Historia Crítica No. 33 by Publicaciones Faciso

No. 33

enero - junio 2007

Revista del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes Bogotรก, Colombia

Nº 33, enero-junio de 2007 Revista del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia Dirección y teléfono: Calle 18 A n° 0 - 33E, Bogotá, Colombia, tel-fax: +57 (1) 332.45.06 Correo electrónico: hcritica@uniandes.edu.co - Sitio Web: http://historiacritica.uniandes.edu.co Fundador Daniel García-Peña Directores anteriores Daniel García-Peña (1989-1990), Hugo Fazio (1991-1994), Mauricio Nieto (1995-1998), Juan Carlos Flórez (1998-2000), Ricardo Arias (2000-2004)

Directora Muriel Laurent, PhD, Universidad de los Andes, Colombia, mlaurent@uniandes.edu.co Editora Marta Herrera Ángel, PhD, Universidad de los Andes, Colombia, maherrer@uniandes.edu.co Coordinadora editorial Martha Lux, M.A., Universidad de los Andes, Colombia, hcritica@uniandes.edu.co Comité editorial

Diana Bonnett, PhD, Universidad de los Andes, Colombia, dbonnett@uniandes.edu.co Rafael Díaz, PhD, Pontificia Universidad Javeriana, Colombia, rdiaz@javeriana.edu.co Stefania Gallini, PhD, Universidad Nacional de Colombia (Bogotá), sgallini@unal.edu.co Clément Thibaud, PhD, Université de Nantes, Francia, clement.thibaud@univ-nantes.fr

Comité científico

David Bushnell, PhD (University of Florida, Estados Unidos); Guillermo Bustos, PhD (Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador); Martín Kalulambi, PhD (University of Otawa Canadá); David Robinson, PhD (Syracuse University, Estados Unidos); Mary Roldán, PhD (Cornell University, Estados Unidos); Gonzalo Sánchez, PhD (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Colombia); Renán Silva (Universidad del Valle, Colombia)

Árbitros

Ricardo Arias (Colombia), Ana María Bidegain (Estados Unidos), Ingrid Bolivar (Colombia), Marcelo Bucheli, (Estados Unidos), Thomas Fischer (Alemania), Margarita Garrido (Colombia), Arturo Laguado (Colombia), Georges Lomné (Francia), Abel Ricardo López (Estados Unidos), Germán Mejía (Colombia), Jesús Millán (España), Zacarías Moutoukias (Francia), Francisco Ortega (Colombia), Luis Enrique Otero (España), Zandra Pedraza (Colombia), José Polo (Colombia), Alfredo Rando (Argentina), Rigoberto Rueda (Colombia), Oscar Saldarriaga, (Colombia), Guillermo Sosa (Colombia), Geneviève Verdo (Francia)

Corrección de estilo .Puntoaparte editores, contacto@puntoaparte.com.co Traducción al inglés Shawn Van Ausdal, s_vanausdal@yahoo.com Portada Tatiana Arocha, tatiana@servicio-ejecutivo.com iseño y diagramación D Impresión Distribución Suscripciones

Nahidú Ronquillo, nahiduronquillo@yahoo.com Panamericana Formas e Impresos S.A. Siglo del Hombre Editores Elena Quintero, tel-fax: (57) 1 / 332.45.06, hcritica@uniandes.edu.co

Páginas del número 293 pp. Formato 19 x 24.5 cm Tiraje 500 ejemplares Periodicidad Semestral (junio y diciembre) ISSN 0121-1617. Min. Gobierno 2107 de 1987 Las ideas aquí expuestas son responsabilidad exclusiva de los autores. El material de esta revista puede ser reproducido sin autorización para su uso personal o en el aula de clase, siempre y cuando se mencione como fuente el artículo y su autor, y la Revista Historia Crítica del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes. Para reproducciones con cualquier otro fin es necesario solicitar primero autorización del Comité editorial de la revista. Precio: $ 10.000 (Colombia) La revista Historia Crítica hace parte del “Indice Nacional de Publicaciones Seriadas Científicas y Tecnológicas Colombianas (Publindex, categoría B)” de Colciencias y de los índices, bases bibliográficas y repertorios: SciELO (Colombia), CSA Sociological Abstracts (Estados Unidos), CSA Worldwide Political Science Abstracts (Estados Unidos), HAPI - Hispanic American Periodical Index (Estados Unidos), America: History and Life (Estados Unidos), Historical Abstracts (Estados Unidos), Ulrich’s Periodicals Directory (Estados Unidos), EBSCO Information Services (Estados Unidos), Thompson Gale (Estados Unidos), Prisma, ProQuest CSA (Gran Bretaña), Latindex - Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (México), Clase - Citas latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades (México) y Ocenet (España). Portales Web en los cuales está Historia Crítica: http://www.lablaa.org/listado_revistas.htm (Biblioteca Luis Angel Arango, Colombia), http://www.cervantesvirtual.com/portales/ (Quórum Portal de Revistas, España) y http://sala.clacso.org.ar/biblioteca/Members/ lenlaces (Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO, Argentina).

Tabla de contenido Carta a los lectores

5-7

Artículos Dossier Siglo XIX: sociedad, política y religión Jairo Gutiérrez Ramos, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia Acción política y redes de solidaridad étnica entre los indios de Pasto en tiempos de la Independencia

10-37

Daniel Gutiérrez Ardila, Université de Paris I Panthéon - Sorbonne, París, Francia La diplomacia ‘constitutiva’ en el Nuevo Reino de Granada (1810-1816)

38-72

Andrey Arturo Coy Sierra, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia Tolerancia religiosa en Bogotá entre 1849 y 1854

74-97

Sergio Mejía, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia Las historias de Bartolomé Mitre: operación nacionalista al gusto de los argentinos Federica Morelli, École des Hautes Études en Sciences Sociales, París, Francia Entre el antiguo y el nuevo régimen. La historia política hispanoamericana del siglo XIX

98-121 122-155

Tema abierto Macarena Perusset Veras, Universidad de Buenos Aires, Argentina Comportamientos al margen de la ley: contrabando y sociedad en Buenos Aires en el siglo XVII

158-185

Oscar Iván Salazar Arenas, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia Tiempo libre al aire libre. Prácticas sociales, espacio público y naturaleza en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera (1938-1948)

186-208

Espacio estudiantil María Margarita Fajardo Hernández, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia La comunidad médica, el “problema de población” y la investigación sociodemográfica en Colombia, 1965-1970

210-235

Reseñas

236-263

Notilibros

264-273

Convocatoria para próximos números

274

Acerca de la revista

275

Normas para los autores

276-280

Table of Contents Letter to readers

5-7

Articles Thematic Forum Nineteenth century: society, politics and religion

Jairo Gutiérrez Ramos, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia Political Action and Networks of Ethnic Solidarity among the Indians of Pasto at the Time of Independence

10-37

Daniel Gutiérrez Ardila, Université de Paris I Panthéon - Sorbonne, París, Francia Constitutive’ Diplomacy in the Nuevo Reino de Granada (New Kingdom of Granada), 1810-1816

38-72

Andrey Arturo Coy Sierra, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia Religious Tolerance in Bogotá between 1849 and 1854

74-97

Sergio Mejía, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia The Histories of Bartolomé Mitre: Nationalistic Operation to the liking of Argentineans Federica Morelli, École des Hautes Études en Sciences Sociales, París, Francia Between the Old and New Regime: Nineteenth Century Spanish American Political History

98-121 122-155

Open Forum Macarena Perusset Veras, Universidad de Buenos Aires, Argentina Illicit Behavior: Smuggling and Society in Seventeenth-Century Buenos Aires

158-185

Oscar Iván Salazar Arenas, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia Free Time Outdoors. Social Practices, Public Space and Nature at the Enrique Olaya Herrera National Park (1938-1948)

186-208

Student space María Margarita Fajardo Hernández, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia The Medical Community, the “Population Question” and the Use of Socio-demographic Analysis in Colombia, 1965-1970

210-235

Book Reviews

236-263

Book notes

264-273

Call for papers

274

About the journal

275

Submission guidelines

276-280

Carta a los lectores Al convocar un dossier sobre Historia del siglo XIX, la revista Historia Crítica tenía la intención de promover la divulgación de artículos sobre un período que amerita una mayor atención por parte de los historiadores de la que hasta ahora se le ha prestado. Con esto en mente, esperábamos textos cuyo denominador común fuera el estudio de procesos que tuvieron lugar en aquel siglo. En este sentido nuestro objetivo era doble: estimular, por un lado, la producción historiográfica de períodos relativamente poco estudiados y, por otro, ir ampliando la publicación de investigaciones sobre los procesos que se desencadenaron a raíz de los movimientos independentistas en el país y, eventualmente, en América Latina. Esa era, entonces, la apuesta: conocer lo que se está investigando, divulgarlo entre nuestros lectores y, de esta forma, prepararnos para asumir críticamente la importante conmemoración que se avecina. En términos temporales, el título de la convocatoria abría la posibilidad de recibir artículos que cubrieran desde finales de la Colonia hasta la guerra de los Mil Días, pasando por el proceso de Independencia, las primeras décadas republicanas, las reformas de mediados del siglo, el período federal y la Regeneración. En términos espaciales y temáticos, existía la posibilidad que llegara una multiplicidad de opciones que permitiera mirar las peculiaridades de estos procesos en distintas partes del territorio y en diferentes niveles de la sociedad. El éxito de la convocatoria fue total. Muestra que los historiadores colombianos se están interesando seriamente en este siglo, en momentos distintos, con temáticas variadas y enfoques diversos. Debido a esta gran acogida, el Comité Editorial resolvió dedicar dos dossieres a este tema y no uno solo como estaba previsto. Es la razón por la cual en esta revista el lector encontrará cinco artículos sobre diferentes temáticas del siglo XIX colombiano y latinoamericano, y en la siguiente otra serie de textos sobre el mismo período histórico. En el presente número se han reunido artículos que versan sobre grandes problemas de la historia del siglo XIX, como la historia social, política y religiosa, así como un balance historiográfico a propósito de ese siglo. El dossier comienza con dos textos que se ubican en el período de la Independencia. Nos complace mucho constatar que este tema genera interés entre los investigadores, sobre todo ahora, cuando se avecina el bicentenario de la Independencia y se abre un debate alrededor de si las celebraciones se asocian con el proceso civil que se desencadenó en 1810 o con el resultado de las campañas militares de 1819. El artículo de Jairo Gutiérrez titulado “Acción política y redes de solidaridad étnica entre los indios de Pasto en tiempos de la Independencia” estudia los lazos de

solidaridad entre los miembros de las comunidades indígenas de la región de Pasto y sus movilizaciones violentas en los primeros años del siglo XIX. Por su parte, en el texto “La diplomacia ‘constitutiva’ en el Nuevo Reino de Granada (1810-1816)”, Daniel Gutiérrez analiza las relaciones diplomáticas que se establecieron entre los estados que se crearon en el Nuevo Reino de Granada durante el proceso de Independencia. A continuación, Andrey Arturo Coy se dedica al tema de la “Tolerancia religiosa en Bogotá entre 1849 y 1854”. El autor analiza los discursos sobre la tolerancia en este período y los contrasta con el caso de la expulsión de los jesuitas, que refleja las contradicciones entre el discurso y la práctica en el contexto de la Revolución Liberal de mediados del siglo. Con “Las historias de Bartolomé Mitre: operación nacionalista al gusto de los argentinos”, Sergio Mejía nos traslada a Argentina para ofrecer un análisis del discurso nacional elaborado por el historiador Mitre en las últimas décadas del siglo XIX. Para cerrar el dossier, se presenta el artículo de Federica Morelli “Entre el antiguo y el nuevo régimen. La historia política hispanoamericana del siglo XIX”, que ofrece un balance historiográfico de la producción reciente sobre la historia política hispanoamericana del siglo XIX. Adicionalmente, en las secciones de reseñas y de notilibros se ha tratado de realzar la producción historiográfica relativa al siglo XIX. Los tres siguientes artículos abordan objetos de estudio muy variados. El primero, de Macarena Perusset, versa sobre los “Comportamientos al margen de la ley: contrabando y sociedad en Buenos Aires en el siglo XVII” y constituye una reflexión sobre el contexto en el que hay que entender el comercio ilícito, mediante un estudio específico acerca de la ciudad de Buenos Aires a principios del siglo XVII. En el segundo artículo, titulado “Tiempo libre al aire libre. Prácticas sociales, espacio público y naturaleza en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera (1938-1948)”, Oscar Iván Salazar estudia la relación entre los ciudadanos, las élites y el Estado en un determinado espacio público para entender el significado de los parques en una Bogotá en transformación. Finalmente, en el espacio estudiantil se incluye el artículo “La comunidad médica, el ‘problema de población’ y la investigación sociodemográfica en Colombia, 19651970” de María Margarita Fajardo. Este texto analiza la forma como la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, Ascofame, utilizó argumentos relativos al desarrollo, la demografía y la salud para legitimar su autoridad e intervenir activamente sobre lo público. Debido a que nuestro próximo número girará también en torno a la Historia del siglo XIX, podemos anunciar el tema de nuestros dossieres con mayor anticipación, lo cual dará a los autores más tiempo para preparar sus artículos. En las páginas finales de esta entrega se pueden consultar los temas de los dossieres que seleccionó el Comité

Editorial de la revista Historia Crítica para los números del año entrante. La revista del primer semestre de 2008 trabajará el tema de los movimientos sociales, mientras que la del segundo semestre explorará la temática de justicia, sociedad y cultura durante el período colonial y el primer siglo republicano en América.

En vista de las recientes revelaciones acerca de las fosas comunes, que reiteran las múltiples denuncias realizadas por diversos sectores de la sociedad en torno a las constantes violaciones de los derechos humanos en el país, el Departamento de Historia de la Universidad de los Andes y la revista Historia Crítica expresan su indignación y repudio ante estos hechos y manifiestan su solidaridad con las víctimas, cualquiera que sean sus condiciones étnicas, sociales, políticas, económicas, religiosas y de género. También consideran que deben pronunciarse contra el desamparo de la infancia y el atentado que esta situación representa para el futuro del país. Bogotá, 30 de abril de 2007

Dossier Siglo XIX: sociedad, pol铆tica y religi贸n

Acción política y redes de solidaridad étnica entre los indios de Pasto en tiempos de la Independencia Resumen Este artículo esboza los antecedentes y el contexto en el cual los indios campesinos de Pasto y sus alrededores asentaron los lazos de solidaridad étnica y las estrategias de acción política, que se pondrían de manifiesto en las rebeliones antirrepublicanas que se sucedieron entre los años 1822 y 1825. Se parte del supuesto de que la movilización campesina que hizo posible esas rebeliones no procedió de la orientación de la élite tradicional, sino que fue una expresión notable de autonomía y protagonismo de las comunidades indígenas. Sobre esta base se estudian las experiencias que hicieron posible construir las redes sociales, étnicas y de acción política que tuvieron su más destacada expresión en los estallidos de violencia campesina, los cuales conmocionaron el sur de la Nueva Granada y el norte del Ecuador en el periodo decisivo de la guerra contra la dominación española. Palabras claves: Comunidades indígenas, tributo, resguardo, redes sociales, clientelismo, solidaridades políticas.

Political Action and Networks of Ethnic Solidarity among the Indians of Pasto at the Time of Independence Abstract This article will sketch the antecedents and the context in which Indian peasants from Pasto and its surroundings established the links of ethnic solidarity and strategies of political action that would surface during the anti-republican rebellions that occurred between 1822 and 1825. It starts with the supposition that the peasant mobilization that made these rebellions possible was not led by the traditional elite, but was rather a remarkable expression of the indigenous communities’ autonomy and the centrality of their actions. It will examine the experiences that made possible the building of social, ethnic, and political networks whose greatest expression occurred during the explosion of rural violence that shocked southern New Granada and northern Ecuador in the decisive period of the war against Spanish dominance. Keywords: Indigenous communities, Indian tribute, indigenous reservations, social networks, political clientelism, political solidarity.

Artículo recibido el 15 de noviembre de 2006 y aprobado el 12 de enero de 2007.

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Acción política y redes de solidaridad étnica entre los indios de Pasto en tiempos de la Independencia c Jairo Gutiérrez Ramos Q En los primeros años del siglo XIX, y aunque el régimen colonial y los sectores dominantes de Pasto se obstinaron en mantener inmodificada la situación de los indígenas, éstos hicieron todos los esfuerzos a su alcance para superar, en la medida de lo posible, las cargas tributarias, las obligaciones laborales y la subordinación social que el estatus de indio-tributario implicaba. Durante estos años florecieron los pleitos y las manifestaciones de insubordinación y resistencia cotidiana frente al tributo, el trabajo subsidiario y el despojo de tierras, al tiempo que se iban construyendo nuevas formas de identidad y de liderazgo. Así mismo, nuevas formas de relación comunitaria y étnica que posibilitaron, en los años subsiguientes a la Independencia, el desarrollo de masivas expresiones de resistencia armada contra el régimen republicano.

1. Resistencia al pago del tributo Desde el siglo XVII los corregidores y los recaudadores de tributos del distrito de Pasto enfrentaron serias dificultades para cumplir con sus deberes. Las reiteradas quejas de estos funcionarios dejan traslucir la creciente resistencia de los indios de los resguardos y pueblos de la región a pagar sus tributos, ya fuera por su situación de pobreza, ya por su reticencia a ser considerados como “tributarios” , pues un argumento cada vez más frecuente para eludir el tributo fue declararse “mestizos” o no-indios . c La investigación que sustenta este artículo se desarrolló en el marco del proyecto “Nación y región en la Nueva Granada”, auspiciado por Colciencias y la Universidad Industrial de Santander, y dirigido por Armando Martínez Garnica. Q Doctor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor titular de la Escuela de Historia de la Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia. jagura50@yahoo.com Testimonios sobre las dificultades de los corregidores y recaudadores y sobre la reticencia de los indios pueden verse en CALERO, Luis Fernando, Pastos, Quillacingas y Abades, 1535-1700, Bogotá, Banco Popular, 1991, p. 199 y CERÓN SOLARTE, Benhur y RAMOS, Marco Tulio, Pasto: Espacio, economía y cultura, Pasto, Fondo Mixto de Cultura - Nariño, 1997, pp. 112-113 y 115-116. Evidencias en este sentido se pueden ver en Archivo Histórico de Pasto (en adelante AHP), Libro Capitular de 1801, t. 2, ff. 19-22.

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Acción política y redes de solidaridad étnica entre los indios de Pasto en tiempos de la Independencia

Un rápido examen de los expedientes sobre los tributos de Pasto permite formarnos una idea de los mecanismos utilizados para eludir su pago. Un caso típico fue el que enfrentó el asentista Miguel de la Rosa en 1801 . Según su declaración, los tributarios de Pasto se resistían a pagar las demoras, “unos pretextando enfermedades, y otros negado su calidad; y sin más formalidad que su dicho se han salido con libertarse de esta carga” . El asentista se quejaba ante la Real Audiencia de Santa Fe por la incongruencia de ciertas normas sobre la obligación de tributar de los hijos de padres indios, pues existían sendas ordenanzas de las audiencias de Santa Fe y Quito sobre el mismo asunto, pero con contenidos diferentes. Aprovechándose de esta situación, los interesados habían logrado que se suspendiera el cobro del tributo . Después de una larga discusión entre las distintas instancias de la administración fiscal, la Contaduría de Ordenación de Tributos de Santa Fe emitió, en noviembre de 1802, un concepto según el cual lo que convenía era convencer a los indios de los beneficios y privilegios que implicaba su estatus de tales . Pero una cosa muy distinta pensaban ellos, aun tratándose de aquellos que gozaban de rango y distinción, como era el caso de don Joaquín Ramos, indio gobernador de Pasto, quien, con el auxilio de dos regidores, oficiaba como intermediario entre el asentista y los tributarios. Confiado en ello, el asentista se acercó a la tienda que Ramos tenía en Pasto con la intención de cobrarle la contribución que debía pagar a la corona, pero con todo desenfado el comerciante lo increpó diciéndole que él no tenía por qué pagar tal tributo, “porque ya no era Indio como lo fue, y pagó, diez y ocho años”, y añadió con altanería “que ya tenía papeles criados en Pasto, que lo habían transferido de la clase de Indio en que Dios le había criado a la de noble”, todo acompañado de amenazas, provocaciones e insultos . Molesto, el asentista recurrió al alcalde ordinario de la ciudad para que le hiciera conocer los privilegios que eximían a Ramos del tributo pues, debido a su mal ejemplo, un buen número de indios se negaban a tributar. Esta situación no sólo se presentaba en la ciudad, como lo demuestra la carta que el asentista hizo llegar al alcalde de Pasto en noviembre de1801. En ella le solicitaba que emitiese una orden a los gobernadores de los pueblos, para que los indios se acercaran de inmediato a pagar el tributo y que no se siguieran burlando de sus gobernadores y de la Real Hacienda . Esta queja del asentista deja claro que la elusión del tributo era Por los años en que Miguel de la Rosa (1801-1803) hacía tantos esfuerzos por obligar a los indios de Pasto a pagar el tributo, el número de los tributarios de la ciudad y sus alrededores se calculaba en menos de 1.500, poco más del 10% de la población total de la provincia, calculada en cerca de 13.000 personas. Archivo General de Indias, Audiencia de Quito, leg. 518, sin folio. AHP, Libro Capitular de 1801, t. 2, f. 26. El subrayado es mío. Archivo General de la Nación (en adelante AGN), Tributos 9, f. 321. Ibid., f. 325 r-v. Ibid., f. 307. La expresión del gobernador Ramos sugiere que en la mentalidad y el lenguaje cotidiano, en Pasto todo el que “no era indio” era considerado “noble”. Ibid., f. 311.

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Jairo Gutiérrez Ramos

generalizada y consuetudinaria en todos los asentamientos rurales de la jurisdicción de Pasto, con el argumento de parte de los compelidos de que ya ellos no eran indios, en lo cual los apoyaba el teniente gobernador y los alcaldes ordinarios de la ciudad . En este caso, el asentista debió enfrentarse a la implícita alianza clientelista que existía entre los miembros de la élite local y los indios. Con el desorden introducido por la Revolución Liberal en España y la insurgencia criolla de Quito y Santa Fe, las cosas empeoraron para los asentistas y recaudadores. En marzo de 1811 las Cortes de Cádiz decretaron la abolición del tributo indígena y, por su parte, la élite pastusa procuró estimular la adhesión de los indios a la causa realista, promoviendo, así, una rebaja en las demoras. Sin embargo, esta “generosa” propuesta tuvo una inesperada respuesta. El 6 de agosto de 1810 los gobernadores de 30 pueblos de indios se dirigieron al gobernador de Popayán por medio del defensor de naturales, para enfatizar el hecho de que su conducta frente a la revolución quiteña de 1809 no había tenido otro fin que el de demostrar su fidelidad y amor, y su deseo de servir con sus personas y vidas y, sin interés alguno, a la justa causa de la defensa de su “desgraciado y amado Rey Don Fernando Séptimo”. Por ello, pese a que el capitán Gregorio Angulo “hizo publicar bando, prometiéndonos rebaja de una tercia parte del tributo a los que sirviésemos” en vista de lo cual hubiesen podido reclamar la gracia “…considerando las necesidades y aflicciones que padece nuestro Rey y Señor natural, por las traiciones y maldades de los franceses, cedemos en su Majestad la parte del tributo que se nos prometió condonar; y sintiendo nuestra pobreza, por no tener con qué socorrerlo, quisiéramos ser tan felices que pudiéramos redimir a nuestro Soberano a costa de nuestras propias vidas”10.

Sin pensarlo dos veces, el gobernador de Popayán aceptó el generoso ofrecimiento que por boca de su protector y de sus gobernadores hacían los indios de Pasto, pidiéndole al Cabildo de la ciudad que les hiciese entender que si bien se apresuraba a aceptar su liberalidad, podrían estar convencidos de que en todo momento se tendría presente su gesto, “para ser tratados con aquella consideración a que se han hecho acreedores como fieles vasallos”11. Al parecer, muchos de los indios alegaron tan enérgicamente su carácter de campesinos libres del tributo, que el asentista debió recurrir a los servicios de un médico para que certificara su adscripción racial, de la cual habían sido exonerados previamente por el teniente de gobernador o por los alcaldes ordinarios de la ciudad. AGN, Tributos 9, f. 311. 10 El protector de naturales al gobernador de Popayán, Pasto, julio 6 de 1810, en GUERRERO, Gustavo S., Documentos históricos de los hechos ocurridos en Pasto en la guerra de Independencia, Pasto, Imprenta del Departamento, 1912, pp. 52-53. 11 Decreto del gobernador Miguel Tacón, Popayán, agosto 23 de 1810. Ibid., p. 54.

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Acción política y redes de solidaridad étnica entre los indios de Pasto en tiempos de la Independencia

Y de hecho, ante la nueva arremetida de la Junta quiteña de 1811, el mismo gobernador optó por acoger una nueva solicitud del protector de naturales de Pasto, determinando esta vez la rebaja de un peso per capita en el tributo, al tiempo que se abstenía de acatar en su plenitud el decreto de las Cortes de Cádiz, a causa de la importancia que el tributo tenía para la real hacienda12. No obstante, el cabildo de Pasto fue más allá y, en noviembre de 1812, decidió condonar la totalidad de la cuota del tributo que debían cancelar a mitad de año “a los Indios que los Gobernadores de los respectivos Pueblos, conozcan, o sepan que efectivamente concurrieron, a ayudar a la defensa de los Reales derechos; y de la Patria”13. Con esta determinación el Cabildo respondía las inquietudes del administrador de tributos sobre el asunto14, procuraba “remunerar en lo posible, la fidelidad, constancia y lo mucho que han servido los Indios de varios de los Pueblos de esta Ciudad, en la defensa de los imprescriptibles derechos del Soberano, y fidelísima Patria, contra los traidores de Quito, Popayán y Cali”, y al mismo tiempo excluía de este beneficio transitorio a aquéllos que no habían actuado en defensa del Rey15. Con esta medida el Cabildo daba una muestra más de los vínculos que regían las relaciones entre la élite pastusa y los indios, y de los mecanismos de reciprocidad que se solía utilizar para mantener su vigencia. Sin embargo, la resistencia al pago del tributo era tan fuerte en algunos lugares que en 1813, que cuando se informaba la proclamación de la Constitución liberal que abolía el tributo, el teniente gobernador de Pasto se veía precisado a advertir al presidente de Quito que, de no ser con el respaldo de una fuerza armada, resultaría imposible recaudar los tributos en la provincia de Los Pastos, “porque apenas se vieron esos vecinos, sin el respeto de las armas, cuando comenzaron a dificultar la satisfacción del Ramo Real”16. Poco tiempo después la restauración absolutista restableció todas las normas anteriores a 1808 y derogó todo lo actuado por las Cortes de Cádiz17. Por eso en octubre de 1814, fecha en que los realistas quiteños recuperaron el control de la ciudad, el presidente Montes insistió con mayor vigor en el recaudo del tributo, pese a las protestas de los indios18. 12 Archivo Nacional de Historia, Quito (en adelante ANH), Popayán, caja 295, carpeta 2. 13 “Acta capitular sobre condonación de la mitad del tributo que anualmente pagan los indios a S. M.”, Pasto, 2 de noviembre de 1812. AHP, Libro Capitular de 1812, caja 10, f. 28. 14 Tomás Miguel de Santacruz al Cabildo de Pasto, 26 de octubre de 1812. Ibid., f. 26. 15 AHP, Libro Capitular de 1812, caja 10, f. 28. 16 Blas de la Villota a Toribio Montes, Pasto, 13 de septiembre de 1813, ANH, Popayán, caja 293, carpeta 16. 17 Para el caso del tributo de indios véase la Real Cédula del 1 de marzo de 1815 en AGN, Reales Cédulas 41, ff. 8-9. 18 HAMNETT, Brian R., “Popular Insurrection and Royalist Reaction: Colombian Regions, 1810-1823”, en FISHER, John R., et al. (eds.), Reform and Insurrection in Bourbon New Granada and Peru, Baton Rouge - Londres, Louisiana State University, 1990, p. 310.

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Tan pronto se conoció en Pasto la determinación de Montes, y con el fin de paliar sus efectos, el protector de naturales Juan Díaz Gallardo procedió a solicitarle la ratificación y puesta en ejecución de la norma que había disminuido el monto del tributo indígena en un 20% desde 1811, en vista de que al administrador de tributos de la ciudad se le había notificado el restablecimiento de la tasa tradicional de cinco pesos anuales19. Sin pretender desconocer la decisión real, el protector de naturales defendía su solicitud apoyado en argumentos tales como la lamentable situación de los indios; sus ostensibles manifestaciones de fidelidad y amor al Rey, expresadas en su activa participación en la conducción de víveres, piezas de artillería, bagajes y pertrechos para la tropa. Además se apoyaba en su demostrada constancia en medio de la indigencia y el trabajo insoportable, en pago de todo lo cual padecían en el momento las mayores hostilidades de parte de los soldados del Ejército Real, los que diseminados por los pueblos les destruían sus sementeras, les quitaban sus frutos y animales y, “los estropean con golpes, de que han resultado muchos heridos, y los obligan a servirles de balde”20; y finalmente, porque los indios no habían podido, a causa de la guerra, adelantar sus cultivos para poder satisfacer cumplidamente el tributo. Adicionalmente, más de 180 de ellos estaban en Popayán conduciendo víveres y pertrechos, “sin más sueldo que un real diario que se les ofreció pagar”21. Varios elementos de la solicitud del protector de naturales merecen retenerse, pues muestran claramente cuál fue la actitud de los indios de Pasto desde los comienzos de la insurrección independentista; cuál fue su papel en esas primeras confrontaciones bélicas; y cómo fueron tratados de parte de las élites realistas. Pero, por otra parte, muestra también la posición y la actitud de cierto sector de la élite local, proclive a mantener una relación “paternalista” con los indios, en vista del interés estratégico de los vínculos tradicionales de una relación clientelista que había demostrado su eficacia política en el pasado22. Bien distinta de la actitud del defensor de naturales de Pasto fue la del recolector de tributos de Los Pastos, Francisco Sarasti, pues mientras el primero procuró aliviar así fuera parcialmente el peso del tributo, el segundo impuso al pie de la letra la 19 ANH, Popayán, caja 295, carpeta 2. 20 Lo que este testimonio nos indica es que, además de la abnegación y lealtad de los campesinos pastusos, el trato que recibieron de sus comandantes realistas en nada se diferenció del que recibieron en los demás territorios coloniales de parte de uno y otro ejército en contienda. Al respecto puede verse para el caso de la Nueva Granada GUTIÉRREZ RAMOS Jairo, “La voz de los indios de la Nueva Granada frente al proyecto criollo de nación, 1820-1830”, en Anuario de Historia Regional y de las Fronteras, No. 5, Bucaramanga, UIS, 2000, pp. 51-80. 21 ANH, Popayán, caja 295, carpeta 2. 22 La solicitud del protector de naturales fue refutada por los oficiales de la Real Hacienda de Quito con el poderoso argumento de que el tributo constituía “la substancia del Real Tesoro en estas Provincias, y habiéndose multiplicado los gastos se hacía inverificable el total indulto.” Ibid.

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determinación tomada por el presidente Montes, la cual obligaba a los indios a pagar la totalidad del tributo en efectivo, contrariando la costumbre vigente desde tiempo inmemorial en los pueblos de tejedores de Túquerres de pagar parte del tributo en tejidos de la tierra23. La decisión de Montes se sustentaba en la urgente necesidad de contar con dinero en efectivo para el sostenimiento de las tropas realistas y en la dificultad que entrañaba la comercialización de los textiles entregados por los indios, dadas las perturbaciones políticas y económicas generadas por las actuaciones de los insurgentes neogranadinos. Sarasti, por su parte, opinaba que los tributarios de Los Pastos bien podían pagar sus demoras en dinero, puesto que su principal actividad consistía en transportar y vender en las minas de Barbacoas los artículos alimenticios y artesanales producidos en la sierra, trayendo a su vez como retorno los productos de importación que entraban por el mismo puerto de Barbacoas. Sólo que estos indios cargueros eran muy indisciplinados y despilfarraban sus ingresos en borracheras, al tiempo que obligaban a sus mujeres e hijas a hilar y tejer para pagar el tributo en especie con el fruto de su trabajo, descargando en ellas toda su obligación. De ahí su obstinación de pagar en especie24. No obstante, Sarasti reconocía que la administración del tributo por cuenta de la Real Hacienda era de fecha reciente, y que este ramo había sido manejado antes por particulares, que se los hacían pagar en los efectos que les produjeran mayor utilidad, lo que aún se practicaba en algunos pueblos, que generalmente pagaban cuatro pesos en dinero y un capisayo. Pero que eso ya no se podía admitir, pues dadas las críticas circunstancias vigentes, resultaba muy complicada su realización ventajosa en el mercado regional25. En otras palabras, que los campesinos y los artesanos indios debían asumir las perturbaciones del mercado ocasionadas por la guerra, pues, a su juicio, el único fin de los reclamos del cacique–gobernador de Cumbal era “incomodar y que no haya dinero para las tropas, y hacer odioso al Administrador y por eso se le atribuye de intento ser arbitrariedad suya no admitir capisayos y ruanas”26. Esta declaración final de Sarasti llama la atención, ya que se supone que hablaba de unas gentes y de una región que supuestamente se caracterizaban por su insobornable lealtad y sumisión a la Corona. De hecho, ese mismo año el cabildo de Pasto dirigió una solicitud al general Pablo Morillo, subrayando cómo “nuestros indios han sido fidelísimos; han servido infinitamente, llegando aún a tomar las armas y perder la vida muchos; y siendo dignos 23 ANH, Popayán, caja 296, carpeta 3. Según el reclamo de don Agustín Tasmag, gobernador de Cumbal, los indios de su pueblo solían pagar su tributo combinando el pago en dinero con ruanas y capisayos. 24 Ibid. Carta de Francisco Sarasti, Ipiales, enero 14 de 1816. 25 Ibid. 26 Ibid.

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de la real conmiseración, parece que aun cuando no fuesen absueltos de la contribución que se llama tributo, enteramente, para que quede a los curas el estipendio, podrían ser absueltos siquiera de la mitad”27. El resultado fue la expedición, el 15 de mayo de 1817, de una orden real mediante la cual se ratificó la decisión de rebajar un peso en el tributo tomada por el gobernador de Popayán en 1811, dándole además el carácter de permanente. Adicional a ello consideró oportuno premiar el patriotismo y halagar la vanidad de los caciques pastusos, y decidió concederles el privilegio de usar una medalla de plata con el busto del rey y la leyenda «Fernando Séptimo a la fidelidad de los Casiques de Pasto»28. Esta vez la solicitud de la élite pastusa a favor de los indios tuvo tanto éxito -o la situación fue considerada por los comandantes realistas tan desesperada- que desde 1817 se dejaron de cobrar los tributos en el distrito de Pasto, por decisión del general Morillo29. En este caso el tributo fue utilizado como un instrumento político por parte de los realistas para asegurar la lealtad de los indios, cada vez más reticentes al pago de esta imposición fiscal. A la utilización política de las exención de tributos recurrió también el caudillo de la rebelión de 1822, Benito Boves, quien le ordenó al administrador de esta renta entregar lo recaudado hasta ese momento y suspender totalmente su cobro, en espera de lo que decidiera el Rey al respecto. No hay que olvidar, sin embargo, que esta medida fue tomada cuando en España tenía lugar la Revolución Liberal con el consiguiente restablecimiento de la Constitución de 1812, por lo cual resultaba muy improbable que el gobierno metropolitano impusiera nuevamente el tributo. En todo caso, la evolución del cobro de tributos en los años de la primera fase de la guerra de la Independencia fue bastante estable, aunque sustancialmente inferior a lo que se solía recaudar en los siglos precedentes30. La Revolución Liberal de España y la consolidación de la República de Colombia implicaron, de hecho y de derecho, la suspensión o derogación del cobro del tributo indígena. Por consiguiente, desde 1817, aún bajo el régimen monárquico, se dejó de recaudar este impuesto en las provincias de Pasto. 27 “Representación del Cabildo de Pasto a Don Pablo Morillo, 13 de octubre de 1816”, en GUERRERO, Gustavo S., op. cit., p. 261. 28 ANH, Popayán, caja 303, carpeta 6, ff. 52-53v. 29 ORTIZ, Sergio Elías, Agustín Agualongo y su tiempo, Bogotá, Cámara de Representantes, 1987, p. 336. Las cartascuentas de la Real Hacienda de Popayán que se conservan en el Archivo Central del Cauca (en adelante ACC) parecen ratificar esta apreciación, pues sólo existen hasta 1817. Véase ACC, Independencia CI-10t, signaturas 279, 562, 563 y 622. 30 ACC, Independencia, CI-10t, signaturas 279, 562, 563 y 622.

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Sin embargo, las acuciantes necesidades económicas del ejército republicano que marchaba hacia el Perú, y el costo adicional que le implicó la feroz resistencia de los pastusos a dejarlo transitar libremente por su territorio, obligaron a Bolívar a imponer a todo el vecindario de Pasto una contribución forzosa de 30.000 pesos, y a restablecer -aun en contra de la Constitución y las leyes republicanas- el cobro del tributo suspendido por Morillo. En esta contribución se incluía el monto que se esperaba recaudar de lo “adeudado” desde 181731, lo que implicaba una suma impagable de parte de los indios, arruinados por largos años de guerra. Cinco años más tarde, a su regreso del Perú, Bolívar restableció bajo el eufemismo contribución personal de indígenas el cobro del tributo en las comunidades de indios. Por lo mismo no debe sorprender el entusiasta apoyo que lograron en este sector social los caudillos que se levantaron contra la dictadura bolivariana en Pasto y Popayán en 1828. En cualquier caso, el hecho relevante es que, según la percepción de los indios de Pasto, fueron los realistas los que primero redujeron el monto del tributo y luego lo suprimieron, satisfaciendo así uno de los más sentidos deseos de este agobiado sector de la población; mientras que los republicanos se apresuraron a restablecer el tributo, precisamente la situación económica y social de los indios era más desesperada.

2. La defensa de las tierras de comunidad Las tierras de comunidad constituyeron el elemento articulador por antonomasia de las comunidades indígenas del periodo colonial. Los resguardos poseyeron algunas características que contribuyeron a construir no sólo formas particulares de organización económica, social y espacial (los pueblos o reducciones de indios), sino que también llegaron a constituir el elemento central de la jerarquía y el poder social comunitario. De hecho, una vez establecidas las reducciones con sus respectivos cabildos, se estatuyó como función primordial de éstos la protección de la integridad y la distribución anual de las tierras de comunidad entre las familias reducidas en cada pueblo. El ámbito del resguardo instauró una especie de frontera simbólica entre las repúblicas de indios y de españoles y, además se constituyó en el elemento medular de las economías indígenas. De ahí el encono y la persistencia con que fue defendida su integridad durante todo el periodo colonial y buena parte del republicano. Por otra parte, fue justamente la existencia de estas tierras comunales y la posibilidad de participar en su redistribución periódica, los elementos vinculantes más poderosos de los indios a sus pueblos y comunidades. Las tierras de los resguardos constituyeron 31 ORTIZ, Sergio Elías, op. cit., p. 336.

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la piedra angular de las comunidades indígenas de la Colonia tardía y la defensa de su integridad, la principal manifestación de sus actuaciones políticas. En ese contexto, el comportamiento de los indios de Pasto en defensa de sus resguardos no fue diferente del de sus homólogos de cualquier otra provincia colonial hispanoamericana. De hecho, durante el siglo XVIII, y frente a la amenaza inminente de las agregaciones de pueblos y el remates de las tierras “sobrantes” de los resguardos suprimidos, impulsados por el reformismo borbónico, los indios desarrollaron, a su vez, un proceso de defensa y reconstitución de las tierras comunales mediante el recurso de legalizar sus “títulos” ante las autoridades coloniales, en un proceso semejante, aunque más tardío, al de la fabricación de “títulos primordiales” adelantado por los indios mexicanos en el siglo XVII32. Los archivos conservan evidencias de la lucha de los indios pastusos en defensa de sus tierras comunales, al menos desde mediados de 1656, año en el cual los caciques de Cumbal, Muellamués y Guachucal viajaron juntos a Quito para solicitar a la Audiencia que las tierras que se encontraban en manos de españoles, en calidad de arriendo, fuesen devueltas a sus respectivas comunidades. En su alegato sostuvieron que las tierras habían sido tomadas por los intrusos sin su consentimiento, y que los pagos por el arrendamiento eran o más bajos que los acordados, o simplemente incobrables, además de que sus ganados destruían con frecuencia sus cultivos. Acogiendo sus argumentos, el presidente de la audiencia ordenó la devolución de las tierras a los indígenas y prohibió a los corregidores arrendar las tierras de los indios33. Pero fue en el siglo XVIII cuando los indios del distrito de Pasto mostraron mayor empeño en recuperar o legitimar los títulos de sus tierras de comunidad. Y aunque el mecanismo utilizado generalmente fue el recurso a la Real Audiencia, no faltaron casos en los cuales se optara por la fuerza como única posibilidad para la recuperación de territorios usurpados. Una buena muestra del primer caso se encuentra en los documentos acopiados por la Oficina de Asuntos Indígenas de Ministerio de Gobierno de Colombia a mediados del siglo pasado, con la intención de “depurar” la situación de los resguardos aún existentes en el departamento de Nariño34. Según el estudio jurídico realizado en 1964, apenas veinte años antes se habían “extinguido” prácticamente todos los resguardos de la antigua jurisdicción de la ciudad de Pasto, y algunos de la de Los Pastos (24 en 32 Véanse al respecto MENEGUS BORNEMANN, Margarita, “Los títulos primordiales de los pueblos de indios”, en MENEGUS B., Margarita (coord.), Dos décadas de investigación en historia económica comparada de América Latina. Homenaje a Carlos Sempat Assadourian, México, El Colegio de México - CIESAS - Instituto Mora -UNAM, 1999, pp. 137-161; y FLORESCANO, Enrique, Memoria mexicana, México, FCE, 2000, pp. 361-369. 33 CALERO, Luis Fernando, op. cit., p. 131. 34 AGN, Ministerio del Interior. Asuntos Indígenas, caja 199, carpeta 1747; y caja 202, carpeta 1790.

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total); sin embargo se conservaban aún 58, constituyéndose este hecho en la más fehaciente prueba del éxito y del empeño de las comunidades indias en la defensa de sus tierras. La meseta nariñense albergaba aún a mediados del siglo XX más de la mitad de todos los resguardos existentes en el territorio nacional (118)35. Por otra parte, los “títulos originarios” presentados, en buen número de casos, coinciden con las épocas de mayor amenaza contra su integridad. A manera de ejemplo, merecen examinarse algunos casos significativos. De las legalizaciones de títulos de resguardos de Pasto que los azares de la historia y la burocracia gubernamental nos han legado, resalta, ante todo, el hecho de que de trece resguardos reseñados, diez lograron amparos legales o la formalización definitiva de sus títulos en el siglo XVIII. Es decir, que a diferencia de otras regiones donde las reformas borbónicas trajeron consigo la agregación de pueblos y el remate de sus tierras de resguardo, en la jurisdicción de Pasto más bien se estaba consolidando jurídicamente su existencia e, incluso, creándose nuevos resguardos tales como los de Aponte, Gualmatán, Ipiales, Males, Muellamués, Mueses y Pastás. Así, lo anterior implica que más de la mitad de los resguardos de la meseta nariñense fueron creados, o legalizados, al mismo tiempo que buena parte de los de las regiones central y occidental del Nuevo Reino de Granada veía su existencia gravemente amenazada por las actuaciones del fiscal protector Moreno y Escandón36. La conclusión salta a la vista: en la región de Pasto mal podría decirse que el Rey y sus funcionarios hubiesen actuado en los años previos a la Independencia como un elemento disolvente o amenazante de las condiciones materiales de existencia de las comunidades de indios encarnadas en los resguardos. Más bien, éstos se erigieron como sus protectores frente a las invasiones y agresiones de sus vecinos. Como casos ilustrativos de la conducta “indigenista” de algunos funcionarios reales se pueden citar los de Guachucal y Males a fines del periodo colonial. En el primer caso, a mediados del siglo XVII el cacique compró a un fraile unas tierras que fueron añadidas al resguardo, las cuales legó por herencia a la comunidad. Años más tarde el capitán español Martín Díaz de Fuenmayor quiso apoderarse de estas tierras, por 35 Ibid., caja 200, carpeta 1765, ff. 11-13. 36 La agresiva política de extinción de resguardos en las jurisdicciones de Santa Fe y Tunja en la segunda mitad del siglo XVIII ha sido muy bien estudiada por HERRERA ÁNGEL, Marta, Poder local, población y ordenamiento territorial en la Nueva Granada. Siglo XVIII, Bogotá, Archivo General de la Nación, 1996; BONNETT VÉLEZ, Diana, Tierra y comunidad un problema irresuelto. El caso del altiplano cundiboyacense (Virreinato de la Nueva Granada) 1750–1800, Bogotá, Instituto Colombiano de Antropología e Historia - Universidad de los Andes, 2002. Para un análisis de los efectos políticos de la actuación del fiscal Moreno y Escandón véase PHELAN, John Leddy, El Pueblo y el Rey. La revolución comunera en Colombia, 1781, Bogotá, Carlos Valencia, 1980.

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lo que los indios se vieron precisados a acudir a la Real Audiencia de Quito, la cual se pronunció en su favor en el año 1677. Con base en esta sentencia se produjo una cédula real de amparo a la integridad de las tierras resguardadas. Ya a comienzos del siglo XVII, los indios debieron enfrentarse una vez más a un vecino codicioso. En esta ocasión se trataba del capitán Benavides, quien entró a disputarles las tierras llamadas Totoral. Aprovechando la visita del oidor Rodríguez de San Isidro, los indios formularon su queja, dando lugar a un nuevo amparo. No obstante, en febrero de 1712 el capitán Benavides reinició pleito por las tierras de Totoral. Esta vez los indios debieron transigir, cediendo a Benavides una faja de tierra, a fin de que el Juez Comisario les garantizase la titulación y el deslinde definitivo de las tierras de Guachucal37. En el caso del resguardo de Males se plantea un nuevo elemento, pues si bien las tierras disputadas se encontraban en manos de vecinos “españoles”, éstos alegaban haberlas adquirido legítimamente y de buena fe de manos de un indio apellidado Guasmayán. Ante esto, la comunidad de Males no tuvo más recurso que alegar ante la real audiencia quiteña en contra de Guasmayán, quien fue acusado de recurrir a títulos falsos para realizar la venta fraudulenta de tierras comunales. Finalmente la audiencia les dio la razón a los indios, y el 6 de febrero de 1787 expidió una real provisión de amparo, la que dio lugar a que las tierras en disputa les fueran devueltas al patrimonio corporativo de la comunidad de Males38. Uno de los procesos más llamativos por sus implicaciones políticas fue el que adelantaron los indios del pueblo de Yascual en 1817, ya en pleno del proceso de Independencia. En septiembre de ese año dos indios, Jacinto Getial y Pedro Malúa, se dirigieron al protector de naturales de Pasto para informarle que, en vista de que los pueblos de Pacual, Chuculdí y Sacampús habían sido abandonados por sus habitantes desde hacía muchos años, el mestizo Santos Rodríguez se había adueñado de sus tierras. Pero que ellos, con otras veinticinco familias “de tributarios”, los habían poblado nuevamente, estableciéndose con sus casas, chacras y ganados de toda especie. Además, otros indios sin tierras, de su mismo pueblo de Yascual, estaban listos para trasladarse al nuevo asentamiento. Sin embargo Rodríguez los inquietaba continuamente en su posesión, exigiéndoles 2.800 pesos, y amenazando con destruir sus casas y labores39. Se trata en este caso de un intento de recuperación de tierras comunales que, aunque abandonadas temporalmente, los indios yascuales seguían considerando parte integrante e inenajenable de su patrimonio corporativo, argumentos que fueron 37 AGN, Ministerio del Interior. Asuntos indígenas, caja 199, carpeta 1747; y caja 202, carpeta 1790. 38 Ibid. 39 El desarrollo del dilatado proceso iniciado por los indios de Yascual contra Santos Rodríguez puede verse en ANH, Popayán, caja 299, carpeta 12.

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esgrimidos, con el debido soporte jurídico, por el protector de naturales, quien además solicitó a la real audiencia de Quito que ordenase al teniente de gobernador de Pasto que, de ser cierto lo informado por Getial y Malúa, amparase a las familias que se encontraban en los sitios repoblados, dándoles las tierras que estos, y los demás que se redujeran a poblarlos necesitaren, y cuantos auxilios pidiesen, sin permitir que nadie los despojara ni perturbara. La Audiencia concedió el amparo solicitado, pero Rodríguez respondió a las pretensiones de los indios alegando que el alcalde ordinario de Pasto les había dado posesión de las tierras ocupadas sin atender a sus reclamos, por lo que se vio obligado a recurrir a la Audiencia, acusando de paso a los indios de mala fe y de ocultar el expediente que sobre las tierras en litigio se llevaba en la provincia de Los Pastos. Según Rodríguez, él poseía las tierras en disputa como herencia de sus padres, los que, a su vez, las habían comprado a las herederas de don Fernando Basques, quien las adquirió por remate en 1734. Además, que los indios fingieron que se habían recogido 25 familias para poblar aquellos campos que se suponían realengos y restablecer el pueblo arruinado de Pacual, callando que eran feligreses del pueblo de Yascual; y que las tierras donde se habían pasado no eran de esa parroquia, sino de la de Ancuya, y que en Yascual tenían suficientes tierras para todos. Que en realidad los trasladados a Anania y Pacual no eran sino doce personas, entre chicos y grandes, y no todos nativos, sino con mezcla de forasteros, que debían ser algunos forajidos, los cuales, con la intención de sacudirse el yugo de la sujeción y el de Jesucristo, optaban por separarse de sus rebaños, sin querer asistir a la doctrina ni a la misa, tanto por la aversión que le habían tomado, como por la distancia de su nuevo asentamiento al pueblo de Yascual, de todo lo cual se había quejado el cura oportunamente; que, en fin, lo que los indios invasores querían era vivir sin Dios y sin Ley. El dilatado proceso que ocasionó el intento de recuperación territorial de Yascual hizo salir a flote más de un conflicto, pues en él tomaron parte no sólo los indios y los mestizos directamente implicados, sino también los curas de los pueblos de Yascual y Ancuya, el corregidor de Los Pastos y el alcalde de Pasto, el defensor de naturales y el fiscal protector, cada uno defendiendo sus propios intereses y puntos de vista. Así, los curas se disputaban los feligreses, los funcionarios gubernamentales el ámbito de sus competencias, y los funcionarios judiciales sus propias interpretaciones de la legislación indiana. Por supuesto que, en la base de todo, se desarrollaba un manojo de conflictos de orden económico y político. Los curas procuraban mantener o incrementar sus ingresos por diezmos, primicias y demás derechos parroquiales; el corregidor de Túquerres y el alcalde de Pasto por demostrar la supremacía de cada uno sobre el otro; mientras que el fiscal de Quito y el protector de Pasto enfrentaban sus posiciones, intereses y conocimientos legales. Los indios, por su parte, luchaban por expandir el ámbito de su principal recurso, la tierra, y los mestizos por expropiarlos.

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Pero lo más interesante de este proceso es justamente el entrecruzamiento de actores e intereses. Y, sobre todo, la emergencia de un sector dirigente indígena capaz de planificar, desarrollar y defender un proyecto económico-político, la recuperación de las tierras que se consideraban usurpadas, implicaban, además, la reconstitución de los antiguos pueblos abandonados con sus autoridades civiles y religiosas, pues así el agraviado cura de Yascual arguyera que los indios sólo buscaban vivir sin Dios ni ley, el de Ancuya, en cambio, testimonió su buen vivir y sus demostraciones de piedad cristiana materializadas en la erección de una capilla, lo que para el cura de Yascual constituía una muestra más de insubordinación. Así, tal muestra sólo conduciría a la despoblación de su parroquia, con el riesgo para los indios de andar vagos y sin cura que los doctrinara, evadiendo el tributo, y cometiendo los mas execrables excesos, habiéndolos llevado su osadía hasta el extremo de erigir una capilla sin ninguna licencia eclesiástica ni real, actuando hipócritamente, con tal de quedarse en su nuevo lugar de residencia, alejados de todo pasto espiritual, por lo que, a su juicio, se corría el riesgo de que en Pacual: “Todo será una insolente desvergüenza, y lo que Dios no permita, un Pueblo de alsados sin ley, sin Dios, ni sentimientos religiosos”40. Por su parte, el abogado de Rodríguez argumentó que mientras su representado había obrado de buena fe, permitiendo que los indios ocuparan sus tierras bajo promesa de compra o arriendo, éstos en cambio habían obrado con la mayor falsedad y malicia, pretendiendo apropiárselas gratuitamente, inducidos por su cacique Jacinto Getial, a quien llamaban “Padre común”, en cumplimiento de cuyas instrucciones se habían negado a desocupar el predio en litigio argumentando “que si estaban allí no era por orden de Justicia, sino por la permisión de Dios, y por mandato de Jasinto; y que cuando este les mandase saldrán, y que este es el Padre común de ellos, y el orden que les había dado era que aunque los quemen no obedescan”41. Y efectivamente, los indios resistieron con tenacidad durante dos años, hasta cuando fueron violentamente desalojados, apresados, quemadas sus chozas y sus ganados secuestrados por orden del corregidor de Túquerres, so pretexto de hacer cumplir la providencia de la Real Audiencia que finalmente ordenó, después de muchas vacilaciones, reconocer el derecho de propiedad de Rodríguez sobre las tierras de los antiguos pueblos de Pacual y Sacampús. Ante al recurso de la fuerza, los indios no tuvieron más remedio que abandonar su intento de recuperar tierras ancestrales, pero, en todo caso, no se resignaron a aceptar la pérdida de esta batalla como una derrota definitiva, pues el hecho es que nunca más volvieron a su antiguo asentamiento, sin que nadie pudiera dar razón cierta de su localización, ratificando con su comportamiento los temores expresados por su cura, según el cual, lo que Getial y Mulúa buscaban era construir una nueva comunidad libre de las coacciones impuestas por el Estado colonial, la Iglesia y las élites locales42. 40 Ibid. 41 Ibid. 42 Ibid.

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Un caso similar ocurrió poco después, a mediados de 1820, entre los indios del pueblo de Matacunchuy y los herederos de Melchor Delgado. Esta vez la disputa se entabló por tierras contiguas al pueblo de los indios y a la hacienda “Los Ingenios”, de cuya ocupación se acusaban mutuamente los indígenas y los herederos de la propiedad. En el desarrollo del pleito, el protector de naturales alegó que los indios habían recibido un título de amparo en 1803, cuando, por hallarse sin tierras suficientes, se les autorizó a poblar y laborear las del antiguo pueblo de Matacunchuy, que por derecho inmemorial les correspondían, debido a lo cual surgió el pleito con Delgado y sus herederos43. Y aunque en este caso desconocemos el desenlace, lo que resulta interesante es que también aquí los indios reivindican su derecho a recuperar tierras que antaño habían formado parte del patrimonio comunitario. En resumen, en los años inmediatamente anteriores, y durante las guerras de Independencia, los indios de Pasto defendieron con denuedo sus tierras de comunidad, no sólo recurriendo a los engorrosos e inciertos procedimientos judiciales, sino en más de una ocasión, a las vías de hecho, a despecho de las pretensiones de los terratenientes, corregidores y curas, y dando muestras de una notable autonomía social y política.

3. Las prácticas políticas El expediente sobre la frustrada recuperación de las tierras de los pueblos abandonados de Pacual y Sacampús nos informa de la actitud de los indios con respecto a este recurso vital para su existencia material y corporativa, y además, de las prácticas políticas puestas en juego para el logro de sus fines estratégicos. En ese sentido merecen destacarse: la configuración de relaciones de dirección o subordinación políticas en el seno de la comunidad; las manifestaciones de autonomía con respecto a los representantes de la autoridad (el cura y el teniente de corregidor); el uso del enfrentamiento o la alianza con las autoridades locales según las conveniencias; y el recurso simultáneo a las vías judiciales y de hecho como instrumentos de lucha. Y es que, según se puede colegir de la documentación, la recuperación de las tierras de Pacual y Sacampús no obedeció a un impulso espontáneo de un grupo de indígenas desesperados, sino que constituyó un acto debidamente planificado y ejecutado con sujeción a un guión preestablecido, en el cual entraban en juego un amplio elenco de actores sociales: la dirigencia y las bases de las comunidades indias, los terratenientes mestizos, y los representantes de los poderes civil y religioso. El análisis de las estrategias seguidas por los indios en su intento por recuperar sus tierras ancestrales conduce a la necesidad de reconstruir históricamente las estructuras políticas de las comunidades implicadas. A este respecto lo que se puede inferir de 43 ANH, Popayán, caja 303, carpeta 17.

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la evidencia disponible es que los pueblos de indios de la provincia de Pasto hacían esfuerzos, todavía a comienzos del siglo XIX, por mantener o reconstruir alguna forma de autoridad étnica tradicional. En este sentido resulta ilustrativo el expediente iniciado por los indios de Tasmag, dependientes del pueblo de Cumbal. En 1813 éstos comunicaron al protector de naturales la necesidad en que se encontraban de sustituir al “principal mayor” de su “ayllo” 44. La razón alegada era la extrema ancianidad que incapacitaba para seguir ejerciendo el cargo a don Francisco Quilismal. Este hombre de 95 años se había desempeñado como principal mayor por 45 años, “con las preeminencias dotadas por mis abuelos”. No obstante, Quilismal no era un indio originario de Tasmag, y su designación había sido hecha por el cabildo de indios de Cumbal por haberse extinguido los descendientes de la familia Guadir45. Como se puede apreciar, en este caso se evidencia una curiosa manifestación de mestizaje político, como quiera que en el cargo de “principal mayor” o “mandón” se conjugan elementos tradicionales, como lo era su presunta función de “padre y defensa del ayllo”, con aparente origen hereditario, con su reciente designación por parte de los regidores del cabildo, institución advenediza y moderna. Como si fuera poco, la designación de su sucesor, don Isidro Guadir, se realizaría por consenso de sus futuros subordinados, “por ser yndio legítimo del pueblo, y de raíces públicas, y generación buena”46, cualidades a las que añade el protector de naturales las de ser “persona racional y de buena conducta”, además de “descendiente directo de los propios principales que antes gobernaban la parcialidad, por debida línea”47. A juicio del protector, Guadir tenía todo el derecho a asumir el cargo, pues don Francisco Quilismal lo había ejercido sólo como depositario temporal. Sin embargo, el corregidor de la provincia no coincidió con la opinión del protector, pues a su juicio los legítimos herederos del cargo eran los hijos de don Francisco, sin que fuera de la competencia de éste la cesión discrecional del mismo, y menos en un extraño48. En defensa de su punto de vista, el protector de naturales pidió que se levantara información con el fin de demostrar la legitimidad de la designación de Guadir, con base en sus antecedentes genealógicos y en el carácter de simple tenedor del cargo que ostentó Quilismal, quien además procedía de una parcialidad distinta49. Ante la unánime acogida de los testigos (todos indios de Tasmag), el corregidor no tuvo más que aceptar los argumentos del protector, recomendar la legalización del 44 ANH, Popayán, caja 294, carpeta 2. 45 Ibid. Oficio de Rafael Mateo de Arteaga, Protector de Naturales de Los Pastos. Cumbal, 12 de junio de 1813. 46 Ibid. Representación de los indios de Cumbal al Fiscal Protector de Naturales. De la Real Audiencia de Quito. Cumbal, junio de 1813. 47 Oficio de Rafael Mateo de Arteaga, ANH, Popayán, caja 294, carpeta 2 48 Ibid. Vista del Corregidor de Los Pastos, Juan Bautista Zarama, Ipiales, 15 de junio de 1813. 49 Ibid. Oficio del protector de naturales al corregidor de Los Pastos, Ipiales, julio 19 de 1813.

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cargo de “principal mayor” encomendado a Isidro Guadir y ordenar su reconocimiento como tal50. Lo que este interesante episodio pone de manifiesto es el profundo sincretismo político que había tomado cuerpo en las comunidades indias del suroccidente neogranadino, reflejado tanto en las instituciones como en las prácticas de distribución y ejercicio del poder. Porque ¿qué era un “principal mayor”? ¿Una autoridad étnica tradicional, como pareciera indicarlo el carácter hereditario del cargo? En tal caso, ¿por qué habían intervenido en su designación instituciones y funcionarios tan ajenos a la tradición andina como el cabildo, el protector de naturales y el corregidor? ¿Desempeñaba el principal mayor las funciones de los antiguos caciques? ¿Y si no, cuáles eran sus funciones? Ateniéndonos a la evidencia disponible se podría responder que el principal mayor o “principal mandón”, como también se le denomina en los documentos, era un indio investido de una posición subalterna de autoridad y honor adscrita a su linaje, aparentemente muy similar a la de los capitanes o mandones de que hablan los cronistas, pero cuya elección o designación había sido subsumida en los rangos burocráticos coloniales, de manera similar a lo que ocurrió con los caciques, a los cuales estuvieron alguna vez subordinados los mandones de cada localidad. De ahí que a comienzos del XIX el carácter hereditario y honorífico del cargo se encontrara tan deslucido que aparentemente cualquier indio “de razón” -así fuera forastero-, podía ostentarlo, incluso en carácter de “depósito”, como había ocurrido con don Francisco Quilismal, quien además optó por cederlo mediante “dejación” en manos del que se suponía era el más legítimo heredero. Éste, a su vez, debió demostrar que era un indio “de razón y buenas costumbres”51, y someterse al reconocimiento “de los principales caciques” y del cabildo de indios del pueblo de Cumbal, además de someterse a la autoridad del corregidor y su teniente. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que en ese momento los “caciques principales” o “gobernadores” no eran más que los recolectores locales del tributo designados por el corregidor cada dos años, por lo que poco tenían que ver con los caciques andinos prehispánicos52. En cuanto a las funciones del principal mayor, éstas apenas aparecen descritas en los documentos como de protección y defensa de la comunidad, 50 Ibid. “Juan Bautista Zarama, Corregidor interino y Administrador del Ramo de Tributos, a solicitud del protector, reconoce el derecho de sangre de Isidro Guadir para sucesor a la Principalía de la parcialidad de Tasmag y ordena al Teniente lo reconozca y haga reconocer como tal”. Ipiales, 25 de septiembre de 1813. 51 Ibid. Testimonios solicitados por el protector de naturales de Pasto, Ipiales, julio 19 de 1813. 52 Como se sabe, el proceso de desarticulación de las jerarquías indígenas prehispánicas se inició sistemáticamente con las reformas toledanas, y fue completado por los Borbones después de las rebeliones andinas de 1780. El rango de “cacique” fue abolido por la Constitución de 1812, y restablecido con restricciones por la real cédula de Fernando VII del 28 de diciembre de 1814 (AHP, Libro capitular de 1815, caja 10, ff. 68-69v). No obstante, el

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tal como se infiere de las palabras de don Francisco Quilismal en el documentos de traspaso de su cargo a Isidro Guadir, al ordenarles a sus subordinados que deberían reconocerlos “por su Padre, y defensa del referido Ayllo conforme a mi me an guardado, y obedecido”53. Del rango y atribuciones del principal de cada parcialidad nos informa más adelante el mismo Isidro Guadir en dichos documentos, cuando fue arbitrariamente despojado de su cargo por el teniente pedáneo en 1819. Para entonces Guadir ya llevaba varios años desempeñando su “principalía” en la comunidad de Tasmag, y el recién nombrado teniente pretendió obligarlo a él y a los indios bajo su mando a que le edificaran su casa y le atendieran sus cultivos a título gratuito. Como su “padre y defensor”, Guadir se opuso, con el argumento de que ni la casa ni los cultivos pertenecían al Rey, y que por ello no podía el teniente pedáneo obligar a sus indios “por la fuerza, y sin premio”, a que trabajaron en su beneficio personal, y menos tratándose de “un mal hombre advenedizo que quería establecer su situación en nuestro Pueblo”54. Como si fuera poco, el teniente se había apropiado ilegalmente de unos terrenos del también principal mayor don Mateo Taimal, y ante sus reclamos había optado por privarlo de su cargo. Dos aspectos interesan resaltar de este episodio: 1) el papel desempeñado por Guadir y Taimal en la defensa de los fueros de su comunidad, cuyos miembros no podían ser obligados a ninguna clase de servicio personal sin remuneración, como lo pretendía el teniente pedáneo; y 2) el reconocimiento que hizo finalmente el fiscal protector general de Quito del carácter vitalicio del cargo de “principal mayor”, y la orden que extendió la Audiencia al corregidor de Los Pastos para que reconviniera a su teniente por sus abusos contra las autoridades locales y las comunidades de indios55. Un papel similar desempeñó Jacinto Getial en defensa de las tierras comunales de Yascual, como ya se ha visto. Los indios llamaban a Getial su “padre protector”, según lo atestigua el abogado de Santos Rodríguez en su alegato, en el cual afirma que al ser requeridos los indios para que abandonaran las tierras recuperadas, habían respondido con altanería que no obedecerían el desalojo ordenado, pues, “si estaban allí no era por orden de Justicia, sino por la permisión de Dios, y por mandato de Jasinto; y que cuando este les mandase saldrán, y que carácter vitalicio del cargo de “principal mandón” fue ratificado por la Real Audiencia de Quito en diciembre de 1817. ANH, Popayán, caja 294, carpeta 2. 53 Dejación del cargo de Principal mayor de la parcialidad de Tasmag, del Pueblo de Cumbal por D. Francisco Quilismal. ANH, Popayán, caja 294, carpeta 2. 54 Representación de don Isidro Guadir al fiscal protector general de naturales de la Real Audiencia, Quito, 19 de noviembre de 1819. ANH, Popayán, caja 294, carpeta 2. 55 Ibid. Orden acordada de la Real Audiencia de Quito, 1 de diciembre de 1813.

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este es el Padre común de ellos, y el orden que les había dado era que aunque los quemen no obedescan: y que juntamente se alteraron Manuel Getial y Leandro Timaná perdiéndole el respeto al dicho Comisionado. […] Ese Jasinto, a quien llaman Padre común, y les ha preseptuado que no obedescan nada aunque los quemen, es el mismo Jasinto Getial su caudillo, o capataz promovedor del despojo que lo ha sobstenido con el pleito que consta de los autos presentados, con la iniqua resistencia hecha por el, y aconsejada a sus socios […]”56.

Pero Jacinto Getial no actuaba sólo en sus labores de “seducción” y “caudillaje”, pues en el expediente se resalta también el papel jugado por su hermano y por su compinche Pedro Mulúa, personajes que sin duda tenían el suficiente ascendiente sobre su comunidad como para inducir a los indios a desafiar no sólo al invasor de sus tierras de comunidad, sino también al cura del pueblo, y al corregidor de naturales representado por su teniente pedáneo. Igualmente, contaban con los conocimientos, relaciones y habilidades requeridas para aprovechar en su favor las tensiones y contradicciones existentes entre los miembros de las élites locales, como lo demuestra la astuta utilización o estímulo de los conflictos, potenciales o manifiestos, entre los curas de las parroquias Yascual y Ancuya y, sobre todo, la hábil explotación judicial y política que hicieron del abierto enfrentamiento existente entre el alcalde de Pasto (con funciones de teniente de corregidor desde 1798), y el corregidor de naturales de Túquerres. En este caso los indios intentaron sacar partido no sólo de pleitos vigentes en el interior de la élite, sino del eventual conflicto de competencias entre las dos autoridades provinciales57. Por otra parte, el frustrado intento de recuperar las tierras comunales de Pacual y Sacampús por los indios de Yascual pone manifiesto la poca consistencia de la justicia colonial en estas situaciones, pues mientras que un fiscal recomendaba a la audiencia reconocer la legitimidad de su reclamo, apoyado en la legislación indiana, su sucesor, con estrechas vinculaciones con el cura de Yascual, optaba por conceder la razón a los mestizos invasores, dando pábulo de esta manera a la violenta actuación del corregidor y su teniente en contra de los “invasores”58. 56 Representación del bachiller José Paz de Albornoz, procurador de número de la Real Audiencia, Quito, 9 de diciembre de 1817. ANH, Popayán, caja 299, carpeta 12. El subrayado es mío. 57 Ibid. La información que sustenta estas inferencias se encuentra dispersa a lo largo del expediente citado. 58 Ibid. El 26 de septiembre de 1817 el Fiscal Protector de Naturales pidió que la audiencia librase real provisión al teniente gobernador de Pasto para que, si era cierto lo informado por Getial y Malúa, amparase a los indios de Yascual dándoles las tierras que éstos, y otros que se redujeran a poblarlas necesitaran, y cuantos auxilios pidieran. La Real Audiencia de Quito estuvo de acuerdo con su fiscal, y al día siguiente expidió la provisión solicitada. No obstante, una vez relevado este fiscal “indigenista”, su sucesor determinó desconocer el concepto jurídico de su antecesor y recomendó el reconocimiento de los derechos de propiedad alegados por Rodríguez. En consecuencia, la Audiencia proveyó, el 24 de octubre de 1818, un auto contrario a las aspiraciones de los indios, en el cual ordenaba además desalojarlos de las tierras ocupadas y reducirlos a su pueblo de origen. Sin

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Mientras estos conflictos tenían lugar en la provincia de Los Pastos, en la propia ciudad capital se desarrollaba un enfrentamiento igualmente ilustrativo de las prácticas políticas indígenas en un momento crucial de la guerra. En este caso, bajo la apariencia de un pleito burocrático entre miembros de la élite, se desplegó un interesante juego de tensiones, alianzas y contradicciones en el cual tomaron parte, fuera de dos aspirantes a ostentar el cargo de protector de naturales de Pasto, sus eventuales “protegidos”: los indios de los pueblos y comunidades que circundaban la ciudad59. A fines de 1819, cuando el ejército republicano se aprestaba para iniciar su avance hacia el sur, el protector de naturales de Pasto desde 1814, Juan Díaz Gallardo, inició un pleito para recuperar su cargo, del cual se creía injustamente despojado por las intrigas de su rival Ramón Medina. En el desarrollo del pleito afloraron viejos y nuevos conflictos familiares, de clases, en el clero, entre los funcionarios civiles e, incluso, entre los propios indios. Pero ante todo, afloraron con toda claridad los mecanismos habituales de las prácticas políticas que regían las relaciones entre las élites locales y los indígenas, y entre la dirigencia étnica y sus bases. El pleito por la Protectoría de Naturales de Pasto deja en claro al menos tres asuntos bien importantes para entender la conducta de los indios durante las sublevaciones realistas de 1822 y 1824. El primero es la frecuencia con que se recurre al argumento de la “seducción” para explicar la conducta de los indios en uno u otro sentido, argumento del cual no se pueden disociar los mecanismos utilizados por los eventuales “seductores”, y el hecho de que éstos tienen poco que ver con la retórica, e implican siempre el ofrecimiento de solucionar algún problema específico de las comunidades; el segundo, la reticencia de los indígenas a someterse sumisamente a las pretensiones de los curas, las élites o los funcionarios locales; y el tercero, la existencia de formas fluidas de comunicación e interacción entre la dirigencia indígena de los distintos pueblos de la provincia, lo que pudo haber dado lugar a las eficaces redes de solidaridad étnica y de clase que se evidenciaron durante las rebeliones antirrepublicanas.

4. Reciprocidad clientelista El mecanismo de la “seducción” como procedimiento para lograr la solidaridad y la movilización de los indios y su alineamiento a favor de uno de los contendientes parece implicar siempre la oferta por parte del “seductor” de algún beneficio concreto. En otras palabras, la vigencia de la reciprocidad como el dispositivo social más adecuado para lograr reivindicaciones concretas u objetivos políticos de mayor alcance, tanto embargo, como manifestación de su desacuerdo con la sentencia, y de rechazo a las actuaciones del corregidor y el cura, los indios se negaron a regresar al pueblo de Yascual, refugiándose unos en Ancuya y otros en Quito. 59 “Expediente de D. Juan Díaz Gallardo, vecino de la Ciudad de Pasto, querellándose de despojo del empleo de Protector Partidario de dicha Ciudad. Año de 1819”, ANH, Popayán, caja 303, carpeta 1.

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de parte de las élites étnicas o coloniales como de parte de los comuneros indios. Sólo que en este contexto la reciprocidad ya no responde a los patrones andinos ancestrales, sino que opera dentro de la lógica de vínculos clientelistas del tipo do ut des del “contrato diádico” estudiado por Foster60. Así, para poder lograr el consentimiento de los indios de Anganoy, Juan Díaz Gallardo les ofreció que a cambio él les garantizaría el cumplimiento de lo mandado por la Real Audiencia acerca de que a los curas no se les prestara ningún servicio, a no ser que pagaran el jornal establecido. Según las palabras de un testigo: “Gallardo les dixo a los Yndios de Anganoy, que se paren duro sobre quitar a los Señores Curas: Pongo, Platucama, y leñas que se acostumbran poner, que de tener estos servicios y leñas, sea por su dinero como está prevenido por Real Provisión y que él los defendería; que con este motivo se halla la mayor parte de la gente de Anganoy insubordinada […]”61.

Se trata en este caso de la real provisión expedida por la Real Audiencia de Quito el 11 de agosto de 1786, con el fin de contener los abusos de los curas, y para que “los miserables Indios, experimenten el favor, y benigno influxo de la Real Magnificencia”. Con ello se buscaba suprimir las exigencias de los curas de pendones, pongos, camaricos, huevos de ceniza, palmas, cera, papel de monumento, navo para el aceite de lámpara, primicias indebidas, pompas funerales, derechos de bautismo, excesivos derechos por casamientos y “contribuciones voluntarias”; prohibía terminantemente los servicios personales gratuitos que aún usufructuaran, y cualquier otro servicio que no estuviera autorizado por auto de la Real Audiencia62. En otras palabras, lo que Díaz Gallardo ofrecía a los indios era garantizarles que se siguiese cumpliendo una norma que él había logrado poner tardíamente en vigor, 60 FOSTER, Georges, “The Dyadic Contract: A Model for the Social Structure of a Mexican Peasant Village”, en American Anthropologist, Vol. 63, No. 6, Berkeley, American Anthropological Association - University of California Press, diciembre 1961, pp. 1173-1192; FOSTER, George, “Peasant Society and the Image of Limited Good”, en American Anthropologist, Vol. 67, No. 2, Berkeley, American Anthropological Association - University of California Press, abril 1965, pp. 293-315. Para una visión general y actualizada del clientelismo véase GONZÁLEZ ALCANTUD, José A., El clientelismo político, Barcelona, Anthropos, 1997, pp. 12-84. Para una aplicación de la teoría de Foster al caso colombiano en tiempos de la Independencia véase ZULUAGA RAMÍREZ, Francisco, José María Obando. De soldado realista a caudillo republicano, Bogotá, Banco Popular, 1985; ZULUAGA RAMÍREZ, Francisco, Guerrilla y sociedad en el Patía, Cali, Universidad del Valle, 1993. 61 Testimonio de Manuel Criollo, Pasto, 24 de mayo de 1819. ANH, Popayán, caja 303, carpeta 1, ff. 122-123v. El subrayado es mío. 62 Ibid., ff. 70v-71v. El 11 de agosto de 1786, ante los abusos de los curas, la audiencia de Quito, ordenó librar reales provisiones circulares a los administradores de tributos, corregidores y demás jueces y curas, para que los impidiesen.

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afrontando la resistencia de los curas, expresada en sus memoriales y declaraciones contra el protector que, a juicio de éstos, no había hecho otra cosa que insolentar e insubordinar a los indios en contra de sus doctrinas63. Seguramente con razón, un testigo declaró que suponía que la causa de la destitución de Díaz Gallardo se debió al resentimiento de los curas despojados de los servicios personales gratuitos64. Medina, por su parte, había requerido de los pueblos de indios su apoyo político y económico, ofreciéndoles “que él se iba a parar en fabor de los Yndios a fin de que se consiga la rebaja de un peso anual del Tributo”65 y otros beneficios. De hecho, según uno de los regidores del pueblo de Anganoy, Medina les había exigido una contribución de cinco pesos y cinco reales, “…haciendo a los Yndios varios ofrecimientos fantásticos como fue de que a los conciertos les había de hacer pagar a dos reales diarios pues había providencia para ello; y que de consiguiente había de hacer promulgar otras varias Probidencias que había en favor de los Yndios, y se mantenían ocultas en el Cavildo”66.

Los dos casos estudiados dejan bien claro que si bien los indios de la provincia de Pasto gozaban de una limitada capacidad de acción política autónoma, los miembros de la élite local no podían prescindir de su solidaridad y respaldo para el logro de sus fines, ya fuesen éstos de orden económico o político. Pero, sobre todo, que la solidaridad indígena, así fuese subordinada, no era incondicional, pues por lo menos los aspirantes al cargo de Protector de Naturales se veían obligados a prometer beneficios tangibles, tales como la rebaja del tributo o la garantía de la remuneración de sus servicios.

5. La insubordinación de los indios Uno de los aspectos más llamativos del pleito por la Protectoría de Naturales es la insistencia de los curas y frailes encargados doctrineros en la cada vez más frecuente y rotunda resistencia de los indios a someterse sumisamente a sus exacciones económicas y laborales. Aparentemente, lo que pretendían los doctrineros era seguir usufructuando el servicio doméstico y la provisión de algunos bienes del culto y de su consumo 63 Una serie de declaraciones en este sentido de parte de varios curas y frailes de Pasto pueden verse en Ibid., ff. 20-22. Según el testimonio de Francisco Botina, indio de Matacunchuy: “Gallardo en cumplimiento de una Real Provisión librada por el Superior Tribunal de la Real Audiencia del Distrito, les quitó a los Señores Curas Pongos, Platucamas, contribución de leñas, maderas para monumentos, guevos del día de Seniza y otras pensiones, más que tubo a bien Su Alteza...”, Ibid., ff. 85v-86. 64 Ibid., f. 81v. 65 Ibid., f. 85. 66 Ibid., f. 88v.

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personal a título gratuito, y por cuenta de los indios. El argumento de los curas era “la tradición”, el de los indios y su protector, las decisiones de la justicia real. La exigencia de los curas de que sus feligreses indios los proveyeran de pongos, platucamas, leña y yerba, no tenía otro fundamento que su uso inveterado y generalizado en las parroquias sujetas a la diócesis de Quito, pasando por alto todas las prohibiciones emitidas al respecto. En este sentido son muy ilustrativas las palabras de algunos curas y frailes, que paladinamente declaran su sorpresa ante lo que denominan “insubordinación e insolencia de los indios”. Pero, ¿en qué consistía la insubordinación de los indios? Veamos: Para el doctrinero de Sibundoy, eran manifiestos entre sus dispersos y ariscos feligreses el poco celo de la honra de Dios, de la subordinación a las autoridades, curas doctrineros y demás ministros. Como consecuencia de ello, los indios se habían insolentado y trataban a sus curas como a unos hombres sin autoridad, y se negaban a reconocer los preceptos de la Iglesia, dispersos en las montañas y lugares diversos, “en donde nadie los pueda sujetar”67. Por su parte, el guardián del convento de San Antonio, del cual dependían las doctrinas de Pandiaco y Anganoy, declaró que no entendía por qué se habían “sublevado” sus doctrinados, al negarse a proporcionarles al convento y a sus curas los servicios domésticos gratuitos tradicionales, y a pagar los derechos parroquiales en los entierros, casamientos y derechos de primicias68. En cuanto al señalamiento según el cual se asentaban “donde nadie los pueda sujetar”, era el mismo que en su momento había hecho el cura de Yascual cuando algunos de sus feligreses optaron por repoblar los pueblos abandonados de Yascual y Sacampús, al argumentar que lo que éstos en realidad querían era “vivir sin Dios ni ley”, es decir, fuera del control de los curas, corregidores y terratenientes, sus oficiosos y pertinaces opresores y explotadores. Lo que resentía a los curas era la ostensible pérdida de control social sobre sus antes incondicionales e indefensos subordinados. ¿Qué estaba ocurriendo? Curiosamente los curas, presuntamente bien informados, no aluden para nada en sus declaraciones y quejas al desorden político generalizado que reinaba en América desde hacía por lo menos diez años. Por el contrario, se obstinan en reclamar “derechos” que consideraban autorizados por sus trescientos años de existencia, como pretendía el lector de los Mercedarios de Pasto69, o en achacarle a la perniciosa influencia del protector pedáneo la indeseable conducta de “sus indios”. Pero el asunto no paraba ahí. La insubordinación de los indios había llegado a tal extremo que, no sólo desconocían la autoridad y las pretensiones de sus curas, sino 67 Ibid., f. 21. Declaración de Ramón España, cura de Sibundoy. 68 Ibid., f. 22. Declaración de Fray Josép Manzo, Guardián del Convento de San Antonio. 69 Ibid., Declaración de Fray José López, Lector del Convento de Mercedarios.

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también el respeto debido a sus autoridades étnicas. Una elocuente manifestación de ello se refleja en la queja que firmó un grupo de gobernadores y mandones de los pueblos próximos a Pasto en la cual, luego de lamentar la insubordinación y falta de consideración de los indios con su cura, expresan su justa preocupación por lo que habría de pasar con su propia autoridad, cuando dicen al Protector General: “Ahora pues si la insolencia de los Yndios, tiene por juguete toda la veneración y respeto de un venerable y digno Sacerdote, ¿qué sucederá con los infelices desautorizados Gobernadores y Mandones? En efecto Señor que ya estamos agoviados de la altanería, ya no podemos, con la insolencia; en términos que rodeados de unos Yndios sublevados y sin respeto están en riesgo nuestras propias vidas, y las de todos los que no an querido incorporarze a su iniquo partido”70.

La cita anterior nos deja ver, además, que los indios ya no se mostraban unánimes en lo referente a sus simpatías y solidaridades políticas. Que las comunidades se encontraban fracturadas por el disenso encarnado en aquellos que ya no aceptaban pasivamente la dominación de sus curas y mandones, los sublevados afiliados al “inicuo partido” del antiguo protector pedáneo, los que se negaban a brindarle obediencia incondicional a los curas y ponían en cuestión la legitimidad y la autoridad de sus propios gobernadores y mandones cuando éstos, a su vez, se alineaban con sus opresores. Muy lejos estaban los clérigos, burócratas y “caciques” pastusos de suponer, y mucho menos de tolerar siquiera el más leve asomo de autonomía en “sus indios”. Sin embargo, las rebeliones de 1822 y 1824 habrían de demostrarles que la conducta política de éstos no se basaba únicamente en la “seducción”, y que su insubordinación obedecía a causas que iban más allá de la mala influencia de un burócrata díscolo.

6. Redes sociales y solidaridades políticas El hecho de estar situados la mayoría de los pueblos de indios en las goteras de la ciudad de Pasto, hacía muy fluida la interacción entre sus dirigentes y las gentes del común. De hecho, cada domingo y fiesta de guardar los indios debían asistir a la doctrina y a la misa en una u otra iglesia, según estuviesen adscritas sus doctrinas a los diversos conventos o curatos. Esta reunión semanal de adoctrinamiento religioso se aprovechaba, además, para obligar a los indígenas a prestar algunos “servicios” comunales a la ciudad, como limpiar y barrer las calles, las plazas y el cementerio71. Igualmente era ése el día de mercado, de modo que una vez cumplidas las obligaciones 70 Ibid., ff. 25-27. Representación de los Gobernadores y Principales de los pueblos de Obonuco, Botanilla y Jongovito al Protector General, Pasto, s.f. El subrayado es mío. 71 Sobre los servicios personales de los indios de Pasto en los años 1822 y 1825 véase AHP, Cabildo de Pasto, Libro de Cartas Varias, caja 18, f. 42; y AHP, Libro Capitular de 1825, tomo 1, caja 11, ff. 88-89ª.

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religiosas y laborales, los indios solían reunirse en la plaza mayor, donde sus mujeres ofrecían los productos de la tierra. Era este el lugar y el momento no sólo de los intercambios comerciales, sino también de una viva interacción social, matizada por la inevitable libación de chicha y aguardiente, las pendencias y las alianzas72. En efecto, aunque los indios viviesen en un aparente aislamiento, enclaustrados en sus aldeas, su temprana vinculación a los mercados urbanos y la cómoda actitud de sus doctrineros que, en lugar de desplazarse hasta sus pueblos, hacían venir a sus feligreses hasta sus conventos, habían facilitado una vivaz sociabilidad indígena. Esta sociedad se tradujo en eventuales consensos dirigidos a producir manifestaciones de apoyo o descontento hacia determinados personajes o instituciones73 y, además, pudo dar ocasión a alianzas políticas más ambiciosas, tal como la que operó en los años de 1822 y 1824, cuando los comandantes realistas Benito Boves y Agustín Agualongo lograron reclutar y movilizar guerrillas indígenas, capaces de enfrentarse con relativo éxito a los muy superiores ejércitos republicanos. En cualquier caso, tanto los testimonios particulares como las “representaciones” colectivas de los indios pusieron de manifiesto la existencia de formas fluidas y regulares de comunicación e interacción entre las élites étnicas y las bases de los distintos pueblos de la provincia, hasta el punto de haber sentado las bases de una especie de liga de caciques insubordinados, con seguidores en cada uno de sus pueblos. Al menos así lo sostenían en sus quejas y reclamos los adversarios de la “liga”. Pero no hay que idealizar estas manifestaciones de solidaridad indígena. También se dieron entre las distintas comunidades, o en el interior de cada una de ellas, enfrentamientos, contradicciones y conflictos. De hecho, así parece demostrarlo el enconado duelo que entablaron los simpatizantes de Juan Díaz Gallardo y los de Ramón Medina, de cuyo enfrentamiento un grupo de mandones partidarios de Medina llegó a decir que de no imponerse pronto la legítima autoridad en sus pueblos, la situación podría llegar al punto de verse obligados a renunciar a sus varas, pues, se sentían amenazados por la peligrosas manifestaciones “de sedición y de levantamiento” de parte de sus altivos subordinados74. 72 Una pintoresca pero ilustrativa descripción de un día festivo en una aldea pastusa a comienzos del siglo XX puede verse en PEREIRA GAMBA, Fortunato, La vida en los Andes colombianos, Quito, Imprenta de El Progreso, 1919, pp. 263-268. 73 Manipuladas o no, los expedientes examinados en este capítulo contienen varias “representaciones” respaldadas por grupos de dirigentes indios investidos de autoridad, y no por individuos. Este hecho constituye un indicio importante de que para su redacción o “firma” debieron darse reuniones de discusión o consenso, así algunas de ellas no pasaran de ser fabricaciones interesadas de los propios curas o burócratas. Una muestra de representaciones firmadas por varios grupos gobernadores y mandones de los pueblos de Pasto puede verse en ANH, Popayán, caja 303, carpeta 1, ff. 25-30v. 74 Representación de los indios mandones y principales de la Doctrina de Jongovito, ANH, Popayán, caja 303, carpeta 1, ff. 25-27.

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Igualmente ilustrativa resulta la queja de los mandones de Matituy y Genoy, según la cual les resultaba intolerable la perversidad de sus gobernadores, quienes actuaban como unos tiranos que distribuían las tierras de la comunidad a su antojo entre sus parciales, y pretendían haber comprado sus cargos con carácter hereditario “persiguiéndonos de todos modos, que no nos dejan ni un instante de reposo, ni logramos que los hombres buenos que han governado con tanto acierto nuestros Pueblos, ocupen ningún mando de Justicia, para que vivamos en paz y en tranquilidad”. Por todo esto se veían en la necesidad de solicitar a la audiencia de Quito, “que mude a estos malditos Gobernadores, los que se an levantado, y an levantado también a los suios, que les parece que ya no hay quien les pueda sugetar, porque no temen ni a Dios, ni a la Justicia…”75. Finalmente, y como una muestra de cómo se construían y funcionaban las redes clientelistas, y de la influencia e interrelación de los propios gobernadores indios, veamos rápidamente el papel asignado y desempeñado por Andrés Pianda. Según el testimonio de uno de sus adversarios políticos, éste había sido desde tiempo atrás un indio pícaro, pero por ser su compadre Ramón Medina había despojado de sus varas a los gobernadores y mandones de Anganoy, designando en su reemplazo a Pianda, a quien además le encomendó la delicada misión de “que viese a todos los Gobernadores y mandones de los Pueblos a que lo reclamen de Protector con cuyo motivo puso en movimiento a todos los Yndios de esta jurisdicción”76.

Conclusiones Lo que puede inferirse de los testimonios e indicios contenidos en los documentos estudiados es que las autoridades locales de las comunidades indias de Pasto, ya fuesen caciques, gobernadores, principales o mandones, contaban con suficientes vinculaciones, autoridad e influencia en los años de la Independencia, como para desempeñar con solvencia el destacado papel político que jugaron, una vez establecida la República, en defensa de las creencias, las instituciones y los fueros reconocidos por el Rey y la Iglesia a sus comunidades. Por otra parte, la tenaz y coordinada oposición de estas comunidades a las reformas borbónicas primero, y más tarde a la instauración de la República, a las que suponían portadora de instituciones adversas a las formas de organización social consolidadas en los tres siglos anteriores, parece demostrar que las renovadas relaciones comunitarias y étnicas que se consolidaron desde finales del siglo XVIII, fomentaron procesos de construcción de identidad y solidaridad corporativa tan fuertes como para posibilitar el relativo éxito de las persistentes manifestaciones de resistencia; manifestaciones que se adelantaron contra el reformismo hispánico contrario a sus instituciones 75 Representación de los indios mandones y principales de la Matituy y Genoy, Ibid., ff. 28-29. El subrayado es mío. 76 Declaración de Francisco Botina, indio de Matacunchuy, Ibid., ff. 84-86.

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comunitarias, a sus hábitos y tradiciones a fines del periodo colonial, y más tarde contra el régimen republicano, y, en últimas, hicieron posible la supervivencia de la mayoría de los resguardos y comunidades indígenas de Pasto hasta mediados del siglo XX, cuando no hasta hoy.

Bibliografía Fuentes primarias Archivos: Archivo Central del Cauca, Independencia CI-10t, signaturas 279, 562, 563 y 622. Archivo General de Indias, Audiencia de Quito, 158. Archivo General de la Nación, Tributos 9; Reales Cédulas 41; Ministerio del Interior. Asuntos Indígenas, cajas 199, 200, 202. Archivo Histórico de Pasto, Libros Capitulares de 1801, 1812, 1815, 1825; Cabildo de Pasto, Libro de Cartas Varias, caja 18. Archivo Nacional de Historia (Quito), Popayán, cajas 293, 294, 295, 296, 299, 303. Libros: GUERRERO, Gustavo S., Documentos históricos de los hechos ocurridos en Pasto en la guerra de Independencia, Pasto, Imprenta del Departamento, 1912.

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La diplomacia ‘constitutiva’ en el Nuevo Reino de Granada (1810-1816) Resumen Entre 1810 y 1816 -es decir, el tiempo comprendido entre la deposición de las autoridades virreinales y la llegada del Ejército Expedicionario- los revolucionarios neogranadinos que rechazaban la idea de república “una e indivisible”, crearon una docena de entidades soberanas e independientes. Conscientes de los peligros que las acechaban, buscaron crear, sin embargo, una confederación de pequeños estados con el fin de impedir las invasiones extranjeras y el surgimiento de un tirano en el Reino. Con el establecimiento de correspondencia oficial entre los diferentes gobiernos, el envío de ministros públicos, los auxilios militares y la firma de tratados de alianza y amistad, se consolidó en la Nueva Granada una diplomacia, que puede ser llamada provincial o ‘constitutiva’. Su objetivo primordial era remediar la disolución del Nuevo Reino de Granada y restablecer los lazos sociales que se habían despedazado con la deposición de las autoridades virreinales. Este interesante proceso, truncado violentamente con la llegada de don Pablo Morillo, es el que se analiza en este artículo. Palabras claves: Diplomacia, Derecho de gentes, Revolución de Independencia, Nuevo Reino de Granada.

‘Constitutive’ Diplomacy in the Nuevo Reino de Granada (New Kingdom of Granada), 1810-1816 Abstract Between 1810 and 1816 -the years between the deposition of the viceroyal authorities and the arrival of the Expeditionary Army- the New Granadan revolutionaries, who rejected the idea of a “single and indivisible” republic, created a dozen sovereign and independent entities. However, conscious of the dangers that lay in wait, they sought to create a confederation of small states in order to repell the foreign invasions and the rise of a tyrant to the throne. What can be called a provincial or ‘constitutive’ diplomacy developed with the establishment of official correspondence between the different governments, ministerial visits, military assistance, and the signing of friendship treaties and alliances. The underlying aim was to remedy the dissolution of the Nuevo Reino de Granada and reestablish the social ties that had fractured with the deposition of the viceroyal authorities. The article analyzes this interesting process, which was violently cut short by the arrival of Pablo Morillo. Keywords: Diplomacy, law of nations, Independence, New Kingdom of Granada.

Artículo recibido el 15 de noviembre de 2006 y aprobado el 12 de enero de 2007.

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La diplomacia ‘constitutiva’ en el Nuevo Reino de Granada (1810-1816) Y Daniel Gutiérrez Ardila

En las páginas siguientes pretendo demostrar la existencia de un fenómeno que, a pesar de haber sido fundamental en los años de las primeras repúblicas neogranadinas, ha sido olvidado por los historiadores. En efecto a partir de 1810, la disolución del cuerpo político produjo el surgimiento de una serie de gobiernos que se consideraban y se reconocían como soberanos e independientes. No obstante, todos ellos eran conscientes de la imperiosa necesidad de restaurar la integridad del antiguo virreinato según nuevos pactos sociales, pues había que precaver las agresiones exteriores, uniformar las políticas fiscales, establecer relaciones con las potencias y constituir un ente supremo que resolviera los litigios que surgieran entre las provincias. Las negociaciones tendientes a reparar la integridad del Reino fueron confiadas por los gobiernos soberanos a ministros públicos, cuyas acciones se ceñían a los imperativos del Derecho de Gentes . Así, se desarrolló durante varios años una intensa actividad diplomática en el interior del Nuevo Reino, que consiguió no sólo afianzar la paz tras las contiendas civiles, sino también suscribir alianzas íntimas y tratados de comercio. Con la palabra constitutiva, me refiero al proceso de restauración del Nuevo Reino que había saltado en pedazos tras la crisis de la Monarquía y la deposición de las autoridades virreinales. Y Este artículo es resultado de la investigación titulada La Revolución en el extranjero. Nacimiento de la diplomacia en el Nuevo Reino de Granada 1808-1816, que ha sido posible gracias a una beca de COLFUTURO. Quiero agradecer a Annick Lempérière, Roberto Luis Jaramillo, Clément Thibaud, Jeanne Chenu, Georges Lomné, Geneviève Verdo, Véronique Hébrard y Federica Morelli. Deseo expresar, igualmente, la deuda contraída con Marc Belissa, cuya obra (BELISSA, Marc, Fraternité universelle et intérêt national (1713-1795), les cosmopolitiques du droit des gens, París, Éditions Kimé, 1998 y BELISSA, Marc, Repenser l’ordre européen, 1795-1802: de la société des rois aux droits des nations, Paris, Kimé, 2006) y sus amables comentarios han sido fundamentales para mi trabajo. 2 Historiador de la Universidad Nacional de Colombia (sede Medellín). Master de la Universidad de Borgoña (Francia). Actualmente estudiante de tercer año de doctorado en Historia, bajo la dirección de Annick Lempérière, en la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne, París, Francia. roquefresneda@yahoo.com.mx 2 Según Démeunier el derecho de gentes es una “suerte de jurisprudencia que los pueblos han establecido en sus relaciones mutuas” (une sorte de jurisprudence que les peuples ont établi dans leurs rapports entr’eux). DEMEUNIER, Nicolas, “Droit des gens”, en Encyclopédie méthodique. Économie, politique et diplomatique, t. 2, París, Panckoucke Libraire, 1786.

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La diplomacia ‘constitutiva’ en el Nuevo Reino de Granada (1810-1816)

Cabe preguntarse por qué razón el fenómeno de la diplomacia provincial ha pasado desapercibido hasta hoy. La respuesta se encuentra posiblemente en los prejuicios antifederalistas que provocó la agitada vida política de la Nueva Granada en el siglo XIX. El fracaso del proyecto de las Provincias Unidas en 1816 fue seguido por una represión brutal, que influyó decididamente en el proyecto bolivariano. José Manuel Restrepo y Juan García del Río escribieron en los años veinte con la clara intención de enunciar la que era a sus ojos la mayor lección del pasado reciente: el extravío federalista que sólo había producido anarquía y causado la derrota de los revolucionarios a manos del Ejército Expedicionario. La generación de mediados de siglo rescató la herencia federalista de 1810 y se propuso crear una nueva confederación de estados soberanos. El proyecto incitó a Restrepo a emprender la edición definitiva de su Historia de la Revolución y llevó a José Manuel Groot, algunos años más tarde, a dedicar buena parte de su obra al análisis apasionado de la Patria Boba. Tras treinta años de vida federal, el movimiento oscilatorio de la historia constitucional de Colombia, descrito con tanta agudeza por Luis López de Mesa , produjo de nuevo una reacción autoritaria, conocida como La Regeneración, que hizo suyos los argumentos antifederalistas de los historiadores conservadores. Así, las disensiones partidistas y el triunfo del modelo centralista en Colombia moldearon una historia de la Independencia, que sólo se interesa en la época de las primeras repúblicas para señalar su pretendida anarquía y resaltar, de esta manera, el valor de la gesta bolivariana.

1. Soberanía y representación En 1808, la resistencia contra Napoleón dio origen a la revolución en el mundo hispánico porque, habiendo desaparecido la legitimidad real, la única manera de justificar la insurrección era apelar a la soberanía del reino, del pueblo o de la nación. Pero, ¿quién debía gobernar y en nombre de quién? Las juntas insurreccionales, erigidas en la Península en medio del tumulto, eran poderes de facto sin ningún precedente legal y tenían por lo tanto, una representación muy imperfecta. Además, la dirección de la guerra y las negociaciones diplomáticas exigían la unidad de mando. Para dar legitimidad a las nuevas autoridades era necesario, pues, convocar a juntas generales, congreso o cortes. Pero, ¿Cómo representar a la sociedad? ¿Como una nación unitaria o como una monarquía plural? ¿Como un conjunto de individuos iguales o como una suma de comunidades políticas antiguas? Los problemas de la soberanía y la representación y, por lo tanto de la naturaleza de la sociedad, dominarían a partir de entonces la escena política de la Monarquía española, tanto en la Península como en América . LÓPEZ DE MESA, Luis, De cómo se ha formado la nación colombiana, Bogotá, Librería Colombiana, 1934, p. 228. GUERRA, François-Xavier, Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas, Madrid, Editorial MAPFRE, 1992, capítulos I, IV, VI y IX.

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En la práctica, con la erección de la Junta Central el 25 de septiembre de 1808, la lógica representativa imperante fue de tipo tradicional, esto es, corporativa. En efecto, dicho organismo fue compuesto por dos delegados de cada una de las juntas insurreccionales de la Península: la nación española se concebía, pues, a sí misma como un conjunto de comunidades políticas particulares. Al extender a los reinos americanos la representación en la Junta Central, a comienzos de 1809, fue aún la sociedad del Antiguo Régimen la llamada a elegir a sus diputados. Éstos, a pesar de representar una capitanía general o un reino entero, recibieron poderes e instrucciones de cada una de las provincias que habían participado en su escogencia. FrançoisXavier Guerra señaló con razón esta ambigüedad que hacía de un miembro de la Junta Central partícipe, por tanto, del poder soberano, un procurador de tipo antiguo, ligado a sus comitentes por el mandato imperativo . Un motín en Sevilla obligó a los vocales de la Junta Central a renunciar a sus cargos y a transferir su autoridad a un Consejo de Regencia. Las desigualdades notorias en la representación acordada pasa América por las nuevas autoridades peninsulares provocaron en 1810 la ruptura entre los dos pilares de la Monarquía . Los debates sobre la representación que habían tenido lugar en la Península desde las abdicaciones de Bayona, se producirían de nuevo en el otro lado del Atlántico, en cada uno de los virreinatos y capitanías generales, como se verá a continuación. Es necesario señalar primero que previamente al proceso, estudiado por Guerra, de constitución de una entidad suprema (la Junta Central), las diferentes juntas insurreccionales mantuvieron relaciones recíprocas y se despacharon comisionados. ¿Cuál era la naturaleza de estos representantes de la soberanía fragmentada? Si las misiones cumplidas por los diputados de los gobiernos de Galicia, Asturias y Sevilla en Gran Bretaña eran consideradas con justicia como diplomáticas, ¿por qué no pueden caracterizarse del mismo modo las negociaciones entre las juntas soberanas de la Península? Hay que tener en cuenta que estas comisiones incluyeron en algún momento a la Junta de Oporto, y que se trató incluso de componer alianzas parciales, que como lo muestra precisamente el caso americano, hubieran podido convertirse en nuevos estados de acuerdo con los resultados de la guerra contra el invasor y los diversos intereses en lucha . Ibid., capítulos IV y VI. GUERRA, François-Xavier, “La desintegración de la Monarquía hispánica: Revolución de Independencia”, en ANNINO, Antonio, CASTRO LEIVA, Luis y GUERRA, François-Xavier (eds.), De los Imperios a las Naciones: Iberoamérica, Zaragoza, Ibercaja, 1994, pp. 195-227. RAMÍREZ DE VILLA-URRUTIA, Wenceslao, Relaciones entre España é Inglaterra durante la guerra deIndependencia. Apuntes para la historia diplomática de España de 1808 a 1814, t. 1, Madrid, Librería de F. Beltrán Príncipe, 1911; LAGÜENS, Gerardo, Relaciones internacionales de España durante la guerra de Independencia, Zaragoza, Consejo Superior de .Investigaciones Científicas (CSIC), 1959; LASPRA RODRÍGUEZ, Alicia (edición, trascripción documental y traducciones), Las relaciones entre la junta general del principado de Asturias y el Reino Unido de Gran

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Es menester ahora dirigir la mirada a lo sucedido en América a partir de 1810. Para ello resulta ideal la tesis de Geneviève Verdo sobre la Revolución de Independencia en el Río de la Plata, en la cual se estudian en detalle los conflictos generados por la retrocesión de la soberanía, o más precisamente, por las disputas acerca de su ejercicio. La década estudiada por la autora, primera de dicha Revolución, fue el escenario de una ardua oposición entre dos concepciones de la representación política difícilmente conciliables: la defendida por los revolucionarios de Buenos Aires, antigua corte virreinal y heredera de un poder “vertical”, y la reivindicada por algunos líderes provinciales, que ponían en duda la preeminencia de la capital y abogaban por la creación de una confederación de pequeñas repúblicas. ¿Cuál había de ser el verdadero sujeto de la representación?, ¿los pueblos, con la resultante multiplicación de los centros de poder y la dispersión de la soberanía; o el pueblo, en singular, según el paradigma de la Revolución francesa, compuesto de individuos autónomos? A pesar del conflicto, las élites bonaerenses consiguieron no sólo imponer la Revolución, sino también erigirse en autoridad suprema hasta la disolución del Congreso de Córdoba en 1821. ¿Cómo lo consiguieron? Esencialmente, gracias al mecanismo de la delegación. En efecto, el envío de representantes por parte de las ciudades del interior permitió a las autoridades de Buenos Aires durante una década legitimar el poder revolucionario y frustrar el surgimiento de las soberanías provinciales. ¿Por qué razón las ciudades del piedemonte andino del Río de la Plata despacharon puntualmente sus diputados y no renegaron de la obediencia a Buenos Aires como lo hicieron Paraguay y la Banda Oriental? Dicho de otro modo, ¿por qué triunfó durante diez años la opción centralista sobre la atractiva conquista de la autonomía? A lo largo de su tesis, Verdo demuestra que la conducta de estos territorios durante la Revolución sólo puede explicarse como el producto de adhesiones razonadas e incesantes negociaciones. Así pues, el establecimiento de relaciones de tipo pactista entre Buenos Aires y las ciudades subalternas del interior evitó el fraccionamiento total del antiguo virreinato y permitió legitimar las nuevas autoridades . Pero, ¿cuál era la naturaleza de la representación en el Río de la Plata durante la primera década de la Revolución? Según Géneviève Verdo el período se caracteriza por una representación ambigua, de tipo híbrido, que semeja la esbozada por Guerra para la Junta Central. De acuerdo con las tradiciones de Antiguo Régimen, los diputados Bretaña e Irlanda en la guerra de la Independencia. Repertorio documental, Oviedo, Junta General del Principado de Asturias, 1999. VERDO, Géneviève, Les “ provinces désunies” du Rio de la Plata souveraineté politique dans l’indépendance Argentine (1808-1821), Thèse de Doctorat “nouveau régime”, sous la direction de François-Xavier Guerra, París 1, 1998 (Este trabajo acaba de ser editado con el título: VERDO, Géneviève, L’indépendance argentine entre cités et nation, 1808-1821, París, Publications de la Sorbonne, 2006. Sin embargo, todas las citas posteriores se refieren a la tesis doctoral). Ibid., pp. 158, 203, 235 y 295.

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eran apoderados de su comunidad, y estaban encargados de defender sus intereses, ciñéndose a los límites del mandato imperativo que recibían al iniciar su misión. No obstante, la peculiaridad de las circunstancias los revestía, al mismo tiempo, de un poder constituyente. Por ello, las facultades que se les concedían eran tan amplias como para permitirles tomar parte en los debates y comprometer a sus comitentes en los proyectos políticos adoptados en el seno de las asambleas. La tarea de defensa de los intereses de la comunidad coexistía, pues, con una función “nacional”, según la cual los diputados representaban, además, el bien común que trascendía los intereses locales por ser relativo al conjunto de las provincias. No debe sorprender el que estas prácticas tradicionales y modernas convivieran en conflictiva yuxtaposición, ya que eran tributarias de las disputas ya esbozadas acerca de la soberanía y la elección del modelo político que debía presidir la fundación del nuevo Estado10. Es importante tener en cuenta que Verdo limitó su estudio a las intendencias que permanecieron durante aquellos años bajo la obediencia de Buenos Aires, esto es, a Córdoba, Mendoza, Salta y Tucumán. Quedaron, así, por fuera de la investigación no sólo la Banda Oriental, el Alto Perú y Paraguay, sino también las provincias del litoral (Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos), que a partir de 1814 adhirieron al proyecto confederativo de José Gervasio Artigas. Este hecho es muy importante: el encuadre escogido para los análisis, al centrarse en unas provincias predominantemente dóciles, sólo podía dar cuenta de ciertos tipos de representación, necesariamente diversos a los que se presentaron en territorios donde la soberanía de los pueblos fue reconocida y practicada. Algo similar ocurre con los límites temporales de la investigación: el ocaso de la autoridad de Buenos Aires significó el surgimiento de pequeñas soberanías y, en consecuencia, de nuevas relaciones entre las antiguas provincias del Virreinato del Río de la Plata. Esos nuevos vínculos y las formas de representación que engendraron, no se encuentran, pues, en la obra de Verdo. Hay más. Siendo el propósito de la autora mostrar la manera en que Buenos Aires impuso su autoridad a las demás ciudades y el modo en que consolidó, mantuvo y perdió finalmente su legitimidad, la figura del representante al Congreso o a la Asamblea Constituyente capturó toda su atención. Por ello la dignidad de “emisario”, a pesar de estar tan presente en las contiendas políticas de aquellos años, no pudo gozar de los exámenes y análisis que tan provechosos hubieran sido a este estudio11. 10 Ibid., pp. 215-219 y 819-822. 11 Por ejemplo, en 1815 (año que Verdo califica de segundo acto de la revolución, por la caída del régimen de Alvear y el consiguiente vacío de poder que llevó a las capitales de intendencia a declararse independendientes) diversas negociaciones fueron encomendadas a este tipo de agentes. ¿Cuál era la naturaleza de las misiones cerca de Artigas confiadas por el gobierno de Córdoba a José Roque Savid y Eduardo Pérez Bulnes? ¿Cuál el carácter de Juan Antonio Cabrera, diputado por la misma provincia al congreso de Paysandú, y facultado además para negociar con las autoridades de Buenos Aires? ¿Qué tipo de representantes eran los mediadores José Blas Pico y Francisco Rivarola? y ya en 1816, ¿era un simple apoderado Miguel Calixto del Corro, encargado por el

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La diplomacia ‘constitutiva’ en el Nuevo Reino de Granada (1810-1816)

Así, si bien ha sido estudiado el complejo surgimiento de una soberanía y una representación de tipo moderno, tanto en la Península como en la América española, aún está por hacer el análisis de las relaciones que mantuvieron mutuamente los diferentes gobiernos que se proclamaron soberanos. Para estudiar la representación de tipo horizontal, el interregno neogranadino (1810-1816) ofrece quizás el mejor campo de análisis. Antes de entrar de lleno en el tema, es pertinente anotar que el fenómeno de la diplomacia entre provincias está indisolublemente ligado a la revolución. En efecto, si bien los cabildos habían mantenido desde la Conquista relaciones políticas entre sí, éstas no pueden ser calificadas como diplomáticas, pues el derecho de despachar embajadores es inseparable de la soberanía12. Lo propio puede decirse con relación a los procuradores que, con el título de ‘embajador’, despachaban a la Corte algunas ciudades del Imperio. Tal era el caso, según refieren diversos autores, de Mesina y Catania en Sicilia, y también al parecer -según me ha referido Georges Lomné- de la ciudad de Quito. Dichos agentes no eran ministros públicos pues no gozaban de los privilegios del Derecho de Gentes y estaban sometidos a la jurisdicción ordinaria como el resto de los súbditos. En estos casos el apelativo de ‘embajador’ era, pues, un mero privilegio, y en ese sentido se trataba de un título vano13.

2. Diplomacia provincial Durante los primeros años de la revolución, el caso del Nuevo Reino de Granada contrasta fuertemente con el de las “Provincias Desunidas” del Río de la Plata. Ello a pesar de las innegables similitudes existentes entre ambos territorios: virreinatos de creación reciente; tanto el uno como el otro eran espacios más bien marginales en el contexto del Imperio, y de escasa cohesión, por haber sido conformados a partir de comunidades provenientes de procesos de conquista y colonización diversos. ¿Cómo explicar, entonces, las diferencias mayúsculas que se presentaron a partir de 1810? En efecto, la “pirámide de las obediencias”, como la llama Verdo, no resistió en el Nuevo Reino el embate de la revolución y se desmoronó en muy pequeños Congreso de Tucumán de firmar un tratado con Santa Fe, y de invitar la Banda Oriental y el Paraguay a enviar diputados? Ibid., pp. 412, 438-439, 487 y 595. 12 “Siendo el derecho de embajada inseparable de la soberanía, y no teniendo lugar dicho comercio más que entre soberanos, es preciso concluir que el príncipe o el Estado que recibe el embajador, debe ser soberano tanto como aquel que lo envía” (mi traducción). (“Le droit d’Ambassade estant inseparable de la Souveraineté, & ce commerce ne se faisant qu’entre des Souverains ; il en faut conclurre, que le Prince, ou l’Estat qui recoit l’Ambassadeur, doit estre Souverain aussi bien que celuy qui l’envoye”). WICQUEFORT, Abraham de, L’Ambassadeur et ses fonctions, t. 1, Amsterdam, chez les Janssons a Waesberge, 1730, p. 69. 13 VERDO, Géneviève, op. cit., pp. 114-117; DEMEUNIER, Nicolas, “Ministre Public” en: op. cit., t. 3.

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fragmentos en los meses que siguieron a la deposición de las autoridades virreinales. Las razones de tan distinto acontecer se hallan, sin duda, en la geografía política. Primeramente, la revuelta comunera de 1781 había provocado el entierro de la reforma de las intendencias que habría significado el establecimiento de una jerarquía territorial más sólida14. En segundo lugar, en el Virreinato del Nuevo Reino de Granada había una menor desproporción entre la capital y las demás ciudades importantes. Quito, Cartagena y Popayán tenían pocas razones para aceptar la preeminencia natural de Santa Fe, después de la caída del virrey. La consolidación de la supremacía de Buenos Aires en el Río de la Plata se había producido gracias a su liderazgo durante la guerra anglo española. La autoridad de la capital del virreinato del Nuevo Reino de Granada no se había beneficiado con acontecimientos de esta naturaleza. Antes bien, su influencia menguó en momentos críticos, pues la iniciativa revolucionaria correspondió a Quito en 1809 y al año siguiente fue asumida por Cartagena, Pamplona y El Socorro. Por tales motivos, si algo quedó claro desde mediados de dicho año fue precisamente la negativa de las provincias a reconocer a Santa Fe como cabeza natural del Reino. La Junta allí creada el 20 de julio pretendió ser suprema, mas fracasó en sus propósitos porque no consiguió que las cabezas de gobernación y corregimiento adhirieran a ella. Este fracaso fue seguido por la creación de juntas provinciales que dieron lugar, poco después, a una docena de estados que se declararon soberanos e independientes. Todos ellos contaban con reglamentos que fijaban las normas para elegir por sufragio indirecto a los miembros de las asambleas legislativas provinciales15. La naturaleza de éstos coincide, sin duda, con la de los diputados de la Junta Central y las asambleas rioplatenses de la primera década, es decir, a la vez apoderados tradicionales de sus comunidades y representantes en general de la entidad política. De manera paralela a esta representación de los pueblos existió por aquellos años en el Nuevo Reino otra muy diferente relativa a las provincias. En efecto, a partir del momento en que éstas se proclamaron soberanas, sus relaciones mutuas se transformaron en negocios diplomáticos. 14 VERDO, Géneviève, op. cit., pp. 59-67; PHELAN, John Leddy, El Pueblo y el Rey la Revolución Comunera en Colombia 1781, Bogotá, Carlos Valencia, 1980. 15 Acta de la Constitución del Estado Libre e Independiente del Socorro (15 de agosto de 1810), canon 8º; Constitución de Cundinamarca (4 de abril de 1811), tít. VIII; Constitución de la República de Tunja (9 de diciembre de 1811), Secciones VII y VIII; Constitución del Estado de Antioquia (3 de mayo de 1812), sección II; Constitución del Estado de Cartagena de Indias (14 de junio de 1812), tít. IX; Constitución de la República de Cundinamarca (18 de julio de 1812), tít. XI; Constitución del Estado de Mariquita (21 de junio de 1815), tít. XX; Constitución Provisional de la Provincia de Antioquia (10 de julio de 1815), tít. II; Constitución del Estado Libre de Neiva, tít. VIII. POMBO, Manuel Antonio y GUERRA, José Joaquín (eds.), Constituciones de Colombia, t. 1 y 2, Bogotá, Biblioteca Banco Popular, 1986 (4ª. ed.); URIBE VARGAS, Diego (ed.), Las constituciones de Colombia, t. 2, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1985.

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Ya en 1809 la efímera Junta de Quito había dado primicias de ello al despachar legaciones a Popayán, Cuenca y Guayaquil con el fin de lograr su adhesión, y al enviar oficios a los cabildos de Lima y Santa Fe en los que proponía la creación de una confederación16. Del mismo modo, en abril del año siguiente la Junta de Caracas había enviado agentes a las capitales de las provincias que componían la Capitanía General de Venezuela. Gracias a tal arbitrio, consiguió propagar la revolución política por la mayor parte del territorio17. Sin embargo, en ambos casos se trató de fenómenos marginales: en Quito, como es sabido, la Junta Suprema duró escasamente tres meses. En Venezuela, entre tanto, si bien la revolución sobrevivió dos años, la construcción de un gobierno general fue poco dispendiosa, lográndose, así, promulgar sin mayores tropiezos una constitución que otorgaba a las provincias una autonomía reducida18. Por el contrario, en el Nuevo Reino de Granada durante seis años, que comienzan a correr en julio de 1810, con la erección de la Junta Suprema de Santa Fe y de las diferentes juntas provinciales, se produjo un cambio radical en las relaciones entre las provincias, que se convirtieron a partir de ese momento en relaciones exteriores. Estas nuevas concepciones quedaron plasmadas en las instituciones revolucionarias: la Junta Suprema de Santa Fe, al dividirse en secciones, creó la de “negocios diplomáticos interiores y exteriores o del poder ejecutivo”. Imitando sin duda a los capitalinos, la Junta de Antioquia llamaba también a su secretario del poder ejecutivo “del Despacho Unibersal y relaciones exteriores”19. La Provincia de Cundinamarca en su Constitución, expedida el 4 de abril de 1811, se reservaba “el derecho de negociar o tratar con las otras provincias o con otros estados”. Esta situación debía mantenerse no sólo en caso de que llegara a realizarse un congreso con las provincias del Nuevo Reino o con las demás de la Tierra Firme, sino también a pesar de que se convocaran las Cortes del Imperio español (art. 20, tít. I; art. 11, tít. III). Al reformar su Constitución a mediados del año siguiente, Cundinamarca mantuvo la idea de que las relaciones con las provincias del Reino 16 Archivo General de la Nación, Bogotá, Sección Archivo Anexo, Fondo Historia, t. 5 y 6. A las relaciones exteriores de la Junta de Quito dedico un capítulo entero de mi tesis. 17 PARRA PÉREZ, Caracciolo, Historia de la primera república de Venezuela, Caracas, Tipografía Americana, 1939, t. 1, pp. 289 y ss; VILLANUEVA, Carlos A., Historia diplomática de la primera república de Venezuela, Caracas, [s. n], 1969, pp. 25-28 y 47-53. Cristóbal L. Mendoza en su libro Las primeras misiones diplomáticas de Venezuela no se ocupó de la diplomacia entre provincias, aunque publicó documentos relativos a las relaciones de Venezuela con Cundinamarca y el Socorro. MENDOZA, Cristóbal L., Las primeras misiones diplomáticas de Venezuela, 2 t., Caracas, Academia Nacional de la Historia, 1962. Las relaciones entre los gobiernos neogranadinos del Interregno con sus similares venezolanos no son el tema del presente estudio. A ellas dedico uno de los capítulos de mi tesis. 18 La Constitución Federal de Venezuela de 1811, Caracas, Academia Nacional de la Historia, 1959. 19 Archivo Histórico de Antioquia, Medellín (en adelante AHA), Libros Capitulares, t. 651, f. 159. Ver también Archivo Histórico Restrepo, Bogotá (en adelante AHR), Fondo I, vol. 7, f. 102.

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debían seguir lineamientos diplomáticos y mandó que el presidente del Estado, al final de su mandato, diera “razón de todas las negociaciones políticas que en su tiempo se hayan hecho, sea con Estados de América o con los extraños, y expresará el resultado que hayan tenido estas negociaciones” (art. 36, tít. V). La adopción del Acta de Federación, en noviembre de 1811, que creó las Provincias Unidas de la Nueva Granada, no significó, en lo esencial, ninguna modificación en la naturaleza de las relaciones entre los diferentes gobiernos. De hecho, el artículo 43 los autorizaba a suscribir “tratados de amistad, unión, alianza, comercio”, para lo cual deberían contar tan sólo con la expresa noticia y aprobación del Congreso. En consecuencia, la Constitución del estado de Antioquia de 1812, determinaba que el presidente llevaría “las correspondencias y relaciones, así interiores como exteriores” y que ajustaría “los tratados y demás negociaciones que convenga hacer con los otros Estados del reino, y que por el Acta de Federación no se reserven al Congreso General” (art. 30, sección I, tít. IV). Del mismo modo, la primera Constitución del estado de Cartagena encargaba al presidente el mantenimiento de las comunicaciones y de la correspondencia “con todos los Estados dentro y fuera de la Unión”, le ordenaba contar con la aprobación de la Legislatura para emprender negociaciones con cualquiera de los miembros de la confederación y le mandaba instruir a su sucesor en el gobierno de la Provincia “del estado de sus relaciones exteriores y de las negociaciones y tratados pendientes o ajustados en los términos que permite el artículo 43 del acta federal” (art. 8º, tít. V; art. 22, tít. VI; art. 35, tít. V). En 1813 el mismo gobierno emitió una declaración, según la cual a la Secretaría de Estado correspondería despachar “todo lo perteneciente á relaciones exteriores, bien sea con los demás Gobiernos de la Nueva Granada, ò con las Potencias extrangeras, en los casos y términos en que pueda hacerlo, sin contravenir á lo dispuesto en el pacto federal”20. Ni siquiera las reformas introducidas en 1814 al Acta Federal, de innegable corte centralizador, introdujeron variantes en esta concepción que hacía de las relaciones interprovinciales, relaciones exteriores. La “Constitución del Estado de Neiva”, sancionada el 31 de agosto de 1815, mandaba en su art. 7º, tít. IV: “En representación del Estado por lo respectivo a las relaciones exteriores, el Gobernador mantendrá sus comunicaciones y llevará su correspondencia con todos los Estados de la Unión”. Mediante el artículo 19, ordenaba igualmente al encargado saliente del Poder Ejecutivo instruir al estado en pliego separado “de sus relaciones exteriores, y de las negociaciones y tratados pendientes ajustados en los términos que permita el artículo 43 del Acta Federal”. Igual artículo figuraba en la Constitución del Estado de Mariquita, promulgada dos meses antes (art. 16, tít. XI). 20 AHR, Fondo I, vol. 9, f. 66.

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En conclusión, puede afirmarse que la revolución significó la transformación de las relaciones entre las provincias neogranadinas. Este importante cambio trajo consigo el surgimiento de un nuevo tipo de representantes: los ministros públicos. Este hecho era una consecuencia lógica de la proclamación de la soberanía, y la asunción por parte de los estados provinciales de todos sus atributos, entre los cuales ocupaba un lugar eminente el derecho de hacer la paz y la guerra y, por consiguiente, el de despachar agentes diplomáticos21. Las fuentes de la época demuestran abundantemente que los negocios políticos de las provincias se confiaban a sujetos que tenían la dignidad de ministros públicos. Es el momento de citar algunos ejemplos. El estado de Antioquia solicitó en 1812 a su similar de Cundinamarca la admisión del coronel José María Gutiérrez como su enviado para la compra de cuatro o seis piezas de artillería. Las autoridades de Santa Fe accedieron gustosas a la demanda como una prueba de “amistad y buena inteligencia”. Mas durante la segunda guerra civil, embargaron todas las propiedades del enviado, lo que provocó una reclamación de las autoridades de Antioquia y una airada respuesta por parte del Presidente de Cundinamarca22. Tal respuesta resulta de sumo interés porque demuestra claramente que, para los políticos neogranadinos del interregno los diputados, enviados y comisionados revestían la dignidad de ministros extranjeros. En efecto, Antonio Nariño, intentando justificar el embargo hecho a las propiedades del citado coronel Gutiérrez, remitió a José Miguel de Restrepo, a la sazón Presidente de Antioquia, un fragmento de Las Instituciones Políticas del Barón de Bielfeld: “El mismo derecho de gentes, que establece la seguridad de los Ministros Extrangeros, debe también asegurar al Principe, ó Gobierno del País acerca de quien se hallan enviados, de qualquiera atentado que pudieran formar contra la persona de su Soberano, ò contra la Autoridad que se reconoce en ellas. ¿Qué sería de los Reyes, de los Estados, y de los Pueblos, si fuese licito à los demás Soberanos enviar asesinos, perturbadores de la tranquilidad pública, y gentes capaces de tramar designios siniestros en un Pais con caracter de Ministros públicos, y que pudiesen á la sombra de esta dignidad cometer delitos impunemente; violar los deberes mas sagrados, y hacer temer la muerte á los Principes? En un lance semejante todo Soberano se 21 WICQUEFORT, Abraham de, op. cit., t. 1, p. 9. 22 HERNÁNDEZ DE ALBA, Guillermo (comp.), Archivo Nariño, t. 4, Bogotá, Presidencia de la República, 1990, pp. 170-172.

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halla con facultades de arrestar á un Ministro Pùblico; de castigarle con el mayor rigor, y de condenarle à muerte, si lo requiriese el delito. Hay otras ocasiones de menor conseqüencia, que á la verdad hacen perder al Ministro público las prerogativas de su carácter, en que no obstante conviene obrar con mas circunspeccion para con su persona. Muchas veces se descubre un delito proyectado antes de llegar a efectuarse; y en este caso, se toma el partido de arrestar al Ministro, y enviarle à su Soberano. Un Ministro debe reflexionar mucho lo que hace, y no excederse jamas de los limites de las funciones de su empleo, si esto se verifica pierde ipso facto el caracter de que se halla revestido […]”23.

La respuesta del Presidente de Antioquia no se hizo esperar, incluyendo en su oficio otra cita de las Instituciones Políticas del Barón de Bielfield (traducción de la Torre24), que le venía como anillo al dedo para dar cuenta de su decisión de no recibir a don Manuel Groot y a don Manuel Pardo, enviados de Nariño para promover la reunión de una gran convención: “Como los Soberanos no pueden separarse del gobierno de los Estados para tratar por si mismos con otras potencias, no les ha quedado mas arbitrio que el de enviarse recíprocamente Ministros pùblicos que manejen sus mutuos intereses. De ahí nace en virtud del derecho de gentes la precision de recibir un Ministro pùblico que envia à nuestra Córte otro soberano. Esta prerogativa que no se puede disputar por lo comun a un ministro de esta naturaleza se halla limitada por algunas excepciones. Tres causas legitimas pueden darnos el derecho de recusar à un Embaxador, ú à un Ministro. La primera deriva de aquél que envia un Ministro; la segunda de la persona del mismo Ministro; y la tercera del objeto de su comision. No es obrar contra el derecho de gentes el no admitir un Ministro, que viene de parte de un enemigo armado contra nosotros, ò de un Principe de quien hay motivos para recelar los efectos de un resentimiento, ò de alguna sorpresa […]”25.

23 Piezas oficiales de los gobiernos de Santafe y Antioquia, Cartagena de Indias, Imprenta del Gobierno por el C. Manuel González y Pujol, 1813, pp. 14-15, en AHR, Fondo I, vol. 7. Hernández de Alba publicó estos documentos de manera incompleta en su Archivo Nariño. 24 BIELFELD, Jacob Friedrich von, Instituciones políticas: obra en que se trata de la sociedad civil, de las leyes, de la policía, de la Real Hacienda, del comercio y fuerzas de un estado y en general de todo cuanto pertenece al gobierno, escrita en idioma francés por el barón de Biefeld, traducida al castellano por D. Domingo de la Torre y Mollinedo, 5 Vols., Madrid, Gabriel Ramírez, 1767-1772. (D. Valentín de Foronda tradujo, anotó y publicó en Burdeos en 1781 dos capítulos de la tercera parte correspondientes al estado de España y Portugal). 25 Piezas oficiales de…, op. cit., p. 17.

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Las mismas concepciones se encuentran en el otro extremo del Reino. En efecto, a finales de octubre de 1811 la recién constituida Junta de Popayán nombró al doctor. Joaquín de Caicedo “agente diplomático”, confiriéndole plenos poderes para tratar con el gobierno de Quito. El nombramiento no podía ser más acertado por cuanto el obispo Cuero, quien lo presidía, era tío del enviado. El objeto de la comisión era el de “establecer relaciones internacionales, i reclamar las barras de oro llevadas por [el gobernador] Tacón de la Casa de moneda de Popayán”26. Se sabe lo que aconteció durante las conferencias, el 9 de abril del año siguiente, gracias a un relato de Manuel José Caicedo, testigo presencial, quien refirió años más tarde que su hermano, “Entabló la negociación y pa tratar de ella se constituyó una asamblea numerosa compuesta de las autoridades, empleados, corporaciones y padres de familia. En ella pronunció Joaquín un discurso asombroso y por lo qe me consta improvisado, haciendo ver hta la evidencia la justicia de la reclamación [apo]yada pr el honor de aquel Gobierno y pr la política qe demandaba la unión de ambos Gobiernos en una [junta] común á ambos y a todos los de América”27.

La recepción tributada al representante de la Junta de Popayán cerca del gobierno quiteño, muestra que la novedad diplomática se injertó en las instituciones tradicionales. La recepción del ministro público, acto eminente de soberanía, corrió por cuenta, no del gobierno revolucionario, sino de una asamblea a la que concurrieron también los vecinos y los cuerpos de la ciudad. El paradigma del cabildo abierto se mantenía, pues, más allá de las mutaciones políticas. Tal hibridación, aunque sui generis, no implica contradicción, puesto que el ejercicio de la soberanía era independiente de la institución de formas modernas de gobierno. Podría pensarse que el envío de ministros públicos durante los años del Interregno fue un asunto circunscrito a las Provincias más ricas e ilustradas. Sin embargo, incluso los gobiernos de la periferia se proclamaron soberanos, y siguiendo el ejemplo de Santa Fe o Cartagena despacharon también agentes diplomáticos. El oficio de protesta que la Junta de Pore -o Casanare- escribió a su similar de Guayana, a mediados de mayo de 1811, lo demuestra: “Entre las negras y bergonsosas acciones cometidas por el Patrón de la Piratería Bonaparte, no se encuentra ninguna en que se diga que haya robado, 26 Carta de Pedro Murgueito a Fernando Caicedo Camacho en AHR, Fondo I, vol. 10, f. 15. Carta de Manuel José Caicedo a su sobrino Fernando Caicedo y Camacho, Ibid., f. 19. En los poderes otorgados al doctor. Joaquín de Caicedo se habla expresamente de “negociación diplomática”, y en otros papeles relativos a la misión en Quito de “tratados diplomáticos”. Archivo General de Indias, Sevilla, (en adelante AGI), Quito, leg. 269. Agradezco a la señora Federica Morelli la amable comunicación de estos documentos. 27 AHR, Fondo I, vol. 10, f. 19.

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y despojado absolutamente á ningún Correo ni a ningún Embajador, ni se lee tampoco que haya dado orden de que se execute esta tiranía con los correos ó embajadores que de las Provincias estrañas ó amigas se dirigen a él; no ha alcansado hasta allà la infamia de este Político; esta berguenza estaba reservada para el Gobierno de la desgraciada Guayana; porque habiendo esta Suprema Junta vencido todas las dificultades que se le aparejaban para conseguir la unión y alianza con esa Provincia, mandamos segundo embajador con oficio político lleno de cariño y amor dirigido a esa Suprema Junta, que creýamos que existía, y habiendo llegado al Pueblo de Caicara de esa Provincia de Guayana, vuestro comandante Orosco le puso en estrecha prisión, y practicó con tanta vivesa y exactitud el registro que no se le escaparon ni aun los medios que llevaba en el bolsillo, y por todo importó trescientos cinquenta y cinco pesos, incluso el valor de la piragua de la que también fue despojado”28.

La Junta de Casanare, blanco habitual de las burlas de Nariño, quien la señalaba como el prototipo de las ridículas e impotentes soberanías provinciales29, la Junta de Casanare, digo, despachaba también ministros públicos. Lo propio hicieron durante el Interregno otros gobiernos de frontera, como Nóvita y Citará. Los políticos de Pore, una ciudad en los lindes mismos del Reino, enviaron, en consecuencia, embajador cerca del gobierno de Guayana, en Venezuela, con el fin de suscribir pactos de alianza. Desde el punto de vista geográfico nada resultaba más lógico, puesto que ambas provincias hacían parte de la cuenca del Orinoco y podían comunicarse entre sí con alguna facilidad, sirviéndose de sus innumerables afluentes. La conveniencia de la unión era, pues, evidente. Lo que sorprende al lector moderno es la imagen del embajador en piragua a través de las inmensas soledades de los Llanos. La misión diplomática, acto de representación del Soberano y por definición ostentación de poderío, no podía desarrollarse, tratándose de Pore más que con un harto limitado esplendor. Cabe señalar también otro aspecto fundamental que contiene la airada protesta del gobierno del Casanare. Allí, como en numerosos documentos de índole política 28 AHR, Fondo I, vol. 4, f. 482. 29 “¡Pero querer persuadirme que Pore es una Provincia que debe figurar al lado de Quito, de Popayán y de Cartagena, es una cosa á que no he podido reducirme! Por el Dios Omnipotente que nos ha de jusgar á todos y pedirnos cuenta de nuestros actuales delirios, dígaseme, ¿quales son los fondos, las armas, las tropas, las luces que pondrá Pore en esta compañía ó federación de Provincias? ¿qual es la ventaja que va á resultar al Reyno, á la libertad y al mismo Congreso en que Pore sea un Estado Soberano, y que consuma en su Representación Soberana las pocas rentas que le dan nuestras haciendas de temporalidades?”. AHR, Fondo I, vol. 4, f. 417. (Manifiesto al público de Cundinamarca, Santafé de Bogotá, Imprenta de D. Bruno Espinosa, Por D. Nicomedes Lora, año de 1812, p. 3).

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correspondientes al período de que nos ocupamos, se establece un paralelo inmediato entre la Tierra Firme y el continente europeo. La pretensión de establecer una confederación de pequeñas repúblicas que debían corresponder a las provincias del Antiguo Régimen, estaba inspirada en la necesidad de establecer un equilibrio duradero que hiciera imposible el surgimiento de un tirano ambicioso como Napoleón. Esta idea es en verdad uno de los tópicos del período, y se encuentra también en el oficio citado. Allí los estados europeos son asimilados a provincias, como las del Nuevo Reino y Venezuela, porque unos y otras tenían en común, más allá de su poderío o su riqueza, el ser cuerpos políticos. No era este un paralelo descabellado. J. G. A. Pocock ha señalado que a finales del siglo XVIII Europa era descrita en ocasiones como una “república federal” o una “confederación”. El empleo de tales términos aludía a los grandes tratados -Westphalia, Utrecht, París-, que ligaban los estados del continente con el fin de prevenir el surgimiento de una monarquía universal y constituir un “sistema de equilibrio”30. Concepciones como las del gobierno del Casanare procedían directamente del Derecho de Gentes, que guiaba la conducta recíproca de los gobiernos revolucionarios del Nuevo Reino. En los documentos del Interregno los publicistas son invocados abundantemente y la necesidad de ceñirse a sus dictámenes y de acomodarse a las actuaciones de las “naciones civilizadas” aparece por doquier. Por ello, los gobiernos revolucionarios acudían a asesores juristas en cuestiones que por su novedad resultaban arduas y controvertidas. Así, por ejemplo, en octubre de 1810 las autoridades de la autoproclamada Provincia de Girón, en guerra entonces con su matriz Pamplona, pidieron dictamen sobre los puntos siguientes al doctor Pedro Salgar, cura de aquella ciudad y al mismo tiempo “profesor del derecho”: “Primero, si en virtud del pacto social, debe el gobierno defender á sus dependientes y vindicar los agravios que se les infieran por otros. Segundo, si es medio lícito y practicado en las naciones cultas el pedir rehenes que aseguren el desagravio. Tercero, si no queriéndolos prestar sus agresores voluntariamente se les pueden exigir y tomar por la fuerza. Quarto, si en caso de resolverse estos puntos por la afirmativa, habrá lugar en el presente en que los Alcaldes de la parroquia de Pielacuesta han aprisionado y extraído innominiosamente á D. Félix Ramón Mantilla, nuestro alcalde del sitio de los Santos, que se hallaba cumpliendo religiosamente el juramento y obligaciones contraídas con este gobierno y esta sociedad”31. 30 POCOCK, Jean Greville Agard, “States, Republics, and Empires: The American Founding in Early Modern perpective”, en BALL, Terence y POCOCK John Greville Agard (eds.), Conceptual Change and the Constitution, Lawrence, University Press of Kansas, 1988, p. 69. 31 AHR, vol. 4, ff. 107-108 (Documentos originales sobre las hostilidades de Pamplona contra Girón, Cartagena de Indias [sin fecha]). Ver también (anónimo), Memorias sobre la vida y hechos de los doctores Eloy y Miguel Valenzuela, París,

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La idea de la consulta era acertar en las deliberaciones, uniformar la opinión pública y “desimpresionar á los que por error ó ignorancia” desconocieran la justicia de las medidas que fueran adoptadas. El doctor Salgar respondió con base en “los publicistas de mejor concepto”, entre los cuales citaba a Heinecio, comentarista de Hugo Grocio32. Este caso permite constatar (una vez más) que los políticos de la revolución concebían las relaciones entre las provincias neogranadinas como exteriores, por lo que podía aplicarse a ellas lo dicho por los tratadistas del Derecho de Gentes con respecto a las relaciones entre las naciones. Gracias a los anteriores ejemplos se ha visto cómo los gobiernos revolucionarios del Nuevo Reino despacharon ministros públicos con títulos de ‘enviado’ y ‘embajador’. Es necesario agregar a estas denominaciones otras tres; en primer lugar, la de plenipotenciario que se confirió no sólo a los ministros encargados de firmar tratados de paz al fin de las guerras civiles, sino también a los agentes que debían participar en la creación e instalación del Congreso General del Reino; vienen enseguida los términos sinónimos de diputado y comisionado, que se emplearon de manera predominante para referirse a los ministros públicos durante el Interregno neogranadino. Este hecho ha contribuido, sin duda alguna, al desconocimiento de la verdadera naturaleza de tales denominaciones. En efecto, dichas voces designaban, tradicionalmente, la persona nombrada por un cuerpo o comunidad para ejecutar un encargo cualquiera. La palabra diputado, además, se aplicaba a los apoderados de las villas y ciudades, y a partir de 1808 comenzó a emplearse en todo el mundo hispánico para nombrar los miembros de las juntas, cortes y congresos33. Algunos tratados diplomáticos de los siglos XVII y XVIII coinciden con estas definiciones restrictivas. Según François de Callières y Nicolas Démeunier, por ejemplo, los términos de diputado y comisionado se aplicaban tan sólo a los sujetos empleados por un príncipe cerca de sus súbditos, o inversamente y, por lo tanto, no podían considerarse como ministros públicos ni gozar de los privilegios que acordaba a éstos el Derecho de Gentes34. 1829, p. 55; OTERO D’COSTA, Enrique, “El Doctor Juan Eloy Valenzuela, Subdirector de la Expedición Botánica”, en Boletín de Historia y Antigüedades, Vol. LXX, No. 742, Bogotá, Academia Colombiana de Historia, 1983, pp. 807-810. 32 Ibid. 33 Además del llamado Diccionario de Autoridades (6 vols., Madrid, Imp. De F. del Hierro, 1726-1739), he consultado el de la Real Academia en sus ediciones tercera (Madrid, Viuda de J. Ibarra, 1791), novena (Madrid, Imp. De F. M. Fernández, 1843) y undécima (Madrid, Imp. de M. Rivadeneyra, 1869); la reimpresión mejorada de la octava edición de este mismo por Vicente Salvá (SALVÁ, Vicente, Diccionario de la lengua castellana por la academia española reimpreso de la 8a edición publicada en Madrid en 1837, con algunas mejoras, París, V. Salvá, 1838) y el Diccionario de legislación civil, penal, comercial y forense de Joaquín Escriche (ESCRICHE, Joaquín, Diccionario razonado de legislación civil, penal, comercial y forense, París, M. Alcocer, 1831). 34 “Tan solo los Príncipes y los Estados Soberanos tienen derecho a otorgar el carácter de Embajador, de Enviado o de Residente. Se llama Diputados a aquellas personas que las Cortes de un país o los Magistrados de una

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Otros publicistas, entre tanto, reconocían entre las diferentes categorías de ministros públicos, la de diputado y comisionado. Wicquefort, por ejemplo, admitía que lo era aquél que con dichos títulos fuera enviado por un soberano cerca de un príncipe o república35. Lo mismo afirma Olmeda y León, cuya obra figuraba en la biblioteca de Nariño y era enseñada en Quito36. Cornelis van Bynkershoek refiere que el Emperador de Alemania enviaba frecuentemente ministros públicos provistos de plenos poderes con el título de ‘comisionado’. Los Estados Generales de las Provincias Unidas de los Países Bajos, a su turno, solían despachar ‘diputados extraordinarios’ (Extraordinaris Gedeputeerde)37. Sin embargo, por ser un término ciudad envían a su Soberano. No se consideran Ministros públicos, pues están sometidos a la Jurisdicción del país como los demás súbditos, y no gozan del privilegio del Derecho de Gentes que no se aplica al ciudadano sino tan solo al extranjero” (mi traducción). (“Il n’y a que les Princes & les Etats Souverains qui ayent droit de donner le caractere d’Ambassadeur, d’Envoyé ou de Resident. On appelle Députez ceux que les Etats d’un pays ou les Magistrats d’une ville envoyent à leur Souverain & ils ne font point Ministres publics, ils sont soumis à la Juridiction du pays comme les autres Sujets, & ils ne joüissent point du privilege du droit des gens, qui ne s’étend que sur l’étranger & non sur le Citoyen”). CALLIÈRES, François de, De la maniere de negocier avec les souverains. De l’utilité des Negociations, du choix des Ambassadeurs & des Envoyez, & des qualitez necessaires pour réüssir dans ces employs, París, Chez Michel Brunet, 1716, pp. 114-115. Nicolas Démeunier, entre tanto, da la siguiente definición de diputado: “aquel que es enviado por una comunidad cualquiera. Como los diputados no son ministros públicos, no están protegidos por el derecho de gentes, aunque son acreedores de una protección más particular de la que se confiere a otros extranjeros o ciudadanos, y deben ser tratados con cortesía en consideración de las comunidades que representan” (mi traducción). (“celui qui est envoyé par une communauté quelconque. Les députés n’étant pas ministres publics, ne sont point sous la protection du droit de gens; mais on leur doit une protection plus particulière qu’à d’autres étrangers ou citoyens, & quelques égards en considération des communautés dont il sont les agens”). DEMEUNIER, Nicolas, op. cit., t. 2 (Artículo “Député”). 35 “Así como el comisario es un diputado que el príncipe emplea cerca de sus súbditos, puede decirse también que el diputado es un comisario que los súbditos emplean cerca de su príncipe, y que en dicha acepción no es un Ministro Público, ni en lo relativo protección del Derecho de Gentes, que no se aplica en absoluto cuando las leyes civiles pueden actuar con libertad. Sin embargo, la misma palabra diputado tiene a menudo una significación más extensa y designa un ministro que no tiene ninguna calidad particular. En ese sentido puede ser Ministro Público, ya sea como enviado a un congreso o cerca de algún príncipe o república” (mi traducción). (“Comme le Commissaire est un Deputé, que le Prince employe auprés de ses Sujets, aussi peut-on dire que le Deputé est un Commissaire que les Sujets employent auprés de leur Prince; & qu’en cette signification il n’est pas Ministre Public, ny en la protection du Droit des Gens, qui n’a point de lieu, où les loix civiles peuvent agir avec liberté. Le mesme mot a souvent une signification plus étenduë, & marque un Ministre, qui n’a point d’autre qualité particulière: & alors il peut estre Ministre Public, soit qu’il ait esté envoyé à un Congrès, ou à quelque Prince ou Republique”). WICQUEFORT, Abraham de, op. cit., t. 1, p. 64. 36 OLMEDA Y LEÓN, Joseph de, Elementos del derecho público de la paz, y de la guerra, ilustrados con noticias históricas, leyes, y Doctrinas del Derecho Español. Por don Joseph de Olmeda y León, Caballero del Orden de Santiago, y Colegial Huésped en el Mayor de Cuenca de la Universidad de Salamanca, t. 2, Madrid, Oficina de la Viuda de Manuel Fernández, 1771, p. 229. 37 BYNKERSHOEK, Cornelis van, Traité du juge competent des Ambassadeurs, Tant pour le Civil, que pour le Criminel. Traduit du Latin... par Jean de Barbeyrac, La Haye, Thomas Johnson, 1723, capítulo XIII, parágrafo IV.

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poco conocido en las demás naciones, “se presentaron con frecuencia dificultades en lo tocante a la manera en que debían ser recibidos y agasajados. No obstante, la diversidad en los títulos no modifica en absoluto la esencia de la representación”38. El barón de Bielfeld, quien como se ha visto era también conocido en el Nuevo Reino, concede al término ‘diputado’ un empleo más amplio, recordando sin duda que este también era empleado por las ciudades hanseáticas: “Cuando una ciudad u otro pequeño Estado libre envía algún Miembro de su Senado, u otra persona de consideración hacia una gran Potencia, ya sea para cumplir algún deber o para promover sus intereses, se les llama Diputados. Son considerados tan sólo como Ministros Públicos de tercer orden, aunque a menudo los más grandes Monarcas les conceden audiencia pública y están bajo la protección del derecho de gentes del mismo modo que los Embajadores”39.

En efecto, en la Europa de la segunda mitad del siglo XVIII se distinguían tres categorías de ministros públicos, de acuerdo no sólo con la dignidad de los Estados que los despachaban, sino también con la de aquéllos que los recibían. Existía pues una jerarquía de la representación a la que correspondían tratamientos y honores diferentes, fundados, por supuesto, en el poderío de sus comitentes. Sin lugar a dudas, los políticos neogranadinos del Interregno eran conscientes de esta jerarquía. Juan García del Río, quien había sido secretario de la legación de las Provincias Unidas en Londres, se refería aún en 1829 a aquella concepción dieciochesca al afirmar en su Meditación cuarta: “…un rey puede ser representado por sus embajadores; una pequeña república por sus diputados”40. Sin embargo, más allá de las definiciones dadas por los publicistas europeos, lo que permite realmente precisar el carácter de los diputados-comisionados es la naturaleza de su misión y los documentos que les eran otorgados por sus mandatarios. Sin ninguna duda, tenían calidad de agentes diplomáticos cuando ejecutaban actos de soberanía, y estaban provistos, en consecuencia y de acuerdo con su dignidad, de cartas credenciales en lugar de poderes de tipo privado como los procuradores tradicionales. Así mismo, se les confiaban instrucciones compuestas, por lo general, de cláusulas ostensibles y secretas. Finalmente, se les acordaba la protección del Derecho de Gentes y se les rendían los honores propios a su dignidad41. 38 Ibid., parágrafo I. 39 BIELFELD, Jacob Friedrich von, Institutions politiques. Par Monsieur le Baron de Bielfeld, t. 2, La Haye, Chez Pierre Gosse junior, 1760, p. 175. 40 GARCÍA DEL RÍO, Juan, Meditaciones colombianas, Medellín, Editorial Bedout, 1972, p. 130. 41 Estas características coinciden con la definición de ministro público que el Barón de Martens dio en 1822: “el agente diplomático que un soberano o un gobierno envía cerca de un Estado extranjero, o a un congreso para

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De manera hipotética podría afirmarse que si los gobiernos revolucionarios del Nuevo Reino utilizaron casi exclusivamente ministros de segunda (enviados, plenipotenciarios) y de tercera (diputados, comisarios) categoría en sus relaciones recíprocas, ello se debió al hecho de que se trataba en realidad de soberanías solidarias, pues procedían todas ellas de la del rey Fernando VII, cautivo en aquel momento. Poseedoras de tan sólo un fragmento de soberanía, las provincias no podían aspirar a despachar embajadores, por ser éstos representantes en el más alto grado de la “persona del príncipe y de la majestad del trono”42. Las dignidades de diputado y comisionado corresponderían, pues, mejor que las demás categorías de agentes diplomáticos a las soberanías fernandinas. Quizás por la misma razón se emplearon estos términos durante aquellos mismos años, para designar los miembros de las legaciones enviadas por los gobiernos rebeldes a los Estados Unidos y a Europa.

3. Las asambleas del Reino La deposición de las autoridades virreinales en julio de 1810 creó un problema que convenía resolver cuanto antes. ¿Cómo mantener la unidad del Reino más allá de la ruptura? ¿Cómo evitar las incidencias de la revolución política sobre la integridad del cuerpo social? Este asunto era capital y así lo entendieron los miembros de la Junta Suprema de Santa Fe. En consecuencia, uno de sus primeros cuidados fue invitar a cada una de las provincias a elegir y despachar a la capital un diputado que la representase. La unión de todos los diputados a su vez, debía componer un gobierno provisional en el cual la Junta depositaría su autoridad. La principal tarea de la asamblea sería la de convocar las Cortes del Reino, entendiendo por ellas la reunión de los delegados de todos los ayuntamientos43. La falta de liderazgo político de Santa Fe, que cedió a Pamplona, a El Socorro y a Cartagena la iniciativa revolucionaria, hizo imposible la creación de una verdadera tratar negocios públicos, y que, provisto de credenciales o de plenos poderes, goza de los privilegios que el Derecho de Gentes concede al carácter público con el cual está revestido” (mi traducción). (“l’agent diplomatique qu’un souverain ou un gouvernement envoie près d’un État étranger, ou à un congrès, pour y traiter des affaires publiques, et qui, muni de lettres de créance ou de pleins pouvoirs, jouit des privilèges que le droit de gens accorde au caractère public dont il est revêtu”). MARTENS, Freiherr Carl von, Guide diplomatique ou traité des droits, des immunités et des devoirs des ministres publics, des agens diplomatiques et consulaires, dans toute l’étendue de leurs fonctions, t. 1, París, Librairie Diplomatique, Française et étrangère de J. P. Aillaud, 1837, p. 35. 42 DÉMEUNIER, Nicolas, op. cit., t. 3 (Artículo “Ministre Public”). 43 Circular (29 de julio de 1810), en POSADA, Eduardo (comp.), El 20 de Julio Por Eduardo Posada. Capítulos sobre la Rrevolución de 1810, Bogotá, Imprenta de Arboleda & Valencia, 1914, pp. 183-188.

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junta suprema como la que había pretendido erigirse en Sevilla en 1808 o como las que se establecieron después en Caracas o Buenos Aires. Por haber surgido demasiado tarde, la Junta de la capital neogranadina no pudo imponerse como heredera del poder virreinal ni exigir la subordinación de las provincias a cambio de una representación inofensiva44. A pesar de titularse Suprema, la Junta de Santa Fe fue apenas poco más que una junta provincial, gracias al reconocimiento que le tributaron las autoridades de los pueblos de Tunja, Neiva, Mariquita y el Chocó. Si la convocatoria expedida el 29 de julio por el gobierno revolucionario de Santa Fe equivalía en la práctica a la formación de una Junta Central, ello era porque del mismo modo que en la Península en 1808, se trataba esencialmente de restaurar la cohesión del cuerpo político tras la fragmentación de la soberanía. Por lo cual, en su seno todas las provincias debían tener la misma voz, independientemente de su tamaño, de su población, de sus luces o de sus riquezas. Como se sabe, el gobierno de Cartagena en su famoso manifiesto del 19 de septiembre se opuso al plan de la Junta Suprema. En cambio, pidió adoptar la población como principio de la representación, y propuso la elección de un diputado por cada cincuenta mil habitantes. Además, se mostró a favor de erigir un congreso general, formado según el sistema federativo, en lugar del provisional ideado por la Junta de Santa Fe. Finalmente, la reunión de los diputados debía tener lugar no en la capital virreinal, sino en alguna población de la Provincia de Antioquia45. Don Antonio Nariño, quien entonces se encontraba en Cartagena, se mostró contrario a estas propuestas arguyendo en cuanto a lo primero, la ausencia de padrones confiables y la tardanza excesiva que generarían las elecciones. Se opuso, así mismo, a la constitución inmediata de un gobierno general basándose en la muy defectuosa representación de las juntas provinciales, a cuya creación no había concurrido el pueblo soberano. Por último, descartó la Provincia de Antioquia como sede del Congreso por considerar que éste debía reunirse exclusivamente en el centro de las luces y el poder del Reino. En su opinión, pues, eran mucho mejores los principios establecidos el 29 de julio, según los cuales cada provincia debía enviar tan solo un diputado a la ciudad de Santa Fe para crear una asamblea provisional46. El resultado final sería una mezcla de ambas propuestas: se mantuvo el principio de representación de la calidad de provincia propuesto por la Junta Suprema de Santa Fe, pero la mayor parte de las provincias adhirieron a la propuesta de Cartagena en lo 44 HEBRARD, Véronique, Le Venezuela indépendant. Une nation par le discours - 1808-1830, París, L’Harmattan, 1996, pp. 47-51; VERDO, Géneviève, op. cit., cap. 2. 45 AHR, Fondo I, vol. 7, ff. 39 y ss. 46 NARIÑO, Antonio, Reflexiones al Manifiesto de la Junta Gubernativa de Cartagena, sobre el proyecto de establecer el Congreso Supremo en la Villa de Medellín, comunicado à esta Suprema Provisional, Bogotá, Imprenta Real de Santafé de Bogotá, 1811, p. 29, BNC, VFDU1 444 FA.

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tocante a conformar una asamblea federativa y no una junta central. A finales del año (22 de diciembre) se instaló el Congreso del Reino con un número muy limitado de representantes, los cuales, si bien declararon su independencia del “Consejo titulado de Regencia en Cádiz”, juraron sostener los derechos de Fernando VII47. Los diputados, sin duda por representar gobiernos soberanos estaban provistos de credenciales e instrucciones, y tenían plenos poderes. Representaban exclusivamente a sus respectivas provincias y no a la totalidad del Nuevo Reino. Carecían, pues, de esa función “nacional”, que según Verdo, era uno de los componentes de las delegaciones rioplatenses de la época. De acuerdo con este modelo, el congreso del Nuevo Reino era concebido, en principio, como una reunión de ministros públicos. La polémica generada por la admisión de los diputados de las provincias autoproclamadas, así lo demuestra. El doctor Camilo Torres, representante de Pamplona, señaló al respecto que una cuestión tan ardua sólo podía ser resuelta por la totalidad de los representantes del Nuevo Reino y no por aquella asamblea que no era verdaderamente un congreso, sino una “Confederación de las Provincias”48. Según la opinión de Torres, que pasaba por ser uno de los hombres más ilustrados del Reino, la reunión de plenipotenciarios era defectuosa por no estar presentes todos los delegados de las provincias neogranadinas. Sólo cuando esto ocurriera y la representación del Nuevo Reino fuera verdaderamente legítima, las discusiones podrían tener validez y materializarse en políticas comunes en lo tocante a la guerra, a la hacienda, al arbitraje de las disensiones interprovinciales o, inclusive, en un tratado que creara un verdadero órgano de gobierno supremo. No era el representante de Pamplona el único en pensar de ese modo. El doctor Emigdio Benítez, cuya dudosa legitimidad como representante de Sogamoso había llevado a Torres a retirarse de las negociaciones, también se pronunció en el mismo sentido. Benítez declaró que la separación del congreso del diputado de Pamplona era arbitraria a más de ofensiva, “lo que entre naciones cultas se tiene por rompimiento y declaración de guerra”49. Según se desprende de esta afirmación, los diputados asimilaban la asamblea a los congresos diplomáticos que en ocasiones extraordinarias reunían a los representantes de los Estados europeos. El Nuevo Reino era concebido como un conjunto de territorios autónomos y no como una unidad natural: por ello la pasada obediencia al virrey no bastaba para restaurar la cabeza del cuerpo social, que debía surgir, por el contrario, de un acuerdo político entre soberanos. 47 Instalación del Congreso del Reyno, Santafé, enero 15 de 1811, p. 11, Biblioteca Nacional de Colombia, Bogotá, (en adelante BNC), Fondo Quijano, 153, pieza 6. 48 Sobre la admisión en el Congreso del representante de Sogamoso, Santa Fe, 1811, p. 3, BNC, VFDU1-3399. 49 Ibid., p. 61.

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A diferencia, pues, de una junta central que hubiera significado, tal como lo indicaba el caso de la Península, el fin de las soberanías provinciales, la alternativa del congreso permitía crear una institución, que sin ser suprema fuera superior. Los vínculos establecidos entre la asamblea y los gobiernos no serían de índole vertical, sino horizontal, puesto que se trataba de crear un espacio político donde los diferentes gobiernos pudieran negociar y acordar medidas generales. El primer Congreso del Nuevo Reino tuvo tan sólo dos meses de vida. Su limitada existencia se explica en la práctica por el rechazo del diputado de Tunja y por la torpe decisión de admitir en su seno representantes de provincias consideradas ilegítimas, como el caso de Nóvita, Sogamoso y Mompox. Por contrariar las instrucciones precisas que habían recibido de sus comitentes, este hecho causó el retiro de los diputados de Pamplona y Mariquita. Además, la admisión de “diputados espurios” llevó a la Junta Suprema de Santa Fe a desautorizar a su representante, e indujo a provincias importantes como Cartagena a abstenerse de participar en el Congreso50. Sin embargo, tras el naufragio de la asamblea, se esconden dos polémicas de suma importancia que generaron dos desacuerdos fundamentales: en primer término, la discusión, una vez más, acerca de cuál era la naturaleza que debía tener el congreso del Nuevo Reino y, en segundo lugar, quiénes eran, a finales de 1810, los depositarios legítimos de la soberanía. Así, los diputados que siguieron sesionando a pesar de la deserción del representante de Pamplona, pensaban que en la asamblea debía residir el poder soberano, es decir, que una vez instalado el cuerpo que componían se producía un traspaso y una acumulación de la autoridad suprema. Por ello decretaron el 4 de enero estar revestidos de un carácter inviolable: ni siquiera las mismas juntas provinciales que los habían elegido tenían la potestad de removerlos de sus cargos51. Según esta concepción, los diputados no estaban sujetos al mandato imperativo y poseían una representación “sin limitaciones”. En resumen, tal y como afirmó el representante de la Provincia de Santa Fe, Manuel Bernardo Álvarez, no pudiendo ser los miembros del congreso meros agentes o procuradores, sus dictámenes debían ser enteramente libres y las opiniones de sus comitentes, meramente instructivas52. En abierta rebeldía con las opiniones de los gobiernos del Nuevo Reino que se habían decidido por un congreso federativo, los congresistas propendieron por el establecimiento de una junta central que estuviera por encima de los gobiernos 50 La conducta del Gobierno de la Provincia de Santafè para con el Congreso, y la de éste para con el Gobierno de la Provincia de Santafè, [Santa Fe], p. 4. AHR, Fondo I, vol. 8, f. 31; Exposición de José Ignacio de Pombo a la Junta suprema de Cartagena. AHR, Fondo I, vol. 4, ff. 460 y ss.. 51 Instalación del Congreso del Reyno..., op. cit. 52 Sobre la admisión en el congreso…, op. cit.

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provinciales53. La tentativa estaba condenada al fracaso, pues sin el concurso de éstos el poder del congreso sólo podía ser ilusorio, como sucedió en efecto. Las discusiones acerca de la naturaleza del congreso eran una consecuencia natural de otra cuestión verdaderamente ardua: tras la deposición de las autoridades virreinales, ¿quién detentaba legítimamente la soberanía?, ¿residía ésta en los pueblos o en las provincias? Tal era en últimas la cuestión de fondo que se escondía tras la polémica generada por la admisión de los representantes de provincias autoproclamadas. En efecto, dos bandos sobresalieron claramente en aquellos días. El primero de ellos defendía la tesis según la cual con la prisión de Fernando VII se habían disuelto todas las lealtades, incluso, en el interior de las provincias, por lo que cada ciudad, villa o pueblo tenía derecho a decidir su futuro. Este partido era comandado por Antonio Nariño, Secretario del Congreso, y sostenido por su tío Manuel Bernardo Álvarez, representante de Santa Fe, y por el pariente de ambos Ignacio de Herrera, delegado de Nóvita. Igualmente, apoyaban este punto de vista Manuel de Campos, y Andrés María Rosillo, representantes de Neiva y El Socorro, respectivamente54. Aquella concepción de la soberanía tenía serios inconvenientes de tipo práctico; pues, ¿cómo fijar qué trozos de la sociedad tenían derecho a ser representados?, ¿qué era en definitiva un Pueblo y qué se requería para obtener esa dignidad? Samuel Pufendorf, ampliamente conocido en el Nuevo Reino, al examinar la cuestión a finales del siglo XVII, había admitido que no existía una regla general que determinara cuántos padres de familia se requerían para formar uno. En su opinión, toda comunidad que tuviera una soberanía particular, aunque estuviera formada por un pequeño número de ciudadanos, era un Pueblo55. La tesis defendida por el grupo encabezado por Nariño significaba, entonces, la ruptura de las lealtades territoriales, y el ejemplo dado por Sogamoso, Nóvita, Mompox o Girón, al encontrar el respaldo del congreso se generalizaba. La disolución trascendía 53 AHR, Fondo I, vol. 4, f. 134. (Oficio de José Miguel Pey, Vicepresidente de la Junta Suprema de Santa Fe a la Junta de El Socorro, 31 de diciembre de 1810). 54 Las autoridades de El Socorro se sorprenderían al saber que su diputado Rosillo había votado a favor de la admisión del representante de Sogamoso, contraviniendo las instrucciones que habían recibido. Esta manera de obrar no podía más que significar la disolución de la Provincia pues alentaba las veleidades separatistas de la ciudad de Vélez. RODRÍGUEZ PLATA, Horacio, La Antigua Provincia del Socorro y la Independencia, Bogotá, Academia Colombiana de Historia, 1963, p. 81. Andrés María Rosillo ayudaría posteriormente a Nariño en su política de expansión conspirando en San Gil y Vélez, por lo que sería expulsado de la Provincia de El Socorro. RODRÍGUEZ PLATA, Horacio, Andrés María Rosillo y Meruelo, Bogotá, Academia Colombiana de Historia, 1944, pp. 219-225. 55 PUFENDORF, Samuel, Le droit de la nature et des gens, ou systeme general des principes les plus importans de la moral, de la jusirsprudence, et de la politique par le Baron de Pufendorf, traduit du latin par Jean de Barbeyrac…, t. 2, Basle, Chez Emanuel Thourneisen, 1771, p. 612.

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la obediencia debida por las villas y ciudades segundonas a la capital provincial, y terminaba afectando también a los sitios, partidos y aldeas. Por eso, para muchos políticos, la defensa y la consolidación de las entidades provinciales era el único remedio para salvar al Reino de la anarquía. Las abdicaciones de Bayona no podían significar, de ningún modo el regreso a un estado presocial. Como lo afirmó José Acevedo y Gómez: “Solo los espíritus agitados por las pasiones o encadenados por la ignorancia podrían sostener que la livertad pública adquirida en este Reyno remonta al estado primitivo de la naturaleza. Este sería el mayor de los absurdos por qe ya no podemos prescindir de la idea de la propiedad, y es preciso respetar los pactos tácitos ó expresos qe ligan al hombre con el hombre, a un pueblo con su cabeza y a ésta con su matriz, para qe el ciudadano conserve su livertad, su seguridad y su propiedad”56.

Según este partido las poblaciones no tenían ninguna posibilidad de escapar a una jerarquía considerada como trascendente, formada por lazos más sólidos y de naturaleza distinta a los que ligaban las provincias entre sí. La refundación del Nuevo Reino debía hacerse no a partir de añicos y astillas, sino con cuerpos políticos consolidados. El fracaso del primer Congreso y las primeras operaciones militares que aplastaron las disidencias, tuvieron como resultado el surgimiento de las provincias como intermediarios necesarios y legítimos entre los pueblos y el Nuevo Reino. En efecto, la aparición de gobiernos rebeldes en cada una de ellas demuestra que en 1810 las provincias no eran territorios consolidados. Sin embargo, siguiendo el ejemplo de Cundinamarca, cada una de las provincias revolucionarias promulgaría a partir de 1811 una o varias constituciones, cambiando el poder provisional de las juntas por instituciones estables de duración indefinida. Estas soberanías legalmente constituidas serían las que concurrirían, por intermedio de sus plenipotenciarios, al segundo Congreso del Reino. La casa del representante de Cundinamarca, Manuel Bernardo Álvarez, quien había sido nombrado Presidente de la corporación, fue la escogida para la realización las reuniones preparatorias. Allí, entre otras cosas -según cuenta José Manuel Restrepo presente en las sesiones- fueron examinados los poderes de los representantes y suplentes57. El oficio dirigido por el 56 AHR, Fondo I, vol. 4, f. 458 v. (Oficio de José Acevedo y Gómez a los señores comisionados D. José M. Domínguez y Frutos Joaquín Gutiérrez, 28 de diciembre de 1810). 57 RESTREPO, José Manuel, Historia de la Revolución de la República de Colombia en la América Meridional, t. 1, Bogotá, Ministerio de Educación Nacional, 1942, p. 164.

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doctor Juan Nepomuceno Azuero, diputado de los Llanos de Casanare, al Presidente del Congreso (nov. 6 de 1811) permite constatar la naturaleza de los representantes provinciales: “Una voz baga, un rumor sordo, sembrado diestramente en los corrillos, me acusa de haber llevado conmigo a una muger casada. La obra de mis adversarios, se tiene por un testimonio irrefragable, dan aviso a mi Gobierno, calificándome indigno de la Representación. El cielo que vela sobre la inocencia, me ha justificdo sin que por mi parte haya hecho cosa alguna. Acabo de recibir un Oficio en que me previene mi Junta que sin pérdida de tiempo haga uso de los poderes y manifieste a los Señores Diputados residentes en Santafé, que no varían el nombramiento. Hasta a hora no se há declarado la continuación del Congreso que comenzó en el mes de Dice del año pasado, y cuyas secciones se interrumpieron por los motivos que son bien públicos a todo el Reyno. La concurrencia de los Señors Representantes a la casa de V. E, no sale de la esfera de una conversación familiar, que no puede dictar leyes, ni poner tachas a los Plenipotenciarios de Gobiernos independientes: su objeto se termina en la calificación de los poderes pr el cange entre todos ellos. Repeler directamente la persona, descubrirle faltas, tisnar su honor con las más negras calumnias, y fulminar la sentencia de su expulsión, sin conocimiento de causa, sin oír al Representante, es un atentado. ¿Quién los ha hecho jueces antes de la instalación del Congreso, quién les há dado autoridad para que conozcan en puntos que únicamente tocan al Gobierno de una Provincia Soberana? Si á hora se nos presentara un Cónsul de la Gran Bretaña se le podría responder que era indigno del encargo pr ser concubinario? El dro de gentes y una razón ilustrada abominan semejantes procedimientos”58.

El alegato del sacerdote Azuero -quien a propósito había ya suscitado ese tipo de rumores59- es muy importante pues muestra que nuevamente, y de manera aún más definida, las provincias confiaron su representación a ministros públicos. Por ello el representante de una de las provincias más pobres del Reino no tenía empacho en compararse con un dignatario de S. M. B: más allá de la riqueza y el poderío de su comitente, él también representaba a un soberano. Al final de su comunicación y como 58 AHR, Fondo I, vol. 4, f. 485. 59 En 1810, en una relación sobre los miembros de la Junta Suprema de Santa Fe, redactada presumiblemente por uno de los oidores, se lee en el espacio que le es consagrado: “Clérigo libertino, de relajadas costumbres, y amancebado con muger casada vino a Sta Fe en calidd de preso pr cómplice con Serrano [Francisco Serrano Gómez], en sorprender las armas qe iban a Quito, se lo veía siempre en vailes, i festines con trage ajeno de su carácter y estado”. Nota de los vocales que componen la cedisiosa junta de Santa Fe, dividida en secciones pr el orden qe ha dado a luz la misma, en AHR, Fondo I, vol. 4, f . 62.

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para mayor abundamiento, Azuero demostraba la pertinencia de sus reivindicaciones apuntando que “el exmo señor Presidte Don Antonio Nariño, qe obra sin preocupación [esto es, sin prejuicios], me ha pasado oficio, en fha 25 del ppdo Octubre, confesando qe la Garantía me compete como representante con arreglo al Derecho de Gentes”60. Al examinar las bases de la unión de las provincias del Nuevo Reino, otra vez se encuentran de nuevo los mismos principios. En efecto, los representantes-diplomáticos constituyeron nada más y nada menos que una sociedad de sociedades a la luz del Derecho de Gentes y de la crítica que de él había hecho la filosofía de la Ilustración61. El Acta de Federación redactada por el doctor Camilo Torres revestía la forma de un tratado suscrito por los diferentes diputados, que debía ser ratificado posteriormente por sus gobiernos respectivos62. Por medio del pacto fue fundada una confederación con el título de Provincias Unidas de la Nueva Granada, conformada por estados que se reconocían como iguales, independientes y soberanos, y que garantizaban “la integridad de sus territorios, su administración interior y una forma de gobierno republicana”63. Para conservar sus derechos y dirigir los medios y recursos, los plenipotenciarios provinciales constituyeron, en virtud del artículo 10, un Congreso al que otorgaron “las altas facultades de hacer la paz y la guerra, levantar ejércitos, imponer contribuciones para sostenerlos, celebrar tratados y mantener todas las grandes relaciones internacionales, así con las potencias europeas como con la Silla Apostólica”64. Sin embargo, ya ha se ha referido cómo, a pesar de la entrada en vigor del Acta de Federación, las relaciones diplomáticas entre las diferentes provincias del Nuevo Reino continuaron. Además, Cundinamarca y la provincia de Quito permanecían por fuera de la asociación. La creación de la confederación tampoco fue óbice para que Cartagena enviara diputados a Jamaica, los Estados Unidos y Francia. 60 AHR, Fondo I, vol. 4, f. 487. 61 BELISSA, Marc, Fraternité universelle …, pp. 106 y ss. En Venezuela, algunos meses antes, Fernando Peñalver había definido el “gobierno republicano federal” del siguiente modo: “…un contrato, por el cual muchos Cuerpos políticos convienen en hacerse ciudadanos de un Estado más grande que quieren formar, es una sociedad de sociedades, que hacen otra que puede aumentarse por nuevos socios que [se] le unan”. PEÑALVER, Fernando, “Memoria presentada al supremo congreso de Venezuela, en que manifiesta sus opiniones sobre la necesidad de dividir la Provincia de Caracas, para hacer la Constitución federal permanente; y los Artículos con que cree deben ligarse las Provincias a formar un solo Estado y Soberanía”, en USLAR PIETRI, Arturo (ed.), Testimonios de la época emancipadora, Caracas, Academia Nacional de la Historia, 1961, p. 13. Véase también en el mismo sentido el discurso preliminar de Miguel de Pombo a su traducción en POMBO, Miguel de, Constitución de los Estados-Unidos de América…, Santafé de Bogotá, Imprenta Patriótica de D. Nicolás Calvo, año de 1811, p. X. 62 TORRES, Camilo, Acta de federación de las Provincias-Unidas de la Nueva Granada. En el nombre de la Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu santo. Amen, Santafé de Bogotá, Imprenta de D. Bruno Espinosa, 1812, p. 23. 63 Ibid., Artículo 6. 64 RESTREPO, José Manuel, op. cit., t. 1, pp. 165-166. Acta de Federación, Artículos 40-42. Las cursivas son mías.

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Pero, ¿qué sucedió con los delegados al Congreso de las Provincias Unidas?, ¿continuaron siendo como en el momento de la firma del tratado de alianza, ministros públicos? Hay que anotar, primeramente, que la instalación del congreso sólo podía tener lugar tras la ratificación del tratado de alianza. La guerra civil retrasó, además, la inauguración de las sesiones hasta el 4 de octubre de 1812. Entre tanto los diputados que habían firmado el Acta de Federación, a pesar de actuar de mancomún, no formaban un cuerpo: sus voces eran las voces unidas de las provincias que representaban. Por ello, sin duda, Antonio Nariño en carta a Cortés Madariaga, el 22 de mayo de 1812, se refirió a “los Ganzos Diplomáticos de las Soberanas Provincias”65. En este sentido son harto ilustrativos los incidentes ocurridos en el mes de marzo. Los diputados firmantes del Acta de Federación, que se hallaban entonces en Ibagué, protestaron por la agregación que Cundinamarca había hecho del territorio de Garzón, perteneciente a la Provincia de Neiva. El presidente Nariño se negó a dar cualquier contestación, mientras no le fuera precisado bajo qué aspecto se dirigían a él, “…si como un cuerpo legal y legítimamente constituido ya, que exerce la Suprema Potestad sobre este Estado, ó como unos Embajadores, Enviados ó Plenipotenciarios de sus Provincias para venir á inculcar y exijir rasón de las Providencias de este Gobierno que hasta ahora no conoce Superior alguno”66.

La respuesta de los diputados, molestos por las intrigas del Presidente de Cundinamarca y sus suspicacias, permitió definir con precisión la dignidad de que se hallaban revestidos antes de la instalación del Congreso: “Nada puede inferirse que induzca à creer que los presentes Diputados Representantes de la Provincia hayan tomado otro carácter, ni menos inculquen, ni exijan razón de las Providencias de Gobierno que hasta ahora no conoce superior alguno, como V. E se sirve también expresarles […] Tampoco se miran como Embajadores, Enviados, ó Plenipotenciarios, porque no tienen cerca de quién, entre unas Provincias hermanas que componen un solo todo y una gran familia”67.

Los representantes de las Provincias soberanas, se miraban, pues, como diputados, aunque estaban “revestidos verdaderamente de plenos poderes”, con el fin de consolidar la unión del Nuevo Reino, y sus comitentes les habían encargado “sus más preciosos dros”. Precisamente bajo ese aspecto de su representación, agregaban los diputados, Nariño les había hecho varias consultas. En una ocasión, por ejemplo, les había preguntado 65 AHR, Fondo I, vol. 1, f. 113. 66 Antonio Nariño a los Señores diputados para el Congreso, 21 de marzo de 1812. AHR, Fondo I, vol. 4, f. 397. 67 Respuesta de los señores diputados contestando al anterior. AHR, Fondo I, vol. 4, ff. 397-396.

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“qué debería hacer una Provincia con otra que violaba para con ella el derecho de gentes, suponiendo haber hecho esto el Gobierno de Cartagena quando retenía los fusiles conducidos pr Dn Pedro de la Lastra; pues no teniendo los presentes diputados la calidad de Consejeros del Estado de Cundinamarca, tampoco se hallaban en el caso de responder, sino como medianeros que han procurado conciliar desde el principio los intereses de las Provincias con la moderación que acostumbran. En el mismo concepto, y reconociendo su carácter, inquirió V. E, qdo el comandante de las armas de aquella Provincia D. José Miguel Pey se quejó de haberlo insultado Dn Juan Nepomuceno Azuero, que se decía estar nombrado de Diputado de los Llanos, si era cierta tal diputación, ó si estaba admitido entre nosotros para proceder ó no contra él68”.

El mismo Nariño, así, había reconocido que los diputados estaban revestidos de la dignidad de ministros públicos, al considerarlos intermediarios válidos entre los estados neogranadinos, y al concederles, como en el caso del representante de Casanare, la inmunidad propia a sus funciones. Sin embargo, por ser delegados de las provincias de un mismo Estado, y constituir en ese sentido una familia, los representantes no se consideraban como embajadores o enviados. ¿Qué sucedió tras la instalación del congreso? ¿Cambió la naturaleza de la representación de los diputados provinciales? Según el artículo 52 del Acta de Federación, los diputados debían considerarse más como Representantes de la Unión, en general, que de ninguna Provincia, en particular. Sin embargo, es indudable que en la práctica continuaron siendo también (como lo atestiguan las instrucciones que recibían) representantes de sus gobiernos a una impotente liga de provincias69. La naturaleza dual de los diputados al congreso neogranadino aunaba, pues, una precaria representación “nacional” y una delegación de tipo diplomático como las que subsistían en las relaciones interprovinciales. La reforma del Acta Federal, que centralizó en octubre de 1814 los ramos de hacienda y guerra, no modificó este rasgo fundamental. En efecto, las soberanías provinciales se mantuvieron en lo esencial, a pesar de haberse decretado que las autoridades superiores de los estados federados se llamarían en adelante gobernadores y que serían “agentes naturales y subalternos inmediatos del gobierno general”70.

68 Ibid. 69 AHR, Fondo I, vol. 1, ff. 164-170 v. (Un buen ejemplo de lo dicho -entre los muchos que pueden citarse- son las Instrucciones pa los Diputados del Estado de Cartagena de Colombia cerca del Congreso de la N Granada, redactadas por Pedro Gual en 1814). 70 POSADA, Eduardo (comp.), Congreso de las Provincias Unidas, Bogotá, Academia de Historia, 1924, p. 99.

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No ha de extrañar, entonces, que José María Gómez de Salazar, uno de los más importantes agentes diplomáticos del Interregno, al aludir, ya en años de Colombia, a las particularidades de la representación política en el Congreso de las Provincias Unidas, señalara: “Desde que las provincias se creyeron Estados soberanos, anularon de hecho la soberanía de la nación, y sus representantes en el congreso general y en el gobierno egecutivo fueron más bien tratados como delegados de las asambleas ó juntas provinciales, que como encargados del egercicio del supremo mando”71.

Hasta aquí han sido examinados los tipos de representación que entrañaban una Junta suprema, una junta central, y un congreso general del Nuevo Reino. Es importante referir otro tipo de asamblea que si bien finalmente no se verificó, sí fue propuesto en al menos tres ocasiones. La primera vez, que yo sepa, en La Bagatela, donde Nariño enunció claramente la necesidad de formar un cuerpo de representantes que estableciera una constitución, y al finalizar su labor, pidiera a las provincias nuevos delegados para componer el gobierno72. Los diputados al segundo Congreso del Reino que se hallaban entonces en Santa Fe, adoptaron el principio en el Acta de Federación, la cual encargó la redacción de una constitución para la Nueva Granada a una “Gran Convención Nacional”, que debía reunirse cuando hubieran cesado los peligros73. Existía, pues, un acuerdo en cuanto a la necesidad de reunir tal asamblea, pero había igualmente divergencias acerca del momento de su convocatoria. Según los representantes de las provincias federalistas, la Convención debía ser la culminación del proceso de emancipación; para el bagatelista ella debía ser el punto de partida. Antonio Nariño repitió la propuesta en 1813, tras la segunda guerra civil. En el mes de febrero, considerando que el Congreso de la Unión era vicioso por tener una autoridad ilimitada, había propuesto a las Provincias de la Nueva Granada la reunión de una Gran Convención74. Cada provincia enviaría sus diputados (en razón de uno por cada cincuenta mil habitantes), que serían en realidad “electores constituyentes”, y que tras redactar la constitución, elegirían los funcionarios que debían ocupar los 71 SALAZAR, José María, Observaciones sobre las reformas políticas de Colombia, Filadelfia, Imprenta de Guillermo Stavley, 1828, p. 20. 72 NARIÑO, Antonio, “Continuación sobre mi Dictamen sobre el Gobierno de la Nueva Granada”, en La Bagatela, No. 5, Santa Fe de Bogotá, 11 de agosto de 1811 (edición facsimilar, Ed. Incunables, 1982). 73 Acta de federación de las Provincias-Unidas…, op. cit., Artículo 61. 74 NARIÑO, Antonio, Invitación que el gobierno de Cundinamarca autorizado por la Serenissima Representación Nacional hace a la Provincias de la Nueva Granada, Santafé de Bogotá, Imprenta del Estado - Por el Ciudadano José María Ríos, 1813, p. 2.

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empleos del gobierno75. No deja de ser muy significativa la estrategia adoptada por Nariño para asegurar el éxito de la Convención: una verdadera ofensiva diplomática que consistió en el despacho de ministros públicos con categoría de enviados a los gobiernos de Antioquia, Popayán, Casanare, Neiva y Cartagena76. La Convención era pues una asamblea compuesta por diputados elegidos según el principio de la población, cuyo objetivo primordial era la promulgación de una constitución para la Nueva Granada. En lugar de estar representados los estamentos como en las primeras juntas, o los estados provinciales como había sucedido en el Congreso, esta vez serían los individuos el principio de legitimidad. En ese sentido la Convención era mucho más moderna que las anteriores asambleas del Interregno neogranadino. Además del objeto de la convocatoria y el modo de elección de los representantes, existía otra diferencia notable con el Congreso General: la naturaleza de los diputados. Éstos, al menos en principio, como señala Nariño, serían miembros de una representación “nacional” y ya no agentes de sus provincias. En conclusión, tras haber analizado someramente las diferentes asambleas del Reino durante el Interregno, es posible afirmar esquemáticamente que a la Junta Suprema y a la Junta Central correspondía un representante de tipo tradicional, que tenía mucho de los antiguos procuradores. La Convención, entre tanto, suponía diputados más modernos desligados de sus comitentes y representantes de “la Nación”. Finalmente, los congresos generales, que fue la forma que asumieron las Cortes del Nuevo Reino, fueron el escenario de un tercer tipo de diputado: el agente diplomático, representante de las provincias soberanas. En este sentido el Interregno neogranadino es semejante a las llamadas provincias argentinas que suscribieron el Pacto Federal de 183177.

Conclusiones ¿Cómo y cuándo nació la diplomacia en el Nuevo Reino de Granada? Los historiadores que estudiaron el asunto durante el siglo pasado coincidieron en responder que su

75 Como se habrá notado Nariño proponía un plan muy similar al que contenía el Manifiesto del 19 de septiembre, que él tan enfáticamente había rechazado. 76 HERNÁNDEZ DE ALBA, Guillermo (comp.), Archivo Nariño, op. cit., t. 4, pp. 174, 257, 261 y 284; CABALLERO, José María, Particularidades de Santafé. Un diario de José María Caballero, Medellín, Editorial Bedout, 1974, p. 111; AHR, Fondo I, vol. 10, f. 210 v. 77 CHIARAMONTE, José Carlos, Nación y Estado en Iberoamérica. El lenguaje político en tiempos de las independencias, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2004, p. 86.

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origen se remontaba a la revolución misma78. Sin embargo, a pesar de mencionar algunas misiones ocurridas durante la época de las primeras repúblicas, para ellos los verdaderos orígenes de la diplomacia neogranadina fueron los años 1820 y la búsqueda formal del reconocimiento. No obstante, como he demostrado a lo largo de estas páginas, entre 1810 y 1815 un interesante fenómeno tuvo lugar en el Nuevo Reino: la diplomacia provincial. Así puede ser llamada, en efecto, pues se ocupaba de negocios que atañían los gobiernos soberanos de las distintas provincias en que se dividió por entonces el territorio neogranadino. Si se mira como un proceso, también puede denominarse esta diplomacia como constitutiva porque fue su objeto refundar la unidad política del Nuevo Reino, que había saltado en pedazos tras la deposición de las autoridades virreinales. Desde su creación misma, las juntas soberanas y las repúblicas a que éstas dieron lugar, buscaron asociarse entre sí, con el fin de restablecer la unión. Para conseguirlo, los políticos neogranadinos estaban de acuerdo en la necesidad de conformar una asamblea que reuniera representantes de las diferentes provincias y concertara las voluntades disímiles. Sin embargo, existía un nítido enfrentamiento en cuanto a la naturaleza del congreso en cuestión. Mientras que en 1810 algunos fueron partidarios de la creación de una junta suprema, otros propendieron por el establecimiento de una junta central. En los años siguientes el debate persistió en otros términos. En efecto, si bien existía un consenso en lo referente a la necesidad de convocar una convención que se encargase de expedir una constitución, algunos pretendían que dicha convención tuviera lugar inmediatamente, mientras que otros eran partidarios de que se instalara después de conjurados los peligros que acechaban al Nuevo Reino. Este último parecer fue el vencedor y, por lo tanto, el Congreso de las Provincias Unidas fue más una reunión de plenipotenciarios que una asamblea de representantes de la “Nación”.

78 ZUBIETA, Pedro A., Apuntaciones sobre las primeras misiones diplomáticas de Colombia (Primero y segundo períodos 1809-1819-1830), Bogotá, Imprenta Nacional, 1924; CAVELIER, Germán, La política internacional de Colombia. Un ensayo de interpretación. Primera Parte La Gran Colombia (1820-1830), Bogotá, Editorial Iqueima, 1949; RIVAS, Raimundo, Historia diplomática de Colombia (1810-1934), Bogotá, Ministerio de Relaciones Exteriores, 1961.

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Tolerancia religiosa en Bogotá entre 1849 y 1854 Resumen Este artículo esboza las características principales de la tolerancia religiosa en la Nueva Granada durante el periodo 1849-1854. Se busca dar una idea de qué se entendía por el concepto de tolerancia religiosa para dicho periodo, así como exponer las particularidades de los discursos de los sectores políticos liberal y conservador con relación al asunto de la tolerancia en la Nueva Granada. Finalmente, se hace un breve análisis de la expulsión de la Compañía de Jesús hacia 1850 como un caso de intolerancia político-religiosa por parte del Estado liberal en el periodo anteriormente señalado. Se concluye que la legislación sobre política religiosa fue contradictoria durante los años 1849-1854. Esta contradicción se hace patente en el hecho de que durante los gobiernos de la llamada Revolución Liberal del medio Siglo, que propendieron implícita o explícitamente por la libertad religiosa, se ejecutaron medidas como la expulsión de los jesuitas hacia 1850. Es decir, la legislación sobre política religiosa se constituyó en un intento fallido de modernidad en el campo religioso. Palabras Claves: Tolerancia religiosa, liberalismo, siglo XIX, religión, política, Estado, pluralidad religiosa.

Religious Tolerance in Bogotá between 1849 and 1854 Abstract This article outlines the main characteristics of religious tolerance in New Granada in the period from 1849 to 1854. This work seeks to give an idea of how the concept of religious tolerance was understood during this period, as well as to discuss the particularities of the rhetoric of liberal and conservative political groups regarding the idea of tolerance in New Granada. Finally, I briefly analyze the expulsion of the Society of Jesuits around 1850 as a case of political and religious intolerance on the part of the Liberal state in the above-mentioned period. In conclusion, the legislation dealing with religious policies was contradictory during the years 1849 to 1854. This contradiction is clearly shown by the fact that during the governments of the so-called Mid-Century Liberal Revolution, who implicitly or explicitly leaned toward religious freedom, imposed measures like the expulsion of the Jesuits around 1850. That is, the legislation regarding religious policies became a failed attempt of modernity in the religious field. Keywords: Religious tolerance, Liberalism, nineteenth-century, religion, politics, state, plurality.

Artículo recibido el 6 de junio de 2005 y aprobado el 19 de septiembre de 2006.

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Tolerancia religiosa en Bogotá entre 1849 y 1854♠ Andrey Arturo Coy Sierra ●

Introducción La sociedad colombiana ha estado marcada por el peso cultural del catolicismo, lo cual no ha sido impedimento para que en distintas coyunturas históricas se haya cuestionado el espacio social de la religión católica, teniendo en cuenta que ésta ha sido la fe de la mayoría de los colombianos, 1991 ha sido una de esas ocasiones. El monopolio “legal” del espacio religioso que tenía el catolicismo, y que respaldaba la Constitución de 1886, llegó a su fin con la proclamación de la Nueva Carta constitucional de principios de los noventas, la cual declaraba que los colombianos tenían la libertad de profesar cualquier tipo de culto religioso (Artículos 18 y 19). Esta libertad religiosa o de cultos implica la convivencia y la coexistencia de diferentes creencias religiosas en un mismo espacio social y, por lo tanto, conlleva al hecho de tolerar a un “otro” religioso, y que se reciba una respuesta similar de este último. Sin embargo, cuestionar el dominio social y religioso del catolicismo en la historia del país no es un asunto de hace quince años. Entre 1849 y 1854, el Congreso de la entonces llamada Nueva Granada realizó discusiones en torno al hecho de proclamar la libertad de cultos. Esta medida, junto con otras que hacían referencia no sólo a la religión, sino también a la economía del país, al igual que al desarrollo de distintos eventos políticos que se relacionaban con el establecimiento del Estado republicano, hacen parte de lo que diferentes investigadores han dado en llamar la “Revolución liberal de Medio Siglo”, en palabras de Germán Colmenares: ♠ Este artículo es resultado de la investigación titulada Tolerancia religiosa en Bogotá y la revolución liberal de Medio Siglo (1849-1854), que se adelantó como monografía de pregrado en Historia en la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2004. ● Historiador, miembro del Grupo de Estudios Sociales de las Religiones y Creencias (GESREC), adscrito al Centro de Estudios Sociales (CES) de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente estudiante de la Maestría en Historia en la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. andreycoy@hotmail.com

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“Desde 1848 se insinúan en el país una serie de fenómenos cuya complejidad e intensidad son desconocidos hasta entonces en nuestra historia. […] En un lapso muy corto de siete años, de 1848 a 1854, ocurre una serie de acontecimientos y se introduce una variedad tan grande de reformas que las oscilaciones políticas apenas sirven para subrayar el alcance efectivo de los hechos sociales. Estas oscilaciones están netamente marcadas por el acceso del partido liberal al poder, después de doce años de un régimen más o menos autoritario; por la revolución conservadora de 1851, que se calificaba como una reacción contra los “excesos” del partido “rojo”; por el golpe militar del 17 de abril de 1854 […] finalmente, por la guerra de 1854, destinada a restablecer la legitimidad y que tuvo como consecuencia secundaria la recuperación del poder por parte de los conservadores”1.

Este periodo se constituye en el primer referente histórico de la libertad de cultos y, por ende, de la tolerancia religiosa. Hablaremos, entonces, de las visiones que sobre el tema de la tolerancia religiosa tuvieron entre 1849 y 1854 los sectores políticos liberal y conservador asentados en Bogotá . Se escogió esta ciudad por ser centro político y administrativo de la República donde se discutieron, generaron y proclamaron las disposiciones legislativas que en torno a la libertad religiosa de los neogranadinos, aplicaron los liberales a mediados de la centuria decimonónica, además de ser la ciudad donde se publicaban los principales periódicos del país. Se hace, así mismo, un análisis de la expulsión de la Compañía de Jesús en medio de una política de neutralidad religiosa del aparato estatal liberal de aquella época. Las fuentes utilizadas fueron documentos, que en algunos casos son anteriores al periodo estudiado, así como prensa del periodo en referencia. En torno a esta última, se utilizaron periódicos de distinta orientación política. La Civilización, por ejemplo, era un periódico conservador 1 COLMENARES, Germán, Partidos políticos y clases sociales, 3a ed., Bogotá, Banco de la República - Universidad del Valle - Colciencias - Tercer Mundo, 1997, p. 1. 2 Este periodo de los gobiernos de José Hilario López y José Maria Obando ha sido llamado Revolución Liberal del Medio Siglo. Según Fernán González “es un primer intento de secularización de la sociedad colombiana” que se condensa con relación al aspecto social de la religión, en la separación Iglesia-Estado del año 1853. Además de buscarse cambios en distintos aspectos de la sociedad, como la economía, a través de una política de librecambio, se pretenden eliminar las trabas de los monopolios. GONZÁLEZ, Fernán, Poderes Enfrentados. Iglesia y Estado en Colombia. Santa Fe de Bogotá: Cinep, 1997, p. 94. En relación con la economía GONZÁLEZ, Fernán, Partidos políticos y poder eclesiástico. Reseña histórica 1810-1930, Bogotá, Cinep, 1977, p. 186. Durante estos gobiernos se busca hacer realidad reformas tales como la “libertad absoluta de imprenta y palabra, libertad de enseñanza, abolición de la esclavitud, expulsión de los jesuitas, separación Iglesia-Estado, sufragio libre y directo, abolición de censos y monopolios, impuesto directo y único, juicio por jurados”, que se constituían en las bases del programa político liberal. PLATA, William, “Del catolicismo ilustrado al catolicismo tradicionalista”, en BIDEGAIN, Ana María (coord.), Historia del Cristianismo en Colombia. Corrientes y Diversidad, Bogotá, Taurus, 2004, p. 206.

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de circulación semanal que en su momento hizo oposición al gobierno de José Hilario López. Sus redactores fueron figuras políticas como Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro. El Constitucional, por el contrario, era un periódico liberal de la corriente gólgota; de tendencia antimilitarista, sus discusiones alrededor de temas como la separación Iglesia-Estado, la abolición del ejército y del federalismo, hacían parte del contenidos de varios de sus números. La Gaceta Oficial, publicación de carácter oficial, adquirió fuertes tendencias liberales en relación con la discusión alrededor de los problemas Iglesia-Estado. El Neogranadino era un periódico de tendencia liberal; hacia 1853 apoyaba la candidatura del General José María Obando. Al igual que la mayoría de las publicaciones de aquel tiempo, este periódico hacía alusión, a través de los artículos de los autores que en él escribían a temas tanto políticos como religiosos. El Catolicismo era una publicación religiosa de tendencia conservadora, y que trataba temas de tipo filosófico, político y moral . La prensa del siglo XIX se constituyó en el medio por excelencia a través del cual los diferentes grupos sociales y partidos políticos expresaron sus posiciones o sus opiniones sobre los más variados temas de la vida del país: “[…] la peculiaridad de la prensa [en este caso la de siglo XIX] radica en que constituye una fuente primaria que no sólo consigna información sino que la interpreta, la valora, la señala, la exalta o la vitupera; en suma “toma partido” [debate sobre o toma posición] frente a los sucesos ocurridos, que pueden ocurrir, o que solo existen en la imaginación, el recuerdo o el mito; es el contrapunto de la información-desinformación, […] la formulación de tesis, el impulso de candidaturas, la oposición o el respaldo a los gobiernos de turno tuvieron en la prensa su principal motor de difusión y constituyeron una lazo de unión entre las élites regionales que profesaban una misma adscripción partidista.” .

Y es en estos periódicos donde también el tema de la tolerancia religiosa se hace presente. Hablar de tolerancia religiosa, y más a mediados de siglo XIX, puede parecer un tema particularmente extraño a los ojos de muchos historiadores, ya que es posible tener la percepción de que es un tema relacionado más con nuestra historia reciente que con el lejano siglo XIX. Sin embargo, antes de mostrar que aquél no era un asunto tan ajeno para muchos de los espíritus de varios dirigentes políticos de la Nueva Granada de 3 ÁLVAREZ, Jesús y URIBE DE HINCAPIÉ, María Teresa, Índice de prensa colombiana 1840-1890. Periódicos existentes en la Biblioteca Central, Medellín, Universidad de Antioquia, Sección de Documentación, 1984, pp. 58 y 134-135. 4 Ibid., pp. 4 y 13.

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mediados del XIX, es básico dejar en claro qué se entiende hoy en día por tolerancia. ¿Por qué es relevante incluir definiciones contemporáneas de tolerancia? El término como tal no sólo hace referencia a la religión, también hace alusión, por ejemplo, a la tolerancia en sentido político, étnico, e incluso de género. El concepto en sí mismo no ha perdido vigencia en relación con el papel que pueden desarrollar los diferentes grupos religiosos en cualquier sociedad. La religión como objeto de conflicto no ha desaparecido, sólo basta con recordar los conflictos en Medio Oriente e Irlanda, los cuales han tenido además de argumentos políticos motivaciones religiosas. El convivir con “el diferente” a nivel religioso ha estado y está presente en diferentes momentos y coyunturas históricas. Autores como John Gray, Michael Walzer y Giovanni Sartori han estudiado el tema, teniendo en cuenta las variantes de significado del término “tolerancia”. Lo importante es que estos investigadores trabajan el aspecto “religioso” de la tolerancia. Para Gray, la tolerancia es percibida como un ideal de consenso racional sobre el mejor modo de vida posible. La tolerancia liberal se presenta: 1) como consenso racional buscando un prototipo de vida ideal, y 2) como una solución al problema de la coexistencia pacífica; lo que para él es un proyecto totalmente ambiguo desde el punto de vista teórico y práctico. Propone adaptar la tolerancia liberal al mundo actual, a través del proyecto de “Modus Vivendi”, en el cual la coexistencia pacífica de diferentes modos de vida [para el caso, de distintas concepciones de la vida forjadas a través de la religión], basada en el respeto, y desarrollada bajo instituciones comunes y donde las variedades de bien no se consideran síntomas de error, fortalecen la diversidad de creencias e ideales tanto en los individuos como en los grupos . Michael Walzer, por su parte, hace un análisis de la tolerancia en las diversas acepciones en las que puede ser entendida, y explica cuáles han sido los modelos de sociedades tolerantes que se han dado a través de la historia. Para Walzer la tolerancia es un estado o actitud mental que puede ser esbozada en seis variantes: 1) Aceptación resignada para mantener la paz (tolerancia religiosa durante los siglos XVI-XVII); 2) Indiferencia positiva. El mundo está constituido por un sinnúmero de visiones de la sociedad; 3) Reconocimiento de derechos, aun si éstos pudiesen ser cuestionados; 4) Curiosidad y respeto, voluntad de escuchar y aprender; 5) Admisión entusiasta de la diferencia; 6) Aprobación funcional de la diferencia, la diferencia como condición necesaria para el pleno desarrollo humano. Entre tanto, los modelos de sociedades tolerantes que han existido según Walzer son: 1) Imperios multinacionales, por ejemplo: Persia o Roma; en este tipo de sociedades existen diversas comunidades políticas, culturales o religiosas, que conservan sus estructuras de poder y costumbres bajo un código imperial que busca mantener la paz, sin importar si estas comunidades son o no tolerantes entre sí; 2) Comunidad internacional, tolerancia entre Estados, basada 5 GRAY, John, Las dos caras del liberalismo: una nueva interpretación de la tolerancia liberal, Barcelona, Paidós, 2001, pp. 11, 21, 30 y 35.

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en la soberanía, integridad territorial e independencia política verificada mediante acuerdos internacionales, teniendo como limite acciones que vayan en contra de los acuerdos humanitarios, aunque en realidad existan motivos políticos, económicos o religiosos; 3) Confederaciones, por ejemplo, Bélgica, Suiza o el Líbano; los grupos que conforman los diferentes Estados establecen los términos de su coexistencia plasmada en un acuerdo constitucional e instituciones comunes; por lo general, han convivido durante largo tiempo o han tenido que luchar de manera mancomunada frente a un poder superior; 4) Estados nacionales, un grupo social dominante organiza su vida en un espacio geográfico determinado con el objetivo de sobrevivir allí a largo plazo, donde el Estado considera a los individuos como ciudadanos en primer lugar, considerándolos luego, como miembros de una comunidad, grupo o minoría. Finalmente, 5) Sociedad de inmigrantes; la tolerancia personal es la preponderante, es decir, las versiones personales que de la religión o de la cultura puedan tener los individuos . Para Giovanni Sartori, a su turno, la tolerancia es el respeto por los valores ajenos, estimándola como una visión no-relativista y considerando que cada persona posee creencias e ideas que asume como verdaderas, así otorga a los demás la posibilidad de tener “creencias equivocadas”. La tolerancia para Sartori estaría cimentada, entonces, en tres principios básicos: 1) no permite el dogmatismo, 2) no tolera comportamientos que provoquen daños o perjuicios a la sociedad, y 3) la reciprocidad es la base de toda actitud tolerante; al ser tolerante con los demás, se espera que los demás me toleren; en otras palabras, el ser intolerantes con los otros, les da el derecho a no tolerarnos. La tolerancia es el respeto desde un punto de vista no relativista de lo que piensan, sienten o creen los demás, en un ámbito de coexistencia que fortalezca el orden social establecido. Por el contrario, la intolerancia es la imposibilidad de convivir con aquél que es diferente, es apreciar las ideas de los demás como “errores” y las propias como la Verdad absoluta, sin darse la posibilidad de conocer y examinar de manera crítica los argumentos del “otro” . Sin embargo, y teniendo en cuenta la vigencia del concepto de tolerancia religiosa, ¿qué podemos decir de la tolerancia para mediados de siglo XIX? Encontramos que en la Nueva Granada, aquélla era entendida de dos maneras. La primera era la expresada por Manuel de Jesús Quijano, en la cual se entendía la tolerancia como “tolerancia civil”, es decir, la libertad de tener la creencia religiosa que se deseara, sin que ello implicase que los individuos dejaran de cumplir con sus deberes como ciudadanos. Por lo tanto, el Estado debía reconocer la “libertad de Cultos” . Contraria a esta WALZER, Michael, Tratado sobre la tolerancia, Barcelona, Paidós, 1998, pp. 25-49 y 103. SARTORI, Giovanni, La sociedad multiétnica. Pluralismo, multiculturalismo y extranjeros, Madrid, Grupo Santillana de Ediciones, 2001, pp. 18-19. Véanse, además, pp. 41-43 y 123-124. QUIJANO, Manuel de Jesús, A la emancipación de la Iglesia Neogranadina: demostrada por la filosofía, la historia i el evangelio, Popayán, Imprenta democrática, 1850, pp. 1 y 17-19.

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definición, en un documento de autor anónimo, se registraba que la tolerancia debía ser entendida como la libertad que la Iglesia Católica debía tener con respecto a la intromisión del gobierno en los asuntos eclesiásticos. En otras palabras, reclamaban la no-intervención del Estado en los negocios de la Iglesia, pero sin que la debida protección a la religión católica fuera menoscabada, argumentando que la Iglesia era libre por derecho propio . En este contexto deben ser entendidas las posiciones que hacia mediados de siglo XIX se presentaron alrededor del tema de la libertad de cultos. Por lo demás, hacia 1849 con la llegada al poder del partido liberal, medidas tendientes a la tolerancia de cultos comenzaron a tener cabida en la legislación neogranadina de aquel momento.

1. Reformas liberales a mediados de siglo XIX. La legislación en torno a la religión y a la modernidad religiosa. Las disposiciones que los dirigentes liberales comenzaron a implementar desde 1849, se deben interpretar en torno al programa político que el recién fundado partido liberal puso de manifiesto hacia 184810. En el siglo XIX, las élites políticas liberal y conservadora buscaron establecer distintos proyectos de Estado nación11. Dichas propuestas tenían una percepción diferente de la sociedad y del hombre. Mientras el proyecto liberal basaba su fuerza en el papel que el individuo como ciudadano pudiera tener en la construcción de una nueva sociedad, el programa conservador cimentaba su propuesta en el espacio que los diferentes tipos de comunidades, corporaciones e instituciones tradicionales (por ejemplo la Iglesia) pudieran tener en la puesta en marcha de un Estado nacional, donde el poder de aquéllas sumado al elemento religioso de la confesionalidad constituyeran las bases del poder estatal. El proyecto liberal llevó a cabo reformas como la separación Iglesia-Estado, la libertad de prensa, de palabra, de cultos y conciencia, de enseñanza, las cuales pretendían disminuir el papel y el poder social de la Iglesia católica en la Nueva Granada. Estas disposiciones junto a medidas como la abolición de la esclavitud y de los resguardos indígenas, así como la institución del matrimonio civil y el sufragio universal son muestra de una nueva visión de la sociedad12. Exposición católica o principios i reglas de conducta de los católicos en la situación actual de la iglesia granadina, Bogotá, Imprenta Torres Amaya por Carlos López, pp. 3-4. 10 PLATA, William, op. cit. 11 Tanto el partido liberal como el conservador promovieron sus proyectos, a través de la politización de la población neogranadina, hecha por intermedio de diferentes tipos de asociaciones democráticas, de fraternidad cristiana o filotémicas. Marco Palacios en prólogo hecho a la obra de Frédéric Martínez da a entender cómo las medidas liberales resquebrajaron tres fundamentos claves para gobernar: Estado central, ejército e Iglesia. MARTÍNEZ, Frédéric, El Nacionalismo cosmopolita. La referencia europea en la construcción nacional en Colombia 18451900, Bogotá, Banco de la República - Instituto Francés de Estudios Andinos, 2001, pp. 15, 35, 45 y 69. 12 Ibid. pp. 48, 66 y 70.

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Una de las formas de ganar el apoyo de la gente del común era sin duda la posición política que se asumía a propósito del lugar que la Iglesia debía tener en la sociedad. Los conservadores se veían favorecidos en este aspecto, debido a su defensa de las prerrogativas que siempre habían concedido a la religión católica. Ésta se constituía en uno de los pocos elementos integradores de la sociedad neogranadina, además de ser para aquéllos un factor primordial en el mantenimiento del orden social. Los liberales, por su parte, creían que la Iglesia debía de estar del lado del Estado, como ocurrió durante el régimen colonial entre la Corona española y aquélla. Pero si esto no era posible, era mejor establecer la tolerancia religiosa bajo un estado de separación de potestades13. El mantenimiento de la relación Iglesia-Estado por la que abogaban los conservadores hacia mediados de siglo XIX estaba fortalecida por un contexto de fuerte unidad entre el poder espiritual y temporal. A principios de la centuria decimonónica, esta unidad se tradujo en el mantenimiento de forma implícita del antiguo Patronato, ahora en manos del Estado republicano14. Como afirma Ricardo Arias, el patronato fue interpretado por tanto por la dirigencia latinoamericana, como por la Santa Sede de manera diferente. Para los dirigentes latinoamericanos, la independencia no marca ningún cambio en la concepción del patronato, la Iglesia se debe mantener bajo la tutela del Estado. Por su parte, la Iglesia católica, con Roma a la cabeza, visualizaba que el patronato establecido con la Corona española se acababa con el proceso de Independencia. La tirante relación entre la Iglesia y el Estado, allanó el camino para que no sólo la Iglesia neogranadina, sino posteriormente el resto de iglesias latinoamericanas volviese su mirada a la ciudad eterna15. 13 Tanto conservadores como liberales buscaron legitimidad política en los discursos europeos. Los argumentos políticos para reafirmar sus propuestas tenían como fuentes o ejemplos recurrentes, lo que sucedía en Francia, Inglaterra y los Estados Unidos. Ibid., p. 75. 14 Valga recordar que no sólo el patronato fortalecía el papel de la Iglesia. De distintas tendencias políticas clérigos como Andrés María Rosillo, Francisco Margallo, Manuel María Alaix, Juan Nepomuceno Azuero, Nicolás Cuervo, y otros más, se constituyeron en figuras políticas importantes de la sociedad neogranadina de principios y mediados de siglo XIX, ya fuera a través de sus obras o de su participación en estamentos gubernamentales. PLATA, William, op. cit., pp. 184-185, 207. Ver además BORDA, José Joaquín, Historia de la Compañía de Jesús en Nueva Granada, 2 Vols, Poissy, Imp de S. Lejay, 1872, pp. 212-213 y 215. 15 ARIAS, Ricardo, El episcopado colombiano: intransigencia y laicidad (1850-2000), Bogotá, Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales - CESO - Ediciones Uniandes - Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2003, p. 33. El gobierno siguió ejerciendo las funciones propias del Patronato, tenía el derecho de presentación de candidatos para ocupar sillas episcopales, además de intervenir en la divulgación de documentos pontificios, así como, en la movilidad de altos funcionarios eclesiásticos, de erigir diócesis y administrar las rentas del clero, etc. Las implicaciones políticas que tenía conceder este derecho por parte de la Santa Sede a la Nueva Granada no eran fáciles de resolver; en sí, otorgar el Patronato implicaba el reconocimiento oficial de la Nueva Granada como nación independiente. Fue sólo hasta 1836, durante el pontificado de Gregorio XVI, que se obtuvo tal reconocimiento. PLATA, William, op. cit., p. 194.

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Con relación a las medidas de tipo religioso llevadas a cabo a mediados de siglo XIX, y en consideración a lo expresado por Arias, éstas se podrían entender bajo un contexto de implantación de un Estado laico en la Nueva Granada, es decir, de la delimitación de la influencia social de la religión católica a través de disposiciones legislativas como la separación Iglesia-Estado16. Podríamos hablar, entonces, de modernidad, modernidad en sentido religioso. El ciudadano estaría en total y plena libertad de escoger las creencias que a su entender le pareciesen las más convenientes para su vida. En este caso, la definición que da Consuelo Corredor de modernidad y modernización se podría adaptar al aspecto social de la religión, para entender como se pueden analizar las disposiciones que el gobierno liberal tomo con respecto a la Iglesia. “Entiendo modernidad como el proceso social de construcción de actores sociales liberados de la sacralización del mundo, o mejor, de actores provistos de una visión secular del mundo y por consiguiente, con capacidad para actuar sobre el mismo”17. Es decir, proveerse de esta visión desacralizada o secular es lo que podríamos entender por modernidad religiosa. Sin embargo, la modernidad no viene sola: la modernización, por lo general, complementa a la primera. Aquí modernización estaría comprendida como “el proceso de mutación del orden social inducido por transformaciones derivadas del desarrollo de la ciencia y la técnica”18. Aplicando esta definición a la posición de los liberales frente al problema religioso, podríamos entender por modernización religiosa las transformaciones o cambios que se buscaban, en este caso, a través de leyes, decretos, y artículos constitucionales. Esta definición de modernización no se agota con la ley, ni se restringe sólo a ella; también se podría extender al papel de la prensa y de la educación; sólo se reitera que la legislación de mediados de siglo tenía como fin establecer la libertad de cultos y el libre ejercicio de cualquier religión en el marco de un Estado neutral o no confesional. Leyes que buscaban un cambio o mutación de valores tradicionales por valores modernos y democráticos, entre ellos la tolerancia religiosa19. La idea que se quiere transmitir, entonces, es que a pesar de que el Estado liberal estableció las leyes (es decir la modernización religiosa) para que la libertad de cultos y la tolerancia religiosa tuvieran arraigo en el país (modernidad 16 17 18 19

ARIAS, Ricardo, op. cit., p. 44. CORREDOR, Consuelo, Los límites de la modernización, Bogotá, Cinep, 1992, p. 51. Ibid. En este sentido, algunos podrían cuestionar la neutralidad religiosa del Estado liberal hacia 1853, sin embargo, esta se fundamenta en el artículo 5º de la constitución de dicho año, y en la misma ley de separación Iglesia-Estado, neutralidad que la Constitución de 1863 corroboró siendo aún más explicita a través de artículos referentes a temas tales como la libertad religiosa, inspección de cultos, prohibición de contribuciones a las iglesias e incapacidad para adquirir bienes por parte de las comunidades religiosas. A pesar de que la Constitución de 1853 fue proclamada “En el nombre de Dios, legislador del Universo, y autoridad del pueblo”, y la de 1863 en nombre del pueblo y no de Dios, la de 1853 sólo corroboraba el carácter cristiano de la sociedad neogranadina. La confesionalidad religiosa del Estado estaría determinada por la protección que se diera a la Religión católica como la oficial de la Nueva Granada. En torno a la Constitución de 1863. ARIAS, Ricardo, op. cit., p. 35.

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religiosa) y se convirtieran en valores positivos para la sociedad neogranadina de mitad de siglo XIX, dicho objetivo no se consiguió, ya que éstas harían parte de un proceso, en sentido amplio, de modernidad social. La modernidad religiosa choca, entonces, con la institución eclesiástica, que no está dispuesta a perder sus derechos, ni su influencia política, ideológica y cultural. Para la Iglesia, lo ideal es establecer un orden cristiano, el cual no transe con el error20. La intransigencia es su respuesta al anticlericalismo liberal, y no sólo en la Nueva Granada. Aquélla se basó en la tendencia ultramontana irradiada desde Roma, en la cual la institución eclesiástica era percibida como una “sociedad perfecta”, unida a la Santa Sede, y que seguía fielmente las directrices marcadas por Roma, tanto en dogma, como en el papel que debía tener en la sociedad, y que se traducía en la lucha contra las ideas modernas. La iglesia ve en el liberalismo al enemigo que cuestiona su poder “material” e “ideológico”. Como lo reseña José David Cortés “[…] la visión de la institución eclesiástica era un mundo donde primaba el poder espiritual sobre el político y la fe sobre la modernidad y la secularización”21. La relación entre liberalismo y catolicismo es de oposición de dos visiones del mundo, que para el siglo XIX se ven delineadas por la mutua intransigencia. Es el conflicto entre modernidad e intransigencia, enfrentamiento que se decanta a favor de la segunda. La modernidad liberal, que había buscado a través del establecimiento de distintas leyes (que afectaban la religión, así como la economía y la política) el cambio de una mentalidad tradicional por el de una mentalidad de libertad y progreso, de igualdad, no se hace realidad. Como lo afirma Ricardo Arias “La modernidad prometida no se vislumbra por ninguna parte”. La no efectividad del proyecto liberal se ve en gran parte justificada por la cultura. Para extender nuevos valores sociales (como lo es la libertad de cultos y de conciencia), la educación cumple un papel fundamental. El liberalismo buscó dominar el estamento educativo, sin embargo, en el siglo XIX se mantuvo bajo la esfera de influencia de la Iglesia, no sólo por la competencia que representaba en sí misma la calidad de los establecimientos católicos frente a los laicos, sino porque la familia, núcleo de la sociedad, ayudaba al mantenimiento y transmisión de valores católicos y tradicionales. Otro de los puntos para resaltar es la oposición del sector clerical de la sociedad frente al proyecto liberal. A pesar de los embates de las reformas liberales de mitad de siglo, el catolicismo neogranadino se vio fortalecido por la influencia del ultramontanismo, que le permitió hacer frente al liberalismo decimonónico. La expresión de las ideas católicas, no sólo a través del pulpito (que consecuentemente ayudaba a mantener la cultura católica de la gran mayoría de la población), sino también a través de la prensa, fueron minando poco a poco el proyecto liberal. La ambigüedad de las actitudes de los liberales con relación a las medidas que buscaban un cambio en la mentalidad 20 Ibid., p. 17. 21 PLATA, William, op. cit., pp. 189-190, y CORTÉS GUERRERO, José David, Las mentalidades sobre las relaciones de la institución eclesiástica con el Estado y los partidos políticos en la sociedad colombiana decimonónica. 1849-1880, ajuste informe final de investigación Fundación para la Promoción de la Investigación y la Tecnología, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2001, p. 140.

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religiosa de los neogranadinos de mitad de siglo XIX, también hace parte de las contradicciones del liberalismo de aquel momento. El proyecto religioso liberal de la época mencionada, busca “la construcción de un espacio público en el que debe primar la libertad de conciencia, máxima expresión del carácter revolucionario de la laicidad”, pero como lo resalta Arias “ateniéndonos al sentido tradicional de “laicidad”, que ve en ella tan sólo un proceso que debe conducir a la perdida de influencia del clero, resulta evidente que la reforma religiosa emprendida por el gobierno no consigue ese objetivo”22. Dicha intención de hacer que el clero perdiera poder, se busca a través de leyes o medidas que desde 1849 se van presentando en forma progresiva. La promulgación de disposiciones como la Ley del 20 de abril y el decreto de 18 de mayo de 1850, así como las leyes del 9, 14 y 27 de mayo de 1851, y del 20 de julio de 1853, establecieron la cesión de diezmos a las provincias23, la derogación de los derechos de estola, la prohibición del funcionamiento de la Compañía de Jesús; al igual que la eliminación del fuero eclesiástico, la elección de párrocos por parte del cabildo municipal y la proclamación del matrimonio civil y el divorcio. Estas disposiciones se constituían en medidas que buscaban influir en la posición económica, política y social de la Iglesia24. La Ley más importante entre las decretadas fue la del 15 de junio de 1853 que estableció la separación de los dominios civil y eclesiástico, es decir, la separación Iglesia-Estado25, sancionada por el sucesor de José Hilario López en la presidencia: el general liberal José María Obando. Como bien lo expresa Ricardo Arias, hacia 1853 el intento de establecer un Estado laico26 fracasó, entre otros factores, debido a que los políticos liberales, a pesar de sus ideas laicas no las practicaron como ciudadanos27. En el caso de la tolerancia para el periodo 1849-1854, la efectiva o real 22 ARIAS, Ricardo, op. cit., p. 46. 23 El diezmo lo daban los propietarios rurales, radicaba en dar la décima parte de sus ingresos a la Iglesia, en este caso el recaudador era el Estado debido a la práctica del Patronato. TURRIAGO ROJAS, Daniel, La expulsión de los jesuitas de la Nueva Granada en 1850, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Filosofía y Letras, 1980, p. 11. 24 PLATA, William, op. cit., pp. 216-221. 25 Consistía en el fin de las intervenciones que entre sí hacían las esferas política y eclesiástica, estableciéndose, entonces, las reglas a seguir en cada uno de los ámbitos que eran de competencia de cada una de éstas. TIRADO MEJÍA, Álvaro, “El Estado y la política en el siglo XIX”, en Nueva Historia de Colombia, t. II, Bogotá, Editorial Planeta, 1978, p. 169. 26 Para Émile Poulat, la laicidad es más que la lucha entre el Estado y la religión por el control de la sociedad. Es el compromiso para asegurar el ejercicio de las libertades del individuo, más allá de la neutralidad del Estado y de la escuela ante el papel social de la religión o de la separación entre Estado e Iglesias. Véase ARIAS, Ricardo, op. cit., p. 18. 27 Ibid., p. 24. “[…] el fracaso de ese primer proyecto laico [que Arias trabaja entre 1850-1934, y que, por lo tanto, alcanza a abarcar el microperiodo 1949-1954] se explica por la oposición de los sectores clericales, para los cuales no era posible transar con los enemigos de la religión. Pero también […] la conducta de quienes decían representar las banderas de la laicidad tampoco favoreció el desarrollo de esta política: el comportamiento de

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era la que se podía practicar con el catolicismo, es decir, la tolerancia que el Estado liberal podía tener para con la Iglesia Católica. Por otra parte, también se pretendía que la tolerancia fuera contemplada con los ciudadanos extranjeros protestantes. La diferencia radicaba en que éstos carecieron de una institución eclesiástica durante la primera mitad del siglo XIX (la llegada de la primera iglesia protestante como tal, se da hacia 1856 con el arribo de la Iglesia presbiteriana); si se debía practicar la tolerancia no era hacía iglesias protestantes, sino hacia aquellos extranjeros que profesaran uno de los cultos que hacían parte del protestantismo. Sin embargo, la tolerancia por parte del catolicismo hacia cualquier otra denominación religiosa, representaba una idea que hasta este momento había sido poco considerada. Por otra parte, durante la primera mitad de la centuria decimonónica el catolicismo era la doctrina que llenaba el espacio social neogranadino. En este periodo, la idea de tolerancia con aquellos no católicos comenzó a debatirse en torno a un grupo social particular: los extranjeros.

2. La inmigración de extranjeros no católicos a la Nueva Granada Durante la primera mitad del siglo XIX, en la Nueva Granada se quiso, desde una perspectiva liberal, abrir espacio a la tolerancia religiosa, debido al interés por fomentar la inmigración extranjera con los propósitos: primero, de modernizar la sociedad, entendida esta expresión como la posibilidad de acceder, discutir y criticar todo tipo de ideas e ideologías, incluidas las religiosas, y, segundo, de fortalecer lazos con las potencias económicas del momento. Tanto los Estados Unidos como Gran Bretaña tenían mayoría de población protestante, y para estos países era indispensable que los derechos de sus ciudadanos, incluido el de libertad de cultos, fuera garantizado en cualquier otro lugar del mundo. En el caso de la Nueva Granada, los tratados comerciales firmados con estas naciones contemplaban la garantía al ejercicio de este derecho. El Tratado con Gran Bretaña, firmado en 1825, rezaba en su artículo 12 lo siguiente: “Asimismo los súbditos de Su Majestad Británica residentes en los territorios de Colombia, gozaran de la mas perfecta y entera seguridad de conciencia, sin quedar por ello expuestos a ser molestados, inquietados o perturbados en razón de su creencia religiosa, ni en los ejercicios propios de su religión, con tal que lo hagan en casas privadas y con el decoro debido al culto divino, respetando las leyes, usos y costumbres establecidas”28. los radicales, siempre fue, en efecto bastante ambiguo, plagado de contradicciones y concesiones al código social dominante”. Ibid., p. 117. 28 Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia desde el año de 1821, hecha conforme a la ley 13 de 1912, por la Sala de Negocios Generales del Consejo de Estado, t. II, Años 1825 y 1826, pp. 181-187.

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Por su parte, en el Tratado suscrito con los Estados Unidos, firmado en 1824, se declaraba lo siguiente: “Artículo 11. Se conviene igualmente, en que las partes contratantes gocen de la más perfecta y entera seguridad de conciencia en los países sujetos a la jurisdicción de una u otra sin quedar por ello a ser inquietados o molestados en razón de su creencia religiosa, mientras respeten las leyes y usos establecidos”29.

Además de estos acuerdos o tratados, hacia 1847 se presentó un plan de inmigración extranjera. Establecer lazos comerciales que animaran la afluencia de europeos y norteamericanos (en especial de agricultores, mineros y artesanos) era el objetivo de dicho plan, dentro del cual se contemplaba la profesión de fe de los foráneos. Sin embargo, este plan como otros que el gobierno nacional quiso llevar a cabo, fracasó debido a la falta de recursos30. Teniendo en cuenta las disposiciones frente a los extranjeros no católicos, a mediados de siglo XIX, las posiciones en torno a la tolerancia de cultos en diversos grupos sociales y políticos adquirieron cada vez mayor importancia, agregándosele, por decirlo de alguna manera, un elemento particular: la extensión del derecho de libertad de cultos para ser ejercido por los neogranadinos.

3. Posiciones liberal y católica en relación con la tolerancia religiosa Dejando en claro la relevancia del tema hacia mediados del siglo XIX, la discusión de proyectos de ley en torno al aspecto social de la religión por parte de los diferentes actores políticos permitió que éstos elaboraran sus propias percepciones en relación con el problema de la tolerancia. Sus ideas sobre este asunto fueron difundidas a través de distintos documentos. Los escritos a favor de la tolerancia31 tenían como características particulares el reconocimiento de la libertad de conciencia y de culto, es decir, el derecho de libertad religiosa, esto en referencia a los extranjeros no católicos. El alcance de esta medida residía en que el comercio y la industria se veían favorecidos no sólo por la libertad 29 Ibid. 30 Colección de documentos sobre inmigración de extranjeros: reimpresos de la Gaceta de la Nueva Granada, no. 611 de setiembre de 1847, Bogotá, Imprenta de J. A. Cualla, 1847, pp. 3-4. Ver en relación con recursos destinados a inmigración. MARTÍNEZ, Frédéric, op. cit., p. 61. 31 En relación con los artículos a favor de la tolerancia véase: “Comercio”, en La Miscelánea, Bogotá, 20 de noviembre de 1825, pp. 37-39; “Tolerancia”, en La Miscelánea, Bogotá, 9 de octubre de 1825, pp. 15-16; “Tolerancia”, en Correo de la Razón, Bogotá, agosto de 1839, Imprenta de J. A. Cualla, pp. 2-3; “Sobre la ley de inmigración.”, en El Constitucional, Bogotá, 18 de agosto de 1825, p. 2.

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de comerciar, sino también por la necesidad de aumentar la población de un territorio poco habitado y explorado como lo era entonces la Nueva Granada. Se buscaba procurar lazos comerciales importantes con el fin de afianzar su entrada al comercio internacional. La actividad comercial urgía cultivar contactos y relaciones sociales con individuos no católicos. Era relevante, por tanto, que los inmigrantes tuvieran la oportunidad de construir templos y oficiar cultos: “Diseminados cerca de tres millones de habitantes en una extensión de casi 92 mil lenguas cuadradas sin industria y capitales, la necesidad y justicia han dictado leyes sobre inmigración: por ellas convidamos a todas las naciones de la tierra, y particularmente las de Europa, para que en vez de esclavitud, oprobio y muerte que nos trajo una de ellas, naturalicen todas en nuestro suelo su industria, su riquezas, su población y los conocimientos que han adquirido en tantos siglos de una costosa lucha intelectual; pero en vano les llamamos, […] El comercio que pone en contacto y comunicación a los hombres, que estrecha sus relaciones sociales, y que las une a las naciones por lazos de utilidad reciproca, es esencialmente opuesto a la intolerancia, que por el contrario, aísla los individuos, introduce la discordia en el seno mismo de la paz y decreta el aniquilamiento y destrucción del mundo entero. Si queremos morigerar nuestra población, que esta crezca rápidamente, que cien pabellones diversos tremolen en nuestros puertos, y que veamos en ellos los productos de toda la tierra, no cesaremos de repetirlo, es necesaria la tolerancia, la libertad de cultos, y el respeto a las opiniones ajenas”32.

Eso sí, resaltando la importancia de mantener el orden social: “Con frecuencia se escuchan entre nosotros amargas diatribas cuyo blanco son las buenas leyes que ofrecen a las personas que por desgracia no nacieron en el gremio de los fieles […] Si nosotros creemos o porque Dios se digno de ilustrarnos, o porque tuvimos la inmensa dicha de encontrar al nacer la verdad sin necesidad de buscarla, nuestros votos deberán ser porque se ilustren aquellos que no creen o que están sentados en las tinieblas del error. Pero entre tanto dejemolos vivir en paz, que cada cual responda por su alma, y pues que el orden de la sociedad, el estado de los ciudadanos, el buen destino de nuestra patria son bienes que pueden conseguirse sufriendo los errores de otros así como Dios los sufre, no turbemos su tranquilidad mientras ellos no turben la del estado, y confesemos de buena fe que si hay un tolerantismo vituperable es aquel que se tiene por los intolerantes”33. 32 “Comercio”, en La Miscelánea, Bogotá, 20 de noviembre de 1825, pp. 37-39. 33 “Tolerancia”, en La Miscelánea, Bogotá, 9 de octubre de 1825, pp. 15-16.

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Por su parte, los ensayos en contra de la tolerancia se identificaron por el acento puesto en el carácter dogmático del asunto. Los autores de estos escritos se declaraban católicos y apreciaban la tolerancia como el hecho de soportar un mal. En muchos casos afianzaban su punto de vista utilizando pasajes bíblicos con el fin de corroborar su posición. Era de por sí, para ellos, una batalla contra la herejía, la mentira, las tinieblas, el error. Ser tolerantes era negar el ser católicos. En este sentido, muchos clérigos y laicos tenían un enfoque claro en relación con el problema de la inmigración de extranjeros no católicos; ésta no era indispensable, por lo tanto la libertad de cultos tampoco lo era. En el hipotético caso de la llegada en grandes proporciones de inmigrantes, probablemente no sería por motivos religiosos, sino por intereses comerciales y/o personales34. Aquéllos que estaban en contra de la tolerancia afirmaban: “Luego mucho menos nos puede ser permitida la divercidad de cultos ó falsas deidades á la presencia y vista del único y verdadero Dios que nosotros los católicos, apostólicos, romanos reconocemos y adoramos. […] Yo me acuerdo que el principal fundamento que se les proponía á los pueblos para unirse á formar nuestra independencia y libertad de gobierno que nos dominaba fue el de conservar la religión católica, apostólica, romana en toda su pureza: bajo este principio abrazaron todos el nuevo sistema de nuestra independencia y libertad; […] porque, no nos engañemos, semejante novedad de tolerancia se opone directamente al dogma, a las reglas, y máximas del evangelio […]”35

y en torno a medidas que fomentaban el establecimiento de la tolerancia de cultos, declaraban: “[…] es mui digno de advertir que siendo el objeto de toda lei la felicidad, seguridad, i prosperidad de los ciudadanos, nosotros no vemos en la que se pretende sobre libertad de cultos [en este caso, proyecto de tolerancia de cultos de 1934] la menor ventaja, i si todos los males de contrario […] 34 En relación con los artículos en contra de la tolerancia véase: Contra el tolerantismo en material de religión, Bogotá, Imprenta de Espinosa, por Valentín Rodríguez Molano, 1824, 8 pp. (Biblioteca Nacional de Colombia, Sala Daniel Samper); PADILLA, Diego Francisco, Diálogo entre un cura y un feligrés del pueblo de Bojaca, sobre el párrafo inserto en la Gaceta de Caracas, tomo 1, num. 20 martes 19 de febrero de 1811, sobre la tolerancia, Santa fe de Bogotá, Imprenta de Bruno Espinosa de los Monteros, 1811, 29 pp. (Biblioteca Nacional de Colombia, Fondo Antiguo); ROSILLO, Andrés María, Exposición que los eclesiásticos del pueblo bogotano, que suscriben, hacen contra el proyecto de tolerancia de cultos en la Nueva Granada, Bogotá, Imprenta de N. Lora, 1834, ff. 463 r-v y 464 r-v. (Biblioteca Nacional de Colombia, Fondo Antiguo) y SAN MIGUEL, José Ignacio, Carta de contestación, dirijida al señor Doctor D.T. En que hablo de la tolerancia y del estado actual del país, agricultura comercio y bellas artes de que somos poseedores los hijos de la Nueva Granada, Bogotá, Ed. Salazar, 1832, ff. 718 y 719 r-v. (Biblioteca Nacional de Colombia, Sala Daniel Samper). 35 Ibid.

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Si es para traernos extranjeros, (i este es todo el Aquiles sobre empresarios vendrían sin necesidad de culto público, conducidos por su propio interés, como han venido los que hai entre nosotros, i a ecepción de algún fanático entusiasta, ningún estranjero vendrá á buscar templos o sinagogas donde orar […] cada uno viene solo por su propio interés […] El sólido principio para poblar un Estado, es proporcionar ocupación, comodidades, i sobre todo seguridad á sus habitantes, así es que la población estranjera, solo debe ser un recurso momentáneo […] la tolerancia es siempre de algún mal: el bien se aprueba, lo indiferente se permite. Más querer tolerar el mal cuando todavía no existe ó no esta hecho (hablando paladinamente) es desear que exista, ó que se haga…. de aquí se deduce que el jenuino significado de la palabra intolerancia, que es el término opuesto, sólo significa en nuestro caso, no desear, ó no querer que se introduzca en un pueblo universalmente católico el mal que infaliblemente trae consigo la libertad de cultos”36.

Varios políticos liberales concebían el que se fomentara la libertad de cultos como forma de establecer un entorno de tolerancia; buscaban establecer la libertad en todo el sentido de la palabra, es decir, libertad individual, libertad de pensamiento, libertad de prensa, libertad de comercio, y libertad religiosa y de conciencia. Para los liberales, ser tolerantes era ejemplo de ser gentes civilizadas37. Se puede decir que la visión del liberalismo en relación con la tolerancia se fundaba en los conceptos de neutralidad religiosa y tolerancia interconfesional. El liberalismo sentaba su posición en la separación de potestades, propendía por que el Estado no adoptase, ni se suscribiera a alguna fe en especial: “¿Para que buscar apoyos al cristianismo en la lejislación i en la conducta oficial de los gobernantes? Semejante pretensión es solo digna de los gobiernos que quieren velar el despotismo i el crimen, con el manto sagrado de las creencias relijiosas del pueblo. El Gobierno, como entidad política, no tiene religión”38.

En consecuencia: “Conforme a los buenos principios de la lejislación, las leyes deben tolerar i proteger el ejercicio de todas las relijiones, i la nación no debe sostener ni mantener el culto de ninguna”39. 36 ROSILLO, Andrés María, Exposición que los eclesiásticos del pueblo bogotano, que suscriben, hacen contra el proyecto de tolerancia de cultos en la Nueva Granada, Bogotá, Imprenta de N. Lora, 1834, ff. 463 r-v y 464 r-v. (Biblioteca Nacional de Colombia. Fondo Antiguo). 37 El Neogranadino, Bogotá, 18 de agosto de 1853, pp. 296-297. 38 “La fe gólgota”, en El Constitucional, Bogotá, 28 de octubre de 1853, sin página. La cursiva es mía. 39 “Discurso pronunciado por el joven Antonio de J. Rei, en la tribuna de la `Escuela Republicana´”, en La Reforma, Bogotá, 31 de agosto de 1851, sin página. La cursiva es mía.

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Era el Estado el que debía instituir normas que reglamentaran la interacción entre las distintas creencias religiosas, y en las cuales cimentar la estabilidad social del país40. La tolerancia era garante de la paz social y del orden público para el liberalismo. Cabe anotar que si los liberales tomaron fuertes medidas anticlericales, no desertaron de la fe católica; el hecho de que se buscara promulgar la tolerancia de cultos, al parecer no los hacía menos católicos, ni fue motivo para renunciar al catolicismo. La coexistencia y convivencia de distintos credos debía presentarse bajo la noción de libertad e igualdad de condiciones, más allá de la intransigencia dogmática que cada credo o confesión religiosa pudiera expresar41. Por el contrario, para distintos políticos conservadores (que a su vez eran católicos) y para diferentes componentes de la jerarquía católica capitalina el sentido dado a la tolerancia era claro: llevar con paciencia, soportar. El principio para mantener el orden social en la Nueva Granada no era la tolerancia, sino la religión42. Todo esto no quiere decir que no existieran posiciones divergentes en el catolicismo. Con la separación de potestades se generaron distintos puntos de vista: de un lado, se defendía reconocer a la religión católica como religión oficial de la Nueva Granada; de otro lado, no se desechaba la independencia total de aquélla de la administración neogranadina43. Como tercera opción, se presentaba la protección que podía ofrecer el Estado a la Iglesia. Al parecer, esta última idea no tenía mucha recepción, debido a que si el Estado podía hacer efectiva la protección que ofrecía tal como quería la Iglesia católica, también se podía presentar que el gobierno neogranadino interfiriera en cualquier cuestión que fuera de competencia propia del poder clerical. Los diferentes puntos de vista de los clérigos se tradujeron, en la primera mitad del siglo XIX, en dos tendencias claramente diferenciables: católicos liberales y católicos tradicionalistas. Los primeros postulaban la idea de la libertad del individuo de creer, y que éste no fuera obligado a aceptar alguna religión que no quisiera. Muchos de ellos estaban de acuerdo con la libertad de cultos y buscaban un cristianismo que, en la práctica, se acercara a aquél de los inicios de la historia de la Iglesia. Además, consideraban que el clérigo no debía participar en cuestiones profanas como la política, sino que debía enfocarse hacia el cuidado de su respectiva grey. Algunos eclesiásticos liberales y católicos tradicionalistas defendían, por su parte, la intervención del clero en los asuntos políticos de la Nueva Granada. Sin embargo, en el caso de estos últimos, a medida que se fueron instaurando medidas anticlericales, su posición se fue modificando. En lugar de la participación en política, la vía fue volver los ojos a Roma y a sus postulados. La no intervención en los negocios de este mundo y el fortalecimiento de las cualidades propias de un sacerdote, tales 40 “La fe gólgota”, en El Constitucional, Bogotá, 28 de octubre de 1853, sin página. 41 En relación con los fundamentos liberales de la tolerancia, véase, SOLAR CAYON, José Ignacio, La teoría de la tolerancia en John Locke, Madrid, Universidad Carlos III de Madrid, Dykinson, 1997, pp. 195-196. 42 “La Iglesia i El Estado”, en El Catolicismo, Bogotá, 15 de mayo de 1851, p. 317. ÁLVAREZ, Jesús y URIBE DE HINCAPIÉ, María Teresa, Poderes y Regiones: problemas en la constitución de la Nación colombiana, Medellín, Universidad de Antioquia, Departamento de Publicaciones, 1997, p. 48. 43 “La Iglesia i El Estado”, en El Catolicismo, Bogotá, 1 de junio de 1851, p. 326.

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como la sencillez y la castidad, hacían parte de la actitud social propia de un eclesiástico tradicionalista44. La tolerancia religiosa era percibida como manifestación de desprecio y de indiferencia del ser humano por la Verdad, especialmente en un país donde la religión católica era la preponderante45. Los católicos neogranadinos admitían la tolerancia religiosa sólo por razones inmigratorias, es decir, consentían la presencia de un “otro” religioso por razones políticas y económicas. La Iglesia no toleraba entonces las manifestaciones públicas de una fe diferente a la católica. Este panorama de ideas era el que se presentaba hacia mediados del siglo XIX. Por otra parte, hacia 1850 y a pesar de que las medidas del gobierno liberal procuraron establecer un contexto de tolerancia religiosa y libertad de cultos en el país, se produjo un hecho contradictorio en relación con este ambiente de “libertad religiosa”: la expulsión de la Compañía de Jesús.

4. La expulsión de los jesuitas: un caso de intolerancia político-religiosa Con el fin de disminuir la influencia de la Iglesia Católica en la sociedad neogranadina de mediados de siglo XIX, el Estado liberal vio conveniente la expulsión de la Compañía de Jesús en 1850, ya que, desde su restauración en 1814, hacía parte del proceso de romanización y ultramontanismo que a lo largo del siglo se fue modelando y que afectaría a la institución eclesiástica durante toda la centuria decimonónica; visión que, como hemos visto, era la antítesis del liberalismo46. La expulsión de los jesuitas se comenzó a discutir desde 1849. Publicaciones como El Día, La Civilización y El Neogranadino hicieron distintos pronunciamientos sobre el tema. El Día apoyaba la permanencia de la Compañía de Jesús, argumentando este enfoque en la libertad de cultos. Si el gobierno del entonces presidente José Hilario López era tolerante, iba a observar el libre ejercicio de cualquier culto religioso. Si se daba la expulsión de la Compañía, se estaba siendo intolerante no sólo con los jesuitas, sino también con la religión católica en general47. La Civilización participaba de esta posición, no conceder tolerancia a los jesuitas se debía hacer a través de argumentaciones sólidas y contundentes. Si aquello que se rechazaba era lo suficientemente fuerte como para mantener su posición en la sociedad, era porque no era un peligro para ésta o porque faltaba la suficiente cultura para cuestionar aquello que no se deseaba48. 44 45 46 47 48

PLATA, William, op. cit., p. 186. “La Constitución y la Iglesia. Artículo Tercero”, en La Religión, Bogotá, 24 de junio de 1853, pp. 95-96. CORTÉS GUERRERO, José David, op. cit., p. 17. El Día, Bogotá, 22 de mayo de 1850, p. 1. RESTREPO, Venancio, “El destierro de los Jesuitas, i la tolerancia”, en La Civilización, Bogotá, 27 de junio de 1850, pp. 177-178.

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En contraste, El Neogranadino estaba a favor de la expulsión. Empero posición, este periódico liberal tenía claro cuál era su noción de tolerancia en el sentido de aceptar todas las opiniones políticas o religiosas. Tolerancia era “el respeto que debemos a la libertad de los demás”; hacer pleno uso de la libertad era respetar los derechos de los demás, así como éstos debían respetar los propios. Tanto para las relaciones interpersonales como para las relaciones entre corporaciones, entre Estado e individuos, y del Estado para con los individuos y las corporaciones, operaba este principio; no obstante, cuando el Estado viera que una minoría podía cuestionar implícita o explícitamente su poder, el estamento oficial podía expulsar a dicha minoría o grupo de su sociedad; por ello para El Neogranadino era legítima la expulsión de la Compañía de Jesús49. En este periódico, la expulsión es presentada como un triunfo de la tolerancia, ya que se ha expulsado el fanatismo y el origen de las discordias religiosas y se ha salvaguardado a la República, asegurando con ello la estabilidad del poder civil. Para estos liberales la expulsión es sólo un acto político50. El 21 de mayo de 1850 se firmó el decreto de expulsión de los jesuitas, y se les notificó a los miembros de la Compañía asentados en Bogotá que debían abandonar la ciudad en el término de 48 horas. Éstos enviaron una comunicación al presidente López en la cual le decían que atendían la disposición, y que, por tanto, la Compañía iba a desaparecer de la Nueva Granada. Sin embargo, así como los jesuitas neogranadinos podían permanecer en el país según el decreto, también deseaban hacer lo mismo los miembros extranjeros de ésta, quienes se acogían a las garantías que la Constitución ofrecía, buscando con ello ser ciudadanos comunes y corrientes. La pretensión de los religiosos fue rechazada. Esta sentencia suscitó en los jesuitas neogranadinos no aceptar la posibilidad de quedarse como cualquier otro ciudadano en su propia tierra. El 23 de mayo, día en que la Compañía de Jesús debía haber salido de la ciudad, el gobierno amplió en dos días el plazo para que los jesuitas dejaran la capital. A pesar de haberse dilatado el término para dicha salida de estos religiosos de la capital, en la mañana del día 24 de mayo los capitalinos encontraron que los jesuitas habían dejado la ciudad en las horas de la madrugada. El día anterior, a eso de las nueve de la noche, los religiosos recibieron la notificación de su salida, siendo apresurados a las dos de la mañana del día 24 para iniciar su exilio. Los jesuitas expulsados se dirigieron a Francia, a los Estados Unidos y a Ecuador51. Tal expulsión se debió a razones políticas, además de las justificaciones de tipo religioso. En lo político, la Compañía era identificada con el partido conservador, debido a la 49 “…es verdad que ellos [los jesuitas] predican la intolerancia relijiosa mas exaltada, i mientras que ellos dominen las conciencias de las masas será imposible fomentar en nuestro despoblado territorio la inmigración extranjera tan necesaria para la vida industrial del país como la sangre para el cuerpo”. “Los jesuitas i la tolerancia”, en El Neogranadino, Bogotá, 17 de mayo de 1850, pp. 161-162. 50 “Espulsion de los Jesuitas”, en El Neogranadino, Bogotá, 24 de mayo de 1850, p. 169. 51 TURRIAGO ROJAS, Daniel, op. cit., pp. 84-85.

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participación de ésta en la fundación de la Sociedad Popular, opuesta a las sociedades democráticas liberales52. Los jesuitas eran vistos en palabras de Cortés como “antónimos de libertad y democracia y sinónimos del atraso y superstición coloniales”, y para el mantenimiento de esta situación era fundamental la educación. Su llegada hacia 1844, auspiciados por dirigentes conservadores como Mariano Ospina Rodríguez, para encargarse de la educación y de las misiones, significaba el fortalecimiento del ultramontanismo neogranadino. Los jesuitas que venían de Europa, al igual que otros clérigos europeos, procedían de un contexto de lucha contra las ideas liberales, y como bien lo menciona William Plata: “…la mayoría de ellos tenían un preparación académica mucho más sólida que el clero granadino, pero traían ideas ultramontanas y antiliberales que fueron difundidas rápidamente”53. Por otra parte, a través de organismos como las mencionadas sociedades populares y periódicos como La tarde de los Agricultores y Artesanos y El Conservador, los jesuitas buscaban ocuparse de aquellos sectores que la política librecambista liberal había perjudicado. Consecuentemente como lo afirma William Plata “existía una intención de no dejar a los artesanos en manos de los liberales”, defendiendo en dichas sociedades el deseo de participación de los artesanos en la vida pública, así como su derecho a la educación, en este caso bajo la égida de la institución eclesiástica54. La importancia del aparato educativo de la Iglesia, y en especial de los jesuitas, hacía de éste un elemento social importante en un contexto de enfrentamiento entre el Estado y la Iglesia. Los recursos y la capacitación para las labores pedagógicas sumados a su calidad de clérigos, permitirían a los sacerdotes jesuitas y a su comunidad religiosa no sólo mantener su influencia social, sino posiblemente aun incrementarla en la Nueva Granada55. En relación con las justificaciones religiosas, citando a Salvador Camacho Roldán, “la tendencia inevitable de la educación jesuítica hacia la intolerancia religiosa, por una parte, y hacia el espíritu de dogmatismo y de negación de la autoridad de la razón humana, por otra, son absolutamente inaceptables”56.

Conclusiones La tolerancia religiosa hacia mediados de siglo XIX nace del deseo de romper la influencia social y política de la Iglesia Católica. El factor religioso fue determinante en el fracaso del proyecto de Estado liberal de mediados de siglo XIX, debido a que la legislación sobre política religiosa era contradictoria, esto se corrobora si se observan las actuaciones que el gobierno liberal tuvo hacia la Iglesia católica TURRIAGO ROJAS, Daniel, op. cit., p. 65, citado por CORTÉS GUERRERO, José David, op. cit., p. 21. PLATA, William, op. cit., p. 202. Ibid., p. 203. Siempre se ha tenido la imagen de alianza entre el partido conservador y los jesuitas, al parecer esta imagen no era del todo cierta, debido al voto mayoritario que en el Congreso se dio por la expulsión de la Compañía, y a pesar de que gran parte del parlamento estaba conformado por dirigentes conservadores. “Mensaje del Presidente de la Republica a los Granadinos”, en Gaceta Oficial, Bogotá, 21 de mayo de 1850 (Número Extraordinario). 56 CAMACHO ROLDÁN, Salvador, Memorias, Bogotá, Editorial ABC, 1946, p. 44. 52 53 54 55

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durante el periodo 1849-1854. Esta contradicción se hace patente en el hecho de que durante los gobiernos de la llamada Revolución Liberal de Medio Siglo, es decir, en el desarrollo de los gobiernos de López y Obando al ser proclamada la libertad religiosa, se ejecutaron hechos tales como la expulsión de la Compañía de Jesús. Dicha expulsión podría ser analizada en términos de “intolerancia político-religiosa” por parte del Estado liberal de aquel entonces. Observando la política del Estado liberal, y siendo la Compañía de Jesús parte de la Iglesia Católica, podía ejercer, en principio, libremente el catolicismo. Si la libertad de cultos era la política religiosa del Estado Liberal podríamos preguntarnos ¿por qué, entonces, la expulsión de los jesuitas? La contradicción entre las reformas liberales de medio siglo y las actuaciones del Estado liberal en un contexto de acendrada catolicidad del pueblo neogranadino hacía del intento liberal de modernización religiosa un proyecto ambiguo y contradictorio. Por otra parte, la religión para mediados de siglo XIX ocupaba un lugar central en los proyectos de construcción del Estado nación. La fragmentación del espacio social de la Nueva Granada debido a factores tales como el débil intercambio comercial, la existencia de diferentes grupos políticos dominantes en las distintas regiones y la dificultad en la comunicación debido a una intrincada geografía, contribuyeron a que un espíritu nacional coincidente con el espacio político republicano neogranadino fuera más una utopía que una realidad. El elemento que congregaba y que de una u otra manera podía lograr que tanto la clase dirigente como el pueblo se identificaran como parte de un todo era la religión. Desde las elites políticas, pasando por los artesanos y las poblaciones menos favorecidas como la indígena y la negra podrían encontrar en la fe católica un factor de unidad. La imposibilidad de contacto por distintas razones históricas con un “otro” religioso, con el diferente, imposibilidad reafirmada al menos en la legalidad, en las constituciones políticas de la primera mitad del siglo XIX en la Nueva Granada, afianzó al catolicismo como uno de los elementos principales de “identidad nacional”. A pesar de los avatares políticos, fue la religión católica un elemento fundamental en el modelo de Estado nación (conservador, controlador, y confesional) que posteriormente Rafael Núñez, y otros dirigentes conservadores de finales de la centuria decimonónica buscaron implementar en el marco de la Regeneración; regeneración social y moral que se plasmo en la constitución política de 1886 y en el Concordato firmado con la Santa Sede en 188757. El proyecto liberal en el aspecto religioso fracasó básicamente por tres razones fundamentales: la primera, el poco impacto que tuvieron las leyes anticlericales que buscaban cortar la influencia de la institución eclesiástica; la segunda, por el tratamiento 57 GONZÁLEZ, Fernán, “Iglesia y Estado en Colombia durante el siglo XIX. 1820-1860”, en Serie Documentos ocasionales, Bogotá, No. 30, Bogotá, Centro de Investigación y Educación Popular, 1985, pp. 17-18; ÁLVAREZ, Jesús y URIBE DE HINCAPIÉ, María Teresa, Poderes y… op. cit., p. 68; ARBOLEDA MORA, Carlos, “El pluralismo religioso en Colombia”, en Memorias XI Congreso Colombiano de Historia, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2000 [CD-Rom].

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dado tanto a religiosos como a jesuitas, así como a altos jerarcas de la Iglesia, lo cual debió calar de alguna manera en el imaginario religioso de los granadinos de mediados de siglo XIX; y la tercera, la contradicción entre las leyes modernizadoras en torno al aspecto social de la religión versus las actitudes intolerantes del estamento gubernamental. Es decir, el contraste entre la búsqueda de un ambiente a favor de la tolerancia de cultos a través de la legislación nacional, por un lado, y las actitudes de intolerancia hacia uno o varios grupos religiosos por parte del Estado -en este caso, intolerancia hacia la Compañía de Jesús, y reflejada en su expulsión de 1850-, por otro. Finalmente, la modernidad religiosa que quisieron implantar los gobiernos liberales de mitad de siglo XIX, sólo se quedó en un intento de modernización religiosa. Dicha modernidad, por lo general, va acompañada por un proceso de modernización política y social, ya que la segunda se vuelve sustento de la primera. En definitiva, el proyecto liberal en el aspecto religioso fracasó básicamente por tres razones fundamentales: la primera, el poco impacto que tuvieron las leyes anticlericales que buscaban cortar la influencia de la institución eclesiástica; la segunda, por el tratamiento dado tanto a los religiosos como a los jesuitas así como a altos jerarcas de la Iglesia, lo cual debió calar de alguna manera.

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Las historias de Bartolomé Mitre: operación nacionalista al gusto de los argentinos Resumen Luego de discutir la crítica de Juan Bautista Alberdi, en 1864, a la Historia de Belgrano, obra de Bartolomé Mitre, se discute la serie de sus principales comentadores, desde la publicación de la obra hasta el presente, entre los que se destaca un rasgo común: el agradecimiento para con el historiador. Se presenta la obra de Mitre como un discurso nacional halagador para sus lectores argentinos, causa eficaz de su propagación y de la permanencia de sus ideas en el corazón del discurso nacional argentino. Finalmente se propone este tipo de análisis como una contribución a los debates recientes sobre los fenómenos de nacionalismo, discursos nacionales e identidad nacional, y se resalta la importancia de vivir en un país para comprender en la vida diaria la matriz que provee de imágenes y palabras las versiones posibles de su discurso nacional. Palabras claves: Historias latinoamericanas del siglo XIX, historiografía argentina, “historias clásicas” (según la expresión argentina), Bartolomé Mitre, nacionalismo, identidad nacional, historia argentina.

The Histories of Bartolomé Mitre: Nationalistic Operation to the liking of Argentineans Abstract After discussing the 1864 criticism of Bartolomé Mitre’s Historia de Belgrano written by Juan Bautista Alberdi, the article discusses the main reviews of the work, stretching from its publication to the present; one theme is common to them all: their expressed gratitude to the historian. Mitre’s work is presented here as the matrix of a flattering national discourse for its Argentinean readers, one of the reasons for its wide diffusion and persistence in the heart of Argentinean national discourse. This type of analysis is proposed as a contribution to recent debates on the phenomena of nationalism, national discourses and national identity. Finally, the importance of living in a country is highlighted as the best way to understand, in daily life, the matrix that provides the images and words of its national discourse. Keywords: Nineteenth-century Latin American histories, Argentinean historiography, “classical histories” (in the Argentinean expression), Bartolomé Mitre, nationalism, national identity, history of Argentina.

Artículo recibido el 31 de octubre de 2006 y aprobado el 15 de enero de 2007.

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Las historias de Bartolomé Mitre: operación nacionalista al gusto de los argentinos f Sergio Mejía H Introducción En el presente artículo sobre las obras históricas de Bartolomé Mitre (Buenos Aires, 1821-1906) se hace énfasis en la serie de sus comentadores especializados (historiadores) y se recurre a una selección de pasajes tomados de la lectura de la obra para ilustrar el argumento principal, a saber, que la prosa histórica de Mitre ha gozado de una excepcional aceptación culta en la Argentina hasta hace pocos años, lo que ha incidido en su difusión como el vehículo más eficiente de los contenidos históricos del nacionalismo argentino. Aparte de estas lecturas especializadas, no se hace un estudio de la lectura general de la obra. En su lugar, se hace un recuento de sus numerosas ediciones y, en cuanto es posible, de sus tirajes, con el fin de demostrar la inusitada difusión de esta historia latinoamericana del siglo XIX. En lo referente al nacionalismo argentino, se presta mayor atención a sus contenidos comunes tal y como se expresan -con diversidad e individualidad- en la vida común de los argentinos. La principal fuente al respecto no es otra que dos años vividos en la Argentina, específicamente en la ciudad de Buenos Aires, y el trato diario con sus habitantes. Cabe anotar que la siguiente discusión se limita a la vida cotidiana en la ciudad de Buenos Aires. En cuanto a la serie de lecturas cultas consideradas, la mayor parte de ellas son también porteñas, si no por nacimiento, por adscripción. Así pues, la consideración de discursos argentinos divergentes, regionales, antiunitarios y francamente opuestos al relato de Mitre, escapan a este artículo. f Este artículo es resultado de investigaciones adelantadas por el autor sobre las historias latinoamericanas del siglo XIX; ver MEJÍA, Sergio, El pasado como refugio y esperanza – La historia eclesiástica y civil de José Manuel Groot (1800-1878), tesis de Maestría, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2000 (inédito); La Historia de la Revolución de Colombia de José Manuel Restrepo (1781-1863), tesis doctoral, Universidad de Warwick, Inglaterra, 2004 (inédito); “¿Qué hacer con las historias latinoamericanas del Siglo XIX? (A la memoria del historiador Germán Colmenares)”, artículo inédito (en proceso de evaluación en el Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura). H Doctor en Historia de la Universidad de Warwick, Inglaterra, y profesor en el Departamento de Historia de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. smejia@uniandes.edu.co

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La Historia de Belgrano y la Historia de San Martín , principales obras de Bartolomé Mitre, contribuyeron de manera definitiva a conformar el discurso nacional de los habitantes de una suma de provincias y territorios que comenzaban a tomar forma: la República argentina. Obras monumentales de su tiempo, hoy permanecen activas en la mentalidad de los argentinos, en su cultura histórica y en su conciencia nacional. Más allá de las fronteras nacionales, hacen parte de la corriente de escritura histórica que se multiplicó en las repúblicas hispanoamericanas y en la Monarquía brasilera durante el siglo XIX. Estudiarlas con las herramientas del ensayo no es suficiente. Estas obras requieren de la investigación histórica, pues, además de sus textos, nos interesan el medio social en que fueron escritas, la influencia que aún ejercen en la cultura de la región y, en el caso de Mitre, en la Argentina. Las nuevas repúblicas americanas (y el Imperio del Brasil) fueron concebidas por primera vez, de manera comprensiva, como entidades históricas. José Manuel Restrepo (Envigado, 1781 - Bogotá, 1863) en Colombia, Diego Barros Arana (Santiago de Chile, 1830-1907) en Chile, Francisco Adolpho Varnhagen (São João de Ipanema, 1818 - Viena, 1878) en Brasil y Mitre en Argentina produjeron las primeras representaciones de sus países como entidades políticas autónomas y fundaron las tradiciones interpretativas que tan solo en las últimas décadas hemos logrado renovar. Una vez publicadas estas narraciones monumentales del nacimiento republicano, pocos escritores pudieron sustraerse a su influencia. Incluso las vanguardias literarias de fines del siglo XIX tuvieron en ellas el referente de su rebeldía. La literatura, las ciencias sociales, la filosofía y la ensayística únicamente lograron en la madurez del siglo XX emanciparse de las representaciones históricas del XIX. En la Argentina, las dos historias de Mitre respondieron a un prolongado esfuerzo por definir la identidad política de las provincias del Plata, cuya conformación territorial y estatal fue incierta hasta el último cuarto del siglo XIX . Cuando en 1876 fue publicada la tercera edición de la Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina -primera completa- fue recibida con la devoción piadosa que suscita la lluvia tras la sequía. Existían precedentes, pero no una historia del nacimiento de la República aceptable como patrimonio de la mayoría. En las páginas que siguen se presenta una lectura de la Historia de Belgrano y la Independencia Argentina (y en menor medida de la Historia de San Martín y de la Emancipación Sud1 MITRE, Bartolomé, Historia de Belgrano y de la Independencia argentina, 3ª y definitiva edición en 3 tomos, Buenos Aires, Félix Lajouane, 1876. MITRE, Bartolomé, Historia de San Martín y de la Emancipación Sudamericana, 2ª ed. definitiva, corregida y aumentada, 4 tomos, Buenos Aires, Félix Lajouane, 1889-1890 (1ª ed., 1887). WASSERMAN, Fabio, Conocimiento histórico y representaciones del pasado en el Río de la Plata (1830-1860), Universidad de Buenos Aires, tesis doctoral aprobada el 7 de diciembre de 2004, inédita. El autor discute este fenómeno en el Capítulo XII “La Intervención de Mitre”, pp. 262-281.

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Americana), y se propondrá una idea que puede ser relevante en las discusiones actuales sobre nacionalismo y discursos nacionales: estos discursos pueden ser más o menos lisonjeros y, en consecuencia, leídos y propagados con mayor o menor eficacia. Las obras de Mitre incluyen una pléyade de ideas lisonjeras para los argentinos -incluidos los hijos adoptivos de la oleada migratoria-, que fueron leídas y propagadas con entusiasmo y que persisten con gusto en el corazón del sentimiento nacionalista argentino. Este análisis busca contribuir a la pregunta de por qué los argentinos gustan de sí mismos y también a los debates recientes sobre nacionalismo e identidad nacional.

1. Alberdi contra Mitre La vida y la obra de Bartolomé Mitre han sido tan comentadas en la Argentina como las funciones públicas de Manuel Belgrano , las batallas de José de San Martín o la administración de Bernardino Rivadavia . El historiador, con suaves roces de hombro, se abrió un sitial en el tríptico del patriotismo argentino, haciendo de él un cuadrado. Cosa peculiar, puesto que de preferencia no fue Mitre ni prócer, ni fundador, ni héroe, sino historiador. Otro hubiese presidido la política de Buenos Aires y las Provincias entre 1862 y 1868; otro hubiese ordenado las marchas y contramarchas contra el Paraguay; otro hubiese dado las órdenes en el Partido Nacional; otro hubiese hecho rimas, si no iguales, equivalentes; tarde o temprano alguien más habría traducido a Dante. Mas sin sus historias, completas cuando el siglo entraba en menguante, la única narración fundacional de la Argentina habría sido la de Vicente Fidel López . En tal caso otros serían los referentes de la cultura escrita nacional. Los miembros de la Nueva Escuela Histórica (ca.1910-1940) no se habrían conformado con declararse epígonos. Los autores de manuales hubiesen tenido la obligación precoz de ser modernos. En fin, las letras argentinas se habrían visto compelidas a escoger, sin el dulce bálsamo de Mitre, entre las furias de Sarmiento , la blanda diatriba anticolonial de Vicente Fidel López y la lúcida pero áspera sociología de Alberdi. Manuel Belgrano (Buenos Aires, 1770-1820), político y militar. Fue uno de los principales actores de la independencia argentina. José de San Martín (Yapeyú, Corrientes, 1778 – Boulogne-sur-Mer, Francia, 1850), militar. Fue el principal comandante miliar de la independencia argentina y participó en la de Chile y el Perú. Bernardino Rivadavia (Buenos Aires, 1780 - Cádiz, España, 1845), político y reformista. Fue el principal gestor de la Feliz Experiencia Argentina bajo la égida de la provincia de Buenos Aires (1820-1826) y figura central del Partido Unitario. LÓPEZ, Vicente Fidel, Historia de la República argentina, 2ª ed., Buenos Aires, Imprenta de J. Roldán, 10 Vols., 1912 (1ª ed., Buenos Aires, 1883-1893). Domingo Faustino Sarmiento (San Juan, provincia argentina, 1811 - Buenos Aires, 1888) fue presidente de la Argentina entre 1868 y 1874 y autor de obras de gran influencia, entre las que se destaca Facundo - Civilización y Barbarie en las pampas argentinas publicado en Santiago de Chile en 1845.

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Con todo, las historias de Mitre no fueron recibidas con pleno consenso. Son bien conocidas sus polémicas con Dalmacio Vélez Sarsfield y el mencionado López, que originaron densos volúmenes de Comprobaciones históricas10. Sin embargo, estas objeciones fueron puntuales, referidas en su mayor parte a hechos aislados, por lo general motivadas en desacuerdos políticos y frecuentemente limitadas a matices de apreciación que hoy carecen de importancia. Otra cosa son las notas críticas consignadas en 1864 por Juan Bautista Alberdi durante su lectura de la Historia de Belgrano. El tucumano Alberdi, eminencia gris de la Constitución de 1853 (que proponía la unión de las provincias argentinas bajo la capitalidad de la ciudad de Buenos Aires), nunca presidente y quien con mayor claridad imaginó un Estado nacional para las provincias argentinas, desaprobó con decisión a Mitre y sus historias11. Luego de la batalla de Caseros en 1852, cuando fue derrotado el régimen federal (1829-1852), presidido por el dictador Juan Manuel de Rosas (1793-1877), resurgió la antigua polaridad entre la provincia de Buenos Aires -hinterland del patriciado agrario y comerciante de la ciudad de Buenos Aires- y las provincias, en particular las del litoral (Santafé, Entrerríos y Corrientes). Tensión por el control del comercio en el estuario del Plata y de los recursos fiscales que generaba. La creación de un Estado que trascendiese estos egoísmos y resentimientos y la erección de la ciudad de Buenos Aires como capital de la Argentina -en lugar de aduana contable de su provincia- debieron esperar hasta la década de 1880. Tras la victoria sobre el federal Urquiza en Pavón (septiembre de 1861), Buenos Aires pudo capitalizar la bonanza de puertos abiertos bajo la presidencia de Mitre, cabeza de un gobierno que de nacional solo tuvo el nombre. Alberdi anotaba en sus cuadernos que “a los 54 años del 25 de mayo de 1810, todavía Buenos Aires mira de mal ojo la libertad de comercio entera y para todas las provincias”12. Para Alberdi, la Historia de Belgrano no es otra cosa que la creación en el reino de las palabras de lo que Mitre no hizo como Presidente de la Argentina. No escapa de su crítica el argumento central de Mitre en la introducción de su obra: no importa que el Estado nacional aún no exista en 1864, ni importará en 1876 Dalmacio Vélez Sarsfield (Ambos, Córdoba, 1800 - Buenos Aires, 1875) fue el autor del Código Civil argentino. 10 MITRE, Bartolomé, Comprobaciones históricas a propósito de la historia de Belgrano, Buenos Aires, Imprenta y Librería de Mayo, 1881 (2ª ed., 1882). 11 Según consta en notas que fueron consignadas por Alberdi en privado y publicadas póstumamente como “Belgrano y sus Historiadores”, en ALBERDI, Juan Bautista, Grandes y Pequeños Hombres del Plata, París, Casa Garnier, s.f. [ca.1885] (2ª ed., Buenos Aires, Editorial De Palma, 1964; reeditado en Escritos póstumos de Juan Bautista Alberdi, Buenos Aires, 1900-1901). 12 ALBERDI, Juan Bautista, “Belgrano y sus historiadores”, en Grandes y Pequeños Hombres del Plata 2ª ed., Buenos Aires, Editorial De Palma, 1964, p. 55.

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(año de la edición definitiva), pues la Argentina ha existido desde el siglo XVI13. En opinión de Alberdi son estas “majaderías o adulaciones bajas a la vanidad del vulgo”14, y agrega: “Falsificar la verdad de la historia cada vez que no es lisonjera, cambiar el sentido de los hechos, agrandar lo que es chico, achicar lo que es grande, no es hacer un servicio al país y mucho menos a la instrucción de la juventud, llenándola de falsas noticias para hacerla el ridículo del extranjero que ve las cosas con serenidad.”15.

¿Cómo explicar, entonces, la persistencia de la Historia de Belgrano como discurso rector y relato preferido de la Argentina? Mitre hubiese contestado que la grandeza argentina estaba en proceso de formación, que su gobierno contribuyó a ella de diversas maneras y que, como es ley de la historia, no se puede cosechar en primavera. De esta manera y no como Alberdi han opinado numerosos comentadores, beneficiarios y admiradores de las obras de Mitre, cuyo rasgo común, desde M. F. Mantilla (quien escribía a finales del siglo XIX), hasta Miguel Ángel de Marco (quien escribe ahora), es el agradecimiento.

2. Los comentadores de Mitre En contraste con el escepticismo de Alberdi, M. F. Mantilla comentará en 1889 sobre la Historia de Belgrano: “Al leer este libro asiste uno desde el remoto origen de la sociabilidad argentina, a todas las transformaciones y evoluciones operadas en la vida interna de nuestro país para llegar a constituir su entidad política de existencia independiente […] es la Revolución de Mayo triunfante a cuya sombra se elaboran dentro de una demarcación geográfica los elementos de una gran nación […] la Historia de Belgrano es un libro nacional”16.

Saltemos cincuenta años para observar en su madurez a los autores más representativos de la Nueva Escuela Histórica, Rómulo Carbia y Ricardo Levene. El primero, autor de una Historia crítica de la historiografía argentina17, discípulo devoto de Fueter18 y de los MITRE, Bartolomé, op. cit., t. 1, pp. 45-110 (Cap. I “Introducción -La sociabilidad argentina”). ALBERDI, Juan Bautista, op. cit., p. 213. Ibid., p. 216. MANTILLA, M. F., Historia del General San Martín por Bartolomé Mitre - Análisis expositivo y crítico, Buenos Aires, Imprenta de Pablo E. Coni e Hijos, 1889, pp. 21-22. 17 CARBIA, Rómulo, Historia Crítica de la historiografía argentina, Buenos Aires, Imprenta y Casa Editorial Coni, 1940. 18 FUETER, Edward, Historia de la historiografía moderna, Editorial Nova, Buenos Aires, 1953 (1ª ed. en alemán, Berlín, 1911 y 2ª ed. en alemán, Berlín, 1936). 13 14 15 16

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últimos historicistas19, comentaba que “Mitre tenía abierta ya la senda que conduciría, tiempos y variantes por medio, a la nueva escuela histórica en cuyo apogeo vivimos”20. Carbia se refiere a su propia generación, estudiantes y profesores en la Sección de Historia de la Universidad de Buenos Aires y en la Sección de Filosofía, Historia y Letras de la Universidad de la Plata. Ilustración No. 1: Bartolomé Mitre, grabado de Claude Manigaud

Fuente: MITRE, Bartolomé, Historia de San Martín, op. cit., Vol. 1, contraportada.

Levene, el miembro más prolífico de la escuela, comentaba sobre la primera entrega de la Biografía del General Belgrano21 que “es un modelo en su género, ya en su época, por su 19 BERNHEIM, Ernst, Lehrbuch der historischen Methode, Greifswald, Panzigsche Buchdruckerei, 1889; LANGLOIS, Charles Victor y SEIGNOBOS, Charles, Introduction aux Études Historiques, París, Librairie Hachette, 1898. 20 CARBIA, Rómulo, op. cit., p. 143. 21 MITRE, Bartolomé, “Biografía del General Belgrano”, en MITRE, Bartolomé, SARMIENTO, Domingo F., GUTIÉRREZ, Juan M., FRÍAS, Félix, DOMÍNGUEZ, Luis, ÁLVAREZ Y THOMAS, Ignacio, et. al, Galería de Celebridades Argentinas - Biografías de los Personajes más Notables del Río de la Plata, Buenos Aires, Librería de la Victoria, Imprenta Americana, 1857, pp. 37-116. Mitre también escribió la Introducción de este volumen.

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estilo logrado, conforme a su preocupación literaria más pura, y por la materia de que se ocupó, al descubrir a los argentinos el genio moral de un hombre representativo y los elementos propios con que se ha elaborado la originalidad de nuestra historia”22. Mitre interrumpió esta primera narración en 1812 y agregó un epílogo en que resume las acciones de Belgrano hasta su muerte en 1820. Esta publicación no es aún la Historia de la Independencia Argentina, amplitud que alcanzará la edición de 1876. La segunda edición, de 1858, ya lleva por título Historia de Belgrano y se halla enriquecida, comenta Levene, por “impresionantes hallazgos”, “cinco mil manuscritos” (no ya tres mil como en 1857) y “nuevas ideas históricas”23. La principal entre estas últimas es que los eventos de Mayo no fueron una reacción espontánea ante la crisis de la Monarquía española en 1808, como lo sospechara Florencio Varela24, sino “el desarrollo de una idea revolucionaria”25. Más aún, Levene hace esfuerzos por identificar sus propias ideas históricas con las de Mitre y afirma que sus investigaciones comprueban las del maestro. Sobre la apreciación que hizo Mitre de la marcha de todo el proceso revolucionario, Levene anota: “Mis investigaciones en La Revolución de Mayo y Mariano Moreno corroboran ampliamente esta versión fecunda, a cuya luz se comprende la grandeza y el drama de la Revolución de Mayo.”26. En suma, el de Mitre es un “sistema coherente de ideas históricas […] que ha sembrado en el alma colectiva una floración de ideas directrices […] que han despertado y robustecido la conciencia del pueblo”27. Y termina: “Si en algunos estados hispano-americanos las últimas investigaciones han dado origen a la creación de nuevas escuelas, que rectifican la labor de los historiadores precedentes […] en la Argentina este divorcio ideológico no existe”28.

22 LEVENE, Ricardo, Las ideas históricas de Mitre, Buenos Aires, Institución Mitre, 1948, p. 26. 23 Ibid., p. 29. 24 Florencio Varela, nacido en Buenos Aires en 1807 y asesinado en 1848, político, escritor y poeta, crítico del régimen de Juan Manuel Rosas; sus Escritos políticos, económicos y literarios fueron publicados póstumamente en 1859, en Buenos Aires. 25 Ibid. 26 LEVENE, Ricardo, op. cit., p. 29. 27 Ibid., p. 99. 28 Ibid., p. 96.

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Ilustración No. 2: Portadas de los primeros volúmenes de la Historia de Belgrano, Buenos Aires, 1876 y de la Historia de San Martín, Buenos Aires, 1889

Contra la Nueva Escuela se levantó un conjunto de escritores, los que han sido agrupados bajo el apelativo de “revisionistas”29. Escritores que impugnaron la historia oficial, a la que acusaron de “ocultamiento del pasado”30. Con todo, el revisionismo nunca desplazó la tradición heredada de Mitre, como tampoco el radicalismo ni el peronismo acabaron con la preponderancia social y política de la élite tradicional. Es común atribuir lo primero a flaquezas de método entre los revisionistas, más 29 El principal estudio sobre los historiadores revisionistas es de QUATTROCCHI-WOISSON, Diana, Los Males de la Memoria, Historia y Política en la Argentina, Buenos Aires, Emecé Editores, 1995 (reimpreso en 1998). 30 DEVOTO, Fernando, Relatos Históricos, pedagogías Cívicas e Identidad Nacional. El Caso Argentino en la Perspectiva de la Primera Mitad del Siglo XX, artículo inédito, 2004, p. 22.

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interesados en el ensayo crítico y en la acción política31. Con todo, comentadores recientes no encuentran entre ellos un rechazo decidido de las ideas de Mitre. Fernando Devoto aduce la aceptación de sus explicaciones hasta el año 1820 (cuando se detienen las historias de Belgrano y San Martín) por parte de historiadores como Julio Irazusta, José María Rosa y Ernesto Palacio (escritores activos en las décadas de 1930, 1940 y 1950). Su concentración en la figura de Rosas no es casual ni esencialmente renovadora. Si Mitre había postulado la excepcionalidad argentina, su destino manifiesto y su grandeza intrínseca, los revisionistas, luego de la crisis económica de 1890 y la dependencia creciente de la economía nacional, se preguntaron por qué esta grandeza no se había materializado y quiénes eran los culpables. Acuerdo de fondo, en opinión de Devoto32. Las ideas históricas de Mitre han sido mantenidas con diverso grado de devoción en recintos tan dispares como la Academia Nacional de la Historia, dependencias de la Universidad de Buenos Aires como el Instituto Ravignani y en la Universidad Católica Argentina. Beatriz Moreyra escribe sobre la “dualidad y cohabitación entre los representantes de la Nueva Escuela y el grupo de historia social [de la Universidad de Buenos Aires]”33. Entre los miembros de este último cabe referirse brevemente a José Luis Romero y a Tulio Halperín Donghi. Romero nos recuerda que la obra de Mitre surgió como un intento de conciliar un país soñado que se encontraba dividido. En efecto, luego de Caseros, la provincia de Buenos Aires entró en conflicto con las provincias y en 1853 abandonó la unión federal. En los años siguientes coexistieron dos órdenes políticos, dos capitales, dos Argentinas. Las ideas históricas de Mitre fueron una propuesta de consenso para el futuro, según Romero34. Más aún, el presidente Mitre “puso las piedras angulares del edificio de la Nación”, y sobre el historiador comenta Romero: “Quien realice la síntesis del contenido de la totalidad de su obra, advertirá muy pronto que late en ella una concepción integral de la historia argentina”35. Es difícil no ver en la experiencia argentina de Romero un relevo de la excepcionalidad argentina de Mitre. Para Tulio Halperín Donghi, se hacía cada vez más evidente que la Historia de Belgrano “se apoyaba en una apuesta que podía darse ya por irremisiblemente 31 Beatriz Moreyra insiste sobre esto en MOREYRA, Beatriz, “La Historiografía”, en VV. AA., Nueva historia de la Nación argentina, Tomo X, Buenos Aires, Planeta, 2002, p. 79. 32 DEVOTO, Fernando, op. cit. Es significativo que el más connotado de los revisionistas, Julio Irazusta, autor de una Vida política de Juan Manuel Rosas a través de su correspondencia (1941), fue recibido en la Academia Nacional de la Historia, fortín de los primeros nuevos historiadores. 33 MOREYRA, Beatriz, op. cit., p. 75. 34 ROMERO, José Luis, “Mitre, un historiador frente al destino nacional”, en La experiencia argentina y otros ensayos, Buenos Aires, Taurus, 2004, pp. 256-296 (Impreso originalmente en el diario La Nación en 1943). 35 Ibid., p. 278.

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perdida […] incluso entre aquellos que la hallaban admirable […] aquella de que la Argentina hallaría un modo de encuadrar su estructura política en el marco de la democracia orgánica, meta del vasto esfuerzo cuyas primeras etapas narró Mitre”36. Con todo y haber sido un “ejemplo particularmente exitoso de historiografía liberalnacionalista”, el ejemplo de Mitre decae en los años posteriores a 1880, cuando pierde influencia “el modelo de la historia narrativa”37. Inspirados por la reactivación del pensamiento de Sarmiento (publicación en 1882 de Conflictos y Armonías de las Razas en América), Francisco Ramos Mejía, Ernesto Quesada, Juan Agustín García y Joaquín V. González escribieron disertaciones, no narraciones. Sin embargo, según Halperín Donghi, ninguno de estos autores logró dar cuenta de la complejidad social e histórica de la Segunda Argentina y, por lo tanto, ninguna de sus obras reemplazó el modelo de Mitre. No lo permitieron ni la arbitrariedad de Ramos Mejía en El Federalismo Argentino (1889); ni el recurso a las analogías por parte de Quesada en La Época de Rosas (1898); ni la “ausencia de auténtica integración entre los felices capítulos” de La Ciudad Indiana de García (1900); ni la “imprecisión de conceptos escondida bajo el implacable flujo oratorio” de González en El Juicio del Siglo (1910)38. En cuanto al francés Paul Groussac, tampoco fueron sus obras modelos para ser imitadas, “pues se mantuvo al margen de la tribu de los historiadores y ambiguo con respecto a su patria adoptiva”39. En Santiago de Liniers, Conde de Buenos Aires (1907), no se encuentra un heroico predecesor del Belgrano de Mitre, sino un extranjero consumido por su propio éxito en una tierra extraña y bárbara. En Mendoza y Garay (1916) se proponen unos orígenes rudos, en lugar de la primigenia sociabilidad argentina con que Mitre arrulló a sus lectores. En suma, concluye Halperín Donghi, “en estas tres décadas no surgió una tradición historiográfica capaz de reemplazar a la creada por Mitre”40. Fernando Devoto puntualizará que “el relato de Mitre era el que mejor sintetizaba la imagen de esa Argentina con la que al menos las clases medias urbanas aspiraban a identificarse: la excepcionalidad argentina, la herencia europea y la tradición republicana americana”41. Fabio Wasserman es el último comentador de Mitre, en el seno de un proyecto historiográfico más amplio. En su tesis doctoral explica, entre otras cosas, por qué no se escribió durante la época de Rosas una historia nacional argentina. Argumenta que: 36 HALPERÍN DONGHI, Tulio, “La historiografía argentina del Ochenta al Centenario”, en Ensayos de historiografía, Buenos Aires, El Cielo por Asalto, 1996, pp. 45-55 (Originalmente fue publicado como “La historiografía: treinta años en busca de un rumbo”, en FERRARI, Gustavo y GALLO, Ezequiel (comps.), La Argentina del Ochenta al Centenario, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1980). 37 Ibid., p. 52. 38 Ibid., p. 53. 39 Ibid. 40 Ibid., p. 55. 41 DEVOTO, Fernando, op. cit., p. 16.

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“[…] el problema era el estado de indeterminación provocado por la coexistencia de diversas alternativas de organización consideradas viables […] eran pocos los que se animaban a hacer pronunciamientos definitivos sobre cómo debían constituirse los pueblos asentados en el territorio del antiguo Virreinato y, menos aún, quienes actuaban en forma consecuente”42.

Wasserman termina su tesis con las “intervenciones de Mitre”, y comenta que: “[…] fue él quien mejor supo recoger el legado republicano, revolucionario y liberal en una narrativa histórica que terminó de cobrar forma en sus obras de madurez. Este relato del curso al que estaba destinada la región desde sus mismos orígenes se convertiría en la matriz dominante de la interpretación que la sociedad argentina hizo de su pasado durante el siglo XX”43.

En 2004 Wasserman siente que es necesario llamar la atención de sus lectores argentinos sobre sus relatos fundacionales, entre los que se destaca el de Mitre: “Resulta difícil exagerar la importancia que durante más de un siglo tuvieron éstos y otros relatos herederos de esos esquemas, pues fue a través de ellos que la sociedad argentina aprendió a reconocerse.”44. Por supuesto que la devoción de los historiadores por la obra de Mitre ya no es la norma. En el trabajo historiográfico de Wasserman respira la libertad adquirida por la Segunda Nueva Historia argentina con respecto al relato matriz, si bien aún se echa de menos una monografía dedicada por completo a Mitre y capaz de exorcizarlo por medio del análisis exhaustivo. Entretanto, puede constatarse que el tono general de la historia escrita en los últimos años está, por fin, libre de Mitre. En octubre del 2004 José Carlos Chiaramonte leyó en la Universidad Externado de Colombia una ponencia titulada “La comparación de las independencias íbero y anglo americanas y el caso rioplatense”, en la que no halla necesario enfilar sus baterías contra el discurso unitario (léase centralista) de Mitre para reivindicar la legitimidad de las soberanías locales luego de la crisis española de 1808-181045. No sobra anotar, sin embargo, que Chiaramonte termina su artículo con un comentario a la impugnación que hizo Mitre en 1853 de los Acuerdos de San Nicolás, en los que, a instancias de Alberdi, se buscaba la creación de un gobierno 42 43 44 45

WASSERMAN, Fabio, op. cit., p. 282. Ibid., p. 295. Ibid. CHIARAMONTE, José Carlos, “La comparación de las Independencias íbero y anglo americanas y el caso rioplatense”, en CALDERÓN, María Teresa y THIBAUD, Clément (coords.), Las Revoluciones en el mundo atlántico, Bogotá, Taurus Historia - Universidad Externado de Colombia, 2006, pp. 121-141.

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general de las provincias con sede en Buenos Aires. Chiaramonte anota que Mitre vio en un orden jurídico que sancionase la autonomía provincial (nuevo federalismo luego de Rosas), la única manera de salvaguardar a Buenos Aires de la acción conjunta de las provincias en su contra. En suma, Mitre por doquier. Ahora bien, la prosa optimista y amigable del “más prestigioso de los historiadores argentinos del siglo XIX”46, en palabras del mismo Chiaramonte, ha tenido vías de circulación más amplias y concurridas que las de los historiadores profesionales. No es mi intención en este artículo documentar las diversas lecturas escolares, oficiales, gremiales, argentinas en suma. Sea suficientemente elocuente sobre el volumen de estas lecturas, ya que no de su calidad, las siguientes tablas en que se reseñan las principales ediciones de las obras de Mitre posteriores a la Biografía de Belgrano, de 185747. Tabla No. 1: Principales ediciones de la Historia de Belgrano Título

Año

Historia de Belgrano Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’

Editorial o Editor *

1858 Librería de la Victoria, Imprenta de Mayo 1859 Ledoux y Compañía 1876 1887 1902 1913 1927 1927 1941 1942 1945

Carlos Casavalle Félix Lejouane Biblioteca de La Nación Biblioteca de La Nación Biblioteca Argentina Editorial Científica y Literaria Argentina Editorial Jackson Biblioteca del Suboficial Editorial Juventud

Tiraje

Volúmenes

1200

1 v.

500 20.000 -

3 v. 3 v. 4 v. 6 v. 4 v. 4 v. 5 v. 2 v. 3 v.

* Todas las ediciones fueron publicadas en Buenos Aires. Fuente: Para la elaboración de esta tabla fueron de gran utilidad los siguientes estudios bibliográficos: CONDE MONTERO, Manuel, “Bibliografía de Mitre” y FARINI, Juan A., “Contribución a la bibliografía de Mitre”, en Apuntes de la juventud de Mitre y bibliografía de Mitre, Buenos Aires, Academia Nacional de Historia, 1947, pp. 91-183 y 185-294, respectivamente.

Tabla No. 2: Principales ediciones de la Historia de San Martín Título Historia de San Martín y de la Emancipación Sud-Americana ’’

Año

Editorial o Editor *

Tiraje Volúmenes

1887

Imprenta de La Nación

3 v.

1890

Félix Lejouane

4 v.

Continúa... 46 Ibid., p. 140. 47 MITRE, Bartolomé, SARMIENTO, Domingo F., GUTIÉRREZ, Juan M., FRÍAS, Félix, DOMÍNGUEZ, Luis, ÁLVAREZ Y THOMAS, Ignacio, et. al., op. cit.

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Título

Año

The Emancipation of South America Historia de San Martín y de la Emancipación Sud-Americana ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’

Editorial o Editor *

Tiraje Volúmenes

1893

Traducción de William Pilling, Chapman & Hall Ltd.

1 v.

1903

Biblioteca de La Nación

6v.

Diario La Nación Biblioteca del Suboficial Editorial Jackson J. Rosso, Colección de Cultura 1943-44 L. Popular 1950 Editorial El Ateneo 1950 Editorial Tor

4 v. 4 v.

6 v.

1 v. 2 v.

1938 1940 1941

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* Excepto The Emancipation of South America que fue publicada en Londres, todas las ediciones fueron publicadas en Buenos Aires. Fuente: Para la elaboración de esta tabla fueron de gran utilidad los siguientes estudios bibliográficos: CONDE MONTERO, Manuel, op. cit., pp. 91-183 y FARINI, Juan A., op. cit., pp. 185-294.

Tabla No. 3: Ediciones de publicaciones divulgativas de apartados y comentarios de las historias de Mitre Título

Año

Editorial o Editor *

Tiraje Volúmenes

Estudios Históricos sobre la Revolución Argentina: Belgrano y Güemes

1864

1 v.

Comprobaciones Históricas

1881

1 v.

’’ ’’ La Independencia de Venezuela (caps. 36, 38-42 de la Historia de San Martín) Páginas Históricas (selección de extractos de las obras de Mitre)

1881 1882

Imprenta del Comercio del Plata Imprenta y Librería de Mayo ’’ ’’

1 v. 1 v.

1902

Imprenta de La Nación

1 v.

1906

Biblioteca de La Nación

1 v.

Comprobaciones Históricas

1916

1 v.

Selección de capítulos de las obras históricas de Mitre Páginas Históricas (aumentado con respecto a la edición de 1906) Pasajes de la Historia de San Martín

Imprenta y Librería de Mayo

1918

La Cultura Argentina

1 v.

1932

Biblioteca de La Nación

1 v.

1939

Instituto Sanmartiniano

1 v.

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Puede notarse que estas empresas editoriales, fuera de toda posible comparación con el destino de otras obras históricas latinoamericanas del siglo XIX 48, fueron realizadas sin distingo de las tendencias políticas imperantes. Las ediciones de ambas obras realizadas durante el siglo XIX pueden asociarse con iniciativas de instituciones y partidos políticos francamente oligárquicos, entre los cuales deben contarse cofundaciones del mismo Mitre tales como el Instituto Histórico y Geográfico del Río de la Plata, el diario La Nación y el Partido Nacional. Con todo, la seguidilla de ediciones y reimpresiones de todo tipo realizadas en el siglo XX se distribuye a lo largo y ancho del espectro político argentino, desde la segunda presidencia de Roca (1902, en el contexto del “acuerdo” del líder del Partido Autonomista Nacional con sus principales rivales, Mitre entre ellos) hasta el auge del peronismo (1950), pasando por el gobierno radical de Marcelo T. Alvear (1922-1928). Más que la política, parecen haber sido los picos de los agudos ciclos económicos argentinos los que hicieron posible volver a la reedición y venta de las obras de Mitre. Acaso más elocuente que el recuento de las sucesivas ediciones de sus obras, sea un testimonio de 1980 en el que se percibe la penetración del relato de Mitre entre los nuevos argentinos, descendientes de órdenes políticos y culturales ajenos a Belgrano y a San Martín. Es decir, entre los miembros de la Argentina Aluvial (en expresión de José Luis Romero) los que la adoptaron como su nueva patria. En 1980, José S. Campobassi escribía en la introducción a su libro Mitre y su época: “Cuando tenía cinco años de edad, mi madre, hija de inmigrantes italianos me enseñó a escribir, leer, sumar, restar, multiplicar, dividir, componer frases y dibujar. Paralelamente, mi padre, emigrante italiano de las costas del Adriático me enseñó a conocer a San Martín, Rivadavia, Sarmiento y Mitre… En 1921, ya adolescente, cuando se cumplió el centenario del nacimiento de Mitre, día en que yo cumplía años, mi padre me regaló un ejemplar de la insuperable edición que en esa jornada dedicó La Nación a su fundador. El mismo día me llevó al Museo Mitre para presenciar el acto en que el pueblo boquense de la ciudad porteña, donde vivíamos, depositó al pié de la pequeña estatua 48 En el caso colombiano, la primera edición de la Historia de la Revolución de José Manuel Restrepo (París, 1827) fue de 500 ejemplares y la segunda (Besanzón, 1858) de 2140. En el siglo XX se la ha reimpreso tres veces, no siempre redituablemente: entre 1942 y 1950, a razón de un volumen por año, en la Biblioteca de Cultura Popular; entre 1969 y 1970 por editorial Bedout (5 vols.) y en 1974 también por Bedout (6 vols.) Las dos primeras ediciones de la Historia eclesiástica y civil de José Manuel Groot fueron de 500 y 1000 ejemplares (1869-1871 y 1889-1894, respectivamente). Sólo se la reimprimió completa dos veces en el siglo XX, por ABC en 1953 y por la Revista Bolívar en 1956. La Cooperativa de Artes Gráficas de Venezuela reimprimió el tercer volumen en 1941, en Caracas, bajo el título Historia de la Gran Colombia (1819-1830). En Colombia, a diferencia de la Argentina, los nombres de sus dos principales historiadores decimonónicos no son generalmente conocidos ni se mencionan en la escuela, la prensa, la radio ni en la televisión. Tampoco, con frecuencia, en las universidades.

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del primer patio de esa casa, una réplica en bronce del quepis de nuestro hombre, roto por una bala enemiga por un encuentro militar en Barracas, en 1853”49.

Un hijo y nieto de italiano es llevado de la mano a rendir tributo a Mitre. Sesenta años después publica un estudio sobre el gran hombre guiado por la devoción que le inculcó su padre, italiano. ¿Puede comprenderse una devoción de esta naturaleza con las ideas comunes hoy sobre nacionalismo? En la siguiente sección me propongo responder a esta pregunta. Me concentraré en una noción que puede contribuir a enriquecer los debates actuales sobre el tema: el nacionalismo como forma de comprensión de sí mismo, que puede ser más o menos halagadora. Específicamente sostendré que el relato nacional argentino contenido en las obras históricas de Bartolomé Mitre fue y sigue siendo exitoso y eficaz, entre otras cosas, porque a los argentinos les gusta. A su vez, este relato ha tenido el efecto benéfico de que los argentinos gusten de sí mismos. Por supuesto, podrá discutirse que éstos ya gustaban de sí mismos en el último tercio del siglo XIX y que desde entonces era inviable un relato nacional de tono menos halagador. En fin de cuentas, las ideas históricas de Mitre provienen, al igual que los hatos pampeanos, los ferrocarriles que irradian de Buenos Aires, el tango y los argentinos mismos de un espacio y un tiempo que les son comunes; esto es, del contexto social e histórico que hoy llamamos Argentina.

3. Mitre de los argentinos: la operación histórica como operación nacionalista Este es el meollo de mi argumento: el relato de Mitre es un compendio de sentimientos nacionales que agrada a sus lectores. Es decir, que agrada a muchos lectores estadísticamente. No es del gusto de todos. A Juan Bautista Alberdi no le gustó, pero muchos lo han encontrado excelente. El descubrimiento del Plata, obra de navegantes mejores que Colón; la conquista del Paraná y de sus pampas, empresa de capitanes de buena familia; la excepcionalidad argentina; el desarrollo natural, orgánico y social de la idea revolucionaria de Mayo; San Martín, principal capitán de América; la vocación argentina para el comercio con el mundo (es decir Europa); Argentina, tierra abierta para los inmigrantes; la civilización en Buenos Aires; en fin, Argentina tiene reservado un puesto de liderazgo en la América meridional. Escribe Mitre pasajes como los siguientes. “Argentina es en Sud América el único ejemplo de una sociabilidad hija del trabajo reproductor”50. Páginas después explica que la “sociabilidad argentina” se conformó también con 49 CAMPOBASSI, José S., Mitre y su época, Buenos Aires, EUDEBA, 1980, p. 1. 50 MITRE, Bartolomé, Historia de Belgrano, op. cit., Vol. I, p. 52. En adelante se señalan, entre paréntesis después de las citas textuales, las páginas en las cuales éstas se encuentran en esta misma obra.

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“indígenas sometidos [que] se amoldaban a la vida civil de los conquistadores, formaban la masa de su población, se asimilaban a ellos, sus mujeres constituían los nacientes hogares y los hijos de este consorcio formaban una nueva y hermosa raza, en que prevalecía el tipo de la raza europea con todos sus instintos y con toda su energía.” (p. 52).

Los conquistadores del resto de América no fueron colonizadores, sino que se limitaron a “injertar la civilización europea en el tronco podrido de las semicivilizaciones indígenas” (p. 56). Valdivia en Chile y Martínez Irala en el Plata sí lo fueron. Sebastián Caboto “disputa a Colón la gloria del primer descubrimiento” (p. 56), pues Colón no fue más que “un desgraciado colonizador de las Antillas” (p. 55). Cortés y Pizarro no fueron más que “extraordinarios hombres de acción” (p. 56), mientras que Díaz de Solís fue “uno de los primeros navegantes de su tiempo […] descubridor del Río de la Plata […] destinado a recibir la semilla de la civilización humana.” (p. 56). Los conquistadores del Plata, en su mayor parte vizcaínos y andaluces, “traían en su temperamento étnico las calidades de dos razas superiores, altiva y varonil la una, imaginativa y elástica la otra”, lo que faltó al Perú, cuyo “más grande caudillo ni siquiera sabía escribir su nombre” (p. 57). La sociabilidad argentina se caracteriza por condiciones que “neutralizan el rozamiento de los intereses encontrados” y “entrañaban desde muy temprano los gérmenes de una sociedad libre” (p. 54). Los conquistadores argentinos trajeron consigo tres elementos de lucha: el espíritu guerrero, el espíritu municipal y la preparación para el trabajo, que “mancomunados, y hasta cierto punto ponderados, constituían una democracia rudimental.” (p. 58). Mitre agrega un vaticinio abrupto: “Era pues un territorio preparado para la ganadería, constituido para prosperar por el comercio y predestinado a poblarse por la aclimatación de todas las razas de la tierra.” (pp. 54-55). Insiste que la colonización del Plata “obedecía a un plan preconcebido, que tenía en vista la producción, el comercio y la población.” (pp. 59-60). En la hoya del Paraná “el más admirable y vasto sistema hidrográfico de la América del Sur” (p. 68), se conformó una raza por el concurso de las tres en que se divide la humanidad, “la europea o caucasiana era su parte activa, la indígena o americana como auxiliar y la etiópica como complemento […] la europea ha prevalecido por su superioridad, regenerándose constantemente por la inmigración” (p. 73). Al final del primer capítulo Mitre empieza su análisis del monopolio español con miras a explicar cómo “empezaron a difundirse las sanas ideas del buen gobierno, a formarse ese espíritu de resistencia y a establecerse por su vía natural la corriente comercial que debía engrandecer al Río de la Plata, preparando la insurrección económica.” (p. 79). El “espíritu municipal” determinó “el desarrollo lógico de la conquista” (p. 81). La circulación del contrabando por el Plata era como “la circulación de la sangre vital” y el desastre que esto ocasionaba en la economía del Perú y del Imperio se seguía de “la ley natural” (p. 87). Gracias a ella:

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“Se enriquecía, se poblaba, se regeneraba y se educaba por el manejo de los propios negocios y por su contacto con el mundo, este núcleo robusto de una nación futura, al cual algunos han llamado ‘poderosa aristocracia’ y otros ‘inteligente burguesía’. Era sencillamente una asociación libre de estancieros y mercaderes, en que los agricultores no dejaban de figurar en segunda línea; bajo el pié de una igualdad que los dignificaba, gozaban todos a la par de los dotes gratuitos de la naturaleza y del trabajo remunerador, constituyendo una democracia de hecho, que se organizaba en la vida civil y se desarrollaba espontánea y selvática en las campañas, con un temple de independencia genial.” (p. 96).

Belgrano hace su aparición en el capítulo XIX. Mitre menciona sus estudios de abogacía en la Universidad de Salamanca. El capítulo XX termina con la creación del Consulado de Buenos Aires y el nombramiento de Belgrano para su dirección. Con “Vieytes, Castelli, Moreno y otras inteligencias argentinas” (pp. 105-106), quienes trajeron a Buenos Aires las ideas de los economistas franceses, españoles e ingleses, Belgrano pertenece “al grupo de los fundadores.” (p. 112). Patriota desde siempre, asumió la secretaría del Consulado con el fin de libertar a su patria. Mitre le atribuye todo documento conducente a este fin, aunque esté firmado por otro: “Don Francisco Antonio Escalada, órgano de las doctrinas de Belgrano […]” (p. 116); “Don Pedro Cerviño [leyó] un discurso ante el Consulado, apoyando las ideas de Belgrano y desacreditando el monopolio.” (p. 113). La obra de Belgrano crece entre las dificultades que amenazan con “barbarizarla”, y las Provincias Unidas del Río de la Plata logran intervenir a favor de la emancipación de sus vecinos americanos, pues son ellas las que “al cumplir para con la América la misión redentora que ella únicamente podía llenar, y coronarla enviando al Perú su último ejército con el más grande de sus generales, completaba históricamente el programa de la revolución argentina” (Vol. III, p. 27). Mitre no olvida que los ejércitos de San Martín y las naves de Brown volvieron al sur en 1822, y que fueron oficiales y tropas venidas de otro país las que coadyuvaron con los peruanos a su “redención”. El historiador lo menciona a párrafo seguido, lo que no obsta para singularizar la “misión redentora” en las Provincias del Plata. En medio de su narración del desastre que comenzó para el gobierno central en 1819 (serie de capítulos titulada “La Guerra Social”, donde narra la disolución del Congreso y del Directorio), Mitre se refiere a los cabildos, y anota: “En el Río de la Plata esta institución echó raíces más profundas que en el resto de América. Bajo sus auspicios se planteó la primitiva colonización y se inoculó en la naciente sociabilidad el espíritu comunal que le dio consistencia, según se explicó antes […]. Esta situación […] es la que en 1820 se desmoronaba, y cuya caída solo era contenida por la mano debilitada del Cabildo de Buenos Aires” (Vol. III, pp. 101-102).

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Hacia finales del año fatídico, los caudillos del litoral están en retirada y “era así como todos los elementos que constituían la sociabilidad argentina tendían a la organización política, obedeciendo a las leyes de la gravitación, a la vez que las fuerzas disolventes se neutralizaban” (Vol. III, p. 287)51. Pero no son solo las leyes del universo las que moldean la grandeza argentina, sino ella misma, sus hombres y, en particular, los de Buenos Aires. Sobre la entrada en el puerto del bergantín español Aquiles, portador de una comisión regia que proponía la aceptación de Fernando VII como monarca constitucional, y de la negativa de la Junta de Representantes de Buenos Aires, Mitre comenta: “Así terminó el año XX […] en que una sola de las provincias argentinas contestaba al Rey de España que no admitía proposiciones de paz sino sobre la base del reconocimiento de la Independencia Argentina” (Vol. III, p. 290). Estos ejemplos, tomados de la Historia de Belgrano, son suficientes para avanzar hacia una conclusión. Antes, sin embargo, es necesario poner las afirmaciones de Mitre en perspectiva. Como relato nacional, como punto de encuentro de los argentinos y como operador de la imagen de sí mismos, la obra de Mitre no llega de primera mano a la mayoría de sus usuarios. Para la mayor parte, ella es materia de estudio elemental, resumido, recitado e impuesto, si bien no del todo por la fuerza. Cada argentino debe elaborar su propio compuesto de identificación nacional a partir de una plétora de materias primas: la capital federal y el bello collage de las provincias argentinas; hatos, tropillas y aperos de montar; el Río y el puerto; la Pampa, la Patagonia y la Sierra; el Sur; el fútbol y el rock; Borges o Cortázar; el lenguaje de los argentinos; la pléyade inagotable de cantantes, actores, divas, deportistas y -pocos pero bien explotados- los premios Nobel; el socialismo y el anarquismo (el integrismo se reserva al fuero muy interno); un gremio, un barrio. En fin, cada cual se construye su “argentinidad”, sin darse cuenta, como en cualquier país. Con todo, los argentinos heredaron un aliciente que les asiste en el ánimo y el tono que prestan a su personal elaboración nacional: el precedente de Mitre, de su propio nacionalismo, construido de la manera más sistemática, con gusto, optimismo y en el ejercicio pleno del derecho de congratularse. Más que un simple ejemplo, este precedente es enseñado en la escuela, legado por padres y abuelos (muchos de ellos viejos súbditos de reyes lejanos), es diseminado como un caudal de riego. La operación nacionalista de Mitre ha sido convertida en discurso nacional. O al menos, en una colección imprescindible de motivos nacionalistas de la que pueden servirse los argentinos con solo haber pasado por la escuela (a la manera de una colección de prendas, como las medallas que utiliza Mitre 51 Germán Colmenares toma nota del recurso constante que hace Mitre a analogías científicas. Acto seguido recoge algunos pasajes de la Historia de Belgrano que ilustran la idea grandiosa que Mitre propagó sobre la Argentina. Colmenares no se detiene en este punto, interesado de preferencia como lo está en los aspectos formales de las historias latinoamericanas del siglo XIX. COLMENARES, Germán, Convenciones contra la cultura, Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1987.

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para dar lustre al mapa de la batalla de Chacabuco que incluye en su Historia de San Martín). Ilustración No. 3: “Medallas de Chacabuco”, sección del Plano de la Batalla de Chacabuco publicado en la Historia de San Martín y de la Emancipación Sudamericana

Fuente: MITRE, Bartolomé, Historia de San Martín y de la Emancipación Sudamericana, t. II, 2ª ed., corregida y aumentada, Buenos Aires, Félix Lajouane, 1889-1890, plano separable entre pp. 14-15.

Conclusión La ventaja de colecciones de identificación nacionalista como las historias de Mitre es que están cuidadosamente elaboradas con vista a su lectura, estudio y comunicación. Regida su escritura por las exigencias del método histórico, están diseñadas para ser citadas. De hecho, la escuela y los ritos políticos públicos lo que hacen es citarlas y al hacerlo comandan autoridad. Solo los poetas tienen la autonomía suficiente para citarse a sí mismos y frecuentemente escapan al nacionalismo. La mayor parte de las personas citan historiadores. La sociabilidad argentina de Mitre se recrea en las maneras de los argentinos, en el voseo, en el inusitado nacionalismo de una nación de inmigrantes. La excepcionalidad argentina se manifiesta cuando personas de la calle desean la mejor de las suertes a Colombia, allá en Centroamérica, cuando Sábato se refiere al Brasil como una selva oscura y cada vez que boliviano significa indígena y paraguaya empleada doméstica. ¿Quiénes citan las obras de Mitre, quién renueva la savia de sus ideas históricas y las restituye como temas contemporáneos en la calle, en los medios? En principio impresores e intelectuales, algunos de los cuales he discutido en la segunda sección. En

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su senda siguen los cuadros del sistema educativo, desde los ministros que disponen el contenido de los estudios hasta el profesor de provincias, pasando por los redactores de manuales. A diario los secunda el periodismo, con La Nación, fundación de Mitre, a la vanguardia; las esferas públicas de la política y la televisión. Hombres y mujeres en sus esferas privadas cada vez que se figuran argentinos. Los niños en la escuela. El estudio de nacionalismos particulares es el de un conjunto indefinido de ideas que circulan en una población. Como en todo lo que pertenece al dominio de las ideas y de las emociones humanas, es preferible no asumir la existencia de totalidades por agotar, disyuntivas definitivas o sistemas cerrados. Los nacionalismos no son cajas cerradas; tampoco operan como ecuaciones; ni siquiera cabe esperar de ellos una ética, como es el caso de las instituciones. Los nacionalismos son colecciones incompletas, discursos truncados, relatos incoherentes, recuerdos borrosos, paisajes imposibles. Con todo, sus combinaciones personales presentan, de individuo en individuo, temas y motivos recurrentes que circulan en una órbita y no más allá. Los nacionalismos ocurren en dos modos siempre presentes: ideas y sentimientos. Su diferencia es de grado: las ideas son construcciones verbales más claras. Las ideas o sentimientos de impronta nacionalista ocurren en horizontes limitados, que pueden o no corresponder a unidades territoriales. Estos horizontes discursivos definen, por sí mismos, horizontes culturales, siempre abiertos a una gran heterogeneidad interna (de tipo regional, de clase, religioso, étnico y, ante todo, individual). Poseen como características simultáneas esta heterogeneidad y una sorprendente rigidez de conjunto: no importa la pobreza o riqueza, coherencia o disonancia, estridencia o afonía de las ideas y sentimientos nacionales de un individuo determinado, es difícil que ya formadas las cambie por otras. En Nations and Nationalism, Ernest Gellner concluye que solo en la Europa atlántica surgieron nacionalismos originales, inéditos, propios52. En su artículo “Nationalism and State-Building in Latin American History”, David Brading sostiene que “en América Latina el nacionalismo llegó tarde, fue hijo del siglo XX”, y agrega que las razones son obvias: “Las ideologías de liberación fueron tomadas en préstamo de Francia, los límites territoriales eran legado del Imperio Español y en lugar de nacionalismo ocurrió en la región una mezcla de liberalismo importado y patriotismo Criollo, enriquecida con las doctrinas renacentistas del republicanismo clásico”53.

52 GELLNER, Ernest, Nations and Nationalism, Oxford, Oxford University Press, 1983. 53 BRADING, David, “Nationalism and State-Building in Latin American History”, en POSADA CARBO, Eduardo (ed.), Wars, Parties and Nationalism - Essays on the Politics and Society of Nineteenth-Century Latin America, Serie Nineteenth-century Latin America, Londres, Institute of Latin American Studies, 1995, pp. 89-107.

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Estas afirmaciones son demasiado taxativas y rígidas para referirse a algo tan amorfo, cambiante, indefinido (y, sin embargo, pertinaz y ubicuo) como el nacionalismo. Menos rígido es el acercamiento de Anthony D. Smith en National Identity: “[Nuestra] suposición básica es que debemos tratar siempre las naciones y el nacionalismo como fenómenos culturales. Es decir, el nacionalismo, la ideología o movimiento, debe ser relacionado de cerca con la identidad nacional, concepto multidimensional en el que se incluyen un lenguaje, unos sentimientos y un simbolismo específicos”54.

Para Smith el nacionalismo también es una enfermedad de la cultura y National Identity termina con la frustración de no poder ofrecer una cura. En América Latina los nacionalismos no solo fueron posibles sino necesarios desde la abolición de la autoridad real. Las antiguas cláusulas de identificación, en su tiempo suficientes para establecer un vínculo entre los súbditos y de ellos con sus territorios en el seno del Imperio, cambiaron en cuestión de pocos años. Para las personas más cercanas a la revolución, titulares de cargos públicos y responsables de redactar nuevos discursos y constituciones, el reemplazo de las antiguas ideas era parte de su trabajo diario. Entre estos hombres los historiadores fueron quienes hicieron las contribuciones más importantes en la provisión de nuevas colecciones de temas y motivos nacionales. La libertad del género histórico se los permitía en mayor medida que a otros escritores, pues la operación de la historia tradicional consistía en la acumulación de eventos memorables del pasado; de anales o décadas; de ideas, nociones o juicios heterogéneos, y su única exigencia era que esta pluralidad se acomodase como cuentas y dijes en el collar de una narración. En todas las repúblicas hispanoamericanas y en el Imperio del Brasil fueron producidas bibliotecas históricas, colecciones de nuevos motivos de identificación nacional entre individuos y de ellos con sus territorios. En la Argentina, Bartolomé Mitre produjo una colección de nuevos temas y motivos de identificación que fue del gusto de los argentinos. También porque halagan a sus lectores, la Historia de Belgrano y la Historia de San Martín han gozado de especial éxito como relatos nacionales. Sabemos que ambas anteceden a la sociedad industrial y no nos corresponde decir en qué medida sean enfermizas.

54 SMITH, Anthony D., National Identity, Reno, University of Nevada Press, 1993 (1a ed., 1991), p. VII.

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Entre el antiguo y el nuevo régimen. La historia política hispanoamericana del siglo XIX Resumen El artículo analiza las perspectivas historiográficas abiertas por los recientes estudios de historia política realizados sobre el siglo XIX hispanoamericano. Estas perspectivas se han agrupado alrededor de tres cuestiones fundamentales -la ciudadanía política y la formación de la nación, la violencia y las guerras y la institucionalización del Estado-, con lo que hemos tratado de subrayar en qué medida las nuevas interpretaciones han contribuido a modificar la imagen de un siglo XIX caracterizado por la violencia, la anarquía y el caudillismo. Palabras claves: Historiografía, historia política, América Latina, siglo XIX, ciudadanía política, nación, violencia, guerras, Estado.

Between the Old and New Regime: Nineteenth Century Spanish American Political History Abstract This article analyzes the new historiographic perspectives developed in recent studies of 19th century Spanish American political history. Grouping these studies around three fundamental topics - political citizenship and nation building, violence and war, and the institutionalization of the state - it underlines how these new interpretations help modify the image of the 19th century as one characterized by violence, anarchy, and political boss-rule (caudillismo). Keywords: Historiography, political history, Latin America, nineteenth century, political citizenship, nation, violence, war, the state.

Artículo recibido el 18 de noviembre de 2006 y aprobado el 15 de febrero de 2007.

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Actualmente nos encontramos en un momento oportuno para considerar el camino recorrido recientemente por los historiadores interesados en Hispanoamérica que estudian el Estado en el siglo XIX. Una triple coyuntura nos invita a ello: historiográfica, política, y jurídica y cultural. En primer lugar, una coyuntura historiográfica: durante los quince últimos años, se ha asistido a la publicación de numerosas obras sobre lo que se llamaba anteriormente el ‘siglo olvidado’ de la historiografía latinoamericanista. Este nuevo interés llevó a los historiadores a cuestionar la antigua interpretación, según la cual la Independencia y sus ideales políticos habían sido traicionados por los caudillos. Esta interpretación nacida a finales del siglo XIX para legitimar el nuevo orden político terminó por engendrar la idea de un fracaso histórico del liberalismo en la América hispánica. Este fracaso se evidenciaba en el predominio del personalismo político, de naturaleza esencialmente rural y militar, y de las formas de violencia. Al contrario, las investigaciones recientes han puesto en evidencia el peso de la legalidad liberal en el interior de los nuevos espacios políticos. D Traducción del artículo titulado “Entre ancien et nouveau régime. L’histoire politique hispano-américaine du XIXe siècle”, publicado en Annales Histoire, Sciences Sociales, No. 59-4, París, Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales - Armand Colin, julio-agosto de 2004, pp. 759-781. © EHESS, Paris. Traducción de Muriel Laurent. L Doctora en Ciencia Política, Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa, Italia. Postdoctorado Jean Monnet Fellow, Département d’Histoire et Civilisation, Institut Universitaire Européen, Florencia, Italia. Actualmente investigadora asociada al Centre d’Études sur les Mondes Américains (CERMA), École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), París, Francia y profesora de la Universidad de Marne-la-Vallée, Francia. Agradezco a los que, por sus sugerencias y comentarios, me permitieron enriquecer el presente artículo, Antonio Annino, Juan Carlos Garavaglia, Annick Lempérière y Geneviève Verdo. fmorelli@ehess.fr

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Esta coyuntura es igualmente política, porque si los países hispanoamericanos viven con una intensidad creciente los fenómenos de crisis del Estado-nación, parecen haber tomado al mismo tiempo y con decisión el camino de la democracia. Los graves disturbios económicos que golpearon las políticas liberales de numerosos países latinoamericanos durante estos últimos años han demandado un nuevo modelo de regulación social, que se manifiesta en el resultado de ciertas consultas electorales y en los movimientos sociales1. Los procesos de integración regional, reactivados durante los años noventa, se encuentran ahora frente a dos tendencias opuestas: de un lado, el temor de una transferencia de soberanía a organismos supranacionales y, de otro, la amenaza de verse sometidos a la influencia de los Estados Unidos . Finalmente, los movimientos indígenas, cada vez mejor organizados tanto desde el punto de vista nacional como internacional, demandan con insistencia creciente la formación de Estados plurinacionales o multicomunitarios, lo que forzosamente cuestionaría el principio de la unicidad de la soberanía . A pesar de los graves problemas económicos y sociales que minan el propio concepto de democracia, existe, no obstante, una fuerte continuidad y un amplio consenso alrededor de las instituciones democráticas. Coyuntura jurídica y cultural, finalmente: los juristas y los politólogos han constatado que existía una fuerte tendencia al retorno de los Estados occidentales hacia una tradición jurisdiccional, en la medida en que ésta no expresaba las mismas pretensiones unilaterales de dominación que el principio de soberanía de la ley, y facilitaba la búsqueda de puntos de equilibrio en virtud de una atribución equitativa de los espacios y de los derechos. El control de la constitucionalidad, en particular, se volvió un medio esencial no sólo para garantizar los principios constitucionales, sino también y sobre todo para buscar los puntos de equilibrio entre principios potencialmente contradictorios sobre los cuales no se puede ejercer ninguna decisión soberana. Retomando la concepción preabsolutista del gobierno, como actividad destinada a garantizar una cierta armonía entre la pluralidad de los sujetos y de las fuerzas, la justicia vuelve hoy a participar en el gobierno, incluso si es en el sentido específico y exclusivo de la garantía de los 1 VELLINGA, Menno (dir.), El cambio del papel del Estado en América Latina, México, Siglo Veintiuno, 1997; SIDICARO, Ricardo, La crisis del Estado y los actores políticos y socioeconómicos en la Argentina (1989-2001), Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, 2001; GREEN, Duncan, Silent Revolution: The Rises and Crisis of Market Economics in Latin America, Nueva York, New York University Press, 2003. Para una síntesis del proceso de integración regional latinoamericano, ver BULMER-THOMAS, Victor (dir.), Regional Integration in Latin America and the Caribbean, Londres, ILAS, 2001. Ver, por ejemplo, SIEDER, Rachel (dir.), Multiculturalism in Latin America: Indigenous Rights, Diversity and Democracy, Londres, ILAS, 2002; REINA, Leticia (dir.), Los retos de la etnicidad en los Estados-nación del siglo XXI, México, CIESAS, 2000; PARÍS POMBO, María Dolores, “De las políticas de integración nacional a la construcción del Estado multiétnico: México y Bolivia”, en Argumentos, No. 32-33, 1999, pp. 149-173; ESTEVA, Gustavo, “Derecho y pueblos indios: de la pluralidad al pluralismo”, en América Indígena, Vol. 57, No. 3-4, 1997, pp. 67-84.

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derechos y la salvaguardia de un equilibrio en una sociedad profundamente pluralista . De hecho, el repertorio de las decisiones que los sistemas políticos de las sociedades complejas delegan a las cortes o a las instituciones jurídicas y parajurídicas aumentó progresivamente durante los últimos años: habiendo tomado consciencia de que tales sociedades no podían ser gobernadas racionalmente de manera burocrática o jerárquica, ni ser enteramente confiadas a mecanismos de autorregulación espontánea, los organismos judiciales ocupan en adelante un papel neurálgico en un paisaje social caracterizado por tendencias contradictorias a la organización y a la desregulación, a la reglamentación y a la desinstitucionalización . Es en el contexto de esta ‘jurisdicionalización’ de los Estados contemporáneos que tanto en Europa como en América, se produjo en los últimos quince años una reinterpretación de las experiencias absolutistas y liberales de los siglos XVIII y XIX. Más específicamente, se ha asistido a una revisión fundamental del antiguo paradigma estatal, la cual demostró brillantemente que el Estado moderno no resulta de una marginalización progresiva y de una expropiación por la monarquía de los poderes políticos locales, sino, en cambio, de fenómenos de articulación y de interdependencia entre las dos esferas . Esta nueva corriente de interpretación se aplica al periodo del absolutismo así como al periodo posterior a las revoluciones euroatlánticas de finales del siglo XVIII, siendo en este último en el que se arraiga la experiencia del Estado Ver, por ejemplo, TATE, C. Neal y VALLINGER, Torbjörn (dirs.), The Global Expansion of Judicial Power, New York, New York University Press, 1995; BRUTI LIBERATI, Edmondo, CERETTI, Adolfo y GIANSANTI, Alberto (dirs.), Governo dei giudici. La magistratura tra diritto e politica, Milan, Feltrinelli, 1996; GARAPON, Antoine, Le gardien des promesses. Justice et démocratie, París, Jacob, 1996; PIZZORNO, Alessandro, Il potere dei giudici. Stato democratico e controllo di virtù, Rome-Bari, Laterza, 1998. Las razones de esta expansión del poder judicial deben buscarse tanto en los elementos inherentes al orden democrático -tales como el fortalecimiento de la independencia de la magistratura, la difusión de una cultura de derechos, la ‘revolución de las expectativas crecientes’- como en los elementos patológicos de este mismo orden, no menos influyentes -como la corrupción de las clases políticas, la falta de eficacia de los gobiernos, la debilidad de las oposiciones- que obligan la magistratura a jugar un papel de suplencia. PORTINARO, Pier Paolo, “Oltre lo Stato di diritto. Tirannia dei giudici o anarchia degli avvocati?”, en COSTA, Paolo y ZOLO, Danilo (dirs.), Lo Stato di Diritto. Storia, teoria e critica, Milan, Feltrinelli, 2002, pp. 387-495. Para un análisis de estos elementos, véase TATE, C. Neal, “Why the Expansion of Judicial Power”, en TATE, C. Neal y VALLINGER, Torbjörn (dirs.), op. cit., pp. 28 y ss.; para el caso italiano, veáse RIGHETTINI, Stella, “La politicizzazione di un potere neutrale. Magistratura e crisi italiana”, en Rivista italiana di scienza politica, Vol. XXV, 1995, pp. 227-265. Los trabajos en este sentido son numerosos. Ver, por ejemplo, CLAVERO, Bartolomé, Tantas perspectivas como Estados. Por una antropología jurídica de la historia europea, Madrid, Tecnos, 1986; HESPANHA, Antonio Manuel, Poder e instituiçoes no Antigo Regime, guia de estudo, Lisboa, Cosmos, 1992; SCHAUB, Jean-Frédéric, Recherche sur l’histoire de l’Etat dans le monde ibérique : 15e-20 e siècle, París, Presses de l’École Normale Supérieure, 1993; BLANCO, Luigi, “Note sulla più recente storiografia in tema di «Stato moderno»”, en Storia, Amministrazione, Costituzione, No. 2, 1994, pp. 259-297; MANNORI, Luca (dir.), Comunità e poteri centrali negli antichi stati italiani, Naples, CUEN, 1997.

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de derecho. De hecho, los estudios sobre el siglo XIX europeo han demostrado claramente que este modelo histórico no se impuso de manera inmediata y absoluta después de la Revolución francesa, pero sí que lo hizo progresivamente, de manera parcial y diversificada. Una de las utopías mayores del siglo XIX ha sido, a fin de cuentas, creer posible la destrucción integral de las comunidades en provecho de la creación de sociedades de individuos, correspondientes a los grupos humanos que constituyen los Estados. Pero debido a las resistencias culturales, sociales y nacionales, este proceso quedó inacabado. Los aportes de estas nuevas tendencias historiográficas juegan un papel fundamental en el ‘redescubrimiento’ de la historia de lo político para la América hispánica del siglo XIX. De hecho, se constata en la misma época el resultado de toda una serie de investigaciones que tienden a relativizar la tesis de la anarquía consecutiva a la Independencia y que, a la inversa, subrayan la fuerza y la continuidad de ciertas instituciones resultantes de la revolución en los regímenes liberales. Esta nueva interpretación permitió cuestionar otra visión del siglo XIX latinoamericano según la cual los regímenes liberales de la segunda mitad del siglo habrían construido un nuevo orden de la nada, del vacío dejado por los años de guerras y de conflictos. En realidad, serían más bien el resultado de varios decenios de esfuerzos y de tentativas encaminadas a edificar regímenes políticos viables. Este artículo no se propone presentar en detalle los diferentes recorridos por los cuales la historia política de la América hispánica contemporánea se propuso recientemente a la atención de los especialistas. Tras un examen rápido de las contribuciones de la historiografía sobre el absolutismo y la Independencia -que constituyen sin duda los antecedentes de esta renovación historiográfica-, nos concentraremos en tres cuestiones fundamentales, ligadas las unas a las otras y que parecen atravesar los itinerarios más importantes de la historiografía de estos últimos años: la ciudadanía política y la formación de la nación, la violencia y las guerras, la institucionalización del Estado.

1. Los antecedentes Los nuevos cuestionamientos relativos a la historia política del siglo XIX están ligados a los recientes resultados obtenidos por los historiadores de la época absolutista y de la Independencia. De hecho, considerando las obras sobre el siglo XIX latinoamericano de los diez o quince últimos años, se nota enseguida que la mayoría de ellos se remontan, en los primeros capítulos, hasta las reformas de la época borbónica. Esta periodización, propuesta por primera vez por el famoso historiador argentino Tulio Halperín Donghi en 1985 , cambió de manera radical el acercamiento a la HALPERÍN DONGHI, Tulio, Reforma y disolución de los imperios ibéricos, Madrid, Alianza Editorial, 1985.

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Independencia. Más que como una pausa, se la considera como el resultado de dos factores distintos: por un lado, las políticas llevadas a cabo por la Corona española y, por otro, las consecuencias provocadas por la crisis de la Monarquía. Este cambio de perspectiva se debe no sólo a la caída definitiva del modelo patriótico criollo, forjado a finales del siglo XIX con el fin de legitimar el Estado oligárquico-liberal, sino, además, a la crisis de la teoría de la dependencia y al discurso anticolonialista de origen marxista de los años ochenta. Mientras el primer modelo ya había entrado en crisis con la conmoción del Estado liberal entre las dos guerras, el segundo había contribuido de manera significativa a interpretar la Independencia como el producto de las revueltas sociales causadas por la explotación del sistema colonial: de símbolos de las aspiraciones políticas criollas, los héroes de la Independencia latinoamericana habían pasado a ser los voceros de las capas pobres y explotadas de la sociedad colonial. El declive de este modelo historiográfico, evidentemente ligado a la caída del sistema comunista y, al mismo tiempo, a la evolución de las investigaciones históricas de los análisis sociales y económicos, focalizadas hacia las estructuras, y los temas políticos y culturales, llevó a los historiadores a establecer una relación más estrecha entre independencia y reformismo absolutista. No obstante, este vínculo plantea numerosos interrogantes. De hecho, subrayando que las reformas borbónicas difunden en los territorios americanos una nueva concepción del Estado, que tiende a dinamizar la sociedad en la medida en que contribuyeron a reformar las estructuras económicas, sociales y políticas y a introducir nuevos modelos culturales , ciertas obras no sólo cuestionan la tesis que veía en la Independencia una reacción a las reformas anticriollas de finales del siglo XVIII, sino que también plantean la pregunta del alcance de esta modernización. Al mismo tiempo numerosos estudios sobre la crisis de la monarquía demuestran, al contrario, la sobrevivencia y el renacimiento de una cultura y de comportamientos políticos tradicionales. La cuestión consiste en saber cómo la apertura a las ideas provenientes de medios ilustrados de Europa y de América del Norte y el nacimiento de una nueva sociabilidad política procedente de las sociedades científicas, periódicos, debates públicos, asociaciones y salones se Ver, por ejemplo, PIETSCHMANN, Horst, “Protoliberalismo, reformas borbónicas y revolución: la Nueva España en el último tercio del siglo XVIII”, en ZORAIDA VÁZQUEZ, Josefina (dir.), Interpretaciones del siglo XVIII mexicano. El impacto de las reformas borbónicas, México, Nueva Imagen, 1992, pp. 27-58; CASTRO LEIVA, Luis, “Memorial de la modernidad: lenguaje de la razón e invención del individuo”, en ANNINO, Antonio, GUERRA, François-Xavier y CASTRO LEIVA, Luis (dirs.), De los Imperios a las Naciones: Ibéroamérica, Saragoza, Ibercaja, 1994, pp. 129-165; LEMPÉRIÈRE, Annick, “La recepción negativa de una grande idea: el absolutismo en Nueva España en la segunda mitad del siglo XVIII”, en QUIJADA, Monica y BUSTAMANTE, Juan (dirs.), Elites intelectuales y modelos colectivos. Mundo ibérico (siglo XVI-XIX), Madrid, CSIC, 2002, pp. 199-218. En el transcurso de estos diez últimos años muchos trabajos se interesaron en el nacimiento de un espacio público durante el periodo de Independencia e, incluso, en la época borbónica. Sin embargo, los trabajos

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articulan con el fracaso del Estado absolutista en su intento de desmantelamiento de la sociedad corporativa, que precedió su propia disolución. En efecto, incluso si las investigaciones recientes sobre la época absolutista tuvieron el gran mérito de evidenciar la complejidad del período -que no puede ser reducida a los intentos de la Corona por aumentar su control sobre las colonias y sus recetas fiscales, puesto que terminaba también por favorecer ciertos sectores de la sociedad americana10-, queda por saber en qué medida el Estado absolutista contribuyó por otro lado a cuestionar, en términos tocquevillanos, el orden sobre el cual descansaba la sociedad11. Se trata aquí de una pregunta que puede evidentemente extenderse mucho más allá de los territorios hispanoamericanos de principios del siglo XIX, pero que adquiere un carácter particularmente dramático en el contexto de grandes conjuntos políticos multicomunitarios en disolución, como el de la Monarquía hispánica12. Como sea, esta nueva cronología y este nuevo modelo historiográfico fueron adoptados en el marco de las investigaciones tanto en historia económica como en historia política y social13. Pero es, ante todo, sobre este último elemento que se sitúan los aspectos más novedosos de la historiografía: de un lado, en los estudios sobre el contexto político e institucional y, de otro, en los sobre las sociedades locales

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pioneros en este campo fueron los siguientes: GUERRA, François-Xavier, Modernidad e Independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas, Madrid, Mapfre, 1992, pp. 92-102 y GUERRA, François-Xavier y LEMPÉRIÈRE, Annick (dirs.), Los espacios públicos en Iberoamérica. Ambigüedades y problemas. Siglos XVIII y XIX, México, Fondo de Cultura Económica, 1998. Éstos dieron lugar a toda una serie de trabajos. Ver, por ejemplo, PERALTA, Víctor, “La revolución silenciada. Hábitos de lectura y pedagogía política en el Perú, 1790-1814”, en Anuario de Estudios Americanos, Vol. 54, No. 1, 1997, pp. 107-134; URIBE-URÁN, Víctor (dir.), State and Society in Spanish America during the Age of Revolution, Wilmigton, SR Books, 2001. La introducción del commercio libre favorece, por ejemplo, amplios sectores de la sociedad criolla, mientras que el sistema de las intendencias beneficia a los grupos locales distantes de los centros burocráticos coloniales. Ver FISHER, John, “The Effects of Comercio Libre on the Economies of New Granada and Peru: a Comparison”, en FISCHER, John, KUETHE, Allan J. y McFARLANE, Anthony (dirs.), Reform and Insurrection in Bourbon Peru and New Granada, Bâton Rouge-Londres, Louisiana State University Press, 1990, pp. 147-163; FISCHER, John, El Perú borbónico 1750-1824, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 2000. Esta pregunta fue formulada de manera muy clara por PIETSCHMANN, Horst, “Justicia, discurso político y reformismo borbónico en la Nueva España del siglo XVIII”, en BELLINGERI, Marco (dir.), Dinámicas de antiguo Régimen y orden constitucional. Representación, justicia y administración en Iberoamérica. Siglos XVIII-XIX, Turin, Otto ed., 2000. Al respecto, ver ANNINO, Antonio, CASTRO LEIVA, Luis y GUERRA, François-Xavier, Diálogo a tres voces”, en ANNINO, Antonio, CASTRO LEIVA, Luis y GUERRA, François-Xavier (eds.), op.cit., pp. 613-615. Ver, por ejemplo, ANDRIEN, Kenneth J. y JOHNSON Lyman L. (dirs.), The Political Economy of Spanish America in the Age of Revolution, 1750-1850, Albuquerque, The New Mexico University Press 1994; SZUCHMANN, Mark D. y BROWN, Jonatan C. (dirs.), Revolution and Restoration: The Rearrangement of Power in Argentina, 1776-1860, Lincoln, University of Nebraska Press, 1994; RODRÍGUEZ, Jaime O. (dir.), Mexico in the Age of Democratic Revolutions, 1750-1850, Boulder, Lynne Rienner Publishers, 1994.

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y los movimientos populares. En lo que atañe a la importancia acordada con los elementos políticos e institucionales, una de las obras de referencia es obviamente la de François-Xavier Guerra, que ha contribuido de manera significativa a evidenciar las implicaciones y las repercusiones de la crisis de la Monarquía española sobre la Independencia hispanoamericana. Se trata de una interpretación que rompió claramente los esquemas tradicionales de la historiografía; el acento puesto sobre las abdicaciones de Bayonne en 1808, como causa principal de la Independencia, representó un cambio completo con relación a las tesis que consideraban la ruptura entre España y América como consecuencia de una serie de movimientos de carácter ‘nacional’. Ello significó también que se debía considerar la Península como el motor de los acontecimientos americanos porque la aplicación conjunta de los principios revolucionarios -tales como la soberanía del pueblo y la representación políticaque llevaron los países hispanoamericanos a separarse definitivamente de la madre patria, es debida principalmente a la aplicación de la primera constitución moderna, la Constitución de Cádiz de 181214. La historiografía demostró, en efecto, gracias igualmente a las investigaciones recientes efectuadas en España, que este modelo constitucional jugó un papel fundamental en América hispánica, no sólo durante la época de la crisis de la Monarquía, sino también posteriormente, con la formación de las nuevas repúblicas15. La importancia de esta nueva perspectiva es diversa en la medida en que no solamente situó la Independencia hispanoamericana en un contexto global -se habló entonces de un espacio ‘euroamericano’- sino también porque dio vida a toda una serie de trabajos de investigación que versan sobre aspectos de la Independencia poco estudiados hasta el momento, tales como los lenguajes utilizados por las juntas revolucionarias, las primeras experiencias representativas o la aparición de nuevos 14 Sobre la influencia del liberalismo español en la Independencia americana, ver GUERRA François-Xavier (dir.), Las revoluciones hispánicas. Independencias americanas y liberalismo español, Madrid, ed. Complutense, 1995. 15 Sobre los efectos producidos por la aplicación de la Constitución de 1812 en América, los estudios adelantados por Antonio Annino figuran entre los más importantes: ANNINO, Antonio, “Soberanías en lucha”, en ANNINO, Antonio, CASTRO LEIVA, Luis y GUERRA, François-Xavier (eds.), op. cit., pp. 229-253; “Cádiz y la revolución de los pueblos mexicanos, 1812-1821”, en ANNINO, Antonio (dir.), Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX, Buenos Aires, FCE, 1995, pp. 177-226; “Voto, tierra y soberanía. Cádiz y los orígenes del municipalismo mexicano”, en GUERRA, François-Xavier (dir.), Les revoluciones hispánicas, op. cit., pp. 269292; “El primer constitucionalismo mexicano, 1810-1830”, en CARMAGNANI, Marcello, HERNÁNDEZ CHÁVEZ, Alicia, ROMANO, Ruggero (dir.), Para una historia de América III. Los nudos (2), México, Fondo de Cultura Económica, 1999, pp. 140-189. Estas investigaciones sobre México dieron vida, especialmente en Italia, a toda una serie de estudios que versan sobre otras regiones de América hispánica: ver, por ejemplo MORELLI, Federica, Territorio o nazione. Riforma e dissoluzione dello spazio imperiale in Ecuador, 1765-1830, Soveria Mannelli, Rubettino, 2001; CHIARAMONTI, Gabriella, Suffragio e rappresentanza nel Perù dell’800. Gli itinerari della sovranità (1808-1860), Turin, Otto ed., 2003.

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espacios de sociabilidad16. Los estudios sobre las elecciones, en particular, fueron fuertemente revalorizados: mostraron que los procesos representativos de la época de la Independencia son esenciales para entender las dinámicas de fragmentación territorial y los itinerarios de la soberanía en el continente17. A esta corriente historiográfica se opuso otra, igualmente importante, la de los estudios sobre los movimientos y la movilización de las sociedades locales, tanto en la época borbónica como durante la Independencia. Se trata, en esencia, de estudios anglosajones e hispanoamericanos, centrados principalmente sobre los aspectos sociales, económicos y culturales de las revoluciones18, que tienden en su mayoría a desatender la dimensión institucional de estos fenómenos y a concentrarse más bien sobre la resistencia y la fuerza de las sociedades locales frente a los intentos de centralización y de movilización. Esto con el objetivo de revalorizar una cierta historia local, que la perspectiva políticoinstitucional no tomaba en cuenta en su lógica interpretativa. Obviamente lo que estaba en juego en este otro acercamiento era rechazar una interpretación que restablecía un vínculo muy fuerte entre la América hispánica y Europa y, sobre todo, España. 16 Ver, por ejemplo, GONZÁLEZ BERNALDO, Pilar, “La Revolución francesa y la emergencia de nuevas prácticas de la política en el Río de la Plata revolucionario, 1810-1815”, en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravagnani, 3° serie, No. 3, 1991, pp. 7-27; GOLDMAN, Noemí, Historia y lenguaje: los discursos de la Revolución de Mayo, Buenos Aires, 1992; HÉBRARD, Véronique, Le Venezuela Indépendant : Une nation par le discours , 1808-1830, París, L’Harmattan, 1996; GUERRA, François-Xavier, “Voces del pueblo. Redes de comunicación y orígenes de la opinión en el mundo hispánico (1808-1814)”, en Revista de Indias, Vol. LXII, No. 225, 2002, pp. 357-384. 17 Sobre el análisis de las primeras experiencias electorales durante la época de la Independencia, ver DÉMELAS, Marie Danielle, L’invention politique. Bolivie, Equateur, Pérou au XIXe siècle, París, Éditions Recherches sur les Civilisations, 1992; ANNINO, Antonio (dir.), Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX, op. cit.; VERDO, Geneviève, Les provinces « désunies » du Rio de la Plata : souveraineté et représentation politique dans l’indépendance argentine (1808-1821), tesis de doctorado, Université de Paris I, 1998. 18 Con relación a la época borbónica, ver: McFARLANE, Anthony, “The rebellion of the Barrios”, en FISCHER, John, KUETHE, Allan J. y McFARLANE, Anthony (dirs.), op. cit., pp. 197-254; ANDRIEN, Kenneth, “Economic Crisis, Taxes and Quito Insurrection of 1765”, en Past and Present, No. 129, 1990, pp. 104-131; EARLE, Rebecca, “Indian Rebellion and Bourbon Reform in New Granada: Riots in Pasto, 17801800”, en Hispanic American Historical Review, Vol. 73, No. 1, 1993, pp. 99-124; O’PHELAN GODOY, Scarlett, “Algunas reflexiones sobre las Reformas Borbónicas y las rebeliones del siglo XVIII”, en WALKER, Charles F. (dir.), Entre la retórica y la insurgencia: las ideas y los movimientos sociales en los Andes, siglo XVIII, Cuzco, Centro de Estudios Regionales Andinos “Bartolomé de las Casas”, 1996, pp. 309-317. Con respecto a las contribuciones más interesantes de la historiografía de estos últimos años sobre las rebeliones de la Independencia, ver GUARDINO, Peter, Peasants, Politics and the Formation of Mexico’s National State. Guerrero, 1800-1857, Stanford, Stanford University Press, 1996; WALKER, Charles F., Smaldering Ashes: Cuzco and the Cretion of Republican Peru, 1780-1840, Durham, Duke University Press, 1999; VAN YOUNG, Eric, The Other Rebellion, Popular Violence, Ideology and the Mexican Struggle for Independence, 1810-1821, Stanford, Stanford University Press, 2001.

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Esta revisión historiográfica de la Independencia latinoamericana se inscribió en efecto en el contexto específico y fundamental, desde el punto de vista de las relaciones euro-americanas, de las conmemoraciones del quinto centenario del descubrimiento de América. Este aniversario marcó una etapa importante en el relanzamiento de las relaciones culturales, políticas y comerciales entre España y sus antiguas colonias -a tal punto que se habló del nacimiento de una ‘comunidad iberoamericana’-, pero al tiempo hizo aparecer en nuestro continente toda una serie de movimientos que se oponían a las celebraciones e, implícitamente, al acercamiento entre América Latina y Europa. Con mayor razón por el hecho de que la fecha coincidía con el cambio profundo y crucial del orden político internacional vigente, provocado por la caída de la Unión Soviética y el fin del sistema bipolar. Hoy se puede afirmar que estas dos corrientes, después de haberse confrontado, terminaron por converger y articularse. De hecho, existe ahora toda una nueva serie de estudios cuyo objetivo es analizar las interacciones existentes entre los movimientos del centro y los de las comunidades locales. En vez de limitarse a considerar los aspectos sociales y culturales de los movimientos populares, estas investigaciones tienen igualmente en cuenta las mutaciones que los conflictos producen en términos de participación política, de construcción de la nación, de fortalecimiento de la identidad comunitaria19. Estas últimas tendencias, para retomar una expresión de Van Young, no piensan que haya habido ‘otra rebelión’, paralela a la de las elites criollas, que luchaba para obtener la independencia de España y que se expresaba en un lenguaje completamente diferente. Consideran más bien que existe una articulación entre los dos movimientos, que conectaba las municipalidades, las milicias, los jueces locales, las comunidades indígenas y sus autoridades a los movimientos de la ‘alta’ sociedad, la de las elites, de los caudillos y de los generales de los nuevos ejércitos. Estos análisis tuvieron, pues, el gran mérito de evidenciar el hecho de que durante la época absolutista y la Independencia se asistió a una constante y considerable interacción entre Estado y comunidades locales, entre las ‘altas’ y las ‘bajas’ esferas de la sociedad. Lo que dio vida a toda una serie de nuevas investigaciones historiográficas, que se interrogan justamente sobre las formas que esta interacción adquirió a lo largo del siglo XIX, así como también en la construcción del Estado nacional.

19 Ver, por ejemplo, THOMSON, Guy, “Los indios y el servicio militar en el México decimonónico. ¿Leva o ciudadanía?”, en ESCOBAR, Antonio (dir.), Indios, nación y comunidad en el México del siglo XIX, México, 1993, pp. 207-251; ORTÍZ ESCAMILLA, Juan, Guerra y gobierno. Los pueblos y la independencia de Mexico, Sevilla, Colección Nueva América, 1997; THIBAUD, Clément, Repúblicas en Armas. Los ejércitos bolivarianos en la guerra de Independencia en Colombia y Venezuela, Bogotá, Planeta, 2003.

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2. La ciudadanía y la construcción de la nación Una de las cuestiones más ampliamente debatidas por la historiografía latinoamericanista en estos diez últimos años es la de la ciudadanía, considerada como el elemento central de la construcción de las nuevas comunidades nacionales después de la ruptura del orden colonial. Un interés que debe mucho a las experiencias de transición democrática en América Latina y a los debates recientes sobre la ciudadanía multi-comunitaria o plurinacional promovidos por la revuelta zapatista en Chiapas y por otros movimientos indígenas del continente, tanto a nivel nacional como internacional. Un interés que, al mismo tiempo, no es ajeno a los resultados de la historiografía europea -francesa, inglesa e italiana- de los veinte últimos años, que renovaron completamente los acercamientos a la cuestión electoral en la época del liberalismo20. Se insistió mucho, por ejemplo, sobre la capacidad de las comunidades locales para moldear las prácticas electorales y la manera como los valores colectivos de los grupos territoriales se articularon con los de los sistemas políticos representativos. La naturaleza colectiva a las prácticas electorales se reveló entonces como central, puesto que la construcción de la representación se efectuaba en función de la situación social de los electores, de su identidad o de sus vínculos endógenos, que aseguraban su lealtad hacia un partido o un notable. La historiografía hispanoamericanista, utilizando estos nuevos acercamientos para abordar la cuestión de la representación política, llegó a conclusiones que modificaban completamente la imagen que se tenía del siglo XIX latinoamericano. Es necesario subrayar que anteriormente los historiadores se habían interesado muy poco por la representación política moderna en la América hispánica. Las razones de este retraso deben atribuirse a la imagen esencialmente negativa que tenía la representación en la época liberal: por un lado, las prácticas electorales eran siempre consideradas corruptas y, por consiguiente, incapaces de conferir una eficacia a las instituciones representativas; por otro lado, la experiencia liberal del siglo XIX era tradicionalmente considerada por la historiografía como un intento abortado de aplicar los modelos europeos a realidades demasiado diferentes. Las nuevas investigaciones demuestran que, contrario a la imagen 20 HOPPEN, K. Theodore, Elections, Politics and Society in Ireland, 1832-1885, Oxford, Oxford University Press, 1984 ; DUNBABIN, John P. D., “Le riforme elettorali e le loro conseguenze nel Regno Unito, 1865-1895”, en POMBENI, Paolo (dir.), La trasformazione politica nell’Europa liberale, Bologne, Il Mulino, 1986; ANNINO, Antonio y ROMANELLI, Raffaele (dirs.), “Dossier: Notabili, Elettori, Elezioni”, en Quaderni Storici, No. 69, 1988; O’GORMAN, Frank, Voters, Patrons and Parties: The Unreformed Electorate of Hanoverian England, 1734-1832, Oxford, Clarendon Press, 1989; y O’GORMAN, Frank, “Campaign, Rituals and Cerimonies: The Social Meaning of Elections in England, 1780-1860”, en Past and Present, No. 135, 1992, pp. 79-115; ROSANVALLON, Pierre, Le sacre du citoyen. Histoire du suffrage universel en France, París, Gallimard, 1992; GUENIFFEY, Patrice, Le nombre et la raison. La Révolution française et les élections, París, Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1993; ROMANELLI, Raffaele (dir.), How did they become voters? The History of Franchise in Modern European Representation, Hague-Londres-Boston, Kluwer Law International, 1998.

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que se tenía de sistemas políticos ‘oligárquicos’, restringidos y presentando una reducida tasa de participación política, una buena parte de los Estados independientes adoptaron condiciones de sufragio precozmente amplias para el contexto de la época. De hecho, con excepción de ciertos países, como Chile y Ecuador, la mayoría incluyeron los indígenas y los analfabetos entre los que tenían acceso al voto21. Este cambio de perspectiva de la historiografía latinoamericanista frente a la cuestión electoral se debió esencialmente a una relectura de la historia política del siglo XIX y del liberalismo. En vez de considerar este último como el antecedente del régimen liberal-democrático que se impuso definitivamente después de la Segunda Guerra Mundial, la historiografía insistió más sobre las rupturas y las continuidades frente al Antiguo Régimen y sobre el hecho de que el liberalismo del siglo XIX representa más bien una experiencia a medio camino entre las sociedades de Antiguo Régimen y las sociedades individualistas modernas. Ahora bien, ello llevó a la historiografía latino-americanista a reconsiderar la épica de los caudillos y de la anarquía y a mirarla bajo un nuevo ángulo: ya no se trataba de regímenes oligárquicos o incluso tiránicos, donde los procedimientos electorales no jugaban ningún papel, sino más bien de regímenes en los cuales ciertas prácticas de la modernidad política se articulaban con valores y prácticas tradicionales. Lo que Patrice Guenniffey definió muy bien como ‘la ilusión de la transparencia’22 para explicar la larga inatención de los historiadores con relación al desarrollo concreto de la votación durante la Revolución Francesa, tuvo los mismos efectos en el caso hispanoamericano, pero partiendo del razonamiento opuesto: la idea de que elecciones y democracia estaban forzosamente asociadas llevó los historiadores a pensar que las primeras no habían jugado ningún papel en América Latina durante el siglo XIX. El renovado interés de los historiadores para la cuestión de la representación política y más concretamente para el desarrollo de la votación contribuyó de manera notable al cuestionamiento del concepto de ciudadanía. A partir de los años ochenta y noventa, debido a la crisis de pertenencias nacionales y de la presión generada por fenómenos migratorios inéditos, que parecen poder cuestionar el marco consolidado de los mecanismos identitarios y los medios de tutela jurídica, las ciencia sociales conocen en efecto un potente retorno de esta noción al escenario. La principal obra de referencia en la materia es la del sociólogo inglés T.H. Marshall, quien conoció una verdadera segunda 21 Los trabajos más novedosos sobre las elecciones y la representación política en el siglo XIX fueron probablemente los dirigidos respectivamente por ANNINO, Antonio, Historia de las elecciones en Iberoamérica, op. cit. y MALAMUD, Carlos, Partidos políticos y elecciones en América Latina y la Península ibérica, 1830-1930, Madrid, 1995, seguidos por otros estudios igualmente importantes, tales como los de POSADA CARBÓ, Eduardo (dir.) Elections before democracy: the History of Elections in Europe and Latin America, Londres, Macmillan, 1996; SABATO, Hilda (dir.), Ciudadanía política y formación de las naciones, Buenos Aires, FCE, 1999; TARNAVASIO, Marcela, La Revolución del voto. Política y elecciones, 1810-1852, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002. 22 GUENIFFEY, Patrice, op. cit., p. 17.

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juventud durante esos años23, a través de la influencia fundamental que ejerció para la reflexión sobre el régimen democrático su tripartición de la ciudadanía entre derechos civiles, políticos y sociales. Sin embargo, hubo una progresiva claridad sobre el hecho de que su famosa secuencia -la ciudadanía civil de finales del siglo XVIII, la ciudadanía política de finales del XIX y, finalmente, la ciudadanía social, con el triunfo del welfare después de la Segunda Guerra mundial- corresponde históricamente a un proyecto ideológico y político preciso, lo que lo convierte finalmente en un acercamiento más idealizado que realista, incluso para comprender el caso inglés24. De hecho, el objetivo de la operación de Marshall consistía en articular brillantemente el paradigma del liberalismo clásico (las libertades civiles en primer lugar, y luego las políticas) con el Estado social, legitimando de esta manera las dos en el interior de un nuevo y más amplio concepto de ciudadanía. Esta operación corresponde, por lo demás, a las expectativas de una democracia -la de los países occidentales de la posguerra-, cuyo objetivo era conjugar la disminución de las desigualdades con el aumento de la participación y la multiplicación de los derechos con el mantenimiento del orden. Debido a que este modelo está hoy en una profunda crisis, la teoría marshaliana de la concesión progresiva y lineal de los derechos fue sometida a una revisión a favor de una interpretación más amplia y sinuosa del concepto de ciudadanía. Adicionalmente, la globalización develó, sobre todo en los nacientes países, otro grave dilema: ¿Qué relación se puede establecer entre derechos políticos y derechos civiles? ¿En cuantos países, incluso europeos, los segundos han sido sometidos a los primeros? Los estudios sobre los procesos electorales y representativos en la América hispánica del siglo XIX contribuyen de manera decisiva a este proceso de reformulación del concepto de ciudadanía -que se volvió muy flexible-, porque han conducido a extenderlo a experiencias anteriormente consideradas como ruinosas, corruptas, deformes, totalmente falsas y, por lo tanto, por fuera de esta categoría. La oposición entre Estado y sociedad civil, que durante mucho tiempo influyó en las maneras de pensar la ciudadanía, ya no es tan clara, puesto que las sociedades se reprodujeron apropiándose de las instituciones, adaptándolas a sus necesidades, y rompiendo de esta manera la aparente unidad del proceso normativo reivindicada por el Estado. En este sentido, el análisis de las prácticas y de las normas alrededor de la ciudadanía en la 23 MARSHALL, Thomas Humphrey, Citizenship and social class, Cambridge, Cambridge University Press, 1950. Las principales obras publicadas durante los años ochenta y noventa sobre el concepto de ciudadanía son: GIDDENS, Anthony, Profiles and Critiques in Social Theory, Londres, McMillan, 1982 ; HEATHER, D., Citizenship, Londres - Nueva York, Longman, 1990; SHKLAR, John, American Citizenship, Cambridge, Harvard University Press, 1991; BLACKBURN, Robin (dir.), Rights of Citizenship, Londres, Mansell, 1993; ZOLO, Danilo (ed.), La cittadinanza, Roma-Bari, Laterza, 1994; BULMER, Martin y REES, Anthony M. (dir.), Citizenship Today. The Contemporary Relevance of T.H. Marshall, Londres, UCL Press, 1996; LE PORSE, Anicet et al. (dir.), Le nouvel âge de la citoyenneté, París, Perspectives, 1997. 24 LOW, Eugenia, “Rediscovering T.H. Marshall: A Contextual Study of ‘Citizenship and Social Class’”, American Political Science Association, Meeting 1999: http://pro.harvard.edu/papers/001/001011LowEugenia.

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América hispánica del siglo XIX permite a la historiografía superar definitivamente los estereotipos que limitaron durante mucho tiempo la comprensión de las experiencias extraeuropeas. De la misma manera que en Europa, donde la ciudadanía moderna se piensa siempre más en relación con un pasado lejano y menos lejano, los estudios sobre la América hispánica acaban de subrayar que la ciudadanía del siglo XIX está estrechamente relacionada con la antigua noción ibérica de vecindad, es decir, a una concepción esencialmente territorial y jurídica de la identidad, ligada a los valores de las culturas locales, a la comunidad en la cual el sujeto trabaja y ejerce su acción política, social y cultural25. Este vínculo entre libertades antiguas y modernas provoca una difusión masiva y casi irreversible de la ciudadanía, no sólo porque ésta no es controlada por el Estado, pero sobre todo porque, como lo evidenciaron muy bien los trabajos de Antonio Annino, es introducida por las elites coloniales -entre 1821 y 1824, durante la Revolución liberal española- antes incluso de la formación de la República. Esta distancia dramática entre ciudadanía y república es un aspecto que opone a Europa y a la América hispánica: mientras que en el primer caso se trata de extender progresivamente el derecho al sufragio, en el segundo se trató del proceso inverso, como lo han demostrado los múltiples intentos de limitar de forma drástica el acceso a la ciudadanía política hacia final del siglo XIX26. Pero, por otro lado, esta distancia puede ayudar a comprender de manera más profunda los fracasos de los procesos de descolonización del siglo XX. Los resultados de los análisis sobre las prácticas y los resultados del voto proponen un panorama muy complejo, por el hecho de la extrema diversidad de los casos y países estudiados. Se puede, sin embargo, afirmar que, debido a este vínculo con 25 El vecino de la tradición hispánica era generalmente una persona que residía de manera estable en una comunidad, que era padre de familia y que hacía sobre todo alarde de ‘un modo de vida honesto’. Era pues un concepto muy ligado al de la notoriedad social e indicaba la aceptación de la persona por la comunidad. Sobre la evolución del concepto de vecindad en España y América del Antiguo Régimen, ver el trabajo novedoso de HERZOG, Tamar, Defining Nations. Immigrants and Citizens in Early Modern Spain and Spanish America, New Haven - Londres, Yale University Press, 2003. Para un análisis más detallado sobre la articulación entre ciudadanía y vecindad durante el siglo XIX, ver los siguientes artículos, todos publicados en el libro dirigido por SABATO, Hilda (dir.), Ciudadanía política y formación de las naciones, op. cit. GUERRA, François-Xavier, “El ciudadano y su reino. Reflexiones sobre la génesis del ciudadano en América Latina”, pp. 33-61; CHIARAMONTE, José Carlos, “Ciudadanía, soberanía y nación en la génesis del Estado argentino (1810-1852)”, pp. 94-11; CARMAGNANI, Marcello y HERNÁNDEZ CHÁVEZ, Alicia, “La ciudadanía orgánica mexicana, 1850-1910”, pp. 371-404. Ver también CANSANELLO, Carlos, “De súbditos a ciudadanos. Los pobladores rurales bonaerenses entre el Antiguo Regimen y la modernidad”, en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana ‘Dr. E. Ravagnani’, Vol. 11, No. 1, 1995, pp. 113-139. 26 Ver, por ejemplo, CHIARAMONTI, Gabriella, “Andes o Nación. La reforma electoral de 1896 en Perú”, en ANNINO, Antonio (dir.), Historia de las elecciones en Iberoamérica, op. cit., pp. 316-346.

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la constitución histórica de la Monarquía española, la nueva ciudadanía liberal no favorece la consolidación de una identidad común, ligada a la nación, pero más bien la perpetuación de una multiplicidad de identidades, construidas alrededor de la pertenencia a las comunidades locales. No obstante, algunas investigaciones muestran que la unión entre vecindad y ciudadanía, gracias a otros mecanismos del sistema representativo tal como el sistema indirecto a dos o varios grados, permite conciliar el concepto de soberanía popular y la supervivencia de una estructura social jerárquica, que asegura de esta manera una cierta continuidad en las instituciones representativas provinciales, federales o nacionales27. La famosa ‘anarquía’ política del Continente no debería pues atribuirse a la inestabilidad del poder legislativo y administrativo, sino más bien a los cambios en el poder ejecutivo, lo que, obviamente, cuestionaría la tesis misma de la anarquía. Paralelamente, estos resultados sugieren a los historiadores nuevas investigaciones que les permitirían llegar a conclusiones más convincentes sobre la cuestión. En primer lugar, habría que extender el campo geográfico de la investigación que, hasta ahora, se ha concentrado sobre todo en los casos de México, Argentina y Perú. En segundo lugar, tal vez llegó el momento de volver del análisis de las prácticas e instituciones al discurso cultural e ideológico, y preguntarse cuáles eran los programas y los proyectos de los grupos dirigentes y por qué razones se quedaron fieles a este modelo de ciudadanía política a pesar de sus efectos. Los procedimientos y las prácticas electorales no constituían, en efecto, una degeneración de la norma, pero sí su realización concreta: respondían a un objetivo político preciso, el cual era la adaptación de instituciones -como las leyes electorales-, cuyo fundamento era individual y cuantitativo, a un orden jurídico holista. Otras investigaciones tienden a subrayar el papel jugado por las redes y las asociaciones políticas en el proceso de formación de la ciudadanía28. Partiendo del interés renovado por la democracia en la historia latinoamericana reciente, estos estudios ponen en evidencia la aparición precoz en América hispánica independiente de nuevas formas de sociabilidad -asociaciones profesionales, sociedades de socorro mutuo, salones, logias masónicas, clubes culturales, partidos políticos-, gracias a las cuales se desarrollan prácticas igualitarias de comunicación e intercambio de opiniones. Sin embargo, no se trata de un proceso generalizado y homogéneo, sino de un proceso limitado a ciertas grandes ciudades como Buenos Aires, Lima y México. El aporte más importante de estos trabajos es que, gracias a la articulación con los estudios sobre las instituciones políticas y, sobre todo, sobre la representación, demuestran 27 ANNINO, Antonio, “Nuevas perspectivas para una vieja pregunta”, en ANNINO, Antonio y BUVE, Raymond. (dir.), “El liberalismo en México”, en Cuadernos de Historia Latinoamericana, No. 1, 1993, pp. 5-13. 28 Ver, por ejemplo, SABATO, Hilda, “Citizenship, Political Participation and the Formation of the Public Sphere in Buenos Aires, 1850-1880”, en Past and Present, No. 136, 1992, pp. 139 y ss.; GONZÁLEZ BERNALDO, Pilar, Civilité et politique aux origines de la nation argentine. Les sociabilités à Buenos Aires, 1829-1862, París, Publications de la Sorbonne, 1999; FORMENT, Carlos A., Democracy in Latin America, 1760-1900 : Volume 1, Civic Selfhood and Public Life in Mexico and Peru, Chicago, Chicago University Press, 2003.

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que la esfera pública constituye un verdadero espacio de mediación entre ciertos sectores de la sociedad civil y el Estado, espacio a través del cual una parte de la población urbana participa directamente en la vida política29. Si, en el plano ideológico y cultural, estos trabajos subrayan brillantemente la importancia de estas asociaciones en la difusión de una visión más democrática de las relaciones entre los hombres y la autoridad, numerosos aspectos quedan, sin embargo, por explorar en el plano de las prácticas y las instituciones: por ejemplo, en qué medida estas asociaciones logran movilizar la población, o qué formas de participación política se establecen realmente con el fin de crear una nación de ciudadanos. Finalmente, en lugar de concentrarse únicamente en el espacio urbano, se debería estudiar el origen y el desarrollo de las nuevas instituciones asociativas en las zonas rurales, donde se sabe que la Iglesia jugó un papel importante, pero no exclusivo.

3. La conflictividad reconsiderada Las guerras y la violencia en general siempre han sido consideradas por la historiografía como una de las causas de la inestabilidad política de los países latinoamericanos y, al mismo tiempo, como una consecuencia de la militarización de la política producida por las guerras de independencia. En tal perspectiva, estas últimas fueron consideradas como un verdadero punto de ruptura entre un período en el cual las guerras están casi ausentes -la época colonial-, y otra caracterizada por una violencia excesiva -el siglo XIX-. Las guerras de independencia representan, así, la primera gran movilización hispanoamericana de la época moderna30. Incluso si los análisis más recientes confirman la naturaleza ‘violenta’ del siglo XIX, matizan, sin embargo, la tesis según la cual la Independencia habría producido una militarización de la política que, a su vez, habría generado el fenómeno del caudillismo. Este último, de hecho, fue definido sin razón como una forma de gobierno dirigido por los militares, asimilable a la dictadura. Se encuentran esencialmente dos orígenes a esta definición. El primero está representado por el pensamiento antidemocrático europeo y latinoamericano del siglo XIX, que vio en los caudillos el resultado necesario de la inestabilidad política provocada por la difusión de las ideas igualitarias de las Luces y de la Revolución Francesa. El segundo, más reciente, está representado por la politología norteamericana de los años cincuenta y por el nacionalismo populista latinoamericano, que consideran el caudillismo como una manifestación patológica de la democracia. 29 Ver, por ejemplo, el papel jugado por los clubes electorales de Buenos Aires como medio de delegación de la soberanía y la movilización política. GONZÁLEZ BERNALDO, Pilar, “Los clubes electorales durante la secesión del Estado de Buenos Aires (1852-1861): la articulación de dos lógicas de representación política en el seno de la esfera pública porteña”, en SABATO, Hilda (dir.), Ciudadanía política y formación de las naciones, op. cit., pp. 142-161. 30 Ver, por ejemplo, McFARLANE, Anthony y WIESEBRON, Marianne (dir.), “Violencia social y conflicto civil: América Latina siglo XVIII-XIX”, en Cuadernos de Historia Latinoamericana, No. 6, 1998.

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Según esta última corriente las instituciones liberales, como productos importados de Europa que no se adaptaban a un contexto marcado por una discordancia profunda entre sociedad y Estado, eran solo una ilusión en la América hispánica. Se terminó, entonces, teorizando la existencia de una doble forma de legitimidad; por un lado legal y constitucional y por otro social, resultado de la débil diferenciación entre sociedad y política. Un gobierno legítimamente elegido hubiera podido, así, ser depuesto por los militares o por una coalición de militares y de civiles, disponiendo éstos de una ‘legitimidad social’. El resultado es que los regímenes militares fueron considerados como ‘dictaduras legitimadas’31. Ahora bien, los recientes estudios sobre el siglo XIX, siguiendo dos caminos estrechamente interrelacionados, tienden efectivamente a refutar la tesis según la cual los caudillos latinoamericanos serían dictadores militares desprovistos de toda legitimidad legal. Por un lado, acaban con la idea según la cual las guerras de independencia habrían provocado un proceso de creación de fuerzas armadas calificadas y profesionales capaces de apoyar los golpes de Estado por la fuerza de las armas. Por otro lado, tienden a matizar la supuesta ‘violencia’ del siglo, mostrando que muchas veces los que se han llamado caudillos eran en realidad notables llegados al poder por medios legales y actos formales. El propósito de esta nueva historiografía es, entonces, el de romper la continuidad que la historiografía latinoamericanista misma, así como los politólogos, había establecido entre el caudillismo del siglo XIX y las dictaduras militares del siglo XX, las dos consecuencias de la dificultad de construir un Estado fuerte y eficaz. Contrario al caudillismo, éstas no disponían de ninguna legitimidad legal y estaban apoyadas por verdaderos ejércitos profesionales. Las guerras no tuvieron el mismo efecto en América hispánica que en Europa, donde a partir de la formación de ejércitos permanentes, jugaron un papel fundamental en la construcción del Estado nacional32. De hecho, los estudios sobre la guerra muestran que no se trata de una militarización de la sociedad, sino más bien de una ‘socialización’ de los ejércitos, puesto que el sistema de defensa adoptado por los Estados independientes fue el de las milicias, un sistema descentralizado y moldeado por las comunidades locales. Los famosos ejércitos de los caudillos estaban, de hecho, formados por unas decenas de militares de profesión y por varios centenares de hombres en armas, que se movilizaban de manera colectiva. El discurso del hombre en armas se volvió pues central en muchos trabajos que se interesan por la formación del Estado-nación, en la medida en que la integración en las milicias estaba estrechamente ligada a la ciudadanía

31 ROUQUIÉ, Alain, “Dictadores, militares y legitimidad en América Latina”, en Crítica & Utopia, No. 5, 1980, pp. 11-28. 32 Ver, por ejemplo, CENTENO, Miguel Angel, Blood and Debt: War and the Nation-State in Latin America, University Park, Pennsylvania State University Press, 2002.

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política33. El hombre en armas aparece, en efecto, como el elemento que estructura la comunidad de ciudadanos, así como el imaginario y los valores ‘nacionales’, ya que en algunos de estos países el culto a los héroes patrióticos juega un papel fundamental. En este sentido, la pertenencia a las milicias y la participación en las elecciones, permitieron no sólo construir una comunidad de ciudadanos, sino también conciliar el concepto de soberanía popular o nacional y la supervivencia de una estructura social jerárquica. Para confirmar esta función política y social de las milicias quedan, sin embargo, numerosos puntos por explorar, como, por ejemplo, la elección de los oficiales, las modalidades de reclutamiento de los soldados, o también los mecanismos de intercambio entre comunidades locales y jefes militares. Al lado de este aspecto hay otro elemento que contribuye de manera notable a la formulación de una nueva interpretación de la violencia latinoamericana en el siglo XIX: el interés reciente y renovado de la historiografía por la guerra. Con el fin de entender los conflictos actuales, varios historiadores establecieron de hecho tipologías de la guerra en las diferentes sociedades34. Se observa una visión común en ellos: la guerra no es idéntica en todos lados y su forma depende ampliamente de las concepciones culturales de las poblaciones involucradas. Así, la guerra europea entre Estados, fundada en motivaciones políticas o racionales según el modelo formulado por Clausewitz, sólo es una forma entre otras. Hoy, ésta tiende a desaparecer ante otros tipos de conflictos tales como las guerras civiles, los actos de terrorismo, las masacres étnicas o religiosas35. Este debate llevó a los historiadores a considerar de manera diferente la cuestión de la guerra y de la violencia en la América hispánica del siglo XIX. Ésta ya no es considerada como desprovista de toda significación política, simplemente producida por el caos que caracterizaba el continente, sino como una parte de la vida política misma. Pronunciamientos y revueltas no representaban siempre rupturas catastróficas de los sistemas políticos, pero, al contrario, participaban muchas veces del funcionamiento de estos últimos36. Un análisis más detallado de las revueltas y de los conflictos del siglo XIX -su duración, su naturaleza, sus efectos en el plano político y en las poblaciones- nos 33 Ver, por ejemplo, HÉBRARD, Véronique, “¿Patricio o soldado: qué « uniforme » para el ciudadano?”, en Revista de Indias, Vol. LXII, No. 225, 2002, pp. 429-462; HÉRNÁNDEZ CHÁVEZ, Alicia, “La guardia nacional y la movilización política de los pueblos”, en RODRÍGUEZ, Jaime. (dir.), Patterns of Contention in Mexican History, Wilgminton-Delaware, Scholarly Resources, 1992; IRUROZQUI, Marta, “A bala, pietra y palo”. La construction de la ciudadanía política in Bolivia, 1825-1952, Sevilla, Diputación de Sevilla, 2000; PERALTA RUÍZ, Víctor, “El mito del ciudadano armado. La “Semana Magna” y las elecciones de 1844 en Lima”, en SABATO, Hilda (dir.), Ciudadanía política y formación de las naciones, op. cit., pp. 231-252. 34 KEEGAN, John, Histoire de la guerre, du néolithique à la guerre du Golfe, París, Dagorno, 1996; VAN CREVELD, Martin, La transformation de la guerre, París, Éditions du Rocher, 1998; BATTISTELLA, Darío, “Dossier : Guerres et conflits dans l’après-guerre froide”, en Problèmes politiques et sociaux, No. 799-800, marzo de 1998. 35 KALDOR, Mary, New and Old Wars. Organized Violence in a Global Era, Cambridge, Polity Press, 1999. 36 Ver, por ejemplo, EARLE Rebecca (dir.), Rumors of War. Civil Conflict in Neneteenth-Century Latin America, Londres, ILAS, 2000; FRADKIN, Raúl, “¿Tumultos en la Pampa? Una exploración de las formas de acción colectiva

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muestra en efecto que su impacto sobre la sociedad, con pocas excepciones, fue menor de lo que se creía37. Las revueltas indígenas mismas rara vez sobrepasaban el marco local o regional, y tenían, por consiguiente, repercusiones mínimas a nivel político38. Según esta historiografía, la mayoría de lo que hoy se llama ‘conflictos’ no eran en realidad sino protestas concertadas y formalizadas, que los diferentes sujetos políticos -caudillos, municipalidades, comunidades, Iglesia, haciendas- presentaban al gobierno central bajo la forma de pronunciamientos, planes o actas impresos y publicados bien mediante panfletos, bien en la prensa nacional39. No eran actos que llevaban a la guerra civil; al contrario, tenían como objetivo obtener cambios políticos sin recurrir a la violencia. Lejos de compartir la idea según la cual representaban actos ‘constitucionales’, tales como las elecciones o los debates parlamentarios40, hace falta quizás reconocer que los estudios sobre los pronunciamientos contribuyen a reconsiderar de manera radical el fenómeno del caudillismo. El análisis profundo y detallado de estos actos muestra de hecho que el caudillo no llegaba al poder simplemente gracias al apoyo de su ejército, que muchas veces constaba, apenas, decenas de soldados profesionales, sino gracias al apoyo práctico y formal de los poderes locales, con los cuales debía negociar continuamente41.

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de la población rural de Buenos Aires durante la década de 1820”, comunicación presentada en las IX Journées Interécoles et Départements d’Histoire, Córdoba, 24-26 de septiembre de 2003. FOWLER, Will, “Civil Conflict in Independent Mexico, 1821-57. An overview”, en EARLE, Rebecca (dir.), Rumors of War, op. cit., pp. 49-86 Ver, por ejemplo, THURNER, Mark, From Two Republics to One Divided. Contradictions of Political Nationmaking in Andean Peru, Durham, Duke University Press, 1997, chap. III; GALO VALAREZO, Ramón, “Los indios y la constitución del Estado nacional”, en BONILLA, Heraclio (dir.), Los Andes en la Encrucijada. Indios, Comunidades y Estado en el siglo XIX, Quito, Libri Mundi, 1991, pp. 419-455. Para un análisis de los pronunciamientos, ver DEMÉLAS, Marie-Danielle, “Le pronunciamiento, genèse d’une pratique”, en BERTRAND, Michel, LAURENT, Natacha y TAILLERER, Michel (dirs.), Violence et pouvoir politique, Toulouse, 1996, pp. 73-92; ZORAIDA VÁZQUEZ, Josefina, “Political Plans and Collaboration Between Civilians and the Military, 1821-1846”, en Bulletin of Latin American Research, Vol. 15, No. 1, 1996, pp. 21 y ss.; FOWLER, Will, Mexico in the Age of Proposals, 1821-1853, Westport, Greenwood Press, 1998; GUERRA, François-Xavier, “El pronunciamento en México: prácticas e imaginarios”, en Traces, No. 37, junio de 2000, pp. 15-26. Algunos historiadores interpretan el pronunciamiento como la consecuencia del derecho de insurección, que era enseñado y difundido en la escuela por los ‘catecismos políticos’. Ver, por ejemplo, AVENDAÑO ROSA, Xiomara, “La evolución histórica de la ciudadanía: un punto de partida para el estudio del Estado y la nación”, en JÁUREGUI, Luis y SERRANO ORTEGA, José Antonio (dirs.), Historia y nación. Vol. 2: Política y diplomacia en el siglo XIX mexicano, México, El Colegio de México, 1998, pp. 171-182. ALJOVIN DE LOSADA, Cristóbal, Caudillos y constituciones, Perú: 1821-1845, Lima, Pontificia Universidad Cátolica del Perú, 2000; GUARDINO, Peter, Peasants, Politics and the Formation of Mexico’s National State, op. cit.;

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Los análisis más recientes tienden, así, a evidenciar la dimensión más específicamente política del caudillismo al tener en cuenta la tensión entre territorialidad y centralización; tensión que se resuelve normalmente por procedimientos legales, tal como la representación política que permite articular entre ellos varios círculos sociales. Estamos pues ante un fenómeno de crisis del Antiguo Régimen que se encuentra igualmente en Europa, aunque con una intensidad diferente. Este nuevo acercamiento hace derrumbarse la idea según la cual el caudillo es un dictador y da vida; en cambio, da origen a la imagen de un caudillo notable que tiene que negociar continuamente tanto con los otros notables como con su propio electorado.

4. La institucionalización del Estado La historia tradicional de los caudillos, lugar común de la historiografía latinoamericanista, ocultó la cuestión de la evolución institucional de las excolonias, gradualmente transformadas en aparatos estatales. Incluso las innovaciones temáticas introducidas por los estudios sociales y económicos a partir de los años setenta, no han aportado un gran cambio sobre esta cuestión42. A pesar de los esfuerzos llevados a cabo para extraer el fenómeno del caudillismo de las explicaciones fatalistas y para integrarlo en un proceso histórico de formación nacional, se siguió percibiendo como la causa principal del mal funcionamiento o incluso del fracaso de las instituciones republicanas. Frente a esta tendencia a reducir el caudillismo a las acciones personales de un jefe local que dirige las masas rurales contra el gobierno y las elites urbanas, la interpretación histórica de la época de los caudillos cambió profundamente a principios de los años noventa43, gracias al impulso de la renovación metodológica y conceptual de lo político44. LYNCH, John, Caudillos en Hispanoamérica, 1800-1850, Madrid, MAPFRE, 1993. 42 A partir de los años setenta, el desarrollo de una nueva historia económica y social permitió una visión renovada del siglo XIX que dejó de lado los caudillos para esclarecer otros aspectos estructurales del período y dar importancia a las acciones de los sectores sociales que habían sido olvidados por la historiografía. Aparecieron entonces trabajos consagrados a fin de analizar las fluctuaciones del proteccionismo y del liberalismo económico, la extensión del latifundio, la cuestión regional y el fracaso del federalismo, la reconstrucción de los vínculos entre el Estado y las comunidades indígenas a través del tributo. 43 Sobre el caudillismo y sus nuevas interpretaciones, ver SAFFORD, Frank, “The Problem of Political Order in Early Republican Spanish America”, en Journal of Latin American Studies, Vol. 24, 1992, pp. 83-97; CHASTEEN, John Charles, “Making sense of caudillos and revolutions in Nineteenth-Century Latin America”, en CHASTEEN, John Charles y TULCHIN, John S. (dirs.), Problems in Modern Latin American History: A Reader, WilmingtonDelaware Scholarly Resources, 1994; GOLDMAN, Noemí y SALVATORE, Ricardo (dirs.), Caudillismos rioplatenses. Nuevas miradas a un viejo problema, Buenos Aires, EUDEBA, 1998. 44 Ver el balance publicado bajo la dirección de BERNSTEIN, Serge y MILZA, Pierre, Axes et méthodes de l’histoire politique, Paris, PUF, 1998.

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En efecto, en los quince últimos años, se asistió en Europa a la puesta en marcha de investigaciones en historia política, que no buscan simplemente reconstruir las acciones de los individuos o grupos que ejercen el poder o que se oponen a él, sino que tienden más bien a analizar el conjunto de los procesos sociales, de las transformaciones institucionales, normativas y de los comportamientos colectivos que ayudan a determinar la fisonomía y el funcionamiento de un sistema político45. Esta nueva relación entre historia política e historia social contribuyó de manera importante a reconsiderar el papel jugado por los caudillos en la construcción del orden político, en la medida en que intentaron establecer los atributos que definen el Estado moderno: un conjunto de instituciones situadas en un territorio geográficamente delimitado y que monopolizan la fabricación de las normas46. Ahora bien, incluso si esta nueva perspectiva llevó algunos historiadores a sobreestimar el papel de estos actores en la construcción de un orden estatal -es decir, de un conjunto de poderes públicos y de estructuras administrativas autónomo frente a la sociedad-, la importancia de estas obras reside en el hecho de que, lejos de concentrarse sobre las acciones políticas e individuales de los caudillos, toman en cuenta varios actores para explicar el proceso de construcción del Estado: las burocracias, las asambleas y los congresos, el ejército, las elites regionales y locales, las municipalidades y los grupos populares. A pesar de que estas instituciones no han sido todavía lo suficientemente exploradas desde una perspectiva sociológica, es en la interacción entre estos actores y en su articulación con las normas y el discurso que esta historiografía intenta abordar la formación del Estado hispanoamericano del siglo XIX. En primer lugar, volver a visitar la cuestión del caudillismo implica atribuir a la cultura política un papel fundamental en la edificación del sistema político. Si se considera el caudillismo como un proceso de construcción social y política del poder, se vuelve esencial analizar sus estrategias discursivas y las maneras como éstas circulaban y eran asimiladas47. En este sentido, los aportes de la antropología política y la formulación de una nueva teoría de las ideologías modificaron radicalmente la relación de los historiadores con los elementos de naturaleza simbólica (lenguajes, culturas, representaciones, ideologías), los cuales ya no son considerados simplemente como medios de divulgación de las ideas filosóficas para fines prácticos u orientadas hacia 45 Ver, en este sentido, PESCHANSKI, Denis, POLLACK, Michael y ROUSSO, Henry (dirs.), Histoire politique et sciences sociales, París, Cahiers de l’Institut d’Histoire du Temps Présent nº 18, 1991. 46 PERALTA RUÍZ, Víctor y IRUROZQUI VICTORIANO, Marta, Por la concordia, la fusión y el unitarismo. Estado y caudillismo en Bolivia, 1825-1880, Madrid, CSIC, 2000; WOODWARD, Ralph Lee, Rafael Carrera y la creación de la República de Guatemala,1821-1871, South Woodstock, Plumsock Mesoamerican Studies, 2002; PELOSO, Vincent P. y TENEMBAUM, Barbara A. (dirs.), Liberals, Politics and Power. State Formation in Nineteenth-Century Latin America, Athens-Londres, The University of Georgia Press, 1996. 47 Ver, por ejemplo, MEYERS, Jorge, Orden y Virtud. El discurso republicano en el régimen rosista, Quilmes, Universidad Nacional de Quilmes, 1995.

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la acción48, sino más bien como elementos capaces de condicionar la percepción de la naturaleza, de los deberes y de la legitimidad del poder, tanto desde el punto de vista de sus detentores como del de los de sus sometidos. Esta nueva perspectiva nos lleva, en segundo lugar, a cuestionar la tesis del clientelismo como fundamento de la legitimidad del caudillismo, es decir, la idea según la cual las relaciones entre el patrono y el peón, características del mundo de la hacienda, se reproducían al nivel de la política provincial. Ciertos estudios demuestran, en efecto, de una parte, que existían numerosos conflictos entre propietarios y caudillos -en materia de fiscalidad, de reclutamiento, de emisión monetaria- y subrayan, de otra parte, que la dominación territorial del propietario en una sociedad donde los derechos de propiedad no estaban totalmente consolidados era continuamente discutida por varios actores49. El interés renovado por los lenguajes y los discursos, así como el descubrimiento del papel que los conceptos de derivación específicamente políticos juegan en el interior de éstos, hicieron emerger nuevamente las realidades institucionales a las cuales hacen referencia. Se asiste, por ejemplo, a la publicación de varios trabajos que insisten sobre el papel que las municipalidades jugaron como instituciones mediadoras entre el Estado y la sociedad50. Algunos historiadores ven en la fuerza y el poder de esta institución local las causas de la inestabilidad política hispanoamericana, o más bien de la dificultad que estos regímenes tuvieron para construir una soberanía única y centralizada51. Esto provendría de que en el mundo hispanoamericano la municipalidad no es una institución completamente moderna, sino heredera de varias de las características y de las atribuciones que las comunidades -criollas e indígenas- poseían bajo el antiguo régimen colonial. En este sentido, la América hispánica representaría uno de los casos donde los cuerpos intermediarios sobreviven y se articulan con el Estado moderno. La cuestión de las municipalidades está estrechamente ligada a otro tema que comienza apenas a ser abordado por la historiografía: la justicia y el poder judicial52. 48 Se hace referencia aquí al importante estudio de FREEDEN, Michael, Ideologies and Political Theory: A Conceptual Approach, Oxford, Clarendon, 1996. 49 En este sentido, ver sobre todo GELMAN, Jorge, “Un gigante con pies de barro. Rosas y los pobladores de la campaña”, en GOLDMAN, Noemí y SALVATORE, Ricardo (dirs.), Caudillismos Rioplatenses, op. cit., pp. 223-240. 50 Sobre la cuestión de las municipalidades, ver CHIARAMONTE, José Carlos, Ciudades, provincias, Estados, Buenos Aires, Ariel, 1997; SALINAS SANDOVAL, María del Carmen, Política y sociedad en los municipios del estado de México, 1825-1880, México, El Colegio Mexiquense, 1997; TERNAVASIO, Marcela, “Entre el cabildo colonial y el municipio moderno: los juzgados de paz de campaña en el estado de Buenos Aires, 1821-1854”, en BELLINGERI, Marco (dir.), Dinámicas de Antiguo Régimen y orden constitucional, op. cit., pp. 295-336. 51 Ver, por ejemplo, ANNINO, Antonio, “Ciudadanía versus gobernabilidad republicana en México. Los origines de un dilema”, en SABATO, Hilda (dir.), Ciudadanía política y formación de las naciones, op. cit., pp. 62-93. 52 Ver, por ejemplo, ZIMMERMAN, Eduardo (dir.), Judicial Institutions in Nineteenth Century Latin America, Londres, ILAS, 1999; BELLINGERI, Marco (dir.), Dinámicas de Antiguo Régimen y orden constitucional, op. cit.;

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Este retraso -que no debe imputarse solamente a la historiografía latinoamericanista, sino también a la que se refiere a Europa- se debe principalmente a la concepción ‘arquetípica’ del constitucionalismo en el siglo XIX, según la cual la función de la justicia consistía únicamente en aplicar la ley. Pero a nivel tanto de los modelos como de las prácticas políticas, existen diferentes maneras de concebir la división de poderes, las cuales producen a su vez diferentes sistemas políticos. En este sentido el poder discrecional del aparato judicial ya no es interpretado como la persistencia de las prácticas ‘arbitrarias’ y ‘tiránicas’ heredadas de la Colonia, sino más bien como el hecho de un régimen jurídico que integra varias fuentes de derecho -las leyes positivas, la costumbre, el derecho indiano, el principio de equidad- y que, por esta razón, representaría un sistema de transición de una sociedad corporativa a una sociedad individualista53. El retraso que presenta el proceso mismo de codificación del derecho sobre el Continente se inscribiría, según la historiografía, en esta lógica54. Sin embargo, existen muy pocos trabajos sobre la codificación en el siglo XIX, sobre sus modelos y los obstáculos que debió superar55. La estrecha relación entre cultura política e instituciones podría explicar otro fenómeno a menudo indicado por la historiografía como una de las principales causas de la ‘anomalía’ hispanoamericana: la insuficiencia del número de magistrados profesionales -los letrados-, nombrados por el poder ejecutivo, y la consecuente no aplicación del principio de la división de poderes a nivel local. Algunos estudios subrayan en efecto que en América hispánica no se asiste a este proceso de separación entre justicia y administración que en Europa conduce a un fuerte desarrollo de la estructura y de los poderes del Estado. Se atribuye generalmente este retraso a la ausencia de magistrados profesionales56. Sin embargo, podrían existir otras razones para explicar por qué durante buena parte del siglo XIX los nuevos Estados independientes no lograron introducir una separación entre justicia y administración, no sólo a nivel de las prácticas, sino también al de la jurisprudencia57. Convendría, por tanto, analizar a fondo las causas CARMAGNANI, Marcello (dir.), Constitucionalismo y orden liberal, 1850-1920, Turin, Otto ed., 2000. 53 ARROM, Silvia Marina, “New directions in Legal Mexican History”, en The Americas, Vol. 50, No. 4, abril 1994, pp. 461 ss. 54 Ver, por ejemplo, STABILI, Maria Rosaria, “Jueces y justicia en el Chile liberal”, en CARMAGNANI, Marcello (dir.), Constitucionalismo y orden liberal, op. cit., pp. 227-252. 55 Una excepción importante se puede ver en RAMOS NÚÑEZ, Carlos, Historia del Derecho Civil Peruano, Siglos XIX y XX. Vol. II: La codificación del siglo XIX: Los códigos de la Confederación y el Código Civil de 1852, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2001. 56 Ver, por ejemplo URIBE, Víctor, Honorable Lives. Lawyers, Families, and Politics in Colombia, 1780-1850, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 2000. 57 Al respecto, se habló de un ‘cuerpo bifrontal’ de los funcionarios de justicia y de los responsables políticos, en la medida en que jugaron al mismo tiempo el papel de emisarios de un Estado en construcción y de mediadores entre éste y la sociedad local. Ver GARAVAGLIA, Juan Carlos, “Las justicias rurales en Buenos Aires durante la primera mitad del siglo XIX (estructuras, funciones y poderes locales)”, en GARAVAGLIA, Juan Carlos

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de este retraso y verificar si deben atribuirse -como en los países anglo-sajones, donde la cultura institucional se desarrolló sin solución de continuidad frente al modelo de Estado jurisdiccional- más a motivos culturales que estrictamente financieros. Para lograr este objetivo, se deberían adelantar investigaciones sobre la formación -instituciones, programas universitarios- de los juristas y de los abogados, debido al papel que juegan en la construcción del Estado58. En primer lugar, eran los encargados de la elaboración de las constituciones, de los códigos y de las leyes, que moldearon y regularon la vida política, económica y social de las nuevas naciones. En segundo lugar, la profesión de jurista constituía el mayor reservorio para el reclutamiento de las elites políticas. Finalmente, estos hombres jugaron un papel fundamental en el proceso de formación de la opinión pública por su asistencia a los nuevos espacios de sociabilidad política -logias masónicas, clubes políticos, salones literarios-. El Estado retomó así su papel de protagonista en el acontecimiento histórico: ya no es necesariamente el aparato que se encuentra en las manos de la oligarquía o de los caudillos ‘bárbaros’, se convirtió en un sujeto ‘libre’ y, sin embargo, capaz de reaccionar ante las solicitudes que provienen de la sociedad y de la opinión pública. Es ahora considerado como el lugar de articulación e intersección entre diferentes intereses que provienen tanto de la ‘alta’ como de la ‘baja’ sociedad. En el caso de México, la historiografía propuso al respecto la noción de ‘liberalismo popular’, con el fin de indicar que el desarrollo de este modelo político ha producido espacios de libertad para un conjunto muy variado de actores sociales, incluidos los poblados59. Este tema, que lleva a estudiar la retórica de los sujetos colectivos a través de fuentes como las peticiones, las revueltas y otros materiales producidos por la práctica política, orientó las investigaciones hacia una dimensión esencialmente regional y local del problema. Las consecuencias de ello son de dos tipos: si, por un lado, esta perspectiva permite una mejor comparación entre diferentes países, por el otro, tiende a dar a las comunidades locales y a sus valores un papel casi exclusivo en la construcción del Estado-nación60. (dir.), Poder, conflicto y relaciones sociales. El Río de la Plata, XVIII-XIX, Rosario, Homo Sapiens, 1999. Sobre la justicia rural, ver también: FRADKIN, Raúl, “Représentations de la justice dans la campagne de Buenos Aires (1800-1830)”, en Etudes Rurales, No. 149-150, 2000, pp. 113-124; GELMAN, Jorge, “Justice, Etat et société. Le rétablissement de l’ordre à Buenos Aires après l’Indépendance (1810)”, en Etudes Rurales, No. 149-150, 2000, pp. 125-146. 58 Estudios de este tipo son totalmente insuficientes en el caso de América hispánica. Existen, sin embargo, algunas excepciones, como por ejemplo ZIMMERMAN, Eduardo, “The Education of Lawyers and Judges in Argentina Organización Nacional (1860-1880)”, en ZIMMERMAN, Eduardo (dir.), Judicial Institutions in Nineteenth Century Latin America, op. cit., pp. 104-123. 59 THOMSON, Guy, “Popular Aspects of Liberalism in Mexico”, en Bulletin of Latin American Research, Vol. 10, No. 3, 1991, pp. 265-292; ANNINO, Antonio y BUVE, Raymond (dirs.), “Dossier: El liberalismo en México”, en Cuadernos de Historia Latinoamerica, No. 1, 1993. 60 Ver, por ejemplo, MALLON, Florencia, Peasant and Nation: The Making of Post-Colonial Mexico and Peru, Berkeley, University of California Press, 1995.

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El riesgo aparece, entonces, al considerar estos espacios de mediación política y social como la manifestación de un verdadero orden estatal, autónomo frente a la sociedad y a la economía.

Perspectivas futuras Así, las investigaciones recientes sobre el nacimiento de la política moderna en América hispánica modificaron completamente la imagen de un siglo XIX caracterizado por la violencia, el caos y el caudillismo, considerado como la manifestación de un poder militar. Mostraron, por el contrario, que tanto a nivel cultural como en la práctica existían esfuerzos para dar vida a órdenes estatales viables. Estos resultados son el producto de un cambio radical de perspectiva. Mientras antes la experiencia hispanoamericana era considerada por la historiografía como un intento abortado para aplicar el modelo europeo a realidades muy diferentes61, es ahora más bien interpretada como una variante del paso del Antiguo Régimen a la modernidad política. Las diferencias entre esta experiencia y la experiencia europea o norteamericana ya no son pensadas como una degeneración del sistema político, sino como las modalidades de su realización en un contexto preciso. En este sentido, América Latina ya no es considerada como un sujeto pasivo del proceso de occidentalización; hoy es uno de sus protagonistas62. Esta nueva perspectiva historiográfica sobre América hispánica sigue toda una serie de estudios que, a partir de los años ochenta, modificaron completamente la imagen que se tenía del siglo XIX europeo. Así, las transformaciones que caracterizaron ciertos países de Europa occidental ya no son presentadas como el producto de una necesidad ineluctable, sino como el resultado de un itinerario difícil y complicado. En este sentido, el siglo XIX no representa más el papel de precursor o el de embrión de la democracia del siglo XX, sino que es interpretado en sus propios términos históricos. La misma fórmula fue adoptada por los historiadores latinoamericanistas que ya no explican los fenómenos del siglo XIX a la luz de hechos posteriores. La historia del siglo XX latinoamericano había llevado en efecto a la historiografía a considerar como totalmente negativa la experiencia liberal del Continente, poniendo el acento sobre la anarquía, la violencia y el fracaso político del liberalismo. Paralelamente, los resultados de estudios recientes han demostrado que los recorridos de los países latinoamericanos pueden, además, ayudarnos a reconsiderar la experiencia del Estado europeo durante la época liberal, autonomizándonos definitivamente de una concepción contemporánea 61 En este sentido, ver la interpretación de REINHARD, Wolfgang, Geschichte der Staatsgewalt, Monaco, Varlag C.H. Beck, 1999, que, sin tomar en cuenta esta nueva historiografía y refiriéndose a la Cambridge History of Latin America de los años ochenta, incluye la experiencia latinoamericana del siglo XIX en el capítulo ‘Crisis o transformación del Estado en el mundo extra-europeo’. 62 En este sentido, ver el último libro de CARMAGNANI, Marcello, L’altro Occidente. L’America Latina dall’invasione europea al nuovo millennio, Turín, Einaudi, 2003.

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de éste. En vez de considerar esta experiencia como una separación progresiva de la esfera política frente a una sociedad formada esencialmente por individuos, el caso hispanoamericano nos invita a verla más bien como una experiencia que media entre las sociedades de Antiguo Régimen y las sociedades individualistas modernas, en las cuales el paso de una concepción orgánica a una concepción individualista del cuerpo político, tanto a nivel conceptual como práctico, se muestra muchas veces parcial y contradictorio. Una experiencia en la cual la separación progresiva entre las instituciones consagradas como garantes del orden y del mundo social ordinario no se realizaría completamente. Sin embargo, esta nueva interpretación de la historia política del siglo XIX latinoamericano y su acercamiento a la experiencia liberal europea corren el riesgo, a nuestro entender, de limitar la comprensión histórica de esta época. Como para el caso europeo, donde los aportes recientes de la historia política no han borrado totalmente las interpretaciones de la historia económica y social de las décadas anteriores con las cuales se articularon más bien, pensamos que nuevas investigaciones en historia social y económica podrían conducir a una mejor comprensión del siglo XIX latinoamericano. En el contexto de un recorrido político más ‘normal’ y similar en ciertos aspectos al de los países europeos, los nuevos resultados de la historiografía dejan irresueltas y difícilmente explicables numerosas preguntas del siglo XX latino-americano en el plano histórico. Habría pues que examinar temas que, a pesar de los progresos recientes, quedan todavía inexplorados acerca de la formación de los nuevos sistemas políticos. Como se subrayó, existe un déficit en la historiografía hispanoamericanista reciente sobre la cuestión del Estado -entendido en el sentido estricto del término- desde el punto de vista de la definición de las realidades históricas que supone63. La historia de la administración, por ejemplo, sigue siendo un continente por explorar: se ignora casi completamente el número de empleados del Estado en el siglo XIX, su identidad, las modalidades de su nominación, la formación que recibían. El lugar ocupado por los funcionarios en la sociedad sigue siendo un tema muy poco estudiado. En el campo de la historia cuantitativa del Estado, el retraso es considerable frente a los resultados de la historia económica y social. Desde el punto de vista jurídico, la puesta en marcha de un nuevo orden legal y de un aparato judicial implantado en todo el territorio nacional deja todavía preguntas por responder. Finalmente, aún hay pocos estudios sobre el tema fiscal, sin duda fundamental para comprender la institucionalización del Estado y su legitimación frente a la sociedad. Una última obra que ameritaría, a nuestro juicio, ser desarrollada es la del análisis lexicográfico que, desafortunadamente, la historiografía latinoamericanista casi no ha 63 LEMPÉRIÈRE, Annick, “Hacer la historia del Estado en America hispánica: problemas y propuestas”, ponencia presentada en el coloquio Los caminos de la democracia en América latina: revisión y balance de la ‘Nueva Historia Política’, siglo XIX, México, Colegio de México, 26-28 de noviembre de 2003.

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considerado. A partir del momento en que la política moderna se afirmó siempre por identidades ‘monistas’ -que reemplazan las identidades plurales del Antiguo Régimen-, el estudio del léxico se vuelve fundamental para evaluar si hubo una monopolización del discurso por los grupos dirigentes, así como para abordar la cuestión de la legitimidad del Estado y de su corolario, la obligación política.

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Tema abierto

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Comportamientos al margen de la ley: contrabando y sociedad en Buenos Aires en el siglo XVII Resumen En este trabajo indagaremos los orígenes del comercio ilícito para analizar el proceso del contrabando realizado por el puerto de Buenos Aires en el temprano siglo XVII. Para ello analizaremos el contexto político y económico dentro del cual el contrabando se originó y tomó fuerza, con el fin de reflexionar sobre si esta práctica económica -realizada por funcionarios, vecinos y pobladores del puerto bonaerensepuede considerarse como un accionar corrupto en el contexto estudiado. Situaremos el comportamiento de estos actores sociales dentro de un complejo entramado de creencias e ideología política, y situaciones coyunturales, para dar cuenta de que una práctica como el contrabando realizado en el período colonial reconoce una multiplicidad de causas estrechamente relacionadas unas con otras. Palabras claves: Contrabando, corrupción, siglo XVII, legislación, tolerancia, Buenos Aires.

Illicit Behavior: Smuggling and Society in SeventeenthCentury Buenos Aires Abstract In this work we look into the origins of illegal commerce to analyze how contraband was conducted in the port of Buenos Aires in the early seventeenth-century. To do this, we will analyze the political and economic context in which contraband arose and gained importance in order to reflect whether this economic practice -conducted by government officials, vecinos (official residents) and settlers of the port of Buenos Aires- can be considered corrupt in the context of the period studied. We will situate the behavior of these social actors within an intertwined complex of political beliefs and ideologies, and conjunctures, to explain how a practice like colonial-era contraband has multiple, tightly related causes. Keywords: Contraband, corruption, seventeenth-century, legislation, tolerance, Buenos Aires.

Artículo recibido el 5 de agosto de 2006 y aprobado el 15 de diciembre de 2006.

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Comportamientos al margen de la ley: contrabando y sociedad en Buenos Aires en el siglo XVII b Macarena Perusset Veras a

En un trabajo anterior analizamos el proceso de conformación y consolidación de la elite que dominó la escena política y económica del Río de la Plata, durante las décadas de 1610 y 1630, considerando las distintas etapas que formaron parte del proceso y los principales medios de influencia y de acumulación de riquezas . En esa ocasión nos detuvimos en dos cuestiones: por un lado, en los mecanismos de acceso al poder por parte de los comerciantes que se instalaron en el puerto de Buenos Aires a partir de 1590. Pudimos observar cómo éstos -luego denominados “confederados”desplegaron la coerción, la presión, el miedo, la influencia y la violencia para alcanzar sus objetivos, así como la constante evasión de las normas emanadas del Rey u otras autoridades. Por otro lado, dimos cuenta de las respuestas de algunos miembros del grupo de los beneméritos de la Conquista para mantenerse en el poder y no ser desplazados por los primeros. La alianza entre ambos grupos fue acompañada por el fortalecimiento de una práctica económica de carácter ilegal: el contrabando. Por lo tanto, nos detuvimos en el origen y modalidad del comercio de ultramar, realizado a espaldas de la Corona, y su relación con el proceso de consolidación de la elite rioplatense del período estudiado. Analizamos en esa oportunidad las estrategias utilizadas por los comerciantes para acceder al espacio político y de prestigio local. b El presente artículo es resultado de la investigación que llevé a cabo para mi tesis de licenciatura en Ciencias Antropológicas en la Universidad de Buenos Aires, la cual se tituló Contrabando y Sociedad en el Río de la Plata colonial (1580-1630). a Licenciada en Ciencias Antropológicas, Sección Etnohistoria, Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Estudiante de doctorado en Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. macarena.perusset@ gmail.com PERUSSET, Macarena, “Elite y comercio en el temprano siglo XVII rioplatense”, en Fronteras de la Historia, No. 10, Bogotá, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2005, pp. 257-277.

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Mostramos cómo sus pretensiones de poder generaron conflictos con los primeros pobladores de Buenos Aires, que detentaban los principales cargos en el Cabildo y cómo el grupo de los beneméritos optó por aliarse con los “confederados” para no quedar relegados del poder político y económico, como ocurrió con quienes no aceptaron pactar con éstos. La imposición de los confederados sobre los beneméritos evidenció el triunfo de la riqueza sobre el prestigio de los conquistadores que veían frustrados sus deseos de mantener una “vida aristocrática” basada en el usufructo de las encomiendas . Los comerciantes que llegaron en una segunda oleada migratoria, en su mayoría, vinieron con capitales y recursos para sumarse al rédito del tráfico comercial que se realizaba desde Buenos Aires. El cierre del Puerto en 1594, lejos de frenar la actividad la incentivó, pues las ganancias obtenidas a espaldas de la Corona comenzaban a ser significativas. Como principal riqueza de la elite porteña, el comercio ilegal cobró fuerza propia, involucrando cada vez más a las principales familias, a funcionarios locales, virreinales e imperiales, y también a un sector de la Iglesia. Con el tiempo el comercio ilegal conocido como “contrabando” se “institucionalizó”, adquiriendo una organización y normas propias y atravesó a toda la sociedad porteña de manera directa o indirecta . Como principal medio de acceso a la riqueza y de conservación del poder político fue indestructible y tuvo una vida activa hasta que los últimos Borbones decretaron, a fines del siglo XVIII, el libre comercio. Nos interesa en este trabajo indagar en los orígenes del comercio ilegal, para lograr una interpretación acerca del contrabando que nos permita dar cuenta de la pluralidad de causas y factores que intervinieron en el mismo. Para ello, haremos uso de la perspectiva antropológica, que nos permitirá rescatar las ambigüedades expresadas en discursos y prácticas entre los miembros de la red de contrabando, teniendo en cuenta el contexto en el que los actores se hallaban insertos. Además, nos permitirá dar una nueva mirada a las fuentes utilizadas , al interpretar el doble juego entre la configuración de formas de intervención en campos políticos y económicos, y las adaptaciones, interpretaciones y desviaciones a nivel de los comportamientos individuales. Ibid. Por contrabando entiendo el ejercicio de un comercio prohibido o la introducción de mercancías sin pagar los derechos de aduana correspondientes. MOLINER, María, Diccionario del Uso del español, Madrid, Gredos, 1994, p. 748. El presente artículo se basó en gran medida en las actas capitulares de Buenos Aires halladas en el Archivo General de la Nación de Buenos Aires, Argentina, en cartas y memoriales pertenecientes a la Colección Gaspar García Viñas localizada en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, en documentación editada disponible en la Academia Nacional de Historia de Buenos Aires y en manuscritos procedentes del Archivo Nacional de Bolivia en Sucre-Bolivia.

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1. El contrabando en sus orígenes La ciudad de Buenos Aires nació en medio de una serie de contradicciones políticas y económicas que influyeron en las concepciones y conductas de sus habitantes. El papel económico de la ciudad, como el de todas las colonias hispanoamericanas, iba de la mano de las ideas mercantilistas que acompañaban las monarquías de la época . De esa manera, los intereses de la Corona determinaron la circulación mercantil dentro del Virreinato del Perú, donde las imposiciones monopólicas operaban desde el siglo XVI. Este monopolio comercial intentaba garantizar que los metales preciosos extraídos de América circularan únicamente hacia España . Así, el oro y la plata se concentraban en Lima, la única ciudad del Virreinato autorizada a ejercer el comercio con España. En consecuencia Buenos Aires quedaba al margen del sistema y debía recurrir a Lima para sus intercambios ultramarinos, “por estar prohibida la entrada y salida por aquel puerto de todo género de ropas y mercaderías” . Esta situación se convirtió en un problema para la ciudad de Buenos Aires a partir de 1594, ya que desde 1580 el Puerto había sido escala de una ruta alternativa a la oficial . De la ciudad salían distintos productos -entre ellos plata de Potosí- e ingresaban como contrapartida esclavos y otros productos europeos que venían vía Brasil. Esta ruta alternativa que se encontraba en uso desde la fundación del Puerto fue tolerada durante catorce años por las autoridades, pero a partir de 1594 el Monarca, basándose en informes del Virrey del Perú, y en defensa de sus intereses y de los comerciantes de Sevilla y Lima, convirtió a Buenos Aires en un puerto cerrado. Un informe del Virrey daba cuenta de la situación previa al cierre: “Avisado he a S.M. de la importancia y consideración que va siendo lo del Río de la Plata y el recato que conviene poner, así en los que por allí entran en esta tierra, como en los derechos que ha de llevar V.M. en las mercaderías que traen, por que aquel paso y puerta es tan grande y la tierra hasta Potosí tan larga y ancha, que puesto en la tierra firme es imposible estorbar el pasaje a nadie, aunque yo lo tenga prohibido, como se habrá visto por una copia que yo envié a V.M. …” . VILAR, Pierre, Oro y moneda en la historia (1450-1920), Barcelona, Ariel, 1982, p. 42. GELMAN, Jorge, “Cabildo y élite local: Buenos Aires en el siglo XVII”, en Revista latinoamericana de Historia económica y social, No. 6, Lima, IFEA, 1985, pp. 3-20. Biblioteca Nacional de Buenos Aires (en adelante BNBA), Sala del Tesoro (en adelante ST), Colección Gaspar García Viñas, t. 173, doc. 3404. MOUTOUKIAS, Zacarías “Power, Corruption and Commerce: The making of the local administrative structure in seventeenth century Buenos Aires”, en Hispanic American Historical Review, Vol. 68, No. 4, Nueva York, Duke University Press, 1988, pp. 771-801. Carta del Virrey, Marqués de Cañete, con fecha en la ciudad de los Reyes en 23 de diciembre de 1593, en MOLINA, Raúl, “Una historia desconocida sobre los navíos de registro arribados a Buenos Aires en el siglo XVII”, en Revista Historia, No.16, Buenos Aires, Sellares, 1959, p. 14.

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A través de esta carta el Virrey reiteraba al Rey la situación que se vivía en relación con Buenos Aires, y a partir de entonces, el Monarca decidió cerrar el Puerto y prohibir la entrada de esclavos y mercaderías procedentes del Brasil. Sólo autorizaba el intercambio con España a través de navíos que contaran con licencia para ello10. Así, este sistema comercial excluía a Buenos Aires del tráfico marítimo y la obligaba a depender de Lima para su subsistencia. Sin embargo, pese a la clausura del Puerto y a las medidas decretadas, el Rey cedió frente a los reclamos de los vecinos para evitar que se repitiera el despoblamiento del lugar. De esa forma dictó una nueva Ordenanza Real, en la cual se indicaba al presidente y demás miembros de la Casa de Contratación de Sevilla que: “Es menester que haya allí [en el Río de la Plata] alguna contratación de muchas cosas que faltaren, para que puedan vivir los que allí residieren con más comodidad, por que de otra manera no se podría poblar aquella tierra y los que están en ella se irían a Potosí y a otras partes del Perú, quedando aquello desamparado [...] sería necesario que vayan a esta ciudad hasta dos navíos medianos cada año, despachados en esa Casa [de Contratación de Sevilla], y que en ellos se lleven las mercaderías y cosas necesarias”11.

Continuando con estas excepciones -pese a las prohibiciones dictadas- otra Real Cédula emitida en 1595 otorgaba a Pedro Gómez Reynell un permiso para introducir esclavos por Buenos Aires12. De esta forma la ciudad lograría robustecer su economía interna -limitada por la falta de fuerza de trabajo- y disponer de una mercancía muy demandada en Charcas y Tucumán, cuyo tráfico a Buenos Aires ya resultaba provechoso. Sin embargo, a pesar de los envíos realizados por la Casa de Contratación, se iniciaron los reclamos de los vecinos y los procuradores de la ciudad en la Corte -en relación con la pobreza e insatisfacción de sus necesidades-: “que atento a la necesidad y pobreza de la tierra y falta de servicio que tenemos nos conceda y haga merced de algunas licencias de esclavos de Guinea...”13. De la misma manera los vecinos del Puerto señalaban que: “El año pasado dimos cuenta a Vuestra Majestad del estado en que está esta ciudad y puerto […] y quedamos tan pobres y necesitados que no se puede encarecer más de que certificamos que aramos y cavamos con 10 11 12 13

BNBA, ST, Colección Gaspar García Viñas, t. 173, doc. 3404. Real Cédula fechada el 26 de junio de 1595, en MOLINA, Raúl, op. cit., p. 68. BNBA, ST, Colección Gaspar García Viñas, t. 173, doc. 3400. Carta - poder dada por el Cabildo de Buenos Aires a su procurador ante la Corte, Don Beltrán Hurtado, en LEVILLIER, Roberto, Correspondencia de la Ciudad de Buenos Aires con los Reyes de España, Vol. I, Buenos Aires, Municipalidad de Buenos Aires, 1915, p. 360.

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nuestras manos pasando mucha desnudez y calamidad por habérsenos quitado lo que de nuestras cosechas de labranza y crianza que enviamos al Brasil, en recompensa de lo cual nos traían con que poder vestir nuestras mujeres e hijos”14.

Estos pedidos revelaron la necesidad de reanudar el intercambio con Brasil para conseguir los suministros necesarios para el sustento. De esta manera el Rey decidió otorgar ciertas facilidades a sus habitantes para mantenerlos en calma, pronunciando la Cédula Real de 1602, la cual establecía que el Monarca tenía por bien: “darles licencia y permisión [a los vecinos] para que por tiempo de seis años […] en los frutos de su cosecha y en navíos suyos y por su cuenta, puedan sacar cada año de las dichas provincias del Río de la Plata hasta 2000 fanegas de harina y 500 quintales de cecina y otras 500 arrobas de sebo y llevarlo al Brasil y Guinea y otras islas circunvecinas de vasallos míos y para que en retorno de ello puedan llevar las cosas de que tuvieren necesidad para sus cosas…”15.

Este permiso respondía en realidad a que con el cierre del Puerto la pobreza ocasionada afectaría las rentas Reales y la defensa de la ciudad se vería perjudicada, pues los pobladores al no poder satisfacer sus necesidades abandonarían el lugar, quedando la región a merced de los intrusos extranjeros, que encontrarían libre camino al Alto Perú. Las particularidades señaladas indican que Buenos Aires nació envuelta en un juego de contradicciones. La Corona siguió una actitud pendular y antagónica, pues a pesar de decretar el cierre del puerto no se les permitió a sus habitantes abandonar el lugar, como así tampoco se les otorgó una solución a sus problemas de subsistencia. Si bien se despachaban dos navíos anuales al Puerto, estos no alcanzaban a cubrir las necesidades de sus habitantes. Además la Corona continuaba con su política de no autorizar el comercio y prohibía la importación de esclavos a los vecinos, a pesar de que se otorgaban permisos para ello a diferentes concesionarios portugueses. Fueron estas características ambiguas y contradictorias, así como el hecho de que los comerciantes habían invertido una importante suma de dinero en la organización del tráfico de esclavos, las que influyeron en la determinación del comportamiento de los vecinos de Buenos Aires.

14 Carta de la ciudad de Buenos Aires a S. M., en LEVILLIER, Roberto, op. cit., pp. 278-279. 15 BNBA, ST, Colección Gaspar García Viñas, t. 173, doc. 3404 y t. 186, doc. 3929.

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Esta práctica económica -el tráfico de esclavos- había surgido como respuesta al cierre del Puerto en 1594 y fue puesto en marcha por el entonces gobernador de la provincia, Fernando de Zárate. Esta práctica económica operaba de la siguiente manera: “… la traza y orden que tenía en el desembarcar los negros, que venían de arribada para que no se vendiesen, era que llegaban los navíos fronteros de este puerto, diciendo que habían llegado de arribada y que hacían mucha agua, que tenían necesidad de pertrecharse. Habiendo dado ellos propios barreños al navío. Y con esto los mandaban ir al Riachuelo y desembarcaban allí para aderezar el dicho navío. Y con ocasión de haberse desembarcado, venían los maestres a este puerto, y los armadores y trataban con los alguaciles mayores, que querían vender algunas piezas, y que les avisarían cuando las vendían, y dónde estaban, para que denunciasen de ellas y de las demás”16.

En sus inicios el contrabando involucraba una cantidad reducida de actores, pero a medida que los réditos del tráfico ilegal se fueron incrementando y haciendo visibles, cobró una dimensión superior y albergó una mayor cantidad de sujetos. En términos generales la historiografía colonial ha caratulado los comportamientos políticos y económicos al margen de las normas como parte de una corrupción generalizada de la sociedad colonial. El principal exponente de esta idea ha sido Horst Pietschmann en su célebre artículo “Burocracia y corrupción en Hispanoamérica colonial: una aproximación tentativa”17, cuyas ideas reactualizó en el año 200318. En cambio, parte de la literatura reciente19 ha intentado reinterpretar las razones por 16 Testimonio de Juan Gómez, en MOLINA, Raúl, Hernandarias el hijo de la tierra, Buenos Aires, Lancestremere, 1948, Apéndice documental, documento XI, p. 478. 17 PIETSCHMANN, Horst, “Burocracia y corrupción en Hispanoamérica colonial: una aproximación tentativa”, en Nova Americana, No. 5, Torino, Giulio Einaudi Editore, 1982, pp. 11- 37. 18 PIETSCHMANN, Horst, “Los principios rectores de la organización estatal en las Indias”, en ANNINO, Antonio y GUERRA, Francois Xavier (comps.), Inventando la Nación, México, Fondo de Cultura Económica, 2003, pp. 47-84. 19 AGUIRRE LANARI, Juan, Ética, política y derecho, Buenos Aires, Academia Nacional de Derecho y Ciencias - La Ley, 2000, pp. 207-224; CASADO ARBONIES, Manuel, “La carrera americana de un antiguo colegial mayor y rector de la Universidad de Alcalá de Henares: don Dionisio Pérez Manrique”, en Ensayos y documentos, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá de Henares, 1993, pp. 7-332; GONZALVO AIZPURU, Pilar y RABELL, Cecilia, Familia y vida privada en la historia de Iberoamérica, México, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, 1996; GONZALVO AIZPURU Pilar y RABELL, Cecilia, La familia en el mundo iberoamericano, México, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, 1994; HERZOG, Tamar, La administración como un fenómeno social: Justicia penal de la ciudad de Quito (1650-1750), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1995; HESPANHA, Antonio, La gracia del derecho. Economía de la cultura en la Edad Moderna, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993; MARILUZ URQUIJO, José María, El agente de la administración pública en Indias, Buenos Aires, Instituto

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las cuales esas prácticas cobraron una dimensión estructural dentro de la sociedad colonial. Es dentro de esta línea que buscamos retomar el tema de la corrupción para finalmente dar una interpretación que no quede estancada en su sola definición. Para ello haremos un primer recorrido por la historiografía que abordó el tema, para luego preguntarnos ¿cómo podemos interpretar la extensión de las prácticas ilegales en el contexto rioplatense temprano? y ¿cómo el fortalecimiento e impunidad de un grupo dentro de la elite porteña frente a cualquier intento -interno o externo- de desarticular al mismo?

2. La “corrupción” en la historiografía colonial Uno de los principales referentes a la hora de citar una tipología sobre corrupción política es el trabajo de Heidenheimer, quien presentó en Political Corruption20 tres esferas de conducta corrupta: 1) las centradas en la función pública, 2) las focalizadas en el mercado y 3) las centradas en el interés público. Si bien esta tipología fue desarrollada para el mundo contemporáneo, la misma puede aplicarse al estudio de las sociedades coloniales, ya que la evasión del pago de los impuestos internos, tales como la saca ilegal de plata sin sellar ni registrar y de cueros sin marcar, así como la introducción ilegal de géneros europeos y esclavos del África logran inscribirse en la tercera definición de corrupción señalada por el autor. Hacia la década de 1960 van Klaveren21 fue el primero en ocuparse del tema de forma sistemática, al focalizarse tanto en lo que ocurría en la Península como al otro lado del Atlántico. En sus artículos, le otorgó un lugar destacado y la tomó como un componente fundamental de la historia económica de España, reintroduciendo el fenómeno de la corrupción administrativa en los debates historiográficos acerca de la naturaleza de la dominación colonial22. A partir de sus estudios muchos investigadores Internacional de Historia del Derecho Indiano – Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 1998; MOUTOUKIAS, Zacarías, “Gobierno y sociedad en el Tucumán y el Río de la Plata, 1550-1800”, en VV. AA. Nueva Historia Argentina, t. II, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2000, pp. 355-412; MOUTOUKIAS, Zacarías, “Negocios y redes sociales: modelo interpretativo a partir de un caso rioplatense (siglo XVIII)”, en Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien (C.M.H.L.B.), No. 67, Toulouse, Caravelle, 1997, pp. 37-155; PÉREZ HERRERO, Pedro, Comercio y mercados en América Latina colonial, Colecciones MAPFRE 1492, Madrid, MAPFRE, 1992; SAGUIER, Eduardo, “La corrupción de la burocracia colonial borbónica y los orígenes del federalismo: el caso del Virreinato del Río de la Plata”, en Jahrbuch fürt Lateinamerikas, No. 29, Band-Koln, G. Fischer, 1992, pp. 149-177. 20 HEIDENHEIMER, Arnold, Political Corruption Readings in Comparative Analysis, Nueva York, Holt, Rinehart and Winston, 1970. 21 VAN KLAVEREN, Jacob, Europaische Wirtschaftsgeschichte saniens im 16 und 17, Stuttgart, Jahrhundert, G. Fischer, 1960. 22 VAN KLAVEREN, Jacob, “The Concept of Corruption”, en HEIDENHEIMER, Arnold, JOHNSTON, Michael y LEVINE, Victor T. (eds.), Political Corruption: A Handbook, Brunswick, Transaction Publishers, 1989,

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comenzaron a reconsiderar el rol que jugó la corrupción en la sociedad americana, y concluyeron que no era un síntoma de decadencia política de la Corona en las colonias, como lo planteaban autores como Ots Capdequí23 y Parry24. Al contrario, la corrupción pasaba a ser considerada como una práctica necesaria y hasta positiva en la vida política americana. De acuerdo con las investigaciones de Phelan25 y Vicens Vives26 y siguiendo con el modelo de corrupción existente en España e Indias, se consideraba su principal razón de existencia el hecho de que la administración imperial intentaba dominar la realidad económica indiana con legislación que no se ajustaba a ella. Vicens Vives señalaba que en España, a pesar de las leyes vigentes, la administración pública tuvo que poner en funcionamiento el comercio americano utilizando diversas estrategias, a partir de las cuales habrían surgido las prácticas corruptas27. Por su parte, Phelan postulaba que la corrupción resultó de la descentralización política del gobierno colonial, en la que la autoridad se dividía en una serie de organizaciones administrativas privadas y públicas. Los oficiales gubernamentales en este “sistema patrimonial” carecían de una serie bien establecida de tareas, y de la misma manera, la relación entre superiores y subordinados era una relación informal y no se encontraba reglamentada por las leyes28. Ambos autores concluían que la corrupción institucionalizada, durante ciertos períodos históricos devenía en una “válvula de escape” para los mecanismos de dominación que la metrópoli ejercía sobre sus colonias, al incrementar la participación política de los colonos americanos y al ayudar a mantener el equilibrio del poder29.

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pp. 855-869; VAN KLAVEREN, Jacob, “Corruption as an Historical Phenomenon”, en HEIDENHEMER, Arnold, op. cit., pp. 422- 426; VAN KLAVEREN, Jacob “Fiskalismus-Merkantilismus-Korruption. Drei Aspekte der Finanzund Wirtschaftspolitik während des Ancien Régime”, en Vierteljahrschrift für sozial und Wirtschaftsgeschichte, Vol. 47, Wiesbaden, Van Klaveren ed., 1960, pp. 333-353. OTS CAPDEQUI, José María, El Estado español en las Indias, México, FCE, 1941 (1957). PARRY, John, The sale of public office in the spanish Indies under the Habsburgs, Berkeley, University of California Press, 1953. PHELAN, John Leddy, “Authority and flexibility in the spanish imperial bureaucracy”, en Administrative science quarterly, Número especial, Lima, IFEA, 1960, pp. 47-65; PHELAN, John Leddy, El Reino de Quito en el siglo XVII, Quito, Banco Central del Ecuador, 1995. VICENS VIVES, Jaime, Historia de España y América, Barcelona, Editorial Vicens Vives, 1968 (1977). Ibid. PHELAN, John, El Reino…, op. cit., p. 22. BARBIER, Jacques, “Elites and cadres in Bourbon Chile”, en Hispanic American Historical Review, Vol. 52, No. 3, Madison, The University of Wisconsin Press, 1972, pp. 416-435.

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Pietschmann30 -retomando a Vicens Vives- añadía que la corrupción debía considerarse como sistemática y ser explicada como una tensión permanente entre el Estado español, la burocracia real y la sociedad colonial; áreas que, a su vez, deberían vincularse con la distribución de poder y riqueza. Este autor fue un pionero al señalar que la transgresión de normas no se producía sólo por los miembros de la administración, sino que también lo hacía el “público en general” que requería de los servicios de la burocracia31. Teniendo en cuenta a los oficiales de la burocracia, Andrien32 considera que la corrupción ocupó un lugar destacado en las colonias a partir de la venta de cargos, lo que contribuyó, a su turno, a erosionar el control ejercido sobre estos oficiales, quienes se vieron cada vez más relacionados con las colonias que con su tierra natal. Igualmente este autor sostiene que la corrupción permitió a las elites locales ganar y consolidar su influencia y poder. Tanto Pietschmann33 como Andrien34 buscaron examinar cómo los miembros del aparato administrativo abusaron de sus poderes, y cómo el abuso de los mismos por parte de una elite local ayudó a socavar el aparato del Estado colonial.

3. La “corrupción” en el Antiguo Régimen La mayoría de los autores antes mencionados no han reflexionado sobre la aplicabilidad del término “corrupción” para designar una realidad del mundo del Antiguo Régimen. Reflexión necesaria, puesto que como bien advierte Quarleri35, la analogía de comportamientos al margen de la ley de algunos funcionarios coloniales con la corrupción contemporánea puede afectar nuestra visión sobre las prácticas pasadas36. 30 PIETSCHMANN, Horst, “Burocracia y…”, op. cit., p. 12; PIETSCHMANN, Horst, “Los principios rectores…”, op. cit., p. 49. 31 PIETSCHMANN, Horst, “Burocracia y…”, op. cit., p. 16. 32 ANDRIEN, Kenneth, “The sale of fiscal offices and the decline of royal authority in the Viceroyalty of Peru, 1633-1700”, en Hispanic American Historical Review, Vol. 62, No. 1, Madison, The University of Wisconsin Press, 1982, pp. 32-56; ANDRIEN, Kenneth, “Corruption, inefficiency, and imperial decline in the seventeenth century viceroyalty of Peru”, en The Americas, No.4, Washington, Academy of American Franciscan History (TAM), 1984, pp. 1-20. 33 PIETSCHMANN, Horst “Burocracia y …”, op. cit., p. 25. 34 ANDRIEN, Kenneth, “Corruption, inefficiency…” op. cit., p. 6; ANDRIEN, Kenneth, “The sale…”, op. cit., p. 47. 35 QUARLERI, Lía, “Elite local, burocracia y reformas borbónicas: La administración de temporalidades de la Rioja”, en Revista Población y Sociedad, Nos. 8-9, Tucumán, UNT, 2000-2002, pp. 177-210. 36 Dentro de las definiciones actuales sobre este fenómeno, Bayley señala que aunque la idea de corrupción se encuentra unida al acto de cohecho, es un término general que se refiere al mal uso de la autoridad para lograr una utilidad personal, no necesariamente monetaria. BAYLEY, David, “The effects of corruption in

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Una distinción entre la sociedad política del Antiguo Régimen y la actual es que en las primeras el interés privado y el público no estaban separados como en teoría se encuentran en el presente. Además, en las sociedades antiguas la política no surgía como una actividad distinta de la acción social de los actores, sino que traspasaba todas las relaciones que los sujetos sociales entablaban entre sí en su vida diaria37. Una relación política implicaba una interacción social que conllevaba el despliegue de diversas tácticas con el fin de inclinar las voluntades ajenas y regir sus comportamientos hacia un objetivo preestablecido38. Al respecto, resulta ilustrativo el accionar de Juan de Vergara, uno de los principales contrabandistas del puerto de Buenos Aires: “Lo que no alcanza [Vergara] por amistad, favor o amor, lo acaba con sus trazas y por el temor que todos le tienen por no verse perseguidos de él y metidos en pleitos e inquietudes con que los destruye […] La presión en que su poder y trazas los ha tenido y tiene [a los vecinos] buscándoles causas coloreadas”39.

Los actores sociales del Antiguo Régimen eran actores colectivos, conjuntos estructurados y permanentes, formados por individuos que desarrollaban una acción unitaria. Poseían sus propias formas de autoridad, sus reglas de funcionamiento y articulación interna, sus lugares y formas de sociabilidad y de comportamiento, sus valores e imaginarios. Por lo tanto, al estar basadas en el grupo, las relaciones entre los actores se fundamentaban en las de la asociación. Las rivalidades o alianzas en la cima de las mismas implicaban y comprometían a todos sus miembros. La acción política de estos sujetos buscaba conseguir para sí o para parientes y allegados cargos directivos en los cuerpos y en los que produjeran los mayores beneficios o influencia40. Cada uno de los grupos que conformaban este tipo de sociedades tradicionales, actuaba en función de preservar y acrecentar sus privilegios, su capacidad de acción y, por lo tanto, su poder.

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a developing nation”, en Western political quarterly, Salt Lake City, University of Utah, 1990, pp. 719-727. En la misma línea, Nino considera la corrupción tanto en el ámbito público y privado como en la conducta de quien ejerce una función social que implica ciertas obligaciones destinadas a satisfacer determinados fines. El problema se presenta cuando no se cumple con las obligaciones, de modo de obtener un beneficio para sí o para un tercero. También considera que hay corrupción en la conducta del tercero que lo induce a, o se beneficia con, tal incumplimiento. NINO, Carlos, Un país al margen de la ley, Buenos Aires, Emecé, 1992. GUERRA, François Xavier, “Hacia una nueva historia política. Actores sociales y actores políticos”, en Anuario IEHS, No. 4, Tandil, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 1989, pp. 117-122. JUSTO LÓPEZ, Mario, Manual de Derecho Político, Buenos Aires, Kapelusz, 1973. Carta del ex procurador de las provincias del Río de la Plata, Manuel Frías al Rey, fechada el 29 de junio de 1627. Archivo Nacional de Bolivia, Sección Colonia, Correspondencia, Buenos Aires, vol. II, leg. 8, f. 825. Tamar Herzog da cuenta del mismo accionar político realizado por los sujetos que habitaban la región quiteña colonial. HERZOG, Tamar, op. cit.

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Por último, en relación con el uso del concepto “corrupción” nos interesa recalcar que para comprender el fenómeno en el contexto estudiado, no debemos centrarnos sólo en la trasgresión de los oficiales públicos, pues las acciones “corruptas” no eran desplegadas únicamente por los mandatarios, sino también por quienes se sirvieron de éstos para obtener sus propios beneficios económicos o sociales, como algunos miembros de la elite del lugar. El empleo que hacemos de ciertas categorías en contextos específicos somete a los significados culturales a revalorizaciones prácticas. ¿Qué queremos decir? Que pese a que ciertas variables de análisis y algunas inferencias sobre la corrupción política en la actualidad coinciden con las elaboradas para dar cuenta de ciertos comportamientos dentro de la administración pública colonial41, nada garantiza que los actores sociales coloniales, con distintos intereses y biografías, hayan estimado las categorías existentes de manera similar a como las utilizamos actualmente. Por lo tanto, sólo puede comprenderse la corrupción colonial cuando es estudiada bajo la luz de la tradición cultural de la cual formaba parte, y no desde los valores que maneja el investigador. Es ahí cuando nos preguntamos si es correcto utilizar el término corrupción para referirnos a las prácticas no sólo de la burocracia, sino también de algunos miembros de la elite colonial. ¿Podemos afirmar que existían prácticas corruptas -en el sentido que maneja Laporta42, es decir, que un agente investido de autoridad obtenía una ganancia personal evadiendo un cuerpo de normas o bajo condiciones formalmente legales? Creo que si bien esta definición es admisible de ser aplicada, es probable que encontremos algunas divergencias de acuerdo a cada caso en particular. En las siguientes páginas buscamos dar cuenta del contexto político y económico más amplio dentro del cual el contrabando rioplatense se originó y fortaleció, con el fin de reflexionar sobre la inclusión de esta práctica dentro del concepto de corrupción. Nuestro objetivo es situar a los actores y sus prácticas dentro de un entramado de concepciones, ideología política, situaciones coyunturales y normativas.

4. El contrabando en el contexto político-jurídico colonial Bajo la monarquía de los Austrias la legislación elaborada representó una incesante acumulación de disposiciones, generando como resultado que en Indias gran parte de esa legislación se volviera confusa y contradictoria. El contacto de la tradición jurídica española con la realidad americana produjo un reajuste de las instrucciones peninsulares para amoldarse a las necesidades locales. De acuerdo con ella, los mecanismos estipulados para levantar expedientes con testigos diversos, con consultas a autoridades de distinta jerarquía, con informaciones a los superiores, tenía como consecuencia la prolongación de la solución de los pleitos entablados. Además, 41 QUARLERI, Lía, op. cit., p. 186. 42 LAPORTA, Francisco, La corrupción política, Madrid, Alianza Editorial, 1997.

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este sistema se dedicaba a estudiar una realidad legal frecuentemente ambigua o contradictoria y al estudio de cada caso y problema en forma individual43. Por lo tanto, esta legislación daba lugar a que las distintas jerarquías administrativas o judiciales opinaran de forma diversa, lo cual resultaba en interpretaciones contrapuestas entre sí y con la realidad legal44. Sin embargo, el ordenamiento jurídico-político del Antiguo Régimen dejaba amplios márgenes e infinitos intersticios fuera del texto escrito de la ley y en esos espacios se insertaban usos, costumbres y prácticas que llenaban los vacíos legales, o se entramaban con las leyes en el momento de su aplicación: “…las justicias, gobernadores y lugar tenientes […] ni cumplen provisiones ni cédulas reales, dándoles el sentido que les parece para conseguir sus fines”45. La acción política en el Río de la Plata colonial, como la estamos delineando, implicaba, entonces, un “ilegalismo tolerado”, en términos de Michel Foucault (citado por Tau Anzoátegui), pues la inobservancia de ciertos preceptos legales formaba parte de la vida política y económica46. Este “ilegalismo” tenía su propia coherencia y consistía tanto en privilegios como en inobservancias masivas de normas que no llegaban jamás a aplicarse o cumplirse47. Las constantes denuncias de los habitantes del Puerto sobre que “han sucedido tantas cosas en esta ciudad y puerto en razón de 675 esclavos negros que por el se han navegado contrabando y con registro de un nuevo contratador […] sin traer licencia […] para poderlos navegar por este puerto”48; así como que “esta ciudad y puerto esta perdida con el contrato […] y las justicias que han sido así gobernadores que han sido como sus lugartenientes hacen lo que quieren y gozan de su particular interés y no acuden a lo que es su carga y obligación”49, demostraron la ineficacia de las medidas tomadas para evitar las prácticas corruptas, razón por la cual en 1618 el 43 El casuismo, como se denomina a este sistema de derecho, no se basaba en el dictado de reglas generales para alcanzar una uniformidad abarcadora de todos los reinos del Imperio. Cada caso particular, el lugar y el tiempo templaban ese objetivo. Era necesario amoldarse a las nuevas situaciones y casos específicos en un proceso dinámico de renovada creación. TAU ANZOÁTEGUI, Víctor, El poder de la costumbre, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de historia del Derecho, 2001, p. 61. 44 PIETSCHMANN, Horst, “Los principios…”, op. cit., p. 62. 45 BNBA, ST, Colección Gaspar García Viñas, t. 173, doc. 3405. 46 TAU ANZOÁTEGUI, Víctor, op. cit., p. 87. 47 La creencia en el valor de las leyes como materialización del derecho, y como guías que ordenaban el mundo, reglamentando y gobernando la quietud de las colonias, dominó en la mentalidad de la época que estamos estudiando (siglos XVI a XVIII). Sin embargo, esta idea de la ley no era absolutista ni excluyente, sino que permitía la imperfección de sus preceptos y la consiguiente intervención de los hombres en su aplicación. TAU ANZOÁTEGUI, Víctor, La ley en América Hispana. Del descubrimiento a la emancipación, Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia. 1992, p. 48. 48 BNBA, ST, Colección Gaspar García Viñas, t. 173, doc. 3405. 49 Ibid., doc. 3403.

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Rey decidió crear una aduana en Córdoba, paso obligado de Buenos Aires al Alto Perú50. Sin embargo, a través de diversos procedimientos dilatorios efectuados por los gobernantes y vecinos del Puerto, la misma no había sido establecida. Por esa causa fue enviado -en 1623- el oidor Alonso Pérez de Salazar, encargado de su cumplimiento e instalación. La creación de esta aduana evidencia que la Corona estaba al corriente de los “delitos” que se producían en el Puerto, y al ordenar su instalación -que implicaba pagar el cincuenta por ciento de los derechos de las mercancías- demostraba una suerte de tolerancia hacia los comportamientos que ella misma prohibía a sus habitantes. Los actores sociales coloniales eran conscientes de que la rigidez textual de la ley tenía una funcionalidad, en términos de Agüero ad terrorem51. Es decir, que sólo en casos excepcionales el Rey plasmaba ese terror en sus acciones y que cotidianamente, por el contrario, protegía su conciencia actuando con cierta tolerancia, lo que les permitía a los sujetos coloniales continuar con sus prácticas ilegales. Esta tolerancia hacia los delitos practicados por los comerciantes del Puerto, pone en escena la facultad de disimulo, estrategia política utilizada por el Rey como compensación hacia los servicios prestados por los colonos de ultramar y para recomponer su relación con ellos frente a situaciones específicas de necesidad o de inobediencia sistematizada52. Este accionar de la Corona -de no poner un punto final al comercio ilegal por el Puerto- puede presentarse como expresión de la relación existente entre “gracia y justicia” que conformaba la mentalidad de la época, y que consentía que los súbditos se movieran entre la obediencia y la inobservancia de la legislación, según las condiciones de cada caso53. Por otro lado, con el fortalecimiento del Imperio español también se evidenció el surgimiento de una burocracia especializada, compuesta por un cualificado estrato de legistas. Con la especialización de la misma se confió el gobierno de Indias a funcionarios nombrados por el Rey, que actuaban durante un tiempo limitado y estaban sometidos a las órdenes y vigilancia de las autoridades superiores. Sin embargo, la administración pública creció desmesuradamente y transformó su carácter y su función, ayudando a la formación y consolidación del poder de oligarquías opuestas a los intereses reales. De esta manera, los funcionarios de la burocracia pasaron a participar activamente en la política americana. En cuanto se conocen mejor los mecanismos de funcionamiento de los grupos de poder y sus intentos de influir sobre los funcionarios de la administración pública para 50 MOLINA, Raúl, “La defensa del comercio del Río de la Plata por el Licenciado D. Antonio de León Pinelo”, en Revista Historia, No. 26, Buenos Aires, Crisol, 1962, pp. 37-112. 51 AGÜERO, Alejandro, “Clemencia, perdón y disimulo en la justicia criminal del Antiguo Régimen. Su praxis en Córdoba del Tucumán. Siglos XVII y XVIII”, Separata de Revista de historia del Derecho, No. 32, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 2003, pp. 3-42. 52 Ibid. 53 Ibid.

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lograr decisiones burocráticas o legales en su favor, resulta evidente que estos pleitos de competencia no eran sólo originados por funcionarios deseosos de promover su posición social, sino que en muchos casos se trataba de luchas de poder en el seno de la misma burocracia. Este comportamiento es clave debido a que la mayoría de los funcionarios que encontramos desenvolviéndose en este contexto eran corruptos, y se mezclaban con los intereses locales de los líderes y miembros de la red de contrabando. Por ejemplo, el accionar del tesorero real -quien en teoría custodiaba los bienes de la Hacienda Real-: “En todos los navíos que entraron, el tesorero Simón de Valdez, cuando iba a visitarlos, apartaba a los maestres y les hablaba al oído [...] y oyó decir muchas veces al dicho tesorero, a los dichos maestres y cargadores, que le llevasen mercaderías, de ropa, lienzo, vino y otras cosas. Y se las vio llevar este tesorero muchas veces, a la dicha su casa”54.

Asimismo, encontramos gobernadores con comportamientos deshonestos: “Yendo el dicho gobernador [Francés de Beaumont y Navarra] a ver el dicho navío [...] sacaban en un batel cantidad de esclavos, por mandato del dicho gobernador Don Francés”55. Igualmente el caso del gobernador Góngora: “Todos estos excesos cometidos por los gobernadores, ayudados y aconsejados de Juan de Vergara [...] Don Diego de Góngora que se hizo con el dicho Juan de Vergara y el obispo de este obispado”56. Añadamos que “[Mateo Leal de Ayala teniente de gobernador] favorecía a todos los que entraban y salían, en que se fuesen y cargasen sus navíos y en que hurtasen los negros […] muchas veces ha embarcado plata por este puerto…”57. Los ejemplos son interminables. Por otra parte, la Contrarreforma católica experimentada a mediados del siglo XVI en España, se convirtió en el fundamento que permitió conservar la tradición medieval de tipo escolástico, convirtiéndose en la base justificadora, legal y ética del comportamiento político en América. Esta doctrina llevaba en boga la subordinación del derecho positivo a una ley natural o divina. Tal poder divino otorgaba al Monarca un dominio que implicaba, entre otras cosas, gobernar bajo el pleno consentimiento de sus súbditos. Una ley injusta era inmoral y podía ser desobedecida siempre y cuando tal resistencia no causara un daño irreparable al cuerpo de la “nación”. La teoría contractualista -de raíz medieval- implicaba que la relación de vasallaje con el Rey

54 BNBA, ST, Colección Gaspar García Viñas, t. 196, doc. 4290. 55 Ibid. 56 Memorial de Fray Juan de Vergara. Buenos Aires, 16 de septiembre de 1628, en PEÑA, Enrique, Don Francisco de Céspedes. Noticias sobre su gobierno en el Río de la Plata, 1624-1632, Buenos Aires, Editorial Coni, 1916, pp. 165-171. 57 En MOLINA, Raúl, Hernandarias…, op. cit., p. 477.

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estaba sellada por un contrato de obligaciones y deberes mutuos58. Estos convenios se expresaban a través de prácticas consuetudinarias como también mediante estatutos y privilegios escritos y conllevaban el derecho de resistir a la autoridad cuando ésta era considerada despótica, o a desobedecer las leyes cuando eran injustas. Esta teoría política aunque perdió fuerza en la península ibérica tras la instauración de las monarquías absolutas, se difundió en la América colonial, y frente a un hecho que los sujetos consideraban como el quiebre de ese pacto, emergían distintas reacciones que hacían frente a las circunstancias. El obispo del Río de la Plata, fray Martín Ignacio de Loyola señalaba: “El fin que tiene el Rey Nuestro Señor como católico y cristianísimo en las cédulas que despacha es el servicio de Dios Nuestro Señor y el bien y aumento de la república y de sus vasallos y si alguna cédula emanase contraria de este fin sería por falsa y siniestra información, y los gobernadores la han de reverenciar pero no ejecutarla en cuanto es repugnante al dicho fin…”59.

Los hombres que conformaron la elite de Buenos Aires del siglo XVII temprano, vinieron de España con ideales de riqueza y preeminencia social; también traían consigo los valores y la ideología vigentes en la Península y en especial la noción del pacto medieval60. Pero la situación real con la que se encontraron aquellos hombres cuando llegaron a este lado del Atlántico fue muy diferente a la que fantaseaban. A diferencia de Potosí, cuya riqueza se encontraba en las minas de plata y del Tucumán cuya riqueza se basaba en la explotación de la mano de obra indígena y en las haciendas, en el Río de la Plata, sin centros mineros ni abundante población indígena, la riqueza debería buscarse por otro lado. En este contexto el comercio fue el principal medio de obtención de bienes, y el comercio ilegal en particular, de enriquecimiento. Además estos hombres se encontraron, a partir de 1594, con la exclusividad del monopolio sevillano-limeño que dejaba a Buenos Aires al margen de toda actividad comercial e influía negativamente en sus aspiraciones políticas y económicas al limitar su campo de acción. Igualmente, el comportamiento de los funcionarios enviados a Indias 58 Antonio Hespanha desarrolla claramente la ideología que implicaba esta doctrina en HESPANHA, Antonio, op. cit., pp. 171-172. 59 Archivo General de la Nación, Buenos Aires - Argentina (en adelante AGN), Sección Colonia, Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos Aires, Buenos Aires, 1807, Municipalidad, Serie I, t. I, ff. 52-53. 60 Es bien sabido que tanto la conquista como la posterior etapa de colonización de nuevos territorios se llevó a cabo bajo empresas privadas. Carente como se hallaba de recursos para equiparar las expediciones y afrontar su posible fracaso, la Corona prefirió que los particulares realizaran las exploraciones a su costa. De esta manera se celebraba entre ambas partes un contrato por el cual el particular prestaba ciertos servicios al Rey o ejecutaba una determinada empresa, como la colonización. Estos contratos reglamentaban jurídicamente los nuevos descubrimientos y las concesiones o recompensas que se otorgarían a los que los llevaran a cabo, si cumplían con sus obligaciones.

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estuvo reglamentado por una legislación que les asignaba un sueldo fijo y prohibía ejercer otras actividades que proporcionaran ingresos adicionales. A continuación veremos algunos pedidos al Rey para intentar obtener una solución a sus necesidades de subsistencia: “Todas las ocasiones que afligen y ponen en necesidad las repúblicas parecen han ocurrido a un mismo tiempo contra esta de Buenos Aires, habiéndose poblado y sustentado con sangre y trabajo de muchos pobres, cuyos hijos y nietos, parientes y deudos lo están sin esperanza de remedio según el aprieto de la prohibición que se esta ejecutando con la falta de moneda y permisiones de ropas y esclavos [...] las necesidades que estamos experimentando muchas personas españolas por falta de capa y manto, no oyen misas ni salen de sus posadas”61.

Y con respecto a las ideas de los actores sobre las concesiones que les correspondían de acuerdo al pacto establecido con la Corona: “Tenemos esperanza se restaurará alguna cosa y la mayor en la merced que Vuestra Majestad ha de hacer a esta república que tan fielmente le ha servido y le ha de servir, concediéndole de nuevo las permisiones que en otros tiempos, las cuales también le han faltado desde antes que llegara D. Diego de Góngora, al cual Vuestra Majestad le mande favorezca a esta pobre gente ayudando a todos como quien tiene presente las necesidades”62.

A estas particularidades con las que se enfrentaron quienes se establecieron en la ciudad a principios del siglo XVII y hasta mediados del mismo, añadamos la legislación emanada del Rey ambigua y contradictoria, las demoras debidas a la distancia y al tiempo que transcurría antes de que las noticias de Europa llegaran a Buenos Aires y viceversa, y la distancia de los centros de poder político en el Perú.

5. Entre la ilegalidad tolerada y los límites de lo tolerable Volviendo a las definiciones que planteamos al comienzo nos preguntamos: ¿Cuál es la diferencia entre una práctica corrupta y una práctica ilegal? ¿Existe tal diferencia? Una práctica es ilegal cuando transgrede la ley que la regula, pero no necesariamente implica la noción de corrupción. Una práctica corrupta se refiere al mal uso o desempeño 61 Carta del Cabildo de Buenos Aires a S.M., Buenos Aires, 15 de mayo de 1616, en PEÑA, Enrique, op. cit., pp. 130-134. 62 Carta del Cabildo de Buenos Aires al Rey, quejándose de excesos de Hernandarias de Saavedra. Buenos Aires, 17 de febrero de 1620, en LEVILLIER, Roberto, op. cit., pp. 162-164.

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de ciertas prácticas. Aquí comienzan a operar valores morales, y generalmente un comportamiento corrupto resulta en un perjuicio al bien común. Por lo tanto, al dejar de lado las valoraciones personales, podremos considerar que aquéllo que comúnmente se considera como una práctica corrupta es simplemente una práctica ilegal. ¿Cómo es posible saber qué conducta política, entendida como forma de acceso al poder, es buena o mala o aceptable en un sistema político en particular? Sólo mediante el estudio del contexto en el cual se llevan a cabo estas prácticas. Taylor63 concluye que las nociones de “bienestar general” son construidas por cada sociedad de acuerdo con sus patrones previos tanto morales como cosmovisionales; por lo tanto, siempre hay un marco identitario referencial que hace que cada sociedad construya sus propios significados y esto se encuentra vinculado con el espacio moral, que es tanto de lugar como de tiempo64. ¿Cómo es posible evaluar, entonces, que un comportamiento determinado sea tolerable en un contexto político dado? Todo lo señalado evidenció una Buenos Aires como una sociedad sin reglas, o que pese a las normas que debían regir su vida social y económica, sus habitantes no cumplían con las mismas. Ahora bien, nos preguntamos cuál es la razón para que una sociedad no respete las normas destinadas a regular y ordenar su vida. Y es ahí cuando es necesario tener presente, en conjunto, todas las características de la sociedad española que se trasladó al Río de la Plata hacia el siglo XVII. Un aspecto interesante de análisis es el de la legislación destinada a Indias, cuya característica principal era el casuismo, es decir, que el derecho se presentaba como una reunión de preceptos de diversa naturaleza y alcance, que se invocaban y aplicaban según los casos65. Las condiciones de aplicación de este derecho no eran iguales en todo el Imperio: en las áreas periféricas, como el Río de la Plata, se encontraba condicionado por las costumbres locales, por lo cual la flexibilidad del mismo aumentaba pese a que el derecho escrito fuera considerado como una guía importante que convenía seguir, salvo que existieran motivos para lo contrario. Cuando nos referimos a los usos consuetudinarios en el Río de la Plata, debemos señalar que eran especialmente fuertes en el siglo XVII. Ellos ilustran cómo se creaba una distancia entre las intenciones de la metrópoli -plasmadas en la legislación- y las de los colonos, donde los usos y prácticas mantuvieron una presencia jurídica notoria, que no se reducía a los límites de una fuente formal, acosada por la ley, sino que tendía a ocupar los espacios normativos vacíos, y en mayor medida cuando era incipiente66. 63 TAYLOR, Charles, La ética de la autenticidad, Barcelona, Instituto de Ciencias de la Educación, Paidos, 1995 (1966), p. 38. 64 LORANDI, Ana, Facciones, poder y ética en el siglo XVIII. Poder y ética pública en el siglo XVIII en el Tucumán colonial (Homenaje a Pease), Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2000, pp. 987-1000. 65 TAU ANZOÁTEGUI, Víctor, El poder…, op. cit., p. 71. 66 Ibid.

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Buenos Aires se constituyó en un ámbito donde los intereses locales modelaron su fisonomía definiendo un conjunto de comportamientos que contradijeron los intereses de la Corona. Además, su ubicación lejos de España y de los centros de poder en Lima, y cerca de los portugueses en Brasil, hizo que fuera casi imposible imponerle un control. Frecuentemente los gobernadores provinciales actuaban con un grado de libertad que puede parecer inconsistente con su rol de intermediarios del Rey. Además, si bien ninguna comunidad podía actuar a su antojo, era posible desobedecer al Rey cuando se creaba la situación del régimen tirano; y amparándose en esta doctrina e interpretando a su gusto los intersticios dejados por la ley, surgía el comportamiento de obedecer pero no cumplir las leyes que iban contra el bien común: “que los escritos cartas y cédulas del príncipe dadas en perjuicio de partes que sean contra ley o derecho usado no traigan aparejada ejecución ni se cumplan”67. Añadamos que en las zonas periféricas las prácticas culturales recientes tenían tanta o más fuerza que la ley escrita. Debido a la abundancia de leyes, muchas entraban en contradicción y eran interpretadas por los miembros de la red de contrabando según su conveniencia. Este comportamiento “abusivo” fue utilizado para tomar ventaja de las normas impuestas, con la intención de satisfacer fines propios aun cuando ello frustrara los intereses de la Corona68. Entonces, observamos entre los miembros del grupo de comercio ilícito, la existencia de un conjunto de normas propias que definían lo que era bueno y justo para sus intereses, así como la presencia de un código social en el que se hacía posible aplicar estas normas. Por lo tanto, los actores sociales no sólo respondieron por necesidades físicas sino además por las nociones que tenían del pacto colonial, por cuestiones consideradas injustas o que atentaban contra su bienestar. Estas prácticas que surgieron se encontraron relacionadas con la ruptura de ese contrato implícito celebrado entre el Rey y sus súbditos indianos, cuando el primero dejó de cumplir con las reglas del juego. Así podemos observar detrás de la supuesta rígida legislación, las normas culturales que operaban en ella. Por un lado encontramos pautas que respondían a la cultura de la época, a las retribuciones e intercambios de servicios por privilegios. Por el 67 AGN, Sección Colonia, Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos Aires, Municipalidad, Serie I, t. I, ff. 69-73. 68 De la misma manera, los funcionarios públicos una vez que llegaban a América trataban de maximizar los beneficios que podrían obtener de sus cargos: “Mateo de Grado y Luis Gómez de Lescano, todos esos son ladrones y dieron bilante a esa gente […] y todos han hurtado, gobernadores, tenientes y todos”. MOLINA, Raúl, Hernandarias…, op. cit, p. 478. Esto se produjo en parte debido a que existía una contradicción en las actividades hacia la tenencia de oficios públicos, ya que la conducta de la mayoría de los magistrados daba cuenta de la persistencia de una tradición más antigua, cuyos orígenes eran claramente patrimoniales. Esto significaba que el tenedor de oficios explotaba al máximo cada oportunidad que el oficio prestaba, y esto entraba en contradicción con el ideal moderno de las magistraturas, caracterizado por un salario y con responsabilidades delimitadas: “llegó a esta ciudad [Buenos Aires] Diego Martínez de Prado por juez de la Audiencia de La Plata […] se confederó y aunó con el reverendo obispo y los demás”. PEÑA, Enrique, op. cit., p. 168.

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otro, las normas que correspondían a una “economía del dolor punitivo”, es decir, cuando los delincuentes eran numerosos no era necesario ser riguroso con todos ellos, como tampoco lo era la severidad cuando el delito era ocasional69. La tolerancia y el disimulo del Rey, a cambio de mantener poblada la ciudad y de la obediencia de sus súbditos indianos, influyeron en el establecimiento y naturalización de estas prácticas ilegales. Todas las particularidades mencionadas confluyeron para que en la sociedad estudiada se generase una tendencia recurrente, tanto de los funcionarios de gobierno como de los miembros de la red de comercio ilegal, a la inobservancia de ciertas normas jurídicas y, por lo tanto, a la ilegalidad. El contrabando aparecía, entonces, como respuesta -o solución- a las normas jurídicas impuestas. Aparecía como una práctica que comenzaba a desempeñarse a la par de la ley, sin estar subordinada a ella, la cual se encontró en un área de fricción entre las leyes, el poder político de la Corona y la práctica económica local. El surgimiento y fuerza de este comportamiento ilícito fue posible, ya que se trataba de un sistema donde reinaba el casuismo, la variedad y la flexibilidad. El contrabando puede ser entendido, así, como una práctica que en un primer momento surgió de la necesidad de subsistencia de los habitantes del Puerto, pero que en una segunda instancia y como consecuencia de diversas situaciones, logró naturalizarse y entró en contradicción con las leyes vigentes. Al hacer hincapié en tener presentes todas estas características, el punto que queremos enfatizar es que el fenómeno del comercio ilegal reconoce una multiplicidad de factores interpenetrados que se refuerzan entre sí, con lo cual se agrega a aquellas hipótesis que consideran el surgimiento del contrabando como funcional a la sociedad colonial70, o como una válvula de escape con respecto al ahogo económico impuesto por la Corona. Así, no sólo las leyes escritas tenían peso y fuerza de ley, también contaban con peso propio los comportamientos que iban asentándose, y se iban naturalizando dentro de ciertos sectores de poder, como lo era el contrabando realizado por los miembros de la elite. Por este motivo resultaba difícil que los involucrados denunciaran o reprendieran los comportamientos ilícitos, que si bien se realizaban al margen de las leyes, al volverse cotidianos dejaron de ser considerados reprensibles, a la vez que contaban con el aval -indirecto- de la Corona. El reproche no tenía sentido en un sistema donde el envío de jueces y visitadores, donde la difusión de leyes y prohibiciones, y donde el disimulo operaban como parte de una estrategia destinada a fortalecer los vínculos de lealtad y obediencia de los súbditos. Añadamos además, los avales que la Corona 69 AGÜERO, Alejandro, op. cit, p. 26. 70 MOUTOUKIAS, Zacarías, “Contrabando y…”, op. cit., p. 56; y MOUTOUKIAS, Zacarías, “Power, corruption…”, op. cit., p. 792.

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prestaba a estas prácticas71, que operaban como parte de una cultura que tenía una imagen negativa de los pleitos, en la medida en que eran la antítesis de la caridad y de la fidelidad cristiana72. En el caso del Río de la Plata, donde las leyes iban en dirección opuesta al bienestar de la elite, algunos de sus miembros encontraron conveniente dejar de cumplir con ellas. Detrás de este proceder ilícito se encontraba una percepción sobre el daño ocasionado si se cumplían, y los beneficios que seguían de su inobservancia. El costo de no obedecer las leyes era menor a su cumplimiento, que resultaba excesivamente alto al implicar depender de Lima o Sevilla para la subsistencia y satisfacción de las necesidades de la ciudad. Por lo tanto, el hecho de que esta sociedad no cumpliera con sus leyes, responde a nuestro entender a que el incumplimiento de las mismas contrabando- se había convertido en una ilegalidad naturalizada, una práctica que había adquirido tanta o más fuerza que la ley escrita. Asimismo, era una respuesta tanto al exceso de regulaciones en materia económica que resultaban -según las concepciones de los actores- éticamente ilegítimas, como a las contradicciones que por la misma razón la Corona tenía con respecto a ciudad de Buenos Aires. Si aceptamos el surgimiento de la ilegalidad como respuesta a las condiciones creadas por la Corona y a las condiciones de vida de la Colonia, esta puede arrojar luz sobre las conductas ilegales como una demostración de que el costo de cumplir con las leyes era excesivamente alto y que el costo del incumplimiento de las mismas, era redituable y sumamente ventajoso. Estos problemas a los que se vieron enfrentados los miembros de la elite, los solucionaron pensando en términos de necesidades e intereses de grupo. Con esta explicación podemos entender mejor por qué la brecha entre la ley escrita y su aplicación en América iba en aumento tanto en la práctica de los vecinos como de los funcionarios coloniales en la esperanza de que junto con la distancia y aislamiento a su favor, pudieran lograr sus objetivos. Y queda claro también el papel que el contrabando jugó actuando positivamente como neutralizador de las decisiones políticas “incorrectas” de la Corona -según las concepciones de los integrantes de la red de comercio ilícito- y en revertir el descontento social, interpretando las mismas de acuerdo a los intereses del grupo. En conclusión, el comportamiento ilícito que se daba en el Puerto representaba el surgimiento de una nueva práctica -originada en una necesidad- que al establecerse y naturalizarse se posicionó a la par de las leyes reales, y cobró forma defensivamente en oposición a los apremios y controles del Monarca. De esta manera es como podemos interpretar desde una nueva mirada el surgimiento del comercio ilícito en el Río de la Plata del temprano siglo XVII. Sin embargo, queda por analizar qué es lo que sucedía en un 71 El perdón real, entendido como el perdón otorgado para celebrar eventos especiales de la familia real (nacimientos, matrimonios, conmemoraciones religiosas, entre otros) constituía una parte importante en la dinámica de este sistema. AGÜERO, Alejandro, op. cit., p. 27 y HESPANHA, Antonio, op. cit., p. 176. 72 AGÜERO, Alejandro, op. cit., p. 27.

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segundo momento cuando esta práctica se naturalizó y traspasó la satisfacción, por amplios márgenes, de las necesidades por las cuales había surgido. El contrabando como comportamiento económico y la necesidad de mantenerlo, desataron otros mecanismos o comportamientos políticos y sociales, que analizaremos a la luz de las concepciones de corrupción tratadas previamente. Debemos tener presente que reducir a los individuos a su dimensión biológica, al simple hecho de existir, no significa que debieran ser reducidos y limitados a su vida biológica, ya que tenían una vida social y política -que aunque desaparecía en la perspectiva de la Corona- subsistía en la de los sujetos. En esta vida social entraba a jugar también la noción de justicia, al considerar la situación que les tocaba atravesar como no justa (según la ideología que habían ido forjándose). La delimitación de esta ideología se estableció entre lo que los actores consideraban dentro de límites tolerables y lo que consideraban como intolerable, donde se inscribían las realidades vividas que ofendían su conciencia e intereses. Fueron éstas las que definieron, en gran medida, las prácticas que llevaron a cabo. Si tenemos presente las utopías de riqueza y preeminencia social de los comerciantes peninsulares, veremos que al entrar en contradicción con la realidad en la que se vieron envueltos, se convirtieron en un contraste entre lo que era la realidad concreta y lo que “debería” haber sido. Fue ahí donde el concepto de utopía cobró su significado político, cuando estos sujetos, guiados por una apasionada representación de su bienestar y por una decidida voluntad de acción -en la cual intentaban cambiar el orden de las cosas-, ocultaron algunos aspectos de la realidad y dirigieron su actividad política hacia el cambio del orden existente, sin tener límites en su conducta. En la actividad política73 de los miembros de la red de contrabando se involucraron las creencias que traían desde sus lugares de origen. La ideología política, en tanto una compleja estructura de pensamiento -ideas, representaciones y creencias, con valores enraizados en ellas-, obró como factor de la actividad política de los integrantes de la elite, tanto funcionarios como vecinos y empresarios comerciales. Lo que prevaleció en todo momento y en toda acción, fue esa compleja estructura de pensamiento compuesta por utopías, valores y creencias que operaron en pro del cambio de su situación social. Estos sujetos no tenían escrúpulos y tenían la plena convicción, al ver la imposición de medidas que dañaba sus intereses, de transformar las mismas para lograr cumplir con sus propósitos. Cuando se enfrentaron a situaciones limitantes, en lugar de renunciar a sus creencias, las transformaron de tal manera que se convirtieron en el fundamento de sus prácticas. Asimismo, en este sistema de exposición de penurias y carencias para lograr ciertas concesiones del Rey, el discurso y los argumentos utilizados se vuelven de especial interés. Pero, pese a usar una retórica 73 Hablamos de actividad política cuando las acciones de los individuos buscan inclinar la voluntad ajena y regir los comportamientos de otras personas hacia metas propuestas, y entendemos por dinámica política aquélla que engendra el cambio social de las estructuras.

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“conmovible”, se vieron en la necesidad de recurrir a ciertas prácticas, pues la Corona no les otorgaba una solución acorde. Estas prácticas pronto dejaron de tener como objetivo la necesidad de sobrevivir, para pasar a satisfacer necesidades de otra índole, que comenzaron a rozar también la corrupción. Este comportamiento se cristalizó en determinadas acciones políticas que realizaron los miembros principales de la red comercial, basado en representaciones formadas por un conjunto de normas y valores sobre cuya base este grupo consideraba lo que era bueno y justo. ¿Por qué consideramos estas prácticas como corruptas? Para dar una respuesta debemos dar cuenta del proceder político que llevaron adelante los integrantes de la red de contrabando y prestar atención a las estrategias utilizadas. En este momento es cuando vemos a los grupos de interés mutar a grupos de presión, en los que desplegaron su acción para influir y coaccionar sobre otros sujetos con el fin de lograr sus objetivos. Estos grupos de interés se volvieron grupos de poder, en el sentido en que originariamente se formaron en torno de intereses comunes, con la finalidad de defenderlos. Pero se tornaron en grupos de presión en el momento en que, en cumplimiento de su propia finalidad, influyeron sobre los ocupantes del Cabildo de la ciudad. No podemos dejar de considerar el acaparamiento del Cabildo por violencia, apresamiento o amenazas, y las represalias y asesinatos cometidos, que serían igualmente medios para alcanzar un fin, en tanto comportamientos corruptos74. No hay contexto económico o social que justifique o ampare el surgimiento y mantenimiento de estas prácticas. El contrabando fue utilizado como medio de acceso al poder político y económico. Uno podía involucrarse en sus filas y obtener riquezas considerables y contactos sociales. La violencia ejercida para lograr la conquista del Cabildo y las represalias realizadas por algunos integrantes de la red de contrabando implicaban relaciones de poder. Pero ¿cómo explicamos que una relación de poder se vuelva una relación de violencia? Esto se generaba cuando existía una ideología que lo permitía, es decir, que un sujeto que realizaba un cierto accionar, una cierta conducta abría un espacio para la violencia al entrar en contradicción con las propias prácticas realizadas. La dimensión que no tenemos que perder de vista es que no había una esencia de lo intolerable, sino que ésta devino de una situación histórica, en donde intervinieron las condiciones antes descriptas. Tal característica -que viene de una historia particularse manifestó en las prácticas económicas y políticas. Pero los mismos actores que defendieron estos principios se acomodaron fácilmente en su inobservancia. Entonces, la ideología y la concepción que dichos actores sostenían se articulaban con las prácticas económicas y políticas que realizaron. Era esta ideología, que involucraba la concreción de utopías y el respeto al pacto con el Rey, la que fundaba y justificaba a la vez las conductas políticas y económicas de los miembros de la elite. Estas dos lógicas 74 PERUSSET, Macarena, op. cit., p. 264.

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se encontraban en relación dialéctica, porque por un lado, la ideología fundaba las prácticas económicas y políticas, pero al justificarlas, era secundaria a ellas, por el otro. La necesidad se convirtió en la retórica de legitimación para casi cualquier uso, práctica o derecho exigido; de ahí que el uso no codificado e, incluso, codificado y prohibido, estuviera en constante flujo y fuese más fuerte en algunos casos que el derecho estatuido. Una necesidad terminaba por adquirir -como el caso del comercio ilícito en el Río de la Plata del siglo XVII- visas de derecho para los actores coloniales. Esta explicación del surgimiento del contrabando como práctica económica se basó en la superposición de dos estructuras; por un lado, una dimensión simbólica que expresaba una visión idealizada de la sociedad -mantenida por los miembros de la red comercial- y por el otro, una dimensión operacional real que comprendía las prácticas concretas, los códigos implícitos de los sujetos en respuesta a las medidas dictadas por el Monarca. La ilegalidad se generó en la disonancia entre estas dos dimensiones. El surgimiento del contrabando como incumplimiento de las leyes señalaba la contradicción y ambigüedad emanada de las mismas, como así también de la disociación existente entre los intereses de la Corona y las aspiraciones políticas y económicas de la elite y el camino para realizarlas. Lo que vemos es que esta estructura de creencias e ideologías actuó como motor de las prácticas económicas y políticas anteriormente descritas de los miembros de la red comercial. Éstas no eran dos realidades diferentes, sino que iban de la mano.

Conclusión En temprano siglo XVII rioplatense, los miembros de la red de comercio ilícito marcaron claramente sus prioridades. Los mecanismos utilizados para acceder al poder -basados en la acumulación de capital principalmente- fueron la respuesta y la solución a un conjunto de decisiones tomadas por el Monarca, que intentaban marcar el rumbo y los límites de las acciones de los habitantes de Buenos Aires, a través de la emanación de una legislación que limitaba sus aspiraciones y los perjudicaba. Los miembros de la elite invirtieron su esfuerzo y recursos monetarios para satisfacer sus ideales de riqueza y preeminencia social. Esta inversión y el contexto en el que se encontraron produjeron un fenómeno que marcó un hito e inició una serie de comportamientos económicos y políticos sin escrúpulos destinados a la obtención de sus objetivos de riqueza y poder. Según Moutoukías75, el contrabando (del siglo XVIII) no debe considerarse como un “mundo delictivo” sino como una frontera social entre las representaciones jurídicas y 75 MOUTOUKIAS, Zacarías, “Burocracia, control y auto transformación de las elites: Buenos Aires en el siglo XVII”, en Anuario IEHS, No. 3, Tandil, Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, 1988, pp. 213-248; MOUTOUKIAS, Zacarías, “Redes, autoridad y negocios: racionalidad empresaria y consenso colonial en Buenos Aires (Segunda mitad del siglo XVIII)”, en Annales, Économie, Société, Civilisations, Vol. 47,

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las normas legales establecidas. Así explica la paradoja de que un sujeto se desempeñase como juez de contrabando y como juez y diputado de comercio al mismo tiempo. Es decir, siendo por un lado responsable de reprimir los delitos de contrabando y por el otro, agente de los mercaderes de Cádiz, directamente vinculados a dicho delito. En este trabajo no intentamos juzgar o establecer la verdad sobre los hechos que estudiamos, sino que quisimos interpretar cómo un grupo social atravesó la traición a sus creencias y llegó a sacar provecho de las condiciones impuestas en una situación adversa, para delinear su “libertad de acción”, y al mismo tiempo obtener un margen de movilidad y así lograr cumplir sus objetivos. Las ideologías se presentaron como la interpretación de una situación concreta y reflejaron los cambios de las mismas; su fin era el de asegurar y proporcionar una justificación de las conductas desarrolladas por los sujetos. Toda cultura implica un modo de apropiación, una toma de conciencia y una transformación personal, un cambio instaurado en un grupo social. Es este tipo de “puesta de la cultura” lo que otorga a cada época su propia figura. Por lo tanto, emprender una nueva lectura y análisis de los estudios clásicos sobre estos temas fue un venerable ejercicio antropológico, que afinó nuestras capacidades analíticas y con el aporte de diversas perspectivas nos permitieron emplear la riqueza cultural para reflexionar sobre ella.

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Tiempo libre al aire libre. Prácticas sociales, espacio público y naturaleza en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera (1938-1948) Resumen El crecimiento de Bogotá durante el siglo XX estuvo vinculado a un proceso de modernización tanto del espacio urbano como de las costumbres, las prácticas y la mentalidad de los ciudadanos. Dentro de este panorama, una mirada a la relación entre el Estado, las élites y los ciudadanos a través del espacio público del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera nos permite acercarnos al significado de los parques para una ciudad en transformación y para las personas que los usaban. A través de la revisión de la historia del Parque en sus primeros años de existencia (1938-1948) se revelan dos aspectos importantes del sentido de estos espacios urbanos en Bogotá. Primero, éstos hacen parte de un proyecto modernizador agenciado por las élites, que tomó forma propia al entrar en contacto con los ciudadanos. Segundo, hay una distancia entre el concepto de ciudad de los planificadores y las prácticas urbanas de los usuarios del parque, que muestran la dinámica de las relaciones de la gente con y en el espacio urbano, así como su influencia sobre las ideas y discursos hegemónicos. Palabras claves: Historia urbana, Bogotá, vida cotidiana, espacio público, política cultural, parques.

Free Time Outdoors. Social Practices, Public Space and Nature at the Enrique Olaya Herrera National Park (1938-1948) Abstract The growth of Bogotá during the 20th century was tied to process of modernizing urban space as well as the customs, social practices and mentality of the public. In order to understand the meaning of parks in the transformation of the city, this article examines the relationship between the state, elites and citizens in the public space of the Enrique Olaya Herrera National Park. Reviewing the early years of this park (1938-1948) reveals two important notions regarding urban parks in Bogotá: First, although they were part of a modernization project directed by local elites, these parks took on a life of their own once they were opened to the public. Second, there was a gap between the concept that planners had of the city and the urban practices of the people who used them. This gap shows that the public’s relation with urban space is dynamic and that their daily practices can affect ideas and hegemonic discourses. Key words: Urban history, Bogotá, everyday life, public space, cultural politics, parks.

Artículo recibido el 16 de febrero de 2006 y aprobado el 21 de septiembre de 2006.

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Introducción La noticia de prensa publicada en el periódico El Tiempo que anunciaba la apertura de los jardines del Parque Nacional en 1938 estaba titulada Inauguración del Jardín Internacional . Abajo del titular se mostraba un mosaico de fotografías de los jardines, algunos personajes y una panorámica del Parque. Imágenes posteriores tomadas desde La Merced, el barrio contiguo, recuerdan la idea de la ciudad jardín . Esta noción del espacio en la ciudad y concretamente del Parque Nacional como jardín, se ve complementada con la idea republicana de la conmemoración de las fechas patrias o la memoria de los mártires y de los héroes de la historia nacional. Arboleda, monumento, alameda y jardín, resultan conjugados en un espacio de origen moderno: el parque. L Este texto se basa en una investigación realizada en 1999 por el Centro de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de los Andes sobre los parques metropolitanos de la ciudad y financiada por el Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Durante el año 2001 hice una revisión de archivo adicional y un trabajo etnográfico complementario en el Parque, como parte del seminario “Sujeto y Estado” de la Maestría en Antropología de la Universidad de los Andes. Una versión previa de este texto fue presentada como trabajo final de dicho seminario. Este texto presenta, amplía y discute algunos de los hallazgos de dicho trabajo en relación con la revisión de prensa y archivo realizada. / Antropólogo y Magíster en Antropología Social, Universidad de los Andes, Bogotá. Profesor Asistente, Departamento de Sociología, Universidad Nacional de Colombia (sede Bogotá), Bogotá, Colombia. oisalazara@ unal.edu.co; oi.salazar@gmail.com 1 El nombre completo era “Jardín Internacional de la paz, Enrique Olaya Herrera”. Se trataba de un homenaje al dirigente liberal muerto a comienzos del año 1938. La noticia de prensa señalaba que el jardín había sido diseñado con flores de 60 países y tenía un carácter educativo. Junto con el jardín se mencionaba la construcción de un mapa de Colombia en relieve hecho en cemento. El Tiempo, No. 9671, Bogotá, 30 de agosto de 1938, p. 1. Archivo fotográfico del Museo de Desarrollo Urbano, actual Museo de Bogotá. fotografías disponibles también en ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, Bogotá CD, Bogotá, Icono multimedia editores, 1998 [CD-ROM].

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La imagen del jardín nos remite al embellecimiento y a la decoración, nos hace pensar en el orden de las plantas, los caminos y, por supuesto, las flores; posiblemente pensemos en un jardinero. Es muy probable que hoy difícilmente evoquemos tales ideas al los parques actuales. Con seguridad, para el caso de la Bogotá contemporánea, nuestras imágenes estarán más asociadas a las canchas deportivas, las ciclorutas o a los lagos artificiales antes que al jardín; por su parte, el jardinero sería alguien encargado de arreglar el antejardín de la casa, o algún aficionado a las plantas que ejerce su afición en el espacio privado de su hogar, antes que un personaje central de un parque, que como la calle es entendido como espacio público. Los parques pueden representar cosas contradictorias para distintas personas, a la vez que pueden ser espacios profundamente evocadores de imágenes, momentos específicos de la vida de la gente o de situaciones concretas de la historia de la ciudad. En este sentido es pertinente preguntarse: ¿Qué tipo de espacios se estaban construyendo en la ciudad en 1938 para que la idea de jardín estuviera asociada tan de cerca al Parque Nacional? La exploración de esta pregunta, hecha desde comienzos del siglo XXI, puede ayudar a entender algunas de las prácticas sociales actuales del parque y las políticas públicas que rigen los espacios verdes en la ciudad. Concretamente, resulta de mayor interés preguntarse por la relación entre los usuarios de los parques y los planificadores urbanos: ¿Cuáles eran los criterios para planificar y diseñar esos espacios y cómo fueron recibidos (practicados) por aquellos sujetos a quienes estaba destinado su uso? ¿Para quiénes estaba pensado el parque y quiénes lo comenzaron a utilizar? ¿Tenían estos diversos visitantes las mismas ideas con respecto a lo que era o debía ser un parque? De otra parte, aunque por el lado de los administradores del espacio urbano existan proyectos implícitos o explícitos sobre la función que cumple el espacio urbano para la vida de los ciudadanos, las personas no actúan pasivamente ni reciben de manera irreflexiva estos proyectos. Al hablar de la recepción y del consumo cultural, Michel de Certeau ha cuestionado aquellos enfoques que entienden a las personas como autómatas o receptáculos vacíos, los cuales se llenan de sentido únicamente con los dispositivos disciplinarios o la incorporación de prácticas que reproducen un orden ya establecido . Para explorar posibles respuestas a estas preguntas es pertinente diferenciar entre los usos proyectados del espacio y los estilos de usos del mismo. Los primeros corresponden al discurso y a la práctica propia de quienes administran la ciudad y constituyen una élite dirigente. En esta dimensión se sitúan tanto los programas institucionales explícitos, como los dispositivos de control y disciplina, que son más sutiles y se encuentran implícitos en las prácticas sociales e institucionales. Por su DE CERTEAU, Michel, La invención de lo cotidiano I. Artes de hacer, México, Universidad Iberoamericana, 1996.

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parte, los estilos de usos denotan las prácticas de las personas en la vida cotidiana y son las maneras de actuar, improvisar, hablar o moverse en el espacio urbano. Estas prácticas cotidianas hacen una relectura del espacio y de los usos proyectados, y le dan formas propias que no siempre corresponden al proyecto inicial, aunque en no pocas ocasiones participan de él y refuerzan los discursos dominantes. De este modo se introducen efectos o resultados no deseados de un proceso de planeación o intervención en el significado o la forma del espacio urbano, que es necesario tener en cuenta para lograr una comprensión más completa del proceso de conformación del sentido del espacio público en la ciudad . Este artículo busca interpretar el sentido que adquieren los parques tanto para los ciudadanos como para el conjunto de la ciudad, a través del caso del Parque Nacional Olaya Herrera en sus primeros diez años de existencia (1938-1948). Haremos esta exploración a través de la relación entre el urbanismo, la naturaleza y las prácticas sociales de las personas en el espacio público, ya que las transformaciones de estos vínculos resultan importantes para comprender una parte de la ciudad moderna, que se consolidó a lo largo del siglo pasado. A pesar de su carácter apacible, tranquilo y aparentemente neutro dentro de la relación entre el Estado y las personas, los parques hacen parte de un proyecto civilizador o modernizador orientado por los grupos dirigentes, que a su vez está inscrito en un proceso social de largo plazo en el cual se encuentra inmersa toda la ciudad, y que incluso desborda sus límites. En este proceso son importantes tanto los procesos históricos que dieron origen al parque y signaron sus cambios y permanencia como espacio público, como las prácticas efectivas que allí han realizado las personas.

1. La aparición de los parques en la ciudad y su sentido Germán Mejía señala que durante el siglo XIX Bogotá atravesó por un intenso proceso de cambio en lo referente a sus espacios y a los hábitos de los ciudadanos. La ciudad se encontraba en una larga transición entre el mundo colonial y la modernidad, que se veía reflejada en los modos de vida y en las políticas sobre su forma. Dentro de este marco, Mejía se refiere a las transformaciones de las antiguas plazas coloniales, que funcionaban como centros económicos, comerciales y políticos: “La conversión de las plazas en parques fue, sin duda, uno de los signos más claros de la transformación que se estaba operando en la ciudad. A partir del decenio de 1870, algunas de las más importantes plazas fueron convertidas en objeto de adorno de los símbolos patrios erigidos en ellas y, por extensión, de la ciudad. El enrejado con que fueron rodeados tales jardines enajenaron definitivamente dichos lugares, llegando a su DE CERTEAU, Michel, “Walking in the city”, en DURING, Simon (ed.), The Cultural Studies Reader, London, Routledge, 1993, pp. 151-160.

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fin el carácter de escenario que habían tenido por siglos. De ser sitios de utilidad pública, por las pilas y chorros, y de diversas asociaciones simbólicas por la multiplicidad de actividades que se realizaban en ellas, los nuevos parques quedaron convertidos en instrumentos del nuevo culto a la patria y a las instituciones civiles” .

Estos parques conjugaban la intención de construir lugares públicos para la diversión, lo cual representaba una ruptura con el sentido colonial del espacio urbano, y la pretensión de erigir símbolos que buscaban reforzar el proyecto de nación del siglo XIX. Al hacer una breve revisión de los nombres de los parques y de los referentes simbólicos de su creación, se hace evidente la intención conmemorativa. Además de las plazas convertidas en jardines cerrados, tales como el Parque Santander (1857), la Plaza de Bolívar (1877) o el Parque de los Mártires , la ciudad asistió al surgimiento de parques más grandes que conservaron el espíritu conmemorativo: el del Centenario (1883) con motivo de los cien años del nacimiento de Simón Bolívar y el de la Independencia (1910) con motivo del centenario de la declaración de Independencia. Adicionalmente al sentido patrio y conmemorativo, los parques se construyeron con la intención de generar posibilidades de recreación y entretenimiento para los habitantes de la ciudad. El Parque del Centenario, el primero de este tipo, incluía dentro de su equipamiento nuevos jardines, asientos de madera, dos pilas de bronce, un templete elaborado en piedra tallada, destinado a contener una estatua de Bolívar (actualmente ubicado en el Parque de los Periodistas) y un carrusel. En el Parque de la Independencia también se construyeron pabellones para exposiciones, de los cuales sobrevive el Pabellón de la Luz. El área fue rodeada de arboledas y cerrada con una reja . La intención de los primeros parques de la ciudad, derivados de las plazas coloniales, era entonces cuádruple: conmemorativa, decorativa, higiénica y recreativa. Las transformaciones de las plazas en jardines conmemorativos fueron recibidas con júbilo por parte de algunos y con rechazo por parte de otros. Durante la Guerra de los Mil Días, ante las dificultades de mantenimiento y protección de algunos de los monumentos, varios parques fueron cerrados al público. Los periódicos de la época MEJÍA, Germán, Los años del cambio: historia urbana de Bogotá, 1820-1910, Bogotá, Centro Editorial Javeriano (CEJA) -Instituto de Cultura Hispánica, 1999, pp. 207-208. Germán Mejía señala que en 1882 se rodeó la estatua de Bolívar de jardín, árboles y dos pilas de bronce. La misma suerte había corrido la Plaza Santander y posteriormente el Parque de los Mártires. Todos fueron cercados con rejas con el fin de protegerlos. Ibid, p. 208. Al respecto también puede verse ESCOVAR, Alberto, MARIÑO, Margarita y PEÑA, César, Atlas histórico de Bogotá 1538-1910, Bogotá, Corporación La Candelaria, 2004. MEJÍA, Germán, op. cit., p. 211.

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señalaban que los visitantes no respetaban las plantas, y eran frecuentes las quejas por el desaseo y el daño de los jardines . De otro lado, comenzaron a hacerse evidentes la aceptación generalizada de los parques y la asociación de la naturaleza con la noción de tiempo libre. En La Opinión, en una edición del año 1900, se pedía que se reabrieran los parques tras la guerra, porque “[...] ya se siente la necesidad de que los niños, las señoras, los enfermos, disfruten del puro ambiente bajo los frondosos árboles de los parques” . El sentido de la aparición de los parques y su papel en la vida urbana moderna se relaciona con las mismas intenciones que transformaron las plazas en jardines o parques, a las cuales se sumó pronto un quinto aspecto, de orden urbanístico-técnico orientado a la conservación, y que fue aplicado específicamente a los nuevos parques de comienzos del siglo XX en las zonas periféricas de la ciudad, tales como el Luna Park, el Parque de la Independencia y el Parque Nacional. Por una parte, la intención conmemorativa se orientaba al fortalecimiento de los símbolos patrios y a la construcción de un proyecto nacional avalado e impulsado por el Estado. Se trataba de ideas promovidas por grupos de clases dirigentes y orientadas a toda la nación, que desbordaban el carácter local y urbano del parque. La intención decorativa o estética apuntaba al embellecimiento de la ciudad bajo unos parámetros permeados por las ideas europeas imperantes acerca del orden y la forma ideal del espacio urbano. Esta intención estaba fuertemente relacionada con la búsqueda del saneamiento y la higiene en la ciudad, que a finales del siglo XIX y ya entrado el XX fueron unas de las mayores preocupaciones del estado. El éxito de las nuevas políticas de limpieza estuvo relacionado con cambios culturales importantes sobre las concepciones del cuerpo y de la salud humana. La intención recreativa obedecía a un criterio más funcional, y apuntaba a la generación de alternativas de esparcimiento y diversión de tipo moderno para la ciudadanía, que se complementaron con las aficiones y diversiones de origen colonial. Finalmente, la intención conservacionista de los parques de comienzos del siglo XX consistía en la protección de las fuentes de agua de la ciudad, ya que éstas se encontraban en un estado preocupante de contaminación, y el crecimiento del perímetro urbano y la explotación de canteras comenzaban a hacer patente un problema de deforestación y destrucción de los Cerros Orientales. Desde este punto de vista, la naturaleza se comportaba como una variable técnica para la ciudad que era necesario preservar por su funcionalidad10. Esta última intención, así como la ubicación en la periferia Ibid., p. 211. Citado por Ibid., p. 209. 10 “Poco después de la creación del Parque Nacional, algunos vieron la posibilidad de extenderlo hasta los cerros orientales a la manera de una gran reserva forestal lindante con la ciudad. El problema que ya se hacía patente era un problema de carácter ecológico, pues la explotación de canteras y tejares en los cerros orientales no

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de la ciudad y sus características físicas, diferenciarían a los nuevos parques de las antiguas plazas coloniales que habían sido convertidas en parques-jardines. De esta manera, el Parque Nacional hacía parte de un conjunto de nuevas obras orientadas específicamente a la construcción de una ciudad moderna, inspirada en el espíritu de la planificación urbana y el progreso.

2. El Parque Nacional y la planificación urbana La fundación del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera fue precedida por la aparición de otros dos parques a principios de la década de 1920, los cuales se inclinaban más a la idea de recreación -y en alguna medida a la de conservación-, que a las intenciones conmemorativas y de embellecimiento. Se trataba del Parque Luna Park (1921), ubicado al sur de la ciudad, y del Parque Gaitán (1922), que gozó de mucha popularidad hasta mediados del siglo XX por su lago y sus atracciones mecánicas11. La creación del Parque Nacional Olaya Herrera a mediados de los años treinta12 marcó una ruptura en lo referente al sentido que el espacio público para la recreación en la ciudad había tenido hasta ese entonces. Los motivos de fundación del Parque estaban a medio camino entre la intención republicana de la conmemoración, que para ese entonces era muy fuerte en la ciudad, y la introducción de ideas técnicas y estéticas sobre planificación urbana y modernización, por parte del arquitecto austríaco Karl Brunner13. sólo estaba destruyendo el paisaje, sino que con ello se afectaban las hoyas de los ríos que nacen en estos cerros. Por esta razón, se proponía la creación de un Gran Parque Nacional (continuando con la labor iniciada con el Parque Nacional Olaya Herrera) que se desarrollaría sobre las faldas de los cerros orientales, desde San Cristóbal hasta Chapinero y hasta la cima de la cordillera. Un parque formado por un gran bosque y dotado de campos deportivos, calzadas para automóviles, senderos y todas las facilidades recreativas, destacando los cañones naturales de Las Delicias, El Arzobispo, San Francisco, San Agustín y San Cristóbal.” CIFA, Historia de los parques Nacional, Tunal y Simón Bolívar, Bogotá, Centro de Investigaciones Facultad de Arquitectura, Uniandes (CIFA) – Instituto Distrital de Cultura y Turismo (IDCT), 2000 [CD-ROM]. En el año 2003 el Observatorio de Cultura Urbana del IDCT publicó una versión editada de este informe de investigación. OBSERVATORIO DE CULTURA URBANA Y ZAMBRANO, Fabio (eds.), Tres parques de Bogotá: Nacional, Simón Bolívar, el Tunal, Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá, 2003. No obstante, en algunos casos se referirá al informe original del CIFA, cuando las citas sean pertinentes para los argumentos de este artículo. 11 CIFA, op. cit. 12 “Se podría afirmar que la historia del Parque Nacional se inicia en 1915 con la gestión que lleva a cabo el Municipio para la adquisición de las hoyas hidrográficas localizadas en los cerros orientales de Bogotá. La iniciativa fue motivada por la insuficiencia de agua para el servicio de la ciudad causada, en parte, por los desmontes en las fuentes de los ríos.” La construcción y diseño de estos predios como parque, coincide con la conmemoración del centenario de fundación de la ciudad, 1938, aunque desde 1933 ya se estaban adelantando los diseños. (CIFA, op. cit.). 13 El arquitecto Pablo de la Cruz aseguraba acerca del Parque Nacional en una carta de 1934: “Inicialmente se proyectó por los Ingenieros del Municipio un parquecito inglés con unos espacios libres abiertos para

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En este sentido, la noción de parque como un espacio urbano abierto de manera permanente a las necesidades de esparcimiento de los habitantes de la ciudad, marcó una diferencia con respecto a todo lo que se había proyectado hasta el momento: para sus diseñadores el primer objetivo era pedagógico, es decir, el parque debía ser un espacio público del cual debían apropiarse los usuarios y aprender a cuidarlo como suyo, desarrollando una sensibilidad hacia las plantas y animales que contenía esa gran parcela14. El interés por la naturaleza y el paisaje, ahora enmarcado por criterios urbanísticos modernos, influyó en los usos proyectados de los parques que comenzaron a darse desde aquel entonces por parte de los administradores de la ciudad. El jardín resultaba de crucial importancia en el diseño de los parques o en el rediseño de las plazas, a lo que se sumó un creciente interés por la recreación de la población. Dentro de los equipamientos con los que contaba el Parque en su fundación, se encontraban: “...tres campos de tenis; prados artificiales para juegos de niños, en una extensión de tres hectáreas; equipos para juegos de niños; una paseo para niños, de más de 300 metros, afirmado y ornamentado; gran parte de los jardines, con un estanque central y con sus paseos afirmados. Además, se trajeron de los Estados Unidos numerosas plantas ornamentales que se requerían para producir ciertos efectos de colorido que no se pudieron obtener con las plantas del país”15.

El parque no sólo constituía una reserva hídrica o un espacio que adornaba la ciudad. El Parque Nacional y los demás de la ciudad se convirtieron en escenarios en los que se hacían patentes las diferencias entre los planificadores y los usuarios. La forma original del parque contrasta con el sentido incluyente y democrático que se le imputa en la actualidad, y nos habla más de sus gestores que del público que efectivamente comenzó a hacer uso de él: “A juzgar por el tipo de diseño inicial […], que incluía canchas de tenis, parqueaderos y restaurantes, entre otros equipamientos, el parque estuvo pensado más como un espacio para las élites y la naciente clase media, antes que como un espacio para todos los ciudadanos”16. Si bien dentro de los planes nunca se menciona el público al cual iban destinados los parques, su uso estaba marcado por las diferencias sociales, la creciente estratificación de la población de la ciudad y los contrastes de gustos, preferencias y actividades posibles para el tiempo libre. estacionamientos de autos. Pero luego vino el profesor Brunner y de acuerdo conmigo proyectó una avenida de unos 32 metros de ancho, que une la carrera 13 con la 7ª y que será la continuación de la carretera de salida construida ya en el Gran Parque Nacional”. OBSERVATORIO DE CULTURA URBANA y ZAMBRANO, Fabio (eds.), op. cit., p. 95. 14 CIFA, op. cit. 15 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, Memorias del Ministro de Obras, Bogotá, Ministerio de Obras Públicas, 1938. 16 OBSERVATORIO DE CULTURA URBANA y ZAMBRANO, Fabio (eds.), op. cit., p.100.

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3. Tiempo libre y cultura El diseño del parque y el proyecto urbanístico en el que se enmarcaba no explican por sí solos la configuración que tomaron sus prácticas y usos. Además del énfasis ordenador y planificador del urbanismo, el proyecto modernizador se comenzaba a materializar en los discursos y prácticas culturales agenciadas primordialmente por las élites. De esta forma, la función recreativa del Parque Nacional se configuró en torno al nexo entre la idea del tiempo libre asociada al mundo moderno del trabajo y las ideas que la República Liberal impulsó sobre la “alta cultura” y la “cultura popular”. Tanto el tiempo libre como las ideas sobre cultura hacían parte de un proyecto civilizador más amplio que buscaba darle forma específica a las costumbres, las creencias y a la sensibilidad de la población, y que inevitablemente enfatizaba la distinción social y las diferencias de clase. En cuanto al tiempo libre en las décadas de 1930 y 1940, el diagnóstico de Archila17 con respecto a la relación entre la clase obrera y las élites ilustra bien la situación. Dentro del reordenamiento del tiempo cotidiano que hace la modernidad entre tiempo productivo y tiempo de descanso, el tiempo libre adquiere sentido como categoría cultural, y lo que se hace en ese tiempo libre comienza a ser una preocupación en la medida en que pueda afectar las actividades productivas y el orden establecido. De acuerdo con Archila, las élites dirigentes sospechaban de las actividades de tiempo libre de los obreros por dos motivos: estas actividades estaban asociadas al consumo de alcohol -principalmente la chicha-; y toda reunión era sospechosa de intrigas políticas. A estas preocupaciones se sumaba el interés higienista por limpiar y sanear la ciudad18. Dentro de este marco, algunas actividades “tradicionales” de tiempo libre como las peleas de gallos o frecuentar las numerosas chicherías de la ciudad, se encontraban por fuera de los parámetros del proyecto civilizador19. Además del cine, una de las innovaciones más importantes de la primera mitad del siglo XX en cuanto a ofertas recreativas fue la gradual consolidación de los deportes. Éstos se unieron a la lucha antialcohólica, las campañas moralizadoras y al higienismo como parte de las políticas 17 ARCHILA, Mauricio, Cultura e identidad obrera. Colombia 1910-1945, Bogotá, CINEP, 1991. 18 Para una discusión más amplia del problema del tiempo libre entre los obreros y las nuevas formas de diversión en la primera mitad del siglo XX, ver ARCHILA, Mauricio, op. cit., pp. 180-186. 19 No puede decirse que la modernización de la ciudad eliminó por completo las actividades de diversión tradicionales y de la sociedad colonial. Una gran excepción son las corridas de toros, una de las actividades más populares del siglo XIX, que aún persiste. De manera simultánea en torno al cuarto centenario se construyeron dos grandes edificios que en el tema de recreación representaban tanto la tradición como la modernización de la ciudad: la Plaza de Toros “La Santa María”, culminada en 1936, y el estadio de fútbol “Nemesio Camacho El Campín”, inaugurado en 1938. ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, Bogotá C.D., Bogotá, Icono multimedia editores, 1998 [CD-ROM].

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de las élites para modernizar las costumbres de la población. En esta tarea, las canchas deportivas construidas en el Parque Nacional eran acordes con la intención de crear formas modernas de diversión y actividades de tiempo libre. El segundo aspecto que enmarca las prácticas y las políticas estatales en torno a los parques de la ciudad para la época es la diferenciación entre “alta cultura” y “cultura popular”, impulsada por las clases dirigentes y principalmente por los gobiernos de la República Liberal20. La noción de cultura popular estaba asociada al folklore y al rescate de ciertas tradiciones que representaban una idea de identidad nacional. Esto implicaba que no todas las prácticas sociales tradicionales cabían dentro de la “cultura popular” que le interesaba a las clases dirigentes. La visión de lo popular y sus cambios “está mediada por el surgimiento de algunos de los elementos que definen a una sociedad como moderna, lo mismo que por una reorientación de la política -y sobre todo de la política cultural-”21. Los dirigentes liberales de la época crearon los proyectos y oficinas de Extensión Cultural, dependientes del recientemente reformado Ministerio de Educación Nacional. Hubo dos fases de la política cultural de estos gobiernos: la primera, aproximadamente de 1930 a 1940, orientada a la “difusión de ciertas formas de cultura intelectual y de un sistema variado de preceptos y de normas educativas y sanitarias que se consideraba esencial en el proceso de civilización de las masas”, y la segunda, entre 1940 y 1948, que buscaba “combinar el proceso de difusión de la cultura con el de conocimiento de las culturas definidas como populares”22. Dentro de este panorama, la separación entre alta cultura y cultura popular impuesta por las élites constituía tanto una herramienta para la modernización de las costumbres como un mecanismo de distinción social. La alta cultura debía ser “extendida” a quienes no la poseían para civilizarlos, y la cultura popular era definida y construida por el discurso de las mismas élites, que buscaban recuperarla e impulsarla. El Parque Nacional constituyó uno de los escenarios privilegiados de la ciudad para la extensión cultural. Antes de su inauguración oficial se construyeron en sus predios el Teatro y la Biblioteca Infantil, conocidos como “Teatro del Parque” (1936), para actividades tales como el cine, el teatro y la promoción de la lectura23. Adicionalmente, era uno de los escenarios para la presentación de la Banda Nacional. Las actividades claramente estaban orientadas a “las masas”, de acuerdo con la separación entre alta cultura y cultura popular. Junto con el Parque Nacional, en 1945 eran escenarios para las actividades de extensión cultural en la ciudad: el Centro Cultural Social, un 20 21 22 23

SILVA, Renán, República liberal, intelectuales y cultura popular, Medellín, La Carreta Histórica, 2005, pp. 13-57. Ibid., p. 18. Ibid., p. 21. Las cursivas son del original. NIÑO, Carlos, Arquitectura y Estado. Contexto y significado de las construcciones del Ministerio de Obras Públicas. Colombia 1905-1960, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1991, pp. 106, 163-164.

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instituto nocturno orientado a la educación de obreros en actividades artísticas y el Teatro al Aire Libre de la Media Torta24.

4. Sobre quiénes y cómo usaban el parque Veamos ahora la manera como se expresan la noción moderna de tiempo libre y la idea institucional de cultura de la época en las representaciones sobre los hábitos y prácticas de la población en el Parque Nacional. Ambas cosas influyeron en la concepción de lo que era un verdadero ciudadano, lo que produjo contradicciones y conflictos en su encuentro con los hábitos culturales existentes. Por ejemplo, el diseño original del parque refleja la mentalidad burguesa y modernizadora de los diseñadores, que contrasta con la apropiación efectiva de los bogotanos diez años después. Estas contradicciones entre tradición y modernidad estaban mediadas por diferencias de clase social, que eran reforzadas en las representaciones de la época sobre el tiempo libre y la recreación. Una guía turística de Bogotá publicada en 1948 establecía esta diferenciación de clases sociales al referirse a las oportunidades y prácticas de diversión en el tiempo libre. Al hablar de la “población obrera”, el autor afirma que el día domingo “sale de los barrios y se desparrama por los parques y por los pintorescos aledaños de la ciudad. El domingo es su día de paseo, de “piquete” y de “fanfarria”25. A continuación diferencia las actividades de tiempo libre de la clase media: “es la que llena los salones de cine, la que invade la plaza de toros, el teatro al aire libre de la Media Torta y las graderías de los estadios”. De “los ricos” menciona los paseos a tierra caliente, las fincas de recreo, los clubes, los restaurantes y los cabarés26. Mientras las élites generaron desde el siglo anterior espacios privados de distinción social tales como los clubes y las fincas de recreo, las clases medias y bajas tendían a permanecer durante los fines de semana en la ciudad y hacían un mayor uso de los equipamientos dispuestos por el Estado para su disfrute. La oferta de diversión de la ciudad se vio fortalecida por las políticas culturales de la República Liberal, que buscaba difundir la “alta cultura” entre la población. Dentro de esta lógica, los conciertos de música y las presentaciones de la Banda Nacional en los parques de la ciudad fueron respaldados por las políticas de extensión cultural.

24 DELGADO, Carlos “La campaña cultural del gobierno”, en Cromos, Vol. LIX, No. 1467, Bogotá, Inversiones Cromos, marzo 3 de 1945, p. 59. 25 ARAGÓN, Víctor, “Cómo se divierte Bogotá”, en Guía de Bogotá, Colección Sucesos Colombianos, No. 4, Bogotá, Editorial Antena, 1948 (sin paginación). 26 Ibid.

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La conciencia de una forma distinta a la tradicional de uso del tiempo y de la necesidad de recreación fueron crecientes en la primera mitad del siglo XX. Hacia mediados de la década de 1940 la revista Cromos denunciaba la falta de oportunidades de diversión para los ciudadanos en diferentes artículos, que además recogían en crónicas lo que las personas hacían en su tiempo libre, examinadas con el lente de quienes eran más conscientes de las diferencias de clase social y que desde su posición evaluaban lo que era un ciudadano modelo. En un tono picaresco y crítico, una de dichas crónicas se refería a los visitantes del parque y los usos que hacían de él. El artículo hablaba de los “típicos visitantes”: “A la vuelta de cualquier esquina puede usted encontrar el día domingo un hombre cuyo vestido no es precisamente un ejemplo de elegancia o de aseo”. A continuación resalta el carácter de vago del personaje por no tener empleo. La crónica continúa con su recuento, así: “[...] como todo bogotano que se respete, tiene que hacer un programa para distraer esas horas, de descanso para quienes han trabajado y también, cosa extraña, para los que holgaron durante los seis días anteriores. [...] Y, claro, se va al parque donde por lo menos puede pasear o sentarse sin pagar nada. Allí se le puede ver de las dos a las seis de la tarde, leyendo un novelín de romance o aventura que le prestó el hijo del vecino, caminando a todo lo largo y ancho de los sembrados, en busca de coger una flor para molestar al vigilante. Al final se sienta en un banco como cualquier abonado permanente al teatro y duerme con la más perfecta de las tranquilidades. Pero no solamente este individuo ha ido al parque. La sirvienta bogotana es muy aficionada a distraer lo que llama muy serio ‘su domingo’, gastando un poco de energía sobrante a recorrer el jardín público. En el Parque Nacional o en cualquier pequeño de los barrios, se la encuentra con otras compañeras o con un galán arrabalero, comiendo caramelos y precisamente sentada en los prados donde hay un letrero que dice ‘se prohibe pisar’”27.

El tiempo libre moderno en el parque no está libre de normas y se encuentra regulado por la vigilancia estatal. La transgresión de tales normas se ve como una actitud natural de los visitantes, a los que el periodista caricaturiza con una clara intención de distinción social. Su crítica con respecto a los parques concluye con la siguiente afirmación: “[...] el parque, con perdón de los enamorados, es algo “de modée” (sic), para ciertos espíritus en determinadas circunstancias”28. Tanto este texto como en la Guía de Bogotá de 1948 se hace evidente la caracterización de los parques como espacios utilizados por los más pobres, en los que además se desprecian los hábitos de quienes los usan, en una mezcla de intención distintiva por parte de las élites, y la sanción de 27 FORERO, Paulo “¿Qué hace usted el domingo en Bogotá?”, en Cromos, Vol. LVI, No. 1389, Bogotá, Inversiones Cromos, agosto 21 de 1943, p. 52. 28 Ibid.

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parte de quienes se consideran “cultos”, que para nuestro contexto local se convirtió en sinónimo de “civilizados”. Tener cultura era sinónimo de “ser consciente” y bien educado para comportarse en público y frente a los bienes públicos. Dentro de esta lógica de distinción social y representación de las diferencias, el Teatro Colón era el paradigma del escenario para la “alta cultura”, la Media Torta y las retretas en los parques eran los de la “cultura popular”; los clubes privados y los paseos familiares a los balnearios cercanos a la ciudad representaban la oportunidad de contacto con la naturaleza por parte de las élites, y los parques lo eran para las clases medias y bajas de la ciudad. En ambos casos los mecanismos de segregación y distinción en el uso del espacio dependían en parte de los costos para el acceso. El Teatro Colón y los clubes eran lugares que implicaban la posesión de capital económico y cultural para su consumo, mientras la Media Torta y los parques eran subvencionados por el Estado y no tenían ningún costo. Sin embargo, no podemos aceptar a ciegas la caracterización fácil del parque como un espacio puramente de la “clase obrera” o de las “clases populares”, promovido por los periódicos. Aunque es un hecho que su uso por parte de los más pobres era predominante, algunos testimonios y los mismos periódicos muestran cómo a mediados del siglo existían actividades que podían convocar a todos los sectores de la ciudad. Un ejemplo de ello eran las retretas de los domingos de la Banda Nacional, que se realizaban tanto en el Parque de la Independencia como en el Parque Nacional. Pero hay algo más en el artículo de Cromos que nos remite a la reflexión en torno al carácter moderno del parque; así como el autor del artículo construye la caricatura de un individuo vago y desorientado, existe en el mismo relato un flaneur oculto o un “hombre de la multitud” que se dedica a observar lo que ocurre y a reflexionar en torno a ello. El ciudadano que camina y recorre ciertos rumbos de la calle o del espacio público con actitud reflexiva pero indefinida, tiene una relación con el entorno en la que capta información y observa a la manera de un investigador privado perdido entre la multitud, una forma de vagancia más sofisticada29. Este personaje es el periodista mismo, quien mira y describe en la crónica sobre las diversiones de los bogotanos. El periodista, como observador de lo cotidiano que reflexiona sobre lo que observa, se comporta como un sujeto plenamente moderno, que además ejerce sus derechos ciudadanos y aboga por unos comportamientos y actitudes correctos: condena la vagancia, la mala educación, la falta de respeto por los jardines, los adornos de la ciudad. En el sentido del periodista, los vagos del parque, las mujeres que se sientan en el prado y arrancan las flores, o los niños maleducados que se suben a los árboles no tienen un carácter de ciudadanos, ya que su condición marginal -vago, mujer, niño-, los excluye. En esta medida, el proyecto modernizador se expresa en la voz 29 ORTÍZ, Renato, Modernidad y espacio. Benjamin en París, Bogotá, Grupo Editorial Norma, 2000.

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del periodista que a través de su crónica los muestra como sujetos incompletos, que no son reflexivos y les hace falta convertirse en “ciudadanos conscientes”. En el contexto de los primeros años de existencia del parque, ¿cuáles serían, entonces, las calidades de un sujeto que pudiera acceder a la condición de ciudadano? El material analizado aquí nos lleva a una conclusión parcial que no es nueva: ser ciudadano implicaba ser adulto, varón, sujeto productivo y razonable. Adicionalmente, aunque el vago en su lectura del folletín y sus paseos por el parque pueda eventualmente ser reflexivo, no es reconocido como tal por su mismo carácter de vago, mucho menos como alguien productivo para la sociedad. El ciudadano con derecho al uso del parque sería además alguien involucrado en las relaciones de producción; quienes tienen tiempo de ocio porque la mayoría del tiempo trabajan, son quienes pueden usar el parque de manera legítima. Tal vez en esta suposición radican muchas de las ideas del Estado con respecto a los usos de dichos espacios públicos, que, aunque pueden ser matizadas e incluso cuestionadas a partir de una observación atenta, persisten hasta hoy en el discurso oficial. A pesar de que el parque exista en medio de estas dicotomías, y tal vez como resultado de ellas -la intención recreativa de los parques supone la existencia de la separación entre ocio y trabajo-, también es un escenario donde se desdibujan las fronteras entre la productividad y la vagancia, entre lo natural y lo artificial, y entre lo público y lo privado.

5. Los jardines y los ciudadanos Uno de los aspectos en los que se expresaban las contradicciones entre el modelo de comportamiento moderno que se estaba imponiendo y la población era el de la relación entre las personas y los apreciados jardines. Éstos fueron diseñados dentro de una lógica paisajística de contemplación y decoración propia de las concepciones estéticas de las élites, que combinaba dos modelos del mundo moderno europeo: el jardín francés y los parques ingleses. El diseño del Parque Nacional está constituido por “…un plan ecléctico y poco unitario, en el que [a]parecen geometrizaciones del jardín francés al lado de naturalismos propios del jardín inglés o japonés; como una versión criolla del parque tipo Haussmaniano o Victoriano…”30. En tal sentido, el parque hacía posible desde su diseño tanto la actividad del paseo para “ver y ser visto”, favorecido por el jardín francés, como la introspección subjetiva que privilegian espacios más abiertos propios del parque inglés. Sin embargo, el uso de los jardines y árboles del parque por parte de los visitantes en no pocas ocasiones distaba de ser el ideal de un ciudadano “culto”, “civilizado” y contemplativo como el del modelo de comportamiento asociado a su diseño. En 30 NIÑO, Carlos, op. cit., p. 211.

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varias notas de la revista Santa Fe y Bogotá, publicada por la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá se menciona su preocupación por lo que hacían las personas en los parques. Una de las notas publicadas en la revista dice: “Debido a la falta de vigilancia y a que no se sanciona generalmente a las personas que tienen la mala costumbre de entrar “a saco” en los parques y jardines de la ciudad, especialmente en el Parque Nacional, pueden verse a diario gentes dedicadas a la tarea de arrancar salvajemente plantas y flores. Hacemos un llamado a la ciudadanía consciente para que nos ayude en la lucha contra esta fea manía de robarse las flores y las plantas que, aun cuando pertenecen al público para su recreo, nadie tiene el derecho, por la misma razón, de tomarlas abusivamente para su adorno particular”31.

Más adelante, en la misma sección de la revista se vuelve a llamar la atención con respecto a la necesidad de vigilancia, “[...] para prevenir o impedir que niños mal educados usen los árboles para sus acrobacias y maromas y destruyan salvajemente las tiernas ramas de los árboles en crecimiento, lo mismo que para impedir que mujeres sin cultura arranquen indebidamente flores y plantas, como se ve frecuentemente en el Parque Nacional por falta de vigilancia”32.

Posteriormente, en otro número de la misma revista el tema de la vigilancia en los parques de la ciudad vuelve a aparecer: “[...] el personal de vigilantes debe aumentarse, por turnos rigurosos, a fin de evitar que personas incultas destrocen árboles, plantas y flores, o persigan criminalmente las avecillas que dan alegría y prestan útiles servicios en nuestros parques”33. En los fragmentos anteriores pueden identificarse los elementos de la relación entre los ciudadanos y las instituciones, así como la forma de entender los parques de la ciudad por parte del Estado. El parque es asumido como un bien público que es de todos y para todos, lo cual demanda un comportamiento diferente al que los dueños de una finca tendrían con las plantas y animales de sus tierras. En el conflicto de la destrucción de los jardines se mezclan dos elementos: el conflicto entre la libertad ciudadana y el cuidado de la vida -en este caso, la vida del parque-, y el cuidado de los 31 PATIÑO GALVIS, Alberto, “Observaciones e insinuaciones urbanas”, en Santa Fe y Bogotá, No. 6 y 7, Bogotá, Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá, enero-febrero 1946, p. 22. 32 Ibid. 33 SOCIEDAD DE MEJORAS Y ORNATO, “Observaciones e insinuaciones urbanas”, en Santa Fe y Bogotá, No. 9, Bogotá, Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá, agosto 1946, p. 10.

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bienes públicos y la necesidad de “hacer consciente” al ciudadano “falto de cultura” de la necesidad de respetar esos bienes que son públicos. Veamos primero el punto del comportamiento ciudadano y su relación con el Estado. El parque se convierte en un escenario de conflicto entre la concepción estatal de formar ciudadanos modernos y el comportamiento individual de unos sujetos que posiblemente desconocen el proyecto civilizador agenciado por el Estado, aunque se les exija acogerse a unas normas con respecto a los bienes públicos. En términos de Norbert Elías34, podemos decir que los parques se ven atravesados por un proceso de cambio en el equilibrio entre el yo y el nosotros, en el que se delega al Estado la responsabilidad del cuidado de lo público a través de la solicitud de vigilancia, mientras se demanda mayor autocontrol por parte de los ciudadanos para cuidar el parque. Los sujetos son, entonces, clasificados en “ciudadanos conscientes”, y en personas, mujeres o niños “faltos de cultura” -la mención explícita a las mujeres y a los niños por supuesto no es gratuita. Al mismo tiempo, el parque conmemorativo apunta a la generación de referentes de identificación más generales que el nivel familiar o comunitario, a través de ideas como las de nación y la condición de ciudadano. En este sentido, la conmemoración recurrente busca construir huellas de memoria que sustentan la pertenencia a un colectivo. El monumento a Uribe Uribe a la entrada del Parque sobre la carrera Séptima, los bustos de próceres, el mapa de Colombia, constituyen equipamientos con los cuales el Parque cuenta desde su primeros años de existencia, y que marcan el espacio y le otorgan el sentido colectivo que el Estado tiene la responsabilidad de preservar35. El segundo elemento a destacar de los fragmentos citados es la relación de las personas con la naturaleza, y el carácter político del parque. A diferencia de lo que ocurre hoy cuando se habla de vigilancia en el espacio público, el clamor de la Sociedad de Mejoras y Ornato no demandaba velar por la seguridad de los ciudadanos en los parques, sino por la seguridad del lugar. El parque contiene una naturaleza frágil, que debe ser protegida; las actitudes de los ciudadanos con las plantas y animales son tildadas de criminales, y los responsables son personas que en el discurso no tienen el carácter de ciudadanos: se habla de “mujeres incultas” y “niños maleducados”. En la medida que se demanda proteger la vida del parque de las acciones de los individuos, el lugar se ve atravesado por un discurso de carácter biopolítico totalmente coherente con el objetivo conservacionista del mismo. El parque es entendido como una unidad, como un cuerpo susceptible de ser lastimado, de ser objeto del crimen. 34 ELÍAS, Norbert, La sociedad de los individuos, Barcelona, Editorial Península, 1990 (1987). Ver también BÉJAR, Helena, La cultura del yo. Pasiones colectivas y afectos propios en la teoría social, Madrid, Alianza, 1993. 35 Tanto el mapa en relieve de Colombia como el Monumento a Rafael Uribe Uribe fueron terminados en 1940. NIÑO, Carlos, op.cit., p. 163.

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Sin embargo, el paisaje del parque no es producto de procesos naturales. Se trata de una construcción cultural y material derivada de la acción del hombre, y marcada por diferencias sociales y de poder. Lo mismo ocurre con el discurso desplegado en torno a él. La idea del jardín como una manipulación de la naturaleza para ordenar el espacio de acuerdo con criterios estéticos exige la intervención del Estado y la exclusión y control de otras formas de entender la naturaleza. Alberto Patiño Galvis, miembro activo de la Sociedad de Mejoras y Ornato, tras exigir que se implantara una vigilancia más estricta en los parques de la ciudad señala que “...hay otro tipo de destructores que es necesario perseguir y castigar: las personas que arrancan ramas para convertirlas en leña para fines de calefacción en sus hogares, a expensas del ornato de la ciudad”36. Aquí se hacen evidentes las relaciones de poder ejercidas desde el Estado por las élites, en cabeza de la Sociedad de Mejoras y Ornato, las que esgrimen criterios estéticos que apuntan a la conservación del lugar con la intención de embellecer la ciudad, y las personas que en su actuar cotidiano entienden la naturaleza como fuente proveedora de insumos gratuitos para enfrentar exigencias prácticas de la vida diaria.

6. Cuerpo, naturaleza y tradiciones: la modernización de las costumbres Las ideas de la naturaleza en la ciudad y el paisaje han estado implícitas en los parques desde la aparición del jardín conmemorativo, la alameda y los paseos de los parques de finales del siglo XIX. Tiempo libre y aire libre ya estaban asociados desde la creación del Parque de la Independencia y continúan estándolo ahora. Sin embargo, ya hemos visto que las libertades que existen en el “aire libre” han estado condicionadas por criterios técnicos, estéticos y de diferenciación social, que limitan o sancionan determinados usos del espacio, así como a aquellos que tienen derecho legítimo para usarlo. De forma complementaria, en el plano de las ideas y discursos que sustentan la existencia de los parques en la ciudad, su carácter como espacios modernos está basado en su capacidad evocadora de lo que el mundo moderno ha destruido para crear las ciudades; esa idea se basa en la condición del parque como naturaleza domesticada por la cultura y en la noción de autenticidad que orienta las prácticas y representaciones relacionadas con él. En los párrafos que siguen veremos estas dos dimensiones de las prácticas y representaciones: el parque como expresión de una concepción moderna de la relación entre el cuerpo y la ciudad, y la noción de autenticidad expresada en las ideas folcloristas de la cultura popular. En cuanto a la relación con la naturaleza, el contacto de los ciudadanos con los parques comenzó a cambiar de la visita contemplativa de los jardines y la idea fundamentalmente esteticista de la ciudad jardín a la idea del parque como lugar de “contacto con la naturaleza”, donde además se podía “respirar”37, y a una relación 36 PATIÑO GALVIS, Alberto, op. cit., p. 23. 37 Desde una perspectiva foucaultiana, donde la forma física de la ciudad tiene una función disciplinaria y de incorporación de hábitos en las personas, Richard Sennet se refiere a dos puntos que se encuentran en los

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más activa con el espacio debido a la promoción y popularización de los deportes. En su discusión sobre los cambios culturales en la concepción el cuerpo en Colombia en los siglos XIX y el XX, Zandra Pedraza diferencia entre la actividad física de la sociedad señorial y la que se configuró progresivamente en el siglo XX: mientras “las actividades cinéticas que consiente la urbanidad son el paseo a pie, a caballo o en coche” con la intención de “solazar el espíritu y contribuir a la salud del cuerpo”38, la “cultura física” constituyó una concepción del cuerpo vinculada con los discursos higienistas de la primera mitad del siglo, que popularizó la gimnasia y los deportes como medios para acceder a la belleza, el placer y la felicidad39. En este sentido, la construcción de un parque que incluía canchas deportivas es reflejo de la popularización de los deportes y su promoción como formas modernas de uso del tiempo libre: “El pueblo que anhela la educación física encarna la civilización: moral, salud y trabajo son sus principales rasgos y los obtiene gobernando el cuerpo y las pasiones, adaptándose al trabajo mecánico y usando el tiempo libre para reponer las fuerzas”40. Las canchas de fútbol y de tenis construidas en el Parque Nacional desde sus inicios, muestran el cambio de sentido de los deportes que, como ocurrió con varios de ellos en la primera mitad del siglo XX, pasaron de ser eventos sociales de las élites a ser actividades populares de diversión y espectáculo. De este modo, en el deporte como práctica en el parque confluyen las concepciones modernas del cuerpo, la naturaleza y la recreación que se consolidan a lo largo del siglo XX41.

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parques modernos: la idea de la circulación como principio regente del espacio urbano, y su relación con el proceso de individualización. Los parques hacen parte de la mentalidad moderna que asoció el descubrimiento de Harvey en el siglo XVII de la circulación en el cuerpo humano con el diseño ideal de la ciudad, que se materializó con reformas urbanísticas de grandes ciudades europeas, como la de Haussman en París. En este sentido, “La planificación urbana del siglo XIX intentó crear una masa de individuos que se desplazaran con libertad y dificultar el movimiento de los grupos organizados por la ciudad. Los cuerpos individuales que se desplazaban por el espacio urbano poco a poco se independizaron del espacio en que se movían y de los individuos que albergaba ese espacio. Cuando el espacio se fue devaluando en virtud del movimiento, los individuos gradualmente perdieron la sensación de compartir el mismo destino que los demás”. Dentro de esta lógica, la construcción de espacios abiertos, incluidas plazas, parques y alamedas fue concebida por el urbanismo como algo indispensable para permitir el movimiento de las personas y constituir “pulmones” que permitieran la circulación del aire dentro del conglomerado urbano. SENNET Richard, Carne y piedra. El cuerpo y la ciudad en la civilización occidental, Barcelona, Alianza Editorial, 2002 (1994). PEDRAZA, Zandra, En cuerpo y alma: Visiones del progreso y la felicidad. Bogotá, Uniandes, 1999, p. 197. Ibid., p. 241. Pedraza precisa la diferencia existente entre la cultura física masculina y la de mujeres y niños: mientras el deporte estaba orientado a los varones de las élites, las mujeres y los niños debían hacer gimnasia. Esta diferenciación se replicaba tanto en los modelos pedagógicos como en el discurso de los medios de comunicación de la época. Ibid., p. 224. La concepción moderna del tiempo también se consolida por efecto del ordenamiento temporal de la semana entre días productivos y días de descanso -sobre todo los domingos-, y el uso diferenciado de los lugares

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Veamos ahora la dimensión de las costumbres tradicionales que persistieron y tomaron nuevas formas en el Parque Nacional. A comienzos del siglo XX era frecuente una práctica recreativa proveniente del siglo anterior, realizada fundamentalmente los domingos: “la familia se desplazaba para divertirse, comer en un sitio campestre y de paso, bañarse en los riachuelos”42. En los sectores más adinerados, las familias solían trastearse con muebles, maletas, utensilios de cocina y demás enseres, así como con un grupo de criados y empleados de la familia. Si se compara esta costumbre con los “piquetes” en el Parque Nacional descritos por la prensa de los años 1940, caben pocas dudas sobre la relación entre ambas prácticas. Se trata de un hábito común a varias clases sociales, en el que la distinción social se expresa, entre otras cosas, por medio de las maneras y los lugares donde se realiza. De acuerdo con las descripciones de la prensa, las clases altas salen de la ciudad, mientras los obreros y empleados de clase media permanecen en ella y usan los parques. Al respecto la revista Cromos dice: “Uno de los aspectos más típicos que ofrece la clase obrera es el del “almuerzo en el parque” o el del clásico “piquete” que ha logrado -con el transcurso de los años- una indiscutible posición social ya que, para despedir a un funcionario burocrático; para congratular a un político, no hay nada mejor que dar un ‘piquete’ en su honor, con las tradicionales “papas enchalecadas” y la fresca y adobada sobrebarriga, con una o dos tandas de licor rubio servido en los “burros” que tanto atractivo han brindado a más de un ‘míster’”43.

Además del piquete de domingo como forma de recreación y actividad colectiva de tiempo libre, también en días laborales la alimentación de los más pobres tenía los parques como escenario: “Desde las once y media de la mañana empiezan a llegar a nuestros parques -preferentemente a los de Santander y San Diego- mujercitas humildes que portan en sus manos desteñidos talegos de liencillo en cuyo interior se ocultan: una cuchara de palo, una botella y una olla, visiblemente marcada a su paso por el indiscreto humo de la hornilla de producción y descanso. El parque se constituye ante todo un lugar que sirve para el alivio del cansancio generado por la actividad productiva. Para 1970 esta idea, sus vacíos y contradicciones es evocada en un poema de Mario Rivero sobre el Parque Nacional al referirse a las sirvientas que frecuentan el parque los domingos: “Disfrutarán del sol, antes de volver a sumergirse / en la abyección de la vida desfavorable y larga, / de nuevo en la prisión de su casa ciudadana / debatiéndose en la búsqueda oscura de algo diferente, / soñando otra vez con el domingo…”. RIVERO, Mario, Mis Asuntos, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1986, p. 42. 42 REYES, Catalina y GONZÁLEZ, Lina Marcela, “La vida doméstica en las ciudades republicanas”, en CASTRO CARVAJAL, Beatriz (ed.), Historia de la vida cotidiana en Colombia, Bogotá, Editorial Norma, 1996, p. 229. 43 MATTOS ORDOÑEZ, Juan, “Mazamorra con recado y chicha”, en Cromos, Vol. LXV, No. 1633, Bogotá, Inversiones Cromos, junio 19 de 1948, p 4.

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alimentada con leña verde. Allí va el almuerzo para un trabajador. Muchas veces, son niñas de pocos años las encargadas de llevar el almuerzo para el padre o el hermano”44.

A estas descripciones se suma la documentación frecuente de las diversiones bogotanas hecha por la misma revista, que solía publicar con alguna frecuencia artículos y fotografías sobre las diversiones de los bogotanos y lo que calificaba de “costumbres populares”45. Esta divulgación de la ciudad después del cuarto centenario de su fundación, la oferta del Estado en materia de cultura y recreación, y las costumbres de los habitantes reforzaban la política cultural del momento promovida por Extensión Cultural en su doble sentido educativo y de documentación de la cultura popular. Las descripciones del “piquete” de los domingos o del consumo de chicha solían confrontarse con las costumbres refinadas de la élite en clubes y restaurantes. La documentación de las costumbres populares hecha por la prensa se mantiene dentro de un tono de ironía y curiosidad por lo que hacen los más pobres, en un claro sentido exotización de lo popular, una de las características de lo que es visto como folclórico. Y si lo que hacen los pobres en el parque merecía ser documentado es porque era considerado algo auténtico, de allí la sorpresa del turista, el “míster”, al ver burros cargando tinajas con chicha. Desde entonces la búsqueda de autenticidad característica de la mentalidad moderna se encuentra presente en el parque. En él se busca no sólo aquella naturaleza que la modernidad está destruyendo, sino también los rezagos de la tradición que merecen ser rescatados como “cultura popular”. De esta manera, la presencia de un parque urbano como el Nacional refuerza el carácter moderno de la ciudad que lo contiene, pues evoca lo que la urbe ya no es y no puede volver a ser, es decir su alteridad, y sustenta su existencia en la nostalgia de lo natural y la búsqueda de lo auténtico, que hacen parte de los anhelos de las personas en el mundo moderno. Los parques son una evidencia del doble carácter destructivo-creador de la modernidad y su materialización en el espacio urbano.

Comentarios finales Desde la creación del parque, la brecha entre planificadores y usuarios se hizo evidente en el comportamiento y las prácticas sociales de las personas. Mientras el diseño inicial reflejaba algunas de las actividades deportivas y los hábitos de las élites que lo gestaron, fueron las clases bajas y medias las que, en el lenguaje actual, se lo apropiaron. Las prácticas y hábitos arraigados entraron en conflicto con la concepción moderna de espacio público que se estaba introduciendo, y eran recurrentes las sanciones sociales 44 Ibid., p. 4. 45 Para este trabajo se revisaron todas las revistas Cromos de la década 1938-1948. En el artículo únicamente se incluyen las referencias de los artículos efectivamente utilizados en el texto.

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de tipo moral en las descripciones de la prensa escrita con respecto a los usos no autorizados, no cívicos o no modernos. En esta medida, el parque estuvo marcado desde sus primeros años por procesos de distinción e identificación social. La política cultural durante la República Liberal influyó en gran medida en la consolidación de las concepciones modernas del tiempo libre y la recreación, y por esta vía, de usos “apropiados” del espacio público en la ciudad. Si bien estas políticas permitieron ampliar la gama de ofertas y lugares para el tiempo libre en la ciudad, también contribuyeron a marcar las diferencias sociales de quienes hacían uso de los parques y otros equipamientos urbanos. Pero la diferenciación social en el uso y sentido del espacio urbano nunca fueron determinados exclusivamente por las élites. La ciudad engendra y hace posibles expresiones más libres de prácticas sociales, incluso reinterpretando aquéllas que pueden ser vistas como “tradicionales”. La confrontación de los usos proyectados de los planificadores con los estilos de usos del parque muestra cómo las prácticas sociales desbordan las capacidades de planeación46. Sin embargo, ambos aspectos se encuentran inscritos dentro de un proceso de modernización de las políticas culturales, el espacio urbano y de las prácticas sociales, dentro del cual existen múltiples contradicciones y conflictos. A pesar de las diferencias entre el proyecto de los administradores y las prácticas de los ciudadanos, hay aspectos en los que se puede encontrar bastante coherencia entre el sentido que tomaron las políticas públicas y las actividades cotidianas de las personas; una de ellas es la concepción de la naturaleza y su relación con el cuerpo, que se puede ver en las prácticas deportivas y la cultura física, que ya se encontraban bastante popularizadas para la década de 1940. La relación entre el cuerpo y la naturaleza en el parque nos lleva de nuevo al planteamiento de Sennet sobre el vínculo de la ciudad con el cuerpo humano. La circulación es algo natural en los seres vivos, lo que es naturalizado como normal y deseable para el caso de la ciudad moderna: los individuos deben circular por el espacio urbano. La metáfora de los parques como pulmones de la ciudad no es simplemente una figura retórica; se trata de la expresión de una mentalidad urbana moderna que radica la existencia del mundo tal como lo conocemos en la relación del hombre con una naturaleza domesticada. Ya situados en el momento actual podemos ver cómo relación se ha transformado a lo largo del siglo XX, y la idea del jardín de las élites de la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá se convirtió en una concepción más técnica vinculada con el paisajismo y la ecología, que no sólo implicaban a los ciudadanos, sino también a los seres humanos en su relación con la naturaleza. 46 Una descripción detallada de los estilos de usos actuales de los parques metropolitanos de Bogotá puede encontrarse en CIFA, op. cit. y OBSERVATORIO DE CULTURA URBANA y ZAMBRANO, Fabio (eds.), op. cit., pp. 163-170.

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Lo último que cabe mencionar es que las ideas eugenésicas del aire libre y la higiene corporal de principios de siglo pasado calaron de manera profunda en la mentalidad de los bogotanos47. De allí se deriva la asociación entre naturaleza y limpieza, la cual hace parte de los diferentes discursos modernizantes por los que la vida urbana se vio influida a lo largo del siglo XX. Sin embargo, y a pesar del éxito y la acogida de algunas ideas impulsadas por las élites, es claro que los ciudadanos actúan y han actuado siempre de manera activa en la construcción de los modos de vida urbanos. La revisión de las prácticas de las personas en el Parque Nacional durante sus primeros años de existencia muestra cómo las prácticas sociales, sin ser necesariamente formas contestatarias u orientadas por una acción política explícita, comportan una acción constante de interpretación y adaptación de los recursos materiales y sociales disponibles, y no son actos irreflexivos de recepción y reproducción de las estructuras hegemónicas48.

Bibliografía Fuentes impresas Publicaciones periódicas: Cromos, Bogotá, Inversiones Cromos, 1938-1948. Santa Fe y Bogotá, Bogotá, Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá, 1945-1949. Libros: ARAGÓN, Víctor, “Cómo se divierte Bogotá”, en Guía de Bogotá, Colección Sucesos Colombianos No. 4, Bogotá, Editorial Antena, 1948, pp. 319-339.

47 Sobre el tema del debate eugenésico en Colombia, ver PEDRAZA, Zandra, “El debate eugenésico: una visión de la modernidad en Colombia”, en Revista de Antropología y Arqueología, Vol. 9, Nos. 1-2, Bogotá, Universidad de los Andes, 1996-1997, pp. 115-159. 48 En abril de 1948 se realizó en el Parque Nacional una multitudinaria ceremonia con motivo del entierro del caudillo Jorge Eliécer Gaitán, asesinado el 9 de abril. De acuerdo con Herbert Braun, este acto liderado por los dirigentes liberales tuvo el sentido de restablecer las jerarquías políticas tradicionales “mediante un espectáculo público en el que el pueblo volviera a ser tan solo un espectador pasivo”. BRAUN, Herbert, Mataron a Gaitán. Vida pública y violencia urbana en Colombia, Bogotá, Editorial Norma, 1998 [1985], p. 355. Esta intención refuerza la posición de las élites y las interpretaciones académicas que hablan de los hábitos culturales y de las costumbres políticas de las masas como pasivas y muchas veces irreflexivas. Si no se le ha dado mayor relevancia a un hecho tan importante en la historia nacional, que tuvo como escenario el Parque Nacional, es porque el objetivo del artículo es explorar la dimensión cotidiana más rutinaria y “silenciosa” de las prácticas sociales relacionadas con el parque, y no los grandes eventos y acontecimientos políticos que tienden precisamente a oscurecer e, incluso, a invisibilizar lo que ocurre en el día a día. Sobre el entierro de Gaitán y las interpretaciones acerca de la ceremonia, remitirse al texto de Herbert Braun. Ibid.

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Tiempo libre al aire libre. Prácticas sociales, espacio público y naturaleza en el Parque Nacional…

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La comunidad médica, el “problema de población” y la investigación sociodemográfica en Colombia, 1965-1970 Resumen El artículo busca evidenciar el proceso de construcción del acelerado crecimiento demográfico de la población colombiana a mediados del siglo XX como un “problema de población”, es decir, como un problema político, económico y científico, que podía ser discernible desde la práctica médica. La comunidad médica adscrita a la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, Ascofame, moviliza instrumentos tales como la demografía y la idea del desarrollo como camino hacia el bienestar, y ofrece una definición amplia de salud para legitimar su autoridad y su posible intervención en la sociedad. En la medida en que se discute el proceso histórico de construcción, se problematiza el fenómeno de la cuantificación como herramienta para la legitimación de la acción sobre lo público. Adicionalmente, se evidencia el carácter subjetivo de la descripción cuantitativa de los estudios demográficos, mediante los cuales se visibiliza el acelerado crecimiento demográfico como un “problema de población”. Finalmente, se introduce la legitimación de la práctica médica no sólo por su labor en el planteamiento del problema, sino también por su solución, es decir, por su capacidad de incidir sobre los comportamientos reproductivos de las personas en pos de una transformación social. Palabras claves: Ascofame, demografía, cuantificación, población, medicina, Colombia.

The Medical Community, the “Population Question” and the Use of Socio-demographic Analysis in Colombia, 1965-1970 Abstract This article addresses the historical process by which demographic growth was constructed as the “population question” in mid-twentieth-century Colombia. In other words, it addresses the mechanisms by which it was understood as a scientific, political and economic problem concerning the medical community, specifically the Colombian Association of Medical Schools (Ascofame). The paper demonstrates how this Association drew on notions such as demography, the idea of development as a path to well-being, and a broad definition of health to legitimize its authority and intervention in society. In its discussion of the historical construction of the “population issue”, the article questions the use of quantitative methods as a tool to legitimize public and social action, and it reveals the subjective nature of quantitative description in demographic studies. Finally, it introduces the problem of the legitimate intervention of the medical practice not only in regards to its role in demonstrating the existence of the “population problem”, but also in its ability to influence reproductive behavior in the quest for social transformation. Keywords: Ascofame, demography, quantification, population, medicine, Colombia. Artículo recibido el 8 de febrero de 2007 y aprobado el 15 de febrero de 2007.

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La comunidad médica, el “problema de población” y la investigación sociodemográfica en Colombia, 1965-1970 i María Margarita Fajardo Hernández a

Espacio Estudiantil

En los años cincuenta la sociedad colombiana vivió lo que se denomina en demografía la “explosión demográfica”, caracterizada por altas tasas de natalidad y disminución en las tasas de mortalidad. Entre 1962 y 1972, se inició un descenso rápido de las tasas de natalidad, posteriormente atribuido a procesos de modernización económica y social . Esto último dio lugar a cuestionamientos acerca de la capacidad de la sociedad para incidir en la dinámica demográfica y del impacto que tendría tal incidencia . Aunque resultaría absurdo establecer la década de los años sesenta como el comienzo de un reconocimiento de la capacidad de la sociedad para actuar sobre dicha variable, es posible argumentar que desde mediados del siglo XX se consolida una autoridad institucional que se considera propicia para hacerlo. La Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, Ascofame, se entiende y establece como dicha autoridad. En i Este artículo es producto de la investigación titulada La construcción del “problema de población” en Colombia, 19651970: autoridad científica, orden social y racionalidad reproductiva, realizada como monografía de grado para optar por el título de Historiadora. La investigación recibió financiación del Centro de Estudios Socio-culturales, CESO, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, como parte de la Convocatoria a Proyectos de Grado de Pregrado del primer semestre de 2006. a Estudiante del Departamento de Historia y de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. Actualmente se encuentra realizando un intercambio acádemico en la Universidad de Copenhague, Dinamarca. marg-faj@uniandes.edu.co 1 Sobre la llamada “transición demográfica” en Colombia, sus causas y consecuencias, ver FLÓREZ NIETO, Carmen Elisa, Las transformaciones sociodemográficas en Colombia durante el siglo XX, Bogotá, Banco de la República -Tercer Mundo Editores, 2000; RUEDA, José Olinto, “Procesos demográficos en Colombia”, en Revista de la Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1986, pp. 15-124. PALACIOS, Marco, Entre la legitimidad y la violencia. Colombia 1875-1994, Bogotá, Grupo Editorial Norma, 1995, pp. 242 y 294.

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especial, las características modernas de cientificidad y progreso que se le atribuyen en tanto comunidad médica, la convierten en una institución capaz de visibilizar el crecimiento demográfico como un problema político, discernible y solucionable desde el campo -en proceso de creación- del médico demógrafo. Durante los años sesenta y a partir de la influencia de las misiones norteamericanas y de la promoción de los planes de la Alianza para el Progreso, en Latinoamérica se establecieron la planeación económica y la preocupación por la investigación socio-económica y demográfica como los mecanismos adecuados para coordinar y posibilitar el tránsito de una sociedad tradicional a una sociedad moderna . De esta forma, se priorizaba la investigación y la intervención sobre la población como elementos determinantes para establecer las posibilidades de crecimiento económico y mejoramientos de las condiciones sociales de los países. A su vez, la preocupación por la población también implicó una preocupación por la capacidad y libertad de decisión del número deseado de hijos por parte de las familias y, en especial, de las mujeres del Tercer Mundo. De esta forma, la investigación demográfica intentó explicar la relación entre población y desarrollo, las implicaciones para la demanda en servicios de salud y los comportamientos reproductivos de las familias. De esta forma, se lograba afirmar, por medio de la cuantificación, la necesidad de la intervención del entonces llamado “problema de población” . La implementación de las ideas desarrollistas, como lo indica Arturo Escobar, quien ha realizado múltiples análisis sobre el fenómeno del desarrollo como constructo histórico, implicó la transformación de las instituciones científicas y políticas del Tercer Mundo, de manera que pudieran acomodarse a las demandas que exigían los programas de desarrollo . La exploración sistemática de las variables demográficas Sobre las misiones norteamericanas en el campo educativo, ver MIRANDA, Néstor, “Educación médica en Colombia después de la Segunda Guerra Mundial”, en VASCO, Carlos, OBREGÓN, Diana y OROZCO, Luis (eds.), Historia social de la ciencia en Colombia, Bogotá, Colciencias, 1993, pp. 139-160. Sobre la importancia de la planeación en la consolidación del desarrollo como el camino adecuado hacia la modernización social y económica, ver HERNÁNDEZ, Mario y OBREGÓN, Diana, La OPS y el Estado colombiano: Cien años de historia, Bogotá, Organización Panamericana de la Salud, 2003, capítulo 5. Para profundizar en la importancia de la demografía como instrumento de legitimación de la acción sobre las poblaciones del Tercer Mundo, ver GREENHALGH, Susan, “The social construction of population science: An intellectual, institutional and political history of the twentieth century demography”, en Comparative Studies in Society and History, No. 38, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, pp. 26-66. ESCOBAR, Arturo, Encountering development: The making and unmaking of the third world, Princeton, Princeton University Press, 1995. Sin embargo, Gilbert Rist, sociólogo y estudioso del fenómeno histórico del desarrollo, pone más énfasis en la justificación de la idea del desarrollo en la inserción de los diferentes países al sistema capitalista al servicio del Primer Mundo y en la misión civilizatoria y moralista con la que se justifican las actividades para este fin. RIST, Gilbert, The history of development: From western origins to global faith, Nueva York, Zed Books, 2002.

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y la difusión de sus resultados constituye, entonces, una de esas prácticas. Aunque la comunidad médica que lideraba el proceso de visibilización del “problema de población” asumió esta tarea como de interés particular y nacional, no debe olvidarse que a nivel internacional se generaba un auge para aprehender el Tercer Mundo en esos términos y que, como se mostrará, fue altamente influyente a través de los organismos o instituciones internacionales, que cooperaron tanto financieramente como “técnicamente” en la implementación de dichos estudios. En Colombia, el acelerado crecimiento demográfico también empezaba a ser percibido como un caldo de cultivo para conflictos sociales y como un obstáculo para el crecimiento y la modernización económica. A finales de los años cincuenta surgió una comunidad de elite política, social y científica con un proyecto político de transformación social y económica del país por medio de la práctica médica. La preocupación por el crecimiento acelerado de la población, visto a través del progresivo aumento de la demanda en servicios de salud y de los problemas de salud suscitados en familias numerosas, hizo posible pensar en la población como un problema discernible desde la práctica médica. Entonces, tuvieron lugar seminarios, investigaciones y publicaciones científicas y divulgativas que posibilitaron la construcción del “problema de población”. En esa medida, el estudio del acelerado crecimiento demográfico y de sus implicaciones sociales, económicas, y políticas desde la práctica médica permitió la construcción del mismo como un problema político y científico, que podía ser estudiado, conocido y, sobre todo, transformado desde la ciencia y desde aquella práctica. La consolidación de una autoridad en materia de población por parte de la comunidad médica vinculada a la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, Ascofame, se convirtió en una tarea específica de un proyecto amplio de transformar la práctica médica de atención individual y privada en una que incluyera, además, la posibilidad de intervención sobre el ámbito de lo público. Sin embargo, esa preocupación por la población se tradujo en la realización de investigaciones científicas que permitieran definir cuantitativamente el problema. La utilización de la cuantificación como una herramienta de construcción de un problema político es, en términos de Theodore Porter, una solución al problema de confianza y objetividad que requiere la toma de decisiones en el ámbito público. De esta forma, se pretende que tales decisiones de intervención social parezcan derivar de la cuantificación misma, sin discrecionalidad por parte de las autoridades . “La utilización de los números resulta particularmente atractiva para los burócratas oficiales, quienes carecen del mandato de la elección popular o del derecho divino. A estos burócratas se les acusa usualmente de arbitrariedad y parcialidad en sus decisiones. Una decisión tomada por medio de los números (o de cualquier otro tipo de regla explícita) tiene al menos la apariencia de ser justa e impersonal. La objetividad científica proporciona entonces una respuesta a la demanda moral de imparcialidad y justicia. La cuantificación es una forma de tomar decisiones sin que parezca que se están tomando.” (“The appeal in numbers is especially compelling to bureaucratic officials who lack the mandate of a popular election, or divine right. Arbitrariness and bias are the most usual grounds upon which such officials are criticized. A decision made by the numbers (or by explicit rules of some other sort) has at

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En el presente artículo se abordará la construcción de una legitimidad científica en el contexto poblacional, en tanto el problema fue considerado como social y público por la comunidad médica en cuestión . Para ello, se evidenciará, primero, cómo la investigación demográfica, al ser cuantitativa, posibilitó la traducción de unas apreciaciones privadas de la comunidad médica para el conocimiento público, estableciendo la investigación científica liderada por Ascofame como la única herramienta posible para mostrar la “realidad” del “problema de población”. En segundo lugar, se mostrará cómo la generación de una relación negativa entre población y desarrollo a través de la investigación demográfica y la utilización de una definición amplia de salud posibilitarían la legitimación de la comunidad médica como actor de intervención en el ámbito público. Para ello, se hará énfasis en cómo la “descripción” de la situación, por parte de la comunidad médica, de hecho define el problema, cuestionando entonces la neutralidad con que se asume la misma. “describía” la situación también definía el problema. Finalmente, se introducirá la intervención en el campo privado de la reproducción, que propuso dicha comunidad, como el mecanismo ideal para transformar las tendencias sociales establecidas.

1. La utilización del desarrollo y la población como instrumentos del proyecto político de una comunidad científica en formación Con el desarrollo de la Guerra Fría, la influencia estadounidense sobre el escenario latinoamericano adquirió un peso fundamental en la generación de políticas institucionales con miras a mejorar las condiciones sociales de los países en desarrollo y buscar, así, una defensa frente al comunismo . De esta forma, los países en desarrollo adquirieron financiación y asistencia técnica para el adelanto de programas sociales. Para éstos era imprescindible el conocimiento de la dinámica poblacional en aras de realizar las proyecciones necesarias para vivienda, educación y salud. Con relación a estos últimos aspectos, la cooperación tuvo lugar en un campo trascendental para la presente investigación. La educación y la práctica médica debían reformarse a fin de convertirse en una herramienta para el fomento del desarrollo

least the appearance of being fair and impersonal. Scientific objectivity thus provides an answer to a moral demand for impartiality and fairness. Quantification is a way of making decisions without seeming to decide”. (La traducción es mía). PORTER, Theodore, Trust in numbers, Princeton, Princeton University Press, 1995, p. 8. El problema de la construcción de autoridad y legitimidad por parte de la práctica médica respecto de las actitudes individuales sobre la sexualidad y la reproducción no se aborda por no hacer parte de los objetivos del presente artículo. FAJARDO, Luis, From the alliance for progress to the plan Colombia: A retrospective look at U.S. Aid to Colombia, Londres, London School of Economics, 2003.

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social y económico del país . Una de las primeras recomendaciones que realizó una de las misiones en educación fue la de la creación de una asociación que reuniera las facultades de medicina del país, con el propósito de generar un programa educativo homogéneo y correspondiente a las necesidades del mismo. Esta asociación fue legal y oficialmente fundada en el año 1959 con el nombre de Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, Ascofame. En el contexto de la presente investigación, esta inclinación hacia la investigación social por parte de Ascofame se entenderá como un mecanismo de formulación de ámbitos de acción médica. En especial, se enfatizará en la posibilidad de generación de un proyecto de “ingeniería social” a través de la utilización de los métodos y de las herramientas de la ciencia médica. De esta forma, condicionará el acceso de la profesión al ámbito de lo público, lo cual puede verse a través de la formulación específica de varios de los más importantes representantes de la “medicina social”: “Los factores que condicionan el bienestar de una comunidad, que determinan su nivel socio-económico para el mantenimiento de un aceptable estado sanitario, son principalmente, la alimentación, la educación, la vivienda, el trabajo. Por consiguiente, la medicina, entendida solo como curación, no puede resolver los problemas totales de salud de un pueblo. Parece evidente la necesidad de inculcar en nuestros médicos el conocimiento profundo de los factores que inciden sobre la salud, fomentar su liderato en el desarrollo de las actividades comunales, darle participación en el planteamiento del desarrollo económico del país, en resumen, colocarlo en posición que le permita incorporarse como elemento básico del gran mecanismo del desenvolvimiento integral de una nación”10.

La aproximación al estudio de las variables sociales que se ha mencionado, se establece inicialmente en la Primera Asamblea General Extraordinaria realizada en Cartagena en octubre de 1963. En la mencionada Asamblea participaron: miembros de la Asociación, en cabeza de los decanos de las siete facultades de medicina existentes en el país, altos funcionarios del gobierno nacional -entre ellos, el Ministro de Salud Pública, Santiago Renjifo, y el Director del Departamento Nacional de Planeación, Diego Calle- y funcionarios del gobierno estadounidense tales como el embajador Fulton Freeman y representantes del programa de la Alianza para el Progreso, así como funcionarios de organismos internacionales como, por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y funcionarios de fundaciones e instituciones QUEVEDO, Emilio, La salud en Colombia, Bogotá, Ministerio de Salud, Departamento Nacional de Planeación, 1990; MIRANDA, Néstor, op. cit. 10 PATIÑO, José Félix, HORWITZ, Abraham y RENJIFO, Santiago, Un nuevo enfoque de la educación médica, Bogotá, Ascofame, 1963, p. 21.

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académicas norteamericanas11. Sin embargo, la mayoría de los 120 asistentes eran profesores de diferentes especialidades médicas, provenientes de las facultades de medicina del país, como puede establecerse a partir de la lista de participantes12. Así, el estudio de lo social se adopta como un medio para establecer las necesidades que condicionan el bienestar de los individuos. En ese sentido, el bienestar, tal como es entendido en el ámbito de la comunidad médica internacional -esta definición fue promulgada por la Organización Mundial de la Salud en 1949- permite vincular promoción de la salud con el progreso económico y social de las comunidades. De esta manera, en una de las ponencias presentadas en la Asamblea, el doctor José Félix Patiño señala que: “La transformación económica a que nuestro país aspira para alcanzar las metas de desarrollo depende de la productividad de sus hombres. […] Los dineros invertidos en un ser humano que luego se enferma o muere sin haber dado su máximo rendimiento, representan pérdida. […] aparece entonces evidente la inmediata necesidad de implementar, ahora sí al máximo, la educación en los factores que determina(n) el pésimo estado de salud de nuestro pueblo, en las técnicas de la medicina preventiva, en el adiestramiento del médico en los diferentes aspectos sociales, ambientales, económicos y culturales que establecen nuestra lamentable condición de país subdesarrollado”13.

Entonces, con la información adicional proporcionada por los estudios de las variables socioeconómicas que afectan las demandas de la comunidad y la aplicación del juicioso conocimiento de la medicina, la comunidad médica podría encontrarse en plena capacidad de modificar las variables de salud y bienestar individual para lograr una verdadera transformación social. No hay que olvidar que la preocupación por conseguir el bienestar está encaminada a perseguir una meta más elevada: el desarrollo. Esto representa la objetivación de la investigación médica no sólo en el individuo, sino en la colectividad, en la comunidad, en la población. Adicionalmente, el Director de la OPS, Abraham Horwitz, hace énfasis en la importancia de la demanda desde el punto de vista de la investigación: “¿Cuántos médicos requieren nuestros países en los próximos años a la luz de todas las variables del caso, principalmente las tendencias de socio-economía, el desarrollo, el crecimiento y concentración de la población, la calidad de los problemas de salud, la demanda social, las necesidades establecidas […]?”14. Comienza entonces a despertarse un interés por la cuantificación 11 ASCOFAME, Medicina y desarrollo social, Bogotá, Ascofame, 1963, p. 21. 12 Ibid. Contraportada. 13 PATIÑO, José Félix, “La educación médica, La Alianza para el Progreso y el desarrollo económico y social”, en ASCOFAME (ed.), Medicina y desarrollo social, Bogotá, Ascofame, 1963, p. 33. 14 PATIÑO, José Félix, HORWITZ, Abraham y RENJIFO, Santiago, “Un nuevo enfoque de la educación médica”, en I Asamblea general extraordinaria de la Ascofame, Cartagena, Ascofame, 1963, p. 22. Las cursivas son mías.

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de la población en tanto objeto de las prácticas médicas. Como se mostrará a lo largo de este artículo, este interés por la cuantificación reside principalmente en la capacidad de estandarización y la consiguiente transformación del conocimiento médico -entendido comúnmente como una práctica privada- en conocimiento público. Este proceso resulta trascendental para lograr movilizar a la sociedad hacia el reconocimiento del crecimiento demográfico como un “problema de población”15. Las diferentes facultades de medicina y, en especial, las de la Universidad del Valle y La Pontificia Universidad Javeriana contaban con centros de salud establecidos para la atención comunitaria en zonas marginadas de sus ciudades. Según Emiline Ott -quien realizó una investigación sobre el papel de Ascofame en el control de población en Colombia en 1971- enfrentarse a demandas crecientes en servicios de salud, a causa de fuertes aumentos en la población, a problemas sanitarios y nutricionales en la población infantil debido a escasos ingresos en familias numerosas y la alta incidencia de aborto observada, alertó a los médicos de la existencia del “problema de población” en el país16. Así, a través de la cuantificación de la población, sus demandas y determinantes se podría traducir estas apreciaciones en conocimiento científico. La cuantificación, según Theodore Porter, resulta de especial importancia para las comunidades en formación a fin de otorgar legitimidad a su producción de conocimiento17. No obstante, a pesar de la intención manifiesta de acercarse a la población como objeto de estudio, investigación y acción médica por parte de los líderes de Ascofame, se presenta como algo de suma relevancia entender el papel que jugó la financiación y la cooperación internacional para establecer el “problema de población” como el objeto principal de trabajo de dicha asociación. Según Emiline Ott, Gabriel Velásquez, Presidente de Ascofame y Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad del Valle, lideró la movilización de recursos en torno a la búsqueda del establecimiento de un programa para el estudio de la población con un alcance más amplio que el que podría ofrecerse desde la Universidad del Valle18. Aunque la doctora Ott hace especial énfasis en el liderazgo y en el talento individual como los factores principales que explican la preocupación de Ascofame por el 15 Sobre los usos públicos de la cuantificación en la ciencia, ver PORTER, Theodore, op. cit., capítulo 8. 16 OTT, Emiline, The role of the colombian association of medical schools in the development of population policy in Colombia, Ann Arbor - Michigan, Johns Hopkins University, 1974, pp. 85-95. La tesis doctoral de Emiline Ott resulta trascendental para comprender la manera en qué ciertos actores relevantes desde el ámbito privado generan acciones y políticas públicas. La obra de Ott presenta un marco amplio y profundo sobre la política de población, que genera un buen punto de partida para la problematización de la ciencia médica en estos planes de control social y desarrollo. Sin embargo, la acción de los médicos es presentada en términos celebratorios y como una narración casi partícipe del proceso, por lo cual se utiliza como fuente primaria y punto de entrada al contexto y al problema, pero no al enfoque, la reflexión y la crítica que se pretende realizar en el proyecto. 17 PORTER, Theodore, op. cit. 18 OTT, Emiline, op. cit., p. 97.

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“problema de población”, también apunta a la influencia de la disponibilidad de recursos de ciertos programas y de ciertas instituciones. Ott señala, específicamente, que la Fundación Ford, que se había consolidado como principal fuente de financiación para las actividades de la Asociación desde su fundación, establece una prioridad para la financiación a dicha institución y no al centro de estudios de la Universidad del Valle debido a su “[...] fuerte y prestigiosa base institucional [...], posición estratégica derivada de una relación de trabajo cercana con y acceso a las agencias gubernamentales…y más específicamente, su liderazgo en la estimulación de la investigación en materia de población y en la incorporación de la demografía en el currículo de las facultades de medicina”19.

De igual forma, rescatando la agencia individual del doctor Gabriel Velásquez, la autora señala que, debido a sus contactos con las fundaciones donantes norteamericanas, obtenidos gracias a su alto cargo, el Decano tenía grandes posibilidades de abrir los espacios para consolidar los programas de investigación que empezaban a surgir como inquietudes académicas y políticas de las mencionadas instituciones: “Velásquez, conociendo la intención de la fundación [Rockefeller] de enfocar sus esfuerzos en países en desarrollo en tres campos - fomento a las universidades, nutrición, y población, recibiendo América Latina prioridad en este último- aprovechó rápidamente la oportunidad”20. A pesar de estas contundentes afirmaciones, en su trabajo Ott no problematiza el papel que juegan estas instituciones en la realización del “problema de población” en el ámbito internacional. Las formulaciones de las fundaciones donantes para resolver el “problema de población” no pueden asumirse como elementos aislados de intereses privados, sino como actores representativos de un escenario, en el cual el crecimiento poblacional alcanzaba el nivel de la pobreza y el hambre como problemas mundiales. A través de la dedicación de Ascofame a la investigación en cuestiones de población, comienza un proceso de construcción y visibilización del “problema de población” como un ámbito legítimo de la acción médica. El establecimiento del estudio de las demandas de las comunidades a través de la cuantificación de los elementos que definen la dinámica poblacional, comienza a ser liderado por esta asociación. Habiendo ya establecido la necesidad del estudio de dichas demandas por parte de la comunidad médica y contando con una viabilidad financiera, el “problema de población” puede observarse como una continuación del proyecto de la mencionada Asociación de convertirse en agente en la transformación social del país a través del ejercicio de los planes y programas de desarrollo. Además, el establecimiento de la variable población y su crecimiento como un factor determinante en la planeación del desarrollo se instaura 19 Ibid., p. 58. La traducción es mía. 20 Ibid., p. 104.

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como un paso natural de la ya establecida importancia de conocer las necesidades sociales a través del conocimiento de la dinámica poblacional. Se vinculan, así, la implantación de la salud como factor condicionante para el desarrollo económico, y el aspecto poblacional como el camino adecuado para legitimar la acción médica en este campo.

2. El papel del médico-demógrafo y la construcción de autoridad en materia de población: definición de una relación entre población y desarrollo Las primeras acciones que se realizan en esta materia constituyen actividades de carácter primeramente científico y académico, las cuales buscan consolidar una convocatoria de investigación en materia de población. La creación de una División de Estudios de Población en el seno de Ascofame en 1965, y el adelanto de tres seminarios sobre demografía -realizados entre 1965 y 1966-, en los que se evaluaron proyectos de investigación en ese campo, serían etapas fundamentales para el desarrollo de un gran activismo científico en materia de población. A partir del planteamiento mismo de las conferencias, es posible ver cómo desde esta etapa temprana de la construcción del “problema de población” por parte de esta comunidad científica, existe un marcado énfasis en relación con el conocimiento y control de los mecanismos que afectan la fecundidad. Se habla de la importancia de conocer la frecuencia en las relaciones sexuales de las parejas como índice de exposición y riesgo, de establecer la estabilidad de los diferentes tipos de unión (matrimonio, unión libre) y de determinar la edad de iniciación de las relaciones sexuales. La determinación del comportamiento reproductivo de las parejas resulta trascendental para encontrar las formas más efectivas a fin de modificar dicho comportamiento hacia una menor fertilidad. Por ende, el conocimiento reproductivo tiene un claro propósito práctico de transformación21. En agosto de 1965, se realizó la Primera Asamblea Panamericana de Población, organizada por Ascofame. Durante esa Asamblea se presentaron reflexiones y comentarios con base en unos documentos de trabajo, que hoy resultan bastante importantes para comprender la forma en que se estaba visibilizando el “problema de población”. Aunque hasta el momento se había definido la herramienta, mediante la cual es posible convertir un conocimiento privado en un conocimiento público y 21 Para el análisis de la práctica médica como un elemento de transformación de las prácticas privadas, ver FAJARDO, María Margarita, La construcción del “problema de población” en Colombia, 1965-1970: autoridad científica, orden social y racionalidad reproductiva, Monografía de grado en Historia, Universidad de los Andes, Bogotá, 2007 (inédita). Este trabajo será publicado en el transcurso del 2007 por el Centro de Estudios Socio-culturales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, Bogotá.

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un problema individual en un problema público y, por ende, social, la definición del “problema de población” requería explicitar los términos en los cuales éste podía ser entendido como un problema colectivo. Explicitar las tendencias sociales que afectan el comportamiento reproductivo y las complicaciones sociales que impone el acelerado crecimiento demográfico fueron precisamente esos términos. El obstáculo para el desarrollo, los riesgos de salud y la disolución del orden político y social constituyeron los argumentos principales mediante los cuales se define el alto crecimiento demográfico como un problema político y social que requiere de acciones masivas. En primer lugar, se realizó en el marco de dichas investigaciones, una cuantificación de la condición demográfica en aras de demostrar la existencia de un problema; la presentación de las cifras con superlativos alarmantes parece no tener necesidad alguna de explicación: “La América Latina tiene en la actualidad la tasa más alta de crecimiento poblacional entre las grandes regiones del mundo [...] Se observa que en 1920 la población de América Latina era solo el 44% del total de las Américas; en 1960, en cambio, era ligeramente superior al 50% y, si no hay modificaciones en la relación nacimientos-muertes, llegaría en el año 2000 al 64% [...]”22.

Se continuó señalando en ese momento la importancia de la demografía dentro del campo médico como camino hacia la solución del problema: “Entre las medidas tomadas recientemente, las más prometedoras son los esfuerzos de la Organización Panamericana de la Salud al propiciar programas de adiestramiento en ‘demografía médica’ en escuelas de salud pública…”23. No obstante, el campo médico de acción, aunque había comenzado por la visibilización del problema a través del estudio demográfico, se amplió a través de la validación del conocimiento biológico sobre la reproducción y socio-biológico sobre el comportamiento reproductivo de las parejas: “Se ha señalado que hay grandes vacíos en el conocimiento del proceso de la reproducción humana que procede investigar en sus implicaciones biológicas, psicológicas, económicas y culturales, para facilitar las determinaciones de cada sociedad. Pensamos que estos estudios, en especial las aplicaciones que de ellos se deduzcan, deberían realizarse por medio de los servicios de salud. Por la naturaleza de sus funciones son los que están, dentro de las estructuras, en forma más constante con personas, familias y comunidades”24. 22 HORWITZ, Abraham y BURKE, Mary, “Salud, población y desarrollo”, en ASCOFAME (ed.), Primera Asamblea Panamericana de Población, Cali, Ascofame, 1965, p. 4. 23 STYCOS, Mayone, “Importancia de los estudios socio-demográficos en la América latina”, en Primera Asamblea Panamericana de Población, Cali, Ascofame, 1965, p. 11. 24 HORWITZ, Abraham y BURKE, Mary, op. cit., p. 42. Las cursivas son mías.

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A pesar de que ya se había señalado la importancia que adquiere la demografía en el campo médico, no se había establecido la diferenciación de la profesión médica con respecto a otras disciplinas que hubieran podido asumir también la solución al “problema de población”. La respetabilidad e influencia de la profesión médica en la cotidianidad de las comunidades juega un papel principal. La relación cercana, marcada por la privacidad y la individualidad del estudio clínico de la medicina moderna, permite indicar al paciente una aproximación correcta a la comprensión y modificación de su cuerpo por medio de la objetividad científica del análisis del médico25. De esto mismo se desprende que el conocimiento adquirido de los comportamientos y actitudes reproductivas de las parejas por medio de la intervención médica (atención en clínicas) puede resultar más preciso y verificable desde el punto de vista científico, que el adquirido por otros miembros de la comunidad. El carácter objetivo con el que se presenta la ciencia médica y sobretodo, la investigación académica, constituye un elemento fundamental y consciente en la legitimación a partir de la ciencia médica. Por otra parte, se señalaban los efectos perversos del alto crecimiento poblacional sobre las posibilidades de desarrollo y sobre el orden político del mundo actual: “El rápido aumento de población en Asia, África y América Latina actúa a manera de freno sobre el desarrollo económico, ya que gran parte de los recursos relativamente escasos de energía han de dedicarse a alimentar, vestir y educar a la población infantil cuyo número aumenta sin cesar”26. La ineficiencia en el uso de los recursos invertidos en mantener el nivel de vida y no en el de ahorro para aumentar la producción, al que alude la cita anterior, fue un argumento bastante utilizado en la presentación del problema de población como un freno al crecimiento económico. Bajo esta hipótesis, hay un intercambio de ahorro por consumo, que evita la convergencia de los países en desarrollo con los países desarrollados. Este argumento era consistente con las teorías económicas vigentes en ese momento, especialmente la expuesta por Walt Whitman Rostow27; en ella, se establecía el proceso de desarrollo económico con base en el 25 FOUCAULT, Michel, The birth of the clinic, Nueva York, Vintage, 1994. 26 DORN, Harold, “Crecimiento de la población mundial”, en ASCOFAME (ed.), Primera Asamblea Panamericana de Población, Cali, Ascofame, 1965, p. 13. 27 ROSTOW, Walt, The Stages of Economic Growth: a non-communist, Cambridge, University of Cambridge, 1960. En este texto, se establece el desarrollo como un proceso de cambio mediante el cual todas las sociedades se transforman, pasando de ser sociedades tradicionales a ser sociedades modernas. Este proceso, según el autor, tiene cinco etapas, en las que la central es la etapa del despegue. Según Rostow, todos los países podían ser llevados a esta etapa, donde se conjugan todas las condiciones para el desarrollo, mediante la ayuda extranjera. No es gratuito que el autor se convirtiera en asesor y funcionario de los gobiernos Kennedy y Johnson, y en miembro del Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso. Esta teoría serviría, entonces, para justificar la movilización de recursos en pro del desarrollo y de la prevención del comunismo como forma de organización económica y social. Para más información sobre la influencia de Rostow y el proceso de ayuda extranjera para América Latina, ver BAILY, Samuel, The United States and the devolpment of South America, 1945-1975, Nueva York, New Viewpoints, 1976, capítulo 2.

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llevado a cabo por los países del Primer Mundo, y haciendo énfasis en la transición de una economía tradicional a una economía moderna28. Dicho proceso debía presentarse mediante el impulso del sector moderno de las economías, caracterizado por su capacidad de ahorro y la posibilidad de transferencia hacia la inversión. De esta forma, se buscaba reivindicar un proceso de ampliación de los valores occidentales hacia el Tercer Mundo como manera propicia de generar acumulación y desarrollo. Con igual relevancia pero no con tanta frecuencia se señalaron los problemas relativos al desarrollo de los países y, consecuentemente, a su capacidad de mantener un determinado orden político y social: “Millones de personas en Asia, África y América Latina se dan cabal cuenta del nivel de vida del que disfrutan los europeos y norteamericanos y están exigiendo que se les de también a ellas la oportunidad de alcanzar tales beneficios [....].Y como la población continúa aumentando más rápidamente que los recursos destinados a satisfacer sus necesidades y deseos, se torna casi inevitable el desasosiego político que quizás llegue hasta el derrocamiento de los gobiernos existentes”29.

De la misma forma, la presentación de una de las encuestas realizadas en los centros piloto de salud manifestó que: “Durante los últimos años se ha despertado un gran interés por el estudio de los problemas ocasionados por el crecimiento de la población: un sinnúmero de artículos, panfletos, ensayos, monografías y libros han descrito con caracteres alarmantes la gravedad del problema y sus profundas implicaciones. [...] Es inútil insistir aquí en la existencia real de este problema o en la amenaza que él constituye para el bienestar de las grandes masas de gentes o para la estabilidad de los gobiernos de los llamados países en desarrollo”30.

La preocupación por este aspecto -especialmente proviniendo de un discurso norteamericano que manifestaba su preocupación por el aumento relativo de la población latinoamericana con respecto a la norteamericana-, se ha explicado a partir de la marcada inclinación estadounidense de atacar los problemas sociales de los 28 CUETO, Marcos, El valor de la salud: Historia de la organización panamericana de salud, Washington, Organización Panamericana de la Salud, 2004, p. 116. 29 DORN, Harold, op. cit., p. 18. 30 AGUIRRE, Alfredo, “Análisis de las primeras cien encuestas realizadas en cien mujeres pertenecientes al programa”, en BAYONA, Alberto y MENDOZA HOYOS, Hernán (eds.), Boletín del Segundo Seminario sobre Demografía, Bogotá, Ascofame, 1965, p. 249.

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países en desarrollo como forma de detener la avanzada comunista. La construcción del “problema de población” desde una perspectiva internacional implicaba, además de la posibilidad de asignación de recursos para la investigación en estos tópicos, la definición del “problema” en términos de un conflicto político y social en el interior de los países, que resultaba conveniente y propicio para las elites nacionales en el mantenimiento de un status quo a pesar de su intención de renovación social. Hernán Mendoza Hoyos, Jefe de la División de Estudios de Población y profesor de la Universidad Nacional en ese momento, señala: “Algunos datos sobre el país actual permitirán concluir que ciertamente en Colombia, ni las instituciones sociales, ni los recursos de capital, pueden satisfacer las demandas geométricamente impuestas por el acelerado crecimiento de la población”31. La presentación de Mendoza Hoyos hace énfasis en el no cumplimiento de las metas propuestas por el Plan Decenal de Desarrollo -en términos de inversión, empleo, educación, y vivienda, entre otros-, demostrando la limitada capacidad productiva del país y, por ende, sus limitaciones para el crecimiento y el desarrollo económico y social. La cuantificación del problema poblacional -por medio de los indicadores demográficos y económicos disponibles- en términos del sacrificio en crecimiento y desarrollo económico constituye la forma en que se vinculan la investigación en materia de población y la búsqueda de mecanismos de acción que incidan en la generalidad de la población. El desarrollo, en esa época de auge de su difusión como ideal de progreso económico y social, hizo posible pensar un plan que involucrara todos los aspectos que definen una sociedad e implicara una construcción de dichos aspectos en pos de su propia transformación. De esta forma, no sólo la población, como variable totalizante, entra a convertirse en un instrumento útil para la generación de una “incidencia social nacional”, sino que el desarrollo también se presenta como el instrumento para universalizar las implicaciones de una acción sobre el crecimiento poblacional. Así pues, como señala Theodore Porter, las estadísticas no sólo sirven para describir la realidad social o natural, sino que a través de esa misma descripción definen el problema en cuestión32. Esto se hace evidente en la selección de indicadores económicos que vinculan el ámbito poblacional con las posibilidades de ahorro. Al seleccionar estos indicadores se está efectivamente generando una apreciación específica sobre el “problema de población”33. En particular, la relación “viciosa” entre población y desarrollo se restringe a los gastos que suscita la alta tasa de dependencia, 31 MENDOZA HOYOS, Hernán, “Superpoblación y elevada densidad social”, en ASCOFAME (ed.), Boletín del Segundo Seminario sobre Demografía, Bogotá, Ascofame, 1965, p. 24. 32 PORTER, Theodore, op. cit., 1995, p. 43. 33 Como indica Ludwik Fleck, el colectivo de pensamiento, la comunidad en la que se genera el conocimiento, comparte ciertos supuestos que determinan la formulación de un hecho. En esa medida, en la descripción misma del problema es posible “leer” históricamente los supuestos que definen el hecho, tal como se realiza en el presente artículo. FLECK, Ludwik, La génesis y el desarrollo de un hecho científico, Madrid, Alianza, 1986, p. 111.

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que no permite un uso alternativo de los recursos como la inversión en capital. Este elemento resulta trascendental pues implica una incidencia sobre los muchos planos que requieren la inserción de un individuo a la sociedad: “Las poblaciones jóvenes características de los países en desarrollo irregular como Colombia y en donde más del 40% de la población total se sitúa por debajo de los 15 años, han de invertir en la crianza y adiestramiento de los niños suplementarios de 0 a 15 años, durante mayor tiempo en aquellos que buscan instrucción y formación profesional y han de movilizar a todos los sectores de la actividad económica y social para proveer educación, salud, alojamiento, producción agrícola, producción industrial y creación de nuevos empleos. Si, como es apenas lógico concluirlo, los recursos nacionales no alcanzan a satisfacer esta creciente demanda, la inversión estatal tiene que orientarse hacia el establecimiento de mecanismos reguladores o moderadores de los conflictos sociales que naturalmente emergen de esta forzada situación de abandono”34.

Ahora bien, en cuanto a la forma de explicitar la problemática poblacional para un público amplio se puede analizar la serie de folletos publicada por Ascofame en 1966. El primero de los mencionados folletos es el artículo expuesto por Hernán Mendoza Hoyos en la primera intervención del Segundo Seminario sobre Demografía, analizado anteriormente. En este momento, sería importante notar el carácter dramático con que se presentan este tipo de estudios. Por ejemplo, el doctor Mendoza califica la situación social colombiana como una situación de “abandono” y cómo los recursos de capital se encuentran “a la zaga” en una población creciente. En otras palabras, particularizar el momento como un punto de quiebre en las tendencias sociales y económicas del país, específicamente entre el tradicionalismo y la modernización, permite abogar enfáticamente por el cambio. En general, la descripción catastrófica en términos de analfabetismo, desempleo y desnutrición que se realizaba de la situación social del país buscaba demostrar la urgente necesidad de establecer un control social y dar solución a los problemas de salud pública. De esta forma, se motivaba aún más un curso de acción. Así pues, Mendoza alude a la siguiente situación: “Precisamente en las zonas de fuerte migración, desde la zona rural tradicionalista y de ‘status estable’ hacia áreas urbanas competitivas y de ‘status’ incierto, la incidencia de enfermedad mental y física aumenta considerablemente y los conflictos sociales se vuelven muy prevalentes”35. Los demás folletos publicados por la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina durante el mismo año de 1966 hacen un gran énfasis en evidenciar el 34 MENDOZA HOYOS, Hernán, op. cit., p. 28. 35 MENDOZA HOYOS, Hernán, op. cit, p. 33. Nótese el vocabulario médico y demográfico con el que se califica el conflicto social: prevalencia. Este término es utilizado en los estudios demográficos para cuantificar la existencia de una determinada enfermedad en los diversos grupos sociales o en grupos de edad.

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crecimiento poblacional como un “problema de población” mediante la demostración del vínculo con las posibilidades de desarrollo económico del país. Los planteamientos se asemejan a los enunciados durante el Segundo Seminario sobre Demografía: en términos maltusianos se describe la competencia existente entre la población y los recursos. Así pues, Ramiro Delgado García, Presidente del Comité Interdisciplinario de la División de Estudios de Población y profesor de medicina de la Universidad del Valle en ese momento, evidencia el problema de población de la siguiente forma: “El grado de desarrollo que un país pueda alcanzar, depende en buena medida de la posibilidad que él tenga para controlar los aspectos económicos, políticos y sociales. Ahora bien, estos aspectos están íntimamente interrelacionados, siendo sus factores esenciales el desarrollo económico por una parte, y el crecimiento de la población por la otra”36.

Por su parte, el presidente de la División de Estudios de Población, Hernán Mendoza Hoyos, plantea el problema en términos aún más dramáticos: “La tasa de crecimiento vegetativo de Colombia era para el año de 1870 del 0.5%; en el año de 1966 es por lo menos siete veces mayor. El número de dependientes es cada vez mayor, en términos absolutos y en términos relativos; la propensión media a ahorrar decrece necesariamente, mientras paralelamente asciende la propensión media a consumir. El costo del crecimiento de la población no parece encontrar recursos disponibles y se configura definidamente un oprobioso círculo vicioso”37.

Ahora bien, la interdependencia que describen ambos médicos con relación a los dos aspectos mencionados, plantea un cuestionamiento de la forma en que debería atacarse un problema con dichas características, en tanto es posible pensar que atacando cualquiera de los puntos se encontraría una solución efectiva. La cuestión de si debía esperarse a que el proceso de modernización económica y social en términos de industrialización, urbanización y educación modificara las tasas de fecundidad como consecuencia misma del proceso, fue planteada por críticos marxistas en múltiples ocasiones38. Es decir, la apelación a lo determinante de los cambios estructurales y a 36 DELGADO GARCÍA, Ramiro, Hacia una política de población: El problema, su impacto y sus posibles soluciones, Bogotá, Ascofame, 1966, p. 8. Las cursivas son mías. 37 MENDOZA HOYOS, Hernán, Acelerado crecimiento de la población en Colombia: La necesidad sentida, Bogotá, Ascofame - División de Estudios de Población, 1966, p. 9. Las cursivas son mías. 38 Para mayores referencias, ver STYCOS, Mayone, “Politics and population control in Latin America”, en World Politics, No. 20, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1967, pp. 66-82. Particularmente para el caso colombiano, ver CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL (ed.), La revolución demográfica: Estudio interdisciplinario del caso colombiano, Bogotá, Tercer Mundo, 1966.

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la experiencia de la transición demográfica europea, como se señaló anteriormente, indicaba la necesidad de una acción que propiciara y acelerara dichos procesos. No obstante, los ‘activistas médicos’ y la comunidad internacional que fomentaban la ‘planificación familiar’ abogaban por un planteamiento inaplazable de la acción. En tanto se estableciera que más allá de la interdependencia, el alto crecimiento poblacional constituía un obstáculo para el desarrollo, se establecía una necesidad para la acción inmediata. Por ende, el planteamiento de dicha situación, tal como se mostró en la citas anteriores, a la manera de una competencia entre crecimiento de recursos y crecimiento de población, implicaba que a menos de que la primera la sobrepasara con creces, la segunda se convertía en un freno que desestimularía los beneficios en términos de modernización y, por tanto, no alcanzaría los niveles suficientes para provocar un descenso en la fecundidad. Para muchos, incluidos los miembros de la comunidad médica de Ascofame, el no cumplimiento a cabalidad de las metas de crecimiento económico, de niveles de educación, vivienda y salud pública, planteadas en el Plan Decenal de Desarrollo en cumplimiento de los planes generales propuestos por la Alianza para el Progreso, constituía la prueba fehaciente de que el crecimiento poblacional impedía la consecución de los logros de modernización económica. Así pues, Ramiro Delgado señalaba, en consecuencia, que: “...no estamos logrando una mejor vida para nuestras gentes, y antes por el contrario, al multiplicar desordenadamente nuestra población, estamos simultáneamente multiplicando nuestros problemas hasta límites que hacen casi imposible una solución aceptable. […] La velocidad del crecimiento de la población colombiana está constituyendo una franca barrera para el logro de aceptables niveles de desarrollo económico y social”39.

La imposibilidad de realizar un desarrollo económico y social efectivo proporcionaba un argumento determinante, en términos de orden social y político, para impugnar por la existencia de una problemática de carácter urgente. Mendoza Hoyos señalaba que: “El llamado Tercer Mundo contempla abismado las proezas realizadas en el campo de la exploración espacial por aquellos países ya francamente adentrándose en la era atómica, mientras sus poblaciones se expanden ciegamente y mientras sus débiles economías se convulsionan a la sombra de los conflictos sociales en permanente emergencia”40. Expresando un tipo de preocupación similar, Ramiro Delgado indica que: “La verdadera medida de este [problema demográfico] es la densidad social y es por esto que en Colombia hablamos de un problema de superpoblación. Para nuestro futuro es más importante contar con una buena calidad de nuestra gente y no una cantidad apreciable de seres de pobres cualidades genéticas y de difícil adaptación 39 DELGADO GARCÍA, Ramiro, op. cit., p. 10. Las cursivas son mías. 40 MENDOZA HOYOS, Hernán, Acelerado Crecimiento…, op. cit., p. 7.

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social”41. Por ende, las dificultades que presenta el alto crecimiento demográfico constituirían elementos que afectan directamente el orden social establecido en tanto suscitan conflictos a raíz de las dramáticas condiciones económicas y sociales en que vive la generalidad de la población. No puede desconocerse que este intento de control social que se hace visible en las justificaciones para una política explícita de población, incorporan los deseos de una elite científica y social de modernizar una sociedad manteniendo su status, para lo cual se propone como líder capacitado técnica y socialmente para llevar a cabo semejante tarea. De esta forma, el crecimiento poblacional y su inevitable aumento de la población dependiente joven, eran dramáticamente presentados como una fuente de inestabilidad social a raíz de la pobreza y demás condiciones adversas que de ella se derivan. El crecimiento poblacional adquirió entonces una dimensión adicional al perjudicar el mantenimiento de un determinado orden social. La relación entre orden social y desarrollo no fue fortuita ni exclusiva de la manifestación del “problema de población” por parte de la comunidad médica colombiana. El desarrollo como esquema de planeación y progreso económico y social en un plano internacional buscó fomentar la equidad en aras de evitar los conflictos sociales dentro de los países que pudiesen suscitar cambios de gobierno contradictorios a las políticas estatales norteamericanas capitalistas42.

3. La descripción y la cuantificación de la población como herramientas de construcción del “problema de población”: la formación en demografía Ahora bien, es necesario dar paso nuevamente a los folletos y pequeños manifiestos que publicó la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina durante sus primeros años en el trabajo sobre población (1965-1969), con el ánimo de proveer información demográfica básica a sus miembros y de establecer la utilidad de los estudios sobre el particular para demostrar la existencia del “problema de población” y la necesaria participación de la ciencia médica. Después de las publicaciones de los boletines sobre los primeros seminarios en demografía, se encuentran tres tipos de publicaciones importantes realizados por la División de Estudios de Población: textos educativos sobre entrenamiento en las variables demográficas y análisis del caso colombiano; folletos divulgativos sobre el “problema de población” con relación al desarrollo y a la modernización de las actitudes reproductivas y la traducción de varios artículos de la serie ‘Studies in Population / Family Planning’, publicación del Population Council. En todas estas publicaciones se manifiesta claramente el deseo de hacer público un problema mediante la utilización de variables cuantitativas que le otorguen precisión 41 DELGADO GARCÍA, Ramiro, op. cit., p. 10. El énfasis se encuentra en el original. 42 BERELSON, Bernard, “Family planning programs and population control”, en BERELSON, Bernard (ed.), Population: Challenging world crisis, Irvington-on-Hudson, Voice of America Forum Lectures, 1969.

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y veracidad y cuya evidencia, como se ha mostrado, se presente en las situaciones cotidianas de los médicos en las universidades colombianas43. El primero de los textos introductorios publicados por la Asociación es Introducción a la dinámica poblacional44. El libro es una adaptación y traducción del texto Teaching Population Dynamics y de otros textos demográficos clásicos. La edición en español del manual fue auspiciada por el Population Council -al igual que la edición en inglés- y realizada por Ascofame. En ésta se reemplazaron los ejemplos por cifras reales de la ciudad de Cali. Dicho manual fue diseñado para dar información histórica básica, proporcionar un vocabulario demográfico, proveer pautas para análisis demográfico y posibilitar la participación en el análisis. Igualmente, se propendía aún más por la estandarización de la forma de aproximarse al “problema de población”, con el fin de obtener resultados válidos en términos de política. De esta forma, se buscaba el establecimiento del adiestramiento y de la formación en los estudios demográficos como herramientas que posibilitaran el camino hacia el cambio social. Así, en sus páginas introductorias, esta publicación refería lo siguiente: “Estos nuevos cambios demográficos [los de los países en desarrollo] están ocurriendo en un mundo en el que los gobiernos intervienen sobre la economía y sobre los procesos demográficos básicos como son los nacimientos, las muertes y la migración, mucho más de lo que lo hacían cuando ocurrió la anterior transición [...] si no se logran mantener los nacimientos y las muertes dentro de límites manejables, se instaurará de nuevo el tremendo patrón de control de antes: las guerras, las invasiones, la hambruna, las epidemias, las enfermedades y el genocidio”45.

Esta referencia estipula las posibilidades de alterar las variables demográficas a través de acciones y políticas públicas como un hecho no solo factible, sino indiscutiblemente necesario. Tal necesidad, en segundo término, está justificada en la aparición de controles que podrían calificarse de tipo maltusiano y que están asociados con un manejo irracional, guiado por la naturaleza misma de los instintos humanos de supervivencia y ubicado dentro de un sistema tradicional de producción. Se ha señalado comúnmente que las predicciones de Malthus sobre el control poblacional del hambre y sus consecuentes derivaciones de conflicto y enfermedad, fueron superadas en Europa occidental por la revolución tecnológica e industrial del siglo XIX. Por ende, la apelación a un retorno a estos tipos de control estaría asociada a un regreso a la época “oscura” del tradicionalismo antes de la “entrada triunfal” del ámbito de la economía moderna industrializada. Luego, los países en desarrollo se 43 Por ejemplo, ver ASCOFAME, Estudios de planificación familiar, Bogotá, Ascofame - Population Council, 1968, Prólogo a la edición. 44 ASCOFAME, Introducción a la dinámica de población: Información demográfica básica, Bogotá, Ascofame, 1966. 45 Ibid., p. 19.

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encontrarían con el deber de alterar las variables demográficas por medio de elementos no directamente relacionados con la modernización que los suscitó en Europa, en aras de evitar otra caracterización más de sus economías y de sus sociedades como sistemas tradicionales de producción con las consecuencias que esto implica. La asociación con el tradicionalismo parecería casi una nimiedad en comparación con los desastres sociales y económicos que se suscitarían. Ante panoramas tan desoladores, la acción parecería un deber más que una opción. La publicación Algunas Estadísticas Vitales para Colombia muestra, como su nombre lo indica, las principales variables demográficas que dan cuenta de los procesos vitales de las poblaciones46. Para el período entre 1958 a 1964, la publicación presenta una tasa de crecimiento poblacional de 3.2%, lo cual manifiesta una tasa alta en comparación con las economías desarrolladas, que cuentan con tasas de natalidad inferiores al 2%. Se repite, entonces, la historia de transición del Primer Mundo del ámbito económico al ámbito reproductivo o demográfico. Esta parametrización correspondería, según Susan Greenghalgh, a un proceso de occidentalización del Tercer Mundo47. Adicionalmente, presenta un cambio en la tendencia de nacidos vivos, pues entre 1946 y 1966 esta cifra casi se duplicó. Por el contrario, las tasas de mortalidad muestran una tendencia a la baja. A partir de estas tendencias, la publicación daría cuenta del alto crecimiento demográfico y lograría hacerlo una realidad social y política, en la medida en que logra cuantificar el problema, establecer sus causas y delimitar las variables asociadas a las mismas. La cuantificación, entonces, como estrategia política, permite abstraer una realidad social de forma tal que pareciera obviar el componente subjetivo que la construye, a pesar de que la medición misma de ciertas variables implica ya una toma de posición frente al problema en cuestión. Luego, la comparación del crecimiento poblacional de diferentes momentos de la historia colombiana –tan disímiles entre sí, como el final del siglo XIX y mediados del siglo XX- logra el efecto de sobredimensionar la situación para legitimar la urgencia de la acción. Así, la cuantificación y, con ella, las posibilidades de estandarización y comparación, posibilita, como señala Theodore Porter, un ejercicio menos controversial en la acción sobre lo público48. La utilización de ciertas variables demográficas no sólo posibilita demostrar la existencia del problema a través de sus implicaciones socioeconómicas, sino que permite tener un conocimiento acerca de las variables que se entendían como determinantes y la forma en que se pensaba actuar sobre ellas. Así, se definían atributos que correspondían a dinámicas poblacionales ajenas a la acción individual, lo cual permite, según Porter, establecer una responsabilidad colectiva sobre la situación. La colectivización de la responsabilidad permite, además, no enfocarse sobre el individuo, sino ejercer técnicas de control que 46 ASCOFAME, Algunas estadísticas vitales para Colombia, Bogotá, Ascofame, 1967. 47 GREENHALGH, Susan, op. cit. 48 PORTER, Theodore, op. cit., capítulo 8.

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abarquen la totalidad, posibilitando economías de conocimiento y poder49. Esto no puede considerarse, entonces, como una eventualidad, ya que se empieza a dilucidar la importancia y la necesidad de influir sobre las motivaciones individuales y de pareja desde el punto de vista de la reproducción por medio de los condicionantes sociales. En ese mismo sentido, la publicación Algunos Elementos para un Diagnóstico Demográfico de Colombia presenta estadísticas sobre el crecimiento poblacional del país desde principios del siglo XX hasta el último registro censal (1964)50. Igual que en la publicación anterior, en ésta mantiene la idea de presentar una situación “objetivamente” -a través de la cuantificación de los cambios en la magnitud de población y de describirlos en términos de los cambios en variables sociodemográficas precisas- sin realizar un análisis sobre los datos mismos y sus implicaciones. La pirámide poblacional comparativa de los años 1938, 1951 y 1964, expuesta en el texto, muestra un aumento de la base de la pirámide en esos años, es decir, un crecimiento poblacional acelerado. Aunque la estructura poblacional y su representación gráfica en la pirámide de población constituyen un indicador excepcional de la distribución de la misma, éste se utiliza mayoritariamente para observar las relaciones entre población económicamente dependiente y población económicamente activa. Así que la elección de este indicador posibilita la obtención de una conclusión acerca de la presión que ejerce la población dependiente joven. De esta forma, se demuestra aquello que se planteó en los dos seminarios sobre demografía realizados en 196551: el crecimiento poblacional es problemático en la medida en que genera un país con una población mayoritariamente joven, lo cual se traduce en una gran presión por recursos económicos sin tener posibilidades similares de distribución de los mismos. Además de la distribución por grupos de edad, la publicación presenta la población colombiana dividida por niveles de educación y sexo. Como la educación es uno de los principales indicadores de modernización y desarrollo social y económico52, su utilización permite entrever un planteamiento de la relación entre población y desarrollo en términos de la ausencia de universalización en la educación como una muestra del “atraso económico” conviviente con una alta tasa de crecimiento poblacional. Luego, la escogencia de variables sociodemográficas explicativas permite una comprensión de las hipótesis a las que se apunta para visibilizar el alto crecimiento 49 El concepto de intervención sobre la población como una forma de economía de poder puede verse en FOUCAULT, Michel, Historia de la sexualidad I: La voluntad del saber, México, Siglo XXI Editores, 1998. 50 ASCOFAME, Algunos elementos para un diagnóstico demográfico de Colombia, Bogotá, Ascofame - División de Estudios de Población, 1968, p. 1. 51 Sobre las ponencias realizadas en los seminarios, ver ASCOFAME (ed.), en Boletín del primer seminario sobre demografía, Seminario sobre demografía, Sogamoso, Boyacá, Ascofame, 1965 y ASCOFAME (ed.), Boletín del segundo seminario sobre demografía, Segundo seminario sobre demografía, La Ceja, Antioquia, Ascofame, 1965b. 52 FLÓREZ NIETO, Carmen Elisa, op. cit., capítulo 2.

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demográfico como un “problema de población”. En la medida en que se caracteriza una relación entre población y posibilidades de desarrollo, el acelerado crecimiento poblacional adquiere su condición problemática en un contexto en el que la planeación y el desarrollo se entienden como caminos incuestionables hacia el bienestar. Por otra parte, los calificativos de “desordenado” y “ciego” con referencia al crecimiento poblacional implican la existencia de un crecimiento “ordenado” o racional, como lo expresaría el doctor Mendoza Hoyos. La existencia de esta posibilidad dentro de los límites de la ciencia y el desempeño médico a través de la planificación familiar va a convertirse en el elemento trascendental para generar una acción objetiva y científica; no sólo de aprehensión del problema, como se venía realizando hasta el momento, sino también de modificación de las variables de interés. Este último texto llegó a ser tan determinante e influyente que fue publicado tanto en la forma de folleto como se señaló anteriormente, como en la revista Medicina y Desarrollo de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina53 y en el Boletín de la Academia Nacional de Medicina54. Más aún, esta última emitió una declaración sobre su postura frente al problema demográfico que enfrentaba el país, utilizando el siguiente aparte del texto de Mendoza Hoyos: “La Academia Nacional de Medicina justamente preocupada por las implicaciones sociales y económicas del acelerado crecimiento demográfico de Colombia, considera que […] la libertad anhelada para decidir sobe el número de hijos supone equidad en la distribución de la información que debe ser necesariamente oportuna, objetiva, suficiente y eficiente y también equidad en la distribución de los servicios, cuya condición esencial es la que éstos sean accesibles”55.

La adopción de este texto por parte de dicho órgano consultivo del gobierno en materia de salud implica una aceptación del planteamiento del mismo en materia de la falta de libertad a la que está condicionada la población de bajos ingresos, tal como se menciona en el documento. Este argumento resulta trascendental para manifestar la intencionalidad, la voluntad y la capacidad de la comunidad médica de proveer dicha libertad a través de la prestación de servicios de salud, específicamente de servicios de planificación familiar. La declaración supone, entonces, que el difícil trayecto hacia 53 MENDOZA HOYOS, Hernán, “Acelerado crecimiento de la población: la necesidad sentida”, en Medicina y Desarrollo, No. 2, Bogotá, Ascofame, 1968, pp. 15-20. 54 MENDOZA HOYOS, Hernán, “Acelerado crecimiento de la población: la necesidad sentida”, en Boletín de la Academia Nacional de Medicina, Vol. 2, No. 10, 1966, pp. 1-3. 55 ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, “El Problema Demográfico”, en Boletín de la Academia Nacional de Medicina, Vol. 2, No. 15, Bogotá, Academia Nacional de Medicina, 1967, pp. 1-3.

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la solución de las implicaciones económicas, sociales y políticas que hasta ahora se han esgrimido en contra del rápido crecimiento de la población, se resolvería en la oferta de información y métodos de planificación familiar. Con la propuesta que se presentará a continuación, la comunidad médica se reivindica como actor legítimo desde el punto de vista científico. Los estudios demográficos que validaban la acción colectiva de esta comunidad, se convertirán en herramientas secundarias frente a la posibilidad de transformar actitudes y comportamientos individuales en pos de un control del crecimiento poblacional56. Por ahora, es necesario reseñar el papel que la divulgación científica tiene en la legitimación de la ciencia médica como el método efectivo de control. Señala, entonces, Mendoza Hoyos: “Este mismo plan nacional de salud tendrá que aprovechar los progresos de la fisiología, la difusión de los conocimientos y los nuevos conceptos filosóficos sobre la autonomía de las personas para que la población alcance un dominio consciente de la vida sexual y de su procreación. Nuestra historia demográfica tendrá que liberarse de la acción irracional de la fatalidad. Para ello es necesario que los organismos de salud conozcan y utilicen las investigaciones y los programas realizados por la Universidad colombiana al [sic] través de la División de Estudios de Población de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina”57.

Luego, es importante señalar que resulta algo contradictorio utilizar el concepto de autonomía tanto del sujeto como del objeto de la transformación social, que implica un efectivo control de la natalidad. Por una parte, se establece la autonomía como una característica constitutiva de los individuos en las sociedades en pos de la modernización, pero por otra, se busca generar dicha autonomía a través de las investigaciones y de los programas desarrollados por la comunidad médica. De nuevo, es ahí donde resulta indispensable ahondar en la construcción de un discurso sobre la racionalidad reproductiva que varía desde una necesidad sentida y expresa de las mujeres colombianas en ocasiones, hasta otras, cuando trabaja en pos de la construcción y la generación de una verdadera motivación por parte de las parejas hacia la reducción de la familia. El discurso y los planes de desarrollo, caracterizados por la importancia de la planeación, la atención hacia la solución los problemas sociales y la búsqueda de la transformación social en un sentido amplio de modernización, constituyen un escenario propicio para buscar mecanismos directos de acción sobre la sociedad. 56 La forma específica en que esto toma lugar no hace parte de los objetivos del presente artículo. Ver nota de pie de página número 21. 57 MENDOZA HOYOS, Hernán, Características generales de la población colombiana, Bogotá, Ascofame-Tercer Mundo Editores, 1967, p. 48. Las cursivas son mías.

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Dadas las características universalizantes del “problema de población” y la revolución anticonceptiva a nivel mundial como paradigma de solución desde el ámbito de la salud, la comunidad médica puede movilizar agentes nacionales e internacionales a través de la presentación estadística y demográfica del estado del país. Esta cuantificación de la realidad permite esgrimir la reproducción y el alto crecimiento demográfico como una actividad que requiere de intervención, en tanto desestabiliza el orden social por ser ella misma una actividad desordenada. Este tipo de descripción enfatiza el carácter urgente y alarmante de la situación, invocando, entonces, las medidas supuestamente inmediatas de los métodos anticonceptivos científicos y modernos. No obstante, la incorporación de estos métodos y los programas de planificación familiar dentro de los programas de salud, posibilitarán un debate entre el carácter modernizante de dichos métodos y la existente modernización que los demande.

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Reseñas LEÓN, Magdalena y RODRÍGUEZ, Eugenia (eds.), ¿Ruptura de la inequidad? Propiedad y género en la América Latina del siglo XIX, Bogotá, Siglo del Hombre-Pontificia Universidad Javeriana-Universidad CentralUniversidad Nacional-UNAM- UNCPBA, 2005, 303 pp. Las dueñas y sus derechos Margarita Garrido Otoya b El libro titulado con la pregunta ¿Ruptura de la inequidad? reúne un conjunto de artículos que revisan los códigos civiles y, en algunos casos, las prácticas en las nacientes naciones latinoamericanas en lo que respecta al acceso y control de la propiedad por parte de las mujeres casadas y, especialmente, de las viudas. Magdalena León y Carmen Diana Deere, socióloga y economista respectivamente, presentan la revisión de conjunto para América Latina en un juicioso artículo que corresponde a la tercera parte del libro. Los estudios de caso para México, Argentina y Costa Rica están a cargo de las historiadoras Silvia Marina Arrom, Blanca Zeberio y Eugenia Rodríguez, respectivamente; y una segunda parte dedicada a las viudas es tratada por las historiadoras Muriel Nazzari, Brasil y Christine Hunefeldt, Perú. La reseña reviste, por tanto, las dificultades que se derivan de un trabajo conjunto, puesto que cada una de las autoras tiene su propio lugar de enunciación y trayectoria de investigación, lo que implica diversas inquietudes, familiaridad con diferente tipo de fuentes, elaboraciones con énfasis diversos y una variedad de rutas de presentación. Aunque no podemos decir que el problema en todos los casos se aproxima de la misma manera, sí es claro que comparten preguntas, además de las principales categorías de análisis, a saber: género, clase, poder y propiedad. El artículo de Magdalena León y Carmen Diana Deere, cuyo trabajo conjunto ya es reconocido por su obra Género, propiedad y empoderamiento: tierra, Estado y mercado en América Latina , ofrece un panorama comparativo de los códigos en los aspectos más importantes relacionados con su acceso y control de la propiedad en catorce países durante el primer siglo republicano. Desde un marco conceptual definido por b Profesora titular, Departamento de Historia, Universidad de los Andes. mgarrido@uniandes.edu.co

1 DEERE, Carmen Diana y LEÓN, Magdalena, Genero, propiedad y empoderamiento: tierra, Estado y mercado en América Latina, Bogotá, TM Editores, Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, 2001.

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la capacidad de negociación de la mujer, las autoras examinan la potestad y régimen marital, la herencia, la separación de bienes y la libertad testamentaria, diferenciando los avances en la primera y la segunda mitad del siglo señalan con precisión los aspectos en los que los legisladores latinoamericanos fueron más autónomos y las reformas más radicales. Multitud de enfoques, tales como la reglamentación del matrimonio como sacramento o como contrato civil, el divorcio, la jefatura de familia, el régimen marital y las reglas de sucesión, los cambios con respecto a la dote, los gananciales, las capitulaciones son examinados siempre en el tiempo y desde la perspectiva de la mayor o menor capacidad de negociación femenina. El trabajo centrado en los aspectos normativos, les permite hacer comparaciones entre países, proponer una periodización general y una caracterización de los procesos en la región. El artículo de Silvia Marina Arrom deja traslucir la trayectoria de su autora, una de las principales y primeras investigadoras en este campo. Se centra en señalar los cambios críticos en el derecho privado y de familia en los códigos civiles mejicanos de 1870 y 1884, orientados por una tendencia liberal e individualista, que refleja los valores dominantes de las clases pudientes, en los cuales existe un consenso por encima de los partidos. No obstante, los beneficios para las mujeres e hijos son controversiales, pues aunque fueron triunfos del liberalismo y favorecieron al individuo masculino, redujeron la protección de la familia y del linaje. La autora señala agudamente la especial combinación de liberalismo y desigualdad de género. Mientras por un lado, la rebaja del límite para la mayoría de edad a 21 años y la patria potestad dada a la viuda y a la madre soltera sobre los hijos consagraron la importancia del individuo sobre la familia y la posibilidad de gobierno de la mujer, por otro, las disposiciones sobre gananciales y separaciones matrimoniales no terminaron con las diferencias entre cónyuges. Blanca Zeberio analiza la transición jurídica de la Colonia a la República en Argentina y defiende la hipótesis de que el Código Civil de 1871 buscó armonizar los intereses económicos de las familias propietarias con los discursos de la libertad individual. Así, aunque no significó una ruptura con la tradición, si comportó concepciones nuevas de propiedad, familia y matrimonio. La reglamentación de la herencia buscó, sobre todo, evitar el inmovilismo de las propiedades y para ello defendió la unidad del patrimonio matrimonial, la división igualitaria de propios y gananciales entre cónyuges, la preferencia por los hijos legítimos. Para Zeberio, como para Arrom, el Código dio contenido legal a prácticas que ya estaban ampliamente arraigadas. En este artículo, a diferencia de los anteriores, la autora se ocupa de las prácticas con respecto a la herencia, y establece diferencias entre pequeños y medianos propietarios rurales, y la élite de Buenos Aires. Eugenia Rodríguez Sáenz, en su trabajo sobre los derechos a la propiedad de las esposas en Costa Rica en el siglo XIX, sostiene que los cambios económicos y sociopolíticos estuvieron acompañados de procesos legales que, en el marco de unas reformas liberales, otorgaron a la mujer cierta igualdad formal ante la ley junto al

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mantenimiento de las condiciones de desigualdad en la realidad. Como en otros países, el Código de 1888 afecta la dote, las capitulaciones matrimoniales, la herencia y la patria potestad, y establece el matrimonio y divorcio civiles. La revisión de un corpus de inventarios sucesorios o mortuorios y demandas de divorcio civil y eclesiástico, en el que encuentra una cantidad creciente de denuncias entre 1850 y 1889, lleva a la autora a argumentar la participación activa de las mujeres en la lucha por los derechos de tutela antes de la Reforma de 1888, aunque después de este período la práctica parece haber declinado, como si la expedición del código, atiborrado de trámites, entorpeciera el ejercicio real de la tutela. Los artículos sobre Brasil y Perú se centran en aspectos de las prácticas en lo que atañe a los derechos de las viudas. Muriel Nazzari presenta interesantes casos de disputa sobre derechos y procedimientos con respecto a las viudas británicas, dadas las diferencias en los códigos y costumbres entre su nación de origen y su lugar de residencia. El artículo de Christine Hunefeldt se diferencia de todos los demás al centrarse no en lo que las viudas recibían, sino en lo que legaban en sus testamentos. Construye patrones sobre la designación de albaceas y sobre los beneficiarios de las viudas, tipología de los bienes testados y el número de hijos vivos, todos los cuales permiten ver los cambios efectuados en esa época. Además, como Nazzari, presenta algunos llamativos casos particulares. Estos trabajos invitan a consideraciones comparativas entre las prácticas lusitana e hispana en tan diferentes coyunturas políticas con respecto a las metrópolis en el siglo XIX. La contribución que los diferentes trabajos de este libro hacen a la historia de los derechos de las mujeres es extraordinaria y de hecho constituirá un referente obligado de trabajos posteriores. El foco es claro: los derechos de propiedad, especialmente de mujeres casadas, y las autoras con sus variadas estrategias de aproximación confluyen para enriquecer el panorama general tan juiciosamente construido por León y Deere. Todas coinciden en ocuparse ante todo de los códigos, con énfasis variados en su proceso de producción (sopesando condiciones e intereses económicos e influencias jurídicas) y en su relación con las prácticas. Los casos estudiados; México, Argentina y Costa Rica revisten diferencias. Los análisis llevan a reconocer más similitudes en las fuerzas “externas” a las que estas sociedades estuvieron sometidas, a saber, el poder colonial con la regulación del Estado español y la Iglesia católica, y el siglo XIX con la influencia capitalista y la ideología liberal individualista, que las semejanzas y diferencias en los procesos de construcción de Estado y nación en el primer siglo republicano. La impresión general es que cada país escogió opciones particulares dentro de un repertorio común de ofertas legislativas en circulación. No obstante, en cada artículo se puede percibir una cierta determinación de los alcances y límites impuestos por las sociedades o lugares culturales desde donde se tomaba una u otra vía y, en algunos casos, el peso de la agencia de ciertos individuos.

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Es de notar con preocupación que aunque tácitamente se asume que la producción de los códigos civiles estaba completamente a cargo de los legisladores masculinos, sorprende la escasa alusión de las autoras al hecho de que las mujeres al no tener derechos políticos tampoco podían participar en las legislaturas, lo cual constituye un aspecto importante del condicionamiento de género en la esfera política. Las autoras señalan la lentitud y poco alcance de los cambios en la primera mitad del siglo XIX atribuyéndolas a la costumbre e inercia de las reglas de la sociedad colonial, y enfocan los que llaman cambios críticos o cambios progresistas de género, que se en las constituciones desde mediados del siglo. Con mayor o menor insistencia se preguntan por la agencia de las mujeres en pro de las reformas y, aunque todas aluden a los códigos como formas de legalización de tendencias que se venían dando y respuesta a nuevos intereses económicos, sólo para Costa Rica se señalan específicamente los reclamos individuales de las mujeres como formas de presión. Aunque todas las autoras en alguna medida se preguntan por los alcances de las reformas, sólo en el trabajo de Arrow aparecen críticas explícitas al liberalismo. En el conjunto de los trabajos, con énfasis distintos, parece haber cierta valoración de los procesos que historizan como progresivos, modernizantes y positivos y de las reformas liberales de los códigos, como liberadoras. La noción de cambios progresistas de género contribuye a atribuir una bondad indiscutible a la legislación liberal, es decir, un efecto liberador de la mujer; efecto que adquiere mayor brillo cuando es contrastado con el carácter de la Iglesia considerado per se como retardatario y con gran poder de control sobre las mujeres. Por un lado, me parece importante evitar caer en las representaciones decimonónicas de los partidos como bandos opuestos a la fe o a la razón. Por otro lado, también hay que desconfiar de la idea del progreso continuo en la historia de las mujeres. Creo que debemos plantear una crítica más de fondo, que parta de tener en cuenta que el Liberalismo, a pesar de su novedad, está articulado tanto con el cristianismo como con la Ilustración, ideologías que, desde el punto de vista de género, en lugar de excluirse, convergen. Esas ideologías comparten lugares de enunciación distantes de nuestras realidades, y comportan discursos sobre la mujer que, aunque distintos y distantes entre sí, resultan teórica y operativamente compatibles. La convergencia y la compatibilidad de estas ideologías podrían ser parte de la explicación de la especial combinación que las autoras han señalado en los códigos: medidas liberales e individualistas para fomento de la propiedad y medidas que refuerzan la condición subalterna de las mujeres. De ello se derivan tantas ambigüedades y la notoria mezcla de ganancias y pérdidas. Una perspectiva de lo que fue la modernidad católica y sus diferencias con la protestante, podría quizás contribuir a matizar estas presunciones. Las autoras son conscientes del valor pionero de sus trabajos y algunas de ellas señalan los campos que deberán ser cubiertos por investigaciones posteriores; una especie

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de agenda, no solo pertinente, sino importante y urgente. En ellas la pregunta sobre los efectos de las reformas es la más relevante.

MARÍN T., J. Iván y RUEDA E., J. Eduardo (eds.), Historia y sociedad en Cundinamarca. Aportes historiográficos y documentales de la vida política de lo público, Bogotá, ESAP, 2006, 407 pp. Aristides Ramos Peñuela ) Diversos aspectos sobre la historia de Cundinamarca fue el tema que convocó a un variado número de historiadores que se reunieron en la ciudad de Fusagasugá los días 22 y 23 de septiembre de 2004 y cuyas ponencias se encuentran reunidas en este libro. Cinco secciones organizan temáticamente la obra: “La Colonia en el proceso histórico de Cundinamarca”, “Historia y educación”, “Historias locales”, “Fuentes documentales para la historia de Cundinamarca” y “Estado y redes políticas en el siglo XIX”. Una idea de historia regional sobre Cundinamarca fue la perspectiva que animó a los editores a proponer un nuevo libro a la comunidad académica de historiadores. Eduardo Rueda nos recuerda, en la presentación que hace de esta obra, la idea de que Colombia es un país de regiones, sentencia que ha estimulado el estudio de diversos procesos históricos que el editor reconoce como historias regionales. Esta inveterada idea puede contener algo de paradójico. A pesar de este reconocimiento tan temprano, de Colombia como un país de regiones, considero que no se cuenta con suficientes estudios regionales en nuestras tradiciones historiográficas. Quizás una de las razones principales es que ni la historia académica ni la nueva historia se ocuparon de manera sistemática en este objeto de investigación. La primera por ocuparse de las grandes gestas históricas, fuente de patriotismos nacionales y la segunda, por su excesivo énfasis en historia colonial. Germán Colmenares al final de sus días advertía a los oyentes de sus conferencias cómo la historia colonial se resistía a un análisis regional1. Las razones dadas en aquel entonces y compartidas plenamente por historiadores latinoamericanistas explicitaban que en el contexto colonial latinoamericano difícilmente podríamos reconocer regiones y regionalismos claramente delineados. En esta perspectiva se plantearon importantes historias provinciales como las de Tunja,

) Profesor del Departamento de Historia de la Pontificia Universidad Javeriana. aristides.ramos@javeriana.edu.co

1 COLMENARES, Germán, “Región-nación: problemas de poblamiento en la época colonial”, en Revista de extensión cultural, Nos. 27-28, Medellín, Universidad Nacional de Colombia (sede Medellín), junio de 1991, pp. 6-15.

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de agenda, no solo pertinente, sino importante y urgente. En ellas la pregunta sobre los efectos de las reformas es la más relevante.

) Profesor del Departamento de Historia de la Pontificia Universidad Javeriana. aristides.ramos@javeriana.edu.co

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Santa Fe, Popayán y Antioquia. La escala de observación fue la jurisdicción. En ella se operaron procesos profundamente significativos en los ámbitos jurídicos, político administrativos, socioeconómicos y culturales, dando origen en el siglo XIX a diversas configuraciones regionales, que avanzaron de manera simultánea a los procesos nacionales de centralización política. De manera que la historia regional sigue siendo un campo abierto a nuevas investigaciones y perspectivas. Así lo entendieron los editores al plantear una primera sección titulada: “La colonia en el proceso histórico de Cundinamarca”, integrada por dos artículos. El primero de Rafael Díaz, “Rasgos de la esclavitud en la Cundinamarca colonial”, que destaca los principales aspectos de la esclavitud en la provincia de Santafé, síntesis de un trabajo mayor que el autor publicó en el año 20012. Sin embargo, en este artículo, se sugieren nuevas perspectivas, tal como la de estudiar la cotidianidad y la cultura de los pobladores afrocoloniales tanto en la ciudad como en las haciendas de la provincia. Palenques y cimarrones en la provincia de Santafé no dejan de ser una importante revelación. El segundo artículo, “Las capillas doctrineras como espacios que facilitaron la evangelización colonial: La capilla del hato de Subia como estudio de caso” recoge los resultados de la investigación adelantada por Robert Ojeda sobre los complejos doctrinales de una hacienda colonial a partir de archivos privados. “La restauración del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario bajo la dependencia del estado Soberano de Cundinamarca (1861-1878)” y “El Colegio Mayor de Cundinamarca. Institución promotora de la Educación Femenina en Colombia (1946-1996)”, escritos por Fernando Mayorga García y Miguel García Bustamante respectivamente, integran la segunda sección. Se trata de dos historias posiblemente contrapuestas en torno a lo público y a lo privado. La primera como institución emblemática en la época colonial y la segunda, como un proyecto público de la segunda mitad del siglo XX. En el primer trabajo se estudia el impacto que el régimen republicano tuvo en la institución colonial que a finales del siglo XIX adoptó las constituciones nuevas, donde quedaron consagrados los principios filosóficos y educativos que aún orientan el proyecto educativo del Colegio Mayor. En el trabajo de García Bustamante se hace evidente cómo el proceso de modernización que se operó en el país en el siglo XX, alteró la condición social de las mujeres. Su vinculación al mundo laboral obligó al Estado a diseñar una institución que atendiera los nuevos requerimientos de formación de una población femenina, que estaba buscando nuevos espacios en el universo laboral. La sección “Historias locales” la integran dos ensayos: “Girardot: uno de los siete caminos” escrito por Mauricio Betancourt García y “Salubridad pública y el desarrollo urbano en Fusagasuga (1880-1970)”, escrito por Félix Raúl Martínez Cleves. El 2 DÍAZ DÍAZ, Rafael, Esclavitud, región y ciudad. El sistema esclavista urbano-regional en Santafé de Bogotá, 1700-1750, Bogotá, CEJA, 2001.

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primero consiste en el estudio de un proyecto vial que condujo al predominio urbano de Girardot. El tema es en sí importante en tanto que amplía la información para el estudio de un proceso de configuración subregional en Cundinamarca. En esta sección se debió incorporar el artículo “Obras públicas: desarrollo de caminos y ferrocarriles en el estado Soberano de Cundinamarca (1870-1886)”, escrito por Néstor Raúl Pinilla Mantilla, que hace parte de la sección “Estado y redes políticas en el siglo XIX”. Los artículos que se ocupan de los proyectos viales son importantes, puesto que ofrecen información valiosa para el estudio de los procesos de configuración de espacios económicos. Este tema conserva vigencia debido a que la historiografía económica sobrevaloró el proceso de construcción de espacios económicos nacionales, desconociendo las dinámicas regionales que lo antecedieron y que, en cierta forma, lo hicieron posible. El artículo sobre salubridad pública se inscribe en una nueva tendencia de investigación no asociada a las historias urbanas, sino al tema estatal. Este último se estudia a través de la política de asistencia pública, enfoque que en los últimos años se ha aplicado con muy buenos resultados. Prueba de ello es la tesis doctoral que escribió para Colombia la investigadora norteamericana Hayley Froysland de la Universidad de Virginia . La parte historiográfica del libro concluye con una sección titulada “Estado y redes políticas en el siglo XIX”. Hace parte de ella el artículo de Elías Gómez “Sociedad y partidos políticos en Cundinamarca en la segunda mitad del siglo XIX”. En este texto se plantea el problema del débil regionalismo cundinamarqués. Analíticamente dicho artículo se podría relacionar con el de Oscar Guarín “De la gloria de los muertos y la desventura de los vivos: La representación de los muiscas en la literatura del siglo XIX”, que hace parte de la misma sección. El enlace analítico se podría proponer en torno a las relaciones que la elite santafereña tuvo con su provincia y con las comunidades indígenas que habitaron en ella, y cómo esta relación condicionó el desarrollo de procesos económicos y políticos en Cundinamarca, específicamente en el siglo XIX. El artículo de Guarín analiza el sector de la elite santafereña que construyó simbólica y textualmente una imagen del indígena muisca con propósitos esencialmente criollos, y que para nada evitó el dislocamiento de los resguardos en el periodo republicano. Una historia regional comparada podría ofrecernos respuestas en torno al gran contraste de las relaciones que establecieron las elites de las ciudades del nororiente colombiano y de Medellín con sus respectivas provincias, con las que establecieron las elites de Popayán, Cartagena y Santafé. Estas últimas no potenciaron regionalismos fuertes en torno a sus provincias, como sí lo hicieron los antioqueños y los santandereanos. Esta problemática desborda parte de la conclusión que al respecto ofrece Elías Gómez en el sentido de que en Cundinamarca “no se consolidó una 3 Una síntesis del proyecto en FROYSLAND, Hayley, “Caridad, asistencia pública y moralizadores: el mantenimiento de un orden social paternalista y jerárquico en Colombia, 1850-1940”, en Memoria y sociedad, Vol. 2, No. 4, Bogotá, Revista del Departamento de Historia y Geografía de la Pontificia Universidad Javeriana, noviembre de 1997, pp. 153-159.

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clase dominante regional” (p. 293). No obstante, el artículo ofrece la posibilidad de conocer los mecanismos en la construcción de redes políticas y su intermediación con los poderes centrales. La sección finaliza con el ensayo “Guerras civiles y sociabilidad política en Cundinamarca (1870-1886)” del historiador Iván Marín. En él se aborda la compleja relación de guerra y sociabilidad política. La idea es indagar el tema de la sociabilidad en un escenario diferente a la plaza pública o a un medio diferente al periódico, que por antonomasia han sido el sitio y el medio donde se expresa y se lleva a cabo la sociabilidad política. Se reconoce en este trabajo la influencia intelectual que François-Xavier Guerra ejerce aún en nuestro medio académico. Adicional a los ensayos históricos, el libro contiene una sección dedicada a las “Fuentes documentales para la historia de Cundinamarca”, que agrupa ocho ensayos sobre igual número de fuentes consideradas significativas para la investigación histórica del Departamento. Se destaca especialmente la prensa como fuente primaria en la investigación histórica. Los tres artículos dedicados a ella trazan un interesante panorama de la estructura y los registros que definieron cada uno de los periódicos: El Diario de Cundinamarca, El Catolicismo y El Neogranadino. Los ensayos restantes se ocupan de los archivos, el patrimonio documental y las fuentes impresas para la historia del Departamento. Desde el punto de vista editorial el libro presenta dos problemas. En la tabla de contenido no figuran los autores. Las secciones propiamente historiográficas fueron abruptamente cortadas por la penúltima sección titulada “Fuentes documentales para la historia de Cundinamarca”, a la cual sigue la última, de ensayos historiográficos, llamada “Estado y redes políticas en el siglo XIX”. Aun así, el libro aporta conocimiento significativo para la historia de Cundinamarca y es una muy buena guía para todos aquellos investigadores interesados en la historia regional.

CALDERÓN, María Teresa y THIBAUD, Clément (eds.), Las revoluciones en el mundo atlántico, Bogotá, Universidad Externado de Colombia Taurus, 2006, 437 pp. La Independencia como ruptura Eduardo Posada Carbó T Por muchos años, la historiografía moderna parecía haber abandonado el campo de la Independencia latinoamericana. Hubo por supuesto notables excepciones. Y en T Investigador Asociado del Latin American Center, St Antony’s College, Oxford, Gran Bretaña, donde obtuvo su M.Phil. en Estudios Latinoamericanos y D.Phil. en Historia Moderna. posadacarbo@hotmail.com

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algunos países, como México, el interés por el período y sus actores se mantuvo -pero en otros, como en Colombia, las investigaciones sobre estos temas han sido más bien escasas: así lo advierten los editores en el prólogo de este libro-. En los últimos tres lustros, sin embargo, su estudio ha experimentado un gran renacimiento, acompañado de nuevas y estimulantes perspectivas. Parte de este renacer se debe a los trabajos de François-Xavier Guerra, cuyos significativos aportes son reconocidos aquí por Federica Morelli: ante todo, el haber “inspirado […] una serie de estudios sobre aspectos casi olvidados de la Independencia, como los lenguajes políticos, las primeras experiencias representativas o el nacimiento de nuevos espacios de sociabilidad política” (p. 92). El legado de Guerra es visible en algunos de los 16 capítulos que forman esta excelente colección de ensayos. No en todos, claro está. Una de las tantas virtudes del libro es acercar al lector a visiones sobre la independencia de diversas escuelas, originadas en las Américas y en Europa. En efecto, el fenómeno -¿los fenómenos?- bajo estudio abarca ambas realidades: de allí su título, Las revoluciones en el mundo atlántico. La mayoría de los capítulos está dedicada a examinar aspectos de la Independencia en Hispanoamérica, pero los hay también sobre los Estados Unidos (de Jack Green), Haití (de Bernard Gainot), Brasil (de Joao Paulo G. Pimienta), mientras que Federica Morelli reflexiona sobre el revisionismo historiográfico frente al “trienio republicano italiano” (1796-1799) y sus posibles lecciones. La Revolución francesa y los acontecimientos en España forman parte del contexto en que se desenvuelve la narrativa. Frente a Hispanoamérica, la premisa revisionista -estimulada por los trabajos de Guerra-, es considerar la Independencia como el resultado del vacío de autoridad que produjo la invasión napoleónica de la Metrópoli en 1808. El volumen abre con un ensayo de Jack Greene sobre los Estados Unidos -sede de la “primera revolución atlántica”-, un punto de referencia que debería tomarse más en cuenta al examinar los otros procesos de independencia en el continente. Hubo muchas similitudes. George Lomné, por ejemplo, propone identificar una afición por la antigüedad clásica republicana, que habrían compartido los padres fundadores de los nuevos países en las Américas, en el Sur y en el Norte. Sin embargo, los contrastes son quizás más significativos. Anthony McFarlane señala algunos, como el carácter más violento y prolongado de las guerras en Hispanoamérica. Hubo también diferencias entre las actitudes de los oficiales de los respectivos ejércitos imperiales: en Estados Unidos permanecieron más fieles a la metrópoli.

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Los tipos de guerra fueron, así mismo, distintos, con mayores variaciones regionales en Hispanoamérica, cuya “experiencia” fue, al final, “más complicada que la de las colonias británicas” (p. 186). Cuando estas últimas se independizaron, observa Greene, “cambió la forma pero no la sustancia de su gobierno” (p. 31). Greene describe unas colonias británicas donde ya existía una autoridad fragmentada en un medio social en el que las relaciones tenían “un matiz profundamente igualitario” (p. 26) -un argumento difícil de conciliar con la existencia de la esclavitud y las persecuciones contra los indios-. Pero el punto fundamental es que esa estructura social no sufrió con la Independencia. Greene destaca los notables grados de continuidad: “Los líderes de los postreros regímenes coloniales conservaron su autoridad durante la transición al republicanismo que crearon en 1776” (p. 32). La Independencia no alteró los contratos y derechos pertinentes a la propiedad: el “carácter revolucionario de la Revolución” (p. 20) se habría sobrestimado en los Estados Unidos. La expansión de la república hacia el oeste fue una “extensión de la expansión colonial” (p. 37). Una lectura desde los archivos nacionales, como lo propone Annick Lempérière, tal vez no sugiera que los contemporáneos -a diferencia de lo ocurrido en Franciapercibiesen los acontecimientos hispanoamericanos como “el advenimiento de un tiempo institucional originario” (p. 73). Allí muchas instituciones de la Colonia “quedaron en pie”. No obstante, la independencia de España marcó una ruptura extraordinaria, llena de novedades institucionales y de profundos efectos sociales que significaron enormes desafíos. “El cambio fue a veces brutal y siempre difícil y complejo” (p. 366), observan María Teresa Calderón y Clément Thibaud al examinar el tránsito de la majestad imperial a la soberanía republicana en la Nueva Granada: la construcción de una nueva legitimidad sobre bases intelectuales distintas. “La historia de esta dificultad” advierten-, “no es solamente un punto de erudición: contribuye a aclarar los problemas que encontró la nación colombiana para construir la república y la democracia en el pluralismo” (p. 373). Aunque hubo algunas continuidades en las prácticas jurídicas, Víctor Uribe Urán sugiere que los sucesos de la independencia originaron “una legalidad y una filosofía política verdaderamente innovadora, incluso revolucionaria” (p. 274). Uribe Urán reevalúa la “explosión” de constituciones escritas -documentos hasta entonces con muy pocos precedentes-, que “simbolizaban el surgimiento de un nuevo discurso legal” (p. 282). Y también revaloriza la irrupción del liberalismo, como la nueva filosofía política que le daba paso al ciudadano y al individuo, con su “discurso” que moldeaba la “esfera pública, y […] la forma de pensar y actuar tanto de la elite como

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de algunos sectores populares” (p. 275). El significado de esas primeras experiencias con el liberalismo en todo el mundo Hispánico es hoy objeto de mayor interés, y otros capítulos de este libro contribuyen a su mejor entendimiento. La relativa precocidad de su presencia -así como su corta intensidad-, es observada por Javier Fernández Sebastián. Una de las rupturas más drásticas con al antiguo régimen fue la adopción del sistema representativo, a partir de la convocatoria a elecciones para la Junta Central en 1809. Si bien estas primeras elecciones conservaron un carácter restringido, pronto la constitución aprobada en Cádiz en 1812 acogió un amplio sufragio, cercano al voto universal masculino. La naturaleza radical de esta medida expresa de por sí una profunda transformación en la forma de concebir las fuentes del gobierno. El carácter abrupto del cambio es quizá uno de los mayores contrastes con la experiencia de los Estados Unidos. En su ensayo comparativo, Juan Carlos Chiaramonti observa que “se puede argüir que la falta de […] prácticas representativas durante el pasado colonial, como sí la habían tenido los colonos angloamericanos es uno de los principales factores que explican ese prolongado fracaso de un régimen representativo” (p. 138), aunque no todo fue fracaso y los experimentos variaron de país en país. Ningún capítulo se detiene a examinar los procesos electorales durante el período de las luchas de independencia. Alejandro E. Gómez, sin embargo, muestra cómo los reclamos de igualdad ciudadana se expresaron muy temprano entre la población parda venezolana, influenciados por los eventos de Haití y favorecidos por las actividades de Francisco de Miranda. Cristóbal Aljovín de Losada analiza aspectos de la historia electoral del Perú post-independiente, que ilustran la ruptura del mundo republicano con el orden colonial. La diversidad de caminos electorales que siguieron los distintos países latinoamericanos no permite fáciles generalizaciones. En el Perú, sólo hasta la década de 1870 el liderazgo de los civiles parece irrumpir con alguna fuerza en un panorama electoral dominado por oficiales del Ejército. En cualquier caso, consolidar un sistema de gobierno estable, basado en las elecciones, fue un reto institucional de dimensiones extraordinarias. La consolidación del orden nacional tras la independencia -en uno y otro país, en el norte y en el sur-, enfrentó múltiples barreras. El mismo proceso de independencia en sus inicios tuvo claras connotaciones de guerra civil, como lo muestra el trabajo de María Luisa Soux sobre Oruro, en el Alto Perú, cuyas lealtades se dividieron entre Buenos Aires y Lima. La naturaleza de estos conflictos debió cambiar con la formación de nuevos estados independientes. En unos países, el caos inicial fue sofocado por regímenes dictatoriales, prolongados como el caso de Rosas en Argentina. En otros, la irrupción frecuente de rebeliones fue quizá la señal más clara de ese dificultoso tránsito hacia la vida independiente. Graciela Soriano, al examinar los significados de las “revoluciones”, señala un listado de las ocurridas en Venezuela a lo largo del siglo XIX. Fernán González cierra el volumen con un ensayo sobre las guerras civiles y

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la formación del Estado colombiano, entre 1839 y 1854, de cuyo recorrido sugiere algunas hipótesis sobre la configuración de los partidos políticos. Éstos, sin embargo, no se formaron sólo en su participación en esas guerras civiles: hubo desde antes importantes contiendas electorales que también los definieron, que perseveraron, y de manera más intensa, en las décadas siguientes (bajo sufragio universal masculino en 1856). En su conjunto, los capítulos de este libro son sugerentes de una ambiciosa agenda investigativa sobre un período fascinante que merece más atención por parte de la historiografía iberoamericana. Frente a las prontas celebraciones del bicentenario de la Independencia, esta valiosa publicación es además oportuna. Los editores enumeran algunos de los cambios más importantes producidos por las revoluciones del Atlántico: “La soberanía del pueblo, el gobierno representativo, la república, el ciudadano, las elecciones, las constituciones, el espacio público, el papel de la prensa y de las sociabilidades nuevas” (p. 15). El mejor entendimiento de cómo se desarrolló este mundo moderno en los distintos países exige abordar su estudio desde una perspectiva comparativa que este libro precisamente estimula. Y Y Y

NUÑEZ, Luz Ángela El obrero ilustrado. Prensa obrera y popular en Colombia 1909-1929, Bogotá, Ediciones Uniandes/Ceso, 2006, 230 pp. “Todos los hombres son intelectuales” Alexander Pereira Fernández U Después de leer el libro de la historiadora Luz Ángela Núñez es muy difícil que a uno no le pase a uno por la cabeza aquella famosa frase de Antonio Gramsci, según la cual “todos los hombres son intelectuales, pero no todos los hombres tienen en la sociedad la función de intelectuales”1. Con esta idea Gramsci no simplemente buscaba bajar del pedestal de semidioses en que se tenía a los letrados; ante todo, aspiraba a ensanchar el concepto de intelectual para demostrar que un obrero en su condición de ser humano es también un creador de ideas, o ¿acaso los oficios manuales no exigen igualmente el ejercicio del pensamiento? U Historiador (Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá). Agradezco a los miembros del Taller

Interdisciplinario de Formación en Investigación Social Umbra por los comentarios que hicieron para la realización de esta reseña, en especial a la historiadora Marta Herrera Ángel, Directora del Taller. pereirafernan@ yahoo.com 1 GRAMSCI, Antonio, Cuadernos de la cárcel, Vol. IV, México, Ediciones Era, 1986, p. 355.

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Con una noción de intelectual tan amplia, Gramsci distinguía a quienes cumplen en la sociedad la función especifica de intelectuales, es decir, aquellos que tienen como actividad producir contenidos ideológicos que generan coherencia y conciencia a la clase social a la que se hallan articulados. Defendía, en consecuencia, que todas las clases sociales establecen junto a ellas sus propios intelectuales; éstos serían los que llamaría intelectuales orgánicos. De ese modo, para Gramsci, de las filas de los trabajadores también podrían salir individuos que desempeñaran la función social de intelectuales, de intelectuales orgánicos de la clase obrera. El obrero ilustrado, producto de la monografía que Luz Ángela Núñez hizo para optar al título de Magíster en Historia en la Universidad de los Andes, es una investigación que trata exactamente de lo que su subtítulo enuncia: “Prensa obrera y popular en Colombia 1909-1929”. Las 230 páginas que componen el libro ofrecen una indagación que toma la prensa obrera como un actor social en sí mismo. Al analizar los periódicos obreros de esa manera, la autora defiende la tesis siguiente: afirma que estos órganos fueron instrumentos decisivos en la formación política y cultural de la clase obrera, en la medida en que, desde una perspectiva ilustrada, sus acciones estuvieron encaminadas a educar y organizar a los trabajadores. De la lectura entrelíneas que se podría sacar del texto, sale a relucir la validez histórica de la hipótesis de Gramsci en el sentido de que la clase obrera también puede producir sus propios intelectuales. Por lo menos eso queda claro si observamos que en los periódicos analizados quienes escribían eran en realidad personajes que se identificaban con la causa obrera o, en menor medida, obreros propiamente dichos. Creemos que es allí donde radica el merito principal del libro, ya que da cuenta de las características de unos órganos de propaganda que se autodefinían como portavoces del mundo obrero y del pueblo en general. Antes de los cuatro capítulos y las consideraciones finales que componen la obra, hay una sugestiva introducción trata sobre los conceptos y la metodología que orientan la investigación. En el intento de estudiar la prensa como un actor social, Núñez arma un enfoque que integra temas relacionados con los medios de comunicación, la política nacional y la cultura popular. Para tal efecto, emplea a François-Xavier Guerra al retomar sus apreciaciones en el sentido de que la prensa interactúa en la formación de culturas políticas. Asimismo, es Manuel Tuñón de Lara el que proporciona la metodología adoptada para interpretar las relaciones entre prensa, cultura y política. En cuanto al análisis de la ideología y la cultura, privilegia las nociones trabajadas por Gramsci, George Rudé, E. P. Thompson y Luis Alberto Romero. Autores que junto a otros como Guillermo Sunkel contribuyen con categorías flexibles a fin de comprender la llamada prensa plebeya, por usar el afortunado término de Jürgen Habermas del que también se vale Núñez. Con todo, aquí la novedad no estriba en el uso de tales autores, ya trabajados en su mayoría por otros investigadores, sino en la forma en que

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son recreadas sus ideas para comprender la producción periodística de los obreros colombianos en unas circunstancias especificas, como son las de principios del siglo pasado. Un ejemplo de lo anterior lo constituye el esfuerzo de Núñez por proponer una definición de prensa obrera y popular, partiendo del carácter de las publicaciones y del contexto socioeconómico del país. Explica que por prensa obrera y popular debe entenderse el conjunto de periódicos editados por trabajadores o líderes populares, un tipo de prensa que buscaba ser independiente de los partidos tradicionales y del clero, y que, además de promover un cambio social, intentaba funcionar como órgano de denuncia de la situación de los obreros y otros sectores populares. Puesto que tal definición toma en cuenta la identidad que compartían los escritores y lectores de dicha prensa -una identidad obrera en formación-, la autora advierte que en el contexto de la época la noción de obrero no correspondía al significado que le atribuye la economía política a partir del marxismo. Afirma que con el vocablo obrero se identificaban los artesanos, trabajadores asalariados e independientes, algunos intelectuales, campesinos y hasta pequeños industriales. Lo que aclara la necesidad de utilizar la noción de prensa obrera y popular, y no de prensa obrera a secas. A partir de estas consideraciones preliminares, la investigación va desenvolviéndose de manera fluida dentro de un análisis detallado que deja ver la claridad que la autora posee sobre el tema. El estudio arranca con una mirada a vuelo de pájaro sobre la situación material y cultural del país a principios del siglo XX. Ello con el fin de rastrear el modo en que el inicio de la modernización capitalista posibilitó la emergencia de nuevos sujetos sociales y, con ellos, innovaciones en las publicaciones populares. Se trata de novedades en la prensa, porque si bien desde mediados del siglo XIX existieron órganos de expresión de los artesanos, fue sólo con las transformaciones socioeconómicas y sociopolíticas que trajo el siglo XX que estos órganos cobraron una dinámica distinta. Eso sí dentro de una tradición heredada, en este caso la proveniente de la cultura política de los artesanos, que incluía radicalismo liberal, ideas de la Revolución francesa, del socialismo utópico, además de un entusiasmo por la prensa y por el texto escrito en general. Se observa, entonces, un proceso de mezcla y redefinición de la cultura política de los sectores subalternos, antes orientados por el artesanado y luego, en los años veinte, por una clase obrera en formación, que al igual que los artesanos en otros tiempos se siente representante del pueblo en general. Es por eso que en el período de irrupción capitalista que envuelve la investigación, quienes escribían, editaban, dirigían, distribuían y leían esta prensa eran los miembros de toda una amalgama de grupos populares que indistintamente se identificaban con el rotulo de obreros. En ese sentido, y en contravía de otras interpretaciones, afirma la autora que “el carácter externo del periódico respecto al obrero y a los sectores populares no era absoluto” (p. 35).

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La parte que trata sobre las características de los periódicos trae elementos hasta ahora ignorados. La autora logra ubicar 158 títulos entre 1904 y 1930, de los cuales tiene noticias gracias a la mención que de ellos se hace en las 68 publicaciones que halló y en una lista decomisada en 1928 al líder socialista Ignacio Torres Giraldo. Así, consigue indicar el tamaño, la periodicidad, el tipo de financiación, los colaboradores, la presentación formal y el promedio de duración de estos órganos. Y lo que es más, valiéndose de gráficas estadísticas logra establecer el número de periódicos que salían por año y los lugares de su publicación, entre otros aspectos, que relaciona analíticamente con la historia social del país. Lo anterior posibilita obtener interesantes conjeturas que ayudan a comprender aspectos culturales desconocidos de la manera en que fue construyéndose la clase obrera a escala local y nacional. Además, se mencionan detalles que facilitan imaginar los obstáculos que los trabajadores debían sortear para continuar su labor publicitaría. Por ejemplo, alcanzamos a enterarnos de que en momentos de precariedad económica algunos periódicos debían salir en “papel de envolver”. O, en otros casos, con el fin no perder lectores debido a las frecuentes demoras entre un tiraje y otro, anunciar que se trataba de un “periódico intermitente” o “sin fecha fija para su salida” (p. 39). Por no hablar de la situación de periódicos anticlericales que con todo y que habían sido excomulgados, publicitaban ventas de zapatos para curas párrocos. Claro que en este caso no se sabe quién salía perdiendo más, si el prestigio del zapatero o el de periódicos, los que se ufanaban de haber alcanzado la excomunión. En lo referente a la forma en que estos impresos contribuyeron a forjar una sociabilidad política entre los sectores populares, la autora describe una variedad de actividades vinculadas al proceso de edición, publicación, distribución y lectura de la prensa. Siendo creativa con las fuentes, muestra cómo los periódicos sirvieron de punto de encuentro y de irradiación de ideas en el interior del mundo obrero y popular. Indagando por esas actividades, la lectura del libro nos va sumergiendo por los vericuetos de las oficinas de los periódicos, las sedes obreras, las cantinas y las chicherías. En esos espacios de sociabilidad encontramos personajes curiosos, propios de la picaresca popular, como aquellos niños que hacían de Correo Rojo, de correveidile, llevando y trayendo razones entre grupos socialistas, vendiendo periódicos y hojas volantes. Vemos, entre otros, a la mujer del fantasmagórico Biófilo Panclasta, Julia Ruiz, una ex hermanita de la caridad quien aparte de escribir artículos para la prensa anarquista hacía de médium en severas sesiones de espiritismo para ganarse la vida y apoyar las actividades políticas de su marido. Puesto que los objetivos básicos de esta prensa eran los de educar y organizar políticamente al pueblo, actividades vinculadas con la creación de bibliotecas, difusión de conferencias, espectáculos públicos y otras tareas culturales hicieron parte de sus preocupaciones. A ellas les fueron dedicados amplios espacios en la prensa en el intento de construir un público obrero ilustrado. “Andar con la sonrisa en los labios

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y el periódico en el bolsillo” (p. 79) era la consigna feliz de un impreso de 1916, que al igual que sus congéneres entendía su labor como civilizadora y redentora. Y no era para menos en un país con grandes masas analfabetas, donde las elites basaban parte de su prestigio en el conocimiento de la gramática, y la palabra escrita tendía a ser reverenciada. La imprenta, el periódico y el periodista, nos dice Núñez, podían ser comparados a la Santísima Trinidad en los espacios politizados del mundo obrero y popular. Otro aspecto esencial del libro es el relativo a la manera en que la prensa plebeya fue abriéndose paso en medio de la apretada órbita de la política bipartidista del país. En la situación de exclusión en que se hallaban lo sectores populares, sus publicaciones no sólo sirvieron para alcanzar un reconocimiento social, sino que también introdujeron nuevos temas en el debate público y nuevas interpretaciones para los asuntos de siempre, destacando así la opinión de algunos grupos populares emergentes. A su vez, como centro articulador de la política y la cultura subalterna, esta prensa fue haciéndose más compleja al transformarse dentro de un proceso social que posibilitó el surgimiento de diversas orientaciones ideológicas. Sin tratarse de un movimiento cronológico-lineal, de una prensa artesanal-obrerista que salía simultánea a otra radical, desde 1918 fue sumándose la socialista-revolucionaria que convivía, no sin tropiezos, con otras de tipo anarquista. Probablemente la parte medular del libro se halla en su último capítulo, sin duda el más brillante, titulado “Imágenes, símbolos y discursos en la prensa obrera colombiana”. Allí se aborda la labor pedagógica que desempeñaron los periódicos al construir la imagen de un obrero ideal, con una perspectiva de base fundada en la ciencia, la razón y el progreso. Es decir, desde una matriz racional iluminista venida de afuera, pero que en todo caso para ser adoptada debió pasar por los filtros de las tradiciones y de las experiencias de una densa cultura popular. Desde esa perspectiva, y en esto coincidían las diversas orientaciones ideológicas de los periódicos, se difundía la idea de un obrero ilustrado, con conciencia de clase, racional, temperante, etc. Un obrero que debía ser la más alta expresión de lo popular. Sin demeritar el trabajo de Núñez, quizá su mayor debilidad procede de no haber profundizado en el problema de la representación de lo popular en la prensa obrera. Como queda dicho, los periódicos fueron construyendo la imagen de un obrero ejemplar, de un obrero ilustrado, que se suponía el representante más acabado del pueblo. Pero, ¿cuáles eran los problemas que comportaba esa representación de lo popular a través de la simbología y el discurso político de un obrero ideal? La anterior no es una pregunta baladí si somos conscientes de que la representación de cualquier sujeto social conlleva una mediación política. En efecto, Núñez corrobora que ciertas ideologías contribuyeron a afianzar la imagen de ese obrero ideal, al respecto escribe: “A medida que la influencia del movimiento socialista internacional entraba al país, se busca posicionar el modelo del obrero industrial y promover una identidad

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obrera basada en unos valores y una ideología política que se asociara a este tipo de trabajador” (p. 151). Por más que estemos de acuerdo cuando Núñez afirma que la difusión de ese arquetipo de obrero contribuyó positivamente en la propagación de ideas políticas en el interior del pueblo, no creemos que haya sido tan positiva a la hora de representarlo como era en realidad. Al referirse a la identificación que las publicaciones hacían entre ‘pueblo’ y ‘obrero’, existe una tensión entre ambos vocablos, incluso advierte que la noción del obrero ideal al ser equiparada a la de pueblo termina por no representar a ciertos sectores populares. Sin embargo, no ahonda en el problema; como si temiera encontrar una herida en los periódicos sigue adelante y no se detiene a indagar por los mecanismos políticos que impiden que algunos sujetos populares puedan ser representados de una manera más cercana a lo que en verdad eran. De esa manera, al no meter el dedo en la llaga la autora termina por descartar un análisis sobre las dificultades que tenían los periódicos para hacer escuchar la voz silenciada de un pueblo de carne y hueso. Simplemente describe cómo la imposición de la imagen del obrero ideal tendía a ocultar en ciertas ocasiones el rostro cotidiano de algunos sujetos populares, pero nada más. Por poner dos casos extremos, encontramos que a la hora de representar al pueblo desde la óptica del obrero ilustrado había periódicos que lo mostraban como bárbaro e ignorante y otros que lo idealizaban, mostrándolo bueno, laborioso, honrado, pobre e ingenuo. Desde ese mismo enfoque, que suponía una especie de dicotomía bipolar, existían publicaciones que se referían a la mujer en los siguientes términos: “Con razón se ha dicho que las mujeres no tienen alma. La razón es que son orgullosas hasta lo incalificable, lo que denuncia una pequeñez intelectual que da grima” (p. 185). Y desde el polo opuesto se decía de ella: “[...] de la arcilla que es la crisálida del ángel, saldrá la mujer ilustrada que en vuelo majestuoso se remontará a lo sublime en busca de la verdadera gloria”(p. 185). Afortunadamente también se encontraban mujeres que hablaban por su propia cuenta y riesgo, como aquella barranquillera anarquista que en 1925 decía en un periódico: “Yo, aunque también con pocos conocimientos, pero sí llena de rebeldías, hago un llamado a la mujer, pues ha llegado la hora de impedir que el hombre nos lleve como instrumento ciego al antojo de su voluntad e inspiremos en él tan poca confianza”, y agregaba a voz en cuello: “¡Guerra a la ignorancia, viva la revolución social!” (p. 188). Como puede observarse, el discurso del obrero ideal estuvo condicionando la representación de ciertos sectores populares. Da la impresión que la idealización de un sujeto social como el obrero moderno llevaba a distorsionar a un pueblo heterogéneo, el que en todo caso estaba lejos de ser bueno o malo. Es evidente que las corrientes políticas que orientaban los discursos periodísticos (llámense radical, socialista, anarquista, etc.), sirvieron para que estos órganos se sintieran portadores de una promesa hacia el futuro y, por lo tanto, para que intentaran hablar por el mundo

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popular, pero sólo a través de una sola voz: la del obrero ilustrado. Frente a esa situación, se impone la hipótesis siguiente: en la medida en que la prensa iba asimilando las nuevas ideologías revolucionarias, las posibilidades de representar la diversidad de lo popular tendían a complicarse. Si ello es cierto, entonces cabría preguntarse: ¿cuáles son los intereses ideológicos que condicionan ésta o aquella representación del pueblo? Es curioso, pero por lo menos en el caso de la representación de la mujer pareciera que la ideología anarquista era más favorable para su visibilización real. Asimismo, es correcto pensar que el discurso socialista con su representación del obrero ideal tuvo más dificultades para expresar a grupos populares como los indígenas o los negros, por no hablar de las prostitutas o los delincuentes. Más allá de la crítica anterior, que sólo es un ‘rasguño’ teniendo en cuenta el carácter de la obra en general, consideramos que el trabajo de Núñez merece ser aplaudido. El estilo es sencillo y directo; la argumentación empírica y la reflexión teórica son admirables. Es muy difícil dar cuenta de un libro y peor aún si es a través de una reseña; definitivamente hay que leerlo. Y merece ser leído. Luz Ángela no es lo que se llamaría una joven con buen potencial de investigadora, su estudio la muestra ya como una excelente historiadora. Mientras tanto nosotros quedamos satisfechos con haber corroborado históricamente la validez de la ya citada idea del gran Gramsci, cuando afirmaba: “Todos los hombres son intelectuales, pero no todos los hombres tienen en la sociedad la función de intelectuales”.

AYALA DIAGO, César Augusto, El populismo atrapado, la memoria y el miedo. El caso de las elecciones de 1970, Medellín, Departamento de Historia, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia, La Carreta Editores, 2006, 319 pp. Jairo Estrada Álvarez v El populismo atrapado, la memoria y el miedo. El caso de las elecciones de 1970 tiene como propósito principal examinar el proceso electoral que culminó con la derrota el 19 de abril de 1970 del máximo líder de la Alianza Nacional Popular, Gustavo Rojas Pinilla, a manos del candidato del Frente Nacional, Misael Pastrana Borrero. Más allá del episodio sobre el fraude en ese evento electoral, de su mayor o menor demostración documentada, que también es abordado por Ayala, lo que al autor le interesa es “describir, analizar y poner a pensar al lector” en el proceso electoral que a su juicio condensaría “toda la historia del siglo XX” (p. 14). Las elecciones de 1970 estarían plagadas de muchos significados. Sobre todo, por el hecho de que por primera vez, v Profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia. jhestradaa@unal. edu.co

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de manera incontrovertible, se ponía en cuestión -mediante el proyecto populista de ANAPO- la ancestral dominación bipartidista, cuya expresión era la fórmula política del Frente Nacional. Ayala recorrerá en el Populismo atrapado un camino de doble vía. Por una parte, dará cuenta del complejo y diverso proceso de producción del discurso y de las narrativas anapistas (considerados los actores y las regiones) hasta erigirse en un discurso populista polifónico con opción real de poder. Por la otra, mostrará igualmente las estrategias de preservación del poder por parte de la coalición bipartidista, desde la construcción del enemigo anapista en cabeza del dictador Rojas, acompañada por una política de disposición y socialización del miedo a través de los medios masivos de comunicación y del uso instrumentalizado y sesgado de la memoria histórica, hasta el expediente autoritario de recorte de las libertades civiles y políticas, con una nueva declaratoria del estado de sitio, el “régimen de excepción” permanente del Frente Nacional. Desde el punto de vista historiográfico la obra no permite una fácil clasificación. Aunque a primera vista se trata de un libro de historia política, la “más completa y detallada sobre la vida política del país en los años sesenta que se ha escrito”, según Herbert Braun, historiador estadounidense que prologa el texto (p. 11), Populismo atrapado también podría ser considerada una obra multifacética con evidentes elementos de historia de la cultura política colombiana, de la producción del discurso anapista, de historia del pensamiento social y político (de la ANAPO) y aun de historia de la protesta social urbana. Ese carácter multifacético de la obra es sin duda una de sus más destacadas virtudes. Desde esa perspectiva, el libro contribuye a un entendimiento amplio y profundo de ese período de la historia de nuestro país, arroja nuevas luces para mejorar las caracterizaciones sobre el régimen político de democracia restringida del Frente Nacional y resaltar los rasgos civilistas de nuestra cultura política (a través de las luchas de la ANAPO). De igual manera, Populismo atrapado aporta a la comprensión del proceso histórico de la oposición política en Colombia, muestra a la ANAPO como un caso ejemplar, una especie de ‘frente nacional de los excluidos’, que logró una amplia movilización social, a pesar de sus evidentes conflictos internos y de su discurso difuso cargado de promesas sociales, y de una no muy clara tercería entre capitalismo y socialismo. La obra de Ayala consta de un prólogo del historiador estadounidense y colombianista Herbert Braun, ocho capítulos, una sección de conclusiones, otra de bibliografía y contiene, además, una parte de anexos documentales. El populismo atrapado no cuenta de manera explícita con un marco teórico ni con un cuerpo categorial de análisis previamente definido. Su capítulo introductorio cumple en parte esa función, aunque anticipa más bien aspectos del análisis, propios del objeto de estudio abordado por el

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autor a lo largo de la obra. Independientemente de esta consideración, la preocupación central del Ayala se ubica, desde el punto de vista teórico, en la pregunta por la memoria y su función social en la historia, a partir del examen efectuado a las elecciones del 19 de abril de 1970. Aunque también podría decirse que el interés de Ayala se refiere a las condiciones históricas de la producción y al análisis del discurso populista de la ANAPO, entendidos como producto de un pasado y un presente históricos (éste, el del proceso electoral estudiado por el autor). Si se asume que allí radican las preocupaciones teóricas, los principales referentes de Ayala se encuentran, por una parte, en Mijail Bajtin, Maurice Halbwachs y Paul Ricoeur, en lo relacionado con la problemática sobre la memoria histórica, sin que haya en todo caso una presentación sistemática de sus tesis y de su utilidad para la investigación (la referencia a estos autores transcurre en dos párrafos (p. 15). Por la otra, se trata de Roland Barthes con su noción de mito, y de Teun van Dijk en relación con su entendimiento de las “ideologías como creencias básicas de los grupos socialmente compartidas” (pp. 3233). También en este caso, los seguimientos teóricos son muy breves. El hecho de que Ayala no explicite un marco teórico no debe llevar al equívoco de que el libro carece de propuesta teórica. En el estilo de Ayala la narración histórica es cargada de manera reiterada con consideraciones teóricas, que van apareciendo en la medida en que se desarrolla la trama. Lo que se extraña es la presentación sistemática de la propuesta teórica. Este aspecto es particularmente notorio respecto de la categoría analítica de “populismo”. El autor queda en deuda con el lector en relación con su entendimiento teórico sobre el “populismo”, fenómeno éste que además de tener muchas definiciones también se caracteriza por la indefinición; con la excepción, tal vez, del texto reciente de Ernesto Laclau, La razón populista1, en el que se aborda una construcción teórica de la categoría. Nuevamente, no significa ello que Ayala no posea una teoría sobre el populismo. De hecho su producción historiográfica se ha ocupado en gran medida de ese fenómeno. Lo que sucede en El populismo atrapado es que se da por sentada una definición de populismo que no se explicita; tampoco se muestran las especificidades del populismo anapista respecto de otras experiencias en América Latina (salvo esporádicas formulaciones). Sí señala Ayala que en el caso de la ANAPO se transitaría “de un populismo político-ideológico […] a uno más ideológico que político” (p. 20). Según Ayala, con las elecciones de 1970 se estaría frente al proceso electoral más importante del siglo XX. Tal aserto se sustenta no sólo en el hecho de que además de las elecciones presidenciales se realizaban elecciones para todas las corporaciones públicas, sino que además se presentaba la probabilidad de un quiebre en las formas de dominación del Frente Nacional, del desmonte del régimen político de democracia restringida (y de “estado de excepción” permanente), dada la irrupción histórica de una opción real de poder: la ANAPO. 1 LACLAU, Ernesto, La razón populista, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2005.

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Aunque Ayala no acoge la categoría analítica de clases sociales, sus consideraciones -a lo largo de la obra- sobre el uso de la memoria denotan que en el proceso electoral objeto de estudio, se pusieron en escena, cuando menos, dos lecturas históricas de la memoria. Una, aquélla de las clases subalternas que pretendía construir una línea de continuidad entre los años veinte, las movilizaciones populares de los treintas, el gaitanismo de los cuarentas, la “otra cara” de la dictadura en la década de 1950 y el movimiento de la ANAPO en los años de 1960. La otra, aquélla de las clases dominantes que cuestionaba los tiempos de la dictadura de Rojas, como experiencia a no repetir y, desde ahí, construía una particular (cínica) lectura de la democracia colombiana. De Ayala se aprende igualmente, de manera rigurosa y documentada, cómo se usa (o manipula) la memoria histórica con fines políticos. En el proceso de producción del discurso y en la construcción del proyecto anapista, sectores intelectuales provenientes de diversas vertientes y de diferentes entendimientos de la política ocuparon un lugar central. Ayala no duda de su contribución a la cualificación teórica del proyecto anapista, a la “sintonía” que se produjo con los discursos tercermundistas, antiimperialistas y nacionalistas entonces en boga, especialmente en los países de la llamada periferia capitalista (aunque siempre en distancia frente al discurso de la izquierda radical, comunista, en sus diversas vertientes). También se trata de su contribución a la movilización popular, a la escenificación de la política en la calle. De su “ida al pueblo”. No obstante lo anterior, el papel de estos sectores intelectuales no deja de sorprender. Al tiempo que se tenía un discurso mucho más cualificado que el del General, también eran claras las relaciones de subordinación frente a éste. Esa pérdida de independencia se expresó claramente en la actitud vacilante -y en la aceptación de la posición de Rojas Pinilla- frente a los resultados electorales del 19 de abril, lo cual se constituyó en otro factor de desmovilización de la protesta popular. En ese sentido, les cabe -a estos sectores- una gran responsabilidad en la derrota del movimiento anapista. El movimiento anapista logró consolidarse como un proyecto multiclasista de unidad popular desde abajo, nacido más de las circunstancias históricas que de una estrategia política deliberada (p. 159). Se trata de un movimiento que se fue haciendo en el camino, y cuyo discurso se fue produciendo en ese mismo sentido. De ahí su carácter polifónico. Sobre las voces de la ANAPO pesaban más las preocupaciones por un enemigo común, el régimen del Frente Nacional, que las diferencias de sus discursos diversos, contradictorios entre sí, si se consideraran desde un sentido estrictamente teórico y aún programático. Ello explica por qué la ANAPO sería el espacio de encuentro de liberales, conservadores, emerrelistas2, lauroalzatistas3, hombres y mujeres sin partido, jóvenes, intelectuales, etc., que hicieron su frente nacional a 2 Se trata de sectores de la militancia del Movimiento Revolucionario Liberal desencantados con la incorporación de Alfonso López Michelsen en el sistema del Frente Nacional. 3 Se trata de sectores de seguidores de Laureano Gómez y de Gilberto Alzate Avendaño.

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su manera, no como el proyecto excluyente de las elites dominantes. La figura del General cumplía la función de buen componedor, de “anciano sabio” (sin serlo), del justo medio, que llamaba de manera reiterada a la moderación. El carácter populista del movimiento resulta no sólo de su propuesta programática, en todo caso no antisistémica; también de sus prácticas, de sus formas de organización, de la manera como en el camino va “construyendo el pueblo”, guiado por un líder que -sin representar la vehemencia, la pasión y cierto histrionismo propio de los líderes populistas- lograba concitar un masivo respaldo para la movilización popular. El carisma de Rojas sería muy particular; como lo hace recordar Ayala, el General lograba, incluso, arrodillar a sus seguidores en las plazas públicas para jurarle fidelidad. El populismo de la ANAPO será, en todo caso, un populismo urbano, que recoge la memoria de la escenificación de la política en la calle y los productos de la conflictividad del desarrollo capitalista de las décadas precedentes. La experiencia populista de la ANAPO contraría algunas tesis sobre la naturaleza violenta de los colombianos, sobre su inclinación a la solución de los conflictos por las vías de la fuerza. Ayala hace hincapié en el carácter esencialmente civilista del anapismo y demuestra, más bien, que han sido las elites dominantes las que han recurrido al uso de la violencia y al recurso autoritario para garantizar la preservación de su poder. En ese sentido, el texto de Ayala es muy útil para un entendimiento de nuestro presente. La activación de dispositivos de producción de discursos para contrarrestar las fuerzas opositoras, la orquestación de verdaderas campañas a través de los medios de comunicación, antes como ahora, siguen cumpliendo las mismas funciones de legitimación y de dominación. Tratándose de una obra de gran valor politológico, sociológico y antropológico social, el libro no deja de ser esencialmente histórico. Ayala no ahorra esfuerzos en demostrar el oficio y el arte del historiador. El populismo atrapado es un texto hecho con base en una cuidadosa y exhaustiva revisión de fuentes primarias y secundarias, que le dan consistencia y rigor. En particular, debe destacarse el esfuerzo de Ayala por reconstruir y sistematizar el discurso populista de la ANAPO, así como los eventos en torno al proceso electoral de 1970 a partir del examen a las fuentes producidas por la misma organización política, pero también por los militantes anapistas; igualmente, merced al seguimiento a los Anales del Congreso, a la “gran prensa” de las principales ciudades y a algunas publicaciones regionales de las fuerzas opositoras, especialmente del departamento de Santander (El Trópico de San Vicente de Chucurí y El Momento de San Gil), y a muchas otras publicaciones periódicas que aparecen referenciadas en la sección bibliográfica. A ello se le adiciona la revisión de los archivos personales del dirigente anapista Hernán Vergara, así como las entrevistas con dirigentes de la ANAPO, entre ellas la realizada a Ignacio Vives Echeverría4. Esto 4

Esta última, así como la inédita carta de Hernán Vergara a Gustavo Rojas Pinilla (publicadas en los anexos) se

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se vuelve a mencionar en el siguiente párrafo. El trabajo de Ayala en este sentido merece el mayor reconocimiento; la contribución a la reconstrucción de la memoria histórica, en especial aquélla de los movimientos políticos distintos al bipartidismo, es inobjetable. El uso exquisito de las fuentes le permitió a Ayala elaborar una trama y desarrollar una narración, que sin perder su carácter de historia y sin menoscabar la “objetividad admirable” que sorprende a Braun (p. 11), hace de El populismo atrapado una obra de amena lectura, que por momentos pareciera trasladar al lector al terreno de la novela histórica. No obstante lo anterior, debo señalar un aspecto que a mi juicio merecería una mejor atención en el uso de las fuentes. Me refiero a que hubiera sido deseable un mayor diálogo de Ayala con la historiografía que se ha producido sobre el período objeto de estudio. Si bien es cierto que ésta aparece referenciada en la sección bibliográfica, en el texto mismo -salvo algunas excepciones- no se deja traslucir el uso que hace de ella, bien sea para distanciarse o para acogerla como parte de su argumentación. El asunto se torna importante si se considera que buena parte de la historiografía no logra desprenderse de los tintes partidistas, especialmente liberales, o frentenacionalistas. Un reclamo se le puede hacer a la obra de Ayala: la desatención de un análisis del contexto económico bajo el cual se desenvuelven los acontecimientos. Esa perspectiva hubiera enriquecido, sin duda, la investigación. En el período objeto de estudio produjeron definiciones importantes respecto de la estrategia de acumulación capitalista (debido a las expresiones de crisis que registraba el proyecto de industrialización dirigida por el Estado). Se habían aprobado decisiones de trascendencia en materia de política económica, fiscal y monetaria; se había impuesto una reforma constitucional con grandes implicaciones económicas y se había emprendido un proceso de reforma (y modernización) del Estado. Así mismo, eran notorios los impactos sociales de la política económica. ¿Cómo pudo haber incidido esa situación en la construcción del proyecto anapista? Ello no es evidente para el lector (salvo la mención a la posición de la ANAPO en el Congreso frente a la Reforma Constitucional de 1968). Si bien es conveniente advertir sobre límites del determinismo económico, también lo es sobre la desatención de la influencia de la economía en la política. ¿Cómo opera la lógica de la economía para explicar las elecciones del 19 de abril de 1970? ¿Qué intereses económicos están en juego? ¿Cuáles son los ingredientes económicos del debate político? Esas son preguntas que quedan por resolver en la obra de Ayala. constituyen, dada la forma como Ayala construye la narrativa histórica, en piezas importantes para comprender la posición desmovilizadora de Rojas Pinilla frente al movimiento popular durante los días inmediatamente posteriores a la elección del 19 de abril. Ayala le concede a Vergara el haber inclinado la balanza a favor de una aceptación de la derrota por parte de Rojas Pinilla, mediante la apelación a las profundas convicciones religiosas de éste (pp. 220-222). Vives deja en entredicho la posición del candidato presidencial anapista y sugiere una entrega del movimiento en la sede de la Nunciatura (pp. 311-312).

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BARROS, Carlos y McCRANK, Lawrence (eds.), History under debate. International Reflection on the Discipline, New York, The Haworth Press, 2004, 297 pp. Abel I. López Forero S Este libro reúne ensayos presentados en la Segunda Conferencia del grupo Historia a debate, llevada a cabo en julio de 1999. Consta de dos partes. La primera se refiere a los postulados generales de quienes hacen parte de esta red la cual tuvo su origen precisamente en una página de la Internet (www.h-debate.com). El historiador español Carlos Barros, inspirador y promotor de este grupo, considera que no se ha sabido responder a los retos impuestos por las notables transformaciones que tuvieron lugar en la última década del siglo pasado, y que novelistas y periodistas han tomado el lugar que debería ser ocupado por historiadores. Atribuye la falta de iniciativa a las respuestas extremas que desde la profesión se dieron a la crisis de la disciplina histórica: por una parte, el postmodernismo que borra toda diferencia entre realidad y ficción; y por otra, un regreso al positivismo del siglo XIX, cuyo resultados más notorios son las biografías de personajes importantes de la política y la narración como estilo de escritura. Se limita a mencionar como ejemplo la biografía de Luis IX, escrita por Jacques Le Goff1. La conclusión de Barros es una exageración. Al menos por dos razones. No es del todo cierto que la Escuela de los Annales hubiera abandonado la narración. Philippe Carrard en Poetics of New History2 muestra que en su gran mayoría los historiadores franceses del siglo XX continuaron narrando historias, ya que sus libros se organizan conforme a una trama temporal, con principio, intermedio y desenlace final. En segundo lugar, porque la obra de Le Goff no es un mero regreso a la historia narrativa y política positivista del XIX, pues en la biografía de San Luis se incorporan análisis estructuralistas, comparación de representaciones sobre el rey santo y sutiles balances historiográficos. Creo que habría que tomar más en serio el problema de la forma de argumentación y las técnicas de exposición. Como bien lo ha subrayado Jacques Revel, por mucho tiempo se creyó que el método de exposición propio de la historia era el del protocolo del trabajo científico y que el enunciado, cuyo fundamento era la masa de datos, de mapas, de cuadros, era el único posible que por sí mismo garantizaba la objetividad. Se olvidaba que incluso una serie de precios constituye una forma de relato, en la medida en que organiza el tiempo e induce una forma de representación. S Historiador. Profesor de Historia Medieval. ablopez@uniandes.edu.co

1 LE GOFF, Jacques, Saint Louis, París, Gallimard, 1996. 2 CARRARD, Philippe, Poetics of New History, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1992.

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Se olvidaba también, agrega Revel, que en una noción como la de coyuntura incluía “un método de análisis, una hipótesis interpretativa y una manera de contar”3. Según Barros, la historia sí puede hablar de verdades, y darlas a conocer es un deber ético y político. Planteamiento sin duda destacable frente a ciertas corrientes epistemológicas relativistas que le niegan al conocimiento toda capacidad de transmitir información acerca de la vida. Lo dice con firmeza: el historiador no puede promover la amnesia ante las atrocidades de regímenes dictatoriales. Y escribe a propósito del nazismo: “Debe haber una verdad histórica que, aunque relativa, no puede ser reemplazada por la mentira, pues el genocidio nazi sí ocurrió” (p. 26). El libro incluye un manifiesto suscrito por historiadores que conforman el grupo Historia a debate, con los siguientes propósitos centrales: reconocer la importancia del sujeto historiador, oponerse a la fragmentación del conocimiento histórico, reivindicar la interdisciplinariedad, comprometerse con la democracia, la justicia y la tolerancia. Son enunciados generales con los cuales difícilmente estaría uno en desacuerdo. A pesar de que insisten en que cualquier estudio historiográfico debe tener en cuenta la realidad política actual, los firmantes no lo hacen así. Ni siquiera una referencia concreta a las realidades económicas y políticas de finales del siglo XX. Como si se eludiera el compromiso político. Es lo que deduzco de la afirmación del manifiesto según la cual un fin importante de la historiografía es facilitar consensos. Pienso, por el contrario, que no lo es, pues los desacuerdos son imprescindibles y pueden estar relacionados con maneras diferentes de interpretar la realidad actual. La segunda parte se refiere a balances historiográficos. Según Francisco Vásquez, en la historiografía española ha habido poco interés por la teoría y por los debates sobre el postmodernismo y el giro lingüístico. Lo atribuye, por una parte, a una fuerte tradición objetivista. Por otra, a que mientras en otras naciones europeas y en los Estados Unidos había interés por los llamados estudios culturales, en España apenas se consolidaba la historia social, lo que se debe a que en el país ibérico los conflictos sociales estuvieron más anclados en las relaciones laborales que en las de raza o en las de género. En su ponencia, Teófilo Ruiz se queja de la escasa atención que los centros académicos estadounidenses prestan a la investigación y a la docencia de la historia de España y de que se sigan privilegiando los temas políticos, institucionales y biográficos. Sus conclusiones, sin embargo, no tienen el respaldo empírico necesario: listas y programas de cursos, proyectos y resultados de investigación, etc. A diferencia del artículo de Ruiz, en el de Cristina Segura y A. C. Almudayna se presentan datos y cifras con 3 REVEL, Jacques, “Microanalyse et construction du social”, en REVEL, Jacques (coord.), Jeux d´échelles, París, Gallimard, 1996, p. 33.

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los cuales demuestran que, en lo que tiene que ver con la historia de las mujeres, las universidades españolas se interesan más por la investigación que por la enseñanza. Por su parte, el historiador francés Jérôme Baschet recuerda que el historiador no puede olvidar las sustanciales diferencias entre pasado y presente: encontrar similitudes entre Chiapas en el siglo XX y la época medieval europea no significa que la provincia mejicana viva en una nueva Edad Media. Cree que la globalización ha absolutizado el presente, convirtiéndolo en “eterno presente”. Le llama la atención el movimiento zapatista, porque en sus documentos defiende el pasado del que se aprende a no caer en errores y propone un futuro aún impredecible, pero distinto al presente. Son observaciones un tanto obvias, aunque no por ello menos útiles. A juzgar por el balance que hace Hal Barron, desde los años setenta del siglo XX la historia social norteamericana siguió un camino similar, por lo menos en métodos, a la historiografía europea, con los énfasis propios de la experiencia estadounidense: la esclavitud, la inmigración, la integración étnica. Esta conclusión contrasta con la de Adelina Rucquoi, quien en su ponencia acusa a la historiografía reciente, en especial la norteamericana, de haber abandonado los problemas importantes y generales, de no interesarse por la economía, de olvidarse de la cronología, y de preocuparse por temas banales, irracionales y marginales. Entre estos últimos incluye la historia de los marginados, las minorías, cultos populares, presencia de brujas y “las manifestaciones animales del ser humano” como la violencia. Puede respondérsele que la historia económica está lejos de perder impulso, como lo demuestra una rápida lectura de revistas especializadas (me refiero, entre otras a Economic History Review y a The Journal of Economic History); que la preocupación por los minorías ayuda a entender la historia general de la opresión; y que los comportamientos que ella denomina irracionales también pueden y deben ser objeto de análisis racionales. Afirma que a los estudiantes de hoy sólo les interesa la época contemporánea porque así resuelven sus caprichos personales. Infortunadamente no se ofrece evidencia alguna de que eso sea así, lo que no deja de ser paradójico en un ensayo que exige a los historiadores objetividad y precisión. El éxito, por lo menos en ventas, de Carlo Ginzburg, Robert Darnton, Natalie Davis, entre otros, quienes escriben sobre la temprana edad moderna, me hace sospechar que Rucquoi no tiene razón. A esta historiadora le preocupa que el surrealismo y subjetivismo se apoderen de la investigación histórica. Otra es la preocupación de Hubert Watelet: defiende con entusiasmo la subjetividad y el sentimiento. En contra de lo que se suele afirmar, opina que ni Charles Seignobos ni Leopoldo von Ranke fueron defensores explícitos del objetivismo. Porque el primero de ellos advirtió sobre la dimensión subjetiva de los documentos y de la construcción histórica. Porque la frase de Ranke “la historia es el estudio de lo que realmente aconteció” no debe tomarse literalmente; la escribió contra Hegel puesto que este filósofo simplificaba la historia; y porque en otros textos el historiador alemán reconoce que la objetividad es relativa. Watelet recuerda, con toda razón, que no es

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lo mismo objetividad que análisis científico: esto último supone coherencia interna y complementariedad con otros estudios. Y advierte que el historiador no puede eludir sus sentimientos; menos aún cuando el tema es la exterminación, como lo fue la de los judíos en la Segunda guerra mundial. Lawrence McCrank propone una nueva disciplina: la ciencia de la información histórica, la cual debe contribuir a superar las perspectivas meramente cuantitativas de la cliometría. La denomina supradisciplina por cuanto combina los métodos propios de la historia con los de la ciencia de la información. Escribe: “Los historiadores del futuro no tienen opción, deben abordar la actual tecnología de la información o tendrán que escribir ficción por carencia de fuentes” (p. 190). Se trata de una hipérbole, con cierto sabor apocalíptico. Es suponer que toda la historia escrita antes del descubrimiento de la nueva ciencia fue simple ficción. Me recuerda una afirmación similar, a mediados de los años setenta del siglo XX, de E. Leroy Ladurie, quien entonces aseguró que la historia que no es cuantificable no puede ser historia. Y pocos años después escribió Montaillou, la vida cotidiana de una aldea campesina4 de doscientos habitantes sin ningún análisis cuantitativo. De manera que no se trata de desconocer los innegables aportes de la informática. Pero conviene no confundir un instrumento de análisis con el análisis histórico mismo. Y como lo subrayó Carlo Ginzburg, el rigor de las indagaciones cuantitativas no puede prescindir del “vituperado impresionismo” de las investigaciones cualitativas5. Israel Sanmartín muestra que es difícil aceptar la idea del fin de la historia. Porque el mismo F. Fukuyama más tarde la consideró equivocada. Además, un examen de la historia en la última década muestra los límites de esa noción: el notable crecimiento económico en China dentro del marco de economía dirigida, el socialismo global continúa siendo un ideal, la fractura en la hegemonía de la democracia liberal, el ascenso en la confrontación entre civilizaciones son entre otros ejemplos para ilustrar que el fin de la historia está lejos de lo esperado por Fukuyama. Sin embargo, varios presupuestos con base en los cuales Sanmartín muestra que hay caminos alternativos son, a mi juicio, equivocados. No parece cierto que en Rusia los gradualistas estén ganando terreno o que los países no alineados estén regresando al comunismo. Tampoco lo es que Tony Blair represente una alternativa al liberalismo político y económico, y menos aún José María Aznar. Sobre esto último el único argumento que presenta Sanmartín es una amistad del líder conservador con el primer ministro inglés. En cuanto a Blair, prefiero el balance propuesto por Eric Hobsbawn: el primer ministro inglés ha aceptado la política del mercado libre y “la verdad es que parece más una Thatcher en pantalones que cualquier otro político de la Europa de hoy”6. 4 LEROY LADURIE, Emmanuel, Montaillou, aldea occitana de 1294 a 1234, Madrid, editorial Taurus, 1981. 5 GINZBURG, Carlo, El queso y los gusanos. El cosmos según un molinero del siglo XVI, Barcelona, Muchnik editores, 1981, p. 23. 6 HOBSBAWM, Eric, Entrevista sobre el siglo XX, Barcelona, editorial Crítica, 2000, p. 130.

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Juan Manuel Santana Pérez considera que el proceso de globalización coincidió con una crisis de la historiografía. Sin embargo, los argumentos con los que se la define me parece que no son convincentes. Principalmente porque es difícil discutir desarrollos historiográficos sin referencias concretas a obras e historiadores, de lo que precisamente carece el artículo de Santana. Porque el renacer de la narrativa no equivale a un regreso a la escritura del siglo XIX. Sigue existiendo interés por la historia universal, ejemplo de lo cual es el vigoroso desarrollo de la Historia Mundial (World History), campo de estudio sobre el cual no se habla en este libro. Tampoco es cierto que haya ausencia de teoría y de política. Excluidos el escepticismo y el relativismo radicales que niegan al lenguaje toda referencialidad externa, encuentro puntos de contacto entre historiadores sociales y seguidores de la nueva historia cultural. Unos y otros están interesados en las ideas de los desposeídos, en los enfoques que pobres y poderosos asumen con respecto al poder, en que los textos de la sociedad oficial sean examinados en términos de los esfuerzos por mantener la hegemonía. Según Santana, la Escuela de los Annales es una corriente apolítica, cuya preocupación es la reconciliación de las clases, prácticamente vendida a los grupos internacionales que financian la investigación. Debo decir que la revista francesa ha reunido historiadores de diversas orientaciones políticas, varios de ellos severos críticos del orden social. Marc Bloch, su fundador, fue ejecutado por los nazis por defender la libertad y la democracia. Santana invita a escribir una historia que se comprometa con la solidaridad y la justicia, que integre filosofía, investigación y docencia, teoría y práctica, y que se oponga a la idea del triunfo inevitable del neoliberalismo. Y lo que me parece más importante: no entrar en la ideología de la resignación. Como se deduce del manifiesto, los autores de este libro coinciden en lo que deben ser los principios y propósitos de la enseñanza e investigación históricas. Reconocen una crisis en la historiografía y para superarla proponen un nuevo paradigma, que sea camino intermedio entre el positivismo y el postmodernismo, que supere las deficiencias de la historia social, que incorpore los avances de la literatura. Estas consideraciones, sin embargo, son tan sólo enunciados generales. Lo que se lee en los ensayos se inscribe en el modelo de historia social tradicional. No hace falta compartir los postulados del llamado giro lingüístico para reconocer que éste ha puesto en duda postulados fundamentales del oficio: la posibilidad misma de recuperar el significado de un texto histórico. Lo que merecería un mayor debate de parte de un grupo que precisamente invita a la controversia. Como lo destaca Gabrielle Spiegel: el reto no se resuelve simplemente invocando un retorno a la historia, o al sentido común o a la experiencia individual y colectiva de los historiadores7. De todas maneras, este libro ilustra a sus lectores sobre temas y propuestas recientes de la historiografía. Es igualmente útil por la bibliografía que acompaña cada uno de los ensayos. 7 SPIEGEL, Gabrielle, “History, Historicism, and The Social Logic of the Text in the Middle Ages”, en Speculum, Vol. LXV, 1990, p. 73.

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Notilibros Sección a cargo de Martha Lux y Muriel Laurent. . LANGEBAEK, Carl Henrik, Poblamiento Prehispánico de las Bahías de Santa Marta, Pittsburg, University of Pittsburg, 2006, 157 pp. En buena medida las propuestas tradicionales que han sido utilizadas para explicar los desarrollos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta han contado con poco apoyo en el registro arqueológico. Una de ellas consistió en relacionar los desarrollos indígenas de la región con migraciones recientes de Centroamérica. Explica el autor que para apoyar esta idea se ha recurrido a la filiación lingüística compartida por los grupos chibchas de la Sierra Nevada con otros grupos centroamericanos. Basados en estos presupuestos, quedaría sin explicar el proceso de cambio cultural. Sugiere igualmente el autor que tampoco se puede caer en la ingenuidad de explicar los cacicazgos taironas, basándose en similitudes culturales con grupos de los cuales ya se habían separado hace miles de años. El énfasis debe, entonces, dirigirse a entender los procesos de desarrollo local independientemente del origen último de las poblaciones que llegaron a la Sierra. s NAVARRETE, María Cristina, Génesis y desarrollo de la esclavitud en Colombia, Siglos XVI y XVII, Cali, Universidad del Valle, 2005, 375 pp. El libro analiza en la primera parte la trata de esclavos negros en las Indias desde sus inicios hasta el período del comercio holandés, el tráfico ilegal y las condiciones bajo las cuales los esclavos eran transportados al Nuevo Mundo. Analiza igualmente el origen cultural de los esclavos africanos y cómo estos fueron convertidos en objetos de comercio en suelo neogranadino. También, se consideran los aportes del esclavo a la sociedad y a la economía, sus trabajos desempeñados en la minería, las estancias agropecuarias, el servicio doméstico y el artesanado; los factores de poder y control social ejercidos sobre el esclavo, así como el pensamiento religioso de la gente negra, su relación con la cristianización y las prácticas mágico-religiosas. b LUX, Martha, Las mujeres de Cartagena de Indias en el siglo XVIII. Lo que hacían, les hacían y no hacían y las curas que les prescribían, Bogotá, Facultad de Ciencias Sociales - Departamento de Historia - Universidad de los Andes - Centro de Estudios Socioculturales e Internacionales (CESO), 2006, 159 pp. El libro estudia lo que alude a las mujeres coloniales en Cartagena de Indias en los discursos del Licenciado Méndez Nieto, en la obra de Alonso de Sandoval, en los

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testimonios escritos sobre Pedro Claver y en las Cartas de los Obispos en la transición del siglo XVI al XVII. Los variados “indicios” remitieron a viejos y nuevos elementos presentes en sus prácticas e intercambios, que se fueron integrando a sus identidades tanto individuales como colectivas. A su vez, estos discursos muestran algunas de las inquietudes de las mujeres, las tensiones de ellas entre sí, con los otros y con las autoridades. Mientras que el Licenciado Méndez trató de ayudar a las mujeres en los temas de salud, honor, amor y placer, buscando el bienestar y la felicidad de sus “almas”, al encontrar soluciones a los problemas del “cuerpo”, los discursos de la Iglesia fueron morales, normativos y pastorales, al considerar la salud del cuerpo secundaria frente a la salud del “alma”. Los discursos estudiados permitieron el contrapunteo de dos visiones diferentes, la de la medicina y la de la Iglesia, en torno a lo corpóreo y lo místico, aproximándose a aspectos centrales de la vida cotidiana de las mujeres, expresados en sus temores, placeres, necesidades y deseos. - QUINTERO GUZMÁN, Miguel Wenceslao, Linajes del Cauca Grande. Fuentes para la historia, 3 Tomos, Bogotá, Universidad de los Andes - Facultad de Ciencias Sociales - Departamento de Historia - Centro de Estudios Socioculturales e Internacionales (CESO) - Facultad de Ingeniería - Departamento de Ingeniería Química, 2006, 555 pp. (t. 1), 460 pp. (t. 2), 423 pp. (t. 3). En este trabajo se lograron reconstruir 547 líneas de descendientes de once capitanes que llegaron en el siglo XVI a la provincia de Popayán. La investigación buscó identificar los linajes y su extensión en el tiempo, remitiendo siempre a fuentes documentales de alta confiabilidad obtenidas en numerosos archivos públicos y privados. La muestra va desde el siglo XVI al XIX y puede ser considerada representativa de la elite caucana, particularmente en los siglos XVII y XVIII. Los resultados de esta investigación sirven como valioso complemento para trabajos de historia económica y social sobre conformación de las elites, cambios, continuidades, relaciones establecidas, ocupaciones, patrimonios materiales e inmateriales, negocios y redes familiares-; para la historia política -continuidades y discontinuidades de linajes y grupos en los cargos, relaciones de poder, conflictos y convivencia, intereses, representación de individuos y familias-; para la historia de familia y vida cotidiana -formas de vivir, de heredar, de dotar, de emparentarse y construir solidaridades-; y para la historia cultural -lenguaje, valores, identidades, préstamos e intercambios-, entre los múltiples usos que se pueden mencionar. j SALINAS MEZA, René y MOJICA RIVADENEIRA, María Teresa, Conductas ilícitas y derecho de castigo durante la Colonia. Los casos de Chile y Colombia, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 198 pp. Los textos que reúne esta obra ahondan en algunos de los rasgos más característicos del ejercicio de la violencia y, en general, de las conductas ilícitas dentro del espacio

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familiar. Los autores buscaron comprender las bases sociales y culturales que ofrecieron legalidad y legitimidad al castigo a la mujer por parte del marido, al igual que los referentes constitutivos del sentido que alcanza “lo ilícito” en el contexto familiar de la época. El trabajo realizado cubre un largo periodo que corresponde al de la vigencia del “derecho masculino de castigo” en la Nueva Granada durante los siglos XVII y XVIII, junto con la conceptualización de las conductas ilícitas y la violencia intrafamiliar en el Chile tradicional durante el siglo XIX. D ROMERO CASTAÑO, Luis René y PÉREZ DÍAZ, Juan Felipe, Naufragios y puertos marítimos en el Caribe colombiano siglo XVI - siglo XVIII, México, siglo XXI editores, 2005, 311 pp. Según los autores los naufragios pueden ser considerados como cápsulas del tiempo que encierran la historia de los barcos que reposan en el lecho marino y cuyos contenidos, resultan representativos de las actividades que se desarrollaban entre un continente y otro, dentro del mismo continente, o entre diferentes espacios de un mismo territorio. La investigación que da origen a este libro tuvo como principal propósito la revisión de los datos históricos a fin de lograr un primer inventario de una gran cantidad de barcos coloniales que quedaron diseminados por todo el Caribe colombiano, y que sirven para demostrar la gran variedad de sitios arqueológicos de naufragios que reposan en dicho suelo marino. La identificación de los distintos hundimientos permite que por medio de los resultados se puedan precisar no sólo las causas de los naufragios, sino también sus tripulaciones, los efectos sociales y políticos de los naufragios, además de enriquecer los procedimientos científicos de la arqueología marina. M RIPOLL, María Teresa, La elite en Cartagena y su tránsito a la República. Revolución política sin renovación social, Bogotá, Facultad de Ciencias Sociales - Departamento de Historia - Universidad de los Andes - Centro de Estudios Socioculturales e Internacionales (CESO), 2006, 174 pp. Al finalizar el siglo XVIII el gremio de los comerciantes de ultramarinos se había consolidado como el grupo social dominante en Cartagena de Indias. Muchos de estos peninsulares se habían radicado definitivamente en la ciudad con casa poblada, procreando una primera generación de “españoles americanos”. Este trabajo analiza cómo la guerra de Independencia en la Nueva Granada afectó a este grupo y a sus descendientes una vez instaurada la República, con el fin de detectar las continuidades y discontinuidades en el interior de esta elite en el transcurso de dos generaciones que compartieron un mismo período de crisis.

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P PERALTA, Jaime Andrés, Los novatores. La cultura ilustrada y la prensa colonial en Nueva Granada (1750-1810), Medellín, Universidad de Antioquia, 2005, 244 pp. El libro muestra cómo en el marco de la Ilustración han sido privilegiados los estudios sobre los componentes económicos y políticos; así mismo, señala que falta ahondar en la dimensión cultural que entrañó el pensamiento y la acción ilustrada. Los cambios que se presentaron en el orden material y la fuerte transformación en la esfera política no fueron acordes con la organización social, que continuó siendo parcelada, excluyente e incomunicada entre los diferentes sectores de la rígida pirámide social. Para el autor, los ilustrados o novatores, como ellos mismos se autodenominaron, incursionaron en el terreno de lo público valiéndose de la prensa como estrategia de difusión, para lograr la puesta en común de su matriz cultural y fijar la razón como fuente de autoridad. Además, reflexionaron sobre los valores y pautas de comportamiento que a nivel individual y colectivo debían regir, y que se convirtieron a su vez en principio de diferenciación entre ellos y los demás miembros de la sociedad. Desde estos parámetros muy pocos fueron los invitados a pertenecer y a participar de los beneficios prometidos en el recién elaborado “Plan de la civilización”. n VILLEGAS DEL CASTILLO, Catalina, Del hogar a los juzgados: Reclamos familiares en los juzgados superiores en el tránsito de la Colonia a la República, 1800-1850, Bogotá, Facultad de Ciencias Sociales - Departamento de Historia - Universidad de los Andes - Centro de Estudios Socioculturales e Internacionales (CESO), 2006, 140 pp. La autora establece un diálogo entre la historia y el derecho, teniendo particular cuidado por los aspectos sociales, culturales y económicos de la sociedad que se propuso estudiar. El análisis de la relación que mantuvo el Estado colonial y republicano con las familias que acudieron ante los tribunales permitió concluir que no hubo cambios con relación a las ideas de familia y matrimonio procedentes de la Colonia; tanto la ley como los jueces continuaron reforzando los valores y creencias que sobre la familia venían siendo pregonados. Sin embargo, sí se logró identificar un cambio a nivel social en los reclamos presentados ante la justicia por padres, hermanos e hijos sobre intereses, necesidades y exigencias, que desafiaron las nociones tradicionales. La ley en su formulación y aplicación hizo distinciones de género, raza y clase, con mayor justificación de decisiones judiciales. De otra parte, mientras que las decisiones de los jueces durante el período 1800-1850 no expresaron cambios sustanciales con relación a la idea de familia, los argumentos de esposas, madres e hijos hicieron manifiesta la importancia de los sentimientos, el respeto y las responsabilidades de los padres.

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W VAN YOUNG, Eric, La otra rebelión, la lucha por la independencia de México, 1810-1821 (1a. ed. en inglés, 2001: The Other Rebellion: Popular, Violence, Ideology and the Mexican Struggle for Independence, 1810-1821), México, Fondo de Cultura Económica, 2006, 1007 pp. Los pueblos de la provincia fueron los que abastecieron de soldados a las filas rebeldes durante la guerra de Independencia en México. Observando la gran brecha cultural e ideológica que existía entre los dirigentes criollos de extracción urbana, cultura libresca e ideas liberales a la europea y la tropa de fuerte composición indígena, rural y marcadamente localista, en este libro se escudriña la vida de los insurrectos de los pueblos, cuyos intereses raramente rebasaban los límites de sus pequeñas comunidades, con el fin de entender qué los llevó a tomar parte en esa gran epopeya. Sus motivaciones se revelan tan diferentes de los ideales proclamados por los cabecillas de la Independencia, que el autor propone la lucha de aquéllos como “la otra rebelión”. $ HENSEL RIVEROS, Franz D., Vicios, virtudes y educación moral en la construcción de la República, 1821-1852, Bogotá, Facultad de Ciencias Sociales - Departamento de Historia - Universidad de los Andes - Centro de Estudios Socioculturales e Internacionales (CESO), 2006, 115 pp. En este libro el autor pretende mostrar que para los protagonistas del periodo considerado (1821-1852) el afianzamiento de la figura política republicana estuvo marcado ineludiblemente por una preocupación de carácter moral, constituida en y a través del aprendizaje de un catálogo de virtudes y vicios -que no fueron iguales para todos los miembros de la República-. En este sentido resultaron múltiples las opciones cuando se intentó educar moralmente a la sociedad, en particular debido al momento histórico específico en el que el pueblo asistía a su propia autoinsititución, buscando representarse a sí mismo. Si la República conllevaba el ejercicio de definir la comunidad, la moral debía delimitar el tipo de comunidad de que se trataba. Era, entonces, preciso que se formara el hábito de obediencia a la ley y el amor a las instituciones y a los principios de la República. % URIBE de HINCAPIÉ, María Teresa y LÓPEZ LOPERA, Liliana María, Las palabras de la guerra, un estudio sobre las memorias de las guerras civiles en Colombia, Medellín, Editorial Lealon - La Carreta Histórica, 514 pp. Las guerras civiles fueron en lo fundamental guerras entre ciudadanos, guerras por la Nación y por el Estado, que no se agotaban en el enfrentamiento directo armado o en

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el choque de ejércitos rivales. Se acordaban en lo político y redefinían las prácticas, los discursos, sus representaciones e imaginarios. Fueron guerras de palabras con relatos y memorias, proyectos y propósitos orientados a convencer al público de las razones de las acciones emprendidas, sobre su necesidad política o su carácter inevitable desde el punto de vista estratégico. En este texto se analizan las tres primeras guerras civiles del siglo XIX, ocurridas entre 1839 y 1854, en un contrapunteo creativo entre los contextos históricos o tramas cronológicas de lo acontecido y las maneras de narrarlas, interpretarlas o resignificarlas. 4 GONZÁLEZ ZUBIRÍA, Fredy, Cultura y sociedad criolla de la Guajira, Riohacha, Gobernación de La Guajira, 2005, 289 pp. En la primera parte del libro el autor busca contextualizar al criollo guajiro y algunas de sus vivencias desde el inicio de la bonanza perlera (aprox. desde 1538), hasta lo que él llama los finales de la bonanza marimbera (últimas décadas del siglo XX). La segunda parte tiene como propósito identificar los principales códigos de la cultura criolla a lo largo de la historia regional, intentando descifrar conductas, procedimientos, tradiciones, costumbres y cualidades. Tejidos culturales complejos y contradictorios, en los que las fronteras del individuo-familia aún no se encuentran muy bien definidas en su interior y donde las relaciones familia-sociedad y sociedad-Estado se encuentran en proceso de decantación (tejidos necesarios para construir en un futuro lazos de confianza más sólidos). Finalmente, el autor incursiona en el patrimonio artístico de la región y en los aportes de cultores, cuyas obras son, a su entender, un importante legado para las futuras generaciones. h ROSANVALLON, Pierre, La democracia inconclusa. Historia de la soberanía del pueblo en Francia, (1a. ed. en francés en 2000: La Démocratie inachevée. Histoire de la souveraineté du peuple en France), Bogotá, Aguilar - Altea - Taurus - Alfaguara, 2006, 418 pp. El progreso de la globalización económica, la aceleración de la construcción europea, el fortalecimiento del papel del derecho son parte de las múltiples evoluciones que convergen para socavar los objetos y las formas de expresión adquiridos por la voluntad general. El objetivo de esta obra es aclarar estas cuestiones de inquietud actual, reintegrándolas a una historia prolongada y ampliada del problema de la soberanía del pueblo. Aunque desde hace dos siglos se presenta la soberanía como el principio organizador ineludible de todo orden político moderno, en ella se superponen desde hace mucho tiempo el bien y lo confuso. El autor se propone en esta obra mostrar que el proyecto de una soberanía más activa del pueblo sigue siendo pertinente y puede ser comprendido en términos que refuercen la libertad en lugar de amenazarla.

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b LE GOFF, Jacques, L´Europe, est-elle née au Moyen Age ?, París, Éditions Seuil, 2003, 269 pp. por Abel I. López Forero Este libro examina la contribución de la Edad Media a la formación de Europa. Desde los primeros siglos medievales, los padres de la iglesia y teólogos expresaron la conciencia de pertenecer a un continente propio que identificaron con la cristiandad latina, y del que se valían para diferenciarse de Bizancio, del Islam y del Lejano Oriente. Le Goff, en contra de lo que suele pensarse, sostiene que el Imperio de Carlomagno no fue un proyecto europeo, sino franco. Sí lo fueron en cambio las cruzadas, las universidades y las ciudades. De estas últimas se destaca su organización, más democrática que las bizantinas e islámicas. Hay un progresivo sentido de lo europeo, cuyo proyecto más claro fue quizá la propuesta formulada en 1464 por el Rey de Bohemia en un ensayo titulado precisamente L´Europe une. Allí proponía una asamblea común con la misión de resolver conflictos entre los distintos miembros: impuestos, blasón, sello y archivo también comunes. Por otra parte, un profundo sentido de progreso caracterizó a la Europa medieval para lo cual la religión no fue obstáculo. T CORBIN, Alain, COURTINE, Jean-Jacques y VIGARELLO, Georges, Historia del Cuerpo, Vol. III (1a. ed. en francés en 2006: Histoire du corps), Madrid, Santillana Ediciones, 2006, 540 pp. El cuerpo convertido en objeto de la historia es tributario de condiciones materiales y culturales que han cambiado radicalmente a lo largo de los siglos. De la lentitud a la velocidad, del retrato pintado a la fotografía, de los cuidados individuales a la prevención colectiva, de la cocina a la gastronomía, de la sexualidad vista desde la moral a la sexualidad analizada desde la psicología, el lugar que ocupa el cuerpo en el mundo occidental ha ido evolucionando con los tiempos. Los métodos y epistemologías que han abordado el tema son diversos, así como las disciplinas que lo han estudiado y que permiten ofrecer una aproximación que se sitúa en el límite entre el sujeto y lo social. Esta obra en sus tres tomos (el primero, publicado en el 2005, y el segundo, publicado en el 2006 en español) busca el restablecimiento del equilibrio entre la visión del cuerpo que tienen los científicos y la de los historiadores, desde el Renacimiento hasta nuestros días. F PÉCAUT, Daniel, Crónica de cuatro décadas de política colombiana, Bogotá, Grupo Editorial Norma, 2006, 543 pp. En sus crónicas y ensayos el autor busca aportar puntos de referencia que ayuden a la elaboración de la memoria colectiva. Es una nueva edición revisada y corregida de uno

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de los libros que, según la crítica, ha sido considerado como uno de los más lúcidos sobre la historia social y política del país. Suma el autor a su versión inicial una serie de ensayos no concebidos inicialmente como crónicas, pero que sirven para completar el panorama de otros veinte años cruciales en la historia reciente de Colombia. En su última parte se incluye una reflexión sobre las “raíces” y los “contextos” de los conflictos, buscando adentrarse en las complejidades de sus dinámicas.  GUTIÉRREZ, Francisco, ¿Lo que el viento se llevó? Los partidos políticos y la democracia en Colombia, Bogotá, Editorial Norma, 2007, 518 pp. Basándose en una gran cantidad de evidencias tomadas de archivos, de los partidos políticos colombianos (liberal y conservador), de expedientes judiciales y de los registros electorales, se examina sus evoluciones, transformaciones y relaciones con la democracia (especialmente del Partido Liberal). Apoyándose en el supuesto razonable de que sin partidos no puede haber democracia, se hace una revisión al Partido Liberal; sus enfrentamientos internos, su relación con la masa de votantes de los sectores populares, las luchas contra el oficialismo y las lógicas de la pequeña política tradicional, desde el Frente Nacional hasta lo que el autor llama ‘la quiebra del bipartidismo’ en el 2002. El libro ofrece nuevas formas de examinar temas cruciales de la historia política colombiana, que ya habían sido considerados cerrados por los analistas políticos, historiadores y politólogos. f FAZIO, Hugo, La Unión Europea y América Latina: una historia de encuentros y desencuentros, Bogotá, Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de los Andes - Centro de Estudios Socioculturales e Internacionales (CESO), 2006, 134 pp. El libro analiza la manera como las relaciones europeo latinoamericanas transitaron de un estado de euforia a inicios de la década de los noventa, a otro de decepción y apatía en el presente inmediato. En los inicios de la década de los noventa reinó un inusual clima de optimismo en ambas orillas del Atlántico en torno a las posibilidades que encerraban las relaciones europeo-latinoamericanas. Esta confianza se fundamentaba en varios elementos aparentemente inconexos en cuanto a su naturaleza, representación y sentido, pero que parecían acreditar la idea de que el mundo estaba ingresando a una promisoria nueva época histórica. Paradójicamente, los mismos elementos que en su momento crearon confianza y optimismo, terminaron siendo los factores que alimentaron la apatía y una elevada dosis de indiferencia y desconfianza en las relaciones mutuas.

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w ARCHILA MONTAÑEZ, Sonia, Arquibotánica en la Amazonía colombiana, Bogota, FIAN - Universidad de los Andes - Centro de Estudios Socioculturales e Internacionales (CESO), 2005, 361 pp. Este libro se inicia con la caracterización de los conjuntos de carbones arqueológicos del bosque tropical lluvioso de la Amazonía colombiana. En seguida se encuentra información básica que permite la discusión sobre la importancia arqueológica, arqueobotánica y etnográfica de esta región, particularmente del Medio Caquetá. A continuación aparecen resumidos los principales estudios geográficos, ecológicos, paleoambientales y etnográficos. Posteriormente se encuentra información sobre la arqueología del Amazonas, los estudios de arqueobotánica de las tierras bajas tropicales de Centro y Sur América, la arqueolía de Peña Roja, los métodos que fueron utilizados para realizar la investigación, así como también los resultados obtenidos y el modelo construido para caracterizar los conjuntos de carbones del Amazonas colombiano. Para terminar, se presentan las consideraciones finales y las implicaciones para tener en cuenta en futuras investigaciones sobre el tema. 2 GUTIÉRREZ, Édgar J. y CUNIN, Elisabeth (comps.), Fiestas y carnavales en Colombia. La puesta en escena de las identidades, Medellín, La Carreta Editores, 2006, 235 pp. Este libro propone abordar el tema de la producción de identidades (sean étnicoraciales, culturales, regionales, de género, etc.) desde un nuevo enfoque: la puesta en escena de las diferencias particularmente visibles en las fiestas y los carnavales. A través de los eventos festivos, la valoración de las identidades locales que moviliza la referencia a una cultura mestiza, cuestiona tanto el lugar concedido al otro festivo, exótico y racializado en el imaginario nacional como las “conexiones” globalizadas que alimentan la afirmación de una especificidad y de una discontinuidad. En el estudio de las fiestas y los carnavales se plantea la reflexión sobre la alteridad. Se incluyen en el libro los trabajos académicos producidos para los casos de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, confrontando estas experiencias con los carnavales que se celebraron en Bogotá, y los de Niza en Francia como experiencia internacional. = MOSQUERA ROSERO-LABBÉ, Claudia y BARCELOS, Luiz Claudio (eds.), Afro-reparaciones: memorias de la esclavitud y justicia reparativa para negros, afrocolombianos y raizales, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia (sedes Bogotá, Caribe y Medellín), 2007, 794 pp. Esta obra recopila una amplia variedad de trabajos en los que desde diferentes perspectivas se busca mostrar múltiples aspectos de lo que fue la diáspora africana

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y sus resultados en el tiempo, así como los debates que surgen sobre la esclavitud alrededor de sus vivencias, la memoria doliente y el olvido. Entre los diversos aspectos explorados de permanencia y recuperación de sus memorias, se encuentran los rostros de fiestas, bailes y fandangos e, igualmente, las historias palenqueras alrededor del tema de la libertad. Estos trabajos se sitúan en el centro del debate de las leyes de justicia y paz, y sobre la necesidad de fijar parámetros y establecer acciones de justicia reparativa en las políticas públicas sociales. j JARAMILLO URIBE, Jaime, Memorias intelectuales, Bogotá, Taurus, 2007, 312 pp. El libro reúne las memorias personales del profesor Jaime Jaramillo Uribe desde su infancia y adolescencia en Pereira, pasando por sus años de estudio en la Escuela Superior de Bogotá, su carrera en el sector público, su trayectoria como docente, sus viajes de formación en el exterior y toda su visión académica del conocimiento. Así mismo, el texto presenta su trabajo de investigación en los archivos y en la redacción de Ensayos de Historia Social y de la Cultura, que preparó el camino de la Nueva Historia para las siguientes generaciones de historiadores. La obra plasma la vida personal y la producción histórica de un hombre que se formó en un país y en un mundo cambiantes: a nivel internacional, se describe un siglo XX en el que desfilan las guerras mundiales, los comunismos, el franquismo, los golpes militares del cono sur y las reformas agrarias de los militares andinos. Por otro lado, a nivel nacional, se refiere a la ampliación de las universidades, los movimientos sociales inspirados en Mao, Marx y Marcuse, las reformas para modernizar el Estado en los años treinta, la violencia, la dictadura militar de Rojas y el Frente Nacional desde sus inicios hasta su fin.

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CONVOCATORIA PARA PRÓXIMOS NÚMEROS complace informar que debido a la excelente acogida que tuvo la convocatoria para el dossier sobre Historia del siglo XIX, la revista Historia Crítica dedicará dos de ellos a este tema de manera consecutiva: el de este número y el del siguiente (n° 34, julio-diciembre de 2007). En consecuencia, el dossier sobre Movimientos sociales se publicará en la revista n° 35 (enero-junio de 2008), lo que nos permite ampliar el plazo para la recepción de artículos hasta el 1° de agosto de 2007. Se recibirán artículos relativos a cualquier región geográﬁca, privilegiando los trabajos sobre Colombia y América Latina, independientemente de su temporalidad. Gracias a este cambio podemos anunciar el tema de nuestros dossieres con mayor anticipación, lo cual dará a los autores más tiempo para preparar sus artículos: para el dossier de la revista n° 36 (julio-diciembre de 2008), estamos interesados en recibir, hasta el 1 de febrero de 2008, artículos sobre Justicia, sociedad y cultura durante el período colonial y el primer siglo republicano en América. Se incluirán, por ejemplo, trabajos relativos a la legislación y sus presupuestos, sentidos, usos y aplicaciones, los distintos actores involucrados y las relaciones entre ellos. Dentro de dichos trabajos, que podrán ser comparativos, estamos especialmente interesados en las relaciones entre la justicia y las costumbres, las creencias, los sentimientos, la moral y los sistemas nominativos y clasiﬁcatorios.

Agradecemos a los interesados informarnos sobre su intención de colaborar en uno de estos dos dossieres escribiendo a hcritica@uniandes.edu.co, con el ﬁn de concretar su participación. Las normas y procedimientos de la revista Historia Crítica ﬁguran a continuación, así como en nuestra página Web http://historiacritica.uniandes.edu.co.

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Acerca de la revista Historia Crítica es la revista del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia). Como publicación semestral, cumple con sus lectores desde su creación en 1989. La revista Historia Crítica tiene como objetivo publicar artículos inéditos de autores nacionales y extranjeros, que presenten resultados de investigación o balances historiográficos, así como reflexiones académicas, relacionadas con los estudios históricos. La calidad de los artículos se asegura mediante el proceso de evaluación externo e interno al cual son sometidos. Historia Crítica contribuye al desarrollo de la disciplina histórica en un país que necesita fortalecer el estudio de la Historia y el de todas las Ciencias Sociales para la mejor comprensión de su entorno social, político, económico y cultural. En este sentido, se ha afianzado como un punto de encuentro para la comunidad académica nacional e internacional, logrando el fortalecimiento de la investigación. El público de la revista Historia Crítica está compuesto por estudiantes de pregrado y postgrado y por profesionales, tanto nacionales como extranjeros, como insumo para sus estudios y sus investigaciones en Historia y en Ciencias Sociales, así como por personas interesadas en los estudios históricos. Cada número de la revista Historia Crítica cuenta con las siguientes secciones: La Carta a los lectores o Presentación del dossier informa sobre el contenido del número y la pertinencia del tema que se está tratando. La presentación del dossier la escribe el encargado de coordinarlo y es más extensa que la carta a los lectores, cuyos redactores son el director y el editor de la revista. La sección de artículos, que divulga resultados de investigación y balances historiográficos, y en ocasiones reflexiones académicas y traducciones de artículos publicados en idiomas distintos al español que ameritan circular y ser accesibles en nuestro medio, se divide en tres partes. El dossier reúne artículos que giran alrededor de una temática específica, convocada previamente por el Comité Editorial. En Tema abierto se incluyen artículos sobre variados intereses historiográficos, distintos a los que reúne el dossier. El Espacio estudiantil publica artículos escritos por estudiantes de pregrado adscritos a diversas universidades. Si el tema del artículo corresponde con el del dossier, se ubica como último artículo del mismo. Si su tema no tiene que ver con el dossier, se ubica al final de los artículos de temática abierta. Las Reseñas y los Ensayos bibliográficos ponen en perspectiva publicaciones historiográficas recientes. Los Notilibros ofrecen una breve descripción de publicaciones recientes de interés para el historiador.

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Normas para los autores Secciones de la revista La revista Historia Crítica cuenta con tres secciones para la publicación de artículos, a saber: el Dossier temático, que reúne artículos recibidos en el marco de la convocatoria temática semestral que hace el Comité Editorial, sección de Tema abierto destinada a los artículos que llegan espontáneamente a la revista y el Espacio estudiantil para artículos escritos por estudiantes de pregrado. Adicionalmente, la revista publica reseñas y ensayos bibliográficos, traducciones de artículos publicados en el extranjero en idiomas distintos del español y transcripciones de fuentes de archivo con introducción explicativa. Tipo de artículos La revista Historia Crítica publica artículos inéditos que presenten resultados de investigación histórica, innovaciones teóricas sobre debates en interpretación histórica o balances historiográficos completos. Una vez enviado el artículo a Historia Crítica para su evaluación, se entiende que no lo está considerando ninguna otra publicación. A la recepción de un artículo, el Comité Editorial evalúa si cumple con los requisitos exigidos por la revista, así como su pertinencia para figurar en una publicación de carácter histórico. Fechas de recepción de artículos y textos - Dossier temático: las fechas de cierre para la recepción de artículos son el 15 de noviembre del año anterior para el número del primer semestre y el 15 de abril para el número del segundo semestre. - Otras secciones (Tema abierto, Espacio estudiantil, reseñas, ensayos bibliográficos, etc.): los artículos y textos se reciben en cualquier momento del año. Recepción de artículos y textos Los artículos y demás textos deben ser enviados a la revista Historia Crítica por correo electrónico a la cuenta hcritica@uniandes.edu.co o, en su defecto, al Departamento de Historia de la Universidad de los Andes, Calle 18 A n° 0 – 33E, Bogotá, Colombia, en disquete y en formato Word compatible con PC. Presentación general de los artículos y reseñas Los artículos no deben tener más de 18 páginas con notas de pie de página. Deberán estar escritos en letra Times New Roman tamaño 12, a espacio sencillo, paginado y en papel tamaño carta. Las notas de pie de página deberán estar en letra Times

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New Roman tamaño 10 y a espacio sencillo. La bibliografía, los cuadros, gráficas, ilustraciones, fotografías y mapas se cuentan aparte. Los datos del autor deben figurar en un documento adjunto e incluir nombre, dirección, teléfono, dirección electrónica, títulos académicos, afiliación institucional, cargos actuales, estudios en curso y publicaciones en libros y revistas. También es útil indicar, si resulta pertinente, de qué investigación es resultado el artículo y cómo se financió. Se debe adjuntar un resumen en español de máximo 200 palabras y un listado de tres a seis palabras claves. El resumen debe ser analítico, es decir, presentar los objetivos del artículo, su contenido y sus resultados. Las reseñas deben constar de máximo tres páginas a espacio sencillo, en letra Times New Roman tamaño 12 y en papel tamaño carta. Reglas de edición Cuerpo del artículo o texto: - Las subdivisiones en el cuerpo del texto (capítulos, subcapítulos, etc.) deben ir numeradas en números arábigos, excepto la introducción y la conclusión que no se numeran. - Los términos en latín y las palabras extranjeras deberán figurar en letra itálica. - La primera vez que se use una abreviatura, esta deberá ir entre paréntesis después de la fórmula completa; las siguientes veces se usará únicamente la abreviatura. - Las citas textuales que sobrepasen cuatro renglones deben colocarse en formato de cita larga, entre comillas, a espacio sencillo, tamaño de letra 11 y márgenes reducidos. - Debe haber un espacio entre cada uno de los párrafos; estos irán sin sangrado. -

Los cuadros, gráficas, ilustraciones, fotografías y mapas deben aparecer referenciados y explicados en el texto. Deben estar, así mismo, titulados, numerados secuencialmente y acompañados por sus respectivos pies de imagen y fuente(s). Se ubican enseguida del párrafo donde se anuncian. Las imágenes se entregarán en formato digital de buena calidad. Es responsabilidad del autor conseguir el permiso para la publicación de figuras que lo requieran.

Notas de pie de página: Las notas irán a pie de página, en letra Times New Roman tamaño 10 y a espacio sencillo y deberán elaborarse siguiendo los requisitos que se presentan más adelante. Deberán aparecer en números arábigos e ir numeradas secuencialmente, sin incluir asteriscos. El número del pie de página se digita inmediatamente (sin

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espacio) después de la última palabra de la frase y antes del signo de puntuación (o inmediatamente después de la palabra si el número va dentro de la oración). Bibliografía: Al final del artículo deberá ubicarse la bibliografía, escrita en letra Times New Roman tamaño 11, a espacio sencillo y con sangría francesa. Se organizará en fuentes primarias y secundarias, presentando en las primeras las siguientes partes: archivo, publicaciones periódicas, libros. Los títulos deben presentarse en orden alfabético y siguiendo los mismos parámetros que para las notas al pie de página. En la bibliografía deben figurar las referencias completas de todas las obras utilizadas en el artículo, sin incluir títulos que no estén referenciados en los pies de página. Evaluación de los artículos y proceso editorial Toda contribución es sometida a concepto del Comité Editorial y de dos evaluadores anónimos. El resultado de las evaluaciones será comunicado al autor en un período inferior a los seis meses a partir de la recepción del artículo. Las observaciones de los evaluadores, así como las del Comité Editorial de la revista, deberán ser tomadas en cuenta por el autor, quien hará los ajustes para superar las dificultades señaladas. Los autores contarán con un plazo máximo de quince (15) días para enviar la versión definitiva de sus textos. El Comité Editorial se reserva la última palabra sobre la publicación de los artículos y el número en el cual se publicarán, decisión que será comunicada al autor tan pronto se conozca. Esa fecha se cumplirá siempre y cuando el autor haga llegar toda la documentación que le es solicitada en el plazo indicado. La revista se reserva el derecho de hacer correcciones menores de estilo. Durante el proceso de edición, los autores podrán ser consultados por los editores para resolver las inquietudes existentes. Tanto durante el proceso de evaluación como durante el proceso de edición, el correo electrónico constituye el medio de comunicación privilegiado con los autores. Indicaciones relativas a las traducciones de artículos publicados Los interesados en hacer llegar traducciones a la revista Historia Crítica podrán presentar dichos artículos teniendo en cuenta lo siguiente: - El Comité Editorial evaluará la pertinencia del texto. - El interesado deberá pedir la autorización a la revista donde fue publicado originalmente el artículo, así como el acuerdo del autor para la cesión de los derechos. - El interesado deberá entregar una versión traducida al español. - Las traducciones deberán respetar las normas editoriales de la revista. - Historia Crítica someterá la traducción a revisión y corrección de estilo.

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Indicaciones para los autores de artículos aceptados para publicación - Los autores recibirán dos ejemplares del número en el que participaron. -

Los autores y/o titulares de los artículos aceptados autorizan, mediante la firma del ‘Documento de autorización de uso de derechos de propiedad intelectual’, la utilización de los derechos patrimoniales de autor (reproducción, comunicación pública, transformación y distribución) a la Universidad de los Andes Departamento de Historia, para incluir el artículo en la Revista Historia Crítica (versión impresa y versión electrónica).

La revista Historia Crítica se reserva los derechos de autor, por lo cual, en caso de que un artículo quisiera incluirse posteriormente en otra publicación, deberán señalarse claramente los datos de la publicación original en Historia Crítica, previa autorización solicitada a la dirección de la revista.

Referencias Las referencias deben presentarse de la siguiente forma: Libro: APELLIDO, Nombre, Título libro, Ciudad, Editorial, año, p. o pp. (En la bibliografía, no se indica(n) la(s) página(s)). Artículo en libro: APELLIDO, Nombre, “Título artículo”, en APELLIDO, Nombre (ed. o eds./comp./coord.), Título libro, Ciudad, Editorial, año, p. o pp. (En la bibliografía, deben indicarse las páginas inicial y final). Artículo en revista: APELLIDO, Nombre, “Título artículo”, en Título revista, Vol., No., Ciudad, Institución/Editorial, año, p. o pp. (En la bibliografía, deben indicarse las páginas inicial y final). Artículo de prensa: APELLIDO, Nombre, “Título artículo”, en Título Periódico, Ciudad, fecha completa, p. o pp. (En la bibliografía, las publicaciones periódicas que son fuentes primarias deben presentarse con Título Periódico, Ciudad, años consultados). Fuentes de archivo: La citación cumple el propósito de proporcionarle al lector información suficiente para que acceda al documento en el archivo en el que se encuentre. Una opción útil es: Siglas del archivo, Sección, Fondo, vol./leg./t., f. o ff. (lugar, fecha y eventualmente otros datos pertinentes). (En la bibliografía, se indicarán sólo estos cuatro primeros datos). Entrevistas: Entrevista a APELLIDO, Nombre, Ciudad, fecha completa.

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Publicaciones en Internet: APELLIDO, Nombre, Título artículo, dirección página Web, fecha de consulta. Los folletos y las monografías se citan como los libros. Las publicaciones en CD-ROM se citan como los libros con la aclaración [CD-Rom] al final de la referencia. En los pies de página: - Se usará Ibid. cuando la referencia es idéntica a la inmediatamente anterior. Se indicará el número de la página o las páginas citadas siempre que estas sean distintas a las páginas citadas en la nota inmediatamente anterior. - Se usará op. cit. cuando la obra ha sido citada anteriormente, pero no en la nota al pie directamente anterior. Se procederá así: APELLIDO, Nombre, op. cit., p. o pp. -

Cuando se usan varios textos de un mismo autor, se colocará(n) la(s) primera(s) palabra(s) de la publicación en cuestión a partir de la segunda cita, seguida(s) de puntos suspensivos y de op. cit.: APELLIDO, Nombre, Primeras palabra(s) del título…, op. cit., p. o pp.