en estudio toma su definición de las arenas globales. Sin embargo, las particularidades históricas de la región hacen que esta definición no encaje con los procesos vividos por las actuales comunidades del parque. Mi interés en esta problemática surgió del trabajo con las comunidades, fundamentalmente con la Roberto Maliqueo que durante la segunda etapa del co-manejo fue fuertemente cuestionada, precisamente por no cumplir con estos requisitos. Esto me llevó a preguntarme por qué el co-manejo no se construía o pensaba a partir de estos casos complejos, en lugar de basarse en una definición abstracta que terminaba poniendo en cuestión la legitimidad de las comunidades y en consecuencia sus derechos. El hecho de estar trabajando con otras comunidades me permitió visualizar cómo la vinculación de la institución con cada uno de estos colectivos era distinta, a pesar de que esta relación se calificara siempre como co-manejo. Entonces comencé a problematizar los procesos de conformación de estas comunidades y a pensar que había distintas formas de ser comunidad. Sin embargo, estas diferencias quedaban invisibilizadas detrás de esta categoría que homogeneizaba los procesos. La existencia de “una comunidad” daba cuenta de la existencia de la “diferencia cultural”, pero esta históricamente había permanecido oculta en un proceso de des-adscripción étnica como resultado de políticas que invisibilizaron y estigmatizaron la presencia indígena en la región. Procesos de construcción de la diferencia cultural | Florencia Trentini

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Por este motivo, el surgimiento público de este tipo de organizaciones generó irremediablemente discusiones sobre la autenticidad/inautenticidad, y en consecuencia sobre la legitimidad/ilegitimidad de estos procesos. Mientras algunas comunidades fueron legitimadas por la institución, otras fueron fuertemente cuestionadas. Estas diferencias se debieron a que se validó la autenticidad con base en un esencialismo sostenido en la idea de “la doble conservación” y del vínculo entre identidad-cultura-territorio. El reconocimiento de derechos estaba asociado a la posibilidad de demostrar autenticidad, entendida en función de una sumatoria de rasgos que permitirían acreditar “objetivamente” la “diferencia cultural”. Esta está fuertemente vinculada con lo ontológico, ya que la vinculación entre identidad-cultura-territorio se expresa en una forma diferente de ser y estar. Sin embargo, como bien sostiene De la Cádena (2009), esta “diferencia ontológica” es invisibilizada de la arena política impidiendo que se dispute el monopolio de la ciencia para repensar la naturaleza y la relación con las entidades no-humanas, y esto deviene fundamental al momento de pensar la conservación en los marcos del co-manejo. De esta manera, los procesos de conformación de comunidades en el PNNH permiten mostrar cómo la perspectiva estereotipada respecto a ser indígena inscribe el proceso de construcción política de estos sujetos en un registro esencializante y dicotómico: “buen salvaje ecológico” o “indio aculturado”, dando lugar a “éxitos” o “fracasos” en la aplicación del co-manejo. No obstante, ambas concepciones ocultan los efectos de relaciones de desigualdad y subordinación derivadas de procesos de relaciones interétnicas particulares que se expresan en las trayectorias y experiencias complejas de estas comunidades. Como sostiene Boccara (2007), esta “culturalización de las relaciones sociales” obliga a los actores involucrados a definirse en función de su identidad étnica, invisibilizando las desigualdades de la estructura socio-económica, sin dar cuenta de cómo la situación de postergación y pobreza influye en las producciones culturales. El problema radica en tomar “la comunidad” como punto de partida para establecer la autenticidad/inautenticidad de estos procesos. Por lo tanto, en los marcos actuales del co-manejo, la categoría comunidad indígena tiene implicancias específicas. Al ser reconocido como tal un colectivo es legitimado como “diferente” y tiene acceso a derechos también diferentes. No obstante, esta categoría se cristaliza de tal manera que invisibiliza los procesos históricos particulares vividos por estos grupos en jurisdicción del PNNH y oculta las históricas relaciones de dominación y desigualdad que constituyen los procesos de conformación de estas comunidades. Frente a esto se entiende que es necesario abordar los distintos procesos en los que se construye la diferencia cultural, y en los que los espacios reclamados actualmente se constituyen como territorios.

Las particularidades y heterogeneidades de las comunidades de este parque hacen necesario repensar lo indígena, básicamente porque no encaja con “lo indígena” y vuelve necesario, como bien sostiene Briones (2013), entenderlo como espacios de agencia y acción política a partir de los que se disputa, se negocia y se resiste. En el PNNH, las comunidades no son abordadas como productos históricos sino como entidades homogéneas y totalizantes que para ser legitimadas e incorporadas al co-manejo deben cumplir con atributos prefigurados. Por el contrario, entiendo que las distintas formas de ser comunidad requieren una plasticidad institucional que no es posible garantizar con versiones tan modelizadas de co-manejo que son aprendidas por los involucrados antes de la implementación local del proyecto. Entonces, la integración y participación de las comunidades en el co-manejo se realiza a costa de cristalizar una concepción estática y espacialmente acotada de la relación entre biodiversidad-territorioidentidad-cultura-derechos, basada en una identidad ambiental esencializada construida globalmente por medio de alianzas estratégicas de conservación y del “programa de doble conservación”, que es retomada por la institución, pero también por las propias comunidades. El establecimiento de un co-manejo implicó determinadas formas de definir la articulación entre identidad-cultura-territorio. Por tal motivo, los procesos de conformación de comunidades no pueden entenderse sino en relación con estas formas específicas de articulación que este proyecto moviliza o prescribe, otorgando o negando legitimidad y derechos. Sin embargo, las comunidades han ido desarrollando distintas formas de disputar “la autenticidad”. Es cierto que es necesario “encajar” en el co-manejo, pero esto no implica que las comunidades no negocien, resistan y hasta impugnen estos requerimientos, reconfigurando los límites y posibilidades de acción política de esta experiencia. Si el co-manejo implicó por primera vez la posibilidad de ser diferente, esa “diferencia cultural” tenía que ser de una manera particular, establecida en las políticas de reconocimiento institucional. Así, “la diferencia” se convierte en algo “dado” y no en el resultado de procesos históricos de un mundo social y espacialmente interconectado (Gupta y Ferguson 1992). Las comunidades se convierten en entidades homogéneas y totalizantes que deben cumplir con atributos prefigurados para ser legitimadas e incorporadas al co-manejo, en lugar de ser entendidas como productos históricos de particulares relaciones de poder y desigualdad. Gran parte de los obstáculos en la implementación del co-manejo a lo largo de estos años se debió a la disputa constante entre lo que se espera de las “verdaderas” comunidades, definidas con base en el discurso global de la conservación, y lo que son las “verdaderas” comunidades,

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como resultado de los procesos históricos específicos y particulares vividos en el PNNH. Por lo tanto, considero que uno de los principales desafíos de esta experiencia es desnaturalizar lo que todos los sujetos involucrados entienden por co-manejo, algo que aprenden antes en las arenas globales o en experiencias previas (como las del PNL) por fuera del nivel local de prácticas cotidianas. Para superar estos obstáculos es necesario dejar de considerar al co-manejo como una herramienta prefigurada globalmente que se aplica a nivel local, y pensarlo como una arena de disputa política que se construye y reconstruye permanentemente en su aplicación.

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rev.estud.soc. No. 55 • enero-marzo • Pp. 32-44 • ISSN 0123-885X • eISSN 1900-5180 · DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res55.2016.02

Hacia una geografía de los conflictos socioambientales en Santiago de Chile: lecturas para una ecología política del territorio* Enrique Aliste** – Caroline Stamm*** Fecha de recepción: 23 de febrero de 2015 • Fecha de aceptación: 06 de julio de 2015 • Fecha de modificación: 28 de agosto de 2015 DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res55.2016.03

R E S U M E N | El artículo propone una geografía social de los conflictos ambientales en Santiago de Chile, desde el enfoque de la ecología política. Para ello, se realizó un levantamiento y localización de conflictos reflejados en tres fuentes, a saber: poder judicial, medios de prensa escrita y redes sociales, fuentes que luego se cruzan con información de carácter socioeconómico espacializado. El resultado muestra una tendencia a la concentración de los conflictos socioambientales en los sectores socioeconómicamente más favorecidos de la ciudad, lo que no se relaciona con las condiciones de deterioro o calidad ambiental de la misma. A partir de ello, se discute si los conflictos socioambientales son una nueva forma de exclusión social, o bien, un asunto de las élites. PA L A B R A S C L AV E | Conflicto socioambiental, geografía social, desigualdad socioespacial, ecología política, Santiago de Chile (palabras clave de autor).

Towards a Geography of Socio-Environmental Conflicts in Santiago de Chile: Interpretations for a Political Ecology of the Territory ABSTRACT | This paper proposes a social geography of environmental conflicts in Santiago de Chile, from the perspective of political ecology. For this purpose, a series of conflicts were identified and localized through consultation of three sources: judicial decisions, print media, and social networks, sources which were then cross-referenced with specialized socioeconomic information. The results show a trend towards concentration of socio-environmental conflicts in the most privileged socioeconomic sectors of the city, a phenomenon which is not consistent with their conditions of deterioration or environmental quality. Based on this finding, it discusses whether socio-environmental conflicts are a new form of social exclusion or solely a matter of the elites. K E Y W O R D S | Socio-environmental conflict, social geography, socio-spatial inequality, political ecology, Santiago, Chile (Author’s Keywords).

Artículo elaborado en el marco del proyecto de investigación FONDECYT Postdoctorado 3140503 Conflictos de contenido ambiental y territorio en el Gran Santiago: análisis del papel de los conflictos en la construcción y gobernanza de los territorios. Investigadora responsable: Dra. Caroline Stamm; investigador patrocinante: Dr. Enrique Aliste. Los autores agradecen a Olivier Coffin y Constanza Reyes por su participación como asistentes de investigación en este trabajo.

Doctor en Geografía y Estudios del Desarrollo por la École des Hautes Études en Sciences Sociales (Francia). Profesor asociado del Departamento de Geografía, Universidad de Chile. Entre sus últimas publicaciones se encuentran: “Las fronteras del discurso geográfico. El tiempo y el espacio en la investigación social” (en coautoría). Chungara Revista de Antropología Chilena 47 (2): 287-30, 2015 y “Pensar los territorios del desarrollo: sustentabilidad y acción pública en nombre de una ciudad imaginaria. Concepción (Chile), 1950-2010” (en coautoría). Revista EURE (Santiago) 40 (120): 91-110, 2014. * ealiste@uchilefau.cl *** Doctora en Urbanismo y Ordenamiento Territorial por la Université Paris-Est (Francia). Investigadora postdoctoral del Departamento de Geografía, Universidad de Chile. Entre sus últimas publicaciones se encuentran: “El aporte de un enfoque territorial al estudio de los conflictos socio-ambientales” (en coautoría). Revista Faro 2 (20): 66-78, 2014 y “Expulsion et relocalisation du commerce de rue dans la métropole de Mexico. Analyse comparative des politiques de déguerpissement dans le Centre historique, Tlalnepantla et Tultepec”. Revue L’Espace Politique 1 (22), 2014. * cstamm@uchilefau.cl

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Rumo a uma geografia dos conflitos socioambientais em Santiago do Chile: leituras para uma ecologia política do território R E S U M O | Este artigo propõe uma geografia social dos conflitos ambientais em Santiago do Chile, do enfoque da ecologia política. Para isso, realizou-se um levantamento e localização de conflitos refletidos em três fontes: poder judicial, meios de imprensa escrita e redes sociais, fontes que logo se cruzam com informação de caráter socioeconômico especializado. O resultado mostra uma tendência à concentração dos conflitos socioambientais nos setores socioeconomicamente mais favorecidos da cidade, o que não se relaciona com as condições de deterioração ou qualidade ambiental desta. A partir disso, discute-se se os conflitos socioambientais são uma nova forma de exclusão social, ou bem, um assunto das elites. PA L AV R A S - C H AV E | Conflito socioambiental, geografia social, desigualdade socioespacial, ecologia política, Santiago do Chile (palavras do autor).

Introducción La discusión en torno a los conflictos ambientales en Chile se ha venido desarrollando académicamente con algún grado de sistematización desde finales de los años 90. Si bien durante los años 80 y 90 hubo antecedentes y debates sobre importantes conflictos ambientales,1 por lo general su abordaje estuvo más bien centrado en la crónica y en la denuncia pública que motivó diversos tipos de movilización social. Se puede señalar que muchos de los conflictos ambientales tuvieron una clara predominancia en ambientes rurales, en la mayoría de los casos asociada a prácticas extractivistas o bien de uso intensivo de recursos naturales. En cambio, la dimensión urbana de los conflictos ambientales ha sido menos visible y, entre ellos, se podrían mencionar especialmente los conflictos derivados de la instalación de establecimientos de tipo industrial.2 Poco se ha avanzado en esfuerzos analíticos por establecer relaciones entre diversos aspectos que confluyen en la ocurrencia y/o emergencia de los conflictos socioambientales en el espacio. Las caracterizaciones sociales de ellos no han estado muy enfocadas en visualizar los aspectos que espacialmente podrían estar incidiendo en su ocurrencia. Si bien se menciona o se sugiere aquello en algunos trabajos (Paulson y Gezon 2005; Robbins 2004; Zimmerer y Basset 2003), lo cierto es que no basta con establecer dichas menciones o bien identificar los lugares donde suceden o se denuncian situaciones que luego son calificadas como conflicto ambiental.

Los casos emblemáticos son la Central Ralco en el río Bio-Bío, Proyecto Forestal Trillium en Magallanes, Extracción de aguas del Lago Chungara en el altiplano chileno.

2 Por ejemplo, la Central Termoeléctrica Renca en la comuna homónima, estaciones de transferencia de residuos sólidos urbanos en la comuna de Quilicura, o bien la instalación y operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas en la comuna de Maipú, sólo por mencionar algunos casos en Santiago Metropolitano.

En este sentido, a la hora de identificar y catastrar un conflicto ambiental surge una de las primeras dificultades conceptuales pues, como ha sido hasta ahora, los conflictos ambientales suelen quedar reflejados en cartografías en donde equivalen a un punto en el mapa. Aunque esta información es de gran relevancia, la propia condición o connotación ambiental sobrepasa con creces el punto con que se representa. Sin embargo, esta información es también relevante para avanzar analíticamente en este tema y entender o enfrentar la noción de conflicto ambiental o, como se propone acá, de conflicto socioambiental, en una mirada de conjunto que permita una sinopsis geográfica para establecer la preeminencia y alcance que estas aproximaciones tienen en el conjunto de la sociedad como fenómeno fundamentalmente social y, más aun, con profunda relevancia política. Así emerge esta rica posibilidad de enfrentar el tema haciendo converger a la geografía social con la ecología política para avanzar en el conocimiento sobre estos nuevos fenómenos sociales de gran importancia espacial. Por lo anterior, resulta vital establecer características o elementos que ayuden a develar lo que territorialmente implica la existencia de conflictos socioambientales en la ciudad. Por eso se propone hacer confluir los antecedentes de identificación y localización espacial de los conflictos con las características de la geografía social de la ciudad, tomando el particular caso de Santiago de Chile. Con el presente artículo se busca dar cuenta de algunos avances en torno a una exploración que propone un modo de leer estos procesos de manera conjunta, especialmente con el interés de avanzar hacia una geografía social de los conflictos ambientales, como una posibilidad de colaborar a una ecología política del territorio en la ciudad de Santiago de Chile.

Santiago de Chile: una geografía social en tensión La ciudad de Santiago reviste un interés especial no sólo por su condición de capital o por su situación geográfica a los pies de la Cordillera de los Andes;

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DOSSIER Imagen 1. La ciudad de Santiago de Chile: localización y contexto espacial de sus comunas

además, la ciudad presenta altos índices de segregación y diferenciación socioespacial, dibujando una clara demarcación entre zonas ricas y zonas pobres (De Mattos 2002; Ducci 2000; Fuentes 2011; Hidalgo 2004; López-Morales 2013). Los matices son muy tenues y, en general, diferentes investigaciones dan cuenta de una ciudad altamente fragmentada (Dammert 2004; De Mattos 2002). Ello refleja, tal como se ha dado a conocer en numerosos informes y artículos (OCDE 2011; Cepal 2013), que las condiciones de desigualdad, pese a una notable disminución de la pobreza en Chile, siguen siendo un tema que aqueja a la sociedad y que, como se quiere sostener aquí, la emergencia de los conflictos socioambientales son muestra adicional de un síntoma que encuentra en las desigualdades una causa más de existencia. La ciudad de Santiago, cartografiada en la imagen anterior con su mancha urbana y las comunas que la componen, representa un importante ícono de la segregación y —algunos autores van más allá— de la fragmentación socioespacial, estableciendo como aspecto de su geografía social una demarcación radical de las zonas más ricas de aquellas más pobres de la ciudad.

Normalmente, en Chile se trabaja con una clasificación denominada Nivel Socioeconómico (NSE) que ha sido abordada extensamente en las diferentes publicaciones y que toma como referencia la clasificación realizada por una importante empresa de investigación de mercado (Adimark), usando como base la información censal del país del año 2002.3 En ella, se establece una relación entre la tenencia de determinados bienes en el hogar (refrigerador, TV, ducha, calefón, lavadora, automóvil, etcétera) y el nivel socioeducativo del jefe de hogar (universitario completo, universitario incompleto, técnico, etcétera), permitiendo de este modo una clasificación de los siguientes cinco niveles socioeconómicos (Adimark 2012): ABC1 (de altos ingresos y que poseen prácticamente la totalidad de los bienes identificados y con educación universitaria completa en general;

3 Si bien se trata de información censal de base de más de doce años, es la que representa mayor validez estadística y ha sido actualizada sobre la base de ajustes y estimaciones. Lamentablemente, el Censo Nacional de Población y Vivienda realizado el año 2012 tuvo serios problemas metodológicos y de validez, por lo que se ha determinado que sus datos no son fiables y se ha recomendado no usarlos.

Hacia una geografía de los conflictos socioambientales en Santiago de Chile | Enrique Aliste · Caroline Stamm

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el ingreso es del orden de los US$3.000.- y más por mes); C2 (de ingresos medios y algunos bienes, educación universitaria incompleta o con educación técnica; ingreso mensual del orden de US$1.000 a US$2.000.- aproximadamente); C3 (de bajos ingresos y algunos bienes, con educación técnica y con ingresos mensuales entre US$600.- y US$900.-); D (de ingresos precarios, pocos bienes y niveles de instrucción incompletos; ingresos mensuales del orden de los US$400.- a US$500.-) y E (viven con ingresos inferiores al ingreso mínimo, que en Chile es del orden de los US$300.-, casi no poseen bienes, salvo los básicos y la instrucción es mínima). Espacialmente, según NSE, la población en Santiago se distribuye tal como lo muestra la imagen 2. El mapa anterior muestra la predominancia de los diferentes grupos socioeconómicos por comuna (es decir, el que en términos de población total representa la mayor cantidad de personas según NSE del hogar). Es posible apreciar que existe una clarísima predominancia

de personas que habitan en hogares pobres en la ciudad, con excepción del sector centro-oriente (llamado en Chile el cono de alta renta, que corresponde a las comunas de Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, La Reina, Providencia, Ñuñoa y Santiago). Con ello, una importante condición de la geografía social de la ciudad queda definida pues, como se ha señalado anteriormente y se respalda en las publicaciones anteriormente referidas, es precisamente en este sector del cono de alta renta en donde se concentra la mejor oferta de servicios, comercio, acceso a salud, a educación, a infraestructura pública, etcétera. De hecho desde la perspectiva del acceso a las áreas verdes, por ejemplo, la situación de Santiago es la que se describe en la imagen 3: Tal como lo muestran la imagen y el gráfico anteriores, las superficies de áreas verdes urbanas por habitante son mayores precisamente en los barrios con mayor NSE, lo que acentúa las diferencias en la ciudad. Salvo casos excepcionales, como las comunas de La Granja, Cerrillos, Recoleta o Renca (que poseen parques urbanos cuyo

Imagen 2. Distribución de la población total según niveles socioeconómicos en Santiago de Chile: grupos predominantes por comuna

Fuente: elaboración propia con base a mapa socioeconómico de Chile (Adimark 2012). rev.estud.soc. No. 55 • enero-marzo • Pp. 45-62 • ISSN 0123-885X • eISSN 1900-5180 · DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res55.2016.03

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origen ha sido un antiguo basural, en el caso de La Granja; un ex aeropuerto, en Cerrillos; el Parque Metropolitano de Santiago en Recoleta y los Cerros de Renca, en la comuna homónima), la situación es muy clara: el cono de alta renta es el que concentra las mayores superficies de áreas verdes urbanas por habitante (Irarrázaval 2012; Reyes y Figueroa 2010). Por lo mismo, las condiciones de calidad de vida urbana en estas comunas también suelen ser catalogadas como mejores, debido a que su provisión de servicios ambientales también ayuda a tener mejores condiciones de ventilación, circulación de aire y menores diferencias térmicas, entre otras virtudes ambientales (Romero et al. 2010).

Este aspecto bastante peculiar de Santiago es el que motiva a reflexionar y explorar si hay otros elementos que se agreguen a esta condición de tan clara demarcación socioeconómica en la ciudad y si, en tal sentido, existe alguna relación entre los conflictos ambientales y las características de tan marcada diferenciación socioespacial. De esta forma, se invita además a avanzar en torno a qué lecturas se pueden hacer de los conflictos socioambientales en virtud de esta relación, de manera que aporte a una discusión sobre la ecología política del territorio urbano. Con este objetivo, el primer paso consiste en la elaboración de un catastro y una cartografía de los conflictos socioambientales en la capital chilena.

Imagen 3. Superficie de áreas verdes por habitante en Santiago de Chile, según niveles de ingreso (m2/habitante, según rango de ingreso)

LO BARNECHEA

QUILICURA

HUECHURABA CONCHALÍ

VITACURA

RENCA

CERRO NAVIA

PUDAHUEL

RECOLETA

LAS CONDES

INDEPENDENCIA QUINTA NORMAL

PROVIDENCIA LA REINA

SANTIAGO

LO PRADO

ÑUÑOA ESTACIÓN CENTRAL

CERRILLOS

MAIPÚ

PEÑALOLÉN

PEDRO AGUIRRE SAN CERDA MIGUEL

LO ESPEJO

LA CISTERNA

MACUL SAN JOAQUÍN LA GRANJA

LA FLORIDA

SAN BAMÓN EL BOSQUE LA PINTANA

PUENTE ALTO

SAN BERNARDO

Leyenda

Superficie de áreas verdes CA (ha). 17,4 - 64,3 64,3 - 141,4 141,4 - 293,1 239,1 - 458,0

Fuente: Reyes y Figueroa (2010). Hacia una geografía de los conflictos socioambientales en Santiago de Chile | Enrique Aliste · Caroline Stamm

DOSSIER Gráfico 1. Porcentaje, por comuna, del total de áreas verdes existentes en el Área Metropolitana de Santiago

Fuente: Reyes y Figueroa (2010).

¿Qué implica catastrar y cartografiar conflictos socioambientales? A pesar de que la investigación en ciencias sociales hizo un trabajo amplio de conceptualización de los conflictos urbanos, los trabajos empíricos se concibieron de manera más estrecha: cada conflicto (sus objetivos, sus protagonistas y su contexto medioambiental) se analiza en general caso por caso (Joerin et al. 2005) dando un perfil más bien monográfico. Según estos autores, este tipo de análisis a partir de monografías de conflictos impide ver los impactos sistémicos que producen las decisiones específicas tomadas respecto al uso de recursos o cambios territoriales en ambientes urbanos (así como rurales), lo que no permite caracterizar de manera rigurosa un patrón geográfico de los conflictos en las regiones urbanas. Así, localizar y cartografiar los conflictos es relevante para buscar relaciones, patrones o elementos que colaboren en su análisis socioespacial, por cuanto estos se desarrollan en un espacio y en un tiempo, con determinado marco institucional, legal, local y supralocal. En ese sentido, algunos trabajos recientes sobre cartografía de los conflictos han sido desarrollados en Montreal, Canadá (Villeneuve et al. 2006), a partir de una definición amplia del conflicto que se nutre de los trabajos sobre los movimientos sociales. Utilizando

como fuente la prensa local, este equipo censó los conflictos en la aglomeración de Quebec entre 1990 y 2000 (Joerin et al. 2005) y confirmó que algunos cuadros urbanos son más propensos a generar conflictos y que algunos grupos están más dispuestos a movilizarse. Demostró que la frecuencia de los conflictos es más elevada en los sectores con más densidad de comercios y un tejido urbano más antiguo, así como donde la población es más escolarizada y dispone de un horario de trabajo flexible. Entre otras investigaciones realizadas en Francia se cuenta la tesis de Bruno Charlier (Groupe Manon 2005) que censó 1.781 conflictos de uso (planificación, contaminación, acceso) mencionados en la revista Combat Nature (revista ecologista) desde 1974 hasta 2004, y destacó la importancia de las características del espacio contextual en el surgimiento de conflictos ambientales. Según este estudio, las zonas con más conflictos son las periurbanas y turísticas (litoral y montaña) y las pequeñas ciudades, y demuestra la adecuación entre el tipo de conflicto y las características socio-demográficas de los espacios considerados (Groupe Manon 2005). Torre et al. (2010 y 2014) se enfocaron en el estudio de los conflictos periurbanos, rurales y en los espacios naturales, con el fin de demostrar que es posible identificar los conflictos y deducir un estado general de la conflictividad.

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Además de buscar patrones socioespaciales, cartografiar puede tener otros fines visibilizados por la ecología política. De hecho, la revista Ecología Política dedica el número 48 de enero de 2015 al tema cartografía y conflicto. Allí, diversos trabajos realizados en América Latina, Europa y África dan cuenta de diversas aproximaciones a la necesidad de mapear como una herramienta de movilización, resistencia y construcción (como reza el epígrafe al título del número). El carácter monográfico nuevamente se toma el rol protagónico, aunque es interesante la propuesta de Joan Martínez Alier (en una entrevista que aparece en el mencionado número) respecto a apostar por una ecología política estadística de carácter colaborativo y a una nueva dimensión para la generación de información y conocimiento (Gorostiza 2015). Efectivamente, el proyecto europeo EJOLT coordinado por Martínez Alier construyó una base de datos cartográfica en línea y colaborativa de la justicia ambiental a escala mundial. Este mapa elaborado a partir de la colaboración de varias organizaciones de la sociedad civil censa más de dos mil conflictos en el mundo, pero solamente uno en Santiago (Alto Maipo4). Tal como se señaló anteriormente, Martínez Alier describe esta iniciativa más que como una muestra, como un “inventario incompleto”, para promover el desarrollo de una ecología política estadística.5 Por último, cabe señalar que en el mundo anglosajón trabajos como los de Cidell (2008), Crampton y Krieger (2006), por señalar sólo algunos, han puesto el foco en el desarrollo de cartografías críticas para abordar el tema de los conflictos ambientales. Aquí, el desarrollo y propuesta cartográfica también se basa inicialmente en el carácter monográfico, para dar paso a aspectos colaborativos en el modo de construir las representaciones y el levantamiento de los casos a considerar. Se suman, por cierto, trabajos como los de Nesbitt y Weiner (2001), Holmes (2014), Shmueli (2008), ReyesGarcía et al. (2012), entre otros. Para indagar el análisis de los conflictos socioambientales en Santiago, este trabajo propone un catastro y una cartografía de aquellos, siguiendo los pasos de los trabajos citados en un primer tiempo, pero en una perspectiva crítica y en relación con los posicionamientos de la ecología política. Este catastro y cartografía no es un intento nuevo en el caso de la capital chilena donde organizaciones no gubernamentales han realizado varias cartografías censando los conflictos

4 Proyecto hidroeléctrico que se localiza en la alta cordillera de Santiago, y que ha motivado la creación de un movimiento contra su desarrollo, confrontando diversos actores sociales, políticos y empresariales de Chile. 5 Conferencia de Joan Martínez Alier, “Presentación del Atlas de Justicia Ambiental – proyecto EJOLT”, Congreso Latinoamericano de Ecología Política, Universidad de Chile, 24 de octubre 2014. También en Gorostiza (2015).

urbanos y socioambientales, a diferentes escalas.6 Sin embargo, los trabajos académicos no se han dedicado a este tipo de trabajo, con excepción del artículo de Fuenzalida y Quiroz (2012) que localiza tres conflictos en la región Metropolitana, pero que se realizó a partir de las fuentes de dos ONG ambientalistas chilenas.

Construir la cartografía de los conflictos socioambientales: del listado al mapa De las experiencias señaladas anteriormente, un aspecto clave a destacar es la disparidad de conflictos censados y la falta de metodologías sistemáticas. Considerando este aspecto, se realiza primero una cartografía de los conflictos socioambientales en el Gran Santiago a partir de varias fuentes y circunscritos a un área que involucra 37 comunas, todas ellas urbanas. Segundo, se ha escogido la propuesta para definir conflictos socioambientales de Folchi (2001, 91) que señala: La situación sobre la cual se genera un conflicto de contenido ambiental se produce, justamente, cuando se tensiona la estabilidad histórica conseguida entre una comunidad y su hábitat. Esto ocurre como consecuencia de la acción de algún agente extraño que altera o pretende alterar las relaciones preexistentes entre una comunidad y su ambiente, o bien, a la inversa, cuando una comunidad decide modificar su vinculación con el ambiente afectando los intereses de alguien más. Lo que entonces se produce, no es un conflicto entre dos actores ‘por’ el medio ambiente, sino un conflicto de intereses entre dos actores, ‘en’ un medio ambiente específico, o dicho con otras palabras, una tensión entre intereses incompatibles, con el medio ambiente de por medio.

Esta definición amplia permite integrar un gran abanico de conflictos que involucran al medioambiente. Es importante destacar que se han considerado los conflictos declarados y que además poseen algún grado

6 A escala nacional se destaca el trabajo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) con el Mapa de Conflictos Socioambientales, que da cuenta de 97 conflictos en todo Chile en el período de enero de 2010 a junio de 2012. A escala de la ciudad de Santiago, existe una cartografía en línea denominada Mapa de los conflictos urbanos de la ONG SUR Corporación de Estudios Sociales y Educación que cubre el periodo entre los años 2006 y 2011 y que registra cien conflictos en Santiago. Este mapa colaborativo ha sido realizado en cooperación con organizaciones sociales y ciudadanas, contactadas a través de la Red Observatorio de Vivienda y Ciudad y de las Escuelas Constructoras de Ciudades. Se incluyen tanto casos que alcanzaron notoriedad en la esfera de la opinión pública como casos representativos, a distinta escala, de la conflictividad urbana entre los años 2006 y 2011 en Santiago. Los cien casos están clasificados en las categorías crecimiento urbano, uso y apropiación de espacios urbanos, medio ambiente, vivienda y daños por terremoto. Otros mapas han sido realizados por algunas ONG sobre temas específicos como la minería o el agua.

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de connotación pública de acuerdo a los criterios de Torre y Lefranc (2006), cuando señalan que un conflicto nace del compromiso de una de las partes. Este compromiso se define por una amenaza creíble que puede tomar diferentes formas: acción judicial, mediatización o publicitación, confrontación o producción de signos (carteles, barreras, etcétera). En otras palabras, se expresa a través de una manifestación de oposición o de protesta clara frente a un evento espacial que activó una controversia. En ese sentido, se incluyen únicamente los conflictos con una componente espacial clara, implicando el uso del espacio y teniendo un soporte material. Para realizar la cartografía, se ha adaptado al caso chileno la metodología desarrollada por Torre et al. (2010 y 2014) y en esa etapa se han utilizado solo fuentes escritas. Lo importante de esta metodología, inicialmente aplicada al caso de los espacios periurbanos y rurales franceses, es que a diferencia de muchos trabajos a partir de la prensa se funda en varias fuentes. El método para identificar los conflictos es complejo y multidimensional, pues se caracteriza por la combinación y la triangulación de diferentes fuentes y tipos de colecta de datos. Si bien en Francia las fuentes utilizadas fueron: a) la prensa regional cotidiana; b) los datos de las causas en los tribunales administrativos y; c) entrevistas aplicadas a actores locales, en el presente caso se ha trabajado con: a) artículos de periódicos de circulación nacional; b) recursos judiciales y; c) artículos y notas en redes sociales. El período de estudio es del 1 de enero 2013 al 30 de abril 2014. Para los artículos de periódico se trabaja con dos fuentes: el diario impreso La Tercera y el diario en línea El Ciudadano. Cabe destacar que en Chile la prensa escrita está concentrada fundamentalmente en dos grupos periodísticos (El Mercurio y Copesa), por lo que no existe mucha pluralidad en la información escrita. La elección de La Tercera (del Grupo Copesa) se debe a que es un diario de distribución nacional, uno de los dos principales diarios chilenos con más difusión, y además con una sección específica dedicada a Santiago. El Ciudadano, en cambio, es un periódico de características muy distintas, más cercano a organizaciones sociales de base, orientado políticamente a la izquierda y de formato digital en línea. El objetivo de tener periódicos de líneas editoriales diferentes fue abarcar y contrastar información entre ellos. Trudelle (2005) propone hacerse cargo de los sesgos en las fuentes periodísticas, identificando por un lado el sesgo de la selección (¿qué hace que un conflicto sea relatado por un medio?) y por otro el sesgo de la descripción/distorsión por parte del medio. Sin embargo, la prensa es interesante por dos razones: primero, muestra cómo los conflictos están mediatizados o llevados a la escena mediática, y segundo, es reveladora del contenido que los medios dan al concepto de conflicto (Torre y Lefranc 2006). El catastro de los artículos incluyó la construcción de una base de datos con varios tipos de información: título, fecha, sección, ubicación geográfica,

resumen. Estos datos, hay que recordarlo, no son representativos de los conflictos: relatan los eventos transmitidos por los medios de comunicación a la opinión pública. Leída cotidianamente, se vuelve un “acumulador colectivo de conocimiento tanto factual como estratégico” (Joerin et al. 2005, 325). En total se revisaron 484 ejemplares impresos del diario La Tercera, integralmente y de manera manual. Se censaron a partir de allí 103 artículos que trataban sobre conflictos socioambientales (82 del año 2013 y 21 del año 2014). Cabe destacar que se incluyeron únicamente artículos que expresaban un conflicto abierto, declarado (a diferencia de un conflicto latente). Estos 103 artículos tratan de 29 conflictos diferentes en el Gran Santiago. Varios artículos describían el mismo conflicto o a veces evocaban varios al tiempo. En cuanto al periódico en línea El Ciudadano, se revisaron de manera exhaustiva las secciones “Medio ambiente”, “Organizaciones sociales”, “Cartas ciudadanas” y “Ciudadanos al poder”. Los treintaiocho artículos que se registraron sobre conflictos socioambientales en el Gran Santiago describían doce conflictos distintos. Hay que subrayar que dentro de estos doce conflictos, diez no aparecían en La Tercera, mostrando claramente que el tema de la selección en los contenidos informativos es fundamental. En la siguiente cartografía (imagen 4) se puede ver la expresión espacial de los conflictos considerando las diferentes fuentes revisadas: La distribución espacial de los conflictos en Santiago es muy interesante si se mira de acuerdo a las fuentes que los informan. Así, los conflictos relatados por el periódico La Tercera se ubican en su gran mayoría en la zona oriente de la ciudad, en las comunas de Santiago, Providencia y Las Condes, es decir, en el cono de alta renta. El Ciudadano, sin embargo, le da mayor cobertura a los conflictos periféricos en la ciudad. Este antecedente ya resalta un aspecto de gran riqueza analítica que se retoma más adelante, pero instala en cierta medida el tema referido a las áreas de la ciudad que territorialmente representan un mayor interés para determinados grupos sociales. Tal como se aprecia en la imagen anterior, otras fuentes consideradas fueron las de los tribunales de justicia y la existencia de grupos organizados a través de redes sociales, especialmente Facebook. Respecto a las fuentes judiciales, estas consisten en el registro de causas que han sido llevadas a tribunales de justicia. Se incluyen en este catastro aquellas demandas presentadas al Tribunal Ambiental y los recursos de protección llevados a la Corte Suprema de Justicia, lo que implica que no se trata la integralidad de los recursos administrativos, civiles y penales.

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DOSSIER Imagen 4. Localización de conflictos socioambientales según fuentes de información. Se incluye prensa, poder judicial y redes sociales

Fuente: elaboración propia basada en los periódicos La Tercera, El Ciudadano; Tribunales de Justicia y la red social Facebook.

Cabe destacar que la reciente implementación de los Tribunales Ambientales, creados por ley en 2008 y cuyo funcionamiento comenzó apenas en 2013 hace que esta fuente pueda ser considerada muy incipiente. Se revisaron en este caso los tres tipos de solicitudes que se pueden dirigir a este tribunal: las consultas y solicitudes a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), las demandas por daño ambiental y las reclamaciones. Se consideraron las solicitudes presentadas entre marzo del 2013 (fecha de inicio del Segundo Tribunal) y el 30 de abril del 2014. A partir de la revisión de estas solicitudes, se identificaron seis conflictos socioambientales diferentes. Además de lo anterior, se consideraron los recursos de protección de la Corte Suprema, que son mucho más numerosos. Se procedió a la revisión de 106 tomos de sentencias de recursos de protección de la Corte Suprema, información que fue comparada posteriormente con los recursos de protección presentados pero no fallados al 30 de abril del 2014, lo que implicó agregar

dos casos adicionales a los de los tomos en papel. Este segundo tiempo permitió enfocarse en los recursos de protección ingresados durante el período de estudio (y no en los ya fallados). La diferencia es sin embargo débil, debido al hecho de que los recursos de protección son fallados rápidamente. El ordenamiento jurídico chileno reconoce expresamente en el artículo 19 n°8 de la Constitución Política de la República “el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”, como una de las garantías constitucionales aseguradas a todas las personas; es el que inspira los recursos de protección. Sin embargo, en la revisión de los recursos de protección se incluyeron recursos que no apelaban directamente al artículo 19 n°8 de la Constitución, pero que se consideraron conflictos socioambientales. Se censaron treinta recursos de protección referidos a veinticuatro conflictos socioambientales diferentes. El último tipo de fuente utilizada corresponde a las redes sociales. Se eligieron las páginas de Facebook de juntas vecinales (JJVV). La búsqueda se hizo en esta red social a

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partir de las palabras claves: junta vecinal + nombre de la comuna; junta vecino + nombre de la comuna; junta vecinos + nombre de la comuna; JJVV + nombre de la comuna; coordinadora vecinal + nombre de la comuna. Se revisaron en total 194 páginas abiertas (31 páginas fueron descartadas por ser privadas) y la revisión incluyó todos los “posteos” presentes en el muro de la página. Allí se registraron 37 conflictos diferentes, de los cuales veintitrés no aparecían en la prensa ni en los recursos jurídicos analizados. A partir de todas las fuentes antes mencionadas, se construyó un catastro de conflictos socioambientales en Santiago que llega a 83 casos localizados y seis que no se pueden localizar con precisión.7 Antes de pasar a la espacialización de los conflictos, y aunque no es el propósito de este texto, es importante indicar que los conflictos catastrados son de diverso tipo, destacándose en número los conflictos por la construcción de infraestructuras viales y de transporte (incluidas las nuevas líneas de metro), por contaminación ambiental, por el desarrollo de proyectos inmobiliarios, por la instalación de antenas de telecomunicaciones y también los conflictos relacionados con los planes reguladores comunales. En segundo lugar, se identificaron cinco conflictos por la defensa de parques o áreas verdes y cuatro conflictos a propósito de basurales (contaminación, transporte de desechos, micro-basurales). Este catastro no pretende ser exhaustivo sino, más bien, ser una representación de los conflictos en las tres fuentes presentadas, o sea su mediatización en dos periódicos específicos, su judicialización (paso por tribunales), y su mediatización en las redes sociales de las organizaciones locales que tienen acceso y utilizan estas redes. Parece muy importante subrayar nuevamente el papel de las fuentes y sus sesgos en la realización de cartografías. El resultado espacial, ver la imagen 5. En este caso, se juntan las fuentes para ver si se visualiza algún patrón espacial de los conflictos socioambientales en la escala urbana metropolitana, con todos los límites que ello implica y sobre los cuales es importante regresar brevemente. Hacer una cartografía implica desafíos metodológicos, y dos al menos parecen centrales. El primero es la confrontación de las diferentes fuentes y su integración en un mismo mapa. En efecto, se observa la diferencia entre las fuentes: tanto en el tipo de conflictos relatados como en la estructura espacial de los mismos. El segundo

7 Se trata de conflictos por el agua en Santiago, por el transporte de materias tóxicas, por el cierre de calles para las bicicletas los domingos, por el Plan Metropolitano de Regulación de los Suelos (PMRS100), por la modificación del decreto sobre material particulado respirable y por la protección del patrimonio.

es la transformación de un catastro de elementos dispares en un mapa de localización. Si bien el punto en un mapa permite localizar, se tiene que debatir sobre su capacidad de representar un conflicto. El problema del punto es que pone en el mismo plano conflictos pequeños y grandes, temporalidades diferentes, y nada dice del contenido del conflicto. Pone en el mismo plano conflictos locales de unas semanas con conflictos a escala metropolitana de varios años. Al mismo tiempo, el punto no distingue un conflicto que involucra superficie (áreas) ni aquellos que son de carácter lineal (redes o flujos). Por todas estas razones, es necesario considerar la responsabilidad de hacer mapas y los conflictos de interpretaciones que esto puede generar.

De la cartografía a la geografía social de los conflictos socioambientales Al comparar la cartografía resultante con los conflictos y la de los NSE, se puede observar que los conflictos están en su mayoría ubicados en los barrios de nivel medio y alto, hecho que llama la atención pues en un primer momento tiende a confundir. ¿Se concentra la mayor cantidad de problemas ambientales en los sectores más acomodados de la ciudad? Definitivamente no. Pero sí se concentran en ellos los conflictos socioambientales. Ahí hay una pista de gran interés para explorar analíticamente. Dos hipótesis pueden proponerse al respecto: la primera se basaría en suponer que la mayoría de los conflictos se ubican en estos sectores de la ciudad porque existe mayor capacidad de organización, de movilización y de influencia a nivel de los medios de comunicación, por el hecho de ser parte de las elites, grupos de poder, o bien, grupos con mayores niveles socioeducativos; la segunda aduce que las fuentes utilizadas no registran los conflictos que se desarrollan en los barrios populares de carácter marginal. A partir de estos resultados, hay que cuestionar los métodos de cartografía que no son neutrales y reproducen desigualdades que vienen determinadas por otras fuentes que se extienden a las denuncias por el deterioro de las condiciones de calidad ambiental del entorno. Pero hay otros antecedentes de relevancia e interés para mirar de manera cruzada. Por ejemplo, al hacer un análisis de los sectores de la ciudad en donde se está desarrollando la mayor cantidad de proyectos inmobiliarios a la fecha, la carta resultante es de gran interés, ver la imagen 6. Como se puede ver, hay también una correspondencia entre aquellas comunas en las que se concentra el mayor número de conflictos y aquellas en las que a la vez se concentra la mayor cantidad de proyectos inmobiliarios en desarrollo. Nuevamente algunas pistas especulativas: ¿Podría esto significar que los conflictos se desarrollan con mayor facilidad en los sectores con mayores plusvalías del suelo?

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DOSSIER Imagen 5. Localización de los conflictos socioambientales identificados

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta CASEN (2009). Imagen 6. Localización de los conflictos socioambientales y número de proyectos inmobiliarios en desarrollo por comuna

Fuente: elaboración propia con base en el Informe de Oferta Inmobiliaria Adimark (tercer trimestre 2014) y Portal Inmobiliario. Hacia una geografía de los conflictos socioambientales en Santiago de Chile | Enrique Aliste · Caroline Stamm

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Otro dato muy relevante se relaciona con el Índice de Calidad de Vida Urbana. Este muestra que precisamente las mismas comunas que concentran la mayor cantidad de conflictos socioambientales de las fuentes aquí utilizadas, tienen mayor calidad de vida urbana (Orellana et al. 2013). En efecto, algunas de las comunas clasificadas con un índice superior son Las Condes, Vitacura, Providencia, Lo Barnechea, La Reina, Santiago y Ñuñoa. En estas comunas, como se pudo apreciar en el mapa anterior, es donde se concentra la mayor cantidad de proyectos inmobiliarios en desarrollo. Tiende, por lo tanto, a repetirse el patrón. Por otra parte, en materia de calidad ambiental se vuelve a repetir el esquema. El estudio de Romero et al. (2010)

demostró cómo la calidad del aire y las temperaturas de la ciudad se manifiestan reflejando mejores condiciones relativas y siguiendo el mismo patrón espacial hasta acá destacado, es decir, mostrando mejores condiciones en las comunas más acomodadas y que concentran la mayor cantidad de conflictos socioambientales, versus la peor calidad ambiental en aquellas comunas del poniente de la ciudad en las que, en los medios consultados, se registran muy pocos conflictos socioambientales (ver la imagen 7). Esta situación viene a repetir una condición muy particular que se suma, como se ha visto anteriormente, a aquella que se refiere por ejemplo a las comunas que poseen la mayor cantidad de áreas verdes por habitante.

Imagen 7. Calidad del aire por partículas (PM10) según zonas geográficas de Santiago

Fuente: Romero et al. (2010). rev.estud.soc. No. 55 • enero-marzo • Pp. 45-62 • ISSN 0123-885X • eISSN 1900-5180 · DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res55.2016.03

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Nuevamente las mismas con mejor calidad ambiental, mayor plusvalía de terrenos, mejores condiciones socioeconómicas de la población y mayor cantidad de conflictos socioambientales. ¿Por qué este intento de vincular segregación y/o fragmentación socioespacial, conflictos socioambientales y ecología política? Si bien los conflictos ambientales son uno de los temas clásicos tratados por la ecología política, los estudios se han desarrollado mayoritariamente sobre el contexto rural. En este marco, muchos trabajos han demostrado que los espacios donde vive población de escasos recursos, o bien minorías, tienden a albergar las infraestructuras o equipamientos con más externalidades negativas, abriendo de este modo un nuevo flanco a las desigualdades sociales y haciendo patente así el concepto de injusticia ambiental8 (Harvey 1996; Robbins 2004; Zimmerer y Basset 2003). Sin embargo, también es cierto que la existencia de conflictos socioambientales deja de manifiesto que ante una decisión, propuesta o intención de llevar adelante un proyecto, actividad, o acción con algún tipo de consecuencia medioambiental, existe un foco de resistencia, reacción o franca oposición por parte de grupos de la sociedad, con intereses diversos y que encuentran en estas controversias un espacio para legitimar posiciones, reivindicar derechos, demandar soluciones o simplemente oponerse a intereses divergentes de los que sustentan como grupo (Cefaï y Trom 2001). En tal sentido, la existencia de conflictos ambientales tiene connotaciones muy positivas y saludables, en la medida en que se transforman en un vehículo para dejar de manifiesto la existencia de derechos que en muchos casos, en ausencia de conflicto, son llanamente ignorados. De allí que la connotación ambiental que da soporte a la demanda incorpore también su connotación social abriendo paso al concepto conflicto socioambiental (Robbins 2004).9 Lo anterior encuentra, por lo demás, un soporte conceptual muy interesante a partir de lo sostenido por Simmel (2010) en términos de destacar que la existencia de conflicto es lo que permite a la sociedad su permanencia, evolución y capacidad de sostenibilidad en el tiempo. El conflicto designa así el momento positivo que genera una unidad conceptual pero imposible de deshacer. El conflicto no se considera como un problema o un disfuncionamiento, sino como una modalidad de relación entre grupos. Puede ser factor de equilibrio social, de regulación social, de

8 Ver el manifiesto para la ecología política urbana (Heynen, Kaika y Swyngedouw 2006). 9 Robbins (2004) se refiere a la noción de identidad ambiental y movimiento social, aludiendo a que ciertos aspectos identitarios, asociados a las condiciones ambientales del medio, pueden alentar el surgimiento de movimientos sociales anclados en este tipo de inspiración.

socialización. Facilita la cohesión, refuerza la identidad de un grupo, aumenta las solidaridades, multiplica los intercambios y estimula la innovación y la creatividad. De esta forma, es relevante destacar que la condición de un conflicto socioambiental está dada no sólo por su reivindicación ambiental, amparada en aspectos sostenidos socialmente, sino también por la manifestación de nuevos aspectos que resaltarían o profundizarían condiciones de desigualdad o inequidad social, en las que el detrimento ambiental sería un elemento adicional. De aquí, por cierto, su estrecho vínculo con la ecología política, en la medida que se estaría dando cabida a una discusión que, sostenida científicamente, permitiría incorporar elementos argumentativos en aspectos reivindicativos socioambientalmente (Aliste, Di Méo y Guerrero 2013; Escobar 2008; Leff 2014; Paulson y Gezon 2005; Peet, Robbins y Watts 2011; Robbins 2004).

Hacia una cartografía crítica de los conflictos socioambientales: la emergencia de la ecología política desde la geografía social de la ciudad ¿Cómo se debe leer entonces la existencia de conflictos socioambientales urbanos? Si se acepta que los resultados aquí obtenidos, más allá de su fidelidad o precisión, ya representan mediáticamente una realidad construida y que reflejan un estado de situación en cuanto a la sensibilidad socioambiental en la ciudad, se puede sostener que hay un dato de mucha relevancia: el de una cartografía que, con su posibilidad y necesidad de mejoras, visualiza elementos y aspectos que refuerzan una noción de profunda desigualdad en la ciudad. Los sectores más desposeídos, con menor infraestructura, con mayores restricciones de acceso a bienes y servicios urbanos como educación de calidad, salud, comercio, áreas verdes, infraestructura vial, etc., con menor calidad de vida urbana y probablemente con mayores problemas ambientales (es el caso de las comunas del sector poniente de Santiago respecto de sus malos índices de calidad del aire, concentraciones de vertederos ilegales de residuos sólidos, etc.) son los que, sin embargo, menos conflictos socioambientales poseen. Y por el contrario, el hecho de que la mayor cantidad de conflictos socioambientales se presente en sectores más pudientes y acomodados de la ciudad, podría estar insinuando que estos sean más bien un tema de las élites y no un tema de interés social de carácter masivo o popular. Esta posibilidad abre un debate serio y que sin duda confrontará posturas. Lleva a que la discusión efectivamente se sitúe en la ecología política en la medida en que sea capaz de recurrir a cuestionar otro orden de significaciones que es necesario abordar en los estudios sobre la justicia ambiental por ejemplo, y a relacionar las características socioculturales y las condiciones ambientales de base en los diferentes sectores de la ciudad. Parece

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inevitable llevar la discusión al plano de las desigualdades y remarcar que, en el medio urbano de la ciudad de Santiago, los conflictos socioambientales son principalmente de las élites. Lo anterior no quiere demeritar ni negar la idea de que en los sectores desposeídos de la ciudad no existen problemas ambientales. Por el contrario, como se ha señalado en párrafos anteriores, en sectores pobres de la ciudad los problemas ambientales están más latentes y de hecho son más serios que en los sectores ricos de la ciudad. Sin embargo, que en estos últimos se concentre la mayor cantidad de conflictos estaría reproduciendo o mostrando un nuevo elemento que se suma a las condiciones de desigualdad en la ciudad de Santiago: también la capacidad de movilizarse o de incidir en la opinión pública respecto a las condiciones ambientales del entorno encuentra más eco en los sectores pudientes, al tiempo que tiende a invisibilizarse en los sectores más pobres de la ciudad. Por lo tanto, tan importante como la existencia de conflictos socioambientales es la posibilidad de contar con una cartografía activa y dinámica sobre los problemas ambientales de la ciudad, pero que sea de acceso fácil o de rápida socialización para la ciudadanía. Una parte importante, y tal vez más grave de los problemas ambientales de la ciudad, es la incapacidad de que estos problemas sean resistidos por los habitantes de los sectores más marginales de la ciudad. Lo anterior permite retomar la tesis sobre la importancia de la existencia de conflictos socioambientales, pero para que ellos sean efectivamente los canalizadores de inquietudes que reflejan un estado de madurez, empoderamiento, y sobretodo territorialidad manifiesta por parte de los habitantes de los sectores populares de la ciudad. Que este no sea ni quede radicado como un tema que interesa solo a las élites. Importantes sectores de la ciudad viven expuestos a condiciones de calidad ambiental deplorables, por ejemplo, basurales clandestinos o microbasurales, ruidos molestos por fuentes fijas, emisiones atmosféricas o malos olores, déficit de áreas verdes, etc., sin que exista por parte de la población una sensación de detrimento o reclamo por estas condiciones que en muchos casos pueden, incluso, ser consideradas como “normales”. Las siguientes imágenes muestran algunos ejemplos (ver las imágenes 8 y 9). Tal como se detalla en el informe del Ministerio del Medio Ambiente de Chile (2011), comunas como Vitacura, Las Condes, Providencia, La Reina y Lo Barnechea, que son las comunas más ricas de la ciudad, son responsables del mayor volumen de generación de residuos sólidos urbanos, cuando los basurales legales e ilegales se encuentran en aquellas comunas más pobres de la ciudad (ver la imagen 10). Esta condición de desequilibrio lleva a que, mirado esto desde la ecología política, se

Imagen 8. Ciclovías convertidas en microbasurales en la avenida Santa Rosa, comuna de La Pintana

Fuente: La Nación (2014). http://www.lanacion.cl/noticias/ pais/transportes/ahora-usted-puede-denunciar-las-ciclovias-en-mal-estado/2014-05-18/154131.html Imagen 9. Basural clandestino en la comuna de Pudahuel

Fuente: Noticia aparecida en Emol.com (2012). http://www. emol.com/noticias/nacional/2012/06/08/544555/vitacura-es-la-comuna-de-chile-que-mas-basura-produce-porpersona.html.

entienda la relevancia que tiene territorialmente este tema en el modo de ver cómo se reproducen las condiciones de inequidad e injusticia ambiental en la ciudad. De hecho, a finales de los años 90 e inicio de la década del 2000, trabajos académicos como los de Sabatini y Wormald (2004) destacaban la inexistencia de movilización social de parte de los grupos pobres en Santiago, con excepción de las movilizaciones de vecinos en contra de los proyectos de nuevos rellenos sanitarios. Pero hoy en día, los nuevos proyectos de rellenos ya no se ubican en el Gran Santiago sino en la periferia, hacia el oeste y el sur, desplazando el tema de la guerra de la basura. Sin embargo, esta historia puede ser muy relevante al tener en consideración la conformación de ciertos imaginarios y representaciones de lo urbano (Aliste y Musset 2014). Especialmente el modo en que estos actúan también en el campo de los conflictos socioambientales en la ciudad. Ello debido a que en general existe la percepción, demostrada a través de entrevistas exploratorias y de

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DOSSIER Imagen 10. Ingreso per cápita y ubicación de basurales, rellenos sanitarios, vertederos y vertederos ilegales en la región Metropolitana de Santiago, 2009.

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente, Estado del Medio Ambiente en Chile (2011).

una encuesta test,10 de que los conflictos socioambientales se dan con mayor frecuencia en los sectores menos acomodados de la ciudad. La disponibilidad de recursos y el modo en que se han construido algunos indicadores sobre el bienestar urbano (sea calidad de vida, calidad ambiental o bien otros indicadores integrales de calidad de la ciudad) merecen ser rediscutidos precisamente desde una perspectiva en la cual la ecología política pueda cumplir un papel más activo, articulando los aspectos socioculturales, los ecológicos, los socioeconómicos y especialmente los territoriales. Por ejemplo, para mostrar no sólo la existencia de problemas ambientales, sino sobre todo las características socioculturales del entorno, la capacidad de respuesta de los habitantes y las características de orden político local (Gabriel 2014; Paulson y Gezon 2005; Peet, Robbins y Watts 2011; Robbins 2004). En la línea de lo anterior, conviene visualizar que una parte importante de los conflictos socioambientales es su capacidad de hacer de los problemas ambien10 La encuesta-test no es representativa estadísticamente, pero de alguna forma reafirma lo sostenido en entrevistas y conversaciones con diferentes actores y personas. Esta se realizó por medio del software Surveymonkey, en un universo de cien destinatarios de correos electrónicos donde más del 70% percibe que los conflictos socioambientales se concentran en los sectores más pobres de la ciudad, así como sostiene que la existencia de conflictos socioambientales es un hecho de carácter negativo.

tales un asunto de interés público y, por lo mismo, un asunto de orden político y ciudadano. Desde esta perspectiva, se vitaliza la tesis de lo conveniente o lo saludable que puede ser, para conformar y consolidar una democracia que respete derechos que garanticen equidad, la existencia de los conflictos socioambientales; lo anterior, por cierto, en la medida que estos den cuenta de situaciones que actualmente solo se hacen visibles en entornos donde existen condiciones de ciudadanía que se relacionan con ciertos privilegios, en ciudades tan fuertemente segregadas como Santiago de Chile. Así, se pueden abrir nuevos focos para el trabajo a nivel de bases en el ámbito urbano para que se ponga de manifiesto la necesidad de un fortalecimiento ciudadano que emerja desde la ecología política del territorio.

Conclusiones: ¿el conflicto socioambiental como una nueva vulnerabilidad socioespacial? En el presente artículo se ha expuesto un análisis de los conflictos socioambientales en la ciudad de Santiago de Chile, a partir del establecimiento de la relación entre la geografía social de la ciudad y un levantamiento catastral de conflictos ambientales derivado de cuatro fuentes: dos medios de prensa, tribunales de justicia y redes sociales. Al representar cartográficamente los conflictos catastrados se puede ver que existe la tendencia a que se concentren principalmente en los barrios de mayores

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ingresos y con mejores condiciones de calidad de vida en general. Por el contrario, es en los sectores menos favorecidos de la ciudad donde se registran menos conflictos socioambientales. En una ciudad tan altamente segregada en términos socioeconómicos como Santiago de Chile, este hecho es profundamente llamativo y de gran interés para la ecología política, toda vez que podría inducir a sostener que los conflictos socioambientales son más bien un tema de las élites. Lo anterior, que no guarda relación con las condiciones de calidad ambiental de la ciudad, podría interpretarse como un nuevo elemento que viene a reforzar las condiciones de desigualdad urbana: las inquietudes ambientales de los habitantes, canalizadas a través de los conflictos, son más frecuentes en sectores acomodados y menos frecuentes en aquellos más desfavorecidos. En el marco de la ecología política, lo anterior llevaría a sostener que son necesarias nuevas lecturas y nuevos procesos que ayuden a resignificar los indicadores de calidad de vida urbana, por ejemplo, para registrar datos complementarios relativos a la justicia ambiental. Por ejemplo, ayudaría en este sentido el desarrollo e incorporación de las diferentes herramientas de gestión urbana, de indicadores y datos que permitan estimar la responsabilidad de los diferentes sectores de la ciudad sobre sus pasivos ambientales, sobre las cargas ambientales, condiciones y características socioculturales, entre otros antecedentes que ayuden a equilibrar la noción de calidad ambiental y a ponderar en sí la existencia de los conflictos socioambientales citadinos. Por otra parte, se podría sostener aquí la conveniencia y oportunidad que reflejan los conflictos socioambientales en la medida en que estos puedan colaborar a empoderar a la ciudadanía, especialmente aquellos sectores menos favorecidos social y ambientalmente. En este sentido y siguiendo la línea de Simmel (2010), reconocer el beneficio que tiene el conflicto como mecanismo de la sociedad para la búsqueda de nuevos equilibrios y ajustes en las condiciones de convivencia. Aquí el aporte de una ecología política del territorio puede apoyar, a partir del hecho de hacer explícita y accesible esta información sobre las condiciones de desigualdad socioambiental y favorecer el conflicto, de modo que empodere a la ciudadanía en la búsqueda de nuevos equilibrios para el mejoramiento de la calidad de vida urbana. Favorecer el conflicto debe entenderse en el contexto de la ecología política del territorio de Santiago de Chile como la necesidad de estimular y fortalecer las condiciones de calidad de vida urbana de los habitantes de vastas extensiones de la ciudad, demandar condiciones de equidad ambiental y, de esta forma, dar un sentido político a las condiciones que se pueden derivar de la lectura aquí expuesta. Así, geografía social y ecología política pueden generar una sinergia que apoye y fortalezca aspectos que tiendan a mejorar la gestión urbana de la ciudad.

Referencias 1.

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Hacia una geografía de los conflictos socioambientales en Santiago de Chile | Enrique Aliste · Caroline Stamm

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Redes transnacionales de organizaciones indígenas. Análisis del uso de las redes en conflictos socioambientales* Marcela Paz Herrera** Fecha de recepción: 27 de febrero de 2015 • Fecha de aceptación: 21 de julio de 2015 • Fecha de modificación: 24 de agosto de 2015 DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res55.2016.04

R E S U M E N | El artículo es resultado de una investigación doctoral que abordó la política indígena contemporánea analizando la conformación y el uso de las redes transnacionales de organizaciones indígenas, en el marco de los conflictos socioambientales. Se trató de un estudio de caso, en el cual se analizó una coalición indígena transnacional y tres conflictos socioambientales provocados por la instalación y desarrollo de proyectos de explotación extractivista. El enfoque teórico implicó un recorrido conceptual sobre la sociedad civil, los movimientos sociales transnacionales y la etnicidad. Esto último considerando que la reivindicación étnica se explica por la conformación de vínculos supralocales y transnacionales. En el caso analizado se constató el protagonismo adquirido por las organizaciones no gubernamentales dentro de esta red. PA L A B R A S C L AV E | Redes transnacionales, indígenas, etnicidad, conflictos socioambientales (palabras

clave de autor).

Transnational Networks of Indigenous Organizations: Analysis of the Use of Networks in SocioEnvironmental Conflicts A B S T R AC T | The article is the result of a doctoral research project that addressed the issue of contemporary indigenous policies by analyzing the formation and use of transnational networks of indigenous organizations within the context of socio-environmental conflicts. It was a case study involving a transnational indigenous coalition and three socio-environmental conflicts caused by the installation and development of extractive exploitation projects. The theoretical focus entailed a review of the concepts of civil society, transnational social movements, and ethnicity. The last of these was done considering that ethnic vindication is explained by the formation of supra-local and transnational ties. In the case analyzed, the leading role played by non-governmental organizations within this network was evident. K E Y W O R D S | Transnational networks, indigenous people, ethnicity (Thesaurus); socio-environmental conflicts (Author’s Keywords).

Esta investigación es producto de la tesis doctoral denominada Redes transnacionales de organizaciones indígenas: análisis del uso de las redes y sus implicancias en los conflictos socioambientales. Un estudio de caso en países centro-andinos. Se realizó dentro del Programa de Doctorado en Estudios Americanos, mención Estudios Sociales y Políticos del Instituto de Estudios Americanos del Universidad de Santiago de Chile. Contó con el financiamiento de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), a través de su programa Capital Humano Avanzado.

Doctora en Estudios Americanos por la Universidad de Santiago de Chile. Actualmente se desempeña como consultora independiente en el área ambiental y participación ciudadana tanto en el ámbito de la gestión pública como privada. Entre sus últimas publicaciones se encuentran: “Ecoturismo en Comunidades Indígenas. Condiciones e implicancias sociales y culturales para el desarrollo del ecoturismo en comunidades pehuenche del Alto Bío-Bío”. En Turismo, reflexividad y procesos de hibridación cultural en América del Sur austral Asociación, coordinado por Margarita Barretto, 17-44. Tenerife: Asociación Canaria de Antropología, 2010 y “Conflictos ambientales en territorios indígenas y nuevas formas de acción colectiva”. En Participación ciudadana y movimientos sociales: perspectivas analíticas y estudios de caso en América Latina, editado por Agripino Coelho Neto, 148-160. Río Cuarto: Universidad Nacional de Río Cuarto, 2011.* marcepazh@gmail.com

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Redes transnacionais de organizações indígenas. Análise do uso das redes em conflitos socioambientais R E S U M O | Este artigo é resultado de uma pesquisa de doutorado que abordou a política indígena contemporânea analisando a conformação e o uso das redes transnacionais de organizações indígenas no âmbito dos conflitos socioambientais. Tratou-se de um estudo de caso, no qual se analisou a coligação indígena transnacional e três conflitos socioambientais provocados pela instalação e desenvolvimento de projetos de exploração extrativista. O enfoque teórico implicou um percorrido conceitual sobre a sociedade civil, os movimentos sociais transnacionais e a etnicidade. Este último considerando que a reivindicação étnica se explica pela conformação de vínculos supralocais e transnacionais. No caso analisado, constatou-se o protagonismo adquirido pelas organizações não governamentais dentro dessa rede. PA L AV R A S - C H AV E | Redes transnacionais, indígenas, etnicidade, conflitos socioambientais (palavras do autor).

Introducción En las últimas décadas y especialmente en los años noventa surgieron y se multiplicaron movilizaciones indígenas en diversos países de América Latina. Aun cuando éstas daban cuenta de formas e intensidades diferentes, apelaban en común al reconocimiento de derechos dentro del marco de los Estados nacionales (Stavenhagen 1997). En este contexto histórico, también se destacaron la formulación y aplicación de marcos jurídicos e institucionales de carácter internacional de derechos de los pueblos indígenas, contribuyendo a impulsar estos procesos movilizadores de re-etnificación identitaria y de etnogénesis que revelaron la existencia de un nuevo actor indígena que iba a desplegar estrategias políticas específicas, en las que particularmente las alianzas con otros actores fueron y siguen siendo de fundamental relevancia (Brysk 2009; Martí 2004; Ortiz 2012). Aquello no es casual si se considera que la re-etnificación se constituye en el ámbito relacional, a través de la interacción entre los espacios locales y supralocales, e incide en la forma y contenidos discursivos de los actores, redefiniendo y reposicionando sus identidades y sus estrategias de acción política (Espinoza 2011). Para comprender la política indígena contemporánea es importante el concepto de etnicidad (Bartolomé 2002; Bello 2004; Bengoa 2007), concebido como aquella identidad que se convierte en eje de acción política y de visibilidad pública de acciones indígenas en la sociedad. Con ello se da cuenta de un proceso social y relacional en cuyo interior se construye la condición étnica de un grupo específico (Bello 2004; Martí 2004 y 2010). Es importante señalar que la conformación de redes, especialmente en América Latina, se debe tanto a factores endógenos como exógenos (Martí 2004; Serbin 2002). Desde las bases locales y el trabajo de organismos no gubernamentales (ONG) hasta la incidencia de las agendas y fondos de los organismos multilaterales. Estas redes no son en lo absoluto homogéneas u horizontales porque en aquellas han confluido actores

con distinta capacidad de agencia y esto incide en el devenir de su acción política (Segato 1999). Este tejido constituye redes de poder, entendiendo la complejidad en la relación de estos actores que directa e indirectamente participan allí. Asimismo, estas redes son comprensibles dentro del marco de la movilización indígena y, por lo tanto, conllevan acción colectiva contenciosa. En este sentido, se percibe una realidad conflictuada, en la que emergen aliados y antagonistas (Melucci 2002; Tarrow 2011). No se puede desconocer, por otro lado, que estas redes transnacionales y la construcción del sujeto indígena que allí se revela han incidido en e influenciado la creación del régimen de derecho internacional que ha instalado la multiculturalidad y la aplicación de políticas de reconocimiento hacia los pueblos indígenas (Gros 1999). Igualmente, el activismo de estas redes se incentiva por la existencia de este régimen. Con todo, es interesante observar que existe en la política y en el movimiento indígena una inclinación hacia lo transnacional. Esta tendencia respondería a un mayor nivel de confianza de los actores hacia este ámbito, cuando sus demandas no son acogidas por las instituciones políticas o jurídicas nacionales (Martí 2004). Se observa de esta forma un uso estratégico de la acción colectiva: actuar globalmente para promover cambios a nivel local. El escenario descrito da cuenta de cómo la etnicidad se complejiza debido a que no sólo se constituye en relación con y en oposición al Estado, actor que por lo demás ha desplazado su capacidad de agencia en beneficio de otros agentes económicos y organismos multilaterales internacionales. Esto no significa que aquel deje de estar presente en la reificación de fronteras, a través de la política de la diferencia (Gros 1999). Por el contrario, el Estado también ha contribuido a la construcción del sujeto político indígena, entre otros aspectos, levantando procesos de etnogénesis, es decir, haciendo emerger identidades y sigue siendo el principal objeto de interpelación para los pueblos indígenas.

rev.estud.soc. No. 55 • enero-marzo • Pp. 63-72 • ISSN 0123-885X • eISSN 1900-5180 · DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res55.2016.04

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En la investigación doctoral, se consideró que un ámbito privilegiado para observar y analizar este fenómeno de conformación de redes transnacionales indígenas es aquel que ha intervenido en conflictos socioambientales, provocados por la instalación de proyectos de desarrollo. Estos conflictos dan cuenta, en especial, de la predominante presencia e interés de compañías transnacionales en territorios donde se han asentado tradicionalmente pueblos indígenas, con el objetivo específico de emprender actividades extractivas (mineras, forestales, petroleras, hídricas, entre otras) consideradas estratégicas por algunos dada la magnitud de la inversión de capital y su capacidad para contribuir supuestamente al crecimiento económico de los países. Sin embargo, esta intervención se confronta con la demanda de estos pueblos por la defensa, control y autonomía de sus territorios. Se generan conflictos que van más allá de la dimensión ambiental dados los efectos de los proyectos y se definen como conflictos multidimensionales (Muñoz 2013) por la diversidad de intereses que se demandan. Esta realidad es vivida y percibida como común por diversos pueblos indígenas, más allá de las diferencias locales y nacionales. Y esta realidad no se detiene a pesar de los regímenes jurídicos vigentes (Brysk 2009). La investigación realizada se planteó como un estudio de caso e implicó dos líneas de acción metodológica. La primera, conducente a analizar una forma de acción colectiva transnacional que se articula en red, en específico: la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), instancia constituida en el año 2006 que actualmente está conformada por cuatro organizaciones supralocales de Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia,1 y que desde sus inicios había otorgado gran relevancia en su agenda a la problemática del extractivismo. La segunda línea metodológica, y también analítica, conllevó una mirada a lo local para abordar casos de conflictos socioambientales insertos en los países en los cuales la CAOI tenía presencia, centrando la mirada en aquellos conflictos provocados por proyectos extractivistas. Se trató de los conflictos mineros de Tintaya en Perú y de Kori Kollo en Bolivia, y el conflicto petrolero de Sarayaku ubicado en la Amazonía ecuatoriana. Los objetivos del estudio se orientaron a identificar y desentrañar cómo se construyen redes supralocales, qué características presentan, cuáles son sus impactos en el devenir del conflicto, y por otro lado, cómo ha intervenido el componente étnico en estos casos de conflictividad.

Se trata de las siguientes organizaciones: Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) de Bolivia, Ecuador Runakunapak Rikcharimuy (Ecuarunari) de Ecuador, Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami) de Perú, y Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) de Colombia.

La investigación implicó levantar información de diversas fuentes secundarias2 y hacer un trabajo de campo basado en la realización de múltiples entrevistas en profundidad a líderes de organizaciones indígenas que formaban parte de la CAOI y de las orgánicas nacionales que la constituyen. Igualmente se entrevistaron representantes de organizaciones indígenas y no indígenas, representantes de las ONG nacionales e internacionales, y autoridades locales en los territorios donde tuvieron lugar los conflictos socioambientales analizados. También fueron objeto de observación determinadas instancias de encuentro organizacional de los actores implicados. El trabajo de campo se efectuó en diversos períodos entre los años 2012 y 2013.

Desde lo transnacional: Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) La investigación logró concluir que la CAOI ha representado un espacio de interacción para líderes indígenas. Se ha constituido como uno de los múltiples ámbitos de acción en el cual interviene una elite dirigencial, ya que en esta instancia transnacional participa un grupo limitado de representantes de las organizaciones étnicas que la constituyen. La CAOI es resultado de la confluencia de actores y marcos normativos, de la cual deviene una difusa red transnacional caracterizada por la multiplicidad y diversidad de agentes que participan. En este sentido, si bien se confirma lo estratégico que resulta para las organizaciones indígenas la participación en redes transnacionales, a la vez, en gran medida, estas organizaciones son también producto de esta red. En particular ha sido inesperado observar el rol protagónico y la incidencia que tuvo —y sigue teniendo— la ONG internacional Oxfam América respecto al surgimiento y funcionamiento de esta coalición étnica, al formular y llevar a cabo el programa de intercambio de experiencias entre líderes de organizaciones indígenas fundantes de la CAOI.3

2 Básicamente se trató de los siguientes soportes textuales: prensa nacional/internacional, prensa local, páginas web de organizaciones indígenas, páginas web de varias ONG, blogs de organizaciones indígenas y ONG, Facebook de organizaciones indígenas y ONG, textos judiciales referente a los casos seleccionados, producciones audiovisuales, documentos organizacionales y relatos testimoniales. 3 Este programa se llevó a cabo entre los años 1998 y 2005. Consistía en que las delegaciones indígenas visitarían por un mínimo de diez días a sus homólogos representantes de las respectivas organizaciones indígenas, nacionales y locales del otro país. Participarían en conferencias, talleres, y mesas redondas para discutir agendas de interés común (Oxfam América 2007). Cabe agregar que Oxfam había contribuido al surgimiento de Conamaq y Conacami e igualmente tuvo un rol preponderante en el origen de Coica, una coalición integrada por organizaciones indígenas de la cuenca amazónica. Redes transnacionales de organizaciones indígenas | Marcela Paz Herrera

DOSSIER

Este protagonismo no es casual, considerando que Oxfam y otras ONG fueron fundamentales para el surgimiento de organizaciones indígenas en Latinoamérica (Brysk 2009). Un antecedente que por lo demás fue gravitante para el movimiento indígena de la región andina (Máiz 2004). Diversas ONG adquirieron presencia desarrollando un trabajo en los países tercermundistas (Sorj 2005), y desde aquel horizonte organizaciones como Oxfam dirigieron su atención hacia la realidad de los pueblos indígenas que se habían caracterizado por la marginación social y económica, incluso los Estados habían invisibilizado su condición étnica (Albó 2008). Desde la década de 1980, diversas agencias de cooperación y ONG incorporaron en su discurso y estrategia de acción hacia estos pueblos una mirada positiva hacia la etnicidad, proponiendo como alternativa el etnodesarrollo en un contexto de surgimiento y consolidación del régimen internacional de derechos (Martí 2004). Oxfam se había caracterizado por sus alianzas históricas y estratégicas con aquellas organizaciones étnicas (Brysk 2009) dirigiendo su atención hacia su fortalecimiento y promoviendo la conformación de alianzas, como un insumo para aumentar el capital social de aquellas. Por cierto, sin revelar en su enfoque la complejidad que adquieren las relaciones sociales que implican conflicto y relaciones de poder.4 Si bien no fue objetivo directo de la ONG levantar una coalición indígena transnacional, Oxfam había acompañado la conformación de organizaciones similares como la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) (Chase 1996 y 2002). Dicha ONG internacional propició la construcción de una identidad indígena regional asumiendo en principio la existencia de un corpus identitario homologable en las tierras altas de los tres países andinos (Bolivia, Perú y Ecuador) y teniendo como principal referente organizativo a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Para Oxfam esta organización y su filial Ecuarunari debían ser objeto de aprendizajes para las otras dos organizaciones: Conacami de Perú y Conamaq de Bolivia, a las que consideraba más debilitadas étnicamente (Oxfam América 2007).

en el contexto y en el campo de acción e influencia de una densa red transnacional indígena ya existente en la región. La CAOI se forja no sólo como el resultado de tal programa, también por factores como el empoderamiento que van alcanzando los líderes de las organizaciones indígenas andinas, que ya preveían, por ejemplo, la existencia de la Coica como proyecto político de los indígenas amazónicos. A través del programa, de los encuentros, de las redes comunicacionales los líderes que sentían ser portadores de una realidad común, plantearían la creación de la CAOI para así formular una agenda reivindicativa propia, concebida como un nuevo proyecto político.

Es importante consignar que este proceso de surgimiento y desarrollo histórico de la CAOI no respondió sólo al trabajo unilateral de Oxfam. No es posible suponer pasividad en los líderes indígenas de aquellas organizaciones que fundarían la Coalición. El programa de intercambio de experiencias de la ONG se insertó

Por consiguiente, la identidad étnica para la CAOI constituye un recurso o, más exactamente, una estrategia de acción política en tanto desarrolla sus demandas apelando y fundamentándose con relación a su especificidad identitaria como indígena y como andina. La identidad se torna estratégica para el logro de sus fines políticos.

4 Aquello considerando que en estas redes sociopolíticas no sólo se realizan acciones que promueven el asociacionismo colectivo horizontal, la reciprocidad y la confianza generalizada, sino que también existen vínculos y relaciones multilaterales, asimétricas y de poder que bien pueden revelar discriminación, incluso corrupción y acaparamiento de recursos (tanto en el interior de las organizaciones como entre y en relación con las agencias de desarrollo u ONG y tanto a nivel individual como colectivo (Putzel 1997 citado por Rodríguez 2008).

Respecto a los temas que han formado parte de la agenda reivindicativa de esta coalición se destaca la defensa de sus territorios como respuesta a la instalación de proyectos extractivistas que han proliferado de manera creciente en la región centro andina donde la CAOI tiene presencia. Esta coalición se ha enfrentado a estos proyectos bajo el principio de autonomía territorial, lo cual plantea que la conflictividad que generan estos

Con todo, a partir de la creación de la CAOI se levantó un discurso de reivindicación étnica en relación con el indígena global y también el indígena andino. Se observó el despliegue de un discurso esencialista y primordialista con relación a lo étnico que, en particular, se hizo presente en el denominado discurso del Buen Vivir, en el cual se destaca el vínculo con la ancestralidad. Un vínculo y una herencia que los sitúa en relación con el pasado y que genera la hermandad indígena en el presente, al mismo tiempo que los separa del resto de la sociedad responsable de la actual crisis civilizatoria (CAOI 2010). En este sentido, no se concebiría lo étnico como una construcción histórica y relacional. Desde esta perspectiva cobraría sentido lo planteado por Breton quien sostiene que este paradigma “difunde una imagen arquetípica, descontextualizada y mística de una ‘civilización andina’ portadora de ontologías vitalistas y relacionales que, de manera misteriosa […] han permanecido incontaminadas por la cultura occidental lo cual connota un sentido estático de las sociedades indígenas aun cuando proponga un modelo de desarrollo alternativo” (Breton 2013, 80). No obstante, para complejizar la reflexión sería pertinente recurrir al concepto de esencialismo estratégico de Spivak (1987) para considerar que los indígenas como grupos subalternos asumen esta posición esencialista que otorga conciencia colectiva, permitiendo una mayor eficacia en su acción contra los sectores hegemónicos.

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proyectos no es de carácter meramente socioambiental cuando se realizan en territorios vinculados a pueblos indígenas. Estos fenómenos son más bien consecuencia de la vulneración de sus territorios, de ahí la necesidad de su defensa, considerando además que el territorio es la fuente de identidad para aquellos grupos que basan su acción política en la etnicidad. Al hacer lectura de las acciones desplegadas por esta coalición transnacional indígena se constata su rol como red de comunicación, pero también ha adquirido centralidad su trabajo dentro de la llamada diplomacia indígena, lo cual llama insistentemente a la capacidad de la coalición para generar lo que ellos mismos llaman incidencia en el ámbito internacional, especialmente con organismos multilaterales como la ONU, pero también con los gobiernos nacionales. Básicamente se trata una diplomacia que tiene un carácter cada vez más institucional, en tanto ha sido conferido de modo predominante por los propios organismos internacionales que han abierto los espacios para aquel ejercicio diplomático (Santamaría 2008). Lo señalado, no obstante, no significa desconocer la apropiación que los líderes indígenas hagan de dichos espacios como tampoco ignorar la posibilidad de que estos actores construyan nuevos ámbitos de acción política internacional. Con todo, es relevante afirmar que la participación de la CAOI en los conflictos socioambientales ha radicado precisamente en el ejercicio comunicativo y en la diplomacia indígena. Por último, cabe hacer notar que la CAOI es una red en sí misma y se ha incorporado desde sus inicios a una red transnacional. De esta manera la CAOI ha interactuado con otros diversos actores (indígenas, no indígenas, ONG, Agencias de Cooperación Internacional, etcétera) lo que sin duda le ha permitido nutrirse de la red, ampliarla y diversificada, al tiempo que ha ido incorporando nuevos aprendizajes para relacionarse con los organismos, agencias y gobiernos en los cuales ha buscado generar resultados o instalar agendas como la de su oposición al extractivismo.

De lo local a lo transnacional: conflictos socioambientales Como se indicó, los tres conflictos analizados se sitúan en la región centro andina en América del sur donde precisamente la CAOI ha tenido presencia. En primer lugar, el conflicto en torno al Proyecto Minero Tintaya se ubica en el distrito y provincia de Espinar, en el sur de Perú. La actividad minera en este territorio se remonta a la segunda década del siglo pasado cuando, en 1917, la empresa estadounidense denominada Andes Explotation of Mine identificó la existencia de reservas de mineral en la comunidad campesina de Anta Cama (Camacho y Lossio 2007). Tras un cambio de denominación, el yacimiento de tipo tajo abierto se constituyó

en 1981 en la Empresa Minera Especial Tintaya cuyo propietario principal era el Estado peruano. La trayectoria de Tintaya ilustra diferentes etapas: desde la fase inicial, bajo la gestión de una empresa pública, pasando por la etapa de privatización y la llegada de empresas transnacionales que expandieron aún más las operaciones mineras en la segunda mitad de la década de 1990 hasta la fecha (De Echave et al. 2005). Este conflicto ha dado cuenta de la persistencia de un grupo heterogéneo de actores sociales que han confrontado una y otra vez a las compañías mineras que allí se han instalado. En esta larga e incesante conflictividad ha quedado de manifiesto, entre otros aspectos, la intensa e histórica participación de la población local en instancias de organización sociopolítica, comenzando por el referente sindical campesino que se gesta en la base comunitaria y se extiende a espacios supralocales como la Federación Única Campesina de Espinar del Cuzco hasta la Confederación Campesina del Perú. Por su parte, el conflicto en torno a la actividad petrolera liderado por el pueblo kichwa de Sarayaku se sitúa en la Amazonía ecuatoriana,5 en la provincia y cantón de Pastaza a orillas del río Bobonaza. El conflicto inició a finales de la década de 1980, cuando el gobierno de Febres Cordero6 abrió la actividad petrolera al capital extranjero por medio de contratos de prestación de servicios en las denominadas Rondas de Licitaciones con el objetivo de concesionar bloques petroleros, incorporando de este modo nuevas áreas a las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, hecho que llevó a ampliar la frontera petrolera (Fontaine 2003). El conflicto en Sarayaku se generó con la sola presencia de la actividad petrolera en el territorio de este pueblo, más allá de la empresa o compañía extractiva responsable. Si bien en la actualidad se vincula este caso específicamente con relación al conflicto sostenido con la Compañía General de Combustible (CGC) de origen argentino, aquello refiere particularmente al proceso judicial llevado a cabo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En la investigación realizada se amplió la mirada, identificando etapas o conflictos anteriores y posteriores a la relación de Sarayaku con CGC, pero que en su conjunto hacen referencia a la oposición y resistencia de este grupo indígena con la actividad petrolera. Por último, el yacimiento aurífero Kori Kollo se ubica en las provincias de Saucari y Cercado pertenecientes al departamento de Oruro en el centro sur de Bolivia. El yacimiento fue conocido por los indígenas de la zona y explotado esporádicamente por los españoles hasta 5 En ese contexto general, la Región Amazónica Ecuatoriana (RAE) ocupa el 1,7 por ciento de la superficie total de la cuenca. Está conformada por cinco provincias: Sucumbíos, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. (Rodríguez 1998). 6 Presidente de Ecuador entre 1984 y 1988. Redes transnacionales de organizaciones indígenas | Marcela Paz Herrera

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principios del siglo XIX; posteriormente fue explotado y abandonado por agentes mineros privados nacionales y extranjeros. A finales de 1979 la minera fue adquirida por un industrial boliviano quien años después se asoció con una empresa norteamericana y constituyeron en 1982 la Sociedad Inti Raymi S.A. (Emirsa). El conflicto en torno a este proyecto se ha desarrollado en una región donde el sindicalismo minero y campesino ha sido determinante en la vida social y política de los actores sociales. Por problemas de extensión en este artículo no es posible detenerse a describir cada uno de los tres casos de conflictividad por separado, de tal forma que se desarrollará a continuación un resumen comparativo. Primero, cabe señalar que estos tres casos de conflictividad aun cuando han estado insertos en regímenes políticos disímiles, de carácter más neoliberal en Perú (De Echave 2008) o más próximo al socialismo en Ecuador y Bolivia, los gobiernos igualmente han avalado y legitimado la actividad económica extractivista, más aún, se le ha considerado la base de la economía nacional.7 Esta legitimidad contrasta con la respuesta de las comunidades locales que, más allá de las particularidades en los procesos sociohistóricos vividos, han manifestado de manera creciente oposición a la instalación o a la modalidad de desarrollo de esta actividad económica y han contribuido con ello a hacer de esta problemática un fenómeno en extremo contingente. Además, los tres casos analizados muestran el carácter multidimensional de los conflictos, debido a que la controversia no solo ha radicado en el impacto ambiental de los proyectos, sino también en sus implicancias socioeconómicas, políticas, psicológicas e identitarias que dan cuenta de la multiplicidad de intereses que encierra cada conflicto. En estos tres casos se observaron redes políticas pre-existentes al conflicto. Tanto en el caso de Tintaya como en el de Kori-Kollo aquellas referían a las organizaciones sindicales campesinas de carácter local, regional y nacional, aun cuando estas tuvieron escasa presencia en el curso de la controversia, especialmente en Kori Kollo. En el caso de Sarayaku, las redes pre-existentes eran indígenas, construidas a partir de la Organización de los Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP). Organización que había liderado el movimiento amazónico de comienzos de la década de 1990 y que se encontraba además afiliada a otras organizaciones indígenas supralocales, que además se relacionaban con organizaciones ambientalistas. Por consiguiente, en Sarayaku se observaron redes transnacionales ya en la primera etapa de conflicto. 7 Por cierto, en Bolivia la minería ha sido desplazada en importancia por el gas natural como principal recurso exportador.

En el curso de estos tres procesos conflictivos fueron adquiriendo posicionamiento dentro de la red nuevos actores de la sociedad civil. En particular, en la década de los 90 surgen organizaciones ciudadanas tales como el Frente de Defensa de Espinar (Fudie) en el caso de Tintaya, y la Coordinadora en Defensa de la Cuenca del Río Desaguadero, los lagos Uru Uru y Poopó (Coridup) en el caso boliviano. Ambas entidades se caracterizaban por integrar una diversidad de actores y discursos. Estas organizaciones, además, ocupaban una amplia extensión territorial urbano-rural, más allá de las comunidades circundantes a las mineras. La participación de agentes externos y particularmente de varias ONG se produjo tardíamente en estos dos casos, en comparación a lo acontecido en Sarayaku, que desde sus inicios hasta el final del proceso ha contado con la colaboración de estos agentes tanto a nivel nacional como internacional. En cuanto a los discursos que circulan en estas redes, sin duda se observaron importantes diferencias, en particular respecto a la etnicidad. Los conflictos de Tintaya y Kori Kollo surgen en la década de los ochenta. En ambos casos predominaba la organización sindical campesina, invisibilizando al indígena, especialmente en Perú. Con la llegada en escena de la Fudie y Coridup lo étnico no se manifiesta directamente o se difumina en la mixtura de la organización. En el caso de Tintaya, la inclusión del discurso étnico en el discurso político se producirá más adelante en la década del 2000 tras la presencia de Conacami8 y la conformación y participación de la Coordinadora Regional de Comunidades Afectadas por la Minería (Corecami) en Cuzco.9 No obstante, esta inclusión sería parcial. Sólo en la última etapa del conflicto lo étnico adquiere mayor significación tras incorporarse en el debate la ley de consulta previa del Convenio 169 de la OIT, y considerando que aquello podría convenir a los objetivos del movimiento. Si bien la Coridup —y en su conjunto la red que ha participado en este caso— incorporó algunos elementos del discurso étnico, no se ha tratado de un relato basado únicamente en la etnicidad en tanto prevalecen demandas de clase en las que se reclama justicia ambiental e igualdad en el control de los recursos naturales. Un discurso que incorpora tramas del derecho ambiental e indígena internacional y de otras diversas fuentes, complejizando la construcción de marcos de acción colectiva. Esta posición es muy similar a la que sostiene la Fudie. En ambos casos, tanto en Tintaya como en Kori Kollo, no se objeta la presencia de las mineras en el territorio, más aún, se asume que

8 Cabe señalar que esta organización, de carácter esencialmente ambiental en sus orígenes, se convierte en una organización indígena tras el programa de intercambio promovido por Oxfam (Oxfam América 2007; Vittor 2009). 9 Filial de Conacami.

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estas actividades pueden contribuir efectivamente al desarrollo económico y social de la región. Lo que preocupa a los actores, entonces, es la contaminación ambiental que puede afectar el sistema de vida y sobre todo las actividades agropecuarias de la zona. En este sentido prevalece un discurso de clase en tanto se percibe que pueden ser objeto de afectación los medios de subsistencia campesinos. Pero, además, interesa en ambos casos (especialmente en Tintaya) la redistribución de los beneficios generados por la explotación minera, y no solamente la compensación por el daño ambiental que esta genera. El caso Sarayaku guarda profundas diferencias con los anteriores. La población local que centraliza la red se opuso desde el inicio a la instalación de la actividad petrolera en su territorio por considerarla una amenaza a su autonomía territorial. El discurso dominante daba cuenta de que el territorio no solamente guarda significación económica como fuente de recursos para la subsistencia del grupo, sino que también expresa connotaciones simbólicas referidas a su identidad cultural. En este sentido el territorio constituye la base de su cultura, por consiguiente, si este espacio es amenazado también se amenaza la existencia física y cultural de grupo. En este caso no se trata de un mero conflicto ambiental. Es un conflicto territorial por los sentidos que lo ambiental confiere cuando interviene la etnicidad. Para Sarayaku, el discurso de la identidad étnica y de la autonomía fueron claves en la confrontación con la petrolera y muy especialmente con el Estado ecuatoriano. Respecto a los recursos de movilización de la acción colectiva, se observaron similitudes en los tres casos respecto al uso de estrategias que históricamente habían sido utilizadas por los actores, y que en su mayoría se vinculaban a prácticas políticas tradicionales del movimiento sindical obrero y campesino: marchas y tomas de camino, entre otras prácticas.10 Los movilizados de Sarayaku incorporarían estrategias de carácter cultural con un claro contenido simbólico como los llamados campamentos de paz y vida.11 Los agentes externos que se incorporaron en las redes de defensa contribuyeron a la incorporación de nuevas estrategias básicamente comunicacionales como campañas de sensibilización. Se utilizaron igualmente mecanismos

10 Aunque algunos autores sostienen que el uso de aquellos recursos, en particular en las movilizaciones bolivianas de la década del 2000, guarda significados más amplios que evocan al movimiento indígena del siglo XIX, “lo que se ha vivido en los años recientes evoca una inversión del tiempo histórico, la insurgencia de un pasado y un futuro, que puede culminar en catástrofe o en renovación” (Rivera 2010, 10). 11 Con el propósito de resguardar los límites del territorio para impedir la entrada de la compañía petrolera CGC, miembros del pueblo organizaron seis denominados Campamentos de paz y vida en los linderos de su territorio, constituido cada uno de 60 a 100 personas, entre hombres, mujeres y jóvenes.

modernos de confrontación como la judicialización, acorde al régimen del derecho internacional y de negociación como las mesas de diálogo en Tintaya. Es importante enfatizar que en los tres casos analizados participaron ONG, en diversos momentos o de manera permanente. Fueron estas organizaciones las que posibilitaron en menor o mayor medida la internacionalización de los conflictos y la materialización de redes de defensa transnacional. En este sentido, se destaca su asesoramiento y acompañamiento a Sarayaku en el proceso de judicialización ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que diez años después fallaría a favor de los indígenas condenando al Estado ecuatoriano (Corte IDH 2012).12 Por cierto, este llamado a la justicia internacional revelaría con intensidad el llamado efecto boomerang (Keck y Sikkink 2000).13 Este opera también en el caso Tintaya, cuando a través de la Conacami y su conexión con la red Oxfam posibilitaron que denuncias locales fueran atendidas por la transnacional minera en su oficina central en Australia, lo cual permitiría la conformación de la primera mesa de diálogo en Espinar. Sin duda, la recurrencia hacia el ámbito internacional para el cumplimiento de objetivos se torna una constante en los conflictos socioambientales y territoriales contemporáneos. Se constata entonces que la intensificación de esta estrategia de acción colectiva deviene de la falta de respuesta de las instituciones políticas nacionales y la mayor confianza de los actores hacia la institucionalidad internacional. Si bien en Kori Kollo no se produjo el efecto boomerang en ninguna de las etapas, sí se desarrolló una campaña de defensa que da cuenta de una red transnacional que ha sido particularmente promocionada por varias ONG como el Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA), vinculada a la Iglesia católica (Damonte 2011). Muy similar, por consiguiente, al proceso ocurrido en Tintaya en sus últimas etapas cuando adquiere centralidad la participación de la Vicaría de la Solidaridad de Sicuani y facilita su propia red a la Fudie para sensibilizar internacionalmente en torno a su causa. Los actores locales esperaban el surgimiento de una sensibilidad global para que en última instancia interviniera a su favor la institucionalidad y el marco jurídico nacional. Cabe anotar que las ONG que hicieron parte de las redes en los casos abordados presentaban con predominancia un perfil vinculado al desarrollo local, a los derechos

12 En este caso, un lugar central tuvieron las ONG Fundación Pachamama y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), entre otras. 13 La combinación entre una estructura de oportunidades que se encuentra cerrada en el ámbito nacional y una estructura abierta de oportunidades en el plano internacional es el efecto boomerang. Redes transnacionales de organizaciones indígenas | Marcela Paz Herrera

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humanos e indígenas, y en menor medida, se incorporaron ONG ambientalistas. Sólo en el caso Sarayaku se hicieron presentes organizaciones con este perfil (Rainforest Action Network, Oilwatch, entre otras), lo que podría atribuirse entre otros factores al significado que encierra la Amazonía para el ambientalismo mundial, claramente conservacionista. Pero, además, el componente indígena fue más revelador en este caso, aspecto que particularmente suscitó la atención del activismo indígena y ambiental transnacional. En este sentido, se podría considerar que en los conflictos ambientales o más exactamente territoriales que connotan etnicidad adquiere mayor visibilidad la conformación de redes transnacionales y su impacto es mayor que en los conflictos donde este componente es más difuso o inexistente, como ocurrió en Tintaya y Kori Kollo. La efectividad de las redes transnacionales en los conflictos analizados ha sido diversa y a la vez dispar. Ha permitido en el caso de Tintaya avanzar en la negociación con la empresa minera en relación a la gestión de la contaminación ambiental y la redistribución de los beneficios que aquella genera. En el caso de Kori Kollo, la campaña internacional no impactó considerablemente en el devenir del conflicto, más bien fue gracias a los propios actores locales (con los recursos disponibles en materia legal y la presión ejercida a través de la movilización) que se obtuvieron logros parciales, como la puesta en marcha de la auditoría ambiental. El caso Sarayaku revela un desenlace diferente porque el conflicto finalmente se resolvió en el ámbito de la judicialización internacional, proceso que contó con el apoyo y acompañamiento directo y visible de varias ONG nacionales e internacionales. Es relevante señalar que en los tres casos analizados sigue siendo el Estado el principal objeto de interpelación. Aquello se evidencia en el caso Sarayaku, y más aún se formaliza en el proceso llevado a cabo por el sistema Interamericano de Derechos Humanos. Básicamente al Estado se le ha exigido ser garante de los derechos de los pueblos indígenas, dada la vigencia que en Ecuador tiene el Convenio 169 de la OIT. El estado ecuatoriano no habría cumplido su rol, y en consecuencia la sentencia fallaría en el año 2012 a favor de los indígenas. Por último, al retomar la presencia de la CAOI en cada uno de los tres conflictos analizados se constató que su participación ha radicado básicamente en lo mediático, hecho que confirma que lo comunicacional constituye el ámbito de su quehacer. Esta coalición transnacional como estrategia de acción política ha dejado actuar a las organizaciones nacionales que la constituyen, o las apoya cuando estas organizaciones así lo determinan. En particular, su involucramiento en el conflicto minero de Tintaya solo se ha remitido al ámbito de la opinión pública, no es una organización conocida por los actores locales. La CAOI no se ha situado en lo local, más bien se ha alineado con Conacami para abordar la conflictividad

minera a nivel nacional, especialmente en el debate sobre la aplicación del Convenio 169 de la OIT, reconociendo entre las facultades de este instrumento legal la capacidad que le otorga a las comunidades para decidir sobre la instalación de nuevos proyectos de inversión en sus territorios. Su participación tampoco ha sido directa en el caso de Kori Kollo. En conjunto con Conamaq han desarrollado, entre otras gestiones, una cumbre minera para abordar el impacto de esta actividad económica sobre los territorios indígenas. Para esta labor han contado con el asesoramiento de algunas ONG nacionales especializadas en el tema, como el Colectivo Casa. Respecto al caso Sarayaku, la CAOI se incorporó a la red de difusión del conflicto saludando a través de los medios de comunicación la resistencia de este pueblo indígena y legitimando la sentencia emitida por la Corte IDH.

Conclusiones Para cerrar el presente artículo solo cabe confirmar la centralidad que adquieren los conflictos provocados por proyectos extractivistas, especialmente para las organizaciones indígenas andinas y las ONG con las cuales han establecido alianzas. Se constata que estos conflictos son territoriales y no solo socioambientales cuando los protagonistas son actores indígenas etnitizados, es decir, que hacen de la reivindicación étnica su estrategia de acción política. Precisamente en tales casos, lo relevante no es solo el daño ambiental que provocan estos proyectos sino que se convierten en una amenaza a la autonomía y la autodeterminación sobre sus territorios, con los cuales se asume una relación de pertenencia identitaria y hasta ancestral. En este sentido, apelar a la identidad se torna estratégico para la defensa del territorio. En un contexto en el que el Estado sigue siendo el principal objeto de interpelación y responsabilidad, aun cuando en los proyectos intervengan empresas privadas trasnacionales. En definitiva, estos conflictos han provocado la movilización indígena e incluso han contribuido a activar procesos de etnogénesis. Es evidente la relevancia que tiene en los casos de conflictividad socioambiental y territorial, y en general en el accionar político de las organizaciones indígenas, el papel de las redes transnacionales. Se ha observado que esta red es amplia, dispersa y heterogénea. En ella participan múltiples actores con diversa capacidad de agencia, y es además una red de escasa transparencia en la cual no todos los actores salen a la luz o son reconocidos entre sí, y las ONG adquieren un rol central, pero no unilateral. Para concluir, es importante mencionar las inquietudes que surgen tras la investigación realizada. No sólo se trata de indagar sobre el lugar que ocupa cada uno de estos actores en la red: organizaciones indígenas, ONG,

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agencias gubernamentales, organismos multilaterales, y fundaciones privadas, entre otros. Resulta también fundamental explorar y dilucidar las lógicas de relación que existen entre estos actores. Es decir, cómo se establecen los acuerdos entre determinados agentes, qué recursos intercambian, cómo se manifiesta la capacidad de influencia entre ellos, entre otras dimensiones que podrían ser exploradas. En correspondencia con lo anterior, cabría indagar además por la conexión de estos agentes, en particular los internacionales, con los Estados y los gobiernos dado que de manera insoslayable estos agentes se encuentran y deben relacionarse con el andamiaje estatal y gubernamental de los países en los cuales desarrollan sus programas y agendas. Es particularmente interesante analizar cómo ha evolucionado la relación de las empresas transnacionales con las comunidades locales tras el proceso de reivindicación identitaria y aplicación del convenio 169 de la OIT. Por otro lado, también es pertinente estudiar a los líderes que las conducen, no solo a las organizaciones. En este sentido, es relevante ahondar en el perfil de los líderes indígenas y sus desplazamientos en los diversos ámbitos de acción local y supralocal. Asimismo, constituye un desafío pendiente centrar la mirada en las bases campesinas e indígenas y su relación con las organizaciones que los representan, más aun con sus líderes, es decir con aquella elite dirigencial que se ha movilizado hacia espacios transnacionales en defensa de sus derechos y reivindicaciones.

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Es claro que se requieren nuevos estudios que permitan comprender el impacto que tiene la participación de las redes transnacionales en la construcción del discurso político indígena, así como la incidencia de estas redes y este discurso en el devenir de los conflictos socioambientales y territoriales.

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rev.estud.soc. No. 55 • enero-marzo • Pp. 63-72 • ISSN 0123-885X • eISSN 1900-5180 · DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res55.2016.04

Tiempo de vidrio y de abundancia. Saberes y oficios de la cultura fluvial en el Alto Magdalena, Colombia* Martín Andrade Pérez** – María Catalina García Cháves*** Fecha de recepción: 28 de febrero de 2015 • Fecha de aceptación: 22 de junio de 2015 • Fecha de modificación: 26 de agosto de 2015 DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res55.2016.05

R E S U M E N | Los territorios de la cuenca del río Magdalena están pasando por cambios, trasformaciones e impactos socioeconómicos como resultado de los megaproyectos de desarrollo para la navegabilidad y la construcción de hidroeléctricas. Bajo el enfoque de cultura fluvial, el texto presenta el proceso de adaptación de dos poblaciones de pescadores artesanales en la región conocida como Salto de Honda, en la provincia del Alto Magdalena: el corregimiento de Puerto Bogotá (municipio de Guaduas, Cundinamarca) y el municipio de Honda (Tolima). Se plantea la opción de adoptar una perspectiva de sistemas socioecológicos que permita una valoración integral del territorio y una construcción conjunta de alternativas que tengan en cuenta la intervención sobre el ecosistema y la cultura. PA L A B R A S C L AV E | Desarrollo (Thesaurus); río Magdalena, pesca artesanal, navegabilidad, hidroeléctricas, cultura fluvial (palabras clave de autor).

Time of Glass and Abundance. Knowledge and Trades in the Fluvial Culture along the Banks of the Upper Magdalena River in Colombia A B S T R AC T | The territories of the Magdalena River basin are currently undergoing changes, transformations, and socioeconomic impacts as a result of mega-development projects for navigability and the construction of hydroelectric projects. Applying the concept of Fluvial Culture, this text presents the adaptation process of two artisanal fishing settlements located in the region known as Salto de Honda in the Upper Magdalena province: the village of Puerto Bogotá (in the township of Guaduas, Cundinamarca) and the township of Honda (Tolima). It proposes the option of adopting a perspective of socioecological systems, which makes it possible to carry out integrated assessment of the territory and joint (inhabitants and governmental entities) construction of alternatives that consider the impacts of intervention on both the ecosystem and the culture. K E Y W O R D S | Development (Thesaurus); Magdalena River, artisanal fishing, navigability, hydroelectric projects, fluvial culture (Author’s Keywords).

El proyecto de investigación del cual se deriva el artículo fue financiado parcialmente por la Fundación Erigaie y, principalmente, por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia como parte de la beca de estímulos para la investigación en antropología social, arqueología y patrimonio (ICANH 2014) en la modalidad 13: apoyo para investigación en cultura de las aguas, de la pesca y la navegación. El trabajo de campo se realizó en Honda y Puerto Bogotá durante el segundo semestre de 2014.

Magíster en Ciencias Sociales, especialidad en Desarrollo Cultural por la Université Lumière Lyon 2 (Francia). Investigador y coordinador de proyectos de la Fundación Erigaie (Colombia). Entre sus últimas publicaciones están: “¿A quién o qué representa la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación en Colombia?”. Boletín de Antropología 28 (46): 53-78, 2013 y “La Fiesta de San Francisco de Asís, o San Pacho”. En Quibdó. Patrimonio de la Humanidad en Colombia. Bogotá: Editorial Planeta, 2013. * martinandradeperez@gmail.com Magíster en Historia por la Universidad de los Andes (Colombia). Investigadora de la Fundación Erigaie (Colombia). Entre sus últimas publicaciones están: “A la pesca de Langostas y Galeones: Apropiación y valoración de los recursos culturales y naturales marítimos en comunidades pescadoras de la isla de Tierra Bomba, Cartagena de Indias, Colombia” (en coautoría). Revista Zainak 33: 83-115, 2010 y Towards the Integrated Management of the Maritime Cultural Resources: A Model of Action for its Implementation by the Colombian Navy. The United Nations-Nippon Foundation Fellowship Programe. 2011. http://www.unfalumni.org/cultural-heritage/. * mcatalinagarcia@gmail.com

DOSSIER

Tempo de vidro e de abundância. Saberes e ofícios da cultura fluvial no Alto Magdalena, Colômbia R E S U M O | Os territórios da bacia do rio Magdalena estão passando por mudanças, transformações e impactos socioeconômicos como resultado dos megaprojetos de desenvolvimento para a navegabilidade e a construção de hidrelétricas. Sob o enfoque da cultura fluvial, este texto apresenta o processo de adaptação de duas populações de pescadores artesanais na região conhecida como Salto de Honda, na província do Alto Magdalena: a comunidade de Puerto Bogotá (município de Guaduas, Cundinamarca) e o município de Honda (Tolima). Propõe-se a adoção de uma perspectiva de sistemas socioecológicos que permita uma valoração integral do território e uma construção conjunta de alternativas que considerem a intervenção sobre o ecossistema e a cultura. PA L AV R A S - C H AV E | Desenvolvimento (Thesaurus); rio Magdalena, pesca artesanal, navegabilidade, hidrelétricas, cultura fluvial (palavras do autor).

La pesca artesanal en el río Magdalena La pesca hace parte de la cultura ribereña, tradicional y popular de carácter anfibio y de estrecha relación con la naturaleza. Esta pesca se adapta a las condiciones de invierno y verano cuando se presenta la subienda y la bajanza. El ribereño se desenvuelve en un territorio cambiante. A través del tiempo el río, sus brazos y caños han ido variando. El agua entra y sale, abre cauces y los seca. Donde ahora hay potreros, pasaba el río hace muchos años y donde hoy sólo se ve agua, anteriormente surgían islas y playones con gente y ganado. La tierra aparece y desaparece por acción de las corrientes del agua. Su paisaje no es fijo ni permanente. Es la suya una territorialidad dinámica y móvil, como el río mismo. Tampoco su vida es estable y sedentaria. Ella ha estado marcada por el nomadismo, la inestabilidad de los asentamientos y la precariedad de sus habitaciones. (Gualdrón 2002, 12)

Habitar el río y sobrevivir de él, esa es la cotidianidad de la lucha y la cultura de los pobladores de más de ciento ochenta municipios a orillas del río Magdalena. Como bien lo expone Martha Gualdrón, las culturas fluviales presentes a lo largo del territorio ribereño renacen y se complementan con el río y sus dinámicas. Por ello frente al evidente agotamiento de sus recursos, se reinventan y, en algunos casos, se desvanecen con el languidecer del río. Se trata de un ciclo de vida y muerte incesante. El río Magdalena, el más importante y extenso de Colombia, está habitado por una extensa colectividad de pobladores ribereños que viven de este gran río de 1.540 kms. que recorre el país desde las tierras altas de los Andes en el macizo colombiano, hasta las tierras bajas y cálidas del Caribe. El río presenta una larga ocupación en el tiempo por culturas que lo han nombrado, habitado y han hecho uso de sus recursos para su supervivencia, basada principalmente en la actividad pesquera. Poblaciones estacionales de pescadores que fueron adquiriendo carácter permanente, pequeños pueblos y puertos de enorme actividad comercial, cruciales en la historia de la economía colombiana.

Honda y Puerto Bogotá, las dos poblaciones objeto de esta investigación, se han favorecido históricamente de su ubicación estratégica a orillas del río y su conectividad regional las convirtió en paso obligado para todos los viajeros que se dirigían desde y hacia la capital colombiana viniendo por el occidente, norte y sur del territorio nacional. Se encuentran aproximadamente a 600 km. del nacimiento del Magdalena y comparten la falla geológica o pendiente del cauce del río conocida como los rápidos o Salto de Honda, que las convirtió en un punto de parada obligatoria y dividió la navegación y el comercio tajantemente en dos grandes secciones. Debido a que las dos orillas no pueden desligarse (y puesto que el río se entiende gracias a ese complemento entre sus riberas) existe un diálogo y vínculo muy fuerte de Puerto Bogotá con Honda, su vecino de enfrente con quien comparte una historia, una identidad y una problemática. Ambas poblaciones se enfrentan a la disminución drástica en la migración de peces durante la temporada de la subienda,1 causada por la contaminación ambiental, la colonización de las ciénagas y las malas prácticas de pesca, entre otros elementos perjudiciales que ponen en agonía el equilibrio del ecosistema y la continuidad de las faenas diarias. Adicionalmente, están abocadas a enfrentar los cambios que traigan los proyectos nacionales de desarrollo sobre el río que desde ya, y en años venideros, buscan intervenirlo de manera drástica con la construcción de hidroeléctricas y la realización de dragados y obras de canalización para hacer del Magdalena una vía navegable,2 proyectos de desarrollo que desencadenarán problemas ambientales, económicos y sociales: desde la escasez en la pesca con repercusiones negativas en la cobertura alimentaria y el comercio local, hasta el desapego y subestima de las

De 80.000 toneladas/año que se obtenían en el río Magdalena en los años setenta pasó a menos de 8.000 toneladas/año en la actualidad. Análisis y datos tomados de Gutiérrez (2010) y Lasso et al. (2011).

2 Como lo asegura Cormagdalena en su Plan de Acción 2012-2014, la prioridad es la recuperación de la navegación en el río debido principalmente a una visión de desarrollo y comercio internacional del país (Cormagdalena 2012, 3).

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DOSSIER Imagen 1: Puerto Bogotá y Honda. Área donde se desarrolló la investigación

Fuente: Tomado de Peña-León (2011).

actividades pesqueras tradicionales por parte de los habitantes ribereños, ocasionando que al interior de las comunidades haya un abandono paulatino en la transmisión y perpetuidad de las prácticas, labores y saberes ribereños (Lamilla 2012). Estamos ante un panorama que alerta sobre el gran impacto en el ecosistema y la cultura.

La cultura fluvial como marco de análisis: las voces del río y del pescador

Imagen 2. Los pescadores artesanales en Puerto Bogotá y Honda, 2014. Fotografía de los autores.

La mayor parte de las investigaciones relacionadas con los recursos pesqueros de las aguas continentales de Colombia se basan en un enfoque ambiental que da cuenta de la pérdida acelerada de las especies por factores asociados a la sobrepesca, la colonización de los territorios de ciénagas, la contaminación y el uso inadecuado de las herramientas para la pesca. Se afirma, de hecho, que el manejo, la gestión, la administración y el control de los recursos hidrobiológicos en Colombia no han sido suficientemente estudiados ni valorados. Aun así, las recientes investigaciones orientadas a proteger la biodiversidad pesquera asociada a mares y

Tiempo de vidrio y de abundancia | Martín Andrade Pérez – María Catalina García Cháves

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ríos son mayores que los estudios realizados sobre las comunidades que explotan estos recursos y dependen de ellos para su subsistencia. Además de servir como caminos de transmisión e intercambio, los océanos y las aguas interiores determinan los asentamientos y la cultura como ningún otro medio, es así como históricamente se les reconoce un valor excepcional al haber dado lugar al surgimiento de culturas ancestrales. La ONU, entre otras organizaciones internacionales, concede gran importancia a su conservación y hace referencia al patrimonio fluvial como aquellos saberes y expresiones materiales asociados a la cultura del agua y al uso del río. Entre ellas las técnicas de construcción de embarcaciones, la música, las tradiciones de pesca, la recreación, la arquitectura, así como el paisaje histórico en el que las aguas interiores juegan un papel relevante (Council of Europe, Parlamentary Assembly 2000). Ciudades como Buenos Aires y Montevideo, que surgieron y se consolidaron gracias a la presencia del río, reconocen que en torno a él se ha acumulado un patrimonio histórico y arqueológico cuya integridad merece ser protegida, pero que también es necesaria una mutación cultural que les permita asumir su ineludible dimensión fluvial, de forma que los actuales habitantes cambien su actitud de vivir “de espaldas al río”, actitud que ha contribuido a su descuido y abandono progresivo (Unesco 1996). En un escenario similar, los habitantes de la cuenca del río Jiloca (Aragón, España) han encontrado mecanismos que les permiten “potenciar el papel integrador del río, así como revalorizar los espacios ribereños… aprovechando el entorno inmejorable que nos ofrecen como elemento fundamental de identidad local” (Centro de Estudios de Jiloca 2007, 1). Así, aunque el concepto de cultura fluvial no ha sido definido específicamente por las ciencias sociales, se ha reconocido el papel fundamental que las arterias fluviales (y otros cuerpos de agua) tienen en el modo de vida de las poblaciones ribereñas.3 En este sentido es interesante resaltar los aportes de Haslam para quien: “River systems, waters, banks, and the land beside cross and link the habitats. They form corridors with moving water. The water moves in only direction, downstream, but mobile or bank animals and plants can move up and down stream. Rivers are changing systems” (Haslam 1997, 6). La autora afirma que el patrimonio cultural de los ríos —su ecología humana— debe ser equiparado en importancia con su patrimonio natural, pues es el uso, habitar

3 Para el caso colombiano, algunos estudios hablan de la conformación de “sociedades hidráulicas” para referirse a las civilizaciones ribereñas que han logrado la domesticación de los ríos para el beneficio de sus pobladores, dando paso a desarrollos y tecnologías que transforman el paisaje para el surgimiento de grandes civilizaciones. Ver Pineda (2013).

y dependencia del río lo que determina la historia del mismo, lo que constituye su presente. Sin embargo, como las sociedades actuales tendemos a un distanciamiento del río en virtud de que no se percibe una relación directa con ellos en tanto fuente de abastecimiento de recursos,4 se tiende a desconocer la importancia de las poblaciones que mantienen un arraigo con el río, dependen de él y viven sus problemáticas día a día. Esta afirmación la corrobora Carlos Valderrama al preguntarse: ¿Por qué la pesca artesanal es una actividad casi invisible para los tomadores de decisión y los planificadores?... Los niveles de inversión en este sector lo evidencian. Por tanto, no es de extrañar que no se conozca la importancia que conlleva el uso de los recursos pesqueros que son fuente de actividad productiva y primordialmente seguridad alimentaria para posiblemente más de un millón de colombianos [...] los pescadores aún siguen siendo invisibles en términos de inversión y la problemática de sostenibilidad de los recursos que los proveen no es diferente en cuanto a sus consecuencias. Los pescadores viven en la marginalidad, con altos índices de necesidades insatisfechas y lo que es más grave, ad portas de un colapso de los recursos pesqueros sujetos de uso. (Como se cita en Lasso et al. 2011, 13)

Estudios como el de Orduz y Rodríguez (2012) sobre el impacto de la represa de Urrá en torno a la disputa de las comunidades por la tierra y por el agua, ponen en evidencia la pérdida de costumbres, y el poco estímulo que se le ha dado al modo de vida pesquero, así como los cambios y transformaciones en el bienestar de comunidades indígenas que han visto afectadas sus tradiciones por la intervención del Estado sobre sus territorios ancestrales. Sin embargo, además del trabajo de Fals Borda (2002) en el que se analizan los modos de vida de algunas poblaciones del Bajo Magdalena a partir del concepto de la cultura anfibia, pocos textos han abordado en profundidad la cultura de los pescadores y gentes del río así como sus cambios y el riesgo de su desaparición. Recientemente, el Boletín Cultural y Bibliográfico del Banco de la República dedicó un número especial a los “ríos que construyen historia”. En varios de sus textos,

4 Human dependence on rivers has changed, over the past two centuries, from being direct and immediate to being indirect and distant: consequently the present dependence is often forgotten. Water is not fetched form a spring or stream, but taken from a tap leading from water far away, and quite likely from several sources, at that. The tap is not thought of as an extension of the river. Instead of supplying fish and fowl for the table, the river’s main role in food production is to drain (and irrigate) farmland. Few think of this as a dependence on the river. Few people travel on the river for business. There are innumerable leisure craft, but leisure is not considered to be in the mainstream of life, so again the work of the river is distanced from ‘real life. This distancing of people and river has led to ignorance and lack of appreciation (Haslam 1997, 243).

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dedicados a los ríos fundacionales de Colombia, sus autores resaltan la importancia de los sujetos sociales que desarrollan su vida en interacción permanente con el agua (Ferro 2013). En ellos, la idea de biografía del río orienta la mirada hacia esa construcción y metamorfosis de las culturas fluviales que se reinventan a la par con las transformaciones del río. Es el caso que expresa Guerra cuando afirma que para las poblaciones indígenas de la Guajira “el río también es considerado un espacio acuático facilitador de una amplia interacción social que comprende actividades de carácter lúdico, competencias físicas tradicionales, labores domésticas como el lavado de ropa y aproximaciones eróticas” (Guerra 2013, 85). Los estudios arqueológicos realizados en el sector de “Arrancaplumas” (municipio de Honda), indican que el conocimiento actual de los pescadores sobre el movimiento y comportamiento de las especies migratorias —que se desplazan por el fondo del río y se acercan a las orillas donde son atrapados con técnicas particulares resultado de la adaptación a su entorno— puede provenir de un manejo ancestral de los recursos pesqueros, según el cual los antiguos pescadores empleaban redes similares a los cóngolos, que arrastraban por el fondo del río para capturar los peces (Peña-León 2011). Según Germán Ferro se trata de tradiciones ancestrales que permiten afirmar que el Magdalena pone en acción las dinámicas culturales, ambientales, tecnológicas, políticas y económicas “que se expresan en sus huellas materiales, en sus músicas y comidas” (Ferro 2013, 14). A su vez, estudios como el de Mónica Pachón (2000) han analizado la relación de la sociedad pesquera con el río mostrando cómo las técnicas no tradicionales han contribuido a degradar los recursos naturales del río. Orlando Pallares (1996) se centró en lo que ha denominado la cultura de la pobreza, a partir de la cual identificó y analizó las manifestaciones culturales de una comunidad de pescadores en el Bajo Magdalena. Desde otra perspectiva, investigaciones adelantadas con relación a la exploración de alternativas viables para la conservación de los recursos y la seguridad alimentaria de las comunidades en el Magdalena Medio han empleado una metodología integral en asocio estrecho con los pobladores de las ciénagas adyacentes y su papel como agentes replicadores de buenas prácticas (Jiménez et al. 2011). Sin embargo, aunque el equipo de trabajo describe las artes de pesca de los pobladores así como su relación con el comercio y su posición en la comunidad, no se hace referencia a la existencia de una cultura fluvial que implique prácticas y saberes tradicionales del oficio del pescador artesanal.5 5 Aunque el concepto de cultura fluvial no ha sido definido específicamente por las ciencias sociales, algunos estudios mencionan la conformación de “sociedades hidráulicas” para

Es así como los estudios del río, abordados desde ambas perspectivas (tanto la ambiental como la sociocultural), coinciden en afirmar que son el Magdalena y sus temporalidades, sus recursos, sus trayectos, su caudal, los que determinan las condiciones y actividades de las poblaciones ribereñas dedicadas a él: las artes de pesca empleadas, las actividades alternas de los pescadores, el comercio, y la gastronomía, entre otros. Son precisamente estas formas cotidianas de habitar, apropiar y percibir el río como territorio, así como el uso y conocimiento de sus recursos las que se inscriben dentro del universo de la cultura fluvial. Prácticas culinarias, saberes en torno a temporadas de subienda (abundancia de pescado), mitaca (pequeña subienda) o tiempo de vidrio (meses donde no es posible la pesca), herramientas y oficios en torno a la pesca, expresiones festivas y vocabulario de río, entre muchas otras expresiones culturales aprendidas, transformadas y transmitidas por la gente que vive y sobrevive en el Magdalena. […] los pescadores consideran su actividad no sólo como un medio de vida sino como un “modo de vida”, que los convierte en seres autónomos, independientes, sin limitaciones, sin horarios, con sus costumbres arraigadas generación tras generación; con un conocimiento propio y tradicional que les permite identificar épocas y sitios buenos para la pesca, periodos de reproducción, métodos y artes pesqueros, hábitos alimenticios, etcétera. (Hernández, Valderrama y Alonso 2014, 18)

Son los saberes propios de la gente de río, sus actividades y su cultura pesquera la que está dada por las condiciones particulares que el río marca a lo largo de su curso. Por ello, la cultura fluvial de los habitantes de Honda y Puerto Bogotá está determinada por los rápidos del Magdalena, que han marcado la historia y las actividades de sus pobladores. En ese sentido, estas aldeas de pescadores del río del bocachico continúan fundamentando las formas de vida social y cultural en su recorrido (Ferro 2013).

Dos orillas, un oficio: comunidades de pescadores artesanales en Honda y Puerto Bogotá Cuando se afirma que actualmente en Colombia el 90% de los recursos pesqueros se encuentran en su nivel de rendimiento máximo sostenible o incluso lo han sobrepasado, se hace evidente que la vida de las fuentes hídricas (tanto continentales como oceánicas) se encuentra en

referirse a las civilizaciones ribereñas que han logrado la domesticación de los ríos para el beneficio de sus pobladores, dando paso a desarrollos y tecnologías que transforman el paisaje para el surgimiento de grandes civilizaciones. Ver Pineda (2013).

Tiempo de vidrio y de abundancia | Martín Andrade Pérez – María Catalina García Cháves

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riesgo y que por ende su aprovechamiento por parte del ser humano es inviable. Esta situación compromete no sólo la sostenibilidad de las especies, sino también la seguridad alimentaria de las poblaciones ribereñas que dependen de ellas (Gutiérrez 2010). Cultura fluvial y seguridad alimentaria son dos enfoques complementarios pues se trata de una actividad productiva basada en los recursos ictiológicos de gran importancia económica y social para las comunidades, que aprovechan un gran número de especies nativas de las cuales no solo depende su subsistencia;6 gracias a sus faenas, los pescadores artesanales dinamizan la economía nacional, aportando gran parte de las proteínas consumidas a lo largo del país (Lasso et al. 2011). Sin embargo, la situación actual de la cuenca del Magdalena no permite el aprovechamiento sostenible de los recursos, pues el deterioro del ecosistema, la destrucción de las ciénagas y la sobreexplotación de los recursos no hacen posible el restablecimiento del equilibrio mediante la reglamentación de cuotas de pesca o el manejo controlado de los recursos en las ciénagas, pues de acuerdo con Gutiérrez, para el caso del Magdalena “el concepto de lo ictiológico supera la denominación de recurso pesquero ya que el 100% de los recursos hidrobiológicos aprovechados son peces, es decir, recursos ícticos, lo cual no permite biológicamente hacer ninguna diferenciación de tamaño, peso u objeto de aprovechamiento respecto de las especies” (Gutiérrez 2010, 19). El seguimiento de las últimas décadas a los recursos de la cuenca reporta una severa disminución de la producción, particularmente entre las décadas de los años 70 a los 90, mientras los volúmenes de captura hoy se encuentran en 35.000 toneladas al año, demostrando una reducción del 85% en los últimos 20 años, lo que evidencia el nivel de amenaza de las poblaciones así como de la situación que atraviesan los pescadores dedicados enteramente a la pesca artesanal (Lasso et al. 2011). El río se ha hecho escuchar, pero ninguna o pocas medidas efectivas se han tomado en el país para evitar su colapso, y de acuerdo con la información biológica pesquera, se podría afirmar que su repoblamiento es prácticamente imposible (Gutiérrez 2010).7 Respecto a la cuenca Magdalena-Cauca, que es el centro económico de desarrollo de Colombia e involucra cerca del 80% de la población, se detallan sus problemas ambientales históricos no resueltos, que afectan y hacen incompatible la relación: medio ambiente-recursos hidrobiológicos y pesqueros [...]

6 “Se ha estimado que el valor del total del producto pesquero comercializado en la cuenca alcanza $368.853 millones de pesos colombianos al año; recursos generados por más de 32.798 pescadores y aproximadamente 157.000 personas que dependen del recurso pesquero” (Jiménez-Segura et al. 2015, 14). 7

Basado en Barreto y Borda (2008).

se puede decir que los recursos pesqueros están en franca crisis y se pueden considerar algunos de ellos en vías de extinción desde el punto de vista pesquero. (Lasso et al. 2011, 22)

De acuerdo con las investigaciones socioambientales adelantadas en la cuenca del Magdalena-Cauca, la mayor parte de las especies que se encuentran en peligro y que son base para la pesquería artesanal a lo largo del río tienen un comportamiento migratorio aguas arriba o aguas abajo, por lo que la actividad de los pescadores está estrechamente ligada con las temporadas de migración de peces como el bocachico, la tolomba, el nicuro o el bagre. Así, al igual que gran parte de las actividades basadas en la utilización de los recursos naturales, son las temporadas de lluvia o de sequía las que establecen los ciclos de aprovechamiento. En el caso del Magdalena, como lo explican Gualdrón (2002) y Jimenez-Segura et al. (2015) la subienda coincide con la época de verano cuando las aguas están bajas, normalmente entre los meses de diciembre y febrero; así como entre junio y agosto cuando se presenta la mitaca o pequeña subienda. Se trata de momentos en los que los peces migratorios salen de las ciénagas estimulados por los cambios del nivel de agua, dado que las condiciones de hábitat se tornan desfavorables para ellos e inician su movilidad en cardúmenes por el cauce principal del río aguas arriba, en búsqueda de aguas más frías, claras y oxigenadas. Durante este periodo, que coincide con la intensificación de la actividad pesquera, los peces se hacen sexualmente maduros. Posteriormente vienen las épocas de lluvia y el incremento del nivel del agua, tiempo denominado bajanza, que ocurre de marzo a mayo y de septiembre a noviembre. Es la temporada de disminución de la pesca, o tiempo de vidrio para los pescadores. Es el momento del desove de los peces en el cauce principal del río, cuando huevos y larvas se desarrollan migrando aguas abajo (hacia el Bajo Magdalena), y entran a las ciénagas que son sus criaderos naturales y que están llenas gracias a las lluvias que hacen que el río se desborde, permitiendo el ingreso de los peces a estas zonas de refugio donde se alimentan y crecen. Finaliza así un ciclo de migración que se reiniciará con el verano y la reducción de las aguas en las ciénagas. Teniendo en cuenta estos ciclos, desde la perspectiva de la sostenibilidad ambiental se argumenta que el diálogo pescador-río ha sido equívoco, pues la subienda (periodo de auge pesquero) es sin duda “la época más irracional biológicamente para ejercer cualquier actividad de aprovechamiento, máxime cuando no existen controles, ya que las poblaciones y especies están concentradas en lugares específicos, ampliamente conocidos a través de los estudios de dinámica de poblaciones y al conocimiento tradicional de los pescadores” (Gutiérrez 2010, 54).

rev.estud.soc. No. 55 • enero-marzo • Pp. 73-87 • ISSN 0123-885X • eISSN 1900-5180 · DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res55.2016.05

DOSSIER Imagen 3. “Las temporadas del río”

Fuente: talleres de documentación gráfica con pescadores artesanales de Honda y Puerto Bogotá (2014).

En épocas anteriores, la economía y la cultura de los pescadores estaban determinadas por su actividad durante los meses de subienda, cuando se dedicaban enteramente al río; y de vidrio, tiempo en el que “abandonaban” por un tiempo sus labores de pesca para dedicarse a trabajar en las trilladoras, o alistaban su gambia8 y su garabato9 para ir a leñatear.10 De allí se deriva en parte el problema socioeconómico que caracteriza su actividad, pues durante el año tienen muy pocos meses de producción “[...] siendo el factor más apremiante el gran número de pescadores que se dedica a la actividad en relación con el volumen disponible de peces, que disminuye continuamente” (Gualdrón 2002, 15). Ahora, cuando el tiempo de vidrio ocupa casi diez meses del año y las capturas de la subienda a duras penas alcanzan para sobrevivir esos meses, las trilladoras están abandonadas y el gas ha sustituido los viejos hornos de leña, los pescadores tradicionales tienen que repensar su futuro al lado del río. En este largo tiempo de vidrio, parece impensable que pueda primar la “permanencia de las costumbres y tradiciones frente al aprovechamiento de los recursos, aún por encima de las evidencias científicas de su declinación y probable extinción, arguyendo la necesidad, la cultura y las tradiciones […]” (Gutiérrez 2010, 95). Sin embargo, vale la pena resaltar que en el caso de la región del Salto de Honda si bien los pescadores artesanales reconocen parte de su responsabilidad frente a la disminución de la pesca y a la necesidad inminente de la protección de los recursos, se trata de poblaciones que tradicionalmente han vivido por y para la pesca y por ello su vida transcurre de acuerdo a los días que están

8 Línea de anzuelos.

marcados por las temporalidades del río, por su caudal y su raudal que determinan las artes de pesca a emplear, los mejores espacios destinados para la captura y los tiempos de cada especie. El pescador artesanal convive con todos esos fenómenos de la naturaleza, “se aferra a la ribera y no hay fuerza capaz de alejarlo de allí, es su modo de vida y su cultura” (Hernández, Valderrama y Alonso 2014, 12). Un gran motivo de reflexión es que si bien la literatura ambiental califica a los pescadores en gran medida como los responsables de la sobreexplotación y pérdida de los recursos pesqueros, el Magdalena también existe gracias a ellos, a las culturas, saberes y modos de vida de estos pobladores ribereños de los que poco conocemos. Se trata de pescadores artesanales quienes, de acuerdo con la legislación nacional, son definidos como aquellos que ejercen sus faenas “en forma individual u organizados en empresas, cooperativas u otras asociaciones, con su trabajo personal independiente, con aparejos propios de una actividad productiva de pequeña escala y mediante sistemas, artes y métodos menores de pesca” (Ministerio de Agricultura 1991). Sin embargo, ceñidos a esta clasificación recientes estudios dan cuenta de no más de cuarenta pescadores artesanales presentes en el sector Honda-Puerto Bogotá (Contreras 2013), a pesar de que solamente en cinco asociaciones de Honda se han registrado alrededor de 500 individuos afiliados, de los cuales más del 50% se identifican y reconocen como tales, junto a un número cercano a los 200 que lo hacen en el corregimiento de Puerto Bogotá.11 En su enorme comprensión ancestral del río y del desplazamiento de los peces en cardúmenes o puntas, los pescadores de la sección del Salto entendieron también que en ese sector los peces agotados que nadaban contra-

9 Palo largo al que amarran un anzuelo de gran tamaño. 10 Leñatear es la actividad que muchos de los pescadores ejercen en el río. Se trata de “pescar” la madera que trae el río en épocas de lluvia, cuando se lleva parte de los árboles de la rivera y los arrastra por el río. Los pescadores atrapan estos troncos y los ponen a secar como leña para cocinar. Actualmente con la reducción de hornos de leña se trata de una actividad menos recurrente.

11 Se intuye que la enorme diferencia del número de pescadores citada en los estudios se debe a que son referenciados con relación al número de canoas de las que son propietarios, quizá sin tener en cuenta que su arte se desarrolla exclusivamente a orillas del río. Véase también Lasso et al. (2011, 51).

Tiempo de vidrio y de abundancia | Martín Andrade Pérez – María Catalina García Cháves

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corriente se acercan a las orillas alejándose de la fuerza del agua, y que por lo tanto necesitaban momentos de descanso, por esto adaptaron la ribera construyendo refugios temporales o pequeños remansos llamados popularmente “camas” y “guambeos”, hechos para facilitar la captura por medio de aparejos como el cóngolo o la atarraya. En el sector del salto de Honda, se utiliza lo que se denomina “cama” que es una estructura hecha de piedra y cemento ubicadas en las orillas del río y en serie; tienen entre 5 y 7 m con altura variable a medida que se prolongan hacia el centro del cauce, distanciadas cada 4 m. Se conforman receptáculos a los cuales los peces, durante la migración aguas arriba entran a descansar y son atrapados con atarraya o cóngolo… (Lasso et al. 2011, 54)12

Esta forma de ejercer el oficio-arte del pescador implica que en este trayecto “cada piedra tiene su dueño”, y por el largo tiempo de vidrio que hace inviable la pesca como forma de vida, así como por los costos que implica su construcción, ya no se hacen camas nuevas. Los pescadores prefieren comprar los derechos de pesca que consisten en adquirir un turno vitalicio en un puesto de otro dueño. El derecho, que puede costar alrededor de dos millones de pesos, les permite tener acceso a un puesto que comparten con varios pescadores más. Allí, sin necesidad de listas que den cuenta de los turnos, el grupo de pescadores respeta la hora en la que puede hacer uso de la cama o del guambeo, tiempo que aprovecha para lanzar una y otra vez su atarraya o su cóngolo. Estas estructuras diseñadas para la pesca artesanal son propiedad de los pescadores, muchas de ellas heredadas de sus bisabuelos o incluso de varias generaciones atrás. A la luz de instituciones públicas y de empresas privadas, se trata sin embargo de patrimonios ilegales que son vistos como posesiones a la ribera del río en espacios que le pertenecen a la nación, que pueden ser intervenidos para el dragado y la navegabilidad pues sobre ellos no puede haber propiedad de particulares. Esto no lo comprenden los pescadores, pues para ellos es parte de su territorio, del predio que el río les cede para subsistir, y al que le invierten tiempo y dinero en materiales para mantenerlo limpio, para reparar secciones que el río se lleva en el invierno, para que les sirva permanentemente como un sitio adecuado para la pesca. Además de las camas, en Honda también se emplean las canoas para la pesca. Los pescadores de canoa se encuentran en el barrio Caracolí, un lugar que pertenece al municipio previo al encañonamiento del río en el Salto donde el Magdalena es más ancho y sus aguas 12 Véase también Contreras (2013). La técnica también fue narrada en entrevistas realizadas a los pescadores durante el trabajo de campo.

Imagen 4. Pescador artesanal con cóngolo. Puerto Bogotá, 2014. Fotografía de los autores.

Imagen 5. Pesca en camas con atarraya. Pescador artesanal de Honda, 2014. Fotografía de de los autores.

corren con menos fuerza. Allí los pescadores ejercen su oficio en canoas de madera para la pesca. Piloto y atarrayero13 zarpan desde Caracolí aguas abajo durante largas jornadas en las que se desplazan en búsqueda de los cardúmenes que remontan el río, se alejan de sus viviendas por varios días y en ocasiones construyen cambuches14 como espacios propios para descansar de sus jornadas. Las artes que emplean también son distintas a las de sus compañeros del Salto, pues hacen uso de aparejos más grandes que les permiten atrapar mayor cantidad de peces. El arte de la pesca en esta zona implica un rico acervo cultural de saberes, usos y utensilios. Un buen pescador sabe utilizar variedad de instrumentos o aparejos para la pesca como la atarraya, el cóngolo o los anzuelos, así como también sabe maniobrar la canoa y el canalete. Los pescadores tradicionales tejen y remiendan sus 13 A las faenas en canoa salen dos pescadores. El piloto, que guía la embarcación a canalete o con motor, y el proero o atarrayero, que se ubica adelante y es el encargado de decidir el lugar de pesca y de lanzar la atarraya. 14 Sitios provisionales de habitación para pasar la noche en las riberas del río.

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han sido poco documentados y que han sido recogidos a lo largo de esta investigación.15

¿Devolver la vida al río? el Magdalena y los proyectos de desarrollo regional y nacional Aunque las autoridades y el gobierno no nos lo dicen, el futuro del río es la energía y la navegación, y en ese futuro no cabemos los pescadores. La intervención es de mucha plata y nosotros sólo representamos un problema.16

Imagen 6. Pesca en canoa con atarraya. Pescador artesanal de Caracolí. Honda, 2014. Fotografía de los autores.

redes; buscan y moldean la madera con calor para darle forma al cóngolo. Es así como la pesca ribereña es un arte íntimamente vinculado a las formas de habitar y aprovechar los territorios a orillas del río Magdalena, fuente de vida y sustento de sus habitantes. Un arte que combina destrezas y manejos del cuerpo que lo asemejan a una danza en solitario para la captura del pez, con su cóngolo o su atarraya como único instrumento rítmico. Si bien la mayor parte de estas herramientas sirven para capturar casi todas las especies, algunas de ellas se elaboran especialmente para atrapar bagre (ej. atarraya bagrera o nicurera), mientras que a otras les tienen agüeros y se vuelven las favoritas porque con ellas atrapan más peces o “siempre cae” algo. Y aunque en años recientes se sabe que, ante la escasez del recurso, la extracción se está concentrando en peces jóvenes y pequeños que no superan la talla mínima legal (Hernández, Valderrama y Alonso 2014), en esta región del Alto Magdalena se mantiene la tendencia de especies capturadas en orden de importancia: bocachico, nicuro, bagre, capáz (Barreto y Borda 2008; Incoder 2010 citado por Lasso et al. 2011, 56). Mas allá de las cifras, los pescadores artesanales de estas dos poblaciones que día a día ejercen su oficio en las riberas del río saben que, a pesar de la riqueza ambiental y magnitud de sus aguas, se está viviendo la disminución constante y alarmante del número de especies y peces del río, situación que pone en agonía el equilibrio del ecosistema y la continuidad de las faenas cotidianas, amenazando así la perpetuidad de su oficio-arte. Y aunque la vida del río se ha ido agotando y con ello se ha dado un abandono paulatino en la transmisión de las prácticas, labores y saberes ribereños, aún permanecen conocimientos populares y tradicionales relacionados con los tiempos, las formas de captura, la culinaria y la comercialización de los peces del río que

Esta es la percepción de pescadores y pobladores que tratan de entender los mensajes de las entidades privadas y del gobierno, así como de los medios de comunicación con relación a los megaproyectos sobre el Magdalena. La entrega en concesión para la recuperación de la navegabilidad del río a lo largo de 908 kms. entre Puerto Salgar y Barranquilla para convertirlo en un oleoducto sin tubos (Chacón 2013), junto con las labores que implican el plan de aprovechamiento energético del Magdalena, han sido anunciadas por el gobierno nacional como los programas que le devolverán la vida a esta arteria fluvial. En su Plan de Acción, Cormagdalena afirma que se seguirán los lineamientos del Plan de Desarrollo Nacional con relación al llamado de promover igualdad de oportunidades para el desarrollo social, el mejoramiento de la calidad de vida y la disminución de la pobreza. Para ello “Las deprimidas condiciones socioeconómicas de los municipios ribereños, históricamente desdeñadas, confieren la obligación moral a Cormagdalena de asumir muy especialmente la batuta nacional de la erradicación de la pobreza impulsando el desarrollo económico y la preservación ambiental” (Cormagdalena 2012, 16). Su labor, sin embargo, está basada casi exclusivamente en las posibilidades de que los pobladores hagan parte de los proyectos productivos augurados para el futuro del río. El componente social se presenta, por tanto, en un segundo plano, en un escenario de desarrollo sostenible que prioriza los proyectos de aprovechamiento y de navegabilidad, y en el que los actores sociales y la conservación ambiental deben ser parte del engranaje que se inserta en esta lógica. De acuerdo con la entidad rectora del río, se espera además el fortalecimiento de un componente denominado “recreación social” en las zonas aledañas a la cuenca que será determinante para un “paisaje natural”, aprovechado en beneficio de la calidad de vida de los habitantes ribereños para recreación y turismo (Cormagdalena 2012, 34).

15 Información tomada de entrevistas y charlas personales con los pescadores de Honda y Puerto Bogotá, de agosto a diciembre de 2014. 16 Charla con pescador de Honda. Septiembre-octubre de 2014.

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DOSSIER Colombia debe seguir corrigiendo el error histórico de haber abandonado la navegación fluvial. Ante la extensión territorial y los costos del transporte, Colombia cuenta con muchas posibilidades para aprovechar el modo fluvial para carga y pasajeros. Así, para el 2019 el país deberá tener 80% de navegación mayor permanente en la red arterial fluvial (hoy sólo tiene 39%) y movilizar 10% de la carga (hoy sólo moviliza 3%). (Documento Visión Colombia 2019, 38)17

Con estas directrices como base, el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 priorizó la navegabilidad del río Magdalena en un macroproyecto de impacto regional y nacional ante los nuevos retos de desarrollo y comercio internacional del país, pasando de 200 a 600 kms del río aptos para la navegación (Cormagdalena 2012, 3). De acuerdo con el comunicado del periódico El Espectador, el gobierno afirmó que “el 11 de junio de 2015 comenzará el dragado del Río Magdalena. Y el 11 de diciembre de 2015 deberán estar concluidas las obras entre Barrancabermeja y Barranquilla, en un tramo de 630 kilómetros, para movilizar barcos de carga de mínimo 7.200 toneladas, tanto de día como de noche” (“Arranca recuperación del Río Magdalena” 2014). Se vislumbra así un canal navegable más seguro, abierto todo el año al tráfico fluvial (Alvear 2005). Complementario al proyecto de recuperación de la navegación está en la mesa la decisión del gobierno de duplicar la generación de energía hidroeléctrica en el país (UPME 2014), cuyas metas clave consisten en pasar de producir 13.398 MW a 16.017 MW, con el objeto de aumentar la cobertura nacional y de posicionar a Colombia como un “clúster regional energético, garantizando el abastecimiento en el largo plazo” (Cormagdalena 2012, 9). La cuenca del Magdalena-Cauca se vislumbra como el principal eje de desarrollo de esta iniciativa que se verá seriamente amenazada por la formación de embalses que generarán cambios significativos en términos físicos e hidrológicos y causarán un impacto directo en la ictiofauna y en la economía local. “Los cambios en la ictiofauna son los más evidentes dado que muchas de sus especies son un recurso protéico para la población humana y la modificación en la estructura del ensamblaje y en la oferta de peces, es rápidamente detectada por los pescadores” (JiménezSegura et al. 2015, 9-10). Los autores afirman que si bien la sobrepesca ha sido una de las causas de la disminución de especies, “la modificación de los sistemas acuáticos (con la construcción de embalses, hidroeléctricas, sistemas agropecuarios y canalización, entre otros,) es

17 También Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 propone como uno de sus objetivos primordiales en el capítulo de lineamientos estratégicos el “Mejoramiento de la navegabilidad del río Magdalena y generación de incentivos al sector privado para que se constituya en corredor de transporte” (p. 41).

mucho más eficiente en su deterioro dado que afecta directamente la sobrevivencia en los primeros periodos de vida (embriones y larvas), de paso su reclutamiento y finalmente el tamaño de su población” (Jiménez-Segura et al. 2015, 15). Valderrama por su parte reitera: […] la construcción de una presa, inmediatamente constituye un impedimento físico para las poblaciones de peces, de forma que impiden sus movimientos vitales o migraciones, ya sean de alimentación, reproducción o protección, en cualquier dirección aguas arriba o abajo del represamiento. Este problema se agudiza en el caso de represamientos efectuados en el canal principal de un sistema hidrográfico, donde las alteraciones provocadas, en las especies y en su dimámica, sin lugar a dudas redundarán en la producción pesquera local, y posiblemente afectará en mayor o menor medida la de todo el sistema. (Valderrama 2013, 7)

Aunque —de acuerdo con Gutiérrez— en aguas continentales se había aceptado mundialmente cesar la construcción de presas, en Colombia se tiene pensado incrementar el proceso de las mismas, así como de diques y desecación de humedales en donde existen poblaciones ícticas migratorias, lo cual impediría su presencia de forma definitiva. No se trata solamente de una disminución de los recursos y de la ruptura generacional en la transmisión de saberes tradicionales, se trata de la transformación definitiva de la cuenca del río más largo del país que acabaría con la presencia de peces y con ello contribuirá al ocaso del oficio del pescador. Ya sabemos que por 10 años los señores chinos nos cogieron el río Magdalena, que era nuestro río, nuestro patrón. Además es mentira que la afectación por el encausamiento para la navegabilidad no va a ser sólo de la Dorada para abajo, como se está diciendo, sino que va a cambiar todo hasta el mismo nacimiento del río, vamos a presenciar su destrucción y le vamos a dejar esa herencia a nuestros hijos.18

A las intervenciones directas sobre el río se suma el impacto de otros proyectos de desarrollo, como la apertura de la ruta del sol (en el tramo Villeta-Puerto Salgar) que dejó a Honda y a Puerto Bogotá al margen de la ruta de la mayor parte de los vehículos pesados que transitaban por allí en su paso a Medellín y que, de acuerdo con sus habitantes, eran los que le daban vida a sus municipios (Arenas 2014). En este esquema en que la cultura, los saberes tradicionales, la seguridad alimentaria y la conservación ambiental de la cuenca están por debajo del turismo,

18 Intervención de pescador de Honda en una de la reuniones con la Umata. Octubre de 2014.

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la recreación, la navegabilidad, el extractivismo, y el aprovechamiento hidroeléctrico, poco se espera del futuro de pescadores y peces. Aunque los medios afirman que los beneficios que se van a extraer del río no deben afectar en mayor medida los recursos ambientales, también se hace evidente la búsqueda de alternativas a los pobladores de la cuenca con la intervención del río a gran escala (Chacón 2014).

El futuro del río y de los pescadores artesanales en el Alto Magdalena Un marco de análisis semejante al que nos atañe es el expuesto por Fernando López en alusión a los proyectos mineros en la región de la Orinoquía, en donde la única alternativa viable para las comunidades es la de unirse al Estado y a sus iniciativas “modernas, racionales y económicamente pragmáticas” que encarnan la reestructuración de su territorio y la adopción de prácticas asociadas a los nuevos procesos de modernización y desarrollo, es decir, donde como ciudadanos los pescadores demandan una mayor participación en los procesos que los afectan, que a su vez, son procesos propiciados por el Estado (López 2013, 161). En este sentido, siguiendo a Valderrama, es notorio cómo las amenazas que presentan los recursos pesqueros son primordialmente los proyectos de desarrollo en los que predomina la valoración de los beneficios económicos sobre los aspectos sociales y ambientales (Lasso et al. 2011). En este escenario de choque entre productividad económica, conservación del medio ambiente y preservación de las tradiciones culturales, ha cobrado fuerza la idea de que hay insostenibilidad de los recursos pesqueros y que la pesca artesanal no genera recursos económicos valiosos y permanentes para las comunidades, por lo que […] la única posibilidad es encontrar proyectos alternativos o sustitutivos que generen igual o mayores ingresos económicos que la misma pesca. Esto implica programas de capacitación, en otros artes u oficios, oportunidades económicas y créditos blandos con mínimas garantías y trámites, ya que la mayoría de los pescadores son iletrados y con nula capacidad de ahorro. (Gutiérrez 2010, 56)

En los últimos años ha entrado en auge una estrategia de ordenación y fortalecimiento del sector pesquero que acoge directrices para lograr la sostenibilidad de la pesca a pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza, y que habilitaría a las comunidades de pescadores para participar en procesos de toma de decisiones y asumir responsabilidades con respecto al uso sostenible de los recursos

pesqueros (The Nature Conservancy et al. 2014).19 Sin embargo, los pescadores artesanales han sido subestimados debido al poco reconocimiento sobre el valor de su oficio por parte de las entidades públicas, privadas y de los ciudadanos. Las recientes organizaciones en asociaciones y cooperativas les han permitido elevar su voz, pero los planes del gobierno consisten precisamente en buscarles alternativas para que renuncien a los recursos que su río-jefe les provee y se dediquen a ser promotores turísticos, cultivar cerdos y limpiar las cuencas, entre otros proyectos. Estamos viviendo en el caos, el pescador ha perdido su estatus social. Los proyectos nacionales como la represa de Piedras Negras así como otros megaproyectos que benefician a la mayoría del país20 van a afectar a una minoría que son las poblaciones sobre sus orillas, cambiando sus formas de vida y de subsistencia. Los pescadores vamos a quedar aislados, tenemos un oficio ancestral y lo vamos a perder. Vamos a tener más caos y el Salto se va a acabar.21

Conscientes del impacto de las intervenciones sobre el río, así como de la situación que se vive actualmente con relación a la escasez de recursos, representantes de entidades gubernamentales han impulsado la iniciativa de una organización comunitaria generando espacios de concertación para que los mismos pescadores sean gestores de los proyectos a futuro. Sin embargo, como afirma Gualdrón, la producción de conocimiento por parte de los demás actores involucrados también es necesaria con el fin de hacer entender que “la pesca y su sostenibilidad no es un tema exclusivo de los pesca-

19 Las directrices tienen como objetivos: Mejorar la aportación de la pesca en pequeña escala para la seguridad alimentaria y la nutrición mundiales así como apoyar la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada; Contribuir al desarrollo equitativo de las comunidades de pescadores artesanales y a la erradicación de la pobreza y mejorar la situación socioeconómica de los pescadores y los trabajadores del sector en el contexto de la ordenación pesquera sostenible; Lograr la utilización sostenible, la ordenación prudente y responsable y la conservación de los recursos pesqueros de conformidad con el Código de Conducta para la Pesca Responsable y los instrumentos conexos; Promover la contribución de la pesca en pequeña escala a un futuro sostenible desde el punto de vista económico, social y ambiental para el planeta y sus habitantes; Proporcionar orientación para su consideración por los Estados y las partes interesadas con vistas a la elaboración y aplicación de políticas, estrategias y marcos jurídicos participativos y respetuosos del ecosistema con objeto de reforzar una pesca en pequeña escala responsable y sostenible; Mejorar la concienciación pública y fomentar el avance de los conocimientos sobre la cultura, la función, la contribución y la capacidad potencial de la pesca en pequeña escala, considerando los conocimientos ancestrales y tradicionales, así como las limitaciones y oportunidades relacionadas con estas. 20 El texto hace referencia a más de 1.200 presas sobre el río. 21 Intervención de pescador de Honda en reuniones con representantes de la Umata. Octubre de 2014.

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dores artesanales, sino que compromete al sistema político, ambiental y ecológico, que es una responsabilidad ciudadana” (Lasso et al. 2011, 5). […] es importante mencionar el conocimiento empírico y tradicional, relacionado con épocas y sitios de pesca y reproducción, métodos y artes de pesca, hábitos alimenticios que tienen los pescadores sobre la actividad pesquera que se convierte en insumo para el trabajo que adelantan las instituciones y las entidades territoriales en pro del desarrollo socioeconómico de la cuenca. De esta manera, la comunidad pesquera se convierte en un actor relevante en la formulación, ejecución, seguimiento y ajuste de planes de desarrollo territorial y ordenamiento pesquero […]. (Gualdrón 2002, 15)

Para ello la autora propone que las acciones que se emprendan se encaminen a dar sentido de pertenencia a las comunidades, así como valoración de sus conocimientos y de su poder de gestión, de manera que se formen comunidades con voz, con capacidad de visibilizar su papel en los proyectos de manejo de los recursos, en verdaderos interlocutores de sus intereses frente al Estado (Gualdrón 2002). Sin embargo, aunque este parece ser el propósito principal de la conformación de asociaciones de pescadores en búsqueda de un fortalecimiento comunitario, ante la situación y panorama que se vislumbra para los pescadores su unión se ha convertido en la única opción de obtener los apoyos de las alcaldías, las gobernaciones o de las ONG que únicamente otorgan subsidios y aprueban dineros de proyectos a organizaciones consti-

tuidas y no a gestores individuales (Hernández, Valderrama y Alonso 2014). Esto ha generado, de acuerdo con el documento diagnóstico de Contreras, que haya un incremento de afiliados en años recientes, por lo que es necesaria la depuración de las asociaciones actualmente legalizadas “para que los esfuerzos se canalicen especialmente para los pescadores artesanales y sus necesidades” (Contreras 2013, 31). Entidades como la AUNAP han divulgado entre las comunidades ribereñas la importancia de las buenas prácticas pesqueras y hacen un llamado al cumplimiento de los Planes de Ordenación Pesquera, que entre otros aspectos, determinan quién puede pescar, las artes de pesca, las zonas y las épocas, la cantidad de pescado máximo a extraer, así como la participación de pescadores, comerciantes y otras instituciones en la cadena operativa. De hecho, el Plan de Manejo de Recursos Ictiológicos de la cuenca ya preveía hace quince años el desarrollo y promoción de técnicas y tecnologías para proyectos productivos integrales que permitieran insertar a los pescadores artesanales en la lógica de formulación de proyectos viables y generadores de empleo. Bajo estas líneas de acción, en años recientes algunos de los proyectos promovidos por las entidades del gobierno —para ser desarrollados por las asociaciones de pescadores artesanales como alternativa a su actual condición de vida y su perspectiva de futuro— dan cuenta de una necesidad manifiesta de sacar al pescador del río. En ese sentido se continúa el proceso de fortalecimiento de las organizaciones de pescadores “y su gestión empresarial con apoyo del sector privado y su asociación a los megaproyectos sobre el río, fortaleciendo así mismo las convocatorias del Incoder para

Imagen 7. El futuro de la pesca artesanal y de los pescadores del salto según los pescadores de Honda y Puerto Bogotá

Fuente: talleres de documentación gráfica con pescadores artesanales de Honda y Puerto Bogotá (2014). rev.estud.soc. No. 55 • enero-marzo • Pp. 73-87 • ISSN 0123-885X • eISSN 1900-5180 · DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res55.2016.05

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crear nuevas líneas de fomento de proyectos productivos en turismo, acuicultura, etcétera”.22

Conclusiones: proceso de reconocimiento y valoración de la cultura fluvial en el Alto Magdalena La tensión entre conservación de la biodiversidad, manejo tradicional de los recursos y el impacto causado en ambos frentes por los proyectos de desarrollo en un territorio determinado no es una problemática reciente. La búsqueda del equilibrio social y la sostenibilidad ecosistémica que implicaría mantener o implementar prácticas culturales de las comunidades sobre su entorno, y proteger los recursos naturales, se distorsiona cuando entran en el escenario las dinámicas propias de los proyectos de infraestructura, extractivismo, desarrollo minero-energético, etc., que complejizan aún más el entramado de intereses y de actores sobre un mismo territorio. Se trata de un juego que pone en jaque a los pobladores, los recursos naturales y la economía local y nacional (Roué 2003). Este es el escenario que se vive actualmente en varios municipios ubicados en la ribera del río Magdalena, cuyos habitantes desde hace varios años vienen presenciando la degradación de su ecosistema, la disminución de los recursos pesqueros y ahora también deben enfrentarse a la inminente llegada de proyectos hidroeléctricos, planes de dragado y canalización para la navegabilidad del río y nuevas obras viales que terminarán de aniquilar los recursos y desviarán a los viajeros lejos de sus municipios. La cultura y el conocimiento tradicional hacen referencia a la relación entre el significado que la gente da a los espacios donde vive y la forma en que los transforma; de procesos de aprendizaje y adaptación basados en las relaciones históricas entre sociedad y naturaleza (Serna y Mosquera 2013). Sin embargo, la actividad del pescador artesanal y sus saberes han sido menospreciados por la sociedad, y ese sentir se ha transmitido dentro de las mismas comunidades que restan valor a su conocimiento y a su oficio, de forma que la transmisión a las siguientes generaciones se pone en riesgo pues “los padres evitan que sus hijos los acompañen en sus jornadas de pesca” (Jiménez-Segura et al. 2015, 15). Se trata de una contradicción que atañe a los portadores del conocimiento, pues ellos mismos manifiestan que no quieren que su actividad desaparezca pero la califican como “dura”; “llena de sacrificios”, “sin retribución” y

22 Corresponde a la carta de invitación a presentar proyectos a las asociaciones de pescadores artesanales de Honda en el 2013. En el marco del proyecto: “Adjudicación de predios en Honda para implementación de proyectos productivos liderados por pescadores artesanales”.

no quieren que sus hijos pasen por eso, que hagan su vida cerca del río, quieren que ellos sí salgan adelante.23 Así que lo que están buscando es una solución rápida a mediano plazo que les permita solventar su día a día sin importar si se relaciona o no con sus conocimientos y habilidades. De hecho, de acuerdo con Valderrama (S. f.) […] el esfuerzo pesquero concebido como la cuantificación de los pescadores se verá de hecho alterado y la dinámica de la actividad extractiva transformada hacia las nuevas condiciones. Es posible que muchos pescadores, junto con sus artes y métodos de pesca tengan que o adaptarse, o de hecho buscar otras alternativas productivas, y en el peor de los casos, migrar hacia otras áreas.

Hasta el momento no se conocen acciones emprendidas para recuperar y dar valor a los conocimientos tradicionales de las comunidades de pescadores artesanales que se están viendo afectados por la disminución de los recursos y por el impacto de los megaproyectos sobre el río. Sin embargo, desde el enfoque de la ecología y el estudio de los ecosistemas se ha empezado a dar relevancia al componente sociocultural como un factor igual de importante al sistema ecológico en la gestión territorial, ambiental y en la conservación de la biodiversidad. Se trata de un enfoque pertinente para este caso, pues con base en los actores, las redes sociales y las instituciones se genera “el desarrollo de habilidades sociales para adaptar eficazmente la gestión del territorio a los cambios” (Rincón-Ruíz et al. 2014, 43). Por sí solo, el lenguaje de valoración monetario no es capaz de captar los elementos que se ubican por fuera de las lógicas del mercado, como la funcionalidad de los ecosistemas y la importancia que los diferentes marcos culturales les dan a la biodiversidad y a los servicios ecosistémicos. (Rincón-Ruíz et al. 2014, 46)

Bajo esta perspectiva de los sistemas socioecológicos, se propone que un enfoque de valoración integral permita contar con un panorama completo y complejo de los distintos escenarios, antes de tomar decisiones sobre el territorio donde los escenarios son una construcción participativa en la cual se reconocen diferencias y también se integran elementos técnicos. Es decir que no sólo se trata de informar y consultar a las comunidades ofreciéndoles alternativas sino de construir en conjunto la gestión de su territorio permitiéndoles enfrentar los cambios en pro en su bienestar y en su modo de vida. La pesca es un servicio ecosistémico que debe ser garantizado a los pobladores ribereños y a la sociedad colombiana, y la oferta de peces para los pescadores artesanales depende del bienestar y

23 Entrevistas con pescadores artesanales de Honda y Puerto Bogotá. Agosto a diciembre de 2014.

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DOSSIER conectividad de los sistemas acuáticos en la cuenca Magdalena-Cauca como un todo. Así que es prioritario que todos aquellos sectores productivos de nuestro país confluyan en un gran esfuerzo para desarrollar estrategias que eviten efectivamente su deterioro. (Jiménez-Segura et al. 2015, 16)

Proponemos, por tanto, que se dé una nueva mirada a la cultura fluvial de este sector del Alto Magdalena, a sus actores, espacios, a su cultura material y a sus saberes, de forma que se puedan emprender acciones de comanejo y cogestión integrada de recursos naturales y culturales que permitirán seguir contando con la enorme riqueza que significa la cuenca del río Magdalena y particularmente su paso por el Salto de Honda.

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rev.estud.soc. No. 55 • enero-marzo • Pp. 73-87 • ISSN 0123-885X • eISSN 1900-5180 · DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res55.2016.05

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Tiempo de vidrio y de abundancia | Martín Andrade Pérez – María Catalina García Cháves

Transando el agua, produciendo territorios e identidades indígenas: el modelo de aguas chileno y los atacameños de Calama* Manuel Prieto** Fecha de recepción: 27 de febrero de 2015 • Fecha de aceptación: 14 de julio de 2015 • Fecha de modificación: 21 de agosto de 2015 DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res55.2016.06

R E S U M E N | El Código de Aguas chileno de 1981 es un caso radical de libre mercado. En el desierto de Atacama, los atacameños de la ciudad de Calama han movilizado su identidad indígena y la celebración de tradiciones dentro del contexto de la imposición de este código. Utilizando un enfoque de ecología política, en este artículo exploro cómo la reclamación de los atacameños en contra del modelo neoliberal de aguas está entretejida con el proceso de formación de identidad, tradiciones y el comportamiento del mercado. Para ello, estudio transacciones de derechos de aguas y realizo entrevistas a dirigentes urbanos. Los resultados permiten cuestionar la hipótesis de que en un libre mercado los derechos de agua fluyen hacia usos de mayor valor económico. PA L A B R A S C L AV E | Chile (Thesaurus); atacameños, neoliberalismo, mercados de agua, indigeneidad (palabras

clave de autor).

Compromising Water, Producing Indigenous Identities and Territories: The Chilean Water Model and the Atacameño People of Calama A B S T R AC T | The Chilean Water Code of 1981 is a radical case of implementation of free market policies. In the Atacama Desert, the Atacameño people of the city of Calama have mobilized their indigenous identity and traditional celebrations within the context of the imposition of this code. Using a political ecology framework, in this article I examine how their claims, in opposition to the neoliberal model of water exploitation, are interwoven with the process of identity formation, traditions, and market behavior. For this purpose, I have studied transactions of water rights and conducted interviews of urban leaders. The results bring into question the neoliberal hypothesis that water rights flow towards the uses of greatest economic value within a free market. K E Y W O R D S | Chile (Thesaurus); Atacameño people, neoliberalism, water markets, indigeneity (Author’s Keywords).

Negociando a água, produzindo territórios e identidades indígenas: o modelo de águas chileno e os atacamenhos de Calama R E S U M O | O Código de Águas chileno de 1981 é um caso radical de livre mercado. No deserto de Atacama, os atacamenhos da cidade de Calama mobilizaram sua identidade indígena e a celebração de tradições dentro do contexto da imposição desse código. Utilizando um enfoque de ecologia política, neste artigo, exploro como a reclamação dos atacamenhos contra o modelo neoliberal de águas está entrelaçada com o processo de formação de identidade, tradições e o comportamento do mercado. Para isso, estudo transações de direitos de águas e realizo entrevistas a líderes urbanos. Os resultados permitem questionar a hipótese de que, num livre mercado, os direitos de água fluem a usos de maior valor econômico. PA L AV R A S - C H AV E | Chile (Thesaurus); atacamenhos, neoliberalismo, mercados de água, indigeneidade

(palavras do autor). *

Este trabajo es resultado de los proyectos de investigación “La Ecología Política de los Paisajes Hídricos de la Provincia de El Loa (II Región de Antofagasta)”, financiado por el Concurso Nacional de Inserción de Capital Humano Avanzado en la Academia, Convocatoria 2014 (CONICYT PAI No. 79140014) y “Managing Water and Legalizing Indigeneity: The Chilean Water Reforms and the Atacameño People”, financiado por la Inter-american Foundation y el Institute of International Education (Grassroots Development Fellowship No. G14120053). El trabajo también contó con financiamiento del Interdisciplinary Center for Indigenous and Intercultural Studies (ICIIS), CONICYT (FONDAP No. 15110006).

Ph.D. en Geografía por The University of Arizona (Estados Unidos). Profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo R.P.G. Le Paige, Universidad Católica del Norte (Chile). Entre sus últimas publicaciones se encuentran: Ecología política en Chile. Naturaleza, propiedad, conocimiento y poder (en coautoría). Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 2015 y “Privatizing Water in the Chilean Andes: The Case of las Vegas de Chiu-Chiu”. Mountain Research and Development 35 (3): 220-229, 2015. * mprieto@ucn.cl

DOSSIER

Introducción La dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), dentro del marco de una amplia revolución neoliberal (Klein 2007; Harvey 2005), impuso en 1981 un modelo de gestión de recursos hídricos basado en la privatización y la libre transacción de derechos de agua (Bauer 1998). Debido a su fuerte sesgo ideológico, este modelo es internacionalmente conocido como un ejemplo extremo de gestión de recursos hídricos por medio de mecanismos de libre mercado (Bauer 2004). En el año 1983 la dictadura comenzó a implementar este modelo en la cuenca del río Loa, localizada en el desierto de Atacama (ver la imagen 1). Esto tuvo por objetivo promover el libre mercado en una zona extremadamente árida y de alta competencia hídrica, para así facilitar la libre transacción de derechos entre los sectores minero (la principal fuente económica del país), sanitario y agrícola. Sin embargo, a diferencia de lo previsto por la hipótesis del medioambientalismo de libre mercado (Anderson 1991; Briscoe 1996; Thobani 1995) y los expertos chilenos (Donoso 2004), el mercado no ha sido tan activo como se esperaba y no ha actuado como mecanismo de redistribución de derechos hacia usos de mayor valor económico (Prieto 2014). Por el contrario, de manera paradójica, recientemente son los indígenas atacameños quienes se han vuelto los actores más relevantes en el mercado. Entre múltiples factores que explicarían este fenómeno (no todos explorados en este artículo), me ocupo de la movilización de una identidad indígena articulada a la celebración de tradiciones y costumbres con miras a ejercer pretensiones políticas sobre el territorio, las aguas y, en relación con ello, exigir el reconocimiento de derechos humanos internacionalmente sancionados. Como parte del proceso de negociación post-guerra del Pacífico (1879-1883), hasta el año 1904 la zona de estudio fue territorio boliviano.1 Dentro del contexto de colonización interna de este territorio en tensión geopolítica, el estado chileno ha intentado imponer y fijar una subjetividad nacional homogénea entre los atacameños, proceso conocido como chilenización (el cual más al norte, en Tarapacá, fue impuesto entre los aymaras y los quechuas).2 Este ha operado por medio de múltiples tecnologías de poder, entre otras: violencia, proletarización y aparatos ideológicos —como la escolarización— (Bengoa 2004; Morales 2013). A pesar de lo efectivo de este proceso para intentar erradicar la identidad indígena —y también boliviana— en la zona de estudio, entre finales de la década de 1980 y principios de la década de 1990, los habitantes de la cuencas del río Loa y del Salar de Atacama (ver la imagen 1) comenzaron a auto reconocerse como indígenas atacameños;

Para detalles sobre la Guerra del Pacífico ver Cluny (2008).

Ver detalles en González (2002).

posicionalidad étnica que no estaba del todo clara antes de este período (Gundermann 2003; Barros 2004; Rivera 1997; Morales 2013, Prieto 2014). Como parte de ese proceso, los atacameños han movilizado su identidad indígena en relación con los cuerpos normativos post 1990, la demanda por el territorio y el marco internacional de derechos humanos. Especial rol han tenido los conflictos y reivindicaciones sobre los recursos hídricos (Prieto 2014). Ello no ha sido exclusivo de las zonas rurales. En la ciudad de Calama (ver la imagen 1) diversas organizaciones se han configurado invocando su indigeneidad y han comenzado a celebrar públicamente tradiciones y costumbres referidas al agua con el propósito de demostrar que sus integrantes no son meros agricultores o indígenas urbanos menos auténticos que sus pares rurales. Por el contrario, ellos intentan demostrar que son verdaderos indígenas con reclamaciones legítimas sobre el territorio y los recursos hídricos. En este artículo busco responder a la pregunta de cómo la identidad atacameña y la celebración de tradiciones y costumbres relativas al agua han sido movilizadas con el propósito de transformar Calama, una ciudad minera, en un territorio indígena. Para ello, por medio del estudio de las transacciones de derechos de aguas entre 1981 y 2009 y entrevistas a dirigentes atacameños urbanos, estudio el proceso de articulación de indigeneidad (Li 2000) en relación con las tradiciones y costumbres dentro del contexto de la gobernanza neoliberal del agua. Ello permite, en parte, comprender las paradojas del comportamiento del libre mercado de aguas. En otro trabajo (Prieto 2014) exploro el mismo proceso con énfasis en la colectivización y protección de aguas que surge a partir de la aprobación de la ley ind las aguas de estas cpokmen izadas colectivamente. Si bien es cierto, las aguas de las comunidades urbanas estan te caso de estuígena en 1993 (ley N. 19.253).3 En lo que sigue, describiré el prisma de la ecología política del agua con relación a la propiedad privada, los mercados y la articulación de identidad. En segundo lugar, describiré brevemente el modelo de aguas chileno y su imposición en la cuenca del río Loa. En tercer lugar, me referiré a la zona de estudio con énfasis en Calama. En cuarto lugar, analizaré el comportamiento del mercado de aguas. En quinto lugar, examinaré este comportamiento en relación con el proceso de articulación de identidad indígena y la celebración de tradiciones y costumbres sobre la gestión del agua. Conclusiones de rigor cerrarán este trabajo.

3 Ver artículos No. 62, 63 64 y 3° transitorio que establecen un régimen especial de protección de las aguas aymaras y atacameñas. Transando el agua, produciendo territorios e identidades indígenas | Manuel Prieto

DOSSIER Imagen 1. Provincia de El Loa Perú Ollagüe

Bolivia

Comuna de Ollagüe

Taira Conchi

San Pedro Estación

El Abra Chuquicamata Radomiro Jomic Ministro Hafes

Río San Pedro Ojos de San Pedro Cupo Panini Turi Tocone Ayquina

Argentina

Lasana do Caspana Chiu-Chiu Sala o í R Calama Machuca Río Grande

Comuna de Calama

Río

Vit

Río Loa

Océano P acífico

Río Loa

Chile

Río Loa

San Pedro de Atacama

Toconao

Legenda Río

Talabre Camar

Salar Lago Capital provincial Capital comunal

Socaire Peine

Comuna de San Pedro de Atacama

Comunidad indígena Mina de cobre División entre comunas Represa

Fuente: mapa elaborado por el autor.

Ecología política del agua, propiedad e identidad La ecología política estudia a la naturaleza como un fenómeno híbrido; esto es como un fenómeno simultáneamente social, político y ecológico (Blaikie 1985; Castree y Braun 2001; Robbins 2011). Así, este enfoque problematiza la ontología del agua como algo natural, inevitable y ajena de toda relación social. En cambio enfatiza las relaciones de poder que subyacen al ciclo hídrico. Bajo este prisma, el agua ya no existe como una entidad predada y reducida a la mera fórmula H2O

km 100

(Bakker 2002 y 2004; Swyngedouw 2004). En vez de ello, el agua aparece con un carácter socionatural; como “una cosa ‘híbrida’ que captura y encarna procesos que son simultáneamente materiales, discursivos y simbólicos” (Swyngedouw 2004, 28). Para la ecología política, entonces, el ciclo hidrológico es un proceso metabólico en el que condiciones geológicas, físicas, biológicas y químicas son indisolubles de las relaciones sociales de poder que controlan la distribución y calidad del agua. Así, los paisajes hídricos dejan de ser paisajes naturales que preceden la política.

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Por el contrario, los paisajes hídricos emergen a partir de ciclos hidrosociales conformados por relaciones metabólicas entre naturaleza y sociedad (Budds e Hinojoza 2012; Swyngedouw 2004). Dentro de múltiples instituciones que metabolizan las relaciones entre sociedad y flujos hídricos, los derechos de propiedad y los mercados juegan un rol fundamental. La economía política advierte que ambas instituciones son fenómenos sociales altamente contestados; configurados a través de procesos históricos y luchas de poder (Horwitz 1977; Polanyi 1957; Thompson 1975). Por otro lado, el pluralismo legal cuestiona el estatus ideológico de la propiedad como parte de un régimen legal de carácter formal-estatal y destaca cómo se encuentra superimpuesta, interpenetrada y mezclada con múltiples órdenes legales existentes fuera del Estado (De Sousa Santos 1987). Hay que reconocer que, especialmente en materia de gestión de aguas, las reglas de la propiedad oficial y las reglas fuera del orden estatal tienen fronteras difusas, al punto de llegar a entremezclarse (Guillet 1998). Así, la supuesta neutralidad política de la propiedad y los mercados, defendida por posturas liberales y neoliberales (véase, por ejemplo, Coase 1960; Hayek 1966; Locke 1956; Nozick 1974; Rawls 1971) es cuestionada al develarse que más que una simple cuestión técnica son fenómenos en constante tensión política e incluso epistemológica. Para la ecología política la propiedad sobre los recursos hídricos y sus transacciones inevitablemente están entramadas en el ciclo hidrosocial. Las reglas de la propiedad, al establecer qué es lo que se puede hacer o no respecto a los recursos hídricos y quiénes tienen acceso a los mismos, necesariamente gobiernan y metabolizan las relaciones de poder con el ciclo hidrológico para formar determinados paisajes hídricos en los que se configuran asimetrías en el control de estos. En esta línea, los mercados juegan un rol esencial al ser una tecnología particular de redistribución de la propiedad y, por consiguiente, del control social del agua. Los procesos de formación de identidad también forman parte del flujo hidrosocial y la producción de los paisajes hídricos. Ello invita a desesencializar la identidad y dejar de entenderla como algo preconstituido por sus locaciones socioestructurales y detentando intereses preexistentes (Agrawal 2005; Sundberg 2004). Narrativas hegemónicas sobre la identidad indígena tienden a naturalizarla como un atributo inherente, apolítico y ahistórico. Enfoques naturalistas esencializan esta identidad como una propiedad heredada por procesos análogos a la genética (ver crítica de Ingold 2000). Perspectivas primordialistas la ven como un fenómeno natural, estático y arraigado en relaciones de parentesco (ver, por ejemplo, Cohen 1974 y Shils 1957). Tratando de superar estos enfoques, análisis instrumentistas la presentan como una posición para maximizar intereses económicos y/o políticos (Barth 1969; Cohen 1974).

Desde la ecología política y enfoques afines se ha contribuido a desnaturalizar la indigeneidad con miras a presentarla como una posicionalidad históricamente contingente a la lucha por el acceso y control de los recursos naturales (véase, por ejemplo, Agrawal 2005; Ellen 2006; Escobar 2008; French 2002; Li 2000; Scott 2009; Sundberg 2004). Así, la gobernanza ambiental no sólo se relaciona con el control de la naturaleza, sino también está entretejida con el proceso de formación de identidad (Robbins 2011). En el campo de la gestión del agua las identidades no preceden al ciclo hidrosocial, sino que su devenir está entrelazado a este. Así, las identidades se configuran a través de procesos politizados en los que se reproducen, o contestan, las asimetrías en la distribución de los recursos hídricos (Perreault 2008 y 2010). A modo de resumen, agua, propiedad e identidad están material y políticamente entrelazadas. La primera es interrogada como un flujo hídrico metabolizado por medio de relaciones de poder (Swyngedouw 2004), la segunda como parte de la lucha por controlar los recursos naturales (Bromley 1982; Thompson 1975) y la tercera como un proceso que se constituye mediante los conflictos por el agua (Perreault 2010 y 2008). El ensamblaje entre estos es parte de un ciclo hidrosocial en el que las disputas son inevitables; determinando la producción de paisajes hídricos e identidades en los que hay ganadores y perdedores, poseedores y desposeídos.

El modelo de aguas chileno y su imposición en el río Loa El Código de Aguas chileno (Decreto con Fuerza de Ley 1.122) reduce el agua a una mera mercancía (Bauer 1998; Budds 2004). Su piedra angular radica en separar los derechos de propiedad sobre la tierra de los derechos de agua, permitiendo así la libre transacción de estos últimos en un mercado propio. Otros elementos claves son a) el reforzamiento constitucional de la propiedad privada sobre los derechos de agua, b) una limitación de la agencia estatal de aguas (Dirección General de Aguas, en lo sucesivo DGA) y c) un rol primordial del mercado como mecanismo de redistribución y resolución de conflictos (detalles en Bauer 1998). Uno de los primeros casos de imposición del Código de Aguas fue la cuenca del río Loa, donde en 1983 la DGA comenzó a privatizar los derechos de aguas en los asentamientos de la parte baja de la cuenca: Calama, Chiu-Chiu y Lasana —ver la imagen 1— (Prieto 2014 y 2015b; Yañez y Molina 2011).4

4 Para ver el caso paralelo de la comunidad aymara de Quillagua consultar Barros y Rowlands (2008).

Transando el agua, produciendo territorios e identidades indígenas | Manuel Prieto

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La privatización se basó en una serie de informes técnicos conducidos a finales de la década de 1970 y principios de la década de 1980. Estos fueron acompañados por encuestas in situ y comparendos judiciales. Este proceso se desarrolló dentro de un plan mayor de racionamiento hídrico impuesto al sector agrícola con el propósito de generar un excedente de agua que asegurase las futuras demandas mineras y urbanas (ver detalles en Prieto 2014 y 2015b). Desde la ecología política, el ciclo hidrosocial del río Loa fue politizado bajo un modelo basado en la propiedad privada y el libre mercado. Así, su cuenca devino en un paisaje hídrico reconfigurado por las relaciones de poder mediatizadas por la nueva institucionalidad neoliberal y, como se verá, por el proceso de articulación de identidad asociado a ella.

Calama: “tierra de sol y cobre”, pero también de agricultura y organizaciones indígenas Calama es una ciudad-oasis, capital de la provincia de El Loa (II región de Antofagasta) y de la comuna que lleva el mismo nombre (ver la imagen 1). Esta última concentra la mayor producción cuprífera del país, equivalente al 22.2% del total nacional (Cochilco 2013b). Cifra significativa considerando que durante los últimos veinte años este sector aportó un rango de promedios del 39% al 55% del total de las exportaciones nacionales (Cochilco 2013a). A pesar de que la intensa actividad minera domina el paisaje urbano de Calama, la agricultura aún se desarrolla en sus bordes (ver la imagen 2). Desde la segunda mitad del siglo XIX, esta actividad sustentó, primero, el auge salitrero de la zona y, luego, el boom cuprífero de principios del siglo XX. Sin embargo, el crecimiento urbano asociado al auge minero ha transformado radicalmente el paisaje de la ciudad, desplazando la agricultura como una actividad de subsistencia y espacialmente marginal. Así, en el imaginario cultural nacional la agricultura ha desaparecido de Calama, que únicamente es conocida como la “capital minera de Chile”. Oficialmente se reproduce esta idea. La municipalidad de Calama lleva como lema oficial “Calama, tierra de sol y cobre” y en su página web describe a la ciudad como una ciudad minera (Municipalidad de Calama 2013); el gobierno de la región II de Antofagasta ve la agricultura como una actividad folklórica y únicamente practicada por las comunidades indígenas cordilleranas (Gobierno Regional de Antofagasta 2013). Por otra parte, en la cultura popular Calama es reconocida como una ciudad horrible, con pésima calidad de vida, llena de mineros y prostitución. Un semanario resume satíricamente este imaginario al incluir a Calama en un ranking de las peores ciudades de Chile, describiéndola como: […] la ciudad de mierda por excelencia. El sueldo de Chile concentrado en un lugar artificial, feo, insípido,

Imagen 2. Plantaciones de maíz en la Asociación Indígena Atacameña de Regantes y Agricultores Lay Lay (Calama), 2015. Están rodeadas por conjuntos habitacionales consolidados y obras de construcción de nuevas viviendas. Fotografía de Freddy Viñales. el cual los excedentes del cobre que no se lo llevan las empresas circulan en autos enormes, y se convierten en servicios sexuales, [alcohol] y drogas. Hablar de Calama es hablar de [cervecerías], prostitución y líneas de coca jaladas en esos insalubres baños donde los mineros van a [orinar] toda la cerveza […] que antes tomaron mientras miraban como [huevones] el [fútbol por televisión]. Con temperaturas extremas, partículas de metales pesados en el aire y un penetrante olor a [testículo] y sobaco por toda la ciudad […] En Calama […] sólo se respira mala onda y masculinidad mal entendida. (The Clinic 2013)

Estos estereotipos contrastan con la realidad agrícola e indígena que se desarrolla en Calama. En Calama, dieciocho canales distribuyen las aguas del río Loa. En 1961 esta red regaba entre 1.000 y 1.400 Ha. para el cultivo de alfalfa, maíz, trigo, espárragos y ajos (Araya 2006; Dirección de Riego 1962), además de la existencia de amplias zonas para ganadería y pastoreo. Como parte de la aceleración del proceso de industrialización, proletarización y consecuente urbanización, a partir de la segunda mitad del siglo XX la agricultura comenzó a disminuir significativamente. Según datos oficiales y de teledetección, Araya (2006) muestra cómo la tierra regada ha disminuido de 1.358,8 Ha. en 1961 a solo 553,2 Ha. en el año 2005. Muchas de las actividades agrícolas de Calama son desarrolladas por asociaciones y comunidades indígenas urbanas. Esto contrasta con la idea de que Calama es exclusivamente una ciudad minera y, además, problematiza la idea de que los indígenas urbanos no desarrollan actividades agrícolas. Los imaginarios del indígena andino como aislado en comunidades autárquicas, practicando agricultura y pastoreo invisibilizan la agencia de los atacameños

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urbanos. A pesar de algunas excepciones (ver Carrasco y Fernández 2009; Imilan 2007; Valenzuela 2006), los estudios sobre los atacameños se han concentrado en zonas rurales, minimizando su realidad urbana, o representándola ya sea en oposición o como amenaza a un ideal de vida tradicional (ver, por ejemplo, Larraín 1989). Esta idea incluso es reproducida por algunos atacameños rurales que ven a sus pares urbanos como menos auténticos o “indígenas inventados”. Sin embargo, la realidad urbana en lugar de estar al margen del acontecer atacameño es parte de su núcleo (Imilan 2007). Después de la aprobación de la Ley Indígena en 1993, este hecho se hizo aún más evidente en la medida en que varias organizaciones indígenas urbanas comenzaron a formalizarse (Barros 2004). En Chile las organizaciones indígenas (asociaciones y comunidades) no eran formalmente reconocidas hasta la vigencia de la Ley Indígena. En relación con la gestión del agua, en la ciudad Calama este hecho fue crucial en la medida en que el reconocimiento y creación de las organizaciones que practican agricultura comenzó más tarde que en las comunidades rurales. A diferencia de las comunidades rurales, antes de la Ley Indígena, las organizaciones urbanas bien no existían o no tenían visibilidad pública. De hecho, aunque las comunidades rurales comenzaron a formalizarse en 1994, sólo después del 2001 se crearon siete organizaciones indígenas urbanas que practican agricultura y sólo una fue creada antes —Asociación Atacameña Likantatay (1994)—. Esto no quiere decir que no había atacameños en Calama antes de la Ley Indígena, de hecho la mayoría de los atacameños reside en la ciudad de Calama.5 En las comunidades rurales existe un escenario diferente. Estas están claramente definidas por la existencia de antiguos asentamientos, hay un marcado sentido de pertenencia entre sus habitantes, tradiciones y costumbres particulares, límites territoriales consuetudinarios respecto a vastas extensiones territoriales, relaciones de parentesco reconocidas y organización política propias (Prieto 2014). Estos elementos constituyeron una base visible al momento de movilizar la noción de comunidad ante el Estado para que este las formalizase legalmente, en reemplazo de otras organizaciones de la época dictatorial (juntas de vecinos, centros de madre, clubes deportivos, entre otros). Los atacameños urbanos son principalmente inmigrantes o descendientes de inmigrantes de las 5 No hay datos precisos sobre la población de atacameños residentes en la ciudad de Calama. El censo nacional de 2012 ha sido cuestionado. Valenzuela (2006), basada en los datos del censo nacional de 2002, afirma que el 45,9% de la población atacameña (21.015) vive en Calama. Sin embargo, su estimación es incorrecta porque corresponde a toda la comuna; que además de la ciudad incluye varios asentamientos rurales (ver la imagen 1).

comunidades rurales. Sin embargo, también hay atacameños urbanos que se identifican como tales y no son migrantes, argumentando que Calama siempre ha sido un territorio indígena.6 Los atacameños urbanos bien pueden estar completamente asentados en la ciudad o, como práctica común, pueden alternar períodos de largo o corto plazo en la ciudad y en los asentamientos rurales. En el marco de la articulación y legalización de una identidad indígena (en el sentido de French 2009; Li 2000) atacameña, durante finales de 1980 y principios de 1990 algunos atacameños urbanos comenzaron a formalizar las organizaciones bajo la Ley Indígena. Desde entonces, 53 organizaciones indígenas urbanas se han formado.7 En referencia a la gestión del agua, ocho de estas organizaciones practican agricultura.8

El mercado de aguas en Calama y las organizaciones indígenas De acuerdo a la lógica neoliberal, el libre mercado debería redistribuir los derechos de agua hacia los usos de mayor valor de cambio (Anderson 1991; Briscoe 1996; Thobani 1995). A pesar de que en la zona de estudio popularmente se cree que las mineras y empresas sanitarias han comprado muchos derechos de agua, y que los expertos sostienen que en el río Loa los agricultores han vendido sus derechos a las mineras (Donoso 2004), tras analizar las transacciones de derechos de agua entre 1981 y 2009 confirmé la insignificancia del mercado como mecanismo de redistribución de derechos hacia los sectores minero y sanitario. Por el contrario, corroboré que el modelo chileno más bien ha fortalecido los derechos otorgados por el Estado bajo modelos anteriores a estos sectores y les ha otorgado centralizadamente nuevos derechos bajo el nuevo código (Prieto 2014). Es más, dentro de la poca movilidad del mercado, las organizaciones indígenas han sido importantes compradores de derechos de agua.

Para el caso de la Comunidad de La Banda ver Araya y Segovia (2009), para el de Chunchuri ver Barros (2008a).

7 La mayoría de estas organizaciones son atacameñas, pero también las hay quechuas, aymaras y excepcionalmente mapuches. Entre estas, hay tres comunidades: las Comunidades atacameñas Lickan Antay Agrícola y Cultural Kamac Mayu, Hijos de Yalquincha, La Banda y la Quechua SumacLlajta. Durante el trabajo de campo conducido para escribir este artículo, la Comunidad Atacameña de Chunchuri estaba en proceso de formalización. 8 Estas son: Asociaciones Indígenas Atacameñas Likantatay, Agricultores Lickan Antay, Agricultores Chunchuri Poniente, Indígena de Regantes y Agricultores Lay Lay, Agrícola y Cultural del Sector Cerro Negro y Sector las Vegas y de Regantes y Agricultores Patta Hoiri. Comunidades indígenas Sumac Llajcta y Lickan Antay Agrícola y Cultural Kamac Mayu, Hijos de Yalquincha.

Transando el agua, produciendo territorios e identidades indígenas | Manuel Prieto

DOSSIER Tabla 1. Número y porcentaje de transacciones de derechos de agua superficial en Calama por tipo de comprador (1981-2009) Compradores Varios usos privados

Minería

Intermediarios

Agua potable

Org. Indígenas

Construcción

Org. sin fines de lucro

Total

No.

503

100

787

63,9

12,7

2,5

2,6

1,1

100

Fuente: elaboración del autor con base en la información obtenida del Conservador de Bienes Raíces de Calama. Tabla 2. Volumen y porcentajes de agua superficial (m3/año) comprado en Calama por tipo de comprador (1981-2009) Compradores Varios usos privados

Minería

Intermediarios

Agua potable

Org. Indígenas

Construcción

Org. sin fines de lucro

Total

m3/año

38.861.231,1

8.394.164,9

7.579.968,4

12.876.471,4

3.359.190,7

1.531.159

362.837,1

69.404.862

57,2

12,3

12,1

16,6

4,9

2,2

0,5

100

Fuente: elaboración del autor con base en la información obtenida del Conservador de Bienes Raíces de Calama.

Las tablas 1 y 2 muestran las transacciones de derechos de aguas en la comuna de Calama. Estas incluyen las zonas urbanas y rurales, pero excluyen las transacciones en las localidades de Chiu-Chiu y Lasana.9 Las transacciones se organizan según el tipo de compradores.10 La mayoría de los derechos de agua no fluyen hacia los usos de mayor valor económico (sector minero y sanitario), sino hacia sectores múltiples imposibles de agrupar bajo una misma actividad e indicados como “varios usos privados” (entre otros: cementerios, constructoras, hoteles, empresas de turismo). Las compañías de agua potable son las principales compradoras, pero solo en términos de volumen ya que su participación es mínima en la cantidad de transacciones. Las mineras son las principales compradoras de derechos y las segundas en términos de volumen de agua adquiridos. Un intermediario ha jugado un rol importante (Luis Pacasse, ex alcalde de Calama designado autoritariamente por la dictadura militar) al comprar derechos de agua para luego venderlos a las mineras. Si bien es cierto que todas estas transacciones son de derechos de aguas superficiales, hay 17 compraventas de derechos de aguas subterráneas. Todas estas fueron realizadas entre compañías de un mismo

9 Se excluyen ya que son las únicas comunidades indígenas en la comuna de Calama donde el Estado privatizó exitosamente los derechos de agua, lo que invita a un análisis desagregado. Para este análisis ver Prieto (2014). 10 Ver detalles de las transacciones en Prieto (2014).

holding, sin que existiese real transferencia entre propietarios (Prieto 2014). Las organizaciones indígenas urbanas tienen cierta participación en las compraventas de derechos de aguas (tabla 1). Sin embargo, su participación es menor en relación con los volúmenes de aguas transados (tabla 2). Ahora, como señalé arriba, las organizaciones indígenas urbanas comienzan a formalizarse predominantemente con posterioridad al año 2001. Esta situación invita a re enmarcar las transacciones dentro del periodo 2001-2009 (tablas 3 y 4). Por otro lado, es también a partir del año 2001 que comienza a operar en Calama el Fondo de Aguas, un subsidio garantizado por la Ley Indígena y administrado por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (en lo sucesivo Conadi) y las organizaciones e individuos para adquirir derechos de agua en el mercado (ver artículo 20 de la Ley No. 19.253). Estas tablas muestran un giro en el comportamiento del mercado después de 2001. A diferencia de años anteriores, las organizaciones indígenas se vuelven protagonistas tanto a nivel del número de transacciones en las que participan como compradoras, como a nivel de volúmenes de agua adquiridos. La sorpresa es que estos datos cuestionan los supuestos del modelo neoliberal. Las organizaciones indígenas que desarrollan agricultura compran más aguas que los actores con mayor poder de compra (compañías mineras y empresas sanitarias). Este hecho constituye una verdadera anomalía para la hipótesis neoliberal que sostiene que bajo un modelo de libre mercado, los commodities deben de ser redistribuidos a aquellos usos de mayor valor. Esta situación invita a estudiar sus causas.

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DOSSIER Tabla 3. Número y porcentaje de transacciones de derechos de agua superficial en Calama por tipo de comprador (2001-2009) Compradores Varios usos privados

Minería

Intermediarios

Agua potable

Org. Indígenas

Construcción

Org. sin fines de lucro

Total

No.

173

318

54,4

16,3

0,9

1,8

22,3

3,7

0,3

100

Fuente: elaboración del autor con base en la información obtenida del Conservador de Bienes Raíces de Calama. Tabla 4. Volumen y porcentajes de agua superficial (m3/año) comprado en Calama por tipo de comprador (2001- 2009) Compradores Varios usos privados

Minería

Intermediarios

Agua potable

Org. Indígenas

Construcción

Org. sin fines de lucro

Total

m3/año

15.958.154,3

2.112.291,4

317.622

2.119.903,5

3.359.190,7

931.166

1000

24.799.327,8

64,3

8,5

1,2

8,5

13,5

3,7

0.0

100

Fuente: elaboración del autor con base en la información obtenida del Conservador de Bienes Raíces de Calama.

Indigeneidad, celebración y decomodificación del agua A pesar de que en Calama el mercado de aguas no es tan activo como se esperaba, de todas formas hay una redistribución de derechos entre múltiples usuarios, incluyendo a los regantes indígenas. Así, una vez que el Fondo de Aguas comenzó a operar, los indígenas beneficiados por este han debido competir en el mercado en igualdad de condiciones contra los otros usuarios que están dispuestos a pagar más por los derechos disponibles. Dentro de este marco de competencia una de las formas utilizadas por las organizaciones indígenas para ganar poder de compra ha sido movilizar su identidad, en articulación con sus tradiciones y costumbres y, entre estas últimas, específicamente las limpias de canales (comúnmente llamadas limpias). Estas son trabajos colectivos para la limpieza de los canales de riego acompañados de actos ceremoniales de ofrendas al agua, comúnmente llamados pagos.11 Una vez que el Fondo de Aguas es adjudicado por la Conadi a alguna organización, esta debe competir para adquirir los derechos disponibles en el mercado. Considerando los altos precios que los actores con poder de compra están dispuestos a pagar, las organizaciones indígenas han debido movilizar su indigeneidad, tradiciones y costumbres como significantes que refuerzan el valor comunitario y la economía moral del agua (en el sentido de Brown y Ingram 1987; Rodríguez 2006; Trawick 2001; Wutich 2011) vis-à-vis con el valor económico del agua fijado por la ley de la oferta y la demanda.

11 Para una revisión general de estas ceremonias en zonas rurales ver por ejemplo Castro y Varela (1994).

Para este trabajo conduje entrevistas entre líderes de cuatro organizaciones atacameñas urbanas12 que han comprado derechos por medio del Fondo de Aguas. Ellos me permitieron conocer de qué manera el proceso de articulación de identidad, las tradiciones y costumbres y, en especial, la celebración pública de las limpias de canales han cumplido un rol clave para crear, por un lado, conciencia ante las amenazas de las industrias extractivas y, por otro, incentivar a los indígenas titulares de derechos de agua para que en vez de venderlos a estas industrias se los vendan a las organizaciones indígenas con miras a colectivizarlos. El primer líder entrevistado (L1 2013) me explicó cómo empezaron con el proceso de compra: Al principio fue muy complicado porque el precio que las mineras ofrecían eran cinco veces más alto. Entonces ese fue un proceso que hicimos con nuestra gente. Ese fue parte de nuestro proceso de reivindicación de nuestra propia identidad. Nosotros hablamos con la gente, nosotros decíamos señora, nosotros como indígenas no podemos pagarle lo que le paga la empresa minera, [si usted le vende a la empresa minera] va a [obtener] mucha plata. Pero, eso es vender parte de su tierra, parte de su madre, su cultura, su tradición. Eso es vender su propia identidad. Nosotros no estamos comprando [sus derechos de agua] para hacer un negocio, porque nosotros no hacemos negocios… Para nosotros tra-

12 Asociaciones indígenas de Agricultores Lickan Antay, Agricultores Chunchuri Poniente y una tercera que solicitó anonimidad. Se guarda la anonimidad de los entrevistados a petición de estos.

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DOSSIER bajar la tierra y mantener el agua en el oasis y en las comunidades y asociaciones urbanas es un trabajo cultural, para mantener nuestra cultura viva. No es un trabajo para hacerse rico o comprar cosas.

L1 (2013) escribe cómo la identidad indígena juega un papel fundamental en la sensibilización ante las amenazas que el poder adquisitivo de las empresas mineras imponen a la forma de vida urbana atacameña. Él presenta al mercado como un instrumento que de ser utilizado por las empresas mineras es un peligro para el oasis y, al mismo tiempo, operaría como una vía para la compra de las tradiciones, cultura e incluso la identidad atacameña. Sin embargo, al mismo tiempo, el L1 (2013) utiliza la narrativa de la tradición, cultura e identidad para persuadir a los posibles vendedores de derechos de agua para que los transfieran a las organizaciones atacameñas. Él argumenta que si los atacameños venden sus derechos a las organizaciones, el agua continuará fluyendo en el oasis como condición necesaria para mantener la identidad atacameña, sus tradiciones y costumbres. Considerando el alto poder adquisitivo de las empresas mineras, la movilización de la identidad desempeña un papel importante en el momento que los vendedores deciden a quién vender sus derechos de agua. De hecho, el L1 (2013) señala que las empresas mineras están dispuestas a pagar cinco veces más el precio promedio que el pagado por las organizaciones indígenas. Él aclara esta relación entre precios al señalar: “para nosotros, los atacameños, el valor comunitario [del agua] es mayor que el valor que las empresas mineras están pagando”. Con el propósito de indagar el cómo del proceso por medio del cual la indigeneidad, las tradiciones y costumbres han sido movilizadas dentro del mercado entrevisté al presidente (L2 2013) de una de las dos principales asociaciones atacameñas urbanas que han comprado derechos. Yo: ¿Cómo se acercan a las personas que quieren vender sus derechos de agua? L2: Usted tiene que convencer a la gente que venda a nosotros y decirles “oiga no le venda el agua a la minera y [que] vamos a seguir con el oasis”. Es como lavarles el cerebro. ¿Cachai? [¿Comprendes?] Hay que hacerles entender que el agua va a quedar acá [en la asociación], que va a seguir la agricultura, o si no [las aguas] se la van a llevar las mineras y se van a perder las tradiciones. Yo: ¿La gente se convence de lo que usted les dice? L2: Sí Yo: ¿Por qué?

L2: Debido a que son atacameños y observan que es necesario [tener agua] para mantener viva esa identidad. Yo: ¿Las empresas mineras ofrecen más dinero de lo que ofrecen ustedes? L2: Sí, pero la gente no quiere venderle [a las mineras], por que como [esta tierra y esta agua] fue de sus padres y de sus abuelos, entonces hay un cargo de conciencia. Y hay tradiciones que hay que respetar. El día de mañana van a decir “le vendí las aguas a las mineras”… y en 20 o 15 o 50 años el río y el oasis van a estar seco, y cagamos. No va a haber nada. Desaparecerá la forma de vivir de nuestros antepasados. Por ese lado tenemos que atacar, crear conciencia. Hay dueños [de derechos de aguas] que son indígenas y no indígenas. Y allí hay muchos que al no ser indígenas no les interesa mantener el oasis, a los indígenas sí les interesa, por eso prefieren vender el agua a nosotros, no a las mineras y mantener el oasis vivo. Yo: ¿Quiénes les venden el agua a las organizaciones indígenas? L2: Generalmente son los mismos indígenas que pertenecen a las organizaciones. Nosotros nos organizamos y les decimos: “no le vendan a las mineras, véndanos a nosotros a un menor precio y así vamos a mantener la agricultura, las tradiciones y las costumbres”. Es más fácil que los indígenas entiendan la idea de que hay que mantener el agua en el oasis que los otros agricultores que no son indígenas. Imagínate que aquí los grandes agricultores ya vendieron el agua, ya que a ellos ya no les interesa a agricultura… en cambio los indígenas que riegan en Calama quieren mantener el oasis y las costumbres. Eso es porque hay un ADN que viene inserto en los indígenas. Eso es natural. Lo que estamos haciendo con todo esto es despertar ese ADN.

Al preguntarle a la líder de una tercera organización atacameña (L3 2013) cómo se dirigen a los potenciales vendedores, ella me respondió de manera similar: Uno va y le explica a la gente que se va a perder la agricultura, que el oasis va a desaparecer. La gente entiende y ellos prefieren vender el agua a un menor precio que vender el agua a los mineros. Ellos prefieren vendernos a nosotros para que no se pierda la agricultura, el oasis, mantener las tradiciones y las costumbres. Uno empezó a hablar con las personas y sicológicamente la gente cambió el switch [de mentalidad]. La gente entendió que la agricultura se mantendría aquí, que el oasis seguiría vivo, que el agua no se la llevaría las mineras y que seguiríamos cultivando el choclo. De esas formas se mantendrían las tradiciones y las costumbres. Ellos entendieron que ser atacameños es estar conectado

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DOSSIER a la tierra y al agua. Por eso necesitamos comprar agua para la comunidad, y por eso las personas prefieren vender el agua a las asociaciones en un costo más bajo que a las mineras.

Yo me interesé por el rol de las tradiciones y costumbres, especialmente por las limpias que las organizaciones indígenas urbanas desarrollaban antes de iniciar las actividades de cultivo. En específico, tenía curiosidad de saber más sobre cómo estas juegan un rol en la reproducción de una autoidentificación y, a su vez, cómo esta autoidentificación ha tenido influencia en el comportamiento del mercado. Al respecto, mantuve la siguiente conversación con un líder de una de las asociaciones de regantes indígenas que más agua ha comprado (L4 2013). Yo: La gente habla mucho de las tradiciones y las costumbres en las comunidades rurales. ¿Ustedes tienen [tradiciones y las costumbres] en Calama? L4: Seguro. No existe esa distinción. Las costumbres y tradiciones con respecto al agua han existido de toda la vida. Tanto para nosotros [indígenas urbanos] como para ellos [indígenas rurales] el agua son las venas de la Madre Tierra. Sin el agua no habría vida en todo sentido. Por eso hay un respeto único hacia las aguas y nosotros queremos recuperarlas de lo que pasó en 1980 [en referencia a la privatización]. Por eso se hacen las tradiciones y las costumbres. En el mes de agosto empiezan las limpias de canales en las diferentes comunidades del interior [comunidades rurales], pero también aquí. También está el pago [las ofrendas] al agua, como lo hacían nuestros ancestros. A nosotros nuestros ancestros nos decían que cada ser de la naturaleza es alguien vivo, el agua, la tierra, el sol, el viento, los volcanes, los Mallkus [cerros sagrados y/o tutelares]. Yo: ¿Se han hecho siempre limpias en Calama? L4: Sí, siempre las hacemos, todos los años lo hacemos. Con las costumbres. Primero hacemos la limpieza [de los canales] y luego hacemos el pago al agua. Yo: Pero, ¿Siempre? L4: Sí, ¿Por qué no me cree? Esos pagos se han hecho siempre. Se han transmitido generación tras generación. Siempre hay una persona que los hace, es el sabio, el que hace la rogativa del agua. Todos participan y piden cosas como que se proteja el agua, que el agua siga regando, que siga corriendo por la comunidad... Yo: ¿Esos pagos y las limpias se han fortalecido últimamente? L4: Sí. De hecho… la limpia de canales se hace un mismo día para varias comunidades. Estamos nosotros,

Chunchuri bajo, alto y Likantatai… Las tres comunidades participan, todas juntas. Likantatai comienzan limpiando su sector, Chunchuri el suyo y nosotros empezamos en el canal principal allá arriba y al final todos nos juntamos por allá. El año pasado participó la comunidad Likantatai y también gente [de la comunidad] de Lay Lay. Hicimos los pagos en conjunto. Cada comunidad llevó sus cosas, sus comidas e hicimos las tradiciones directamente en el río. Yo: ¿Antes no era así? L4: No, el año pasado no se hizo así, porque todos los años anteriores los hacíamos por separado. Cada uno en su propia comunidad hacia las limpias por su cuenta. Terminábamos la limpia en nuestro sector, después íbamos, hacíamos el pago y terminábamos con un almuerzo. Pero el año pasado fue diferente, y las comunidades nos juntamos. Yo: ¿Por qué? L4: Porque… hicimos rogativas especiales al agua, a los Mallkus, a la Pachamama [Madre Tierra]. Necesitamos más fuerza. Muchos pidieron por la defensa del agua, su protección, para que las tradiciones no se perdieran, que siguieran las costumbres y no se pierdan. Queremos fortalecer nuestras costumbres. Todo esto nos da más fuerza para mostrar nuestra identidad y quienes realmente somos nosotros, los Likan Antai.13 Mostrar, nuestras tradiciones y nuestro pueblo, eso se le enseña a las personas. Así es como vamos recuperando nuestra identidad y la mantenemos viva. Muchos de los que participan de esto son indígenas, y cada vez la gente se va motivando. Hay gente que es indígena pero que antes no se motivaba, ahora les dan más ganas de participar. También hay no indígenas que se entusiasman, muestran interés y les enseñamos esto. Ellos también aprenden de nuestras tradiciones y de quienes somos. Así la gente aprende como se hacen los pagos. Cuando haces la ceremonia le echamos coca, el vino, el aguardiente y la gente se va a despachar [arrojar las ofrendas] directo al canal. La gente que tiene fe va y despacha, y le pide a los abuelos [en referencia a los ancestros] y a los Mallkus que no se acabe el agua, que cuide el río Loa, que se mantenga el oasis. Yo: ¿Hay cosas nuevas por las que pidan que antes no pedían? L4: Siempre hemos pedido para que haya agua fluyendo y buenos cultivos. Pero ahora también

13 Durante la mitad de la década del 90, algunos atacameños abandonaron esta denominación y la reemplazaron por el nombre Likan Antai, cuyo significado en la extinta lengua Kunza (mantenida en la toponimia y diccionarios) es “los habitantes del territorio”. Transando el agua, produciendo territorios e identidades indígenas | Manuel Prieto

DOSSIER pedimos a Pachamama para que las mineras dejen de dañar el medio ambiente, dejen de sacar nuestras aguas, traigan agua de mar, que no compren más agua, que la gente no venda su agua. Para que las mineras no sequen el oasis. Yo: ¿Cuándo empezó eso? PA: Cuando los problemas quedaron evidentes cuando las mineras se llevaron nuestras aguas. Porque los que más causan daño son las mineras Yo: ¿Ustedes han comprado agua en su comunidad? ¿Cuál es la importancia de las tradiciones y las costumbres en las compras? PA: Cuando tú celebras las tradiciones y las costumbres, invocas a los seres superiores, el agua, los Mallkus, nosotros nos damos cuenta de quienes realmente somos. Por eso decimos que el agua para nosotros es vida, es un dios, es algo que nosotros le tenemos un respeto único y en ese sentido [las tradiciones y costumbres] siempre se han practicado y nunca se puede perder. Estas costumbres tienen que seguir en el tiempo y no perderse. Si alguien no hace [las tradiciones y costumbres] tiene que buscar nuevas personas para que siga y no muera. Si las nuevas generaciones no las siguen, el oasis morirá…. Es así como la gente se va sensibilizando con las costumbres, se siente lo que son, y no quieren vender [sus derechos de agua] a las mineras. La gente viene aquí y hace las costumbres, participan de las limpias. En las limpias les explicamos a ellos [cómo hacer las costumbres y las limpias]. La gente dice que están vendiendo sus derechos de agua porque tienen problemas, porque los heredaron, porque no tienen dinero, y otras razones. Nosotros buscamos que una persona indígena, o una asociación o una comunidad indígena que les compre esos derechos, pero no una minera. Yo: ¿Quién está celebrando las costumbres en Calama? L4: …Las únicas comunidades que hacen las costumbres son Chunchuri, Lay Lay y Likantatay. Las costumbres y tradiciones siempre se han realizado, pero antes de manera más íntima, más privada. Eran practicadas en sus propios círculos, en sus propias familias. Nuestros abuelos nos enseñaban en qué fechas tenías que hacer los floriamentos,14 los pagos al agua para las siembras. Eso se ha transmitido en tus propios círculos privados. Esto se ha mantenido.

14 Este es un ritual de producción que consiste en la decoración de las orejas, la espalda y el pecho de los animales domesticados (principalmente llamas, alpacas, ovejas, corderos y cabras; excepcionalmente burros y perros) con flores de lana de diferentes colores. A través del floreamento se asegura la reproducción y la salud de los animales.

Nosotros hemos tratado de que eso no muera. A veces la misma naturaleza te pide lo mismo. Yo: ¿Ahora qué pasa con esas costumbres privadas? L4: Antes eran más desconocidas, como te decía, más íntimas. Eran practicadas en las familias. Ahora son más públicas. Antes no se conocía mucho, antes no se conocía el pago al agua por ejemplo. Los pagos por ejemplo eran practicados por cada familia, o al menos por algunas familias. Antes la gente no sabía acerca de las costumbres, no como en las otras comunidades [en referencia a las comunidades rurales] como en San Pedro [de Atacama], donde siempre se practican públicamente. Pero acá no se hacía tan público. Pero antes siempre se hacían de manera más privada. Yo: ¿Por qué ahora se celebran en público y antes no? L4: Porque queremos decir que Calama no es un campamento minero, una ciudad minera, [y] la capital minera de Chile. Queremos decir que Calama es nuestra tierra indígena. De hecho, mucha gente del interior [comunidades rurales] ha emigrado a Calama, y usted puede encontrar los restos de nuestros antepasados en Topater.15 Calama siempre ha sido una tierra indígena, no una tierra minera. Y eso es lo que estamos reivindicando. Queremos recuperar nuestra agua, para traer de vuelta el sentido de comunidad, para decir: sí, somos indígenas en nuestra propia tierra indígena; sí, podemos regar nuestra propia tierra indígena. Por eso estamos comprando agua, y por eso queremos comprar más agua. Porque queremos que nuestra agua sea de nuevo a título colectivo, no como algo que se puede vender. Nosotros decimos: somos indígenas, y eso nos da fuerza para comprar, comprar y comprar más agua… Con los recursos que recibimos recuperamos el agua no para hacernos ricos, sino que para recuperar nuestra identidad como indígenas y decir que Calama es zona indígena, no ciudad minera.

En estas respuestas, los líderes de las organizaciones que han estado comprando agua por medio del Fondo de Aguas conectan explícitamente la compra de derechos tanto con el refuerzo de la articulación de una identidad indígena como con las tradiciones y costumbres. Incluso llegan a naturalizar el vínculo entre gestión de agua e indigeneidad como una cuestión genética. Con el propósito de tener éxito en el mercado, las organizaciones indígenas han tenido que movilizar su indigeneidad y celebrar públicamente las tradiciones y costumbres como significantes que refuerzan la identidad atacameña como suturada de valores comunitarios del agua que la presentan como un ser sagrado,

15 Un cementerio prehispánico localizado en Calama.

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inseparable de la tierra, que debe fluir dentro del oasis y que demanda la celebración de rituales. De hecho, las mismas organizaciones han publicado libros de difusión para visibilizar estas prácticas y cosmovisiones (ver, por ejemplo, Araya y Segovia 2010). El refuerzo de estos valores constituye una barrera para el libre mercado en el sentido de que los derechos de aguas no son vendidos a aquellos actores que ponen en riesgo la forma de valorizar el agua por parte de los atacameños. Sin embargo, paradójicamente, constituye un facilitador de las transacciones cuando el mercado es utilizado como un instrumento para adquirir derechos de agua por parte de las asociaciones. En estos casos, los informantes ven la compra de derechos como destinada a un proceso de transformar el territorio de Calama: una ciudad minera en un territorio indígena. Ello, al punto de resignificar la ciudad como un ayllu,16 forma tradicional de organizar el territorio en los Andes. Tal como me señala el líder de uno de los primeros grupos políticos indígenas urbanos, Zhali Likan Kapur (L5 2013): El Fondo [de Aguas] es un instrumento para recuperar nuestra forma ancestral de vida en el oasis. Este es nuestro territorio y es lo que reclamamos. Este es nuestro ayllu y el agua es el elemento clave para que los atacameños sobrevivan.

Conclusiones El Código de Aguas chileno de 1981 intentó imponer un modelo de “ecología apolítica” (Robbins 2011, 11) de gestión de recursos hídricos. Ello, bajo el supuesto de que la distribución de aguas mediante el libre mercado es aséptica ante toda influencia política (Prieto 2015a). Rompiendo este imaginario higienista, la ecología política ve la propiedad privada sobre el agua y su transacción desregulada como instituciones “altamente contestadas” y que metabolizan las cuencas hidrográficas. Así, el paisaje hídrico de la cuenca del río Loa es un paisaje híbrido, co-constituido por los flujos de aguas y las relaciones entre aquellos ganadores y perdedores, poseedores y desposeídos que emergen del control institucional y la lucha por el acceso al agua (Swyngedouw 2004). Esta perspectiva permite comprender cómo las asimetrías de poder en la producción y control del paisaje hídrico de la cuenca del río Loa, más que ser un mero capricho climatológico del desierto más árido del mundo o una cuestión inherente a la hipotética neutralidad del mercado, son resultado de relaciones de poder. A pesar de la rica literatura que adopta este enfoque, la ecología

16 Forma tradicional de organizar colectivamente el territorio en los Andes (Murra 1972). A pesar de ser una organización de origen pre-Inka, se mantienen en el presente. En la zona atacameña el concepto es utilizado para referirse a las comunidades que forman el poblado de San Pedro de Atacama.

política del agua ha minimizado cómo los procesos de formación de identidad y celebración de tradiciones también participan del ciclo hidro-social. Por el contrario, generalmente estos son interrogados como predeterminados por posiciones étnicas y prácticas culturales “predadas” dentro de campos políticos en los que se batalla por intereses preexistentes. En este trabajo he intentado explorar la pregunta de cómo la gobernanza neoliberal del ciclo hidro-social de la cuenca del río Loa afecta y, al mismo tiempo, es afectada por los procesos de formación de identidad y tradiciones asociadas a la gestión del agua. Así, las luchas por el agua, además de estar vinculadas al ciclo hidro-social a través de tensiones más amplias de economía política y discursos, también está relacionada con los pensamientos sobre cómo las personas se autodefinen en relación con estos conflictos y sus prácticas relativas al agua. El modelo de aguas chileno ha generado asimetrías de poder, conflictos entre usuarios, problemas de equidad y crisis ambientales (Bauer 2004; Budds 2004). La cuenca del río Loa es un ejemplo radical de ello en la medida que la privatización ha fortalecido el poder de mineras y sanitarias en el control de los derechos de agua (Barros 2008b; Budds 2010; Carrasco 2011; Molina 2005; Molina 2012; Prieto 2015b; Yañez y Molina 2011) y, por consiguiente, en el control de la producción del paisaje hidrosocial. Ante este escenario, los atacameños urbanos se refieren al mercado como una amenaza que reproduce una historia de desposesión de sus aguas, degradando su cultura y condiciones materiales de subsistencia. Sin embargo, al mismo tiempo, en la ciudad de Calama han sido capaces de maniobrar dentro del mercado y utilizarlo para mantener, e incluso reproducir, su identidad y tradiciones vis-à-vis con el libre mercado y las amenazas de despojo. Así, paradójicamente el mercado ha sido apropiado bajo la narrativa de que sirve para recuperar el riego, como un modo ancestral de vida con miras a neutralizar los efectos del neoliberalismo. En el contexto de la gestión neoliberal del agua, las identidades y prácticas son resignificadas como tradicionales y han devenido en sitios de acción política; donde las personas son agentes que movilizan su autorepresentación, sus concepciones del mundo, sus prácticas y sus demandas territoriales dentro del ciclo hidro-social. Aquí, el libre mercado es un contexto en el que se articulan identidades y las tradiciones de riego salen de la esfera de la intimidad para ser celebradas en público; ello, dentro de un escenario de tensiones políticas para proyectar una nueva historia y reivindicar el control de los recursos (French 2002). De este modo, siguiendo a Li (2000), la identidad atacameña y sus prácticas no son naturales ni inevitables; tampoco puramente instrumentales, inventadas o impuestas desde arriba. Estas son posicionamientos históricamente sedimentados en procesos de apropiación y expropiación de tierras y aguas que han sufrido desde la colonia y en especial relación con los ciclos mineros.

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Por medio de la celebración pública de las limpias, los atacameños urbanos quieren demostrar que no son ni simples campesinos urbanos ni tampoco indígenas que han perdido autenticidad. Ellos quieren expresar que son verdaderos indígenas con reivindicaciones por el control del agua en el oasis de Calama. En estos casos, al volverse actos públicos las limpias y celebraciones se transforman en acciones en que los participantes son interpelados como indígenas. Junto con ello, se moviliza una economía moral del agua (Rodríguez 2006; Trawick 2001) en contextos urbanos (Wutich 2011) por medio de la cual se reproducen valores que muestran la importancia de mantener el agua en el oasis, no vender los derechos a las industrias extractivas y preferir vender el agua a las organizaciones indígenas; hecho que plantea una gran paradoja a la explicación neoliberal de cómo debe comportarse un libre mercado de aguas. Según la teoría neoliberal, en un mercado de aguas los derechos deberían de fluir a aquellos usos de mayor valor de cambio. Sin embargo, en este caso las organizaciones indígenas han utilizado el mercado como un instrumento para sacar los derechos del mercado y así colectivizarlos dentro de Calama; lo que constituye un verdadero acto de decomodificación. Esto es, una acción orientada a revertir los efectos de la privatización de los derechos de agua y su respectiva regularización a título individual. La gran paradoja en este caso es que el libre mercado, una institución neoliberal, es utilizado como un instrumento en contra de los pilares del neoliberalismo: la propiedad privada y su libre transacción. El L5 (2013) explicita esta paradoja: “nuestro objetivo es cancelar el Código de Aguas comprando agua”. A pesar de que el modelo de aguas chileno ha reproducido en la cuenca del río Loa las inequidades hídricas de los modelos estatistas precedentes (Molina 2005; Prieto 2014), el acto de transar el agua ha abierto la puerta para que los atacameños urbanos desplieguen su agencia en el mercado y participen de la producción del paisaje hidro-social de Calama. Este es co-constituido por la ecología del flujo del agua, los marcos institucionales que la regulan (como el Código de Agua y la Ley Indígena) y las relaciones de poder que de ellos emergen. Es en este ensamblaje socionatural que la articulación entre identidad indígena y prácticas ceremoniales asociadas al riego transforman y son transformadas por las mismas. Mientras el libre mercado de aguas amenaza el desarrollo de agricultura urbana, al mismo tiempo ha llevado a los agricultores atacameños urbanos a reforzar y movilizar la identidad indígena y a sacar de la intimidad la celebración de las limpias de canales para destacar las consecuencias para el paisaje hídrico si la identidad atacameña se pierde y las aguas se venden. También han desarrollado estrategias destinadas a mantener los derechos de agua dentro de sus asociaciones urbanas, evitando que sean vendidos a las industrias extractivas y adquiriendo derechos con el fin de decomodificarlos. En fin, el mercado de aguas ha

abierto un espacio para que los atacameños participen del ciclo hidro-social con el fin de transformar Calama, conocida como una capital minera y una ciudad de mierda en un territorio indígena. Es necesario destacar que el uso del mercado como instrumento de reivindicación de recursos, articulación étnica y transformación del territorio lejos de ser un instrumento emancipatorio puede radicalizar, de manera sutil y oculta, modelos de dominación neocolonialistas. Ello mediante tecnologías neoliberales de poder que promueven el neoliberalismo multicultural y la producción de posturas identitarias que no ponen en riesgo el modelo racializado de justicia distributiva (Hale 2004; Postero 2007). Por lo demás, el hecho de utilizar el Código de Aguas y la Ley Indígena (aparatos legales) como instrumentos articuladores de reivindicación de recursos es caer en un fetichismo legal que reproduce una ideología de emancipación (en el sentido clásico de Marx ver Larraín 1979) y una acción de captura por parte del Estado (Deleuze y Guattari 1987). Consciente de esta situación, esta cuestión está siendo analizada en un trabajo actual. Por otra parte, dentro de las mismas organizaciones atacameñas que han comprado aguas se dan nuevas asimetrías de poder entre sus miembros. Estas no han sido exploradas en este artículo ya que he privilegiado la voz de dirigentes y, por consiguiente, sus proyecciones, ansiedades e interpretaciones como líderes. Se requiere mayor trabajo de campo para comprender cómo el mercado de aguas ha reconfigurado las dinámicas de riego en el día a día dentro de las organizaciones indígenas de Calama. Por último, en Calama muchos agricultores no se autodefinen como indígenas. Por el contrario, despliegan con orgullo su chilenidad. Ellos manifiestan capacidad de organización, mantienen fuertes pretensiones sobre el territorio y el uso del agua. Mayor investigación se requiere para comprender su posición identitaria, sus relaciones con los regantes indígenas y sus estrategias de resistencia ante la gestión neoliberal del agua.

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Relación de una comunidad de pescadores del golfo de Urabá (Colombia) con los ecosistemas de manglar y su conservación* Ana María Gómez Aguirre** – Sandra Turbay*** Fecha de recepción: 23 de febrero de 2015 • Fecha de aceptación: 01 de julio de 2015 • Fecha de modificación: 31 de agosto de 2015 DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res55.2016.07

R E S U M E N | Este artículo propone caracterizar la relación de una comunidad de pescadores del golfo de Urabá con los ecosistemas de manglar y su conservación. La investigación realizada siguió el método etnográfico (observación participante y entrevistas en profundidad). El análisis parte de las perspectivas de la ecología política y la etnoecología. Este acercamiento revela la existencia de la superposición de múltiples territorialidades y relaciones de poder que subyacen a la atribución inequitativa de responsabilidades entre los actores locales en la conservación y restauración de los manglares. La ausencia de actitudes favorables para la protección de los recursos marinos y costeros es considerada como una expresión de las agudas contradicciones que atraviesa la vida económica, social y política de la región de Urabá. PA L A B R A S C L AV E | Manglar (Thesaurus); Urabá, ecología política, etnoecología, pescadores (palabras clave

de autor).

Relation of a Fishing Community in the Gulf of Urabá (Colombia) to Mangrove Ecosystems and their Conservation A B S T R AC T | This article aims to characterize the relation of a community of fishermen in the Gulf of Urabá to the surrounding mangrove ecosystems and their conservation. The analysis was done following the ethnographic approach (participant observation and in-depth interviews). The analysis is based on the perspectives of political ecology and ethno-ecology. This approach reveals the existence of multiple overlapping territorialities and power relations underlying the inequitable attribution of responsibilities among local stakeholders in the conservation and restoration of the mangroves. The absence of favorable attitudes regarding the protection of marine and coastal resources is considered to be an expression of the sharp contradictions that permeate the economic, social and political life of the Urabá region. K E Y W O R D S | Mangrove (Thesaurus); Urabá, political ecology, ethno-ecology, fishermen (Author’s Keywords).

Este artículo es producto del trabajo de investigación titulado “Estudio etnoecológico en Puerto Cesar, asentamiento de pescadores en el golfo de Urabá”, presentado por la autora principal para optar al título de magíster en Antropología. El estudio contó con el apoyo del proyecto CODI E01756, 2013-2014 para la sostenibilidad del grupo de investigación MASO.

Magíster en Antropología por la Universidad de Antioquia (UdeA), Colombia. Investigadora del grupo de investigación “Medio ambiente y sociedad” (Categoría A1 en Colciencias) de la UdeA. Entre sus últimas publicaciones están: “El tiempo y el lugar de los peces: saberes asociados a la pesca en Puerto Cesar, golfo de Urabá”. Boletín de Antropología 29 (48): 66-91, 2015 y “Macroinvertebrate Assemblages in Gorgona Island Streams: Spatial Patterns during Two Contrasting Hydrologic Periods” (en coautoría). Actualidades Biológicas 31 (91): 161-178, 2009. * anamargoa@gmail.com Doctora en Ciencias Sociales (Antropología Social y Etnología) por la École des Hautes Études en Sciences Sociales (Francia). Profesora de la Universidad de Antioquia (UdeA) e investigadora del grupo de investigación “Medio ambiente y sociedad” (Categoría A1 en Colciencias) de la misma institución. Entre sus últimas publicaciones están: “Relación entre los usos populares de la granadilla (Passiflora ligularis Juss) y su composición fitoquímica” (en coautoría). Revista de Biotecnología en el Sector Agropecuario y Agroindustrial 12 (2): 185-196, 2014 y “Propiedades funcionales y nutricionales de seis especies de pasifloras del departamento del Huila” (en coautoría). Caldasia 36 (1): 1-15, 2014. * sandra.turbay@udea.edu.co

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Relação de uma comunidade de pescadores do golfo de Urabá (Colômbia) com os ecossistemas de manguezal e sua conservação R E S U M O | Este artigo propõe caracterizar a relação de uma comunidade de pescadores do golfo de Urabá com os ecossistemas de manguezal e sua conservação. A pesquisa realizada seguiu o método etnográfico (observação participante e entrevistas em profundidade). A análise parte das perspectivas da ecologia política e a etnoecologia. Essa aproximação revela a existência da superposição de múltiplas territorialidades e relações de poder que subjazem à atribuição desigual de responsabilidades entre os atores locais na conservação e na restauração dos manguezais. A ausência de atitudes favoráveis para a proteção dos recursos marinhos e litorâneos é considerada como uma expressão das agudas contradições que atravessa a vida econômica, social e política da região de Urabá. PA L AV R A S - C H AV E | Manguezal (Thesaurus); Urabá, ecologia política, etnoecologia, pescadores (palavras

do autor).

Introducción Este artículo analiza la relación existente entre los habitantes de un asentamiento de pescadores en el golfo de Urabá y los manglares, a partir de un enfoque que combina los aportes de la ecología política y la etnoecología. La perspectiva de la ecología política permite insertar el estudio de la interacción entre los seres humanos y el ambiente en una perspectiva histórica teniendo en cuenta contextos regionales, nacionales y transnacionales. Esta disciplina estudia conflictos ambientales o ecológico-distributivos revelando cómo algunos actores imponen a través del poder lenguajes de valoración y decisiones sobre otros actores que son excluidos o simplificados (Martínez-Alier 2006). Este enfoque ha explorado la transformación que experimentan las prácticas locales y la incidencia de la relación entre diferentes nociones de naturaleza en los procesos de negociación sobre su significado y sobre las formas de control, acceso y manejo de los recursos (Ulloa 2001). Por su parte, la etnoecología constituye un enfoque que explora la percepción de la naturaleza por parte de los diferentes grupos humanos, a través de un conjunto de creencias y conocimientos, y sus consecuencias sobre el manejo de los recursos naturales (Barrera-Bassols y Toledo 2005). El abordaje etnoecológico, en su enfoque clásico, ha sido asociado a “comunidades tradicionales” que con una racionalidad ecológica entablan relaciones “amigables” con su entorno natural. Este enfoque ha ignorado con frecuencia el carácter híbrido y cambiante de los grupos humanos, viéndolos como entidades cerradas o ahistóricas y negando la influencia del entorno social en el que estos se insertan. La visión de los grupos humanos considerados “tradicionales” frente a la naturaleza no es necesariamente conservacionista, lo que desmiente mitos como la propensión “natural” del ser humano a la sustentabilidad (Diegues 2005; Milton 2006; Restrepo 1996 y 2001; Ulloa 2004). Esta idealización de las comunidades rurales obvia que su relación con el medio está condicionada por situa-

ciones históricas y socioeconómicas específicas. A pesar de estas críticas, la etnoecología sigue siendo valiosa para dar cuenta de la percepción y la valoración local de la naturaleza y en esa medida se retoma en este artículo. A partir de estas dos perspectivas, la de la ecología política y la etnoecología, este estudio analiza las condiciones históricas, los procesos sociales y los discursos sobre la naturaleza que determinan la relación de los habitantes de Puerto Cesar con los manglares, y su actitud frente a las iniciativas institucionales de conservación. Las respuestas a estas cuestiones dan cuenta de cómo las diferentes territorialidades que tienen lugar en la región, las responsabilidades ecológicas diferenciales que revela la historia ambiental de la zona y los discursos que la han acompañado, estructuran las vivencias cotidianas de la gente, la construcción de conocimientos y la toma de decisiones sobre el manejo del entorno. El artículo señala la importancia de construir estrategias de manejo de los recursos marinos y costeros que tengan en cuenta las particularidades de las comunidades y eviten estereotipos que asocian la pobreza con la destrucción del medio ambiente o que asignan a los pobladores rurales la función de guardianes de la naturaleza. En la primera parte de este artículo se presenta con mayor detalle el marco teórico que le sirve de apoyo, la caracterización del área de estudio y la metodología de la investigación. En la segunda parte se presenta la superposición de diferentes tipos de territorialidad y su efecto sobre el manejo de los recursos naturales. Finalmente se plantean unas conclusiones y algunas implicaciones de alcance general de los resultados del estudio.

Marco teórico Si bien en etnoecología se usa generalmente la noción de conocimiento ecológico tradicional (Berkes, Colding y Folke 2000), en este trabajo preferimos usar el concepto

Relación de una comunidad de pescadores del golfo de Urabá (Colombia) | Ana María Gómez Aguirre · Sandra Turbay

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de conocimiento ecológico local pues consideramos que en el caso de estudio se trata de un cuerpo de conocimiento dinámico y cambiante, cuya generación, acumulación, y transmisión se produce de modo muy diverso; un conocimiento que es contemporáneo, flexible que se enriquece y transforma continuamente y que puede estar distribuido de forma heterogénea (Correa, Turbay y Vélez 2012; Drew 2005; Grant y Berkes 2007; Molina y Valenzuela 2007). Con la valoración de los conocimientos locales se ha buscado reducir la inequidad frente al discurso científico (Drew 2005) y abrir posibilidades para que los pobladores locales generen un conocimiento específico de acuerdo con situaciones particulares (Ulloa 2001). Sin embargo, este es un objetivo difícil de alcanzar por la pérdida de poder de las comunidades para controlar el destino de sus propios recursos. Esto se produce en un contexto donde el crecimiento y la globalización del sistema económico dominante están ligados a la degradación ambiental y al empobrecimiento de la población (Escobar 1998; Leff 1998; Little 1999; Sachs 1996). La invisibilización o estigmatización de las comunidades locales también está relacionada con los discursos occidentales sobre la naturaleza, incluyendo los llamados ambientalistas (Baptiste-Ballera 2002). En este sentido varios autores (Escobar 2000; Diegues 2005; Milton 2006; Restrepo 1996) han señalado el carácter etnocéntrico del ambientalismo: sus discursos son construidos a nivel global y difícilmente admiten un discurso intercultural compartido que permita, en palabras de Little (1999), pensar localmente y actuar globalmente. Discursos homogeneizadores como el del desarrollo sostenible o la conservación, imponen o exigen una moral ecológica global que no considera el carácter “situado” de los conocimientos y reemplaza las prácticas locales por normalizaciones foráneas poniendo en evidencia relaciones de poder y tensiones entre lo global y lo local (Kottak 1999).

Área de estudio La región de Urabá El reconocimiento de Colombia como un país megadiverso lo hace objeto tanto de programas de conservación como de numerosos proyectos de explotación de recursos naturales. La región de Urabá no es ajena a ese dilema entre conservación y desarrollo. Según el Plan Estratégico para la Región de Urabá – Darién (Departamento Nacional de Planeación, Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia y Junta Efemérides Urabá 2006), el territorio de Urabá como parte del Darién se destaca por hacer parte del Chocó biogeográfico, una de las zonas más húmedas del mundo donde se registra uno de los mayores índices de endemismo continental de plantas y aves, por ser nodo conector del corredor

ambiental de Norte y Centro América con Sur América. Esta región comprende porciones de los departamentos de Córdoba, Chocó y Antioquia. La zona norte se caracteriza por el predominio de la ganadería extensiva, la zona sur o Atrato medio es un territorio con pantanos, zonas anegadizas y bosques, aislado del comercio y con los más bajos indicadores de calidad de vida, y la zona centro o eje bananero —ocupada por más del 70% de la población total de la región— ocupa el 53% del área del territorio y concentra los servicios, la mayor riqueza y el desarrollo económico de la subregión antioqueña. La ubicación de Urabá (imagen 1) ha sido una de sus mayores riquezas por ser frontera interna entre varios departamentos; por las condiciones excepcionales de conexión marítima y fluvial del golfo con el exterior; y por la presencia de una caudalosa red hídrica navegable y un puerto comercial. Estos aspectos hacen de Urabá un importante corredor de tránsito y embarque de productos lícitos e ilícitos (García et al. 2011; Monroy 2012). Finalmente esta región hace parte del Sistema Regional de Áreas Protegidas que incluye el Parque Nacional Natural (PNN) Katíos y los humedales del bajo y medio Atrato y el río León, los cativales y los manglares; estos últimos objeto de control por parte de grupos armados debido a la circulación de drogas, armas y ejércitos que opera por medio de ellos (García et al. 2011). Estas características han hecho de Urabá una región de colonización activa y de poblamiento intenso y desordenado. La región ha sido buscada por migrantes que llegaron estimulados por los auges extractivistas (madera, caucho, tagua o raicilla de ipecacuana) que caracterizaron la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX (Monroy 2012), por los enclaves agroindustriales del banano y la palma africana, y más recientemente por el contrabando y el narcotráfico, la concentración de latifundios y el florecimiento del turismo y el comercio (Zamora y García-Valencia 2007). De otro lado la región ha sido refugio político, económico y social de desterrados, perseguidos y combatientes (García et al. 2011), provenientes de la expansión de grandes haciendas en la costa norte del país, así como de la disidencia de partidos políticos y del despojo o abandono forzado de tierras a causa de la violencia en la región. Debido a estos procesos de colonización y poblamiento, la región de Urabá se caracteriza por una gran heterogeneidad poblacional, producto de la confluencia e interacción de grupos étnicos y culturales, provenientes de distintos lugares con características sociales particulares: etnias indígenas (emberá, tule, zenú), afrocolombianos (del Caribe, Atrato y Turbo), campesinos mestizos provenientes del Sinú y de Antioquia y una clase empresarial del interior del país (Aramburo 2009). Esta particularidad sociocultural e histórica ha propiciado la aparición de intereses en disputa que ha

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DOSSIER Imagen 1. Localización del golfo de Urabá

Fuente: elaboración propia.

sido agravada por la presencia de los grupos armados. Como consecuencia de este dinamismo diferentes actores habitan o inciden en la zona generando una superposición de territorios, lo que deriva en diversas formas de percepción, valoración y apropiación del entorno (Gouëset 1999; Montañez y Delgado 1998; Urán y Restrepo 2005).

La vereda Puerto Cesar La vereda Puerto Cesar del municipio de Turbo se halla dividida en dos sectores conocidos como Puerto Cesar Plataneras y Puerto Cesar La Playa. El primero constituido por parcelas dedicadas principalmente al cultivo

de plátano y banano y el segundo localizado a orillas del golfo —8°1’18”N; 76°43’59” W, 3m de altitud— (imagen 2). La comunidad asentada en La Playa, interlocutora de este estudio, está conformada por un grupo de catorce familias desplazadas desde otros lugares de la región debido a la violencia. Con un total de ochenta habitantes, la población está compuesta en un 41% por niños (0-12 años) y un 30% por adultos entre los treinta y sesenta años. Estas familias derivan su sustento de la pesca artesanal y guardan una relación cercana con el ambiente marítimo y los bosques de manglar. La mayoría de las familias se encuentran organizadas en la Asociación de Pescadores Artesanales de La Playa (Apesca). La asociación está incluida en la organización Guardagolfo que agrupa familias de Córdoba,

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DOSSIER Imagen 2. Localización de la vereda Puerto Cesar

Fuente: elaboración propia.

Antioquia y Chocó, y desde el año 2007 ha sido apoyada por la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas (Unodc). Con este convenio, que exige el uso de prácticas sostenibles, Apesca comercializa el pescado a través de una cadena de hipermercados en Bogotá, Medellín y Montería (Gómez 2014). La asociación cuenta además con los recursos aportados por el proyecto de Acuicultura y Pesca 2011 del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) que incluye embarcaciones, motores, redes y congeladores, entre otros. La pesca practicada por los habitantes de La Playa es principalmente litoral o costera, se encuentra circunscrita al golfo y puede categorizarse como artesanal, debido a que es llevada a cabo con tecnología simple y poca inversión económica, se desarrolla en unidades de producción familiar, el volumen de sus capturas es reducido y está destinada principalmente al autoconsumo y en menor medida a la venta (Gómez 2015). El asentamiento es producto de la invasión a un predio ubicado en pleno eje bananero, en terrenos inundables que originalmente estuvieron cubiertos por bosques de manglar y que fueron destinados a la agroindustria y actualmente a la ganadería extensiva, situación que agudiza las condiciones de precariedad e inequidad socioeconómica y ecológica en las que vive la comunidad. Aunque el poblado cuenta con servicios eléctricos gratuitos, los servicios sanitarios, de acueducto y saneamiento están ausentes (imagen 3). En la actualidad no existe un espacio para la recreación o el deporte, un templo ni un puesto de salud y solamente existe una pequeña escuela que cubre los primeros niveles educativos.

La ubicación geográfica del asentamiento corresponde a una región estratégica histórica y geopolíticamente, biodiversa y frágil ecológicamente, lo que ha hecho de ella un territorio en disputa entre intereses conflictivos de explotación y conservación de los recursos. En este sentido es importante señalar que los ecosistemas de los cuales se benefician los miembros de la comunidad son, jurídica y teóricamente, bienes públicos de uso común, sujetos a la autoridad estatal que debe garantizar su acceso público, aunque de facto su apropiación tenga lugar de manera diferenciada de acuerdo con las posiciones de poder de los actores interesados en su uso y manejo. La comunidad de Puerto Cesar se presenta como una comunidad “atípica” frente a las características que se han destacado en las comunidades tradicionales desde la etnoecología y el ambientalismo. No estamos ante una comunidad aislada que desde tiempos inmemoriales habita un territorio y que comparte unas mismas tradiciones. Los primeros pobladores de Puerto Cesar llegaron durante el siglo XX y dependen para su subsistencia de una red de relaciones externas que les permiten en parte el acceso a los medios de producción y al mercado. Se trata de una comunidad con una producción a pequeña escala donde todavía tienen vigencia el regalo, el préstamo y el trueque de alimentos entre vecinos, pero que está interconectada con una economía global de alto consumo y poder de transformación de la naturaleza. Aunque parezca contradictorio, la gente de Puerto Cesar hace un aprovechamiento artesanal de los recursos pero su relación con ellos no es necesariamente conservacionista.

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DOSSIER Imagen 3. Caserío Puerto Cesar La Playa, 2013. Fotografía de Ana María Gómez Aguirre.

Nota: imágenes del caserío y pastos que enmarcan el caserío (anteriormente zona de manglar). Al fondo se observan relictos de bosque de manglar propiedad de una empresa bananera.

Metodología Este artículo se deriva del trabajo de investigación titulado “Estudio etnoecológico en Puerto Cesar, asentamiento de pescadores en el golfo de Urabá” (Gómez 2014) presentado por la autora principal para optar al título de magíster en Antropología. El estudio se desarrolló entre los meses de marzo y abril de 2013, haciendo uso del método etnográfico y de herramientas como la observación participante y las entrevistas en profundidad. El abordaje de la investigación de tipo cualitativo buscó describir y/o interpretar experiencias subjetivas, glosar los puntos de vista de los actores y su construcción de la realidad. Esta metodología se apoya en la fidelidad a la perspectiva de los actores involucrados en esa realidad (Sautu 2003). El estudio siguió un diseño etnográfico, puesto que buscaba describir y analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas de una comunidad (Lévano 2007). A través de las técnicas mencionadas, se buscó reconocer el conjunto de saberes locales y la manera en que las personas comprenden e interactúan con su entorno en los contextos cotidianos (Milton 1997). Estas estrategias fueron empleadas en busca de temas y conceptos que la población expresara por asociación libre; esto significa que los interlocutores tuvieron la posibilidad de introducir sus prioridades, en forma de temas de conversación y prácticas, en modos de recibir y emitir preguntas, con las cuales revelaban los nudos problemáticos de su realidad social tal como la perciben desde su universo cultural (Guber 2001).

Un total de 17 personas, miembros de las familias asentadas en la zona, fueron entrevistadas considerando una representatividad de género, edad y oficio. El registro de las entrevistas mediante grabaciones de voz se llevó a cabo con previo consentimiento informado de los participantes en la investigación durante el trabajo presencial en campo. Para el análisis de los datos las entrevistas fueron categorizadas, codificadas y agrupadas en bloques para facilitar la interpretación de la información recibida en conjunto con la información registrada en el diario de campo. Se emplearon técnicas para realzar los datos a través del examen sistemático de similitudes por medio de la comparación con el propósito de desarrollar conceptos o ideas, siguiendo el método de inducción analítica (Ragin 2007).

Territorialidades superpuestas La noción de territorialidad está asociada usualmente al sentimiento de pertenencia a una porción particular de tierra sobre la que se tienen derechos exclusivos, a un modo de comportamiento en el interior de esta y un control sobre ella (Carou 2001). Sin embargo, en el área de estudio es necesario identificar otro tipo de lazos que vinculan a la gente con el territorio y que van más allá de los vínculos culturales y las identificaciones sociales. Por esta razón, identificamos distintos tipos de territorialidades superpuestas, una más ligada a la agroindustria y la ganadería extensiva, otra de carácter bélico por la presencia de grupos armados legales e ilegales

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que se disputan el control del espacio y de la gente, otra asociada a una visión conservacionista del territorio por parte de las instituciones públicas del sistema nacional ambiental y finalmente, a una territorialidad campesina donde prima la racionalidad de la agricultura de subsistencia y la pesca artesanal.

Agroindustria y ganadería La zona donde se encuentra ubicada la vereda Puerto Cesar hizo parte, a comienzos del siglo XX, de cinco mil hectáreas de terrenos baldíos que el consorcio colombo-alemán Albingia recibió en concesión para sembrar banano en Urabá por un periodo de cincuenta años (Monroy 2012). Desde allí el consorcio transportó la fruta a través de un ferrocarril de doce kilómetros1 hasta la desembocadura del río Currulao, donde penetraba en el mar en el sitio conocido hasta hoy como Puerto de los alemanes o Puerto Cesar.2 El ferrocarril comenzó a operar en 1909 transportando también otros productos como tagua (semilla de la palma Phytelephas macrocarpa) y madera hasta los barcos con destino a Estados Unidos y Europa hasta 1914,3 cuando las instalaciones del puerto entraron a litigio entre los acreedores. Según Parsons (1967, 102) las tierras del consorcio Albingia “quedaron sin desarrollar durante 30 años”. Posteriormente, grandes porciones de estas tierras fueron destinadas para actividades ganaderas en manos de sirio-libaneses y finalmente en 1960 fueron vendidas a Coldesa S.A., un consorcio colombo-holandés que destinó cuatro mil hectáreas para la plantación de palma africana. Entre 1973 y 1976 la empresa dedicó algunas hectáreas a la cría de ganado y a la siembra de banano, posteriormente la empresa atravesó situaciones conflictivas de orden laboral hasta su retiro en 1979 (Ortíz 2004), año en que el predio fue invadido por los obreros y familias bananeras que quedaron cesantes durante la disolución de la compañía (García 2011). Algunos de esos primeros invasores aseguran que la compañía Coldesa inició la transformación del paisaje con el corte de mangle, vegetación predominante en el lugar. La empresa no solo compraba el mangle para la construcción de puentes en la plantación sino que monopolizaba el uso del bosque: “Cuando la empresa Coldesa llegó, encontró toda esta selva de mangle casi baldía y se adueñó de los montes de tal manera que le prohibía a la gente cortar 1

Asociación de Bananeros de Colombia. www.augura.com.co.

Vélez (1997).

3 Según Steiner (2000) la compañía quebró por la llegada de la guerra, las divisiones entre los operarios y debido a que el contrato con la compañía fue realizado por el gobierno nacional central quien permitió la construcción del ferrocarril con exención de pago por derechos de importación durante diez años sin el consentimiento del gobierno de Antioquia.

hasta una vara, porque ella era la única que podía cortar las maderas en grandes cantidades y sacarla en máquinas” (citado en Morphill 1988, s.p.). Estas transformaciones de grandes extensiones —ocurridas desde comienzos del siglo XX en pro de la implantación de la agroindustria— han sido vistas hasta la actualidad como una necesidad para el progreso de la región, sin cuestionar el impacto negativo que tienen sobre los ecosistemas costeros presentes en la zona y las comunidades que los habitan. Como señala Steiner, las obras emprendidas por el consorcio Albingia en el sector eran concebidas como obras benéficas y “civilizadoras” en manos de modernos capitalistas europeos. En prueba de ello Steiner recoge el testimonio de Pedro A. Gómez quien escribió en 1912 un artículo titulado “El consorcio Albingia y sus dependencias en Colombia”, publicado en la Revista Nacional de Colombia: consagrada al fomento del comercio y la industria nacional y a su propaganda anunciadora 13 (322) (citado por Steiner 2000, 49): El grande y constante empuje que la compañía del Consorcio ha dado a sus propiedades, ha transformado aquellas salvajes y pantanosas playas, antiguo albergue de la desolación y la muerte, en un emporio de riqueza, de industria y de trabajo […] La localidad se ha saneado hasta donde lo han permitido las circunstancias del terreno y del clima, y los inconvenientes y hostilidades de los naturales de la región.

Cabe resaltar que de acuerdo con Steiner (2000) desde 1904, antes de la anexión de Urabá a Antioquia, el gobierno departamental había iniciado intensas campañas para colonizar la región a través de concesiones otorgadas a particulares que monopolizaban el comercio de los productos que extraían sin adquirir compromiso con los colonos pobres que allí se establecían, y a su vez adquirían mano de obra cautiva. En este proceso de colonización antioqueña, la identidad del interior del país anuló las condiciones ambientales de los climas cálidos que eran percibidas como causantes de degradación e impedimento para el motor de progreso (Peralta 1998). El colono mostraba preferencia por “rastrojos” o sitios ya desbrozados por un colono anterior y veía el bosque húmedo tropical como “un paraje que se debía tumbar y quemar cuanto antes, ya que su exuberancia era tenida como hogar de fieras y cuna de pestes” que debía convertirse en “tierra de labor y de pasto” (Peralta 1998, 44). La historia de colonización y poblamiento de la región de Urabá documentada por diferentes autores (García 1996; Steiner 2000; Parsons 1967; Uribe 1992) muestra cómo desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX la migración de población proveniente de Bolívar, Córdoba y Sucre, desterrada y desplazada por la extensión de las haciendas ganaderas fue abriendo camino a través

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de la selva. Esta deforestación fue potenciada primero por la producción masiva y extractiva de la tagua y después por la explotación maderera y la agricultura que atendía la demanda creciente de Europa y Estados Unidos. De acuerdo con Parsons (1967) y Monroy (2012) el proceso cíclico y continuo que aún persiste se basa en la deforestación del bosque y la adecuación de las tierras en manos de estos colonos y su posterior venta al hacendado o empresario antioqueño para la introducción de ganado de manera extensiva. La apropiación de las tierras en Urabá a partir de esta territorialidad, que García et al. (2011) denominan de acaparamiento, ha estado marcada por intrincadas relaciones políticas en un conflicto en el que han primado los intereses económicos de particulares nacionales y extranjeros por encima de los intereses locales de grupos sociales rurales y minorías étnicas. Esta territorialidad ha sido perpetuada además por medio de acciones de despojo (material y simbólico) y violencia, revelando en general el poder que detentan sobre el territorio los grupos armados, frente a un Estado que ha intentado históricamente delegar sus responsabilidades con la región. Como lo señala Parsons (1967), desde comienzos del siglo XX las tierras de la región han estado siempre en manos de unas cuantas compañías o individuos que no sienten una obligación definida hacia los problemas sociales colectivos de la región. Este hecho se evidencia en la historia de la producción extractiva y la implantación de monocultivos agroindustriales que tuvo lugar a partir de las concesiones otorgadas por el gobierno a empresas extranjeras, que además de recibir territorios en concesión para su colonización y explotación a bajos costos recibían exenciones de pagos, y al abandonar sus proyectos incumplían los compromisos pactados, dejando los beneficios en manos del sector privado y extranjero exclusivamente.

Conflicto armado De otro lado, a lo largo de la historia se ha develado que el interés por la región recae además en el control sobre un territorio estratégico, donde el despojo de la tierra y la eliminación de quien es considerado un opositor o un impedimento para lograr propósitos económicos y políticos particulares ha sido un instrumento frecuente para perpetuar el poder. De acuerdo con Reyes (2009), durante la década comprendida entre 1997 y 2007 la región fue considerada una de las zonas más críticas en el proceso de abandono de tierras por desplazamiento forzoso. Este desplazamiento ha sido considerado4 indicador de la conflictividad social y política y parte de una estrategia de colonización expansiva y hegemónica

4 Desplazamiento forzado en Antioquia, “Urabá”. 2001. Secretariado Nacional de Pastoral. Sección de Movilidad Humana, Conferencia Episcopal de Colombia, tomo 8 (citado por Reyes 2009).

para la acumulación y concentración de la tierra, basada en el desplazamiento-repoblamiento pero especialmente en el control de territorios estratégicos para la economía exportadora legal e ilegal y para la economía de guerra interna. De acuerdo con García (1996), la debilidad, la descoordinación, y la lentitud institucional pública que caracterizaron las décadas de 1960 y 1970 en la región explican que hasta la segunda mitad de la década de 1980 la orientación del orden público fuera planteada por grupos guerrilleros, quienes lideraron las invasiones a tierras ganaderas o que habían sido sembradas y abandonadas por empresas extractivistas, militarizando el conflicto laboral. Posteriormente, sin embargo, como lo señala Monroy […] al parecer la deforestación y ampliación de la frontera agrícola en pro de grandes capitales y capitalistas ocurrió, de modo simultáneo, al retiro y reconfiguración de las dinámicas y estrategias de la guerrilla ante las acciones de otras iniciativas de control territorial fundamentadas en grupos armados contra-insurgentes y alianzas paramilitares. (2012, 318)

Como indica Monroy (2012), el establecimiento de haciendas ganaderas en Turbo fue más contundente durante y después de la expansión paramilitar en la segunda mitad de la década de 1990, y a finales de esta el control de los puertos de embarque de banano por paramilitares5 permitió el dominio de las salidas de cocaína y la entrada de armas. Desde el año 2007, los nuevos actores armados, grupos paramilitares denominados bandas criminales (Bacrim) han buscado articularse con el negocio del narcotráfico (García et al. 2011) en el cual se disputan zonas de cultivo, laboratorios y rutas con la guerrilla y con otras bandas emergentes, entre ellas las zonas de manglar debido a la circulación de drogas, armas y ejércitos que opera a través de ellos.

Conservación de los manglares El Sistema Nacional Ambiental en la zona está representado principalmente por Corpourabá, la Corporación Ambiental Regional con jurisdicción en la zona. El sector de Puerto Cesar ha sido considerado una zona de relictos de manglar (Blanco 2010) y está identificada en el plan de zonificación y manejo (Corpourabá 2003) como zona de conservación y de uso sostenible por lo cual se ha impuesto la veda de corte como medida de manejo y se ha fomentado la siembra del mangle como estrategia de restauración del bosque.

5 Empresas bananeras como Chiquita Brands, Banacol, Delmonte, Dole, Proban y Uniban pagaban un dólar a los grupos paramilitares por cada caja exportada (Monroy 2012).

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Los habitantes de La Playa reconocen la importancia del manglar como hábitat de diversas especies, y amortiguador del fuerte oleaje y los vientos y el efecto erosivo del mar que en los últimos años ha generado una alta dinámica en las playas del golfo modificando, a una tasa elevada, las zonas de erosión y acreción (Correa y Vernette 2004). El reconocimiento de los servicios ambientales del manglar proviene tanto las experiencias de los habitantes como de su conocimiento acerca de la historia del lugar y la dinámica de su línea de costa, pero también de discursos introducidos desde la academia y las entidades encargadas de la conservación. La intervención de esta mujer ejemplifica esta situación: [Aquí] cortaban pa’ sus casas y pa’ vender […] cuando empezó a llegar la gente [de Corpourabá] que empezaron a darnos charlas, la importancia que tenía el mangle pa’ sembrarlo, porque no es justo, imagínese que uno esté aquí en su casita y venga otro y se la tumbe […], entonces ya cuando uno se mete en eso ya los cuida, y trata de conservarlos más. (mujer 34 años, 2013 citado en Gómez 2014, 139)

De acuerdo con las entidades ambientales, una de las causas principales del deterioro de estos ecosistemas es la tala del mangle, actividad que ha sido practicada desde años atrás en la localidad mediada por intereses externos. En la actualidad, la tala es practicada principalmente por habitantes del municipio de Turbo ajenos a la vereda que son denominados localmente como piloteros. No obstante, la veda de corte sobre este relicto de bosque permanece para los miembros de la comunidad quienes reciben a cambio contratos ocasionales de prestación de servicios para su restauración. De cara a esta situación, algunos habitantes no contemplan su responsabilidad frente a los problemas ambientales y las soluciones que se plantean para estos pues consideran que la supervivencia del bosque no depende de su comportamiento y sus acciones; ellos resaltan en su lugar aspectos naturales del sistema que condicionan su permanencia o disminución, como la alta capacidad regenerativa del manglar, la erosión costera y el incremento del nivel del mar: El mar lo tumba, lo arranca con la raíz, el manglar no es como dice la entidad que lo ha acabado el pilotero, eso es mentira, es una equivocación […] el que ha acabado con el manglar ha sido el mismo mar. Cuando yo vine por aquí [hace 30 años] esa punta del muelle estaba tapada, treinta metros más allá era manglar […] y eso se lo ha tragado el mar. El pilotero no acaba el manglar ¿sabe por qué? Él va a cortar el palo que vende, el derecho, el torcido queda ahí […] Corpourabá está errado, pero uno no puede llevarle la contraria, tiene que seguirle la corriente. Yo lo digo porque yo fui pilotero […] cuando se podía cortar encontrábamos caños de madera, lo cortábamos, al mes, a los dos meses, estaba poblado y crece rápido

porque le pega el sol y no hay sombrío que no deja crecer el pequeñito que está abajo6 […] pero como son teorías de las entidades […]. (Pescador 41 años, 2013 citado en Gómez 2014, 140)

Adicionalmente, frente a la situación de la veda y la inequidad en la distribución de responsabilidades algunos habitantes expresan su inconformidad: Lo malo es que no se puede coger nada […] mientras nosotros lo sembramos otros lo destruyen […] Aquí uno que no tiene para comprar madera, tiene que coger uno de esos palos para arreglar la casa […] porque aquí somos pobres. Uno no tiene de donde sacar la tabla, la madera le sale cara y teniéndola aquí mismo, yo creo que uno la puede coger, pero como no se puede […]. (Joven 17 años, 2013 citado en Gómez 2014, 151)

De acuerdo con Diegues (2005), como consecuencia de la delimitación de estas áreas y la imposición de esta territorialidad institucional, cuando a los habitantes se les niega el uso de los recursos que han sido fuente de su sustento estos empiezan a ser concebidos como “recursos perdidos” que quedan a disposición de otros y comienzan a ser extraídos “ilegalmente”. Sin embargo, es necesario señalar que la restricción y la ilegalidad deben ser consideradas en un sentido histórico político, social y económico como elementos introducidos recientemente. Así lo demuestra el caso de la tala y la desecación del manglar en la vereda, prácticas que nunca fueron calificadas como ilegales cuando fueron llevadas a cabo para implementar la plantación de palma africana hace medio siglo o cuando los terrenos fueron convertidos en pastos para la ganadería extensiva más recientemente. La introducción de las restricciones hace que los relictos de manglar empiecen a ser vistos por los habitantes locales como propiedad de la entidad ambiental. Esto genera una visión conflictiva, entre el espacio público y el espacio comunitario. Adicionalmente, algunos de los manglares que rodean el caserío tienen propietarios particulares, lo que desdibuja también su supuesto carácter de dominio público. Esto es lo que ocurre con el proceso de conversión a pastos de un relicto de manglar por parte de una empresa bananera que llevó a cabo la desviación de la desembocadura del río Currulao con el propósito de ganarle terreno al mar, lo que tuvo como efecto el arrastre de los árboles sembrados durante las jornadas de restauración implementadas por la entidad ambiental.

6 Aunque las tasas de regeneración de los manglares son altamente variables debido a las condiciones ambientales, biológicas y climáticas, estudios como el de Hoyos, Urrego y Lema (2013) en el golfo de Urabá señala la asociación entre una mayor supervivencia de especies de Rhizophora mangle y una mayor disponibilidad de luz generada por la formación de claros en el dosel creados por la intervención antrópica.

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La historia de uso de la tierra en la región en general y del manglar y los terrenos inundables en particular evidencia un cambio en la valoración de la naturaleza a lo largo del tiempo, proveniente de diferentes actores, porque tal y como lo indica un habitante: “ese manglar desde hace mucho tiempo la gente lo viene utilizando para su beneficio, eso no es de ahora” (pescador 41 años, 2013). No obstante cabe señalar que las nuevas concepciones han provocado impacto en las valoraciones de los pobladores quienes han entrado en conflicto con sus percepciones iniciales al punto de ser modificadas, pues estos sistemas anteriormente vistos como una fuente de sustento hoy son percibidos como una propiedad ajena o como parte de una naturaleza que “pasivamente” espera ser cuidada. La adopción de estas nuevas concepciones está condicionada, sin embargo, por el contexto social y económico de las personas que subsisten directamente de la explotación de estos recursos. Así lo expresa esta mujer, al consultarle sobre una posible solución para detener efectivamente el corte de mangle: Eso es por el desempleo que tienen algunas personas que no consiguen otra clase de trabajo sino únicamente vivir de eso. Por lo menos nosotros aquí vivimos de la pesca, de vez en cuando Corpourabá nos da un contrato para que lo sembremos y esa es una plata que nos sirve mucho. Entonces aquí no tenemos necesidad de cortarlo, en cambio allá en Turbo hay gente que no tiene más trabajo sino únicamente cortarlo. Así nunca […]: unos siembran y otros destruyen. (mujer 34 años, 2013 citado en Gómez 2014, 145)

Finalmente, tal y como lo plantea Pérez (2012, 419, énfasis de las autoras) para el caso del PNN Katíos ubicado en la región, cabe señalar que “estos ‘discursos ambientales’ se han construido, propagado, institucionalizado y legitimado como medio y factor dinamizador de un discurso más amplio: el discurso del desarrollo, que ha tenido como interlocutor y soporte a la modernidad”, invisibilizando otros relatos y discursos. Siguiendo a la autora es necesario reconocer que existe una estrecha relación entre el ordenamiento espacial y el ejercicio del poder y que finalmente en la definición de áreas protegidas se genera una superposición de territorialidades de tipo institucional y sociocultural e incluso bélica para el caso particular de la zona de estudio.

Implicaciones para la apropiación del territorio Ni la territorialidad de acaparamiento ni la bélica o la institucional dan cuenta de la apropiación del territorio por las familias campesinas provenientes de distintas zonas rurales del interior del continente. Giménez (2000, 106) afirma que la pertenencia socio-territorial puede hallarse articulada y combinada en un mismo individuo

con una multiplicidad de pertenencias de carácter no territorial, y puede fragmentarse, tornándose multifocal y “puntiforme” para aquellos individuos marcados por una prolongada experiencia itinerante. Para los habitantes de La Playa, habitar otro territorio ha implicado dar un nuevo significado a sus lugares de origen. Este proceso paulatino de asentamiento, apropiación, identificación y producción del espacio ha construido sentimientos de identidad y ha forzado la definición de comportamientos para el entendimiento entre grupos diferentes y formas de control sobre áreas geográficas específicas (García et al. 2011). De acuerdo con Di Méo (citado por Giménez 2001, 8), la región como territorio debe poseer los caracteres de un espacio social, vívido e identitario que constituya un campo simbólico donde el individuo en circulación encuentre algunos de sus valores esenciales y experimente un sentimiento de identificación con respecto a las personas con quienes se encuentre. No obstante, estas condiciones son asociadas por los habitantes de Puerto Cesar a sus lugares de nacimiento, crianza o anterior estancia en Chocó y Córdoba, referidos como “mi tierra” aunque ya no aseguren la reproducción social y la satisfacción de las necesidades vitales materiales. La condición de desplazamiento de los habitantes de La Playa hace que a través de la memoria exista una conexión más estrecha simbólicamente con otros territorios, mientras el espacio apropiado materialmente es valorado por ser el proveedor del sustento diario. La defensa de Puerto Cesar como espacio vital no está basada en una retórica de la etnicidad. No hay una política de la identidad que sustente los reclamos territoriales (Del Cairo y Rozo 2006) ni un recurso estratégico a la performatividad étnica para lograr más poder en escenarios políticos e institucionales (Del Cairo 2011). La heterogeneidad de los pobladores y el poco tiempo de conformación del asentamiento alejan, por lo demás, cualquier posibilidad de reclamar un territorio como comunidad negra. Sin embargo, los pobladores comparten una territorialidad rural que tiene como atributo una economía básicamente de subsistencia y un arraigo a la tierra que independientemente de su cultura busca reproducirse en lugares donde crea disponer de tales condiciones: A mí me gusta el pueblo para estar trabajando, pero como mi campo nada hay, uno sale para arriba y consigue el plátano, la yuca, el ñame, lo que tiene que comprar aquí es el arroz, el aceite y la sal y la panela porque la liga7 se consigue, coge uno pescado, camarón, cangrejo o cría uno sus gallinas. (mujer 38 años, 2013 citado en Gómez Aguirre 2014, 49)

7 Expresión empleada localmente para hacer referencia a la fuente proteica principalmente animal.

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Aunque a esta territorialidad la alimenta un proceso permanente de construcción de pertenencia al territorio, cabe resaltar que el espacio donde se encuentra el asentamiento está delimitado por dos sectores de manglar con dueños particulares y restricción de uso para los locales establecido por Corpourabá, separados a su vez por dos pastizales con propietarios particulares. Esta situación hace que en palabras de uno de sus habitantes, más allá del espacio ocupado por el asentamiento, el resto sea percibido como “potrero, tierra ajena”: “El que siembra come, ¿verdad? Nosotros aquí sembramos yuca, plátano, berenjena, ají, de todo eso tenemos sembrado. No tenemos tierra pero sembramos en lo ajeno” (pescador 51 años, 2013).

Manejo de los recursos marinos y costeros El desplazamiento de los pobladores del campo como efecto de la expansión de la ganadería, de la agroindustria y de la agudización del conflicto armado ha tenido efectos drásticos sobre la economía campesina y ha incrementado la presión sobre los recursos marinos y costeros. En la comunidad de La Playa se encuentran por ejemplo personas que no se dedicaban a la pesca y han optado por incursionar en ella, en muchas ocasiones incluso en contra de su voluntad como afirma un pescador de 59 años (2013): “yo nunca había vivido de la pesca y la violencia me obligó a estar en esto”. Este flujo de población desplazada hacia la costa es percibida por los pescadores como una importante causa de la disminución del recurso. Tal y como señala Pascual (1997) al no existir la barrera del precio, como ocurre con la tierra, la pesca se convierte en un refugio para una población numerosa que no encuentra alternativas para subsistir. Adicionalmente, la introducción de innovaciones tecnológicas (redes de ojo de malla pequeño, motores, embarcaciones de fibra y de mayor eslora) y el incremento de la población pescadora organizada en nuevas asociaciones financiadas por instituciones de orden nacional e internacional han contribuido al deterioro del recurso. De acuerdo con Pascual (1997) esto ocurre cuando las pesquerías de menor escala, que con tecnologías tradicionales estaban lejos de alcanzar la sobrepesca, agotan los recursos a través de la adquisición de nuevos medios y un mercado más amplio debido a las facilidades del transporte y de conservación del producto. Las entidades que apoyan las organizaciones de pescadores “conformadas por comunidades vulnerables” dicen estar llevando a cabo “procesos sostenibles y responsables con el medio ambiente, como alternativa para contrarrestar los cultivos ilícitos y la cultura de la ilegalidad” (Asociación Guardagolfo 2013). Aunque es cierto que los proyectos desarrollados con el apoyo de estas instituciones prohíben el uso de mantas de bajo calibre y promueve las “buenas prácticas”, han permitido también la organización de los pescadores y la introducción de nuevas tecnologías, incrementando la presión sobre el recurso.

La intención en este punto no es juzgar la acción de dichas organizaciones sino poner en consideración que la situación es producto de un problema de fondo que ha modificado social y económicamente a Colombia y ha desembocado en soluciones que generan efectos indeseados. Tras la pérdida de la tierra, el desplazamiento forzado incrementa los cinturones de pobreza y miseria, no solo en las zonas urbanas sino también en zonas de colonización rurales; allí los nuevos pobladores requieren de ayudas externas y de una mayor inversión económica para sobrevivir en un entorno ajeno y sobrecargado, mientras se ponen bajo amenaza los recursos comunes. La falta de ocupaciones alternativas y la pobreza obligan a los pescadores a permanecer en la actividad a pesar de su declive y su baja rentabilidad. En las comunidades de pescadores de pequeña escala esta pobreza puede ser resultado de la falta de oportunidades fuera del sector pesquero y de la sobreexplotación del recurso (Cinner, Daw y McClanahan 2009). Potenciadas por la situación de desplazamiento y el conflicto permanente en la zona por la tierra, ambas causas están presentes en el caso de estudio. Adicionalmente, el estado del recurso pesquero se ha visto afectado por el deterioro ambiental generado por la contaminación de las aguas con agroquímicos e insumos provenientes de las parcelas bananeras y la destrucción del ecosistema de manglar. De acuerdo con Carmona, Escobar y González (2007) el impacto de la industria bananera sobre el recurso hídrico se observa en la descarga de fertilizantes y plaguicidas provenientes del cultivo del banano, y por “la modificación del drenaje natural como consecuencia de las extensas redes de drenajes artificiales de las fincas bananeras y la total desprotección de las riberas” (2007, 61).8 Esto da cuenta de la inequidad en la distribución de responsabilidades frente al estado de los recursos entre los diferentes actores que imprimen una territorialidad particular en la zona y la falta de su articulación en el desarrollo de estrategias de manejo. Aunque la erosión costera y la tala son importantes causas de la disminución de cobertura de los bosques de manglar, de acuerdo con Blanco et al. (2012) la dramática disminución de estos en la localidad se debe también a la expansión de las tierras dedicadas a la agroindustria y la ganadería, por medio del establecimiento de pastos en los bosques y zonas inundables y la generación de claros en el sotobosque por el pastoreo del ganado en su interior.

8 De acuerdo Blanco et al. (2012) la disminución de la cobertura de manglar puede ser consecuencia de la constante erosión de la línea costera que alcanza hasta 50 metros por año y es causada por la deriva litoral, los mares de leva y el incremento del nivel del mar y acelerada por intervenciones antrópicas como la desviación de los cauces que, según Correa y Vernette (2004), contribuye al déficit de sedimentos gruesos.

rev.estud.soc. No. 55 • enero-marzo • Pp. 104-119 • ISSN 0123-885X • eISSN 1900-5180 · DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res55.2016.07

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En este punto y siguiendo a Sachs (1996) es importante resaltar que los discursos ambientalistas no pueden dejar de lado la lógica del productivismo competitivo que ha provocado la degradación del entorno. El autor sostiene que las medidas de manejo en nombre de la protección del ambiente son promulgadas muchas veces en contra de poblaciones con bajos recursos económicos, quienes han pasado a ser las responsables de intensificar la presión sobre el medio ambiente por su capacidad reducida de usar los recursos naturales de manera sostenible, evadiendo la causa principal de este deterioro que reside en la búsqueda del desarrollo que intensifica la pobreza. Para el caso particular de este estudio es importante señalar que la protección de los recursos no sólo compete a los habitantes rurales y la entidad ambiental, sino a otros actores como los empresarios bananeros y propietarios de los pastos y terrenos dedicados a ganadería que en procura de la concentración de propiedad han generado procesos de desecación de los humedales.

Intervención institucional Generalmente, la entidad ambiental propone como objetivo en el plan de manejo de los manglares lograr que estos “sean ecosistemas productivos y que sus comunidades logren hacer uso de ellos sin agotarlos” (Corpourabá 2002, 18). En sus lineamientos (Corpourabá 2002, 2003, 2005 y 2006) se hace evidente la necesidad de “educar”, “organizar”, “capacitar”, “sensibilizar”, “crear una nueva conciencia” y “formar” en las comunidades rurales un sentido de pertenencia hacia el territorio y los recursos, enseñando una concepción particular del entorno mientras se deposita en ellos gran parte de la responsabilidad de la conservación de los manglares. Aunque las comunidades participan en los programas de conservación y restauración de los manglares, no se trata de una participación plena ni equitativa con respecto a otros actores sociales. Las entidades exigen a las comunidades el logro de objetivos que promueven a partir de los discursos hegemónicos y recursos internacionales, develando la jerarquía que se presenta en la empresa de la conservación y la articulación multiescalar existente entre los tratados internacionales sobre medio ambiente y la legislación ambiental nacional. La normatividad generada en Colombia busca “garantizar la conservación de los manglares en el marco del concepto de desarrollo sostenible, permitiendo así, equilibrar el desarrollo de las actividades socioeconómicas, sin comprometer la oferta de bienes y servicios y su conservación” (Invemar 2010, 105, énfasis de las autoras). Esta situación queda claramente expuesta en la resolución generada el 21 de diciembre de 1995 por el Ministerio del Medio Ambiente donde se “dictan medidas para garantizar la sostenibilidad de los manglares en Colombia” considerando que:

El artículo 9o. de la Constitución Política establece que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia, como el Convenio sobre Biodiversidad contenido en la Ley 165 de 1994, que prescribe en su artículo sobre la utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica, que se adoptarán medidas relativas a la utilización de los recursos biológicos para evitar o reducir al mínimo los efectos adversos para la diversidad biológica; que se protegerá y alentará la utilización consuetudinaria de los recursos biológicos, de conformidad con las prácticas culturales tradicionales que sean compatibles con las exigencias de la conservación o de la utilización sostenible; que se prestará ayuda a las poblaciones locales para preparar y aplicar medidas correctivas en las zonas degradadas donde la diversidad biológica se ha reducido; y que se fomentará la cooperación entre las autoridades gubernamentales y el sector privado en la elaboración de métodos para la utilización sostenible de los recursos biológicos (énfasis de las autoras).

Sin embargo, la organización y capacitación de la comunidad en el aprovechamiento de los recursos no aparecen planteadas para otros grupos que en igual o mayor medida afectan de manera negativa el ecosistema. En este escenario se resalta la necesidad de educar y formar las comunidades rurales, se produce una ruptura de diálogo entre el saber científico y el conocimiento local. Así lo señala este habitante: “usté sabe que la opinión de las entidades hay que respetarla, esa teoría […] estudio es estudio y donde hay estudio ¿qué va a hacer uno analfabeto? ¿qué va a alegar? Nada” (pescador 41 años, 2013). En otras regiones, como la Amazonía, las instituciones apelan a retóricas globales construidas sobre la idea de un indígena pleno de sabiduría en el manejo de la naturaleza y las mismas comunidades indígenas refuerzan esos sistemas de representación (Del Cairo 2007). Sin embargo, en el caso de Puerto Cesar, un poblado compuesto por personas de diversa procedencia, es imposible asignar responsabilidades ecológicas en función de ese supuesto saber ancestral sobre la naturaleza. De acuerdo con Bocarejo (2009 y 2011) establecer un isomorfismo entre el territorio y la etnicidad ha redefinido abiertamente los límites entre indígenas y campesinos. Las organizaciones ambientales tienen imaginarios fijos sobre los lugares que deben ser conservados y las representaciones de quienes los habitan como sus protectores sin cuestionar sus condiciones de vida. Estas representaciones son atribuidas generalmente a grupos indígenas en oposición a los campesinos considerando que estos no tienen conexiones culturales con el territorio y delimitando su acceso a la tierra o los recursos.

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En este sentido es importante cuestionar la introducción de una naturaleza producida por los expertos que llegan en nombre de su protección y promulgan una lectura moral de la relación entre seres humanos y no humanos tendiente a la conservación (Restrepo 2001). De esta manera y de acuerdo con el autor, la naturaleza se transforma en objeto de la política y del planeamiento, se convierte en medio ambiente y empieza a configurarse como un ente pasivo que espera la intervención del ser humano so pena de desaparecer, convirtiéndose en una naturaleza netamente efímera (Schwarz y Thompson 1990; Steg y Sievers 2000). De acuerdo con la investigación doctoral de Pérez (2015) en el Darién, es importante considerar que todo conocimiento es situado y obedece a relaciones de poder y a condiciones histórico-temporales precisas, por lo tanto es necesario examinar los contextos de producción, circulación y recepción de los discursos ambientales, así como las maneras en las que el lenguaje ha producido y puesto en circulación creencias y representaciones particulares sobre la naturaleza, el desarrollo y la modernidad. Los discursos del ambientalismo han sido introducidos en comunidades donde no son compartidos sus supuestos, revelando que estos son esencialmente políticos y que estando permeados por el poder buscan, más que la lógica y la verdad, persuadir o convencer (Milton 2006). Esto demuestra, como lo señala Morin (citado por Diegues 2005), que el conocimiento es poder, que se impide el acceso de otras personas o grupos al conocimiento para conservar el monopolio de su poder y que se suele validar la posición superior de la ciencia moderna que considera el conocimiento objetivo y verificable por métodos científicos, como la única fuente de la verdad universal (Diegues 2005). Así, los científicos o expertos detentan el saber moderno en detrimento de otros saberes y su supremacía como administradores de los recursos sufre la crítica, en este caso de los pescadores quienes los acusan de poseer únicamente un “saber de escritorio”. Esta posición de los habitantes es explicada siguiendo a Tuan (1990) quien afirma que el individuo interpreta de diferentes maneras lo que percibe y se inclina y adhiere con fuerza a una interpretación porque le parece verdadera, aunque considere que otros puntos de vista son posibles, porque esta se compadece con su experiencia total. Cabe resaltar entonces la brecha de valoración del entorno que existe entre los diferentes actores involucrados de acuerdo con sus intereses y apreciaciones del mismo.

Conclusión Los habitantes de Puerto Cesar han sido sometidos al desarraigo de sus lugares de origen y obligados a vivir en las márgenes de un territorio disputado por la agroindustria, la ganadería, los grupos armados y los

ambientalistas. La incertidumbre ambiental, política y socioeconómica impide la construcción de un sentido de pertenencia y territorialidad que fundamente, como idealmente se espera de una comunidad local y rural, un uso y manejo de los recursos que garantice su renovación y permanencia para futuras generaciones como iniciativa propia de la colectividad. Esto se debe a que los recursos no solo están a merced del uso y manejo particular que los habitantes de las comunidades locales les dan, sino que son manejados y explotados en condiciones diferenciales por actores entre quienes la responsabilidad ecológica no se distribuye de manera proporcional a los efectos que cada uso particular tiene sobre los recursos. En este sentido los frutos de la conservación y el buen manejo de los recursos que puede hacer una comunidad local no se ven reflejados, necesaria y estrictamente, en beneficios a largo plazo para sus miembros, como la disposición y abundancia requerida para futuras generaciones que de manera directa aseguren la supervivencia y reproducción social de la comunidad. A través del caso analizado se evidencia la superposición de representaciones contradictorias sobre la naturaleza y de sistemas económicos antagónicos en un mismo espacio. En estos escenarios surgen mecanismos velados de resistencia que equilibran las relaciones de poder y pueden eventualmente conducir a procesos de negociación que permitan sustituir discursos globales sobre la naturaleza por discursos interculturales que se ajusten tanto a los conocimientos, creencias y expectativas de las comunidades locales como a los conocimientos científicos y a los propósitos políticos nacionales en materia de biodiversidad y conservación de los ecosistemas marinos y costeros. Las propuestas de educación ambiental orientadas a la protección de los manglares podrían encontrar una fuente de inspiración en las corrientes pedagógicas que hacen una crítica de la fragmentación del conocimiento, del racionalismo y del antropocentrismo en el ámbito escolar e invitan a un diálogo entre la epistemología positivista y nuevas formas de conocimiento. Se trata, como dicen Arenas y Del Cairo (2009), de despertar y encauzar actitudes éticas frente a la crisis ambiental por medio de un aprendizaje del lugar, de una educación productiva y de una descolonización cultural.

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Relación de una comunidad de pescadores del golfo de Urabá (Colombia) | Ana María Gómez Aguirre · Sandra Turbay

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Implantaciones mineras y trayectorias territoriales. El noroeste argentino, un nuevo centro extractivo mundial* Silvina Carrizo** – Marie Forget*** – Mathilde Denoël**** Fecha de recepción: 27 de febrero de 2015 • Fecha de aceptación: 17 de julio de 2015 • Fecha de modificación: 24 de agosto de 2015 DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res55.2016.08

R E S U M E N | La actividad minera en Argentina cobra dinamismo y se vuelve fundamental para la economía del país, reposicionando la cordillera de los Andes en el corazón de las problemáticas económicas, políticas y sociales, a distintas escalas. La especialización de los territorios de montaña como reservorios de materias primas mineras es cuestionada por parecer inducir —en territorios todavía marginales, pobres y poco poblados— un débil desarrollo. Las trayectorias de tres provincias —San Juan, Catamarca y Jujuy— permiten analizar el rol de los actores estatales y no estatales en la construcción del recurso y de los valores que le son atribuidos. De esas interacciones nacen modelos de desarrollo alternativos para los territorios andinos, tomando en cuenta progresivamente las problemáticas locales de desarrollo. PA L A B R A S C L AV E | Argentina (Thesaurus); explotación minera, extractivismo, desarrollo territorial, Andes (palabras clave de autor).

Mining Implantations and Territorial Trajectories: The Argentine Northwest, a New World Extractive Center A B S T R AC T | The mining industry has become very dynamic in Argentina and is in fact essential to the country’s economy, repositioning the Andes mountain chain at the heart of economic, political and social issues, on different scales. The specialization of the mountain territories as reservoirs of raw materials to be obtained through mining is questioned because of the weak development that seems to result from it in these still marginal, poor and scarcely populated territories. The trajectories of three provinces —San Juan, Catamarca and Jujuy— make it possible to analyze the role of governmental and non-governmental stakeholders in developing the industry and the values attributed to it. These interactions give rise to alternative development models for the Andean territories, that progressively take the local development issues into account. K E Y W O R D S | Argentina (Thesaurus); mining, extractivism, territorial development, Andes (Author’s Keywords).

La reflexión se elabora a partir de informaciones obtenidas y observaciones realizadas en el año 2014 durante dos trabajos de campo, en el marco de una investigación sobre energía e integración regional. Este trabajo recibió financiamiento del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Argentina. Proyecto de Investigación Plurianual PIP 11420100100114 “La energía en el Norte Argentino: desarrollo territorial e integración regional”; Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Proyecto Internacional de cooperación científica CNRS - CONICET “La dimension territoriale des politiques énergétiques: Réseaux, environnement et intégration” y el Consulado de Francia en Argentina.

Doctora en Geografía, Ordenamiento y Urbanismo por la Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 (Francia). Investigadora del Conicet y del Centro de Estudios Sociales de América Latina (CESAL). Entre sus últimas publicaciones están: “Redes de energía y cohesión territorial. Conformación de los sistemas de transporte de electricidad y gas en Argentina” (en coautoría). Transporte y Territorios 11: 53-69, 2014 y “Vulnerabilidad energética en la metrópoli de Buenos Aires” (en coautoría). Territorios 30: 127-146, 2014. * scarrizo@conicet.gov.ar *** Doctora en Geografía, Urbanismos y Ordenamiento territorial por la Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 (Francia). Profesora de la Université de Savoie (Francia) e investigadora de Environnements, Dynamiques et Territoires de Montagne (EDYTEM), Francia. Entre sus últimas publicaciones están: “Exploitation minière des Andes en Argentine. Mutation d’une périphérie nationale” (en coautoría). Informations et Commentaires: Le développement en questions. 168: 31-38, 2014 y “Sociétés andines et changements environnementaux depuis 4 000 ans dans la région du Nevado Coropuna (sud du Pérou)” (en coautoría). Bulletin de l’Institut Français d’Études Andines 40 (2): 235-257, 2012. * marie-emilie.forget@univ-savoie.fr **** Estudiante de doctorado de Geografía de la Université Toulouse - Jean Jaurès. Entre sus últimas publicaciones está: “Acteurs globalisés et ressources minières localisées: contours et enjeux de la contestation post-extractiviste en Argentine” (en coautoría). Informations et Commentaires: Le développement en questions 168: 31-38, 2014. * mathilde.denoel@univ-tlse2.fr

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Implantações mineradoras e trajetórias territoriais. O noroeste argentino, um novo centro extrativo mundial R E S U M O | A atividade mineradora na Argentina ganha dinamismo e torna-se fundamental para a economia do país ao reposicionar a Cordilheira dos Andes no coração das problemáticas econômicas, políticas e sociais, a diferentes escalas. A especialização dos territórios de montanha como reservatórios de matérias-primas mineradoras é questionada por parecer induzir —em territórios ainda marginalizados, pobres e pouco povoados— um fraco desenvolvimento. As trajetórias de três províncias — San Juan, Catamarca e Jujuy— permitem analisar o papel dos atores estatais e não estatais na construção do recurso e dos valores que lhe são atribuídos. Dessas interações, nascem modelos de desenvolvimento alternativos para os territórios andinos, considerando progressivamente as problemáticas locais de desenvolvimento. PA L AV R A S - C H AV E | Argentina (Thesaurus); exploração mineradora, extrativismo, desenvolvimento territorial, Andes (palavras do autor).

Introducción A lo largo del siglo XXI la actividad minera ha crecido en Argentina, volviéndose cada vez más importante para la economía nacional y para las provincias. La prospección y la explotación de yacimientos se concentran en los minerales preciosos, tanto que los proyectos de oro y plata representaron por sí solos la mitad de las inversiones en minería; aunque también se multiplican los proyectos de explotación de otros minerales como el litio (Jaskula 2015). El gobierno denominó a estos diez últimos años la “década minera” (Secretaría de Minería 2011), legitimando la minería como política nacional de desarrollo. El crecimiento de la actividad minera se ha facilitado por la instauración, en los años 1990, de un marco legislativo favorable a los nuevos emprendimientos de gran envergadura. Desde 2003 el “Plan minero nacional” apoya la actividad como motor y modelo de crecimiento económico (Secretaría de Minería 2009). Pero son las provincias las que poseen el dominio de los recursos mineros, otorgan las concesiones y fijan las condiciones de explotación. Con diferentes niveles de desarrollo, principalmente las provincias que se ubican sobre la cordillera de los Andes despliegan actividad minera (Lavandaio 2008). El boom minero resitúa los Andes en el corazón de problemáticas locales, provinciales, nacionales e internacionales y liga las formas de organización espacial y las dinámicas territoriales cordilleranas a tendencias económicas, sociales y políticas que trascienden las fronteras nacionales. De hecho, si bien en Argentina la participación de los actores locales —entre ellos el Estado— es considerable, la inversión extranjera aporta una porción importante de los capitales en el sector. Además, la mayoría de los minerales extraídos son destinados a la exportación (Alimonda 2011; Szablowski 2007). Para este número temático sobre conflictos socioambientales y ecología política en América Latina se

adopta una perspectiva contemporánea, multiescalar y relacional de territorios rurales de montaña, geográficamente periféricos, localizados en el noroeste argentino. Desde esa óptica se analizan los juegos de actores en las trayectorias de estos territorios focalizando el estudio en tres provincias —Catamarca, San Juan y Jujuy—, cuyos gobiernos no tienen los mismos modos de considerar la valorización, los recursos naturales o la visión estratégica nacional, asunto que amplía el espectro de enfoques sobre la naturaleza en correspondencia con una diversidad de actores. Se ilustra entonces una visión global de la naturaleza como recurso explotable que en las provincias estudiadas se aplica de formas diferentes en función de las características naturales, sociales, políticas y económicas de cada una. Esta visión global de la naturaleza y de las actividades mineras genera conflictos a escala local, que este artículo evocará al analizar los juegos de actores y las relaciones de poder, que configuran los territorios en cuestión. Los territorios resultan de procesos socio-económicos, inscriptos en un espacio que adquiere una configuración circunscrita legible multiescalarmente, identificable respecto al exterior y apropiado por una sociedad que puede entenderse multiculturalmente (Vanier 2007). La reflexión se elabora a partir de informaciones obtenidas y observaciones realizadas en el año 2014 durante dos trabajos de campo, en el marco de una investigación sobre energía e integración regional en el norte argentino. Los sitios seleccionados forman parte de lo que se podría llamar un nuevo centro de extractivismo global. Se considera extractivismo la explotación de grandes volúmenes de recursos —renovables o no— cuya tasa de extracción es mucho más alta que la tasa ecológica de renovación del recurso, recursos que se exportan como commodities desde territorios que tienden a resultar economías de enclave (Acosta 2011; Gudynas 2012). Luego resulta relevante observar los vínculos entre las actividades mineras y el desarrollo territorial e interrogar cuáles son las consecuencias territoriales asociadas a las nuevas jerarquías funcionales de una

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economía globalizada. Se pretende así contribuir a reflexionar sobre las trayectorias territoriales de espacios con implantaciones mineras que, varían en función de las características de cada ambiente, de la valorización que se haga del recurso y de la perspectiva de desarrollo predominante. El artículo se estructura en dos partes: 1. espacios, actores y actividades mineras; y 2. dinámicas de desarrollo territorial ligadas a la minería, por medio de la evolución de las infraestructuras y de perspectivas críticas o alternativas al desarrollo extractivo.

Las implantaciones mineras Geraud Magrin y Laetitia Perrier-Brusle (2011) afirman que las implantaciones extractivas derivan de la puesta en producción de espacios a-territoriales, esenciales para el funcionamiento del mundo globalizado contemporáneo, aunque contribuyan a la fragmentación del espacio nacional. El enfoque utilitarista del ambiente permite ver esa fragmentación como una de las bases organizativas del modelo extractivo-exportador y distinguir los territorios mineros de aquellos donde priman otros modelos de desarrollo (Denoël 2014). En las provincias estudiadas —San Juan, Catamarca y Jujuy— el modelo extractivo-exportador se hibrida diferentemente a modelos de desarrollo alternativos, según las valoraciones de los actores en juego, en cada caso (ver parte 2). La comprensión de la visión eco-eficiente, a veces híbrida, permite —desde el prisma de la ecología política latinoamericana— reconsiderar varios mecanismos de apropiación, de valoración y de percepción de la naturaleza, como también ocurre en movimientos socio-ambientales. Ese campo de discusión pluridisciplinario valoriza la integración de estos estudios de caso, en un modelo de desarrollo que incluye “operadores espaciales” y relaciones de poder políticas y económicas, con base en el territorio que transforma (Alimonda 2011). Así, si las cuestiones de la ecología son ante todo cuestiones de apropiación, esas relaciones de poder permiten a unos actores más y a otros menos, acceder a los recursos y decidir sobre su utilización (Delgado 2013). En ese modelo neo-desarrollista que encarna relaciones de poder multiescalares prima la visión eco-eficiente de los territorios, en la que los espacios cobran valor casi exclusivamente por los recursos explotables. Desde esta óptica, las economías locales compiten entre sí al estar más vinculadas a un condicionamiento mundial que a una política de Estado, aunque haya articulación entre actores transnacionales y actores públicos por complementación de intereses en lo que Svampa (2012) denomina el “consenso de los commodities”. Si bien se reconoce la existencia de macro-poderes decisionales,

se entiende también que el Estado —tanto nacional como provincial— organiza los espacios territoriales desde su papel de ejecutador directo (Alimonda 2011). Entonces, en los ejemplos trabajados (ver parte 2) se pretende analizar los procesos y políticas que perpetúan lógicas de acumulación, quiénes las ejecutan y qué pueden conllevar a escala local como infraestructuras en el caso de la provincia de San Juan. En Argentina, debido a la reestructuración productiva provocada por la orientación neoliberal de la economía, se ha iniciado un proceso de re-primarización de las exportaciones —entendido como el aumento relativo de productos primarios en la estructura total de las exportaciones (Bastian y Soiher 2012; Gorestein, Schorr y Soler 2011)—. En el modelo exportador del país, la explotación de las materias primas no se articula estrechamente a la cadena de valor nacional sino a los mercados mundiales. Por lo tanto, el modelo extractivo-exportador transforma los territorios en buena medida en función de la dotación de materias primas demandadas internacionalmente (Velut 2007). En las diferentes etapas de su historia económica, Argentina no ha conseguido que en sus exportaciones primen bienes de mayor valor agregado y se incorporen fuertemente procesos de innovación científica y tecnológica, para lo cual existen abundantes recursos humanos calificados (Rapoport 2007). En esa historia, las exportaciones mineras tampoco ocuparon un lugar destacado sino hasta finales de siglo XX (Secretaría de Minería 2011). La minería de gran envergadura y con rol central para el gobierno es relativamente nueva en Argentina (Kulfas, Porta y Ramos 2002). Esto contribuye a que la minería tenga una inscripción espacial y una gobernanza muy diferente en el país y en la región; ya que para los países vecinos con territorios de montaña —Bolivia y Chile— la minería representa una actividad tradicional con comunidades vinculadas a ella. La minería en Argentina cobra relevancia recién en el siglo XXI —sin decaer con la crisis del 2001— como resultado de las políticas neoliberales implementadas en los años 1990 que atrajeron inversores extranjeros con beneficios específicos: un régimen particular para las inversiones mineras (Ley 24.196/1993) con garantía de estabilidad fiscal por treinta años; ventajas para la importación de equipos de producción (sin pagar tasas) y un nivel de regalías máximo fijado al 3% del valor en “boca de mina” de los minerales extraídos (mineral extraído, movido y/o almacenado antes de su transporte)1 (Honorable Congreso de la Nación Argentina 1993).

1 A menudo las regalías mineras - negociadas entre las empresas y las provincias- son inferiores al 3%. Por ejemplo, Barrick Gold aportaría 1,7% de regalías por lo extraído en mina de Veladero (Colectivo Voces de Alerta 2011) y el valor sería calculado únicamente sobre una declaración realizada por la empresa (Svampa 2012).

rev.estud.soc. No. 55 • enero-marzo • Pp. 120-136 • ISSN 0123-885X • eISSN 1900-5180 · DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res55.2016.08

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La exploración y explotación de yacimientos de oro (33%), plata (21%) y cobre (19%) en conjunto representan las tres cuartas partes de las inversiones financieras realizadas en proyectos de minería. Del año 2002 al 2011 las exportaciones mineras subieron de 3.000 millones de dólares a 16.000 millones de dólares y el número de proyectos, de ser inferior a 20, pasó a superar los 600 (Secretaría de Minería ND). Trece provincias poseen actividad minera sostenida desde el 2003 por el Plan Minero Nacional, lanzado con el fin de dinamizar el sector. En Argentina, la mayor parte de las reservas no han sido exploradas y a los inversores interesa su potencial minero (Davis 2010). La Ley de inversiones mineras (24.196/1993) fija el marco político nacional y establece un régimen favorable a la multiplicación de proyectos, fundamentalmente de gran escala, avalando un tipo de explotación intensiva conocida como megaminería. Las inversiones productivas en estas estructuras provienen de treinta países, de los cuales más de la mitad son originarios de América del Norte. La participación de actores públicos o privados locales no es insignificante (14%), pero la superioridad cuantitativa del capital invertido por Canadá (43%), Australia (13%) y Estados Unidos (8%) y el hecho de que los minerales extraídos se destinen fundamentalmente a la exportación influyen en las relaciones norte/sur (Szablowski 2007). Los actores transnacionales permanecen muy ligados a su Estado de origen y actúan así en complemento de su diplomacia, convirtiéndose en determinantes de la política extranjera. Entre Estados y actores transnacionales se estructura una relación de dependencia mutua más que de dominación o subordinación, ya que se sirven recíprocamente (Scheer 2007). Eso es característico del neo-extractivismo en el que los actores privados son, a los ojos de los gobiernos, socios para el desarrollo nacional. Porque más allá de los recursos financieros que captan de las actividades extractivas para redistribuir, los gobiernos avalan y defienden esas actividades como un componente modernizador con beneficios para toda la sociedad, favorable al uso de innovaciones científico-técnicas y necesario para el desarrollo en la lucha contra la pobreza y por la justicia social, dándoles de ese modo legitimación social y política (Gudynas 2009 y 2012). Así lo reflejan palabras del secretario de minería de la nación, Jorge Mayoral, en su discurso en la 6ta exposición internacional ARMINERA, organizada por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, en Buenos Aires en 2007: Son ustedes, son los proyectos, los operadores y los prestadores de servicios, los que generan más de 37 mil empleos directos por estos tiempos en la Argentina, y los que generan más de 165 mil empleos indirectos, un verdadero pico histórico jamás conocido que pone a la minería en el contexto nacional como un sector muy activo en la construcción de un país más justo. (Boccardi et al. 2007)

Como destacó Saskia Sassen (2000), el posicionamiento del Estado como actor central secundado por actores privados no significa un deterioro del Estado debido a la globalización, sino su transformación. La reubicación del Estado como un actor central en el marco del neo-extractivismo puede ligarse a una de las características de la globalización: la del negociador entre la ley, el interés nacional y el actor extranjero. Luego los megaproyectos mineros se concretan bajo la forma de enclaves controlados por capitales extranjeros: una suerte de explotación a-territorial, no adaptada al territorio en el que se implanta, que reproduce una organización estandarizada mundialmente de la extracción de un recurso local. La a-territorialidad de los enclaves mineros es particularmente fuerte en países con escasa tradición minera, en la explotación intensiva que genera pocos empleos y donde las infraestructuras de conexión —redes de transporte, eléctricas, de agua— son concebidas y construidas específicamente para esos nuevos sitios extractivos. En efecto, la territorialidad de los enclaves mineros es acotada, pero las empresas transnacionales necesitan territorializarse para alcanzar un nivel de aceptabilidad suficiente que les permita funcionar y minimizar los conflictos locales (Debarbieux 2007). En 2010, la actividad minera en Argentina ofreció más de medio millón de puestos de trabajo según cifras de la Secretaría de Minería (ND), pero hay que señalar que estas cifras contrastan con las publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) que da un promedio de poco menos de 20.000 trabajadores. La manipulación de las cifras es a menudo denunciada por la sociedad civil, en oposición al desarrollo de esta industria, aduciendo que la megaminería demanda mucho capital, pero utiliza poca mano de obra (Colectivo Voces de Alerta 2011). No obstante, las regalías y otros dividendos resultantes de la minería constituyen un elemento fundamental en las economías provinciales. Las implantaciones mineras, funcionando como enclaves controlados por capitales extranjeros, conforman un sistema espacial que articula dos nodos principales: 1) una suerte de archipiélago en el área de recursos identificada, explorada y explotada por grandes grupos internacionales, donde ramales secundarios conectan varios sitios de extracción próximos unos de otros para drenar los minerales a lugares de preparación o acumulación y 2) lugares de exportación, conectados a los anteriores por medio de una vía de salida mayor o eje principal. El sistema de enclave en su conjunto queda muy parcialmente vinculado al territorio local. En la provincia de Catamarca, la organización espacial en archipiélago es visible en lo que se denomina Distrito Minero, en el sector que las autoridades de la empresa provincial Catamarca Minera y Energética (Caymen) califican como el “Cinturón de fuego de la minería” (“Yamana Gold firmó acuerdo” 2014) que reúne articulada-

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mente las minas 1) Farallón Negro, 2) Bajo de la Alumbrera y 3) Capillas (imagen 1). Las operan respectivamente 1) Yacimientos Minerales de Aguas Dionisio (YMAD), integrada por la Provincia de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y la Nación2; 2) Minera Alumbrera Limited, compuesta por Xstrata Plc (50%) de Suiza y por Goldcorp Inc (37,5%) y Northern Orion Resources Inc (12,5%) —ambas canadienses—, a este consorcio queda asociada YMAD, por poseer los derechos de exploración y explotación del área; y 3) Camyen. A estas explotaciones se sumarían los proyectos de Agua Rica y Cerro Atajo (imagen 1). Por rutas menores, los sitios quedan conectados a la ruta nacional No. 40 y a través de ella la capital, San Fernando del Valle de Catamarca. Siendo los caminos abiertos y mantenidos principalmente por o para los servicios de minería, podría decirse que los actores privados ocuparían, cubrirían o tendrían un papel público, ya que históricamente la apertura y mantenimiento de las rutas han sido responsabilidad de la provincia o la nación. En Jujuy, la explotación de los salares de Cauchari y de Olaroz constituyen otro ejemplo de organización espacial en enclave. Allí se ubica una parte de las reservas sudamericanas de litio, repartidas en un “triángulo” que comparten Argentina, Bolivia y Chile, y que concentra 70% de las reservas mundiales. Es por ello que invierten grandes sumas en su desarrollo las empresas 1) Lithium Americas3 con capitales de la fabricante de componentes de auto canadiense Magna y la japonesa Mitsubishi, y 2) Sales de Jujuy,4 conformada por la canadiense Orocobre Limited (66,5%), la japonesa Toyota Tsusho (25%) y la empresa pública provincial Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE) (8,5%). Estos grupos negocian, entonces, la realización de infraestructuras que faciliten la exportación del litio por el Océano Pacífico desde el puerto de Antofagasta en Chile (imagen 2). Eso ilustra la estrategia que las empresas despliegan a escala regional traspasando las fronteras nacionales, secundarias en sus lógicas de expansión. Gracias al Salar de Atacama Chile ocupa el primer lugar en el ranking de países con producción de litio (40% del total mundial). Las empresas chilenas Sociedad Química y Minera (SQM) —mayor productora mundial de litio por su explotación de yacimientos próximos a Antofagasta— y Grupo Lucksic que exportan principalmente a Corea del Sur y China, condicionan su instalación en

En 1936, Abel Peirano de la Universidad de Tucumán descubre el yacimiento Farallón Negro. En 1958, dicha universidad, la provincia de Catamarca y Nación firman un acta para emprender conjuntamente el proyecto minero y por la ley nacional 14.771 se crea Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio. Desde 2008, 20% de los beneficios de YMAD son transferidos a las universidades nacionales, algunas de las cuales los han rechazado.

Ver http://www.lithiumamericas.com.

4 Ver: http://www.salesdejujuy.com.

Argentina a la presencia de vías de transporte hacia los puertos del Pacífico (“El gobierno argentino” 2012). Estas compañías concretarían las operaciones si la provincia se comprometiese a activar el ferrocarril entre Antofagasta y Salta y a mejorar el estado de las rutas para facilitar la exportación del mineral a los mercados asiáticos. Así, estas áreas que permanecieron periféricas a escala nacional se convierten en centros estratégicos para las grandes empresas multinacionales (Magrin y Perrier-Bruslé 2011). La organización espacial de enclaves aumentaría la fragmentación de los territorios de montaña, en el sentido de que los sitios de explotación están directamente relacionados con el sistema-mundo, mientras que los territorios en que se implantan o que los rodean se transforman en periferias dominadas por esos sitios productivos y su evolución. Esto sugiere un retorno a un sistema operativo de tipo colonial, ya que la forma de explotación del recurso y la asimetría de los intercambios no cambian sustancialmente. En este sentido, localmente se impone una nueva geografía basada en implantaciones a-territoriales que alteran o desplazan las comunidades locales, anulan otros circuitos productivos y rompen la existencia tradicional de aquellos territorios (Gudynas 2012). Esa transformación de la geografía local se ve tanto en Catamarca como en San Juan y Jujuy, donde las grandes instalaciones mineras repercuten en la vida de las comunidades del entorno. Algunos actores de la sociedad se movilizan para defender el territorio afectado a partir de valoraciones distintas, ya sea por tratarse de un territorio originario, heredado o productivo, entre otros (Álvarez 2011). A partir de esas movilizaciones se han constituido movimientos a distintas escalas: provinciales, como las asambleas de vecinos autoconvocados o nacionales, como la Unión de Asambleas Ciudadanas contra la contaminación y el saqueo (UAC). Estos movimientos se nutren de conceptos teóricos propios del pensamiento de la ecología política latinoamericana, que a su vez se alimenta de las ideas y acciones que surgen de las movilizaciones. En 2007 nace el Observatorio de los Conflictos Mineros de América Latina (Ocmal 2015) que reúne más de 40 organizaciones que comparten el objetivo de establecer estrategias de resistencia y alternativas a la minería en América Latina, en defensa de las comunidades y poblaciones que, ejerciendo sus actividades locales como agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, turismo, vivienda y cultura son afectadas por los impactos de la minería en la región. Sus mapas de conflictos mineros y de criminalización de la protesta social muestran la escala continental de la oposición a la imposición del extractivismo, independientemente de la orientación política de los gobiernos. Por su parte, el Colectivo Voces de Alerta (2011) cita más de 200 conflictos en torno a la actividad minera de gran envergadura en América del Sur.

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DOSSIER Imagen 1. Sitios mineros del noroeste argentino

Fuente: elaborada por los autores a partir de Rojas y Asociados (2012). Ver: http://www.rojasyasociados.com.

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DOSSIER Imagen 2. Explotaciones de litio en los salares del noroeste argentino

Fuente: elaborada por los autores.

En la escala regional del conflicto entre la expansión minera, los medios de vida y la sostenibilidad local — escala también mundial— se encuentran muchos casos en los que los arreglos jurídico-institucionales en pos de la expansión minera no han sido los adecuados para asegurar que las ganancias generadas se traduzcan en mayores niveles de desarrollo humano y de calidad ambiental. En ellos es débil la manifestación de efectos positivos sobre la reducción de la pobreza y aumento de la equidad, especialmente para las áreas rurales. Esto explicaría en parte el reiterado malestar o temor social que acompaña una instalación minera. Esas preocupaciones de las poblaciones por la seguridad de sus medios de vida, por la percepción de que los activos regionales no han incrementado proporcionalmente a las ganancias de las compañías mineras y por las tensiones alrededor de la distribución y el uso del canon minero están en la base de los conflictos sociales (Bebbington y Bury 2010). Estas manifestaciones se desprenden de un temor de la población por los impactos de la mina. En su expresión

hay una reapropiación de lemas y consignas globalizadas de asociaciones y de organizaciones no gubernamentales internacionales, como “cambio climático o protección de la biodiversidad”. Dialécticamente se defienden territorios por sus reivindicaciones locales con discursos y herramientas cada vez más mundializados (Urkidi 2010). Así se crea una paradoja en la lucha contra efectos de la mundialización por medio de actores, sistemas e instrumentos mundializados (Rétaillé 2012). No obstante estas preocupaciones socio-ambientales compartidas y generalizadas que realzan reivindicaciones comunitarias e indígenas alimentan una nueva forma de valorización del territorio.

Las trayectorias territoriales Para mostrar los principales mecanismos que promueven el desarrollo territorial y analizar cada caso de estudio, se descompone el sistema de actores y los valores acordados al recurso (imagen 3). En él, la apropiación y la gestión del recurso pueden ser la

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finalidad –obtención de beneficios económicos como objetivos únicos-, o bien pueden servir como herramienta de negociación entre los diversos actores. Si la apropiación y la gestión del recurso resultan una finalidad (desarrollo tipo extractivista), el valor del recurso resulta exclusivamente mercantil; si resultan herramientas de negociación, el recurso cobra no sólo un valor económico sino también valores patrimoniales o territoriales y puede ser considerado como un bien común (lo que pone en cuestión el modelo de sociedad y de desarrollo tipo extractivista). En función de la importancia atribuida a cada uno de los valores se hibridan las maneras de pensar el territorio y cómo se modelan las trayectorias territoriales, tal como se lee en cada caso estudiado. Estos muestran cómo el territorio resulta del uso que hacen las sociedades del espacio que configuran a partir de procesos de apropiación material o simbólica, por lo que le asignan un sentido que se legitima a partir de valoraciones colectivas. Estas pueden convertir el territorio en un locus de las demandas y los reclamos que emitan actores públicos, empresas privadas, ONG o cualquier actor vinculado a ese espacio (Álvarez

2011). En Catamarca, la minería a gran escala presenta una mayor participación empresarial de la provincia, pero con un dinamismo limitado y una oposición social fuerte. La provincia de San Juan es probablemente la provincia cordillerana más abiertamente pro-minería. Jujuy consigue más recientemente atraer grandes inversiones mineras —aunque con participación estatal a través de la sociedad JEMSE— ligadas fundamentalmente a la extracción de litio, hecho que genera debates en torno al valor atribuible a la actividad. En la identificación de los mecanismos de desarrollo territorial se profundiza el estudio de la evolución de las infraestructuras energéticas. Esta permitiría ver, por ejemplo, la reinversión de sumas importantes al servicio del desarrollo de los territorios. Así, la construcción de redes energéticas —considerando los recursos y necesidades de la minería— no sólo sirve a las grandes empresas sino que —contemplando la conexión de las viviendas y equipamientos rurales y urbanos— mejora las condiciones de vida de las poblaciones cercanas. La integración de los espacios a los sistemas energéticos

Imagen 3. Convivencia entre sistemas del Estado y de actores no estatales Actores Estatales

Actores no estatales Sociedad civil

Actores transnacionales

Estado nacional Royalties

Gobierno provincial

Entrempresas del Estado Beneficios

Filial nacional

Políticas públicas nacionales Políticas públicas provinciales Apropiación / gestión del recurso

? Finalidad

Soporte de negociación

Modelo de sociedad Modelo de desarrollo

Valor de non uso

Recurso

Valor

Recurso

Valor de uso

Extractivo Económico Commodity

Uso Mercantil

Bien común Patrimonio Territorial

Mercantil razonado Legado (patrimonio) Nomercantil Existencia (Servicios ecosistemicos) Opción

Desarrollo local

Fuente: elaborado por los autores. Implantaciones mineras y trayectorias territoriales | Silvina Carrizo – Marie Forget – Mathilde Denoël

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evita en parte el efecto túnel, constituido un clásico en la construcción de grandes infraestructuras y se vuelve especialmente relevante en las provincias del norte argentino que han estado históricamente relegadas en materia de conexión al sistema nacional (Carrizo, Forget y Jacinto 2014), ver la imagen 4.

En Catamarca A mediados del siglo XIX, en Capillitas —departamento de Andalgalá— se forja ya parte de la historia minera catamarqueña y del noroeste argentino. Si bien hay registros de explotación minera desde tiempos prehispánicos, fue desde que se desarrolló un ciclo de cuatro décadas de minería del cobre de gran magnitud —y secundariamente de oro y plata— que la actividad minera

alcanzó importancia en la economía provincial. Sus vetas polimetálicas y de rodocrosita siguieron siendo objeto de ciclos de explotación, ligados a las variaciones en las demandas globales (Delfino, Quesada y Dupuy 2014). Catamarca consiguió atraer grandes inversiones mineras, particularmente el desarrollo de la mina de oro y cobre Bajo de la Alumbrera, construida entre 1995 y 1997, que representó la mayor inversión extranjera en Argentina en ese momento. Su antigüedad permite observar los impactos de esta actividad en los territorios de montaña en un tiempo relativamente largo. La fase de construcción de la infraestructura de la mina fue el período más importante en cantidad de empleo, proporcionando aproximadamente 4.000 puestos de trabajo. Después bajó a 800 empleos directos y 1.000 indirectos (Manzanal 2000).

Imagen 4. Expansión del sistema interconectado nacional

Fuente: elaborado por los autores. rev.estud.soc. No. 55 • enero-marzo • Pp. 120-136 • ISSN 0123-885X • eISSN 1900-5180 · DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res55.2016.08

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El desarrollo de la minería en la provincia refuerza la estructura económica tradicional, basada en el uso directo de los recursos naturales (Denis 1987) en el que el sector primario está sobrerrepresentado (Machado 2009; Osatinsky 2014; Rofman y Romero 1997). La minería no favoreció el desarrollo importante de los sectores industrial o terciario que, entre 1998 y 2002 con la puesta en marcha del proyecto, disminuyeron su participación en un 10% y 7% respectivamente, mientras el sector minero aumentaba en 18% su participación. De hecho, el fluido extraído es enviado en bruto directamente a Tucumán por un mineraloducto de 314 km. Desde aquí —una vez extraído el líquido— se transporta por tren a San Martín, al norte de Rosario, a orillas del Paraná desde donde es exportado por barco para su tratamiento en Canadá. En los nodos de extracción y logística en Argentina —que pertenecen a la empresa— no hay asociadas otras actividades (Osatinsky 2014) y sólo se reportan el oro y el cobre extraídos; pero en el material exportado habría asociados otros minerales que podrían ser de valor.

Imagen 5. Expresión gráfica en Catamarca contra la actividad minera

En la provincia de Catamarca aparecen juegos de actores complejos, sobre todo en términos de participación ciudadana, ya que la sociedad civil se manifiesta más movilizada contra el modelo extractivista. La actividad minera de gran envergadura —como la de cielo abierto— ha generado fuertes protestas y pone en duda la forma de apropiación del recurso. Este es considerado por las comunidades locales como un bien con un valor de uso comercial, pero también con un valor no asociado a un uso, lo que se convierte en un apoyo para la negociación y para definir un nuevo modelo de desarrollo basado en el recurso como “bien común”. La oposición ciudadana a la explotación minera nace, en parte, de luchas contra la puesta en funcionamiento de Bajo de la Alumbrera (imagen 5) a las que se suma la oposición de la comunidad de Esquel (provincia de Chubut) en contra de Yamana Gold en 1995. En el 2000, protestas en la localidad de Belén y en la de Andalgalá aducen falta de beneficios sociales, deterioro de las viviendas afectadas por el tránsito hacia o desde la mina y contaminación por el polvo generado y por la utilización de productos tóxicos (Machado 2009). En 2010, el gobierno provincial desalojó por la fuerza a los manifestantes que bloqueaban la carretera de acceso a la mina para protestar en contra de la puesta en marcha del nuevo proyecto minero de Agua Rica en Andalgalá (Bottaro y Álvarez 2012).

la actividad minera metalífera de gran envergadura. Entonces, se pusieron en operación para la extracción de oro y plata: Veladero, Gualcamayo y Casposo (imagen 6) (Ministerio de Minería 2015). La mina Pascua Lama, proyecto binacional argentino-chileno, se encuentra en construcción; y los informes de factibilidad ya están completos para los proyectos Hualilan y Pachón. Otros proyectos están en la etapa de exploración.

En San Juan La actividad minera metalífera en San Juan data de cuatro siglos, aunque de forma artesanal en minas como Carmen Alto, Mediodia y Hualilan, o en la Hilaririo conocida por sus ruinas. En 2004, con el gobierno provincial —encabezado por José Luis Gioja— se asumió la actividad minera como política de Estado y cobró impulso

Fuente: Forget y Carrizo (2014).

La provincia de San Juan, como la nación Argentina —y otras de América Latina—, percibe en la demanda mundial de minerales una oportunidad para el desarrollo. Pero en la estrategia de explotar recursos naturales para acelerar los procesos de desarrollo debe enfrentar desafíos ligados al control, uso y gestión de los recursos naturales y financieros, a la diversificación económica y a las demandas de las poblaciones directamente afectadas por las actividades extractivas, quienes deben participar tanto en el control de las mismas como en los beneficios generados (Arellano 2012). Ya la mina Casposo implementa una política “de puertas abiertas” que incluye campañas participativas de control de la calidad del agua en las cuales los representantes de las comunidades siguen el procedimiento en todas las etapas, desde la extracción de las muestras hasta el análisis de los resultados. San Juan propone el desarrollo de la actividad de acuerdo con los principios de la nueva minería, como una industria moderna, social, sostenible y respetuosa del medio ambiente (Ministerio de Minería 2015). Es la provincia con mayor número de proyectos de exploración y explotación minera. Su territorio (90.000 km2) principalmente de montaña atrajo cada vez más inversiones en exploración y empresas. Según las estadísticas del Ministerio de Minería (2012), las inversiones en exploración y prospección que habían sido de 2 millones

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de pesos en 2003 realizadas por dos empresas, pasaron a ser de 366 millones de pesos en 2011 involucrando a 37 empresas (ver la imagen 1). En la provincia de San Juan las manifestaciones contra el desarrollo de la actividad minera han sido modestas en comparación con lo acontecido en provincias como Catamarca y Jujuy, que encontraron mayor oposición por parte de las comunidades locales. En la ciudad de San Juan, donde se buscó sensibilizar a la población sobre los impactos positivos de la actividad y disuadir la oposición (Colectivo Voces de Alerta 2011), no abundan grafitis contra la minería; estos son más frecuentes en la provincia de Catamarca (imagen 5). Las manifestaciones contra la puesta en funcionamiento de Pascua Lama han sido más violentas en otras provincias e incluso en otros países como Chile, pero también en Europa (París en 2013) en defensa de las poblaciones locales frente a los impactos ambientales de la mina. A nivel nacional cobró fuerza la campaña para la protección de la reserva San Guillermo, situada a 70 km de la mina de Veladero (Greenpeace 2013). Imagen 6. Instalaciones en la mina Casposo

Fuente: Forget y Carrizo (2014).

En el caso de San Juan, los mecanismos de desarrollo se fundan principalmente en las relaciones entre actores gubernamentales y sociedades transnacionales vía regalías y beneficios adicionales en juego (Bottaro 2014). En un intento de contrarrestar la lógica de explotación de los recursos minerales que se ligaría al principio de la acumulación por desposesión5 (Harvey 2010), el

5 La acumulación por desposesión define las políticas neoliberales de muchas potencias occidentales resultantes de la centralización de la riqueza y el poder, en manos de un pequeño número que toma la mayoría de los bienes, la riqueza y la tierra comunes.

gobierno provincial ha creado una estructura legal que establece ingresos adicionales a los previstos por el Código Nacional de Minería. El objetivo es generar un desarrollo endógeno que se utilice en función de un plan estratégico por medio de los ingresos obtenidos de tributos mineros. El gobierno provincial también invierte a través de la empresa pública Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), que se asocia a los proyectos negociando beneficios como contraparte del otorgamiento de concesiones. Se aprecia entonces un desarrollo territorial impulsado por las inversiones provinciales con los consecuentes efectos derivados, como conexiones eléctricas y desarrollo de energías renovables (Doña 2013). Así el interés económico de la conexión al sistema interconectado nacional para las minas Gualcamayo y Casposo (ver la imagen 6) motivó que Gualcamayo con la nación y la provincia financiaran una línea eléctrica de 132kV de 123 km de Jachal a la mina (19 millones de dólares) y Casposo con la nación y la provincia financiaron (72 millones de dólares) la línea eléctrica de 500 kV (y de fibra óptica) que une Calingasta y Rodeo (91 km) y la de 132 kV de Rodeo a Jachal (45 km), inaugurada en 2010. La conexión permite que Casposo economice el equivalente a 300.000 litros de combustible por mes. La línea de 500 kV fue pensada para proveer electricidad a los proyectos Pachón, los Azules y Altares que juntos demandarían un tercio de la energía generada en la provincia y obligaría a esas empresas a invertir para la conexión de esta línea a otras provincias e interconexiones con el sistema chileno. La expansión de la red cobra impulso con el inicio de la actividad minera (Carrizo, Forget y Jacinto 2014). La extensión de las líneas y el crecimiento de la actividad minera provocaron un aumento en la demanda de energía que pasa de 1.500.000 MWh a 2.000.000 MWh (1,45% y 1,64% del total nacional respectivamente) en cuatro años. Si bien la demanda de los grandes usuarios creció, su participación en el total provincial bajó de 25 a 21%, ya que creció la demanda de los usuarios residenciales (de 42,5% a 45%) y de los comercios y pequeñas industrias (de 15,5 a 17%) (Adeera 2009 y 2013). Actualmente las minas alejadas de la red eléctrica son abastecidas por caravanas de camiones (imagen 7) cisterna con gasoil —entre 10 y 12 camiones por día suben a Veladero (10.000 m3 de combustible, 240.000 litros de lubricante por mes)—. La distancia y el relieve acarrean dificultades logísticas y costos de flete, así como riesgos ligados a la circulación de esas caravanas y otros materiales en rutas de montaña. Esto refuerza el interés por la búsqueda de soluciones nuevas (Forget y Carrizo 2014). En Veladero fue instalado un molino de una potencia de 2MW (producción 2GW año, inversión de 8,5 millones de dólares) que funciona con ciertas dificultades por la

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DOSSIER Imagen 7. Caravana de camiones rumbo a la mina

objetivo del plan es más ambicioso puesto que impulsa la instalación de la primera planta sudamericana de celdas fotovoltaicas y paneles solares (en construcción) que permitiría avanzar en el aprovechamiento de silicio disponible en las montañas sanjuaninas y dar respuesta a una demanda creciente a escala continental (Global Energy Network Institute 2009).

En la provincia de Jujuy

Fuente: Forget y Carrizo (2014).

baja densidad del aire a una altura de 4100 m. Además se invirtió en 11MW de energía solar (Barrick Gold 2012). Para las minas Pascua Lama y Veladero, la empresa Barrick prevé la construcción de un parque eólico y de una planta fotovoltaica (Barrick Gold 2012a y 2012b). Además, a 7 km de la mina Veladero existe la posibilidad de explotar recursos geotérmicos. El proyecto está en desarrollo desde 2010 con participación de la empresa EPSE. El objetivo es servir a la mina y aprovisionar comunidades aisladas. Estas iniciativas podrían ser asociadas a los fenómenos de greenwashing para mejorar la imagen de las empresas, pero constituyen a su vez un avance tecnológico sostenido por la política provincial y con un efecto de aprendizaje (Doña 2013). Las inversiones provinciales de San Juan en energías renovables contribuyeron a aumentar no sólo la disponibilidad energética, sino también la capacidad técnica local. La provincia instaló en Ullum el primer parque de generación solar del país, experimentando diferentes tecnologías fotovoltaicas. La provincia acoge a su vez el parque privado Cañada Honda6, el primer parque fotovoltaico de Sudamérica conectado a la red. La capacidad prevista es de 20MW y hoy alcanza los 7MW. Las redes de comunicación y la energía solar son dos aportes al territorio que adquiere formación y aspira a fortalecer su capacidad y multiplicar el capital disponible. En los proyectos se destaca la idea de agregar valor a los productos incorporando la industria a la cadena de producción, particularmente, estrechando lazos entre los sectores minero y energético. Esas iniciativas se integran a un plan provincial que desarrolla el mapa eólico y solar para identificar y evaluar esos recursos. El

6 Ver http://www.360energy.com.ar.

En Jujuy la minería aurífera empezó en la época pre-hispánica, pero entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, las inversiones, los esfuerzos y las políticas mineras se concentraron en otros sectores. Entre ellos, cobró especial dinamismo la explotación de boratos en la Puna para los centros mundiales, productores de cerámicos, de vidrios y de otras industrias. Esa nueva estructura minera que se perfilaba en la provincia favoreció la concentración de licencias y minas en actores extranjeros (Bovi y Fandos 2013). Entonces la actividad minera jujeña resulta de larga data. La provincia cuenta con una superficie de 53.219 km2 —la tercera provincia más pequeña del país— y un total de 673.000 habitantes (2,7% del total, INDEC 2010), pero con indicadores de desarrollo humano relativamente bajos a pesar de su riqueza mineral, mayormente explotada en la Quebrada y Puna. Se produce plata, plomo y cinc, destacándose la producción en sierra de Aguilar por volumen y por la continuidad histórica desde 1936 (Lavandaio y Catalano 2004). También se extraería estaño, cinc y plata en Pirquitas. Se ha explotado hierro, utilizado para fabricar acero, en el yacimiento de Zapla. Se producen boratos en Loma Blanca y desde 2015 se exporta litio. También se extraen rocas de aplicación y recursos energéticos (petróleo y gas) (Lavandaio y Catalano 2004). La minería cobra fuerza nueva a nivel provincial a principios de siglo XXI con el impulso dado por las actividades ligadas a la explotación del litio (Göbel 2013). Para viabilizar y potenciar los dos grandes proyectos mineros que se desarrollan en los salares de Olaroz y Cauchari se reforzarían las infraestructuras. Se abren una línea de alta tensión, rutas y caminos, así como la conexión de las instalaciones mineras al gasoducto transandino. La negociación emprendida en 2013 —entre la empresa estatal JEMSE y las extrajeras privadas— habría llevado a que la primera capte una suma importante de capital, cuya inversión motiva la elaboración de otros planes y proyectos que también podrían ligarse al desarrollo de energías renovables. La movilización de la sociedad civil genera debate en torno al valor atribuible a la minería. Si algunos actores ven un potencial de desarrollo único en la extracción de litio, las asociaciones de protección del ambiente y de defensa de poblaciones autóctonas se expresan con

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más reserva sobre esta actividad. Estos últimos militan a favor del desarrollo endógeno de las comunidades de las zonas de montaña mediante la mejora de sistemas de producción locales tradicionales como la agricultura y la ganadería (ProYungas 2012). Por ejemplo, la asociación Warmi Sayajsunqo (mujeres perseverantes, en quechua) —fundada en 1995 por Rosario Quispe, junto a ocho mujeres— procura el aprovechamiento de los recursos naturales en beneficio de los collas armando pequeños sistemas empresariales de pequeños artesanos para defender el derecho a la tierra de las comunidades y su uso para el pastoreo. Consigue incluso en asociación con otras organizaciones no gubernamentales la creación de la Universidad en la Puna. A pesar de la existencia antigua de minas como Pirquitas o el Aguilar y de explotaciones hidrocarburíferas, los mecanismos de las organizaciones no gubernamentales en Jujuy no se encuentran estrechamente ligados a estas actividades extractivas ni a críticas al modelo de desarrollo (Bottaro 2014; Svampa, Bottaro y Álvarez 2009). Tampoco se liga al desarrollo minero la política de llevar servicios modernos de energía a todos los habitantes de la provincia, promoviendo la instalación de nuevas infraestructuras y equipamientos incluso para pequeñas poblaciones ubicadas en espacios difícilmente accesibles.7 Por medio del Programa de Energías Renovables para Mercados Rurales (Permer) de la Secretaría de Energía de la nación, Jujuy ha sido pionera en la provisión de paneles fotovoltaicos —individuales o conformando microredes— a poblaciones e instalaciones aisladas, desconectadas o alejadas de la red por la distancia, el relieve y la escasa demanda. Esto va viabilizando el acceso universal a la energía moderna y con ello a mejores condiciones sanitarias, educativas y de comunicación. El abastecimiento eléctrico de las escuelas ha sido prioritario. En la actualidad se plantea diversificar las fuentes renovables utilizadas para servir las poblaciones rurales y con la continuación de este proyecto se busca respaldar la actividad favorable a las energías renovables de organizaciones no gubernamentales locales como Ecoandina,8 que históricamente han contado con escaso apoyo institucional. Esta desarrolla, asesora y capacita en tecnologías limpias, eficiencia energética y uso apropiado del agua. Fabrica artefactos solares térmicos, adaptados a las condiciones climáticas —de temperaturas extremas— de la cordillera (imagen 8 y 9). Viviendas e instalaciones de poblaciones aisladas poseen agua caliente gracias a sus equipos fabricados con materiales poco costosos y resistentes.

7 La electrificación en la provincia se hace según dos configuraciones territoriales asociadas a dos empresas independientes pero vinculadas financieramente: 1) Ejesa, a cargo de los espacios conectados a la red nacional o regional y 2) Ejsedsa a cargo del mercado disperso.

Imagen 8 y 9. Instalaciones de EcoAndina en San Salvador de Jujuy: taller de fabricación de colectores solares y casa Ecosolar de demostración de energías renovables limpias construida con un criterio sustentable y de máxima eficiencia energética.

Fuente: Forget y Carrizo (2014). Imagen 10. Equipamiento solar en el salar

Fuente: Forget y Carrizo (2014).

8 Ver http://www.ecoandina.org. rev.estud.soc. No. 55 • enero-marzo • Pp. 120-136 • ISSN 0123-885X • eISSN 1900-5180 · DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res55.2016.08

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Las acciones de asociaciones de desarrollo durable como EcoAndina buscan mejorar las condiciones de vida de las poblaciones, con mayor respeto por el ambiente. La instalación de equipos térmicos y fotovoltaicos, aprovechando las condiciones óptimas de la puna jujeña para el desarrollo de la energía solar (imagen 10), constituye otra manera de apropiarse de los recursos de los territorios de montaña: no dependiente de los grandes emprendimientos mineros, acorde a las necesidades locales y aporta mejores condiciones sanitarias, educativas y de comunicación. En la provincia y en la región hay otras iniciativas de desarrollo guiadas por asociaciones como Proyungas —originalmente de protección del ambiente— que participó activamente en la resolución de los conflictos surgidos por la construcción de gasoductos internacionales desde el norte argentino hasta Chile. Progresivamente ha ampliado sus áreas y temas de intervención e incluso gerencia una marca que certifica productos y servicios elaborados sustentablemente —con responsabilidad ambiental y social— en la región de las Yungas, ayudando así a poner en valor productos locales (ProYungas 2012). Iniciativas que estaban destinadas principalmente a encontrar una salida a los productos andinos para evitar el éxodo rural encuentran eco en el desarrollo de actividades globalizadas, como el turismo que se desarrolla en la quebrada de Humahuaca situada sobre el antiguo “camino del Inca”. Los recursos culturales indígenas y los recursos “naturales latentes” fueron revelados con su clasificación como Sitio de Interés Nacional en 1993 y como Patrimonio de la Humanidad en 2003. La consulta a poblaciones locales en el momento de incorporar a la Quebrada al registro de la UNESCO mostró su voluntad de desarrollar un turismo comunitario y solidario, pero el rápido crecimiento del turismo se tradujo principalmente en su apropiación por parte de actores privados que alteran el mercado de tierras, aumentan la presión sobre los recursos hídricos y organizan una actividad en la que los locales quedan prácticamente excluidos, siendo que ellos veían en la construcción de un “recurso turístico territorial” una alternativa a la minería (Sacareau 2011).

Reflexiones finales En la Argentina de finales de siglo XX, las reformas neoliberales que impulsaron las actividades mineras han colocado los territorios de los Andes argentinos, en el corazón de un modelo de desarrollo mundial, caracterizado por la explotación de grandes cantidades de recursos naturales que se exportan como commodities y se organizan según las relaciones políticas y económicas a diferentes escalas (Kulfas, Porta y Ramos 2002). Por ende, en la Argentina del siglo XXI, la estructuración de los territorios lleva la marca de una complementa-

riedad desequilibrada entre los centros de comando global (Serfati y Le Billon 2007) y los espacios bajo su influencia. Estos espacios resultan menos poderosos aunque sean ricos en materias primas; son los territorios de montaña, ricos en minerales pero poco poblados. Sobre esta doble condición, los actores extractivistas interesados en los recursos evitan conflictos potenciales ligados a los usos de los medios de producción —agua, energía y tierra— y negocian su implantación. Los territorios de montaña semejarían entonces territorios dotados de una habilidad “extractiva” simple, destinados a abastecer territorios con habilidades más complejas, capacitados para transformar y valorizar tecnológica e industrialmente las materias recibidas (Perrat 2006). Así es que la división internacional de las actividades mineras se apoya en la disponibilidad de material y en una fuerte asimetría social. Ante el interrogante de cuáles son las consecuencias territoriales vinculadas a las nuevas jerarquías funcionales de esa economía globalizada, se constata que la división espacial de las actividades productivas otorgaría a los Andes un rol de reservorio de recursos minerales, como potencial proveedor global de materias primas según un modelo de desarrollo económico neo-extractivista en el que la explotación y venta de materias primas —en bruto, sin diferenciación, ni transformación— queda débilmente conectada al valor doméstico pero estrechamente ligada a los mercados globales: con la fragilidad de un crecimiento económico atado a la disponibilidad de recursos y limitado por su agotamiento o los cambios en la demanda mundial (Velut 2007). La Ley de inversiones mineras (24.196/1993) fijó un marco político nacional estableciendo un régimen favorable a esa megaminería, frente a la cual y a pesar de lo reciente de esta actividad, la economía y la identidad territoriales anteriores persisten con dificultades mayores. De las percepciones de esos procesos y de las construcciones territoriales específicas dependen los valores atribuidos a los recursos, a escalas variables. A escala local se plantea la cuestión del desarrollo efectivo. A escala provincial y a escala nacional los efectos se reflejan como mínimo en la inversión infraestructuras energéticas. Pero las nuevas asimetrías interpelan los diferentes intereses y el rol de grandes actores transnacionales y de los Estados en una estructura federal favorable al funcionamiento del sistema. Las trayectorias de las tres provincias permiten presentar los juegos entre actores gubernamentales y no gubernamentales que, en función de sus visiones distintas y de las posibilidades socioeconómicas y políticas correspondientes, obran en términos de apropiación y de gestión de los recursos y de promoción del desarrollo. En la provincia de Catamarca, la fuerte movilización de la sociedad civil ha favorecido la consideración nueva de valores alternativos para los recursos y el territorio.

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En el caso de San Juan, en el desarrollo territorial y particularmente en la extensión de redes de energía la actividad dejó una huella relativamente positiva, ayudó a satisfacer necesidades poblacionales y a poner en marcha proyectos innovadores en el campo de las energías renovables. En cuanto a lo que acontece en la provincia de Jujuy, se aprecia que el tejido asociativo y la identidad de la comunidad han permitido abrir nuevas vías de desarrollo, especialmente con apoyo a las actividades tradicionales y turísticas. El turismo de montaña no constituye el modelo dominante de desarrollo de los territorios andinos, pero estos comienzan a cobrar importancia por la incorporación de valores globalizados, esgrimidos en la protección del medio ambiente de áreas consideradas notables.

Cualquiera que sea el caso, las movilizaciones de la sociedad civil y el fortalecimiento de los actores no estatales han ayudado a cambiar la percepción de los recursos, ya sea la materia prima, el paisaje o la cultura. El rol de los actores no gubernamentales resulta muy importante en el desarrollo de una visión alternativa de desarrollo que viabilice el uso de los recursos, adaptada a las problemáticas locales. Esta visión alternativa hace que sea posible tratar los recursos de forma comercial (uso de energía solar, venta de productos locales, explotación agrícola de la tierras) y a su vez tomar en cuenta los valores éticos y espirituales, muy presentes para las comunidades andinas. Estos valores no comerciales tienen tanto un valor patrimonial ligado a una voluntad de transferir los bienes a las generaciones futuras, como a un valor de existencia. En este giro, la emergencia fuerte de un discurso ambiental e identitario nutre el desarrollo de una valoración nueva de los recursos y del territorio, común a acciones de reivindicaciones comunitarias con ideas de “bien común”, “justicia socio-ambiental” y “vivir bien”. En las trayectorias territoriales de los espacios con explotación de recursos mineros, queda de manifiesto que la constitución del noroeste argentino como un nuevo centro extractivo mundial pone a actores transnacionales y al Estado en roles centrales, en un juego de dependencia clave y en convivencia con esos nuevos actores sociales no gubernamentales, que se fortalecen en, pos de un nuevo equilibrio de poderes.

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El capital extranjero y el acaparamiento de tierras: conflictos sociales y acumulación por desposesión en Argentina* Agostina Costantino** Fecha de recepción: 05 de febrero de 2015 • Fecha de aceptación: 06 de julio de 2015 • Fecha de modificación: 20 de agosto de 2015 DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res55.2016.09

R E S U M E N | En la última década en Argentina se ha intensificado el proceso de adquisición de grandes extensiones de tierra por parte de inversores extranjeros (tanto empresas trasnacionales, como gobiernos extranjeros e inversores individuales). Con la ayuda explícita de los Estados, la expansión del capital trasnacional sobre la tierra en este país ha generado una serie de conflictos socioambientales derivados de los desalojos, los cercamientos de accesos públicos, los desmontes, etcétera. Con base en un método de inteligencia corporativa, este artículo intenta responder las siguientes preguntas: ¿Cuáles fueron los principales mecanismos por medio de los cuales los inversores extranjeros adquirieron tierras en el país? y ¿cuál fue el rol del Estado para que esto fuera posible? PA L A B R A S C L AV E | Conflicto social, Argentina (Thesaurus); Acaparamiento de tierras, acumulación por desposesión (palabras clave de autor).

Foreign Capital and Land Grabbing: Social Conflicts and Accumulation by Dispossession in Argentina A B S T R AC T | The process of acquisition of large extensions of land by foreign investors (transnational corporations, foreign governments, and individual investors) has intensified in the past decade in Argentina. The expansion of ownership of the land by transnational capital in these countries, with the explicit support of their governments, has generated a series of socio-environmental conflicts due to evictions, enclosures of public spaces, forest clearances, etc. Based on a corporate intelligence method, this article attempts to answer the following questions: What were the main mechanisms through which foreign investors acquired land in the country, and what role did the state play in making this possible? K E Y W O R D S | Social conflict, Argentina (Thesaurus); land grabbing, accumulation by dispossession (Author’s Keywords).

O capital estrangeiro e o monopólio de terras: conflitos sociais e acumulação por desapossamento na Argentina R E S U M O | Na última década na Argentina, tem se intensificado o processo de aquisição de grandes extensões de terras por parte de investidores estrangeiros (tanto empresas transnacionais quanto governos exteriores e investidores individuais). A expansão do capital transnacional sobre a terra nesses países, com a ajuda explícita dos Estados mediadores, tem gerado uma série de conflitos socioambientais derivados das desocupações, das restrições de acessos públicos, de corte de árvores etc. Baseado num método de inteligência corporativa, este artigo pretende responder às seguintes perguntas: quais foram os principais mecanismos por meio dos quais os investidores estrangeiros adquiriram terras no país? Qual foi o papel do Estado para que isso fosse possível? PA L AV R A S - C H AV E | Conflito social, Argentina (Thesaurus); monopólio de terras, acumulação por desapossamento (palavras do autor).

Este artículo es resultado de la investigación doctoral de la autora: “La extranjerización de la tierra y el modo de desarrollo en Argentina, 2002-2013”, defendida en la FLACSO-México bajo la dirección de la Dra. Alicia Puyana.

Doctora en Investigación en Ciencias Sociales con Mención en Ciencias Políticas por la Flacso (México). Entre sus últimas publicaciones están: “Los conflictos socioambientales durante el kirchnerismo” (en coautoría). En De la democracia liberal a la soberanía popular. Vol I. Articulación, representación y democracia en América Latina, coordinado por Daniel Vázquez, 277-308. Buenos Aires: Clacso, 2015 y “Land Grabbing in Latin America: Another Natural Resource Curse?” Agrarian South: Journal of Political Economy 1 (3): 17-43, 2014. * agoscostantino@gmail.com

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Introducción En la última década en Argentina se ha intensificado el proceso de adquisición de grandes extensiones de tierra por parte de inversores extranjeros (tanto empresas trasnacionales, como gobiernos extranjeros e inversores individuales). Este es un fenómeno que se ha generalizado, sobre todo en países dependientes y periféricos, como consecuencia de la propia lógica de expansión de los capitales de los países centrales y la aplicación de políticas de desarrollo que fomentan la primarización y extranjerización de las economías. Es necesario aclarar, antes de continuar, algunas precisiones en torno al tan controvertido término acaparamiento de tierras. Existen en la literatura muchas definiciones de este concepto y hay toda una discusión respecto de si incluir o no a los inversores nacionales (Borras, Kay y Gómez 2012; Borras et al. 2011). Este trabajo está acotado al capital extranjero, por lo que sólo tendremos en cuenta al acaparamiento de tierras por parte de este tipo particular de inversores y lo entenderemos como el proceso de adquisición de grandes extensiones de tierras (más de 1.000 hectáreas por transacción) por parte de inversores extranjeros a propietarios nacionales. Suele distinguirse de otro tipo de inversiones extranjeras en tierras o de otro tipo de extranjerización, justamente, por el tamaño de los acuerdos: según el consenso académico, la extensión mínima para empezar a hablar de acaparamiento son las 1.000 hectáreas (Soto y Gómez 2010).1 Es un requisito mínimo que funciona como corte para descartar las inversiones más pequeñas pero no funciona como restricción operativa. Por ejemplo, el tamaño medio de las adquisiciones de tierras por parte de extranjeros en Argentina en el periodo 2002-2013 fue de 62.000 hectáreas. Una segunda aclaración respecto al término es que se considera como “adquisición” tanto la compra como otras formas: el arrendamiento o la concesión. Lo importante para los fines del artículo no es tanto la propiedad sino la disputa en torno a la tenencia y al uso (y su legitimidad). Los efectos que la posesión por parte de un gran inversor extranjero tiene respecto a la conflictividad social. Si bien algunas de estas inversiones se han realizado a través de transacciones entre privados debido a la mayor presión sobre la tierra, muchas de las adquisiciones han implicado el despojo de tierras comunitarias utilizadas para pastoreo de pueblos originarios y campesinos pobres o la privatización de enormes extensiones de tierras públicas. A su paso, esta expansión del capital trasnacional ha generado una serie de conflictos socioambientales derivados de los desalojos, los cerca1 Desde ya, a esta norma mínima, algunos investigadores le realizan ajustes en función de la fertilidad del suelo, la geografía, la accesibilidad, etcétera.

mientos de accesos públicos, los desmontes, etcétera. Al mismo tiempo, el papel explícito del Estado en este avance del capital sobre nuevos espacios de valorización resulta fundamental en la medida que este avance implica el quiebre y sustitución de estilos de vida y formas de producción. Este artículo presenta los resultados de una investigación más amplia sobre el proceso de acaparamiento de tierras por parte de extranjeros en Argentina; en particular, se muestran las características de los mecanismos de este fenómeno en dicho país (si se trató, o en qué medida, de un proceso de acumulación por desposesión), los conflictos sociales provocados y el rol explícito jugado por el Estado (tanto nacional como sub-nacional) en el país.

Métodos, datos y fuentes Para realizar este artículo se construyó una base de datos de tipo catálogo de eventos, es decir un conjunto de información referida a distintas dimensiones de una determinada interacción social, de tal manera que la base queda construida como una fila por evento (Olzak 1989; Tilly 2002). La unidad de registro (el evento) fue la transacción sobre la tierra, siempre que la parte adquiriente fuera extranjera y la parte cedente fuera nacional.2 Las fuentes de información fueron cuatro: Landmatrix (observatorio abierto y mundial sobre el acaparamiento de tierras), memorias de los balances de las empresas (en el caso de que las mismas cotizaran en alguna bolsa de valores), informes a la Securities and Exchange Commission (SEC) —en el caso de que cotizaran en una bolsa de Estados Unidos— e informes de prensa. A partir de los datos en bruto, se redujo la información de cada una de las variables a una serie de categorías/ códigos para que resultara más claro el análisis. La mecánica de construcción de la base fue la siguiente: primero, se completó la información de cada uno de los casos de la base de Landmatrix; segundo, se investigó cada uno de los inversores que aparecían en Landmatrix 2

Con base en esta definición de la unidad de registro decidimos dejar fuera de la base de datos el caso de Benetton. A pesar de la relevancia de este inversor en tierras patagónicas (posee más de 900.000 hectáreas), sus propiedades se encuentran bajo titularidad extranjera desde fines del siglo XIX, por lo que no cumple con la definición aquí utilizada (la adquisición de Benetton no implica más extranjerización sino cambio de manos, la tierra ya estaba extranjerizada). Sintéticamente, en 1896 el presidente Uriburu dona las 900.000 hectáreas a diez ciudadanos ingleses (se sospecha que la razón fue la compensación por financiamiento a la “Campaña al Desierto”). Posteriormente, estos ciudadanos transfieren las tierras a la Argentinian Southern Land Company Ltd, con sede en Londres. En 1975 Great Western (asentada en Luxemburgo) compra el paquete accionario de la compañía inglesa. Y en 1991, este paquete pasa a manos de Edizione Holding International N.V., holding controlado 100% por Benetton Group (Asociación Mapu 2014).

rev.estud.soc. No. 55 • enero-marzo • Pp. 137-149 • ISSN 0123-885X • eISSN 1900-5180 · DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res55.2016.09

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y se incorporaron nuevos casos a la base a partir de la información de las memorias de los balances, los informes a la SEC y prensa; a partir de la búsqueda en prensa del paso dos, se encontraron nuevos casos de inversores que no aparecían en la base de Landmatrix (se repitió dicho paso para estos nuevos casos). Este procedimiento iterativo se realizó cubriendo una vasta cantidad de medios de prensa. Se consultaron las siguientes fuentes de prensa: i) Periódicos nacionales: Agencia de noticias RENA, Agencia Rebelión, Agencia ADN, Argenpress, Clarín, La Nación, Página 12, Infocampo, IProfesional, Tres Líneas, Mapuexpress, NextFuel, Nuevo Tiempo, El Malvinense. ii) Periódicos provinciales: Agencia Federal de Noticias DERF (Santa Fe), Diario El Litoral (Santa Fe), Diario La Provincia (Corrientes), Diario Chaco (Chaco), Diario Río Negro (Río Negro), Informe Digital (Entre Ríos), Tribuno (Salta), Nuevo Diario (Salta), Data Chaco (Chaco), Desalambrar (Buenos Aires), Máxima Online (Entre Ríos), Uno (Entre Ríos); Los Andes (Mendoza), Valor Local (Entre Ríos), El Intransigente (Salta), OPI Santa Cruz (Santa Cruz), Campo Adentro (Entre Ríos). iii) Periódicos extranjeros: The Times of India, The Weekend Leader, Agencia de noticias REUTERS, Levante El Mercantil Valenciano. iv) Observatorios y blogs: Farmlandgrab, Grain, EJOLT, Greenpeace, Salvemos Juntos al Ayuní, Fundación Proteger, Infinita Renovable Prensa, Taller Ecologista, Blog del Proyecto Lemur, Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra, Funam, Evaluación Impactos Ambientales, Beganó, Ecoportal, Redaf. La existencia de propietarios de tierras extranjeros en Argentina (y en América Latina) data de sus inicios como Estado nación. En este sentido, en cualquier momento de la historia pueden encontrarse casos de transacciones sobre tierras por parte de extranjeros. Sin embargo, el fenómeno de acaparamiento de tierras de la década del 2000 posee algunas características particulares (tanto en términos cuantitativos como cualitativos, como veremos en las secciones siguientes) que justificaron la presente investigación. Así fue como en el relevamiento realizado se encontraron casos desde la década de los años noventa que fueron incluidos en la base de datos (es decir, la base no está compuesta sólo por los casos de la década del 2000). Esto nos permitirá definir cuáles son las características del fenómeno actual del acaparamiento de tierras en Argentina, a partir de las diferencias con las transacciones realizadas en la década anterior. La base quedó formada por 113 casos que cubren un total de 5.301.358 hectáreas adquiridas entre 1992 y 2013. Los resultados presentados en el año 2013 del Registro Nacional de Tierras Rurales (derivado de la Ley de Tierras No. 26.737) sobre tierras extranjeras en Argentina mostraron un total de 15.881.069 hectáreas en manos de extranjeros. 3 En la medida que 3 En 2011 se sancionó la ley de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales (26.737). Dicha ley tiene como objetivo regular los límites

nuestra base registra flujos más que stocks (es decir, no la cantidad total de tierras en manos de extranjeros sino las adquisiciones que se hicieron en los últimos años), haber registrado que por lo menos más del 30% del total de tierras en manos de extranjeros se adquirió en los últimos veinte años da cuenta de la magnitud del fenómeno en esta última etapa.

La evolución del acaparamiento de tierras en Argentina Como dijimos anteriormente, la recopilación de datos mostró que también existía un proceso de compra por parte de extranjeros desde la década de los noventa, sin embargo un primer rasgo diferencial que encontramos es la magnitud que, en promedio, comenzó a tener este proceso en el país sobre todo a partir del 2002.4 Efectivamente se observa que a partir de la devaluación del peso argentino en ese año, tanto el número de transacciones como las hectáreas adquiridas aumenta significativamente. Las ventas de tierra durante la etapa 1992-2001 responden a la crítica situación por la que pasaban los productores familiares: los bajos precios de las materias primas de exportación (gráfico 2), las altas tasas de interés reales y, a partir de 1998, la recesión por la que pasaba el mercado interno significaron una gran problemática para los productores familiares endeudados que se vieron imposibilitados para pagar sus deudas y, en muchos casos, decidieron vender sus propiedades (en otros casos, los campos fueron directamente rematados por los bancos). En el gráfico 2 puede observarse la desvalorización que tiene la tierra en Argentina durante toda la crisis de la convertibilidad.5

de la titularidad y posesión de tierras rurales por parte de extranjeros. Entendiendo como “persona extranjera” a las personas físicas de nacionalidad diferente a la argentina y a las personas jurídicas cuyo capital accionario mayoritario (51%) sea de otro país, la ley establece que, ya sea sobre el territorio nacional o en los territorios provinciales y municipales, la titularidad extranjera sobre el dominio o posesión de tierras no puede superar el 15% del territorio. Asimismo, sobre ese porcentaje, las personas de una misma nacionalidad extranjera no pueden poseer más del 30% y una misma persona no puede ser titular de más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo o superficie equivalente según la ubicación territorial (Poder Legislativo Nacional 2011). Al igual que en el caso de la Ley de glaciares, la ley de tierras establece que, en un plazo de 180 días luego de la sanción de la ley, debía crearse un Registro Nacional de Tierras Rurales en el que cada provincia informe la superficie total de su territorio en manos de titulares extranjeros. Al igual que en aquella ley, este registro no se ha cumplido. 4 Sobre las características del modo de desarrollo en Argentina a partir de 2002 consultar Belloni y Gastón (2014); Cantamutto y Costantino (2014b); Castells y Schorr (2015); Féliz (2012); López (2013); Svampa (2005). 5

En otro trabajo (Costantino 2012) se muestra cómo la distinta capacidad de acceder al financiamiento entre los producEl capital extranjero y el acaparamiento de tierras | Agostina Costantino

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DOSSIER Gráfico 1. Evolución del acaparamiento de tierras en Argentina: hectáreas, transacciones y promedios por período

Fuente: elaboración propia con la base de datos construida. Nota: las líneas punteadas indican los promedios por período.

Este proceso de ventas existente durante la década de los años noventa comienza a multiplicarse aún más a partir de la devaluación del 2002. En la tabla 1 mostramos en detalle el promedio de las series presentadas en el gráfico 1. Vemos, entonces, que se duplica el promedio anual de hectáreas adquiridas por extranjeros en el periodo 2002-2013 respecto al periodo 1992-2001. Ocurre lo mismo con el número medio de transacciones anuales (que pasa de 3 a 7) y con el tamaño medio de las transacciones (de 32 mil a casi 63 mil hectáreas). Si bien el precio de las materias primas venía en aumento desde unos años antes, la compra de tierras se dispara recién después de la devaluación. Es decir, el aumento de la rentabilidad en pesos de las exportaciones agrícolas derivada de la devaluación (una de las características de la nueva fase del modo de desarrollo iniciada en 2002) y el abaratamiento relativo de los activos en dólares (el año de la devaluación) parecieran haber incentivado el aumento de las adquisiciones de tierras por parte de extranjeros en el país.6

tores familiares y los capitalistas, y a su vez la distinta capacidad de “soportar” y aprovechar el tipo de cambio apreciado afectaron de manera diferencial a estos dos tipos de productores, desapareciendo muchos de los primeros y concentrándose aún más los segundos. 6 Para un desarrollo detallado del concepto modo de desarrollo ver Cantamutto y Costantino (2014a). Sintéticamente, lo entendemos como la forma en la que se acumula y se reproduce el capital en un momento y un país determinados teniendo en cuenta que dicha forma particular se configura a partir de las luchas de intereses y las presiones de las distintas clases sociales sobre el Estado. Es un criterio de

Tabla 1. Datos promedio del proceso de acaparamiento de tierras en Argentina, según períodos Promedio anual de hectáreas adquiridas No. Medio de transacciones anuales Tamaño medio de las transacciones (has.)

1992-2001

2002-2013

94.123

215.561

32.114

61.912

Fuente: construcción propia a partir de la base de datos. periodización útil para analizar continuidades, rupturas y cambios en el interior de países dependientes. Este concepto es distinto al de la misma denominación utilizado por los regulacionistas, debido a que esta escuela francesa incluye en su definición una dimensión política muy estrecha, acotada simplemente para las formas institucionales que restringen el comportamiento de los individuos y condiciona los mecanismos de ajuste de los mercados en función de determinadas reglas (Neffa 1998). Lo mismo puede decirse de otros conceptos institucionalistas como variedades de capitalismos. En este artículo, entenderemos como “lo político” no sólo al conjunto de instituciones que forma parte del aparato del Estado sino también a las presiones que realizan las distintas clases sociales para torcer la decisión política a su favor. Nuestra idea de modo de desarrollo es más cercana a la noción homónima de Svampa (2005) y López (2013), quienes lo entienden como la conjunción de un patrón de reproducción económica y la articulación de proyectos políticos en disputa; y a la noción de modo de acumulación de Arceo (2011); Gastón (2010); Belloni y Wainer (2014) quienes lo entienden como la articulación entre la estructura económica, las luchas políticas y sociales y la composición del bloque de clases dominantes (que impone un sendero de acumulación acorde a sus intereses).

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Un contexto de precios internacionales de las materias primas en ascenso hace rentable la adquisición de tierras no sólo por el negocio mismo de la producción y exportación de esos productos, sino también por el negocio que implica la valorización del recurso tierra. En el primer caso, no sólo porque los precios internacionales comenzaron a ascender fuertemente en la década del 2000, sino también por la devaluación producida en Argentina la inversión en la producción de materias primas se volvió un negocio muy rentable para el capital. Ahora bien, este contexto favorable para los precios de las materias primas generó, a lo largo de toda la década del 2000, un contexto también ascendente para el precio de la tierra (ver gráfico 2) creando expectativas favorables para los negocios meramente inmobiliarios.7 Es decir, mientras los precios de las materias primas mostraran una tendencia creciente impulsaban la valorización de la tierra tanto por el negocio productivo como por el inmobiliario. Por otro lado, este fuerte aumento en el precio de la tierra en Argentina se explica no sólo por el aumento en el precio de las materias primas, sino también por los bajos niveles de la tasa de interés real de Argentina a lo largo de toda la década del 2000. En la tabla 2 se presentan los grados de correlación que tiene el precio de la tierra en Argentina con la tasa de interés de los bonos del tesoro de Estados Unidos, la tasa de interés real de Argentina

y los precios de las materias primas (IPMP) de exportación del país. Como vemos, la tasa de interés extranjera influye más en el precio de la tierra en Argentina que la tasa de interés interna. Esto no debería llamar la atención toda vez que la primera es la tasa de referencia para las decisiones de inversión de los capitales extranjeros, como un costo de oportunidad, mas no como un elemento del costo de financiamiento. Es decir, en el contexto de expansión financiera del periodo contemplado, diversos tipos de capital acumularon recursos invertibles en busca de oportunidades rentables de inversión, sin necesidad de apalancarse para aprovecharlas. Tabla 2. Grado de correlación (Pearson) entre el precio de la tierra y los bonos del tesoro de EUA, la tasa de interés real de Argentina y el Índice de Precios de las Materias Primas de exportación Correlación de Pearson

Bonos del Tesoro EUA

Tasa de interés Argentina

IPMP en $

Precio de la tierra

-0.752**

-0.496*

0.9**

Fuente: cálculos propios a partir de la base de datos construida. Notas: (*) significativo al 5%, (**) significativo al 1%.

Gráfico 2. Precio de la tierra (región pampeana) e Índice de Precios de las Materias Primas de exportación (IPMP) de Argentina (en dólares y en pesos), 2001=100

Fuente: elaboración propia en base a Bullrich Campos SA. (2014), Compañía Argentina de Tierras (2014) y BCRA (2014). 7

El precio de la tierra utilizado corresponde sólo a los predios agrícolas ubicados en la zona núcleo de la región pampeana. El capital extranjero y el acaparamiento de tierras | Agostina Costantino

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DOSSIER

La afluencia de capitales a una economía mediana (como la Argentina) tiende, en principio, a reducir la tasa de interés doméstica. Entonces, la decisión del inversor extranjero impacta sobre esta tasa de interés que posteriormente influirá también en el precio de la tierra. Para el dueño (local) de la tierra la baja tasa de interés doméstica le permite financiarse a bajo costo, y por ende negociar en mejores condiciones con los potenciales compradores. El precio de la tierra se incrementa así tanto por la mayor demanda extranjera como por el efecto que ésta tiene sobre las condiciones de financiamiento internas. A todo este mecanismo es necesario agregarle la decisión del gobierno argentino de favorecer también el bajo nivel real de la tasa de interés, en función de su objetivo de incentivar la inversión productiva.8 En definitiva, el mejoramiento en las condiciones del negocio inmobiliario de adquisición de tierras por parte de extranjeros en Argentina fue creada, en mayor medida, por factores fuera del alcance de un país dependiente como este: la tasa de interés de Estados Unidos y los precios internacionales de las materias primas. Todo esto facilitado por los “factores internos” consistentes en las decisiones políticas orientadas a permitir la entrada de capitales extranjeros (no sólo en términos de legislación sino también en términos de políticas públicas orientadas al aumento de la rentabilidad de las exportaciones de materias primas, como la devaluación).

Los mecanismos del acaparamiento de tierras: acumulación por desposesión y acumulación ampliada La necesidad de búsqueda de nuevas oportunidades de negocio para las empresas trasnacionales a partir de finales de los años setenta, sumada a las aperturas de las cuentas capitales de la mayoría de los países trajo consigo una forma de acumulación del capital que Harvey (2004a) ha denominado acumulación por desposesión. El autor se refiere a las formas de acumular capital a partir de la apertura de nuevos espacios para la valorización del capital, es decir, la transformación en capital de un recurso que antes no lo era o, como el mismo autor lo define, la “mercantilización” de los recursos. De esta forma, la privatización de bienes públicos (las empresas de servicios públicos en los noventa en la mayoría de los países latinoamericanos) o de bienes comunales (la transformación de derechos comunales sobre la tierra en derechos privados), las intervenciones militares en otros países (la invasión de Estados Unidos en Irak en

8 Más allá del discurso productivista que el gobierno defendió en este periodo, el importante ingreso de divisas por la cuenta comercial permitió sostener el equilibrio de la balanza de pagos sin recurrir a la atracción de capitales por medio de la cuenta capital.

el 2003 por el petróleo) son ejemplos de acumulación por desposesión. En el mismo sentido, Prabhat Patnaik (2005) distingue dos tipos de acumulación o reproducción ampliada: la acumulación a través de expansión, cuando el capital se expande sin desplazar producción o capital fuera del sistema capitalista (hacia el Estado o hacia formas no capitalistas); y la acumulación a través de la usurpación, cuando el capital se reproduce desplazando formas no capitalistas o estatales de producción o apropiándose de recursos comunes que no formaban parte de la propiedad privada. Estas formas de acumulación implican, en muchos casos, el uso de la violencia explícita, fraude o robo. De aquí la analogía que el autor hace con los procesos de acumulación originaria presentados por Marx al explicar los cercamientos ocurridos en las praderas comunales de Inglaterra en el siglo XVII que dieron origen al sistema capitalista de producción. Según Harvey, no sólo en los orígenes del capitalismo, sino constantemente se dan estos procesos de apertura a nuevos espacios del capital, es decir, se dan procesos de “constante acumulación originaria”; por lo que el autor prefiere dejar de lado el adjetivo “originaria” y sustituirlo por “desposesión”. El concepto de Harvey proviene de las ideas planteadas por Luxemburgo (1933) respecto a que la acumulación primitiva no marca sólo el momento histórico fundante del capitalismo, sino que este modo de producción requiere constantemente para su desarrollo de esta forma de expansión del capital; pues la acumulación de capital no es sólo “competencia pacífica” (1933, 350). Enfatiza la autora que esto es así en el caso del suelo, pues esperar a que las formas capitalistas de producción se desarrollen completamente de manera natural (es decir que desaparezcan los campesinos u otras formas sociales de producción sólo por las fuerzas del mercado) significaría para el capital renunciar a obtener ganancias de esos territorios, dada la lentitud que implicaría este proceso. Por ello es vital la apropiación rápida y violenta de los mismos.9 La relación entre la continuidad de la acumulación primitiva (Bonefeld 2012; De Angelis 2012) o la acumulación por desposesión (Harvey 2004b) y la cuestión de la dependencia es importante en la medida en que en los países dependientes subsisten formaciones sociales que se manejan con lógicas distintas a las capitalistas (formas comunitarias, campesinas, indígenas, etcétera), y es por esto que muchas de las transferencias de valor de estos países a los centrales se realizan a través del mecanismo de acumulación primitiva o por desposesión (Amin 1981). Como veremos, buena parte de la adquisición de tierras en Argentina, sobre todo en las regiones del norte y la Patagonia, se realiza siguiendo este mecanismo. 9

“El capitalismo necesita para su existencia y desarrollo estar rodeado de formas de producción no capitalistas” (Luxemburgo 1933, 235).

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Por otro lado, un mecanismo de acumulación del capital es la tradicional acumulación ampliada, o lo que Patnaik denomina la acumulación por expansión, es decir la reproducción del capital (inversión más obtención de ganancias) por medio de la puesta en producción de recursos que ya estaban mercantilizados y dentro del circuito del capital. Se trata de la inversión de capital en la compra de medios de producción privados y de fuerza de trabajo, así como de su reproducción mediante la producción y venta. En términos generales, este mecanismo también puede ser visto como una especie de desposesión (como en el caso anterior) pero en lugar de ser por medio de la fuerza en este caso sería por medio del mercado, la “coerción sorda de las relaciones económicas” (De Angelis 2012), o tal como lo llama Azcuy (2007), la transformación “hacia abajo” (la pérdida de tierras y posterior incorporación al mercado de trabajo por parte del productor) o “hacia arriba” (el crecimiento de los productores y su transformación en capitalistas).10 Tal como han mostrado varios estudios (Adnan 2013; Bond 2008; Magdoff 2013), en la actualidad el acaparamiento de tierras en África y Asia se da principalmente a través del mecanismo de la acumulación por desposesión, pues la estructura de propiedad de la tierra en muchos países de dichos continentes era principalmente comunal o estatal. La entrada de capitales extranjeros en la adquisición de esas tierras implicó, por ende, un mecanismo como el descrito por Harvey. En América Latina, si bien existen muchos casos de acaparamiento de tierras por el desplazamiento (la mayoría de las veces violento) de comunidades campesinas de sus tierras (como en el caso de la Orinoquía en Colombia) o por la adquisición de tierras públicas (como en el caso de las tierras de Salta en Argentina y también de la Orinoquía colombiana), también existen muchos casos de acaparamiento de tierras vía acumulación ampliada, es decir, por medio de la compra o arrendamiento de tierras privadas entre particulares. Llamamos la atención sobre este punto porque muchos análisis del fenómeno se enfocan exclusivamente en el caso de acumulación por desposesión, que por su dimensión explícita de conflicto aparece con más claridad, y se deja así de lado una parte sustancial del fenómeno que ocurre por las “normales”

10 De Angelis (2012) afirma, de hecho, que la separación de los productores de los medios de producción es una característica tanto de la acumulación primitiva como de la acumulación ampliada, pues esta última reproduce continuamente de manera ampliada la separación efectuada en la primera. La diferencia no es sustantiva, sino en términos de la forma en la cual la separación se efectúa: en el caso de la acumulación ampliada, mediante las fuerzas del mercado; y en el caso de la acumulación primitiva, por medio de la fuerza directa extra económica: “Es un proceso instigado por algún actor social (el Estado, alguna clase social particular, etc.) y dirigido a la población que tiene alguna forma de acceso directo a los medios de producción. Este proceso social frecuentemente toma la forma de una estrategia que apunta a separarlos” (De Angelis 2012, 9).

vías del mercado, pero que genera igualmente efectos económicos, políticos y sociales de relevancia. El aumento de la renta de la tierra como consecuencia del ascenso en los precios internacionales de las materias primas en la década del 2000 produjo, en las regiones donde estos bienes podían producirse, un aumento en el precio de las tierras. En el caso de Argentina, esta situación sumada a la llamada “pampeanización” de la región extra-pampeana —es decir la posibilidad de producir en las provincias del norte o de la Patagonia cultivos que antes sólo podían producirse en la región pampeana (como soja, trigo o maíz)— hizo que se volvieran atractivas para la inversión tierras que estaban fuera del circuito de valorización de capital (bosques silvestres, tierras explotadas por campesinos o indígenas, etcétera).11 Esto requirió la desposesión de los poseedores anteriores y su apropiación por parte del capital. Como veremos, el papel de los Estados provinciales en este proceso será fundamental.

El rol explícito del Estado en la desposesión de tierras Regulaciones argentinas como la ley de inversiones extranjeras (que otorga tratamiento igualitario a estas inversiones respecto de las nacionales), el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2020, las políticas de facilidades para repatriar utilidades a las filiales de empresas trasnacionales, entre otras, son políticas (algunas aplicadas desde hace más de tres décadas, otras implementadas desde la actual fase del modo de desarrollo, 2002-2014) que directa o indirectamente han incentivado la entrada de capitales extranjeros a lo largo de toda la cadena agroindustrial en Argentina —desde la compra de tierras hasta el procesamiento de alimentos— (Romero 2013). Sin embargo, en esta última fase del modo de desarrollo de explotación de ventajas comparativas (2002-hoy) tanto el Estado nacional como los Estados sub-nacionales (respaldados por Nación) han tenido una participación incluso más explícita en el proceso de adquisición de tierras por parte de extranjeros. Por medio de la codificación aplicada en la base de datos construida, exponemos en la tabla 3 los distintos tipos de roles explícitos que el Estado tuvo en este proceso. En primer lugar, puede verse cómo aumentan respecto a la fase anterior las tierras adquiridas gracias de una u otra forma a la intervención del Estado, no sólo en términos absolutos (de más de 250,000 hectáreas en la década de los noventa a más de 1.500.000 en los 2000)

11 La “pampanización” de la región extra-pampeana se hace posible no sólo porque el aumento en el precio de las materias primas hace rentable su producción en regiones donde antes no lo era, sino también porque los avances tecnológicos en materia de técnicas, semillas, fertilizantes...lo permiten. El capital extranjero y el acaparamiento de tierras | Agostina Costantino

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DOSSIER Tabla 3. Rol explícito del Estado en la adquisición de tierras por parte de extranjeros 1992-2001 y 2002-2013

1992-2001

2002-2013

Rol explícito del Estado

Hectáreas

Apoyo público

155,163

59.8

948,270

61.4

14,000

5.4

256,567

16.6

40,000

15.4

184,394

11.9

41,993

16.2

156,165

10.1

8,527

3.3

0.0

259,683

100.0

Cesión de tierras fiscales Cesión de tierras fiscales y permiso para desmontar Autorización para desmontar Denuncia a la empresa Total tierras con rol explícito del Estado Total tierras acaparadas

1,289,753

1,545,396 100.0 2,621,830

Fuente: elaboración a partir de la base de datos construida.

sino también en relación al total de tierras adquiridas por extranjeros: en los noventa, de todas las tierras acaparadas se registró que un 20% había tenido apoyo explícito del Estado; mientras que en el 2000 este porcentaje aumentó a 59%. El “apoyo público” se refiere a varias acciones, desde que la empresa o el proyecto reciban el apoyo del gobierno —si es que existe algún conflicto con comunidades de indígenas o con grupos ambientalistas— hasta el apoyo económico que reciben muchos de los inversores. En el caso de China (país con más apoyo explícito del Estado para la adquisición de tierras, tabla 5), a cambio de la inversión en el sistema de riego sobre tierras en la provincia de Río Negro, el gobierno provincial le otorgaría: la realización de todos los trámites para exceptuar a la empresa de todos los impuestos provinciales (ingresos brutos, sellos, patentes, etcétera); la “mejor política de inversiones” brindando garantías mediante la creación de leyes; espacios sin cargo para las oficinas de la empresa, medios de transporte y equipamiento; cobertura de todos los gastos del viaje de los especialistas chinos para la evaluación de la viabilidad de la inversión; la concesión de la zona portuaria de San Antonio, este último sin cargo durante cincuenta años, entre otras ventajas (Gobierno de la provincia de Rio Negro 2010). Durante una entrevista, Oscar Gómez (representante, al momento del acuerdo, de la Unidad de Financiamiento Internacional de Río Negro) nos informó que no se trataba de una política aislada de la provincia, sino que tenían total apoyo del entonces presidente Néstor

Kirchner y que, incluso, uno de los ministros del gabinete nacional había formado parte de una de las comitivas que viajaron a China durante las negociaciones. La forma en la que la provincia esperaba beneficiarse de esta inversión, según Gómez, era a través de la valorización de las tierras luego de la inversión en riego y la puesta en producción. Como los inversores chinos no iban a poseer legalmente la tierra, la exención de todo tipo de impuestos con que el gobierno beneficiaba a los asiáticos no impediría aumentar la recaudación provincial por medio del impuesto inmobiliario (ya que los impuestos se cobrarían a los dueños originales y no a los chinos). Es decir, se exime a los extranjeros mientras se carga el peso de la tributación a los productores locales. Uno de los roles importantes, y probablemente el más explícito, que ha tenido el Estado para facilitar la entrada de inversores extranjeros a la tierra en la década del 2000 es la cesión de tierras públicas. Este mecanismo se ha aplicado principalmente en las provincias de las regiones del noreste y noroeste que, casualmente, son aquellas con mayor proporción de tierras fiscales. En la tabla 4 puede verse cómo más de la mitad de la tierra que recibió apoyo explícito por parte del Estado en estas dos regiones correspondió a la cesión de tierras públicas. En la mayoría de estos casos, además, la cesión (por medio de la venta, el arrendamiento o la concesión) a los inversores extranjeros implicó el desplazamiento de las comunidades que ocupaban los terrenos, generando grandes conflictos. Y por último, como uno de los roles más importantes que ha tenido el Estado facilitando la operatividad de las inversiones en tierras, está la autorización para desmontar campos, bosques y pastizales. En el año 2007 se sancionó en Argentina la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de los Bosques Nativos (más conocida como “Ley de bosques”). Esta incluía, como parte de su reglamentación, la obligación por parte de todas las provincias de clasificar el territorio en tres categorías: i) categoría I (rojo): sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse, son territorios que ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad; ii) categoría II (amarillo): sectores de mediano valor de conservación que pueden usarse para aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica; y iii) categoría III (verde): sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad (Poder Legislativo Nacional 2007). A partir de la sanción de esta ley, una de las formas que más se repite para autorizar el desmonte de los bosques para la producción de soja es la reclasificación de los territorios por parte de las provincias, convirtiendo sectores clasificados como “rojos” en “verdes”. Esta operatoria es la que más han usado los gobiernos, sobre todo en las provincias del norte. En la tabla 4 se ve cómo en estas regiones (noreste y noroeste), la “autorización para desmontar” es uno de los principales roles que, explícitamente, ha tenido el Estado para favorecer la adquisición de tierras.

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DOSSIER Tabla 4. Rol explícito del Estado en la adquisición de tierras por región, tipo de apoyo y total de hectáreas 2002-2013 Total de tierras con rol explícito del Estado

% sobre el total de tierras acaparadas con rol explícito del Estado

0.0%

691,035

44.7%

30.1%

0.0%

371,249

24.0%

6.2%

13.7%

56.8%

324,806

21.0%

100.0%

0.0%

146,000

9.4%

Pampeana

100.0%

0.0%

12,306

.8%

Total nacional

62.7%

15.3%

18.6%

3.4%

1,545,396

100.0%

Región

Apoyo público

Cesión de tierras fiscales

Cesión de tierras Autorización fiscales y permiso para desmontar para desmontar

Patagonia

94.7%

5.3%

0.0%

Noreste

16.1%

53.9%

Noroeste

23.4%

Cuyo

Fuente: elaboración a partir de la base de datos construida.

Según la información de la tabla 4, la Patagonia y las provincias del norte son las regiones donde el Estado ha tenido mayor participación, algunas veces más directa, otras más indirectamente, en la adquisición de grandes extensiones de tierras por parte de extranjeros. Parecería que en las regiones donde el acaparamiento por parte del capital extranjero ha implicado —como veremos en la sección siguiente— la privatización de las tierras y el desplazamiento de sistemas productivos y de vida indígenas o comunales (es decir, a través de la “acumulación por desposesión”), una intervención por parte del Estado ha resultado más necesaria que en las regiones donde la acumulación del capital a partir de la adquisición de tierras se dio de manera “ampliada” (es decir, simplemente, mediante el cambio de manos con operaciones de compra-venta entre privados) como en la región pampeana (que participa sólo con el 0.8% de la tierra adquirida por parte de extranjeros que ha tenido un apoyo explícito por parte del Estado). Además, esta mayor participación del Estado se ha orientado en mayor medida a los nuevos países inversores que ingresaron en Argentina en la década del 2000: China, Arabia Saudita e India (tabla 5). Es decir, las inversiones en tierras relacionadas con las necesidades

de los patrones de acumulación de los países inversores (como es en el caso de estos tres países) —que fueron realizadas sobre todo en los territorios hacia donde la frontera productiva se ha ampliado desplazando sistemas productivos de autoabastecimiento o comunales— son las que más apoyo han recibido por parte del Estado. Tal como ocurrió en los albores de la modernidad, la mercantilización de los recursos requiere de la participación abierta del Estado con la diferencia de que, en el caso argentino, esto se hace a favor de capitales extranjeros, perdiendo potestad sobre el patrimonio nacional.

Los conflictos sociales del acaparamiento de tierras en Argentina En el apartado 3 de este artículo dijimos que uno de los mecanismos por medio de los cuales se acaparaba tierras era la acumulación por desposesión, definida como una forma de valorización que consiste en la transformación en capital de un recurso que antes no lo era. En este sentido, tanto la privatización de recursos públicos como la apropiación por parte del capital de recursos utilizados previamente de manera comunal o

Tabla 5. Principales países que reciben apoyo explícito del Estado para la adquisición de tierras y tipo de apoyo 2002-2013 País

Apoyo público

Cesión de tierras fiscales

Autorización para desmontar

Total de tierras con rol explícito del Estado

% sobre el total de tierras acaparadas con rol explícito del Estado

China

100.0%

0.0%

386.000

25.0%

Canadá

100.0%

0.0%

312.469

20.2%

Arabia Saudita

5.8%

94.2%

0.0%

212.306

13.7%

Luxemburgo

25.3%

0.0%

74.7%

149.544

9.7%

India

100.0%

0.0%

140.000

9.1%

Fuente: elaboración a partir de la base de datos construida. El capital extranjero y el acaparamiento de tierras | Agostina Costantino

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DOSSIER

para fines distintos a la obtención de ganancias (como la reproducción de la familia y la subsistencia en el caso de los campesinos) implican acumulación por desposesión. Entonces, para entender los mecanismos por medio de los cuales el capital extranjero se apropia de tierras es importante tener en cuenta esta dimensión. Tal como lo señaláramos oportunamente, debido al despojo y a las disputas en torno al uso de los recursos que genera, este mecanismo de acumulación rara vez es pacífico; por el contrario suele implicar altos grados de violencia y conflictividad. Es por esto que los conflictos sociales tal como los entenderemos aquí —como un proceso de interacción entre dos o más partes que se disputan al mismo tiempo el acceso, uso o control del mismo territorio (Redaf 2013)— son un buen indicador de la extranjerización de la tierra con base en la acumulación por desposesión.12 Giarracca (2006a) muestra que los conflictos sociales ligados a los recursos naturales son las disputas más significativas en Argentina (y, probablemente, también en América Latina) desde finales del siglo XX e incluso, como muestra GEPCyD (2010), muchos de estos conflictos incluyen graves casos de violencia (referida a heridos, amenazados con armas de fuego, torturados, asesinados, etcétera) por parte del Estado o de los empresarios privados.13 En el caso particular de nuestra investigación, en la tabla 6 se observa que en más de la mitad de las hectáreas acaparadas por extranjeros en 2002-2013 hubo conflictos sociales explícitos. Porcentaje que no sólo aumentó en términos relativos al mismo indicador en la década de los noventa (de 40% a 53.4%) sino también en términos absolutos (de 500.000 hectáreas a más de 1’300.000). Este aumento en el número de hectáreas bajo conflicto se condice también con un aumento en la cantidad de conflictos a partir de las transacciones de los extranjeros, que pasa de 19 en la etapa 1992-2001 (2.1 conflictos por año en promedio) a 42 en la etapa 2000-2013 (3.8 conflictos por año en promedio).

Tabla 6. Hectáreas adquiridas por extranjeros que implicaron algún conflicto social en Argentina ¿Hubo conflictos?

1992-2001 Hectáreas

2002-2013

Hectáreas

Sí

515,616

40.0

1,399,424

53.4

No o no se encontraron

774,137

60.0

1,222,406

46.6

Fuente: elaboración a partir de la base de datos construida.

Respecto a las causas de estos conflictos sociales, a partir de nuestro relevamiento encontramos que los principales conflictos en la década del 2000 fueron por contaminación, desmonte y desalojos (ver la tabla 7), en muchos casos también combinados. Estas causas reflejan un acaparamiento de recursos por medio de la acumulación por desposesión: i) Los desmontes implican la apropiación por parte del capital de los bosques y montes que previamente eran utilizados por las comunidades para pastar animales o cultivar en escalas reducidas. ii) Los desalojos implican, en muchos casos, la transformación de tierras antes utilizadas comunalmente o de tierras públicas ocupadas. iii) Tanto la cesión irregular de tierras fiscales como los cercamientos de accesos públicos implican la transformación de recursos públicos en privados para permitir la reproducción del capital de los inversionistas. iv) Por último, incluso en el caso de la contaminación (que, en mayor medida, incluye los casos de la minería a cielo abierto y del uso de agrotóxicos), consideramos que se trata de acaparamientos de recursos por medio de la acumulación por desposesión, en la medida en que este hecho implica la apropiación gratuita por parte del capital de recursos públicos (el agua contaminada de los ríos que ya no puede ser usada para riego, la tierra inutilizable por los agroquímicos, etcétera). Tabla 7. Causas de los conflictos sociales en los casos de acaparamiento de tierras, número de conflictos y porcentaje

12 No es nuestra intensión afirmar que existe una correlación directa entre expropiación por parte de extranjeros y conflictos sociales. Entendemos que, para que se den estos últimos, debe existir una serie de mediaciones que los posibiliten (Costantino y Gamallo 2015). El objetivo de este apartado es mostrar qué características tuvieron los conflictos que sí existieron en torno a la apropiación de tierras por parte de extranjeros. 13 Según la base de datos construida por el Grupo de Estudios sobre Ecología Política, Comunidades y Derechos (GEPCyD) del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, entre 2002 y 2009 en Argentina el 37% de los conflictos rurales implicaron algún tipo de violencia. Este grupo entiende estos mecanismos no como hechos aberrantes sino como nuevas formas en las que el Estado estaría institucionalizando (en el sentido de resolución programática centralizada) los conflictos en Argentina en la década del 2000, es decir el uso de violencia como política de Estado para resolver los conflictos a favor de los más poderosos.

Causas de los conflictos

1992-2001 No. de conflictos

Contaminación

2002-2013 %

No. de conflictos

47.4

34.1

Desmonte

10.5

22.7

Desalojos

21.1

22.7

13.6

Cesión irregular de tierras fiscales Cercamientos de accesos públicos Otros conflictos

36.8

13.6

5.3

9.1

Fuente: elaboración a partir de la base de datos construida.

rev.estud.soc. No. 55 • enero-marzo • Pp. 137-149 • ISSN 0123-885X • eISSN 1900-5180 · DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res55.2016.09

DOSSIER

Coincidiendo con lo que afirma Giarracca (2006b), en la etapa 2002-2013 los conflictos son protagonizados en mayor medida por comunidades indígenas y campesinos (entre los dos explican el 48.7% de los conflictos, ver tabla 8), y esto también es una novedad respecto a los territorios disputados en la década de los noventa. En aquel momento, los principales actores protagonistas de los conflictos eran lo que en nuestra base de datos llamamos vecinos, es decir pobladores urbanos reunidos principalmente en asambleas en contra de los efectos que las grandes adquisiciones de tierras por parte de extranjeros en zonas aledañas a los pueblos (sobre todo en los casos de la minería o los emprendimientos forestales) tendrían sobre su calidad de vida (no sólo por la contaminación, sino también por el cercamiento de accesos públicos a lagos o ríos).14 Los vecinos, junto con las organizaciones ambientalistas explicaron el 63.1% de los conflictos sociales derivados del acaparamiento de tierras de 1992 a 2001. En la década de los años 2000 se pasa de este mapa a un proceso en el que las comunidades más relegadas del modo de desarrollo (los campesinos y los indígenas) dejan de ser las protagonistas de la ampliación del espacio de operaciones del capital extranjero. Es decir, en esta nueva fase del modo de desarrollo (2002-2013) tanto los campesinos como los indígenas pasan a ser relegados por exclusión, se los expulsa directamente del territorio que es interés del capital. Lo que en la década anterior fue denominado exclusión silenciosa (Alfaro 2000), es decir la desaparición de miles de campesinos por medio de los mecanismos del mercado, en la década del 2000 se realiza mediante la coerción explícita y la apropiación unilateral de sus territorios por parte del capital, con ayuda del Estado.15 Toda esta conflictividad derivada del acaparamiento de tierras por parte de extranjeros en la década del 2000 se dio en las regiones de ampliación de la frontera agropecuaria: el noroeste, la Patagonia y el noreste del país explican el 85.8% del total de los conflictos ocurridos (tabla 9). Tal como lo veíamos en el apartado anterior, estas mismas tres regiones son aquellas en donde el Estado ha tenido mayor participación explícita en la entrada de capitales extranjeros a la tierra. Es decir que el mecanismo de apropiación de tierras por medio de la acumulación por desposesión requiere, necesaria-

14 Estas dos causas (contaminación y cercamientos de accesos públicos) explican el 84.2% de los conflictos derivados del acaparamiento de tierras en la etapa 1992-2001 (ver la tabla 7). 15 Esto refleja lo que en otra ocasión interpretamos como la imposibilidad del gobierno kirchnerista para tramitar las demandas socioambientales debido a que las mismas contradicen los fundamentos del modo de desarrollo actual (Costantino y Gamallo 2015). Esta imposibilidad se traduce en la exclusión de estos actores del proceso político democrático, incluso de la propia comunidad política, lo que aquí se ve como un aumento de la violencia ejercida desde el Estado hacia ellos.

Tabla 8. Actores y grupos que protagonizan los conflictos sociales derivados del acaparamiento de tierras, número de conflictos y porcentaje 1992-2001

Actores que protagonizan los conflictos

2002-2013

No. de conflictos

28.2

26.3

25.6

15.8

20.5

36.8

17.9

Comunidades indígenas Organizaciones ambientalistas Organizaciones campesinas Vecinos Productores familiares Campesinos, indígenas y las ONG Estado sub-nacional

10.5

2.6

0.0

2.6

10.5

2.6

Total

100.0

Fuente: elaboración a partir de la base de datos construida. Tabla 9. Distribución regional de los conflictos sociales a partir del acaparamiento de tierras 1992-2001 Región

No. de conflictos

Noroeste

2002-2013

No. de conflictos

10.5%

31.0%

Patagonia

36.8%

31.0%

Noreste

42.1%

23.8%

Pampeana

5.3%

9.5%

Cuyo

5.3%

4.8%

Total país

100.0%

Fuente: elaboración a partir de la base de datos construida.

mente, de la participación activa del Estado; sin ella, la apertura de nuevos espacios para valorizar el capital extranjero parecería imposible. Tanto en la región del noroeste como en el noreste los principales conflictos se refirieron a contaminación (por el accionar de las mineras en el primer caso y por el accionar de las empresas forestales en el segundo) y desmontes (principalmente, para la producción de soja en ambas regiones). Mientras que en la Patagonia, la mayor parte de los conflictos fueron causados por el proceso de cesión irregular de tierras fiscales realizadas por los gobiernos provinciales para emprendimientos de conservación y turismo. El capital extranjero y el acaparamiento de tierras | Agostina Costantino

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DOSSIER

Reflexiones finales

Referencias

El contexto previo a la oleada actual de inversiones extranjeras en tierras argentinas (2002-2013) se caracterizó por una elevada concentración de la tierra y por un cambio en el uso del suelo que ya había comenzado a darse en la década anterior. Por un lado, un proceso de “exclusión silenciosa” en el que la apertura de la economía, la desregulación del agro y las malas condiciones del mercado (en términos de precios, tasas de interés, tipo de cambio, etcétera) obligaron a muchos pequeños y medianos productores a abandonar (vender o entregar a los bancos) sus campos. Y por otro lado, un proceso de “pampeanización” del país: los avances tecnológicos permitieron que muchos cultivos típicos de la región pampeana pudieran pasar a producirse en regiones donde antes no era posible, permitiendo la expansión de la frontera agropecuaria y el cambio en el uso del suelo en detrimento de los cultivos perennes, bosques, superficies antes no aptas y superficies aptas pero hasta ese momento no utilizadas.

A partir de la devaluación de 2002 aumentaron las adquisiciones de tierras por parte de extranjeros en el país (tanto en términos de hectáreas totales como de número de transacciones y tamaño medio de las mismas) incentivadas por el aumento de la rentabilidad en pesos de la producción agropecuaria, pero también por la valorización de la tierra que permitió obtener ganancias de capital. Esta mejora en las condiciones del negocio inmobiliario de tierras rurales en el país fueron creadas, en mayor medida, por factores fuera del alcance de un país dependiente como Argentina: la tasa de interés de Estados Unidos y los precios internacionales de las materias primas. Todo esto facilitado por los factores internos, pues además de las políticas más generales, aumentó el total de tierras con apoyo explícito del Estado para su adquisición, mediante facilidades económicas o entrega de tierras públicas. De un proceso de “exclusión silenciosa” en la década de los noventa, en el que la expansión del gran capital se daba principalmente por las vías del mercado, se pasa en la década del 2000 a un proceso de exclusión por coacción explícita y por apropiación unilateral de los territorios de campesinos e indígenas por parte del capital extranjero con ayuda del Estado. En conjunto y analizado en cada una de sus dimensiones, el proceso muestra la profunda imbricación del modo de desarrollo argentino en su fase actual con el proceso de acaparamiento de tierras. De hecho, este proceso profundiza en esta fase la dependencia externa que caracteriza al modo de desarrollo, dejando cada vez menos espacio al control del patrimonio nacional basado en decisiones soberanas.

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El capital extranjero y el acaparamiento de tierras | Agostina Costantino

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Otras Voces

Anti-Machiavellian Rancière: Aesthetic Cartography, Sites of Incommensurability and Processes of Experimentation 151-162 Anders Fjeld – Université Paris Diderot-Paris 7, Francia

Los migrantes por estilo de vida como agentes de transformación en la Norpatagonia chilena 163-176

Hugo Marcelo Zunino – Universidad de La Frontera, Chile Lorena Espinoza Arévalo – Universidad de La Frontera, Chile Arturo Vallejos-Romero – Universidad de La Frontera, Chile

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Anti-Machiavellian Rancière: Aesthetic Cartography, Sites of Incommensurability and Processes of Experimentation* Anders Fjeld** Received date: October 31, 2014 • Acceptance date: March 06, 2015 • Modification date: May 26, 2015 DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res55.2016.10

A BSTRACT | I argue that Rancière’s philosophy is anti-Machiavellian in the sense that his distinction between police and politics is not an originary division, but rather a gap in the sensible fabric of society. He thus moves from politics as a theory of agency to an aesthetic cartography of situations. It is a question of mapping the emergence of a political problem within a singular situation, and the ethics of such mapping is the insistence on the irreducible contingency of an existential choice of the problem. I will elaborate some new concepts (“sites of incommensurability,” “experimentation,” “fragmentation of social space”) and specify how the three logics of identification, dis-identification, and over-identification are three ways of constructing and dealing with situated problems. K E Y W O R D S | Politics, democracy, social sciences, political conflicts, ethics, political movements (Thesaurus).

Rancière antimaquiaveliano: cartografía estética, sitios de inconmensurabilidad y procesos de experimentación R E S U M E N | Defiendo la idea que la filosofía de Rancière es antimaquiaveliano, en el sentido en que su distinción entre policía y política no es una división primaria, sino una brecha en el tejido sensible de la sociedad. No piensa entonces la política en términos de una teoría de agencia sino como una cartografía estética de situaciones. Se trata de trazar la emergencia de un problema político dentro de una situación singular, y la ética de tal cartografía es la insistencia sobre la contingencia irreductible de una elección existencial del problema. Elaboro conceptos nuevos (“sitios de inconmensurabilidad”, “experimentación”, “fragmentación del espacio social”), y especifico como las tres lógicas de identificación, desidentificación y sobreidentificación son tres maneras de construir y tratar problemas situados. PA L A B R A S C L AV E | Política, democracia, ciencias sociales, conflictos políticos, ética, movimiento político

(Thesaurus).

Rancière antimaquiaveliano: cartografia estética, lugares de incomensurabilidade e processos de experimentação R E S U M O | Defendo a ideia de que a filosofia de Rancière é antimaquiaveliana, no sentido em que sua diferenciação entre polícia e política não é uma divisão primária, mas sim uma brecha no tecido sensível da sociedade. Não pensa então a política em termos de uma teoria de agência, mas sim como uma cartografia estética de situações. Tenta-se estabelecer a emergência de um problema político dentro de uma situação singular, e a ética dessa cartografia é a insistência sobre a contingência irredutível de uma escolha existencial do problema. Elaboro conceitos novos (“lugares de incomensurabilidade”, “experimentação”, “fragmentação do espaço social”) e especifico como as três lógicas de identificação, desidentificação e superidentificação são três maneiras de construir e tratar problemas situados. PA L AV R A S - C H AV E | Política, democracia, ciências sociais, conflitos políticos, ética, movimento político

(Thesaurus). *

Este artículo es parte del proyecto de investigación ECOS-Norte “Comprender la subjectivación política hoy. Experiencias y conceptualizaciones. Francia/Colombia”. No contó con financiación.

Estudiante de doctorado en Filosofía Política de la Université Paris Diderot-Paris 7 (Francia). Profesor catedrático de la Universidad de los Andes (Colombia) y de la Universidad Autónoma de Colombia y, profesor invitado de la École Normale Supérieure, Université d’Etat d’Haïti. Miembro de los grupos de investigación de Laboratoire du Changement Social et Politique (LCSP), Université Paris Diderot-Paris 7; Archipel des Devenirs, Centre de recherche sur l’utopie (Francia) y Projet ECOS-Norte, “Entender la subjetivación política hoy. Experiencias y conceptualizaciones”, Universidad de los Andes y Université Paris Diderot-Paris 7. Entre sus últimas publicaciones se encuentran: “Rancière, Marx y Claudette Colvin: tiempo, saber, memoria y estrategia de la política”. Ciencia Política 10 (19): 125-150, 2015 y “Subjectivation et désidentification politiques. Dialogue à partir d’Arendt et de Rancière” (en coautoría con Etienne Tassin). Ciencia Política 10 (19): 193-223, 2015. * afjeld@gmail.com

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OTRAS VOCES

Jacques Rancière conceives of the political situation as a paradoxical “disagreement” between two incommensurable ways of investing and configuring the sensible —a consensual police logic and a dissensual democratic logic. There is a strong tendency in contemporary French political philosophy to understand this distinction between police and politics as an originary division in the Machiavellian sense of the term —as a dichotomy in which the constant renewal of conflict between the nobles who want to dominate and the people who do not want to be dominated is what keeps society together and “indefinitely delays” its dissolution into civil war. That is to say, conflictive disorder is “paradoxically” generative of political order, an order that lasts only in so far as conflict is kept alive through the different struggles that traverse the social sphere and resist domination by the nobles. This Machiavellian originary division is reconceptualized in contemporary French political philosophy as being constitutive of democracy. Democracy is the political regime based on indeterminacy and contingency because it is nothing other than the space in which these conflicts take place —where the terms of the people against the nobles are substituted, as in the case of Miguel Abensour, by democracy versus the state. This democratic remobilization of Machiavelli constitutes a predominant branch of contemporary French philosophy, one that typically and quite uncritically includes Rancière and his concept of dissensual democracy among its proponents. I will argue that Rancière cannot be subsumed into this tradition, and that he is in fact anti-Machiavellian in the sense that the distinction between police and politics is not that of an originary division, but rather of a gap in the very fabric of the sensible between two incommensurable logics (l’écart). This hypothesis will permit us to reconstruct and radicalize Rancierian philosophy. More concretely, it will enable us to define some new concepts from within his thought, revolving around the idea of the gap, namely the concepts of “sites of incommensurability,” “experimentation,” “fragmentation of social space” and “utopian over-identification.” In order to specify the singularity of his political philosophy, we will define how he moves from politics understood as a theory of agency to politics as an aesthetic cartography of situations, and how he “decenters” traditional philosophical-political thought by dissolving conceptual guarantees that any logic or agency is adequate to a situation. More precisely, for Rancière it is a question of mapping the emergence of a political problem within a singular situation, and the ethics of such mapping is the insistence on the irreducible contingency of an existential choice of the problem.

Machiavelli in Contemporary French Political Philosophy Marxism has undoubtedly shaped the landscape of French political philosophy in the 20th century, as such

an ever-present current of thought, especially from the 1940’s through the 70’s with Jean-Paul Sartre and Louis Althusser as its central proponents, that a large number of important emerging thinkers have formulated their positions either through solidarity with, critical reconceptualization of, or “constructive” rejection of Marxism. The last case is characteristic of the abovementioned branch of contemporary French philosophy based on a democratic remobilization of Machiavelli, the origin of which can perhaps be traced back to the founding of the journal Socialisme ou Barbarie by Claude Lefort and Cornelius Castoriadis in 1948, in which Jean-François Lyotard participated notably until its dissolution in 1967. Lefort and Castoriadis also wrote for the journal Textures, which lasted from 1969 to 1975, along with Miguel Abensour, who may also be considered the most important proponent of this Machiavellian-democratic branch today. Largely as a reaction against the totalitarian experiences of communism in the Stalinist USSR, and as an attempt to locate totalitarian tendencies on a theoretical and conceptual level in Marxism, this Machiavellian tradition defends democracy as a regime of perpetual indeterminacy and division which —through its very dynamics of conflict— wards off totalitarian unification, bureaucratisation and State domination. As Lefort puts it in commenting on Machiavelli: “Order is not instituted through a rupture with disorder; it merges with a continual disorder” (Lefort 2010, 518, my translation). This is what he calls “the principle of the internal division of society,” based on the Machiavellian idea of an originary division between the nobles who seek to dominate and the people who seek to avoid being dominated. As Machiavelli famously puts it in his analysis of the Roman Republic: “I think that those who condemned the tumults between the nobles and the plebe blame what was actually the principal cause of liberty in Rome and that they are more attentive to the noise and cries caused by the tumults than the good effects that they produced” (Maquiavelo 1987, 39, my translation). Reconceptualized as a conception of democracy, this tradition thus recasts conflict as central to the vitality of society. One might say that the whole network of concepts —conflict, democracy, the state, emancipation, and so forth— is based on the logic of this originary division. As Abensour puts it: “The conceptual horizon according to which the idea of savage democracy is to be approached is thus that of the originary and irreducible division of the social, its enigmatic identity —the ordeal of the uncontrollable that allows the indetermination of the social realm, and its necessary inner opposition, to unfold freely” (Abensour 2007, 251, my translation). We might, in order to introduce the concept of this Machiavellian originary division, insist on two of its basic elements. Firstly, the originary division exists

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only insofar as there are opposing forces actively keeping it alive through the constant renewal of conflict. Machiavelli understood these opposed forces as the nobles versus the people, whereas Abensour reconfigures this distinction in terms of the state as the agent of domination and democracy as the agent of emancipation: “if the State is inseparable from servitude, inversely the democratic revolution is inseparable from a destruction, or from an intention of destruction, of State power” (Abensour 1998, 127, my translation).1 Secondly, the constant renewal of conflict is actually what accounts for the health and vitality of the political regime. If the conflict ceases, the originary division dissolves, and —as Machiavelli would put it— the city-state deteriorates into civil war. The opposed forces produce, through their very conflict, the vitality and sustainability of democracy. Abensour says: “Is democracy not the form of society that, unsatisfied with merely recognizing the legitimacy of internal conflict, comprehends conflict instead as the originary source of an ever renewed invention of liberty” (Abensour 2007, 251, my translation). By suggesting that it is in the dynamics of perpetual democratic conflict that liberty asserts itself and that a sustainable political regime constructs itself, this tradition carves out a theoretical position between Marxism and liberalism, criticizing them both for their inability to recognize conflict as both irreducible and generative of a democratic society. As Martin Breaugh puts it in commenting on Abensour: “For our divided societies haunted by the spectre of secession, the political will of fabricating unity and harmony is irresistible” (Breaugh 2006, 133, my translation). The criticisms they propose are thus negative descriptions of the specific ways in which this self-perpetuating democratic conflict is displaced by ideas of unification and consensualization.2 In other words, in the logic

1 We note the similarity with the Aristotelian concept of energeia that is being as pure actuality: the constant renewal of conflict generates its own condition of possibility wherein it actualizes itself. Democracy, as the regime wherein constant conflict is possible, is sustained by nothing else than the constant conflict that generates it. Democracy, in this conceptualization, is energeia, which also explains why Hannah Arendt is an important reference point for both Lefort and Abensour, since her concept of bios politikos —the specifically political “mode of being” of man— is in fact an elaboration of the Aristotelian concept of energeia. 2 As Abensour puts it: “Under the influence of a reinterpreted Machiavelli (Le travail de l’oeuvre, 1971), Claude Lefort defends the idea that every human city is ordered and constructed by an originary division in which the division of desires manifests itself: the desire of the nobles to command and oppress, and the desire of the people to be neither commanded nor oppressed —the desire of freedom. We see that within this intelligibility of the political, every manifestation of the social is inhabited, haunted, by the threat of its own dissolution” (Abensour 2007, 250, my translation).

of this Machiavellian tradition, both Marxism3 and liberalism4 depoliticize politics by displacing its very essence —democracy understood as originary division or as self-perpetuating conflict. There is a strong tendency to read Rancière as part of this tradition, which implies supposing that his distinction between police and politics is an originary division. It seems to me that by dispelling this Machiavellian reading of Rancière, his philosophy becomes much more complex and, I would add, much more interesting and important.

Anti-Machiavelli! The hypothesis that we will develop is thus the following: Rancière is anti-Machiavellian because the distinction between police and politics is not an originary division. There is nothing in Rancière that would permit subsuming local, singular struggles to the general regime of savage democracy, inscribing a locally situated political actor within the generality of struggle against forces of domination —as Abensour puts it: “Is democracy not the form of society that institutes a

3 This Machiavellian-democratic tradition rejects Marxism on account of its “economic determinism” which is supposed to reduce the political to the social, or to turn politics into an epiphenomenon of the economic base. According to this logic, Marxism displaces the originary division by defending a model of unification through the universal project of revolutionary emancipation of the proletariat. It is thus criticized for being based on a teleological rationality, on a hierarchical and bureaucratizing organization of any political movement due to its avant-garde-party structure, on displacing the contingency and indeterminacy of democracy and replacing it with a process of fabrication of the new society yet to come, on an instrumentalization of politics, etc. As Lefort puts it: “Unlike Marx, Machiavelli understands social division as constitutive of political society, and, thus, as insurmountable. [...] It is clear that praise of the tumults is not linked to any faith in a final stage, as in the case of Marx, a stage in which the causes of the division would be suppressed. Tumults, insofar as they are stirred up by the people’s desire for freedom, are good” (Lefort 2010, 568, my translation). 4 The Machiavellian-democratic tradition rejects liberalism as a consensual or technocratic logic that “closes” the spaces of conflict and insurgency by seeing them as a threat to “good order” instead of understanding them as generative of democracy and liberty. Liberalism thus depoliticizes conflictive democratic life by seeking principles of good governance or justice, by conceiving of a deliberative democracy through consensual registers, by reducing the political to the legal, by emptying spaces of conflict through representative democracy, or by delimiting politics to discussions on the just distribution of goods. This logic is quickly assimilated with the state, understood as the institutionalized organization of society that wards off any (originary) division and dissensus in its consensualized spaces. Philosophically, we find a critique of thinkers like Rawls and Habermas, or Plato and Hobbes here, because they seek principles of consensus and order and conceive of conflict as undermining the well-functioning bases of society. Anti-Machiavellian Rancière | Anders Fjeld

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human link across political struggles and that, by this very institution, renews its tie with the origin of liberty that is always in need of rediscovery?” (Abensour 2007, 274, my translation). Disagreement, the relation between police and politics, is not an originary division between opposed and distinct agents or agencies, but a gap in the fabric of the sensible between incommensurable logics. By moving from the concept of originary division to the concept of gap, one uproots and modifies the whole network of concepts and fundamentally alters the very logic of politics. The difference between the Machiavellian tradition and the anti-Machiavellian thought of Rancière is that of a complete rupture and thus a paradigmatic difference. Before explaining the concept of the gap more precisely, I will indicate the difference with four ideas that I will develop and justify throughout the text. Firstly, we are moving from a theory of political agency to an aesthetic cartography of political situations. Secondly, we are moving from a social space divided by an originary division to a social space fragmented by multiple gaps. Thirdly, we are moving from a binary logic for thinking about contradictory relations of forces to a fluid and strategic field of incommensurable relations of forces. Fourthly, we are moving from politics as resistance against domination and as the ever-renewed construction of liberty, to politics as strategic experimentation and the construction and treatment of situated problems. In order to better understand these differences between the originary division and the gap, I will first develop the idea of what it means for the relation between police and politics to be a gap. Rancière describes this relation as “the contradiction of two worlds lodged in a single world” (Rancière 1995, 49, my translation). How should we understand this paradoxical definition? Initially we can point out that “two worlds lodged in a single world” means that there are two different types of territories investing the same space, that is to say, two different modes of organizing the connections and oppositions between the same bodies, things, and words in one social space. More precisely, whereas the social order identifies and codifies these bodies, things, and words according to a consensual register, democracy dis-identifies and decodifies these same bodies, things, and words according to a dissensual register, with the two laying out very different “landscapes of the possible.” But with respect to this initial observation we have to specify the type of relation that exists between these two territories in the same space. This relation is not really one of contradiction; it is rather one of incommensurability. As Rancière puts it: “In this way the bringing into relationship of two unconnected things [namely the police and politics] becomes

the measure of what is incommensurable between two orders: between the order of the unegalitarian distribution of social bodies […] and the order of the equal capacity of speaking beings in general. It is indeed a question of incommensurables, but these incommensurables are nevertheless measured in regard to each other” (Rancière 1995, 67, my translation). Let us first emphasize the paradox of what Rancière claims here: By definition, if two things are incommensurable they cannot be measured one against the other because there is simply no common measurement between them. However, it is precisely this paradox that Rancière seeks to think about and to elaborate; it is this paradox that characterizes the disagreement or more generally the concept of the gap. We can thus understand the incommensurable relation between police and politics in the following way: The two worlds, or the two territories, invest the same social space, the same surface, the same bodies, things, and words, and they are at one and the same time incommensurable (they have no common measurement) and measured one against the other. Two worlds then, with modalities and dynamics so different that they have no common measurement, but which are nonetheless tangled up in a single space, joined together in the form of a knot, precisely because they invest and overlap in the same space. This concept of the gap will allow us to define a Rancierian concept of experimentation, as well as the idea of social spaces as being fragmented by gaps. The gap is, as we have defined it, a site of incommensurability, a space of connections between two incommensurable logics. Because of the incommensurability of the connections, there is no internal contradiction that already carves out a path of resolution or that already privileges a certain constellation of connections as the outcome of a dialectical process. If we are dealing with a form of anti-Machiavellianism, we are thus also dealing with anti-dialectics. In the space of this incommensurability, there can only be processes of open, contingent and strategic experimentation. We can thus conceptualize experimentation as the concrete processes that play, join, disconnect, fumble, strategize, configure and create within the spaces of these gaps. And we can define a social space as a space fragmented by gaps inciting experimentations. In relation to experimentation, we are here generalizing what Rancière says about thought: “Thought, for it to have something to work on, has to have points where it jams, where it measures itself against something that it cannot absorb” (Rancière 2012, 101, my translation). We might say that what puts not only thought, but also social landscapes or political situations to work, are the aporias, the tensions, or the gaps that traverse their fabric and rationality, because it is precisely there that they are pushed to experiment, at the point where they measure themselves against what they cannot absorb, against their sites of incommensurability.

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It is thus possible to specify why we are moving from a theory of political agency to an aesthetic cartography of political situations. This is because it is no longer a question of identifying the function of politics or of defining what actually makes a political agent political —which is what Abensour is doing in defining democracy as the perpetuation of the originary division through conflictive resistance against the state.5 What Rancière proposes is an aesthetic cartography of the sites of incommensurability that fragment social spaces and that constitute the aporetic points of open and contingent experimentation reconfiguring the coordinates of the distribution of the sensible. It is no longer a question of conceptualizing the role a political actor plays in relation to a political regime such as democracy, but rather a question of mapping the concrete experimentations taking place in a given situation —the reconfigurations of the sensible in terms of temporalities, horizons, inventions of practices and reinvestments of laws and institutions, reterritorializations within the network of social codes and concrete spaces, modes of critique and polemic rearrangement of social relations. The Machiavelliandemocratic originary division is supposed to explain “what is really taking place” in a political situation (inscribing the singularity of the conflictive situation into the generality of democracy as a self-perpetuating regime of indetermination), whereas Rancière’s aesthetic cartography searches for the gaps and the processes of experimentation in the very immanence of the situation. The reading of Rancière that I propose can thus be summed up in two points. Firstly, we no longer understand the distinction between police and politics as an originary division, as a dichotomy or as any kind of binary logic, but as a specific gap between two incommensurable logics that fragments the social space and incites processes of open, contingent and strategic experimentation.6 And therefore,

5 As Abensour says: “Democracy is not the accompaniment of a process that would entail the disappearance of the State in a smooth space without any rough edges, but rather the determinate institution of a conflictive space, of a space against, of a agonistic scene where two antagonistic logics face each other, where there develops a struggle without respite between the autonomization of the State as form and the life of the people as action” (Abensour 1998, 126, my translation). 6 This point leads, perhaps surprisingly, to relativize and even minimize the importance of the idea of equality within Rancière’s specifically political work. Even if Rancière retains equality as a central notion in On the Shores of Politics and Disagreement, it is nevertheless reconceptualized with respect to his earlier work. In The Ignorant Schoolmaster equality was a social relation based on horizontal principles, but in his political thought equality becomes an operative principle related to interruption of the police order. This means that equality is merely the logic of the actions that interrupt and block this order, the actions that open up the political space of dissensus, but equality in this sense does not predetermine the social relations that populate this

secondly, we no longer understand his conceptualization of politics as a theory of agency or of action; we are rather dealing with an aesthetic cartography mapping the fragmented construction of social spaces through its gaps as experimental sites of incommensurability. We will introduce a third point here to which we will return later: There are not just two incommensurable logics —police and politics— that fragment social spaces and dynamics, but in fact three —police, politics, and utopian over-identification.

Police and Emancipation as Operative Concepts Starting with these three points, it is possible to elaborate some immediate consequences for Rancière’s main political concepts. Firstly, the category of the police is not, as is commonly supposed, a static order of conservative domination, but rather a dynamic and strategic order that can be better or worse depending on the problems that it constructs and seeks to deal with. Secondly, the state cannot be understood as a domain of domination or as any kind of predefined agency (as Abensour intends), but one that should be understood as a multitude of laws, practices, institutions, spaces, actors, etc. that can function according to different logics. There is thus a very important difference between the police as a consensual logic, and the state, in the sense that the devices of the state can be configured in both consensual and dissensual ways depending on the immanence of the situation.7 Thirdly —and this is the point that perhaps most obviously presupposes a complexification of Rancierian philosophy, but from within said philosophy— because the gaps are not incarnated by any agency, but rather form part of a situation as sites of experimentation. This opens up conceptually due to the fact that emancipatory movements are themselves ambiguously traversed

political space —which might be, for strategic reasons and to a certain extent, hierarchical. The political criticism that Rancière directs at the logic of equality in The Ignorant Schoolmaster: Jacques Rancière, La Mésentente, (1995, 58-59). This political reconceptualization of equality is not taken into account in the reading of Rancière (1991) by Todd May, who thinks of political dissensus in terms of the horizontal social relations outlined in The Ignorant Schoolmaster, thus presenting an “anarchistic” version of Rancière, Todd May (2008). Our reading of Rancière is thus opposed to May’s, due to a different reading of the political concept of equality. 7 As Rancière puts it: “The forms of democracy […] are in no way oblivious to the existence of elected assemblies, institutional guarantees of freedom of speech and expression, state control mechanisms. They see in these the conditions for being exercised and in turn modify them. But they do not identify with them.” (Rancière 1995, 141, my translation.) And: “That which is normally seen to be the place of politics, that is, the set of State institutions, is not a homogeneous place. Its configuration is determined by the relations between the political logic and the police logic” (Rancière 1995, 56, my translation). Anti-Machiavellian Rancière | Anders Fjeld

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by these three different logics. A consensual police logic and an over-identificatory utopian logic may be part and parcel of a dissensual emancipatory movement. That is to say, democratic movements may be fragmented by these gaps from within, just as the state may be. Thus, an important difference in relation to the Machiavellian tradition is that emancipation is not the dynamic that carries the fate of the world on its shoulders due to the way in which it s to democracy as a regime of self-perpetual conflict, it is rather a dynamic that inserts itself singularly into and reconfigures a network of practices, laws, words, spaces and institutions. It has its own horizons, distributions of possibilities and impossibilities, strategies, capacities and workings that might as well, for strategic reasons, reproduce domination as dispel it. In other words, Abensour believes there is a conceptual guarantee that emancipation is the adequate dynamics for the problem of politics because its fundamental or “real” role is to perpetuate the originary division of democracy against the state.8 Emancipation is thus the answer to the problems of politics. With Rancière, however, it seems that this conceptual guarantee is dissolved. Because emancipation is no longer rooted in a theory of agency, it becomes instead an operative concept in the aesthetic cartography. It is an operative concept in the sense that what matters is its singular and territorialized reconfigurations —the specific procedures, horizons, strategies, tensions and problems produced by its dis-identification— but it can no longer conceptually guarantee its own adequacy in relation to the situation it reconfigures. The consequence may be surprising and will almost certainly seem perverse in the eyes of democratic Machiavellians: In certain cases, a police logic may be better than an emancipatory logic; in certain cases, consensus may function better than dissensus. This is related to a connected decentering: What matters here is not the quality of the agent and the logic of the agency, but the choice of a problem and the capacity to deal with it. We are thus facing one of the most mysterious claims of La mésentente, one that Rancière only mentions in passing: “The police can procure all sorts of goods,

8 This idea of defining what politics is “really” about is part of the definition and the critique that Rancière proposes of political philosophy. As he puts it: “This operation by which philosophy expels from itself the disagreement is therefore naturally connected to the project of ‘really’ doing politics, of realizing the true essence of what politics talks about. Philosophy does not become ‘political’ because politics is an important object that requires its intervention. It becomes so because settling the situation of the rationality of politics is a condition for defining what is supposed to be properly philosophical” (Rancière 1995, 15, my translation).

and one police can be infinitely preferable to another one. This does not change its nature, which is the only thing we are questioning here” (Rancière 1995, 54, my translation). What if, going beyond the consideration of its “nature” (its consensual logic) only, and contextualizing its functioning in concrete situations, we had to relativize it in the sense that it is not simply a domain or agency of domination but a strategic dynamic that may also have positive impacts depending on the problems it chooses and the way it deals with them? What if the question is not simply one of domination versus emancipation, but the ability to pose the “right” problems and to experiment in dealing with them?

How to Constitute a Political Problem Identification, Dis-Identification, and Over-Identification I think this is where we can see why Rancière claims he is not a political philosopher. The reason lies in the way he rethinks what constitutes a political problem. Instead of defining the “real” problem of politics, as Abensour does —perpetuating the originary division through a constant renewal of democratic conflict—, it seems to me that Rancière focuses instead on the concrete conditions of the emergence of a problem: In what circumstances does the problem arise? How is it situated? Who enunciates it? And who is able to hear, understand, and invest it? With his aesthetic cartography, Rancière is precisely trying to think of the network of subjective investments revolving around the constitution of problems addressing society. If there is a scene of disagreement, there is a group of people dis-identifying themselves from the social order by interrupting its functioning in order to materialize the problems. Take for instance the Arab Spring: There was a large group of people in Tahrir Square calling themselves the “people of Egypt,” who dis-identified from their social roles, functions and identities, thus creating a rupture in the functioning of the social order by this demonstration of equality and materializing radical problems, metonymically concentrated in this case in the name of “Hosni Moubarak.” There is a critical capacity here, an effort to address problems facing society, emanating from this demonstration of equality by people with no title or formal right to pose such problems —problems too radical to be posed within the specific consensual police configuration of Egyptian society. The question that Rancière asks, it seems to me, is not how these people configure a public space of plurality or a savage democracy resisting the domination of the Egyptian state; it is rather what the problems expressed by these voices are, how they concretely reconfigure social spaces and temporalities, how they reinvest their social roles and functions in order to give weight to these problems, how these

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problems and subjectivations interact with the social order in the form of the police, and how the different forces investing or resisting these problems deal with them. It is through such processes that we can see change, if we can see it at all —considering that the disagreement between police order and politics is precisely a site of incommensurability that incites processes of open and strategic experimentation on both “sides.” The political question for Rancière is therefore not the traditional “What is politics?” question of political philosophy, but rather “What are our concrete existential problems and how can we deal with them?” As Gilles Deleuze puts it in his book on Henri Bergson: “It’s the solution that counts, but the problem always gets the solution that it merits on account of the way it is posed, the conditions in which we determine it to be a problem, the means and the concepts that we have to pose it” (Deleuze 2011, 5, my translation). So, how is a problem to be posed with Rancière? That is, how is the way a political problem is constructed within the different logics of identification (police, consensus), dis-identification (politics, dissensus), and over-identification (political philosophy, utopia) to be analyzed?

Utopian Over-Identification Let us start with the third logic. In addition to consensual police logic and dissensual political logic, in La mésentente Rancière defines a third logic that he denominates “political philosophy.” This is often passed over as being simply a criticism of philosophical theory, rather than a third logic on the same level as police and politics, a third way of configuring the sensible that functions in concrete situations. We will instead pose the hypothesis that it is a logic to be included in the aesthetic cartography, so that the political situation is not simply the disagreement between police and politics, but a field of gaps engendered by the incommensurable “relations” among three different logics: identification, dis-identification and over-identification. Rancière says that in political philosophy it is a question of “suppressing the difference between politics and police. The principle of the philosophers’ politics is the identification of the principle of politics as an activity with that of the police as a determination of the distribution of the sensible that defines the parts of individuals and of parties” (Rancière 1995, 97, my translation).9 Political philosophy is thus different from the police, because it is

9 Rancière also says the following about political philosophy: “What is called ‘political philosophy’ might well be the set of operations of thought whereby philosophy tries to rid itself of politics, to suppress a scandal in thought proper to the exercise of politics. This theoretical scandal is nothing more than the rationality of disagreement” (Rancière 1995, 15, my translation).

the a priori suppression of the difference between police and politics. It configures a horizon wherein disagreement would be impossible, a horizon wherein the social order is, or rather will be, organized in such a way that every part will necessarily correspond to its identity —a horizon that excludes from the outset any excess, dissensus or democracy. If this is the role of political philosophy in relation to police and politics, then how can its internal functioning as a utopian over-identification be analyzed more precisely? It seems to me to function according to a logic of correspondence: On the one hand, correspondence between an everyday social identity or function —such as that of a bus driver, an immigrant, a philosopher, a woman, a carpenter, a prisoner, etc. —and on the other, a utopian over-identification —the territories to which this social identity is assigned in a harmonized or “utopianized” web of social relations. It is a correspondence between a determinable material (social identity) and a determinant ideal (utopian over-identity). Political philosophy in this sense is the project of configuring the utopian over-identification of every social function, of realizing the correspondence between the social identities and the utopian over-identities, of fabricating a new world that corresponds to the utopian distribution of social relations.10 If over-identification thus functions according to a logic of correspondence between a determinable material and a determinant ideal, or between an identity and an over-identity, the form of the problem is that of teleological adjustment: the task of balancing the two variables of the correspondence. Any social problem or disorder thus becomes a symptom of the lack of the over-identity. This logic seems to be evident among the utopian socialist societies in 19th century France, where all the problems of (capitalist) society are understood as symptoms of the lack of the utopian society that is yet to come, and where the concrete, utopian societies were spaces of experimentation with the teleological fabrication of this utopian society. However, we will focus our study on how this over-identificatory logic seems to have been operative in the French government policy that created the first undocumented workers known as the sans-papiers in France in 1972.

10 This logic seems to correspond to Derrida’s criticism of Francis Fukuyama in Espectros de Marx as incarnating one of the Marx’s spectres, an idealist logic: “Let us accept, provisionally, the hypothesis that everything that goes badly in the world today only measures the hiatus between an empirical reality and a regulatory ideal [...] The worth and the evidence of the ideal are not compromised, intrinsically, by the historical inadequacy of the empirical realities. From here [...] the appeal to a certain spirit of the Marxist critique is still important and should continue indefinitely being necessary to denounce and reduce as much as possible the hiatus, to adjust ‘reality’ to the ‘ideal’ in a necessarily infinite process” (Derrida 1998,100, my translation). Anti-Machiavellian Rancière | Anders Fjeld

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Said government policy was based on the idea of moving from an “endured and anarchical immigration” to an “organized immigration” (Barron et al. 2011, 6, my translation). The policy thus played on the projection of a social order where there would be no “anarchical” excesses to disturb the smooth running of immigration in which every part would correspond to its consensual identity. What this in fact entails is precisely an over-identification of the immigrant, in two different senses. Firstly, the social identity of the “immigrant” is read as a negative lack of over-identity, and thus considered “anarchical and endured.” This is different from police identification, in which the “immigrant” identity is given through the distribution of laws, institutions, practices, social codes, etc., and is thus an assigned position within a functional network rather than the symptom of a lack. Secondly, this social identity is inserted into a teleological horizon measured by over-identification —the fabrication of an “organized immigration.” The problem is therefore posed as a problem of teleological adjustment: how to bring the social identity— the (negatively over-identified) “anarchical” immigrant —to the over-identity— the “organized” immigrant? How is the over-identity to be fabricated? This is the way a problem is posed within the logic of over-identification. But there is a gap here that is presupposed by over-identification as part of its very logic. The way that “political philosophy” “[suppresses] the difference between politics and police” is by inscribing the consensual identity into the teleological trajectory of an over-identity. It thus opens up a site of incommensurability between police identification and utopian over-identification inciting processes of experimentation. The problem is the same for the utopian socialists as for the French government: how to concretize the over-identity in the police order of practices, of circulations and of discourses, in the ordered configuration of everyday life? In other words, how to reconfigure the laws, practices, institutions, social codes, etc. of the social order in order to move from anarchical immigration to ordered immigration? What the over-identificatory logic has to experiment with, as part of its very logic of teleological adjustment, is the police order. Thus, for instance, in 1972 the government prohibited any regularization, any attribution of visas to persons already present in French territory. Before this, visas had normally been given to anyone who was working, even if they had no visa or had only a tourist visa when they were hired (Barron et al. 2011, 8). The new government policy thus reconfigured the police, just as it reconfigured the distribution of places, as well as the functionality and the modes of visibility of the bodies occupying them, and the set of possibilities and impossibilities attached to these places in order to ensure that immigrant workers no

longer would be able to legalize their presence in French territory. This was not a simple administrative change, but one that changed a whole constellation of codes, rules, laws, practices and institutions and relegated the undocumented immigrant worker to a condition of public invisibility and legal exclusion. Thus there was a change in the consensual identity of the immigrant worker. But if the utopian socialists and the French state both experimented with the same gap and thus formally configured the problem in the same way (teleological adjustment) in 1972, all the difference lies in the problems they chose. The problems that the utopian socialists chose were the misery and exploitation of the working class, and the utopian over-identity they configured and tried to fabricate was supposed to be the “solution” to all of the evils and sufferings inflicted on the working class by the logic of capital. What the French state was doing was to “protect” the nation from anarchic foreign elements disturbing the “smooth” functioning of its social systems. When it comes to a choice of problems, it seems natural, at least from a leftist perspective, to sympathize with the utopian socialists and to be critical of the French state. Let us understand this as an indication of the move from a theory of agency to the aesthetic cartography of situations. We see that over-identification is an operative concept that does not entail —as would be the case within a theory of agency— any conceptual guarantee of adequacy or non-adequacy in regards to a concrete situation. It depends on its specific construction, and more specifically on the problems it chooses and the way it tries to deal with them. As an operative concept, over-identification can prove either better or worse depending on the situation, depending on the problems it chooses to deal with. However, if over-identification incites processes of experimentation with the police order, how are problems constructed and dealt with from within the police order itself?

Police Identification Consensual police identification is the distribution of social codes, the codification of social spaces, the configuration of proper ways of being, doing and saying, and the web of institutions, practices and laws that regulate the everyday social order within which individuals are assigned their places. It does not function by correspondence and teleological adjustment, but rather by distribution, codification and assignation. That is, the police do not presuppose any over-identity regarding which the social identities should embark on journeys of teleological adjustment; the police merely configure a certain “landscape of the possible” as the set of possibilities and impossibilities that defines a social situation by codifying an identity and assigning it a place. In other words, utopian over-identification presupposes

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police identification in order to project these “everyday” police identities into a future harmonization of social relations. The police, however, merely assign a body to a place, and the police codification of a body accounts for its possibilities and impossibilities in the situation wherein it finds itself, its “modes of saying, modes of doing and modes of being.” In this sense, the form of the problem is given in modifiable combinations among the consensual possibilities and impossibilities that define the social order at any given time, i.e., the ways one can play with, reconnect and disconnect the relations within the entire set. As Rancière says: “[Consensus] is the construction of a world where we are faced with necessity, where there is no possible, no choices but the choice of the best way of managing necessity” (Rancière 2012, 264, my translation). This statement might seem more restrictive than it actually is. What is necessary is the set of possibilities and impossibilities, the “landscape of the possible” that configures our consensual spaces at any given moment. What is not necessary are its various combinations —for the set is vast and can be combined in ways that were not “intended.” For instance, we can think about how the abovementioned change in the consensual identity of immigrants in France in 1972, with modifications of laws and practices, facilitated ways of combining these new possibilities that engendered systemic exploitation of the sans-papiers in different sectors of the labor market in France. Certain employers took advantage of this change in the social order by employing undocumented immigrants and taking advantage of their precarious situation to impose harsh working conditions on them in order to produce greater profit than with workers in less precarious situations. Even though this practice is illegal, the logic is entirely consensual: The employer takes advantage of the place to which the undocumented immigrant has been assigned, combining and articulating different elements of the set of possibilities and impossibilities that characterize it. We thus see that the connection between legality and consensus is not simply a question of what is legal as opposed to what is illegal: the consensual logic can function in illegal ways. The question is rather the distribution of what is possible and the ways in which one can combine and articulate certain possibilities against certain impossibilities (for instance, the undocumented immigrant’s impossibility of reporting this illegality to state authorities).

Political Dis-Identification It is also this way of posing and dealing with problems within the established set of possibilities and impossibilities that explains the “disagreement” between police and politics. The police are only able to situate themselves within their own consensual set of

possibilities and impossibilities, and are thus neither able to “hear” nor to take into account the radical nature of the problems posed in politics —radical because what politics seeks is precisely to reconfigure and alter the very distribution of possibilities and impossibilities. This is why Rancière claims: “The police order constructs itself as that which no longer confronts legitimate conflictive instances [...], but only erratic, pathological or criminal acts” (Rancière 2012, 266, my translation). We can see a concrete example of this in the State of Alabama vs. M. L. King, Jr. trial on the 19th of March 1956 in the context of the Montgomery bus boycott at the beginning of the civil rights movement in the United States to struggle against the segregation laws. During the proceedings, the judge questions Gladys Moore, who participated in the boycott (Burns 1997, 72): JUDGE: Why did you stop taking the bus the 5th of December? MOORE: Why did I stop? JUDGE: Yes. MOORE: Nobody told me to stop taking the bus. JUDGE: That is not what I asked you. MOORE: I’ll explain it to you. I had nothing to do with it. JUDGE: That is not what I asked you. MOORE: What is your question? JUDGE: I asked you why you stopped taking the bus on the 5th of December. I would like to know, in order to understand, why you didn’t take the bus anymore after the 5th of December. MOORE: I stopped taking the bus because we have been mistreated for so many years that we decided never to take the bus again. JUDGE: Whom are you referring to in saying “we”? MOORE: The fifty thousand black people in Montgomery.

In the police order of the United States where segregation laws were in force in the southern states, the skin color “black” was an essential, identificatory mark for conduct in social spaces, for institutional possibilities and guarantees, for social codes and violence, for the labor market, etc. In other words, if the skin color “black” was heavily codified, it was because a whole social order was organized on the basis of it —its landscape of the possible and its construction of consensual spaces. In this court scene, the judge is trying to “understand” the abnormal act of the bus boycott. The act was not a crime as such, but seeing that two thirds of the bus passengers were black, it posed, on the one hand, an important economic problem for the city bus company and thus for the mayor of Montgomery, while on the other hand, it involved a Anti-Machiavellian Rancière | Anders Fjeld

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different visibility and a polemical presence of blacks in Montgomery because 30,000 black people organized their daily transportation to school and to work in a new and different way —by walking and by collectively organizing free transport service. This was a political dis-identification: It was a reconfiguration of the givens that structured the social spaces in Montgomery, a reconfiguration of the functionality and the modes of visibility of the elements occupying said space, of the existential territories and the possibilities attached to those territories. It was a form of dissensus that, by interrupting the normal functioning of social space in Montgomery, gave new meanings to bodies, things and words, changing their connections, oppositions, contents and functions, thus rearranging their network of interactions and thereby installing a new, polemical “landscape of the possible” in the heart of the social order. What we see in the above-mentioned court scene is the condensation of this dis-identification: Gladys Moore re-signifies this abnormal act in a political register as a protest against the social order as such, as a dissensual act that materializes a wrong involving the global structure of that social space in the United States —i.e., the heavy codification of “black” skin color through segregation laws and their very real, existential consequences for marginalized black people. In other words, the radical nature of the problem exceeds what the consensual set of possibilities and impossibilities of the police is able to take into account —because the political wrong is directed directly against this set and is materialized by dissensual acts at the heart of the matter. There is thus a gap between police and politics, a site of incommensurability that incites processes of experimentation on both sides —for the police to resist the contingency of their own order, and for politics to redistribute its own set of possibilities and impossibilities for defining the social order. If the problem in utopian over-identification is constructed as teleological adjustment, and in police identification as recombinations of the consensual set of possibilities and impossibilities, how is the problem then to be constructed in terms of political dis-identification? Whereas in the case of the police, the problem is always to a certain extent predetermined by the set of possibilities and impossibilities within which they must situate it — thus making all problems dependent on the consensual landscape of the possible— the horizon of the problem is “broken open” in politics by dis-identification from this consensual landscape of the possible. The problem is thus “freed” from its consensual predetermination. What matters in politics is not the “reasonability” of the problems, but the need to deal with them, to experiment with them, to restructure the social order in which they are systemically reproduced. The horizon of possible solutions is open, something to be constructed along the way; it is one of open and collective experimentation with everything that is possible in our world.

How then, are we to understand the “internal” form of the problem in terms of political dis-identification? As Rancière says: “The relation of the local to the capacity of universalization [...] is very important for me in the definition of politics” (Rancière 2012, 275, my translation). The problems in politics exist as a type of short-circuit between the local and the universal, in two different senses. Firstly, because local problems become problems confronting society as such, surpassing their locality to confront the globality of the social order as the order within which these local problems are systemically reproduced. We could think of how the local bus boycott in Montgomery confronted the social order with the problem of segregation in Montgomery, which effectively exceeded its locality because segregation had structured social spaces and identities in the whole country. Secondly, because these local, but somehow universalized problems, have no legitimacy in themselves; they exist only by the dis-sensual insistence that they constitute problems addressing society as such, and thus, by their very form, they have to circulate, to create conditions of choice in spaces foreign to the movement itself, to be oriented by an open horizon where they have to pass through a multitude of wills, subjectivities and existing arrangements, to spread out, to make themselves visible, to universalize themselves as problems confronting society as such. The action of Rosa Parks can be seen in this light. Her dissensual act —her refusal to give up her seat to a white man on a bus in 1955, the dissensual act that sparked the Montgomery bus boycott— exceeded the locality of the act, of the bus company, of the city, of the specific system, in a process of universalization that continued all the way to the Supreme Court where segregation itself was eventually declared unconstitutional. The problem of political dis-identification thus exists as a short-circuit between the local and the universal that opens an experimental and strategic horizon of the possible that extends beyond any consensual measure. We can return rapidly here to the ideas we put forward in relation to the transition from the originary division to the gap. Firstly, when it comes to the difference between the state and the police, we can see in the civil rights movement how the dissensual problem of segregation also circulated within the state, invested different apparatuses, depended on different legal and social guarantees and protections (such as the right to question the constitutionality of a law in a court of law) —it circulated by creating conditions of choice within the state and by investing in a dissensual way a number of its devices. The devices of the state can therefore be configured in consensual, dissensual, and over-identificatory ways (the French government policy on undocumented immigrants exemplifies the last of these). Secondly, we can also see how these three logics can function at the same time within

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a political movement. The civil rights movement dis-identified itself from the consensual order, from the codifications of black bodies, and from the places to which they were assigned. But this dis-identification had to invent its own practices —its own consensual distribution of roles and functions within the space of this dissensual rupture with the police. That is, in order for the universalization of its locality to last and circulate, it had to invent, as Rancière puts it in defining the police, an “order that assigns bodies to determined places because of what they have to do, because of their attributions and destinations” (Rancière 2001, 73, my translation). For instance, the Montgomery bus boycott had to experiment with an alternative transport system. As Taylor Branch says: “Each day, between 30,000 and 40,000 passengers refused to take the bus anymore. Subtracting those who walked and those who stayed at home, there was still a need to organize a transportation system for 20,000 passengers, which amounted to a total of 130 trips a day for each of the volunteer cars” (Branch 1988, 146). A total of 42 provisional stations were organized in the morning and 48 provisional stations at night in this alternative transport system, and black taxi drivers started charging only the equivalent of a bus fare for black passengers. We see here that there is a site of incommensurability existing within the political space itself, incommensurability between its dissensual logic of dis-identification from the social order and its consensual logic of redistribution of roles and functions in order to make the dissensual rupture last and to make the wrongs and problems materialized by this dissensus become universalized and circulate. This site of incommensurability incites processes of open, contingent and strategic experimentation, as can be clearly seen in the civil rights movement. We can also find elements of over-identification in the movement, such as in the way in which Christianity was mobilized: The social identities of “black” and “white” were over-identified as equal and harmonious from the perspective of Christian eternal justice, which turned the segregated social order into a symptom of the lack of this eternal justice and posed the problem in terms of a teleological adjustment between the social identity and the utopian over-identity. Once again, this was a site of incommensurability that incited processes of experimentation within the movement, particularly in relation to the very important role of the church as an institution. We can see why there is a need to complexify Rancierian philosophy in relation to the anti-Machiavellian hypothesis, i.e., in developing the idea of an aesthetic cartography of social spaces fragmented by multiple gaps. Rancière does not provide a binary logic between police and politics, but it is not just a question of adding the third logic of over-identification either. We can see that the three logics of identification, dis-identification, and over-identification do not

simply imply that a social space is fragmented by three gaps, because these experimental gaps also deploy themselves within a dissensual, political movement, within a utopian space, within a state policy, within counter-emancipatory movements as well as among all of these constructions. This is why, with the anti-Machiavellian hypothesis, we are moving away from a binary logic for thinking about contradictory relations of forces towards a fragmented, fluid, strategic field of incommensurable relations of forces.

Conclusion There is a malaise in Rancière’s philosophy, which lies in the fact that he does not tell us what our problems are. This malaise makes him prey to both Marxist and Machiavellian misreadings. It exposes him to Marxist misreadings, because Marxism seeks to objectify the problem (capitalism as such) that should unite all wills (for purpose of the proletarian revolution), and it accuses Rancière of being a postmodernist (or something similar) because he supposedly turns emancipation into a goal in itself that is disconnected from any material object. It also subjects him to Machiavellian misreadings, because the originary division actually empties the objects and instrumental rationalities of political movements in order to generalize them as forces that generate the self-perpetuation of conflictive democracy. But there is another and more important reason for this malaise. What both Marxism and the Machiavellian tradition seek are conceptual guarantees to ensure that their own mode of politics is the solution to the problems they define. In the logic of Abensour, democratic politics is quite evidently conceptually guaranteed as the solution to the problem of the dominant logic of the state. These philosophies might not be guaranteed to work in reality —one might defend the idea that they are contingent, paradoxical and heroic, that they might fail miserably because of contextual contingencies, etc.— but they are conceptually guaranteed to be the “right” logic in relation to the “real” problems of politics. This plays out very differently in the case of Rancière: His philosophy does not prove what our problems are as a function of its own logic. We choose our own problems, although we always do so within concrete distributions of the sensible and through configurations and reconfigurations of the sensible network of things, bodies and words. There is thus an ethics underlying Rancierian thought, and one might say that this is our ethical-political challenge: the problems we choose and —in order to invest and deal with these problems— the capabilities we invent, the sites of incommensurability we open up, and the processes of experimentation we play with and reconfigure ourselves in. Anti-Machiavellian Rancière | Anders Fjeld

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References 1. 2. 3.

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et démocratie”. In Critique de la politique. Autour de Miguel Abensour, edited by M. Goucha, 109-134. Paris: Éditions de l’UNESCO. 6. Burns, Stewart. 1997. Daybreak of Freedom: The Montgomery Bus Boycott. Chapel Hill: The University of North Carolina Press. 7. Deleuze, Gilles. 2011. Le Bergsonisme. Paris: Presses Universitaires de France. 8. Derrida, Jacques. 1998. Espectros de Marx. El estado de la deuda, el trabajo del duelo y la nueva internacional. Madrid: Editorial Trotta. 9. Lefort, Claude. 2010. Maquiavelo. Lecturas de lo político. Madrid: Editorial Trotta. 10. Maquiavelo, Nicolás. 1987. Discursos sobre la primera década de Tito Livio. Madrid: Alianza Editorial.

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Los migrantes por estilo de vida como agentes de transformación en la Norpatagonia chilena* Hugo Marcelo Zunino** – Lorena Espinoza Arévalo*** – Arturo Vallejos-Romero**** Fecha de recepción: 30 de octubre de 2014 • Fecha de aceptación: 20 de marzo de 2015 • Fecha de modificación: 28 de mayo de 2015 DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res55.2016.11

R E S U M E N | La llamada migración por estilo de vida representa un fenómeno socio-cultural y espacial que ha adquirido particular relevancia en áreas de montaña y grandes lagos de la Norpatagonia chilena. Para examinar las consecuencias y repercusiones que este tipo de movilidad tuvo en los lugares de destino utilizamos entrevistas semiestructuradas con la población migrante. El análisis de la información recopilada permitió mostrar que las iniciativas, emprendimientos y prácticas desplegadas por los migrantes exhiben importantes grados de creatividad que están asociados con la re-significación de los lugares. Estos elementos sugieren que los nuevos residentes adquieren un rol que hemos denominado agentes de transformación. PA L A B R A S C L AV E | Migración, estilo de vida, territorio, creatividad, agentes, transformación (Thesaurus); re-significación (palabra clave de autor).

Lifestyle Migrants as Agents of Transformation in the Chilean Northern Patagonia A B S T R AC T | The so-called lifestyle migration represents a socio-cultural and spatial phenomenon that has become particularly important in mountain and large-lake areas of the Chilean Northern Patagonia. To examine the consequences and repercussions that this type of mobility had in the places of destination, we have used semi-structured interviews of the incoming migrant population. The analysis of the data collected enabled us to show that the initiatives, undertakings and practices deployed by the migrants exhibit important degrees of creativity that are associated with the re-signification of places. These elements suggest that the new residents acquire a role that we have denominated agents of transformation. K E Y W O R D S | Migration, lifestyle, territories, creativity, agents, transformation (Thesaurus); re-signification (Author’s Keywords).

Este artículo es uno de los resultados del proyecto del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Chile, FONDECYT 1120589: Dinámica Poblacional y Social de los Asentamientos Menores Localizados en Áreas de Montaña y Grandes Lagos de las Regiones IX, XIV y X entre los años 1992 y 2012: Innovación Cultural y Relaciones de Poder en Áreas Receptoras de Migrantes y FONDECYT 1150944 Espacios Discursivos Alternos en La Araucanía Andino Lacustre: imaginando y creando la identidad del lugar.

Doctor en Geografía por The University of Arizona (Estados Unidos). Profesor asociado en la Universidad de La Frontera (Chile) y Director del Centro Internacional de los Estudios de la Patagonia del Núcleo de Ciencias Sociales de la misma Universidad. Entre sus más recientes publicaciones se encuentran: “Utopian Lifestyle Migrants in Pucón, Chile: Innovating Social Life and Challenging Capitalism”. En Contested Spatialities, Lifestyle Migration and Residential Tourism, editado por Michael Janoschka y Heiko Haas, 96-107. Londres: Routledge, 2013, y “Europeos y estadounidenses en la Norpatagonia andina: nuevas experiencias migratorias”. CIDOB d’Afers Internacionals 106/107 (2014): 237-259. * hugo.zunino@ufrontera.cl *** Magíster en Desarrollo Humano Local y Regional por la Universidad de La Frontera (Chile). Investigadora asociada del Centro Internacional de los Estudios de la Patagonia del Núcleo de Ciencias Sociales de la Universidad de La Frontera. Entre sus más recientes publicaciones se encuentra: “Análisis del discurso de los migrantes de estilo de vida utópicos en la Patagonia andino-lacustre” (en coautoría). En Regiones de montañas: procesos, dinámicas y desafíos, editado por Rodrigo Hidalgo, Hugo Zunino y Rafael Sánchez. Santiago de Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile – Serie GeoLibro, 2014. * lorena.espinoza@ufrontera.cl **** Doctor en Investigación en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), México. Académico e investigador del Núcleo Científico Tecnológico en Ciencias Sociales y Humanidades y Director del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de La Frontera (Chile). Entre sus más recientes publicaciones se encuentran: “La privatización de la conservación en Chile: repensando la Gobernanza Ambiental” (en coautoría). Revista Bosque 36 (1): 15-25, 2015 y “Comunicación y Conflictos Socioambientales: una aproximación a la gobernanza de riesgos. Los casos de Castilla e Hidroaysén en Chile” (en coautoría). Revista Perfiles Latinoamericanos (en prensa), 2015. * arturo.vallejos@ufrontera.cl

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Os migrantes por estilo de vida como agentes de transformação na Norpatagônia chilena R E S U M O | A chamada migração por estilo de vida representa um fenômeno sociocultural e espacial que vem adquirindo particular relevância em áreas montanhosas e de grandes lagos da Norpatagônia chilena. Para examinar as consequências e repercussões que esse tipo de mobilidade teve nos lugares de destino, utilizamos entrevistas semiestruturadas com a população migrante. A análise da informação coletada permitiu mostrar que as iniciativas, empreendimentos e práticas implementados pelos migrantes exibem importantes graus de criatividade que estão associados com a ressignificação dos lugares. Esses elementos sugerem que os novos residentes adquirem um papel que denominamos agentes de transformação. PA L AV R A S - C H AV E | Migração, estilo de vida, território, criatividade, agentes, transformação (Thesaurus); ressignificação (palavra do autor).

Introducción: migración y transformación en la Norpatagonia chilena En un contexto global caracterizado por la creciente movilidad de los individuos, la incertidumbre, la relatividad de los valores y la identidad (Bauman 2000) se han configurado enclaves periféricos con características étnicas, religiosas y culturales que marcan una diferencia con el contexto nacional en donde dichos microespacios emergen. El fenómeno descrito se manifiesta en la vida cotidiana de la gente y visibiliza las particularidades de las poblaciones migrantes. La literatura académica ha mostrado un creciente interés por comprender estas “nuevas movilidades” que se observan en un mundo contemporáneo cada vez más interconectado y fluido. El término migración por estilo de vida se usa actualmente para el fenómeno de movilidad de individuos relativamente acomodados que migran a lugares que, por varias razones, ofrecen la oportunidad de lograr lo que ampliamente se puede definir como una vida de mejor calidad (Benson y O´Reilly 2009a). La expresión individuos acomodados se refiere principalmente a adultos jóvenes con estudios de postgrado y a emprendedores con importantes cuotas de capital social y cultural que buscan realizar sus proyectos en lugares distintos a su lugar de residencia habitual. Para McIntyre (2009) la migración por estilo de vida implica una elección consciente dentro un universo de posibilidades y está condicionada por la imagen que los migrantes se forman de los lugares de acogida y su percepción de la potencialidad para otorgarles condiciones de una vida más plena y satisfactoria. Los estudios sobre las consecuencias de migración por estilo de vida en el lugar de acogida han abarcado una gama amplia de fenómenos. Mazón, Huete y Mantecón (2009) estudian el rol de las cualidades del medio natural en las áreas receptoras como un factor que atrae a sujetos de sociedades postindustriales; Janoschka (2011) pone el acento analítico en los mecanismos de exclusión que los migrantes del norte provocan en las comunidades receptoras del sur; Glorioso y Moss (2007) se centran en los cambios estratégicos que esta movilidad puede provocar en términos de desarrollo sostenible;

McIntyre (2009) indaga las condiciones que determinan la valoración del lugar y cómo estas están implicadas en los impactos sobre el tejido social local. Centrándose particularmente en los impactos sobre el medio socio-cultural, Lash y Urry (1998) argumentan que la migración por estilo de vida está vinculada con el surgimiento de identidades reflexivas y Otero (2014) afirma que este tipo de flujos migratorios abre espacios para la realización de subjetividades progresistas y cosmopolitas que constituyen la base de nuevas formaciones sociales y culturales por parte de sujetos más reflexivos y, por tanto, más críticos de sus propias condiciones sociales de existencia. Lo anterior supone la posesión de un capital cultural y social que le otorga un sello a estos migrantes por estilo de vida. El estudio de Borsdorf, Hidalgo y Zunino (2012) se focalizó en la reconstrucción de la identidad en un determinado lugar; las relaciones políticas que los migrantes desarrollan en el lugar de acogida, la relación entre la migración y el turismo, y la capacidad de los migrantes para generar procesos de transformación territorial. Tal como se expone en el trabajo de Espinoza, Zebryte y Zunino (2014) este fenómeno ha llegado a Chile y se evidencia en una corriente migratoria de características particulares en localidades específicas de la Patagonia chilena. El énfasis en la Patagonia como imaginario territorial no es menor. Esta entidad espacial y simbólica alimenta el imaginario de migrantes de todo el mundo que ven en los parajes del fin del mundo una oportunidad para reinventarse como sujetos. De acuerdo a Nouzeilles (1999), el paisaje patagónico ha sido una fuente de inspiración para escritores, científicos y artistas, principalmente desde que el connotado científico Charles Darwin la exploró entre 1832 y 1835. Tierra imaginada como la “punta del sur del mundo” y comúnmente descrita como remota e imprevisible, este territorio comprende una amplia área del cono sur latinoamericano (Lutz 2012). Por el lado argentino, las vastas planicies y las montañas están escasamente pobladas, pero por el lado del Océano Pacífico (el lado chileno de la Patagonia), ciudades de tamaño intermedio como Temuco, Valdivia y Puerto Montt evidencian un dinamismo económico potenciado fuertemente por una bullente industria del

rev.estud.soc. No. 55 • enero-marzo • Pp. 163-176 • ISSN 0123-885X • eISSN 1900-5180 · DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res55.2016.11

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turismo. El área de la Patagonia chilena que ha recibido el mayor impacto del desarrollo se denomina Norpatagonia, y abarca la ciudad de Temuco, por el norte, hasta las cercanías de la ciudad de Puerto Montt, por el sur. En esta zona se ha centrado la mayoría de los estudios de migración por estilo de vida en Chile. Los trabajos específicos realizados hasta la fecha han dado cuenta del impacto cuantitativo de la migración por estilo de vida en destinos turísticos de la Norpatagonia chilena y argentina (Zunino, Matossian e Hidalgo 2012) y de las repercusiones que tiene la llegada de estos nuevos habitantes en el mercado inmobiliario del lugar de acogida (Zunino y Hidalgo 2012). Asimismo, el trabajo de Vergara, Rozas y Zunino (2013) destaca el surgimiento de imaginarios urbanos diferenciados en la ciudad de Puerto Varas y la disputa que se da sobre el significado del lugar entre migrantes, políticos y población local. Siguiendo el diseño basado en casos de estudio, las investigaciones recientes han reportado aspectos puntuales, temas confinados a un lugar particular. Respecto a los efectos socio-culturales se han centrado en comprender cómo los llamados migrantes utópicos en la zona de la ciudad de Pucón instalan propuestas que marcan un contrapunto frente a la racionalidad del mundo contemporáneo, desafiando algunas estructuras sociales aparentemente sólidas del capitalismo contemporáneo (Zunino, Hidalgo y Zebryte 2013). Reiteramos que los trabajos enunciados incluyen situaciones de notable interés, pero no adoptan una perspectiva regional, por lo que se mantienen confinados a casos puntuales. Si bien el trabajo de Espinoza, Zebryte y Zunino (2014) tiene el mérito de ser el primer intento que adopta una perspectiva regional, queda aún mucho por avanzar para teorizar las consecuencias de la migración por estilo de vida y ofrecer una lectura más detallada de los efectos del despliegue de las individualidades de los migrantes en el territorio. En este contexto, este trabajo propone comprender la migración por estilo de vida desde una perspectiva regional al tomar los cinco asentamientos humanos más representativos de los profundos cambios que los migrantes han propiciado en la Norpatagonia: Pucón, Curarrehue, Frutillar, Puerto Varas y Futaleufú (Ver imagen 1). Cabe destacar que este estudio adopta una perspectiva regional y no comparativa, pues nuestro interés no es comparar las diferencias entre los migrantes según su localización, sino centrarnos en los elementos que son comunes en la experiencia migratoria y avanzar para construir el argumento sobre el grado en que los migrantes por estilo de vida pueden ser comprendidos como agentes de transformación en la Norpatagonia chilena. El trabajo utiliza entrevistas en profundidad para capturar las experiencias de estos “colonos contemporáneos”. Dicha herramienta apuntó a conocer cómo estos migrantes por estilo de vida se interpretan a sí mismos y cómo dicha interpretación se traslada a la vida económica, social y cultural del lugar. De esta forma, nuestra intencionalidad es examinar el

potencial de los migrantes por estilo de vida para transformar el entorno y el grado en que pueden ser percibidos como agentes de transformación económica, social y/o cultural en los lugares que han elegido para comenzar una nueva vida. En la sección que sigue ofrecemos una lectura de la migración por estilo de vida como un proceso asociado a condiciones psicológicas y sociológicas particulares. En el tercer apartado se presentan los casos de estudio. Posteriormente, y para dar contenido a la evidencia empírica que mostraremos, examinamos los procesos y circunstancias que permiten el surgimiento de agentes de transformación. Seguidamente, y después de describir la metodología que usamos, entramos a examinar la forma en que los impulsos y proyectos de vida de los migrantes asentados recientemente en la Norpatagonia se transforman en acciones que impactan y transforman el contexto socio-cultural del lugar de acogida. En la sección conclusiva, enfatizamos las implicancias de este fenómeno y sugerimos implementar intervenciones conscientes —es decir, estudiadas y analizadas por parte de los tomadores de decisión y líderes de opinión en dichos territorios— para capturar el potencial de transformación que constituyen los migrantes.

Migración por estilo de vida y crisis de identidad En las últimas décadas, los estudios de movilidad internacional han postulado que de forma paralela a la migración por razones económicas, ha emergido en el contexto de la sociedad capitalista tardía un tipo de migración asociada a la búsqueda de lugares donde desarrollar nuevos estilos de vida (Matossian, Zunino y Zebryte 2013). Para Williams y McIntyre (2012) la globalización ha hecho del movimiento o circulación de personas, ideas y bienes, un aspecto ubicuo de la condición humana, lo cual se traduce en una sociedad crecientemente móvil y fluida en la que los sujetos buscan reinventarse; muchas veces en lugares apartados respecto a su lugar de residencia habitual. Es por esto que la migración por estilo de vida representa un evento psicológico y es en estas circunstancias de introspección que surgen narrativas relativamente coherentes de identidad individual (ver Williams y McIntyre 2012, 2). En la misma línea, Otero (2014) sostiene que la auto-reflexividad incluye una evaluación acerca de la apropiación y uso del tiempo, la búsqueda de entornos de vida que sintonicen con los gustos personales, la búsqueda de satisfacciones individuales que provocan equilibrio interno y bienestar. De esta forma la migración por estilo de vida puede ser entendida como una forma de movilidad contemporánea en la que prima la búsqueda de elementos que aportan a mejorar lo que se conoce ambiguamente como calidad de vida. Esta migración muchas veces

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involucra largos desplazamientos hacia áreas relativamente remotas o periféricas en relación a los centros mundiales de control económico. Investigaciones recientes han entendido esta movilidad contemporánea como un escapismo, el deseo de vivir una vida radicalmente distinta a la que ofrecen las áreas urbanas modernas (Borsdorf, Hidalgo y Zunino 2012). Según Nakayama y Marioni (2007), estos migrantes están además dotados de conocimientos, habilidades y actitudes que ubican el estilo de vida y el esparcimiento natural por encima de las preocupaciones económicas, siendo la mayoría de ellos profesionales, con estudios superiores avanzados y relativamente acomodados. Son una minoría de privilegiados que puede acceder libremente a los frutos de la tecnología y a la libertad de movimiento, lo cual es una característica constitutiva del capitalismo globalizado (McIntyre 2012). Este tipo de movilidades se puede comprender en el marco de la emergente sociedad global. Inglehart (1990), en particular, adopta una perspectiva post-materialista y sostiene que en las naciones post-industriales con altos niveles de ingresos existe una tendencia a que los valores que determinan la felicidad de las personas estén evolucionando hacia nuevas formas, donde variables como la autonomía personal y la creatividad que el individuo puede desplegar en su trabajo adquieran valor. Es en este marco que Delhey (2009) sugiere un tránsito desde una “felicidad materialista” hacia una “felicidad post-materialista”, lo cual se constata en la emergencia de un nuevo consumidor que reclama mayores espacios de autonomía y capacidad de expresar necesidades más allá del bienestar físico. Williams y McIntyre (2012) sostienen que las movilidades son ejercidas por: a) los turistas y viajeros que efectivamente se desplazan a conocer otra localidad, b) aquellos que recrean su vida con base en las características de otros lugares (conforme a imaginarios), c) los deseos de las personas por conocer estos lugares, d) y las personas que de una u otra forma ven modificados sus estilos de vida por el arribo de turistas y migrantes. Si bien concordamos en que la migración por estilo de vida es un proceso de corte elitista, sostenemos que esta migración es un indicador que revela la crisis de identidad que afecta al mundo contemporáneo y que busca resolución por la vía de la reinvención del sujeto y del lugar. Surge así una apertura que permite examinar dicho proceso como una instancia en la cual la sociedad capitalista se transforma dentro de sí misma por medio de la creación de lugares que poseen discursos contrahegemónicos y que se convierten en una oposición a los ideales de la modernidad capitalista (Zunino, Hidalgo y Zebryte 2013). Los teóricos contemporáneos que se han preocupado por caracterizar la crisis estructural de la sociedad capitalista contemporánea, han reconocido también sus

secuelas en la vida social y cultural. Para Bauman (2007, 126-128), en un momento en que las fuerzas de la globalización parecen avanzar sin contrapeso y en una época contemporánea económica que afecta a la sociedad capitalista, emana al mismo tiempo una creciente necesidad de identificarse: una actividad permanente sin inicio ni término, siempre incompleta y de resultados abiertos e inciertos en que todos nosotros, por elección u obligación, estamos insertos. Esta necesidad de crear identidades involucra tensiones, confrontaciones y conflictos inherentes en una sociedad en proceso de globalización. La lucha por la identidad representa, así, la tensión inevitable entre las fuerzas de homogenización y las de diferenciación. En Chile, estudios recientes sugieren que son generalmente cambios profundos a nivel personal —laborales y familiares— los que influyen en la decisión de migrar, sumados a la necesidad de escapar de los eventos experimentados en el territorio y sociedad de origen. Se trata de iniciar/buscar una vida “con más significado” o “plena”, en lugares dotados de atractivos estéticos, espacios al aire libre, oportunidades para el ocio e instalaciones artísticas y culturales; todos aspectos que se constituyen en los elementos necesarios para llevar a cabo la idea de vivir en un “lugar mejor” (Espinoza, Zebryte y Zunino 2014, 265). El desplazamiento también abre espacios para que los migrantes desplieguen el potencial que retienen y que la sociedad no les ha permitido expresar. Por esta razón muchos de estos nuevos habitantes dedican sus primeros años en el lugar de destino a la creación y a la búsqueda individual, y por lo mismo gran parte de ellos se dedica a oficios alternativos (ser artesanos, artistas, sanadores, promotores de la ecología y vida sustentable, etcétera). De este modo estos ciudadanos mundiales móviles condesan en la praxis de la vida cotidiana una serie de ideales sociales basados en tales aspectos como la aspiración a una vida comunitaria, más espacio para la familia, la solidaridad y el cuidado del medio ambiente.

La Norpatagonia chilena y los migrantes por estilo de vida Hoy la región patagónica se encuentra bajo una alta presión, ya que la modernidad avanza a través, por ejemplo, de grandes megaproyectos hidroeléctricos que han generado grandes conflictos socioambientales en entornos naturales de gran valor ecológico y social (Vallejos-Romero 2014). Según Schweitzer (2008), la Patagonia es también un medio natural frágil en su diversidad y con un significativo potencial de sus recursos. Las actividades económicas, la oferta de servicios y las condiciones para la reproducción de la población se asientan en la valorización de recursos naturales distribuidos desigualmente, crecientemente afectados por la debilidad de las políticas de manejo y sostenibilidad y en disminución, en el caso de los no renovables.

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Según Bello (2004), el territorio es una construcción social, el resultado de diversas formas de apropiación, en la cual participan diversos actores. Para Casanova (2013), un territorio se configura como tal a medida que le damos sentido, es la apropiación que hacemos de un lugar, de un espacio. Es la relación que establecemos con su ecosistema, la forma de habitar, las sinergias que conforman la vida y que a su vez generan marcas y huellas que plasman la historia y la cultura de un territorio: en Chile, la re-significación del territorio asociada con la migración por estilo de vida se aprecia principalmente en lugares como Pucón, Currarehue, Frutillar, Puerto Varas y Futaleufú (Norpatagonia de la región de Los Lagos). La imagen 1 muestra la localización de estos asentamientos. Pucón, fundado en 1883 y Curarrehue, declarada oficialmente comuna en 1981 son localidades que durante la década de los ochenta y noventa del siglo pasado se transformaron en importantes destinos turísticos de élite el primero y el segundo con un sello rural. La población de ambas bordea los 42.000 habitantes según el último reporte del Observatorio de Desarrollo Social de Chile (2014). Distantes a unos 790 kilómetros de

Santiago de Chile, estas dos urbes se caracterizan por tener un entorno natural especial cuyos protagonistas son el lago Villarrica, lago Caburgua, volcán Villarrica, volcán Quetrupillán y el Parque Nacional Villarrica y Huerquehue, las cuales ofrecen una serie de servicios básicos que permiten vivir la comodidad de una gran ciudad, estando a la vez lejos de ella y sus problemáticas. Así también, proveen servicios especializados que se asocian a las nuevas formas de movilidad descritas y que brindan un halo distintivo, en el que impera lo alternativo, parte del sello que las caracteriza actualmente. La conformación del tejido social de esta zona, dada su temprana apertura económica orientada al turismo, es heterogénea, abierta y ávida de lo nuevo, de lo innovador, y de lo alternativo; por lo tanto, sus habitantes y autoridades locales son permeables y receptivas. Los migrantes asentados en PucónCurarrehue son profesionales universitarios —muchos de ellos con estudios de postgrado— y adultos jóvenes tanto nacionales como extranjeros que decidieron como opción de vida establecerse fuera de las grandes capitales u otro centro urbano. La principal razón

Imagen 1. Ciudades del sur de Chile elegidas por los migrantes por estilo de vida

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para ello fue rehacer su modo de vivir en un lugar que ofreciera un alto estándar de calidad de vida (Espinoza, Zebryte y Zunino 2014). Esta decisión les ha permitido tener un lugar donde “hacer familia”, con posibilidades de educar hijos de manera alternativa, desarrollar trabajos formales con una orientación a lo social/ comunitario y sobre todo contribuir con una mirada distinta de cómo la zona puede prosperar más allá de las actividades turísticas tradicionales que la caracterizan y que dada su condición de destino frecuente, y con alto interés turístico nacional e internacional, las convierte en un espacio cosmopolita los 365 días del año. Frutillar y Puerto Varas, cuyos antecedentes fundacionales datan de 1856 y 1853, son asentamientos urbanos ubicados a unos 1.100 kilómetros de Santiago de Chile, cuyas características geográficas son muy similares a las de Pucón y Curarrehue. Ambas localidades suman una población de 60.000 mil habitantes aproximadamente, según el reporte de 2014 del Observatorio del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Chile. Ambas ciudades se ubican a orillas del Lago Llanquihue con los volcanes Osorno y Calbuco de fondo, sumado el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales y Alerce Andino. El entorno especial donde están situadas las configura como lugares distintos y únicos para comenzar “de nuevo”. Los emprendimientos económicos, sociales y culturales están muy asociados a actividades innovadoras y alternativas, asociadas a la sustentabilidad. Sin embargo, la receptividad de los habitantes tradicionales de estas localidades no es tan abierta: los antecedentes que dan cuenta de la conformación de estas dos ciudades están marcados por la influencia de la colonización alemana que el Estado de Chile inició hacia 1850. Este hecho marcó el devenir de la zona, conformando hasta el día de hoy una sociedad caracterizada por sus tradiciones de antaño. Lo anterior es significativo, pues los migrantes por estilo de vida (nacionales y extranjeros) han percibido que su inserción a nivel cultural, social y económico no ha tenido la aceptación que esperaban. Vivir en este lugar amable con posibilidades de realizar actividades diferentes se ha visto algunas veces amenazado, dado el tejido social imperante. Escenario que ha hecho que los migrantes hayan tomado distintas posiciones al respecto, y a pesar de todo, han apostado a que todos los actores sociales puedan insertarse en esta sociedad para compartir y convivir armónicamente. Para el caso de los migrantes asentados en Frutillar y Puerto Varas existen dos grupos definidos. El primero corresponde a la ola de migrantes que llegó a principios de 1990 con el auge de las salmoneras u otros oficios laborales; mientras que el segundo corresponde al migrante por estilo de vida: profesionales jóvenes, personas de mediana edad y algunos adultos mayores chilenos y extranjeros que quisieron dar un giro a su vida y aventurar en el sur de Chile apostando a una alternativa distinta para criar hijos y emprender actividades económicas distintas, basadas en su conocimiento y saber hacer.

Futaleufú es una comuna joven, fundada en 1929. Ubicada a 1500 kilómetros de Santiago de Chile, tiene una población de 1.826 habitantes según el reporte 2014 del Observatorio del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Chile. Es una localidad fronteriza muy cercana al límite con Argentina, específicamente a la ciudad de Esquel, pero conocida internacionalmente por su actividad turística: ofrece una variedad de atractivos naturales entre los que se destaca el río Futaleufú, catalogado como uno de los mejores ríos del mundo para practicar rafting y kayakismo. De las localidades analizadas es la más carente en cuanto a servicios urbanos, conectividad y transporte, lo que hace que la actividad económica sea precaria, pero con el auge del turismo y las posibilidades que este ofrece Futaleufú ha logrado posicionarse como un referente. Su tejido social es de carácter binacional y gran parte de su institucionalidad, comercio y vida diaria y familiar está en alianza con la vecina ciudad argentina de Esquel: existen convenios de salud, de cooperación económica y cultural. Los migrantes por estilo de vida aquí asentados corresponden en su mayoría a chilenos que tomaron como decisión de vida asentarse en este lugar, haciendo eco de las bondades que ofrece: posibilidad de hacer familia, volver a los orígenes, un medioambiente amable, y posibilidades de emprender actividades relacionadas con el turismo y/o comercio. En todas estas localidades descritas, se reafirma que parte de sus flujos migratorios con el sello del migrante por estilo de vida está compuesta por individuos que poseen un importante capital social y cultural y que provienen tanto de Santiago y otras ciudades aledañas, como de centros urbanos de Europa y Norteamérica. La mayoría de ellos se ha movilizado por razones no económicas, generalmente asociadas a proyectos de vida que involucran la construcción de un nuevo sujeto y una nueva vida en lugares relativamente apartados que habitualmente están dotados de atributos especiales, amenidades naturales y culturales (ver Zunino e Hidalgo 2010; Zunino, Matossian e Hidalgo 2012).

El rol de los migrantes por estilo de vida como agentes de transformación La relevancia de la migración por estilo de vida como fenómeno relevante en la sociedad contemporánea radica en el vínculo entre los proyectos de vida y el proceso de reinvención del sujeto, lo cual involucra aspectos laborales, familiares, personales y lúdicos. Todos estos elementos implican repensar y reconfigurar la existencia terrenal en un lugar apartado y relativamente aislado. Producto de estudios efectuados por Benson y O’Reilly (2009b) se observó que migrantes nacionales y extranjeros están dotados de un importante capital social y cultural, por lo que son particularmente activos en encabezar diversas iniciativas en beneficio propio y de la localidad de acogida, siendo una fuente de innovación cultural y factor de

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transformación a escala local, sin desconocer los efectos negativos que este tipo de movilidad conlleva, como la especulación inmobiliaria y el alza en el precio del suelo. Así, en numerosos lugares de la Norpatagonia están tomando forma espacios singulares que contrastan con el resto del paisaje habitual, por su dinamismo social y las posibilidades que migrantes nacionales y extranjeros han visto en ellas. Esto ha contribuido a que surjan espacios “de creación e innovación” con una creciente población joven que busca impulsar una serie de iniciativas en las que se distinguen acciones a favor del medio ambiente, proyectos educacionales alternativos, prácticas agrícolas sustentables, iniciativas de comercio justo y la promoción de entendimiento y/o cosmovisiones no occidentales sobre la naturaleza y la consciencia. Siguiendo a Yúdice (2002), algunos sectores “marginales”, como la vida en las afueras de la ciudad o espacios donde prima “lo natural”, realzan la vida y nutren las innovaciones de los creadores, en este caso, agentes transformadores. Pero ellos a su vez necesitan acoplarse a la cultura local, a las nociones de comunidad y al desarrollo económico. Dadas las capacidades que muestran los migrantes por estilo de vida, las posibilidades de enfocar esfuerzos laborales y/o emprendimientos se acentúan pues tienen el know-how que les permite observar, diseñar e innovar con iniciativas económicas poco desarrolladas o no exploradas en los lugares elegidos. Es el caso de migrantes extranjeros y nacionales que le han dado sellos distintivos a emprendimientos gastronómicos, pequeña hotelería, artesanías, producciones alimentarias “con sello verde”, promoción de deportes, actividades de invierno y verano, oferta de terapias alternativas, promoción de la cultura e incluso inserción en instituciones públicas (municipalidades, consejos regionales) desde donde pueden incidir en la toma de decisiones. De cierta forma ellos se han empoderado de su nuevo rol, y sin perder de vista los motivos de su migración, han influido en la configuración económica, social y cultural de la sociedad de acogida. Es el caso de las ofertas turísticas de Pucón vinculadas a hotelería, gastronomía y alternativas de sanación; el Festival de la Lluvia en Puerto Varas; las actividades que se realizan en torno al Teatro del Lago en Frutillar; la arquitectura sustentable que promocionan en Puerto Varas; las alianzas binacionales con la ciudad de Esquel (Argentina) que se dan en la zona de Futaleufú. Todas ellas han sido iniciativas de migrantes por estilo de vida que encontraron un nicho no explorado desde donde podían emerger, posicionarse e incluso influir. Estas actividades, a pesar de tomar diversas formas, impactan a nivel económico, social, cultural y territorial. Se configuran nuevas dinámicas, estrategias, y también resistencias. No todos los migrantes por estilo de vida tienen vivencias idílicas, hay fenómenos de adaptación al entorno, al tejido social, a la revisión

de los códigos que imperan. Sin embargo, se releva que estos procesos migratorios han provocado una serie de impactos positivos, “reactivando al lugareño”: surgen oportunidades laborales, una visibilización de las potencialidades que el medio ambiente ofrece, la capacitación para acceder a destrezas que eventualmente ayudan a la economía familiar desmarcándose de actividades tradicionales, así como el acceso a conocimiento de vanguardia. Es en definitiva la inserción, y tal vez cierta apropiación de elementos foráneos, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida de los habitantes originarios enriqueciendo antiguas prácticas cotidianas. Es así como estos migrantes por estilo de vida se han convertido en agentes transformadores —sin necesariamente ser conscientes de ello— y han re-validado, re-significado y estimulado nuevas sociabilidades, redes e intercambio de saberes en pos de la creatividad y la innovación territorial, con fines no solo económicos sino también socio-culturales, materiales e inmateriales. Ante el contexto y la problemática planteada, este trabajo busca aproximarse al rol que han tenido los migrantes por estilo de vida en la Norpatagonia chilena en tanto agentes de transformación; esto es, cómo individuos con un capital social, cultural y potencialidades de emprendimiento han logrado establecerse en sus comunidades de acogida y ser artífices de cambios a nivel cultural, económico y social. Sin embargo, es necesario considerar que en estos espacios surgen fronteras y prescripciones, lo que a su vez condiciona a los actores, que a su vez desafían estos límites, y podría situarlos en escenarios de estigmatización o control (Caggiano y Segura 2014).

Diseño de la investigación Se realizó un estudio exploratorio de tipo cualitativo que utilizó la entrevista en profundidad para el levantamiento de información. Se aplicaron 49 entrevistas en profundidad a migrantes por estilo de vida, asentados en cinco localidades de la Norpatagonia chilena: Pucón, Currarehue, Frutillar, Puerto Varas y Futaleufú. La primera parte del trabajo de campo consideró un contacto inicial in situ con los migrantes. Posteriormente, se efectuaron las entrevistas en profundidad, donde pudieron expresar libremente sus motivaciones, inquietudes, críticas y reflexiones, respecto a su decisión de migrar y la experiencia de haber llegado a vivir a un lugar diferente que incluye un tejido social, costumbres y tradiciones distintas. Las entrevistas se hicieron a migrantes particularmente activos en materia de innovaciones, emprendimientos y prácticas socio-culturales que los distinguen de los habitantes locales y que, dada su incidencia en la transformación de la matriz socio-cultural y económica local, los entendemos como agentes de transformación.

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Las entrevistas se realizaron entre septiembre de 2012 y julio de 2013. La muestra se definió a partir de un barrido inicial de las motivaciones que impulsaron la movilidad y considerando un período de residencia en el lugar de acogida superior a los seis meses. Casi la mitad de los sujetos (20 de 49 entrevistados) provienen de aglomeraciones urbanas de Europa (Barcelona, Roma, Dublín, Moscú, Chanterelle), Estados Unidos (Vermont, Puyallup, Los Angeles, San Francisco, Nueva York) y Argentina (Buenos Aires y Esquel). Los otros 29 entrevistados provienen de Chile (Santiago, Chaitén Talca, Puerto Montt y Palena). Las entrevistas se diseñaron de tal modo que permitieran configurar u organizar la historia de vida de los migrantes en su lugar de acogida y consideraron las siguientes dimensiones: los motivos de desplazamiento, formas de vida desplegadas en el lugar de acogida, modalidad de inserción en la comunidad local, grados de participación en actividades comunitarias, relaciones con el sistema político formal y forma de inserción en el aparato productivo local. Para analizar los resultados obtenidos se construyeron tablas de doble entrada que capturaran la relación establecida por los sujetos con cada una de las dimensiones. Para ahondar los aspectos generales deducidos en esta primera fase, aquellas entrevistas más robustas en cuanto a la consistencia con estas conclusiones preliminares fueron re-trabajadas con un alto nivel de detalle. En muchas ocasiones esto implicó preguntar varias veces o tomar contacto nuevamente con los sujetos informantes.

Discusión Con una edad promedio de treinta y seis años, los migrantes por estilo de vida encuestados se clasifican en el grupo de adultos jóvenes, edad en la que, generalmente, las personas toman las decisiones más fundamentales de su vida: el momento en que perfilan su identidad y establecen su posición respecto al devenir de sus propias vidas. Agobio, ruptura, emprendimiento y reinvención son los términos con los que identificamos los distintos relatos de los entrevistados respecto a las motivaciones que tuvieron para migrar. El “cambio de vida” se estableció como una constante y fue posible relacionarlo con crisis familiares o personales y, en menor grado, con insatisfacción con el trabajo o crisis laboral, motivos que se constituyeron como oportunidades y desafíos que los impulsaron a “comenzar de nuevo”. En este nuevo inicio, los migrantes por estilo de vida no solo tuvieron que reinventarse de manera personal y familiar. Adaptarse al entorno ha sido clave y ha implicado tomar una serie de iniciativas en los lugares de acogida. Como hemos descrito, estas iniciativas se basan en emprendimientos y reinvenciones de orden cultural, económico y social que han estado

acompañadas de la seducción que produce el entorno. El tiempo de asentamiento en estas localidades al momento de hacer las entrevistas fue de aproximadamente cuatro años. En términos generales, la principal motivación de movilidad que los migrantes por estilo de vida manifestaron fue el cultivo de una vida más tranquila y plena. Los siguientes enunciados son representativos de este aspecto: “Básicamente me motivó el cambio de aire, porque en Barcelona yo era profesor, un profesor de básica por quince años y tampoco me veía toda la vida haciendo lo mismo, estando en las salas con los niños y eso y vine de turista hace tres años, me encantó el lugar, lo encontré un buen lugar para montar algo así, algo diferente que permite tener a la naturaleza a media hora de auto y hacer trekking, hacer kayak y miles de cosas que se pueden hacer acá también. A mí me guió básicamente que Puerto Varas es una ciudad que me encanta, tanto la ciudad como los alrededores”. (Sergi 2012) “Nosotros vivíamos en Europa, en Inglaterra, allá conocí a mi esposa que es chilena. Nos casamos en Londres, mi hija mayor nació allá y teníamos de todo, incluso buenas perspectivas laborales, con muchas proyecciones pero al mismo tiempo, decidimos priorizar la vida familiar”. (Alain 2013) “Yo vengo de Santiago, me vine el 2008. Me casé y me vine, eso fue a los veinticuatro años y a mí me había encantado el sur desde chica y nos fuimos a Frutillar a vivir camino a Tegualda. Todas las expectativas en realidad han sido cumplidas, no volvería me siento súper conforme acá, con mi trabajo también, hemos desarrollado muchas actividades que me parecen útiles, que se necesitan acá, así que bien, muy feliz”. (Paula 2012) “Yo cuando llegue acá, hace trece años y cuando les decía a mis amigos que vivía en Futaleufú, no sabían dónde estaba en el mapa y ahora cuando le pregunto a una persona que viene de afuera cómo conoció Futaleufú dice que ‘sé que acá tienen el mejor río del mundo para hacer rafting y para el canopy’. También hay gente que viene específicamente para la semana de aniversario o para la semana del reciclaje. Hay mucha gestión que se hace a través del Departamento de Turismo Local y eso ha hecho que la comuna se conozca”. (Alfredo 2013)

Los sujetos valoran el territorio y las particularidades que ofrece, especialmente el estilo de vida tranquilo, lejos de la agitación de las grandes urbes pero con el confort y espacio necesario para seguir adelante con nuevos proyectos. Destacan también las visiones de mundo: la gran mayoría expone que los lugares elegidos

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no solo fueron atractivos por su belleza natural, misticismo y magia del entorno, sino que estos mismos atributos hacen que se puedan explorar novedosas alternativas para iniciar negocios y/o actividades diferentes a las tradicionales: la industria creativa. Lo ecológico cobra fuerza, así como la educación alternativa, gastronomía con sello local, centros de sanación con terapias naturales, la gestión de la cultura como actividad remunerada y la promoción de la actividad turística no tradicional. Son nichos con alto potencial para ser trabajados con creatividad, lo que sutilmente va impactando en la comunidad de acogida. Si bien cada ciudad y entorno de destino elegidos cuenta con características culturales y sociales únicas, todas tienen algo en común: son lugares que están emplazados en el sur de Chile, cuyo principal distintivo lo constituye el favorable clima y amplias posibilidades de contacto con la naturaleza. La benevolencia del lugar y las alternativas que ofrece para continuar una vida tranquila, para criar a la familia o escapar del agobio de las grandes urbes, son algunas de las claves de la decisión de migrar a estos lugares. Los siguientes testimonios reflejan estas ideas: “Maravillarte con el lago y el volcán, yo todos los días agradezco, llevo cuatro años en la zona, agradezco cuando veo el volcán, los arbolitos, lo valoro todos los días de mi vida. Me da la impresión de que hay una primera etapa como de adaptación de uno, de los tiempos, del frío, de la poca luz, esas cosas pero en general acá es como que se recibe muy bien a la gente nueva y se forma mucho grupo por ejemplo de juntarse en las casas, hay muchos asaditos, es otra dinámica distinta a Santiago”. (Paula 2012) “En mi caso me encanta Frutillar. Me gusta más que Puerto Varas porque es más chiquitito, tiene otra atmósfera y más que nada porque el sur es un lugar para mí muy apropiado para formar familia, para vivir otros tiempos con otra velocidad de vida, en Santiago por eso que nunca me enganché, a pesar de que tengo a toda mi familia allá, y eso más que nada, por la magia del sur, es tan bonito todo acá, y tratar de hacer algo por la cultura igual, siempre es un enganche eso que aquí se necesita y se están desarrollando más proyectos, hay más que hacer que en Santiago”. (Lucas 2013) “El estilo de vida es muy distinto, en California se vive mucho la vida afuera y aquí se vive mucho más la vida adentro que afuera. Me permitió más tiempo para el trabajo y aquí he trabajado más de lo que habría hecho en Estados Unidos”. (Vicky 2013)

A su vez, la sociedad que configura a estos lugares tiene tradiciones arraigadas y los mismos migrantes han expresado las dificultades que han tenido para seguir adelante con sus proyectos. Sin embargo, la distinción que es necesario hacer es que todos aquellos migrantes

que han logrado insertarse de manera exitosa han explorado previamente su entorno y lograron detectar las necesidades; se amoldaron al estilo de vida y se insertaron en la comunidad (comunidades descritas como amables, tolerantes, abiertas a lo diferente, con buenas relaciones con lo foráneo). Otros sintieron la diferencia (segregación, clasismo e indiferencia), pero con el paso del tiempo también lograron adaptarse. La cercanía de “todo”, es decir el acceso a vivir en un lugar limpio y “natural” que posee los servicios básicos y la disponibilidad para resolver temas simples de la vida cotidiana; la corta distancia y el poco tiempo empleados para llegar al trabajo o al colegio de los niños; la posibilidad de hacer “vida de barrio”, “vida indoor” (vida familiar y con amigos en casa, especialmente en temporada invernal); y el costo de la vida calificado en su mayoría como “accesible y barato”, parecieran ser las variables que hacen que estos migrantes tomen la decisión de quedarse. Llama la atención que muchos de ellos, principalmente los extranjeros, han creado sus propias redes sociales con otros foráneos (migrantes como ellos), escenario donde plasman sus logros e insatisfacciones. En su integración a la comunidad a nivel cívico, un número no menor de estos encuestados (16) declaró estar involucrado en actividades del gobierno local y en organizaciones comunitarias, gracias a una mirada que privilegia las posibilidades de hacer proyectos que involucran a diversos actores sociales (familia, escuela, agrupaciones). Quienes se han visto incluidos en este ámbito, declaran su interés por continuar potenciando la cultura y la educación bajo diversas formas. Es la puerta de entrada (intencionada o no) que tienen para integrarse a la comunidad, a diferencia de quienes han apostado por hacer emprendimientos de carácter económico (establecimiento de negocios vinculados a la gastronomía, el turismo o terapias alternativas). En este escenario, los resultados de integración y cambio han sido ampliamente diferentes y se cuenta con experiencias exitosas y nuevas reinvenciones; esto porque en lugares donde históricamente la sociedad fue tradicional y cerrada como es el caso de Puerto Varas-Frutillar, hoy existen espacios para realizar actividades emergentes y novedosas. La irrupción de lo alternativo ha marcado las posibilidades de emprendimiento de algunos migrantes. Catalogada como un lugar donde “todo está por hacer”, la irrupción de migrantes extranjeros a esta zona abrió un nicho de negocio que amplió la oferta de servicios para los potenciales turistas, estableciéndose como una de las características más pronunciadas. Kayakismo, trekking, cabalgatas y gastronomía local fueron actividades precursoras que marcaron el camino. Hoy la zona se distingue, además, por movimientos culturales (muchos de ellos al alero de un moderno teatro construido en la ribera del lago Llanquihue y las emblemáticas semanas musicales de la ciudad de Frutillar) y variadas actividades vinculadas a

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“lo alternativo”: centros de yoga para adultos y niños, emprendimientos “naturales” basados en el hand made, nuevos impulsos a la gastronomía alternativa y tradicional, desarrollos personales como educadores y trabajadores, también conviven en un mismo espacio enriqueciendo las características de la zona. Es así como se reafirma la idea de que en estas localidades hay perspectivas y posibilidades de comenzar emprendimientos diferentes, con base en las potencialidades que ofrecen estos territorios en particular. El costo de la vida, oportunidades de educación diferentes, posibilidades de emprender con bases ecológicas, fortalecer actividades turísticas con la mirada enriquecida de estos migrantes, y en definitiva, la capacidad y disponibilidad de hacer de estos territorios lugares aún mejores, son parte de la “transformación” que han instalado paulatinamente estos sujetos. Dan cuenta de ello los siguientes enunciados: “Hay una especie de surgimiento, hay una especie de explosión cultural que es súper interesante en la zona, tú tienes los temporales de teatro de Puerto Montt, tienes la construcción del teatro del lago en Frutillar”. (Gerardo 2012) “Nosotros somos dos socios que estamos en Organic, que es arquitectura, son cursos de formación, es la tienda que es lo que se ve y luego hay asesorías en huertos orgánicos también, yo me especialicé en huertos orgánicos y estoy dando asesorías a nivel particular”. (Sergi 2012) “El río de Futaleufú es muy importante como atractivo de nuestra comuna, por el entorno, la calidad de las aguas, por los rápidos y eso ha hecho que se hayan generado otro tipo de actividades. Hay instancias como la semana patagónica del reciclaje, una semana entera donde la gente participa de actividades y acceden pagando con latas de aluminio o con eco ladrillos, entonces hay actividades que hacen que Futaleufú sea más atractivo”. (Guillermo 2013) “El Festival de la Lluvia es una forma. Decidí inventar un cuento en Puerto Varas en temporada baja, una idea que me nació con la frustración de la lluvia en junio y con mi partida a Estados Unidos al solsticio de verano. Presenté a la Corporación de Turismo un proyecto de un festival de diez días donde podríamos incluir a toda la comunidad en actividades diversas para unificar una gran fiesta para la ciudad, para nosotros en temporada baja; un plan de diez años que eventualmente se podría decir que los turistas llegarían por su propia cuenta”. (Vicky 2013)

Se aprecia que el emprendimiento o actividades comunitarias asociadas a lo alternativo son posibles y tienen probabilidades de éxito. La proyección cultural que parecía tan alejada de este ámbito cobra fuerza y

desmitifica aquella idea de que en zonas de este tipo es difícil promover la cultura, que no hay interés o que la comunidad de acogida es reacia. El fenómeno cultural emergente que se da en lugares como Puerto Varas y Frutillar es cada vez más notorio y relevante. No es el caso de Pucón y Curarrehue, ya que la primera ciudad ha sido por años un importante polo de desarrollo turístico en el sur de Chile y siempre ha buscado la novedad para atraer turistas chilenos y extranjeros —ampliando la oferta turística tradicional de playa y sol en verano, nieve y montañismo en invierno— por vías más diversas: turismo intercultural (contacto con el mundo mapuche y sus tradiciones), lugar de sanación espiritual (centros de terapias alternativas) y educación alternativa (Modelo Waldorf para familias migrantes impartida por migrantes). Curarrehue, al ser una localidad más rural, poco a poco se ha ido convirtiendo en lugar de destino para algunos migrantes por estilo de vida, donde sobresalen emprendimientos tradicionales cuya potencialidad es el entorno natural, la belleza del lugar, y el compromiso de los migrantes con el desarrollo de la comunidad. Situación similar ocurre con Futaleufú, la localidad más alejada de las grandes urbes. Los entrevistados apostaron a un emprendimiento tradicional, pero con un sello distintivo que hace que su propuesta se adapte al entorno y tenga éxito. Así lo ratifican los siguientes testimonios: “Decidimos quedarnos en Pucón y emprender en el ámbito turístico con un Bed&Breakfast, ofrecemos cama y desayuno en nuestra casa y tenemos capacidad para diez personas, cinco dormitorios y todo de muy buen nivel, porque estamos siempre innovando”. (Germán 2013) “Mi rubro comercial es la ropa y zapatos, deportivos sobre todo, ropa técnica para deporte especializado de invierno. Partí en abril de 2014 aquí en Futaleufú y si bien mi foco es el turismo, también la gente de la zona ha valorado estos insumos porque el invierno aquí es muy fuerte y se necesita la ropa adecuada”. (Kathy 2013) “Específicamente me gusta enseñarle a los niños, por supuesto el inglés; pero también matemática e historia, que la interacción entre España y Chile que no es más importante, no mis habilidades. Es que llevo diez años enseñando inglés”. (Charley 2013) “Yo llegué con un proyecto a Pucón. Creamos un concepto gastronómico muy conocido en Argentina pero acá no y triplicamos la calidad. Yo apoyo bastante lo que es arte, cultura y deporte. Cualquier cosa que me han venido a pedir: una contribución, un apoyo, una comida, aquí estamos. Digamos con la municipalidad, ambas municipalidades, y siempre decimos que sí porque te insertas en la comunidad”. (Javier 2013)

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Pucón y Curarrehue, con sus respectivos territorios y sociedades han sido receptores y testigos al mismo tiempo de esta creciente migración. El fenómeno ha sido acogido con naturalidad, dados los antecedentes cosmopolitas que por años han caracterizado la zona, lo que convierte en factor favorable para el desarrollo local la intervención y presencia de los migrantes por estilo de vida. Muchos de estos migrantes se dedican a dar clases de yoga, movilizar a la sociedad con proyectos ecológicos, dan clases de idiomas, instrumentos musicales o bien crean iniciativas que ayudan a fomentar el turismo brindando una alternativa a los visitantes y, de paso, convierten esta actividad en la base de su economía personal o familiar. La inserción ha sido fácil, pero lograr entrar a las redes de poder que están vinculadas a organizaciones y entidades gubernamentales, sigue estando pendiente. Futalelfú y sus alrededores, en cambio, emerge como un lugar distante y distinto que evoca el corazón de la Patagonia, lugar que los entrevistados eligieron para volver a sus raíces, pero también para empezar una nueva vida. La cercanía con Argentina y las habituales rutas de comercio ofrecen una movilidad transnacional particular. Muchos chilenos y argentinos van y vienen constantemente, se insertan en ambas sociedades, disfrutan de los beneficios de la cercanía y sacan partido de ello. Es el lugar perfecto para practicar vida al aire libre, para criar hijos y formar familia de manera tranquila. Sin embargo, los emprendimientos aquí son escasos y poco creativos. Los migrantes suelen ser nacionales que buscaron volver a sus orígenes, reactivar lazos familiares y desempeñarse en actividades comerciales tradicionales. El sello distintivo y positivo de un lugar como este radica en su continua influencia trans-cordillerana y viceversa, ya que las oportunidades laborales, de salud y educación son mucho más accesibles allende los Andes. En definitiva, la influencia a nivel de gestión (cooperación tanto administrativa como política) está influenciada por los actores de ambos países, lo que hace que la zona sea mucho más abierta y flexible con los eventuales migrantes, quienes a su vez exploran el nicho turístico para comenzar nuevos emprendimientos, como lo reflejan los siguientes fragmentos de entrevista: “Nosotros como comuna fronteriza estamos muy cerca del país vecino, a diez minutos de la frontera, y vemos que se requiere el apoyo de Argentina para llevar adelante algunas situaciones ya sean habituales o de emergencia. Cuando pasó lo de Chaitén y el volcán, la primera ayuda que llegó fue de Argentina y así llegamos a algunos acuerdos con la Dirección Provincial de Chubut”. (Miguel 2013) “Todo lo que es difusión de la zona, especialmente de turismo, lo vemos primero a nivel comunal, después a nivel provincial, regional y también a los lugares vecinos en Argentina como Esquel. Siempre estamos tratando de captar gente, de invitar a las personas”. (Eduardo 2013)

“Tenemos capacitaciones, organizamos seminarios, vienen profesionales de materias como promoción turística, empresarios que son exitosos en emprendimiento e invitan a autoridades de Argentina al rubro del turismo. Se hacen exposiciones, se comparten experiencias de vida, se conocen los emprendimientos, traen productos de muestra y se va generando una cadena de intercambio de información”. (Guillermo 2013) “Cuando se trata de temas culturales hay una comunicación bastante expedita, el entendimiento es bueno entre ambos países y hay colaboración mutua. Se coordinan entre municipios, encargados de cultura o entre las personas que estén gestionando. No conozco persona que haya fracasado en esa materia”. (Alfredo 2013)

Aquí las condiciones son diferentes y las acciones que emprenden tanto migrantes como residentes permanentes están asociadas a la gran facilidad para transitar entre Chile y Argentina. El país trasandino es reconocido como una fuente de ayuda, lo que hace mucho más factible que los emprendimientos que aquí se originen tengan una “doble” aceptación, tanto de ciudadanos chilenos como de argentinos. Este escenario representa un potencial aún poco explorado, ya que los migrantes que aspiren a iniciar no solo una nueva vida, sino también formas alternativas de emprendimientos o bien, trabajos tradicionales, cuentan con la cercanía de otro país, lo que puede constituir un amplio nicho para establecer relaciones alternativas a nivel económico, social y cultural por parte de estos migrantes.

Conclusiones Los migrantes por estilo de vida en la Norpatagonia tienen el impulso y poseen las condiciones socioeconómicas, culturales y sociales necesarias para movilizarse y suscitar cambios en la esfera socio-cultural local. No obstante, la realización de sus proyectos de vida no siempre es fluida. En particular, las iniciativas no convencionales se enfrentan a las dificultades de adaptarse en la comunidad local que las acoge. En este punto de la trayectoria la visión utópica inicial comienza a enfrentarse con la realidad del lugar. Incluso aquellas personas que han mantenido su espíritu de emprender hasta el final y han logrado la inserción, se enfrentan a escenarios que tienen que ver con la dificultad de integrarse a las redes locales de poder, específicamente en el aparato formal del gobierno local. Estas configuraciones son difíciles de penetrar, sobre todo cuando la idea y la voluntad proviene de alguien que es construido como foráneo, con un capital social y cultural que no es propio de la zona y que no emerge de la comunidad misma. Pero también hay casos de migrantes que, previa una paulatina inserción, observación y estudio adecuado

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de la nueva sociedad y entorno, han logrado el éxito y cambios a nivel económico, social y cultural en la sociedad de acogida. El impacto diferencial de la llegada de los migrantes por estilo de vida a la Norpatagonia chilena está vinculado con el significado del lugar de acogida. El migrante por estilo de vida que se asienta en lugares como Puerto Varas o Frutillar con ideas de negocios y/o emprendimientos alternativos es un actor que intenta desenvolverse en una sociedad marcada por un conservadurismo que deviene de su historicidad. Es en estos lugares donde se manifiestan las principales barreras para penetrar la matriz socio-cultural local. En localidades más abiertas y receptivas como Pucón, Curarrehue y Futaleufú si bien lo nuevo y foráneo es aceptado con naturalidad, la concreción de ciertos proyectos se dificulta tanto por circunstancias imprevistas como por barreras burocráticas en el aparato formal del Estado local. No obstante, muchos de estos proyectos han logrado concretarse y repercutir favorablemente en el desarrollo de la comunidad local en tanto los sujetos han desplegado sus habilidades y competencias sociales y profesionales. Si bien estas características son claves para la concreción de los proyectos, la atención debe prestarse a las condiciones que ofrece el lugar de acogida. Al respecto, los antecedentes expuestos muestran que no existen los debidos incentivos: trabas burocráticas y legales, especialmente para el caso de la población extranjera, dificultan y desaceleran las iniciativas que los sujetos intentan realizar. Es justamente en el contexto local donde la acción del sector público y privado puede intervenir para mejorar las condiciones ofrecidas por el lugar de acogida, transitando desde una posición pasiva hacia una activa que implique el fomento deliberado e intencionado de los proyectos de vida que traen los migrantes por estilo de vida. Como lo indicamos al inicio de este trabajo, la mayoría de los estudios sobre procesos de migración por estilo de vida hacia la Patagonia se ha referido a situaciones específicas. Si bien los procesos puntuales que han sido estudiados hasta hoy revisten singular relevancia académica, este trabajo toma una perspectiva regional buscando develar lo que es común en la región de la Norpatagonia chilena a partir de la llegada de migrantes provenientes de todo el mundo. El argumento central que se trabaja aquí es que estos nuevos habitantes de la Norpatagonia chilena poseen un capital social y cultural significativo, lo cual los convierte en agentes de transformación con impactos rápidos y evidentes en los lugares de acogida. Más aún, los impactos de la migración por estilo de vida escapan a la esfera local y tienen la posibilidad de escalar hacia niveles funcionales más generales. La visión regional que ofrece esta comunicación permite abrir espacios para diseñar e implementar intervenciones públicas y

privadas dirigidas a capturar de mejor forma el potencial de desarrollo que llevan consigo los migrantes por estilo de vida. A su vez hay que tener la precaución de evitar las consecuencias negativas que este fenómeno puede tener sobre la población receptora y que han sido reportadas en estudios particulares. Este trabajo abre así, una interesante línea de investigación sobre cómo manejar, dirigir y encauzar la migración por estilo de vida de modo que beneficie a la sociedad como un todo.

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Entrevistas Alain, migrante. Puerto Varas-Frutillar. Mayo de 2013. Alfredo, migrante. Futaleufú. Septiembre de 2013. Charley, migrante. Pucón-Curarrehue. Junio de 2013. Eduardo, migrante. Futaleufú. Septiembre de 2013. Gerardo, migrante. Puerto Varas-Frutillar. Diciembre de 2012. 39. Germán, migrante. Pucón-Curarrehue. Junio de 2013. 40. Guillermo, migrante. Futaleufú. Septiembre de 2013. 34. 35. 36. 37. 38.

Javier, migrante. Pucón-Curarrehue. Junio de 2013. Kathy, migrante. Futaleufú. Septiembre de 2013. Lucas, migrante. Puerto Varas-Frutillar. Mayo de 2013. Miguel, migrante. Futaleufú. Septiembre de 2013. Paula, migrante. Puerto Varas-Frutillar. Diciembre de 2012. Sergi, migrante. Puerto Varas-Frutillar. Septiembre de 2012. 47. Vicky, migrante. Puerto Varas-Frutillar. Mayo de 2013. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

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El estudio socio-histórico de las emociones y los sentimientos en las Ciencias Sociales del siglo XX 178-191

Leidy Paola Bolaños Florido – Universidad de los Andes, Colombia

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El estudio socio-histórico de las emociones y los sentimientos en las Ciencias Sociales del siglo XX* Leidy Paola Bolaños Florido** Fecha de recepción: 20 de octubre de 2014 • Fecha de aceptación: 20 de marzo de 2015 • Fecha de modificación: 28 de mayo de 2015 DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res55.2016.12

R E S U M E N | El texto presenta una revisión de los principales debates teóricos y temáticos que se desarrollaron en las Ciencias Sociales, especialmente en sociología y antropología, a partir de la incorporación de las emociones y los sentimientos como categorías de análisis socio-históricas a lo largo del siglo XX. Aquí se propone una reflexión y un análisis bibliográfico de la comprensión de las emociones en estas disciplinas y en diferentes momentos de su desarrollo, a partir del estudio de un conjunto delimitado de autores. La idea que sostiene el texto es que la apertura de las Ciencias Sociales hacia este tipo de estudios se da cuando algunos autores se distancian de las dicotomías clásicas de la tradición positivista para establecer el vínculo entre los elementos físico-corporales, los hábitos psíquicos, y las formas sociales y culturales que subyacen al estudio de la sociedad. PA L A B R A S C L AV E | Ciencias sociales, individuo, sociedad (Thesaurus); emociones, sentimientos, psicología histórica (palabras clave de autor).

The Socio-Historical Study of Emotions and Feelings in 20th Century Social Sciences A B S T R AC T | This article presents a review of the main theoretical and thematic arguments that were developed in the social sciences, especially in sociology and anthropology, since the incorporation of emotions and sentiments as categories of socio-historical analysis throughout the course of the 20th century. It proposes a reflection on and a bibliographic analysis of the understanding of emotions in these disciplines at different moments of their development, based on the study of a selected group of authors. The guiding theme of the text is that the opening up of the social sciences to this type of studies began when certain authors distanced themselves from the classic dichotomies of the positivist tradition in order to establish the links among physical corporal elements, psychic habits, and the social and cultural forms underlying the study of society. K E Y W O R D S | Social sciences, individual, society (Thesaurus); emotions, feelings, historical psychology (Author’s Keywords).

O estudo sócio-histórico das emoções e os sentimentos nas Ciências Sociais do século XX R E S U M O | Este artigo apresenta uma revisão dos principais debates teóricos e temáticos que são desenvolvidos nas Ciências Sociais, especialmente em sociologia e antropologia, a partir da incorporação das emoções e dos sentimentos como categorias de análises sócio-históricas ao longo do século XX. Aqui, propõe-se uma reflexão e uma análise bibliográfica da compreensão das emoções nessas disciplinas e em diferentes momentos de seu desenvolvimento, a partir do estudo de um conjunto delimitado de autores. Este texto sustenta a ideia de que a abertura das Ciências Sociais a esse tipo de estudos se dá quando alguns autores se afastam das dicotomias clássicas da tradição positivista para estabelecer o vínculo entre os elementos físico-corporais, os hábitos psíquicos e as formas sociais e culturais que subjazem ao estudo da sociedade. PA L AV R A S - C H AV E | Ciências sociais, indivíduo, sociedade (Thesaurus); emoções, sentimentos, psicologia histórica (palavras do autor).

Este texto es el resultado de uno de los exámenes comprensivos de conocimiento y de revisión bibliográfica del Doctorado en Historia de la Universidad de los Andes (Colombia). No contó con financiación para su realización.

Estudiante del Doctorado en Historia de la Universidad de los Andes (Colombia). Entre sus últimas publicaciones se encuentran: “La gestión del desplazamiento interno en Bogotá como una forma de vida”. Revista Colombiana de Antropología 50 (1): 35-53, 2014, e Implementación de ambientes de aprendizaje con énfasis en la socioafectividad: reorganización curricular por ciclos. Bogotá: Secretaría de Educación. Bogotá, 2014. * lp.bolanos147@uniandes.edu.co

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Introducción A principios del siglo XX1 las Ciencias Sociales les concedieron a los sentimientos facultades explicativas que ampliaron la comprensión sobre la forma en que el individuo y la sociedad se relacionan y sobre el hecho de que en las emociones se hacen comprensibles las motivaciones y acciones que subyacen a procesos sociales y culturales particulares. Esta perspectiva problematiza la naturalidad de los comportamientos emocionales y toma distancia de la fisiología y de la psicología —la disciplina más identificada con el estudio de la emoción—, cuyos hallazgos tendieron a supeditar las emociones a un lado de las dicotomías cuerpo-mente, individuo-sociedad, privado-público y naturalezarazón, instauradas por la tradición positivista. Para dar cuenta de lo anterior, este texto plantea un orden cronológico en el que se observan cuatro momentos del estudio del tema de las emociones en Europa y Norteamérica. El primero de ellos, en el curso del siglo XIX como período en que el sentido de las emociones está estrechamente relacionado con las consideraciones fisiológicas de la filosofía y la psicología y con los intereses de la literatura de explorar la dimensión interna del ser humano. Este apartado sugiere un antecedente para comprender el lugar analítico que ocupan las emociones y los sentimientos a finales del siglo XIX y comienzos del XX. El segundo, en las primeras décadas del siglo XX, momento en que el campo de las Ciencias Sociales, y especialmente la sociología, concede una interpretación de los sentimientos ajena a las visiones rígidas y estáticas de las teorías de conocimiento que oponen individuo-sociedad y emoción-razón. Para ello, expongo algunas perspectivas analíticas de autores clásicos de la sociología2 como Marcel Mauss (1971a [1902]) y Norbert Elias (1982 [1939]) que desde caminos

Dado nuestro objetivo, este escrito se concentra en menor medida en la reflexión sobre los estudios propiamente históricos y privilegia algunos debates sobre la temática, particularmente aquellos que giran alrededor de la sociología y la antropología desde 1920 hasta la década de 1980. No obstante, como se mostrará más adelante, estos estudios no están del todo desligados del campo de la historia.

2 Aunque este texto no incluye la reflexión sobre el estudio del sociólogo Georg Simmel (1858-1918), éste se preocupó por estudiar el entramado afectivo y las interacciones sociales derivadas del encuentro entre el individuo y las principales ciudades de Europa y Estados Unidos, de finales del siglo XIX y principios del XX. Por ejemplo, Simmel (1989 [1903]) analiza la moda y el flirteo como fenómenos de libertad donde se concentran procesos de individualización propios de la modernidad. Su teoría ha sido influyente en la sociología norteamericana, específicamente en la Escuela de Chicago, interesada en el estudio de las transformaciones urbanas de principios del siglo XX en Norteamérica. Para seguir la influencia del interaccionismo o de estudiosos de la Universidad de Chicago en el estudio de las emociones, véase Pinheiro (2006).

independientes formularon el carácter público y cambiante de los sentimientos, hasta entonces confinados al ámbito de lo privado e inmutable. En un esfuerzo por superar las fronteras disciplinarias de la época, estos autores reconocen los afectos y las emociones en su relación con aspectos psicológicos y procesos socio-históricos más amplios. Un tercer momento se concentra en las primeras décadas de la segunda mitad del siglo XX, cuando el campo de las Ciencias Sociales se aleja del estructuralismo y de las teorías psicológicas y subjetivistas que entienden lo individual y lo emocional como aspectos desligados del mundo social. En este período, elaboraciones teóricas de pensadores franceses como Pierre Bourdieu (2010 [1980]), Michel Foucault (1999 [1981]) y posteriormente David Le Breton (1999) ampliaron la comprensión sobre la forma en la que el cuerpo y las emociones están relacionados y sobre su desempeño según los grupos sociales y las circunstancias históricas. Por otra parte, me aproximo a la antropología norteamericana de la década de los ochenta influenciada por el enfoque interpretativo de Clifford Geertz (1988 [1973]), así como por la etnología y la sociología francesas desarrolladas por autores estadounidenses como Robert Solomon (1989), Michelle Rosaldo (1984), Catherine Lutz y Geoffrey White (1986), cuyos trabajos son pioneros en lo que se denominó antropología de las emociones. Este campo se desarrolla a partir de estudios etnológicos que relativizan el repertorio afectivo de las culturas no occidentales y las afirmaciones naturalistas que se fundan en el carácter universal de la emoción. En dicha antropología los sentimientos aparecen desde la perspectiva de su construcción social y expresión diferenciada. Finalmente, se presenta la crítica que en los años ochenta hicieron autores de la antropología y la historia cultural al enfoque interpretativo por supeditar la vida interna al orden de lo textual y discursivo y no lograr vincular la subjetividad con procesos sociales de mayor envergadura.

A manera de antecedente: el estudio de las emociones en las Ciencias Humanas del siglo XIX Desde diferentes puntos de vista, las emociones han sido un campo de exploración para distintos filósofos y psicólogos occidentales. En la antigüedad, Aristóteles reconoció la ambigüedad de las emociones dentro de su teoría de la ética. En el período de modernidad temprana, René Descartes le concedió a “las pasiones” un lugar en su teoría dualista del cuerpo y el alma; para este filósofo, la voluntad del sujeto era capaz de orientar u ocultar los movimientos impulsivos del alma, esto es, someterlos al imperativo de la razón (Le Breton 1999, 166).

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Siglos más tarde, David Hume (1990 [1740]) clasificó las emociones en calmadas y violentas. Mientras las primeras responden a sentimientos psicológicos como el goce estético o la aprobación moral, las segundas no necesitan ir acompañadas de sensaciones físicas definidas y localizables. A pesar de expresar que ciertas “emociones leves” como la admiración y la simpatía cumplen una función evaluativa y no solamente fisiológica, para Hume la gama ordinaria de las emociones —resentimiento, esperanza, temor— no es confiable para establecer un juicio; ellas son respuestas emocionales más o menos ciegas e irracionales. Por su parte, en el siglo XIX, el influyente filósofo y psicólogo William James definió las emociones como reacciones fisiológicas (James 1884), con lo cual descartaba las teorías que abarcaban un concepto de la emoción como una forma más o menos inteligente. En su teoría, señala que si las emociones prescindieran de sensaciones como la agitación, la viscosidad, el temblor o el rubor, no serían otra cosa que una percepción intelectual; así, alguien podría tener una percepción de peligro, pero sin un sentimiento real de temor (James 1884). De acuerdo con Solomon, esta teoría dominó la definición de la emoción a finales del siglo XIX y comienzos del XX. En últimas, en ella se afirma que las emociones son irracionales, duran un período determinado y pueden tener una ubicación definida en el cuerpo: el disgusto en el estómago, el temor en los latidos del corazón (Solomon 1989). De manera similar, las teorías de filiación naturalista y conductual que elaboraron en el siglo XIX naturalistas como Charles Darwin, Herbert Spencer y el filósofo John Dewey descansan, en parte, sobre la idea de que el origen y las funciones de la expresión facial y corporal son la base para el análisis de la emoción. Entre estas teorías se cuenta la creencia de que las contracciones musculares, impulsadas por movimientos eléctricos, pueden traducirse en emociones de ira, sorpresa o dolor. Estos análisis prosiguen la búsqueda de universalidad de la expresión de las emociones, con toda independencia de los datos sociales y culturales en los cuales se encuentra inscrita la emoción. Contrariamente a las teorías de índole naturalista y fisiológica, a finales del siglo XIX y a principios del XX, filósofos y psicólogos cognitivos como Max Scheler, Franz Brentano y Robert Solomon desarrollaron reflexiones en torno a la naturaleza epistémica de las emociones. Interrogaron aspectos como la moral, la pedagogía y la racionalidad. En estos planteamientos, las emociones dejan de explicarse desde un componente esencialmente fisiológico y privado y se rescatan sus elementos cognoscitivos, “que presuponen creencias objetivas sobre el contexto emocional” (Solomon 1989, 29). Así, por una parte, está la participación de las sensaciones fisiológicas en la experiencia de la emoción, y por otra, está el hecho de que las emociones abarcan

conceptos y creencias. Estos dos tipos de consideraciones de la emoción, la fisiológica y la cognitiva o moral, han estado en el centro de las teorías modernas sobre la emoción por parte de la filosofía y la psicología occidentales (Solomon 1984). Desde otra perspectiva, filósofos del Romanticismo alemán como Friedrich Scheler y Johan Goethe e ilustrados como Jean-Jacques Rousseau destacaron la importancia de la educación sentimental como un conocimiento mediante al cual se puede acceder a través de lo sensible. Para estos pensadores, el cultivo de la vida interior y el lugar que ocupan las emociones y los sentidos, como vías de acceso al conocimiento, merecen la misma atención que la razón y el reconocimiento en la esfera pública (Trepp 1994). Aunque Reddy señala la derrota del régimen emocional del Romanticismo como consecuencia del triunfo de la razón y de la Revolución francesa (Reddy 2014), varios trabajos señalan que el siglo XIX también trajo emociones y sentimientos asociados. La literatura de vanguardia puso a la orden del día el tema de las emociones dentro de los círculos burgueses. Autores como Marcel Proust, Émile Zola y Oscar Wilde reconocieron tempranamente el carácter social de los sentimientos y el contexto histórico en el que tienen lugar las conductas de los individuos. En sus relatos, los celos, la venganza y el amor no se consideran impulsos irresistibles o naturales, sino más bien “logros domésticos que había que aprenderse, como se aprende a tocar el piano o un idioma extranjero” (Gay 1992 [1984], 100). La literatura, antes que el psicoanálisis, contempló el estudio de la vida psíquica como una vía de acceso a los ideales de una época o sociedad (Gay 1992 [1984], 73). En el mismo momento en el que tuvo lugar el movimiento romántico, las ciencias adscritas al positivismo, en su afán de clasificación, marcaron la escisión entre objetividad y subjetividad, lo público y lo privado, lo activo y lo pasivo, lo cambiante y lo inmutable, lo femenino y lo masculino y lo racional y lo sentimental. Esta mirada monotética ubicó a las mujeres como sujetos tradicionalmente emocionales, a quienes se les adjudicó cierto grado de irracionalidad en razón de su condición sentimental (Bolufer 2007). De hecho, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, la liberación indisciplinada de los sentimientos como atributo femenino tuvo su correlato en el autocontrol de los impulsos como cualidad asociada a la construcción de la masculinidad. De acuerdo con George Mosse, el inicio de la sociedad moderna fue el momento en el que esta escisión desempeñó un papel fundamental no sólo al crear ideas sobre la nación y una sociedad sana, sino al influir en el funcionamiento de la sociedad moderna (Mosse 2000). Con el avance de la profesionalización de las Ciencias Sociales y de la percepción histórica de la realidad social desde una mirada objetiva, el siglo XIX confinó las emociones y los sentimientos en el tren de los

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humanismos (la filosofía humana y la psicología) y de la literatura sentimental de vanguardia. Al privilegiarse el estudio de la razón, la teoría social —impregnada del positivismo de la época— se interesó por las “ideas claras” de personajes masculinos, quienes fueron desprovistos de cualquier grado de emocionalidad y sensibilidad (Chartier 1992; Mosse 1969; Trepp 1994). No obstante a lo largo del siglo XX las disposiciones psicológicas de los individuos, y con ello la vida afectiva, adquirieron un interés progresivo para las Ciencias Sociales. Como se expondrá a continuación, gracias a la ruptura de los estudios sociales con las dicotomías de la tradición positivista del siglo XIX y a su encuentro con el psicoanálisis y las teorías cognitivas del siglo XX, las emociones dejaron de verse como elementos netamente fisiológicos, pertenecientes al campo de la ficción y desligados de las dinámicas sociales.

El condicionamiento social e histórico de la expresión de los sentimientos En las primeras décadas del siglo XX, los trabajos del sociólogo y antropólogo francés Marcel Mauss (18721950) y del sociólogo alemán Norbert Elias (1887-1990) fueron pioneros al proponer el estudio de la forma en que una sociedad históricamente localizada impone al individuo un uso riguroso de sus emociones, sus afectos, y su cuerpo. Mediante conceptos como hecho social total, eficacia simbólica (M. Mauss), formación social y economía psíquica (N. Elias) ambos autores revelan la correspondencia que existe entre la estructura social y la estructura emotiva e individual. De ahí que las acciones de los individuos no responden de manera exclusiva a sus voluntades, sino a la red de dependencias en la cual se encuentran inscritos. A su vez, esta observación sugiere que aunque los sentimientos son aspectos del ámbito interno, ellos no florecen al margen de los condicionamientos sociales e históricos. Así, Mauss sugiere que de la eficacia simbólica de la magia —y de los sentimientos que suscita en los individuos su creencia— depende la reproducción de las reciprocidades en la que se cimenta la vida social y material de las comunidades australianas. Desde otro enfoque analítico, el estudio de Elias muestra la autocontención de los afectos como un aspecto fundamental de las formas de control social que sostienen la sociedad cortesana y la institución del Estado absolutista entre los siglos XVI Y XVIII en Francia y Alemania. En las primeras décadas del siglo XX, mediante trabajos de investigación empírica —uno de corte etnológico y el otro sociohistórico— ambos autores ofrecen presupuestos de análisis para pensar el papel que desempeñan las emociones dentro de procesos de larga duración que involucran lo social, lo psicológico, lo histórico, y lo político. Por ello, resulta valioso revisar algunas de sus observaciones con respecto al tema de los sentimientos como elementos de análisis social.

El papel de la magia y los sentimientos en la reproducción de una formación social Como lo señala Pierre Bourdieu, el sociólogo y antropólogo francés Marcel Mauss (1872-1950) tiene el mérito de tomar la magia como un objeto de conocimiento social, en lugar de ponerlo en el campo de lo regresivo, lo irracional y los misterios primitivos (Bourdieu 2010, 25). La obra de Mauss reprocha las categorías rígidas y abstractas de la psicología y la sociología del siglo XIX que consideraron la magia como un acto irracional y primitivo y que, por lo tanto, impidieron vincular el juicio mágico con los sentimientos, las ideas y la opinión colectiva (Mauss 1971a [1902], 122). En este sentido, la magia como substrato no racional y aparentemente opuesto a la ciencia es un problema de psicología colectiva al que Mauss le restituyó su necesidad práctica y su razón de ser, sin convertirla en construcción lógica o en ejercicio espiritual (Bourdieu 2010). El trabajo de Mauss Bosquejo de una teoría general de la magia3, publicado en 1902, antecedió al acercamiento entre la etnología y el psicoanálisis4 al mostrar cómo la estructura social se impone al individuo mediante la educación de actividades corporales y de manifestaciones sentimentales. En 1921, en un artículo titulado La expresión obligatoria de los sentimientos,5 el autor observa que en los ritos funerarios de las sociedades australianas las manifestaciones orales de sentimientos como el dolor, la cólera y el miedo no son respuestas naturales, sino que responden a un orden social determinado. Este estudio es pionero en señalar que las expresiones de los sentimientos no son fenómenos exclusivamente psicológicos o fisiológicos, sino fenómenos sociales “marcados preponderantemente por el signo de la no espontaneidad y la obligación más absoluta” (Mauss 1979, 147). A mediados de la década de los veinte, Mauss amplió aún más la comprensión de los sentimientos como fenómeno social al mostrar el valor de los afectos dentro de una formación social dada. En un artículo del Journal de Psychologie Normale et Pathologique el autor muestra los efectos psíquicos de la magia que recae sobre los individuos pertenecientes a las comunidades de Nueva Zelanda y Australia. Este trabajo describe

3 Estudio publicado en Année Sociologique, 1902-1903, en colaboración con del arqueólogo y sociólogo Henri Hubert. 4 En los años veinte la antropología norteamericana se acercó al psicoanálisis a partir del uso del lenguaje psicoanalítico en la investigación etnográfica. Ejemplo de ello fue la obra de Ruth Benedict Patterns of culture (1934). 5 Para la elaboración de este artículo, Mauss se basa en los trabajos de su colaborador francés Robert Hertz (1881-1915) sobre el pecado y la expiación en sociedades primitivas y de su tío Emile Durkheim (1858-1917) sobre la representación colectiva de la muerte en su obra Las formas elementales de la vida religiosa.

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cómo los polinesios sufren y abandonan toda confianza en vivir al creer que sobre ellos ha recaído un posible hechizo. Aunque en ocasiones no se presentan marcas físicas, este sentimiento de desesperanza invade el plano de la conciencia hasta el punto de causar la muerte por sugestión (Mauss 1971b [1924], 297). Para el autor, la influencia de lo social sobre lo físico posee un medial psíquico evidente, pues es la persona quien se destruye a sí misma, siendo el acto inconsciente. Siguiendo lo anterior, Mauss incursiona —y sobrepasa— el terreno de la psicología al estudiar la totalidad de la conducta social y al entender la vida social como un mundo de relaciones simbólicas. Mientras los psicólogos de su época tienden a tratar una serie de actos como anormales, esta mirada etnológica y sociológica “los capta en gran número continuamente, y, además, en la múltiple repetición de hechos normales” (Lévi-Strauss 1971, 17). Como bien lo señala Strauss, la noción de acto social total6 en el estudio de Mauss incluye: 1. Diferentes modalidades de lo social (jurídica, económica, estética, religiosa, etc.); 2. Diferentes momentos dentro de la historia de cada individuo (nacimiento, infancia, educación, adolescencia, matrimonio, etc.); 3. Diferentes formas de expresión que incluyen desde los fenómenos fisiológicos, como los reflejos, secreciones, moderaciones o aceleraciones, hasta categorías inconscientes y representaciones conscientes individuales o colectivas. (Lévi-Strauss 1971, 24)

A pesar de la crítica que en los sesenta las Ciencias Sociales hicieron a los clásicos por supeditar lo individual al orden del ritual,7 es mérito de Mauss vincular la etnología con el psicoanálisis y evidenciar la relación entre la objetividad de las estructuras sociales y la subjetividad de la experiencia vivida (Lévi-Strauss 1971, 25). Esta perspectiva amplió la comprensión sobre el estudio de los sentimientos al señalar que ellos no son necesariamente una manifestación espontánea y natural —como lo enunciaba la psicología de la época—8, sino que se encuentran condicionados socialmente y varían de acuerdo con el tiempo, las condiciones y los agentes de expresión (Mauss 1979, 147).

6 Bajo esta noción, elementos de distinta naturaleza pueden llegar a tener una significación global al tenor de una experiencia social concreta, en este caso, la magia. 7 A la luz de las experiencias más amplias de las generaciones siguientes, etnógrafos como Renato Rosaldo (2000 [1993]) han argumentado que los estudios de la antropología clásica, como los de Radcliffle Brown y Emilie Durkheim, han ignorado “la emoción espontánea” y las “maniobras” de los individuos al prestar una preocupación excesiva por el orden cultural del ritual. Rosaldo afirma, en los años ochenta, que “no se trata de descartar la descripción de los rituales etnográficos, sino de relativizarlas, y explorar la interacción de la rutina y la improvisación de la vida cotidiana” (Rosaldo 2000 [1993], 157). 8 Al respecto, ver la Introducción a la obra de Marcel Mauss, por Lévi-Strauss (1971).

La autocontención de los afectos y la génesis del proceso civilizatorio Una excepción destacable en el estudio del tema de las emociones durante la primera mitad del siglo XX lo constituye la obra del sociólogo alemán Norbert Elias (1887-1990). Desde una sociología histórica que se anuda con elementos psicológicos, el autor se aparta de las teorías filosófico-epistemológicas y sociológicas cuyos postulados tropiezan con el problema de separar conceptos como individuo y sociedad.9 En la introducción tardía de su libro El proceso de la civilización, el autor cuestiona los presupuestos teóricos de las ciencias humanas para los cuales los individuos existen por fuera de la sociedad. En sus palabras, “casi nunca se menciona el carácter de este muro y, desde luego, jamás se da una explicación de él. [...] ¿Es el cuerpo un recipiente en cuyo interior se encuentra encerrado el auténtico yo? ¿Es la piel la línea fronteriza entre el ‘interior’ y el ‘exterior’?” (Elias 1987 [1978], 34). De acuerdo con Elias, la tradición dualista —más apropiada para el análisis de la realidad objetiva que para el análisis de los seres humanos— no dejó convertir en objeto de la reflexión las redes de interdependencia “que hacen que cada acción individual dependa de toda una serie de otras al modificar, a su vez, la figura misma del juego social” (Elias, citado en Chartier 1992, 89). Por ello, su análisis crítico se adelanta a los debates teóricos de la década de los sesenta al desplazar varias de las oposiciones clásicas: individuo-sociedad, libertad-determinismo e incluso objetividad-subjetividad. Contra estas dicotomías, Elias afirma: En las teorías clásicas del conocimiento el hombre se ocupa más del problema del objeto cognoscitivo que del sujeto de la teoría del conocimiento, esto es, más del conocimiento objetivo que del conocimiento subjetivo. Y, sin embargo, cuando no se incluye este conocimiento en el planteamiento del problema, éste conduce a un callejón sin salida de alternativas igualmente insatisfactorias. (Elias 1987 [1978], 39)

En contra de estos supuestos dualistas dominantes de su época, Elias se propone entender cómo entre los siglos XVI y XVIII la estructura psíquica de los hombres de Occidente se modificó a partir de una situación concreta: la transformación gradual de la aristocracia

9 Elias se aleja de la filosofía platónica y, sobre todo, de la filosofía moderna de Descartes, en la que se encuentra la idea de individuo como ser aislado o como ser pensante que se enfrenta al mundo desde su yo interior. También se distancia de los dos paradigmas sociológicos hegemónicos de su época: el marxismo y el estructural-funcionalismo. Del primero combate las ideas respecto a lo que debe ser y el predominio de los ideales político-ideológicos en el análisis de los problemas sociales. Del segundo combate la imagen estática del yo y la idea persistente del individuo aislado actuante (Elias 1993 [1969]).

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caballeresca en sociedad cortesana monárquica.10 La formación de esta sociedad, establecida alrededor del Estado absolutista11 y regulada por convenciones y dependencias específicas, marcó lo que Elias identifica como la génesis del proceso civilizatorio, entendido como la pacificación progresiva de las conductas y la respectiva consolidación de los autocontroles ejercidos sobre las emociones (Chartier 1992, 97). Elias analiza este dispositivo de autocontención en su libro La sociedad cortesana, escrito en 1933. El autor afirma que aspectos como el cumplimiento de la etiqueta, la opinión social, el control de las explosiones pasionales y la censura de los sentimientos no pueden considerarse como “nimiedades”, sino como aspectos notables en la formación de la identidad del cortesano (Elias 1996 [193?], 128). La conservación de la membrecía y el orgullo personal de los miembros de la corte, inclusive la del rey, dependía de su sometimiento a este entramado de la etiqueta y el juego social. Ante la necesidad de adaptarse al cambio, y de diferenciarse de otras capas excluidas de las posiciones de dominio, “los nobles se hacen cortesanos y forman una cultura elitista del gesto, del hablar, del amor y del gusto” (Béjar 1991, 74). La propuesta teórica y empírica de Elias plantea dos aportes interesantes para pensar el tema de las emociones y los afectos. En primer lugar, su estudio problematiza la naturalidad de los sentimientos. Para Elias, la intensidad, la expresión y la función que aquellos cumplen en la estructura psíquica del individuo no dependen de su naturaleza humana, sino de la historia y la estructura real de sus relaciones con otros humanos (Elias 1996 [193?], 76). El autor se aleja de los postulados psicológicos que suponen que los sentimientos y las emociones son invariables y consustanciales al ámbito de lo interno o lo personal. En sus palabras: Precisamente porque el psicólogo piensa de un modo absolutamente ahistórico, porque enfoca las estructuras psíquicas del hombre contemporáneo como si se tratara de algo incambiable y que no ha sufrido

proceso alguno, el historiador apenas puede utilizar para algo los resultados de su investigación. Y precisamente porque el historiador, preocupado por lo que él llama los hechos, trata en la medida de lo posible de evitar los problemas psicológicos, apenas tiene algo que decir a los psicólogos. (Elias 1987 [1978], 492)

Para Elias el pudor, el temor a Dios, la culpa, el miedo a la pena, el miedo a la pérdida del prestigio social o el temor a sí mismo, no son estados internos del individuo sino respuestas psíquicas “a las coacciones que los hombres ejercen sobre los demás dentro de la interdependencia social” (Béjar 1991, 77). Así, el sentimiento de inseguridad de las personas de la Edad Media es distinto de las personas que conforman la corte. En esta última, el miedo no surge de la violencia física sino, como lo estudió Elias, de la autocoacción12 que produce la pérdida de prestigio y estatus (Béjar 1991, 77). De lo anterior surge el segundo aporte: ninguna formación social puede perdurar sin una autocontención de los afectos y las emociones. Aunque Elias le reprocha al psicoanálisis el hecho de analizar las relaciones en el interior de cada ser humano y “de constituir un inconsciente ‘sin historia’ como instancia dominante e invariable de la estructura psíquica” (Chartier 1992, 103), también reconoce su deuda con Freud13 en el análisis del carácter socio-genético del súper yo y del control inconsciente de los afectos. Freud utiliza el concepto de sentimiento inconsciente para referirse a los destinos que la represión impone. En ellos “el afecto puede perdurar total o fragmentariamente como tal; puede experimentar una transformación en otro montante de afecto (por ejemplo del miedo a la angustia), o puede ser reprimido; esto es, coartado en su desarrollo y excluido de la conciencia” (Freud 1989, 208). Este último punto le interesó a Elias. De acuerdo con Freud, la conquista de la civilización implica una coerción volcada hacia el interior; un esfuerzo del individuo por renunciar a sus instintos y afectos (Freud, citado en Béjar 1991). No obstante, Freud llegó a creer que traer las emociones a la conciencia mediante la curación psicoanalítica debía ser suficiente para ejercer control sobre ellas (Solomon

10 Este desplazamiento histórico dio lugar a la construcción del Estado absolutista, caracterizado por el monopolio fiscal que centraliza el impuesto, y por el monopolio sobre la violencia legítima que atribuye al Estado la garantía de la pacificación de todo el espacio social. Al respecto señala: “Una vez que el monopolio de la violencia física se ha transferido a los poderes centrales, no todo el mundo puede procurarse el placer de la agresión corporal y socialmente legitimada por enemigos externos” (Elias 1987 [1978], 240).

12 Para Elias, la autocoacción se produce en el hombre moderno cuando es capaz de tomar distancia respecto a sí mismo. La filosofía cartesiana, propia de una época que se está liberando de Dios y de la antigüedad, representa un estadio clave en el descubrimiento de la autoconciencia, una “altiplanicie” en el proceso de individualización (Elias 1993 [1969], 67).

11 Habría que anotar que la formación de la sociedad cortesana está estrechamente relacionada con la formación del Estado absolutista y su respetiva monopolización fiscal y militar mediante la cual se centraliza el impuesto y se monopoliza legítimamente la violencia en todo el territorio social. Estos procesos sociales —vinculados con los procesos psíquicos— son estudiados por Elias en el segundo volumen del Proceso de la civilización (Chartier 1992, 92).

13 Al respecto, en una nota al final del Proceso de la civilización, Elias afirma: “Lo que coincide por completo con los resultados de esta investigación es la idea de que los remors, es decir, la estructura psíquica que, parcialmente de acuerdo con Freud, se conoce con el nombre de ‘súper yo’ en el individuo aislado está determinado por la interdependencia de los hombres, por la sociedad en la que crece, es decir, que el tal ‘súper yo’ es de carácter sociogenético” (Elias 1987 [1978], 549).

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1989, 45). Esta interpretación situó el control emocional a un lado de la unidad individuo-sociedad: el ámbito interno de la mente y la historia individual. Al respecto, Béjar apunta que “Elias historiza lo que en Freud es un postulado naturalista”, por lo que Elias prefiere pensar el proceso civilizatorio como una tensión indisoluble entre “la aceptación freudiana de la desazón de la cultura y la voluntad sociológica de entender los grandes procesos sociales” (Béjar 1991, 81). Como bien lo observa Chartier, uno de los aspectos más interesantes de la obra de Elias fue “proceder al examen simultáneo del cambio de las estructuras psíquicas y las estructuras sociales en su conjunto” (Elias, citado en Chartier 1992, 103), esto es, proponer una psicología histórica cuyo objeto social es “el habitus humano en su conjunto, el todo de la economía psíquica” (Chartier 1992). Esta lectura holística de la realidad social —en la que confluyen postulados de la sociología, la psicología y la historia— no descansa en ideas claras e intencionadas, sino en los mecanismos psíquicos que emplean los individuos dentro de una configuración social particular. Por todo esto, Elias cultivó un terreno analítico en el que hubo lugar para lo emocional como un asunto que subyace a problemas políticos y sociales de mayor envergadura.

El tema de lo emocional y lo subjetivo en las primeras décadas de la segunda mitad del siglo XX En los años sesenta y setenta la antropología reprochó el objetivismo de la etnología clásica por considerar que la cultura y la tradición determinan la conciencia individual y que “la estructura social ya existía antes, durante y después de cualquier individuo” (Rosaldo 2000, 53). Asimismo, la sociología criticó el subjetivismo, “totalmente incapaz de dar cuenta de la necesidad del mundo social” y, por lo tanto, de las estructuras en las que se incorporan las prácticas históricas y los habitus sociales (Bourdieu 2010, 85). Esta perspectiva crítica empieza a poner en duda los enunciados objetivos que desplazan el sujeto del análisis social y los postulados subjetivistas que se centran en lo individual y dejan fuera la sociedad. Esta reformulación teórica estuvo marcada por factores tales como el desenlace de la Segunda Guerra Mundial en los años cuarenta, la occidentalización y la coyuntura histórica de la descolonización de la mayoría de países asiáticos y africanos en las décadas de los cincuenta y sesenta. Sin convertirse en los únicos factores, lo anterior posibilitó la pregunta por el lugar de enunciación y producción académica de los investigadores sociales y la concientización de las diferencias de clase, raza, sexualidad y género. A su vez, esto último incidió en el aumento del número de mujeres en las Ciencias Sociales, particularmente en la antropología

(Rosaldo 2000) e hizo que los hombres se sintieran menos avergonzados por el estudio de asuntos relacionados con lo emocional y lo subjetivo (Confino 2010, 70). En este ambiente político e intelectual, autores franceses como Pierre Bourdieu (2010 [1980]) y Michel Foucault (1999 [1981]) desarrollan análisis de problemáticas relacionadas con las prácticas corporales, la vida cotidiana y los dispositivos de sujeción y subjetivación en los cuales participa la producción de la experiencia emocional. Estas temáticas han sido examinadas en campos delimitados como la antropología del cuerpo que en las últimas décadas se ha ocupado de las diversas formas de constitución de lo corporal en la modernidad. El tema de las emociones se muestra aquí en las disposiciones corporales relacionadas con discursos social y culturalmente construidos. En esta perspectiva de análisis resulta fundamental la investigación del sociólogo y antropólogo francés David Le Breton (1999) en la cual el cuerpo es el vehículo de significaciones de la cultura y espacio en el que caben las emociones, los sentimientos y las elaboraciones sensoriales. Por otra parte, durante este período emergieron nuevas corrientes intelectuales en la antropología norteamericana,14 entre ellas la antropología de las emociones, cuyos postulados provienen del enfoque interpretativo del autor estadounidense Clifford Geertz (1988 [1973]) y de la etnología francesa y norteamericana. Al respecto, son pioneros los estudios etnográficos de Michelle Rosaldo (1984), Catherine Lutz y Geoffrey White (1986) y Abu-Lughod (1986). La llamada antropología de las emociones constata que las emociones no son componentes fisiológicos y universales, como lo expresa la teoría naturalista de William James en el siglo XIX y de Paul Ekman en el XX, sino que incluyen pensamientos y juicios de valor que varían culturalmente. Con base en lo anterior, a continuación se presentan dos acercamientos al asunto de los sentimientos y las emociones en las primeras décadas de mitad del siglo XX. El primero incluye las observaciones sociológicas que comprenden la forma en la que las prácticas corporales y la experiencia emocional están íntimamente relacionadas, y el segundo, reúne las consideraciones antropológicas que relativizan el repertorio afectivo de las culturas no occidentales. Finalmente, se exponen algunas observaciones sobre las limitaciones y los avances del enfoque interpretativo sobre el cual se cimentaron algunos estudios sociales interesados en cuestiones emocionales.

14 Para una ampliación del contexto intelectual de la antropología norteamericana en el siglo XX véase el trabajo de Renato Rosaldo (2000) y Richard J. Bernstein (1982).

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Las emociones y los sentimientos como prácticas encarnadas Pierre Bourdieu es heredero de la imaginación sociológica francesa que se inclinó hacia el análisis simbólico y la comprensión de conceptos maussianos como el de inconsciente colectivo y habitus (Pinheiro 2006, 140). En su trabajo etnográfico sobre las economías de los Kabiles en Argelia, justamente durante el proceso de descolonización que tuvo lugar entre 1954 y 1962, el autor sugiere que la exhibición de la cortesía, la confianza y el honor15 son prácticas simbólicas que suspenden por un momento el interés de lucro que el economicismo presume en todas las sociedades.16 En este análisis Bourdieu se aparta de los estudios en los que predominan las relaciones materiales sobre las personales y que no incluyen una teoría de la relación subjetiva que dé lugar al conocimiento que los agentes mantienen con su verdad objetiva (Bourdieu 2010, 180). Sin ser un tema central en su análisis,17 el autor muestra el papel que desempeña la vida afectiva en los intercambios materiales y en la vida cotidiana. Esta aproximación etnográfica y sociológica plantea el problema fundamental del lazo existente entre las estructuras objetivas (las de los campos sociales) y las estructuras encarnadas (las de los habitus). En otras palabras, la disposición de los agentes para participar en el juego social que ofrece las regularidades objetivas de las cuales estos, a su vez, son un producto histórico. Con este planteamiento, el autor retoma el argumento del carácter indisociable entre lo corporal, lo psíquico y la acción social que en la primera mitad del siglo XX plantearon autores como Elias y Mauss. Pero es a Bourdieu a quien se le debe el hecho de esclarecer con mayor énfasis la relación entre la experiencia subjetiva y el aspecto corporal.

15 En la época en que Bourdieu hace su investigación sobre la economía del honor en Argelia, el etnólogo John Peristiany (1966) y la socióloga Helen Lynd (1958) realizan estudios concernientes al honor y la vergüenza. No obstante, el presente ensayo no desarrolla los análisis de estos autores. 16 El autor afirma que hacerse acreedor de confianza dentro la comunidad kabila es un mecanismo simbólico que concede garantías materiales. En sus palabras: “En una economía de la buena fe, un buen renombre constituye la mejor, si no la única, garantía económica” (Bourdieu 2010, 189). 17 El principal interés de Bourdieu es mostrar el lugar que tiene el intercambio de bienes simbólicos en las comunidades kabilies de Argelia. Fundamentalmente, su análisis se contrapone a las ideologías del interés económico y del homus economicus dominantes en las investigaciones de corte neoclásico y en los análisis marxistas determinados exclusivamente por los modos de producción. Para ello, el autor retoma los fundamentos de la etnología clásica de comienzos del siglo XX, específicamente de autores como Bronislaw Malinoswski y su crítica al utilitarismo, así como los trabajos de Marcel Mauss sobre el intercambio de dones, las prestaciones mutuas y el hecho social total.

Para la historiadora Monique Scheer (2012), la teoría de Bourdieu es particularmente útil para estudiar las emociones pues elabora más a fondo la relación del cuerpo físico con la estructura social, elementos que participan en la producción de la experiencia emocional. De acuerdo con la autora, para Bourdieu las emociones son prácticas que emergen de las disposiciones corporales siempre condicionadas por un contexto histórico y cultural (Scheer 2012, 193). Aunque Bourdieu rara vez se ocupa de la emoción como una categoría central, le abre un espacio de análisis al situarla como práctica o comportamiento que tiene incidencia en la realidad social (Scheer, 2012). De acuerdo con la autora, Desde la perspectiva de la teoría de la práctica, el aprendizaje de la respuesta emocional no solo es conceptual –un entendimiento de la catequesis, la escala de doce tonos, o algún aspecto de lo ideológico […], sino también encarnada, la respuesta emocional deseada necesariamente implica impartir la disposición corporal requerida, por ejemplo, en las posturas reverentes y silenciosas. (Scheer 2012, 216)

Esta formulación de la emoción en la obra de Bourdieu se puede comparar con la conceptualización de la antropóloga Michelle Rosaldo de las emociones como pensamientos encarnados, en la cual éstas siguen una lógica que no se opone al pensamiento, y con la conceptualización de Le Breton del afecto como un pensamiento en movimiento que el cogito no agota y en el que intervienen mecanismos inconscientes (Le Breton 1999, 111). La comprensión de las emociones como prácticas discursivas también tuvo lugar en los últimos trabajos de Michel Foucault (1999 [1981]) que subrayan la función especial que cumplen los discursos y las prácticas de sí en la constitución de la subjetividad. El concepto tecnologías del yo amplió la comprensión sobre la forma en la que el cuerpo y las emociones se relacionan y sobre las maneras en que ellas constituyen una vía para el dominio de la persona sobre sí misma. En este sentido, el control de los afectos —concepto formulado por Elias— “requiere una particular tecnología del yo, en la cual el sujeto es puesto en la posición de ser objeto de saber de sí mismo mediante procedimientos de gobierno” (Pedraza 2007, 13-14). En años posteriores, la exploración del vínculo entre la antropología del cuerpo y las emociones hace que el trabajo de David Le Breton (1999) constituya un aporte notable para el desarrollo de las Ciencias Sociales de las emociones. Para el autor, el lenguaje corporal es el vehículo que, por excelencia, expresa socialmente las emociones. Arraigadas en una cultura afectiva, las emociones se inscriben en un lenguaje de gestos y mímicas en principio reconocible (a menos que el individuo disimule su estado afectivo) por quienes comparten sus raíces sociales.

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Por lo anterior —y siguiendo a Durkheim—, para Le Breton la vida afectiva es el resultado íntimo de un aprendizaje social que le señala al individuo lo que debe sentir y cómo debe sentir, por ejemplo, “lo que provoca el dolor no es la muerte sino la significación que ésta reviste para los individuos” (Le Breton 1999, 115). La vida emocional no escapa al análisis antropológico, pues ella no responde a fenómenos humanos más o menos universales, sino a adquisiciones sociales que se expresan en la corporalidad, en las prácticas y en los discursos; también “en los recursos interpretativos (cognición y criterio propio) y la sensibilidad del sujeto” (Le Breton 1999, 106).

La antropología de las emociones En los años ochenta, el artículo The Antropology of Emotions escrito por Catherine Lutz y Geoffrey White sitúa el “nacimiento oficial de la antropología de las emociones” como campo interesado en la particularidad cultural de la afectividad (Flores y Abad 2010, 16). Dicho texto se elaboró sobre la base de una revisión de la literatura antropológica que desde mitad del siglo XX se ha interesado en el estudio de las emociones. Los autores encuentran en tales estudios una serie de tensiones epistemológicas clásicas (el positivismo-interpretativismo, el universalismo y el relativismo, estructura y la agencia) que han sido vistas de dos maneras: como aspectos indisociables o como elementos que relacionados entre sí son centrales para la elaboración de una teoría de la emoción (Lutz y White 1986, 406). Siguiendo lo anterior, Lutz y White subrayan que en los escritos antropológicos existe un predominio del paradigma evolutivo o de orientación psicodinámica de la emoción. Desde esta perspectiva, las emociones se constituyen “biológicamente como movimientos musculares faciales, aumento de la presión arterial, como procesos hormonales y neuroquímicos, y como instintos ‘cableados’ que constituyen una psique humana genérica” (Lutz y White 1986, 406). De acuerdo con los autores, la influencia de este paradigma en la antropología se debe al psicólogo americano Paul Ekman (1973) quien en los años sesenta retomó los enfoques naturalistas sobre la emoción al liderar un programa “transcultural” en el cual se estudiaron fotografías de las expresiones faciales de personas sometidas a una serie de experiencias como la muerte o la observación de descomposición de animales. Sobre la base de los resultados, Ekman y sus colegas concluyeron que el miedo, la ira, el asco, la felicidad y la tristeza son esencialmente los mismos en todas las culturas. En oposición al enfoque fisio-biológico y naturalista de las emociones, Lutz y White retoman la teoría cognitiva e interpretativa como base analítica para pensar las emociones como experiencias socialmente compartidas. En esta perspectiva, en los años setenta y comienzos de los ochenta se destacan los aportes del filósofo Robert

Solomon y la antropóloga Michelle Rosaldo. Sus trabajos enfatizan que las emociones deben interpretarse como adquisiciones culturales determinadas por las circunstancias de una cultura en particular y no como funciones de la biología y la psicología. El filósofo Robert C. Solomon (1984), desde una teoría cognitiva de las emociones, sugiere que éstas no son entidades en la conciencia, sino actos de conciencia que contemplan una intención con el mundo. Así, ha señalado que las emociones son de hecho algo que hacemos, no solo tenemos. Por ello, el autor se aparta de la teoría de la metáfora hidráulica que presenta “la imagen de la emoción como una fuerza dentro de nosotros, que se va llenando y extendiéndose”. Aquí, la emoción es una experiencia interior, una sensación, basada en una alteración fisiológica de un ahora. De acuerdo a Solomon, dicha suposición dominó las discusiones de las emociones en la primera década del siglo XX. La teoría hidráulica recibió su formulación clásica a partir de la teoría del psicólogo y filósofo norteamericano William James, que expresa que una emoción es la percepción de una perturbación visceral provocada por una percepción traumática (James 1884). Por ejemplo, “ver a un oso saltar hacia fuera delante de usted o encontrarse con un cubo lleno de sangre” (Solomon 1984, 238). Aunque las emociones básicas18 —como las llamaba el psicólogo John Watson— tengan una reacción fisiológica y sensorial previsible en varias sociedades, en última instancia son los pensamientos que la sociedad tiene acerca de dichas emociones lo que altera significativamente su expresión y su representación19 (Solomon 1984, 245). Una posición parecida ha defendido Le Breton en relación con las emociones como evaluaciones más o menos lúcidas de un acontecimiento por parte de un actor, siempre apoyado en un sistema de sentido y valores (Le Breton 1999, 22). En esta interpretación, las emociones emanan de un medio social y cultural, inclusive en el caso de las emociones que parecen íntimas y esenciales. 18 Según J. Watson hay tres emociones básicas: el miedo, la ira y el amor. Ellas responden a estímulos específicos, independientes de la experiencia consciente. En sus palabras, las emociones “son respuestas o hábitos viscerales”, en los que participa el estómago, la respiración y los intestinos; así como movimientos corpóreos como el llanto y la agitación. “Tal concepto, que formula a partir de 1919, constituye un ejemplar paradigmático de las aproximaciones que preconizan que las diferentes emociones son elicitadas por estímulos específicos” (Tortosa y Mayor 1992, 300). 19 El autor señala una restricción metodológica en esta formulación teórica. Siguiendo la observación de Marvin Harris [1968], Solomon critica la confianza excesiva de Margaret Mead en la identificación de los estados internos de las personas que conformaban su comunidad de estudio. Por ejemplo, la autora señala “ellos se rascan porque tenían una picazón”; no obstante, el autor se pregunta cómo Mead puede saber la naturaleza de los estados internos, por lo que no se trata de inferir la naturaleza interna de otras personas, sino de indagar el significado social de la expresión (Harris, citado en Solomon 1984).

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Por lo anterior, en la teoría cognitiva la pregunta no es definir qué son los sentimientos, sino qué dicen lógicamente las personas sobre ellos. Así, el enunciado “estoy enojada con mi hermana” no expresa un sentimiento interno, sino un juicio indirecto sobre alguna situación, persona u objeto externo. En este sentido, las emociones son juicios cognitivos que suponen creencias objetivas y una racionalidad en el sentido psicológico: “la habilidad para usar conceptos y tener razones para lo que uno hace y siente” (Solomon 1989, 38). Por ejemplo, los celos “abarcan alguna idea de ‘los derechos’ sobre otra persona” y la indignación está sujeta “a todas las restricciones y responsabilidades racionales de cualquier idea moral” (Solomon 1989, 45). En este sentido, lo que hace que una persona se enoje depende de las situaciones consideradas ofensivas o frustrantes. La misma acción inspirará indignación en algunas sociedades y en otras no. Desde un punto de vista antropológico, Rosaldo sugiere pensar una antropología de las emociones a partir del estudio de las manifestaciones simbólicas de los balineses de Clifford Geertz (1988 [1973]), cuyo mérito desde la antropología fue dejar de pensar lo interior como una esencia relativamente independiente del mundo social. Asimismo, reconoce los legados de Paul Ricoeur y Sigmund Freud sobre la tensión indisoluble entre significado y deseo, y la obra de Robert Solomon (1989) como un aporte de especial importancia en su intento por describir las emociones como situaciones e inclinaciones hacia la acción (Rosaldo 1984, 140). Siguiendo los anteriores enunciados teóricos y distanciándose de los postulados de la psicología que describen las emociones como una esencia interna e inmutable, Rosaldo se propone entender la relación entre afecto y cultura a la luz de los datos etnográficos. En su trabajo de campo elaborado con el pueblo filipino de los ilongotes en la década de los setenta, la autora expresa que para ellos no hay “una vida interna autónoma en oposición a la vida-en-el-mundo […] ellos no asumen una brecha entre el yo privado y la persona pública”.20 Así, el acto de matar no prueba el valor interno de un ilongot, sino que esto es un hecho social; la respuesta emotiva y fisiológica de un ilongot ante un duelo o ante un insulto no depende de la persona en cuanto self, sino de la interpretación que le otorgue el grupo social.21 Con estos datos etnográficos, Rosaldo concluye que las emociones no son opuestas al pensamiento, sino interpretaciones involucradas con el cuerpo, en sus palabras: “pensamientos encarnados” (Rosaldo 1984, 142).

20 Por ejemplo, la ira es vista como una emoción que afirma la igualdad social entre los ilongotes y no como un asunto concerniente al individuo por sí mismo. 21 Aunque la autora solamente se refiere a Mauss en un pie de página para hacer la distinción entre yo y persona, estas formulaciones de alguna manera ya habían aparecido en la indagación del autor sobre la proyección de lo social sobre lo individual en las comunidades de Australia y Nueva Zelanda.

Siguiendo las formulaciones etnológicas de M. Rosaldo sobre la relación entre emoción y pensamiento, Lutz y White (1986) proponen un campo llamado antropología de las emociones que se oponga a los estudios emocionales de corte psicológico y universal, y opte por indagar el significado cultural y variable en el que se encuentra inscrita la emoción (Lutz y White 1986, 423). Este campo de influencia en la antropología norteamericana en la década de los ochenta se interesó por el estudio de las estrategias persuasivas que emplean los actores sociales para expresar las emociones a través de múltiples canales y para manipular los acuerdos abiertos y encubiertos de los eventos ( Lutz y White 1986, 424). Al respecto, resultan significativos los estudios etnológicos y lingüísticos de Lutz (1982) sobre el uso diferenciado del lenguaje emocional entre varios pueblos de Oceanía que presentan una visión alternativa de la teoría jamesiana y de la antropóloga Abu-Lughod que muestra cómo los beduinos egipcios afirman su aceptación o desafío al sistema de jerarquía social por medio de los discursos sobre la emoción —vinculados a la ideología del honor y el pudor— (Abu-Lughod 1986). Desde esta perspectiva, la antropología de las emociones responde al giro lingüístico22 y al debate posestructuralista de los años setenta en las Ciencias Sociales, al otorgar una especial importancia al discurso emocional como conocimiento práctico, mediante el cual “los agentes generan estrategias mejoradas y renovadas dentro de límites estructurales de los cuales son productos” (Pinheiro 2006, 140). Así, las emociones pueden imponerse por convención, pero además, los individuos las pueden utilizar de maneras estratégicas.

El enfoque interpretativo de la cultura y la cuestión emocional La antropología de las emociones reconoce su deuda con la antropología simbólica introducida por Cliford Geertz a mediados de la década de los setenta. En esta propuesta, Geertz se aleja de la investigación etnográfica que toma métodos de las ciencias naturales para mostrar los datos como más puros que los derivados de otras clases de indagación social (Geertz 1988 [1973], 26-34). También, el autor cuestiona los presupuestos teóricos 22 El denominado giro lingüístico reconoce la importancia del lenguaje en la construcción de la realidad social y la naturaleza necesariamente interpretativa y relativa de la cultura. Al respecto, resulta sugerente la observación de R. Chartier quien sostiene que la radicalidad del planteamiento, particularmente de origen estadounidense, del lenguaje como constructor de realidades, puede caer en una suerte de lógica logocéntrica al afirmar que “la realidad no es accesible sino a través de los textos que quieren organizarla, someterla o representar”, omitiendo otras determinaciones (sociales, religiosas, culturales, etc.) que delimitan el análisis del discurso (Chartier 1995 [1985], 9). Este texto explora dicha crítica más adelante.

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del estructuralismo de Lévi-Strauss23 y su insistencia en concebir la etnología como una ciencia positiva (Geertz 1988 [1973], 295). Por lo anterior —y siguiendo la filosofía hermenéutica de Paul Ricoeur—, Geertz abraza un concepto semiótico de cultura y un enfoque relativo de su estudio. Desde esta perspectiva, no se puede acceder a la cultura a partir del hecho y la explicación causal, sino más bien, mediante la significación de lo dicho en el flujo del discurso social. El autor considera que los datos “son realmente interpretaciones de interpretaciones de otras personas sobre lo que ellas y sus compatriotas piensan y sienten” (Geertz 1988 [1973], 23). Así, en su libro La interpretación de las culturas (1973) el autor concibe la investigación antropológica como una actividad de interpretación y menos como una actividad de observación y explicación. El autor ilustra este punto con la descripción de las riñas de gallos, suceso mediante el cual interpreta el mundo simbólico compartido en la experiencia del juego en una aldea de Bali en los años sesenta. Allí, Geertz parece indicar que la realidad social se reduce a un texto—las riñas— que el etnógrafo interpreta y fija para su consulta mediante la escritura (Geertz 1988 [1973], 32). Aunque la perspectiva interpretativa insistió en el hecho de que la vida subjetiva se concreta en el plano cultural y visualizó lo emocional como un elemento que une y posiciona a los individuos dentro de una sociedad particular, a finales de los años ochenta varios antropólogos e historiadores acusaron al enfoque interpretativo formulado por Geertz de liberar lo simbólico de los escenarios históricos e institucionales en los que se encuentra (Hourcade 1995; Biersack 1989). Por ejemplo, en su estudio sobre la sociedad balinesa no queda claro el vínculo entre la sensibilidad que suscita la riña de gallos —el estremecimiento del riesgo, la desesperación de la pérdida, el placer del triunfo— con otros textos y con procesos sociales de mayor envergadura. Aunque Geertz advierte que el enfoque simbólico de la cultura no es un subjetivismo,24 pareciera que sus planteamientos se encaminan hacia esa dirección. En el artículo titulado Local Knowledge, Local History: Geertz and Beyond (1989), la antropóloga norteamericana Aletta Biersack le critica a Geertz el hecho de no ofrecer evidencias de las interpretaciones sobre el suceso de las

23 Levi Strauss se opone a la influencia de la fenomenología en el análisis etnográfico. El autor considera que la experiencia no es una vía para llegar a la realidad, aunque después haya que reintegrarla en el análisis objetivo (Geertz 1988 [1973]). 24 Al respecto, el autor advierte “el peligro de que el análisis cultural, en busca de las tortugas que se encuentran más profundamente situadas, pierda contacto con las duras superficies de la vida, con las realidades políticas y económicas dentro de las cuales los hombres están contenidos siempre, y pierda contacto con las necesidades biológicas y físicas en que se basan esas duras superficies” (Geertz 1988 [1973], 40).

riñas de gallos, las cuales parecen ser más proyecciones propias que una comprensión de los nativos desde el punto de vista del nativo. La autora afirma que el particularismo de Geertz y su rechazo de la explicación y generalización han sido objeto de controversia en la década de los ochenta por parte de antropólogos norteamericanos como Ronald Walters y Marshall Sahlin. Los autores coinciden en que Geertz elabora “brillantes lecturas de situaciones individuales, pero no muestra cómo los ‘textos culturales’ se relacionan entre sí o con los procesos generales de cambio económico y social” (Biersack 1989, 79). Por otra parte, el enfoque interpretativo de la cultura también influyó en la Historia Cultural, especialmente a partir de la publicación y éxito editorial de La rebelión de los obreros: La gran matanza de gatos en la calle Saint-Séverin (1987) del historiador norteamericano Robert Darnton. Específicamente, su ensayo dedicado a la masacre de gatos en París del siglo XVIII, comparte el concepto interpretativo de cultura de Geertz con quien Darnton presentó un seminario sobre el tema Historia y Antropología durante seis años en la Universidad de Pricenton.25 La masacre de gatos se asemeja a la pelea de gallos de Bali en que a) comprende la cultura como la existencia de un universo simbólico compartido; b) accede a la cultura a partir de un solo texto que contiene la narración de la masacre de gatos; c) nos presenta la fuente como un modo de acceder a la interpretación que la cultura da a sí misma; d) presenta la masacre como mundo imaginativo y emotivo compartido. Dicha similitud suscitó diversos debates en el campo de la historia cultural, de los cuales resultan sugerentes las críticas de Chartier (1995 [1985]) quien, entre otras cosas, le reprocha a Darnton el hecho de hacer un uso metafórico del texto escrito que lo induce a interpretarlo sobre la base de formas codificadas en el repertorio de la cultura popular, y no como el producto de la invención original. Aunque Darnton afirma ser consciente del riesgo de sobreinterpretación al mostrar que todos los impresores “leían todo tipo de significados” del incidente de los gatos, para él no se trata de descifrar literalmente el relato, sino de indagar las significaciones sociales que evoca el mismo,26 mediante las cuales se entrevén las transformaciones históricas de una vida emotiva distinta de la nuestra. Así, lo que en el siglo XVII producía placer como la quema de gatos, hoy sencillamente nos produce desagrado o sentimientos de vergüenza e indignación.

25 Valga aclarar que la obra de Darnton incluye problemáticas e influencias más amplias dentro del campo de la historia cultural, por ejemplo, en lo concerniente al pensamiento ilustrado y la historia del libro. 26 Al respecto, el autor agradece los aportes de la antropología simbólica al mostrar que no existe una relación directa y sin ambigüedad entre un símbolo y una cosa. Al respecto, véase, por ejemplo, Victor Turner (1974) cuyo estudio en los años sesenta se enfocó en la multivocalidad de los símbolos.

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En suma, en la década de los ochenta se formularon debates alrededor de las insuficiencias del enfoque interpretativo en la antropología y la historia cultural. Básicamente, se le acusó de no resolver empíricamente las dicotomías explicación-interpretación,27 realidad-narración, lógica práctica-lógica escrita, estructuralismo-hermenéutica y campo estructurado de signos (Lévi-Strauss 1971 [1950]) —campo contextual del discurso (Geertz 1988 [1973]). A pesar de la crítica que las Ciencias Sociales hicieron en los ochenta al enfoque interpretativo por supeditar lo subjetivo al orden de lo textual y discursivo, dicha perspectiva dio luces sobre las posibilidades de incluir lo simbólico en la historia cultural28 e influyó en tendencias como la antropología de las emociones, cuyos estudios etnológicos complejizaron el repertorio afectivo de las culturas no occidentales y se opusieron a las afirmaciones dominantes de la época, fundadas en el carácter universal e inmutable de la emoción. En este sentido, el enfoque interpretativo ofreció una orientación general para comprender cómo los sujetos son continuamente involucrados en la aprehensión, interpretación de los modelos simbólicos recibidos y de tipos específicos de emotividad social, advirtiendo claro, que esta perspectiva no fue del todo novedosa en los años setenta ni tampoco la única influencia para el estudio sobre lo simbólico y la vida afectiva durante este periodo.29

inicia con la definición de las emociones en las Ciencias Humanas, pasa por la vinculación de las emociones a aspectos locales, históricos y sociales de mayor envergadura y finaliza con su incorporación en los procesos subjetivos y culturales de los cuales se preocuparon los estudios antropológicos y sociológicos posteriores a la segunda mitad del siglo XX. La idea sostenida por cognitivistas, sociólogos y antropólogos sobre las emociones y los sentimientos es que son socialmente construidos y que sus formas de expresión cambian social y culturalmente, permite que estas categorías de estudio puedan ser aprovechadas para visualizar el significado histórico y social de la vida interna o subjetiva. Aunque está pendiente el desarrollo de estos acercamientos en las últimas décadas,30 así como un análisis de la dirección que podría tomar una investigación sobre las emociones y los sentimientos en Colombia en relación con procesos sociales y culturales particulares, y sobre la situación de su tratamiento en las ciencias sociales nacionales, en este texto se presentan unos planteamientos para quienes se acercan a esta temática o se encaminan hacia la elaboración de estudios detallados y situados.

Referencias 1.

Conclusiones El texto ofrece un panorama cronológico y descriptivo de los debates teóricos y temáticos que se desarrollaron en las Ciencias Sociales a partir de la atención prestada a las emociones y los sentimientos como categorías de análisis socio-históricas y como objeto de estudio cultural a lo largo del siglo XX. Este recorrido histórico

27 Sobre el desacertado hábito del sociólogo y del historiador de oponer explicación con interpretación, véase Passeron (2011).

28 Desde otra perspectiva, en los años setenta, los historiadores franceses de los Annales, y particularmente de las mentalidades, hicieron una contribución significativa a la historia cultural al referirse a nociones como lo simbólico, las sensibilidades y las representaciones colectivas. Al respecto se destacan autores con enfoques e influencias diversas como George Duby (1990 [1988]), Jean Delumeau (1989 [1978]), Paul Veyne (1984 y 2009 [1975]), Alain Corbin y Michell Perrot (1993 [1987]). En la década de 1980 en el mundo de habla inglesa, el interés por la historia de las emociones se asoció especialmente a historiadores culturales como Theodore Zeldin (1973), Peter Gay (1984), y Peter Stearns y Carol Stearns (1985), el último proclamó un campo llamado Emotionology. 29 Vale recordar los aportes de los autores de la llamada primera generación de los annales: March Bloch, Johan Huizinga y Lucien Febvre. Este último estudió el problema de la incredulidad en el siglo XVI apoyado en la psicología norteamericana, especialmente de su amigo Henri Wallon (1879-1962) quien recurre a nociones lacanianas como lo real, lo simbólico e imaginario. No obstante, el autor aclara que mientras la psicología se ocupó de las estructuras individuales, la psicohistoria se ocupó de los colectivos, por lo que les atribuye una historicidad a las sensibilidades (Revel 1995).

3. 4.

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30 En la revisión del desarrollo del tema durante las últimas décadas se destacan los estudios del historiador y antropólogo estadounidense William Reddy (que se oponen a los “emocionologistas”) y la línea de los construccionistas sociales cuyas teorías afirman que no existe un órgano de las emociones en absoluto: todo se reduce al discurso e incluso la biología se entiende como construida por los regímenes culturales de poder (Reddy 1997; Bourke 2003). Bajo la influencia teórica de Reddy, la avalancha actual sobre las emociones —principalmente estadounidense y europea— enfatiza en conceptos como comunidad emocional y refugio emocional para referirse a las prácticas de libertad y a los lugares en que los individuos pueden refugiarse ante las expectativas emocionales de una sociedad particular, preocupación que deja entrever un interés por la relación entre las maniobras de los individuos y las reglas emocionales dominantes en una sociedad dada (Confino 2010; Keys 2013; Reddy 2014; Rosenwein 2002; Scheer 2012; Bourke 2003). No obstante, dar cuenta de las implicaciones teóricas y metodológicas que acarrean dichas posiciones no es el objetivo del presente texto.

El estudio socio-histórico de las emociones y los sentimientos | Leidy Paola Bolaños Florido

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El estudio socio-histórico de las emociones y los sentimientos | Leidy Paola Bolaños Florido

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Debate

Los debates del giro ontológico en torno al naturalismo moderno 193-204

Daniel Ruiz Serna – McGill University, Canadá Carlos Del Cairo – Pontificia Universidad Javeriana, Colombia

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Los debates del giro ontológico en torno al naturalismo moderno Daniel Ruiz Serna* – Carlos Del Cairo** DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res55.2016.13

R E S U M E N | El giro ontológico agrupa un conjunto de perspectivas que coinciden en su interés por plantear alternativas al dualismo entre naturaleza y cultura que estructuró el naturalismo moderno. Al poner en cuestión la concepción de qué es lo real, estas perspectivas reivindican formas alternas de entender las articulaciones entre lo natural y lo cultural, y a partir de allí plantean interesantes desafíos para la comprensión de las relaciones sociales del mundo contemporáneo. En el campo de los conflictos socioambientales, ciertas líneas de la ecología política reivindican que los “conflictos de distribución cultural” no pueden soslayarse. En tal sentido, el giro ontológico propone claves conceptuales que pueden resultar interesantes para comprender la configuración de tales conflictos. El artículo aborda de manera sintética los planteamientos de algunos autores destacados en el giro ontológico, muchos de ellos vinculados al campo de la antropología, y ofrece una cartografía general e introductoria sobre este giro útil para aquellos que empiezan a acercarse a este campo de análisis. PA L A B R A S C L AV E | Naturaleza, cultura (Thesaurus); teoría social, perspectivismo, ontologías relacionales (palabras clave de autor).

The Ontological Turn Debates on Modern Naturalism A B S T R AC T | The ontological turn assembles a set of different perspectives that coincide in their interest in offering alternatives to the nature/culture divide that has been the hallmark of modern naturalism. By calling into question what we conceive of as real, these perspectives vindicate alternative ways of interpreting the articulations between the natural and the cultural, and on that basis they pose interesting challenges for understanding social relations in the contemporary world. In the field of socioenvironmental conflicts, some lines of thought in political ecology insist that “conflicts of cultural distribution” cannot be easily evaded. In this sense, the ontological turn offers conceptual keys that can help to understand how such conflicts emerge. The article takes a synthetic approach to the work of some authors who are considered outstanding exponents of the ontological turn, many of whom are linked to the field of anthropology, and it offers a general and introductory, albeit not exhaustive, cartography of this useful turn for those who are beginning to look into this field of analysis. K E Y W O R D S | Nature, (Author’s keywords).

culture

(Thesaurus);

social

theory,

perspectivism,

relational

ontologies

Os debates da virada ontológica sobre o naturalismo moderno R E S U M O | A virada ontológica agrupa um conjunto de perspectivas que coincidem em seu interesse por propor alternativas ao dualismo entre natureza e cultura que o naturalismo moderno estruturou. Ao pôr em questionamento a concepção do que é o real, essas perspectivas reivindicam formas alternativas de entender as articulações entre o natural e o cultural, e, a partir disso, apresentam relevantes desafios para a compreensão das relações sociais do mundo contemporâneo. No campo dos conflitos socioambientais, certas linhas da ecologia política reivindicam que os “conflitos de distribuição cultural” não podem ser eludidos. Nesse sentido, a virada ontológica propõe chaves conceituais que podem resultar relevantes para compreender a configuração desses conflitos. Este artigo aborda, de maneira sintética, as proposições de alguns autores destacados na virada ontológica, muitos deles vinculados ao campo da antropologia, e oferece uma cartografia geral e introdutória sobre essa virada útil para aqueles que começam a se aproximar desse campo de análise. PA L AV R A S - C H AV E | Natureza, cultura (Thesaurus), teoria social, perspectivismo, ontologias relacionadas

(palavras do autor). * **

Maestría en Antropología por McGill University (Canadá) y candidato a doctor en Antropología por la misma Universidad. * daniel.ruiz-serna@mail.mcgill.ca Ph.D. en Antropología por la University of Arizona (Estados Unidos). Profesor de la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia). * cdelcairo@javeriana.edu.co

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DEBATE

Introducción De acuerdo con algunas “metáforas chamanísticas” de los tukano de la Amazonía, la fuerza vital de las personas semeja los ríos, desde sus cabeceras hasta su desembocadura (Reichel-Dolmatoff 1997, 141). Por su parte, los campesinos de la serranía de La Macarena guardan especiales precauciones con peligrosos depredadores como los jaguares, que para calmar su sed de venganza pueden perseguir por varios días al mismo hombre que falle en su intento de cazarlos (Ruiz Serna 2010, 345). En Perú, una persona arahuaca de la Selva Central puede resultar “víctima de un ataque por parte del espíritu de una determinada roca” (Santos-Granero 2010, 663). Esas sensibilidades frente a ríos, jaguares y rocas demuestran que el paisaje o la naturaleza, en su sentido más amplio, es mucho más que un recurso o la escenografía en la que discurre la actividad humana. Algunos consideran que estas sensibilidades escapan a las formas dominantes de concebir la naturaleza y que entrañan “conflictos de distribución cultural”, como los cataloga Escobar (2012). La singularidad de esos conflictos consiste en que “no derivan de la diferencia cultural por sí misma, sino de la diferencia que esta diferencia marca en términos de control sobre la definición de la vida social” (Escobar 2012, 132). El análisis de este tipo de conflictos se concentra en “averiguar cómo las diferencias culturales crean o propagan las desigualdades en el poder social, por lo general mediante la imposición de un conjunto de normas culturales asumidas como ‘naturales’ y universales” (Escobar 2012, 130). En el campo específico de las relaciones con la naturaleza, el dominio de ciertas formas particularmente poderosas de conceptualizarla ocluye formas alternativas de experimentar el mundo natural, y también silencia algunas de las propiedades que sociedades histórica y socialmente situadas identifican en ella. En los últimos años, las vertientes teóricas que se agrupan en el llamado “giro ontológico” han resultado particularmente influyentes para comprender el campo de los conflictos de distribución cultural en torno a la relación de las sociedades y la naturaleza (Blaser 2013a). Sin embargo, antes que ser un proyecto intelectual unificado, el giro ontológico comporta un variado conjunto de planteamientos que coinciden en su búsqueda por formular alternativas teóricas que apunten a reconocer formas de conceptualización de la naturaleza diferentes a las que dominan en el naturalismo heredero de la racionalidad moderna occidental. En este artículo haremos una revisión abreviada de los argumentos de algunos de los autores que suelen contarse entre los más influyentes en este giro ontológico, y otros cuyas propuestas son menos visibles pero no menos interesantes para discutir formas alternativas por medio de las cuales muchas sociedades conceptualizan e interactúan con su entorno, y que configuran también un nodo central en los conflictos socioecológicos contemporáneos, propósito de singular

valor en las líneas de la ecología política post-constructivista. Como sucede a menudo, los trabajos de revisión y síntesis como el que pretendemos hacer en este artículo, corren el riesgo de simplificar discusiones densas y de cometer arbitrariedades en la elección de los enfoques o autores. A pesar de ello, pretendemos elaborar un esbozo ilustrativo y no exhaustivo de tales enfoques que puede servir como una cartografía general e introductoria para aquellos que empiezan a acercarse a este campo de análisis. El artículo se organiza de la siguiente manera: primero expondremos los planteamientos centrales de Philippe Descola y Eduardo Viveiros de Castro —investigadores reconocidos entre los más influyentes de ese giro— en torno a las rutas ontológicas y el perspectivismo multinaturalista que configuran, respectivamente, el núcleo de sus propuestas. Luego sintetizaremos los argumentos de Eduardo Kohn y Elizabeth Povinelli quienes intentan fundamentar cada uno a su manera la necesidad de que campos como la antropología trasciendan el anthropos y exploren una antropología “más allá de lo humano” (Kohn) o de lo “diferente” (Povinelli). Por último, exploraremos los argumentos en torno a la ontología política que proponen Mario Blaser, Marisol De la Cadena, y la “ecología de las prácticas” de Isabelle Stengers, que introducen planteamientos interesantes para discutir las estrategias que producen, visibilizan y ocluyen ciertas formas de diferencia cultural y natural en términos políticos.

El giro ontológico como pluralización del dualismo Son variadas las discusiones teóricas y epistemológicas que han tenido lugar en décadas recientes en la teoría social a propósito de la búsqueda de alternativas al binomio moderno naturaleza/sociedad. El rasgo común más importante que comparten las lecturas críticas de tal binomio consiste en su búsqueda por “[i]r más allá del dualismo [porque] abre[n] un paisaje intelectual completamente diferente, un paisaje en el que los estados y las sustancias son sustituidos por procesos y relaciones; [un paisaje en el que] la cuestion más importante ya no es cómo objetivar sistemas cerrados, sino cómo explicar la propia diversidad de los procesos de objetificación” (Descola y Pálsson 2001, 23). Conceptos como la hibridez (Ogden 2011), el conocimiento íntimo (Raffles 2002), lo multiespecie (Kirksey y Helmreich 2010), las especies compañeras (Haraway 2008), el actor-red (Callon 1999; Law 1992; Latour 2008) o los ensamblajes de híbridos (Latour 1999), configuran alternativas conceptuales sobre las fronteras sinuosas y porosas que articulan a los humanos y no humanos en un mismo eje de co-constitución. El giro ontológico representa una empresa intelectual de particular envergadura: pretende disolver las certezas que forjó la modernidad sobre la naturaleza al

rev.estud.soc. No. 55 • enero-marzo • Pp. 193-204 • ISSN 0123-885X • eISSN 1900-5180 · DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res55.2016.13

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juzgarlas reduccionistas, etnocéntricas, anticuadas y, hasta cierto punto, ingenuas. Por siglos el pensamiento occidental apuntaló una percepción de la naturaleza que obedeció, primero, a un encuadre antropocéntrico y luego a uno racionalista, en los cuales esta debía ser dominada para satisfacer las necesidades humanas. En una línea que se remonta a Hegel, de acuerdo con Harvey (1996, 127), este proceso es la “marca registrada” del desencantamiento del mundo que está en la base del modelo capitalista occidental. Esas ideas constituyen el naturalismo moderno, es decir aquél que hizo de la naturaleza y la sociedad dos dimensiones no sólo diferentes sino antagónicas entre sí. El revisionismo teórico que encarna el giro ontológico es, sin embargo, un proyecto tardío a juzgar por los tempranos informes etnográficos de numerosas sociedades no occidentales en las que en lugar de ser dimensiones separadas, la naturaleza y la sociedad estaban estrechamente imbricadas conformando una suerte de continuum que desafiaba la episteme moderna. Las perspectivas monistas en teoría social sobre las relaciones naturaleza/sociedad son fecundas y variadas. A pesar de sus acentos, giran en torno a un proyecto intelectual denso: lograr lo que algunos llaman una epistemología ecológica, es decir, un modo de conocimiento que intenta alejarse del mecanicismo que promueven algunas vertientes de la ciencia por la vía de comprender las interacciones humanas y naturales explorando sus conexiones sin presuponer arbitrariamente sus divisiones (Garrido 2007). Algunos autores han forjado en años recientes aparatos conceptuales, encuadres teóricos y sensibilidades metodológicas para explorar apropiadamente tales conexiones. En la siguiente sección pasaremos revista de manera breve a algunas de ellas que suelen contarse en el debate como algunas de las más influyentes.

Los referentes ontológicos ¿Qué tipo de realidades emergen cuando se desestabiliza la certeza de la dicotomía naturaleza/cultura? ¿Cuáles son sus propiedades? ¿Qué nos dicen esos mundos posibles acerca de las relaciones que los humanos pueden establecer con no-humanos o con ciertos lugares? ¿Y acerca del conocimiento mismo? Estas son algunas de las preguntas que Philippe Descola y Eduardo Viveiros de Castro intentan responder cada uno en su obra. Aunque en la literatura especializada suele destacarse la convergencia de sus planteamientos, se verá que sus alcances e intencionalidades son sensiblemente diferentes. Fundamentado inicialmente en su trabajo entre los Achuar de la Amazonía ecuatoriana y peruana, la obra de Descola es una de las más influyentes al momento de trazar rutas comprehensivas en torno a las relaciones entre sociedad y naturaleza. Su erudito y enciclopédico

trabajo Más allá de naturaleza y cultura (Descola 2012) constituye un esfuerzo teórico mayor para entender algunas propiedades generales del mundo social en clave ontológica y ya no culturalista, a la manera más clásica lévistraussiana, en la que se inspira fuertemente. Descola describe la ontología como el “sistema de las propiedades que los seres humanos atribuyen a los seres”1 (Descola 2006, 139) y que interviene en la determinación del tipo de relaciones posibles entre entidades humanas y no-humanas. Es importante señalar que su trabajo no constituye en modo alguno un intento por identificar principios universales o proveer a la antropología, su campo disciplinar, con un modelo clasificatorio de distintas sociedades, sino que su empresa intelectual es más bien una suerte de “maquina experimental” (Descola en Kohn 2009, 144), una serie de modelos o tipos ideales (Taylor 2013) construidos bajo unos principios de composición en los que se mezclan atributos físicos y cualidades internas. Descola describe cuatro posibles modos de relación o, como él mismo las denomina, “rutas ontológicas” (Descola 2012) que resultan de la clasificación de distintos seres en términos de sus atributos físicos —forma externa, cuerpos, substancia, procesos perceptivos y sensorio motrices— y sus cualidades internas —subjetividad, intencionalidad, agencia—. El primero de ellos es el animismo, en el que los humanos y no-humanos comparten una interioridad espiritual pero poseen cuerpos radicalmente diferentes; el segundo es el naturalismo, en el que no-humanos y humanos poseen atributos físico-químicos similares pero solamente estos últimos tienen espíritu y subjetividad; el tercero es el totemismo, en el que humanos y no-humanos están ligados entre sí por virtud de sus similitudes internas y físicas; y finalmente está el analogismo, en el que humanos y no-humanos aparecen como un ensamblaje de esencias fragmentadas. Estas rutas ontológicas no constituyen sistemas puros ni cerrados que coincidan necesariamente con ciertas adscripciones identitarias o étnicas. Es decir, en una sociedad dada puede predominar una actitud ontológica particular sin que ello excluya otro tipo de valores o prácticas que pueden parecer, por momentos, contradictorias con los principios sociales y éticos de una ontología particular. Por ejemplo, aunque se podría adscribir un tipo de ontología naturalista al tipo de relación que la mayor parte de sociedades urbanas occidentales construye con los animales (humanos y animales son especies biológicas sujetas a las mismas fuerzas evolutivas pero sólo los humanos tienen conciencia, alma y lenguaje), ello no excluye que cierta gente dentro de estos contextos establezca relaciones profundamente espirituales con seres que, como sus mascotas, se imbrican estrechamente en sus cotidianidades, ni que músicos o artistas le atribuyan

1 Es nuestra la traducción al español de todos los textos citados, publicados originalmente en inglés.

Los debates del giro ontológico en torno al naturalismo moderno | Daniel Ruiz Serna · Carlos Del Cairo

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cierta agencia y personalidad a sus instrumentos y útiles de creación. Según Descola, las rutas ontológicas resultan de vital importancia para examinar la manera en que distintas sociedades se relacionan con el mundo natural, y se han mostrado útiles para analizar histórica y estéticamente ciertas actitudes y sensibilidades en torno a la naturaleza.2 El trabajo de Descola es muy perspicaz en los términos con los que problematiza la división naturaleza-cultura y aboga por una comprensión alternativa de las relaciones que los humanos establecen con otro conjunto de entidades (orgánicas y no orgánicas). También busca disolver la interpretación multiculturalista de la realidad: al formular las relaciones que los humanos establecen con los no-humanos en términos de ontologías, Descola presupone la existencia de una multiplicidad de realidades y de mundos, superando las tradicionales interpretaciones relativistas que dan por sentada la existencia de una sola y consolidada realidad (naturaleza) a la que se tiene acceso mediante ciertos marcos interpretativos histórica y socialmente situados (cultura). Comprendidas de ese modo, las rutas ontológicas desestabilizan la noción misma de naturaleza, no porque ella no exista sino porque deja de ser la noción estable de una realidad sobre la que se construyen variadas representaciones o visiones. En este sentido disciplinas como la antropología que se han enfocado en comprender el reino del anthropos (Descola y Pálsson 2001) deben superar esa frontera y enfocarse en la comprensión de los modos de emergencia de distintas naturalezas o realidades. Al hablar de ontologías, Descola explora entonces las diferentes posibilidades de ser en el mundo, sugiriendo que diferentes relaciones con los no-humanos posibilitan diferentes tipos de mundos, cada uno con propiedades singulares. Por ejemplo, no son equivalentes las relaciones éticas que un sujeto puede establecer con un animal al que considera un par espiritual que con uno al que considera un autómata o machina animata, como describiera Descartes. Desde ese encuadre, más que describir las relaciones entre humanos y no-humanos en términos de variaciones culturales o representaciones, la obra de Descola propone establecer, como señala Bruno Latour, que la gente difiere no solamente en términos de sus culturas sino también en sus naturalezas, más específicamente, “en la manera en que ellas construyen relaciones entre humanos y no-humanos” (Latour 2009, 2).

2 Por ejemplo, el filósofo francés Michel Serres dedicó el libro titulado Écrivains, savants et philosophes font le tour du monde (2009) a exponer cómo la obra de algunos escritores, filósofos y artistas puede ser ubicada como cercana o no a ciertas ontologías. El mismo Descola coordinó una exposición en el Museo del Muelle Branly (2010) en la que se analizaron e interpretaron más de 160 diferentes obras artísticas a la luz de las perspectivas ontológicas expuestas por él.

Con un planteamiento sensiblemente distinto al de Descola, aunque igualmente proclive a reformular las constricciones epistemológicas de la antropología para llevarlas al terreno ontológico, Eduardo Viveiros de Castro elabora la noción de perspectivismo multinatural para dar cuenta de una actitud y una interpretación acerca del modo en que humanos, animales y espíritus se relacionan y se ven a sí mismos: Típicamente los humanos, en condiciones normales, ven a los humanos como humanos y a los animales como animales […] Los animales predadores y los espíritus, por su parte, ven a los humanos como presas, mientras que las presas ven a los humanos como espíritus o como predadores […] [Los animales y espíritus] se perciben como seres antropomorfos cuando están en sus casas o en sus aldeas, y aprehenden sus comportamientos y sus características bajo una apariencia cultural. (Viveiros de Castro 2010, 35-36)

El perspectivismo amerindio puede ser sucintamente definido como una ontología en la que el mundo es aprehendido desde diferentes puntos de vista por diferentes clases de seres —cada uno de ellos provisto de conciencia y cultura—, quienes, a su vez, se perciben a sí mismos como humanos al tiempo que definen a otros seres como no-humanos. Hace énfasis en la noción de punto de vista, esto es, un conjunto de disposiciones perceptuales y afectivas que se encuentran arraigadas o incorporadas en cada sujeto. Aquí, cuerpo no hace simplemente referencia a las diferencias físicas entre especies sino al conjunto de “modos de ser que constituyen un habitus” (Viveiros de Castro 2003, 219), es decir, las capacidades que singularizan a cada especie: lo que come, dónde vive, cómo se mueve, etcétera. Más que una multiplicidad de representaciones acerca de un mismo mundo, el perspectivismo supone que humanos o jaguares, por ejemplo, aprehenden el mundo bajo el mismo tipo de categorías (que asumen la forma de cultura) y que lo que cambia es el mundo que cada uno ve: “lo que para nosotros es sangre, para el jaguar es cerveza de mandioca […] lo que vemos como un barrizal, para los tapires es una gran casa ceremonial” (Viveiros de Castro 2003, 217). De allí que el perspectivismo descanse en la premisa según la cual el mundo puede ser aprehendido en términos similares por diferentes tipos de seres, que los diferentes cuerpos crean diferentes puntos de vista y que lo que une a humanos y no-humanos es cultura y no naturaleza puesto que humanos, animales o espíritus habitan diferentes cuerpos y por lo tanto configuran diferentes tipos de naturalezas. Más allá de reconocer la existencia de puntos de vista en multiplicidad de seres que en la filosofía occidental aparecen como desprovistos de mundo, tal y como sugiere Martin Heidegger respecto a los animales (Agamben 2004, 61), el énfasis en que el punto de vista

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es una propiedad de los cuerpos3 y no del espíritu —que por lo demás es universal si atendemos a las cosmologías amazónicas— es que la representación del mundo, su aprehensión y percepción son cualidades susceptibles de ser halladas en todo aquel que posea un punto de vista, es decir un cuerpo. La similitud entre las maneras de aprehender el mundo, por un lado, y la diversidad de cuerpos y puntos de vista, por el otro, crea algunas preocupaciones pragmáticas y morales que se ven constantemente reflejadas en la atención que en la Amazonía se da a temas como el canibalismo o las metamorfosis chamánicas (Viveiros de Castro 2012). Lejos de ser una antropomorfización del mundo, Viveiros de Castro argumenta que el perspectivismo constituye una interpretación del tipo de relaciones que pueden establecer diferentes tipos de seres entre sí, y con otros a quienes piensan como distintos. La configuración de esas realidades perspectivistas opera a partir de las habilidades de algunos seres para traspasar las fronteras ontológicas de su propia realidad y asumir otra perspectiva: es el caso de los chamanes o de no-humanos que cortejan humanos, como lo narran distintos mitos de la cosmología amerindia. A unos y otros sus sensibilidades les permiten entrar en esos diálogos con otras perspectivas y derivar de él las estrategias de colaboración y aprovechamiento mutuo que los vinculan, bien para mantener relaciones de respeto basadas en la reciprocidad y el intercambio, o bien para sacarse provecho a través de prácticas predatorias. De allí que no se trata de un mundo perfecto y ordenado, sino de uno en el que las relaciones entre seres humanos y no-humanos exigen pautas, pagamentos y precauciones. Un mundo poblado por seres con agencia y perspectiva configura un campo de análisis particularmente denso que no se puede soslayar. Allí se puede explorar la complejidad de lo que representa el mundo “natural” para quienes se adscriben a una cosmología monista. Como arguye Viveiros de Castro, el asunto no es de taxonomía —qué animales, vegetales u otros no-humanos como los ríos o los cerros poseen esas cualidades perspectivistas que los hacen expresión análoga de los humanos— sino de “potencialidad ontológica”, es decir, las cualidades que tienen los no-humanos para adquirir el tipo de “personidad y perspectividad” que le permiten franquear indiscriminadamente las ya porosas fronteras entre los mundos de lo humano y no-humano, lo cultural y natural, lo constituído y lo dado (Viveiros de Castro 2010, 37). Aunque a primera vista el perspectivismo amerindio guarda claras similitudes con el concepto de animismo manejado por Descola, Viveiros de Castro enfatiza el

Así, por ejemplo, un jaguar es en realidad una persona que viste un traje jaguar pero este traje no es solamente un disfraz o un adorno corporal sino una suerte de equipo, una escafandra o un traje de buceo que le permite actuar y habitar el mundo de una manera específica (Viveiros de Castro 2003, 196).

carácter filosófico y epistemológico de esta ontología con el fin de subvertir la clásica oposición entre naturaleza y cultura. Así, mientras que el animismo de Descola hace porosas las fronteras metafísicas entre humanos y no-humanos, Viveiros de Castro se niega a ver en el perspectivismo simplemente un modo de clasificación que deja en entredicho el dualismo naturaleza/cultura, porque incluso considera que esta oposición sigue estando presente en muchas cosmologías amerindias. De allí que el antropólogo brasileño decida adoptar el concepto multinaturalismo para dar cuenta del carácter epistemológicamente perturbador del perspectivismo y que emerge en oposición a la cosmología multicultural occidental. Mientras que el perspectivismo rescata el argumento indígena según el cual existe “una unidad de mente y una diversidad de cuerpos” en el que “la ‘Cultura’ o el sujeto como la forma de lo universal, y la naturaleza o el objeto de lo particular”, el multiculturalismo supone “la unicidad de la naturaleza y la multiplicidad de las culturas —la primera garantizada por la universalidad objetiva de los cuerpos y la sustancia, y la segunda germinada a partir de la particularidad subjetiva de las mentes y los significantes” (Viveiros de Castro 2010, 34). Nos interesa subrayar que para este autor, la sensibilidad ontológica que da pie al multinaturalismo implica también un cambio de acento epistemológico: es el cuerpo y no la mente la condición para el conocimiento del mundo; a partir de allí se rastrean cambios de mayor densidad: las diferencias que existen entre distintas sociedades (humanas como no-humanas) dependen del mundo que puede ser conocido más que de las representaciones que se crean de la realidad. De allí que a la noción de una sola y única naturaleza se superpone la de múltiples naturalezas o múltiples mundos. Al comparar los argumentos ontológicos de Descola y Viveiros de Castro se infiere que mientras el primero se concentra en la comprensión de otras formas ontológicas de ordenar la realidad y se detiene en el entendimiento del “Otro” paradigmático de la investigación antropológica, el segundo intenta socavar los paradigmas raciocéntricos y epistemológicos de la filosofía occidental. De cierto modo, el alcance del perspectivismo de Viveiros de Castro es más ambicioso que el proyecto intelectual de Descola porque lo mueve el interés por desarrollar “un tipo de filosofía general del conocimiento” (Descola en Kohn 2009, 140) capaz de poner en cuestión la epistemología y configurarse como “una teoría/práctica de permanente descolonización del pensamiento” (Viveiros de Castro 2010, 17).

Más allá del anthropos ¿Puede la gente interpretar los sueños de sus perros? ¿Cuál es la naturaleza de la comunicación que los humanos establecemos con animales e incluso espíritus? ¿Acaso la selva piensa? Estas son algunas de las preguntas que

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Eduardo Kohn formula en una serie de trabajos que ponen en cuestión la excepcionalidad de los humanos para representar el mundo y en la que se pregunta por otras formas de representación que son comunes a humanos, animales y otras formas de vida. Su propuesta de una “antropología más allá de lo humano” (2007 y 2013) encuentra sustento en una serie de premisas metodológicas y teóricas. Del lado metodológico, e inspirado en los marcos conceptuales de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, la etnografía de multi-especies y la filosofía de Gilles Deleuze, Kohn constata que la etnografía implica en muchos casos sumergirse no sólo en la vida de la gente sino también en la de la miríada de seres que componen un lugar. Su propuesta no sólo trata de entender las relaciones que la gente establece con no-humanos sino cómo estos no-humanos modelan y dan sentido a las prácticas de la gente. De esta manera la antropología, argumenta Kohn, deja de ser simplemente el estudio de lo humano para ampliarse e incluir aquello que se extiende más allá de las personas, puesto que existe una multitud de complejas conexiones y de relaciones de doble influjo que los humanos mantienen con el mundo natural. Del lado teórico, su propuesta encuentra sustento en una crítica a las dicotomías cartesianas mente/cuerpo y humanos/no-humanos, y se inspira del trabajo del filósofo y semiólogo Charles Sanders Peirce. En particular, Kohn asume como problemáticas las aproximaciones analíticas “en las cuales los humanos son descritos como ajenos a los mundos que ellos mismos representan” (Kohn 2013, 9). Para él, uno de los errores que la teoría social ha cometido al momento de abordar las relaciones humanos y no-humanos es que ha tendido a confundir pensamiento y representación, por un lado, con lenguaje humano, por el otro. Haciendo uso de la semiótica —que en el sentido peirciano va más allá del estudio de los signos y se preocupa por entender cómo estos representan aspectos del mundo— Kohn critica ciertas presunciones antropocéntricas que acotan la producción de significado, sentido y representación a una propiedad exclusivamente humana. El lenguaje y pensamiento humano es un sistema de representación compuesto de signos que se relacionan entre sí con base en convenciones, es decir, es un sistema esencialmente simbólico. Sin embargo, existen otras formas de representación que, basadas igualmente en signos, son mucho más amplias que aquellas que se asocian al lenguaje humano.4 Debido a que representación y pensamiento han sido equiparados con el atributo exclusivamente humano de la represen-

4 Cabe precisar que Pierce distingue tres clases de signos: íconos, índices y símbolos. Los íconos son signos que comparten semejanzas con los objetos que representan o que entran en relación con estos objetos por medio de la imitación (v.g. un retrato o palabras onomatopéyicas). Los índices son signos que muestran algo por estar físicamente conectados o afectados por los objetos que representan (v.g. una huella o el síntoma de una enfermedad). Los símbolos son aquellos signos que están basados en convenciones y que están asociados a significaciones particulares de acuerdo con los contextos de uso (v.g. la palabra “libro”).

tación simbólica, se ha dejado de lado la comprensión de otras formas de representación del mundo —icónicas e indexicales— que a pesar de sus propiedades particulares son comunes no sólo a humanos y no-humanos sino a la vida misma (Kohn 2015, 314). En esta línea de argumentación, una perspectiva semiótica implicaría reconocer que los signos no son restrictivos de los humanos sino que son intrínsecos a la vida biológica, al mundo natural. Por medio de la semiosis, por ejemplo, se puede dar cuenta de fenómenos de selección natural, evolución y adaptación como procesos en los que diferentes especies interpretan los signos que los rodean y responden modificando sus entornos, comportamientos e incluso sus cuerpos. Para ilustrar este argumento, Kohn acude al ejemplo de la trompa de un oso hormiguero, quien tras alimentarse con hormigas por generaciones fue capaz de desarrollar un tipo de adaptación evolutiva que funciona como un signo que captura las propiedades de los hormigueros y la forma que tienen sus entradas (Kohn 2013, 74). La presunción de que los procesos bióticos están basados en la interpretación de signos implica también la existencia de una ecología de las subjetividades [ecology of selves], en la que diferentes tipos de seres se representan los unos a los otros y sus entornos en formas que son vitales para cada uno de ellos (Kohn 2007, 7).5 Al intentar superar las interpretaciones conductistas, mecánicas o bioquímicas del comportamiento animal, Kohn arguye que la semiosis ofrece la posibilidad de entender el mundo natural como el arreglo de diferentes signos y de una intrincada red de significaciones que emergen de las interacciones que diferentes interpretantes, sean estos humanos o no humanos, hacen de la realidad. En este sentido, Kohn señala que la “significancia [significance] no es el dominio exclusivo de los humanos porque no somos los únicos que interpretamos signos. El hecho de que otro tipo de seres usen signos es un ejemplo de las maneras en las que la representación existe en el mundo más allá de las mentes humanas y de los sistemas humanos de significado” (2013, 31). Lo que nos interesa resaltar de su argumentación es que la enunciación de realidades relativas que dependen de los interpretantes lleva implícita una discusión ontológica de fondo: el reconocimiento de realidades

El estudio de la producción de signos, información y significado en el ámbito biológico es conocido como biosemiótica. Uno de sus pioneros fue el biólogo estonio Jakob Johann von Uexküll quien ya a comienzos de siglo XX planteaba que una telaraña a la que un insecto no puede escapar es un diseño de un tipo de traje que se ajusta perfectamente a la forma del insecto que la araña desea atrapar (2010 [1934], 121-143). En términos semióticos la telaraña es una suerte de interpretación icónica que la araña hace del mundo perceptual de una mosca, puesto que adopta una forma que asemeja el mundo tal y como lo vería una mosca, de allí que ella sea incapaz de ver la diferencia y caiga en sus redes.

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configuradas a partir de perspectivas no humanas desestabilizan paradigmáticamente la “vieja” matriz occidental, de la que nos habla Viveiros de Castro. De manera que, en esta línea de pensamiento, las ontologías tienen un efecto enunciativo pero también uno performativo de la realidad: la constituyen. La propuesta de Kohn de analizar las interacciones entre humanos y animales en clave de una “ecología de las subjetividades” destaca el hecho de que muchas sociedades reconocen que agentes no-humanos se relacionan con el mundo a través de sus propios mundos perceptuales o puntos de vista. Esa ecología también resulta interesante para analizar las múltiples transacciones que humanos y no-humanos establecen entre sí y con ello descentraliza el anthropos al tiempo que provincializa las modalidades simbólicas de nuestro lenguaje. La importancia de este proyecto analítico radicaría en que no sólo resulta importante entender cómo los humanos conciben y representan a los animales y al mundo exterior, sino también analizar la manera en que estos ven el mundo y representan a los humanos. El trabajo de Kohn se puede poner en diálogo con los trabajos de la antropóloga Elizabeth Povinelli, quien también se interesa en descentrar lo biótico además de lo humano al momento de abordar las relaciones con el mundo natural. Povinelli se cuestiona si acaso no es necesario ampliar nuestros marcos conceptuales acerca de lo que es la vida, sobre todo una vez que la etnografía ha permitido constatar el amplio espectro de seres (animales, plantas, lugares, piedras e incluso fenómenos atmosféricos) que participan en la vida social de muchas comunidades. Haciendo una crítica mordaz al chovinismo del carbono, esto es, al modelo bioquímico que supone al carbono como condición indispensable para la definición de la vida, Povinelli aboga por una antropología no enfocada en el entendimiento del Otro sino de lo diferente, de lo que es de otro modo [anthropology of the otherwise]. Su propuesta delinea una disciplina que lidie con formas vivientes que son extrañas al sentido dominante y que dé cuenta de las diferentes maneras en que muchas sociedades constituyen comunidades de vida con seres que no son necesariamente orgánicos (Povinelli 2001 y 2013). Povinelli propone el término geontología para indicar la articulación entre biografía y geografía y, a partir de él, se hace posible abordar la relación existencial que hay entre personas y lugares, especialmente en un contexto indígena como el australiano donde la presencia de los seres de sueño impregna la existencia misma y las acciones de animales, objetos y personas que comparten una afiliación totémica. Como apuntamos antes a propósito de las rutas ontológicas de Descola, la ontología totémica supone una esencia metafísica y aún material que es compartida por los miembros de un tótem, y que está fuertemente imbuida en los lugares habitados por estos seres de sueño. Citando el ejemplo de los Karrabing, Povinelli describe cómo un arroyo

llamado Tjipel es concebido como muchas cosas a la vez: una niña que en tiempos míticos se transformó en arroyo para evitar los acosos de un hombre maduro; la forma de genitales femeninos que el arroyo tiene desde una perspectiva aérea; el lugar de afiliación totémica de algunas comunidades; un sitio privilegiado de caza; un lugar de intercambio ritual entre miembros humanos y no-humanos con su respectivo ser de sueño. Si bien desde cierta perspectiva Tjipel puede ser interpretada como un contenedor de vida, un espacio que favorece intercambios ecológicos y aún simbólicos entre los seres que la habitan, el chauvinismo del carbono, argumenta Povinelli, nos impide ver en ella un ser vivo en sí mismo: el arroyo pertenecería más al reino del “geo” y no del “bio” puesto que no presenta ninguna de las características esenciales que el paradigma del carbono supone a la generación de vida: crecimiento, reproducción y muerte. Sin embargo Tjipel, en tanto que entidad significativa, representa una forma de vida en sí misma, una de tipo semiótica puesto que entra en relaciones vitales con las personas así como con los no-humanos que la habitan y la constituyen. Más allá de los debates que puedan establecerse acerca de la agencia de entidades no-humanas, la crítica que Povinelli realiza al imaginario de la vida basada en el carbono permite diferenciar los estrechos marcos que acompañan las definiciones de qué es un ser vivo, los que ella considera están sólidamente ligados a valores singulares de la economía liberal y por ende a cierta ética particular. El imaginario del carbono concibe los lugares, y la Tierra en general, como contenedores minerales, esto es, entidades geológicas y no biológicas puesto que entidades como una montaña o un lago no se reproducen y no entran en la lógica liberal de perpetuidad e infinitud a través de la reproducción (Povinelli 2013). De ahí, por ejemplo, que sea posible adoptar un lenguaje que describa los eventuales efectos de una explotación minera en términos de agotamiento de recursos pero jamás de muerte, puesto que un lugar en el imaginario del carbono no puede morir. En un momento en que la economía de muchos países latinoamericanos reposa más y más en industrias de carácter extractivo, las reflexiones de Povinelli resultan importantes para pensar los efectos que se producen en estos lugares ya no solamente en términos estrictamente ambientales —la trampa del imaginario del carbono— o culturales —las representaciones y las relaciones que la gente establece con dichos sitios—, sino también en términos de las transformaciones que alteran las relaciones de intercambio, reciprocidad y sentido que establecen seres orgánicos y no orgánicos con sus respectivas comunidades de vida.6 Lo que 6 El reciente reconocimiento de los derechos de la pachamama o madre tierra en Ecuador parecen ir en este sentido pero también abre nuevas cuestiones acerca del lugar que entidades no humanas pueden ocupar en la esfera política.

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sugiere Povinelli es que la importancia de esas sensibilidades que establecen continuidades en las propiedades de entidades humanas y no humanas no es valiosa simplemente porque son “creencias” de un grupo “tradicional”, sino fundamentalmente porque interrogan los fundamentos mismos de la economía política y abra nuevas formas y “puentes metafóricos”7 para pensar el trabajo, la producción y las subjetividades de maneras más genuinas y menos instrumentales como las que acompañan al multiculturalismo (Povinelli 2014).

Ontología política y ecología de las prácticas Una crítica al tipo de acuerdos y negociaciones que permite el multiculturalismo está igualmente presente en los trabajos del antropólogo argentino Mario Blaser. ¿Qué es lo que está en juego —se pregunta— cuando una comunidad indígena en Vancouver decide boicotear un plan diseñado por organizaciones ambientalistas para llevar de regreso una ballena a su manada pero que según los pueblos Mowachaht/Muchalaht es en realidad el espíritu de uno de sus líderes recién fallecido? (Blaser 2013a). Según Blaser, este tipo de conflictos suponen no tanto un malentendido sobre el manejo y acceso a “recursos naturales” sino que envuelven una incomprensión mayúscula, y muchas veces insalvable, acerca de las cosas mismas que están en juego: lo que ambientalistas definen como ballena es algo diametralmente opuesto a lo que ven los indígenas de la costa pacífica canadiense. Este tipo de conflictos revelan lo que Viveiros de Castro llama equivocaciones incontroladas, esto es, “un tipo de desconexión comunicativa en el que los interlocutores no están hablando de lo mismo y no lo saben” (Viveiros de Castro 2004, 8). Según Viveiros de Castro, estas equivocaciones no son solamente un fracaso de comprensión sino “una falla en saber que las comprensiones no son necesariamente las mismas, y que ellas no están relacionadas con maneras imaginarias de ‘ver el mundo’ sino a los mundos reales que se ven” (2004, 11). Para Blaser estas disputas tienen lugar no porque entran en colisión diferentes puntos de vista acerca del mundo sino porque los actores en juego “no son conscientes de que cada uno de ellos está representado (y asumiendo) diferentes mundos” (Blaser 2009a, 883). Para entender las disyuntivas en las que diferentes mundos u ontologías se encuentran

7 Estos puentes los sugiere Povinelli basándose en los argumentos de la antropóloga Nurit Bird-David quien ha desarrollado argumentos relacionales entre naturaleza/ cultura particularmente en el caso de sociedades de cazadores-recolectores. A manera de ejemplo, podemos señalar su propuesta del animismo que caracteriza los modos de pensamiento de ciertos grupos humanos —como los Nyaka del sur de la India con quienes trabaja— como una “epistemología relacional” en la que se comprenden las relaciones (humanas y no humanas) desde puntos de vista imbricados y contingentes (Bird-David 1999).

y se esfuerzan por mantener su propia existencia, Blaser propone la noción de ontología política como una herramienta “político-conceptual” (2009a; 2009b; 2013b; 2014) para dar cuenta de aquellas disputas por la definición misma de qué es lo visible, lo legítimo y lo legible en el mundo contemporáneo. En su definición de ontología política, Blaser señala dos espectros de significado diferentes: “Por un lado, se refiere a las políticas involucradas en las prácticas que dan forma a un mundo u ontología particular. Por otro lado, se refiere a un campo de estudio que se centra en los conflictos que se producen cuando diferentes mundos u ontologías se esfuerzan por mantener su propia existencia, interactúan y se mezclan entre sí” (Blaser 2009a; 877). La ontología política se distingue de la economía política —que se enfoca principalmente en analizar cómo diferentes estructuras de poder político y económico modelan y restringen diferentes prácticas socioeconómicas y productivas— y de la ecología política —centrada en el análisis de los conflictos derivados del uso, acceso, control y representación de los recursos naturales— en que busca trascender algunas de las premisas multiculturalistas de la modernidad, esencialmente aquella que sitúa la existencia de una realidad o naturaleza a la que diferentes grupos tienen acceso a partir de sus particulares perspectivas culturales. En cambio, la ontología política hace uso del axioma multinaturalista trabajado por Viveiros de Castro y, desde allí, supone que los conflictos que envuelven disimiles perspectivas no tienen que ver llanamente con qué visión de la naturaleza está más cercana a la realidad —lo que configuraría un conflicto epistemológico— sino con el carácter mismo de lo que existe y puede ser conocido, es decir un conflicto ontológico. Con esto, Blaser intenta plantear una crítica de fondo a la modernidad eurocéntrica y al multiculturalismo como su expresión política. Basándose en el argumento de Bruno Latour (1993) según el cual la modernidad ha erigido el cisma entre naturaleza y cultura como el armazón fundamental de su epistemología,8 argumenta que la modernidad con todas sus instituciones y prácticas técnico-científicas —que configuran en sí mismas tan sólo una cultura particular— ha pretendido erigirse como el árbitro universal capaz de producir la representación más detallada, y quizá la única valida, de la realidad (Naturaleza). El poder persuasivo de la ontología moderna llega entonces al punto de erigirse

8 Este cisma, plantea Latour, se produce primero al lograr una separación entre sus instituciones y prácticas, desde las ciencias naturales hasta la política; segundo al crear una distinción entre los modernos —aquellos que diferencian la Naturaleza de la Cultura— y los no modernos “todos los otros —sean ellos chinos o amerindios, azande o barouya— que no pueden separar realmente lo que es conocimiento de lo que es la sociedad, lo que es un signo de lo que es una cosa, que se deriva de la Naturaleza de aquello que proviene de lo que requieren sus culturas” (Latour 1993, 99).

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no sólo como el rasero para definir y legitimar lo que es susceptible de ser legible en el mundo contemporáneo, sino de proyectarse como la única ontología existente, cuando tan sólo es una entre varias más, aunque sin duda la más poderosa. Aun cuando estas pretensiones universalistas hayan sido socavadas tras la emergencia del paradigma relativista —esto es, que otras tantas culturas pueden producir representaciones igualmente válidas, rigurosas y densas de la realidad (Naturaleza)—, lo que no entra jamás en discusión en dichas posturas es el hecho de que la realidad (Naturaleza) continúa siendo el punto de partida común sobre el que se erigen diferentes “representaciones” o culturas. En efecto, como argumenta Blaser, “la misma distinción entre el mundo (Naturaleza) y su representación (Cultura) continúa siendo afirmada como un universal” (Blaser 2009a, 889). Lo que parece estar en juego cuando diferentes ontologías se enfrentan es el valor o hegemonía que tienen sus distintas representaciones (culturas) de la realidad (Naturaleza) y lo más a lo que se puede llegar en estos casos es al establecimiento de un marco de respeto (multiculturalismo) por esas otras representaciones de la realidad (Naturaleza), pero jamás se pone en duda la realidad misma (Naturaleza). Con esto, Blaser da las puntadas centrales del por qué de lo político en la ontología: los conflictos ontológicos refieren fundamentalmente a las disputas por la misma definición de qué es lo visible, lo legítimo y lo legible en el mundo contemporáneo y que, de acuerdo con el derrotero universalista de la modernidad occidental, oculta u ocluye alternativas ontológicas que escapan al dualismo moderno eurocéntrico. La ontología política, además de crear cierta sensibilidad política, busca ser una herramienta de análisis que pone sobre la mesa la necesidad de varios cuestionamientos: ¿Qué tipo de “versiones de la realidad” y conocimientos tradicionales son legibles para la racionalidad moderna y por qué lo son? ¿Qué otras versiones y conocimientos se silencian o marginan y, sobre todo, hasta qué punto el reconocimiento selectivo y mediado de esas otras versiones y conocimientos puede llegar a ser funcional al proyecto moderno y a su pretensión de erigirse como una certeza universal? (Blaser 2009a). Al intentar responder estas preguntas desde la ontología política, Blaser no propone simplemente una metamorfosis conceptual entre los términos cultura y ontología, porque para él el concepto de cultura implica la existencia de una única realidad y múltiples versiones de ella, mientras que el de ontología supone la existencia de múltiples realidades. Igualmente importante en su trabajo son las preguntas que formula con relación al tipo de política que es necesaria cuando están en juego conjuntos heterogéneos de seres que rebasan categorías aparentemente estables como humanos/ no-humanos, animado/inanimado o naturaleza/cultura “¿Qué exigencias éticas están asociadas a tal cuestionamiento de lo político?” (Blaser 2009b, 12).

Como señala Marisol De la Cadena (2010 y 2015) al examinar la forma en que distintos movimientos andinos han venido incorporando actores no humanos en la arena política (cerros y montañas, lagunas, la pachamama), la dicotomía naturaleza/cultura continúa teniendo tal poder que las demandas por reconocer la conciencia y sensibilidad de esos otros seres que pueblan los Andes, y otros tantos universos indígenas, pueden hacerse legítimas solamente cuando pasan a través del lenguaje de la política, y cuando lo hacen lo logran únicamente en términos de diferencia étnica o derechos culturales reconocidos en los marcos legales multiculturalistas. Es decir, en la esfera pública moderna la existencia de estos seres es una prueba de un conjunto de representaciones culturales de una naturaleza aparentemente universal, pero aquellos difícilmente podrían ser considerados como pertenecientes a la Naturaleza puesto que ella sólo puede ser legítimamente representada en términos de las llamadas ciencias universales.9 Ante la idea de un universo sancionado por instituciones y prácticas modernas, Blaser y De la Cadena se apoyan en el trabajo de la filósofa belga Isabelle Stengers (2000) para abogar por el reconocimiento de la existencia de pluriversos, es decir, mundos o realidades radicalmente distintas que, aunque puedan tener conexiones parciales y existir en un mismo continuo espacio-temporal (Blaser 2013a; De la Cadena 2015), son capaces de existir sin necesariamente interferir las unas con las otras (Stengers 2005a). Un pluriverso implica una pluralización de la política y una transformación del concepto “desde uno que concibe la política como disputas de poder dentro de un mundo singular, hacia uno que incluye la posibilidad de relaciones adversas entre mundos: una política pluriversal” (De la Cadena 2010, 360). Esta política pluriversal allanaría el camino para que aquellos que se consideran modernos acepten la naturaleza (por antonomasia, el reino de lo universal) como una multiplicidad de mundos en los que seres no humanos, provistos de agencia, personalidad e intencionalidad puedan ser reconocidos como legítimos actores y sujetos de derechos. Esta es, en resumen, la apuesta de la llamada cosmopolítica (Stengers 1997; 2005a). Para esta autora, la cosmopolítica configura un movimiento teórico que no abordaremos aquí pero del que destacamos su intento por superar la división entre los reinos de lo natural (kosmos) y lo humano

9 “El problema es de tal envergadura y densidad, que la única manera ‘legítima’ en que los pueblos puedan defender sus mundos diferentes (que, por supuesto, incluyen más que seres humanos) es convirtiéndolos en ‘culturas’ que pueden ser movilizadas por ‘políticos étnicos’. Sin embargo, las demandas de respeto por las diferencias culturales hasta ahora sólo llegan al punto en que la realidad avalada por la ciencia universal marca el límite a partir del cual las demandas culturales resultan irracionales y, por lo tanto, requieren de la fuerza disciplinaria de la coerción para mantenerlas bajo control” (Blaser 2013b, 555).

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(politikos), por medio de la indagación de las conexiones “siempre parciales” que vinculan eventos humanos y no humanos, y que articulan la agencia humana con otras agencias de las cuales depende de un modo relacional y contingente (Stengers 2005a, 995). Ante la multiplicidad de seres y de mundos emergentes surgen cuestiones frente a la posibilidad de comunicar, de conectar y de crear arreglos entre ellos. Stengers (2010) propone la diplomacia como posibilidad de entendimiento. Diplomacia, en este contexto, no trata sobre el despliegue de un lenguaje de buena voluntad, de la entrega de concesiones o de una actitud tolerante frente a un inconmensurable Otro, pues ello supondría una suerte de arreglo en el que las partes en conflicto se muestran de acuerdo en que comparten referentes e intereses comunes. Y es justamente la ausencia de esos referentes lo que supone la existencia, por ejemplo, de la mayor parte de conflictos socioambientales. En este sentido, la diplomacia por la que aboga Stengers (2005a) debe construirse sobre la base de lo que ella denomina ecología de las prácticas (Stengers 2005b), es decir, sobre el principio según el cual ante la ausencia de un soberano ontológico y epistemológico el único arreglo posible es aquel que reconoce las conexiones parciales que seres y mundos pueden establecer con dominios que no se excluyen entre sí. Es decir, más que un arreglo que permita priorizar o jerarquizar intereses, un acto de diplomacia supone un “pluralismo positivo” (Stengers en Zournazi 2002, 61) en el que las partes en conflicto son capaces de reconocer que cada una de ellas puede agenciar sus propios modos de existencia y con ellos propone diferentes valores y distintas obligaciones entre ellas. La diplomacia entendida así requiere de una adecuada ecología, es decir, de un arreglo que no olvide las conexiones entre oikos —el ambiente o el contexto en que ciertas prácticas tienen lugar— y ethos —los valores fundamentales de los prácticantes—. La ecología, como condición diplomática, tiene que ver entonces con la premisa de que un practicante no puede cambiar su contexto o ambiente sin que transforme su ethos, y a la inversa: un cambio en los valores también tiene implicaciones en el contexto que los posibilita. Quizás este tipo de ecologización constituya la base de una política capaz de ocuparse tanto de lo humano (politikos) como de lo cósmico (natural), así como de las disputas que aparecen cuando las partes se esfuerzan en mantener estas divisiones.

Conclusiones Los argumentos del giro ontológico pueden resumirse en que no hay una única naturaleza —entendida de manera análoga a la realidad universal— a la que distintas gentes tienen acceso a través de sus culturas, es decir, mediante una variada multiplicidad de representaciones parciales y siempre contingentes de la

misma. En cambio, lo que existe es una multiplicidad de realidades, cada una con diferentes propiedades y especificidades. La realidad no puede existir de manera independiente de los seres que la componen; tampoco es una mera construcción social. Más bien, es una propiedad emergente, es decir, la suma de los atributos que resultan de la constante interacción de actores humanos y no-humanos bajo condiciones particulares. En tal sentido, la realidad no es simplemente observable sino constituida por medio de prácticas específicas en las que participan humanos y no-humanos; en consecuencia, distintas prácticas posibilitan la emergencia de diferentes realidades. De allí que la alteridad, la multiplicidad de modos de existencia y de maneras de relacionarse con el mundo no son tanto una consecuencia de la diversidad humana como el resultado de la existencia de “diferentes mundos per se” (Holbraad 2010, 183). Por lo tanto, la alteridad no puede entenderse exclusivamente como una propiedad del “espíritu” humano sino que debe situarse en el mundo, en la proliferación de realidades. En suma, los acuerdos sobre los mundos posibles no obedecen tanto a arreglos epistemológicos —la manera en que se conoce el mundo— sino ontológicos —diversidad de modos de existencia— y aún más ónticos —la proliferación de lo que existe—. Estos planteamientos suponen un reto teórico y metodológico que hace del giro ontológico y las múltiples vertientes que se han acuñado en su seno, campos inacabados en continua redefinición. A medida que las discusiones ontológicas ganan mayor protagonismo en la teoría social (Alberti et al. 2011; Cameron, Leeuw y Desbiens 2014; Paleček y Risjord 2012; Hunt 2014) se amplían las críticas sobre sus modos, alcances y aportes. El tenor de las críticas es variado e intenso: va desde la moción según la cual “la ontología es sólo otra palabra para cultura” (Candea 2010; Carrithers 2010), hasta elaboraciones más recientes que subrayan su carácter apolítico y declaran la exotización en extremo que hacen de la alteridad (Bessire y Bond 2014). Algunos critican sus contradicciones políticas al señalar la generalización, la homogeneización y la ahistoricidad que subyacen en el tratamiento de las sociedades en las que ubican el referente empírico de sus teorías. Alcida Ramos consideró que el perspectivismo naturalista es sustancialmente esencialista (Ramos 2012, 482), y que se basa más en generalizaciones que en especificidades. Otros señalan que al producir una “homogeneización y estandarización de la multiplicidad que ella [la ontología] reclama liberar” puede resultar en “la colonización de la diferencia en nombre de la ontología descolonizadora” (Bessire y Bond 2014, 445). Se indica que es un “error” pensar que el giro ontológico represente un acto “anti-capitalista” y liberador (Hage 2014). También ven en el giro ontológico la tabla de salvación de un problema que los mismos proponentes del giro han contribuido a crear, sobre todo porque al intentar trascender el

rev.estud.soc. No. 55 • enero-marzo • Pp. 193-204 • ISSN 0123-885X • eISSN 1900-5180 · DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res55.2016.13

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dualismo moderno de la naturaleza/cultura termina por “reificar el binarismo más moderno de todos: la inconmensurabilidad de los mundos modernos y no modernos” (Bessire y Bond 2014, 442). En suma, el común denominador de las críticas al giro ontológico podría consistir en señalar que el carácter emancipador que lo justifica se sustenta en la producción de otros binarios que impiden materializar su propuesta. Sin embargo, y más allá de estas y otras muchas críticas que se han levantado y se seguirán levantando frente al giro ontológico, resulta interesante observar cómo estas perspectivas alternativas para aproximarse a lo natural y lo social (Hinchliffe 2007) son particularmente relevantes para aquellas vertientes de la ecología política que reivindican que la percepción de la naturaleza que tienen muchas sociedades es objeto de profundas tensiones y, por lo tanto, de conflictos de distribución cultural. Reconocer estos debates “aumenta la inconmensurabilidad de la economía y la ecología postuladas por los economistas ecológicos” (Escobar 2012, 131). Ciertamente, el giro ontológico articula varias sensibilidades que tienen un grueso denominador común —esto es, proponer alternativas al dualismo constitutivo de lo moderno— pero que sobretodo distan en la manera de reconocer formas alternas de comprender las sociedades humanas y los entornos que les rodean.

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Los debates del giro ontológico en torno al naturalismo moderno | Daniel Ruiz Serna · Carlos Del Cairo

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Leticia Vita. 2014. La legitimidad del Derecho y del Estado en el pensamiento jurídico de Weimar: Hans Kelsen, Carl Schmitt y Hermann Heller 206-209 María Emilia Barreyro – Universidad de Buenos Aires, Argentina

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Vita, Leticia. 2014. La legitimidad del Derecho y del Estado en el pensamiento jurídico de Weimar: Hans Kelsen, Carl Schmitt y Hermann Heller. Buenos Aires: Editorial Eudeba – Universidad de Buenos Aires [259 pp.]. María Emilia Barreyro* DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res55.2016.14

Este libro es la tesis con la que su autora, Leticia Vita, obtuvo el doctorado en Derecho en la Universidad de Buenos Aires1. Allí se reconstruyen las concepciones que los tres autores indicados en el título tienen acerca de la legitimidad del Derecho y del Estado en sus obras del periodo de Weimar, bajo la hipótesis de que el problema de la legitimidad se explica a partir de la concepción sobre la democracia. Se trata de un trabajo original, cuyo aporte para la Teoría del Estado y del Derecho consiste tanto en brindar un estudio sistemático y detallado de aspectos nodales del pensamiento jurídico-político de Weimar como en mostrar el fuerte entrelazamiento teórico que existe entre las distintas variables analizadas: la variable antropológica, la referida al Estado, al Derecho y a la democracia. Asimismo, se trata de un libro de lectura amena, bien organizado, que logra ofrecer al lector, sin perder el hilo conductor de la investigación, una contextualización histórica y teórica adecuada de los problemas abordados, invitándolo a conocer y explorar aspectos de interés jurídico y político adyacentes al tema concreto de la investigación por medio de sus excursos y apartados. La investigación se centra en las obras de Kelsen, Schmitt y Heller correspondientes al periodo de la República de Weimar (1919-1933), delimitación histórica que responde a varias razones: se trata de la etapa de transición de un modelo de legitimación monárquico a uno democrático, única experiencia en la historia de Alemania (previa a la República Federal) en la que la teorización del derecho público tuvo lugar en un contexto democrático; además, se trata de una etapa trascendental para el desarrollo del derecho público en general porque, entre otras razones, su Constitución de 1919 representó un quiebre con los principios liberales dada la incorporación de derechos sociales, por lo que los debates y problemas allí abordados son de utilidad para pensar el Estado Social; finalmente, dicha delimitación se debe a que el diseño institucional plasmado en la Constitución resulta interesante para pensar el problema de la legitimidad a la luz del juego de roles entre los actores institucionales y la potestad de dictar decretos de necesidad y urgencia.

* Estudiante de doctorado en Derecho Político en la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Investigadora adscrita del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Lucas Gioja de la Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires y becaria doctoral de Conicet. * mariabarreyro@derecho.uba.ar

El corazón del libro se encuentra en los capítulos II, III y IV en los que la autora aborda metódica y minuciosamente el pensamiento de Kelsen, Schmitt y Heller, respectivamente, a partir de cuatro ejes analíticos que ponen en evidencia la concepción que cada uno de ellos tiene acerca de: 1) el hombre, 2) el Estado, 3) el Derecho y 4) la democracia. Estos tres capítulos están precedidos por una breve introducción y un primer capítulo en el que el lector encontrará un panorama preliminar del contexto histórico-político del pensamiento jurídico de Weimar, seguidos de un capítulo en el cual la autora retoma el 1

La tesis doctoral del área de Derecho Político fue defendida por su autora el 23 de marzo de 2012 y obtuvo la calificación máxima: sobresaliente, por unanimidad del jurado.

LECTURAS

problema de la legitimidad para mostrar el asidero de su hipótesis de trabajo. Allí se ofrece una comparación sistemática entre los pensadores de Weimar a partir de la idea de democracia sostenida por cada uno de ellos. Finalmente nos encontramos con el capítulo en el que analiza las proyecciones de la investigación. En el primer capítulo, el lector es introducido en la especificidad del proceso de formación del Estado en Alemania, la secuencia de los hechos políticos significativos ocurridos en el periodo de Weimar y finalmente las causas del derrumbe de la República, todo ello a la luz de variables sociológicas y políticas como la conformación de la sociedad alemana, el papel de la intelectualidad y lo específico del nacionalismo alemán. Se destaca allí un análisis claro y meticuloso de los rasgos centrales de la Constitución de Weimar, de la operatividad y consecuencias políticas de su ingeniería institucional en relación con la caída de la República, y de las lecciones que le dejó a la Alemania de postguerra para el rediseño de su constitución. Análisis especialmente valioso para pensar la legitimidad de las instituciones democráticas. En el capítulo II se avoca al pensamiento jurídico y político de Hans Kelsen. Luego de una reseña de la vida y obra del autor, el lector encontrará un abordaje de la concepción antropológica kelseniana, tomada de sus críticas al carácter ideológico de la idea de hombre presupuesta por el marxismo y en cierta medida por el anarquismo. A partir de tales críticas se reconstruye su concepción del hombre: un pesimismo antropológico moderado que lo distancia de uno radical como el hobbesiano. Con relación a los ejes analíticos de las concepciones de Estado y de Derecho, se aborda la concepción del Estado como un mal necesario, la ineludible crítica kelseniana al dualismo entre Estado y Derecho, la idea de soberanía en relación con el derecho internacional, la opción metodológica de la teoría pura del Derecho, la distinción entre sociedad y naturaleza (entre imputación y causalidad), el elemento coactivo del orden jurídico como nota distintiva de otros órdenes normativos, y las ideas de la norma fundante básica y la construcción escalonada del Derecho. Respecto a la noción kelseniana de democracia, se señala su carácter procedimental, su filiación liberal y la defensa de la democracia parlamentaria. El análisis profundiza tres notas típicas: el relativismo filosófico como postura antimetafísica, su tendencia al punto medio entre posturas opuestas y su vínculo con la tolerancia; no debe soslayarse, sin embargo, una cuarta idea que aparece aquí: la oposición entre democracia y autocracia en virtud de la idea de que la primera es pensada como contraria al principio de autoridad y la segunda como favorecedora de tal principio, oposición que marcará un contraste entre Kelsen y Schmitt en relación con la figura del líder. El capítulo continúa con un excurso sobre el célebre debate entre ambos juristas acerca del control de constitucionalidad y las distintas ideas y presupuestos

que subyacen a cada posición. Finalmente, los distintos ejes analíticos abordados conducen a responder a la pregunta por la legitimidad: nos encontramos con la norma fundante básica y la distinción entre validez y efectividad del orden jurídico. En este punto, la autora toma la objeción de Bobbio a Kelsen que cuestiona que sea una norma (la norma fundante) la que “cierra” el orden jurídico y no un poder, más aún cuando es justamente la eficacia y no la validez lo que permite identificar un orden jurídico. Concluye, en este orden de ideas, que la respuesta de Kelsen a la cuestión de la legitimidad responde a una elección práctica, política e ideológica apoyada en la idea del primado del derecho sobre el poder. El capítulo III se ocupa del pensamiento de jurídicopolítico de Carl Schmitt. Se analiza primero su fuerte pesimismo antropológico proveniente de dos influencias teóricas: Hobbes y Donoso Cortés, con las que se marcan similitudes y contrastes. Respecto a la influencia de este último, se señala también la recepción de las ideas sobre la dictadura como no contrapuestas a la democracia, ciertos elementos de su filosofía de la historia y su visión acerca del anarquismo. Antes de abordar el segundo eje analítico, la autora analiza el concepto de lo político en Schmitt a partir de los debates sobre el carácter belicista de su concepción política y la centralidad de la idea de enemistad. En lo que refiere a la concepción schmittiana del Estado, el análisis pivota en la finalidad específica que le es atribuida por ese autor: la de pacificación en el interior de su territorio de la mano del ius belli para con el enemigo; asimismo explica en el marco de las formas históricas del Estado la idea de Estado total como así su antiuniversalismo y su concepción tradicional de la soberanía en el marco internacional. Para el abordaje del tercer eje analítico, la concepción del Derecho, la autora toma las críticas de Schmitt al positivismo y al normativismo kelseniano y recupera a partir de ellas conceptos claves para comprender la cuestión: primacía de la efectividad del Derecho sobre la validez, excepción, y el concepto de decisión o voluntad política, entre otros. En cuanto al eje de análisis de la concepción de la democracia en el pensamiento de Schmitt, la autora comienza tratando tres críticas centrales que él lanza contra el liberalismo, para luego poder explicar el carácter antiliberal de su concepción democrática. La primera, dirigida contra la apoliticidad de la terminología liberal que encubre bajo un vocabulario pacifista la lógica amigo-enemigo, lógica inexorable de lo político. La segunda, contra la negación de la situación de excepción y de la cuestión de la soberanía. Y finalmente, la crítica dirigida contra el parlamentarismo, especialmente contra la pérdida del fundamento espiritual de la deliberación causada por la impotencia de la igualdad formal para solucionar los problemas de la igualdad sustancial y la homogeneidad. A partir de estas tres críticas se explican las notas típicas de la concepción schmit-

La legitimidad del Derecho y del Estado en el pensamiento jurídico de Weimar | María Emilia Barreyro

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LECTURAS

tiana de la democracia: la preeminencia de la decisión del soberano sobre la norma, la noción sustantiva del principio democrático por contraposición a una idea procedimental de democracia, su carácter plebiscitario, el carácter personalista de la representación en la figura del líder junto a las nociones de identidad, exclusión, y aclamación. En este orden de ideas, la autora responde a la pregunta por la legitimidad afirmando que para Schmitt ésta se basa en el carisma, entendible a la luz de las categorías de mito, violencia, y decisión. El capítulo cierra con un excurso sobre Schmitt y el nazismo. El capítulo IV aborda finalmente el problema de la legitimidad en el pensamiento de Hermann Heller. En relación al primer eje de análisis, Vita observa un pesimismo antropológico que conduce a Heller a afirmar la necesidad de una autoridad dotada de poder de coerción como instancia de articulación social. La autora pone de relieve las principales diferencias entre la concepción de la institución estatal según Heller y el marxismo; aunque socialista, Heller rechaza el materialismo histórico, el internacionalismo proletario y el carácter pasajero del Estado. Se señala el concepto helleriano de un Estado Social de Derecho, ampliamente acogido en la teoría constitucional de la segunda mitad del siglo XX y que plasma la idea de Heller de ir más allá del formalismo del Estado de Derecho para reorientarlo hacia un Estado de Derecho “material”: la transformación social precisa de las herramientas liberales del Estado de Derecho, pero impregnadas de valores sociales y de la mano de un cambio cultural en clave de justicia social. En cuanto a la concepción del Derecho en Heller, nos encontramos con el estudio de cuatro tópicos: primero, el de su sincretismo metodológico, posición que, crítica de la metodología kelseniana, pretende estudiar al Estado a partir de una perspectiva sociológica; segundo, el acercamiento de Heller a una posición lasallana; tercero, el de los elementos fuertemente decisionistas de su teoría, que contra la negación de la idea de soberanía que atribuye a Kelsen, realza la decisión como fuente de todo derecho, y que contra Schmitt, este elemento está sometido a un sistema de límites positivos; y finalmente, un cuarto tópico que pone de relevancia la trascendencia de los principios éticos del derecho en orden a la legitimidad estatal. Por último, la autora aborda la concepción de democracia en la obra de Heller, para quien ésta debe ser representativa, parlamentaria y pluralista, y en coherencia con ello, señala que es en el Parlamento donde reside la voluntad popular. Desde su perspectiva, sin embargo, la supervivencia de la democracia depende no tanto de la forma política como de la justicia social. La autora concluye que dada la concepción helleriana del hombre, del Estado, del Derecho y de la democracia, la fuente de legitimidad del orden jurídico-político radica, para Heller, en los principios éticos del derecho, tratándose de una legitimidad sustancial opuesta a la identificación que hace Kelsen entre legitimidad y legalidad.

Tras el tratamiento metódico y pormenorizado de estos tres representantes del pensamiento jurídico-político de Weimar, la autora retoma en el capítulo V la hipótesis que operó como hilo conductor de la investigación, a saber, que el problema de la legitimidad se explica por las concepciones de cada uno de ellos acerca de la democracia. En efecto, aquí la hipótesis de trabajo inicialmente planteada vuelve al primer plano y su asidero es finalmente probado mediante la recuperación de las cuatro variables que articularon el estudio de Kelsen, Schmitt y Heller. De este modo, el lector se encontrará con una comparación sistemática y contundente de las similitudes y contrastes entre estos tres pensadores, comparación que evidencia de modo incontestable el fuerte entrelazamiento que hay entre la concepción de la legitimidad del Derecho y del Estado, y la concepción de la democracia. Finalmente, nos encontramos en el capítulo VI con un breve excurso sobre la potencialidad del pensamiento de Weimar para el estudio y la comprensión de los fenómenos jurídicos y políticos actuales, sus proyecciones a nivel metodológico y teórico. También con relación a las reflexiones que puede suscitar en la enseñanza y aprendizaje de la teoría del Estado. El libro cierra con una digresión sobre la utilización de argumentos del pensamiento de Weimar en la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema de Justicia de la nación argentina. A mi entender, el libro La legitimidad del Derecho y del Estado en el pensamiento jurídico de Weimar: Hans Kelsen, Carl Schmitt y Hermann Heller ofrece un material de lectura fundamental e ineludible para todo aquel que desee conocer y reflexionar acerca de las discusiones de la teoría política y jurídica del siglo XX, especialmente las de los debates teóricos actuales en torno a la legitimidad de las democracias representativas. Es de destacar que el libro pone en la mesa de discusión, aspectos que, muchas veces omitidos, están relacionados con la utilidad de la teoría política y jurídica de Weimar en el ámbito de la academia de habla hispana. En efecto, mientras en el ámbito académico anglosajón se ha planteado, por un lado, la vigencia de los debates de Schmitt, Kelsen y Heller para iluminar las discusiones actuales en relación con el Derecho y el Estado, la legalidad y la legitimidad (ver David Dyzenhaus, 1999), y por el otro, la actualidad de la teoría constitucional de la época de la República de Weimar (ver Arthur Jacobson y Bernhard Schlink, 2000), en la academia de habla hispana, las discusiones en torno al pensamiento jurídico de Weimar han opacado —por tratar tópicos por demás conocidos de este periodo— otros aspectos relevantes para pensar nuestra actualidad jurídica y política. Es así como el libro de Vita, siguiendo la línea de investigación argumentativa de Carlos Miguel Herrera (2002) y Rodolfo Arango (2012) entre otros, destaca aspectos del pensamiento de Weimar frecuentemente opacados o soslayados por la literatura especializada en nuestro ámbito.

rev.estud.soc. No. 55 • enero-marzo • Pp. 206-209 • ISSN 0123-885X • eISSN 1900-5180 · DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res55.2016.14

LECTURAS

Referencias 1. 2.

Arango, Rodolfo. 2012. Democracia social. Un proyecto pendiente. México: Fontamara. Dyzenhaus, David. 1999. Legality and Legitimacy: Carl Schmitt, Hans Kelsen and Hermann Heller in Weimar. Oxford: Oxford University Press.

Herrera, Carlos Miguel. 2002. Derecho y socialismo en el pensamiento jurídico. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. Jacobson, Arthur y Bernhard Schlink, eds. 2000. Weimar: A Jurisprudence of Crisis. Berkeley: University of California Press.

La legitimidad del Derecho y del Estado en el pensamiento jurídico de Weimar | María Emilia Barreyro

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211 La Revista de Estudios Sociales agradece la colaboración especial de las siguientes personas como árbitros de este número: Juan Ricardo Aparicio Cuervo – Universidad de los Andes, Colombia Evelyn Arriagada Oyarzún – Universidad Diego Portales, Chile Fernando Alberto Balbi – Universidad de Buenos Aires, Argentina Alonso Barros van H. – University of Cambridge, Reino Unido Clarissa Bueno Wandscheer – Universidades de São Paulo, Brasil María Luciana Cadahia – Flacso, Ecuador Alejandro Camargo – Syracuse University, Estados Unidos Martha Cecilia Cano Echeverri – Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia Guillermo Castillo – Universidad Nacional Autónoma de México Dolors Comas d’Argemir – Universidad Rovira i Virgili, España Elcy Corrales – Pontificia Universidad Javeriana, Colombia José Antonio Cortés Vásquez – University of Manchester, Reino Unido Germán Ferro Medina – Pontificia Universidad Javeriana, Colombia Lennin Florez Leiva – Universidad de Antioquia, Colombia María Christina Fragkou – Universidad de Chile Stephania Gallini – Universidad Nacional de Colombia Agustina Girado – Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina Noemí Girbal- Blacha – Universidad Nacional de Quilmes, Argentina Barbara Göbel – Ibero-Amerikanisches Institut, Alemania Elías Gómez – Conicet, Argentina Francisco González Ladrón de Guevara – Pontificia Universidad Javeriana, Colombia Sergio González Miranda – Universidad Arturo Prat, Chile Ariel Gravano – Conicet, Argentina Jefferson Jaramillo Marin – Pontificia Universidad Javeriana, Colombia Orián Jiménez Meneses – Universidad Nacional de Colombia Claudia Leal – Universidad de los Andes, Colombia Michael Lukas – Universidad de Chile Kira Mahamud Angulo – Universidad Nacional de Educación a Distancia, España José Francisco Márquez Guerra – Universidad del Atlántico, Colombia William Andrés Martínez Dueñas – Universidad del Cauca, Colombia Brenda Matossian – Conicet, Argentina Todd May – Clemson University, Estados Unidos Alejandra Osejo Varona – Instituto Alexander von Humboldt, Colombia Muriel Papalia – Universidad de Buenos Aires, Argentina Zandra Pedraza – Universidad de los Andes, Colombia Aceneth Perafán Cabrera – Universidad del Valle, Colombia Hugo Portela-Guarín – Universidad del Cauca, Colombia Carlos Walter Porto-Gonçalves – Universidade Federal Fluminense, Brasil Pablo Andrés Ramos – Pontificia Universidad Javeriana, Colombia Eduardo Restrepo – Pontificia Universidad Javeriana, Colombia Beatriz Rodríguez Labajos – Universitat Autònoma de Barcelona, España Marcela Salgado Vargas – Universidad de Chile Fabio Vladimir Sánchez Calderón – Universidad de los Andes, Colombia Beatriz Santamarina Campos – Universitat de València, España Henny Margoth Santiago Villa – Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, Colombia María Jimena Sasso Rojas – Universidad Nacional Autónoma de México Hernán Horacio Schiaffini – Conicet, Argentina Isaías Tobasura Acuña – Universidad de Caldas, Colombia Jairo Tocancipá-Falla – Universidad del Cauca, Colombia Shawn van Ausdal – Universidad de los Andes, Colombia Daniel Varela – Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Colombia Carlos Alfonso Victoria Mena – Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia Lucrecia Soledad Wagner – Conicet, Argentina

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Revista de Estudios Sociales · Universidad de los Andes

P O L Í T I C A

E D I T O R I A L

Normas para Autores Tipo de artículos, fechas y modalidades de recepción

La Revista de Estudios Sociales (RES) publica artículos inéditos en español, inglés o portugués que presenten resultados de investigación en ciencias sociales y reflexiones o revisiones teóricas que aporten a debates relevantes en este campo. La Revista publica también reseñas y ensayos bibliográficos con orientación crítica sobre temas propios de disciplinas como antropología, historia, sociología, ciencia política, filosofía, psicología, estudios culturales. En casos excepcionales se incluyen artículos que ya han sido publicados, siempre y cuando se reconozca su pertinencia dentro de las discusiones y problemáticas abordadas en la Revista, y su contribución a la consolidación del diálogo y el intercambio de ideas en los debates vigentes de la academia. Todos los artículos publicados cuentan con un número de identificación DOI, que de acuerdo con las políticas editoriales internacionales, debe ser citado por los autores que utilizan los contenidos, al igual que el título abreviado de la Revista: rev.estud.soc. Las fechas de recepción de artículos de tema abierto y para dossier se informarán en las respectivas convocatorias. Los artículos deben ser remitidos a través del formulario que se encuentra en la página web http://res.uniandes. edu.co o enviados al correo electrónico res@uniandes.edu. co. Los artículos presentados no deben estar en proceso de evaluación ni tener compromisos editoriales con ninguna otra publicación. La recepción de un texto se acusará de inmediato y los resultados de la evaluación se informarán en un plazo máximo de seis meses. La Revista somete todos los artículos que recibe en sus convocatorias a la herramienta de detección de plagio. Cuando se detecta total o parcialmente (sin la citación correspondiente) plagio, el texto no se envía a evaluación y se notifica al autor el motivo del rechazo. Teniendo en cuenta la cantidad de artículos que recibe la Revista de Estudios Sociales en cada convocatoria, no se publicaran artículos de un mismo autor en un periodo de dos años.

Evaluación de artículos y proceso editorial

Al recibir un artículo el Equipo Editorial revisa si cumple con los requisitos básicos exigidos por la Revista. Posteriormente los artículos son sometidos a un proceso de arbitraje a cargo de evaluadores internacionales, quienes pueden formular sugerencias al autor. Durante la evaluación, tanto

los nombres de los autores como los de los evaluadores se mantienen en el anonimato. La decisión final de publicar o rechazar los artículos es tomada por el Equipo Editorial, con base en los informes presentados por los evaluadores; esta decisión es comunicada al autor por medio de un concepto escrito emitido por el Editor de la Revista. Las observaciones de los evaluadores, así como las del Equipo Editorial, deberán ser tenidas en cuenta por el autor, quien hará los ajustes solicitados en el plazo estipulado por la Revista. La fecha de publicación informada por los editores se cumplirá, siempre y cuando el autor haga llegar toda la documentación solicitada en el plazo indicado. Durante el proceso de edición, los autores podrán ser consultados por los editores para resolver las inquietudes existentes. No obstante, la Revista se reserva el derecho de hacer correcciones de estilo menores. Tanto en el proceso de evaluación como en el proceso de edición, el correo electrónico constituye el medio de comunicación privilegiado con los autores.

Parámetros para la presentación de artículos

Es requisito indispensable que en el momento de la remisión los artículos cumplan con los parámetros establecidos por la Revista de Estudios Sociales: •

•

Estar escritos en formato Word, en letra Times New Roman tamaño 12, con interlineado 1 ½ , paginado, en papel tamaño carta y con márgenes de 2,5 cm. Las notas a pie de página deben estar en Times New Roman 10 y a espacio sencillo. Tener una extensión entre 7.000 y 10.000 palabras en total, incluidos los resúmenes y las palabras clave, la bibliografía y las notas a píe de página, entre otros. Tener resumen del artículo en español, no superior a 120 palabras, y su respectiva traducción al inglés. El título del texto debe ser presentado igualmente en ambos idiomas. Tener entre tres y seis palabras clave que identifiquen el artículo, tanto en inglés como en español. Las palabras clave deben reflejar el contenido del documento, y por ello es necesario que señalen las temáticas precisas del artículo, rescatando las áreas de conocimiento en las que se inscribe y los principales conceptos. Se recomienda revisar los términos y jerarquías establecidos en los listados bibliográficos (THESAURUS), y buscar correspondencia entre títulos, resúmenes y palabras clave. Cuando una palabra no se encuentre normalizada en THESAURUS, debe señalarse.

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• •

•

Estar escritos en un lenguaje académico accesible a públicos de diferentes disciplinas. En un archivo aparte incluir los datos de los autores: títulos académicos, lugar de trabajo o estudio actual, grupo de investigación al que pertenecen, últimas dos publicaciones y correo electrónico. En ese mismo archivo incluir la información de procedencia del artículo. En caso de que éste sea resultado de una investigación, la información del proyecto del que hace parte y el nombre de la institución financiadora. Cuando los contenidos utilizados tengan un número de identificación DOI este debe incluirse en el listado de referencias.

Reglas de edición •

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La primera vez que se use una sigla o abreviatura, ésta deberá ir entre paréntesis después de la fórmula completa; las siguientes veces se usará únicamente la sigla o abreviatura. Las citas textuales que sobrepasen cuatro renglones deben colocarse en formato de cita larga, a espacio sencillo, tamaño de letra 11 y márgenes reducidos. La Revista de Estudios Sociales utiliza el formato Author-Date References de Chicago Manual of Style para presentar las citas y referencias incluidas en el artículo. Deben tenerse en cuenta los detalles de puntuación exigidos (coma, punto, dos puntos, paréntesis, etc.) y la información requerida. El listado bibliográfico debe incluir las referencias que han sido citadas dentro del texto (en una relación 1 a 1), enumeradas y en orden alfabético. Es indispensable incluir los nombres completos de los autores y/o editores en cada una de las referencias.

A continuación se presentan los ejemplos que muestran las diferencias entre la forma de citar dentro del texto (T) y la forma de citar en la lista bibliográfica (B). Libro de un solo autor: T: (Abello 2003, 56) B: Abello, Ignacio. 2003. Violencias y culturas. Bogotá: Universidad de los Andes – Alfaomega Colombiana. Libro de dos o tres autores: T: (Drennan, Herrera y Uribe 1989, 27) B: Drennan, Robert, Luisa Fernanda Herrera y Carlos Alberto Uribe. 1989. Cacicazgos prehispánicos del Valle de la Plata. El contexto medioambiental de la ocupación humana. Tomo 1. Bogotá: Pittsburg University – Universidad de los Andes. Cuatro o más autores: T: (Laumann et al. 1994, 30) B: Laumann, Edward, John Gagnon, Robert Michael y Stuart Michaels. 1994. The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States. Chicago: University of Chicago Press. Capítulo de libro: T: (Saldarriaga 2004, 32-33) B: Saldarriaga, Lina María. 2004. “Aprendizaje cooperativo”.

En Competencias ciudadanas: de los estándares al aula. Una propuesta integral para todas las áreas académicas, editado por Enrique Chaux, Juanita Lleras y Ana María Velásquez, 102-135. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional – Universidad de los Andes. Introducciones, prefacios o presentaciones: T: (Sanders 2014, 15) B: Sanders, James. 2014. Introducción/prefacio/presentación a The Vanguard of the Atlantic World: Creating Modernity, Nation, and Democracy in NineteenthCentury Latin America. Durham: Duke University Press. Artículo de revista (impresas o en línea): T: (Aguilar 2008, 27) B: Gutiérrez Rivera, Lirio. 2008. “Assimilation or Cultural Difference? Palestinian Immigrants in Honduras”. Revista de Estudios Sociales 48: 57-68. http://dx.doi.org/10.7440/ res48.2014.05. En caso de que la revista tenga volumen y número, se citará de la siguiente manera: Apellido, Nombre. Año. Título. Nombre de la revista volumen, no. #: Páginas. Ejemplo: Guttman, Allen. 2003. “Sport, Politics and the Engaged Historian”. Journal of Contemporary History 38 (3): 363-375. Artículo de prensa (con autor y sin él): T: (Martin 2002) B: Martin, Steve. 2002. “Sports-interview Shocker”. New Yorker, 6 de mayo, 30, http://www.cabrini.edu/Library/ documents/ChicagoStyleGuide.pdf. T: (“Aprenda usted a vivir” 1966) B: “Aprenda usted a vivir: nuestro enemigo cada día”. 1966. El Correo, 22 de enero, 12. Reseña de libro: T: (Duque 2008) B: Duque, Juliana. 2008. Reseña del libro Alimentación, género y pobreza en los Andes ecuatorianos, de Mary Weismantel. Revista de Estudios Sociales 29: 177-178. Tesis o disertación y otros documentos inéditos: T: (Amundin 1991, 22-29) B: Amundin, Mats. 1991. “Click Repetition Rate Patterns in Communicative Sounds from the Harbour Porpoise, Phocoena phocoena”, disertación doctoral, Stockholm University. Ponencias: T: (Doyle 2002) B: Doyle, Brian. 2002. “Howling Like Dogs: Metaphorical Language in Psalm 59”. Ponencia presentada en el Annual International Meeting for the Society of Biblical Literature. The University of Chicago. Documentos recuperados de internet: T: (Sabo 2000) B: Sabo, Don. 2000. Comprender la salud de los hombres: un enfoque relacional y sensible al género. Organización Panamericana de La Salud. www.bvs-psi.org.br. Nota: en ningún caso se utiliza op. cit., ibid. o ibidem.

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Los artículos que incluyan fuentes de archivo deben presentar las referencias en notas a pie de página numeradas, de manera que faciliten al lector la identificación y el acceso a los documentos en el archivo correspondiente. Es necesario indicar: Siglas del archivo, Sección, Fondo, vol./leg./t., f. o ff. (lugar, fecha, y otros datos pertinentes). La primera vez se cita el nombre completo del archivo con la abreviatura entre paréntesis, y después, sólo la abreviatura. Al final del texto, deben recogerse todas las referencias primarias en un listado separado del bibliográfico. Presentar los cuadros, tablas, imágenes y gráficas numerados al final del documento, y para el caso de imágenes o gráficas muy pesadas, en archivo aparte (jpg o tiff 300 dpi y 240 pixeles). Es responsabilidad del autor gestionar y entregar a la Revista el permiso para la publicación de las imágenes que lo requieran. Es necesario que dentro del texto se indique el lugar donde se ubica cada cuadro/tabla/imagen/gráfico. Esta instrucción se presenta entre paréntesis, de la siguiente manera: [Insertar Cuadro 1 aquí] Estos recursos deben incluirse en número moderado y buscando siempre que sean claros, legibles y pertinentes para la argumentación del artículo.

Parámetros para la presentación de reseñas •

• • •

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Estar escritas en formato Word, en letra Times New Roman tamaño 12, paginado, en papel tamaño carta y con márgenes de 2,5 cm. Tener una extensión de entre 4 y 12 páginas (espacio doble). Incluir datos completos del texto reseñado (autor, título, fecha, ciudad, editorial y páginas totales). Incluir los datos del autor: títulos académicos, lugar de trabajo o estudio actual, grupo de investigación al que pertenece y correo electrónico. Se espera que las reseñas no solamente den cuenta del contenido del libro, sino que incorporen una perspectiva crítica y analítica.

Indicaciones para los autores • •

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Cada autor recibirá dos ejemplares de cortesía de la Revista de Estudios Sociales. Los autores y/ o titulares de los artículos aceptados autorizan la utilización de los derechos patrimoniales de autor (reproducción, comunicación pública, transformación y distribución) a la Universidad de los Andes/ Facultad de Ciencias Sociales, para incluir su escrito o artículo en la Revista de Estudios Sociales (versión impresa y versión electrónica). En caso de que un artículo quiera incluirse posteriormente en otra publicación, deben señalarse claramente los datos de la publicación original en la Revista de Estudios sociales, previa autorización del Equipo Editorial de la Revista.

Políticas éticas Publicación y autoría

La Revista de Estudios Sociales hace parte de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes (Colombia), encargada del soporte financiero de la publicación. Se encuentra ubicada en el Edificio Franco, Of. GB-417. La dirección electrónica de la Revista es http://res.uniandes. edu.co/ y su correo res@uniandes.edu.co El teléfono de contacto es el 3394999, extensiones 4819. Cuenta con la siguiente estructura: un director, un editor, un coordinador editorial y un consejo editorial que garantizan la calidad y pertinencia de los contenidos de la Revista. Los miembros del consejo son evaluados anualmente en función de su reconocimiento en el área y de su producción académica, visible en otras revistas nacionales e internacionales. Los artículos presentados a la Revista deben ser originales e inéditos y estos no deben estar simultáneamente en proceso de evaluación ni tener compromisos editoriales con ninguna otra publicación. Si el manuscrito es aceptado, los editores esperan que su aparición anteceda a cualquier otra publicación total o parcial del artículo. Si el autor de un artículo quisiera incluirlo posteriormente en otra publicación, la Revista donde se publique deberá señalar claramente los datos de la publicación original, previa autorización solicitada al editor de la Revista. Así mismo, cuando la Revista tiene interés de publicar un artículo que ya ha sido previamente publicado se compromete a pedir la autorización correspondiente a la editorial que realizó la primera publicación.

Responsabilidades del autor

Los autores deben remitir sus artículos a través del siguiente enlace y enviarlo al siguiente correo electrónico: res@uniandes.edu.co en las fechas establecidas por la Revista para la recepción de los artículos. La Revista tiene normas para los autores de acceso público, que contienen las pautas para la presentación de los artículos y reseñas, así como las reglas de edición. Se puede consultar en: http://res.uniandes.edu.co/page.php?c=Politica+Editorial y en la versión impresa de la Revista. Si bien los equipos editoriales aprueban los artículos con base en criterios de calidad, rigurosidad investigativa y teniendo en cuenta la evaluación realizada por pares, los autores son los responsables de las ideas allí expresadas, así como de la idoneidad ética del artículo. Los autores tienen que hacer explícito que el texto es de su autoría y que en el mismo se respetan los derechos de propiedad intelectual de terceros. Si se utiliza material que no sea de propiedad de los autores, es responsabilidad de los mismos asegurarse de tener las autorizaciones para

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el uso, reproducción y publicación de cuadros, gráficas, mapas, diagramas, fotografías, etc. También aceptan someter sus textos a las evaluaciones de pares externos y se comprometen a tener en cuenta las observaciones de los evaluadores, así como las del equipo editorial, para la realización de los ajustes solicitados. Estas modificaciones y correcciones al manuscrito deberán ser realizadas por el autor en el plazo que le sea indicado por el editor de la Revista. Luego que la Revista reciba el artículo modificado, se le informará al autor acerca de su completa aprobación. Cuando los textos sometidos a consideración de la Revista no sean aceptados para publicación, el editor enviará una notificación escrita al autor explicándole los motivos por los cuales su texto no será publicado en la Revista. Durante el proceso de edición, los autores podrán ser consultados por los editores para resolver las inquietudes existentes. Tanto en el proceso de evaluación como en el proceso de edición, el correo electrónico constituye el medio de comunicación privilegiado con los autores. El equipo editorial se reserva la última palabra sobre la publicación de los artículos y el número en el cual se publicarán. Esa fecha se cumplirá siempre y cuando el autor haga llegar toda la documentación que le es solicitada en el plazo indicado. La Revista se reserva el derecho de hacer correcciones menores de estilo. Los autores de los textos aceptados autorizan, mediante la firma del “Documento de autorización de uso de derechos de propiedad intelectual”, la utilización de los derechos patrimoniales de autor (reproducción, comunicación pública, transformación y distribución) a la Universidad de los Andes, para incluir el texto en la Revista (versión impresa y versión electrónica). En este mismo documento los autores confirman que el texto es de su autoría y se respetan los derechos de propiedad intelectual de terceros.

Revisión por pares/responsabilidad de los evaluadores

A la recepción de un artículo, el equipo editorial evalúa si cumple con los requisitos básicos exigidos por la Revista. El equipo editorial establece el primer filtro, teniendo en cuenta formato, calidad (objetivo, marco teórico, metodología, conclusiones y bibliografía). Después de esta primera revisión, se definen los artículos que iniciarán el proceso de arbitraje. Los textos son, en esta instancia, sometidos a la evaluación de pares académicos internacionales y al concepto del equipo editorial, quien se reserva la última palabra de los contenidos a publicar. El resultado será comunicado al autor en un período de hasta seis meses a partir de la recepción del artículo. Cuando el proceso de evaluación exceda este plazo, el editor deberá informar al autor dicha situación. Todos los artículos que pasen el primer filtro de revisión serán sometidos a un proceso de arbitraje a cargo de evaluadores internacionales, quienes podrán formular

sugerencias al autor, señalando referencias significativas que no hayan sido incluidas en el trabajo. Estos lectores son, en su mayoría, externos a la institución y en su elección se busca que no tengan conflictos de interés con las temáticas sobre las que deben conceptuar. Ante cualquier duda se procederá a un remplazo del evaluador. La Revista cuenta con un formato que contiene preguntas con criterios cuidadosamente definidos, que el evaluador debe responder sobre el artículo objeto de evaluación. A su vez, tiene la responsabilidad de aceptar, rechazar o aprobar con modificaciones el artículo arbitrado. Durante la evaluación, tanto los nombres de los autores como de los evaluadores serán mantenidos en completo anonimato.

Responsabilidades editoriales El equipo editorial de la Revista, con la participación de los comités editorial y científico, es responsable de definir las políticas editoriales para que la Revista cumpla con los estándares que permiten su posicionamiento como una reconocida publicación académica. La revisión continua de estos parámetros asegura que la Revista mejore y llene las expectativas de la comunidad académica. Así como se publican normas editoriales, que la Revista espera sean cumplidas en su totalidad, también deberá publicar correcciones, aclaraciones, rectificaciones y dar justificaciones cuando la situación lo amerite. El equipo es responsable, previa evaluación, de la escogencia de los mejores artículos para ser publicados. Esta selección estará siempre basada en la calidad y relevancia del artículo, en su originalidad y contribuciones al conocimiento social. En este mismo sentido, cuando un artículo es rechazado la justificación que se le da al autor deberá orientarse hacia estos aspectos. El editor es responsable del proceso de todos los artículos que se postulan a la Revista, y debe desarrollar mecanismos de confidencialidad mientras dura el proceso de evaluación por pares hasta su publicación o rechazo. Cuando la Revista recibe quejas de cualquier tipo, el equipo debe responder prontamente de acuerdo a las Normas establecidas por la publicación, y en caso de que el reclamo lo amerite, debe asegurarse de que se lleve a cabo la adecuada investigación tendiente a la resolución del problema. Cuando se reconozca falta de exactitud en un contenido publicado, se consultará al comité editorial, y se harán las correcciones y/o aclaraciones en la página Web de la Revista. Tan pronto un número de la Revista salga publicado el editor tiene la responsabilidad de su difusión y distribución a los colaboradores, evaluadores y a las entidades con las que se hayan establecido acuerdos de intercambio, así como a los repositorios y sistemas de indexación nacionales e internacionales. Igualmente, el editor se ocupará del envío de la Revista a los suscriptores activos.

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E D I T O R I A L

P O L I C Y

Instructions for Authors Types of articles, submission dates and guidelines

The Revista de Estudios Sociales (RES) publishes previously unpublished articles in Spanish, English and Portuguese that present the results of research in the social sciences, and reflections or theoretical reviews that contribute to relevant debates in this field. The RES also publishes bibliographical reviews and essays with a critical orientation on topics proper to fields such as anthropology, history, sociology, political science, philosophy, psychology, and cultural studies. In exceptional cases, articles that have been published previously may also be included, but only when their relevance within the discussions and problem areas dealt with in the journal is recognized, as well as their contribution to the consolidation of dialogue and the exchange of ideas in current academic debates. All the articles published have a DOI identification number which, according to international editorial policies, must be cited by the authors who use the contents, along with the abbreviated title of the journal: rev.estud.soc. Submission deadlines for open-topic articles and issue-specific topics are announced in each call for papers. For publication in RES, articles must be sent directly in the form posted on the journal’s web page at http://res. uniandes.edu.co or by e-mail to res@uniandes.edu.co . The articles submitted should not be undergoing evaluation nor have any commitments for publication elsewhere. Receipt of a text will be acknowledged immediately and the results of its evaluation will be made known within a maximum period of six months. All articles submitted for publication in RES undergo a plagiarism-detection process. When plagiarism – either total, or partial (i.e., without the corresponding citation) – is detected, the text will not be considered for evaluation and the author will be notified of the reason for its rejection. Given the large number of articles submitted in each call for papers, the journal will not publish more than one article by the same author within a two-year period.

Editorial Policy

When an article is received, the Editorial Board assesses it to see whether it meets the basic requirements established for publication by the journal. All articles accepted for consideration are subjected to international peer-review process in which the evaluators can also make suggestions to the author regarding the article. The names of the

authors and the evaluators will remain anonymous throughout the evaluation process. The final decision to either publish or reject an article is made by the Editorial Board, based on the results of the peer evaluation, and is communicated to the author in writing by the editor of RES. Observations made by the evaluators and by the Editorial Board must be taken into account by the author, who will make the necessary adjustments within the time limit set by the editor. The Editorial Board has the final say regarding the publication of articles and the issue in which each article will be published. The author will be informed of the decision immediately, provided that all required documentation has been presented within the established deadlines. During the editing process, authors may be called on to resolve any doubts that arise, but the journal reserves the right to proofread and correct any minor errors detected in the text. E-mail will normally be used for communicating with the author during the evaluation and editing processes.

Instructions for Submitting Articles

All articles submitted must comply with the following requirements established for publication in RES: •

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They should be submitted in Word format, US letter, Times New Roman 12-point font, paginated, 1½ Line spacing, with 2.5cm margins. Footnotes should be set in Times New Roman 10-point font, single spaced. Articles should be from 7,000 to 10,000 words long, including abstracts, key words and footnotes. Every article must include an abstract of no more than 120 words, and a list of 3 to 6 key words to identify the article and indicate precise topics it deals with. The title, abstract and key words must all be presented in English as well as in Spanish, and both versions are to be included in the form for submitting articles. Have between 3 and 6 key words which identify the article, in English as well as in Spanish. It is necessary that both groups be included in the form for sending articles. The key words should reflect the contents of the document and it is therefore necessary thatthey point out the precise themes of the article, covering the areas of knowledge in which they fall and the principle concepts. It is recommended that the terms and hierarchies in the bibliographical lists (THESAURUS) be reviewed and correspondence between titles,

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summaries and key words be sought. Articles should be written in language that is accessible to readers from a variety of different fields. Author information must be presented in a separate document and details should include the full name, address, phone number, e-mail address, academic degrees, institutional affiliation, current position, current studies, and publications in books and journals. This separate sheet should also indicate the research study on which the article is based and how it was funded. When the contents used have a DOI identification number, it should be included in the list of references.

Stylistic Rules •

• •

The first time an acronym or abbreviation is used, it should be placed in parentheses immediately following the full form to which it corresponds. On subsequent occasions, the acronym or abbreviation will be used alone. Long quotations of four lines or more must be indented, single spaced, in 11-point font, without quotation marks. Revista de Estudios Sociales uses the Chicago Manual of Style Author-Date References for presenting citations and references included in the articles it publishes. The rules regarding punctuation details (comma, period, colon, parentheses, etc.) and the data requirements in citations and references information must be observed. The bibliography must include all references that have been cited in the text (in a 1 to 1 relationship), numbered consecutively, and in alphabetical order. The complete names of authors and/or editors must be included in each one of the references.

The following examples are presented to show the differences between the brief parenthetical form of citation to be used within the text (T), and the full form of citation to be used in the bibliography (B). Book by a single author: T: (Abello 2003) B: Abello, Ignacio. 2003. Violencias y culturas. Bogota: Universidad de los Andes – Alfaomega Colombiana. Book by two or three authors: T: (Drennan, Herrera and Uribe 1989, 27) B: Drennan, Robert, Luisa Fernanda Herrera y Carlos Alberto Uribe. 1989. Cacicazgos prehispánicos del Valle de la Plata. El contexto medioambiental de la ocupación humana. Tomo 1. Bogotá: Pittsburg University – Universidad de los Andes. Book by four or more authors: T: (Laumann et al. 1994) B: Laumann, Edward, John Gagnon, Robert Michael and Stuart Michaels. 1994. The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States. Chicago: University of Chicago Press.

Book chapter: T: (Saldarriaga 2004, 32-33) B: Saldarriaga, Lina María. 2004. “Aprendizaje cooperativo”. In Competencias ciudadanas: de los estándares al aula. Una propuesta integral para todas las áreas académicas, edited by Enrique Chaux, Juanita Lleras y Ana María Velásquez, 102-135. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional – Universidad de los Andes. Introduction, preface o presentation: T: (Sanders 2014, 15) B: Sanders, James. 2014. Introduction / preface / presentation to The Vanguard of the Atlantic World: Creating Modernity, Nation, and Democracy in NineteenthCentury Latin America. Durham: Duke University Press. Magazine article (print or online): T: (Aguilar 2008, 27) B: Gutiérrez Rivera, Lirio. 2008. “Assimilation or Cultural Difference? Palestinian Immigrants in Honduras”. Revista de Estudios Sociales 48: 57-68. http://dx.doi.org/10.7440/ res48.2014.05. When the reference to an article in a journal includes a volume and issue number, it will be cited in the following way: Last name, First name. Title of article. Name of journal, volume, n°: page numbers. Example: Guttman, Allen. 2003. “Sport, Politics and the Engaged Historian”. Journal of Contemporary History 38 (3): 363-375. Press article (with author and without it): T: (Martin 2002) B: Martin, Steve. 2002. “Sports-interview Shocker”. New Yorker, 6 May, 30, http://www.cabrini.edu/Library/ documents/ChicagoStyleGuide.pdf. T: (“Aprenda usted a vivir” 1966) B: “Aprenda usted a vivir: nuestro enemigo cada día”. 1966. El Correo, 22 January, 12. Book review: T: (Duque 2008) B: Duque, Juliana. 2008. Review of Alimentación, género y pobreza en los Andes ecuatorianos, by Mary Weismantel. Revista de Estudios Sociales 29: 177-178. Thesis or dissertation: T: (Amundin 1991, 22-29) B: Amundin, Mats. 1991. “Click Repetition Rate Patterns in Communicative Sounds from the Harbour Porpoise, Phocoena phocoena.” PhD diss., Stockholm University, Sweden. Paper presented at a meeting or conference: T: (Doyle 2002) B: Doyle, Brian. 2002. “Howling Like Dogs: Metaphorical Language in Psalm 59.” Paper presented at the annual international meeting for the Society of Biblical Literature. The University of Chicago. Online documents: T: (Sabo 2000) B: Sabo, Don. 2000. Comprender la salud de los hombres: un enfoque relacional y sensible al género. Organización Panamericana de La Salud. <www.bvs-psi.org.br>. Note: Ibid, ibidem or op. cit. should not be used in these cases.

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•

Articles that include source files should present the references in numbered footnotes, so as to facilitate the reader’s identification of and access to the documents in the corresponding file. It is necessary to indicate the following: Abbreviation of the name of the file, Section, Source, vol./leg./t., f. o ff. (place, date and other relevant information). The complete name of the file, followed by its abbreviated form set in parentheses, is used the first time a file is cited; the abbreviation is used alone in subsequent citations. All primary references should be placed on a separate reference list at the end of the text, before the bibliography. Tables, graphs and illustrations should also be presented on a separate page at the end of the text. Images must be submitted in high-quality digital format. The author is responsible for obtaining authorization to reproduce figures that require it. It is necessary to indicate the place where each table/ graph/illustration is to be located within the text. The corresponding instruction should be set in brackets at the exact point where the item should be placed in the text, as shown in the following example: [Insert Table 1 here.]

•

Moderate use of tables, graphs and illustrations is recommended.

Instructions for Submitting Reviews •

• •

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Reviews should be presented in Word format, US letter, Times New Roman 12-point font, paginated, single spaced, with 2.5 cm margins. They should be from 2 to 6 pages long. They must include complete information about the text reviewed: author, title, date, city, publisher, total number of pages. Author information must be included in the same document: name, academic degrees, institutional affiliation, current position, current studies, e-mail address.

Directions for authors •

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Each author whose work is published will receive 2 courtesy copies of the issue of Revista de Estudios Sociales in which the article appears. Authors and/or copyright holders of articles that are accepted will assign the copyrights (reproduction, public communication, transformation and distribution) to the School of Social Sciences of the Universidad de los Andes in order for the work to be included in Revista de Estudios Sociales (print version and electronic version). In order for an article to be used in another publication at a later date, its original publication in Revista de Estudios Sociales must be clearly acknowledged and formal permission for its use must obtained from RES.

Ethical Guidelines Publication and authorship

La Revista de Estudios Sociales is the journal of the Faculty of Social Sciences at Universidad de los Andes who finances the publication. It is located in the Franco Building, Of. GB-417. The web page of the journal is http:// res.uniandes.edu.co/ and its e-mail address res@uniandes. edu.co Contact telephone is 3394999, extension 4819. The structure of its organization is as follows: a director, an editor, an assistant editor, an editorial committee and a scientific committee who guarantee the quality and relevance of the contents of the journal. The members are evaluated annually in relation to their academic production in other national and international journals. The articles submitted to the journal must be original and unpublished and must not be in an evaluation process or have an editorial commitment to any other publication. If the manuscript is accepted, the editors expect that its appearance will precede republication of the essay, or any significant part thereof, in another work. If the author of an article wants to include it in another publication, the details of the original publication must be clearly stated by the journal where it will be published and must be authorized by the editor of the journal. In the same way when the journal is interested in publishing an article that has been previously published it will ask for permission from the editorial charged of the first publication.

Author responsibilities

Authors must submit their articles through the following link and send them to the following addresses: res@ uniandes.edu.co within the dates set by the magazine for their submission. The magazine has instructions of public access for the authors that contain the guidelines for the presentation of the articles and reviews, as well as editorial procedures which can be accessed in: http://res. uniandes.edu.co/page.php?c=Politica+Editorial and in all the printed versions of the journal. Although the articles approved by editorial teams take into account criteria of quality, research rigor and the evaluation by peers. The responsibility for the ideas expressed in the article rest upon the authors, as well as his ethical level. The authors must specifically make clear that the essay written by them respects the intellectual property rights of third parties. If they use material which is not their property it is their responsibility to obtain due permission for their use in publication, be it illustrations, maps diagrams, photographs, etc.

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They also agree to submit their texts to evaluation by two external peers and must take into account their observations as well as those made by the Editorial Board. These should be noted by the author to make the necessary adjustments. The author, in the time limit indicated by the journal editor, must carry out the modifications and corrections of the manuscript. Once the modified article is submitted, the author will be notified of its complete approval. When the manuscripts submitted to the journal are not accepted for publication the editor will notify the author in writing, explaining the reasons why it will not be published. During the editing process, editors may consult the authors to clarify any doubts. Both in the process of evaluation and edition any communication with the authors will be by electronic means preferably. The Editorial Board will reserve rights regarding the publication of the articles and the issue in which they will be published. The publication date will be observed once the author submits the required documentation within the time frame previously indicated. The journal reserves the right to make minor corrections of style. The authors of approved manuscripts authorize the use of intellectual property rights by signing the ‘Document of authorization of intellectual property rights use’ and the usage of the author’s patrimonial rights (reproduction, public communication, transformation and distribution) to the Universidad de los Andes, in order to include the text in the journal (both printed and electronic versions). In this same document the authors confirm that they are the authors of the text and that intellectual property rights of third parties are respected in the text.

Peer review / responsibility for the reviewers

Upon receipt of an article, the editorial team evaluates it to see whether it meets the basic requirements stipulated by the journal. The editorial team establishes the first filter, taking into account both format and quality (objective, theoretical framework, methodology, conclusions and bibliography). After this first review, it is decided which articles will begin the arbitration process. At this point, the texts are subjected to international peer review, as well as to assessment by the editorial team, which has the last word regarding which contents will be published. The results will be communicated to the author within a period of six months from the date of receipt of the article. When the evaluation process exceeds this time limit, the editor must inform the author of said situation. All articles that pass the first revision filter will be submitted to an evaluation process by international peer reviewers, who can make suggestions to the author, pointing out possibly significant references to the author which have not been included in the essay. These readers

are generally external to the institution and are chosen taking into account they do not have interests that might conflict with the topics they are evaluating. If there are any doubts the evaluator will be replaced. The journal uses a format that contains questions with carefully defined criteria that must be answered by the evaluator about the article. He or she has the responsibility of accepting or refusing the article or approving modifications to it. During this process the journal will under no circumstances reveal the name of the author of the article being evaluated. In the same way the journal protects the identity of reviewers. During the evaluation both the names of the authors as well as those of the reviewers will not be disclosed.

Editorial responsibilities

The Editorial Board of the journal composed of scientific and editorial teams, is responsible for defining the editorial policies so that the journal sustains the standards of a renowned academic publication. These guidelines are constantly reviewed to improve the journal and fulfill the expectations of the academic community. Just as the journal expects editorial norms be to be observed, it must also publish corrections, clarifications, retractions and apologies when needed. The Editorial Board is responsible for the choice of the best articles to be published after evaluation. This selection will always be based on the quality and relevance of the article, as well as its originality and contributions to the social knowledge. In the same way, when an article is refused, the justification given to the author must take these aspects into consideration. The editor is responsible for the procedure of all the articles submitted to the magazine, and must develop confidential mechanisms during the evaluation process that leads to its publication or refusal. When the magazine receives complaints of any kind the team must answer promptly according to the norms established for publication, and in case the complaint is justified it must make sure the necessary investigation is carried out to solve the problem. When there is a mistake in a published content it must be promptly corrected and announced in the Web site of the journal. As soon as a volume of the journal is published the editor has the responsibility of its diffusion and distribution to contributors, reviewers and institutions with whom exchange agreements have been established, as well as national and international repositories and indexation systems. In the same way the editor will be in charge of sending the journal to active subscribers.

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P O L Í T I C A

E D I T O R I A L

Normas para os autores Tipo de artigos, datas e modalidades de recepção

A Revista de Estudios Sociales (RES) publica artigos inéditos em espanhol, inglês ou português que apresentarem resultados de pesquisa em ciências sociais e reflexões ou revisões teóricas que contribuam para o debate nesse campo. A RES publica também resenhas e ensaios bibliográficos com orientação crítica sobre temas próprios de disciplinas como antropologia, história, sociologia, ciência política, filosofia, psicologia e estudos culturais. Em casos excepcionais, incluem-se artigos que já tenham sido publicados contanto que sejam reconhecidas sua pertinência nas discussões e problemáticas abordadas na Revista, e sua contribuição para a consolidação do diálogo e do intercâmbio de ideias nos debates atuais da academia. Todos os artigos publicados contam com um número de identificação DOI que, de acordo com as políticas editoriais internacionais, deve ser citado pelos autores que utilizam os conteúdos, bem como o título abreviado da Revista: rev.estud.soc. As datas de recepção de artigos de tema aberto e para dossiê serão informadas nos respectivos editais. Os artigos devem ser enviados por meio do formulário que se encontra na página web http://res.uniandes.edu.co ou pelo e-mail res@uniandes.edu.co. Os artigos apresentados não devem estar em processo de avaliação nem ter compromissos editoriais com nenhuma outra publicação. A recepção de um texto será acusada de imediato e os resultados da avaliação serão informados num prazo máximo de seis meses. A Revista submete todos os artigos que recebe em seus editais à ferramenta de detecção de plágio. Quando se detecta que um texto foi usado sem a citação correspondente (total ou parcialmente), este não é enviado à avaliação e o autor é notificado sobre o motivo da recusa.

quanto os dos avaliadores se manterão no anonimato. A decisão final de publicar ou recusar os artigos é tomada pelo Corpo Editorial, com base nos relatórios apresentados pelos avaliadores; essa decisão é comunicada ao autor por meio de um conceito escrito emitido pelo Editor da Revista. As observações dos avaliadores, bem como as do Corpo Editorial, deverão ser consideradas pelo autor, o qual fará os ajustes solicitados no prazo estipulado pela Revista. A data de publicação informada pelos editores se cumprirá contanto que o autor faça chegar toda a documentação solicitada no prazo indicado. Durante o processo de edição, os autores poderão ser consultados pelos editores para resolver as dúvidas existentes. No entanto, a Revista se reserva o direito de fazer correções de estilo menores. Tanto no processo de avaliação quanto no de edição, o e-mail constitui o meio de comunicação privilegiado com os autores.

Parâmetros para a apresentação de artigos É requisito indispensável que, no momento do envio, os artigos cumpram com os parâmetros estabelecidos pela RES descritos a seguir. •

•

• Considerando a quantidade de artigos que a Revista de Estudios Sociales recebe em cada edital, não se publicarão artigos de um mesmo autor em um período de dois anos. •

Avaliação de artigos e processo editorial

Ao receber um artigo, o Corpo Editorial confere se este cumpre com os requisitos básicos exigidos pela Revista. Em seguida, os artigos são submetidos a um processo de arbitragem sob a responsabilidade de pares avaliadores internacionais, os quais podem formular sugestões ao autor. Durante a avaliação, tanto os nomes dos autores

Estarem escritos em formato Word, em letra Times New Roman tamanho 12, com entrelinha 1 ½ , paginado, em papel tamanho carta e com margens de 2,5 cm. As notas de rodapé devem estar em Times New Roman 10 e entrelinha simples. Terem uma extensão entre 7.000 e 10.000 palavras no total, incluídos os resumos e as palavras-chave, a bibliografia e as notas de rodapé, entre outros. Terem resumo do artigo em espanhol não superior a 120 palavras, e sua respectiva tradução ao inglês. O título do texto deve ser apresentado também em ambos os idiomas. Terem entre três e seis palavras-chaves que identifiquem o artigo, tanto em inglês quanto em espanhol. Essas palavras devem refletir o conteúdo do documento e, por isso, é necessário que indiquem as temáticas precisas do artigo e resgatem as áreas de conhecimento nas quais se inscreve, bem como os principais conceitos. Recomenda-se revisar os termos e hierarquias estabelecidos nas listas bibliográficas (TESAUROS) e procurar correspondência entre títulos,

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• •

•

resumos e palavras-chave. Estarem escritos em uma linguagem acadêmica acessível a públicos de diferentes disciplinas. Em um arquivo separado, incluir os dados dos autores: títulos acadêmicos, lugar de trabalho ou estudo atual, grupo de pesquisa ao qual pertencem, últimas duas publicações e e-mail. Nesse mesmo arquivo, incluir a informação de procedência do artigo. No caso de este ser resultado de uma pesquisa, incluir a informação do projeto do qual faz parte e o nome da instituição financiadora. Quando os conteúdos utilizados tiverem um número de identificação DOI, este deve ser incluído na lista de referências.

Regras de edição •

•

A primeira vez que se use uma sigla ou abreviatura, esta deverá ir entre parênteses depois da fórmula por extenso; nas seguintes citações, será usada unicamente a sigla ou abreviatura. As citações textuais que ultrapassarem quatro linhas devem ser colocadas em formato de citação longa, com espaço simples, tamanho de letra 11 e margens reduzidas. RES utiliza do formato Author-Date References do Chicago Manual of Style para apresentar as citações e referências incluídas no artigo. Devem ser considerados todos os detalhes de pontuação exigidos (vírgula, ponto, dois-pontos, parênteses etc.) e a informação requerida. A lista bibliográfica deve incluir as referências que foram citadas no texto (em uma relação 1 a 1), enumeradas e em ordem alfabética. É indispensável incluir os nomes completos dos autores e/ou editores em cada uma das referências.

A seguir, apresentam-se alguns exemplos que mostram as diferenças entre a forma de citar no texto (T) e a forma de citar na lista bibliográfica (B). Livro de só um autor: T: (Abello 2003) B: Abello, Ignacio. 2003. Violencias y culturas. Bogotá: Universidad de los Andes – Alfaomega Colombiana. Livro de dois ou três autores: T: (Drennan, Herrera e Uribe 1989, 27) B: Drennan, Robert, Luisa Fernanda Herrera e Carlos Alberto Uribe. 1989. Cacicazgos prehispánicos del Valle de la Plata. El contexto medioambiental de la ocupación humana. Tomo 1. Bogotá: Pittsburg University – Universidade de Los Andes. Quatro ou mais autores: T: (Laumann et al. 1994) B: Laumann, Edward, John Gagnon, Robert Michael e Stuart Michaels. 1994. The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States. Chicago: University of Chicago Press.

Capítulo de livro: T: (Saldarriaga 2004, 32-33) B: Saldarriaga, Lina María. 2004. “Aprendizaje cooperativo”. Em Competencias ciudadanas: de los estándares al aula. Una propuesta integral para todas las áreas académicas, editado por Enrique Chaux, Juanita Lleras e Ana María Velásquez, 102-135. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional – Universidad de los Andes. Introdução, prefácio o apresentação: T: (Sanders 2014, 15) B: Sanders, James. 2014. Introdução / prefácio / apresentação a The Vanguard of the Atlantic World: Creating Modernity, Nation, and Democracy in NineteenthCentury Latin America. Durham: Duke University Press. Artigo de revista (impresso ou on-line): T: (Aguilar 2008, 27) B: Gutiérrez Rivera, Lirio. 2008. “Assimilation or Cultural Difference? Palestinian Immigrants in Honduras”. Revista de Estudios Sociales 48: 57-68. http://dx.doi.org/10.7440/ res48.2014.05. Caso a revista tenha volume e número, será citada da seguinte maneira: Sobrenome, Nome. Ano. Título. Nome da revista volume, n.: páginas. Exemplo: Guttman, Allen. 2003. “Sport, Politics and the Engaged Historian”. Journal of Contemporary History 38 (3): 363-375. Artigo de imprensa (com ou sem autor): T: (Martin 2002) B: Martin, Steve. 2002. “Sports-interview Shocker”. New Yorker, 6 de maio, 30, http://www.cabrini.edu/Library/ documents/ChicagoStyleGuide.pdf. T: (“Aprenda usted a vivir” 1966) B: “Aprenda usted a vivir: nuestro enemigo cada día”. 1966. El Correo, 22 de janeiro, 12. Resenha de livro: T: (Duque 2008) B: Duque, Juliana. 2008. Resenha do livro Alimentación, género y pobreza en los Andes ecuatorianos, de Mary Weismantel. Revista de Estudios Sociales 29: 177-178. Dissertação ou Tese: T: (Amundin 1991, 22-29) B: Amundin, Mats. 1991. “Click Repetition Rate Patterns in Communicative Sounds from the Harbour Porpoise, Phocoena phocoena”. Tese de Doutorado, Stockholm University. Palestras: T: (Doyle 2002) B: Doyle, Brian. 2002. “Howling Like Dogs: Metaphorical Language in Psalm 59”. Palestra apresentada no Annual International Meeting for the Society of Biblical Literature. The University of Chicago. Documentos recuperados da internet: T: (Sabo 2000) B: Sabo, Don. 2000. Comprender la salud de los hombres: un enfoque relacional y sensible al género. Organização Pan-americana da Saúde. <www.bvs-psi.org.br>. Nota: em nenhum caso, utilizam-se as expressões op. cit., ibid. ou ibidem.

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•

Os artigos que incluírem fontes de arquivo devem apresentar as referências em notas de rodapé numeradas a fim de facilitar ao leitor a identificação e o acesso aos documentos no arquivo correspondente. É necessário indicar: siglas do arquivo, seção, fundo, vol./ leg./t., f. ou ff. (lugar, data e outros dados pertinentes). Na primeira vez, cita-se o nome completo do arquivo com a abreviatura entre parênteses; depois, somente a abreviatura. Ao final do texto, devem apresentar todas as referências primárias em uma lista separada da lista bibliográfica. Apresentar os quadros, tabelas, imagens e gráficos numerados ao final do documento e, para o caso de imagens ou gráficos muito pesados, em um arquivo separado (JPG ou TIFF 300 DPI e 240 pixels). O autor é o responsável pela organização e entrega da licença para a publicação das imagens que o requeiram à Revista. É necessário que dentro do texto se identifique o lugar no qual se localiza cada quadro, tabela, imagem ou gráfico. Essa instrução deve ser apresentada entre colchetes, da seguinte maneira: [Inserir Quadro 1 aqui]

•

Esses recursos devem ser incluídos em número moderado e procurando sempre que sejam claros, legíveis e pertinentes para a argumentação do artigo.

Parâmetros para a apresentação de resenhas •

• • •

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Estarem escritas em formato Word, em letra Times New Roman tamanho 12, paginado, em papel tamanho carta e com margens de 2,5 cm. Terem uma extensão entre 4 e 12 páginas (entrelinha dupla). Incluírem dados completos do texto resenhado (autor, título, data, cidade, editora e páginas totais). Incluírem os dados do autor: títulos acadêmicos, lugar de trabalho ou estudo atual, grupo de pesquisa ao qual pertence e e-mail. Espera-se que as resenhas não somente deem conta do conteúdo do livro, mas também incorporem uma perspectiva crítica e analítica deste.

Indicações para os autores • •

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Cada autor receberá dois exemplares de cortesia da RES. Os autores ou titulares dos artigos aceitos autorizam a utilização dos direitos patrimoniais de autor (reprodução, comunicação pública, transformação e distribuição) à Universidade dos Andes/Faculdade de Ciências Sociais, para incluir seu texto na RES (versão impressa e eletrônica). Caso um artigo queira ser incluído posteriormente em outra publicação, devem ser indicados claramente os dados da publicação original na RES, com autorização prévia do Corpo Editorial da Revista.

Políticas éticas Publicação e autoria

A Revista de Estudios Sociales faz parte da Faculdade de Ciências Sociais da Universidad de los Andes, encarregada do suporte financeiro da publicação. Sua sede se encontra no Edifício Franco, escritório GB-417. A página da Revista é http://res.uniandes.edu.co, e seu e-mail é res@uniandes.edu. co. O telefone para contato é (57 1) 339-4999, ramais 4819. Conta com a seguinte estrutura: um diretor, um editor, um assistente editorial, um comitê editorial e um comitê científico, os quais garantem a qualidade e pertinência dos conteúdos da Revista. Os membros são avaliados anualmente em função de seu reconhecimento na área e de sua produção acadêmica, visíveis em outras revistas nacionais e internacionais. Os artigos apresentados à Revista devem ser originais e inéditos e não devem estar simultaneamente em processo de avaliação nem ter compromissos editoriais com nenhuma outra publicação. Se o texto for aceito, os editores esperam que seu aparecimento anteceda a qualquer outra publicação total ou parcial do artigo. Se o autor de um artigo quiser incluí-lo posteriormente em outra publicação, a Revista na qual se pretende publicar deverá indicar claramente os dados da publicação original e possuir prévia autorização solicitada ao editor da Revista. Do mesmo modo, quando a Revista tiver interesse em publicar um artigo já publicado previamente, compromete-se a pedir a autorização correspondente à editora que realizou a primeira publicação.

Responsabilidades do autor

Os autores devem remeter seus artigos pelo link e enviá-los aos seguintes correios eletrônicos: res@uniandes.edu.co nas datas estabelecidas pela Revista para a recepção dos artigos. A Revista possui normas para os autores de acesso público que contêm as pautas para a apresentação dos artigos e resenhas, bem como as regras de edição. Elas podem ser consultadas em: http://res.uniandes.edu.co/page.php?c=Politica+Editorial e na versão impressa da Revista. Ainda que as equipes editoriais aprovem os artigos com base em critérios de qualidade, rigorosidade investigativa e considerem a avaliação realizada por pares, são os autores os responsáveis pelas ideias expressas no texto bem como pela idoneidade ética dele. Os autores devem deixar explícito que o texto é de sua autoria e que nele se respeitam os direitos de propriedade intelectual de terceiros. Se for utilizado material que não seja de propriedade dos autores, é responsabilidade deles se assegurarem de ter as autorizações para o uso, reprodução e publicação de quadros, gráficos, mapas, diagramas, fotografias etc.

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Além disso, os autores aceitam submeter seus textos às avaliações de pares externos e se comprometem a considerar as observações dos avaliadores bem como as do Corpo Editorial para a realização dos ajustes solicitados. Essas modificações e correções do texto deverão ser realizadas pelo autor no prazo que o editor da Revista indicar. Assim que a Revista receber o artigo modificado, será informado ao autor sobre sua completa aprovação. Quando os textos submetidos à Revista não forem aceitos para publicação, o editor enviará uma notificação escrita ao autor na qual se explicarão os motivos pelos quais seu texto não será publicado pela Revista. Durante o processo de edição, os autores poderão ser consultados pelos editores para resolver dúvidas. Tanto no processo de avaliação quanto no de edição, o correio eletrônico constitui o meio de comunicação privilegiado com os autores. O Corpo Editorial tem a última palavra sobre a publicação dos artigos e sobre o número no qual serão publicados. Essa data se cumprirá sempre que o autor tiver enviado toda a documentação que lhe foi solicitada no prazo indicado. A Revista tem o direito de fazer revisões menores de estilo. Os autores dos textos aceitos autorizam, mediante a assinatura do “Documento de autorização de uso de direitos de propriedade intelectual”, a utilização dos direitos patrimoniais do autor (reprodução, comunicação pública, transformação e distribuição) pe la Universidad de los Andes, para incluir o texto na Revista (versão impressa e eletrônica). Nesse mesmo documento, os autores confirmam que o texto é de sua autoria e se respeitam os direitos de propriedade intelectual de terceiros.

Revisão por pares/responsabilidade dos avaliadores

Ao receber um artigo, a equipe editorial avalia se este cumpre com os requisitos básicos exigidos pela Revista. A equipe editorial estabelece um primeiro filtro considerando formato, qualidade (objeto, referencial teórico, metodologia, conclusões e bibliografia). Depois dessa primeira avaliação, definem-se os artigos que entrarão no processo de arbitragem. Os textos são, nesse momento, submetidos à avaliação de pares acadêmicos internacionais e ao conceito da equipe editorial, a qual reserva a última palavra sobre os conteúdos a serem publicados. O resultado será comunicado ao autor num período de até seis meses a partir do recebimento do artigo. Quando o processo de avaliação ultrapassar esse prazo, o editor deverá informar a situação ao autor. Todos os artigos que passarem pelo primeiro filtro de revisão serão submetidos a um processo de arbitragem a cargo de pares avaliadores internacionais, os quais poderão formular sugestões ao autor e indicar referências significativas que não tenham sido incluídas no trabalho. Esses leitores são, em sua maioria, externos à instituição e, em

sua eleição, busca-se que não tenham conflitos de interesse com as temáticas sobre as quais devem conceituar. Diante de qualquer dúvida, uma substituição do avaliador será realizada. A Revista conta com um formato que contém perguntas com critérios cuidadosamente definidos que o avaliador deve responder sobre o artigo objeto de avaliação. Ele tem a responsabilidade de aceitar, rejeitar ou aprovar com modificações o artigo arbitrado. Durante a avaliação, tanto os nomes dos autores quanto o dos avaliadores serão mantidos em completo anonimato.

Responsabilidades editoriais

O Corpo Editorial da Revista, com a participação dos comitês editorial e científico, é responsável pela definição das políticas editoriais para que a Revista cumpra com os padrões que permitem seu posicionamento como uma reconhecida publicação acadêmica. A revisão contínua desses parâmetros garante que a Revista melhore e cumpra com as expectativas da comunidade acadêmica. Assim como se publicam normas editoriais que a Revista espera que sejam cumpridas em sua totalidade, ela também deverá publicar correções, esclarecimentos, retificações e dar justificativas quando necessário. O Corpo Editorial é responsável, sob prévia avaliação, da escolha dos melhores artigos para publicação. Essa seleção estará sempre baseada na qualidade e relevância do artigo, em sua originalidade e contribuições para o conhecimento social. Nesse sentido, quando um artigo é rejeitado, a justificativa dada ao autor deverá ser orientada a esses aspectos. O editor é responsável pelo processo de todos os artigos que se postulam à Revista e deve desenvolver mecanismos de confidencialidade enquanto durar o processo de avaliação por pares até sua publicação ou recusa. Quando a Revista receber reclamações de qualquer tipo, a equipe deve responder brevemente de acordo com as normas estabelecidas pela publicação e, caso a reclamação seja coerente, ela deve garantir que se realize a adequada investigação a fim de resolver o problema. Quando se reconhecer falta de exatidão em um conteúdo publicado, o Comitê Editorial será consultado e serão feitas as correções e/ou esclarecimentos na página web da Revista. Assim que um número da Revista for publicado, o editor tem a responsabilidade de sua difusão e distribuição aos colaboradores, avaliadores e às entidades com as quais se tenham estabelecido acordos de intercâmbio, bem como aos repositórios e sistemas de indexação nacionais e internacionais. Além disso, o editor se responsabilizará pelo envio da Revista aos assinantes ativos.

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Mecanismos de difusión de los Programas de Transferencia Condicionada en América Latina. El caso chileno Cecilia Osorio Gonnet Construyendo una coalición para romper el paisaje congelado: alcances y límites de la reforma de la salud en Uruguay (2005-2014) Martín Freigedo, Guillermo Fuentes y Martín Rodríguez Araújo Instrumentalización de la acción pública en educación superior en Argentina. Políticas sobre trabajo académico y negociación colectiva Pedro Enrique Pérez y Facundo Solanas El modelo de Gobierno Abierto en América Latina. Paralelismo de las políticas públicas de transparencia y la corrupción Martín Cutberto Vera, David Rocha y María Concepción Martínez Ideas, intereses e instituciones en la política de desarrollo territorial brasileña: un estudio en el Território Meio Oeste Contestado Andréia Tecchio, Catia Grisa, Luiza Zitzke Oliveira y Ademir Antonio Cazella Transformación de las políticas de vivienda social. El Sistema de Incentivos para la Vivienda en la conformación de cuasi-mercados en Ecuador Marco Antonio Córdova

TEMAS

Lecciones de América Latina sobre las dimensiones racionales, cognitivas e institucionales del cambio de políticas Presentación del dossier Guillaume Fontaine

Conectando sures. La construcción de redes académicas entre América Latina y África Paola Andrea Bayle Violencia y autodefensas comunitarias en Michoacán, México Antonio Fuentes Díaz y Guillermo Paleta Pérez

RESEÑAS

DOSSIER

R E V I S TA D E C I E N C I A S S O C I A L E S

Año 19 No. 53 Septiembre de 2015 Cuatrimestral

Teoría y práctica de las políticas públicas de Gema Pastor Albaladejo, editora Edgar Zamora Avilés Decisiones públicas. Análisis y estudio de los procesos de decisión en políticas públicas de Bruno Dente y Joan Subirats Tania L. Zabala Peñafiel Manual de análisis y diseño de políticas públicas de Gonzalo Ordóñez-Matamoros, director Vanessa Montenegro Hidalgo Políticas públicas. Formulación, implementación y evaluación de André-Noël Roth Deubel Luis Carlos Erazo

Número anterior: ICONOS 52: Interpretaciones del estado en América Latina. Número siguiente: ICONOS 54: Estudios críticos de la agricultura y la alimentación: perspectivas sobre el actor, las prácticas y el territorio en América Latina. Incluida en los siguientes índices científicos: CLASE, e-revist@s, DIALNET, DOAJ, FLACSO-Andes, Fuente Académica-EBSCO, HAPI, IBSS, Social Science Journal y Sociology Collection-ProQuest, Informe Académico-Thompson Gale LatAm-Studies, LATINDEX, RedALyC, Sociological Abstracts-CSA-ProQuest, Ulrich's Periodical Directory.

Revista de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - Sede Ecuador Ventas y suscripciones: La Librería - FLACSO (lalibreria@flacso.edu.ec) Canjes: Biblioteca FLACSO (xparedes@flacso.edu.ec) • Información y colaboraciones: (revistaiconos@flacso.edu.ec) Revista Íconos: www.revistaiconos.ec

www.revistacolombianasociologia.unal.edu.co Vo l . 3 8 n. º 2 , j u l i o -d i ci e m b re 2 015 I S S N i m p re s o 0 1 2 0 -1 5 9 X - I S S N e n l í n e a 2 2 5 6-5485 Departamento de Sociología, Universidad Nacional de Colombia, Ciudad Universitaria, edificio de Sociología, Orlando Fals Borda (205) oficina 230, telefax 316 56 34, Bogotá, Colombia E-mail: revcolso_fchbog@unal.edu.co Esta revista se encuentra indexada en el ibn-Publindex de Colciencias en categoría C. En el ámbito internacional se encuentra alojada en: Latindex, Sociological Abstracts, Fuente Académica Premier-ebsco, Dialnet, Portal redib, clase, doaj y en Georgetown University - NewJour.

Viejas y nuevas desigualdades: ¿libertad para qué y justicia social para quién? Andrea Lampis Ph.D - Director Oscar Alejandro Quintero Ph.D - Editor invitado SECCIÓN TEMÁTICA Processes and National Dilemmas: The Interplay of Old and New Repertoires of Social Identity and Inclusion Elisa P . Reis G raz i e l l a Mora es Silva De cómo los lugares con contextos dominados por la desigualdad vuelven ineficaces las labores de las instituciones del Estado A ND RE A L I S E T T E A PA R iCIO CA STRO J O S É M ANU E L M O R EN O CA STRO Desigualdades sociales, ¿inequidades espaciales? Análisis de la segregación sociorracial en Bogotá (2005-2011) S E BA S T I ÁN F. VI L L AM I Z AR SA N TA MA RÍA

Calidad y pertinencia del Programa Curricular de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia desde la perspectiva de sus egresados W illia m Mauricio Beltrá n Cely Ma ría Raquel Torres Ortiz Walter Mignolo. La comunidad, entre el lenguaje y el territorio Eugen ia F raga TESIS Y MONOGRAFÍAS La construcción de ciudadanía multi e intercultural en Personas con Discapacidad. Interpretación desde la sociología del sujeto, la semiosis social y el materialismo cultural Gilberto Beta n court Zá rate

El control del crecimiento de la población y las mujeres en México: organismos internacionales, sociedad civil y políticas públicas M A RI A I L E ANA G ARCÍA GOSSIO SECCIÓN GENERAL La subjetividad rememorante M A RÍ A A NG ÉLICA GA RZÓN

RESEÑAS Obra selecta de Álvaro Camacho Guizado en cuatro volúmenes A LBERTO V A LEN CIA GUTIÉRR EZ El mundo entero como lugar extraño, de Néstor García Canclini Stev en N ava rrete Ca rdo na

Centro Editorial, Facultad de Ciencias Humanas Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá ed. 205, of. 222, tel.: 3165000 ext. 16208 editorial_fch@unal.edu.co www.humanas.unal.edu.co

Puntos de venta · Bogotá: UN la Librería Plazoleta de Las Nieves

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Edificio de Sociología

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Edificio de Posgrados de Ciencias Humanas Rogelio Salmona (225)

Siglo del Hombre Editores Cra. 31A no. 25B-50 Bogotá, Colombia Pbx.: 337 7700 www.siglodelhombre.com

Co-herencia Revista de Humanidades

Universidad EAFIT - Departamento de Humanidades ISSN 1794-5887 - Vol. 12, No. 23 (julio - diciembre) 2015 Medellín, Colombia

Contenido Temple anímico fundamental y crítica a la cultura contemporánea en Heidegger Klaus Held

La expresión creadora del sentido de la experiencia M. Carmen López Sáenz

Poética del movimiento corporal y vulnerabilidad: una reflexión desde la fenomenología de la enfermedad Xavier Escribano

Consideraciones sobre el dolor desde una perspectiva fenomenológica Paula Díaz Romero

El fenómeno de la apelación Patricio Mena Malet

De Davidson a la teoría de la emoción, y vuelta Miguel Ángel Pérez Jiménez

Mindreading, representación, inferencia y argumentación Cristián Santibáñez Yáñez

Walter Benjamin: dispersión y educación en la época contemporánea Germán Darío Vélez López

El “espíritu de seriedad” señalado por Sartre (visto hoy) Juan Manuel Cuartas Restrepo

Irradiaciones del Ingenium. Representaciones cosmológicas y poder generativo de la naturaleza durante el Renacimiento Andrés Vélez Posada

RESEÑA Artística Adolfo Bernal: imagen poética y especulaciones plásticas sobre el lenguaje Melissa Aguilar Restrepo Guía para los autores

13-40 43-70 71-88 89-106 107-137 141-170 171-204 205-220 221-232 233-262

267-283 293-295

81 Revista de los departamentos de Antropología y Sociología, publicada por la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana. No. 81 enero-junio de 2016, ISSN 0120-4807. http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/univhumanistica

Presentación

controversia Juan Carlos Valencia

investigación joven Silvia Daniela Leyva Mosquera Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia

Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia

Claudia Magallanes

Universidad Iberoamericana Puebla, Puebla, México Prácticas comunicativas y cambio social: potentia, acción y reacción

Carlos Baca-Feldman

Gabriela A. Veronelli

pueblos indígenas de Oaxaca, México

State University of New York, Binghamton, NY, Estados Unidos de América

Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México Experiencias resonantes de comunicación en

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espacio abierto

Sobre la colonialidad del lenguaje

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El tsombiach: tejiendo la vida entre memoria y tradición

Andrés Felipe Valderrama Pineda

Cristian Cabello Valenzuela Universidad de Chile, Santiago de Chile, Chile No hay cuerpo sin imagen. Visualidad gay y

Aalborg University, Copenhage, Dinamarca Disabilities, the design of urban transport systems

281

and the city: a situational analysis

política virtual en tiempos liberales

horizontes Adriana Angel Universidad de Manizales, Manizales, Colombia

Alejandro Barranquero

Amurabi Oliveira Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil A relação entre raça e educação na obra de Gilberto Freyre

305

María José Magliano Universidad Nacional de Córdoba -CONICET,, Córdoba, Argentina 331 Varones peruanos en Argentina y trayectorias

Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, España Mapa de objetos y perspectivas en comunicación, desarrollo y cambio social

laborales en costura. Masculinidades, roles de género y organización del trabajo en contextos migratorios

María Fernanda Olarte Sierra

Nadia Margarita Rodríguez J.

Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia Comunicaciones cuidadosas: generando pro-comunes. Análisis de una red agroecológica desde el ethos del cuidado

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Felip Vidal Auladell Escuela de Arte y Superior de Diseño de Vic, Barcelona, España La actividad publicitaria: entre el simulacro y la utopía

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otras voces Arnaldo José Zangelmi Universidade Federal de Ouro Preto, Brasil Traduções e bricolagens: mediações em ocupações de terra no Nordeste de Minas Gerais (Brasil) nas décadas de 1980 e 1990

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Vander Casaqui Escola Superior de Propaganda e Marketing – ESPM, São Paulo, Brasil A transformação social nos discursos da cena empreendedora social brasileira: processos comunicacionais e regimes de convocação na mídia digital

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Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia Características y tipologías de la investigación en ciencias sociales: una reflexión sobre la complementariedad de las funciones de transformar y comprender

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Revista de Estudios Sociales http://res.uniandes.edu.co