Historia Crítica No. 34 by Publicaciones Faciso

ISSN 0121-1617

Tabla de contenido

María José Afanador Llach, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia La obra de Jorge Tadeo Lozano: apuntes sobre la Ciencia Ilustrada y los inicios del proceso de Independencia

8-31

Meri L. Clark, Western New England College, Springfield, Massachusetts, Estados Unidos Conflictos entre el Estado y las elites locales sobre la educación colombiana durante las décadas de 1820 y 1830

32-61

Gilberto Loaiza Cano, Universidad del Valle, Cali, Colombia El maestro de escuela o el ideal liberal de ciudadano en la reforma educativa de 1870

62-91

Sergio Paolo Solano de las Aguas y Roicer Alberto Flórez Bolívar, Universidad de Cartagena, Colombia Resguardos indígenas, ganadería y conflictos sociales en el Bolívar Grande, 1850-1875

Revista del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes http://historiacritica.uniandes.edu.co/ BOGOTA, COLOMBIA

Dossier. Siglo XIX: sociedad, educación y poder

ISSN 0121-1617

Artículos

Julio - Diciembre 2007

5-6

92-117

Nils Jacobsen, University of Illinois, Urbana-Champaign, Estados Unidos ‘Liberalismo tropical’: cómo explicar el auge de una doctrina económica europea en América Latina, 1780-1885

118-147

Stefania Gallini, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia El siglo decimonónico latinoamericano en la Red

148-158

Tema abierto María Cristina Navarrete Peláez, Universidad del Valle, Cali, Colombia De las “malas entradas” y las estrategias del “buen pasaje”: el contrabando de esclavos en el Caribe neogranadino, 1550-1690

160-183

Hugo Fazio Vengoa, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia La historia del tiempo presente y la modernidad mundo

184-207

Espacio estudiantil Santiago Muñoz Arbelaez, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia ‘Medir y amojonar’. La cartografía y la producción del espacio colonial en la Provincia de Santa Marta, siglo XVIII

208-231

Ensayo bibliográfico Abel I. López Forero, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia Censura en la universidad medieval

232-247

Reseñas Marcela Echeverri, New York University, Nueva York, Estados Unidos GUARDINO, Peter, The Time of Liberty. Popular Political Culture in Oaxaca, 1750-1850, Durham, Duke University Press, 2005. Rafael Antonio Díaz Díaz, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia ALZATE ECHEVERRI, Adriana María, Suciedad y Orden. Reformas sanitarias borbónicas en la Nueva Granada, 1760-1810, Bogotá, Editorial Universidad de El Rosario - Universidad de Antioquia - Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), 2007.

252-256

Notilibros - Notired Índice cronológico Convocatoria Acerca de la revista Normas para los autores

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Revista del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes

Carta a los lectores

248-252

Julio - Diciembre 2007 Tarifa Postal Reducida No. 2007-109 Servicios Postales Nacionales S.A. Vence 31 de Dic. 2007 Precio $ 10.000

No. 34

julio - diciembre 2007

Revista del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes Bogotรก, Colombia

Nº 34, julio-diciembre de 2007 Revista del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia Dirección y teléfono: Calle 18 A n° 0 - 33E, Bogotá, Colombia, tel-fax: +57 (1) 332.45.06 Correo electrónico: hcritica@uniandes.edu.co - Sitio Web: http://historiacritica.uniandes.edu.co Fundador Daniel García-Peña Editores anteriores Daniel García-Peña (1989-1990), Hugo Fazio (1991-1994), Mauricio Nieto (1995-1998), Ricardo Arias (1998-2004) Editora Muriel Laurent, PhD, Universidad de los Andes, Colombia, mlaurent@uniandes.edu.co Editora asesora Marta Herrera Ángel, PhD, Universidad de los Andes, Colombia, maherrer@uniandes.edu.co Coordinadora editorial Martha Lux, M.A., Universidad de los Andes, Colombia, hcritica@uniandes.edu.co Coordinador revistas Fac. Ciencias Sociales José Antonio Ramírez, Universidad de los Andes, Colombia, jo-ramir@uniandes.edu.co Comité editorial Diana Bonnett, PhD, Universidad de los Andes, Colombia, dbonnett@uniandes.edu.co, Rafael Díaz, PhD, Pontificia Universidad Javeriana, Colombia, rdiaz@javeriana.edu.co, Stefania Gallini, PhD, Universidad Nacional de Colombia (Bogotá), sgallini@unal.edu.co, Karl Offen, PhD, University of Oklahoma, Estados Unidos, koffen@ou.edu, Clément Thibaud, PhD, Université de Nantes, Francia, clement.thibaud@univ-nantes.fr Comité científico David Bushnell, PhD (University of Florida, Estados Unidos), Guillermo Bustos, PhD (Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador), Martín Kalulambi, PhD (University of Ottawa, Canadá), Anthony McFarlane, PhD (University of Warwick, Reino Unido), David Robinson, PhD (Syracuse University, Estados Unidos), Mary Roldán, PhD (Cornell University, Estados Unidos), Gonzalo Sánchez, PhD (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Colombia). Árbitros

Martha Lucía Barriga (Colombia), Egberto Bermúdez (Colombia), Heraclio Bonilla (Colombia), Paola Castaño (Estados Unidos), Gisela Cramer (Colombia), Bernardo García (México), Laura Giraudo (España), Laurent Jalabert (Francia), Salomón Kalmanovitz (Colombia), Kris Lane (Estados Unidos), Iván Marín (Colombia), Rosa María Martínez (España), Jorge Orlando Melo (Colombia), Nestor Miranda (Colombia), Federica Morelli (Francia), Ernst Pijning (Estados Unidos), Aristides Ramos (Colombia), Olga Restrepo (Colombia), Frank Safford (Estados Unidos), Oscar Saldarriaga (Colombia), Gonzalo Sánchez (Colombia), Renán Silva (Colombia), Victor Uribe (Estados Unidos), Miguel Urrutia (Colombia), Shawn Van Ausdal (Estados Unidos), Juanita Villaveces (Colombia), Joaquín Viloria (Colombia).

Corrección de estilo .Puntoaparte editores contacto@puntoaparte.com.co Traducción al inglés Shawn Van Ausdal s_vanausdal@yahoo.com Portada Tatiana Arocha tatiana@servicio-ejecutivo.com Diseño y diagramación Nahidú Ronquillo nahiduronquillo@yahoo.com Impresión Panamericana Formas e Impresos S.A. Distribución Siglo del Hombre Editores Suscripciones (57-1) 481.05.05 http://www.lalibreriadelau.com/catalog/index.php/manufacturers_id/95   Páginas del número 286 pp. Formato 19 x 24.5 cm Tiraje 500 ejemplares Periodicidad Semestral (junio y diciembre) ISSN 0121-1617. Min. Gobierno 2107 de 1987 * Las ideas aquí expuestas son responsabilidad exclusiva de los autores. * El material de esta revista puede ser reproducido sin autorización para su uso personal o en el aula de clase, siempre y cuando se mencione como fuente el artículo y su autor, y la Revista  Historia Crítica del Departamento de Historia  de la Universidad de los Andes. Para reproducciones con cualquier otro fin es necesario solicitar primero autorización del Comité editorial de la revista. Precio: $ 10.000 (Colombia)

Tabla de contenido Carta a los lectores

5-6

Artículos Dossier. Siglo XIX: sociedad, educación y poder María José Afanador Llach, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia La obra de Jorge Tadeo Lozano: apuntes sobre la Ciencia Ilustrada y los inicios del proceso de Independencia

8-31

32-61

Gilberto Loaiza Cano, Universidad del Valle, Cali, Colombia El maestro de escuela o el ideal liberal de ciudadano en la reforma educativa de 1870

62-91

Sergio Paolo Solano de las Aguas y Roicer Alberto Flórez Bolívar, Universidad de Cartagena, Colombia Resguardos indígenas, ganadería y conflictos sociales en el Bolívar Grande, 1850-1875

92-117

Nils Jacobsen, University of Illinois, Urbana-Champaign, Estados Unidos ‘Liberalismo tropical’: cómo explicar el auge de una doctrina económica europea en América Latina, 1780-1885 118-147 Stefania Gallini, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia El siglo decimonónico latinoamericano en la Red

148-158

160-183

Hugo Fazio Vengoa, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia La historia del tiempo presente y la modernidad mundo

184-207

208-231

Ensayo bibliográfico Abel I. López Forero, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia Censura en la universidad medieval

232-247

252-256

Notilibros - Notired Índice cronológico Convocatoria Acerca de la revista Normas para los autores

257-262 263-265 266 267 268-272

248-252

Table of Contents Letter to readers

5-6

Articles Thematic Forum. Nineteenth century: society, education and power María José Afanador Llach, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia The Works of Jorge Tadeo Lozano: Notes on Enlightened Science and the Beginnings of Independence

8-31

Meri L. Clark, Western New England College, Springfield, Massachusetts, United States Conflicts between State and Local Elites over Colombian Education, 1820s-1830s

32-61

Gilberto Loaiza Cano, Universidad del Valle, Cali, Colombia The School Teacher or the Ideal Liberal Citizen in the Education Reform of 1870

62-91

Sergio Paolo Solano de las Aguas y Roicer Alberto Flórez Bolívar, Universidad de Cartagena, Colombia Indian Resguardos, Cattle Ranching and Social Conflict in Old Bolívar, 1850-1875

92-117

Nils Jacobsen, University of Illinois, Urbana-Champaign, United States ‘Liberalismo tropical’: the Career of a European Economic Doctrine in Nineteenth-Century Latin America

118-147

Stefania Gallini, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia Internet Resources for Nineteenth-Century Latin American History

148-158

María Cristina Navarrete Peláez, Universidad del Valle, Cali, Colombia On malas entradas and Strategies of buen pasaje: the Illegal Slave Trade in the Caribbean Region of New Granada, 1550-1690

160-183

Hugo Fazio Vengoa, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia The History of the Present and World Modernity

184-207

Open Forum

Student space Santiago Muñoz Arbelaez, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia ‘By Metes and Bounds’: Cartography and the Production of Colonial Space in the Province of Santa Marta (Eighteenth Century) 208-231 Bibliographical essay Abel I. López Forero, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia Censorship in the Medieval University Book Reviews Marcela Echeverri, New York University, New York, United States GUARDINO, Peter, The Time of Liberty. Popular Political Culture in Oaxaca, 1750-1850, Durham, Duke University Press, 2005. Rafael Antonio Díaz Díaz, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia ALZATE ECHEVERRI, Adriana María, Suciedad y Orden. Reformas sanitarias borbónicas en la Nueva Granada, 1760-1810, Bogotá, Editorial Universidad de El Rosario - Universidad de Antioquia - Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), 2007. Book Notes - Web Notes Chronological Index Call for Papers About the Journal Submission Guidelines

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252-256 257-262 263-265 266 267 268-272

Carta a los lectores Este número de la revista Historia Crítica es nuestra segunda entrega dedicada al siglo XIX, y en particular a los temas de sociedad, educación y poder en Colombia y en América Latina. El lector recordará la excelente acogida que tuvo la convocatoria para artículos sobre ese siglo y nuestra decisión de publicar los textos en dos etapas. En esta ocasión se abordan variadas temáticas y distintos momentos del siglo XIX, desde la ciencia hasta la economía, pasando por la educación, lo social y el derecho, y desde el período independentista hasta el inicio de la Regeneración. El artículo de María José Afanador estudia la obra científica de Jorge Tadeo Lozano, en particular sus trabajos sobre zoología, en la cual se relacionan la ciencia ilustrada y la identidad criolla durante el proceso de Independencia en la Nueva Granada. Otros dos textos desarrollan temáticas vinculadas con la educación. Meri Clark analiza los conflictos en torno a la educación en la Nueva Granada durante las décadas de 1820 y 1830. Se centra en dos espacios donde los intereses locales se enfrentaron con la propuesta del Estado central de unificar el método pedagógico. La educación es igualmente el tema trabajado por Gilberto Loaiza, quien muestra cómo el maestro de escuela se transformó en ideal liberal de ciudadano, a raíz de la reforma escolar que se realizó en Colombia en 1870. Por su parte Roicer Flórez y Sergio Solano analizan los conflictos sociales que se dieron entre los indígenas y sus aliados y los ganaderos por el control de las tierras de los resguardos en Bolívar Grande entre 1850 y 1875. Nils Jacobsen estudia el auge del liberalismo económico europeo en América Latina, desde finales del siglo XVIII hasta finales del siglo XIX. Propone el concepto de ‘Liberalismo tropical’ para describir este fenómeno. El dossier se cierra con un texto titulado “El siglo decimonónico latinoamericano en la Red”, en el cual Stefania Gallini analiza una serie de recursos web que se dedican a la historia latinoamericana del siglo XIX y busca estimular el debate sobre los desafíos que estos recursos plantean al historiador. En consonancia con lo anterior, nuestra tradicional sección de Notilibros se amplia para incluir información relacionada con los recursos de la de la red, que hemos denominado Notired. Allí incluiremos párrafos cortos que describan recursos de la red o de la web relacionados con la historia. Invitamos a los lectores interesados, para que nos envíen información relacionada con estos temas para publicarla en esta sección.

En nuestra sección de tema libre, se incluyen tres artículos. El artículo de María Cristina Navarrete trata sobre el contrabando de esclavos en el Caribe neogranadino entre mediados del siglo XVI y finales del siglo XVII. Hugo Fazio reflexiona acerca de la historia del tiempo presente y la modernidad mundo. Finalmente, en el espacio estudiantil, Santiago Muñoz se preocupa por la cartografía y la producción del espacio colonial en la Provincia de Santa Marta a finales del siglo XVIII. En esta edición también se cuenta con un ensayo bibliográfico de Abel López sobre la censura en la universidad medieval, así como con reseñas de libros elaboradas por Marcela Echeverri y Rafael Díaz.

Dossier Siglo XIX: sociedad, educaci贸n y poder

La obra de Jorge Tadeo Lozano: apuntes sobre la Ciencia Ilustrada y los inicios del proceso de Independencia Resumen El artículo estudia los trabajos científicos de Jorge Tadeo Lozano entre 1800 y 1816 como ventana para explorar algunos elementos de la conformación de una identidad criolla en los inicios del proceso de Independencia. La fuente principal para la reconstrucción de la práctica científica de Lozano es la Fauna cundinamarquesa. El análisis de la práctica científica de Lozano, en especial sus trabajos sobre zoología, representa un lugar para examinar algunos aspectos del proceso de Independencia, buscando evidenciar relaciones entre la construcción de conocimiento en las condiciones específicas de la periferia y el reconocimiento de una naciente identidad americana, base fundamental para comprender el posterior proceso de construcción de una identidad nacional. Palabras claves: Jorge Tadeo Lozano, Ilustración, identidad criolla, ciencia, zoología, política, Independencia.

The Works of Jorge Tadeo Lozano: Notes on Enlightened Science and the Beginnings of Independence Abstract This article examines the scientific studies of Jorge Tadeo Lozano between 1800 and 1816 as a window through which to explore some elements in the formation of a creole identity at the start of the Independence movement. The principal source to reconstruct Lozano’s scientific practice is his Fauna cundinamarquesa. The analysis of Lozano’s scientific practice, especially his work on zoology, is a way to examine some aspects of the Independence movement by demonstrating the relations between the construction of knowledge in the specific conditions of the periphery and the recognition of a nascent Creole identity, which are fundamental to be able to understand the later process of constructing a national identity. Keywords: Jorge Tadeo Lozano, Enlightenment, creole identity, science, zoology, politics, Independence.

Artículo recibido el 15 de noviembre de 2006 y aprobado el 18 de diciembre de 2006.

Z Historia Crítica No. 34, Bogotá, julio-diciembre 2007, 286 pp. ISSN 0121-1617 pp. 8-31

La obra de Jorge Tadeo Lozano: apuntes sobre la Ciencia Ilustrada y los inicios del proceso de Independencia H María José Afanador Llach D Introducción A finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, en el Nuevo Reino de Granada, la ciencia cobró especial importancia en la conformación de un grupo intelectual de criollos, pues a través de proyectos de investigación de las condiciones locales y del intercambio intelectual por medio de los periódicos, entre otros aspectos, este grupo se hizo vocero y difusor del proyecto ilustrado en la Nueva Granada1. El propósito de este artículo es estudiar los trabajos científicos de Jorge Tadeo Lozano entre 1800 y 1816, para explorar algunos elementos de la conformación de una identidad criolla en los inicios del proceso de Independencia. El análisis de la práctica científica de Lozano, en particular de sus trabajos sobre zoología, representa un lugar para examinar algunas relaciones entre la construcción de conocimiento en las condiciones específicas de la periferia2 y el reconocimiento de una naciente identidad americana, que evidencia que la conciencia política de los criollos empezó a cambiar hacia finales del siglo H Este artículo es resultado de la investigación adelantada como proyecto de grado de Historia iniciado durante el segundo semestre de 2004 y culminado con apoyo financiero del Centro de Estudios Socioculturales e Internacionales (CESO) de la Universidad de los Andes en agosto de 2005. La monografía de grado resultante fue publicada como: AFANADOR, María José, Historia Natural y Política: reflexiones sobre la Ciencia Ilustrada de comienzos del siglo XIX a través de la obra de Jorge Tadeo Lozano, Cuadernos del CESO Historia No. 108, Universidad de los Andes - Facultad de Ciencias Sociales - Departamento de historia -Centro de Estudios Socioculturales e Internacionales (CESO), 2006. El artículo profundiza el tema de la conformación de la identidad criolla a través de la ciencia, en los inicios del proceso de Independencia, por medio de los trabajos científicos de Lozano y teniendo en cuenta aspectos relevantes de su identidad social. D Politóloga e historiadora de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. mariajo.afana@gmail.com 1 Desde la perspectiva de la Nueva Historia Cultural, Renán Silva ha centrado gran parte de sus trabajos en el proceso de formación de un nuevo grupo social, en este caso “los ilustrados”. En dichos trabajos estudia nuevas formas de representación imaginarias construidas por los ilustrados en torno a problemas como la creación de riqueza, el trabajo, la naturaleza y el saber. Estas nuevas formas de representación permitieron la conformación de una comunidad intelectual alrededor de un proyecto común. SILVA, Renán, Los ilustrados de Nueva Granada, 1760-1808: genealogía de una comunidad de interpretación, Medellín, Banco de la República, Fondo Editorial Universidad EAFIT, 2002. 2 La llamada periferia tradicionalmente ha sido concebida como una “fuente de datos, lugar de recolección, medición y “aplicación” de una manera de ver el mundo “universal”, que es independiente de todo tiempo y lugar y, en consecuencia, una forma de conocimiento superior”. RESTREPO, Olga, “En busca del orden. Ciencia y poder en Colombia”, en Asclepio, Revista de Historia de la Ciencia y de la Medicina, Vol. I, No. 2, Madrid, Departamento de Historia de la Ciencia, Instituto de Historia - CSIC, 1998, p. 45. Los centros por su parte, siguiendo la idea de Burke de “geografía del conocimiento”, son los lugares donde “se descubrió, se almacenó o elaboró y finalmente se difundió el conocimiento”. BURKE, Peter, Historia social del conocimiento, Barcelona, Paidós, 2002, p. 79.

Z Hist.Crit. No. 34, Bogotá, julio-diciembre 2007, 286 pp. ISSN 0121-1617 pp. 8-31

La obra de Jorge Tadeo Lozano: apuntes sobre la Ciencia Ilustrada y los inicios del proceso de Independencia

XVIII y comienzos del XIX. Algunas dinámicas propias de la situación colonial de los criollos ilustrados en los momentos de iniciación del proceso de Independencia serán estudiadas desde la constitución de Lozano como sujeto científico criollo colonial3, a fin de evidenciar relaciones entre la ciencia y la política4.

1. La posición de Lozano en la sociedad colonial y el contexto de la Ilustración La Ilustración fue un movimiento ideológico y social que se desarrolló en Europa en el siglo XVIII y que tuvo su expresión en el Nuevo Mundo. En el contexto de las colonias americanas se trató de un conjunto de ideas y de prácticas, que buscaron fortalecer el control por parte del Estado español. Lo anterior se manifestó en una serie de reformas llevadas a cabo por la Corona española, en las que sobresalió el fortalecimiento del Estado para controlar a la aristocracia y a la Iglesia. Jorge Tadeo Lozano representó los intereses de una élite de criollos atraída por las prácticas científicas y por llevar a cabo el proyecto de la Ilustración en América. Comprender la obra científica de Lozano es una tarea que difícilmente se puede realizar sin entender cuál fue su identidad social y cuál fue el contexto en el que se formó y desarrolló sus intereses, elementos que se discuten a continuación. Lozano nació el 30 de enero de 1771 en Santa Fe en el seno de una de las pocas familias en la Nueva Granada cuyo padre tenía un título nobiliario. Su padre era Jorge Miguel Lozano de Peralta y Varáez, Maldonado de Mendoza y Olaya, Marqués de San Jorge, quien obtuvo ese título como reconocimiento por sus servicios a la Corona5. Lozano ingresó al Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en 1781, donde estudió latinidad, retórica, humanidades y filosofía desde 1784. En estos años se estaba desarrollando un proceso al que Renán Silva caracteriza como una crisis y modificación intelectual frente a áreas como la teología y los estudios jurídicos. Esto 3

Adorno alude al “sujeto colonial” como colonizado y también como colonizador. Señala así los problemas de la construcción cultural de la alteridad. Al referirse al sujeto colonial colonizador lo define como portador de una visión europeizante, es decir, una visión que concuerda con los valores de la Europa Imperial. ADORNO, Rolena, “El sujeto colonial: la construcción cultural de la alteridad”, en Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, Año XIV, No. 28, Lima-Hanover, 2o semestre de 1988, p. 56. Mauricio Nieto, Diana Ojeda y Paola Castaño han trabajado ampliamente este tema con una tesis que señala que los criollos letrados se apropiaron de un discurso científico y que sus prácticas científicas son prácticas políticas en la medida en que constituyen un orden social y un orden natural. La noción de ‘orden’ está referida a la existencia de una “serie de prácticas clasificatorias y formas de inclusión y exclusión”. Es así como la práctica científica de los criollos se convierte en un lugar donde éstos “ensamblan su propia identidad en la medida que generan formas de distinción frente a otros”. NIETO, Mauricio, CASTAÑO, Paola y OJEDA, Diana, “Política, ciencia y geografía en el Semanario del Nuevo Reyno de Granada”, en Revista Nómadas, No. 22, Bogotá, Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos, Universidad Central, abril 2005, pp. 114-124; y NIETO, Mauricio, CASTAÑO, Paola y OJEDA, Diana, “El influjo del clima sobre los seres organizados y la retórica ilustrada en el Semanario del Nuevo Reyno de Granada”, en Historia Crítica, No. 30, Bogotá, Departamento de Historia, Universidad de los Andes, julio-diciembre de 2005, pp. 91-114. Ese título se le intentó derogar en varias ocasiones por deudas con las arcas reales, hasta que finalmente le fue derogado, como se verá más adelante. CÁCERES, Humberto, Jorge Tadeo Lozano: vida, obra, época, Bogotá, Universidad Jorge Tadeo Lozano, 1987, p. 31.

Historia Crítica No. 34, Bogotá, julio-diciembre 2007, 286 pp. ISSN 0121-1617 pp. 8-31

María José Afanador Llach

se relaciona con el surgimiento de nuevos intereses hacia otros campos del saber, como lo es la historia natural, y con la generación de un sentimiento de pérdida de sentido frente a la vocación jurídica por parte de algunos de los estudiantes universitarios, dentro de los que se encuentra Lozano6. El Marqués de San Jorge, padre de Lozano, fue arrestado en 1786, lo cual motivó la salida de Lozano de la Nueva Granada hacia España a finales del mismo año, dejando inconclusos sus estudios. Para este momento había adelantado sus estudios de filosofía y se proponía seguir la carrera militar en Europa. En España estudió ciencias naturales, química y otras materias. Ingresó al Real Cuerpo de Guardias de Coros y peleó contra los franceses en la campaña de Rosellón. Poco después, estando en España, abandonó la carrera militar por motivos que serán expuestos más adelante. Lozano permaneció varios años más en Europa, y habiendo dejado la carrera militar se dedicó a viajar. De su permanencia en otros lugares de Europa se sabe muy poco, al parecer en París realizó estudios de diplomacia, estadística, ciencias naturales y formas de gobiernos europeos7. Los criollos ilustrados, entre los cuales está Lozano, se constituyen como grupo cultural al asumir el proyecto ilustrado en el Nuevo Reino de Granada; esto supuso la construcción de nuevas formas de representación imaginaria (Renán Silva habla de representación imaginaria construida por los ilustrados)8, donde se aceptan ciertos ideales de progreso y felicidad9. Se entiende la Ilustración como un proceso que más allá de ser un movimiento de ideas implicó el desarrollo de prácticas de apropiación del mundo natural y del mundo de lo social, prácticas que deben ser estudiadas en detalle10. Viajar por Europa le permitió a Lozano construir una biblioteca notable y tener mayor contacto con el pensamiento ilustrado. Según una lista de sus libros realizada en 1816, año de su muerte, de un total de 119 libros, 60 corresponden a historia natural. Dentro de éstos libros se encuentran: “más de 15 tomos de Linneo, 10 tomos de Fourcroy, obras de Buffon, Tournefort, Cuvier, Jussieu, etc.; pero hay que decir también que, como lo muestra el inventario completo, se trata de un dominio él mismo especializado en un ramo: aquel de la zoología […]”11. Para 1783, José Celestino Mutis había iniciado la organización de la Real Expedición Botánica en la Nueva Granada que tenía como objetivo “No solo la colección, descripción, clasificación, nomenclatura y dibujo de las plantas, sino también de los productos de los otros reinos, animal y mineral y además hacer observaciones astronómicas y geográficas”12. El proyecto zoológico fue asignado oficialmente por ‘Real Orden’ a Jorge Tadeo Lozano en el año de 1803. En la tarea de llevar a cabo 6 7 8 9 10 11 12

SILVA, Renán, op. cit., p. 159. CÁCERES, Humberto, op. cit., p. 18. SILVA, Renán, op. cit. Ibid., p. 22. NIETO, Mauricio, Remedios para el Imperio: historia natural y la apropiación del Nuevo Mundo, Bogotá, ICANH, 2000, p. 11. SILVA, Renán, op. cit., p. 289. VEZGA, Florentino, La expedición botánica, Bogotá, Biblioteca Aldeana de Colombia, Editorial Minerva, 1936, p. 32.

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La obra de Jorge Tadeo Lozano: apuntes sobre la Ciencia Ilustrada y los inicios del proceso de Independencia

esta nueva empresa, dada su posición social y económica, cabe destacar que éste contaba con numerosas haciendas en diferentes climas, lo cual le permitió reunir una cierta colección de animales para iniciar su trabajo13 que consistía en la colección, dibujo, descripción y clasificación, costumbres, duración y propiedades de la fauna del Virreinato. En cuanto a los desarrollos científicos en la Nueva Granada la zoología recibió un impulso tardío en comparación con la botánica, que para finales del siglo XVIII se encontraba más desarrollada por ser esencial para la industria farmacéutica, entre otras cosas14. La prosperidad que buscaba la Corona dependía de la ciencia, particularmente de la historia natural. La Corona española basó sus políticas en la creencia de que la “adquisición y aplicación de conocimientos científicos incrementaría su poder político y económico”15. De esta forma se inició la formación de una cultura científica en América entendida como un contexto local, alejado geográficamente de Europa, donde se empezó a dar una producción de conocimientos adaptados a los problemas que había que resolver en la Colonia, como la baja productividad agrícola, el pobre conocimiento del territorio, problemas de salud e higiene, etc. De aquí surgieron una serie de preocupaciones por parte de los criollos ilustrados en relación con el futuro de la Nueva Granada. Dentro de este contexto, en 1801, Lozano fundó junto con su primo José Luis de Azuola el “Correo curioso, erudito, económico y mercantil de la ciudad de Santa Fe de Bogotá”, un periódico independiente16. En él Lozano publicó un artículo titulado: “Sobre lo útil que sería el establecimiento de una sociedad económica de amigos del país”17. Ese mismo año, se fundó en Santa Fe la Sociedad Patriótica del Nuevo Reino de Granada, lo que muestra la injerencia de los criollos sobre la política colonial en el tema de impulsar la economía de las colonias. La recurrencia en los periódicos de la Nueva Granada de los temas tales como la geografía, los recursos naturales, la economía, el comercio, la agricultura y la industria, muestran cómo la ciencia se fue integrando y asimilando para responder a las condiciones locales. La actividad científica al empezar a ser ejercida no sólo por viajeros y exploradores europeos, sino también por un 13 Sobre el inicio de la escritura de la obra, Lozano y Lozano anota: “(…) había concebido la idea de escribir una grande obra, la Fauna cundinamarquesa, y a hacerlo se retiró a la casa solar de sus mayores, situada a las orillas del río de Serrezuela, en el punto llamado Novillero, donde se rodeó de todos los elementos necesarios, que expresamente había traído del exterior”. LOZANO Y LOZANO, Fabio, “Biografía de Don Jorge Tadeo Lozano”, en Boletín de Historia y Antigüedades, año X, No. 116, Bogotá, Órgano de la Academia Nacional de Historia, junio de 1916, p. 465. El río Serrezuela está ubicado cerca de Subachoque. 14 NIETO, Mauricio, Remedios para el…op. cit. P. 51, 15 Ibid., p. 10. 16 Para más información acerca del Correo Curioso y descripciones más detalladas de sus contenidos, ver el capítulo titulado “Formas de sociabilidad y producción de nuevos ideales para la vida social. A propósito del Correo Curioso de Santafé de Bogotá”, en SILVA, Renán, La Ilustración en el Virreinato de la Nueva Granada. Estudios de Historia social, Medellín, La Carreta Editores, 2005. 17 LOZANO, Jorge Tadeo, “Sobre lo útil que sería el establecimiento de una sociedad económica de amigos del país”, en Correo curioso, erudito, económico y mercantil de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, No. 39, 1801, pp. 153-155.

Historia Crítica No. 34, Bogotá, julio-diciembre 2007, 286 pp. ISSN 0121-1617 pp. 8-31

María José Afanador Llach

grupo de científicos nacidos en América, estuvo al servicio de la Corona para la mejor explotación de los recursos y, además, orientada al “bien común” y a los intereses socioeconómicos de este grupo. En 1808 se inició en Santa Fe, bajo la dirección de Francisco José de Caldas, la publicación del Semanario del Nuevo Reino de Granada. El periódico se ocupó de temas como la geografía, el clima, la astronomía, la agricultura, la minería, la educación, el comercio y la zoología. Lozano colaboró con el Semanario con las siguientes obras: Memoria sobre las serpientes y plan de observaciones para aclarar la historia natural de las que habitan en el Nuevo Reino de Granada, y para cerciorarse de los verdaderos remedios capaces de favorecer a los que han sido mordidos por las venenosas18; Fragmento de una obra titulada: Fauna cundinamarquesa, o descripción de los animales del Nuevo Reyno de Granada19, específicamente el aparte dedicado a El Hombre (Homo Linn); la traducción de la Geografía de las plantas de Humboldt20, y por último la Idea de un instrumento llamado chromapicilo que manifiesta la degradación de los colores21. A través de un recorrido por la obra de Lozano, parte de la cual está contenida en el Semanario del Nuevo Reino de Granada, específicamente la parte dedica a “El Hombre, Homo Linn” y otra contenida en sus manuscritos científicos de zoología, se mostrará cómo entre los criollos ilustrados se fue produciendo un espacio propio de saber a través del cual los personajes como Lozano, definieron su lugar y su función en la sociedad, buscando diferenciarse. Es en este proceso de apropiación y evolución del campo del saber, que simultáneamente se construye de manera colectiva una nueva identidad cultural. Para el caso particular de Lozano se hizo evidente en su obra la función del trabajo científico criollo para los objetivos de progreso y felicidad, así como la búsqueda constante que él mantuvo para lograr ser reconocido por su trabajo22.

2. El proyecto zoológico de Lozano y la defensa de la naturaleza americana La obra zoológica de Lozano se basó en la elaboración de láminas que representaron a los animales y que se convirtieron en objeto científico de estudio, con la posibilidad 18 LOZANO, Jorge Tadeo, “Memoria sobre las serpientes” [1808], en Semanario del Nuevo Reino de Granada, Editorial Minerva, Bogotá, 1942, pp. 107-132. 19 LOZANO, Jorge Tadeo, “Fragmento de una obra titulada: Fauna cundinamarquesa, o descripción de los animales del Nuevo Reyno de Granada; su autor D. Jorge Tadeo Lozano Maldonado de Mendoza, individuo de la Real Expedición Botánica y encargado con Real aprobación de su parte Zoológica”, en Semanario del Nuevo Reino de Granada, No. 48, Santa Fe de Bogotá, Imprenta Real de Santa Fe de Bogotá, 3 de diciembre de 1809, pp. 347-354. 20 HUMBOLDT, Alexander, “Geografía de las plantas o quadro físico de los Andes Equinoxiales y de los países vecinos, levantado sobre las observaciones y medidas, hechas sobre los mismos lugares desde 1799 hasta 1803 y dedicado con los sentimientos del mas profundo renacimiento al ilustre patriarca de los Botánicos: Don Joseph Celestino Mutis; Por Federico Alexandro Barón de Humboldt”, en Semanario del Nuevo Reino de Granada, Nos. 16-25, Santa Fe de Bogotá, Imprenta Real de Santa Fe de Bogotá, 23 de abril a junio 25 de 1809, pp. 121-126 (Traducido del francés por D. Jorge Tadeo Lozano, individuo de la Real Expedición Botánica de Santa Fe de Bogotá). 21 LOZANO, Jorge Tadeo, “Idea de un instrumento llamado chromapicilo que manifiesta la degradación de los colores”, en Semanario del Nuevo Reino de Granada, No. 4, Santa Fe de Bogotá, Imprenta Real de Santa Fe de Bogotá, 1810, pp. 1-15. 22 SILVA, Renán, Los ilustrados…op. cit., p. 507.

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de movilizarse y de formar parte de gabinetes y colecciones de historia natural23. Gran parte de las láminas que contienen a los animales y a las diferentes razas fueron pintadas antes del escrito de Lozano24. Los pintores “Rizo y Matis copiaban al óleo las plantas y los animales que todos tres [Mutis, Caldas y Lozano] traían al depósito común, receptáculo universal de las ciencias, en el cual nada faltaba por coleccionar, porque poseían muestras rarísimas en abundancia”25. Jorge Tadeo Lozano inició la escritura de La Fauna Cundinamarquesa26 el 26 de diciembre de 1806, siendo su objetivo principal presentar una colección de láminas de los animales de la antigua Cundinamarca. Sin embargo, el manuscrito original está incompleto y las láminas de la fauna no se encuentran en él, aunque es posible que estén en archivos españoles27. Los animales que se describen en la obra, empezando por El hombre, son la cotorra pechiblanca, la falena, un caracol múrice y el runcho. En su relato científico el autor presentó y describió cuidadosamente la fauna del Nuevo Mundo. Su trabajo consistió en la identificación, descripción y clasificación de cada especie, porque consideró que los cronistas de la Conquista y la Colonia habían hecho relatos que carecían de juicio, llegando incluso a ser fantasiosos: “Es verdad que los historiadores de estas provincias, tales como Oviedo, Acosta, Zamora, Piedrahita, Gumilla, etc, han dado en sus respectivas obras algunas noticias concernientes al reyno animal de nuestra antigua Cundinamarca, pero sobre ser mui diminutas y superficiales están por lo general llenas de exageraciones, que las hacen poco veraces e inútiles para el naturalista que quiera aplicarse al conocimiento de la zoología de estos territorios”28.

23 DE PEDRO, Antonio E., “El Zoo de papel: Un análisis de la imagen científica sobre los animales en el siglo XVIII”, en Asclepio. Revista de Historia de la Ciencia y Medicina, Vol. I, Madrid, Departamento de Historia de la Ciencia, Instituto de Historia, CSIC, 1992, p. 264. 24 RUEDA ENCISO, José Eduardo, “La antropología en la Expedición Botánica”, en La Tadeo, Vol. 2, Nos. 11 y 12, Bogotá, Universidad Jorge Tadeo Lozano, 1985, p. 49. 25 VERGARA y VERGARA, José María, “Fragmento de Historia de la Literatura en Nueva Granada”, en Papel Periódico Ilustrado, Bogotá, 20 de julio 1884, p. 373. 26 El documento original en letra manuscrita escrito por Lozano se encuentra en la sala “Raros y manuscritos” de la Biblioteca Luis Ángel Arango. El documento consta de 101 folios escritos y los folios 102 al 108 se encuentran en blanco. Para este trabajo se realizó una trascripción del documento original. 27 En los documentos de la Expedición Botánica de 1816 se encuentra un inventario de los objetos destinados al Gabinete y al Jardín Botánico del Real Museo de Historia Natural de Madrid. Según el documento las cajas habrían llegado a Cádiz en 1817, encontrándose dentro de éstas, entre otros, 37 cuadros de aves, cuadrúpedos y culebras y siete cuadros en los cuales están pintados los indios con sus vestimentas. “Inventario de las 104 cajas con los objetos preciosos de Ciencias Naturales que se destinan al Gabinete y al Jardín Botánico del Real Museo de Historia Natural de Madrid”, en HERNÁNDEZ DE ALBA, Guillermo, Historia documental de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada después de la muerte de su director Don José Celestino Mútis, Bogotá, Fundación Segunda Expedición Botánica, Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 1986, pp. 330-331. 28 LOZANO, Jorge Tadeo, Fauna cundinamarquesa, Bogotá, 1806, ff. 7-8 (Biblioteca Luís Ángel Arango,Sala Raros y Manuscritos, Manuscritos científicos).

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Este intento por construir un discurso científico sobre el Nuevo Mundo para desmentir versiones exageradas sobre América por parte de Lozano y de otros criollos se insertó dentro del debate que la naturaleza del Nuevo Mundo suscitó dentro de determinados círculos europeos. América fue descrita por varios naturalistas europeos como un continente donde la naturaleza se encontraba en un estado de degradación, es decir, en un estado bruto (no ha podido ser dominada por los indígenas). El tema del clima y su influencia sobre los seres vivos, en general, y sobre los seres humanos, en particular, se convirtió en punto de controversia entre europeos como De Pauw y Buffon, y entre los científicos criollos29. Lozano en un acto de apropiación de la cultura científica y de la naturaleza americana se sintió autorizado para advertir los errores en los que incurrieron algunos sabios naturalistas europeos. En la descripción de la cotorra pechiblanca, por ejemplo, encontró una diferencia que no había sido observada por autoridades como Linneo, Buffon y Brisson, que lo llevaron a afirmar: “Si se compara mi lámina con la 927 de las iluminadas de Buffon y mi descripción y medidas con las de Linneo y Brisson, se hallarán algunas diferencias en el tamaño y colorido principalmente en el filo y membrana nasal que suponen de color de carne, y yo aseguro que son negros”30.

Con el ejemplo anterior no se está sugiriendo que el discurso científico de los criollos ilustrados, en contra de las apreciaciones de algunos naturalistas europeos, correspondió a una acción deliberada para resaltar la superioridad de su labor como americano31. Se propone más bien entender cómo se construyó un discurso científico, que a través de la observación y la experimentación pretendió conocer mejor y con mejores herramientas que las de los europeos, lejos de América, la naturaleza a fin de incluirla dentro del proyecto civilizatorio y de progreso europeos. El discurso criollo no se alejaba de Europa, al contrario, los criollos se afirmaron a sí mismos como sujetos coloniales colonizadores, que se encontraban definidos por los valores europeos. Sin embargo, esta “defensa” del continente americano es un elemento que aparece en la obra de varios criollos ilustrados (Salazar, Lozano, Caldas), y que indica la aparición de ciertos valores que los identificó, definió y diferenció como españoles habitantes de América. En la oposición de ideas y de argumentos entre criollos y europeos es posible comprender cómo se conformaron los conocimientos ilustrados criollos y como fueron evolucionando los conocimientos que poseían como autoridad32. La imagen del “Nuevo Mundo”, recreada en el discurso de Lozano y de otros criollos ilustrados, constituyó una forma de mostrar la viabilidad del progreso 29 CALDAS, Francisco José, “El influjo del clima sobre los seres organizados” [1808], en Semanario del Nuevo Reino de Granada, Bogotá, Editorial Minerva, 1942, pp. 139-140. 30 LOZANO, Jorge Tadeo, Fauna cundinamarquesa… op. cit., f. 84. 31 Para el caso de Norteamérica personajes como Thomas Jefferson y Benjamin Franklin fueron quienes refutaron las opiniones de naturalistas europeos sobre el Nuevo Mundo. Ambos fueron gestores del proceso de Independencia norteamericano. GLACKEN, Clarence, Huellas en la Playa de Rodas. Naturaleza y cultura en el pensamiento occidental desde la Antigüedad hasta finales del siglo XVIII, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1996, pp. 624-625. 32 NIETO, Mauricio CASTAÑO, Paola y OJEDA, Diana, “El influjo del clima…”, op. cit., p. 100.

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en estos territorios. A través de un lenguaje y de unos procedimientos propios de la cultura europea, el científico criollo elaboró un discurso en el que reconoció a Europa como la cultura universal ideal y se hizo vocero de esa ideología33. El eurocentrismo no es exclusión del otro sino inclusión, en el sentido de que éste implica un esfuerzo por incorporar los conocimientos o saberes locales sobre el mundo, dentro de un sistema universal del conocimiento34. Los criollos no abandonaron sus marcos de referencia europeos como se mostrará a continuación en el caso particular de Jorge Tadeo Lozano35.

3. Lozano y los saberes locales En los siglos XVIII y XIX, la zoología dispuso de una serie de métodos de clasificación, donde el naturalista sueco Carlos Linneo, nacido en 1707, fue el referente principal para ordenar el trabajo zoológico. Antes de que Linneo estableciera su sistema de clasificación, las prácticas variaban para nombrar al mundo vegetal y animal. Su sistema clasificó a los seres vivos según sus semejanzas en géneros, a los géneros en órdenes, a los órdenes en clases y a las clases en reinos. La tradición de clasificación linneana se convirtió en un estándar taxonómico reconocido por numerosas comunidades científicas36. Siempre que Lozano describía una especie, acudía a la nomenclatura linneana para encontrar ahí su referente. Sin embargo, su pretensión inicial de seguir a Linneo fue cambiando paulatinamente: “Al emprender me propuse por modelo al inmortal Linneo en su Fauna Sueca, y a su imitación quise coordinar todos los objetos según el método, que hubiese de adoptar, […]; pero a muy pocos pasos me vi precisado a mudar de dictamen, tanto porque conocí lo temerario de mi empeño en querer seguir el más sublime modelo, como porque consideré que la coordinación metódica me ataba las manos e impedía ir poco a poco publicando los objetos que se presentarán a mi observación, […]”37.

33 RABASA, José, Inventing America.Spanish. Historiography and the formation of Eurocentrism, Oklahoma - Londres, University of Oklahoma Press, 1993, p. 18. 34 DIRLIK, Arif, “History without a center. Reflections on eurocentrism”, en FUCHS, Eckhardt (ed.), Across cultural borders: historiography in global perspective, Lanham, Rowman & Littlefield Pub Inc., 2002, pp. 252-253. 35 Nieto, Castaño y Ojeda señalan que los criollos tienen “un doble privilegio epistemológico, en ocasiones reclaman la autoridad de locales y en ocasiones la distancia del explorador. Lo que se encuentra aquí son dos niveles de comunidad, dos referentes del ‘nosotros’: uno que podríamos reconocer como planteado frente a los europeos, nivel en el cual los criollos se postulan como miembros partícipes de una comunidad basada en los ideales de la Ilustración, la ciencia, la prosperidad. Y otro nivel, más local, que se basa en su distinción”. NIETO, Mauricio, OJEDA, Diana y CASTAÑO, Paola, “Política, ciencia y…” op. cit., p. 118. 36 Sobre la utilización del latín para nombrar especies, Pratt anota: “El sistema de Linneo resume las aspiraciones continentales y transnacionales de la ciencia europea […]. Linneo revivió deliberadamente el latín para su nomenclatura, precisamente porque no era un lenguaje nacional”. PRATT, Mary Louise, Ojos imperiales. Literatura y viajes de transculturación, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, 1997, pp. 53-55. 37 LOZANO, Jorge Tadeo, Fauna cundinamarquesa…, op. cit., ff. 18-19.

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El modelo linneano fue útil para Lozano, pero cuando se enfrentó por primera vez al estudio de la naturaleza, le resultó algo estéril traducir sus observaciones a este modelo. No obstante, Lozano se esforzó para que sus observaciones fueran metódicas y conservaran un orden, y así lograr incorporarse dentro del orden eurocéntrico de conocimientos universales38. El tema de la clasificación de animales de Cundinamarca que están por fuera de la clasificación linneana, fue abordado por Lozano nombrando a los animales según la forma cómo eran llamados comúnmente en la Nueva Granada. Lozano utilizó una doble nomenclatura, por un lado el nombre que comúnmente se le daba al animal y entre paréntesis la denominación en latín ofrecida por Linneo. Por ejemplo: el hombre (Homo Linn), la cotorra pechiblanca (Psittacus melanocephalus L.), una falena de Santa Fé (Phalena Cgiana n), el runcho o fara (Didelphys Philander L.). Lozano no encontró en los autores de los que extrajo la información sobre insectos (entomología) ninguna especie a la cual asimilar la falena. Lo mismo ocurrió para el caso del “caracol de la costa de la mar sur”, por el cual Lozano se preguntó: “¿será este el Munich cinchoreo de Linneo?”39. Dentro de la clasificación linneana no aparecía el animal que el autor pretendía describir. Se trataba, entonces, de una especie nueva, “descubierta” por Lozano. Los criterios de clasificación linneanos fueron resultando insuficientes por lo que el naturalista acudió a los saberes locales para nombrar a la falena en latín, “le hemos dado en nombre trivial de Chiana deducido de Chia, población inmediata a Santa Fe donde con mas frecuencia se halla”40. Aun cuando la falena no se encontraba en el sistema de clasificación linneano, Lozano buscó que se distinguiera científicamente con su nombre en latín, Phalena Cgiana. En el caso de la cotorra pechiblanca o papagayo, para determinar de qué ave se trataba y las diferentes ramas en que se dividía, Lozano no identificó solamente la nomenclatura y clasificación científica, sino como era llamada comúnmente por la gente: “Me han asegurado que dan el nombre de cotorra pechiblanca en el territorio de donde me la han traído. Buffon la llama Maipuri por la semejanza que dice tiene su graznido con la voz de la danta, que se denomina así por los indios del bajo Orinoco”41. Lozano tradujo los criterios por los cuales la gente del común ordenaba la naturaleza a criterios universalmente aceptados, en especial los linneanos. Otro ejemplo se encuentra en la Memoria sobre las serpientes que apareció en el Semanario del Nuevo Reino de Granada en 1808. En esta memoria Lozano presentó un estudio de herpetología, en particular sobre las mordeduras venenosas y los posibles remedios para curarlas. Dicho trabajo implicó recolectar información acerca de las mordeduras, los efectos de los venenos 38 El eurocentrismo se entiende a través de la reconstrucción histórica que ha hecho Europa del “otro” en la conquista de diversos territorios. En esta reconstrucción Europa ha incluido a América dentro de su proyecto de progreso, en el que la ciencia aparece como el conocimiento legítimo universal. A través del tiempo, otros además de los europeos, han participado en la expansión del eurocentrismo en el mundo. El caso de los criollos de la Nueva Granada en su empresa científica es ejemplo de ello. Esto no significa que el eurocentrismo se disuelva, al contrario es muestra de su incorporación en diferentes partes del mundo. Ver DIRLIK, Arif, op. cit., pp. 252-253. 39 LOZANO, Jorge Tadeo, Fauna cundinamarquesa…op. cit., ff. 97-98. 40 Ibid., ff. 92-93. 41 Ibid., f. 85.

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y las maneras como en las distintas provincias se trataban las mordeduras por parte de curanderos y otros personajes: “Los negros bozales practican la pronta amputación de la parte dañada, y este remedio, aunque bárbaro es el más seguro para evitar todo accidente, cuando los primeros síntomas anuncian una desmesurada actividad del veneno, y por lo mismo un peligro inminente de la vida del paciente; pero, para ocurrir sin temeridad a este último recurso, sería preciso […] que la operación fuese dirigida por una mano diestra, lo cual es poco menos que imposible en nuestros campos, en donde por lo general se carece, no digo de un cirujano regular, pero hasta de un simple sangrador”42.

Lo anterior ilustra cómo las pretensiones de universalidad de la ciencia occidental sólo fueron posibles, entre otras cosas, por medio de la estandarización de nomenclaturas, medidas, unidades, procedimientos, etc.43. Es decir, el hecho de que Lozano hubiera insertado a la naturaleza americana dentro del sistema linneano, o hubiese establecido la manera de curar mordeduras de serpientes según las prácticas médicas europeas, respondió a una estrategia, en la cual la ciencia misma se estaba construyendo al permitir que saberes aislados y diferentes a los del centro, como el de los negros bozales, fueran incorporados dentro del sistema de conocimiento europeo.

4. El discurso sobre la raza: entre Europa y América Lozano inició su obra con la descripción del primer animal de la clasificación zoológica que es el hombre (Homo Linn). Éste es descrito en la obra como un animal más, pero con una posición superior al resto en el sistema de clasificación44. Los sistemas clasificatorios de los naturalistas del siglo XVIII insertaron al hombre como objeto de estudio en el marco de la historia natural45. El trabajo de Lozano siguió una tradición científica que clasificó al ser humano según sus diferencias físicas, a través el principio linneano de especie. Dentro de esta postura, la influencia del medio fue fundamental para entender la existencia de diferentes razas. En este sentido el hombre (Homo Linn) fue descrito como el más perfecto de los animales, al señalarse sus cualidades fisiológicas y anatómicas, aludiendo a la perfección de sus órganos, a lo majestuoso de su postura y a la facilidad 42 LOZANO, Jorge Tadeo, “Memoria sobre las serpientes”, op. cit., p. 115. 43 OBREGÓN, Diana, Culturas científicas y saberes locales: asimilación, hibridación, resistencia, Bogotá, Universidad Nacional, 2000, p. 8. 44 A partir de la obra de Linneo y de Buffon, es visible un antropocentrismo en zoología. VIEJO MONTESINOS, José Luis, “El hombre como animal: el antropocentrismo en la zoología”, en Asclepio, Revista de Historia de la Ciencia y de la Medicina, Vol. 48, No. 2, Madrid, Departamento de Historia de la Ciencia, Instituto de Historia, CSIC, 1992, p. 59. Este antropocentrismo es claro en la clasificación zoológica de Lozano, quien incluye al hombre como el primer animal de su clasificación. 45 “Buffon determinó en la ‘Historia Natural’ los lineamientos, al establecer que el hombre debía estudiarse como especie y no como individuo, lo cual le permitió afirmar plenamente la unidad de la especie humana, y explicar las variedades de la especie como razas”. RUEDA ENCISO, José Eduardo, “La antropología en la Expedición Botánica”, en La Tadeo, Vol. 2, Nos. 11 y 12, Bogotá, Bogotá, Universidad Jorge Tadeo Lozano, 1985, p. 44.

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para desplazarse. Además, se exaltó como el ser que había sido llamado para dominar la naturaleza, como ejemplo de la confianza en la razón humana propia del pensamiento de la Ilustración. La racionalidad sería la cualidad más importante en la diferenciación entre el hombre y el animal. Lozano señaló en este sentido: “El hombre que por la riqueza de su organización es el más perfecto de los animales; y por su racionalidad el soberano de todas las cosas materiales, como que el solo goza de esta sublime facultad, merece ocupar el primer lugar en una obra destinada a conocer todos los habitadores que el reyno animal suministra a la tierra firme”46.

La tesis según la cual las razas surgieron por la influencia del clima está presente en la obra de Lozano. Las razas tienen grandes diferencias entre sí, las que van del carácter físico al carácter moral. Esta explicación que relaciona el impacto del clima con la existencia de razas se ilustra como se describe a continuación: “Pero esa flexibilidad que lo ha puesto [al hombre] en posesión de toda la tierra, no ha podido salvarlo del influjo que necesariamente habría de tener sobre sus órganos la diferencia de temperaturas a que se expone así se ve que aunque el hombre es la única especie de su género, está sujeto a variar, como todos los demás animales según las regiones que habita; el género de vida que sigue, y los alimentos con que se sustenta […]”47.

Frente al debate del clima en América, tanto Caldas como Lozano intentaron mostrar que esta influencia sobre los hombres de sangre europea fue mínima en un intento por diferenciarse de las castas para quienes el clima, según el discurso eurocéntrico, había tenido efectos terribles sobre su moral y sus características físicas. Al referirse a las características de la segunda raza, la raza árabe-española, siendo la primera la americana, compuesta por los indios, Lozano escribió: “La segunda raza [...] se compone de los europeos que por la conquista o por fines particulares abandonaron el patrio suelo, se establecieron en este reyno, […]. En su nuevo domicilio ha conservado esta raza su gobierno, su religión, su industria y su comercio; y a excepción de algunas modificaciones casi insensibles, que en ella han producido las diversas temperaturas y alturas de la atmósfera, se mantiene del mismo modo que en España, de donde por la mayor parte, ha emigrado a estas regiones. Por tanto deben mirarse como infundadas y falsas las aserciones que los españoles Americanos han degenerado y están degradados en sus facultades físicas e intelectuales, […]. Por el contrario parece que el trasplante a estas regiones les ha dado cierto 46 LOZANO, Jorge Tadeo, Fauna cundinamarquesa…, op. cit., f. 38. 47 Ibid., f. 43.

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grado de perfección, tanto en lo material de los órganos, como en las facultades intelectuales, cuya perspicacia no se les podría negar sin notoria injusticia”48.

En la obra de Lozano, los indios fueron descritos como maliciosos y desconfiados, rasgos dominantes de su carácter moral. Sin embargo, hizo una distinción entre los americanos civilizados, quienes “recibieron el evangelio; y la agricultura, comercio y artes europeas” 49 y los americanos bárbaros, quienes conservaron sus costumbres antiguas. Lozano, como los criollos en general, resaltó las diferencias de su raza, la árabe-europea, frente a los diferentes grupos sociales que conformaron la sociedad neogranadina, los indios, negros, mulatos y zambos, entre otros. El autor no estableció ninguna diferencia entre la raza europea y la criolla, pues en términos morales los criollos estaban del lado de Europa. El proyecto civilizador de la Ilustración sólo podía ser llevado a cabo por la raza europea, resultando los criollos como una raza privilegiada frente a las demás castas. Lo que evidencia su constante preocupación por distinguirse frente a los demás grupos de la sociedad colonial, donde claramente se separaba el sujeto y el objeto de conocimiento 50. Para el caso de los árabe-españoles, el clima del Nuevo Mundo no tuvo mayores efectos, pero para el de los negros bozales el clima del que provenían explicaba en parte su “robustez, y fortaleza, […] torpeza y terquedad”51. Desde este punto de vista Lozano afirma que las condiciones climáticas de América fueron benignas, permitiendo que los negros bozales modificaran cualidades como las mencionadas. En el proceso de construcción de identidad aparece un rasgo de la ambigüedad de Lozano como descendiente de españoles pero habitante de América. Como sujeto se percibió a sí mismo reconociendo el carácter del otro, de las castas, en su necesidad de diferenciarse de ellos. El pensamiento de Lozano, siguiendo a Adorno, “no se define según quien es sino cómo ve”52. Es decir, “ve” desde la visión europea, y le asigna al otro un valor negativo (a las castas), y uno positivo al medio americano, y lo hace reconociéndose a sí mismo como habitante de este medio. Así, la alteridad “es una creación que permite establecer y fijar las fronteras de la identidad”53.

5. Reconocimiento y autoridad: en busca del rigor científico El trabajo de Lozano como científico implicó el logro de reconocimiento y autoridad en la comunidad de criollos ilustrados. En esta tarea, el papel de los actores no humanos en la construcción de hechos científicos fue central. Sobre la importancia del uso 48 49 50 51 52 53

Ibid., ff. 54-55. Ibid., f. 45. NIETO, Mauricio, CASTAÑO, Paola y OJEDA, Diana, “El influjo del clima…”, op. cit., p. 93. LOZANO, Jorge Tadeo, Fauna cundinamarquesa..., op. cit., f. 76. ADORNO, Rolena, op. cit., p. 56. Ibid., pp. 66-67.

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de instrumentos científicos en los trabajos del sabio Caldas, Nieto, Castaño y Ojeda anotan: “El uso de instrumentos como el barómetro le abriría las puertas a Caldas para formar parte de una comunidad letrada, para acceder a un público científico, con el cual comparte una serie de prácticas, protocolos, medidas y desde luego artefactos calibrados y fabricados bajo patrones exactos”54. Para ilustrar la relación del científico con los instrumentos en el contexto de la ciencia colonial, se puede tomar el siguiente ejemplo del texto titulado “Memoria sobre un nuevo instrumento para medir la degradación de los colores, llamado Chromapicilo”55, en el que Lozano describió un instrumento del cual podía valerse tanto el científico como el comerciante. Señaló cómo los instrumentos hacían más fácil el conocimiento de la naturaleza, e intentó convencer a los lectores del Semanario y a sus colegas acerca de la utilidad de éstos: “De un instrumento llamado Chromapicilo, que manifestando la degradación de los colores, sirva no solamente para que los naturalistas puedan valerse de ellos […]; sino también para que los fabricantes sepan distinguir los tintes, que emplean en sus manufacturas, los comerciantes pedir los generos el colorido que mas les acomode; y todo el mundo valerse de este instrumento para expresar con exactytudd qualquier matiz que se les presente á la vista”56.

La utilización de este instrumento evidencia la necesidad científica de lograr que las observaciones sobre la naturaleza fueran precisas y de la importancia de disciplinar a los sentidos. En el caso del chromapicilo, éste funcionaría para que las observaciones, por ejemplo sobre los colores de los animales, fueran “exactas” y universales, pues a cada color que apareciera en el artefacto se le asignaría un código que serviría para identificarlo. Lozano hizo descripciones algo imprecisas sobre el color de los animales pues no había construido el chormapicilo: “el color mas o menos negro […]; color de cobre mas o menos claro […]; el color mas o menos blanco […]; todas de color de ceniza jaspeado de pardo y azulado […];”57. Lozano construyó este instrumento en un esfuerzo por hacer parte del conocimiento ilustrado. El estado de aislamiento en el que se encontraban los científicos de la Nueva Granada y sus esfuerzos por integrarse al conocimiento científico universal dan cuenta de la dinámica de la ciencia colonial. Ante la invención de un nuevo instrumento, la posición de aislamiento imposibilitó a Lozano para reclamar su autoría, si se tiene en cuenta que un invento no puede considerarse como tal si no es socializado dentro de un colectivo que comparta las reglas y el lenguaje que la utilización del nuevo artefacto propone. Para Lozano lograr este propósito fue prácticamente imposible, puesto que se encontraba aislado de los centros de producción de conocimiento que estaban en Europa. Lozano se refiere a las dificultades de llevar a cabo su trabajo zoológico: 54 55 56 57

NIETO, Mauricio, CASTAÑO, Paola, y OJEDA, Diana, “El influjo del clima…”, op. cit., p. 105. LOZANO, Jorge Tadeo, “Idea de un instrumento…”, op. cit., pp. 1-9. Ibid., p. 1. LOZANO, Jorge Tadeo, Fauna cundinamarquesa…, op. cit., ff. 28-30 y 40.

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“(…) pienso que quedará con defectos mui notables que qualquier lector sensato disculpará considerando quan difícil es llevarla a su debida perfección y los casi invencibles obstáculos que he hallado para realizarla, y a por la dificultad de recoger los objetos de que debe componerse que crece en razón de su mucho número, de lo poco poblado del país y de la escacez de personas de quienes poder valerse para lograrlos;”58.

Es difícil hablar de descubrimientos desde la periferia. Entre los científicos e historiadores del siglo XIX y parte del XX una idea común sobre el inicio de la ciencia en Colombia es que ésta ha tenido un origen externo, que puede ser precisado en el tiempo ya sea con la llegada de Mutis a la Nueva Granada, con la circulación de los primeros libros sobre ciencia, con las reformas educativas o con la fundación de la Expedición Botánica, entre otros59. La ciencia criolla se definiría y nutriría a partir de las ideas que se producían en otros lugares, y su impulso sería por definición externo, lo cual explicaría en parte la imposibilidad de hablar de descubrimientos desde la periferia. La publicación de los escritos científicos de Lozano en el Semanario del Nuevo Reino de Granada, el uso del chromapicilo60, las referencias a otros autores y la representación visual de los animales se convirtieron en aliados mediante los cuales Lozano ganó credibilidad y un puesto dentro de la elite científica. Esto lo dotó de poder al estar inmerso en las técnicas, sistemas de medición y utilizando un lenguaje científico europeo. Pero la autoridad que adquirió se limitó a un grupo muy pequeño de científicos de la Nueva Granada y representó muy poco poder frente a la comunidad científica europea. Nieto, Castaño y Ojeda señalan: “Uno de los obstáculos más severos para hacer ciencia en la periferia del mundo europeo está en la falta de interlocutores y, por ende, de reconocimiento y autoridad. […] El público lector ‘filosófico’, ese ‘juez ‘inexorable’, resulta esencial para que el reconocimiento sea certificado”61. La construcción de Lozano como sujeto estuvo irremediablemente atada a las limitaciones que implicó la práctica científica de un criollo en América.

6. El proceso de Independencia y los científicos criollos La difusión del pensamiento de la Ilustración en la Nueva Granada introdujo una cultura alrededor de principios de secularización de algunas esferas de la vida social a través de un intento por explotar la naturaleza racionalmente. Lo anterior, bajo el ideal de prosperidad material como la manera de obtener felicidad62. Por otro lado, impulsó 58 Ibid., f. 10. 59 RESTREPO, Olga, op. cit., p. 45. 60 La intención no es complejizar el tema con aportes a veces muy densos de la sociología de Latour y Callon. Sin embargo, queda planteada la cuestión para ser explorada con más cuidado, acerca de las relaciones entre humanos y no humanos en la construcción de conocimiento científico. LATOUR, Bruno, La esperanza de Pandora: ensayos sobre la realidad de los estudios de la ciencia, Barcelona, Gedisa Editorial, p. 32 y CALLON, Michael, “The sociology of an actor-network: The case of the electric vehicle”, en CALLON, Michael, LAW, John y RIP, Arie (eds.), Mapping the dynamics of Science and Technology, Basingstoke, Macmillan, 1986, p. 19-34. 61 NIETO, Mauricio, CASTAÑO, Paola y OJEDA, Diana, “El influjo del clima…”, op. cit., p. 96. 62 SILVA, Renán, Los ilustrados de…, op. cit., p. 643.

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la creación de un nuevo grupo intelectual y cultural que compartió unos ideales frente a nuevos problemas en materias tales como la agricultura, la industria, el comercio, la salud, la población y la geografía. La adquisición de conocimiento sobre el territorio de la Nueva Granada, como se muestra en los trabajos científicos de Lozano, se convirtió en un factor indispensable para comprender el proceso mediante el cual un grupo de criollos empezó a reclamar ciertas libertades y derechos sobre el gobierno de las colonias. Lozano como sujeto se puede entender en el doble papel de ser hijo de la Ilustración europea y de la tradición cultural estrictamente criolla. De esta forma se puede definir siguiendo la dualidad, en la cual por un lado es un sujeto que asimila un racionalismo, la exaltación de la utilidad de la ciencia, los principios reformistas en lo político, lo social, lo económico y, por otro, busca reivindicar su condición de criollo frente a la metrópoli, separando claramente la visión europea de la propia. El fenómeno de la criollización presentó los primeros síntomas de una toma de conciencia de los criollos en el reconocimiento de su propio espacio, como clave de su identidad frente a lo europeo y de confianza de la plena viabilidad del proyecto ilustrado en América. Sin embargo, existen otros factores asociados al clima político que acompañaron el desarrollo del trabajo científico de Lozano, que posibilitaron la formación de un sentimiento de apropiación sobre América y la ideología de la Independencia. La institucionalidad del Estado colonial estaba representada por el Rey y su Consejo en España, y por virreyes, audiencias y funcionarios regionales, en América. La Corona vendía cargos coloniales en Madrid y América. Según Lynch, existía un “consenso colonial” en tanto las colonias tenían cierta autonomía en su administración63. En la cima de la pirámide social estaban los españoles europeos, ocupando los cargos más importantes, y les seguían los criollos, hijos de españoles nacidos en América, que pese a la subordinación, habían establecido su control sobre recursos enormes. Por último se encontraba la mayoría de la población conformada por las castas: indios, negros, mestizos, mulatos y zambos64. Desde 1750 el gobierno imperial abandonó la aceptación del consenso con el objetivo de reafirmar su autoridad, de recuperar el control de los recursos americanos y de defenderlos en contra de sus rivales extranjeros. En la consecución de este objetivo se redujo la participación criolla en los cargos de la administración colonial y se restringió la venta de puestos65. Este conjunto de cambios en tal administración de las colonias forma parte de lo que se ha llamado reformas borbónicas. Todo esto sucedió en un momento en que la población criolla estaba creciendo y se venía de un sistema en el que ésta había gozado de participación política y de autonomía económica. En Santa Fe, las principales familias que disponían de altos cargos habían estado

63 LYNCH, John, América Latina, entre Colonia y Nación, Barcelona, Crítica Editorial, 2001, p. 81. 64 PRATT, Mary Louise, op. cit., p. 201. 65 Ibid., p. 87.

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acostumbradas a mantener una influencia informal y fueron las primeras perjudicadas con las modificaciones que se establecieron66. La invasión napoleónica a Portugal y a España de 1807 a 1808 destruyó la unidad del mundo ibérico. En América esto trajo inestabilidad política, lo que se unió al hecho de que la conciencia política en la Nueva Granada estaba ya cambiando. Como consecuencia de los hechos que sucedían, en las colonias se empezaron a crear juntas de gobierno, guiadas por la idea que ante la ausencia del Rey, el poder recaía sobre el pueblo. Los nacidos en América, los criollos, eran considerados inferiores por los europeos. No por la inferioridad de la raza, sino por factores asociados al ambiente, a la leche de las nodrizas indias y a otros factores como el clima. La restricción en la asignación de cargos de la administración colonial, así como las opiniones de naturalistas acerca de la inferioridad del continente americano, causaron reacciones defensivas por parte de una comunidad letrada de criollos, sobre el territorio de la Nueva Granada y sobre su condición criolla, como se mostró antes. Para Antonello Gerbi, el patriotismo nace como reacción, y las primeras alusiones a la Independencia nacieron en las sociedades de “Amigos del país”, dedicadas al reconocimiento de los recursos minerales, de las peculiaridades climáticas, de la fauna y de la flora indígena67. El padre de Jorge Tadeo Lozano, el Marqués de San Jorge, fue representante de una de las familias más prestigiosas del Reino. En su calidad de criollo estuvo en desacuerdo con las medidas de Carlos III, en particular por el monopolio en el abastecimiento de carne de su hacienda El Novillero y por la obligación de pagar gravámenes por el derecho a acceder al título nobiliario, e incluso respaldó a los Comuneros en sus reivindicaciones68. Sus diferencias con las autoridades españolas llevaron a su detención y traslado al Castillo de San Felipe de Barajas en Cartagena Estos hechos posiblemente influenciaron la posición de Jorge Tadeo Lozano y sus futuras acciones. En su viaje a España pudo comprobar la existencia de un cierto rechazo hacia los hijos de españoles nacidos en América, situación que se puede evidenciar en una carta enviada por Lozano a su hermano José María desde España, cuando adelantaba la carrera militar: “A pesar de esta conducta y de que me lisonjeo que jamás he dado un motivo en todo el tiempo que he servido para recibir de mis jefes las más ligera reprensión, no he logrado que ni siquiera me concedan el uso de uniforme; Tan vil experiencia al cabo de tantos años perdidos inútilmente pero no por esto la juzgo infructuosa, pues si algún día Dios me da hijos, primero los pondré a zapateros que a servir al Rey, pues aunque este sea el mas benigno y excelente suelen los ministros y gentes cometer las más 66 PHELAN, John, El pueblo y el Rey. La Revolución Comunera en Colombia, 1781, Bogotá, Carlos Valencia Editores, 1980, p. 90. 67 GERBI, Antonello, La disputa del Nuevo Mundo: historia de una polémica, 1750-1900, México, Fondo de Cultura Económica, 1982, p. 67. 68 PHELAN, John, op. cit., p. 90 y cap. 5.

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iniguas injusticias, principalmente en lo militar, en que no queda el recurso de justificarse exigiendo se expongan las causas de sus tropelías”69.

Lozano sufrió injusticias en su permanencia en el ejército español, situación que lo llevó a desilusionarse de servirle al Rey y a apartarse de la vida militar. Su condición de criollo pudo ser una de las razones para explicar que no se le hubiera permitido usar uniforme después de varios años de servicio militar en España. A este hecho se suma el tratamiento que recibió el padre de Lozano por parte de la Audiencia de Santa Fe. No obstante su queja manifestada a su hermano contrasta con sus muestras de lealtad hacia el Rey, como, por ejemplo, la dedicatoria que le hace en la Fauna cundinamarquesa, donde deja clara su lealtad y compromiso con la Corona española en la consecución de la empresa zoológica. Por otro lado, los intereses alrededor de un proyecto económico, que sólo es posible llevar a cabo por medio de la ciencia, fueron los que cohesionaron, en parte, a una comunidad de criollos ilustrados con unas expectativas comunes en oposición a unos poderes centrales. Pero, ¿fueron solamente los intereses socioeconómicos los que integraron a esta comunidad? Siguiendo el argumento de Benedict Anderson, retomado por Margarita Garrido, se puede interpretar de la siguiente manera: “Más bien la pertenencia a un cuerpo de lectores de prensa donde los hechos aparecen como simultáneos en el tiempo, la experiencia de formas de sociabilidad seculares y el compartir un lenguaje burocrático con el cual se apropiaron de un territorio contribuyeron a la formación de comunidades imaginadas que se convirtieron en nuevas naciones desprendidas de los nuevos imperios”70.

No hay que olvidar que los criollos ilustrados cuando intentaron apropiarse de los territorios que habitaban a través de prácticas científicas y su difusión, lo estaban haciendo al servicio de la nación española y que los territorios de la Nueva Granada se incluían dentro de esa nación. No obstante, es preciso pensar que se estaba formando una “comunidad imaginada intelectual”, que habitaba en la Nueva Granada, que compartía el proyecto de sacar del atraso al país y un cierto sentimiento ambiguo frente a la Corona española, debido al tratamiento que estaban recibiendo por parte de ésta71. Además, es importante anotar que el reconocimiento del territorio de la Nueva Granada, con sus características y recursos naturales, condujo a los criollos ilustrados a buscar formas para realizar una mejor explotación de la tierra y su flora 69 LOZANO, Jorge Tadeo, Carta de Jorge Tadeo Lozano a su hermano, Madrid, 21 de diciembre de 1794, f. 3 (Biblioteca Luís Ángel Arango, Sala Libros Raros y Manuscritos). 70 GARRIDO, Margarita, Reclamos y representaciones. Variaciones sobre la política en el Nuevo Reino de Granada, 1770-1815, Bogotá, Banco de la República, 1993, p. 26. 71 ANDERSON, Benedict, Comunidades imaginadas: reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo, México, Fondo de Cultura Económica, 1993, p. 23 (Anderson habla de los criollos hispanoamericanos en general, no particulariza el caso de la Nueva Granada).

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motivados por la idea de lograr un futuro que estaba en sus manos moldear: “[…] por tanto empezaron a mostrar una preocupación sistemática por el futuro del país”72.

7. Lozano en la política Para 1810 Lozano había consolidado una prestigiosa posición como científico y hombre de letras. De igual forma se destacaba por ser miembro de una familia de prestigio, con un patrimonio muy grande y como un individuo que, por sus estudios en Europa, gozaba de gran reconocimiento en el círculo de criollos. El 11 de septiembre de 1808 murió en Santa Fe José Celestino Mutis, dejando a la Expedición Botánica sin su director y a cargo de Sinforoso Mutis, su sobrino. Lozano y Caldas quedaron al frente de las secciones de zoología y astronomía. Pero con la muerte de Mutis y debido a los acontecimientos del 20 de julio de 1810, las actividades de la Expedición se vinieron a menos, porque tanto Caldas como Lozano quedaron comprometidos con otros quehaceres relacionados con el proceso de Independencia que se iniciaba. Caldas se contó entre los revolucionarios y tuvo a su cargo junto con José Joaquín Camacho un periódico, que buscó crear opinión pública y fijar las ideas en pro de la Independencia, llamado Diario Político de Santafé de Bogotá73. En cuanto a Lozano, la Junta Suprema de Santa Fe decidió organizarse en 1811 para definir los destinos de la provincia con el objetivo de estructurar las instituciones del país en un Congreso General de la Nueva Granada. A través del voto los diputados del Colegio Constituyente y Electoral eligieron a Lozano como Presidente de dicha institución. Después de su elección, Lozano dedicó todo su tiempo a las funciones presidenciales dejando de lado los trabajos de zoología. Entre el 25 de enero y el 6 de marzo de 1811 con otros criollos, Lozano escribió la primera Constitución de carácter liberal representativo que tuvo el Estado de Cundinamarca74. Como presidente, el 26 de marzo de 1811 dictó cuatro decretos importantes en relación con la organización del Estado de Cundinamarca75. Sin embargo, dentro de la misma Constitución no se proclamó la total independencia de España, proponiéndose más bien la formación de una monarquía constitucional76. Lo que esperaba Lozano era que el rey Fernando VII viniera a gobernar a América. Esta continuada lealtad al Rey contrasta con las intenciones de los criollos de tomar las riendas de la naciente nación y evidencia las ambigüedades en la construcción de una identidad “americana”. Los criollos intentaban darle orden al territorio como una forma de llenar de sentido a la naciente formación política. Dentro de este intento, en el territorio de la antigua provincia de Santa Fe se adoptó su antiguo nombre indígena. Así se ve en el Título Primero de la Constitución: 72 GARRIDO, Margarita, op. cit., p. 41. 73 KÖNIG, Hans-Joachim, En el camino hacia la Nación, Santafé de Bogotá, Banco de la República, 1994, p. 161. 74 Según Fabio Lozano y Lozano, “Don Jorge Tadeo Lozano al escribir su proyecto de Constitución para Cundinamarca, se inspira en dos fuentes de filosofía política: la Constitución norteamericana y la declaración francesa de los derechos del hombre”. LOZANO Y LOZANO, Fabio, op. cit., p. 496. 75 LOZANO, Jorge Tadeo, Documentos importantes sobre las negociaciones para que se divida el reino en departamentos, Bogotá, Imprenta Espinosa, 1811. 76 Ibid., p. 66.

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“La Representación, libre y legítimamente constituida por elección y consentimiento del pueblo de esta provincia, que con su libertad ha recuperado, adopta y desea conservar en su primitivo y original nombre de Cundinamarca, convencida y cierta de que el pueblo a quien representa ha reasumido su soberanía, recobrando la plenitud de sus derechos, [...] ordena y manda la presente [...]”77.

Recordemos que el nombre de la obra zoológica de Lozano es La Fauna Cundinamarquesa, reconociéndose el nombre indígena (muisca) de la antigua provincia de Santa Fe. ¿Por qué titular su obra Fauna Cundinamarquesa y no, por ejemplo, Fauna de Santa Fe? Se puede sugerir que el nombre de Cundinamarca apareció en la obra de Lozano sólo como referencia geográfica. Sin embargo, otros autores del Semanario del Nuevo Reino de Granada habían hecho alusiones constantes a una historia de los antiguos territorios indígenas y a la antigua Cundinamarca. Reconocer el nombre nativo del territorio puede leerse como un intento por hacer visible que se trataba de un territorio con una historia natural anterior a la llegada de los españoles, pero no inferior a la europea. El trabajo de Lozano con su obra zoológica consistió en ordenar ese mundo animal cundinamarqués, reconociendo la diferencia con la fauna europea, pero mostrando la viabilidad del progreso en el Nuevo Mundo. La utilización del nombre de Cundinamarca por parte de Lozano, primero como nombre de su obra y después como nombre oficial del Estado en la Constitución de 1811, puede pensarse teniendo en cuenta la coyuntura política, como una estrategia en la cual la evocación del pasado indígena justificaba una identidad criolla que simbolizaba la soberanía recuperada en la Nueva Granada. El grupo de criollos que se aglutinó alrededor de la ciencia hizo posible la formación de una identidad que trabajaría colectivamente por la Independencia, donde la evocación de un pasado común era fundamental. Pero para Lozano, ese pasado también fue España y lo reconoció como tal, aun cuando la separación con la Corona era innegable y estaba intentando mostrarse como heredero del mundo indígena. En el siguiente ejemplo se puede ver otra muestra de la ambigua posición política de Lozano donde exalta su origen español: “Nuestra religión, nuestras leyes, nuestras costumbres, nuestro carácter, nuestro idioma, todo, todo depende unánimemente que somos parte de la magnánima nación Española, y en el día la mayor, y más sana parte, la mayor por que por más que se exageren los cálculos, los españoles europeos son la mitad de los Americanos; y la más sana parte por que la península está dividida en dos facciones ambas destructoras de la dignidad, e independencia nacional. Gloriémonos pues señores de ser

77 Citado en CÁCERES, Humberto, op. cit., p. 166.

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Españoles, y jamás cometamos la debilidad de abjurar el dulce nombre, que nos recuerda nuestro origen; […]”78.

El plan de dividir al país en departamentos no tuvo mucha acogida y Lozano terminó por renunciar a su cargo en junio de 1811. En 1814 volvió a la actividad periodística, profundamente preocupado por los diversos factores de discordia entre el Estado de Cundinamarca y las Provincias Unidas, y publicó el periódico El Anteojo de larga vista con el criollo José Ángel Manrique. El periódico estuvo dedicado a analizar el clima político del momento y a criticar las posturas de algunos americanos, como ya los denominaba Lozano. Después de su renuncia a la Presidencia del Estado de Cundinamarca, retornó a trabajar sobre la Fauna Cundinamarquesa, al tiempo que continuó involucrado en asuntos políticos públicos79. Tuvo que suspender ambas actividades cuando llegó la “Reconquista” dirigida por el general español Pablo Morillo a América. Lozano y los demás miembros de la Expedición Botánica fueron apresados y todos los objetos de ésta fueron trasladados a España, “El señor Lozano fue encerrado en los improvisados calabozos del Rosario. Y en los mismos claustros donde él y sus ilustres antepasados habían recibido las primeras fruiciones de la vida y de la ciencia”80. El 6 de julio de 1816 Lozano fue fusilado en Bogotá junto con otros criollos.

Reflexiones finales El proceso de ordenar el mundo natural no puede pensarse separadamente de las prácticas políticas que buscaban poner en orden a la sociedad. Para el caso de los criollos neogranadinos en el contexto de la Ilustración, el papel de sus actividades científicas estuvo intrínsicamente enlazado con unos fines políticos de ordenar los recursos y la naturaleza del reino para lograr riqueza y prosperidad. Los criollos dejaron de identificarse con las políticas de la Corona, pero nunca con la visión europeizante que los definía, ni con los valores de la misma. Es clara su intención vital y política de construir su propia identidad, diferenciándose de los demás habitantes, buscando así lograr o confirmar el reconocimiento deseado. La historia natural y la política harían parte de una misma estructura de poder, en la cual la producción de conocimiento generaría poder, así como el poder generaría conocimiento81. Sobre este tema Michel 78 LOZANO, Jorge Tadeo, Discurso que ha de pronunciar en la apertura del serenísimo Colegio Electoral de Cundinamarca el C. Jorge Tadeo Lozano, Brigadier de Ejército, y Representante del Distrito de Chocontá, Bogotá, Imprenta del Estado, 1813, p. 6. 79 CÁCERES, Humberto, op. cit., p. 105. 80 Ibid., p. 546. 81 Diana Obregón rescata algunos aportes de la sociología acerca de la relación entre poder y conocimiento: “Del sociólogo Pierre Bourdieu y del filósofo Michel Foucault tomo la idea de que el ejercicio del poder no requiere intención consciente ni decisión explícita y que el poder no es solo represivo sino también productivo de nuevas relaciones y realidades. […] Para Bourdieu, dos rasgos inseparables definen la autoridad científica: habilidad técnica y poder social. En otras palabras, la competencia científica es la capacidad socialmente reconocida que un agente particular tiene para hablar y actuar legítimamente (de manera autorizada y autoritaria) sobre cuestiones científicas”. OBREGÓN, Diana, Batallas contra la lepra: estado, medicina y ciencia en Colombia, Medellín, Fondo Editorial Universidad EAFIT, Banco de la República, 2002, pp. 29-30.

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Foucault sostiene que el poder produce saber “y no simplemente favoreciéndolo porque lo sirva o aplicándolo porque le sea útil”82. La idea central es que poder y saber se implican mutuamente y que no existe relación de poder sin la constitución de un campo de saber correlativo. Cuando Nieto, Castaño y Ojeda muestran cómo la geografía en el Semanario del Nuevo Reyno de Granada es una práctica política en sí misma, introducen los conceptos de ‘orden social’ y ‘orden natural’, argumentando que los trabajos científicos de los criollos ilustrados traían con ellos un proyecto de orden social, buscando “ordenar los límites que estructuran la vida social”83. Los procedimientos de observación científica hacían que Lozano, como criollo, pudiera hablar con autoridad y discutir afirmaciones de otros naturalistas europeos. La validez y legitimidad de esta actividad y del conocimiento que producía, obtenían el reconocimiento de un grupo social -y el uso de instrumentos, por ejemplo, el de la imprenta para publicar el conocimiento- y de las instituciones científicas. En últimas mirar esta relación científico-política a través de individuos y de su práctica puede resultar útil, en tanto puede pensarse que personajes como Lozano negociaron a través de su obra su posición en la sociedad colonial, posición, que como se observó, estuvo llena de ambigüedades. La obra zoológica de Lozano es un acto de apropiación de una cultura científica pero a su vez de la naturaleza americana, lo que le permitió sentirse autorizado para advertir errores en los que incurrieron algunos sabios naturalistas europeos en sus estudios sobre la naturaleza americana. Es así como la ciencia puede pensarse no sólo como un instrumento de control sobre el territorio y sus bondades económicas, sino como un espacio fundamental de construcción de la identidad en este caso la americana, preocupada por el futuro de la nación y gestora del proceso de Independencia. A través del Semanario del Nuevo Reino de Granada es posible analizar este proceso: “Una publicación como ésta, con un cuerpo de lectores con un lenguaje e intereses comunes es un poderoso instrumento político que fomenta el sentido de pertenencia y de autoridad de la comunidad ilustrada en la Nueva Granada”84. El tema de la relación entre ciencia e Independencia, a través del estudio de la obra de individuos involucrados en ambos aspectos, se presenta como una manera de alejarse de una visión que exalta el papel de próceres de la Patria y fundadores de la Nación colombiana. El acercamiento a la práctica científica ilustrada en un momento de crisis y de grandes transformaciones en la sociedad como lo fue el proceso de Independencia, permite reconocer las ambigüedades de la construcción de la identidad criolla y la definición de su papel en una sociedad en crisis, que iniciaba un largo y difícil camino de ruptura con el pasado colonial y de formación de un Estado-nación.

82 FOUCAULT, Michel, Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión, México, Siglo XXI Ed., 1976, p. 34. 83 NIETO, Mauricio, CASTAÑO, Paola y OJEDA, Diana, “Política, ciencia y geografía…”, op. cit., p. 122. 84 Ibid.

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Conflictos entre el Estado y las elites locales sobre la educación colombiana durante las décadas de 1820 y 1830 Resumen Este artículo estudia la conflictiva relación entre el Estado colombiano y las elites locales mientras negociaban la implementación del sistema nacional de escuelas públicas en las décadas de 1820 y 1830. El gobierno central buscaba crear una nueva república de ciudadanos (o de ciudadanos en formación), pero enfrentó la resistencia de las elites locales al tratar de imponer la centralización del método pedagógico (específicamente el sistema de enseñanza mutua), la recaudación de impuestos y el plan de estudios. En los casos de Nemocón y Zipaquirá, los líderes indígenas protestaron porque el Estado planeaba privatizar y vender los resguardos para reunir dinero para las escuelas primarias públicas en las que probablemente no se matricularían sus hijos. En el caso de Mompox, las élites locales propusieron una asociación caritativa privada para apoyar el desarrollo de las escuelas primarias y, además, una extensión de la educación “católica y cívica” para huérfanos, obreros y presos. Tales quejas y propuestas surgieron de las percepciones del Estado acerca de las necesidades más imperiosas y el mayor empleo de los fondos comunitarios. El gobierno central estuvo en desacuerdo y limitó severamente la capacidad de los líderes locales de disponer de las cajas municipales más allá de las prescripciones del Estado. Palabras claves: Educación, escuelas públicas primarias, resguardos indígenas, Sociedades de educación, Joseph Lancaster, sistema de enseñanza mutua, siglo XIX, Nación, formación del Estado.

Conflicts between State and Local Elites over Colombian Education, 1820s-1830s Abstract This article examines the conflictive relationship between the Colombian state and local elites as they negotiated the nationwide implementation of primary schools in the 1820s. The central government wanted to create a new republic of citizens (or citizens to be), but it faced the resistance of local elites as it asserted the centralization of teaching methods (specifically monitorialism), tax collection, and curriculum. In the cases of Nemocón and Zipaquirá, indigenous leaders protested the state’s disposal of resguardo lands to benefit schools that their children would not attend. In the case of Mompox, local elites proposed a private charitable association to support the development of schools and, further, the extension of “Catholic and civic” education to orphans, workers, and prisoners. Such complaints and proposals stemmed from local perceptions of the most pressing need and most advantageous employment of community funds. The central government disagreed and limited severely the ability of local leaders to direct community treasuries beyond the prescriptions of the state. Keywords: Education, public primary schools, indigenous resguardos, Education societies, Joseph Lancaster, monitorial method, nineteenth century, Nation, State formation. Artículo recibido el 15 de noviembre de 2006 y aprobado el 9 de abril de 2007.

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Conflictos entre el Estado y las elites locales sobre la educación colombiana durante las décadas de 1820 y 1830 d Meri L. Clark W En el período inmediatamente posterior a la Independencia, el Estado colombiano trató de implementar un sistema de educación nacional para una población que padecía los efectos de una economía arruinada, así como también de sangrientos conflictos e inequidades étnicas y sociales. Los funcionarios del gobierno colombiano aspiraban a rectificar los anteriores siglos de opresión española y a superar las consecuencias de las guerras de independencia. Igualmente querían convertir al pueblo en ciudadanos autónomos pero sumisos. En las décadas de 1820 y 1830, la educación se convirtió en un objetivo especial para lograr el desarrollo y también estuvo en el centro de conflicto entre las autoridades centrales y las comunidades locales1. A finales del siglo XIX, la educación colombiana se convertiría en el centro de una tormenta política alrededor de la disidencia y obediencia, desorden social y virtud2. Las raíces de estos conflictos tardíos se pueden encontrar en el cuidadosamente planeado -pero ocasionalmente caótico- desarrollo de la educación pública durante la República temprana. Mientras que el gobierno afirmaba su política antidiscriminatoria de admisión a los colegios, los consejos municipales de los pueblos ofrecían un débil apoyo para ampliar las prácticas educativas3. Las políticas locales frecuentemente complicaban la retórica del Estado central acerca de la igualdad. En particular, las dificultades financieras se d Este artículo es resultado de la investigación sobre la educación en Colombia financiada por el Departamento de Historia y el Programa de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Princeton, el Concejo de Estudios Regionales, la Fundación Spencer y Western New England College. La traducción fue realizada por Martha Lux, Marta Herrera y Muriel Laurent. W Doctora en Historia de la Universidad de Princeton, Estados Unidos. Profesora Asistente del Departamento de Historia y Ciencia Política, Western New England College, Springfield, Massachusetts, Estados Unidos. 1 ZULUAGA DE E., Olga y Ossenbacher Sauter, Gabriela (eds.), Génesis y desarrollo de los sistemas educativos iberoamericanos, siglo XIX, t. 1, Bogotá, Cooperativa Editorial Magisterio, Grupo Historia de la Práctica Pedagógica, 2004; SAFFORD, Frank, “Race, Integration, and Progress: Elite Attitudes and the Indian in Colombia, 1750-1870”, en Hispanic American Historical Review, Vol. 70, No. 1, 1991, pp. 1-33. 2 Para explicaciones sobre el carácter de la educación en la historia de Colombia, véanse CACUA PRADA, Antonio, Historia de la educación en Colombia, Bogotá, Academia Colombiana de Historia, 1997; RAUSCH, Jane M., La educación durante el federalismo: La reforma escolar de 1870, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, Universidad Pedagógica Nacional, 1993. 3 En su reciente análisis, Franz Hensel trabaja el problema del discurso nacionalista y moralista en la educación en los primeros años republicanos: HENSEL RIVEROS, Franz D., Vicios, virtudes y educación moral en la construcción de la República, 1821-1852, Bogotá, Ediciones Uniandes, CESO, 2006, pp. 5-19.

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acompañaron de las dificultades raciales y de las relaciones de clase en muchos pueblos, entorpeciendo la implementación de un acceso igualitario y universal a la educación. La debilidad de la autoridad nacional en el temprano período independentista significó que las decisiones acerca de la educación rápidamente retrocedieran -e incluso se disolvieran- a nivel local. Los concejos de los pueblos y los jefes políticos enfrentaron muchos problemas para financiar los proyectos gubernamentales como fue el caso de las escuelas. Otros trabajos públicos tales como la edificación de puentes y la construcción de carreteras, usualmente tuvieron prioridad sobre los colegios; pero estos proyectos, también, enfrentaron el obstáculo de una ciudadanía poco colaboradora. En muchos casos, las preocupaciones económicas de la postguerra fueron una amenaza para los ideales educativos abrumando por completo los esfuerzos reformistas de las escuelas. A lo largo del siglo XIX en Latinoamérica este patrón encajó con problemas más amplios relativos a la construcción del Estado en el período de la postguerra. En general, los Estados-nación latinoamericanos tempranos se formaron en medio de deudas, con economías débiles, políticamente frágiles y fundamentados en sociedades de una muy profunda inequidad racial y social. En Colombia, las significativas deudas ocasionadas por la guerra agobiaron al nuevo Estado justo al iniciar su ambicioso programa para transformar la sociedad a través de las reformas de la educación y de la agricultura4. Los conflictos regionales eclipsaron al Estado de comienzos del siglo XIX en la medida en que las elites locales pelearon para afirmar su posición frente a la autoridad centralista del Estado y a otras fracciones de la elite. Las diferencias persistieron particularmente en la discusión sobre si el gobierno nacional debía ser federalista o centralista5. Para mediados de siglo estos argumentos se habían delineados en conflictos partidistas más agudos entre liberales y conservadores. Aún antes de que la división entre liberales y conservadores fuera evidente, las tensiones regionales y locales afectaban las decisiones estatales de importancia nacional sobre muchos de los aspectos de la organización social, política y económica en la recién independizada República. Estas tensiones en el sistema político nacional amenazaron y con frecuencia dieron lugar a conflictos armados en el nivel local, cuando no guerras civiles de escala nacional6. El período entre 1819 y 1830 fue de gran discordia en Colombia, en la medida en que los opositores internos remplazaron a los realistas españoles en las luchas por el poder político. Incluso después de la consolidación nacional, Colombia experimentó nueve guerras civiles y catorce guerras regionales 4 5 6

BUSHNELL, David y MACAULAY, Neill, The Emergence of Latin America in the Nineteenth Century, New York, Oxford University Press, 1994, pp. 87-88; SAFFORD, Frank y PALACIOS, Marco, Colombia: Fragmented Land, Divided Society, New York - Oxford, Oxford University Press, 2002, p. 102 y pp. 111-112. SAFFORD, Frank y PALACIOS, Marco, op. cit., p. 107. VALENCIA LLANO, Alonso, “La búsqueda de la autonomía política. El caso del Cauca, Colombia, durante el siglo XIX”, en BERMÚDEZ E., Isabel C. (comp.), Poder regional y discurso étnico en América, Cali - Sevilla, Universidad del Valle - Universidad Pablo de Olavide, 2003, pp. 167-187; Cuartas COYMAT, Álvaro, Tolima Insurgente: Historia de las guerras civiles y reseña político-constitucional, t. I, Bogotá, Pijao Editores, 1991.

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entre 1830 y 19027. Muchos de estos conflictos tuvieron su origen en batallas entre liberales y conservadores sobre la falta de representación estatal -percibida como represión- de los valores religiosos a través de instituciones como los colegios8. La Iglesia católica y los creyentes devotos temían, en particular, las reformas seculares del vicepresidente Francisco de Paula Santander que expropiaron los conventos de las órdenes religiosas y reorganizaron los colegios históricamente dirigidos por la Iglesia9. En términos generales, Santander llevó a cabo la centralización siguiendo la Constitución de Cúcuta de 1821, mientras que el presidente Simón Bolívar continuaba con la campaña militar en el sur. La incorporación que Santander hizo de la filosofía utilitarista de Jeremy Bentham en la educación secundaria provocó inconformismo. El Decreto del 3 de octubre de 1826 expedido por Santander, que ordenaba uniformar el plan de estudios para todos los colegios, desde el nivel primario hasta el universitario, provocó particular descontento en las provincias. El Decreto de 1826 sobre el currículo “concibió los elementos de la uniformidad ética, especial y pedagógica que confluyen en una propuesta de unidad nacional”10. Fuera de Bogotá, la ciudad capital, los líderes de las provincias cuestionaron la insistencia de Santander en la uniformidad nacional, especialmente en las universidades y las academias. El gobierno también recibió una fuerte desaprobación a nivel de escuela elemental, que constituye el foco primario de este artículo. El sistema de monitores o de enseñanza mutua de Joseph Lancaster contó con un fuerte respaldo especialmente de Simón Bolívar, pero también generó el mayor desacuerdo. El sistema lancasteriano empleaba estudiantes monitores para enseñar los principios rudimentarios de las matemáticas y la ortografía a los estudiantes menos avanzados, basándose en un programa de incentivos y disciplina que los críticos encontraron moralmente inaceptable o simplemente ineficiente. A pesar de las críticas, las ideologías de centralización y de monitores guiaron el sistema de educación elemental colombiana hasta 1841, cuando los conservadores asumieron el poder a nivel nacional y continuaron con mayor formalismo el proceso de descentralización de la educación, que de manera informal se había iniciado en años anteriores11. TIRADO MEJÍA, Álvaro, Aspectos sociales de las guerras civiles en Colombia, Medellín, Gobernación de Antioquia, 1996, p. 11. ORTIZ MESA, Luis Javier, et al. (eds.), Ganarse el cielo defendiendo la religión: Guerras civiles en Colombia, 1840-1902, Medellín, Universidad Nacional de Colombia, 2005; GONZÁLEZ, Fernán E., Educación y Estado en la historia de Colombia, Bogotá, CINEP, 1979; RAUSCH, Jane, op. cit. 9 BUSHNELL, David y MACAULAY, Neill, op. cit., pp. 88-89; para más información sobre la época y las políticas de Santander, véase BUSHNELL, David, The Santander Regime in Gran Colombia, Westport, Greenwood Press, [1954] 1970. 10 ZULUAGA DE E., Olga y OSSENBACHER, Gabriela, op. cit., p. 212. 11 Olga Zuluaga destaca la importancia de las relaciones entre la práctica pedagógica y el discurso educativo con el fin de entender el “saber pedagógico” en su conjunto, considerado como objeto y como nexo de una sociedad específica e histórica. ZULUAGA DE E., Olga L., Pedagogía e Historia: La historicidad de la pedagogía. La enseñanza, un objeto de saber, Bogotá, Siglo del Hombre Editores - Anthropos - Editorial Universidad de Antioquia, 1999, pp. 37-43, en particular. Respecto de las prácticas en sí mismas, véase: ZULUAGA DE E., Olga L., Colombia, dos modelos de su práctica pedagógica durante el siglo XIX, Medellín, Universidad de Antioquia, Centro de Investigaciones Educativas, 1979. 7 8

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La educación provee los lentes a través de los cuales se pueden examinar las luchas locales para retener o lograr autonomía del Estado central y centralizador. Este artículo estudia varios aspectos de la negociación entre el gobierno central y los líderes locales acerca del grado de intervención de la autoridad estatal en los colegios y asuntos relacionados, que muchos veían como aspectos propios de la comunidad en los cuales el gobierno central no debía entrometerse. Tres casos locales del período nacional temprano, durante el cual se presentaron grandes dificultades políticas y financieras, revelan cómo el gobierno central intentó imponer su control sobre gobiernos y economías locales frágiles y cómo estos poderes locales confrontaron al Estado central. Varias situaciones problemáticas surgieron inmediatamente al desarrollar el primer sistema de educación pública del país. Primero, los problemas financieros limitaron el alcance de las reformas estatales y la internalización de los principios legales en la temprana República. El segundo problema tenía que ver con la incierta relación entre los indígenas y el Estado, la cual giraba en gran parte alrededor de los impuestos. El recién independizado gobierno abolió el sistema de tributo colonial y lo remplazó con impuestos aplicados en forma general, pero no pudo fácilmente liberarse de las inequidades raciales, sociales y económicas del país. De esta manera la grave situación fiscal se combinaba con las preocupaciones de las elites acerca de la mejor forma de incorporar a los grupos marginados a la nueva República de ciudadanos letrados. La arraigada inequidad y las diversas expresiones locales del deber cívico frustraron finalmente los intentos del gobierno por deshacerse del legado colonial, aliviar las enfermedades sociales y unificar a los colombianos por medio de la educación pública12. Hacia finales de la década de 1820 varias crisis socioeconómicas llevaron a que se activara un movimiento de reforma educativa que redirigió sus energías organizativas a la esfera privada del voluntariado. Una consecuencia extremadamente importante, pero no deliberada, del fracaso del Estado a la hora de centralizar la educación fue, en cambio, que la filantropía privada creció. Los movimientos reformistas filantrópicos no resolvían los problemas de todos. La consecución privada de fondos por medio de asociaciones de caridad fue un camino usualmente cerrado para los indígenas, los que, por el contrario, dependían de su propio trabajo y de las rentas de los resguardos. Desde la Conquista española y el establecimiento de la Nueva Granada colonial muchas comunidades indígenas sobrevivientes mantuvieron sus tierras. La Corona española había protegido estos derechos sobre las tierras comunales, llamándolas resguardos y recibiendo a cambio el pago de un tributo por parte de cada hombre indígena adulto. Con la Independencia se abolió el tributo y los indígenas fueron incorporados a la República como contribuyentes y propietarios privados. No todos sus grupos de indígenas prefirieron 12 El problema de la continuidad del colonialismo en el mundo moderno -llámese poscolonialismo o neocolonialismo- ha sido abordado por quienes se interesan por la educación primaria desde perspectivas teóricas y prácticas. Veáse, por ejemplo, CANNELLA, Gaile S. y VIRURU, Radikha, Childhood and Postcolonization: Power, Education and Contemporary Practice, New York, Routledge Falmer, 2004, pp. 14-27. En esta obra los autores buscan las raíces coloniales y globales de la jerarquización del sistema educativo y su relación con la construcción de la niñez en las sociedades contemporáneas.

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los impuestos republicanos a cambio del tributo colonial ni todos aprobaron la privatización de las tierras de los resguardos. En algunos casos, se presentaron protestas por la privatización de las tierras comunales debido a que éstas podían ser vendidas por fuera de la comunidad. Dichas comunidades no tenían ni los medios para pagar los impuestos ni siempre estaban de acuerdo con los proyectos a los que el dinero recogido se iba a destinar. Las escuelas públicas, por ejemplo, se concentraron inicialmente en las poblaciones relativamente más urbanizadas y no en los resguardos, aun cuando los impuestos de los indígenas habían ayudado a financiar esos colegios. De esta manera muchos líderes de las comunidades indígenas de los resguardos se sintieron marginados por la temprana retórica republicana sobre el universalismo de la educación pública, que en teoría incluía a todos los colombianos, pero que en la práctica subordinaba las demandas indígenas por educación a las de la población urbana, con frecuencia blanca y mestiza. Al mismo tiempo, las elites se encontraron en desacuerdo con los proyectos del Estado para construir la Nación por muchas razones, incluyendo la ineficacia gubernamental, la mala administración de los fondos y el laxo respaldo a los ideales republicanos en la práctica. Algunos colombianos de las elites, al igual que sus pares de Latinoamérica y de otras partes de Occidente, imaginaban un mundo de “mejoría” moral y niveles de educación más altos13. El Estado colombiano aclaró y diversificó sus prioridades: lidiar con las guerras civiles y otras tareas de construcción política por medio de la adopción de modelos europeos y norteamericanos de desarrollo social e intelectual, como el modelo de monitores de Lancaster. Mientras tanto, muchos maestros en el sector privado se ofrecieron como voluntarios para llevar la carga de la transformación ideológica y moral en el nuevo Estado soberano. Para algunos el sistema lancasteriano se presentaba como la antítesis de una buena formación católica y de un aprendizaje profundo14. ¿Cómo, entonces, respondieron las comunidades multirraciales y de varias clases de toda Colombia a las disposiciones reformistas del Estado y del sector privado? ¿Se vieron estas identidades locales transformadas o moldeadas por las disposiciones nacionales relativas a la educación y a sus costos colaterales? ¿Pudo la población local -de la elite o no- dejar la huella de sus propias definiciones de identidad comunitaria en la nueva República? A nivel local, las comunidades frecuentemente respondieron al nuevo Estado colombiano con intentos vociferantes para defender su propia autonomía. Los Consejos de las poblaciones podían argumentar que los dineros comunales debían ser utilizados para reconstruir o ampliar un puente, una carretera, o inclusive una iglesia, tema que se explorará más adelante. Los intereses de las comunidades no siempre 13 ZULUAGA DE E., Olga y OSSENBACHER, Gabriela, op. cit. 14 Este debate se situaba en el contexto de otros conflictos filosóficos y prácticos alrededor del pensamiento utilitarista y el rol del benthamismo en la enseñanza universitaria. MARQUÍNEZ ARGOTE, Germán, “Benthamismo y Antibenthamismo”, en MARQUÍNEZ ARGOTE, Germán, et al., La Filosofía en Colombia: Historia de las ideas, Bogotá, Editorial El Búho, 1988, pp. 187-226.

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aceptaron la idea de que la educación era un proyecto inherentemente útil o benéfico. Por ejemplo, el 16 de septiembre de 1823, el alcalde de Morales en el departamento de Bolívar, José de las Santas Moncadas, se quejó ante el gobierno nacional a causa del impuesto sobre el tabaco decretado por la municipalidad de Simití, destinado para apoyar un colegio en el pueblo. El Alcalde reclamó diciendo que su parroquia obtenía sólo unos pocos pesos de ese impuesto, y pidió, entonces, una exoneración oficial de las obligaciones hacia el colegio porque las gentes de Simití se encontraban agobiadas por los “trabajos y miserias”15. Además, el Alcalde argumentó que la cárcel y la iglesia del pueblo necesitaban ser reparadas de manera urgente. Esas necesidades eran para él de mayor urgencia que la sugerida escuela primaria. No obstante, el Secretario de Estado y del Interior encargado de la educación a principios de la década de 1820, José Manuel Restrepo, ordenó al Alcalde aplicar cualquiera de los dineros recolectados a la escuela primaria de Morales16. El gobierno colombiano estaba decidido a desarrollar la educación primaria en toda la Nación, contraviniendo muchas veces la voluntad de las autoridades locales. De vez en cuando el gobierno central podía aprobar planes alternativos que apoyaran, por ejemplo, el transporte nacional y la infraestructura de comunicaciones. Pero el temprano Estado nacional obstaculizó especialmente el apoyo a las instituciones religiosas en un período en el cual se veía a la Iglesia católica y a sus recursos financieros como antagónicas con el crecimiento de un Estado-nación secular y centralizado. A pesar de la voluntad de centralización del Estado, los cabildos, los jefes políticos y los alcaldes prefirieron darle prioridad a su propia visión de desarrollo y segundo término a las escuelas públicas. Inclusive, las elites locales usualmente estuvieron divididas en su posición acerca de cómo alcanzar los propósitos de las reformas. Aun si se encontraban unificadas, las elites locales no siempre se alinearon con los intereses del Estado central para estandarizar la pedagogía y el currículo. La independencia política en Colombia abrió la posibilidad de que el Estado reconociera opiniones alternativas, especialmente las propuestas por las elites. ¿Pero cuándo y cómo el Estado escuchaba a sus ciudadanos? Algunos grupos locales obtuvieron la atención de burócratas nacionales, pero simplemente para recibir una gran cantidad de sanciones. En los tres casos discutidos en este artículo, las elites marginales de tres poblaciones representativas negociaron con el Estado para asegurarse mejores acuerdos educativos, financieros y políticos. En el primer caso, el de Nemocón, el Estado insistió para que la elite local se sometiera al mandato de la ley. En el segundo caso, el de Zipaquirá, apoyó a las elites en contra de la comunidad indígena, a pesar de -o tal vez por- la participación más activa de los indígenas. En el tercer caso, el de Mompós, la sociedad privada planeó promover la educación en la ciudad, pero sus esfuerzos fueron coartados por un Estado ansioso y centralista. 15 Archivo General de la Nación, Bogotá-Colombia, Sección República, Fondo Ministerio de Instrucción Pública (en adelante AGN, SR, FMIP), t. 109, f. 620. 16 Ibid.

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Los tres casos reiteran la preocupación de los funcionarios del gobierno central y de las provincias con relación a cuanta autoridad perderían al permitir que tomaran fuerza las iniciativas locales acerca de la educación. El sustento legal que tienen en común estos tres casos es que, en 1821, el Estado colombiano ordenó a los cabildos establecer escuelas públicas primarias utilizando las contribuciones voluntarias de sus residentes. Sin embargo, en este período, muchos cabildos se encontraban insolventes y sus pobladores se negaron a vaciar sus ya desocupados bolsillos para otra ostensible contribución voluntaria solicitada por el Estado. Esa resistencia pudo tener sus fundamentos en intereses pecuniarios, pero estuvo a menudo enmarcada en el lenguaje de las mutuas obligaciones entre el Estado y los ciudadanos. En la década de 1820 los proponentes privados de las reformas educativas improvisaron los medios para sostener los colegios en sus poblaciones. Los reformistas locales comenzaron campañas prodonativos, loterías y festivales a fin de recaudar fondos en un esfuerzo para cumplir con las exigencias nacionales de alfabetización universal. Por ejemplo, en 1822 el gobernador de Cartagena, Henrique Rodríguez, escribió que la respuesta a la Ley de Escolarización Universal había sido muy reducida, a pesar de su admirable propósito de “establecer las Escuelas de primeras letras tan necesarias en las Parroquias especialmente de indígenas y otras de mucha población e importancia”17. Las municipalidades no podían dirigir los fondos públicos a las escuelas, ya fuera porque no los tenían o porque dependían de pequeñas rentas anteriores a las guerras, que alcanzaban para pagar a los carceleros y a los alcaldes. Rodríguez sugirió a cambio: “En tales circunstancias he determinado […] establecer una Lotería, añadiéndole el ramo de rifas, único recurso para reparar los descalabros de la Ciudad, donde no se ven mas que edificios ruinosos y dar vida a tantos censualistas, artesanos y jornaleros que perecen de miseria”18. Durante la década siguiente, los impedimentos financieros no desaparecieron, pero tanto los defensores de los colegios como los intelectuales pro-reformistas aprendieron a manejar mejor éste y otros problemas. Los grupos de la elite, en particular, clamaron por colegios a fin de desarrollar los potenciales económicos de la Nación. Los cabildos se encontraron atrapados entre un gobierno nacional intransigente y contribuyentes reacios. Los jefes políticos consideraron que cualquier ingreso, desde las tierras del resguardo hasta el redireccionamiento de los ingresos por impuesto, como formas rápidas de superar las dificultades financieras de las poblaciones. Los cabildos encontraron la manera de privatizar las propiedades comunales e incrementar los recursos locales, independientemente de que se destinaran o no a las escuelas públicas. Estas propuestas locales llevaron a que se despojara a los indígenas de sus tierras comunales en nombre de un proyecto de construcción de nación, que frecuentemente poco tenía que ver con los intereses de los indígenas. Por esta razón, parecería que en el período nacional temprano en Colombia se incrementaron los ataques contra la propiedad y la autonomía de los indígenas que había sido protegida 17 AGN, SR, FMIP, t. 109, f. 642. 18 Ibid.

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bajo la ley española, al menos en teoría. Aun cuando esta mirada simplifica en exceso las relaciones coloniales entre los españoles y los indígenas en el Virreinato de la Nueva Granada, parecería que las relaciones entre los grupos indígenas y las autoridades colombianas empeoraron en la República temprana. En un intento para remediar algunos de los problemas que se presentaban con la recolección de impuestos para proyectos públicos, como lo era el de los colegios, el gobierno colombiano ofreció a los residentes pobres la oportunidad de pagar los impuestos con su trabajo. Por ejemplo, en agosto de 1829, el prefecto Cristoval de Vergara, quien gobernaba Villa de Leiva, en la provincia de Tunja, informó al Secretario de Estado e Interior José Manuel Restrepo que “muchos jóvenes moralmente correctos”19 habían comenzado a asistir al colegio. Aún, a pesar de “la extrema necesidad de educación de la juventud”, los ingresos recaudados por el pago de impuestos no fueron utilizados para los colegios, sino que sirvieron para financiar la reconstrucción de caminos. De esta manera en Villa de Leiva, como en muchas otras poblaciones, “No faltarían sujetos que se obligaran á construir puentes dejándoles el derecho de cobrar alguna pensión”20. El prefecto de Vergara reconoció que mejores vías y puentes más seguros ofrecían beneficios para las comunidades. Sin embargo, arguyó que el bien común estaba siendo ignorado en un aspecto importante: “Pero la prefectura cree que en esta parte aunque es un bien público ponerle tránsito seguro, pero el provecho solo refluye en utilidad de un solo individuo, cuando puede redundar en beneficio general en escuelas”21. Sugirió que, debido a que los vecinos no podían ser llamados para pagar impuestos, el gobierno debía buscar estos fondos en los cercanos resguardos indígenas. Dos meses después, el Prefecto solicitó usar las entradas provenientes de la venta del resguardo de Moniquirá para sostener una escuela primaria. Él denominó a Moniquirá como “pueblo destruido”, que contaba con mayoría de mujeres y consideró que el resguardo era improductivo22. Los indígenas arrendaban las tierras que les sobraban de sus grandes parcelas. El Prefecto pensaba que el gobierno lo podía hacer mejor. Intentó confiscar las tierras de Moniquirá para arrendarlas a un precio mayor, usando como fundamento para su acción la Ley de 1828 que desposeía a los pequeños propietarios que habían dejado sus tierras en barbecho o subutilizadas. No indicaba a dónde deberían ir los 80 indígenas que habían sido desplazados de sus tierras comunales, o si éstos deberían convertirse en arrendadores de los nuevos propietarios. La explotación de las tierras comunales indígenas no era una idea nueva. Quizás los inversionistas quisieron comprar las tierras de Moniquirá para desarrollar la minería en esta región, que Alexander von Humboldt alguna vez pensó contenía suficiente cobre como para abastecer el mundo entero. En 1832, uno de los promotores de 19 20 21 22

AGN, SR, FMIP, t. 107, ff. 426-428. AGN, SR, FMIP, t. 107, f. 428. Ibid. AGN, SR, FMIP, t. 107, ff. 421-422.

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un proyecto minero en la región de Moniquirá argumentó como prueba de la gran riqueza mineral en la región la anécdota colocada 30 años antes en las Narrativas personales23. En últimas, la producción de cobre fue mucho menos que estas expectativas iniciales y esa empresa fracasó. Los crecientes intereses en aprender cómo explotar allí los recursos naturales, debieron jugar un papel en los proyectos del Prefecto de fundar escuelas mediante la venta de las tierras comunales. El Prefecto de Vergara simplemente expresó la esperanza de que los indígenas de Moniquirá pudieran asistir a la escuela en Villa de Leiva, lo que satisfacía al gobierno nacional, pero resultaba de poca utilidad para los indígenas que vivían muy lejos de este colegio. Propuestas como la anterior, que despojaban a los indígenas de sus tierras en nombre de proyectos gubernamentales para la construcción del Estado, han sido consideradas por muchos historiadores como parte de un generalizado “ataque liberal” a los derechos de los indígenas en el temprano período republicano. De hecho la desintegración de los resguardos comenzó tiempo atrás, bajo la presión de la Corona a mediados del siglo XVIII, pero el ritmo se aceleró después de las guerras de Independencia24. La división de las tierras comunales “no fue algo que los mismos indígenas hubieran solicitado, y a corto plazo no se hizo mucho para llevarlo a cabo; simplemente se mantuvo en la legislación como señal de lo que los no indígenas pensaban era bueno para ellos”25. Sin embargo, como lo indican los siguientes casos; en las décadas de 1820 y 1830 fueron aumentando las tensiones entre los indígenas y las autoridades gubernamentales, en la medida en que el Estado intentó dividir, vender o arrendar lo que quedaba de los resguardos. La indiferencia hacia las mayorías raciales y étnicas en Colombia ha contradicho durante mucho tiempo, incluso a finales del período colonial, las ideologías liberales de bienestar social. Sin embargo, las acciones de los indígenas por sus derechos en Colombia también estuvieron relacionadas. Como Jeremy Adelman ha señalado, acentuar la persistencia de las estructuras coloniales en el período republicano excluye la comprensión del papel desempeñado por los grupos subalternos en la formación del Estado y en el imaginario nacional26. Algunos grupos indígenas se resistieron a los cambios del sistema de los resguardos, no necesariamente porque rechazaran las concepciones liberales del siglo XIX sobre la propiedad privada y la economía del mercado, sino porque el Estado no representaba sus intereses como ellos consideraban que debía hacerlo. El período republicano temprano mostró a nivel nacional una nueva constelación de poder que las autoridades criollas e indígenas trataron de moldear en el nivel local. 23 RAMOS PEÑUELA, Aristides, “Colonos, empresarios, y vagos: Experiencias fronterizas en el Carare en la primera mitad del siglo XIX”, en Fronteras, Vol. 2, No. 2, Bogotá, ICANH, 1998, p. 74, nota 24. 24 FALS BORDA, Orlando, “Indian Congregations in the New Kingdom of Granada: Land Tenure Aspects, 1595-1850”, en The Americas, Vol. 13, No. 4, 1957, pp. 341, 348-351; SAFFORD, Frank, op. cit., pp. 3-7, pp. 9-11; BOHÓRQUEZ, Carmen, El Resguardo en la Nueva Granada ¿Proteccionismo o despojo?, Bogotá, Editorial Nueva América, 1997, pp. 35-36. 25 BUSHNELL, David y MACAULAY, Neill, p. 86. 26 ADELMAN, Jeremy, Colonial Legacies: The Problem of Persistence in Latin American History, New York, Routledge, 1999.

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Conflictos entre el Estado y las elites locales sobre la educación colombiana durante las décadas de 1820 y 1830

1. Reclamos de las comunidades de Nemocón y Zipaquirá Los indígenas y la población de hispano-descendientes que trabajaban y vivían en los alrededores de las minas de Zipaquirá y Nemocón en el altiplano de la Cordillera Oriental colombiana presentaron una interesante perspectiva local de las similitudes y diferencias utilizadas por los gobiernos para centralizar sus administraciones a finales del período colonial y en la temprana República27. Desde el período prehispánico y durante el período colonial, la producción de sal de Zipaquirá hizo de este asentamiento un centro económico importante y conflictivo desde una perspectiva política. Varios conflictos antiborbónicos se agruparon en Zipaquirá y Nemocón, donde los grupos indígenas exigieron que el Virreinato suprimiera el pago de los tributos y les devolviera las minas de sal, reclamos a los que sólo renunciaron después de una larga batalla28. El descontento con el gobierno español creció entre la mayoría del campesinado indígena andino en las décadas previas a la Independencia. Como Brooke Larson ha señalado, en el período de la Independencia, muchas elites criollas sintieron que debían seguir “una lógica contra puntual - para romper el control colonial sin dar lugar a otro ‘período de insurrección’ entre los campesinos de las tierras altas”29. La parte de la Cordillera Oriental que actualmente comprende los departamentos de Cundinamarca y Boyacá fue la provincia colonial con mayor densidad de población: en vísperas de las guerras de Independencia, tenía alrededor del 40% de la población y aportaba aproximadamente el 40% de los diezmos30. Las minas de Zipaquirá y Nemocón habían sido fuentes estables de ingreso para el Virreinato, por lo que el gobierno republicano pensó que le esperaba otro tanto. Desde la perspectiva burocrática estabilizar la región se convirtió en una preocupación de suprema importancia para la salud política y financiera, especialmente debido a que estos funcionarios lucharon diariamente para ejercer el poder coercitivo del Estado -por ejemplo, para recolectar los impuestos o explotar eficazmente los enormes recursos naturales de la Nación. El gobierno republicano nacionalizó las minas de sal, monopolio que por varias décadas proporcionó una de las mayores fuentes de ingreso. En 1826, los ingresos de las salinas fueron del orden del 5% del tesoro colombiano, o la tercera mayor fuente de ingreso 27 CARDALE DE SCHRIMPFF, Marianne, Las Salinas de Zipaquirá: Su explotación Indígena, Bogotá, Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales, Banco de la República, 1981; MORENO Y ESCANDÓN, Francisco Antonio, Indios y mestizos de la Nueva Granada a finales del Siglo XVIII, Bogotá, Biblioteca del Banco Popular, 1985. 28 MENDOZA RAMOS, César, Colombia: Inercias y cambios (1780-1850), Barranquilla, Editorial Antillas, 1992, pp. 33-35; FRIEDE, Juan, Rebelión comunera de 1781: Documentos, t. 1, Bogotá, Colcultura, 1981, pp. 77-100; CÁRDENAS ACOSTA, Pablo, El movimiento comunal de 1781 en el Nuevo Reino de Granada, t. 1, Bogotá, Tercer Mundo, 1980, pp. 18-29; PHELAN, John Leddy, The People and the King: The Comunero Revolution in Colombia, 1781, Madison, University of Wisconsin Press, 1978. 29 LARSON, Brooke, Trials of Nation Making: Liberalism, Race, and Ethnicity in the Andes, 1810-1910, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, p. 6. 30 BRUNGARDT, Maurice P., “The Economy of Colombia in the Late Colonial and Early National Periods”, en FISCHER, John R., et al. (eds.), Reform and Insurrection in Bourbon New Granada and Peru, Baton Rouge, Louisiana State University Press, 1990, p. 173.

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después de los impuestos por importaciones y exportaciones (52%) y de tabaco (23%)31. El gobierno mantuvo el monopolio de las salinas hasta que los costos operativos de las minas superaron las debilitadas finanzas del Estado, pasando a un sistema de renta de arrendamiento. Su importancia fiscal llevó a que se focalizara la atención nacional en la región, y también condujo hacia varios aspectos en los que los intereses nacionales y locales disentían -notablemente- en lo concerniente a la educación primaria. Al enfrentar una creciente presión estatal sobre la región del altiplano de la Cordillera Oriental, la gente de Zipaquirá y Nemocón utilizó los canales gubernamentales establecidos para manifestar sus preocupaciones y prioridades a los miembros de los concejos municipales. Así como la región era conocida por sus violentas movilizaciones, también tenía una fuerte tradición en la presentación de quejas y acciones políticas formales. La renta de la sal fue crucial para el Estado, y las comunidades indígenas fueron parte integral de la economía minera de la sal. Los indígenas, los mestizos y los criollos se habían comunicado largamente con el Estado colonial español debido a sus intereses compartidos e individuales en la región. Ahora, en el contexto de las demandas de la nueva República hacia los gobiernos locales y sus ciudadanos, esos intereses diferían particularmente alrededor del tema de la educación primaria. En la coyuntura crítica de la formación del Estado en la década de 1820, los habitantes de Nemocón y Zipaquirá manifestaron ideas contradictorias a los concejos de sus poblaciones acerca de cómo manejar los dineros públicos y sobre si debían apoyar o rechazar proyectos estatales como el de los colegios. Los debates sugieren que los indígenas querían que el Estado tuviera en cuenta sus intereses y preocupaciones a la hora de tomar decisiones de asignación de recursos. Las preocupaciones étnicas y de clase moldearon las conversaciones -aquéllas que fueron registradas en los archivosentre el Estado y actores no estatales, en el nivel nacional y local. En Nemocón creció el conflicto sobre los derechos de los grupos blancos e indígenas para decidir sobre los intereses de la comunidad. Las comunidades indígenas de esta población querían establecer un colegio para sus hijos con la parte de sus derechos a los ingresos de las minas de sal. Los representantes del resguardo protestaron porque el profesor de la parroquia había usado sus ingresos para abrir un colegio de no indígenas en el pueblo, que había limitado injustamente el acceso de los niños indígenas a la escuela. Al mismo tiempo, el maestro solicitó fondos para mantener el colegio de la parroquia y su propio salario, a lo que el Cabildo se negó. Este último llegó incluso a amenazar con retener el apoyo para cualquier otro proyecto del Estado si el gobierno continuaba con su insistencia de que desembolsaran dinero para el colegio. Entonces, durante varios meses el encargado de las salinas mantuvo el colegio y propuso un plan alternativo para destinar una porción de los ingresos de las minas de sal a un colegio indígena. El administrador pensó que la propuesta 31 LÓPEZ GARAVITO, Luis Fernando, Origen y fundamentos de la hacienda y la economía colombianas, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2000, p. 41.

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de los indígenas para construir un colegio era viable32. Pero el Secretario del Estado les negó el permiso. A cambio, ordenó que con los ingresos de las minas se dotara a la escuela parroquial. Frank Safford argumenta que muchos indígenas no pudieron beneficiarse de los colegios, incluso cuando ellos mismos los ayudaban a pagar, porque el trabajo mismo se interpuso. Tal como el sacerdote del pueblo indígena de Pesca argumentó a finales de la década de 1830, “los colegios, habiendo sido financiados con las tierras de las comunidades indígenas, beneficiaban fundamentalmente a los colonos blancos que se habían trasladado ahí ya que los indígenas tendían a llevar a sus hijos a trabajar con ellos en el campo”33. En este momento, el gobierno nacional contravino uno de sus principios fundamentales, la idea del “mejoramiento” indígena por medio de la educación. Excluyó a los indígenas de la idea fundacional de educación universal como fundamento para una nueva y virtuosa República. Financieramente, apoyó el fortalecimiento o la creación de un sistema educativo, que benefició principalmente a la elite urbana y a las clases medias. Pero la retórica liberal del joven Estado colombiano jugaría un fuerte apoyo a la inclusión de los indígenas en la República. Sin embargo, buena parte de la realidad contradecía este reclamo a la universalidad; es importante subrayar la centralidad metafórica -e incluso moral- de la idea de inclusión, al menos en la década de 1820 El Estado pretendía crear una Nación sin distinciones raciales y de clase, y al mismo tiempo escogió fortalecer las posiciones existentes de fuerza a lo largo del país, usualmente en regiones que contaban con elites locales poderosas y consolidadas. Fue una apuesta interesante. El Estado subordinó los intereses de los indígenas al de los criollos y mestizos, aun cuando los indígenas tenían un papel fundamental en la producción de sal como trabajadores y como propietarios de tierras. Igualmente curioso fue la prohibición del gobierno a los cabildos de modificar las leyes o los proyectos nacionales como el de los colegios independientemente del sector social al cual beneficiaran. Parece ser que el gobierno central temía que los cabildos ejercieran mucha autoridad sobre los pobladores, lo que podría llevar a que se tomaran decisiones autónomas a nivel local, que amenazaran la unidad y centralización del Estado colombiano dirigido desde Bogotá. El gobierno central trató de limitar la autoridad de pueblos e iglesias designando sus propios profesores los cuales hasta las guerras de Independencia usualmente habían sido curas. Otro aspecto conflictivo de la unificación y centralización del Estado, desde la perspectiva local, fue la imposición del gobierno central del sistema lancasteriano de enseñanza mutua, que dependía de una red de profesores entrenados y certificados en las ciudades capitales de las provincias. Esto automáticamente limitaba la participación de los cabildos al designar los profesores de primaria, teniendo que nombrar a un profesor entrenado por el Estado o reenseñar al profesor actual, siendo costosos ambos esfuerzos. 32 AGN, SR, FMIP, t. 108, ff. 291-292. 33 SAFFORD, Frank, op. cit., p. 14.

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En contraste con Nemocón, los ciudadanos de Zipaquirá vieron que su antigua escuela parroquial enfrentaba problemas económicos y no tenía el apoyo del gobierno central. Cuando en 1823 se reabrió el colegio de Zipaquirá con el método de monitores, inmediatamente surgieron quejas contra la institución34. El pueblo se negaba a pagar el salario del profesor, el que amenazó con renunciar. Fue el profesor de enseñanza mutua José María Triana, quien posteriormente obtuvo fama por su trabajo en Colombia y en toda América al promover y expandir el sistema lancasteriano. Los lugareños querían brindar ayuda para la construcción de la iglesia parroquial y no para un colegio. Los impuestos fueron obviamente una carga general, pero lo importante era también hacía donde se destinaran los ingresos públicos35. Negarle al profesor su salario era una forma de protestar contra un gobierno central que parecía indiferente a las preocupaciones locales. La queja específica acerca de la parroquia sirvió para una mayor oposición a un Estado que intervenía en los asuntos locales, particularmente cuando esos asuntos eran percibidos como ineficientes e indeseados. El Cabildo decidió pagarles a los profesores con los impuestos de las salinas. En años recientes, las rentas de las salinas y de las tierras de pastoreo habían sido canalizadas para el ejército colombiano. Consideró el Cabildo que una parte podía redireccionarse para los propósitos de Triana sin mayores protestas. Todos en el pueblo estaban acostumbrados a pagar una cuota para pastar el ganado, por lo que el Cabildo consideró que se podían redistribuir esas rentas para el colegio sin que nadie notara la diferencia36. Sin embargo, los funcionarios del gobierno de mayor edad, incluyendo el Intendente de Cundinamarca, Enrique Umaña, se molestaron con la sugerencia. Ellos insistían en que las contribuciones individuales, y las rentas que no provinieran del pago de impuestos debían ser las que mantuvieran al colegio público37. El Tesorero Nacional (fiscal Orvegozo) declaró que no tenía “el Pueblo de Zipaquirá por si mismo ni menos los vecinos singularmente la facultad de repugnar, resistir ni protestar contra las leyes”38. Un año después, el colegio de niños sufría por falta de fondos y el colegio de niñas hacía mucho tiempo había sido abandonado39. El Cabildo pidió nuevamente utilizar fondos de las salinas para los colegios. Una vez más, el Secretario de Estado e Interior, José Manuel Restrepo, ordenó a los pobladores pagar directamente. El gobierno nacional proporcionó escaso apoyo para la autonomía de los gobiernos locales. De muchas maneras, la propuesta del colegio indígena en Nemocón debería haber encajado en la visión modernizante del Estado colombiano. Ese proyecto fue rechazado favoreciendo un colegio parroquial, no obstante lo deficiente que pudiera ser. Cuando los líderes locales en Zipaquirá propusieron un camino alternativo 34 35 36 37 38 39

AGN, SR, FMIP, t. 108, f. 361A. AGN, SR, FMIP, t. 108, ff. 381-382. AGN, SR, FMIP, t. 108, f. 361B. AGN, SR, FMIP, t. 108, f. 379. AGN, SR, FMIP, t. 108, f. 384. AGN, SR, FMIP, t. 108, ff. 310-312.

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para cumplir la ley, como era reorganizar los ingresos de la sal a cambio de solicitar contribuciones personales, el gobierno central también se opuso.

2. Filantropía privada y autoridad estatal en Mompox El ideal de educación universal no decreció pronto. A pesar de que el gobierno central frecuentemente fallaba, apoyando a los gobiernos locales, los reformadores de la educación privada dieron un paso para acortar la brecha. A comienzos de la década de 1830, durante la presidencia de Francisco de Paula Santander, varias sociedades privadas que promovían la educación primaria en Colombia surgieron por todo el país. Estas Sociedades de Amigos de la Educación mostraron una nueva apreciación sobre las posibilidades y limitaciones de los esfuerzos para construir colegios públicos y, desde luego, el sistema educativo nacional en Colombia. La creatividad que caracterizó a los primeros promotores escolares no se marchitó. Los reformistas privados racionalizaron sus organizaciones para servir a las crecientes demandas por más -y mejores- colegios. Estos reformistas colombianos utilizaron el lenguaje del “deber religioso” al describir su dedicación para trabajar por la “patria”. Los reformistas de las nuevas escuelas reflejaron una compleja mezcla de filosofía liberal y un giro conservador en el pensamiento de las elites durante la década de 1830. Las Sociedades de Amigos de la Educación representaron el complicado y usualmente pragmático giro en la imaginación de los reformistas. El Estado había largamente insistido en que los colombianos financiaran directamente la educación. Ahora el sector privado se movilizó para construir esa infraestructura a su manera, respondiendo en parte a la incapacidad estatal para hacerlo. Antes, el gobierno colombiano había sancionado a las sociedades filantrópicas. El Secretario de Estado y del Interior, José Manuel Restrepo, pensó que estas sociedades podían cerrar la brecha entre las arcas del Estado y las contribuciones individuales. Por ejemplo, Restrepo en abril de 1823 había recibido un prospecto de un profesor francés para abrir un colegio de sordomudos en Bogotá. Aunque Restrepo prometió tener en cuenta “el benéfico establecimiento formado en París en obsequio de los que desgraciadamente nacen sin oír ni hablar”, sólo envío sus agradecimientos. Para poder abrir una escuela de sordomudos en Bogotá, el profesor francés o una sociedad privada tendrían que haber buscado respaldo para la causa40. Las sociedades proliferaron en la década de 1830, particularmente aquéllas que promovían la educación primaria. Mompox tuvo una Sociedad de Amigos de la Educación hacía 1825, Cartagena estableció una en 1831, Popayán en 1833, Bogotá y Barranquilla en 1834 y Pasto en 183541. Restrepo aprobó todas estas sociedades, pero también les advirtió su resolución con respecto a la sociedad propuesta en Barranquilla: “Resuelto 40 AGN, SR, FMIP, t. 106, f. 371. 41 AGN, SR, FMIP, t. 109, ff. 596-602; t. 109, ff. 596-602; t. 110, ff. 364-372; t. 124, f. 131; t. 136, f. 495; t. 136, f. 76; t. 125, ff. 241-250.

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- No existiendo lei que prohíba las asociaciones de los ciudadanos mientras que en ellas se respeten las instituciones políticas; y no atribuyéndose tampoco por ninguna lei al P[oder] E[jecutivo] ni a sus agentes intervención oficial en tales asociaciones; nada hai que determinar sobre la que trata de establecerse en Barranquilla”42. El temor por el desacuerdo político con respecto al gobierno central subyace en las discusiones con los reformistas que podrían haber aparecido como los más estables en términos de sus intereses políticos y sociales, como aquéllos que promovieron el desarrollo de escuelas primarias. En las décadas de 1820 y 1830 en la medida en que el Estado falló en el desarrollo de escuelas públicas, los filántropos privados defendieron y promovieron la ley de educación universal. Al mismo tiempo, estos filántropos se apartaron de las iniciativas del Estado hacía modelos educativos que no siempre encajaban con las ideas del gobierno central de desarrollo, ciudadanía y nacionalidad. Ahí radicaba la esencia del problema: los colombianos no se ponían de acuerdo acerca de la configuración de las escuelas públicas en la medida en que la educación involucraba a la ética, el dominio de la ley, la religión y la ciudadanía -todas ferozmente debatidas en la temprana República. De esta manera el sistema educativo nacional y los colegios mismos se convirtieron en espacios de intensos debates tanto políticos como religiosos43. El método de enseñanza mutua del pedagogo británico Joseph Lancaster fue un sistema educativo popular que fue adoptado por muchos gobiernos latinoamericanos, desde México hasta Argentina y Brasil, en el temprano siglo XIX44. El 20 de febrero de 1827 el periódico bogotano El Conductor (No. 6) publicó la noticia de que la delegación colombiana en Londres había establecido correspondencia con el consejo administrativo parisino de la Sociedad de Instrucción Elemental. La Sociedad francesa había acordado proporcionar el conocimiento y las herramientas necesarias para promover la educación en los nuevos estados americanos. Esa oferta incluía “enviar obras, tablas, y libros elementales consiguientes y entrar gustoso en la correspondencia con la que hubiese ya de esta especie, complacida infinito en ayudarla con todos sus medios y sus luces”45. Con el esfuerzo conjunto de los británicos y de la Sociedad Escolar Extranjera, que promovía el desarrollo de los colegios lancasterianos a nivel mundial, esta amplia propuesta de la Sociedad educativa primaria francesa significaba que los educadores colombianos interesados podían encontrar respaldo internacional para hacer reformas educativas a gran escala, pero particularmente relativas al método de enseñanza mutua. 42 AGN, SR, FMIP, t. 136, f. 495. 43 ARIAS MEJÍA, Margarita, “La reforma educativa de 1870, la reacción del Estado de Antioquia y la guerra civil de 1876”, en ORTIZ MESA, Luis Javier, et al. (eds.), Ganarse el cielo defendiendo la religión: Guerras civiles en Colombia, 1840-1902, Medellín, Universidad Nacional de Colombia, 2005, pp. 251-288. 44 El sistema lancasteriano se implementaba en todo el continente americano. En la joven república de Estados Unidos en 1809, por ejemplo, la Escuela para Africanos Libres de la ciudad de Nueva York adoptó el sistema lancasteriano, por ser económico y eficiente. MORGAN, Harry, The Imagination of Early Childhood Education, Westport, Bergin and Garvey, 1999, pp. 35-39. 45 AGN, SR, FMIP, t. 109, f. 595.

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Esa colaboración llevó a que muchos colombianos tratarán de impulsar o replicar el sistema de educación masivo propuesto por los patrocinadores europeos. Asimismo la Sociedad de Mompox quiso utilizar los modelos europeos de educación. Sin embargo, tuvo la intención de adaptar el modelo de enseñanza mutua a las necesidades particulares de las comunidades de Mompox y sus alrededores. En marzo de 1827, el Rector de la escuela y Presidente de la Sociedad, Luis José Serrano y Díaz, escribió a José Manuel Restrepo para proponerle la expansión de los propósitos de la Sociedad aprovechando la oferta parisina. Serrano escribió, “sin modelo que imitar, una buena porción de Ciudadanos inspirados por el genio de la libertad y patriotismo” fundaron la Sociedad de Educación Primaria en agosto de 1825. Estos miembros ofrecieron su “celo y sus recursos a esta Municipalidad por escuela de barrios, e invocando la aprobación de la Intendencia con una brillante suscripción de ambos sexos”. Otras personas se involucraron, incluyendo padres y parientes, “amigos … en la ilustración de la juventud, individuos de la primera respetabilidad de esta Ciudad, y forasteros, entre ellos el benemérito Sr. Ministro plenipotenciario en el Gran Congreso de Panamá Sr. Pedro Gual”46. Serrano había solicitado la ayuda de los vecinos y ahora apelaba al gobierno mencionando la presencia de la notable figura de Pedro Gual, delegado colombiano a la primera de varias conferencias de Estados americanos convocadas por el presidente Simón Bolívar entre junio y julio de 1826. Serrano se refirió al Congreso de Panamá para subrayar el rol unificador que muchos colombianos, seguidores de Bolívar, esperaban ejercer en el hemisferio. En el espacio doméstico, Serrano reclamaba que el sistema lancasteriano era el único capaz de enseñar a los niños de Mompox a ser ciudadanos virtuosos de la República. Recomendaba al Secretario del Interior respaldar “el establecimiento de la escuela mutua, doctrina cristiana, constitucional en esta casa de educación fundada por el Sr. Pinillos, y reestablecida por el gobierno paternal”. Pero Serrano argumentó que el problema era que el actual profesor de la escuela carecía de las destrezas básicas en enseñanza mutua: “a la verdad, no hallándose el maestro con la capacidad del método, esta Sección de número económica le auxilió con dinero, y recomendaciones para que acompañado de un joven discípulo en clase de Monitor General se instruyese en la escuela de Cartagena y se pusiese a la nuestra en el rango de Normal para nuestros Cantones y vecinos”47. A pesar de las debilidades que señalaba Serrano, la escuela de enseñanza mutua de Mompox era relativamente antigua en la nación. En abril de 1823, el oficial militar en ese entonces encargado de Mompox, Juan Madiedo, informó que el único colegio de toda la región era el de esta ciudad48. En ese momento, éste había sido recientemente convertido en una escuela lancasteriana por su profesor Matías Villar, quien recibía el típico salario anual de 300 pesos, tomado de los fondos públicos (Renta de Propios). Pero el funcionario del cantón se quejó de que las municipalidades 46 AGN, SR, FMIP, t. 109, ff. 595-596. 47 AGN, SR, FMIP, t. 109, f. 596. 48 AGN, SR, FMIP, t. 109, f. 693.

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vecinas de Simití y Majagual, junto al río Magdalena, habían contribuido con los fondos para desarrollar sus propias escuelas. De esa forma, Mompox vino a ser un punto brillante en un paisaje de otra manera gris, que se extendía más allá de la capital departamental, Cartagena. En 1823, el intendente Francisco Martín señaló que Cartagena tenía la única escuela que reunía todos los requisitos del Estado para una educación lancasteriana. En casi todas las otras partes, escribió, sólo voluntarios -particularmente curas- se dedicaban a la enseñanza, “aunque sin aquellas formalidades y obligaciones que lo harian si estubiesen dotados sus establecimientos”49. De acuerdo al informe de 1823, sólo ocho escuelas primarias se encontraban abiertas en el departamento, tres de las cuales eran lancasterianas50. Algunos colegios sólo se habían establecido hacía poco o se habían reabierto después de la Independencia, cuando posteriores conflictos civiles los interrupieron. Por ejemplo, en 1822 en Santa Marta, una escuela de niños abrió en el Colegio Seminario y otra de niñas en el Convento de San Francisco, ambas bajo el antiguo método -no con el nuevo sistema lancasteriano-. Sin embargo, desde enero de 1823, “facciones de la Ciénaga” habían trastornado el orden de las cosas en Santa Marta y en otras partes, incluyendo el funcionamiento de las escuelas51. El presbítero Ramón Laguna había sido el profesor de los niños en el colegio Seminario y María Francisca Barranco la profesora de las niñas en el convento de San Francisco. El cura Laguna acababa de dejar Santa Marta para hacer el entrenamiento lancasteriano en Cartagena52. El informe señaló que los colegios pronto cerraron al no tener las necesarias contribuciones debido a la disminución de la población en la ciudad: “por haber emigrado muchas personas de la ciudad, como por haberse echado otras de las subscriptas, en términos que desolada y reducida a una escasez notoria de numeraria, no es posible se continua la suscripción”53. En respuesta a estos calamitosos informes de pobreza y conflictos armados de todos los rincones del departamento, el Secretario del Interior Restrepo sólo respondió que la intendencia debía multiplicar las escuelas por doquier en el departamento “ahora que ha cesado un poco la Guerra”54. Respuesta típica del secretario Restrepo, quien en parte mostraba que se encontraba abrumado con inquietudes similares de un extremo a otro de la Nación, en la medida en que las poblaciones asediadas trataban de lidiar con (o ignorar) el mandato nacional para construir escuelas primarias en las duras circunstancias de la postguerra. En su respuesta, Restrepo se mostró indiferente al malestar de estos colombianos, que no habían podido mejorar las relaciones entre el gobierno central, los funcionarios locales y la población. En esta brecha entre la ley 49 50 51 52 53 54

AGN, SR, FMIP, t. 109, f. 674. AGN, SR, FMIP, t. 109, ff. 673-676, 678-681, 685, 687-690, 693, 695-698. AGN, SR, FMIP, t. 109, f. 696. Ibid. Ibid. AGN, SR, FMIP, t. 109, f. 673.

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y la realidad se involucraron muchos tipos de Sociedades de Amigos. Desde mediados hasta finales de la década de 1820, estas sociedades apoyaron varias cargas que se suponía serían llevadas por los contribuyentes en general. Olga Zuluaga ha planteado que el gobierno en esta época “a la par que sometía la iglesia y declaraba su protección a la religión católica, buscaba desplazar la importancia de ésta en la sociedad civil, creando toda clase de sociedad de discurso como la Sociedad de amigos del país, la Sociedad Francmasónica, las Sociedades de Instrucción Primaria y, en especial las Juntas Curadoras, con las cuales buscaban convertir la instrucción primaria en el centro de la vida moral y cultural de pueblos y ciudades”55.

Las Sociedades promovían el desarrollo industrial o comercial, organizaban asociaciones científicas, compraban libros y suministros, alquilaban las casas de las escuelas y pagaban a los maestros. Al mismo tiempo, Santander promulgó el decreto sobre el currículo de 1826 que delineaba una estructura uniforme para los colegios a escala nacional. Ya fuera como reacción o en un intento por cumplir con este decreto, en 1827 la Sociedad de Mompox llevó su voluntariado a otro nivel, modernizando el sistema escolar de Mompox y sus alrededores. Su presidente José Serrano y Díaz escribió que, en ese momento, la Sociedad “bien puede ya vanagloriarse de haber sido útil a sus niños compatriotas por los felices resultados de los exámenes públicos que presentó en el último Noviembre a satisfacción, y contento de esta familia momposina, e inteligente como el Sr. Comettánt Ex-director de la enseñanza, y socio honorario de esta Sociedad”56. En unos pocos años, la Sociedad parecía haberse incorporado en el manejo, operación y enseñanza de la escuela primaria de Mompox. La ciudad tenía reputación de “indisciplinada”, percepción arraigada en el racismo y clasismo del periodo colonial. Las guerras de Independencia aumentaron la resistencia a la autoridad regional, como cuando Mompox se declaró provincia independiente en 1811, lo que desató una guerra con Cartagena57. Mompox había sido un baluarte revolucionario, pero la población sufrió enormemente en manos de los realistas: de 18,000 habitantes antes de la guerra disminuyó a 10,000 a comienzos de la década de 182058. En la costa Caribe y el Bajo Magdalena, la lucha contra la resistencia realista continuó todavía hasta mediados de la década de 1820. Incluso para inicios de la década de 1820, Mompox 55 ZULUAGA DE E., Olga L., El maestro y el saber pedagógico en Colombia 1821-1848, Medellín, Universidad de Antioquia, Facultad de Educación, pp. 55-56 (sobre este tema, ver las páginas 56-73). 56 AGN, SR, FMIP, t. 109, f. 596. 57 HAMNETT, Brian, “Popular Insurrection and Royalist Reaction: Colombian Regions, 1810-1823”. en FISHER, John R., et al. (eds.), Reform and Insurrection in Bourbon New Granada and Peru, Baton Rouge, Louisiana State University Press, 1990, p. 296. 58 Ibid., p. 301.

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podía todavía considerarse como crítica para restablecer uno de los aspectos más importantes de la tambaleante economía nacional: la navegación y el comercio hacia el mar en esa importante arteria. La Sociedad de enseñanza de Mompox también hizo valer el significado de la ciudad -y el propio en virtud de su asociación- debido a sus conexiones con figuras internacionales como el educador francés Pedro Comettant59. La Sociedad quería que el gobierno central reconociera su importancia, pero también necesitaba la aprobación del Estado para intervenir en los asuntos del colegio. Por eso quizá el presidente de la Sociedad utilizaba el lenguaje de “familia” y “utilidad”, ambas palabras claves de la retórica del Estado, para cultivar el sentido de que la sociedad podía trabajar en nombre de la centralización del Estado y la unificación nacional. La tensión entre la Sociedad y el Estado radicaba allá: ¿podría realmente esta “familia de Mompox” existir cómodamente dentro de la gran familia colombiana, o afectaría la consolidación de una identidad colombiana unificada? Los miembros de la Sociedad de Mompox quisieron entrar en una nueva era de pedagogía y autoridad local sobre la educación. En marzo de 1827, solicitaron la aprobación del gobierno para comunicarse con la Sociedad parisina para avanzar en reformas educativas más amplias, algunas que ellos consideraban se habían ya ampliado60. Mantenía la esperanza de que el Secretario del Estado y del Interior y el presidente autorizaran la correspondencia con la asociación extranjera, dado que “VS aceptando este encargo no pudiera proporcionarle una recompensa mas lisonjera a su patriotismo en aprecio de sus débiles esfuerzos por la ilustración primaria de la Juventud de nuestro país” 61. Serrano se sustentaba en el hecho de que el gobierno central reconocería -y admiraría- la historia reciente de la Sociedad Educativa de Mompox. Tenía la esperanza de que el secretario Restrepo diera su respaldo a la empresa de Mompox, debido al notable éxito obtenido al ayudar a los estudiantes durante el último período nacional de exámenes. En su petición adjuntó los actos de incorporación de la Sociedad, los cuales subrayaban su misión y los reglamentos de membresía. Él quería resaltar la sinceridad de los esfuerzos de la Sociedad como parte de un movimiento de reforma educativa más amplio, no solamente como un proyecto escolar local. La Sociedad de Mompox fue una de las primeras en documentar los esfuerzos hechos para reformar la educación primaria. Tres sacerdotes y nueve “Señores” de Mompox fundaron la Sociedad de Amigos de Instrucción Primaria bajo el auspicio del Colegio de San Pedro62. Querían fomentar la “educación útil” para el “bienestar común”. Las actas de incorporación explicaban los propósitos:

59 AGN, SR, FMIP, t. 109, ff. 623, 625-626, 648, 652, 663, 669, 706; CARUSO, Marcelo, “The Persistence of Educational Semantics: Patterns of Variation in Monitorial Schooling in Colombia, 1821-1844”, en Paedagogica Historica, Vol. 41, No. 6, Gante, Bélgica, 2005, p. 735; ZULUAGA DE E., Olga L., op. cit., p. 83. 60 AGN, SR, FMIP, t. 109, ff. 595-596. 61 Ibid. 62 AGN, SR, FMIP, t. 109, ff. 595-602.

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“Los conocimientos elementales de la Escuela de primeras letras en todas las clases aun las mas humildes, es en el día el laudable y favorito objeto y empeño de propagación por todos aquellos que saben apreciar la importancia de esta INSTRUCCIÓN ELEMENTAL. Asombra el número de instituciones y sociedades protectoras: la extensión de sus contribuciones y tareas; porque a la verdad, este es un modo seguro y activo de sostener y propagar la ilustración pública, haciéndola dar el primer paso que nos conduce á la industria, á las artes, y ciencias que constituyen la felicidad y bien estar de la nación. De aquí procede el deber de todo buen gobierno, establecer las escuelas competentes al intento; y el de cada individuo concurrir con sus luces y sus recursos a favor del interés común”63.

La declaración anotaba como la existencia de las nacientes asociaciones en Colombia resultaba fundamental para la temprana expansión de los colegios en el período de la post-guerra. Con tres sacerdotes en la sociedad, los miembros también reflejaban la constitución mixta, probablemente conservadora, de muchas sociedades educativas. La inclinación política de las sociedades educativas se haría más evidente al intensificarse los debates acerca de los currículos nacionales, especialmente en los niveles secundario y universitario, pero también en las escuelas primarias. A los pocos meses de haber sido fundada la asociación de Mompox, Santander ordenó a las universidades enseñar los análisis de Jeremy Bentham de ley penal y civil. El clero católico denunció el utilitarismo de Bentham como “materialista” e inmoral. Las disputas se extendieron por todo el espectro educativo en la medida en que las fuerzas proclericales conservadoras lucharon contra los liberales para modelar las pedagogías nacionales y locales. Inicialmente, la Sociedad de Mompox evitaba tomar partido en la creciente división política entre liberales y conservadores, con la esperanza de ampliar su base de apoyo reclutando contribuyentes -amigos honorarios-, los que prestarían tiempo y dinero. La Sociedad apeló ampliamente a hombres y a mujeres también, pero manejó una visión de género conservadora. Esperaba que las mujeres se unieran, como “amigos honorarios contribuyentes gratuitos; así que Señoras amigas en su cualidad de madres y de esposas interesadas en la INSTRUCCIÓN ELEMENTAL de la juventud”64. Efectivamente, las mujeres se unieron a las Sociedades de Amigos, pero usualmente sus nombres no fueron registrados en la lista de suscripciones porque estas describían los cuadros directivos o incluían miembros autorizados para votar sobre temas organizativos. Las mujeres no se liberaron en estas actividades caritativas. Al contrario, las sociedades aplaudieron las contribuciones de las mujeres sólo en sus roles socialmente sancionados de madres, esposas y como nutrientes de la futura República. Los hombres de la Sociedad de Mompox hablaban de sí mismos como 63 AGN, SR, FMIP, t. 109, f. 596. 64 AGN, SR, FMIP, t. 109, f. 596 verso.

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de ciudadanos electores de una asociación filantrópica voluntaria que trabajaban en nombre del gobierno, los principios patrióticos, el cuidado paternal y el bienestar social. Declaran que “hacen solemne promesa, libre y espontánea voluntad de concurrir con sus luces y recursos en auxilio y protección de las escuelas de primeras letras en fomento y progreso de su INSTRUCCIÓN ELEMENTAL; muy particularmente en beneficio de niños pobres; en cuanto sea posible y esté al alcance gratuito de la SOCIEDAD DE AMIGOS”65.

Ellos esperaban que cada individuo fuera consciente de su obligación de promover la educación y “el bien general, le obliga a promover y a obrar este bien por todas las vías y modos legítimos.”. Era el deber de todos promover el bien común, “cualquiera que sea su condición, edad, ú rango: y aquel que no pueda desempeñarlo por su empleo, créditos, riquezas, ú consejos, debe á lo menos por sus votos.” Si las partes interesadas no podían proveer el dinero, podían contribuir con su tiempo y talento a la asociación, o unirse simplemente para fomentar el bienestar común. La sociedad escogió las palabras bandera de “industria, artes y ciencias” para reflejar su preocupación de educación útil que ayudara a construir el “bien estar de la nación”66. A pesar de la retórica acerca del bien común, la Sociedad no apoyó el desarrollo de la escuela primaria de la ciudad ni a su profesor. Todos los que se unieron a la Sociedad de Amigos de la Instrucción Primaria en Mompox estuvieron de acuerdo con que “es la enseñanza primaria de la juventud la piedra fundamental del edificio social: así bien que un deber de todos los ciudadanos coadyuvar con sus luces y recuerdos”67. Pero los miembros difirieron el voto sobre si debían notificar al profesor del colegio acerca de la existencia de la Sociedad y solicitarle un informe de “las necesidades más urgentes que tenga” la escuela68. Al parecer los miembros pretendían demorar la ayuda para el colegio público a fin de trabajar primero en sus propias iniciativas. Hay tres explicaciones posibles para la reticencia de los miembros a comunicarse con el profesor de la escuela pública. Los miembros pudieron considerar que el colegio no merecía la asistencia si estaba mal administrado o el profesor era incompetente. Segundo, esta sociedad privada pudo no querer intervenir en los asuntos de una institución gubernamental. Tercero, la sociedad pudo haber planeado remplazar el colegio con su propia institución educativa. La Sociedad de Educación Primaria de Mompox esbozó cuatro pasos para reformar la educación y, por extensión, la Sociedad. Primero, establecería “un circuito de escuelas” que los sacerdotes de la parroquia recorrerían para enseñar a los niños las lecciones 65 66 67 68

AGN, SR, FMIP, t. 109, f. 596, énfasis en el original. Ibid. AGN, SR, FMIP, t. 109, f. 598 verso. Ibid.

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básicas del alfabeto y del catecismo; otros voluntarios viajarían a Mompox para adiestrarse en el sistema de enseñanza mutua y ayudar a los circuitos de su vecindad. La sociedad estimularía al clero y a los ciudadanos contactando “los párrocos y autoridades locales de los pueblos del circuito, y también de los vecinos por que la beneficencia no lo tiene, para estimularlos, y favorecerlos con los recursos posibles de la Sociedad y doctrinar en esta escuela de enseñanza mutua, una ó dos personas que pudieran servir de maestros en las suyas, con cuyo motivo esta de la ciudad se pudiera tener y titular: ‘ESCUELA -MUTUA- NORMAL DEL CIRCUITO DE LA CIUDAD DE MOMPOX’”69.

La enseñanza de la moral católica era una de las principales metas de la Sociedad de Mompox. Esto mostraba una creciente reacción conservadora a la secularización de la educación colombiana que se percibía a mediados de la década de 1820. Segundo, junto con la educación centrada en la parroquia, la Sociedad quería también sacerdotes para enseñar “doctrina cristiana y constitucional” a los prisioneros de las cárceles de la región de Mompox; así, “se propone estimular a los ministros del culto, el celo activo de su importante ministerio conforme a sus pastorales deberes y sagrados cánones en la propagación de la divina palabra y doctrina cristiana llevándola hasta la cárcel o prisión de esta ciudad, en que se lograría tal vez el consuelo la oyese por primera vez un criminal”70. Los miembros de la Sociedad ayudarían a los curas con esta misión para catolizar a los criminales y a los pobres. Por ejemplo, la Sociedad pretendió distribuir panfletos escritos en lenguaje llano para “la clase menos pudiente é ilustrada”71. Estos panfletos debían presentar los fundamentos de la Constitución colombiana y los preceptos católicos básicos. Tercero, la sociedad debía reunir un conjunto de “aprendices artesanos” del grupo de “huérfanos y vagos que la policía municipal destine á oficios” como parte de su sentencia carcelaria72. La Sociedad planeó ubicar estos prisioneros-aprendices bajo la custodia de artesanos afiliados a la organización, los que enseñarían a los prisioneros su oficio. Tales aspiraciones encajaban de lleno dentro de lo que la Sociedad percibía como una fuerza patriótica y moralizante de la sociedad momposina. Los miembros mostraban su inquietud acerca de las enfermedades morales como eran la falta de religiosidad y la criminalidad, al mismo tiempo que argumentaban que ellos se inclinaban a auspiciar una población “útil” de literatos y trabajadores calificados. La Sociedad también apoyó la educación alternativa y en casa, que estaría geográfica y moralmente más próxima a la esfera doméstica. Auspició la educación privada y en los hogares, cuando la inscripción en las escuelas mutuales de la ciudad se volvía 69 70 71 72

AGN, SR, FMIP, t. 109, f. 599. Ibid. Ibid. Ibid.

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insostenible para los niños y su familia. Los afiliados reconocían la dificultad a la que se enfrentaban muchos niños que vivían en los asentamientos rurales e incluso en los vecindarios más pobres, para viajar cada día a la escuela primaria Colegio Pinillos ubicada en el centro de la ciudad. Asimismo, para la mayoría de los padres, la ausencia del hijo durante un día de colegio podía significar la pérdida de un ingreso o de ayuda fundamental para la casa. El colegio también significaba que las familias debían proveer comida, vestido y un lápiz para que el niño fuera a la escuela cada día. Así que la Sociedad planeó apoyar con la literatura y el entrenamiento de profesores varias “Escuelas de Barrios,” que serían “escuelas domésticas privadas, y de familia (mientras el gobierno no disponga lo contrario)”73. Los catecismos políticos y religiosos que los Amigos de la Sociedad distribuían entre los pobres y los prisioneros adultos serían repartidos también a los familiares pobres y adultos responsables. Estos profesores laicos podían, entonces, reunirse con los niños del vecindario en horarios inusuales para enseñarles a recitar las preguntas y respuestas del conocimiento bíblico y político. Las sociedades privadas comenzaron a rechazar la idea de educación estatal para las masas, favoreciendo a cambio sistemas más pequeños como la “vecindad” o “las escuelas familiares” y los profesores del circuito. Las sociedades tenían la esperanza de que tales colegios fueran más versátiles y efectivos. Pero estos filántropos sabían que el cambio de las iniciativas del gobierno hacía una educación privada no se acomodaría necesariamente a los modelos gubernamentales de desarrollo, ciudadanía y nacionalidad. Los miembros de la Sociedad de Mompox, por ejemplo, se preocuparon durante meses de la presentación de la declaración inaugural, con la esperanza de no herir susceptibilidades burocráticas o políticas. Una comisión especial de los Amigos de la Educación Elemental de la Sociedad de Mompox, compuesta por Vicente Vargas (Presidente de la Sociedad) y Tomás Choperena (Secretario de la Sociedad), prepararon el borrador de una carta para el intendente departamental de Mompox, que describía “el patriótico objeto de su instituto” y “sus principios ilustrados y sentimientos filantrópicos”74. Vargas y Choperena viajaron a Cartagena para compartir los principios de su Sociedad con el intendente Ruiz. La Sociedad de Mompox acogió la propuesta en el lenguaje del patriotismo, la filantropía y el bienestar de la Nación. Pero el cambio hacia una educación privada no encajaba necesariamente en los intereses del Estado. El gobierno departamental y nacional objetó varias de las peticiones de la Sociedad de Mompox. El intendente Ruiz aplaudió el espíritu comunitario que animaba a sus miembros, pero escribió que no podía permitir una Sociedad que quisiera controlar la educación primaria hasta ese punto. El intendente no prohibió que la Sociedad trabajara para mejorar la educación, sin embargo, reafirmó la primacía de la autoridad del Estado sobre los colegios públicos: “Pero esta Sociedad de amigos, nunca podrá apropiarse la protección directa del establecimiento de la Escuela de primeras letras, ni ningún otro que el gobierno 73 Ibid. 74 AGN, SR, FMIP, t. 109, f. 600.

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se ha reservado como inherente a su autoridad, sin que por esto se entienda que la Sociedad no pueda fomentarlos, y proponer lo que crea conveniente á su progreso y perfección”75. El intendente también objetó el hecho de que un juez presidiera las reuniones de la sociedad, “para que tengan carácter legal”76. El Estado observó una diferencia entre métodos y moralidad. De acuerdo al Intendente, la Sociedad de Mompox había excedido la autoridad de una asociación privada. Dijo el que habían adoptado en sus reuniones mecanismos legales y políticos, con presidente y elecciones. Al estudiar el fracturado mundo de la República colombiana temprana, Ruiz bien podía haber pensado que la Sociedad de Mompox estaba saboreando el peligroso poder de una facción política. Sin embargo, las buenas intenciones de los miembros de la Sociedad parecían haberse autodesignado como árbitros del sistema educativo colombiano -uno de los pilares más importante de la moral y la autoridad social del Estado a nivel local. Al Intendente parecía preocuparle que los grupos filantrópicos pudieran sobrepasar los límites de su autoridad y del gobierno central. El gobernador sostenía que sólo el Estado podía determinar quién usaba las estructuras legales y simbólicas de las instituciones de la nueva República colombiana. Irritada con el reproche del gobernador, la Sociedad de Mompox fijó por toda la ciudad las actas impresas de sus reuniones y su correspondencia con el gobernador, a la que habían hecho comentarios en los márgenes. Ésta fue una maniobra defensiva. Sus miembros querían refutar la insinuación de que ellos conformaban una sociedad política secreta, que podía conspirar contra el Estado. En una nota, el Presidente de la Sociedad, Vicente Vargas, manifestó que nunca habían pretendido confrontar el control del Estado sobre la educación pública: “La Sociedad no ha pretendido ni nunca pretenderá ‘apropiarse la protección directa de ningún establecimiento reservado al gobierno’ solo ha ofrecido segundarlo con sus recurso gratuitos y posibles”77. Con respecto al alegato de que la Sociedad había usurpado el lenguaje y las estructuras del Estado al elegirlo a él como presidente, Vargas argumentó que los amigos no necesitaban ni de un juez ni de un carácter legal para reunirse y trabajar juntos: “Es decir, puede reunirse sin la presidencia de un juez para tratar en los asuntos relativos a su instituto, que no necesiten de carácter legal”78. Además, manifestó: “La beneficencia para hacer el bien del mejor modo que pueda, no necesita autoridad judicial que presida; pues esto seria ponerla trabas y quitar su mas bello y precioso atractivo - ‘la libertad’”79. En la temprana República colombiana el debate pendía de la definición de “libertad”. El conflicto de Mompox se concentraba alrededor de la pregunta sobre qué tantas posibilidades proporcionaría el gobierno para que los ciudadanos desarrollaran sus 75 76 77 78 79

Ibid. AGN, SR, FMIP, t. 109, f. 601. AGN, SR, FMIP, t. 109, f. 601, n. 1, énfasis en el original. AGN, SR, FMIP, t. 109, f. 601, n. 2, énfasis en el original. Ibid.

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iniciativas reformistas. ¿Cuándo la reforma se convertiría en rebelión? En respuesta, la Sociedad de Mompox reiteró su patriotismo, propósitos morales y solidez institucional. En buena medida esto satisfizo al gobierno, de manera que la Sociedad –al igual que la educación primaria en la ciudad- sobrevivió, e incluso floreció, después de este roce inicial con el poder del Estado. La política nacional e internacional intervino en muchos planes reformistas y, por tanta intromisión, los colombianos y muchos otros a lo largo de América se alejaron del sistema lancasteriano80, que de todos modos tendió a prevalecer en el aparato educativo colombiano hasta mediados de la década de 1840. Desde la década de 1830, algunos reformistas colombianos habían dejado atrás la idea de enseñanza mutua. Estos críticos argumentaban que este método se asemejaba al de una fábrica que producía en serie estudiantes con habilidades básicas, tales como el manejo del alfabeto y las tablas de multiplicación, que, a su turno, enseñarían a estudiantes más jóvenes. Para algunos, el sistema lancasteriano parecía un sistema mecánico brillante que permitía a la mayoría de estudiantes aprender rápidamente destrezas básicas. Para otros, este sistema no solamente debilitaba la autoridad del maestro, sino que tampoco permitía una comprensión profunda del mundo por medio de la investigación de textos, el pensamiento crítico y la apreciación del arte, tanto así que vaciaba la escolaridad de significado e, incluso, de moralidad. Estos últimos reformistas preferían instalar a cambio pequeños colegios privados especialmente para las clases altas. Retornaron a los viejos modelos de academias privadas y escuelas preparatorias, que no habían desaparecido durante las guerras de Independencia. Tanto en Colombia como a nivel internacional, los reformistas continuaron respaldando los programas lancasterianos para la educación primaria y vocacional, que se centraba en poblaciones urbanas pobres y en prisioneros. La British and Foreign School Society, BFSS, dominaba los esfuerzos mundiales para construir colegios vocacionales y carcelarios. Delegados de la BFSS viajaron a Colombia y a muchas naciones americanas para promover sus programas de estudio81. Ya desde 1826, la BFSS había encontrado razones para agradecer a “los Gobiernos y Personas de las Repúblicas de Buenos Ayres [sic], Chili [sic], Peru, Colombia, Guatimala [sic] y Mexico [sic] por el cordial recibimiento que ellos habían dado al sistema Británico de Educación y por el propósito noble y verdaderamente patriótico y el interés por comunicar las enseñanzas lo más rápidamente posible a cada individuo en todos sus dominios”82. Las sociedades de educación colombianas mantuvieron conexiones con 80 ROLDÁN VERA, Eugenia y CARUSO, Marcelo (eds.), Imported Modernity in Post-Colonial State Formation: The Appropriation of Political, Educational, and Cultural Models in Nineteenth-Century Latin America, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2007. Estos autores estudian la recepción, la interpretación y el rechazo de las ideas europeas y norteamericanas en América Latina, en el siglo XIX. 81 WALL, Edward Flavin, Joseph Lancaster and the Origins of the British and Foreign School Society, Tesis doctoral inédita, New York, Columbia University, 1966. 82 AGN, SR, FMIP, t. 106, ff. 372-373.

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varias organizaciones internacionales, tales como la BFSS, que se habían dedicado a obtener metas similares de reformas morales y alfabetización universal.

Conclusiones Las sociedades de educación, junto con asociaciones de caridad similares, adquirieron gran popularidad especialmente en los pueblos en donde “los individuos de la primera respetabilidad”, que se habían comprometido con las reformas sociales y apoyaban las iniciativas de alfabetización del Estado, encontraron que los gobiernos locales y nacionales fallaban en la creación o el mantenimiento de la infraestructura escolar. El crecimiento de las organizaciones de caridad reveló el limitado alcance de los servicios del Estado. Las sociedades voluntarias ayudaron a mitigar las presiones sobre los concejos de las poblaciones para recolectar impuestos entre personas que no deseaban o no podían pagar las cargas fiscales municipales. A pesar de la prosperidad de algunas sociedades educativas, no todos sus miembros fueron financieramente acomodados. Mujeres y hombres, profesores y sacerdotes proporcionaron voluntariamente su trabajo si no podían contribuir con dinero. Cualquiera que fuera su contribución, la mayoría de los voluntarios esperaban que sus esfuerzos para educar a los niños beneficiarían a la Nación, o por lo menos a sus pueblos y regiones en el futuro. Fue un impulso hacia el restablecimiento de antiguas nociones de virtud que se mezclaban con una nueva sensibilidad acerca de la necesidad de individuos “progresistas” en una sociedad “moderna”83. De esta manera las sociedades vendían las ventajas sociales del trabajo duro y la moralidad. Se concentraban en desarrollar el civismo en el mundo exterior, enseñando a los niños el catolicismo junto con destrezas vocacionales para desarrollar la infraestructura y la economía del país tales como la ingeniería civil y la agricultura. Las asociaciones educativas privadas surgieron especialmente en respuesta a un apoyo del Estado a las escuelas y a la educación eficiente o que se estaba reduciendo. Los “amigos” con sus esfuerzos anunciaban el nacimiento de una ciudadanía virtuosa. Al mismo tiempo, las sociedades se refirieron a la moralidad en formas que divergían del lenguaje estatal de la virtud. El Estado veía las escuelas primarias públicas como un vehículo para el liberalismo, el nacionalismo y la modernización. Sin embargo, las sociedades mostraron que los agentes locales encargados de la educación -incluidos padres y funcionarios locales- entendían en forma diferente al gobierno central los medios y los objetivos del sistema educativo en sus comunidades. Mientras las conexiones domésticas e internacionales entre los reformistas de la educación

83 La educación primaria colombiana fue objeto de muchas transformaciones en el siglo XIX, pero mantuvo el interés por educar “niños modernos”, característica que se prolongó hasta el siglo XX. SÁENZ OBREGÓN, Javier, et al., Mirar la infancia: pedagogía, moral y modernidad en Colombia, 1903-1946, Volumen 1, Bogotá, Colciencias - Ediciones Foro Nacional por Colombia - Ediciones Uniandes - Editorial Universidad de Antioquia, 1997.

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privada fueron fuertes en las décadas de 1820 y 183084, los esfuerzos estatales para estandarizar y expandir la educación fracasaron. En las siguientes décadas, su ideal educativo se mantuvo, pero cambió su implementación y orientación. El Estado bloqueó el crecimiento de un proceso de escolarización privado totalmente autónomo por parte de la elite. Por ejemplo, negó las licencias a los colegios y a los profesores que no cumplían con el currículo nacional y sus estándares; sin embargo, profesores particulares y pequeñas academias proliferaron al menos entre la elite. En el período inmediatamente posterior a las guerras de Independencia, el Estado quiso centralizar y por lo tanto fortalecer su autoridad. Dada que ésta era la preocupación dominante, los reformadores de la escuela amenazaban con promover la división política al estimular diversas interpretaciones pedagógicas a nivel local. El gobierno central temía que si diferentes identidades locales y regionales se fortalecían, la unidad del Estado correría peligro. Las elites locales retaron y negociaron con el gobierno para organizar el sistema educativo. En el proceso, los colombianos comenzaron a re-definir los límites del Estado sobre la autonomía. La pregunta surgió repetidamente: ¿qué clase de Estado-Nación querían construir los colombianos? En el temprano siglo XIX la educación fue un importante eje del conflicto para responder a esta pregunta.

Bibliografía Fuentes de archivo Archivo General de la Nación, Bogotá-Colombia, Sección República, Fondo Ministerio de Instrucción Pública.

Fuentes secundarias ADELMAN, Jeremy, Colonial Legacies: The Problem of Persistence in Latin American History, New York, Routledge, 1999. ARIAS MEJÍA, Margarita, “La reforma educativa de 1870, la reacción del Estado de Antioquia y la guerra civil de 1876”, en ORTIZ MESA, Luis Javier, et al. (eds.), Ganarse el cielo defendiendo la religión: Guerras civiles en Colombia, 1840-1902, Medellín, Universidad Nacional de Colombia, 2005, pp. 251-288. BOHÓRQUEZ, Carmen, El Resguardo en la Nueva Granada ¿Proteccionismo o despojo? Bogotá, Editorial Nueva América, 1997. BRUNGARDT, Maurice P., “The Economy of Colombia in the Late Colonial and Early National Periods”, en FISCHER, John R., et al. (eds.), Reform and Insurrection in Bourbon New Granada and Peru, Baton Rouge, Louisiana State University Press, 1990, pp. 164-193. BUSHNELL, David, The Santander Regime in Gran Colombia, Westport, Greenwood Press, [1954] 1970. 84 CARUSO, Marcelo y ROLDÁN VERA, Eugenia, “Pluralizing Meanings: The Monitorial System of Education in Latin America in the Early Nineteenth Century”, en Paedagogica Historica, Vol. 41, No. 6, Gante, Bélgica, 2005, pp. 645-654.

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Conflictos entre el Estado y las elites locales sobre la educación colombiana durante las décadas de 1820 y 1830

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El maestro de escuela o el ideal liberal de ciudadano en la reforma educativa de 1870 Resumen Este artículo aporta un examen de la dimensión que la reforma escolar liberal de 1870 le otorgó al maestro de escuela. Para el liberalismo radical, el maestro de escuela se convirtió en el modelo de ciudadano y de intelectual laico en oposición a la tradicional influencia del sacerdote católico. Esta convicción de la élite del Radicalismo partía de una redefinición de sus relaciones con el artesanado, luego de la traumática experiencia asociativa de mediados de siglo. Con base en la prensa oficial instruccionista de la época, tratamos de demostrar que la dirigencia liberal que orientó la reforma educativa intentó promover un ideal de ciudadano representado en la figura del maestro de escuela, surgida del incipiente sistema nacional de escuelas normales. Palabras claves: Sistema escolar, maestro, intelectual laico, ciudadano, Iglesia católica.

The School Teacher or the Ideal Liberal Citizen in the Education Reform of 1870 Abstract This article examines the position that the Liberal school reform of 1870 bestowed upon the school teacher. For radical Liberalism, the school teacher became the model citizen and lay intellect with which it could oppose the traditional influence of the Catholic priest. This conviction of the radical Liberal elite stemmed from a redefinition of its relationship with the artisans following their traumatic mid-century political association. Based on the official press regarding education from this period, we try to demonstrate that the Liberal leadership who directed the education reform attempted to promote an ideal type of citizen in the figure of the school teacher who was emerging from the incipient national system of normal schools. Keywords: School system, school teacher, lay intellectual, citizen, Catholic Church.

Artículo recibido el 23 de octubre de 2006 y aprobado el 26 de enero de 2007.

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El maestro de escuela o el ideal liberal de ciudadano en la reforma educativa de 1870 U Gilberto Loaiza Cano / Preámbulo En mi opinión, la historiografía sobre la educación en Colombia para el siglo XIX poco ha avanzado. No hay una obra que examine la educación durante todo el proceso de formación republicana ni menos que inscriba ese examen en una historia de la cultura que dé cuenta, por ejemplo, de las mutaciones que debieron preceder o acompañar las tentativas de implantación de sistemas de enseñanza. Me refiero a la ampliación del universo de la opinión pública, de los productores y consumidores de opinión; a la ampliación del mundo de la gente letrada; a la diversificación de las modalidades de acceso a la lectura; a la implantación, o no, de redes de bibliotecas; a la difusión de un discurso de lo que podríamos llamar la sujeción republicana, o de un discurso concentrado en garantizar fieles cristianos, en vez de ciudadanos emancipados del dogma católico. En lo que concierne al proyecto educativo de los liberales radicales, que se plasmó en la “reorganización” de la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia, en 1867, y en la creación de un sistema nacional de escuelas primarias y de escuelas normales, a partir de 1870, la historiografía colombiana parece haberse concentrado en estudios de caso circunscritos a algunas regiones. La única visión de conjunto sobre esa coyuntura la sigue proporcionando la ya distante obra de Jane Rausch1, y luego de esa obra se añaden algunos dispersos estudios sobre cuál fue la dimensión de las reformas educativas de los radicales en lo que eran los Estados de Boyacá, Tolima y Cundinamarca, por ejemplo2. U Este artículo es resultado de la investigación que culminó en la tesis de doctorado. LOAIZA CANO, Gilberto, Sociabilité et définition de l’Etat-nation en Colombie, 1845-1886, bajo la dirección de Jean-Pierre Bastian, París, Iheal-Paris III, 2006 (inédita). La investigación doctoral fue financiada por la Universidad del Valle, Cali, Colombia. / Licenciado en Filología y magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia; doctor en Sociología de la Universidad Paris III-Iheal, París, Francia. Profesor Asociado del Departamento de Historia, Universidad del Valle, Cali, Colombia. juegomivida1@yahoo.es 1 RAUSCH, Jane, La educacion durante el federalismo (la reforma escolar de 1870), (1era. ed. en 1967), Bogotá, Instituto Caro y Cuervo - UPN, 1993. 2 Me refiero, por ejemplo, a las obras de: GONZÁLEZ, Jorge Enrique, Legitimidad y cultura. Educación, cultura y política en los Estados Unidos de Colombia, 1863-1886, Bogotá, CES - Universidad Nacional de Colombia, 2005; RAMÍREZ BAHAMÓN, Jairo, El Santa Librada del siglo XIX, Neiva, Universidad Surcolombiana, 1995; BÁEZ, Myriam, La educación radical en Boyacá, Tunja, Academia Departamental de Historia, 1996.

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Ahora bien, el aporte de este ensayo también es limitado. Sólo pretendo demostrar que el liberalismo radical concentró sus esfuerzos, en la década de 1870, en moldear el ciudadano ideal según la concepción de un liberalismo que intentaba construir una sociedad republicana sin la tutoría cultural de la Iglesia católica. Y ese ciudadano ideal debía ser el maestro de escuela, el maestro preparado por las escuelas normales que implantaron los gobiernos radicales. El maestro de escuela, sobre todo en la versión masculina, debía ser un individuo con influencia en la vida pública aldeana, es decir, debía estar en capacidad de disputarle la antigua preeminencia al gamonal, al tinterillo y al cura; debía, además, ser un individuo capacitado para la vida asociativa y deliberante; eso significa que debía hacer parte de los círculos de opinión, difusor de las bondades del sistema educativo liberal; también debía ser un modelo de costumbres cívicas, modelo de sobriedad y temperancia tanto en la vida privada como en la vida pública. Esta fe en la vía “instruccionista” para construir una sociedad republicana moderna, secularizada, en que la figura del maestro de escuela desplazara o al menos relativizara figuras ‘arcaicas’ de la vida pueblerina, tendría la siguiente explicación: la élite del liberalismo radical -mejor conocida como el Olimpo radical- desconfiaba tremendamente de las relaciones entre las élites y los sectores populares; la traumática experiencia de las Sociedades democráticas que se implantaron entre 1851 y 1854, con el auspicio oficial de gobiernos liberales, había alimentado un temor hacia lo que habían sido aquellos “centros comunes de opinión”3. La facción radical del liberalismo prefirió, luego de 1854, refugiarse en un tipo de sociabilidad más exclusivo y excluyente, el de la masonería. En adelante, las relaciones entre el notablato radical y los artesanos fueron más bien hostiles y aunque las Sociedades democráticas revivieron, sobre todo en las repetidas y convulsas jornadas electorales, estuvieron más cerca de la facción moderada del liberalismo4. Para el Olimpo radical, las escuelas primarias y las escuelas normales fueron los únicos lugares posibles para crear un pueblo moderno; el club político ya había demostrado que era una práctica asociativa subversiva. Esto podría ayudarnos a entender, entre otras cosas, el papel central que desempeñó la militancia masónica en la dirección de la instrucción pública; el deseo de fomentar otro tipo de sociabilidad de notables liberales locales, las sociedades de institutores o sociedades didácticas; la importancia que la dirigencia radical le concedió a la difusión de una literatura que intentó competir con el tradicional predominio de la bibliografía católica. Por supuesto, el solo examen de esa competición por imponer una biblioteca ‘ideal’ sería materia de otro artículo, así que sólo podría mencionar de paso que, en efecto, hubo entre 1867 y 1886 un interesante forcejeo en el mundo de los impresores y libreros; en las adquisiciones oficiales de los gobiernos radicales y en las adquisiciones de la Iglesia católica y sus aliados conservadores se fueron cimentando dos tipos opuestos 3 4

Al menos así las definieron y las defendieron oficialmente los políticos liberales, en “Sociedades democráticas”, en Gaceta oficial, No. 1112, Bogotá, 17 de abril de 1850, p. 156. Esto lo he demostrado en mi tesis de doctorado inédita, LOAIZA CANO, Gilberto, op. cit. Una versión sobre la identidad política de las Sociedades democráticas con la facción liberal moderada, en el caso del Estado de Cauca, puede verse en SANDERS, James E., Contentious Republicans, Durham y Londres, Duke University Press, 2004.

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Gilberto Loaiza Cano

de bibliotecas. En esa competición, claro está, la dirigencia liberal tuvo siempre la enorme desventaja de enfrentarse a una tradición de varios siglos de predominio de la literatura católica. Así, para dar solamente un ejemplo, cuando se elaboró un catálogo de la Biblioteca Nacional, en 1871, las obras en latín, las obras pertenecientes a las ciencias eclesiásticas constituían un 67%, mientras que las obras sobre instrucción pública apenas ocupaban el 1%5. Ahora bien, para demostrar la importancia que le concedió el régimen liberal radical a la formación de maestros de escuela, he recurrido a la revisión de los principales títulos de la prensa instruccionista de la época. De tal manera que este artículo está sustentado en una visión “nacional” que me ha proporcionado la consulta de las principales publicaciones oficiales concentradas en el proceso de implantación de las escuelas normales y de formación de institutores, La Escuela normal y El Maestro de escuela. La consulta de estas dos publicaciones sería también lugar común en cualquier indagación sobre el tema y el periodo, así que decidí agregar la lectura de los periódicos “instruccionistas” que existieron en los Estados federales; de modo que, aunque no se citen todos los títulos en este artículo, fueron consultadas varias publicaciones auspiciadas por las élites regionales del radicalismo, entre 1870 y 18826. He creído que esas publicaciones -a pesar de y gracias a sus interrupciones- nos podían aproximar mejor a las disparidades en la aplicación y concreción del proyecto educativo liberal radical.

1. La escuela y la lucha por la definición del Estado-nación En Colombia, como en América hispana, la revolución de Independencia inauguró la puesta en marcha de mecanismos destinados a crear ciudadanos capaces de detentar la nueva legitimidad. Los instrumentos de esa pedagogía republicana fueron, principalmente, los clubes políticos, las logias franco-masonas, la prensa y la escuela7. Estos dispositivos estaban encargados de difundir y practicar la política moderna, de crear relaciones orgánicas entre el lenguaje republicano de las élites y el mundo rural; ellos debían asegurar al menos la ampliación del mundo de lectores y electores; la creación y la consolidación de las principales instituciones del sistema republicano; la formación de un cuerpo cuasi-profesional de políticos encargados de la dirección del nuevo Estado; la articulación política y cultural entre un Estado central y las antiguas soberanías regionales; la comunicación entre las aspiraciones sociales y económicas de los sectores populares y aquéllas de una élite que adoptó los principios del liberalismo 5 6

Anales de la Universidad Nacional, t. V, 6 de marzo de 1871, pp. 13-16. Un análisis de ese catálogo en mi tesis de doctorado inédita, LOAIZA CANO, Gilberto, op. cit. t. I, p. 349. El Diario de Cundinamarca, impreso en Bogotá; El Institutor de Santa Marta; La Escuela primaria de Socorro; El Pestalozziano, fundado por la Sociedad didáctica de Socorro; La Escuela de Ibagué, que luego pasó a ser impreso en Neiva; El Monitor de Medellín, que plasma el proyecto opositor del catolicismo intransigente de Antioquia; La Crónica escolar, que da cuenta espasmódicamente del funcionamiento de las escuelas primarias en Panamá. Sobre los mecanismos de transmisión de la modernidad, de formación de ciudadanos, ver GUERRA, François-Xavier y LEMPERIERE, Annick, Los espacios públicos en Iberoamérica. Ambigüedades y problemas. Siglos XVIII-XIX, México, Fondo de Cultura Económica - Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 1998, pp. 5-24.

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tanto político como económico. Los efectos más evidentes de la adopción de esta pedagogía cívica y republicana fueron la ampliación del espacio público o, mejor, la multiplicación de los espacios públicos, y además, la coexistencia y los enfrentamientos entre modelos de apropiación de esos espacios, con el fin de garantizar la supremacía ideológica de tal o cual forma de organización de la vida republicana. La instauración de regímenes republicanos puso en tela de juicio los antiguos sistemas de sujeción de los individuos, como lo fue la esclavitud. Desde las primeras constituciones republicanas, durante el primer tercio del siglo XIX, las jerarquías sociales y el orden político y administrativo tradicionales fueron progresivamente remplazados por principios jurídicos que buscaban consolidar sociedades edificadas sobre la igualdad de los ciudadanos8. Sin embargo, esta modernidad política no se implantó inmediatamente. Al contrario, la originalidad de la política del siglo XIX, en América latina, como ya lo han demostrado François-Xavier Guerra y otros historiadores, es la hibridación entre los elementos de la modernidad y aquéllos provenientes del Antiguo Régimen: la coexistencia de actores antiguos y modernos; las contradicciones de individuos conscientes de su tarea pionera de secularización, pero inevitablemente atados a antiguas fidelidades; unas élites llamadas liberales y republicanas, pero inquietas ante las consecuencias democráticas de la práctica del principio de la soberanía del pueblo y del acceso al sufragio; unos “ciudadanos” actuando a menudo como soldados o como clientes de un caudillo militar; antiguos actores, como el clero católico, obrando como heraldos de la nueva vida republicana. Según Guerra, la yuxtaposición de una modernidad política “precoz” y de una realidad aún arcaica dio origen a conflictos que marcaron el proceso inestable de construcción de los Estados republicanos en América latina9. Así, el primero de esos conflictos estuvo ligado a la dificultad de instaurar el principio abstracto de la soberanía de la nación, encarnado por el Estado, sobre las soberanías concretas de los pueblos, lo que condujo a guerras civiles y a la redacción de constituciones políticas en nombre de proyectos opuestos de organización territorial. Colombia presenció, por ejemplo, entre 1811 y 1816 -muy precozmente además, y cuando la lucha contra el enemigo español estaba aún presente- una guerra civil entre centralistas y federalistas que prefiguró las dificultades de integración de las soberanías regionales en un mismo proyecto político durante el resto del siglo XIX10. Segundo, las reglas de la representación política y de la participación 8

Sobre estas primeras tentativas, en el caso de la Nueva Granada, COLMENARES, Germán, “Castas, patrones de poblamiento y conflictos sociales en las provincias del Cauca (1810-1830)”, en DELER, Jean-Paul y SAINT-GEOURS, Yves (comps.), Estados y naciones en los Andes, Lima, Instituto de estudios peruanos - Ifea, 1986, pp. 105-143. 9 GUERRA, François-Xavier, Modernidad e independencias (ensayos sobre las revoluciones hispánicas), México, Mapfre - Fondo de Cultura Económica, 1992. 10 Ese fue el periodo de la Patria Boba. Un artículo reciente sobre las querellas de las élites criollas durante ese periodo: RESTREPO MEJIA, Isabel, “La soberanía del pueblo durante la época de la Independencia, 1810-1815”, en Historia Crítica, No. 29, Bogotá, Departamento Historia - Universidad de los Andes, 2002, pp. 101-123. También THIBAUD, Clément, Repúblicas en armas. Los ejércitos bolivarianos en la guerra de Independencia en Colombia y Venezuela, Bogotá, Planeta-Ifea, 2003, pp. 215-216.

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Gilberto Loaiza Cano

electoral fueron siempre difíciles de establecer; el principio de la soberanía de la razón terminó por imponer el voto censatario y una definición de pueblo que reivindicó la supremacía de una élite ilustrada. Finalmente, ese nuevo Estado debía hacer frente a antiguas estructuras sociales, a las fuerzas centrífugas de los poderes regionales, a las creencias de una sociedad atada tradicionalmente a la religiosidad católica, a instituciones que tenían antiguos privilegios, como el ejército y la Iglesia católica. Precisamente, las élites liberales y la Iglesia católica se disputaron de manera acerba el control del proceso de construcción del Estado nacional. Este enfrentamiento no constituyó solamente un conflicto moral o religioso, sino, más bien un conflicto político y cultural que consistió en definir el lugar, en el nuevo orden republicano, de la Iglesia católica. La emergencia del régimen republicano entrañó el comienzo de una larga querella entre la Iglesia y las élites liberales acerca de la subordinación o la soberanía de la primera ante las nuevas autoridades. Aunque una visión de larga duración puede mostrar la primacía en Hispanoamérica del regalismo republicano basado en la aceptación del poder político y social de la Iglesia católica11, es de todos modos evidente que el siglo XIX conoció un conflicto permanente en torno a la definición del papel del Estado, acompañado o separado de la influencia de la institución católica: un Estado libre y una Iglesia libre, o un Estado confesional encargado de administrar una república católica. Se trataba, pues, de un conflicto centrado sobre la aceptación o el rechazo de un orden tradicional en el cual la institución católica era el factor más decisivo. Para los liberales colombianos, era necesario “civilizar” en nombre de la democracia moderna y de las libertades individuales; era necesario imponer “el Poder Civil” sobre los antiguos poderes del ejército y de la Iglesia12. Mientras que para los portavoces ideológicos del catolicismo se trataba simplemente de construir una sociedad de “buenos cristianos” y de gobernar en el nombre de Dios. Este conflicto estuvo acompañado de algunos enfrentamientos ligados a la puesta en marcha de un conjunto de reformas económicas y políticas, por parte de las élites liberales, cuyo objetivo era debilitar el poderío del Ejército y de erigir, en consecuencia, una nueva generación de políticos civiles. Por otro lado, era necesario insertar el país en el mercado mundial, proceso cuya consecuencia más inmediata era la ruina de la producción de los artesanos. Dicho de otro modo, el reformismo liberal consistió, a la vez, en librecambio, adopción de principios republicanos y en tentativas de secularización13. 11 Por ejemplo, MEYER, Jean-André, “L’Amérique latine”, en MAYEUR, Jean-Marie, et. al. (dir.), Histoire du christianisme des origines à nos jours, t. XI, París, Desclée, 1995, p. 945. 12 Ese ideal secularizador de una facción del liberalismo colombiano podría resumirse en las siguientes palabras de quien sería el primer rector de la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia: “Nos civilizaremos, nos habituaremos a discutir en vez de pelear; cesaremos de ser soldados, como hemos cesado de ser frailes, para ser ciudadanos”. Carta de Manuel Ancízar a Andrés Bello, Lima, 1 de agosto de 1854, Archivo Ancízar. 13 Hemos decidido adoptar esta definición, si se quiere clásica, de secularización: “Entendemos por secularización el proceso por el cual sectores de la sociedad y de la cultura se sustraen de las instituciones y de los símbolos religiosos”. BERGER, Peter, La religion dans la conscience moderne, París, Centurion, 1971, p. 174.

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En la segunda mitad del siglo XIX, la escuela estuvo en el corazón de ese conflicto, fue uno de los mecanismos privilegiados para oponer los modelos de construcción del Estado republicano. En efecto, ni liberales ni conservadores ignoraron que “sociedades, prensa y educación”14 eran los mecanismos más expandidos -y aparentemente los más eficaces- para la creación de una sociedad moderna, según el credo liberal, y para la difusión de los valores de una sociedad tradicional y jerarquizada, según el deseo de las élites conservadoras. Precisamente, entre 1867 y 1885, los liberales y conservadores colombianos centraron sus disputas alrededor de la cuestión escolar. En ese lapso, los entonces llamados Estados Unidos de Colombia conocieron un período intenso de creación y, finalmente, de destrucción de un sistema escolar nacional. La fundación de la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia, en 1867, y luego el Decreto Orgánico de Instrucción Pública Primaria (en adelante DOIPP) del primero de noviembre de 1870, fueron el punto de partida de un nuevo ciclo reformista bajo la égida de la facción liberal radical. La constitución de un sistema escolar nacional fue, además, la tentativa más ambiciosa para relativizar la antigua preeminencia cultural de la Iglesia católica. Así, la educación se convirtió en el eje de movilización asociativa tanto de las élites liberales como de las conservadoras. Las logias masónicas, las Sociedades de institutores y ciertas Sociedades democráticas, del lado liberal; las Sociedades de fomento y las Sociedades católicas, muy activas en este período sobre todo en los Estados de Antioquia y Cauca, del lado conservador, fueron quizás los principales centros de expresión de las dos fuerzas políticas, que concibieron entonces la escuela como el objeto fundamental de sus disputas.

2. El proyecto escolar del reformismo radical La primera etapa de este proceso tuvo lugar entre 1867 y 1876, y se caracterizó por el entusiasmo reformista de la facción liberal radical, y por la enunciación del ideal de una educación republicana fundada sobre la separación del Estado y la Iglesia. En este período se estableció el sistema nacional de enseñanza, con su personal administrativo y con la puesta en marcha, de manera permanente, de escuelas primarias y normales. Pero esta etapa fue interrumpida por la guerra civil de 1876 en la que los conservadores, aliados a la facción liberal moderada, expresaron sus frustraciones electorales, pero sobre todo en la que el catolicismo intransigente decidió oponerse con las armas a la expansión de la escuela liberal, laica y republicana. Luego de esta guerra, llamada la ‘guerra de las Escuelas’, la facción radical salió debilitada. De tal manera que, entre 1878 y 1880, el sistema escolar pasó al control de los liberales moderados, proclives a hacer alianzas con los conservadores, hasta que en 1885 el proyecto educativo radical pudo considerarse sepultado. En efecto, en 1878, durante la presidencia del moderado Julián Trujillo, la élite liberal trató de encontrar un modus vivendi con la Iglesia católica. En esa ocasión, José María Quijano Wallis fue delegado para iniciar contactos con el Vaticano con el fin de “que la 14 Los “periodistas católicos” del semanario La Civilización definieron así cuáles debían ser los principales instrumentos de la lucha por la hegemonía en el momento de anunciar el nacimiento del periódico El Catolicismo, en 1849, publicación oficial del episcopado colombiano. “La Cuestión moral”, en La Civilización, No. 2, Bogotá, 16 de agosto de 1849, p. 2.

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Iglesia católica acepte el carácter laico de la escuela y que el Estado, a su vez, permita que la Iglesia enseñe religión como lo reclaman los padres de familia”15. Para 1880, la dirección de la Biblioteca Nacional, bastión institucional de las reformas educativas radicales, pasó a manos de Miguel Antonio Caro; las publicaciones oficiales de la instrucción pública desaparecieron y, lo más importante, la enseñanza religiosa católica fue restablecida como materia obligatoria en las escuelas públicas y hasta en la misma Universidad Nacional. No se trató, entonces, de la supresión del sistema nacional de enseñanza ni de la erradicación del método pedagógico pestalozziano, que había sido difundido por el personal político radical e, incluso, implantado en el Estado de Antioquia por los recalcitrantes dirigentes conservadores. Se trató, más bien, de una reorientación moral que implicó la instauración de una legislación escolar abiertamente confesional. Por ejemplo, en 1884, en pleno ascenso y consolidación de la alianza del liberalismo moderado con el conservatismo, el consejo académico de la Universidad Nacional introdujo “una clase de moral cristiana” como una innovación que buscaba “abrir la Universidad a todos aquellos jóvenes que habían temido a una institución donde proliferaban las doctrinas materialistas y ateas”16. En 1886, acatando la nueva Constitución política, el reglamento escolar estipuló que era necesario propagar el principio del temor a Dios y la práctica de “todas las virtudes cristianas”. Así, cada escuela primaria debía asistir a misa por lo menos dos veces en el año, y las actividades escolares debían estar acompañadas de “oraciones ante una cruz colocada por el maestro en un lugar visible”17. La reforma escolar tuvo una vida relativamente breve y sus resultados fueron muy modestos. Ella permitió la formación de, acaso, una generación de maestros de escuela. Sin embargo, fue la tentativa más ambiciosa del liberalismo colombiano del siglo XIX por hacer del sistema escolar el principal instrumento de integración nacional, de popularización de un ideal de ciudadano y de puesta en práctica de la separación de la Iglesia católica y el Estado. Los antecedentes más destacados de esta reforma se remontan a los primeros años de la época republicana, entre 1820 y 1826, cuando la primera generación de liberales dirigida por Francisco de Paula Santander emprendió el ataque contra el tradicional poder cultural de la Iglesia católica y decidió constituir una dirección nacional de la instrucción pública. Ésta fue la primera tentativa de instalación, en cada distrito, de escuelas primarias que debían ser financiadas por las comunidades locales18. Ahora bien, la reforma escolar del decenio 1870 fue, en buena medida, el resultado de una rectificación ideológica, porque los dirigentes del radicalismo colombiano habían sido, desde la mitad del siglo, los principales promotores de la educación privada sin 15 QUIJANO WALLIS, José M., Informe del cónsul general de Colombia en Italia, Bogotá, Imprenta Echeverría, 1881, p. 15. 16 “Informe del Consejo Académico de la Universidad Nacional”, en Anales de Instrucción pública, Bogotá, febrero de 1884, p. 106. 17 “Reglamento sobre escuelas de 1886”, en Anales de Instrucción pública, Bogotá, julio de 1886, p. 210. 18 Véase RAUSCH, Jane, La educacion durante el federalismo (la reforma escolar de 1870), Bogotá, Instituto Caro y Cuervo-UPN, 1993 (1967), pp. 59-61; JARAMILLO URIBE, Jaime, “El proceso de la educacion, del Virreinato a la época contemporánea”, en Manual de Historia de Colombia, t. III, Bogotá, Colcultura, 1980, pp. 255 y 256; SAFFORD, Frank, El ideal de lo práctico (el desafío de formar una elite técnica y empresarial en Colombia), Bogotá, Universidad Nacional - El Ancora, 1989, pp. 77-80.

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el control y sin el sostén del Estado. En la Ley del 15 de mayo de 1850, ellos hicieron declarar que los diplomas universitarios no eran necesarios para acceder a un empleo; eso implicó la desaparición de las universidades existentes. Además, mientras que los radicales se opusieron al régimen presidencial de Mariano Ospina Rodríguez (1857-1861), reivindicaron de manera recurrente la instalación de una red de colegios privados con el fin de oponerla al proyecto de educación católica sostenido por el gobierno conservador19. Peor aún, algunos notables radicales aprobaron y prefirieron los colegios dirigidos por intelectuales católicos para la educación de sus hijos; ese fue el caso, por ejemplo, de Manuel Ancízar, quien reconoció públicamente, en 1859, las virtudes del Liceo de la infancia dirigido por Ricardo Carrasquilla, en Bogotá, al punto de proclamarlo como “la escuela modelo”20. La reforma escolar del decenio 1870 significó, por tanto, un giro de la élite del liberalismo radical hacia un discurso centrado sobre la importancia reguladora del Estado. La fundación de la Universidad Nacional y el establecimiento de una Dirección Nacional de la Instrucción Pública fueron eventos acompañados por la autocrítica de los ideólogos liberales, que habían comprendido que en el dominio de la educación no podían aplicarse los principios económicos del laissez-faire. Así, José María Samper, en un discurso que oficializaba la inauguración de la Universidad Nacional, en 1867, reconocía que “corriendo tras la democracia estuvimos a punto de fundar la oligarquía, mediante la instrucción de los ricos y la indudable ignorancia de los pobres”21. En nuestra opinión, esta adhesión de los radicales colombianos a la educación pública y al papel regulador del Estado puede explicarse por diversos factores: de una parte, su retorno al poder, luego de deshacerse de la tutela del general Mosquera, les garantizaba el control del aparato administrativo del Estado; su hegemonía política estaba precedida por un conjunto de reformas que había limitado la influencia de la Iglesia católica. Además, se trataba del optimismo modernizador de una élite enriquecida por su inserción en el mercado mundial gracias a la producción y a la exportación del tabaco. Ella concebía la educación como el elemento fundamental para la formación de individuos adaptados a una sociedad dinámica, integrada a los progresos de la ciencia, de la técnica y a los valores de la democracia republicana. Los liberales radicales colombianos estaban, pues, seguros de hallarse en un momento privilegiado de la historia para asumir la misión de remodelar la sociedad y de iniciar un proceso de integración nacional. En una perspectiva comparada, algunos países de América hispana conocieron una ola reformista, caracterizada por un Estado institutor y centralizador. El decenio 1870 fue particularmente rico en reformas centradas sobre la educación primaria, tanto del lado liberal como del lado católico. En Venezuela, por ejemplo, en 1870, 19 “Instrucción pública”, en El Tiempo, Bogotá, 22 de noviembre de 1859, p. 1. 20 ANCIZAR, Manuel, “Una escuela modelo”, en El Tiempo, Bogotá, 21 de junio de 1859, p. 3. 21 SAMPER, José María, “Qué es la Universidad Nacional”, en Anales de la Universidad Nacional, Bogotá, septiembre de 1868, p. 3.

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el general Antonio Guzmán Blanco instituyó la escuela laica; en Ecuador, en 1871, Gabriel García Moreno, pero a nombre de la difusión del dogma católico, estableció un sistema público de enseñanza. En Méjico, en 1874, los liberales instituyeron la educación laica en las escuelas primarias públicas22. Aunque el caso chileno no representó una lucha frontal contra la Iglesia católica, fue de todos modos un modelo de anticipación del Estado en la dirección de una política de escolarización, y su ejemplo fue ampliamente analizado por los ideólogos radicales colombianos. En todo caso, en los países donde el liberalismo anticlerical estaba en su apogeo, se intentó limitar la influencia cultural, política y económica de la Iglesia. No podemos olvidar que las reformas escolares de Méjico, en 1867, y de Colombia, en 1870, por ejemplo, estuvieron precedidas de reformas que implicaron la supresión de las comunidades religiosas, la secularización de los bienes eclesiásticos, la inspección de cultos, y la separación del Estado y la Iglesia23. En algunos aspectos administrativos, la legislación escolar de 1870 estuvo inspirada por el ejemplo francés de la primera mitad de siglo. La creación de un cuerpo permanente de inspectores escolares, el programa de asignaturas para las escuelas primarias, la división general del sistema de escuelas primarias y la definición de las obligaciones de los distritos para sostener al menos una escuela fueron iniciativas, cuya semejanza con las leyes de François Guizot, de 1833 à 1836, nos parece evidente24. El conjunto de influencias comprendió a los pedagogos protestantes norteamericanos de la primera mitad del siglo XIX, especialmente Horace Mann, y también a las innovaciones pedagógicas alemanas inspiradas por la obra del pedagogo suizo Johann-Heinrich Pestalozzi. En la segunda mitad del siglo XIX, y más exactamente durante las reformas educativas liberales del decenio de 1870, el maestro de escuela estuvo en el centro de una lucha hegemónica. Él concretizó la existencia de un Estado institutor dedicado a la formación de un cuerpo laico de institutores; pero el maestro de escuela concretizó también la oposición a la antigua primacía del cura en cada distrito. Para los reformadores radicales, el maestro de escuela personificaba los ideales laicos y republicanos, mientras que para los opositores conservadores él era portavoz de una herejía. La formación de un cuerpo laico de institutores estuvo acompañada del proceso de reorganización del clero y de su radicalización ultramontana, iniciado en ese mismo decenio. En efecto, el Concilio provincial que tuvo lugar entre el 29 de junio y el 8 de septiembre de 1869, y el Sínodo diocesano del 8 de diciembre de 1870 pueden considerarse como los eventos fundadores de una etapa de reorganización administrativa del clero colombiano con el fin de entablar un combate más eficaz contra la avanzada reformista liberal. El Sínodo 22 NEWLAND, Carlos, “La educación elemental en Hispanoamérica: desde la Independencia hasta la centralizacion de los sistemas educativos nacionales”, en Hispanic American Historical Review, Vol. 71, No. 2, mayo de 1991, pp. 335-362. 23 MARTINEZ DE CODES, Rosa María, La Iglesia católica en la América independiente, Madrid, Editorial Mapfre, 1992, pp. 287-297. 24 Sobre las reformas de Guizot ver MAYEUR, Françoise, Histoire de l’enseignement et de l’éducation, t. III, Paris, Editions Perrin, 2004 (1981), p. 328; FURET, François y OZOUF, Jacques, Lire et écrire (l’alphabétisation des français de Calvin à Jules Ferry), Paris, Editions de Minuit, 1977, pp. 153-159.

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de 1870 estableció, principalmente, una vigilancia estricta de la vida cotidiana del clero; fijó unas reglas que modificaban la forma tradicional de predicación y la relación entre el sacerdote católico y las personas no creyentes y, además, exigió la inspección sobre los maestros de escuela. Recomendó, por ejemplo, predicar en voz alta y lentamente para que los fieles pudiesen “aprender de memoria las palabras del evangelio y los actos de fe, esperanza y caridad”25. Luego del Sínodo, los curas debían portar siempre una sotana negra que debía cubrirles totalmente el pantalón. Además, debían abstenerse de frecuentar las tabernas, las casas de juego, las salas de teatro y de baile26. El Sínodo ordenó, igualmente, la vigilancia de la instrucción pública en las escuelas y de los procesos de producción y difusión de impresos. Los curas quedaron en adelante autorizados por la Iglesia para censurar “libros y periódicos corruptores”27. Esta reforma del clero, muy ligada a la instauración de un espíritu católico intransigente, se concretó más activamente en Antioquia, entre 1870 y 1871, con la fundación de 27 asociaciones denominadas Sociedades de fomento, de las cuales 18 estuvieron presididas por los curas párrocos. Estas asociaciones precedieron las Sociedades católicas, cuya expansión nacional fue más evidente y en las que el papel dirigente de la élite conservadora fue determinante. En medio de ese forcejeo por imponer una educación laica o una educación de confesión exclusivamente católica, los dirigentes liberales trataron de erigir al maestro de escuela como el símbolo de la expansión de lo que ellos llamaron con frecuencia una moral “universal”, como el símbolo de la expansión de valores laicos y civilistas que desplazaban paulatinamente la figura preponderante del cura en la vida pública local. En este ensayo intentaremos examinar cómo el reformismo educativo liberal colombiano del decenio 1870 concibió al maestro de escuela como el ciudadano ideal, como el mensajero de las virtudes republicanas, como el principal funcionario público en cada distrito.

3. La Misión pedagógica alemana Entre 1870 y 1872, los reformadores radicales crearon escuelas normales en los nueve estados federales; ellos pretendían asegurar la formación permanente de un cuerpo laico de institutores y afirmar el control del Estado sobre el sistema de enseñanza. Las escuelas normales debían ser la clave del sistema de enseñanza primaria y el lugar de reproducción de ese sistema; los maestros egresados debían ser, además, los agentes de un Estado que intentaba asegurar el monopolio de la enseñanza. Para los enemigos de las reformas escolares, la creación de las escuelas normales hizo parte de lo que ellos consideraban una “usurpación intelectual” o, más exactamente, la amenaza “de un Estado moderno que se seculariza”28. 25 26 27 28

Sínodo diocesano de Santa Fe de Bogotá, 8 de diciembre de 1870, Bogotá, Imprenta Metropolitana, Bogotá, 1871, p. 70. Actas y decretos del Concilio primero provincial neogranadino, Bogotá, Imprenta Metropolitana, 1869, pp. 50 y 51. Ibid., pp. 33 - 34. Uno de los enemigos más virulentos de las escuelas normales fue Miguel Antonio Caro: CARO, Miguel Antonio, “El derecho de definir”, en Anales religiosos de Colombia, Bogotá, 15 de marzo de 1884, p. 133.

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El primer paso fue la llegada, en 1872, de un grupo de institutores extranjeros que debían ser los directores de las escuelas normales en los estados. La élite radical decidió recurrir a nueve maestros alemanes, de los cuales siete eran de filiación protestante y los dos restantes católicos. La llegada de esos institutores fue el resultado de un proceso de estudio más o menos detallado de los sistemas educativos de algunos países de Europa y de los Estados Unidos de América29. La escogencia del modelo de enseñanza alemán parecía justificada por la eficacia y la modernidad de su sistema pedagógico, basado en la influencia de Johann-Heinrich Pestalozzi, pero también estaba motivada por el triunfo reciente de Prusia sobre Francia en la guerra de 1870, por la lucha contra la influencia del Papado emprendida por el régimen de Bismarck y, además, por el papel central que estaba jugando el sistema de enseñanza en la unificación del Imperio alemán30. El interés por el modelo educativo alemán se alimentaba, de todos modos, de dos valoraciones, tanto en Europa como en América latina. De un lado, principalmente del liberal, era imposible fijarse esta vez en una Francia agobiada por la debacle cultural que siguió a la derrota. Los mismos franceses estaban pensando en adoptar el triunfante modelo alemán, porque su victoria en la guerra había sido, en últimas, “la victoria del maestro de escuela”. Para el liberalismo político, en ambos lados del Atlántico, el modelo educativo alemán proveía disciplina y eficacia para el acceso a la lectura, dos elementos sustanciales en la formación de ciudadanos y electores. Para los conservadores de ambos continentes, además de la disciplina, el modelo educativo alemán debía su eficacia a que se sostenía en un principio confesional religioso31. Eso puede explicar por qué la dirigencia conservadora antioqueña, vocera de un catolicismo intransigente, aceptó la llegada de pedagogos alemanes difusores del sistema pestalozziano; la única condición de la dirigencia antioqueña fue que los pedagogos destinados a su Estado debían ser católicos. Y eso también puede explicar por qué la Instrucción Pública en Antioquia, bajo control conservador, mezcló la difusión del método pestalozziano, ya conocido por Mariano Ospina Rodríguez32, 29 Los cónsules fueron encargados de esta misión. MARTINEZ, Frédéric, El nacionalismo cosmopolita, Bogotá, Banco de la República - Ifea, 2001, pp. 410-411. 30 Una síntesis de esos factores en MULLER CEBALLOS, Ingrid, “La primera organización de un sistema de escuelas normales en Colombia”, en Revista Colombiana de Educación, No. 20, Bogotá, Universidad Pedagógica Nacional, 1989, pp. 24-45. 31 Un examen muy sugestivo de las repercusiones culturales del triunfo alemán y de la derrota francesa en 1870, y pertinente para entender las conductas de los liberales y conservadores colombianos a la hora de tomar decisiones sobre la llegada de una misión pedagógica, puede verse en OZOUF, Mona, L’Ecole, l’Eglise et la République, 1871-1914, París, Editions Cana, 1982, pp. 21-27. 32 Cuando Mariano Ospina Rodríguez era secretario del Interior de la administración de Pedro Alcántara Herrán (1841-1845), debió auspiciar la aplicación del método pestalozziano en una escuela lancasteriana regentada por José María Triana. En este punto me baso, con reserva, en las afirmaciones de Oscar Saldarriaga en sus aportes al libro Mirar la infancia…Digo que con reserva porque hay allí el siguiente gazapo: “La pedagogía pestalozziana, objetiva o intuitiva, fue introducida a Colombia, bajo los auspicios del presidente conservador Mariano Ospina Rodríguez, por don José María Triana en la Escuela Normal lancasteriana de Bogotá entre 1845 y 1847…”. Es claro que Ospina Rodríguez no fue presidente del país en esos años, lo fue entre 1857 y 1861. Véase SALDARRIAGA, Oscar, et al., Mirar la infancia: pedagogía, moral y modernidad en Colombia, 1903-1946, Vol. 1, Bogotá, Ediciones Foro Nacional por Colombia - Uniandes - Universidad de Antioquia, 1997, pp. 12-13.

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la adaptación del reglamento de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y clases de instrucción militar en que se aplicaba con entusiasmo “la disciplina moderna del Ejército del Imperio Alemán”33. Según la convención firmada entre el maestro Alberto Blume, jefe de la Misión pedagógica, y el gobierno colombiano, el grupo de institutores alemanes estaba comprometido a “fundar y dirigir escuelas normales y escuelas modelos anexas, siempre bajo el modelo de Pestalozzi, y tal como se practica en las escuelas de Prusia”34. Así, el sistema nacional de enseñanza colombiano se inspiró en un modelo pedagógico surgido de la tradición religiosa pietista y adaptado a la situación alemana, como fue el caso del pensamiento de Pestalozzi35. Aunque se les prohibía a los pedagogos alemanes participar en la política interior y entrometerse en las disputas de orden religioso, los dirigentes católicos colombianos, principalmente Miguel Antonio Caro, consideraron que esta comisión pedagógica extranjera era “una conspiración para enviar protestantes”36, organizada en Berlín por el cónsul colombiano, el dirigente radical Eustacio Santamaría. Los Estados conservadores de Tolima y Antioquia fueron los más opuestos a la llegada del grupo de institutores alemanes; los gobernantes de Antioquia exigieron al gobierno central la designación de maestros de origen norteamericano. El cónsul Santamaría informó que él ya había contactado para el Estado de Antioquia al profesor Gothold Weiss que era “católico y conocía perfectamente su profesión de institutor, puesto que se ha formado según los principios pestalozzianos”37. Finalmente, en virtud del ejercicio de su soberanía como Estado federal, la élite de Antioquia decidió hacer venir otros dos maestros alemanes de filiación católica, Christian Siegert y Gustave Bothe. La hostilidad de los dirigentes conservadores y las dificultades de adaptación fueron los dos obstáculos principales que afrontó el grupo pedagógico extranjero. Por ejemplo, Catalina Recker, encargada de la dirección de la escuela normal femenina de Bogotá, renunció rápidamente, al final del primer año de funcionamiento de esta escuela, en diciembre de 187338. En Santa Marta, Estado de Magdalena, el profesor Carlos Meisel y su esposa Elisabeth Meisel pidieron un plazo para aprender la lengua española. Según un informe del director de la Instrucción Pública de esta región, Luis Antonio Robles, en 1873, la instalación de la escuela normal fue retrasada porque el maestro Meisel tenía dificultades para comunicarse: “En cuanto al profesor alemán 33 El Monitor, No. 5, Medellín, 31 de enero de 1872, p. 41. 34 La Escuela primaria, No. 35, Socorro, 16 de julio de 1872, p. 138. 35 Sobre la tradición pietista y los modelos pedagógicos de Pestalozzi y Fröebel, ver CHALMEL, Loïc, “JF. Oberlin et JH. Pestalozzi: Deux pôles de l’alternative coménienne à l’éducation préscolaire”, en  ALEXANDRE, Phillippe (ed.), Pensée pedagogique, enjeux, continuités et ruptures en Europe du XVI siècle au XX siècle, Bern, Peter Lang, 1999, pp. 39-57. 36 CARO, Miguel Antonio, “La religión y las escuelas”, en El Tradicionista, Bogotá, 4 de junio de 1872, p. 265. 37 La discusión entre el cónsul Santamaría y los dirigentes de Antioquia figura en El Monitor, No. 2, Medellín, 10 de enero de 1872, pp. 17-19 y El Monitor, No. 10, Medellín, 6 de marzo de 1872, p. 82. 38 Catalina Recker renunció el 31 de diciembre de 1873 y fue remplazada por Eustoquia Carrasquilla el 9 de febrero de 1874. El Maestro de escuela, Bogotá, 13 de febrero de 1874, p. 527.

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Carlos Meisel, debo decir francamente que él muestra mucho interés pero su dificultad para hablar en español va a impedir, sin duda, el progreso de los alumnos”39. Más tarde, su esposa fue destituida por el director de la Instrucción Pública del Estado de Magdalena, porque, según el funcionario, Elisabeth Meisel no hablaba bien la lengua española, era muy irascible y estaba demasiado ocupada con sus tres hijos, lo que no le permitía consagrarse enteramente a la dirección de la escuela40. Sin embargo, a pesar de las dificultades y de las hostilidades, los maestros alemanes constituyeron el grupo que difundió y puso en marcha el modelo pedagógico centrado sobre la obra de Pestalozzi y sus herederos intelectuales. Así, las escuelas normales en Colombia se convirtieron en centros de enseñanza oficial del “método de Pestalozzi perfeccionado”41. El sistema pestalozziano evocaba la obra de Jean-Jacques Rousseau en la medida que reivindicó -como lo hizo el autor del Emilio- la intuición y los sentidos como principales instrumentos del conocimiento. Luego del Pestalozzi, la obra del alemán Friedrich Fröbel, el pionero de los jardines infantiles, fue considerada como la prolongación más genuina de la influencia del pedagogo suizo. El respeto hacia la naturaleza de los niños fue, posiblemente, lo esencial de este modelo pedagógico y de sus seguidores, y ese principio fue integrado a la legislación escolar del decenio 1870. Eso condujo, además, al desprecio de los métodos fundados sobre la memorización o sobre el autoritarismo del maestro de escuela. Eso implicó, por supuesto, que los maestros debían hacerse a una idea de la naturaleza de los niños y a adaptarse a sus necesidades. En efecto, se admite que Pestalozzi inauguró la pedagogía moderna, porque adoptó como punto de partida el “proceso físico de la percepción”, el activo mecanismo de conocer del niño, uno de cuyos fundamentos es la intuición. Así, el maestro en la escuela debía encargarse de darle orden a la percepción de las cosas por parte del niño. Estas “lecciones objetivas” les permitirían a los nuevos maestros ser más versátiles y creativos42. No lejos de comprender lo que podía llegar a ser el nuevo maestro aplicando este sistema de enseñanza, basado en lecciones sobre los objetos, la dirigencia de la Instrucción Pública le otorgó el título de “jardinero moral”, una definición ampliamente utilizada por la prensa educativa de la época43. Todos los maestros alemanes cumplieron las funciones de director y directora de las escuelas normales desde 1870 hasta 1876 y, por tanto, fueron los responsables de 39 ROBLES, Luis A., “Informe del director de Instrucción Pública del Magdalena”, en Escuela normal, Bogotá, 29 de marzo de 1873, p. 97. 40 El Institutor, No. 3, Santa Marta, 7 de abril de 1880, p. 15.   41 Era corriente hablar así del sistema pestalozziano en la prensa instruccionista y en los reglamentos generales de las escuelas, el adjetivo “perfeccionado” no fue exclusivo de los tiempos de la Regeneración: “Se practica el sistema de Pestalozzi perfeccionado. Por el mismo sistema reciben las niñas enseñanza de Religión católica tres veces en la semana”. El Escolar, No. 73, Popayán, 1° junio de 1876, p. 582. 42 SALDARRIAGA, Oscar, op. cit., pp. 19-37. 43 Esta idea de “jardinero moral”, basada en el pensamiento pedagógico de Pestalozzi y también de Horace Mann, fue ampliamente divulgada por la élite radical. Ver, por ejemplo, CORTÉS, Enrique “Organización de la Instrucción Pública”, en La Escuela normal, Bogotá, 13 de julio de 1871, pp. 482-484.

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la formación de al menos una generación de nuevos maestros de escuela. Algunos contribuyeron a la creación de asociaciones de difusión de la instrucción pública: ese fue el caso de Alberto Blume en Santander y de Christian Siegert en Antioquia. Ernst Hotschick, Alberto Blume y Carlos Meisel se distinguieron, además, como autores de manuales de lectura y de canto. La presencia de este grupo de maestros en Colombia se prolongó hasta después de la guerra civil de 1876 y algunos de ellos tuvieron que encargarse de la penosa misión de reorganizar el sistema escolar despedazado por las pérdidas materiales y humanas provocadas por los enfrentamientos armados. De modo que a fines del decenio 1870, la pareja Meisel estaba aún en Santa Marta, el profesor Wallner en Cartagena, el profesor Blume en Santander y el profesor Siegert en Bogotá. Sin embargo, hacia 1879, el director de la Instrucción Pública, Enrique Cortés, afirmaba: “Sabe el público que poco después de la incubación del sistema pestalozziano de educación pública en nuestras escuelas, por medio de los maestros alemanes que importó la administración del general Salgar […] el sistema ha empezado a perder en pureza porque la mayor parte de los institutores alemanes se han retirado del servicio y no ha quedado fuente pura a qué acudir”44.

4. Las escuelas normales y la formación de los maestros La formación del “jardinero moral” o, según el Decreto de 1870, de aquél que “por la importancia y por la santidad de sus funciones es el primer funcionario de cada distrito”45, fue una tarea lenta y difícil, centrada sobre la instauración de un sistema nacional de escuelas normales. Más que las escuelas primarias, las escuelas normales fueron los lugares de afirmación de la ideología modernizadora liberal. Eso puede explicar por qué la misión de esas escuelas estuvo acompañada de la difusión de guías, manuales y discursos destinados exclusivamente a los institutores o, mejor, a los estudiantes-maestros. Las escuelas normales fueron los nichos de formación de hombres y mujeres que deberían luego, con el título de maestros de escuela, propagar las virtudes del sistema educativo regentado por la élite liberal. El establecimiento de las escuelas normales implicó la puesta en marcha de algunos criterios de selección, de vigilancia y de promoción de los alumnos, con el fin de garantizar su compromiso futuro con las tareas asociadas a la difusión de la instrucción pública. Para comenzar, los alumnos de las escuelas normales fueron divididos entre internos y externos; los primeros estaban apoyados por el Estado central y debían trabajar al menos seis años en las escuelas públicas luego de terminar sus estudios. Si los alumnos internos no cumplían con esta exigencia, estaban obligados a reembolsar el monto invertido por el Estado en su educación. Esta exigencia fue perfeccionada por 44 El Maestro de escuela, Bogotá, 17 de junio de 1879, p. 1448.   45 DOIPP, artículos 51 y 52 en La Escuela normal, No.1, Bogotá, 7 de enero de 1871, p. 6.

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la escogencia obligatoria de un tutor que debía fungir como garante, así que en caso de fracaso escolar del estudiante normalista, aquél debía pagar una caución. En las listas de tutores se encontraban regularmente los nombres de ex presidentes radicales, tales como Aquileo Parra y Santiago Pérez, o de funcionarios de la Instrucción Pública, como Dámaso Zapata, Enrique Cortés y Aníbal Galindo46. En definitiva, las listas de tutores reflejaron la importancia atribuida por los dirigentes liberales, particularmente los radicales, a la formación de una nueva generación de maestros de escuela. Un estudiante de una escuela normal debía tener como mínimo, en lo que concierne a los hombres, 18 años, y 17 años en el caso femenino. Todos los aspirantes eran sometidos a un proceso de admisión que comprendía un examen de conocimientos y un control médico. Todos debían poseer conocimientos elementales en gramática, aritmética, geografía e historia de Colombia, y una escritura legible47. En el caso de las mujeres, se agregaba la condición de la práctica previa de la costura y se advertía la necesidad de “una pureza de costumbres”48. El ciclo de estudios no debía sobrepasar los cuatro años. Sin embargo, las razones de exclusión más frecuentes fueron, por ejemplo: “su genio corto así como por su constitución endeble y delicada”; “su carácter trabajoso”; “su poco juicio para institutor”; “sus pocas aptitudes”49. En 1880, en los últimos informes del profesor Carlos Meisel, las razones del pequeño número de estudiantes en la escuela normal del Estado de Magdalena eran la mala salud, la pobreza e, incluso, la muerte50. En cuanto a las damas, las estudiantes internas debían aportar al menos la cama, un cofre, una taza y los enseres indispensables para la higiene personal; las estudiantes más pobres debían esperar una cama de madera donada por el Estado51. Las magras finanzas de los estados federales y las enormes distancias con respecto a los principales centros urbanos fueron los principales obstáculos para la presencia masiva de estudiantes en las escuelas normales; en los casos de Magdalena y Panamá, por ejemplo, las dificultades financieras no permitieron sostener a los estudiantes internos y el grupo de alumnos se limitó a aquéllos que residían en la capital del Estado. Los reglamentos de las escuelas normales, el programa de materias, los horarios de trabajo, los métodos de evaluación y la dotación de las bibliotecas constituyeron un dispositivo ideológico en favor de una educación laica y republicana. Según las primeras exigencias de los directores, cada escuela normal debía contar con al menos una biblioteca especializada, un taller de impresión, un conjunto de instrumentos musicales, el mapa general del país y los mapas de todos los estados, laboratorios de química y física, y una sala de gimnasia. Un egresado de la escuela normal debía haber leído y puesto en práctica los manuales, guías y artículos destinados a los institutores 46 47 48 49 50 51

El Maestro de escuela, Bogotá, 16 de agosto de 1879, p. 1475.  DOIPP, artículo 122, La Escuela normal, Bogotá, 14 de enero de 1871, p. 17. Diario de Cundinamarca, Bogotá, 29 de agosto de 1872, p. 1036. La Escuela, Neiva, 12 de mayo de 1881, p. 73. El Institutor, Santa Marta, 15 de mayo de 1880, p. 25.  La Escuela primaria, Socorro, 15 de octubre de 1873, p. 294.

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e institutrices escritos por Horace Mann, H. Wilson, N. Calkins, G. Emerson, James Currie, Marie Pape-Carpantier, Johann Friedrich Fröbel y, por supuesto, el modelo Pestalozzi. Todos estos autores, publicados regularmente por la revista La Escuela normal, evocaban, en términos generales, las relaciones existentes entre la creación de un sistema escolar laico y las innovaciones pedagógicas. El programa de materias, hasta 1880, no mencionó explícitamente la instrucción religiosa de los futuros maestros. Las actividades diarias estaban desprovistas de toda connotación religiosa. Por ejemplo, la noche y el domingo, momentos a menudo reservados a los ritos de la religión católica, estaban más bien consagrados al estudio o, en el caso del domingo, al encuentro de los internos con sus familiares52. En cambio, la instrucción militar, las excursiones semanales, las conferencias generales y las jornadas de prácticas pedagógicas llamadas sabatinas ocuparon un lugar preponderante en el calendario de un año escolar que, además, concluía con exámenes orales y públicos. Un estudiante de una escuela normal debía aprender las mismas materias destinadas a los alumnos de las escuelas primarias pero de una manera más profunda, de tal modo que se ponía en práctica el principio según el cual el maestro de escuela debía conocer perfectamente lo que enseña. De acuerdo con el reglamento de 1875, a esta parte de la formación como institutor, denominada “enseñanza técnica”, se le agregó el aprendizaje de una lengua extranjera, especialmente el inglés, durante los cuatro años de formación53. Además de la enseñanza técnica se incorporó “la enseñanza metódica”, cuyo principal objetivo era aprender “la teoría y la práctica de la enseñanza a los niños, siempre según el sistema de Pestalozzi perfeccionado”54. Los progresos académicos de los estudiantes-maestros eran controlados durante las jornadas denominadas sabatinas en las que, todos los sábados, los estudiantes impartían “una clase-modelo” o hacían una disertación sobre un tema pedagógico bajo la supervisión del profesor correspondiente. De otro lado, todos los estudiantes normalistas hacían sus prácticas pedagógicas en las escuelas primarias anexas; en el caso de las mujeres, se agregaba la práctica en las salas de asilo55. Los exámenes anuales y el examen final para obtener el diploma eran eventos públicos, a los cuales podían presentarse aquellos que habían sido previamente evaluados y aprobados por un consejo designado por la dirección de la escuela normal y por las autoridades de cada estado. Así, el examen anual y el examen final estaban precedidos por un examen preparatorio. Todos los exámenes 52 “Reglamento para las escuelas normales de varones”, en La Escuela normal, No. 220, Bogotá, 27 de marzo de 1875, p. 94. 53 La abundante adquisición de manuales de enseñanza en lengua inglesa fue, quizás, la principal razón para incorporar el aprendizaje de esa lengua entre los estudiantes normalistas; como lo había constatado en 1870 el rector de la Escuela de literatura, filosofía y jurisprudencia, adscrita a la Universidad Nacional, “será necesario mucho tiempo para que nuestros institutores puedan leer estas obras inglesas de pedagogía”. VARGAS VEGA, Antonio, “Informe sobre libros y mobiliario de la Escuela Normal”, en Anales de la Universidad Nacional, t. III, Bogotá, 1870, pp. 211-214. 54 “Reglamento para las escuelas normales de varones”, en La Escuela normal, No. 220, Bogotá, 27 de marzo de 1875, pp. 91 y 92. 55 Las salas de asilo fue la traducción literal que hicieron los reformadores liberales colombianos de la experiencia francesa de las salles d’asile, cuya pionera fue Marie Pape-Carpantier, conocedora de los jardines infantiles implantados en Alemania por Friedrich Fröebel.

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comprendían pruebas escritas y orales sobre todas las materias aprendidas durante la formación y se incluía un ejercicio de traducción. La cumbre de las pruebas orales era, sin duda, el largo interrogatorio de tres horas acerca de “los deberes del institutor; sobre la dirección de las salas de asilo; sobre los métodos de enseñanza y la dirección de las escuelas primarias; sobre la arquitectura y la dotación mobiliaria de los locales escolares; sobre las leyes, decretos y reglamentos de la Instrucción Pública primaria”56. En definitiva, el egresado debía haber adquirido tres cualidades fundamentales: el conocimiento exhaustivo de las materias de enseñanza, la apropiación de un método de enseñanza y el conocimiento de sus deberes de institutor. Los exámenes públicos fueron, bajo los gobiernos radicales, eventos cívicos demostrativos de la eficacia y las virtudes del sistema de enseñanza; eran un instrumento de legitimación política y social de la escuela pública liberal. Frecuentemente, esos exámenes estaban acompañados de discursos de las autoridades de la Instrucción Pública y de los mejores estudiantes; los miembros de las legaciones diplomáticas solían estar presentes, sobre todo durante los exámenes públicos de la Universidad Nacional, en Bogotá, donde entregaban obsequios a los egresados. Música y cantos acompañaban también estos eventos. Así, por ejemplo, en el acto final de los exámenes públicos de la Escuela Normal de Cundinamarca, en 1873, se cantó “La Marseillaise con el acompañamiento de un piano y de un violín”57. Del lado femenino -quizás el lado más olvidado en estos ejercicios de reconstitución histórica de los procesos educativos en Colombia- la formación de maestras de escuela no alcanzó jamás las cifras de los hombres. Las estadísticas muestran que el número de maestras de escuela y de estudiantes normalistas fue siempre inferior al de los hombres. Hacia 1871, las maestras constituían el 38% de los institutores del país; en 1881, el total de las maestras diplomadas de las escuelas normales representaba el 37%. Aunque la entrega del diploma a la primera maestra egresada de la Escuela Normal de Bogotá, en 1873, constituyó un evento muy importante58; su diploma fue, sin embargo, el reconocimiento oficial de la experiencia precedente de la graduanda y no tanto una prueba del resultado de la formación sistemática en los métodos y principios de las escuelas normales recientemente establecidas. Las estudiantes - maestras seguían los mismos programas de formación que los hombres, ellas también debían permanecer cuatro años en la escuela normal y someterse a los mismos exámenes. Sin embargo, las escuelas normales femeninas introdujeron algunas particularidades: las alumnas -maestras de escuela efectuaban sus prácticas en las escuelas primarias, como los hombres, pero a diferencia de éstos también debían hacer prácticas en las salas de asilo. En esas prácticas, ellas aplicaron los métodos de los jardines infantiles de Fröebel y de Marie Pape-Carpantier. Además, las estudiantes de Bogotá aprendieron 56 “Reglamento para las escuelas normales de varones”, en La Escuela normal, No. 220, Bogotá, 27 de marzo de 1875, p. 95. 57 Diario de Cundinamarca, Bogotá, 6 de junio de 1873, p. 764. 58 “La primera maestra graduada de la Escuela Normal”, en El Diario de Cundinamarca, Bogotá, 21 de agosto de 1873, p. 999.

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la telegrafía y la directora de la Escuela Normal de Ibagué agregó el aprendizaje de la fabricación de tejidos59. Por otra parte, la prensa radical reivindicó a menudo la importancia de la maestra en el sistema escolar. Sin embargo, esos esfuerzos fueron insuficientes si juzgamos los informes de las autoridades educativas, que señalaban con frecuencia que la falta de maestras era la principal causa del déficit de escuelas primarias para niñas. En gran medida, las escuelas normales regularizaron la situación de maestros y directores de escuela que aún no tenían diploma, es decir, de un personal cuya formación era más bien empírica. Según el censo de 1871, el número de maestros de escuela en toda Colombia era de 1729, de los cuales 1073 eran hombres y 656 mujeres60. Aunque es imposible determinar cuántos de ellos tenían el título de maestros de escuela, la ausencia de un sistema anterior de formación de maestros hace pensar que la mayoría de éstos eran el producto de una educación autodidacta y de la experiencia acumulada. Muchos de estos maestros autodidactas podrían, además, ser considerados como los representantes de un “antiguo régimen” y estaban impelidos a integrarse, poco a poco, al sistema escolar liberal. Los funcionarios del régimen radical se encontraron a menudo con maestros e, incluso, con directores de escuela que aún no poseían el diploma requerido; en tal caso, la legislación había previsto un examen in situ con el fin de regularizar inmediatamente la situación de cada maestro. Sin embargo, lo sorprendente es que hasta 1881 era posible encontrar todavía maestros y maestras sin diploma, como fue el caso de la directora de la escuela primaria del distrito de Carnicerías, Estado del Tolima61. Esto podría demostrar el retardo o la lentitud con que algunas regiones se integraron al proceso de formación de un nuevo cuerpo de institutores. De todas maneras, la prensa educativa oficial se encargó de poner en evidencia los defectos de esos docentes desprovistos de cualquier formación pedagógica y de las cualidades profesionales más elementales. Las faltas ortográficas o el mal lenguaje empleado en público hacían parte de una herencia desafortunada que era necesario superar. Durante los primeros años de la puesta en marcha del sistema de enseñanza, los funcionarios liberales no vacilaron en registrar las sanciones y los despidos de maestros acusados, por ejemplo, de alcoholismo y de crueldad contra los alumnos62. Ahora bien, ni las escuelas normales ni la propaganda pedagógica ni las asociaciones de institutores pudieron eliminar del sistema escolar a los maestros cuasi-iletrados. Así, en 1881, en el Estado de Tolima, el Director de Instrucción Pública tenía que exigir a los directores de escuela una redacción correcta y legible de sus informes63. Luego de una Asamblea pedagógica La Escuela, Ibagué, 12 de mayo de 1881, p. 73. GALINDO, Aníbal, Anuario estadístico, Bogotá, Imprenta de Medardo Rivas, 1875, pp. 82-86. La Escuela, Ibagué, 19 de mayo de 1881, p. 77. Sobre maestros “ebrios” y maestros “crueles”, por ejemplo: El Institutor, No. 8, Santa Marta, 5 de diciembre de 1872; Diario de Cundinamarca, Bogotá, 27 de marzo de 1872, p. 412; La Escuela primaria, Socorro, 28 de octubre de 1873, p. 298. 63 La Escuela, Ibagué, 19 de mayo de 1881, p. 77. 59 60 61 62

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que reunió a los maestros de escuela primaria del Estado de Panamá, en 1883, el director de la Instrucción Pública de ese estado, Juan N. Recuero, se vio obligado a presentar excusas públicas debido al “mal lenguaje empleado por los maestros de escuela durante las sesiones”64. Por otra parte, tanto las escuelas normales como la Universidad Nacional fueron con frecuencia el blanco de las críticas de los opositores conservadores e, incluso, de dirigentes liberales. Tal parece que los estudiantes normalistas y los universitarios estuvieron en ocasiones involucrados en las actividades electorales. Según el conservador Carlos Holguín, la Universidad Nacional se había convertido en “un enorme club democrático donde los falsificadores del sufragio son educados y organizados”65. En 1881, el Director de la Instrucción Pública en el Estado del Tolima exigía “de los directores y de los maestros de escuela la más estricta neutralidad”66 en materia eleccionaria; algunos días más tarde, el mismo funcionario acusó al director de la escuela normal de haber convocado sus estudiantes para acordar el apoyo a uno de los candidatos a la presidencia del Estado. Se trataba, en este caso, de la utilización política de los estudiantes que “no son todavía ciudadanos”67. Así, la Universidad Nacional y las escuelas normales parecían haberse convertido en centros de manipulación electoral. Es necesario, entonces, preguntarse si el sistema de escuelas normales estuvo en capacidad de formar un cuerpo de docentes que pudieran ser considerados “los apóstoles de un nuevo credo”. La guerra civil de 1876 aporta la mayor prueba del poco progreso del sistema escolar diseñado por los liberales radicales. La ‘guerra de las Escuelas’ dividió el país entre los partidarios de la Iglesia católica y aquéllos que defendían la implantación de la red escolar liberal. A pesar de la victoria, las autoridades radicales tuvieron serias dificultades para restablecer el funcionamiento de las escuelas primarias, porque los maestros de algunas regiones habían ingresado en las milicias del catolicismo ultramontano, y porque otros no retornaron a sus puestos de trabajo. Tan pronto terminó la guerra, los dirigentes radicales dictaron la Ley del 30 de noviembre de 1877 que retiraba los diplomas otorgados por las escuelas normales “a todos aquellos individuos que lucharon contra el Gobierno y contra las Instituciones”68. Esta depuración de los maestros “traidores” fue muy evidente en el Estado de Antioquia, bastión del proyecto escolar católico; los dirigentes liberales victoriosos, luego de tomar el control de este Estado, exigieron varias veces la presencia de los maestros y las maestras diplomados en Cundinamarca, con el fin de dirigir las escuelas primarias

La Crónica escolar, Panamá, 1° de mayo de 1883, p. 26. Discurso de Carlos Holguín ante el Senado en El Tradicionista, Bogotá, 12 de mayo de 1876, p. 1391. “Circular del director de Instrucción Pública”, en La Escuela, No. 27, Ibagué, 7 de julio de 1881, p. 101. Carta del director de la Instrucción Pública, Antonio Suárez, a César Baquero, director de la escuela normal de Ibagué en La Escuela, No. 29, Ibagué, 21 de julio de 1881, p. 113. 68 El Maestro de escuela, Bogotá, 20 de febrero de 1878, p. 1181. 64 65 66 67

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y superiores de Medellín y de los principales distritos de Antioquia69. Más tarde, en 1880, la amenaza de la pérdida del empleo pareció ser el único medio para garantizar que los maestros de escuela aplicaran el sistema pestalozziano70. Ahora bien, si las estadísticas son fragmentarias y engañosas, puesto que son en gran medida el resultado de la propaganda oficial y de las disparidades regionales en la aplicación de la reforma escolar, ellas alcanzan de todos modos a insinuarnos que, entre 1872 y 1880, las escuelas normales en Colombia comenzaban apenas a producir una generación de institutores. Así, las cifras más optimistas permiten afirmar que, durante ese período, las escuelas normales admitieron 1.038 estudiantes, de los cuales 577 eran hombres (55,6%) y 461 mujeres (44,4%). Lo que es más difícil de establecer es el número de aquéllos que obtuvieron el diploma; sin embargo, hemos constatado que 456 maestros recibieron su diploma; es decir, el 44% del total de los estudiantes. En relación con los 1729 maestros ya existentes y en relación con el número total de curas existentes en el país, 1395, basándonos en el censo general de la población de 1871, la contribución renovadora de las 20 escuelas normales fundadas por el radicalismo seguía siendo muy débil. De todas maneras, es necesario destacar que el número total de institutores - hombres y mujeres, diplomados y no diplomados - excedía el número total de curas (ver Cuadros No. 1 y No. 2). Cuadro No.1: Número de estudiantes y de egresados de las escuelas normales 1872-1882. Estado

Alumnos Alumnas 1872-1876 1872-1876

Alumnos 1878-1882

Antioquia

Bolívar Boyacá Cauca Cundinamarca Magdalena Panamá Santander Tolima Total  De alumnos: 1038 Diplomados: 456

29 33 45 47 18 14 38 Sin datos 252

17 31 37 41 11 18 20 Sin datos 198

43 21 39 31 19 28 37 49 325

Alumnas Maestros Maestras 1878-1882 diplomados diplomadas 1872-1880 1872-1880 40 44 32 58 25 30 29 9 6 51 40 263

31 28 34 37 19 21 33 22 269

17 18 22 34 6 9 35 14 187

Fuentes: Informes publicados por La Escuela Normal, Bogotá, 1870-1879 (particularmente La Escuela Normal,No. 299, Bogotá, 6 de febrero de 1879, p. 305). El Maestro de escuela, Bogotá, 1872-1880.

69 Esta petición fue presentada por el general Daniel Aldana, nombrado por el gobierno federal como ministro plenipotenciario en Antioquia luego del triunfo radical en la guerra de 1876, en El Maestro de escuela, Bogotá, 30 de abril de 1878, p. 1225. 70 El Maestro de escuela, Bogotá, 24 de enero de 1880, p. 1548.

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Cuadro No. 2: Número de maestros y curas, 1870-1880 Estado

Maestros 1870

Maestras 1870

Curas 1870

Antioquia Bolívar Boyacá Cauca Cundinamarca Magdalena Panamá Santander Tolima Total  Relación con el total de habitantes del país : 2’123.919

163 67 106 187 280 16 102 118 34 1073 1 / 1228*

127 26 46 78 177 10 91 52 39 656

150 92 174 377 274 43 68 155 62 1395 1 / 1522

Maestros diplomados, 1872-1880 44 31 28 34 37 19 21 33 22 269 1 / 4657*

Maestras diplomadas, 1872-1880 32 17 18 22 34 6 9 35 14 187

Fuentes: La Escuela Normal, No. 38, Bogotá, 23 de septiembre de 1871, pp. 597-600; La Escuela Normal, No. 300, Bogotá, 13 de febrero de 1879, p. 314; GALINDO, Aníbal, op. cit., pp. 78, 79 y 85-90. * La relación es sobre el total de maestros y maestras.

5. El maestro de escuela o el ideal del buen ciudadano El futuro maestro de escuela debía dar prueba de su capacidad de autocontrol. Aquél que no era capaz de autogobernarse y de relacionarse apropiadamente con los demás no podía ser maestro de escuela. Debía ser el modelo de las buenas maneras y de las virtudes ciudadanas. Si la escuela era concebida como el “santuario de la república”, el maestro era, por tanto, el primer ciudadano de esa república. Además, la legislación radical sobre las cuestiones educativas había hecho del director de escuela el primer funcionario del distrito, lo que implicaba que toda su vida estaba prescrita y reglamentada con el fin de presentarse como un modelo de la vida en sociedad. Como los radicales ya habían expresado su desconfianza ante los artesanos y ante las mujeres, categorías emblemáticas de la sociedad tradicional, sobre la cual el proyecto liberal quería trascender, el ciudadano ideal no podía ser otro que el maestro de escuela, en su versión masculina. Los alumnos - maestros, desde su llegada a la escuela normal, eran el objeto de una formación moral y cívica. Después de la obtención del diploma, ellos comenzaban a comprometerse con la vida social, e incluso política, de las ciudades y distritos. La figura del maestro ponía en entredicho la antigua preeminencia local del cura de la parroquia, del alcalde y del gamonal. Las leyes acordaron privilegios a los maestros de escuela y a las autoridades instruccionistas, pero en la realidad su situación fue siempre desfavorable. Sin embargo, a veces, los testimonios de vecinos de algunos distritos

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que reclamaban la presencia de un maestro de escuela nos permiten saber cómo, en aquella época, se representaba a ese ciudadano ideal o, según la propaganda liberal de la época, “el sacerdote del pueblo”. Por ejemplo, en 1878, después de la guerra civil, los habitantes de Chocontá, distrito del Estado de Cundinamarca, pidieron el retorno de Cenón Martínez, maestro diplomado “apto para dirigir las escuelas superiores”, y describieron así las virtudes del institutor: “Parco de palabras, es naturalmente fecundo en hechos: lucha con tenacidad y perseverancia; con lo cual y con la cultura de sus modales ha conseguido lo que cualquiera otro apenas se habría propuesto iniciar. Comprende sus deberes y lo que la sociedad exige de él en el desempeño de su cargo; y como padre de familia que es, desea que la ilustración se propague como el evangelio […]. El trabaja con asiduidad por que los niños lleguen a ser buenos ciudadanos”71.

Aquello que deseaban los habitantes de un distrito en 1878 no estaba lejos de lo que era exigido por la legislación escolar de 1870 ni de las listas de deberes de los institutores ampliamente difundidas por la prensa educativa. En primer lugar, el maestro debía enseñar con el ejemplo. El director de escuela debía “arreglar su conducta de manera que en su vida pública y privada sirva de tipo a todos los ciudadanos”72. Además, él debía hacerse respetar por toda la sociedad. Debía combinar sabiamente la firmeza de carácter con la bondad; jamás debía dejarse “arrastrar a accesos de pasión”. La revocación de un maestro era prueba de faltas contra el pudor, la temperancia, la moderación y la limpieza. Su familia también debía dar muestra de una vida ejemplar73. El maestro fue el sujeto de manuales y guías, porque, más que la maestra, él era ante los ojos de los ideólogos escolares la encarnación del ciudadano del futuro. El ciudadano modelo, personificado por el maestro de escuela, estaba asociado a la autoridad del padre sobre la familia, pero también se le denominaba un “padre social”, porque su autoridad se extendía a la escuela y a la comunidad del distrito en que residía. Los manuales que indicaban cuáles eran los deberes del institutor -un término que parecía más apropiado en aquella época que el de maestro- podríamos dividirlos en dos tipos. Los unos redactados por antiguos directores de colegios privados y escuelas públicas; entre ellos cabe destacar a Martín Lleras, autor de un libro reproducido integralmente en las páginas de La Escuela normal y titulado Pedagogía, de los deberes particulares de los institutores y cómo deben cumplirlos (1874); a Romualdo Guarín, director de una escuela primaria de Bogotá, cuya obra se llamaba simplemente Guía del institutor (1874). A estas obras se agregó el Manual del ciudadano, redactado por el dirigente radical Santiago Pérez y publicado en 1871, libro que señalaba la primacía del poder civil 71 Carta de vecinos de Chocontá al Consejo de Instrucción Pública del Estado de Cundinamarca. “Chocontá, 26 de enero de 1878”, en Diario de Cundinamarca, Bogotá, 6 de febrero de 1878, p. 191. 72 DOIPP, Art. 51, Escuela normal, No. 1, Bogotá, 7 de enero de 1871, p. 6. 73 Ibid.

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sobre los poderes eclesiásticos y militares, que se constituyó en asignatura obligatoria durante los cuatro años de formación del futuro maestro. La guía de Guarín, también publicada íntegramente por La Escuela normal, fue difundida como una colección de experiencias en la aplicación del sistema de Pestalozzi, sobre todo en la enseñanza de las matemáticas. Sin embargo, Guarín advertía que el oficio de maestro de escuela no consistía solamente en instruir: “El oficio del maestro no es instruir solamente, su misión esencial consiste en educar, y educar es: desarrollar todas las facultades de la naturaleza física, intelectual y moral por su unión y adaptación hacia un todo armónico que forme el más perfecto carácter de que sea susceptible el hombre”, porque “la educacion abraza todo aquello de que se compone la existencia humana: las relaciones con la sociedad, con la patria, con la familia”74. Quizás más interesante que Guarín, Martín Lleras analizó ampliamente las relaciones del institutor con sus alumnos y con los padres de familia, así como la participación del maestro en la vida pública del distrito. Para Lleras, era claro que el maestro de escuela estaba cotidianamente expuesto a los conflictos entre familias y que seguramente la escuela podía reproducir las disputas políticas locales. Por tanto, el maestro de escuela no debía adherirse a ninguno de los “partidos existentes en los distritos”; aún más, debía demostrar su imparcialidad en la manera de enseñar en la escuela75. Para evitar la implicación en las disputas pueblerinas, el maestro de escuela debía abstenerse de frecuentar las tabernas; su presencia en bodas o en bautismos debía ser breve y caracterizarse “por la moderación y la sobriedad”. También aconsejaba Lleras que el institutor visitara a los enfermos, una tarea a la que ya se habían habituado algunas asociaciones caritativas de inspiración católica, como las conferencias de San Vicente de Paul. En esas visitas, el institutor debía impartir consejos “sin la pretensión de remplazar al médico”76. Si era casado, debía hacer que su esposa se abstuviera de “comadrerías que le puedan ser perjudiciales”. Además, y según Lleras, el institutor debía ser el primero en respetar la Constitución y las leyes. Si él no estaba de acuerdo con ciertas medidas gubernamentales, tenía derecho de contribuir a las reformas que él juzgaba indispensables, pero en ningún caso debía “murmurar contra los funcionarios encargados de la inspección”77. El otro grupo de textos estaba compuesto de manuales redactados por autores extranjeros que habían sido pioneros en la instauración de otros sistemas de educación pública y cuyo rasgo común era haber pensado la situación del maestro de escuela en un esquema de educación laica. Los reformadores norteamericanos de la primera mitad del siglo XIX, particularmente los pedagogos protestantes George Emerson y Horace Mann, sin olvidar el presbiteriano escocés James Currie, un especialista en 74 GUARIN, Romualdo, “Guía de institutores”, en La Escuela normal, No. 171, Bogotá, enero de 1875, p. 154. 75 LLERAS, Martín, “Pedagogía, de los deberes particulares de los Institutores y cómo deben cumplirlos”, en Escuela normal, No. 152, Bogotá, febrero de 1874, p. 214. 76 Ibid. 77 Ibid., p. 222.

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la filosofía de John Locke, figuraban entre los autores más destacados y difundidos78. Currie había concebido la organización de los sistemas de educación popular y de salud pública en Escocia a fines del siglo XVIII, y la dirección de la Instrucción Pública en los Estados Unidos de Colombia había decidido hacer traducir su manual titulado La escuela pública, principios y prácticas del sistema (1805)79, y de hacerlo leer por todos los maestros de escuela. Horace Mann y George Emerson pertenecían a una corriente liberal protestante encargada de las reformas educativas entre 1820 y 1850 en los Estados Unidos de América. Para Mann, educar era ante todo civilizar y formar individuos para cimentar una democracia republicana80. Para Emerson, quien se detenía en la salud y la buena alimentación del institutor, consideraba que éste debía, además, cultivar virtudes como la paciencia, la generosidad, la justicia y, sobre todo, el amor al orden. La sobriedad y la moderación casi puritanas propuestas por Emerson se resumían en la fórmula siguiente: “Conservar la cabeza fría, los pies calientes y el cuerpo libre”81. Para estos pedagogos, el maestro de escuela representaba la autoridad en la escuela, la fuerza moral de las leyes y las instituciones republicanas. Todas estas cualidades debían reflejarse en su comportamiento cotidiano. Ahora bien, si había sido publicada mucha literatura destinada a reivindicar al institutor como parangón de las virtudes ciudadanas, la realidad de la vida aldeana limitaba enormemente el impacto de su misión. El maestro estaba sometido a la vigilancia de los funcionarios escolares y a la de los del distrito. Por ejemplo, en sus visitas, el inspector escolar debía constatar si los maestros eran serenos o irascibles, si su lenguaje era correcto y si apreciaban realmente a los niños. El inspector representaba “la sociedad vigilante y atenta a la gran misión de formar el espíritu de una nueva generación”82. El inspector podía también verificar si el maestro era “un buen ciudadano, un buen padre y un buen esposo”. Además, los distritos debían considerarlo “como una especie de padre y apóstol”83. Los reformadores liberales sabían que un buen maestro de escuela no era solamente el resultado de la vocación y de la formación, sino que además era indispensable una buena remuneración. Un análisis comparativo de los salarios de los funcionarios públicos durante la década de 1870 puede indicarnos cuál era el presupuesto asignado al director de una escuela. Al comienzo, en 1871, la situación del maestro de escuela parecía digna; por ejemplo, el Estado de Santander había decidido por decreto, en 1871, 78 Una biografía intelectual de Currie en THORNTON, Robert, James Currie, the Entire Stranger, Londres, Oliver and Boyd, 1963. 79 La publicación de la obra de Currie comenzó el 13 de marzo de 1875 en La Escuela normal, No. 19, Bogotá, p. 81. 80 Mann fue un autor particularmente seguido por Enrique Cortés. Sus Lectures on education (1840) fueron traducidas y adaptadas por La Escuela normal. Sobre las relaciones entre protestantismo y las reformas educativas en los Estados Unidos de América durante la primera mitad del siglo XIX, ver PARKERSON, Donald et PARKENSON, Jo Ann, Transitions in American Education, Londres, Routledge Farmer, 2001, pp. 31-36. 81 EMERSON, George, “El maestro de escuela”, en Escuela normal, No. 4, Bogotá, 28 de enero de 1871, p. 55. 82 CORTES, Enrique, “Organización de la Instrucción Pública”, en La Escuela normal, Bogotá, 13 de julio de 1871, p. 484. 83 Ibid., p. 484.

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entregar un salario anual de 220 pesos para los directores de escuelas primarias, suma superior al salario de un alcalde, que no ganaba más de 100 pesos y ligeramente inferior al de un juez de distrito que recibía 300 pesos84. Sin embargo, después de la guerra civil, la situación material de los institutores se volvió difícil, el apostolado y la lealtad hacia el régimen radical se convirtieron en la prioridad. Así, en 1878, la prensa oficial publicaba las quejas emitidas por algunos maestros que se lamentaban del retardo en el pago de sus salarios85. En 1881, el cierre de algunas escuelas primarias de niñas fue visto como el síntoma inmediato de la mala remuneración de las maestras86.

6. Las Sociedades de institutores Las reformas educativas radicales alentaron una práctica asociativa que evocaba el círculo de hombres letrados influyentes en la vida pública local, que se propagó en los tiempos de la reforma educativa promovida por Francisco de Paula Santander, sobre todo hacia 1825. Esta vez, sin despreciar la presencia del cura párroco, las Sociedades de institutores erigían como la figura central de la asociación al maestro de escuela. Las Sociedades de institutores, reglamentadas por la legislación de 1870, pero que se establecieron con dificultad durante el auge reformista escolar, fueron las formas de asociación que intentaron acoger a los institutores recientemente egresados de las escuelas normales. Estas asociaciones reunían tanto a los funcionarios locales de la Instrucción Pública como a “los amigos de la educación”87. Las reuniones debían realizarse todos los últimos domingos de cada mes y, más solemnemente, el 20 de julio, una fecha que el civismo de los radicales trató de instaurar como la fiesta republicana por excelencia. Sus objetivos eran semejantes a aquéllos de los círculos literarios, de tal manera que la lectura, las conferencias y la conversación eran sus principales actividades. Cada asociación de este tipo debía comprometerse en instalar una biblioteca especializada en cuestiones pedagógicas y se destinaba prioritariamente al uso exclusivo de sus miembros. En buena medida, las Sociedades de institutores fueron un punto de encuentro de las élites liberales locales alrededor de la promoción del proyecto de educación laica, pero sobre todo fue el círculo protector de la figura naciente del maestro de escuela y en desmedro de la figura tradicional del cura párroco. Desde su salida de la escuela normal, el institutor debía proseguir su formación pedagógica y participar en las actividades de los notables del distrito. En efecto, la primera de esas asociaciones, creada en el distrito de Vélez, Estado de Santander, en octubre de 1871, tenía como objetivos principales “sostener el honor de la profesión”, y “conservar vivo en los institutores públicos el sentimiento de su 84 “Decreto por el cual se asigna sueldos a los directores y subdirectores de escuelas primarias del Estado”, en La Escuela primaria, No. 4, Socorro, 12 de diciembre de 1871, p. 243. 85 El Maestro de escuela, No. 316, Bogotá, 18 de junio de 1878, p. 1262. 86 Por ejemplo, El Institutor, No. 44, Santa Marta, 15 de diciembre de 1881, p. 197. 87 DOIPP, La Escuela normal, No. 2, Bogotá, 14 de enero de 1871, p. 18. Este mismo objetivo estaba inscrito en el reglamento de la Sociedad didáctica de Socorro, en 1875.

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vocación y continuar su instrucción por medio de reuniones regulares, cursos, lecciones aisladas, consultas, conversaciones, tesis escritas, estudio de ramos particulares de enseñanza, lecturas […]”88. Las Sociedades de institutores tuvieron al frente la oposición de las Sociedades de fomento que, a partir de 1872, serían mejor conocidas como las Sociedades católicas, en las que el papel dirigente de los curas fue ampliamente notorio y cuya principal misión era fomentar la instrucción pública estrictamente católica. Las Sociedades de institutores trataron de afianzar el proceso de instalación de un sistema nacional de bibliotecas que debían, por supuesto, contar con el fervor de las élites liberales de las regiones. Según el DOIPP, uno de los objetivos del sistema escolar era “formar bibliotecas populares y promover asociaciones literarias, científicas e industriales que inciten a la lectura y el trabajo”89. La dirigencia liberal estimuló la formación de las asociaciones de institutores y les encargó la misión de fundar y administrar las bibliotecas locales. Más claramente, cada escuela normal debía poseer una biblioteca; a pesar de las desigualdades regionales, y a pesar de lo incipientes, esas bibliotecas esbozaron la difusión sistemática de una cultura intelectual laica90. Sin embargo, la vida de las Sociedades de institutores fue esporádica y marginal. El Estado de Santander fue el único que conoció un auge de este tipo de sociabilidad educacionista, sobre todo entre 1871 y 1875; la más importante de esta región fue la Sociedad didáctica que reunió, en 1875, a los notables liberales de Socorro, gracias a la iniciativa del profesor alemán Alberto Blume. Esta sociedad fundó el semanario El Pestalozziano que dejó de publicarse a causa de la guerra civil de 1876. Estas asociaciones promovieron y acogieron a los maestros recientemente diplomados. Desde su salida de la escuela normal, el maestro hacía su entrada oficial en estas asociaciones pronunciando un discurso sobre la importancia de la educación o sobre las características de ciertos modelos pedagógicos. Por ejemplo, el maestro Marco A. Barroso, egresado de la escuela normal de Socorro, fue nombrado presidente de la Sociedad de Institutores de Vélez en 1874, y su discurso inaugural fue una disertación sobre las diferencias entre el método de Joseph Lancaster y el de Pestalozzi91. Habitualmente, estos institutores estaban destinados a dirigir esas asociaciones, como sucedió en la mayoría de las Sociedades de institutores del Estado de Santander. En otras partes, esas asociaciones fueron creadas más tarde y acompañaron el declive del proyecto escolar liberal.

Conclusión Creo que esta pequeña contribución a una historia social del maestro de escuela ha permitido mostrar, o al menos insinuar, que éste fue un sujeto central de las reformas escolares del decenio 1870, y que el liberalismo radical intentó erigirlo como la figura 88 “Sociedad de Institutores de Vélez”, en La Escuela primaria, No. 2, Socorro, 7 de noviembre de 1871, p. 5. 89 La Escuela normal, t. I, No. 1, Bogotá, 7 de enero de 1871, p. 3. 90 Las características de esas bibliotecas fueron examinadas en mi tesis doctoral ya mencionada. LOAIZA CANO, Gilberto, op. cit. 91 La Escuela primaria, No. 101, Socorro, 5 de mayo de 1874, p. 108.

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civil y laica por excelencia que podía relativizar la antigua influencia del cura en la parroquia. Las escuelas normales funcionaron, en todo caso, como dispositivos en la formación de un nuevo tipo de individuo, aleccionado en los deberes como maestro y como ciudadano, como difusor del lenguaje cívico republicano, y apropiado de un método de enseñanza que marcaba distancia con respecto a la tradición cultural de la Iglesia católica. En suma, el institutor o maestro de escuela fue para la élite reformista radical la síntesis de lo que debía ser el ciudadano ideal de una nación en ciernes. Igualmente, la escuela primaria, la escuela normal y la universidad se convirtieron en los lugares de difusión del ideal de ciudadanía pregonado por los liberales. El institutor, en el proyecto educativo liberal, simbolizaba al individuo laico -o quizás mejor al intelectual laico- la supremacía del elemento civil en la vida republicana y también al futuro elector liberal. Eso puede explicar por qué los radicales colombianos habían definitivamente abandonado la práctica del club político popular de mitad de siglo, y decidieron concentrarse en el desarrollo nacional de una red escolar y en la formación de una nueva generación de institutores.

Bibliografía Fuentes primarias Archivo: Archivo Ancízar, Correspondencia entre Manuel Ancízar y Andrés Bello, 1854. Publicaciones periódicas: Anales de Instrucción Pública, Bogotá, 1884-1886; Anales de la Universidad Nacional, Bogotá, 1868; Anales religiosos de Colombia, Bogotá, 1884; Diario de Cundinamarca, Bogotá, 1872- 1873; El Institutor, Santa Marta, 1872,1880; El Maestro de escuela, Bogotá, 1874-1880; El Monitor, Medellín, 1872; El Tiempo, Bogotá, 1859; El Tradicionista, Bogotá, 1872-1876; Gaceta oficial, Bogotá, 1850; La Civilización, Bogotá, 1849; La Crónica escolar, Panamá, 1883; La Escuela, Ibagué, 1881; La Escuela, Neiva, 1881; La Escuela normal, Bogotá, 1871-1879; La Escuela primaria, Socorro, 1872-1874. Fuentes primarias impresas: Actas y decretos del Concilio primero provincial neogranadino, Bogotá, Imprenta Metropolitana, 1869. GALINDO, Aníbal, Anuario estadístico, Bogotá, Imprenta de Medardo Rivas, 1875. QUIJANO WALLIS, José M., Informe del cónsul general de Colombia en Italia, Bogotá, Imprenta Echeverría, 1881. Sínodo diocesano de Santa Fe de Bogotá, 8 de diciembre de 1870, Bogotá, Imprenta Metropolitana, 1871.

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Resguardos indígenas, ganadería y conflictos sociales en el Bolívar Grande, 1850 -1875 Resumen El discurso liberal justificó las arremetidas de la economía ganadera en expansión contra los resguardos indígenas del Bolívar Grande, considerados como formas sociales y económicas arcaicas y en contravía con la “civilización”. Lo anterior se debió a que este discurso demandaba la igualdad formal de todos los hombres frente a la ley gracias al derecho de ciudadanía, la individualización de la propiedad y la generalización de la economía de mercado. En su defensa, los indígenas y sus aliados acudieron a una simbiosis entre las viejas ideas del pacto social de origen colonial, que exigía protección a los débiles de parte de las autoridades y de los poderosos, y novedosas argumentaciones de índole histórica, moral, jurídica y social. Aunque combinaron las representaciones ante las autoridades y demandas judiciales con las acciones directas y los enfrentamientos armados, el desenlace del conflicto fue desfavorable a los indígenas, al desarticularse sus comunidades gracias a la expropiación de sus tierras. Palabras claves: Resguardos indígenas, ganadería, discurso liberal, conflictos sociales, grupos étnicos, identidad regional, siglo XIX, políticas económicas, Bolívar Grande, Costa Caribe.

Indian Resguardos, Cattle Ranching and Social Conflict in Old Bolívar, 1850-1875 Abstract Liberal discourse justified the attacks of the expanding ranching economy against communal Indian lands (resguardos) of Old Bolívar, which were considered archaic social and economic institutions that stood in the way of civilization. This justification was rooted in a discourse that demanded the formal equality of all men before the law as citizens, the privatization of property, and the spread of the market economy. To defend themselves, the Indians and their allies relied on a symbiosis between the old ideas of a social pact originating in the colonial period, which required authorities to protect to the weak from the strong, and new historic, moral, legal and social arguments. Although they combined petitioning (representaciones) authorities and law suits with direct action and armed confrontations, the outcome of the conflict was unfavorable for the Indians: with the expropriation of their land, their communities began to break apart. Keywords: Indian resguardos, cattle ranching, liberal discourse, social conflict, ethnic groups, regional identity, nineteenth century, economic policies, Old Bolívar, Caribbean coast.

Artículo recibido el 15 de noviembre de 2006 y aprobado el 11 de enero de 2007.

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Resguardos indígenas, ganadería y conflictos sociales en el Bolívar Grande, 1850 -1875 i Sergio Paolo Solano de las Aguas R Roicer Alberto Flórez Bolívar F Introducción: la invisibilidad de los indígenas En la escasa historiografía sobre el mundo agrario decimonónico de la región Caribe colombiana, las comunidades indígenas y sus resguardos han estado ausentes, lo que contrasta con los conocimientos que al respecto se tiene acerca del periodo colonial1. Ni siquiera el reciente interés por los temas relacionados con la composición étnica y el peso de cada grupo en la configuración de la región y de la nación se ha ocupado de las comunidades de nativos. Para el caso del Bolívar Grande2 se da como un hecho un periodo republicano sin indígenas, produciéndose una imagen muy parcializada sobre su composición étnica y social, y su identidad colectiva, al insistirse sólo en el i Este artículo es producto de la línea de investigación Mundo agrario: economía, sociedad y poder, del grupo Fronteras, sociedad y cultura en el Caribe colombiano del Programa de Historia, Facultad de Ciencias Humanas, de la Universidad de Cartagena, inscrito en Colciencias. R Profesor Asociado del Programa de Historia, Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Cartagena, Colombia. Ha sido director del Departamento de Investigaciones de esa Facultad y del Programa de Historia. Licenciado en Ciencias Sociales y Económicas, Cartagena, Colombia. sergiopaolosolano@yahoo.es, ssolanod@unicartagena.edu.co F Historiador y catedrático de la Universidad de Cartagena, Colombia. Estudiante de maestría en Historia de Colombia, con el Convenio Universidad de Cartagena - Universidad Tecnológica y Pedagógica de Colombia, sede Tunja. aflorezb@yahoo.com 1 Un análisis de la historiografía agraria colombiana en BEJARANO, Jesús A., Historia económica y desarrollo. La historiografía económica sobre los siglos XIX y XX en Colombia, Bogotá, Cerec, 1994, pp. 116-127; del mismo autor ver Ensayos de historia agraria colombiana, Bogotá, Cerec, 1987 y “Reflexiones sobre el carácter epistemológico de la investigación en el sector agrario”, en Encuentros nacionales de investigadores universitarios en ciencias económicas, Bogotá, Icfes, 1980-1984, pp. 33-43. Las investigaciones más sobresalientes sobre los indígenas de la costa Caribe bajo la Colonia son: RUIZ, Julián, Los indios de Cartagena bajo la administración española en el siglo XVIII, Bogotá, AGN, 1996; GONZÁLEZ LUNA, María Dolores, Resguardos coloniales de Santa Marta y Cartagena y resistencia indígena, Bogotá, Banco Popular, 1993, y “La política de población y pacificación indígena en las poblaciones de Santa Marta y Cartagena 1756-1800”, en Boletín Americanista, No. 28, Barcelona, Universidad de Barcelona, 1978, pp. 87-118; BLANCO, José, Tubará la encomienda mayor de Tierradentro, Bogotá, Universidad de los Andes, 1995, pp. 89-96, El norte de Tierradentro y los orígenes de Barranquilla, Bogotá, Banco de la República, 1987, pp. 27-104, y Atlántico y Barranquilla en la época colonial, Barranquilla, Gobernación del Atlántico, 1993, pp. 9-106; CONDE, Jorge, Ensayos históricos sobre el departamento del Atlántico, Bogotá, Presidencia de la República - Ministerio de Cultura - Departamento del Atlántico, 2002, pp. 43-67. 2 El Bolívar Grande estaba integrado por los actuales departamentos del Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba. Durante la Colonia y en la primera mitad del siglo XIX se le llamó Provincia de Cartagena; desde mediados de ese siglo fue el Estado de Bolívar y desde 1886 el Departamento de Bolívar.

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estudio de los afrodescendientes. Esto se ha acompañado de una especie de división disciplinaria en torno al estudio de los grupos étnicos, relegando el de los indígenas al campo de la arqueología y de la antropología, e invisibilizándolos en los estudios históricos sobre la República. Esta invisibilidad se explica por cuatro razones. En primer lugar, por una mentalidad colectiva sobre las relaciones entre los grupos étnicos y la formación de la Nación heredada de las elites de finales del periodo colonial y de la primera centuria republicana, que se esforzaron en proyectar una imagen mestiza de la mayoría de la población colombiana. Las recientes taxonomías de la composición étnica de la Costa, que emplean los padrones de población de finales de la dominación española y los realizados en el siglo XIX, ignoran el deliberado interés en esconder a la población negra y a las comunidades indígenas detrás del mestizaje, o reduciendo a todos sus habitantes a la condición de ciudadanos. Aunque desde la historia se han hecho algunos esfuerzos para recuperar al componente étnico negro, el problema se presenta de tal manera que se desconoce el complejo proceso de las identidades sociorraciales puesto en juego en concordancia con los diversos planos relacionales en que se desenvolvían los individuos3. En segundo lugar, se presume que desde finales de la Colonia las comunidades indígenas del Bolívar Grande habían desaparecido debido a una supuesta extinción de la población de nativos y a la transformación de sus antiguas comunidades en distritos, o en agregaciones de éstos, sobreviviendo en la República sólo el resguardo de San Andrés de Sotavento (Tuchín)4. En tercer lugar, la existencia de una historiografía sobre la cuestión agraria que, al sólo interesarse en los conflictos en torno a la propiedad territorial, redujo al resguardo indígena a la simple condición de una jurisdicción espacial e hizo a un lado a la comunidad étnica que lo habitaba, a la que sumió en la categoría de campesinado pobre5. 3

De la creciente bibliografía sobre la población negra en la región costeña los trabajos más significativos son: CUNIN, Elisabeth, Identidades a flor de piel, Bogotá, ICANH - Uniandes - IFEA - Observatorio del Caribe Colombiano, 2003, pp. 78 y ss.; HELG, Aline, Liberty and equality in Caribbean Colombia 1770 - 1835, Londres - Chapel Hill, The University North Carolina Press, 2004; WADE, Peter, Gente negra, Nación mestiza, Bogotá, Universidad de Antioquia - ICANH - Universidad de los Andes - Siglo del Hombre, 1997, pp. 33-81 y 115-130. Un análisis de la imagen mestiza construida por las elites sobre la mayoría de la población colombiana se encuentra en MÚNERA, Alfonso, Fronteras imaginadas, Bogotá, Editorial Planeta, 2005. Para un sugerente y muy bien documentado estudio sobre las polidentidades étnicas de las personas en concordancia con los diversos campos relacionales en que se desenvolvían, ver SAETHER, Steinar, Identidades e independencia en Santa Marta y Riohacha, 1750 - 1850, Bogotá, ICANH, 2005, pp. 15-33 y 85-145, e “Identidades y cultura popular en el Caribe colombiano antes de la Independencia”, en Aguaita, No. 12, Cartagena, Observatorio del Caribe Colombiano, 2005, pp. 21-26. Argumentos sobre la sola existencia del resguardo de San Andrés de Sotavento en el Bolívar Grande bajo la República aparece en la influyente obra Geografía económica de Colombia. Tomo V, Bolívar, Bogotá, Contraloría General de la República, 1942, pp. 281-283. Sólo Orlando Fals Borda llamó la atención sobre la existencia de resguardos indígenas en el Bolívar Grande durante el siglo XIX en su trabajo Historia doble de la Costa, 4 tomos, Bogotá, Carlos Valencia Editores, 1984 - 1986. Una crítica a la interpretación territorialista del resguardo indígena se encuentra en MARTÍNEZ, Armando, “El proyecto de la república de los indios”, en Memorias del VIII Congreso Nacional de Historia de Colombia. Cultura política, movimientos sociales y violencia en la historia de Colombia, Bucaramanga, Universidad Industrial de Santander, 1993, pp. 111-112, y El régimen del resguardo en Santander, Bucaramanga, Gobernación de Santander, 1993.

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En cuarto lugar, por una reciente historiografía sólo interesada en indagar sobre los grupos empresariales y sus actividades económicas, y poco preocupada por las consecuencias sociales de sus iniciativas. Así, el proceso de apropiación de grandes extensiones de tierras es visto por Eduardo Posada como el resultado de una racionalidad económica de la ganadería, debido a que la escasez de capitales y de mano de obra, la baja tecnología, las difíciles comunicaciones y las condiciones ambientales adversas conllevaron al empleo extensivo de los recursos con base en la gran propiedad. En ella participaron diversos sectores acordes con la especialización de las diversas fases de la producción, vinculando a pequeños y medianos ganaderos en las etapas de cría y levante, y no necesariamente el ganadero mantuvo una relación directa con la propiedad territorial. En consecuencia, la ganadería ha hecho aportes significativos al desarrollo de la economía regional y nacional, ayudando a la modernización del país6. Según este historiador, las transformaciones sociales que se operaron en el mundo agrario costeño se explican por el crecimiento sostenido de la población que presionó sobre los recursos naturales, desatando una competencia en el espacio comercial que acarreó su concentración en pocas manos. Todo esto “[…] implicaba el ascenso de unos y la caída de otros”7. Pues bien, la información de los gobernadores de las provincias del Estado de Bolívar donde existían resguardos, de las actas de la Asamblea Legislativa sobre los debates en torno a los proyectos de ley para abolirlos o protegerlos, de los documentos acerca de los conflictos sociales suscitados en torno a las tierras de los nativos y de las formas autónomas de administración de las mismas, y de las representaciones manuscritas e impresas de los indígenas y de sus defensores reclamando la defensa de sus derechos, muestra la existencia de un significativo número de comunidades indígenas en el Bolívar Grande (ver Mapa No.1) y su decrecimiento para finales del primer siglo de la República. No cabe duda de que en la reducción de los resguardos intervino el aumento de la población y una agricultura campesina basada en el sistema de quema y roza, que agotaba rápidamente el terreno, obligando a desplazarse y a penetrar en aquéllos, acentuando el mestizaje y produciendo una movilidad social que no se ha estudiado8. Pero los procesos que atentaban contra los resguardos tuvieron su mejor expresión, por un lado, en la expansión ganadera que centró su interés en las tierras de los indígenas y, por otro, en 6

7 8

POSADA, Eduardo, El Caribe colombiano. Una historia regional (1870-1950), Bogotá, Banco de la República - El Ancora Editores, 1997, pp. 142 y ss., “Empresarios y ganaderos en la Costa Atlántica (1850-1950)”, en DÁVILA, Carlos (comp.), Empresas y empresarios en la historia de Colombia. Siglos XIX-XX, t. I, Bogotá, Norma - Cepal - Universidad de los Andes, 2003, pp. 61-81, “La ganadería en la Costa Atlántica colombiana 1870-1950”, en Coyuntura económica, Vol. XIII, No. 3, Bogotá, Fedesarrollo, 1988, p. 149 y “Progreso y estancamiento 1870-1950”, en MEISEL, Adolfo (comp.), Historia económica y social del Caribe colombiano, Barranquilla, Universidad del Norte, 1994, p. 265. Sobre la especialización del trabajo acorde con las fases de la ganadería, ver LORENTE, Luis, “La ganadería bovina en Colombia”, en MACHADO, Absalón (coord.), Problemas agrarios colombianos, Bogotá, Siglo Veintiuno Editores - Corporación de Estudios Ganaderos y Agrícolas, 1986, pp. 331-368. POSADA, Eduardo, “La ganadería en la…”, op. cit., p. 149. TOVAR, Hermes, et al., Convocatoria al poder del número. Censos y estadísticas de la Nueva Granada 1750-1830, Bogotá, Archivo General de la Nación, 1994, pp. 470-501.

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algunas variantes del discurso liberal que en nombre de la civilización, la exaltación del individuo, el derecho de ciudadanía y la economía de mercado, terminaron por justificar las expropiaciones. Al considerar esa forma de propiedad como una supervivencia arcaica, hacendados y políticos propusieron reemplazarla por una distribución de las tierras en pequeñas propiedades entre los indígenas, a fin de individualizar todas las manifestaciones de su vida social, cultural y política y, así, poder “negociar” por separado y desvertebrar cualquier protección del Estado y las formas de resistencia de los nativos. Mapa No. 1: Resguardos indígenas en el Bolívar Grande en la segunda mitad del siglo XIX

Fuentes: Mapa base: FALS BORDA, Orlando, op. cit., t. 2, El Presidente Nieto, página inicial. Para la ubicación de los resguardos: GONZALEZ LUNA, María Dolores, Resguardos coloniales de…, op. cit.; RUIZ, Julián, op. cit.; TOVAR, Hermes, et al., op. cit., pp. 470-501; y fuentes primarias citadas en las notas al pie n° 32, 34, 35, 37 y 38.

Es en el marco de esta historiografía que este ensayo resalta el peso de la población indígena en la configuración étnica del Bolívar Grande, y muestra que la reducción de los resguardos se debió a que estuvieron en una relación inversamente proporcional con la expansión ganadera. Para comienzos del siglo XX, de los 26 resguardos solo pervivieron 7 (ver Mapa No. 2), debido a que hacendados, medianos y pequeños propietarios se interesaron en las tierras ya civilizadas de los indígenas y en éstos como proveedores de mano de obra para las actividades de las haciendas. Estas iniciativas suscitaron debates políticos en los órganos de decisión del Estado de Bolívar, que

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muestran las peculiaridades del universo mental de indígenas y algunos sectores del mundo político y letrado, en torno a lo que se ha llamado el discurso del pacto social. Este pacto se ha esgrimido de tiempo atrás para mantener un consenso social e institucional, que de una u otra forma salvaguardaba los derechos de los nativos y de otros grupos sociales vulnerables9. Mapa No. 2: Resguardos indígenas en el Bolívar Grande a comienzos del siglo XX

Fuentes: Ver fuentes del Mapa No. 1.

1. Expansión ganadera, hacendados y política En el siglo XIX el acceso a las tierras estuvo determinado por la libertad de empresa, la existencia de baldíos, la búsqueda de productos con que vincularse a los circuitos de tráficos internos e internacionales, las concesiones cedidas por los gobiernos a empresarios, el crecimiento de la población, las colonizaciones de tierras calientes y 9

Es el estudio del mundo indígena latinoamericano el que ha servido para mostrar la persistencia de ese universo cultural. Ver DEMÈLAS, Marie-Danielle, “Pactismo y constitucionalismo en los Andes” y “Estado y actores colectivos. El caso de los Andes”, en ANNINO, Antonio y GUERRA, François-Xavier (coords.), Inventando la nación. Iberoamérica siglo XIX, México, FCE, 2003, pp. 593-612 y 347-378; ANNINO, Antonio, “Pueblos, liberalismo y nación en México”, en Ibid., pp. 399-430; LEMPERIÈRE, Annick, “De la república corporativa a la nación moderna. México (1821-1860)”, en Ibid., pp. 316-346; BASTIDAS, Luis, “Tierras indígenas: legislación y conflictos”, en Presente y Pasado, Nos. 11 y 12, Mérida, Universidad de los Andes, 2001, pp. 116-139.

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vertientes, los vínculos de poder y las continuas guerras civiles. En la Costa los éxitos parciales de cultivos comerciales (tabaco, caña de azúcar, banano), de la ganadería y el aumento del consumo interno, obligaron a expandir las áreas ocupadas debido a que las técnicas agrícolas y pecuarias eran muy precarias10. La comparación de los estimativos de los principales ganaderos de las provincias del Estado de Bolívar recogidos en 1874, con los cálculos del geógrafo Francisco Javier Vergara y Velasco para finales del siglo XIX, y los realizados por los historiadores Salomón Kalmanovitz, José Antonio Ocampo y Eduardo Posada, permiten colegir que entre 1850 y 1900 el hato ganadero de esta región se había multiplicado de manera significativa. Lo anterior se reflejó en el aumento del valor de la caballería de tierra en las provincias donde la ganadería era la principal actividad económica (en la de Chinú el valor pasó de $40,oo en 1850 a $400,oo en 1880), como también en la apropiación de los baldíos11. Ese auge se debió a los cortos ciclos de exportación de ganado en pie hacia Centroamérica y el Caribe, y al aumento de la demanda interna que obligó a introducir mejoras técnicas. Alambre de púa para cercar potreros, hierbas más resistentes y de mayor valor proteínico (pará, guinea y yaraguá) y razas extranjeras para cruzarlas con las nativas, beneficiaron la ceba de reses y la producción de carne, que eran el fuerte de los hacendados. Empresarios de toda la región intensificaron sus inversiones en esta actividad, ascendiendo los ganaderos a un primer plano de la vida pública, en especial los provenientes de las Sabanas y del Bajo Sinú, en los órganos legislativos del Estado de Bolívar, desde donde adecuaron las políticas del Estado y las iniciativas privadas a sus intereses. Igualmente, mediante el tributo al degüello de ganado consiguieron trasladar las cargas impositivas a los consumidores y no a los productores, al tiempo que resistieron y echaron atrás cualquier intento por gravar la producción ganadera en los momentos en que el Estado vivía intensas crisis fiscales (1863-1870). También removieron los obstáculos al desarrollo del 10 FALS, Orlando, Historia doble de la Costa. El presidente Nieto, Bogotá, Carlos Valencia Editores, 1986, pp. 77B-87B; TOVAR, Hermes, Grandes empresas agrícolas y ganaderas, Bogotá, Ciec, 1980, y Que nos tengan en cuenta. Colonos, empresarios y aldeas: Colombia 1800-1900, Bogotá, Colcultura, 1995, pp. 25-76; MEISEL, Adolfo, “Esclavitud, mestizaje y hacienda en la provincia de Cartagena 1533-1851”, en BELL, Gustavo (ed.), El Caribe colombiano, Barranquilla, Uninorte, 1986, pp. 69-138; SANTOS, Adriana, “Haciendas, esclavos y economía: Valledupar entre 1810 y 1850”, en MARTÍNEZ, Leovigildo y SÁNCHEZ, Hugues (comps.), Indígenas, poblamiento, política y cultura en el departamento del Cesar, Valledupar, Universidad del Cesar, 2002, pp. 128-137; SÁNCHEZ, Hugues, “Haciendas y mano de obra en la provincia de Valledupar (1790-1880)”, en Becas culturales en investigación sociocultural e historia regional y/o local del departamento del Cesar, Bogotá, Observatorio del Caribe Colombiano - Gobernación del Cesar, 2006, pp. 1-46. Sobre la precariedad de las técnicas agrícolas, ver BEJARANO, Jesús, Economía y poder, Bogotá, SAC - Cerec, 1985, pp. 79-122. 11 POSADA, Eduardo, El Caribe colombiano…, op. cit., pp.145-147; KALMANOVITZ, Salomón y LÓPEZ, Enrique, La agricultura colombiana en el siglo XX, Bogotá, Banco de la República - FCE, 2006, pp. 123-124; OCAMPO, José A., Colombia y la economía mundial 1830 - 1910, Bogotá, Universidad Nacional - Siglo XXI Editores - Fedesarrollo, 1984, pp. 38 y ss. y 369-371, e “Informe del gobernador de la Provincia de Chinú”, en Gaceta de Bolívar, agosto 29 de 1869; “Cuadro que manifiesta el número y valor aproximado de las cabezas de ganado de todas clases, que existen en el territorio del Estado de Bolívar” e “Informe del gobernador de la provincia de Chinú” en Diario de Bolívar, Cartagena, febrero 13 de 1875 y agosto 20 de 1880; TOVAR, Hermes, “Los baldíos y el problema agrícola en la costa Caribe colombiana (1830-1900)”, en Fronteras, No. 1, Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 1997, pp. 35-55; LeGRAND, Catherine, Colonización y protesta campesina en Colombia 1850-1950, Bogotá, Universidad Nacional, 1988.

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mercado de tierras, y fueron los más favorecidos con los remates de los bienes inmuebles rurales desamortizados a la Iglesia en 186112. Recientes estudios prosopográficos y de las redes sociales y políticas tejidas por las elites de la región muestran las concordancias entre algunos ciclos económicos y la movilidad social y política durante el último tercio del siglo XIX13. Aunque los ganaderos siempre estuvieron presentes en los organismos de decisión política del Bolívar Grande, con el despegue y la consolidación de esta economía empezaron a actuar como grupo, con un significativo protagonismo de los hacendados de las sabanas y del bajo Sinú14. De 1870 en adelante promulgaron una legislación sobre asuntos 12 “Cuadro de la Provincia presentado por el Señor Gobernador a la Cámara en su cuarta reunión ordinaria”, en Constitucional de Cartagena, Cartagena, septiembre 30 de 1835; NIETO, Juan José, “Geografía histórica, estadística y local de la Provincia de Cartagena, República de la Nueva Granada descrita por cantones”, en Selección de escritos históricos y políticos, Barranquilla, Gobernación del Atlántico, 1993, pp. 35-52; “Informe del gobernador de la provincia de Chinú sobre el cultivo del tabaco”, en Gaceta Oficial del Estado Soberano de Bolívar, octubre 12 de 1862; “Informe del gobernador de la provincia de Mompós”, en Gaceta Oficial del Estado Soberano de Bolívar, octubre 5 de 1862; “Informe del gobernador de la provincia de Chinú”, en Gaceta de Bolívar, agosto 29 de 1869; “Cuadro que manifiesta el número y valor aproximado de las cabezas de ganado de todas clases, que existen en el territorio del Estado de Bolívar 1874”, en Diario de Bolívar, febrero 13 de 1875; “Informe del gobernador de la provincia de Mompós”, en Diario de Bolívar, julio 24 de 1878; “Informe del gobernador de la provincia de Corozal” e “Informe del gobernador de la provincia de El Carmen”, en Diario de Bolívar, agosto 10 y julio 30 de 1879; “Informe del gobernador de la provincia de Mompós” e “Informe del gobernador de la provincia de Chinú”, en Diario de Bolívar, julio 15 y agosto 20 de 1880; “Informe del gobernador de la provincia de Sabanalarga”; “Informe del gobernador de la provincia de Mompós” e “Informe del gobernador de la provincia de Chinú”, en Diario de Bolívar, agosto 6 y 7 de 1879, julio 23 y 24 de 1878 y agosto 20 de 1880. Sobre la defensa de los ganaderos contra los gravámenes ver “Informe de la comisión de revisión […] del proyecto de ley sobre derecho de degüello”, en Gaceta de Bolívar, noviembre 4 de 1866. Sobre las innovaciones técnicas que favorecieron a los grandes hacendados, ver LORENTE, Luis, “La ganadería bovina en Colombia”, en MACHADO, Absalón (coord.), Problemas agrarios colombianos, Bogotá, Siglo Veintiuno Editores - Corporación de Estudios Ganaderos y Agrícolas, 1986, pp. 336-337. 13 VERBEL, Grey, Elites y redes de poder en torno al proyecto regenerador. Cartagena 1874-1892, Universidad de Cartagena, tesis para optar al título de historiadora, 2005 (inédita); TRONCOSO, Luis, “Crisis y renovación del conservatismo cartagenero”, en El Taller de la Historia, No. 1, Cartagena, Universidad de Cartagena, 2001, pp. 123-150; QUIROZ, Patricia, “Manuel Dávila Flórez y la construcción de la hegemonía conservadora en Bolívar”, en BUENAHORA, Giobanna, ORTIZ, Javier, et al. (eds.), Desorden en la plaza. Modernización y memoria urbana en Cartagena, Cartagena, Instituto Distrital de Cultura, 2001, pp. 65-82; FERNÁNDEZ, Alfonso, Guerras, negocios y políticas. Relaciones de poder en Cartagena, Colombia. 1885 - 189, Cartagena, 1998 (inédito). Para un seguimiento a la movilidad de la elite del Bolívar Grande a lo largo del siglo XIX ver RESTREPO, Jorge, “Personajes de la vida económica, política y social de Cartagena a fines del siglo XIX”, en Huellas, No. 26, Barranquilla, Universidad del Norte, 1989, pp. 17-23; RESTREPO, Jorge y RODRÍGUEZ, Manuel, “La actividad comercial y el grupo de comerciantes de Cartagena a fines del siglo XIX”, en Estudios Sociales, No. 1, Medellín, Faes, 1986, pp. 43-109; RESTREPO, Pastor, Genealogías de Cartagena de Indias, Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 1995; VILORIA, Joaquín, Cuadernos de Historia Económica y Empresarial. Ganaderos y comerciantes en Sincelejo, 1880-1920, No. 8, Cartagena, Banco de la República, 2001; RIPOLL, María T., Cuadernos de Historia Económica y Empresarial, La actividad empresarial de Diego Martínez Camargo, 1890 - 1937, No. 2, Cartagena, Banco de la República, 1999; BURGOS, Remberto, El general Burgos, Cartagena, Gobernación de Bolívar - Iiec, 2000. 14 En la provincia de Sabanalarga las familias Manotas, Solano, Llinás, Moreno; en la de Chinú, Santodomingo, Navas, Pinedo, Castillo, Mendoza y Pineda; en la de Lorica, Burgos, Laza Grau, Lugo, Corrales, Martelo, Martínez Camargo; en la de Barranquilla, Palacio, Márquez, Insignares; en la de Magangué, Comas, Viñas y García; en las de Corozal y Sincelejo, Verbel, Flórez, Navas, Támara, Vergara, Pérez, Valverde, Romero, Gómez-Casseres, Arrázola, Urzola, Martelo; en Mompox, Salzedo Ramón, Jiménez, Guerra; en la de El Carmen, Bustillo, Pareja González; en Montería, Gómez, Recuero, Martínez, Vélez, Racero y Cabrales. Aparecen igualmente muchas otras registradas en las actas de las sesiones de la Asamblea Legislativa del Estado de Bolívar en calidad de diputados y desempeñando otros cargos públicos. También

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agropecuarios, para esclarecer los tipos de dominio y posesión del suelo, y garantizar la libre comercialización de la tierra, intentando que su valor estuviera determinado por las leyes del mercado y no por factores extraeconómicos, como las tradiciones corporativas de dominio territorial y otras costumbres locales y comarcanas. Esto fue necesario porque el acceso a la tierra en un contexto caracterizado por diversas formas de propiedad y de usufructo del suelo, a más de la dificultad para establecer, aclarar y delimitar los títulos, revivió y suscitó viejos y nuevos conflictos con las formas corporativas de propiedad (ejidos y resguardos) y con los proindivisos o tierras de mancomunidad15. Las consecuencias del ascenso de los ganaderos con sus particulares iniciativas económicas y políticas generaron conflictos sociales, cuyas características y actores involucrados dependieron de las tierras en disputa. Mientras que los ejidos y las tierras en mancomunidad podían formar parte del mundo de los hacendados y demás habitantes de las poblaciones, los resguardos fueron los más vulnerables a causa del conjunto de representaciones discriminatorias, construidas sobre las formas de vida de los indígenas. Sus tierras fueron apetecidas por su fertilidad y provisiones de agua, gracias a que las autoridades coloniales se habían interesado en convertir a encomiendas y resguardos en las despensas agrícolas de las poblaciones y en mantener a los nativos separados de los centros de poblamiento de blancos. Además, en algunos casos, distritos e individuos lograron ejidos y tierras particulares luego de conflictos con las comunidades indígenas de sus alrededores16. Parte importante de la situación vivida por los indígenas estuvo relacionada con la necesidad del régimen republicano de definir la ubicación y funciones de los distintos grupos sociales en el nuevo orden político y social. Para esto se confiaba en que se les registran en los listados de contribuyentes por posesiones de caballerías de tierras, llamado “impuesto agrario” que se estableció entre 1867 y 1869. Ver “Registro de las personas obligadas al pago del impuesto agrario en la provincia de Lorica […]”; “Registro de las personas obligadas al pago del impuesto agrario en la provincia de Corozal […]”; “Registro de las personas obligadas al pago del impuesto agrario en la provincia de Sabanalarga […]”; “Registro de las personas obligadas al pago del impuesto agrario en las provincias de Cartagena y Chinú […]” ; “Registro de las personas obligadas al pago del impuesto agrario en la provincia de Mompos […]” “Registros adicionales de las personas obligadas al pago del impuesto agrario en las provincias de Corozal, Sabanalarga, Chinú y Cartagena […]”; “Registro de las personas obligadas al pago del impuesto agrario en las provincias de Sincelejo, Carmen y Cartagena […]”; “Registro de las personas obligadas al pago del impuesto agrario en las provincias de Sincelejo, Carmen y Barranquilla […]”; “Registro adicional de las personas obligadas al pago del impuesto agrario en la provincia de Lorica […]”; en Gaceta de Bolívar, abril 5, 19 y 26, mayo 10, julio 21 y 26 y agosto 16 de 1868. 15 Sobre la remoción de obstáculos al mercado de tierras, ver “Proyecto de ley sobre movilización de la propiedad raíz”, en Gaceta de Bolívar, diciembre 16 de 1869; Leyes expedidas por la Asamblea Legislativa del Estado Soberano de Bolívar en sus sesiones ordinarias de 1878 y 1879, Cartagena, Tipografía de A. Araujo, 1880, p. 81; Leyes expedidas por la Asamblea Legislativa del Estado Soberano de Bolívar en sus sesiones ordinarias de 1880, Cartagena, Tipografía de A. Araujo, 1881, pp. 48-49, 57-58 y 68-72; Leyes expedidas por la Asamblea Legislativa del Estado Soberano de Bolívar en sus sesiones ordinarias de 1884, Cartagena, Tipografía de A. Araujo, 1884, pp. 91-105. Sobre los conflictos por tierras en mancomunidad, ver “Presidencia de la junta de condueños de los terrenos ‘La Negra’, en Tetón”, en Diario de Bolívar, marzo 11 de 1876. 16 BLANCO, José, Tubará la encomienda…op. cit., pp. 89-96, El norte de Tierradentro…op. cit., pp. 27-104 y Atlántico y Barranquilla…op. cit., pp. 9-106; CONDE, Jorge, Ensayos históricos…op. cit., pp. 43-67 y Espacio, sociedad…op. cit., pp. 15-16.

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“el rápido avance de la civilización” transformara las tradiciones y formas de vida indígenas, que obstaculizaban la construcción de una sociedad de ciudadanos y una economía de mercado. La persistencia de los conflictos heredados de la Colonia, la inestabilidad política y económica, el temor a levantamientos de los indios y el imaginario indigenista que emplearon los criollos para justificar la Independencia, llevaron a que en los primeros decenios de la República se mantuvieran parte de las formas proteccionistas establecidas por la administración española17. En mayo de 1811 la Junta de Gobierno de Cartagena prohibió la presencia de ganado suelto en los resguardos “sea de indio o de otra casta”, pues se consideraba a “[…] los territorios de los indios […] destinados […] a la agricultura”. Con el propósito de estimular el mestizaje se estatuyó la exoneración de pago de terraje a los libres que se casaran con indias y vivieran en los resguardos, mientras que si no se casaban debían pagarlo por cada cabuya (100 varas) de extensión cultivada. Pretendiendo proteger las tierras de los indígenas, se obligó a los resguardos de la provincia de Cartagena a permanecer bajo la condición de proindivisos, en la extensión de una legua castellana (4.2 kms.) de radio a la redonda de la iglesia de la población. No se les podía molestar ni incomodar y se prohibía tener hatos de ganado en los términos del resguardo18. El gobierno central también emitió disposiciones intentando proteger a los indígenas. Un decreto de 1820 ordenó “devolver a los naturales los resguardos”; y un año después una ley extinguió el pago del tributo indígena, manteniendo al pequeño cabildo como administrador del resguardo19. Otra ley de 1824 consagró el respeto a su propiedad territorial y su defensa “de las agresiones de sus vecinos”. Con base en estas disposiciones se emitieron las leyes del 2 de junio de 1834 y del 23 de junio de 1843, que otorgaban potestades al poder ejecutivo nacional para que llevara a cabo la repartición de tierras entre las comunidades de indios, encomendando a las cámaras provinciales la tarea de delimitar y deslindar los globos de terrenos, y delegando en los personeros comunales la función de proteger las tierras de los resguardos contra los abusos de los contratos de arrendamiento, que por lo regular eran onerosos para los nativos20. Pero una cosa era la voluntad de las autoridades centrales y otra, los intereses de las gentes próximas a los resguardos. Un año más tarde de emitida la Ley de 1834 la Cámara Provincial de Cartagena logró que el poder ejecutivo suspendiera su aplicación 17 Sobre esos imaginarios, ver SOLANO, Sergio Paolo, “Empresarios, proyectos de modernización e imaginarios sociales en la provincia de Cartagena durante la primera mitad del siglo XIX”, en Historia y Cultura, No. 3, Cartagena, Universidad de Cartagena, 1995, pp. 9-38. 18 “Edicto”, en El Argos Americano, Cartajena, mayo 13 de 1811. 19 Acerca de la legislación de la primera mitad del siglo XIX sobre los indígenas ver: “Lei 1.- Octubre 11 de 1824. Sobre la abolicion del tributo, i repartimiento de los resguardos de indíjenas”; en POMBO, Lino de (comp.), Recopilacion de leyes de la Nueva Granada, Bogotá, Imp. de Zoilo Salazar, 1845, pp. 100-103. También ver el “Decreto de 1820 (mayo 20) que ordena devolver a los naturales los resguardos”, en Fuero Indígena Colombiano, Bogotá, Presidencia de la República, 1990, pp. 11-25. 20 “Lei 2.- Marzo 6 de 1832. Sobre repartimiento de los resguardos de indíjenas”; “Lei 3.- Junio 2 de 1834. Adicional a las leyes sobre repartimientos de los resguardos de indíjenas” y “Lei 4.- Junio 23 de 1843. Sobre proteccion a los indíjenas”, en POMBO, Lino de (comp.), Recopilacion de leyes de la Nueva Granada, pp. 100-103.

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en el territorio bajo su jurisdicción, debido a la gran confusión que reinaba, que en nada era distinta de la que vivían los indios de muchas otras regiones del país. La Cámara provincial señaló que existían pocos resguardos demarcados, se desconocían los títulos de propiedad, sus tierras estaban rodeadas de haciendas que constreñían a los indios, pues la técnica de roza y quema demandaba espacios21. En los distritos del Bolívar Grande en que existían resguardos, desde los años de 1840 los sectores de notables demandaron la disolución de esas formas corporativas de propiedad territorial, bajo el argumento de la necesidad de impulsar la economía empresarial en sus inmediaciones. En 1846 una carta apócrifa fechada en Chinú solicitaba la libertad comercial de estos terrenos por ser los mejores y porque los indígenas perseguían y sacrificaban al ganado que les dañaba las sementeras, lo que ocasionaba continuos enfrentamientos que en algunas ocasiones terminaban en asesinatos22. Con la creciente federalización del Estado, que delegó a los gobiernos regionales los asuntos relativos a las comunidades indígenas, y con el triunfo del discurso liberal, se vieron favorecidos los sectores regionales y locales interesados en echar mano de las tierras de los resguardos. Ahora, éstos fueron vistos como contrarios al principio constitucional que consagraba que “[…] la propiedad raíz no puede adquirirse con otro carácter que el de enajenable y divisible a voluntad exclusiva del propietario, y de transmisión a los herederos conforme al derecho común”23. Esta norma constitucional para los Estados Unidos de Colombia también fue consagrada por la Constitución del Estado de Bolívar de 1863, que prohibía a la Iglesia convertirse en propietaria, además de cualquier forma de vínculo sobre la propiedad territorial que la sacara de la circulación comercial. Dos años después el Estado de Bolívar se dotó de una nueva Constitución en la que se estipuló el derecho a la igualdad, “[…] y en consecuencia no es lícito conceder privilegios o distinciones legales que cedan en puro favor o beneficio de los agraciados, ni imponer obligaciones especiales que hagan a los individuos sujetos a ellas, de peor condición que a los demás”, así como la libertad de industrias y la inviolabilidad de la propiedad24. Entre 1860 y 1900 fueron continuos los reclamos y las representaciones de los sectores sociales afectados. Los enfrentamientos físicos, los choques de jurisdicciones entre las autoridades y las quejas de los funcionarios oficiales fueron suficientemente frecuentes como para ignorar que el campo costeño era escenario de conflictos sociales que tuvieron su centro de gravedad en el nacimiento y desarrollo de la economía ganadera. 21 “Decreto (noviembre 21) que suspende el repartimiento de los resguardos de indígenas en la provincia de Cartagena”, en Codificación Nacional. Tomo IV años de 1833, 1834 y 1835, Bogotá, Imp. Nacional, 1925, pp. 819-820. 22 “Sobre la adjudicación y enajenación de las tierras públicas de la provincia”, en Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, noviembre 14 de 1846. 23 Sobre la Constitución de Rionegro de 1863 ver Constitucion i leyes de los Estados Unidos de Colombia expedidas en los años de 1863 a 1875, t. 1, Bogotá, Imprenta de Medardo Rivas, 1875, p. 6. 24 Para el caso de la Constitución del Estado de Bolívar en 1863 ver “Constitución política del Estado”, en Gaceta Oficial del Estado Soberano de Bolívar, Cartajena, julio 12 de 1863; la Constitución del Estado de Bolívar en 1865 se puede ver en Compilacion de leyes del Estado Soberano de Bolívar 1857-1875, Cartajena, Tipografía A. Araujo, 1876, pp. xx y xxvii.

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Los cabildos indígenas elevaban sus quejas ante las autoridades, pidiendo que se les protegiera en sus derechos, se levantaban esporádicamente contra los sectores que presionaban sobre sus tierras, obligando a intervenir a las autoridades, las que a su vez terminaban enfrentadas por asuntos jurisdiccionales y de interpretación de las normas jurídicas regionales y nacionales. Esa relación entre las zonas de expansión ganadera y las presiones sobre las áreas de los resguardos indígenas, como también entre los agentes portadores del discurso liberal abolicionista y sus inversiones en ganadería, se puede observar a través de un ejercicio de cartografía de las áreas de apropiación del suelo, con base en los estudios de Catherine LeGrand, Orlando Fals25,Hermes Tovar y en información de los archivos. Lo anterior gracias a la racionalidad económica que llevó a empresarios y hacendados a buscar concentrar buena parte de las tierras usufructuadas por la población campesina próxima a los poblados y caminos, como también de los resguardos, porque ya estaban civilizadas; eran las más valorizadas y ofrecían cierto acceso a fuerza de trabajo muy escasas hasta comienzos de los años 192026. El área de expansión ganadera estaba ubicada entre los Montes de María y los ríos Sinú, Cauca, San Jorge y Magdalena, y contenía la mayor parte de la población indígena del Bolívar Grande. Desde el siglo XVIII los asentamientos indígenas de esta área fueron atravesados por dos ejes de poblamiento de “gentes de todos los colores”, que tenían su epicentro en Sincelejo - Corozal - Sincé. A éstos convergieron un eje longitudinal que va de Magangué a Lorica y Tolú, y otro latitudinal, que se desplaza de El Carmen de Bolívar, en el norte, a Montería, en el sur, sobre el río Sinú. El crecimiento demográfico de la mayoría de las parroquias de vecinos libres comprendidas en esos ejes, así como las posibilidades económicas de los cultivos comerciales y de la ganadería, se enfrentaron al problema de estar enclavadas en medio de esos territorios de resguardos (Colosó, Toluviejo, Morroa, San Andrés de Sotavento, Sabaneta, Sampués, San Sebastián, Cereté, San Nicolás de Bari y otros)27. Esta situación se reproducía en menor escala en otras zonas del Bolívar Grande, como fue el área norte y central del departamento del actual Atlántico y el norte del actual departamento de Bolívar. En el primero se encontraban los resguardos de Tubará, Piojó, Usiacurí, Galapa y Malambo, y entre ellos las poblaciones de Barranquilla, Juan de Acosta, Sabanalarga, Santo Tomás, Sabanagrande y Palmar de Varela. Mientras que 25 FALS BORDA, Orlando, Historia doble de la Costa, 4 tomos, Bogotá, Carlos Valencia Editores, 1984-1986. 26 LeGRAND, Catherine, op. cit., pp. 66 y ss.; TOVAR, Hermes, “Los baldíos…”, op. cit. 27 Sobre estos resguardos en el siglo XVIII, ver TOVAR, Hermes, et al., Convocatoria al poder del número…, op. cit., pp. 470-501; GONZÁLEZ LUNA, María Dolores, “La política de…, op. cit., pp. 92-93; RUIZ, Julián…, op. cit., pp. 52-53 y 61-64; Sobre el poblamiento de las sabanas ver HUERTAS, Manuel, Cabildo y merced de tierra régimen para poblar el partido de Tolú, Sabanas y Sinú, Sincelejo, Alcaldía de Tolú, 1992, pp. 9-56; TÁMARA, Edgardo, Historia de Sincelejo, Bogotá, Editorial Presencia, 1997, pp. 87 y ss.; BLANCO, José, El norte de Tierradentro…, op. cit., pp. 27 y ss, Atlántico y Barranquilla…, op. cit., pp. 9-106 y Tubará la encomienda…op. cit., pp. 94-95; CONDE, Jorge, Ensayos históricos…, op. cit., pp. 43-67; REVOLLO, Pedro, Historia del Departamento del Atlántico, Barranquilla, Clío Caribe, (sin fecha), pp. 69-103.

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en el norte de Bolívar estaban los resguardos de Villanueva (Timirihuaco), Turbaco y Turbana, cruzándose con los términos territoriales de los municipios de San Estanislao, Santa Catalina, Arjona y Cartagena, o hacia los alrededores de Magangué donde se encontraban los resguardos de Jegua y Guazo (ver cuadro No.1). Cuadro No. 1: Distribución de los resguardos indígenas por provincias en el Estado de Bolívar Provincias Barranquilla Sabanalarga Cartagena El Carmen Mompox Magangué Lorica Chinú Sincelejo

Resguardos Tubará, Galapa y Malambo Piojó y Usiacurí Timiriguaco, Turbaco y Turbana Zambrano y Tetón Tacaloa, Talaigua, Menchiquejo y Chilloa Yatí, Jegua, Guazo San Nicolás de Bari y Cereté Chinú y San Andrés de Sotavento Toluviejo, Colosó, Morroa, Sincé y Sampués

Fuentes: Elaborado a partir de la información del Mapa No. 1.

Los resguardos emblemáticos de los conflictos entre los indígenas y los hacendados, colonos y sectores de las autoridades en el Bolívar Grande durante esos decenios fueron los de Tubará, Jegua y Guazo, Cereté, San Andrés de Sotavento, San Nicolás de Bari y Toluviejo. De los resguardos indígenas de la provincia de Barranquilla, Tubará fue el que más afrontó las presiones externas sobre sus tierras debido a la proximidad de Barranquilla, asiento de un importante sector de empresarios con una alta capacidad especulativa. Éstos invirtieron en ganadería gracias al crecimiento demográfico y al aumento del consumo de carnes, así como a las exportaciones de ganado en pie con destino a países de Centroamérica y del Caribe insular entre 1868 y 1882. Los indígenas de Tubará vivieron en continua zozobra por sus enfrentamientos con los hacendados y con las poblaciones circunvecinas interesadas en sus tierras, como también por las confusiones que ocasionaron la expedición de la norma de desamortización de bienes de manos muertas de la Iglesia (1861) y la Constitución de 1863. Por un lado mantuvieron frecuentes enfrentamientos con los habitantes de la vecina población de Juan de Acosta, sitio de libres surgido a comienzos del siglo XVIII, que concentraba una significativa proporción de blancos que veían con desenfado que su parroquia estuviera enclavada entre los resguardos de Galapa y Tubará, los que les dificultaba el acceso a la tierra y los obligaba a pagar derecho de terraje a aquellos resguardos. Por esto, las autoridades de la provincia de Sabanalarga solicitaban a las autoridades centrales del Estado tierras para esta población28. 28 Sobre Juan de Acosta, ver REVOLLO, Pedro, Historia del departamento…, op. cit., pp. 95-102; también ver BLANCO, José, Atlántico y Barranquilla…op. cit., pp. 9-62 y 99-102. Sobre las tierras particulares de esta población, ver Archivo Histórico del Atlántico (en

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En esas circunstancias se entiende que se desarrollaran situaciones de conflicto entre los habitantes de ambas poblaciones, en especial por los daños que las reses infringían a las sementeras de los indios, procediendo éstos a sacrificarlas. En 1863 el Concejo Distrital de Tubará expidió un acuerdo que establecía la retención del ganado hasta que su propietario pagara los perjuicios causados y una multa, y en caso de que no lo hiciera, se procedía con la venta de las reses en remate público. Disposición declarada inconstitucional por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Bolívar por considerar que los cabildos no tenían funciones judiciales. Muchas veces estos conflictos tomaron la vía de hecho. Por ejemplo, en 1867 en retaliación por el sacrificio de varias reses por parte de los indios, habitantes de Juan de Acosta penetraron en el resguardo de Tubará, se llevaron a un indio y lo encarcelaron, a lo que los indígenas reaccionaron tomándose la cárcel y liberándolo. Todo parece indicar que durante estos años las disputas fueron constantes; el gobernador de la provincia de Barranquilla informaba al poder ejecutivo del Estado de Bolívar que los indígenas de Tubará, Galapa y Malambo no cesaban en sus quejas y reclamaciones, al igual que los vecinos de los distritos limítrofes, “[…] principalmente en Tubará en que han estado próximos a atacarse y batirse los indígenas con los demás vecinos […]”29. Las principales familias de empresarios y políticos de Barranquilla también empezaron a presionar sobre las tierras del resguardo de Tubará, debido a su ubicación entre los resguardos de Tubará, Galapa y Malambo, al despegue de la economía ganadera y el ciclo de exportación a Cuba y Centroamérica (1868-1882). El caso más significativo fue el de la familia Palacio, emparentada con Rafael Núñez, que desde mediados de siglo había irradiado sus intereses por esa zona aledaña al resguardo de Tubará, invirtiendo en ganado, tierras y comercialización de algodón, la que mantuvo un fuerte litigio con ese resguardo. Francisco de J. Palacio, gobernador de la provincia de Barranquilla entre 1876 y 1878, y miembro de esa familia, demandaba la necesidad de que los terrenos de ese resguardo fuesen liberados de la condición de tierras corporativas para impulsar el desarrollo de la ganadería, reclamando el apoyo de la ley para acceder a esas tierras y buscando la forma de impedir que se desataran conflictos sociales: “[…] a consecuencia de la exportación de ganado para la isla de Cuba, cada cual por su parte hace lo que está a su alcance para extender sus potreros adelante AHA), Barranquilla, Colombia, Fondo notarial. Protocolo de 1890, tomo 8, Escritura No. 465. Sobre la carencia de ejidos ver “Terrenos de los distritos”, en Diario de Bolívar, septiembre 6 de 1883. 29 Ver “Informe del gobernador de la provincia de Barranquilla”, en Gaceta de Bolívar, agosto 28 de 1870; acerca de las retaliaciones de los habitantes de Juan de Acosta contra los indios de Tubará y sobre las presiones de los indígenas contra las autoridades del distrito de Juan de Acosta, ver “Informe del gobernador de la provincia de Barranquilla sobre la marcha de la administración pública”, en Gaceta de Bolívar, marzo 31de 1867; sobre el acuerdo del distrito de Tubará, ver: “Acuerdo del Tribunal Superior de Justicia del Estado […]”, en Gaceta Oficial del Estado Soberano de Bolívar, febrero 15 de 1863; “Informe del gobernador de la provincia de Barranquilla”, en Gaceta de Bolívar, 28 de agosto de 1870; AHA, Fondo notarial, Protocolo de 1854, Escritura No. 38, de 31 enero de 1854, “Poder especial. Remigio de la Hoz a favor de José Gravier, apoderado de los indígenas de Galapa”; Protocolo de 1859, Escritura No. 14, de 21 de enero de 1859, “Poder especial. Varios vecinos del resguardo indígena de Galapa, a favor de José Gravier” y Protocolo de 1870, Escritura No. 125 de 24 de agosto de 1870, “Arrendamiento. Los naturales de Malambo a Miguel J. Samper Anguiano, Nicolás Ballestas y Alejandro Díaz Granados”.

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i preparar nuevas tierras para la siembra de la paja y de otros productos agrícolas […] los terrenos más propios para establecer crías de ganado […] se encuentran en poder de los agraciados o favorecidos que poseen lo que hoy se llaman resguardos de indígenas, debido a la cesión que de los terrenos en referencia hizo Fernando VII”30.

Meses más tarde volvió a acusar a los indígenas de Tubará de privilegiados, indolentes, arbitrarios y de estar gozando de unos derechos ilegítimos, y solicitó devolver a los concejos distritales la facultad de legislar sobre los resguardos. Esta vez su propuesta se basaba en la idea de que los distritos estaban situados entre los terrenos de los resguardos, “[…] resultando de aquí continuas disensiones, altercados, pleitos, que traen a esas desgraciadas poblaciones en estado de efervescencia, y que las más de las veces se deciden por la fuerza, con gran perjuicio de los litigantes”31. Poco tiempo después, un diputado por la provincia de Barranquilla presentó un proyecto de ley que demandaba la disolución de los resguardos que no se hubiesen repartido entre los indígenas, proponiendo que las tierras pasaran a formar parte de los ejidos de los distritos. Esta iniciativa suscitó un debate en la Asamblea Legislativa del Estado de Bolívar, pues la comisión que estudió el proyecto conceptuó que la propiedad de los indígenas era legítima pese a haber salido de manos del gobierno colonial, y que el no cumplimiento de las disposiciones republicanas para que los resguardos fuesen repartidos entre los indígenas no ilegalizaba esa propiedad colectiva. La comisión también señaló que cualquier atentado contra la propiedad comunal indígena era asimismo un atentado contra la institucionalidad del país, que consagraba unos procedimientos legales para acceder a la propiedad individual y distrital y, por último denunció que con la Constitución de 1863 “[…] se ha atentado por medio de leyes contra los derechos de los indígenas”32.

30 “Informe del gobernador de la Provincia de Barranquilla […] 1876”, en Diario de Bolívar, 11 y 12 de agosto de 1876. 31 “Informe del gobernador de Barranquilla”, en Diario de Bolívar, 3 de septiembre de 1877. También ver “Informe del gobernador de la provincia de Barranquilla […] 1878”, en Diario de Bolívar, 27 de agosto de 1878. Sobre el remate de las tierras del resguardo de Tubará puede verse AHA, Barranquilla, Fondo notarial, Protocolo de 1886, t. 1, Escritura No. 104 y BLANCO, José, Tubará la encomienda…, op. cit., pp. 94-95. 32 “Proyecto de ley sobre resguardos indígenas” e “Informe de la comisión”, en Diario de Bolívar, 2 de octubre de 1877. Es abundante la información sobre iniciativas legislativas para abolir los resguardos o para que sus tierras fueran administradas por los distritos en que estaban ubicados, como también las disposiciones ejecutivas y judiciales rechazando esas pretensiones. Ver “Asamblea Legislativa del Estado. Sesión del día 9 de octubre de 1867”, en Gaceta de Bolívar, 3 de noviembre de 1867; “Asamblea Legislativa, Proyecto de ley sobre administración de los resguardos indígenas”, en Gaceta de Bolívar, 5 y 8 de octubre de 1871; “Secretaria General del Estado. Resoluciones. Que considera a las comunidades indígenas del Estado en el goce de los derechos que garantiza en articulo 15 de la Constitución Nacional”, en Gaceta de Bolívar, 7 de julio de 1873; “Poder Ejecutivo del Estado. Decretos”, en Gaceta de Bolívar, 15 de agosto de 1873; “Representación de varios indígenas de Toluviejo y resolución”, en Gaceta de Bolívar, 20 de septiembre de 1873; “Proyecto de ley que manda repartir los resguardos de indígenas”, en Diario de Bolívar, 19 de octubre de 1875; “Memorial de varios vecinos del extinguido distrito de Malambo y resolución”, en Gaceta de Bolívar, 28 de enero de 1869; “Administración de justicia. Autos”, en Gaceta de Bolívar, 15 de mayo de 1870.

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2. Los resguardos indígenas: “privilegios paternalistas” versus ciudadanía La discusión del mencionado proyecto permite ver las confusiones suscitadas por las interpretaciones de la Ley de Desamortización de Bienes de Manos Muertas (1861) y las normas de la Constitución de 1863 sobre la igualdad, la propiedad individual y la libertad de comercio. Para muchos la interpretación permitía terminar con las formas tradicionales de autoadministración basadas en los pequeños cabildos y los capitanes indígenas, por lo que solicitaban que los bienes de los indios pasaran a ser gobernados por los concejos de los distritos, en cuya jurisdicción estaban los resguardos. Pero los indígenas contaron con la defensa de quienes hacían una lectura de la doctrina liberal a la luz de ciertas tradiciones, de la experiencia política de la teoría del pacto social, como también de las circunstancias de la región y de sus particulares expectativas políticas. Esta interpretación estuvo representada por la fracción liberal seguidora de Juan José Nieto, caudillo liberal bolivarense, nacido cerca de Tubará y criado en Cartagena. En mensaje que éste presentó a la Asamblea a comienzos de 1864 ante las continuas oposiciones a las normas que protegían a los resguardos, señaló: “Hay una conflagración general contra los expresados resguardos que las Cortes de España concedieron a los indígenas conquistados. Se quiere que se abandone a su propia suerte a estos desgraciados, y se cree, por los que de ello esperan obtener ventajas, que es contrario a la Constitución protegerles en sus propiedades. Dejar abandonada a una clase desgraciada, arrebatarle en beneficio de unos pocos el único pedazo de tierra que los conquistadores de estos pueblos, a pesar de bárbaros y ambiciosos, les señalaron, sería una iniquidad que no podría justificarse con la constitución”33.

Nieto solicitó a los gobernadores provinciales recabar informes detallados sobre los resguardos existentes en las áreas bajo sus jurisdicciones, censar a los indígenas especificando edades, estado civil, tributarios, a los no indígenas que vivían dentro de los términos de los resguardos, sus cultivos, crías, casas y administración del tributo. Con esta información se buscaba “[…] poner remedio a los abusos que se cometen en los resguardos de indígenas y de arreglar la administración de estos y la inversión de sus productos de una manera conveniente a los sagrados títulos con que los poseen aquella clase de la sociedad […]”34. Meses después la Asamblea Legislativa aprobó una ley con 33 “Informe que el Presidente constitucional del Estado Soberano dirige a la Asamblea Legislativa en sus sesiones ordinarias de 1864 […]”, en Gaceta Oficial del Estado Soberano de Bolívar, 3 de abril de 1864. Para quienes creían (con base en la Ley del 11 de febrero de 1862 “Sobre policía general”), que eran los concejos distritales los que debían administrar las tierras de los resguardos, la Asamblea Legislativa emitió una resolución declarando que esa Ley no se aplicaba para el caso de las propiedades territoriales de los indios, y culminando que “La administración, concentración y distribución de los bienes de las diferentes comunidades que existen en el Estado correspondiente al pequeño cabildo, que será organizado por el Poder Ejecutivo hasta que los expresados resguardos se repartan entre quienes corresponden en propiedad”. En “Resoluciones de la Asamblea”, en Gaceta de Bolívar, 2 de agosto de 1863. 34 “Circular pidiendo ciertos datos sobre resguardos indígenas”, en Gaceta de Bolívar, 8 de marzo de 1863.

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el propósito de que “[…] no sea usurpada la propiedad que las leyes concedieron a los indígenas sobre cierta cantidad de tierras, y para que sus productos sean debidamente invertidos […]”. Esta ley insistió en la necesidad de empadronar a las familias de los nativos con derecho a los resguardos, a protocolizar los títulos de propiedad o a reconstruirlos donde no existieran, a averiguar sobre los terrenos usurpados a los resguardos, declarando nulo cualquier contrato que los menoscabara; así mismo, establecía el valor del arrendamiento de las tierras y nombraba como representante de los indígenas al Procurador General del Estado35. La reglamentación de esta ley por parte de la presidencia del Estado de Bolívar se basó en el reconocimiento de la existencia y legalidad de los terrenos de los resguardos en “[…] los distritos que antes fueron pueblos de indígenas o dentro de cuya jurisdicción existen actualmente resguardos y poblaciones de indios”. Ordenó a los alcaldes levantar el censo de las familias indígenas, incluyendo a los nativos del respectivo distrito, aunque vivieran en otro lugar, para lo que se debía acudir a la información oral de los ancianos. También ratificó la legalidad de los títulos de propiedad de los resguardos emanados de las autoridades españolas en 161836. Las reacciones frente a esta normatividad fueron diversas en concordancia con los intereses en conflicto. Algunos resguardos indígenas procedieron a legalizar los títulos de propiedad y los linderos de sus tierras37. Pero las autoridades de varias provincias mostraron su desconfianza para aplicar la norma. En 1864 el juez de la recién creada provincia de Nieto (con capital en Ciénaga de Oro y en la que estaba situado el resguardo de Cereté), señalaba que el deslinde de las tierras de los indios podía violar los derechos de propiedad de algunos particulares, sugiriendo la necesidad de acudir a la justicia ordinaria para que fuera ésta, mediante un proceso judicial convenido entre los indios y los particulares con cuyas tierras lindaban, la que dispusiera el deslinde y amojonamiento del terreno. También planteó sus objeciones frente al trabajo de censar a los indígenas, considerando que un padrón elaborado con base en la información proporcionada por ellos carecía de objetividad38. 35 “Ley sobre administración y aplicación del producto de los resguardos de indígenas”, en Gaceta de Bolívar, 9 de agosto de 1863. 36 “Decreto de 10 de octubre de 1863, sobre administración y aplicación del producto de los resguardos de indígenas”, en Gaceta de Bolívar, 11 de octubre de 1863. Para aclarar el derecho de propiedad de los indígenas sobre sus tierras, en este decreto las autoridades distritales exigían recabar toda la información necesaria por medio de sentencias judiciales, diligencias de posesión, deslindes y tradición oral de los ancianos. Fueron declarados nulos los contratos que cercenaran y menoscabaran la propiedad de los indígenas y se obligó su restitución. El Decreto estipuló que las personas no indígenas que vivieran en los términos de los resguardos no debían perjudicar a éstos y debían pagar derecho de terraje por hectárea, impuestos anuales por las viviendas construidas y por cada cabeza de ganado vacuno que pastara en esas tierras. El decreto volvió a ratificar que la autoridad de los resguardos era el pequeño cabildo. 37 “Extracto del título supletorio de los terrenos de los indígenas del distrito de Toluviejo […]”; “Extracto del título supletorio de los terrenos de los indígenas del distrito de Colosó […]” y “Extracto del título supletorio de los terrenos de los indígenas del distrito de San Nicolás de Bari […]”, en Gaceta de Bolívar, 6 de marzo y 11 de mayo de 1864; “Notaría de la provincia de Sabanalarga […] 1868”, en Gaceta de Bolívar, 13 de junio de 1869; “Notaría de la provincia de Chinú […] año de 1870”, en Gaceta de Bolívar, 13 de enero de 1871. 38 “Consulta del gobernador de la provincia de Nieto, de varios puntos de la ley de 31 de julio último sobre administración de los resguardos de indígenas” y “Registro que lleva el juez de la provincia de Nieto, de los vacíos e inconvenientes que en su concepto

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Al final se mostraba partidario de disolver el resguardo de Cereté, en razón de: 1) que establecía distinciones raciales que eran contrarias a los principios de la Constitución y de las leyes; 2) que representaba un privilegio tanto por los beneficios que recibían los indígenas, como porque les permitía imponer a los extraños a las comunidades radicados en sus tierras unas cargas impositivas que hacían de los individuos a ellas sujetos, “[…] de peor condición que los demás”; 3) que como forma de propiedad comunitaria y proindivisa violaba la norma constitucional que rezaba, “[…] la propiedad raíz no puede adquirirse con otro carácter que el de enajenable y divisible a voluntad exclusiva del propietario[…]”, y también porque estaba en contradicción con las normas que prohibían sustraer la propiedad raíz de la libre circulación comercial, y que era un “contrasentido en el actual progreso”; 4) que era anticonstitucional el privilegio de los resguardos porque la mayoría de sus habitantes no eran indígenas y tenían que pagar impuestos a éstos; 5) que el recaudo de los tributos y del impuesto de terraje era motivo de “intrigas, vejaciones y extorsiones”; y 6) que las cargas fiscales producirían la migración de los no indios. Luego concluía: “Por todo lo expuesto opino que la ley debe suprimir los resguardos, concediendo a todos los distritos un ejido para sus crías y labores más o menos grande según la población, donde todos puedan trabajar sin ningún gravamen”39. En este tipo de razonamientos coincidían buena parte de los hacendados y políticos de la región, pues en ese mismo año el Gobernador de la provincia de Sabanalarga, en la que estaban situados los resguardos de Piojo y Usiacurí, también informaba sobre las dificultades en la aplicación de la mencionada ley, dando como solución, “[…] acabar de una vez con los mentados privilegios de los indios, porque […] los indios eran y creo que son y serán siempre robados, por la misma razón de ser indios. La ley debía declarar propiedad de los distritos los terrenos denominados resguardos de indígenas y disponer que los Concejos no pudieran imponer ninguna contribución a los indígenas que trabajaran en los terrenos cedidos”40.

El Gobernador de la provincia de Lorica, que contenía a los indígenas de San Andrés de Sotavento, señalaba que entre los notables de esa comarca la ley sobre administración de resguardos había “[…] sido recibida con mucho disgusto […]. Se opina generalmente que habiendo los indígenas desde la independencia del país adquirido iguales derechos a los demás granadinos, han debido perder el privilegio que los reyes de España les concedieron”41. Manuel Ezequiel Corrales, Gobernador de la provincia de Barranquilla, informaba que estaba enterado de “[…] que la generalidad mira con repugnancia dicha ley por varias presentan las leyes y decretos del Estado”, en Gaceta de Bolívar, 13 y 20 de marzo de 1864. 39 “Informe del gobernador de la provincia de Nieto […]”, en Gaceta de Bolívar, 27 de marzo de 1864. (Cursivas en el texto original). 40 “Informe del Gobernador de la Provincia de Sabanalarga”, en Gaceta Oficial del Estado Soberano de Bolívar, 10 de abril de 1864. 41 “Informe del gobernador de la provincia de Lorica […]”, en Gaceta de Bolívar, 22 de mayo de 1864.

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causas”: 1) al mezclarse los indígenas era difícil averiguar y censar a los verdaderos indígenas y se juzgaba, por consiguiente, “[…] que ha caducado el derecho que tenían a los resguardos de tierras, a no ser que se conceda a todos los que componen el vecindario”; 2) “Otros consideran injusta la conservación del derecho que se da a los indígenas sobre los resguardos, si él tiene por fundamento el pago de los tributos y de la contribución personal que ingresaban al erario público conforme a las leyes de Indias y al decreto del libertador Simón Bolívar de 15 de octubre de 1828, porque todos los asociados tuvieron y tienen el deber de contribuir para los gastos públicos, sin otra compensación que la de gozar individualmente de las garantías constitucionales”; 3) el resguardo tuvo su razón de ser en la Colonia por las políticas de reducción y concentración de los indios en pueblos para evitar la dispersión. Con ese motivo se les asignó ejidos para cría y labor, buscando que no se salieran de sus reducciones, al tiempo que se prohibió que quienes no fueran indígenas se avecindaran en los territorios de los nativos, “de suerte que con semejante aislamiento o concentración hubo necesidad de proveerlos de terrenos suficientes para evitar la comunicación con las otras razas”; 4) “ahora no existen tales prohibiciones. Los que tienen descendencia de indios gozan de libertad para establecerse y trabajar donde quieran, y esto indica que esas cuestiones de resguardos deben terminar, así como ha sido casi extinguida aquella raza, con el constante y sucesivo trato con las demás”42. Frente a estos ataques a la Ley sobre Administración de Resguardos de Indígenas y al decreto de 10 de octubre de 1863 que la reglamentaba, las autoridades centrales del Estado de Bolívar las defendieron con el argumento de que ante cualquier duda para determinar quiénes eran o no indios, debía solucionarse recabando pruebas y testigos con ayuda de la tradición oral. En el caso de posibles litigios al delimitar los términos de los resguardos, las autoridades fueron tajantes en el propósito de reponer los linderos originales: “Aunque los indígenas tengan alguna posesión judicial de sus terrenos, si esa no es toda la porción que les pertenece, los gobernadores deben cumplir con lo prevenido en el artículo 8º del citado decreto, sin tener para qué tocar con el personero o el fiscal, pues no se trata de un procedimiento judicial, sino gubernativo”. Ante una posible contradicción entre la obligación de los no indígenas de pagar derecho de terraje, y la ley que declaraba libre el terreno en que estaba asentada la cabecera distrital, se aclaró que esta norma se refería a los distritos situados en terrenos de particulares y no a los resguardos43. La defensa que hizo Juan José Nieto en calidad de Presidente del Estado de Bolívar fue más radical y contundente. A su parecer existía un ataque insistente contra los intereses de los indígenas y los interesados en sus tierras promovían que las autoridades los abandonaran bajo el argumento de que la permanencia de esa forma corporativa de propiedad era contraria a la Constitución. Luego agregó que la relación entre las comunidades indígenas y el Estado, debía fundarse en la teoría del pacto social y no del contrato social. Sustentó su posición argumentando que ésta suponía al individuo 42 “Informe del gobernador de la provincia de Barranquilla […]”, en Gaceta de Bolívar, 22 de mayo de 1864. 43 “Resolución”, en Gaceta de Bolívar, 20 de marzo de 1864.

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como fundamento del orden social y sustraía a las instituciones públicas de cualquier injerencia que chocara con los intereses particulares: “El objeto primordial de los gobiernos es proteger a los débiles de los fuertes, a los ignorantes de los medio ilustrados, a los buenos de los malos, estableciendo el equilibrio entre todos los individuos de la sociedad”44. José Ignacio Corrales, Gobernador de la provincia de Lorica -pese a que en su informe objetó algunos aspectos sobre la conservación de los resguardos, desde la lógica jurídica contradiciendo a quienes consideraban esas entidades territoriales como un privilegio ilegal por haber salido de la administración española-, pensaba que las formas de propiedad individual emanaban de títulos otorgados por la Corona como única propietaria del suelo gracias al derecho de conquista, entregados posteriormente en calidad de usufructo, lo que lo llevaba a concluir que: “[…] si hay el deber de reputar a esos particulares como legítimos dueños de los terrenos cedidos, ¿con qué fundamento, basado en qué principios se les niegan a los indígenas la propiedad de sus resguardos?”45. A finales de los años 60 las circunstancias comenzaron a ser desfavorables para los indígenas, pues diferentes instituciones del Estado apoyaron las iniciativas de los enemigos de los resguardos, desconociendo la legislación que los protegía. Para 1868 se agravaron las disputas por tierras entre los indígenas de San Andrés (provincia de Chinú) y los vecinos de Chimá (provincia de Lorica)46. Un año después, los indígenas de Toluviejo solicitaron a las autoridades que se les amparara en la posesión de su resguardo, pues a pesar de que sus títulos y linderos habían sido legalizados en 1845, ocurría que “[…] de algún tiempo a esta parte, no solo se nos inquieta, sino que hasta se nos despoja de una parte de ellos por algunos sujetos, que como el señor José de los Santos Mercado gozan de influencia y de bastante fortuna, los cuales ocupan de hecho nuestros terrenos y los usufructúan sin miramientos alguno a nuestros derechos y como si fueren suyos, pues tal como su propiedad los manejan, abusando de nuestra debilidad y de nuestra pobreza”47.

Frente a esta denuncia la respuesta de las autoridades tuvo en cuenta que José de los Santos Mercado era un importante ganadero y propietario de tierras de Sincelejo, que en ese mismo año pasó de la diputación a la Asamblea Legislativa del Estado 44 “Informe que el presidente constitucional del Estado Soberano de Bolívar dirige a la Asamblea Legislativa en sus sesiones ordinarias de 1864 […]”, en Gaceta de Bolívar, 13 de abril de 1864. 45 “Informe del gobernador de la provincia de Lorica”, en Gaceta de Bolívar, 22 de mayo de 1864. 46 “Administración de justicia”, en Gaceta de Bolívar, 7 de junio de 1868. 47 “Memorial del señor Victoriano Peña solicitando se ampare a los indígenas de Toluviejo en la posesión de su resguardo”, en Gaceta de Bolívar, 20 de junio de 1869.

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a la gobernación de la provincia de Sincelejo. Adujeron que no se podía brindar protección por esa vía ejecutiva, pues el derecho de igualdad que consagraba la Constitución de 1863 consideraba ilegal “[…] conceder privilegios o distinciones legales que cedan en puro favor o beneficio de los agraciados, y que por consiguiente los indígenas quedan equiparados a los demás habitantes del Estado y sin derecho por consiguiente a la protección especial que las leyes anteriores les acordaron […]”48. Otros indígenas que en esos años padecieron la expropiación y el abuso de sus tierras fueron los de San Andrés de Sotavento (provincia de Chinú), que lindaba con los distritos ganaderos de Sincelejo, Palmito y Sampués, viéndose obligados a acudir a las autoridades centrales del Estado debido a que los ganaderos habían penetrado en sus tierras y sembraban pastos para las reses que acababan con sus sementeras. De 1869 en adelante se agudizaron los conflictos de estos indígenas con los ganaderos, declarándose ambos bandos en permanente estado de alerta, y realizando los primeros constante desmonte y deslindamientos simbólicos, “[…] por la costumbre que estos tienen de deslindar y trochar todos los años lo que ellos llaman sus tierras”49, penetrando en las tierras de los ganaderos “en partidas considerables, armados con toda clase de armas, y los talan y los desmontan, amenazando con la muerte a los que intenten oponerse a sus designios, pagando cara su temeridad los que han querido resistir semejante tropelías”50. La respuesta del poder ejecutivo nuevamente fue evadir cualquier decisión, asignándole la responsabilidad al Concejo Distrital. Parecida era la actitud de los indios del Retiro y Mateo Gómez, distrito de Cereté, que atacaban al ganado de los hacendados de Montería cuando los trasladaban a los apastaderos; “allí no solo hieren y matan ganados por el placer de hacer daño, sino que de allí mismo llevan las carnes que necesitan o reses en pie para las expresadas guaridas […] siendo raro el día que no se vean tasajeras en sus rancherías”51. El caso de los indígenas de Malambo (provincia de Barranquilla) es uno de los más patéticos en los ataques contra las tierras de estos grupos. En 1868 la Asamblea Legislativa le suprimió la condición de distrito y lo convirtió en agregación del vecino distrito de Soledad, con el que sostenían viejos litigios por tierras y usufructo de los playones del río Magdalena. Al año siguiente los indígenas elevaron una representación al poder ejecutivo del Estado protestando ante esa decisión: “Vos conocéis, señor, la historia de los padecimientos perdurables de los indígenas en toda la nación. Condenados por el destino a sufrir más de los herederos de la Conquista que de los mismos conquistadores, este 48 Ibid. 49 “Representación del señor Luís José Gaviria para que no se establezcan otros pajares en el distrito de San Andrés”, en Gaceta de Bolívar, 27 de junio de 1869. 50 “Informe del gobernador de Sincelejo”, en Diario de Bolívar, 9 de agosto de 1875. 51 “Memorial de varios vecinos del distrito de Montería, solicitando la protección del gobierno contra varios ataques a sus ganados”, en Gaceta de Bolívar, 25 de julio de 1869.

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pueblo, a su turno, ha sido víctima más de una vez, en la ventilación de sus intereses territoriales, luchando siempre con inconvenientes combatidores de su ambicionada prosperidad […]”52.

Para esa misma época (1873), los indígenas de Guazo, resguardo situado en el distrito de San Sebastián de Madrid, en jurisdicción de la provincia de Magangué, en medio de un viejo pleito con los ganaderos de las poblaciones de los alrededores que reclamaban ante las autoridades las tierras del resguardo como baldíos de la Nación para luego proponer su compra, acudieron a los mecanismos intitucionales garantizados por las leyes y se constituyeron en la Sociedad de los Indígenas de la Aldea del Guazo para defender sus tierras y el derecho a explotarla de manera colectiva53. Dos años después otorgaban poder a un prestante abogado de Cartagena para que defendiera sus tierras contra quienes consideraban amparados y guiados por “[…] la funesta prepotencia del poder i la ambicion, que siempre ha querido sobreponerse a la lei i la justicia […] valiéndose para esto, como de costumbre, de testigos que habían aseverado así, no obstante de que han sido arrendatarios nuestros, o han vivido en la íntima i concienzuda persuasion de que nos pertenecen en propiedad”54. Aunque el decurso del tiempo fue desfavorable para los indígenas del Bolívar Grande, ellos reconocían que el auge de la ganadería había sido muy nocivo. Hacia finales del siglo XIX un eminente geógrafo colombiano señalaba que en las poblaciones de origen indígena del bajo curso del río San Jorge, cuando las vacas de los ganaderos se atollaban en el fango de las orillas, “[…] los del pueblo las dejaban morir sin compasión, en venganza contra los ganaderos, á quienes califican de usurpadores de las tierras que dicen les habían sido donadas por el Rey de España […]”.55

Conclusiones Para el último cuarto del siglo XIX la crisis de los resguardos se acentuó. Pese a que los regeneradores emitieron la ley 89 de 1890, fundada en normas del Estado del Cauca (Ley 90 de 1859 y la Ley 41 de 1879), la arremetida contra los resguardos continuó, hasta que la Ley 55 de 1905 prácticamente asestó un duro golpe56. Bajo la Regeneración se abrieron espacios para que los empresarios accedieran a los controles de todas las esferas del gobierno. Esto afectó a gruesos sectores de la población rural, en especial a las comunidades indígenas. Por eso, para finales del siglo XIX muchos 52 “Memorial de varios vecinos del extinguido distrito de Malambo y resolución”, en Gaceta de Bolívar, 28 de enero de 1869. 53 Archivo Histórico de Cartagena, Cartagena - Colombia, Manuscritos, Fondo Gobernación, Sección Hacienda, caja No. 23. “Constitucion de la Sociedad de Indígenas de la aldea de Guazo”, en Guazo, 21 de Marzo de 1873. 54 “Memorial de los indígenas de Guazo”, en Diario de Bolívar, 15 de julio de 1875. 55 VERGARA y VELASCO, Francisco Javier, Nueva geografía de Colombia escrita por regiones naturales, tomo 1, Bogotá, Imp. de Vapor, 1901, p. 527. 56 “Decreto de 1820 (mayo 20) que ordena devolver a los naturales los resguardos”, en Fuero indígena colombiano, Bogotá, Presidencia de la República, 1990, pp. 46-59.

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resguardos de la región fueron desapareciendo; gracias a las argucias jurídicas por encima de largas tradiciones de dominio, a la violencia, a las acciones mancomunadas entre hacendados y arrendatarios de tierras de los resguardos y a las ideologías etnocéntricas que veían a los indígenas como culturas bárbaras, las que debían ser civilizadas. Para los años de 1920 sólo se reconocía la existencia del resguardo de San Andrés de Sotavento. La misión estaba cumplida y ya la ganadería era la actividad económica más floreciente en el Bolívar Grande, hasta el punto que en 1917 se inició la construcción de un frigorífico en la bahía de Coveñas para exportar carne en canal, proyecto en el que convergieron los más importantes ganaderos de la región. Ahora las corralejas adornaban las plazas públicas en épocas de fiestas patronales y el hacendado se había convertido en el personaje central de la vida económica, social y política de amplias zonas de la región.

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‘Liberalismo tropical’: cómo explicar el auge de una doctrina económica europea en América Latina, 1780-1885 Resumen El artículo tiene como objeto hacer seguimiento al proceso por el cual la doctrina noroesteuropea de liberalismo económico consiguió ser dominante en la América Latina decimonónica. Pone énfasis en los canales de trasmisión, los grupos de interés domésticos y extranjeros, las instituciones, la sociedad civil, las estructuras y coyunturas económicas y las culturas políticas para explicar la diseminación del liberalismo económico en distintos países de la región entre los años 1770 y 1890. La doctrina era dominante en América Latina durante una época más corta de lo que se piensa comunmente, o sea solamente entre 1850 y 1890. Pasó por múltiples cambios y ajustes en cada uno de los países de la región. Después de 1890, la promoción de crecimiento hacia afuera iba de la mano con un alejamiento gradual de políticas de liberalismo económico. Palabras claves: Liberalismo económico, Ilustración, economía política clásica, comercio de libros, grupos de interés, culturas políticas nacionales, América Latina, siglo XIX.

‘Liberalismo tropical’: The Career of a European Economic Doctrine in Latin America, 1780-1885 Abstract The article traces the processes through which the northwest European doctrine of economic liberalism achieved dominance in nineteenth century Latin America. It focuses on transmission channels, domestic and foreign interest groups, institutions, civil society, economic structures and conjunctures, and political cultures to account for the spread on economic liberalism in various countries of the region between the 1770s and 1890. The doctrine was dominant in Latin America for a shorter time than commonly thought, only between ca. 1850 and 1890, and underwent multiple changes and adjustments in each of the region’s countries. After 1890, promotion of externally lead growth went hand in hand with a gradual turning away from economic liberalism. Keywords: Economic liberalism, Enlightenment, classical political economy, book trade, interest groups, national political cultures, Latin America, Nineteenth-Century.

Artículo recibido el 25 de noviembre del 2006 y aprobado el 15 de febrero de 2007.

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‘Liberalismo tropical’: cómo explicar el auge de una doctrina económica europea en América Latina, 1780-1885 B Nils Jacobsen J En este ensayo planteo que el dominio del liberalismo económico sobre las mentes de los intelectuales y gobernantes en Latinoamérica durante el siglo XIX ha tendido a ser exagerado, tanto en su duración como en su alcance. Ciertos aspectos del liberalismo fueron discutidos y lograron tener influencia desde la época colonial tardía. Pero el liberalismo se mantuvo como el paradigma dominante en la región -en el sentido de ser visto como la verdad indudable, cuestionado únicamente por aquéllos considerados reaccionarios, subversivos o irrelevantes- aproximadamente entre 1850 y 1890. Aun así, los liberalismos dominantes en las diferentes regiones y naciones de América Latina a menudo incluyeron axiomas que tuvieron su origen en unos pensamientos y tradiciones no-liberales. También se daban casos de políticas liberales latinoamericanas que prácticamente cancelaron el presunto efecto económico del liberalismo paradigmático. Es poco sorprendente que el liberalismo haya sido interpretado como algo tan poderoso en Latinoamérica. Después de todo, los autores originarios de la doctrina hicieron reclamos extraordinariamente confiados sobre su eficacia económica. Por otra parte, los Estados-nación del Noratlántico, en donde se originó la doctrina y los que ya en 1850 se habían convertido más o menos en los modelos de sus prescripciones políticas, eran los países más modernos y los que tenían más éxito económico en aquel entonces. Esas naciones noratlánticas -sobre todo Gran Bretaña, por supuestotambién eran aquéllas con las cuales América Latina sostenía entonces sus conexiones comerciales, políticas, y culturales más intensas. Por eso, tampoco debe sorprendernos que en las épocas subsecuentes -sobre todo entre los años veinte y ochenta del siglo XX- muchos intelectuales y gobernantes se dispusieran a echar gran parte de la

B Agradezco a Nathan Clarke y especialmente a la doctora Irene Coromina por la traducción de este artículo del inglés. Originalmente se publicó en ese idioma y bajo el título “Liberalismo Tropical: The Career of a European Doctrine in Latin America, 1780-1885”, en FitzGerald, Valpy y Thorp, Rosemary (eds.), Economic Doctrines in Latin America: Origins, Embedding and Evolution, Basingstoke - Nueva York, Palgrave Macmillan, 2005, pp. 115-141. Este texto se presentó como lección inaugural el 30 de agosto de 2006, para la sexta promoción de la Maestría en Historia de la Universidad de los Andes. J Profesor, University of Illinois, Urbana-Champaign, Estados Unidos. njacobse@uiuc.edu

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culpa a la doctrina del liberalismo económico para explicar los fracasos económicos de la América Latina postcolonial. En contra de esta larga tradición de sobreestimar la eficacia y el poder del liberalismo económico, intento demostrar que en América Latina durante el siglo en el cual la doctrina tuvo más ascendencia -más o menos entre 1790 y 1890- ni era tan fuerte como temían los nacionalistas económicos ni tan débil como pensaban los liberales doctrinarios1. Este artículo explica el ascenso del liberalismo económico hasta convertirse en el paradigma dominante en cuatro fases distintas: la promoción del reformismo ilustrado y del protoliberalismo (1760-1795), el control de las crisis y la internacionalización de las economías latinoamericanas (1796-1825), la lucha inconclusa entre el liberalismo y las doctrinas y prácticas tradicionales (1825-1848) y el liberalismo triunfante (18491880/90). Mi objetivo es doble. En primer lugar, expongo los procesos y mecanismos culturales, políticos, e institucionales junto con los contextos económicos a través de los cuales las ideas económicas liberales fueron transmitidas y lograron tener influencia hasta llegar a un punto dominante. En segundo lugar, me propongo dibujar la recepción de tales ideas y su asimilación a las condiciones y climas locales de pensamiento y debate. Los modelos útiles que describen la difusión de las ideas económicas, por lo menos necesitan tener en cuenta las variables siguientes: el ‘código’ en el cual están escritos (jerga técnica, metodología, y concepciones culturales y políticas subyacentes); la cantidad y la calidad de los canales de comunicación (intensidad, densidad y velocidad de las redes de transporte de personas y textos, circulación de materiales impresos); el público consumidor (su educación, sus intereses, ideologías preexistentes y valores); la estructura de poder de la región o nación en donde las ideas se difunden; la receptividad de las instituciones, tanto públicas como privadas, en el país o la región receptores de las ideas nuevas; y la coyuntura y estructura económicas de la región o país receptor. Cuando las doctrinas económicas se identifican con los intereses nacionales, tenemos que tomar en cuenta también las constelaciones de poder entre las naciones. Para el liberalismo económico en América Latina decimonónica propongo que las estructuras de poder doméstico, la educación, los intereses, las ideologías del público potencial y las instituciones del gobierno y de la sociedad civil fueron las variables de las cuales dependían las oportunidades para la propagación de la doctrina. Estas variables, a la vez, fueron afectadas poderosamente por la cantidad y la calidad de los canales de comunicación entre Europa y los puertos, las ciudades capitales y los centros regionales importantes de América Latina; por la estructura y la coyuntura económicas; y por los intereses y las nociones de política económica de los grupos extranjeros, tanto gobiernos como hombres de negocios. Se requiere una definición de la doctrina para sacar conclusiones sobre su transmisión, su evolución y su dominio. El liberalismo económico estuvo en auge por un mínimo 1

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de cien años, y pasó por importantes cambios durante este largo período. La definición que sigue solamente atañe a lo esencial del liberalismo económico durante el dominio de la economía clásica antes de 1870. El liberalismo económico declara que las tendencias del individuo al auto-mejoramiento y la de la macroeconomía al crecimiento, y a los aumentos de productividad coinciden con las maniobras de una mano invisible -un tipo de equilibrio mecánico benévolo newtoniano- siempre y sólo en cuanto el individuo y la economía estén libres de interferencias que causen distorsión. Por lo menos en su lugar de origen, en el noroeste europeo, éste era el componente económico de un liberalismo en sentido amplio, adoptado por nuevos grupos sociales emergentes -fabricantes, granjeros independientes, comerciantes sin privilegios-, quienes luchaban para emanciparse de las regulaciones y las autoridades del Antiguo Régimen. Basadas en la noción de muchos productores y consumidores pequeños en el mercado, las prescripciones políticas del liberalismo económico incluían el libre comercio, la noción de ventaja comparada en el comercio internacional, el rechazo a los monopolios y “una presunción en contra de la acción del gobierno”2. La tolerancia de la intervención gubernamental en la economía tendió a disminuir entre los teóricos desde 1770 hasta 1820, se mantuvo en un nivel bajo hacia 1850, y lentamente creció de nuevo, pero no tan decisivamente antes del final del siglo XIX. David Ricardo (1772-1823) y el Club de Economía Política de Manchester de Richard Cobden (1804-1865) abogaban por una posición más estrictamente laissez-faire de la que había defendido Adam Smith.

1. El Reformismo Ilustrado y el Protoliberalismo (1760-1795) La época de las reformas borbónicas y pombalinas fue crucial en la preparación de la próxima transmisión de las ideas económicas liberales completas, porque presentó los debates ideológicos sobre economía política a las elites latinoamericanas. Aunque los conflictos empezaron a ser ideologizados, la transmisión de las ideas protoliberales al pequeño público letrado fue relativamente indolora, mayormente porque tales ideas eran frecuentemente toleradas por los reyes. La transmisión de las ideas económicas enfrentó menos obstáculos por el lado de los gobiernos coloniales ibéricos que lo que hicieron los textos ilustrados en filosofía política y religión. Hace más de cincuenta años, un delgado volumen editado por Arthur Whitaker proveyó evidencia sólida sobre redes de comunicación sorpresivamente densas, entre los intelectuales latinoamericanos de la época tardía y las corrientes de pensamiento de la Ilustración de la Europa Occidental3. La cantidad y la calidad de los canales de comunicación entre Europa y América Latina crecieron significativamente entre 1760 2 3

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y comienzos de la década de 1790 como una expresión directa del crecimiento y de los cambios en la naturaleza de la economía atlántica. Junto con la multiplicación del volumen de comercio los viajes eran más frecuentes y más rápidos. El comercio libre puso en contacto directo los puertos americanos con un mayor número de puertos peninsulares, sobre todo los más cercanos a los cambios económicos que estaban arrastrando al comercio y a la industria de Europa Occidental (por ejemplo Barcelona, La Coruña y Santander). El aumento de las redes de comunicación también afectó el flujo de personas entre la península y Latinoamérica. Entre los años 1700 y 1780, la inmigración a la América Hispánica y Brasil era más elevada que en cualquier época desde el siglo XVI tardío. En ciudades desde México y Guatemala a Medellín, Ouro Preto y Santiago, vascos, catalanes y portugueses del norte se establecieron como comerciantes o se afiliaron a un negocio establecido por un tío o un primo. Sobre todo después de que José de Gálvez asumió el puesto de Ministro de Indias en 1776, muchos de los burócratas de alto rango fueron escogidos para que propagaran con vigor las ideas económicas reformistas de Carlos III y sus ministros ilustrados. Expediciones científicas, muchas de ellas apoyadas por la Corona, trajeron a españoles, portugueses, italianos, franceses y alemanes bien enterados acerca de las ideas de su época. Los americanos también viajaron a España y Portugal, y desde allí visitaron otros países europeos. Muchos fueron para estudiar, no sólo en Coimbra o en Salamanca, sino también en Montpellier y en otras universidades extranjeras. Cuando encontraron que el currículo en las universidades españolas y portuguesas era demasiado restrictivo y anacrónico, algunos, como el joven Manuel Belgrano en los últimos años de la década de 1780, se unieron a las academias y sociedades de amigos del país, donde se hablaba de la literatura ilustrada. Algunos esfuerzos conservadores por parar la difusión de las nuevas ideas -como el espectacular juicio de la Inquisición de 1778 contra Pablo de Olavide, un reformista prominente nacido en el Perú, quien por muchos años había sido un corresponsal de Voltaire y de Rousseau- eran acciones de la retaguardia. Aunque si bien ellos expresaron una ortodoxia religiosa común, no pudieron parar la difusión de las ideas ilustradas entre el pequeño público letrado ni en la península ni en las colonias americanas4. Para finales del decenio 1780 e inicios de la década siguiente, en los pueblos latinoamericanos más grandes, una o dos bibliotecas privadas pertenecientes a hombres profesionales, clérigos, o familias de la elite contenían trabajos contemporáneos importantes sobre política económica, incluso textos de Quesnay, Condillac, Turgot, Necker, Filangieri, Genovesi y, en pocos casos, ediciones francesas de Smith. Los autores franceses e italianos eran más numerosos en estas bibliotecas que los autores ingleses. En 1789, Claudio Manoel da Costa, el primer poeta brasileño de la época y conspirador en la Inconfidencia Mineira, ya estaba 4

HERR, Richard, The Eighteenth Century Revolution in Spain, Princeton, Princeton University Press, 1958, pp. 209-210.

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traduciendo La Riqueza de las Naciones de Adam Smith5. Pero antes de las guerras napoleónicas, más latinoamericanos aprendieron de las ideas liberales y fisiocráticas tempranas de forma indirecta, a través de escritores españoles, sobre todo Jovellanos, Campomanes y Bernardo Ward, cuyos textos no aparecieron en ningún índice de la Inquisición y circularon más libremente, por lo menos hasta “el gran temor de Floridablanca” después de 17906. Las instituciones que permitieron la exploración y la diseminación de nuevas ideas se hicieron más numerosas a finales de la década de 1780. Tertulias, salones literarios en las casas de los ilustrados de bien, habían constituido una esfera pública algo exclusiva durante décadas. Desde las décadas de 1760 y 1770, los cafés aparecieron con un atraso considerable en las ciudades latinoamericanas más grandes. Desde comienzos de los años setentas hasta comienzo de los años noventas, se fundaron academias y sociedades letradas con apoyo oficial, en ciudades como México, La Habana, Guatemala, Río de Janeiro, Cartagena, Quito y Lima, dedicadas a la promoción y difusión de la sabiduría científica y práctica útiles para el desarrollo de su propia colonia7. La económica política no se concebía como un campo de estudio claramente definido. Al contrario, era parte de un terreno más amplio de sabiduría empírica y práctica, que se opuso fuertemente a la metodología escolástica basada en la deducción que dominó hasta mediados del siglo. Hasta el fin del régimen colonial, la economía política no se convertiría en un campo de sabiduría autónomo, enseñado en cualquier institución de aprendizaje en América Latina8. Algunos de los periódicos y revistas que empezaron a publicarse eran poco más que gacetas, al proclamar los últimos eventos oficiales en la capital del virreinato, decretos y ordenanzas, te deums y festividades en honor a la llegada de un nuevo virrey, el nacimiento de un infante, o la inauguración de una nueva escuela. Pero otros, sobre todo aquéllos editados por los mismos letrados de las sociedades, como el Mercurio Peruano de Lima, publicaron estudios sobre asuntos socioeconómicos. También publicó este tipo de estudios el Papel Periódico de la Ciudad de Santafé de Bogotá. Tuvieron un efecto poderoso sobre la formación de un público lector, el cual leyó 5 6

MARCHANT, Alexander, “Aspects of Enlightenment in Brazil”, en WHITAKER, Arthur (ed.), op. cit., p. 107. CHIARAMONTE, José Carlos, “Prólogo”, en CHIARAMONTE, José Carlos (ed.), Pensamiento de la Ilustración: Economía y sociedad iberoamericana en el siglo XVIII, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1979, pp. XVII, XXIV-XXV; HERR, Richard, op. cit., capítulo 8, pp. 239-268; SARRAILH, Jean, La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, parte III, México, Fondo de Cultura Económica, 1957, capítulo 5. Sobre la diseminación anterior de ideas racionalistas y empiricistas en Salvador, ver BURNS, E. Bradford, “The Intellectuals as Agents of Change and the Independence of Brazil, 1724 - 1822”, en RUSSELL-WOOD, A.J.R. (ed.), From Colony to Nation: Essays on the Independence of Brazil, Baltimore, Johns Hopkins University press, 1975, pp.217-18; MARCHANT, Alexander, op. cit., pp. 102-04; sobre tertulias literarias en las provincias de la Nueva España durante la decáda de 1780, ver CHOWNING, Margaret, Wealth and Power in Provincial Mexico: Michoacán From the Late Colony to the Revolution, Stanford, Stanford University Press, 1999, pp. 60-61. La economía política apareció en el currículo del Instituto Nacional de Chile en 1813, pero no se enseñó antes de 1819; ver WILL, Robert M., “The Introduction of Classical Economics in Chile”, en Hispanic American Historical Review, Vol. 44, No. 1, Feb. 1964, pp. 1-21.

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con una mentalidad diferente de la del público de siglos anteriores, que había sido expuesto más que nada a los trabajos escolásticos y tomos del vivir virtuoso cristiano9. Por otra parte, este público lector, a pesar de ser pequeño numéricamente, era más diverso socialmente que el de épocas anteriores. Farmacéuticos, ingenieros, médicos, militares, comerciantes y tal vez hasta maestros artesanos acomodados se juntaron a la elite ilustrada, a altos oficiales coloniales, a clérigos, y a los hijos de la aristocracia terrateniente. A esta intelectualidad le gustaba verse como igualitaria, sin importarle el rango ni el prestigio social. Pero, como notó Margaret Chowning en el caso de Valladolid, México, estos ilustrados “se pensaron como parte de un mundo social cuyas fronteras eran generosas pero no ambiguas ni confusas”10. La intelectualidad era casi exclusivamente urbana y excluía los estratos sociales de trabajos manuales: a los indígenas y a los africanos11. Sin embargo, ¿en realidad, qué pensaban los ilustrados latinoamericanos acerca de estas nuevas ideas económicas? ¿Cómo las asimilaron a su propio mundo y a su objetivo de mejorar el bienestar de su propia región? Más aún, ¿qué efecto tuvieron las políticas reformistas de los españoles y los portugueses, así como los conflictos internacionales, internos y coloniales para su pensamiento económico? Aunque dicho pensamiento ilustrado en América Latina mostraba algunas similitudes, a la vez hubo un proceso de diferenciación en cuanto a las prioridades, las percepciones y los intereses sociales y regionales. En las décadas anteriores a las Guerras Napoleónicas, la mayoría de los escritores sobre asuntos económicos en América Latina hicieron un llamado para la promoción de nuevos sectores económicos y mejores regulaciones de los sectores ya existentes. Creyeron que esto tendría un efecto beneficioso en toda la ‘nación’, lo cual significaba tanto las colonias como la metrópoli. Según la estructura económica de la colonia específica, el énfasis de los escritores pudo recaer más al lado de la liberalización o de la protección, pero ambas estrategias no fueron vistas como contradictorias, siempre y cuando fomentaran el comercio y la producción. La mayoría de los escritores aceptaron el credo fisiocrático, según el cual la riqueza verdadera de una nación se basa en la agricultura12. Muchos aceptaron la noción fisiocrática de un “orden natural”. José Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho (1742-1821), hijo de fazendeiros azucareros y obispo de Olinda, en la provincia de Pernambuco, se atrevió a afirmar que el intercambio de bienes agrícolas coloniales con 9 Chiaramonte, José Carlos, op. cit., “Prólogo”, p. XXVII. 10 CHOWNING, Margaret, op.cit., pp. 60-66. 11 Sin embargo, sobre la “ilustración popular” en los Andes, ver ESTENSSORO FUCHS, Juan Carlos, “La plebe ilustrada: El pueblo en las fronteras de la razón”, en WALKER, Charles (ed.), Entre la retórica y la insurgencia: Las ideas y los movimientos sociales en los Andes, siglo XVIII, Cuzco CBC, 1996, pp. 33-66; SERULNIKOV, Sergio, “The Parish, the universe and the Space in Between: Andean Political Imagination During the Late Eighteenth Century”, en JACOBSEN, Nils y ALJOVÍN DE LOSADA, Cristóbal (eds.), Political Cultures in the Andes, 1750 -1950, Durham, Duke University Press, 2005, pp. 257 - 277. 12 Ver, por ejemplo, BELGRANO, Manuel, “Medios generales de fomentar la agricultura, animar la industria y proteger el comercio en un país agricultor [1796],” en CHIARAMONTE, José Carlos (ed.), Pensamiento de la ilustración…op. cit., pp. 304-317.

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plazas extranjeras podría beneficiar tanto a Brasil como a la metrópoli portuguesa13. Sin embargo, la mayoría de los autores simplemente reclamaron el levantamiento de las barreras comerciales dentro de la colonia, entre las colonias del mismo imperio, y entre colonia y metrópoli. Muchos, como Arango y Parreño para Cuba y Lavardén para el Río de la Plata, aun justificaron la liberalización del comercio con argumentos neomercantilistas a favor de la balanza: facilitaría el flujo de bienes entre colonia y metrópoli, y así disminuiría la pérdida de especie por compras en el extranjero14. En 1781, Ramón de Posada, fiscal de la Real Hacienda de la Nueva España, alabó las virtudes de un comercio libre en granos para estabilizar precios y aumentar la producción; pero para él, el comercio libre aparentemente significaba nada más que el estímulo gubernamental de las exportaciones15. Aquéllos que habían leído a Adam Smith a mediados de la década de 1790 alabaron al autor escocés profusamente, y después hicieron a un lado sus ideas. Todavía en 1796, Manuel Belgrano no estaba dispuesto a admitir la noción de que el comercio podría ser una fuente autónoma de riqueza, insistiendo que “todo depende y resulta del cultivo de la tierra”16. En un ejemplo llamativo del olvido selectivo de las ideas económicas europeas, ningún escritor latinoamericano, que yo sepa, se apropió de la noción fisiocrática clave del impuesto único que pagaban los dueños de la tierra, tan íntimamente ligado a la noción de la renta neta y a la centralidad de la propiedad inmueble, una centralidad que los latinoamericanos frecuentemente subrayaron. Tampoco encontramos a escritores latinoamericanos que se hayan apropiado de la noción de que el papel del estado en la economía debe seguir el lema de laissez-faire, aunque acogieron con entusiasmo el orden natural de los fisiócratas, en el que se basaba este lema. José Carlos Chiaramonte alegó tres causas para el eclecticismo del pensamiento económico de los ilustrados en las Américas portuguesa y española17. Primero, sobre todo antes de 1796, ellos dependían en gran medida de los escritores españoles e italianos para su recepción y entendimiento del pensamiento económico francés e inglés. Donde los fisiócratas y Smith formulaban ideas abstractas -las “leyes naturales” supuestamente universales de la economía-, los autores italianos como Galiani y Genovesi propugnaban una crítica parcial basada en la noción de que el análisis económico debía tomar en cuenta 13 DE LIMA SOBRINHO, A.E., Etapas das idéias economicas no Brasil, Brasilia, Ed. Universidade de Brasilia 1978, pp. 61-84; BURNS, Bradford E., op. cit., p. 238. 14 Chiaramonte, José Carlos, “Prólogo”, op. cit., p. xxv; Chiaramonte, José Carlos, La crítica ilustrada de la realidad: Economía y sociedad en el pensamiento argentino e iberoamericano del siglo XVIII, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1982, p. 71. 15 ARCILA FARÍAS, Eduardo, Reformas económicas del siglo XVIII en Nueva España, Vol. 1, México, SepSetentas, 1974, p. 19. Considera que las ideas de Posada sobre comercio exterior se acercan más a Smith que a los fisiócratas. 16 Según la cita de ADELMAN, Jeremy, Republic of Capital: Buenos Aires and the Legal Transformation of the Atlantic World, Stanford, Stanford University Press, 1999, p. 59, sobre la llamada pragmática, aunque doctrinariamente confundida, de Belgrano para liberalizar el comercio exterior, y la simultánea protección de industrias locales, ver CHIARAMONTE, José Carlos, La crítica ilustrada…, op. cit., pp. 125-126. 17 Ibid.

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el clima, la geografía, la producción, y la cultura de cada país. Eso les sonaba bien a los ilustrados latinoamericanos porque se adecuaba perfectamente a su propio programa de descubrimiento y desarrollo de las riquezas de sus países18. Segundo, la mayoría de los ilustrados aún pensaba que era su deber promover a su colonia como una parte integral del imperio español o portugués. Así, los ilustrados formularon proyectos de tal manera que indicaran las ventajas que traerían a la metrópoli. Esto impuso límites al tipo de políticas que podían propugnar, lo que fue un poderoso motivo que llevaría su pensamiento hacia el eclecticismo. Tercero, bastantes escritores representaron intereses económicos específicos y escribieron más de la perspectiva de un defensor de políticas que de un investigador imparcial. Hombres como Arango y Parreño, Azeredo Coutinho, Belgrano y Lavardén se asociaron a ciertos grupos sociales y a ciertos intereses económicos tales como productores de azúcar, los estancieros o los grupos locales de comerciantes. Su apropiación selectiva del pensamiento económico se reflejaba bastante en los intereses de esos grupos. El impacto de las reformas del comercio, de la producción y de los impuestos introducidos por los déspotas ilustrados en Madrid y Lisboa variaron de colonia a colonia y, entonces, crearon debates políticos bastante distintos entre oficiales coloniales, mineros, comerciantes, agricultores, ganaderos, y los círculos de ilustrados en La Habana, la Ciudad de México, Santa Fe, Río de Janeiro y Buenos Aires. En algunos casos, por si eso fuera poco, las reformas empeoraron los efectos que ciertas regiones ya estaban sufriendo por los cambios económicos acelerados que ocurrieron en el mundo atlántico19. La siguiente interpretación acerca de la Ordenanza del Libre Comercio de 1778, ofrecida por John Fisher, resume los objetivos y la filosofía ocultos tras el esfuerzo reformista: “Las reformas deben [p]roveer la combinación de libertad y protección que promoverían la colonización de territorios vacíos, eliminar el comercio de contrabando, generar un aumento de ingresos aduaneros […] y sobre todo desarrollar el imperio como un mercado para productos españoles, y una fuente de materias primas para la industria española”20. No es sorprendente que la resistencia más fuerte en contra de las reformas proviniera de los viejos centros del comercio monopólico de los Habsburgo, de los Virreinatos de la Nueva España y el Perú, y específicamente de los gremios mercantiles de sus sedes. Las colonias cuyas elites de negocios gozaban de oportunidades más amplias en el desarrollo frenético de la economía atlántica -de Cuba a la costa de Venezuela, Buenos Aires y el Norte Chico y el valle central de Chile- pudieron formar acuerdos fácilmente con las propuestas de libre comercio de las reformas. Sin embargo, también surgieron fuertes diferencias entre las regiones económicas aparentemente 18 Para el rechazo expreso por el peruano José Baquijano y Carrillo del énfasis de los fisiócratas en la agricultura como adverso a la centralidad de la minería para los Andes, ver BAQUIJANO Y CARRILLO, José, “Disertación histórica y política sobre el comercio del Perú [1791]”, en CHIARAMONTE, José Carlos (ed.), Pensamiento de…op. cit., pp. 4-36. 19 A veces el efecto de estas medidas de reforma para el cambio estructural era limitado, ver Halperín Donghi, Tulio, El espejo de la historia: Problemas argentinos y perspectivas hispanoamericanas, Buenos Aires, Ed. Sudamericano, 1985, p. 85. 20 FISHER, John, Commercial Relations Between Spain and Spanish America in the Era of Free Trade, 1778 - 1796, Liverpool, University of Liverpool Centre for Latin American Studies, 1985, p. 14.

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similares, como por ejemplo, los efectos políticos muy diferentes en México y en el Perú del aumento de los impuestos borbónicos21. Aún más, las reformas engendraron reacciones contradictorias dentro de la misma colonia. En la Nueva Granada, por ejemplo, los productores costeños de madera para teñir y de cacao opinaron que la liberalización del comercio no era suficiente, mientras que los comerciantes españoles en Cartagena de Indias y los comerciantes y los productores de granos y textiles en Santa Fe y las provincias colindantes se quejaban de la pérdida de sus mercados para sus bienes comerciales. Este conflicto se reflejó en los debates económicos de los ilustrados. Antonio Nariño propugnó un comercio libre más amplio en una de sus proclamas en contra del régimen colonial, mientras que Pedro Fermín de Vargas se convenció de la futilidad del comercio libre para la Nueva Granada y de la necesidad de un plan de desarrollo basado en asegurar el mercado doméstico para productos agrícolas e industriales andinos22. Así como las políticas económicas reformistas cambiaron inevitablemente los costos y los beneficios para distintos grupos de comerciantes y productores en las distintas colonias, contribuyeron a la fragmentación de las sociedades latinoamericanas23. Estos conflictos de intereses cada vez más atomizados -conflictos fomentados tanto por los grandes cambios en la economía atlántica, como por las políticas metropolitanas- ahora encontraron una expresión pública más vigorosa en los ensayos, las memorias, los discursos, las representaciones y las reflexiones publicados por los ilustrados. O sea, para la década de 1790 los conflictos de intereses adquirieron un carácter marcadamente ideológico. Para el Brasil del fin de la Colonia, Bradford Burns describió sucintamente el mecanismo de comunicación entre las nuevas ideas y las infraestructuras institucionales que las diseminarían: el flujo de ideas nuevas hacia el Brasil aumentó en tanto la infraestructura intelectual se expandió. El ingreso de ideas nuevas y la construcción de la infraestructura se respaldaban mutuamente. Mientras más ideas entraban, más fuerte se hizo la infraestructura; y con el fortalecimiento de la infraestructura se hizo más fácil la migración de ideas24. Aunque Burns capta la intensificación en la circulación de las ideas nuevas en las últimas décadas de la época colonial, no habla de la apropiación increíblemente variada de estas ideas en cada colonia y entre las colonias. Las confrontaciones de los ilustrados crearon el escenario para iniciar debates más vigorosos en el medio siglo posterior. 21 O’Phelan Godoy, Scarlett, “Las reformas fiscales Borbónicas y su impacto en la sociedad del Bajo y Alto Perú”, en JACOBSEN, Nils y PUHLE, Hans Jürgen (eds.), The Economies of Mexico and Peru During the Late Colonial Period, 1760 - 1810, Berlin, Colloquium Verlag, 1986, pp. 340-56; Deans-Smith, Susan, Bureaucrats, Planters, and Workers: The Making of the Tobacco Monopoly in Bourbon Mexico, Austin, University of Texas Press, 1992, especialmente pp. 54-65; Vizcarra, Catalina, Markets and Hierarchies in Late Colonial Spanish America: The Royal Tobacco Monopoly in the Viceroyalty of Peru, Tesis doctoral, Urbana-Champaign, University of Illinois, 2001. 22 McFarlane, Anthony, Colombia Before Independence: Economy, Society and Politics During the Bourbon Era, Cambridge, Cambridge University Press, 1993, pp. 128-163. 23 Halperín Donghi, Tulio, op. cit., p. 73. 24 BURNS, E. Bradford, op. cit., p. 224.

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2. Control de la crisis e internacionalización de las economías latinoamericanas (1796-1825) Las guerras napoleónicas y las revoluciones por la Independencia latinoamericanas transformaron cabalmente el ambiente en el que se discutían las ideas económicas. Por el año 1825 (antes en algunas regiones), el pensamiento económico liberal para la elite latinoamericana se había convertido en el cuerpo de pensamiento más probable y legítimo para organizar las economías poscoloniales en desafío al pensamiento corporativo o intervencionista, que en parte había sobrevivido las reformas ilustradas y en parte había encontrado nuevo pábulo en dichas reformas. He decidido poner la cesura en el año 1796, porque la aceleración de los choques externos empezó durante los años de la reanudación de la guerra con Inglaterra. Estos choques tanto económicos como políticos- ampliarían el clima de opinión en las colonias americanas. Las crisis que tuvo el imperio español después de la derrota de la flota combinada franco-española en Cabo San Vicente hicieron necesarias una serie de medidas comerciales y fiscales ad hoc. Estas crisis crearon interrupciones sostenidas del comercio trasatlántico, que lenta pero constantemente empujaron a la elite comercial de la Colonia y a los ilustrados hacia cambios políticos y económicos más allá de las fronteras del Imperio. La autorización del comercio directo con las colonias extranjeras (1795), el comercio neutro (1797-1799), la consolidación de los vales reales (aplicada en las Américas desde 1803), la interrupción de las embarcaciones del mercurio del Almadén, y más generalmente, las interrupciones periódicas del comercio, del flujo de especie y de las comunicaciones imperiales hicieron que los habitantes de la Colonia debatieran si todavía era adecuada para sus economías americanas la estructura reguladora reformada, elaborada por Madrid. De esta manera, la debilidad creciente del nexo imperial impulsó el debate sobre los modelos económicos25. En Brasil, este desarrollo se estableció más abruptamente (y, a pesar de esto, con menos perjuicios) con la destrucción de la neutralidad portuguesa por la invasión francesa de 1807 y la transferencia posterior de la Corte y el centro del Imperio a Río de Janeiro. Los acontecimientos políticos de 1810 a 1825, por supuesto, romperían completamente la estructura reguladora de las economías latinoamericanas con la explosión del mismo nexo colonial. Las codificaciones significativas más tempranas de este cambio vinieron con el decreto que permitía que las embarcaciones de naciones amigas y neutras mayormente las de Gran Bretaña- llegaran al puerto de Buenos Aires en 1809, y el Tratado de Navegación y Comercio entre Portugal y Gran Bretaña de Febrero de 1810 otorgó acceso preferencial de ésta al mercado brasileño26. Pero la línea que conecta estas medidas tempranas con la internacionalización del comercio a través de la América Latina continental como consecuencia de las revoluciones de la Independencia no fue 25 Halperín DONGHI, Tulio, op. cit., pp. 75-93. 26 Sobre los antecedentes del tratado de comercio preferencial de 1810 entre Portugal y Gran Bretaña, ver Ibid., p. 105; BETHELL, Leslie, “The Independence of Brazil”, en BETHELL, Leslie (ed.), Cambridge History of Latin America, Vol. III, Cambridge, Cambridge University Press, 1985, p. 171.

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recta. Aquí no puedo revisar los cambios de política económica durante este período transicional de la Colonia al Estado-nación. Sin embargo, es importante recordar que su ritmo, forma y fundamento variaron significativamente de región a región. Muchas veces tales cambios no eran expresiones inequívocas de una convicción súbitamente crecida en nuevas doctrinas económicas, sino de serios aprietos económicos (para deshacerse de reservas almacenadas de pieles, por ejemplo), emergencias fiscales, o también, en el caso del Tratado portugués-británico, la fuerza. En este período se abrieron nuevos canales para la transmisión de ideas económicas. Se establecieron más cafés, se fundaron las primeras bibliotecas públicas, y los masones discutían los libros y doctrinas de último momento. Una nueva generación de periódicos, incluso los periódicos patrióticos de exiliados en Londres, debatieron más abiertamente los asuntos políticos y económicos27. De igual manera, por esos años las imprentas se difundieron por toda América Latina; las primeras llegaron a la capital del Imperio incaico, Cuzco, junto con el último Virrey, en 182128. Brasil, increíblemente, recibió sus primeras dos imprentas sólo hasta 1808 y 1811, después de la llegada de la Corte real. Casi inmediatamente, iniciaron su actividad en la publicación de estudios de economía política, incluso de traducciones de trabajos del francés, inglés y alemán. En 1811 y 1812, se publicaron las primeras dos ediciones portuguesas de The Wealth of Nations de Adam Smith (la primera edición española apareció en 1794). Smith ya era muy leído y citado entre todos los importantes escritores brasileños de economía29. Las dos décadas anteriores a 1825 vieron un aumento rápido de la disponibilidad y de la influencia de los autores ingleses de obras sobre economía política, por lo menos en ciudades como Río de Janeiro y Buenos Aires. Con la apertura de los puertos al comercio directo a la Europa occidental y a los Estados Unidos, el comercio de libros se avivó también. Por la década de 1820, la mayoría de los nuevos tratados generales sobre economía política, publicados en Francia e Inglaterra se podían conseguir prácticamente sin retraso en Río de Janeiro y, podemos suponer, en otras grandes ciudades. Esto es evidente en la literatura citada por José da Silva Lisboa en su Estudos do Bem Comum e Economía Política, publicado en Río en 1819, probablemente el trabajo más importante sobre economía en Latinoamérica en el primer cuarto del siglo XIX. El historiador moderno de teoría económica tendría dificultades en nombrar a algún autor que faltara en los debates de Lisboa. El autor ya había leído el trabajo principal de David Ricardo, Los Principios de la Economía Política, que apenas había salido en 1817. Cita otros trabajos que hacía poco se habían publicado en Europa en 1819, o sea, pocos meses antes de la aparición de su propio libro30. 27 Bethell, “The Independence…”, en Ibid., p. 178. 28 Walker, Charles F., Smoldering Ashes: Cuzco and the Creation of Republican Peru, 1780- 1840, Durham, Duke University Press, 1999, p. 173. 29 BURNS, E. Bradford, op. cit., p. 229. 30 DA SILVA LISBOA, José, Estudos do bem comum e economia política; ou ciencia das leis naturais e civis de animar e dirigir a geral indústria e promover a riqueza nacional e prosperidade do estado [1819], Parte I, Río de Janeiro, IPEA-INPES, 1975, capítulos 3-10.

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Sin embargo, el canal de transmisión de ideas económicas más importante durante el primer cuarto del siglo XIX consistía en el rápido establecimiento de considerables comunidades extranjeras en todos los puertos y ciudades capitales de América Latina. A comienzos de la década de 1820, muchas ciudades contaban con centenares de residentes extranjeros de larga duración y un flujo constante de visitantes pasajeros. Estos comerciantes eran ingleses, norteamericanos, franceses y, en números más pequeños, provenían de otros países europeos. También llegaban diplomáticos, ingenieros, balleneros, viejos combatientes en las guerras de independencia y naturalistas. Mientras el comercio con sus naciones reemplazó el comercio con España o con Portugal, los comerciantes extranjeros casi inmediatamente se convirtieron en un grupo de interés que trataba de influir en las decisiones gubernamentales sobre tarifas, tasas y regulaciones portuarias, y, en un sentido más amplio, en los derechos de los extranjeros de participar en todos los aspectos del comercio al por mayor y al por menor. Aunque su completa integración dentro de la elite local podía tomar años o hasta décadas, desde el primer momento en que los comerciantes extranjeros abrieron sus oficinas y sus tiendas, éstas se convirtieron en sitios estratégicos para diseminar información sobre los debates económicos noratlánticos. Charles A. Jones ha llamado la atención sobre la formación de una “burguesía cosmopolita”, un grupo transnacional de comerciantes -que con frecuencia se casaban entre sí-, que funcionaron como nudos para el flujo internacional de bienes, capital e información en los centros de comercio mundial. Esta burguesía cosmopolita apareció entre las década de 1760 y la de 1860 con la destrucción del mundo del comercio mercantil y el desarrollo de técnicas de manufactura basadas en máquinas. “Los comerciantes que trabajaban internacionalmente se inclinaban a verse a sí mismos, y a ser vistos por los demás, como agentes de una revolución liberal individualista y progresista”31. Sin lugar a dudas, a comienzos de la década de 1820 así se percibían entre los latinoamericanos. Como afirmó William Glade, los flujos de comercio eran “la industria de crecimiento” más importante en esa época. “Si hubo alguien en las colonias emancipadas quien dudara de la importancia del comercio internacional y las políticas que lo formaron, se hubiera encontrado n adando en contra de la corriente de la opinión internacional”32. En este nuevo mundo cosmopolita comercial, “laissez aller, laissez faire se ha transformado en el aforismo que se proclama tanto hoy en día,” como lo dijo da Silva Lisboa en 183133. En una palabra, las comunidades de comerciantes internacionales establecidas en los puertos y en las ciudades capitales de toda América Latina eran los vínculos vitales de una red económica global de ciudades y sus comarcas en vías de rápida modernización, para las cuales el liberalismo económico constituyó la estructura necesaria para su operación y crecimiento. 31 JONES, Charles A., International Business in the Nineteenth Century: The Rise and Fall of a Cosmopolitan Bourgeoisie, Nueva York, New York University Press, 1987, p. 1. 32 GLADE, William P., “Commercial Policy in Early Republican Latin America”, en LIEHR, Reinhard (ed.), América Latina en la época de Simón Bolivar: La formación de las economías nacionales y los intereses económicos europeos, 1800- 1850, Berlin, Colloquium Verlag, 1989, p. 381. 33 DA SILVA LISBOA, José, “Manual de política ortodoxa [1832]”, en DA SILVA LISBOA, José, op. cit., p. 20.

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Sin embargo, en la primera mitad del siglo XIX, ésta no era una red de naciones, como lo dijo David Ringrose34. Desde la segunda mitad del siglo XVII, los desarrollos económicos que empezaron a fomentar las economías de crecimiento productivo sostenido se entienden mejor como resultado de la expansión de una red de regiones centradas en una o más ciudades principales; las fronteras nacionales eran todavía de importancia secundaria para estas regiones. Esta red, que se originaba en las regiones alrededor de Londres, Amsterdam y París, entre el siglo XVIII tardío y mediados del siglo XIX, se expandió explosivamente para incluir ciudades y sus contornos en las Américas y partes de Asia. Tales regiones podrían ser relativamente numerosas o extensas dentro de ciertos espacios nacionales, mientras en otros espacios pudiera existir solamente una región de este tipo (o ninguna), con la parte sobresaliente del espacio nacional no afectado por la economía internacional de crecimiento productivo sostenido en desarrollo. Dado que el crecimiento productivo a través de la integración de mercados era una, pero por supuesto no la única, fuente de crecimiento productivo, los “comerciantes cosmopolitas” eran nudos cruciales en esta red en aumento, a la vez que contribuían a su expansión y reflejaban la productividad creciente fuera del comercio. Antes de mediados del siglo XIX no tenía mucho sentido para la mayoría de los Estados latinoamericanos hablar de economías nacionales y de una economía política nacional, común a todos los sectores y regiones35. Los mercados de capital, de trabajo y de bienes no estaban integrados a escala nacional, mientras que los niveles de productividad debieron haber variado considerablemente entre un par de nudos modernizadores y otras economías regionales y de sector. La infraestructura de recursos humanos insuficiente, y los marcos reguladores públicos “onerosos” e “ineficientes”, desde los impuestos a los derechos de propiedad, hicieron poco para promover tal integración36. Por eso es fundamental ubicar el análisis del cambio económico en el nivel de las regiones y sus centros urbanos. Los nudos latinoamericanos de la red modernizadora internacional de regiones dentro de un espacio nacional se enfrentaron políticamente. A través de estas luchas políticas, “los discursos dominantes sobre economía y política cambian su vocabulario”37. La relación entre la red internacional modernizadora de regiones y el liberalismo económico, que nos interesa aquí, no era sencilla. Mientras las empresas y los individuos que se movían dentro de esta red mayormente comercial claramente florecían dentro de una estructura liberal -lo cual no prueba ipso facto su idoneidad para las economías nacionales-, no podemos suponer que causaran automáticamente 34 RINGROSE, David, Spain, Europe, and the “Spanish Miracle”, 1700-1900, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, pp. 24-28. 35 Los Estados más pequeños, especialmente Costa Rica, Uruguay y Paraguay, posiblemente formaron excepciones. 36 Coatsworth, John H., “Economic and Institutional Trajectories in Nineteeth Century Latin America”, en COATSWORTH, John H., y TAYLOR, Alan (eds.), Latin America and the World Economy Since 1800, Cambridge, Harvard University Press, 1998, pp. 33-34. 37 Ringrose, David, op. cit., p. 36.

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el surgimiento de las instituciones económicas liberales. La tremenda expansión de la red modernizadora entre finales del siglo XVIII y mitad del XIX había sido la consecuencia de acontecimientos políticos. Durante largos períodos, los comerciantes y los productores de los nudos modernizadores habían podido sobrevivir en economías altamente especializadas (restringidas a su región y a su comercio específico) dentro de Estados y sociedades, que no adoptaron la estructura económica liberal. Bajo tales condiciones, los nudos modernizadores pudieron dar un débil impulso para extender una economía productiva sostenida hacia las otras economías regionales del entorno nacional. Por otro lado, se presentaban otras situaciones, en las que el liberalismo económico se convirtió en dominante políticamente antes de que la mayoría de las regiones económicas dentro del espacio nacional hubiera formado parte de la red modernizadora38. Esto afectaría poderosamente la naturaleza de las instituciones liberales en formación, y resultaría en una estructura económica nacional, en la cual el liberalismo putativo era tan estadista o clientelista que convertiría la noción de una economía liberal en una contradicción. En resumen, mientras las características de las distintas economías regionales dentro de un espacio nacional claramente influyeron en las políticas económicas y en las estructuras institucionales, no las determinaron, por lo menos no de inmediato. Alrededor de 1820, las doctrinas básicas del liberalismo económico ya se habían popularizado entre los políticos, los intelectuales y los hombres de negocios en Latinoamérica (aunque quizás menos en los Andes que en la costa este de Suramérica). Lo que importaba ahora era hasta qué punto y en qué forma se podían convertir en políticamente dominantes. Antes de regresar a este asunto, me gustaría presentar brevemente algunas ideas de un economista latinoamericano que trabajó en este momento de innovación intelectual para el liberalismo. José da Silva Lisboa (1756-1835), nacido en Salvador da Bahia y graduado en la universidad de Coimbra, con una carrera distinguida en la administración real, había escrito estudios e informes sobre asuntos económicos desde la década de 1790. En 1804 apareció su obra Principios de Economía Política, que ya manifestaba una fuerte influencia de Adam Smith. Sin embargo, su trabajo clave se titulaba Estudos do bem comum e economía política, publicado en tres tomos entre 1819 y 1820. La obra se había planeado a escala mucho más grande, que consistía en doce partes, con amplias secciones no sólo sobre los principios fundacionales de la economía política, y las “teorías” de la “industria general”, el valor, el capital, la renta, y el interés, sino también sobre los diversos sectores de la economía; sobre el trabajo y la importancia de las máquinas; sobre el dinero, el crédito y la banca; sobre la promoción industrial y más frecuentemente sobre la formación de políticas económicas y la administración para estimular la riqueza nacional y el aumento de la población; sobre la relación entre la riqueza de las naciones y su poder; y sobre otros temas. Desgraciadamente, da 38 Ibid.

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Silva Lisboa nunca terminó las últimas nueve secciones. De todos modos, en este plan se vislumbra el tremendo cambio comparado con lo escrito en Latinoamérica sobre asuntos económicos hasta la década de 1790. Mientras los escritores de finales del siglo XIX enfatizaban lo particular, en los Estudos da Silva Lisboa habla de la ley natural a través de la cual la riqueza se crea en todos lados; sólo permite modificaciones “accidentales pero no substantivas” según el lugar y el tiempo39. Aunque se basa mayormente en Smith, Malthus y Ricardo, a los cuales considera los colaboradores principales al estudio de la economía como un bien común, rechaza ciertas partes de sus doctrinas, añade ideas originales, y se enfoca en elementos periféricos de la económica clásica. Las leyes que regían la riqueza de las naciones las daba el Ser Supremo; da Silva Lisboa citaba frecuentemente la Biblia para apoyar sus máximas, e interpretaba la economía política como “auxiliar” de la moralidad40. Da Silva Lisboa rechazó explícitamente la trampa maltusiana. Acertó en no encontrar evidencia en Brasil para apoyar la noción de que el aumento de la población resultaría en una crisis de subsistencia, dada la oferta ilimitada de tierra. Fue influido por Lord Lauderdale (1759-1839), quien hoy se considera como uno de los precursores de la economía del bienestar, ya que vio un conflicto entre la riqueza nacional y la riqueza personal41. Da Silva Lisboa coincidió con Lauderdale (y el economista francés Canard) al reconocer que la tierra, el trabajo y el capital eran las fuentes de la riqueza nacional. Para el brasileño, el “progreso de la civilización” venía de la inteligencia humana, de la capacidad para desarrollar máquinas, medios de comunicación, medios de explotar la tierra, etc., que incrementaban la productividad. De esta forma, el aumento de la riqueza de una nación dependía directamente de la proporción entre la inteligencia y el trabajo manual en la producción de los bienes42. Da Silva Lisboa abogaba fervientemente por el libre comercio y la mayor autonomía individual posible. Sin embargo, se preocupaba más que nada por el bienestar de toda la nación, y no lo veía automáticamente como compatible con el bienestar individual. Dado que el empleo de todas las manos en la nación era para Da Silva Lisboa una de las metas de la economía política, intentó encontrar el punto medio entre maximizar la producción interna y no alterar absurdamente el principio de la ventaja natural. Consideraba que la esclavitud era antieconómica, y proponía la distribución amplia de la tierra. Por eso escribió en 1832: “En todo debe haber un promedio justo entre los extremos de gobernar mucho y no gobernar nada […]. En los viejos gobiernos, se censuraba debidamente el hecho de que en casi todo se veía la mano de la autoridad. Pero tampoco es conveniente adoptar, sin modificarlo, el aforismo tan proclamado hoy en día: laissez aller - laissez faire”43. En una palabra, José da Silva Lisboa, quien 39 da Silva Lisboa, José, op. cit., p. 169. 40 Ibid., p. 62. Para la comparación de Silva Lisboa entre el economista y el catequista, ver Ibid., p. 73. 41 Spiegel, Henry William, The Growth of Economic Thought, 3a. ed., Durham, Duke University Press, 1991, pp. 299-302. 42 da Silva Lisboa, Estudos do…, op. cit., pp. 187-188, 236-238 y 241-243. 43 da Silva Lisboa, José, Manual, citado en ALMEIDA, José, “Atualidade das idéias economicas do Visconde de Cairu”, en DA SILVA LISBOA, Jose, Estudos do…, op. cit., p. 20.

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envejeció al servicio de los Bragança, propugnaba un liberalismo económico flexible. Éste tomó forma tanto por su tremenda erudición, como por su conocimiento cabal de la situación brasileña y por su catolicismo. Además, su enfoque innovador sobre la inteligencia como la fuente primaria del progreso humano y de la acumulación de la riqueza demuestra que alrededor de 1820, el desarrollo del pensamiento económico moderno no debe concebirse como la difusión unilateral del conocimiento europeo entre los consumidores de conocimiento latinoamericanos.

3. Lucha inconclusa entre el liberalismo y otras doctrinas económicas y prácticas arraigadas (c. 1825-1848) Los primeros 25 o 30 años después del final de las revoluciones por la Independencia son una de las dos épocas acerca de las cuales no existe un consenso entre los estudiosos sobre el predominio del liberalismo económico44. La divergencia de opinión se debe en parte a las distintas perspectivas nacionales -las influencias liberales eran decididamente más débiles en Bolivia, Perú o México que en Argentina-, pero estas perspectivas también reflejan distintos posicionamientos conceptuales e ideológicos. El escepticismo acerca de la influencia del liberalismo económico en muchas partes de América Latina antes de 1850 ha crecido durante los últimos quince años, y creo que este escepticismo se justifica para muchas regiones. Mientras la mayoría de los sectores de las elites latinoamericanas se dieron cuenta en la década de 1820 de que el aumento del comercio exterior y especialmente de las exportaciones sería crucial para el desarrollo económico nacional, y así mismo mientras demostraron poseer un conocimiento general de la nueva ciencia de la economía política, esto no los convirtió automáticamente en liberales. Como dijo el ministro chileno de finanzas José A. Rodríguez en 1822: “Somos liberales en todo lo que no tiende a arruinarnos”45. Y antes de mediados de siglo, quienes diseñaban la política en la mayoría de los países frecuentemente concebían al libre comercio, al trabajo libre y a los mercados inmobiliarios como ruinosos. En el entusiasmo teórico de las elites políticas e intelectuales por la nueva ciencia de la economía política, se realizaron esfuerzos durante los años inmediatamente posteriores a la Independencia para propagar la doctrina a través de cursos en escuelas y universidades. En 1823, el Congreso mexicano debatió ampliamente la propuesta hecha por varios diputados para establecer “una cátedra de economía política en cada capital provincial, bajo la inspección directa de las diputaciones provinciales”. Todos aquéllos que cursaban la carrera de derecho debían tomar un curso en economía política durante seis meses como mínimo, y todos aquéllos que se postulaban para un puesto en los ministerios de finanzas y del exterior tenían que examinarse en economía política con tres catedráticos especializados en el tema. Después de un arduo debate, en el pleno de la Cámara de 44 La otra época se refiere a los años entre 1890 y 1930, la cual solamente menciono brevemente en las conclusiones. 45 WILL, Robert M., op. cit., pp. 6-7.

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Diputados, el proyecto fue devuelto a su comisión de origen porque no estaba claro cómo podría implementarse46. Las reformas liberales educacionales de 1833 crearon un Colegio de Humanidades y Ciencias Ideológicas, aparentemente dirigido por el mismo José María Luis Mora, que daba clases en economía política47. En Chile, el famoso Instituto Nacional enseñaba a partir del año 1819 un curso basado en el Traité d’économie politique de Say. Durante los treinta años siguientes, el número de estudiantes inscritos se redujo, la enseñanza se basaba en la repetición de memoria, y los profesores tenían la reputación de ser aburridos y de estar mal informados. Sin embargo, a nadie parecía importarle antes de finales de la década de 184048. Durante la época del gobierno Unitario en Buenos Aires, veinte años antes, se adoptó una aproximación utilitaria a la economía política en la universidad y tal vez en otras instituciones. Sin embargo, parece haber desaparecido del currículo universitario en los años de la ‘destripación’ de la universidad durante el régimen de Rosas49. Y en Lima los primeros cursantes de esta materia sólo aparecieron al final de la década de 184050. En una palabra, antes de mediados de siglo, los esfuerzos por entrenar una generación de elites en política económica fueron pocos, o fracasaron. La prensa en ciernes de las naciones independientes ahora se convirtió en una vía fundamental para el debate de las ideas económicas. Pero la mayoría de los periódicos estaban ligados a círculos políticos específicos y con frecuencia adoptaban un tono chillón y combativo en las luchas políticas diarias. Los gobiernos apoyaban a los periódicos que los secundaban a través de múltiples suscripciones, subvenciones financieras directas, acceso preferido al papel prensa y otros favores. A los periódicos de la oposición se los acosaba y multaba; tenían que pagar tasas más elevadas para poder funcionar, o directamente se los eliminaba. En regímenes liberales o conservadores ideológicamente doctrinarios, esto significaba que la opinión que se publicaba tendía a apoyarlos. De esta forma, al diseminar interpretaciones acerca de economía política que no eran imparciales, la prensa servía más que nada para reforzar las políticas económicas ya existentes, en lugar de promover su cambio. La influencia extranjera en las direcciones que adoptaban las políticas económicas en América Latina, entre la década 1820 y finales de 1840, ha sido largamente debatida en el contexto de los estudios sobre el imperialismo informal y la dependencia51. Me 46 REYES HEROLES, Jesús, El liberalismo mexicano, Vol. 1, México, Universidad Nacional de México, 1957, pp. 123-127. 47 HALE, Charles, Mexican Liberalism in the Age of Mora, 1821-1853, New Haven, Yale University Press, 1968, p. 173. 48 WILL, Robert M., op. cit., pp. 4, 17-18; Villalobos R., Sergio y Sagrado B., Rafael, El proteccionismo económico en Chile, siglo XIX, Santiago, Instituto Blas Cañas, 1987, pp. 12-21. 49 Adelman, Jeremy, op. cit., pp. 167-168. 50 Gootenberg, Paul, Between Silver and Guano: Commercial Policy and the State in Post-Independence Peru, Princeton, Princeton University Press, 1989, pp. 88-89. 51 Para una visión de conjunto de estos debates ver KAY, Cristobal, Latin American Theories of Development and Underdevelopment, Londres, Routledge, 1989; para una perspectiva menos eurocéntrica y más interactiva acerca del imperialismo ver SMITH, Tony, The Pattern of Imperialism: The United States, Great Britain and the Late-Industrializing World Since 1815, Cambridge, Cambridge University Press, 1981; CAINS, Peter J. y HOPKINS, Anthony G., British Imperialism: Innovation and Expansion, 1688-1914, Londres, Longmans, 1993; para una visión equilibrada de la agenda británica en América Latina, ver MILLER, Rory, Britain and Latin America in the Nineteenth and Twentieth Centuries, Londres, Longmans, 1993.

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limitaré al asunto de las influencias extranjeras activas y directas sobre los debates y los resultados de las políticas económicas. A pesar de todo, los cambios estructurales en las economías regionales, en las cuales las comunidades de la burguesía cosmopolita de Jones jugaron un papel tan importante, constituían en sí mismas el principal impulso para llevar a cabo la transformación de las políticas económicas. A este nivel estructural, sin embargo, la diferencia entre las influencias extranjeras e internas tendió a oscurecerse, porque las redes modernizadoras incluían a comerciantes y a productores tanto extranjeros como nacionales52. Si consideramos más estrechamente su influencia directa sobre la formulación de la política económica, debemos diferenciar entre las interferencias extranjeras privadas y las de los gobiernos extranjeros. Para la mayoría de las naciones, la influencia de los comerciantes, mineros y financieros extranjeros fue más fuerte durante la primera década posterior a la Independencia, y luego disminuyó durante las décadas 1830 y1840. La internacionalización de las economías latinoamericanas coincidió con un breve ciclo de expansión de las inversiones y los préstamos entre 1821 y 1825. La apertura especulativa del mercado monetario y la bolsa de valores de Londres para préstamos latinoamericanos y acciones de compañías mineras se logró mediante grupos de comerciantes y banqueros británicos asociados con políticos y representantes diplomáticos latinoamericanos. Estos grupos reforzaron mutuamente sus convicciones de la importancia de abrir mercados y crear requisitos legales para la inversión extranjera53. De este modo y en este primer momento de entusiasmo, los comerciantes extranjeros, los mineros y los financieros no aumentaron su influencia sobre políticas económicas a través del soborno y de la política de presión -aunque estos nunca faltaban-, sino a través de una comunidad de interés imaginada entre ellos y grupos específicos de políticos latinoamericanos54. Después de la caída de la bolsa de valores de Londres, la crisis financiera comercial general en Europa entre finales de 1825 y mediados de 1826, y el derrumbe de la mayoría de los emprendimientos mineros, sin mencionar la delincuencia de casi todos los préstamos latinoamericanos en esos mismos meses, el clima para los comerciantes extranjeros en América Latina cambió y se les hizo más difícil ejercer su influencia sobre la política económica del gobierno. La mayoría de las naciones (con la excepción prominente del Brasil) no tenían acceso a los préstamos extranjeros por 25 años como 52 Este es uno de los puntos enfatizados por GOOTENBERG, Paul, op. cit., particularmente p. 15; también existieron redes trasnacionales de los “nacionalistas”, conservadores o grupos con perspectivas más corporativistas; tales redes incluyeron lazos con grupos de poder en repúblicas vecinas y con representantes de las naciones más poderosas; como ejemplo se puede pensar en los lazos de liberales y conservadores guatemaltecos y de las otras repúblicas centroamericanas con los Estados Unidos y el Reino Unido, respectivamente, durante las décadas de 1840 y 1850. 53 Marichal, Carlos, A Century of Debt Crises in Latin America: From Independence to the Great Depression, 1820-1930, capítulo 1, Princeton, Princeton University Press, 1989. 54 Ver BERNECKER, Walter, “Las relaciones entre Europa y Latinoamérica durante el siglo XIX: Ofensivas comerciales e intereses económicos”, en Hispania, Vol. 53, No.1, Madrid, Consejo superior de investigaciones científicas, Instituto Jerónimo Zurita, 1993, pp. 177-212, especialmente p. 191.

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mínimo, y la inversión extranjera directa disminuyó precipitadamente. Dada esta situación, la influencia ejercida por los comerciantes extranjeros también se redujo considerablemente. Esto no significa que no seguirían intentándolo. Sin embargo, los riesgos para los comerciantes que trataban de influir directamente en la política latinoamericana eran mucho mayores ahora, puesto que crecían en proporción a la debilidad del régimen y a la amenaza de una crisis o de una guerra civil (y éstos eran, paradójicamente, los regímenes, en los cuales el dinero o la presión extranjeros hubieran podido tener éxito con facilidad). Como ha sugerido Paul Gootenberg acerca de la comunidad de comerciantes extranjeros en el Perú durante las décadas de 1830 y 1840, los comerciantes más poderosos y mejor establecidos tendían a evitar riesgos, deseosos de mantener buenas relaciones con los regímenes de turno55. Los gobiernos extranjeros eran otra historia. Claramente influían en las políticas económicas de los países latinoamericanos durante este período sobre todo en la dirección del liberalismo económico, aunque no siempre56. Sus herramientas incluían las delegaciones cotidianas de ministros, chargés d’affaires o cónsules encargados de negociar proyectos de ley o decretos que se consideraban contrarios a los intereses económicos de sus comunidades de negocios, protestas y demandas de compensación por pérdidas sufridas por sus ciudadanos (desde préstamos no pagados hasta la confiscación y la destrucción de propiedades en época de guerra), la negociación de tratados comerciales, el apoyo a un partido político en contra de otro, y la diplomacia cañonera o la guerra. Hubo muchos casos en los cuales este tipo de negociación, presión y amenaza o el uso de la fuerza tuvo como resultado cambios de políticas gubernamentales en la dirección general del liberalismo económico; desde la participación directa del diplomático británico Chatfield en el diseño de las políticas fiscales guatemaltecas hasta los numerosos tratados de comercio y navegación que prometieron reducir las tarifas, e, incluso, la supervivencia del gobierno económicamente liberal de los Colorados en Uruguay como resultado de la intervención militar de los británicos en 184357. Sin embargo, hubo muchos otros casos en los cuales tales intromisiones resultaron contraproducentes a tal punto que reforzaron la cohesión de las coaliciones antiliberales. Paul Gootenberg ha sostenido esta tesis en el caso del Perú de finales de la década de 1820 y finales de la de 1840, y ésta también se aplica a la intervención militar británica en Argentina durante la mayor parte de la década de 1840. Hasta en el Brasil, donde Gran Bretaña había logrado casi todo lo que quería entre 1808 y finales del decenio de 1820, veinte años más tarde, los gobiernos tanto conservadores como liberales estaban mucho menos interesados en ceder a las presiones británicas58. 55 Gootenberg, Paul, op. cit., pp. 21-22. 56 El tratado Franco-Haitiano de 1824, por el cual Francia reconocería la independencia de Haití a cambio de una indemnización para hacendados azucareros, incluyó un acápite incrementando los aranceles de importación para bienes ingleses; o sea Francia buscaba un trato comercial preferencial, a la vez que la liberalización del comercio. Marichal, Carlos, op. cit., p. 35. 57 MILLER, Rory, op. cit., pp. 48-59. 58 BETHELL, Leslie y DE CARVALHO, José Murilo, “Brazil From Independence to the Middle of the Nineteenth Century”, en BETHELL, Leslie (ed.), Cambridge History of Latin America, Vol. III, Cambridge, Cambridge University Press, 1985, pp. 724-726.

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Una valoración general de la influencia extranjera por parte de los gobiernos y de los intereses privados sobre la aceptación del liberalismo económico en los primeros años posteriores a la Independencia en América Latina necesita hacer algunas distinciones cuidadosas. A un nivel estructural, los hombres de negocios europeos y norteamericanos y sus protectores diplomáticos fueron elementos críticos de la economía modernizadora internacional para la cual el liberalismo económico se imaginaba como justificación doctrinal y el único paradigma operativo legítimo. La sola presencia de estos hombres y su insistencia pusieron de presente la identidad supuesta entre la nueva economía internacional y sus reglas liberales ante sus socios comerciales y los burócratas latinoamericanos. A pesar de todo esto no significa que las intervenciones específicas de los extranjeros siempre tuvieran éxito en imponer el liberalismo económico a los latinoamericanos. Tales intervenciones tuvieron poco eco después de la década de 1820, porque muchos latinoamericanos ya no estaban convencidos de que la fórmula liberal para enriquecer a una nación se aplicaba a su propia nación. Después de un breve momento de universalismo clasicista alrededor de los años de la Independencia, hacia finales de la década de 1830 el Romanticismo tuvo legitimidad una vez más al ver a cada nación como una entidad con dotes únicas. Mientras que para la Generación de 1837 en Argentina, tal introspección se combinaba con el liberalismo, en otros círculos intelectuales del continente esto no sucedió. El destino del liberalismo económico en esta nueva atmósfera de desilusión dependía de muchas variables: de los costos y beneficios de una economía abierta correspondiente a varias economías sectoriales y regionales dentro del espacio nacional; de la necesidad de rentas (por ejemplo aduaneras) después del colapso o la abolición de varios impuestos coloniales; y de factores más intangibles de estructuras de poder (la articulación de dimensiones regionales, sectoriales, sociales, e ideológicas) y prácticas arraigadas de cómo tratar con diversos grupos (entre los extremos de la conciliación y la imposición por la fuerza). En el Buenos Aires rosista la solución fue la imposición forzada de una política rígida de promoción de las exportaciones para los estancieros de la provincia en contra de los intereses de todas las demás regiones, tanto aquéllas que esperaban beneficiarse del comercio libre como de aquéllas donde los costos del liberalismo económico fueron por mucho tiempo más grandes que sus beneficios. El distanciamiento del régimen de comercio libre ocurrido en la década de 1830 en Buenos Aires tenía más que ver con la disminución de las rentas y las estrategias para estabilizar el régimen rosista que con los profundos desafíos socioideológicos al liberalismo económico. Como ha dicho Tulio Halperín, inicialmente en Buenos Aires y después de 1852 o 1862 en Argentina, el liberalismo quería ser -y con buena razón- “la expresión política de esta misma sociedad”59. Más sorprendente tal vez es el caso de la Nueva Granada, donde, según Frank Safford, una alternativa plausible al liberalismo económico se desarrolló apenas por unos 59 HalperÍn DONGHI, Tulio, op. cit., p. 150.

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pocos años al comienzo de la década de 1830, aunque las oportunidades para impulsar nuevos sectores de exportaciones sólo emergieron después de mediados del decenio de 184060. Creo que este arraigo sorprendente del liberalismo económico en la Nueva Granada postindependentista a lo mejor debía mucho a la constelación de poder entre varias regiones, sobre todo la Antioquia minera, la región entre Cundinamarca y Santander con sus productores de granos y su fuerte sector de artesanías, la Costa caribeña, y el complejo esclavista ganadero y azucarero del Valle del Cauca. Tal vez aquí el liberalismo económico se debe entender como una expresión de un tipo de arreglo de poder, con un Estado débil incapaz de imponer una visión más centralista y corporativista de desarrollo económico. El exitoso caso chileno de la promoción de exportaciones combinado con un proteccionismo moderado y cuidadoso con sorprendentemente poca variación de los regímenes de comercio entre la Ley de Libre Comercio de 1811 de la primera república, los de la época liberal y los de la era portaliana, hasta alrededor de 1850 de alguna manera parece como un caso contrario al caso neogranadino. Por mucho tiempo resultó posible mantener unidos bajo tal programa los intereses de los dueños de los fundos del valle central, los mineros del norte chico y los comerciantes de Santiago-Valparaíso. Esta unidad fue posible en parte tal vez por los lazos sociales tan cercanos entre todos estos sectores, y también porque la elite chilena se motivaba por una misión continua de emancipación económica de los mercaderes y burocráticos coloniales en Lima61. Los casos de México y Perú aunque distintos en ciertas facetas, representan algunas de las derrotas más significativas del liberalismo económico en las dos décadas después del entusiasmo del decenio 1820. Como Salvucci et al. han propuesto para México y Gootenberg para el Perú, los grupos sociales que podían sostener una política de libre comercio o bien estuvieron ausentes (la interpretación de los Salvucci para el caso mexicano), o eran débiles y fueron fácilmente derrotados (Gootenberg sobre Perú). En ambos casos, el proteccionismo alrededor de 1830 se unió a un nacionalismo demasiado confiado62. Un análisis que incorpora los límites de la influencia del liberalismo económico sobre las elites latinoamericanas necesita ser algo más que un análisis de las políticas comerciales, para considerar nociones de propiedad y regímenes de trabajo. Y en 60 SAFFORD, Frank, “The Emergence of Economic Liberalism in Colombia”, en LOVE, Joseph y JACOBSEN, Nils (eds.), Guiding the Invisible Hand: Economic Liberalism and the State in Latin American History, Nueva York, Praeger, 1988, pp. 35-62. 61 El análisis hecho por ZEITLIN, Maurice, The Civil Wars in Chile (or the Bourgeois Revolutions That Never Were), Princeton, Princeton University Press, 1984, sobre las “revoluciones burguesas chilenas malogradas” durante la década de 1850, es muy sugestivo para la diferenciación gradual de grupos sociales de elite, pero exagera la base clasista de la diferenciación del sistema chileno de partidos políticos; para una interpretación distinta ver COLLIER, Simon, y SATER, William F., A History of Chile, 1808-1994, Cambridge, Cambridge University Press, 1994. 62 Salvucci, Richard J., Salvucci, Linda K. y Cohen, Alvin, “The Politics of Protection: Interpreting Commercial Policy in Late Bourbon and Early National Mexico”, en ANDRIEN, Kenneth J. y JOHNSON, Lyman L. (eds.), The Political Economy of Spanish America in the Age of Revolution, 1750-1850, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1994, pp. 95-114; Gootenberg, Paul, op. cit., especialmente capítulos 2 y 3.

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este sentido muy poco cambio es visible en la mayor parte de América Latina, con excepción de las regiones cuyas economías ya estaban creciendo fuertemente antes de la década de 1850, y allí donde la esclavitud o el peonaje no se utilizaban para satisfacer la demanda de trabajo. Según Hilda Sabato, las estancias ovinas de Buenos Aires ya contaban con un mercado libre de trabajo en los años 185063. No parece que los estancieros tuvieran mucho interés en la legislación restrictiva para este mercado. Buenos Aires es casi el único caso de un mercado de trabajo rural mayormente libre en cualquier parte de América Latina hasta 1850. Aun en Chile, con su economía de exportación en crecimiento entre 1830 y 1870, el inquilinaje, el tipo de peonaje utilizado en la mayoría de los fundos del valle central, se hacía más rígido, exigente y feudal, algo parecido a lo que pasó en las haciendas de los junkers prusianos en la misma época64. Ninguna administración estatal liberal interfirió para soltar este control latifundista cada vez más estricto.

4. El liberalismo triunfante (1849-1880/90) ¿A qué se debe que el liberalismo económico se haya hecho dominante en la mayoría de los países de América Latina entre los últimos años de la década de 1840 y principios de 1870? En primer lugar, claramente no podría haber ocurrido sin la agitación intelectual y los cambios estructurales de los setenta u ochenta años previos ya descritos. En segundo lugar, los cambios en las constelaciones políticas internacionales, como la abolición de las leyes de cereales en Gran Bretaña en 1846, las revoluciones de 1848, y la tendencia general subsiguiente de rebajar las tarifas en muchas partes de Europa, hicieron al liberalismo más creíble. Finalmente, el asunto clave es si la mejora de la perspectiva de muchas economías regionales en América Latina fue una causa principal del ascenso del liberalismo económico, o si esta mejora fue una consecuencia de las reformas económicas liberales mismas. En otras palabras (parecidas a las preguntas sobre el auge del neoliberalismo entre los años 1970 y comienzos de los 80): ¿se adoptó el liberalismo económico porque las elites latinoamericanas no tuvieron otra alternativa (al haberse negado sus economías nacionales y/o la salud fiscal de la nación a reaccionar a los experimentos de las décadas previas), o se adoptó el liberalismo económico precisamente porque las mejora de la economía volvió a las elites más optimistas acerca del lugar de la nación en el mercado y en el orden internacional? Tulio Halperin ha sugerido que en Argentina y México, algunos intelectuales claves abogaron por una apertura de la economía, no porque ellos verdaderamente la quisieran, sino porque sintieron que no había alternativa65. John Coastsworth propone 63 SABATO, Hilda, Agrarian Capitalism and the World Market: Buenos Aires in the Pastoral Age, 1840-1890, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1990. 64 BAUER, Arnold, Chilean Rural Society From the Spanish Conquest to 1930, Cambridge, Cambridge University Press, 1975, capítulo 2. 65 HALPERÍN, Tulio, op. cit., p. 146; para una perspectiva similar sobre la aceptación del libre comercio en Colombia, ver OCAMPO, José Antonio, Colombia y la economía mundial, 1830-1910, México, Siglo Veintiuno, 1984, p. 46.

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el siguiente vínculo entre las reformas liberales y el rendimiento económico variable: en la segunda mitad del siglo XIX, en casi todos los países latinoamericanos se llevaron a cabo una serie de reformas similares (ocasionalmente idénticas), que eliminaron o redujeron sustancialmente los más importantes apremios institucionales heredados de la época colonial. En la mayoría de los casos el proceso empezó con la eliminación de los monopolios estatales, los fueros militares y religiosos, y otros privilegios, un amplio arsenal de impuestos y aranceles domésticos, y derechos de propiedad arcaicos (vínculos propietarios, tierras invendibles en manos de la Iglesia o de indígenas y la esclavitud), y continuó con la privatización de las tierras públicas, la implementación de nuevos códigos civiles y comerciales, y esfuerzos para atraer capital y mano de obra extranjeros al desarrollo de los ferrocarriles y otras obras públicas, así como también una amplia gama de actividades productivas. El momento y la secuencia de las reformas variaron con las fortunas políticas de los partidos y las facciones contendientes en cada país. En aquellos países que tomaron más tiempo, el crecimiento económico tardó más que en otras partes66. Este breve resumen de la sustancia de las reformas económicas liberales parece sugerir dos cosas: primero, su gran uniformidad en la mayoría de los países latinoamericanos, diferenciadas solamente por retrasos, y segundo, por un vínculo causal que hacía de las reformas -la eliminación de obstáculos institucionales- la precondición para el crecimiento. Eso parece coincidir con el juicio de Tulio Halperín: las elites tenían que hacer esto para que creciera la economía, lo quisieran o no. Y el crecimiento es una consecuencia de las reformas, no su causa. Tal vez estoy siguiendo una pregunta algo irrelevante acerca del origen de esta cuestión. Pero en algunos casos, por lo menos, el crecimiento económico había comenzado mucho antes de las reformas. En el Perú, por ejemplo, las rentas del guano estaban creciendo para finales de la década de 1840, años antes de que las reformas liberales centrales se hubieran implementado. En Bolivia, la recuperación de la producción y de las exportaciones de plata precedieron la mayoría de las reformas liberales más importantes, las que liberaron la circulación y la exportación de la plata no acuñada. En el caso boliviano, unas tasas de crecimiento aún más espectaculares en la producción de plata ocurrieron en la década de 1870, después de que las reformas liberalizadoras cruciales (y después de mejoras en las condiciones de transporte) se hubieran terminado. De todos modos, el crecimiento económico muchas veces creó el espacio (fiscal y político) para emprender reformas económicas liberales, las cuales previamente se habían percibido como divisivas y no viables políticamente. El vínculo crucial que ayuda a sobreponerse al enigma circular acerca del origen del problema del ascenso del liberalismo económico, tiene que ver con la política. Cada adelanto importante del liberalismo fue acompañado por algún tipo de reacomodo político. La naturaleza y la profundidad de este reacomodo variaban. Pero las 66 Coatsworth, John H., “Economic and …”, en op. cit., p. 39.

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coaliciones necesitaban ser realineadas, y quienes propugnaban por el liberalismo necesitaban adquirir una base de aliados más amplia para poder llevar a cabo sus reformas. De algún modo muy variable, diferentes regiones -mal articuladas en la mayoría de los casos hasta mediados de siglo- necesitaban incorporarse a la nación. Esto podía ocurrir a través de fórmulas que tomaran en cuenta los intereses de las regiones antes ignoradas, o por la imposición de la fuerza, o una combinación de las dos. Tal combinación parece haber estado en juego en la fundación del Estado argentino moderno entre 1859 y 1862, el que Carlos Marichal ha descrito como una expresión de asuntos locales, política nacional, y reformas fiscales orientadas a la conciliación de diversas elites regionales67. En el Brasil, por el contrario, las reformas liberales durante los gobiernos conservadores moderados y liberales moderados de los Saquaremas y la conciliação en los primeros años de la década de 1850 eran algo pobres, y se limitaron mayormente a la abolición del comercio de esclavos y a una reforma agraria que abolió las sesmarias y posses, más que nada porque todas las elites provinciales se aferraron a la institución de la esclavitud y a la institución del Emperador como su garante.De hecho, la reforma agraria puede ser interpretada como una medida antiliberal, si se basa en la idea de Wakefield de mantener una fuente abundante de mano de obra para la agricultura de plantaciones, limitando el acceso a la tierra68. A causa de que casi ninguna nación lograba integrarse regional, social ni étnicamente, y en cuanto a la infraestructura gubernamental y de transporte, las reformas liberales representaban programas para construir la nación, es decir, el intento de desarrollarla a través de un mecanismo de comunicación entre la creación de instituciones modernas y el crecimiento económico basado en las exportaciones. Los intereses de la nación y los de aquellas elites que formaban parte del acomodo político liberal parecían idénticos. Esto podía requerir la represión de elites regionales rebeldes y de amplios sectores populares. Había gran variedad de tareas asignadas al Estado para lograr construir la nación: por ejemplo, era insignificante en la Nueva Granada, donde hacia 1864 los liberales creyeron que aún la construcción de los caminos y las escuelas no debía ser tarea del gobierno; al contrario, era considerable en el Perú del guano. También debemos cuestionar la opinión de John Coatsworth sobre la uniformidad de las reformas liberales. Es por lo menos exagerada. Después de los débiles intentos de Bolívar y La Mar en 1825 y 1828, el Perú nunca tuvo un decreto que privatizara las tierras comunales indígenas como la Ley Lerdo de 1856 en México, o las leyes bolivianas de 1866 y 1874, o la privatización de las tierras comunales y municipales en El Salvador en 1882. Mientras éste último intentaba fomentar un mercado libre 67 Marichal, Carlos, “Liberalism and Fiscal Policy: The Argentine Paradox, 1820-1862”, en PELOSO, Vincent y TENENBAUM, Barbara (eds.) Liberals, Politics and Power: State Formation in Nineteenth Century Latin America, Athens, University of Georgia Press, 1996, pp. 90-110. 68 Ver VIOTTI DA COSTA, Emilia, The Brazilian Empire: Myths and Histories, Chicago, University of Chicago Press, 1985, capítulo 4, pp. 78-93; pero compare la interpretación más sútil de DEAN, William, “Latifundia and Landpolicyin Nineteenth Century Brazil”, en Hispanic American Historical Review, Vol. 51, No. 4, Durham, Duke University Press, 1971, pp. 606-625.

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de trabajo rural y no utilizó la fuerza del Estado para reclutar trabajadores para las haciendas cafeteras, esto es precisamente lo que hicieron los ‘liberales’ en la vecina Guatemala con las leyes de mandamiento de los años 1870 y después. Y aun cuando en dos países se llevaron a cabo reformas formalmente idénticas, éstas podían tener sentidos y consecuencias drásticamente distintos. Por ejemplo, el establecimiento de las leyes de propiedad liberales. En Argentina, como Jeremy Adelman ha comentado recientemente, esto fue uno de los logros importantes del acomodo de los años 1860; desde entonces los terratenientes disfrutaron de títulos seguros y de un aparato legal para protegerse de los reclamos. En el Perú andino, sin embargo, el muy moderno Código Civil de 1852, con sus instrumentos complejos y formalísticos que establecían garantías para la propiedad privada, en las seis o siete décadas siguientes se convirtió en la herramienta favorita de los gamonales usurpadores para tomar posesión subrepticiamente de las tierras de los campesinos indígenas y de los hacendados más débiles que contaban con poco efectivo. Hubo complejos de exportaciones, entonces, que florecieron entre los años 1850 y 1920, pero que a la misma vez se sintieron poco afectados por las reformas liberales implementadas a nivel nacional. En breve, mientras el liberalismo económico dominó con su doctrina en la mayoría de los países latinoamericanos entre finales de la década de 1840 y el año 1890, la naturaleza y las consecuencias de este dominio variaron mucho. Además, los regímenes supuestamente liberales aprobaron leyes y continuaron prácticas, que ya sea por diseño o por consecuencia, contradijeron rotundamente el liberalismo económico, como, por ejemplo, la ley brasileña sobre tierras de 1850, las leyes guatemaltecas de mandamiento, y el Código Civil peruano. Después de 1890, opino, el liberalismo económico inspiraba desconfianza en algunos círculos de las elites y fue debilitándose paulatinamente en algunos aspectos políticos (la propiedad indígena, la legislación social y en algunos casos hasta las políticas tarifarias)69. La época comprende entre los años 1890 y la década de 1920 se comprende mejor como un período de transición, una expansión lenta y gradual de nociones de intervención estatal, en lugar de una prolongación total de la época liberal. Esta perspectiva no pone en duda la primacía de la economía de exportación hasta 1930, pero no veo una identidad inevitable entre las economías de exportación y el liberalismo70.

69 Sobre políticas arancelarias durante la Belle époque, ver COATSWORTH, John H. y WILLIAMSON, Joel G., “Always Protectionist? Latin American Tariffs From Independence to the Great Depression”, en Journal of Latin American Studies, Vol. 36, No. 2, Cambridge, Cambridge University Press, Mayo de 2004, pp. 205-232. 70 Detalles de este argumento aparecen en mi artículo, JACOBSEN, Nils, “Pensamiento económico y políticas económicas en el Perú, 1885-1899: los limites de la ortodoxia liberal”, en CONTRERAS, Carlos y GLAVE, Manuel (eds.), Estado y Mercado en la formación de la economía peruana, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2002; para ejemplos de proteccionismo como explícita política industrial a partir de los años de 1890, ver también COATSWORTH, John H. y WILLIAMSON, Joel G., op .cit., pp. 205-232.

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Conclusiones El ascenso del liberalismo económico hasta su dominio en América Latina fue la consecuencia de una concatenación prolongada, y a veces explosiva, de influencias mutuas entre las transformaciones económicas estructurales en el mundo atlántico, las diseminaciones de corrientes intelectuales, y los acomodos políticos entre los sectores de las elites dentro de los espacios nacionales. Mientras que los intereses extranjeros (privados y gubernamentales) en momentos cruciales desempeñaron un papel importante en la diseminación o en el refuerzo del liberalismo económico como doctrina y como política prescriptiva, a la larga su impacto pudo sólo llegar a realizarse cuando una coalición de elites de fuerza política suficiente consideró que la adopción del liberalismo económico sería de su interés. Metodológicamente, es importante no ubicar la influencia del liberalismo económico a nivel nacional desde comienzos de la Independencia o antes, dado que éstas son regiones económicas mal integradas con vínculos ya sea fuertes, débiles, o inexistentes con las regiones modernizadoras de Europa y de América del Norte. Queda claro que tal integración regional a las redes modernizadoras influyó decisivamente en las posibilidades de aceptación del liberalismo económico. Este artículo advierte acerca de un modelo de difusión de ideas prístinas de una o más fuentes. El liberalismo económico fue adoptado o transformado en América Latina según los distintos intereses y tradiciones intelectuales y culturales, y tales transformaciones no siempre fueron unilaterales. La forma, el contenido y los efectos del liberalismo económico en varias regiones y naciones en América Latina tampoco fueron uniformes. Hubo un gran retraso entre su amplia diseminación y su ascenso al poder. Ya que las economías de exportación no requieren ser acompañadas de un programa completo de políticas liberales, creo que la doctrina tuvo menos influencia en América Latina de la que se piensa.

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El siglo decimonónico latinoamericano en la Red Resumen El ensayo describe y analiza una serie de “recursos web” referidos a la historia latinoamericana del siglo XIX, divididos por tipología. Su objetivo es ilustrar algunas posibles formas de utilizar la Red para quienes investigan, enseñan y estudian la historia decimonónica latinoamericana en América Latina. A la vez, el texto espera estimular el debate acerca de los desafíos -epistemológicos y operativos- que Internet y los hypermedia ponen al oficio del historiador y a la forma tradicional de construcción y difusión del relato histórico. Palabras claves: Historia digital, metodología de la historia, Internet e historia, Historia de América Latina S. XIX.

Internet Resources for Nineteenth-Century Latin American History Abstract This essay describes and analyzes a series of Internet resources that refer to nineteenth-century Latin American history, and organizes them by kind. The purpose is to demonstrate various possible ways that people who research, teach and study nineteenth-century Latin America can make use of the Internet. An additional goal is to stimulate discussion on the challenges -epistemological and practicalthat the Internet and hypermedia present to the historian and the traditional ways of constructing and publishing historical narratives. Keywords: Digital history, historical methodology, history and the Internet, Latin American history (nineteenth century).

Artículo recibido el 5 de agosto de 2007 y aprobado el 16 de agosto de 2007.

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El siglo decimonónico latinoamericano en la Red r Stefania Gallini G El propósito de este ensayo es en verdad modesto. Se trata de indicar descriptivamente unas categorías de “recursos web” que se refieran a la historia latinoamericana del siglo XIX. El texto guarda, sin embargo, una ambición mayor: sugerir, por un lado, que en la red existen recursos útiles para el oficio del historiador y por el otro, que Internet representa un desafío epistemológico para este ministerio en el sentido de retar la forma “normal” (secuencial, argumentativa, lineal) de construcción del relato histórico1. La hipertextualidad en la cual Internet se basa obliga a los autores a prever una lectura ya no ordenada de manera lineal y secuencial, sino muy probablemente rizomática, en la cual cada lector-navegador construye caminos individuales y relativamente autónomos. En otros términos, puede darse el caso de que el lector de un trabajo histórico publicado en Internet2 salte -con un ‘clic’- a las conclusiones después de haber leído tan solo el título y sin pasar por cada uno de los anillos de la cadena argumentativa, que el autor ha construido para lograr convencer a su audiencia. Y puede que desde ese final se devuelva también brincando de sección en sección, guiado quizá más por su sensibilidad estética frente a la pantalla que por la fuerza argumentativa del texto. El resultado es que la distinción entre autor y lector queda desdibujada en la medida en que el lector es a la vez el autor de su peculiar camino de lectura, mientras que el autor ya no es quien guía infaliblemente a sus lectores hacia conclusiones lógicas. Ésta es por cierto una revolución a medias, como toda revolución. En realidad, también un libro con notas de pie de página, apéndices, figuras y gráficas permite en principio lecturas no lineales, en las cuales, por ejemplo, el lector vaya primero a las conclusiones, para luego devolverse a partes anteriores, o en las cuales solamente lea las notas de pie de página, para ir después a la bibliografía sin en realidad nunca entrar en el cuerpo r Este ensayo es parte de una investigación en marcha acerca de hypermedia e historia, auspiciada por la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Todas las URL citadas se consultaron en julio de 2007. G Doctora en Historia de América de la Università di Genova, Italia (2002). Profesora Asociada, Departamento de Historia, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. sgallini@unal.edu.co 1 Agradezco las estimulantes clases de Alvaro Moreno y de los participantes en el curso de capacitación “Hypermedia y Ciencias Sociales” organizado por el colega y amigo Paolo Vignolo en el Departamento de Historia de la Universidad Nacional en el 2006, que sobre esto han discutido. Igualmente agradezco a las editoras de Historia Crítica por sus comentarios, sugerencias y ayuda en la revisión del texto. 2 Se alude aquí a una comparación entre un trabajo histórico publicado en forma tradicional (libro o artículo), y uno publicado en Internet. El discurso evidentemente cambia y quizá no aplica si la comparación se establece entre un sitio web y una revista, o una enciclopedia.

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del texto. Así, un libro tradicional también es, de alguna forma, un hipertexto. Y, sin embargo se trata más de una ineludible consecuencia de los caminos erráticos que sigue la mente y la curiosidad humana, que de una posibilidad -planeada y deseada- de dialogar con el documento3. Con excepción de Cortázar, sospecho que los autores de libros en general no abogan por una lectura “a la Rayuela”, sino esperan que los lectores los sigan con la complicidad, pero también el orden con el cual el texto fue inicialmente pensado. Las notas de pie de página, por ejemplo, que se acercan gráfica y conceptualmente a un hipertexto, tienen como función primaria mostrar la “evidencia” de lo que el texto principal afirma, es decir, construir la autoridad del autor a los ojos de su lector. Éste no encuentra en las notas las posibilidades concretas e inmediatas de llegar a conclusiones distintas a las que el autor le presenta, porque lo que lee son citaciones, referencias bibliográficas, más nunca las fuentes completas -primarias o bibliográficas- que en cambio solamente el autor tiene a la vista. Y aún cuando estas notas se usan para dar espacio a argumentaciones contrarias a las que el autor sostiene, ellas siempre se limitan a referencias bibliográficas o citaciones; por supuesto nunca se reproducen por entero los artículos o libros que se quieren refutar, como sería necesario si la intención del autor fuera realmente la de ofrecer al lector la posibilidad inmediata de contrastar dos argumentaciones alternativas. De esta forma, la autoridad científica está firmemente en manos del autor, mientras que el lector no dispone de los elementos necesarios para repetir el proceso de elaboración del texto, llegando a conclusiones distintas. El ensayo ilustra, pues, algunas posibles formas de utilizar la Red para quienes investigan, enseñan y estudian la historia decimonónica latinoamericana en América Latina. La aparente redundancia de adjetivación geográfica tiene una justificación práctica y radica en el absoluto predominio de recursos web de matriz norteamericana, lo cual a su vez es la imagen especular de la geopolítica del conocimiento contemporáneo. Esta situación de ocupación asimétrica de la Red produce una doble distorsión, que en este ensayo se ha tratado de corregir privilegiando los sitios de producción latinoamericana: en primer lugar las búsquedas en Internet arrojan sobre todo resultados en lengua inglesa -tratándose a menudo de traducciones de fuentes originales en castellano-, lo cual constituye a veces una barrera en el uso de estos recursos web en el medio académico hispanohablante. En segundo lugar, a menudo se impone -a través de la mayor facilidad de acceso, visibilidad y presencia de recursos web no latinoamericanos- un temario y una agenda historiográfica que no necesariamente son los latinoamericanos, exactamente como ocurre en la producción bibliográfica tradicional. Es de advertir que la selección de sitios web reseñados en las próximas páginas es fruto del historial de docencia e investigación de esta autora, y no tiene pretensiones enciclopédicas 3

Aunque éste posiblemente no siempre es el objetivo de los actuales autores de recursos web de historia, mi opinión es que sí debería serlo, si es que una página web y un libro han de ser dos medios distintos. Agradezco a las editoras de Historia Crítica por llamar mi atención sobre este punto.

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sobre ninguno de los temas aludidos, como tampoco se propone de servir como guía para historiadores del siglo XIX latinoamericano al uso de Internet. Se han organizado los recursos web por categorías tipológicas, y dentro de cada categoría se encuentran algunas subcategorías temáticas. No se hallan aquí señalados los recursos genéricos y, sin embargo, pertinentes para la historia latinoamericana, como, por ejemplo, los sitios web de los archivos nacionales de la región (ver las URL en el Portal de Archivos de UNESCO <http://portal.unesco.org/ci/en/ev.phpURL_ID=5761&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html>), por no ser específicamente referidos al siglo XIX.

1. Metaíndices y portales Un metaíndice es como la entrada a una autopista de múltiples carriles: escogiendo con atención y calma en cuál meterse, es probable que se llegará a alguna destinación segura sin perder demasiado tiempo ni energía. Desde hace muchos años, el mejor portal para los estudios latinoamericanos, historia incluida, es la página de LANIC, de la Universidad de Texas, que sigue un criterio geográfico para organizar los recursos sobre historia (<http://lanic.utexas.edu/la/region/history/>), entendida en sentido amplio como para abarcar desde la carta de Colón anunciando el descubrimiento < http://www.ensayistas. org/antologia/XV/colon/> hasta un análisis comparativo de las comisiones de la verdad en la región <http://www.derechos.org/koaga/iii/1/cuya.html>). A menudo, sin embargo, las iniciativas más exitosas para poner orden al cajón de sastre de la Red son individuales más que institucionales, como es el caso de las páginas compiladas por Steven Volk, profesor de historia en Oberlin College, Estados Unidos (Sources and General Resources on Latin America <http://www.oberlin.edu/faculty/svolk/latinam. htm>), o las de Molly Molloy en la New Mexico State University, La Guía-Internet Resources for Latin America <http://lib.nmsu.edu/subject/bord/laguia>. Hace todavía falta una iniciativa del alcance de las anteriores por parte de entidades o investigadores en América Latina, lo cual implica que ninguno de los metaíndices de mayor consulta cubre de forma adecuada la real situación de la presencia latinoamericana en la Red, que es mayor y de más calidad de la que aparece citada, pero que escapa a la capacidad o interés de monitoreo de los “indexadores” no latinoamericanos.

2. Fuentes primarias digitalizadas Es la categoría más amplia de recursos útiles para la historia latinoamericana en la web y la razón es que se trata del fruto del trabajo continuado en el tiempo de archivos y bibliotecas. Éstos, es decir, las instituciones de conservación patrimonial, mucho más que las entidades o los individuos dedicados a la investigación y a la didáctica de la historia, han sido los que, desde hace quizá una década han adoptado las nuevas tecnologías para preservar y hacer accesibles sus fondos documentales. En los países

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latinoamericanos numerosas bibliotecas y archivos nacionales están empeñadas en un esfuerzo de digitalización de sus tesoros textuales y visuales (no conozco ejemplo de los sonoros), como también lo están haciendo las bibliotecas norteamericanas depositarias de importantes colecciones latinoamericanas. Entre las primeras vale consultar a manera de ejemplo la Sala Virtual de Lectura de la Biblioteca Nacional Argentina <www.bibnal. edu.ar/salavirtual/>, en la cual se accede a fuentes textuales y visuales digitalizadas del Fondo Bibliográfico de la Sala del Tesoro. Dada la importancia paradigmática de los caudillos argentinos decimonónicos, la consulta de publicaciones periódicas de la época o de textos de la literatura gauchesca puede ser de gran utilidad. Un ejemplo, en cambio, de digitalización de fondos latinoamericanos en bibliotecas o institutos fuera de la región y de sofisticada utilización de las potencialidades de las herramientas y los lenguajes multimediales lo representan el recurso web Mexico: from the Empire to the Revolution, basado en los fondos documentales de historia mexicana (1857-1923) del Getty Research Institute, <http://www.getty.edu/research/ conducting_research/digitized_collections/mexico/flash/english/index.html>, o la colección de fuentes visuales sobre la esclavitud en Cuba de la biblioteca Otto G. Richter de la University of Miami, The Cuban Heritage Collection <http://www.library. miami.edu/chc/chc.html>. Las fuentes legales, y las primeras constituciones latinoamericanas en particular, están ampliamente disponibles en la Red, y no siempre por iniciativa de reconocidas entidades educativas o destacados académicos. La Constitución mexicana de 1857, pieza fundamental de la Reforma de Benito Juárez, la publica, por ejemplo, una revista electrónica registrada en Canadá que se ocupa, entre otros temas, de “herbolaria, orinoterapia, quiropráctica, acupuntura, medicina natural, medicinas tradicionales y alternativas” (Tlahui, Politic, Colección Memoria de la Libertad” <http://www. tlahui.com/politic/politi99/politi8/con1857.htm>). La colección de constituciones hispanoamericanas, incluida la de Cádiz de 1812 que tanta y paradójica parte tuvo en las luchas de emancipación, es, en cambio, producto precisamente de la ex metrópoli <http://www.cervantesvirtual.com/portal/constituciones/>. Es ya amplio, pues, el abanico de fuentes primarias sobre distintos temas que se pueden consultar y a menudo descargar en la Red. A juzgar, sin embargo, por lo que es más inmediato encontrar, parecería prevalecer en Internet una visión institucional tradicional de la historia latinoamericana. Tómese el caso de la Independencia, un tema-problema que sin duda va a tener desarrollos interesantes en la Red. Éstos se vuelven a su vez temas de investigación y análisis, porque podrían representar -mejor que cualquier iniciativa institucional- el “uso público de la historia del Bicentenario y de la Independencia”. Es en este sentido que sería importante y provechoso que los ya numerosos proyectos de investigación y divulgación sobre el Bicentenario estuvieran atentos a monitorear y analizar la proliferación, el contenido y la frecuencia de acceso de páginas web sobre este tema. En el momento de escribir este ensayo, las páginas a las que con más facilidad se

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accede (lo cual en términos de la Red equivale a decir las que existen) responden a una idea muy tradicional de la Independencia y, a menudo, muy ideológica, con un gran héroe a la cabeza: el Libertador. De Simón Bolivar se encuentran en la Red todas sus cartas (por iniciativa de la Universidad de Los Andes en Mérida, Venezuela, “Luces de Bolivar en la red”, <http://bolivar.ula.ve/cartas.htm>), el plano de su casa natal con detalles de mobiliario y fotografías, los documentos públicos y las cartas privadas (en la “Biblioteca virtual de Simón Bolívar” editada por Miguel Centellas <http://www. geocities.com/Athens/Acropolis/7609/index.html>).

3. Cartografía histórica4 Un capítulo aparte del acápite sobre fuentes primarias lo merece la cartografía histórica, tal vez uno de los campos que más rápida y tempranamente ha intuido las ventajas de la Red para su propia difusión. La difícil y costosa capacidad de reproducción impresa de mapas históricos ha sin duda contribuido a multiplicar las iniciativas en la Red dedicadas a estas fuentes, que cuentan con algunos portales importantes desde los cuales partir: Map History/ History of Cartography <http://www.maphistory.info/> es el más acreditado y completo. No se encuentran allí (<http://www.maphistory.info/ imagesoutham.html>) solamente mapas de distintas épocas y regiones (Brasil sobre todo), sino también enlaces a proyectos y documentos de historia de la cartografía. Por su riqueza documental específica sobre el siglo XIX, otras referencias importantes son la colección David Rumsey, donde se accede a numerosos mapas digitalizados del subcontinente <http://www.davidrumsey.com/>, y la sección latinoamericana de la prestigiosa Biblioteca John Carter Brown <http://www.brown.edu/Facilities/ John_Carter_Brown_Library/pages/ea_hmpg.html>. Y finalmente un buen ejemplo de organización de recursos web dedicado a la cartografía histórica latinoamericana y presentado en forma de exposición virtual lo representa la página The United States and Brazil: Expanding Frontiers, Comparing Cultures <http://international.loc.gov/intldl/ brhtml/brhome.html>, por obra de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. La riqueza de este recurso, que se añade a otras exposiciones virtuales que esta institución ha dedicado a América Latina (a partir de la primera, en 1993, titulada 1492: An Ongoing Voyage <http://www.loc.gov/exhibits/1492/>) se deriva directamente de la extraordinaria riqueza documental de las varias colecciones de la Biblioteca, pero también de la capacidad de ésta de utilizar de forma creativa las nuevas tecnologías. Cabe aquí señalar también el incipiente, pero ya remarcable esfuerzo del joven Sebastián Díaz en su blog La historia en mapas <http://www.historiaenmapas.blogspot. com/>, a fin de organizar de forma crítica los valiosos recursos y documentos sobre cartografía histórica en general, y para América Latina y Colombia en particular. Su 4

Agradezco la colaboración de Sebastián Díaz, cartógrafo histórico en formación, politólogo de la Universidad de Los Andes y estudiante de la Carrera de Historia en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, para la compilación de esta sección.

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atención en el sentido de reseñar y “descubrir” páginas producidas en el subcontinente permite pensar que allí se esté gestando uno de los recursos de segura referencia internacional para la cartografía histórica latinoamericana.

4. Archivos de listas de discusión Las listas de discusión son uno de los modos de funcionamientos más horizontales de las comunidades científicas actuales: aunque cada una se rige por normas propias, en general no es requisito de inscripción ni tener triple título profesional en la misma disciplina ni ser titular de tarjeta de crédito. Es, sin embargo, obligatorio identificarse en debida forma, posiblemente con la propia afiliación institucional, como autores de los mensajes que se quieran enviar. El más diversificado, organizado, consolidado y numeroso emporio de listas de discusión es el sistema H-NET (Humanities Network), que alberga también las más reconocidas y útiles listas especializadas en historia latinoamericana. La que abarca toda la región (H-LATAM) parece contar entre sus inscritos con buena parte de los reconocidos historiadores latinoamericanistas, a juzgar por las intervenciones en ella en los últimos 5 a 7 años. Este tipo de recurso interesa aquí por dos razones. Por un lado, a menudo las páginas web de estas listas se convierten en los mejores metaíndices de la materia de la que se ocupan, ya que allí la comunidad científica va almacenando y organizando una serie de materiales pertinentes tales como bibliografías, programas de cursos, enlaces a otros recursos en la Red, información sobre becas y posgrados y, sobre todo, proyectos web de distinta índole. Es el caso de H-MEXICO, la lista que, estando dedicada a la historia e historiografía mexicana, es en realidad un vehículo importante para cualquier latinoamericanista. La lista de discusión es ahora solamente uno de los servicios que el grupo de investigadores que alimenta H-MEXICO pone a disposición del público en general, pero sobre todo de sus inscritos. Vale aquí recordar en particular una iniciativa importante más por lo que sugiere acerca del uso de Internet para la investigación y la difusión histórica que por lo que alcanza en términos de resultados académicos. Se trata del proyecto “Historia colectiva de México” <http://www.h-mexico.unam.mx/cgi-bin/ historiacolectiva/historia.pl>, una ambiciosa operación de construcción colectiva de la historiografía mexicana que mucho interroga a quienes se interesan por uso público de la historia y de las mecánicas de construcción de la memoria colectiva. Por otro lado, ocurre de vez en cuando, que en las listas se suscitan debates interesantes acerca de temas específicos que, al quedar archivados y disponibles a la libre consulta, pueden ser de referencia para el estado del arte en esos temas, y también para señalar a los estudiantes cómo funciona un debate académico virtual. Para un clásico de la historia decimonónica latinoamericana como lo es, el tema-problema de los caudillos y el caudillismo, vale por ejemplo la pena repasar el debate que se dio en la lista HLatam CAUDILLOS DISCUSSION (18 Nov.-14 Dec. 1995) <http://www.h-net. org/~latam/threads/thrdcaud.html>.

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5. Proyectos web Por razones complejas que no viene al caso escudriñar aquí, en el teatro virtual siguen siendo escasos los proyectos web producidos por historiadores, que resistan a la crítica normal de fuentes y rigurosidad científica. Para la historia decimonónica latinoamericana, una excepción interesante, aunque sólo parcialmente desarrollada, es el proyecto de Ricardo Cicerchia, conocido y prolífico historiador argentino dedicado hasta ahora sobre todo a temas de historia social y de la familia. En “La construcción social de América Latina: fragmentos de un imaginario regional 1850-1920” <http://www. catedras.fsoc.uba.ar/cicerchia/intro.htm>, Cicerchia se sirve de fotografías digitalizadas (y oportunamente referenciadas, un hábito absolutamente poco frecuente en Internet) sobre todo de comienzos del siglo XX para acompañar unos cortos textos, que argumentan cómo la modernización desde finales del siglo XIX avanzó vehiculada por las tres palabras claves de esta época: orden, progreso, revolución. Cuando el esfuerzo por producir recursos web de calidad y rigor científico no es sólo el resultado del esmero de un docente, como en el caso de Cicerchia, sino de una institución, los resultados son en general muy interesantes. El mismo y medular tema de la formación de los Estados y las identidades nacionales en la América Latina decimonónica es el argumento de Relics and Selves: Iconographies of the National in Argentina, Brazil and Chile (1880-1890), <www.bbk.ac.uk/ibamuseum>. Se trata de un complejo y rico recurso web preparado en el año 2000 por investigadores de la Universidad de Manchester y de Birkbeck College en Londres, Universidad que preside Eric Hobsbawn. El recurso gira alrededor de una clara pregunta investigativa: ¿cómo los procesos de modernización y de formación de nuevos Estados nacionales, centralizados y disciplinados, afectaron las representaciones de los pueblos sobre el pasado y el espacio de la nación? Los autores no ofrecen una respuesta unívoca al interrogante, sino brindan al lector/navegante la posibilidad de construir recorridos autónomos a través de cerca de 3.000 imágenes que muestran los momentos y espacios de producción de estas representaciones. La sección gráfica está acompañada por un extenso y valioso corpus documental, que incluye ensayos historiográficos, en su mayoría acerca de la historia de los museos nacionales y de sus colecciones, artículos de profundización o de contextualización general, y fuentes textuales transcritas.

6. Ensayos en publicaciones electrónicas Casi siempre por razones de presupuesto y mucho menos por inveterada fe en las nuevas tecnologías, numerosos y excelentes trabajos historiográficos se publican exclusivamente en la Red; a veces en revistas electrónicas, a veces en dossier o libros electrónicos. No se está aludiendo aquí a las revistas académicas que se encuentran indexadas en bases bibliográficas e índices internacionales, y a cuyos artículos se puede acceder a través de proveedores particulares o cooperativos, como JSTOR o The

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History Cooperative (check); o son de libre consulta en la Red, como la misma Historia Crítica. Nos referimos en cambio a revistas que en primer lugar son solamente virtuales -o de tan limitada circulación que su versión digital en realidad es la que se conoce- y en segundo lugar, no se preocupan -deliberadamente o no- por figurar en las bases bibliográficas internacionales, siendo, sin embargo, de gran nivel científico. Es el caso de los Cuadernos de AHILA <http://www.ahila.nl/publicaciones/cuadernos.html>, la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos, varios de los cuales son obras de consulta imprescindible para el estado del arte de temas medulares del siglo XIX: el liberalismo mexicano (coords. Antonio Annino y Raymond Buve), los debates acerca de la invención/construcción de las identidades nacionales (coords. François-Xavier Guerra y Mónica Quijada), el impacto social y económico de las guerras civiles de los primeros dos tercios del siglo XIX (coords. Anthony McFarlane y Marianne L. Wiesebron), los procesos de desamortización (coords. H.- J. Prien y Rosa María Martínez de Codes). Otro ejemplo exitoso es Nuevo Mundo-Mundos Nuevos, la revista virtual dedicada a Iberoamérica y al Mediterráneo occidental que publica L’École des Hautes Études en Sciences Sociales <http://nuevomundo.revues.org/>. Adicionalmente varias otras rigurosas revistas digitales de historia latinoamericana se pueden encontrar consultando los registros de Directory of Open Access Journals <http://www.doaj.org/>, una valiosa iniciativa dirigida a certificar la seriedad académica y aumentar la visibilidad de revistas digitales de libre acceso.

Conclusiones La comunidad científica que se dedica al estudio y a la didáctica de la historia ha sido lenta y poco eficaz en apropiarse de las tecnologías -y de la lógica- propias de Internet. Sin embargo, la búsqueda de sitios y recursos útiles para la investigación y la docencia del siglo XIX latinoamericano arroja resultados crecientes en número y en calidad científica. En este ensayo se ha tratado de ofrecer un muestrario del tipo de recursos que es más frecuente encontrar sobre este tema, con la intención de convencer a los lectores de las potencialidades y utilidad de la Red en el oficio de historiador. Algunos echarán de menos una perspectiva más crítica hacia su uso para la historia, que, por ejemplo, haga alusión a la volatilidad de las páginas, la imposibilidad de controlar la autoría intelectual de los recursos web, la dificultad para encontrar páginas útiles en medio de tanta inútil información, la impotencia frente a las abusivas páginas de propaganda que se autoactivan al navegar por casi cualquier sitio web, lo cual no ocurre cuando se abre una página de un libro. Todo lo anterior es parte de la a menudo frustrante experiencia de cualquier navegador del mundo de Internet. Lejos de querer negar o infravalorar estos aspectos, el propósito de estas páginas es el de sugerir a los escépticos que para ejercer el oficio de historiador (a la Bloch) en este siglo, los profesionales de la disciplina deberían entender qué es provechoso de la Red, como también qué no lo es.

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La conservadora comunidad de los historiadores parece haber abordado el lado menos oscuro de Internet y más similar a la tradición libresca, limitándose mucho a la exploración de los aspectos más novedosos de Internet, como el multimedia, la construcción colectiva de saberes, y su capacidad de alterar las jerarquías de la autoría científica de una obra. Es así que todavía no se encuentra en la Red una experimentación por parte de los historiadores profesionales de herramientas tan interesantes y creativas como los podcast5 o las wiki6, que en cambio ya son firmes adquisiciones en la cajita de herramientas de muchos estudiantes y, por supuesto, del mundo de la comunicación periodística, de los movimientos sociales y de las vanguardias culturales. Sabemos para qué se utilizan por parte de estos mundos y en este sentido conocemos sus límites, pero ¿qué ocurriría si los historiadores los pensaran como herramientas para estudiar, investigar y comunicar el conocimiento histórico? Las series de seminarios temáticos que en cada universidad y centro cultural tienen periódicamente lugar ¿acaso no se podrían grabar en formatos digitales, “cargarlos” en las páginas web de las instituciones que los hospedan y dar lugar a un podcast de historia que aumentaría, entre otras ventajas, la audiencia y el impacto de dichas reuniones? Y en cuanto a las wiki, ¿no sería de utilidad, por ejemplo, para los grupos de investigación empeñados en desarrollar proyectos comunes poder compartir archivos de revisión de fuentes primarias, notas de lectura, imágenes y documentos visuales, listados de preguntas abiertas, bases de datos bibliográficas, webgrafías, bibliotecas virtuales, avances de la investigación7 y demás herramientas de trabajo, de manera que cada miembro vaya alimentando el patrimonio colectivo de forma autónoma, pero al mismo tiempo bajo el ojo atento de todos?

Bibliografía Biblioteca del Congreso de Estados Unidos (América Latina, 1492: An Ongoing Voyage), http://www. loc.gov/exhibits/1492/ Biblioteca John Carter Brown, http://www.brown.edu/Facilities/John_Carter_Brown_Library/ pages/ea_hmpg.html 5

“El podcasting consiste en la creación archivos de sonido (generalmente en formato mp3 o ogg) y de video (llamados videocasts o vodcasts) y distribuirlos mediante un archivo RSS de manera que permita suscribirse y usar un programa que lo descargue para que el usuario lo escuche en el momento que quiera, generalmente en un reproductor portátil”. “Podcasting”, en Wikipedia, La enciclopedia libre, <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Podcasting&oldid=10422129>, fecha de consulta: 3 ago 2007. “Un wiki (o una wiki) (del hawaiano wiki wiki, «rápido») es un sitio web colaborativo que puede ser editado por varios usuarios. Los usuarios de una wiki pueden así crear, editar, borrar o modificar el contenido de una página web, de forma interactiva, fácil y rápida; dichas facilidades hacen de la wiki una herramienta efectiva para la escritura colaborativa.” “Wiki”, en Wikipedia, La enciclopedia libre, <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wiki&oldid=10259915>, fecha de consulta: 25 jul 2007. Frente a las inquietudes que pueden generar las wiki, parece que el control colectivo ha logrado impedir su mal uso. Entiendo por webgrafía una lista de sitios web. La biblioteca virtual es el patrimonio de documentos virtuales (cualquier archivo, aunque normalmente textual, encontrado en la Red) relacionados con el tema de investigación, que en general todo estudioso acumula en su computador de forma generalmente poco ordenada.

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Biblioteca Otto G. Richter de la University of Miami (The Cuban Heritage Collection), http://www.library. miami.edu/chc/chc.html CICERCHIA, Ricardo, La construcción social de América Latina: fragmentos de un imaginario regional 18501920, http://www.catedras.fsoc.uba.ar/cicerchia/intro.htm Colección David Rumsey, http://www.davidrumsey.com/ Cuadernos de AHILA, http://www.ahila.nl/publicaciones/cuadernos.html DÍAZ, Sebastián, La historia en mapas, http://www.historiaenmapas.blogspot.com/ Directory of Open Access Journals, http://www.doaj.org/ Historia colectiva de México, http://www.h-mexico.unam.mx/cgi-bin/historiacolectiva/historia.pl HLatam CAUDILLOS DISCUSSION (18 Nov.-14 Dec. 1995), http://www.h-net.org/~latam/ threads/thrdcaud.html LANIC, Universidad de Texas, http://lanic.utexas.edu/la/region/history/, http://www.ensayistas. org/antologia/XV/colon/ y http://www.derechos.org/koaga/iii/1/cuya.html L’École des Hautes Études en Sciences Sociales, Nuevo Mundo-Mundos Nuevos, http://nuevomundo. revues.org/ Map History/ History of Cartography, http://www.maphistory.info/ y http://www.maphistory.info/ imagesoutham.html MOLLOY, Molly, New Mexico State University (La Guía-Internet Resources for Latin America), http://lib.nmsu.edu/subject/bord/laguia Portal de Archivos de UNESCO, http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=5761&URL_ DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html Sala Virtual de Lectura, Biblioteca Nacional Argentina, www.bibnal.edu.ar/salavirtual/ The United States and Brazil: Expanding Frontiers, Comparing Cultures, http://international.loc.gov/intldl/ brhtml/brhome.html Tlahui, Politic (Colección Memoria de la Libertad), http://www.tlahui.com/politic/politi99/politi8/ con1857.htm y http://www.cervantesvirtual.com/portal/constituciones/ Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela (“Luces de Bolívar en la red”), http://bolivar.ula. ve/cartas.htm y (“Biblioteca virtual de Simón Bolívar”), http://www.geocities.com/Athens/ Acropolis/7609/index.html Universidad de Manchester - Birkbeck College de Londres, Relics and Selves: Iconographies of the National in Argentina, Brazil and Chile (1880-1890), www.bbk.ac.uk/ibamuseum VOLK, Steven, Oberlin College, Estados Unidos (Sources and General Resources on Latin America), http://www.oberlin.edu/faculty/svolk/latinam.htm Web Mexico: from the Empire to the Revolution, fondos documentales de historia mexicana (1857-1923) (Getty Research Institute), http://www.getty.edu/research/conducting_research/digitized_collections/ mexico/flash/english/index.html Wikipedia, La enciclopedia libre, http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Podcasting&oldid=104 22129 y http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wiki&oldid=10259915

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Tema abierto

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De las “malas entradas” y las estrategias del “buen pasaje”: el contrabando de esclavos en el Caribe neogranadino, 1550-1690 Resumen El contrabando fue un componente importante en el sistema de monopolio económico que sostuvo España con las Indias durante los siglos XVI y XVII. En este comercio ilegal, el tráfico de seres humanos siguió el mismo patrón que el de las mercancías. Fueron dos las expresiones principales de contrabando de esclavos que tuvieron lugar en el Caribe neogranadino. Primero, el contrabando de cautivos efectuado por piratas, corsarios y extranjeros. Segundo, el fraude fiscal que ejercieron los comerciantes portugueses trayendo más esclavos de los permitidos en los contratos. Este tipo de comercio ilegal fue favorecido por la complacencia de las autoridades provinciales y los oficiales reales que sacaban pingües beneficios gracias a los sobornos. Palabras claves: Contrabando, esclavitud, comercio ilegal, fraude fiscal, trata negrera, tráfico de esclavos, monopolio, Caribe neogranadino, siglos XVI y XVII.

On malas entradas and Strategies of buen pasaje: the Illegal Slave Trade in the Caribbean Region of New Granada, 1550-1690 Abstract Contraband was an important component of the system of economic monopolies that Spain maintained with the Indies during the sixteenth and seventeenth centuries. In this illegal trade, the traffic of human beings followed the same pattern as that of merchandise. The illegal slave trade in the Caribbean region of New Granada had two main characteristics. First, the illegal trade of captives carried out by pirates, corsairs and foreigners. Second, the fiscal fraud conducted by Portugese merchants who brought more slaves than permitted by their contracts. This type of illegal trade benefited from the complacency of provincial authorities and royal officials who profited enormously from the bribes. Keywords: Contraband, slavery, illegal trade, fiscal fraud, trata negrera, traffic in slaves, monopolies, Caribbean region of New Granada, sixteenth and seventeenth centuries.

Artículo recibido el 1 de diciembre de 2006 y aprobado el 1 de febrero de 2007.

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De las “malas entradas” y las estrategias del “buen pasaje”: el contrabando de esclavos en el Caribe neogranadino, 1550-1690 1 María Cristina Navarrete Peláez c Introducción El sistema de monopolio que España entabló para comerciar y abastecer a las Indias se realizaba por medio de las flotas de Nueva España y de Tierra Firme, es decir, convoyes que salían de Sevilla una vez al año, cargados de mercaderías y pasajeros. A su regreso acarreaban las riquezas americanas. Este sistema tan restringido e insuficiente invitó al contrabando por parte de naciones extranjeras favorecido por el beneplácito de los vecinos y las autoridades indianas. Se tiene la certeza de que por los mares controlados por España durante los siglos del Imperio colonial merodeaban piratas, corsarios y bucaneros, a cuenta propia o financiados por países enemigos, que atacaban los barcos de las flotas españolas, arremetían contra los puertos, arrasaban las ciudades y extraían el botín que les fuera posible. Otros, menos beligerantes, introducían mercaderías y esclavos para entablar comercio. Y así como se ejercía el contrabando de mercaderías también se realizaba el de esclavos africanos; en este comercio de esclavos el africano se convirtió en una mercancía con que podía traficarse y contrabandear1. Las autoridades locales, en la mayoría de los casos, fueron receptivas a la presencia de barcos extranjeros para el contrabando de esclavos y mercaderías. Los gobernadores de provincia se encontraban entre ellas, a éstas se unió la gente del común. Precisamente estaban comprometidos en el contrabando, porque representaban ese otro poder 1 El presente artículo es resultado de la investigación sobre “Esclavitud en Colombia en los siglos XVI y XVII”. Para su realización la autora recibió la ayuda de una beca concedida a través de concurso por el Ministerio de Cultura de Colombia, y otra beca para consultar los archivos españoles, otorgada por la Agencia Española de Cooperación Internacional. La autora quiere expresar su agradecimiento a los historiadores María del Carmen Barcia, profesora de la Universidad de la Habana (Cuba), y a Alejandro de la Fuente, profesor de la Universidad de Pittsburg (Estados Unidos), por la lectura juiciosa y los comentarios a este artículo. Ello hizo posible aclarar algunos aspectos. c Master en Educación de City College en Nueva York (Estados Unidos) y Doctora en Historia de la Universidad Complutense de Madrid (España). Profesora Titular del Departamento de Historia de la Universidad del Valle, Cali, Colombia. manavarr@emcali.net.co 1 VILA VILAR, Enriqueta, “Los asientos portugueses y el contrabando de negros”, en Anuario de Estudios Americanos, Vol. 30, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1973, pp. 557-595.

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opuesto al metropolitano. Las autoridades de la metrópoli y los miembros de la Real Audiencia demostraban consternación, pero sus agentes comisionados expresaban la imposibilidad de combatir el contrabando por la cantidad de individuos que participaban y los jugosos sobornos que recibían los representantes de la ley y del asiento2. El presente artículo parte de la hipótesis de que el comercio de esclavos ejercido fuera de la ley puede interpretarse como un enfrentamiento de poderes. De una parte estarían los intereses de la metrópoli, representados por la Corona y, de otra, los intereses de la colonia, representando el “bien público”3 colonial. Lo que era considerado legal para la metrópoli no tenía porqué ser aceptable para la colonia. Los comerciantes, las autoridades locales y los vecinos caribeños, supuestos violadores de la ley, representaban otra instancia de poder y sentían perturbados los intereses de la colonia. Si consentían la “mala entrada” de los esclavos, es decir, aquellos cautivos introducidos fuera del asiento, procedentes de navíos sin registrar o de comercio ilegal con extranjeros, era porque consideraban que la legislación afectaba el “bien público”. Estos juegos de poder dieron lugar a circunstancias que podrían explicarse en su conexión con las estructuras económicas, las cuales, a su vez, tenían que ver con las relaciones políticas4. Así, el artículo pretende dar a conocer hallazgos interesantes relacionados con la “mala entrada” de esclavos y evidencia las estrategias de las personas comprometidas en este tráfico para lograr un “buen pasaje”, es decir, la aprobación concedida por las autoridades civiles para la entrada a puerto de un navío de esclavos sin registro, mediante sobornos. Aborda la llegada de esclavos a las costas del territorio neogranadino caribeño entre los años 1550 y 1690, fechas extremas de las fuentes utilizadas, período que coincide con el asentamiento de las colonias y el final del período de los Habsburgo y con la época en la que los portugueses y holandeses controlaban el tráfico negrero. Hubo dos expresiones fundamentales de tráfico ilegal de esclavos: el comercio con extranjeros de potencias no autorizadas por el monopolio español y el fraude a la hacienda pública en navíos permitidos de la “trata negrera”5. El artículo tiene que ver con las prácticas de contrabando en el Caribe neogranadino de la segunda mitad del siglo XVI y durante el siglo XVII. En concepto de Horst 2 3 4 5

‘Asiento’ era un término de derecho para designar el contrato firmado entre la Corona española y un particular o compañía para el tráfico de esclavos negros. NAVARRETE, María Cristina, Historia social del negro en la Colonia Cartagena Siglo XVII, Cali, Universidad del Valle, 1995, p. 126. El “bien público” se entiende aquí como las condiciones que favorecían el bienestar de la colonia y que debían ser vigiladas y protegidas por los agentes oficiales, los que en muchas ocasiones infringían las normas. Según Foucault las relaciones de poder han dado lugar a fenómenos que sólo pueden ser explicados si se los relaciona con las estructuras económicas, con las relaciones económicas de producción, que también tienen que ver con las relaciones políticas. FOUCAULT, Michel, “La verdad y las formas jurídicas”, en Estrategias de poder, Barcelona, Paidós, 1999, p. 186. ‘Trata negrera’ era el término utilizado para el tráfico negrero o comercio de esclavos. Para ampliar las ideas sobre el significado de la trata véase PALACIOS PRECIADO, Jorge, La trata de negros por Cartagena de Indias, Tunja, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 1973; VILA VILAR, Enriqueta, Hispanoamérica y el comercio de esclavos, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1977.

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Pietschmann, se trataba de una trasgresión a las normas por parte de los agentes oficiales, cuya función consistía justamente en velar por el “bien público”, en cuyo detrimento terminaban actuando6. Sirve también la noción de ilegalidad que, de acuerdo a Muriel Laurent, es “la contravención a las normas que establecen lo que es legal y aceptado en una sociedad dada”7. La legislación emitida por las autoridades reales fue el marco de referencia para definir la legalidad de las acciones. Por lo tanto, la ilegalidad sería el choque entre las normas producidas por quienes detentaban el poder y las dinámicas sociales, políticas y económicas de los grupos humanos sobre quienes recaían tales reglas. La actividad comercial participó de esta realidad. Se irrespetaron las leyes del comercio en una forma conocida como contrabando. Éste estuvo íntimamente ligado al mercantilismo, sistema que se basaba en el establecimiento del monopolio comercial y que establecía que los intercambios comerciales sólo podían llevarse a cabo entre la colonia y su metrópoli. Una colonia que comerciaba con países extranjeros realizaba una actividad que afectaba los intereses de la metrópoli. Era una acción ilegal porque beneficiaba económicamente a las potencias rivales. De allí que el contrabando fuera un comercio prohibido, un fraude contra el tesoro porque contravenía las reglas de juego de la importación y exportación, y no pagaba los aranceles exigidos frente a éstas8. Zacarias Moutoukias, tomando el caso de Buenos Aires, explica el crecimiento del tráfico clandestino en el siglo XVII. Afirma que el comercio atlántico era una totalidad que no puede dividirse en clandestino y autorizado. Este comercio, desde el punto de vista local, era el trabajo de un núcleo que dominaba la vida de la ciudad. Mercaderes y propietarios de la tierra eran, a su vez, los miembros del cabildo, los militares o la estructura administrativa. En consecuencia, los representantes de la Corona no constituyeron un elemento separado del núcleo dominante de contrabandistas, cuyas actividades debían reprimir. Existieron fuertes lazos entre las oligarquías locales y la administración colonial. Para este autor, la corrupción en las Américas debe ser vista como un sistema y puede explicarse en términos de una tensión permanente entre el Estado español, la burocracia colonial y la sociedad colonial en relación con la distribución del poder y la riqueza9. Podría decirse que en Cartagena esta red de relaciones personales estuvo presente como la base de un fenómeno de enfrentamiento de poderes entre los intereses de la metrópoli y los de la colonia. Los lazos entre las 6 7 8 9

PIETSCHMANN, Horst, “Corrupción en las Indias españolas: revisión de un debate en la historiografía sobre Hispanoamérica colonial”, en Instituciones y corrupción en la historia, Valladolid, Instituto de Historia de Simancas, 1998, p. 34. LAURENT, Muriel, “Nueva Francia y Nueva Granada frente al contrabando: reflexiones sobre el comercio ilícito en el contexto colonial”, en Historia Crítica, No. 25, Bogotá, Departamento de Historia - Universidad de los Andes, 2003, p. 140. Ibid., pp. 140-14. Muriel Laurent dice que etimológicamente contrabando significa contra el bando, el acto legislativo. MOUTOUKIAS, Zacarias, “Power, corruption, and commerce: The making of the local administrative structure in 17th century Buenos Aires”, en The Hispanic American Historical Review, Vol. 68, No. 4, Durham, Duke University Press, 1988, pp. 775-777. María del Carmen Barcia considera que corrupción no es un buen término para calificar este fenómeno. Para ella la corrupción es un término moderno. No es la corrupción la que debe verse como sistema, era una estrategia de poder que se enfrentaba a los intereses de la Corona. Ideas expresadas en comunicación personal, mayo de 2006. Para ampliar las ideas sobre corrupción en el período colonial, ver PIETSCHMANN, Horst, op. cit., pp. 34-46.

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oligarquías locales y la administración colonial muestran la necesidad de satisfacer los intereses de la colonia. En otras palabras era una estrategia de poder que asumieron estos sectores, resultado de la presión ejercida por los intereses metropolitanos sobre los coloniales. El contrabando de mercaderías que ejercían holandeses e ingleses en las costas de Tierra Firme y el Caribe se comportaba como un alivio al monopolio metropolitano. Los precios eran mejores, la variedad era posible y se mitigaba la escasez. Igualmente, agilizaba el comercio de exportación, porque en los mismos barcos salían los productos de la tierra con dirección al extranjero. Dice Fernando Serrano Mangas que el propio sistema mercantil español, excluyente y cerrado, generó los medios para combatirlo10. Durante la época de la unión de las coronas de España y Portugal, cuando se establecieron los grandes asientos en manos portuguesas, el contrabando de esclavos fue de otra índole. Se trataba mejor de una evasión de impuestos. Los barcos se atiborraban de bozales11 a los que no se registraba y con ello se dejaban de pagar derechos de aduana. Tampoco se pagaban sobre la carga de productos de la tierra que se introducía en los barcos negreros al retorno. En este contrabando participaban los asentistas, los factores, la tripulación de los navíos, los gobernadores provinciales, los oficiales reales y cualquiera conectado con el negocio12. Los barcos para el tráfico negrero que utilizaban los portugueses eran pequeños, pero resistían una gran carga y un largo y penoso viaje. Las circunstancias en que los esclavos eran transportados fueron deplorables. Debajo de cubierta se los colocaba de seis en seis, con argollas en el cuello y grillos en los pies. El régimen alimenticio era severo, pero los portugueses supieron aprovechar el valor nutritivo de algunos alimentos baratos. Las condiciones de salubridad eran pésimas para una navegación que duraba dos meses; las enfermedades frecuentes, la ventilación inadecuada y el olor y el calor inaguantables. La situación empeoraba cuando el navío traía más esclavos de los permitidos. El exceso debía ser escondido en donde hubiera algún resquicio para ocultarlo de la vista de las autoridades, en momentos de la visita al navío al llegar al puerto de desembarque13. Enriqueta Vila Vilar afirma que la trata de negros fue considerada como una de las vías para el contrabando en el período colonial. El contrabando más importante que se llevó a cabo fue el de los mismos esclavos. Desde los primeros años de funcionamiento de los asientos, se hizo evidente que el sistema favorecía todo tipo de actividades fraudulentas. Los contratos con los asentistas portugueses fueron un 10 SERRANO MANGAS, Fernando, La encrucijada portuguesa. Esplendor y quiebra de la unión ibérica en las Indias de Castilla (16001668), Badajoz, Excelentísima Diputación Provincial de Badajoz, 1994, p. 67. 11 Por ‘bozales’ se entendían los cautivos recién llegados de África que todavía no conocían la lengua de Castilla. NAVARRETE, María Cristina, op. cit., p. 126. 12 Archivo General de Indias (en adelante, AGI), Fondo Santa Fe, Legajo 56A, No. 22. 13 NAVARRETE, María Cristina, Génesis y desarrollo de la esclavitud en Colombia Siglos XVI y XVII, Cali, Programa Editorial, Universidad del Valle, 2005, pp. 62-63.

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medio del que se valieron para realizar el contrabando. Cualquier cláusula ventajosa utilizada en los contratos era aprovechada por los asentistas para introducir más esclavos de los permitidos. Al suspenderse los asientos, el contrabando aumentó considerablemente ya que la necesidad de esclavos en los reinos de Indias se hacía cada vez mayor y sus pobladores estaban dispuestos a conseguirlos de cualquier manera, así fuera ilegal14. Esta misma autora propone que la crisis que experimentó el sistema de asientos con los portugueses estuvo determinada por circunstancias “producidas por la descomposición de un sistema que no era respetado ni por la Corona, ni por los asentistas, ni por los cargadores, ni por las mismas autoridades indianas, que cada vez más se habían ido acostumbrando a encubrir fraudes de toda índole al amparo de la trata”15. Varias reflexiones se agolpan cuando se investigan los documentos que hacen referencia al tráfico ilegal de esclavos durante el período comprendido entre 1550 y 1690. La más importante de ellas tiene que ver con el hecho de comprobar que será imposible saber a ciencia cierta el número de africanos que fueron forzosamente traídos al continente americano. Por una parte, existían los navíos de extranjeros, piratas y corsarios, que sigilosa o públicamente se adentraban en los puertos a descargar mercaderías y esclavos. Por otra, se encontraban los barcos del tráfico negrero, que portaban una sobrecarga de esclavos y entraban a puerto sin pagar derechos. La Corona permitía la introducción de un porcentaje de bozales para remplazar los que morían16 en la travesía, pero los más eran los que venían fuera del registro oficial. Hubo un navío que registró 100 esclavos y su carga total fue de 400; otro que embarcó en África 580, 100 de ellos murieron y sólo 150 venían registrados. Otro más, sacó de Angola 552, de los cuales algunos murieron y 130 venían con registro17. Estos tres barcos llegaron a Cartagena entre 1634 y 1635. Otra reflexión importante hace referencia a la innegable interrelación entre el contrabando y el sistema de monopolio establecido por España para comerciar con las Indias. El régimen de flotas y galeones anuales, el control de puertos en la metrópoli y en América, la participación restringida a sólo comerciantes españoles, excluyendo a los nacionales europeos, la inspección rigurosa ejercida por la Casa de Contratación, el poder del consulado sevillano y otros más invitaron a traficantes extranjeros y nacionales a buscar oportunidades y a indagar los resquicios que dejaba el sistema para sacar pingues beneficios del comercio con las Indias. La trata de esclavos, elemento importante en el comercio internacional, jugó un papel decisivo en esa relación contrabando-monopolio. 14 VILA VILAR, Enriqueta, “Los asientos portugueses …”, op. cit., pp. 557, 573, 576 y 595. 15 VILA VILAR, Enriqueta, “La sublevación de Portugal y la trata de negros”, en Ibero-Amerikanisches Archiv, JG 2 H3, Berlín, Ibero-Amerikanisches Institut, 1976, p. 181. 16 Esto se conocía como la “demasía” y era el porcentaje permitido para compensar la mortandad. Para ubicar esta idea en un contexto más general, consultar NAVARRETE, María Cristina, Génesis y desarrollo…op. cit. pp. 69-78. 17 Archivo Histórico Nacional (en adelante AHN), Madrid, Fondo Inquisición, Legajo 4816, Expediente 22, ff. 14v, 39v y 49v.

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Pietschman considera que los funcionarios reales de las Indias, incluyendo gobernadores y capitanes generales, eran en realidad agentes comerciales más que funcionarios reales en el sentido moderno. Ello era contrario a la legislación que perseguía la idea de un funcionario independiente e imparcial con la obligación de servir al Rey y al bien común. Los funcionarios en la América española, en el siglo XVII, compartían intereses comunes de avanzar social y económicamente y, para lograrlo, llegaban a acuerdos con la sociedad, aliándose con ella para afianzar su posición y lograr sus propósitos18. “La Corona se hacía partícipe de los procedimientos fraudulentos y toleró que por sus propios procedimientos aumentara la necesidad de trasgresión de sus propias normas que ella había impuesto a través de su propia legislación”19. En cuanto al contrabando y al comercio fraudulento de esclavos, durante el período colonial, a pesar de su importancia, son pocos los autores que lo han profundizado. La mayoría menciona el problema del contrabando de esclavos como un elemento concomitante a la trata, pero sus investigaciones sobre el asunto son tangenciales20.

1. De corsarios, piratas y extranjeros Desde muy temprano en los tiempos coloniales el Caribe se vio infestado de corsarios y piratas buscando la forma de apropiarse de los barcos españoles cargados del oro y la plata americanos21. Si bien ésta es la imagen romántica y tradicional de corsarios y piratas, conocidos como asaltantes y saqueadores, a mediados del siglo XVI y durante el siglo XVII alternaron estas actividades con el contrabando, amparados en el beneplácito de sus respectivas Coronas. Piratas, corsarios y otros comerciantes extranjeros se envolvieron en estas épocas en el contrabando. Se convirtieron en 18 PIETSCHMANN, Horst, op. cit., pp. 43-44. 19 Ibid., p. 46. 20 Las siguientes son algunas de las obras que, de manera específica o tangencial, han estudiado el tema del contrabando de esclavos africanos: MANNIX, Daniel y COWLEY, Malcolm, Historia de la trata de negros, Madrid, Alianza Editorial, 1962; BOWSER, Frederick, El esclavo africano en el Perú colonial 1560-1650, México, Siglo XXI Editores, 1977; DEL CASTILLO MATHIEU, Nicolás, Esclavos negros en Cartagena y sus aportes léxicos, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1982; PALACIOS PRECIADO, Jorge, La trata de negros por Cartagena de Indias, Tunja, Universidad Pedagógica y Tecnológica, 1973; VILA VILAR, Enriqueta, Hispanoamérica y el comercio de esclavos, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1977, y “Los asientos portugueses y el contrabando de negros”, en Anuario de Estudios Americanos, Vol. 30, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1973; SERRANO MANGAS, Fernando, La encrucijada portuguesa. Esplendor y quiebra de la unión ibérica en las Indias de Castilla (1600-1668), Badajoz, Excelentísima Diputación Provincial de Badajoz, 1994; RUIZ RIVERA, Julián B, “Los portugueses y la trata negrera en Cartagena de Indias”, en Temas Americanistas, No. 15, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2002; VIDAL ORTEGA, Antonino, Cartagena de Indias y la región histórica del Caribe, 1580-1640, Sevilla, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2002. 21 Kris Lane explica que la piratería, desde tiempos antiguos, ha sido definida como el robo cometido en el mar o por su gente al bajar a tierra. De allí que los piratas serían bandidos independientes que viajaban por agua, algunas veces con el propósito de atacar objetivos terrestres. Sus motivos eran ante todo pecuniarios. Un corsario podría ser un pirata por vocación, pero se diferenciaba de un bandido de mar en que poseía una licencia, otorgada por un soberano, un gobernador u otra entidad para saquear los barcos de una nación enemiga. LANE, Kris, “Corsairs, pirates and the defense of Cartagena de Indias in the sixteenth century”, en La Ciudad en el Siglo XVI, Cartagena, Simposio sobre Historia de Cartagena, 2006, pp. 1-2, (inédito).

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mercaderes y comerciantes de esclavos en un tráfico fraudulento, aprovechando la incompetencia del comercio español, como a continuación podrá comprobarse. Las flotas españolas apenas llegaban una vez al año a los puertos americanos estipulados y las mercaderías ofrecidas resultaban más caras que las que traían los barcos de contrabando. Por ello, los vecinos y las autoridades recibían con beneplácito el arribo de estos navíos. Estas naves clandestinas llegaban, unas veces con sigilo a las costas o a los puertos prohibidos, otras, abiertamente si conocían las posibilidades de éxito. Sobornar a las autoridades no era difícil si los beneficios del contrabando podían compartirse. Ésta fue otra muestra del enfrentamiento de poderes entre los intereses de la metrópoli y los intereses coloniales. Los gobernadores, sus subalternos, los comerciantes y los vecinos violaban las normas establecidas porque éstas perjudicaban los intereses de la Colonia en general. Hacia finales del siglo XVI y en la primera mitad del siglo XVII, franceses, holandeses, alemanes e ingleses se fueron asentando en las Antillas. Para facilitar sus fines comerciales crearon depósitos, especies de factorías, que recibían los productos europeos, los cuales reexportaban por el área circuncaribe. Estos espacios servían de base y refugio para los piratas y corsarios de estas naciones22. Por esta época, Santa Marta se convirtió en presa codiciada por corsarios y piratas extranjeros. De allí, que uno de los más graves problemas que aquejó a esta provincia fue el contrabando que se desarrolló en estos siglos, especialmente de esclavos, los que empezaron a entrar por este puerto hacia 1556, hecho que persistió en los siglos siguientes23. El contrabando fue abundante, tanto de los esclavos que entraban por el puerto, de los que sólo se declaraba una parte, como de los que eran introducidos por naves extranjeras y sobre los cuales no recaía el pago de impuestos. La provincia de Santa Marta y Río de la Hacha fue presa constante de las incursiones de piratas y corsarios. Por una parte, estos puertos no recibían la visita de las flotas autorizadas y mantenían escasez de todo tipo de mercaderías, además, el control de las autoridades no era tan efectivo en Santa Marta como lo era en Cartagena. Por otra parte, el negocio de las perlas era un atractivo para los corsarios y piratas extranjeros24. Algunos ingleses percibieron el beneficio que tendrían supliendo con esclavos a los españoles del Nuevo Mundo, a pesar de las restricciones establecidas por la Corona española para los mercaderes extranjeros. De acuerdo con Georges Francis Dow, el primer inglés en intervenir en el tráfico de esclavos entre la costa de Guinea y el 22 La creación de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales en 1621 impulsó el comercio holandés en las Antillas y conectó el área con los mercados internacionales. Entre 1655 y 1660, los ingleses se apropiaron de Jamaica y los bucaneros franceses se fueron estableciendo en la parte occidental de la isla La Española. PÉREZ HERRERO, Pedro, Comercio y mercados en América Latina colonial, Madrid, Editorial Mapfre, 1992, pp. 185-186. 23 MIRANDA VÁZQUEZ, Trinidad, La gobernación de Santa Marta (1570-1670), Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1976, p. 51. 24 Archivo General de Indias (en adelante AGI), Sevilla, Fondo Santa Fe, Expediente 210, Carta del Obispo de Santa Marta en el expediente de cargos contra Vicente Sebastián Mestre. En 1675, el Gobernador de la provincia de Santa Marta, Vicente Sebastián Mestre fue acusado de haber autorizado la entrada de un navío holandés cargado de esclavos y ropa.

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continente americano fue el capitán John Hawkins. Nacido en 1532, hizo varios viajes a las islas Canarias en donde estableció lazos comerciales con un mercader español. Éste le sugirió las posibilidades que tendría con el tráfico de esclavos obtenidos en el golfo de Guinea y vendidos posteriormente en las Indias. De esta manera Hawkins se propuso romper el monopolio establecido por España en la trata negrera25. En el otoño de 1562, con tres barcos y un cargamento de productos ingleses zarpó con dirección a Tenerife y después a Sierra Leona. El éxito de este viaje fue tan grande que resolvió repetir la aventura en un segundo y tercer viaje. En el segundo, en 1565, arribó a una isla llamada Santa Dominica, a la isla Margarita, a Burborata, en la costa de Venezuela -cerca de la actual ciudad de la Guaira-, a Curazao y a Río de la Hacha. Las autoridades le negaron licencia para comerciar; en respuesta atacó a la ciudad desde los navíos con cien hombres armados. Bajó a tierra e hizo que los españoles le sacaran sus tesoros para “comerciar”26. En el tercer viaje emprendido en 1567 obtuvo en las costas africanas entre 400 y 500 esclavos. Con ellos se dirigió al continente americano. Con su poderosa armada llegó a las costas de tierra firme. Una de sus paradas fue en Río de la Hacha en donde causó estragos y ejerció un comercio obligado. Al parecer este fue su último viaje al África porque después, en San Juan de Ulúa, los españoles atacaron sus barcos, se apoderaron de ellos y entregaron sus hombres a la Inquisición27. En 1570, el portugués Baltasar Noble, residente en Mariquita fue denunciado por Bartolomé González de la Peña ante el gobernador de Santa Marta por realizar comercio de esclavos con los ingleses y de haberlos introducido por Salamanca de la Ramada, en la provincia de Santa Marta. Se decía que los había adquirido del inglés Joanes Quin, cuando éste pisó tierra firme28. El caso fue llevado hasta la Real Audiencia del Nuevo Reino, en el cual el fiscal siguió causa en contra de Baltasar Noble. Este había salido por el camino que conducía hacia Burborata29 para embarcarse a Santo Domingo; llevaba consigo dos mil quinientos pesos de oro. Fue cuando salieron a su encuentro seis o siete ingleses armados de arcabuces y le aprehendieron. Después de tenerlo en su poder, junto con su oro, acordaron enviarlo, acompañado de diez o doce hombres, ante su general Juan Anquines. Fue llevado a los navíos ingleses, de donde no se le permitió 25 Kris Lane dice que el comerciante de esclavos John Hawkins y su primo Francis Drake comenzaron sus viajes de contrabando por el Caribe español en los primeros años de la década de 1560. El viaje de 1568 fue parcialmente auspiciado por la reina Isabel de Inglaterra. La humillación que sufrieron en el puerto de San Juan de Ulúa, Veracruz, los convenció de regresar al Caribe como verdaderos piratas, aunque se hacían pasar como corsarios. Ambos continuaron en este negocio hasta su muerte en 1596. LANE, Kris, op. cit., p. 6. 26 DOW, Georges Francis, Slave Ships and Slavery, Cambridge, Cornell Maritime Press, 1968, pp. 22-23 y 25. 27 JORDAN, Winthrop D, White over Black. American Attitudes toward the Negro, 1550-1812, Nueva York, WW Norton and Company, 1968, pp. 58-59. 28 En el documento del Archivo General de la Nación de Bogotá (en adelante AGNB), sección Colonia, Fondo Negros y Esclavos de Cundinamarca, Tomo IV, de 1572, ff. 1-242, aparece también como Joanes Quin o Juan Anquines. Es muy probable que se trate de John Hawkins, sir para la Corona inglesa y pirata para la española; los datos del documento comprueban esta deducción. 29 El documento mencionado anteriormente, f. 41v, cita el lugar como Burburata.

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bajar a tierra por mucho que le rogó a Anquines. Éste le decía que cuando viniera su gente lo soltaría. A pesar de lo prometido se lo llevó costa abajo hasta el Cabo de la Vela. Cuando Anquines arribó con sus hombres a tomarse el pueblo de Río de la Hacha echó a tierra a Baltasar Noble. Una vez retornado, Baltasar se presentó ante Miguel de Castellanos, tesorero de su Majestad, para contarle lo que le había pasado y el robo que el inglés le había hecho. Como los ingleses seguían acosando, decidió participar en la defensa, y bajo la bandera del tesorero sirvió a su Majestad en un fuerte desde donde se defendían los españoles. Los ingleses se tomaron el pueblo de Río de la Hacha, allí permanecieron alojados hasta el momento en que decidieron quemarlo. Ante el ataque de los ingleses los españoles tuvieron que emprender la retirada. Ya cuando el inglés estaba por abandonar la tierra le dijo a Baltasar Noble que el oro no se lo devolvería, pero que le daría a cambio un número de esclavos que valiera esa cantidad. A pesar de que Baltasar Noble le replicó que de nada le valdrían los esclavos porque las autoridades se los “tomarían por perdidos”30 porque no podía hacer negocios con él, el inglés le dejó veinte “piezas” de esclavos en la playa, junto al río de la Hacha. En vista de lo acontecido, Baltasar Noble tomó los esclavos y se los llevó al pueblo de la Ramada, que se encontraba con mejores abastecimientos porque Río de la Hacha se hallaba en ruinas. Allí avisó a la justicia de lo que pasaba. El 19 de mayo de 1570, los señores presidente y oidores de la Real Audiencia, habiendo visto el proceso y autos del pleito entre el licenciado Alonso de la Torre, fiscal de su Majestad, con Baltasar Noble, sobre los esclavos negros que adquirió de los ingleses, resolvieron devolver el caso a la justicia ordinaria de la gobernación de Santa Marta. Se le ordenó a Pedro Fernández de Busto, gobernador de la provincia trasladarse al pueblo de la Ramada para que en éste proveyera justicia en concordancia con las cédulas y provisiones reales31. El 12 de noviembre de 1570 el gobernador de Santa Marta falló a favor de Baltasar Noble por cuanto el fiscal no pudo probar su acusación. Sin embargo, lo condenó a pagar a la Real Hacienda y a los oficiales reales de la gobernación de Santa Marta treinta ducados por cada esclavo de aquéllos que Juan de Anquines le dio en pago del oro. Se tomó esta decisión en conformidad con el derecho y las reales cédulas que hacían referencia a que nadie podía introducir esclavos sin licencia de su Majestad y sin antes haber pagado los derechos. Ordenó que le fueran restituidos los esclavos. En virtud de esta sentencia, Baltasar Noble pagó 600 ducados, por las licencias32 de veinte esclavos. A pesar del fallo del gobernador, el fiscal de su majestad, Alonso de la Torre, apeló ante la Real Audiencia la cual revocó la sentencia proferida por el gobernador y condenó a Baltasar Noble a la pérdida de todos los esclavos que había adquirido de corsarios ingleses33. 30 ‘Tomar por perdido’ o ‘dar por perdido’ quería decir expropiar los esclavos de aquél que los tenía en su poder y entregarlos al real fisco. 31 AGNB, Fondo Negros y Esclavos, Cundinamarca, ff. 36, 37-37v. 32 Las licencias eran permisos concedidos por la Corona para la introducción de esclavos al Nuevo Mundo. 33 AGNB, Fondo Negros y Esclavos, Cundinamarca, ff. 41-41v, 50-50v.

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Para efectos del presente artículo lo que más interesa de este proceso judicial es constatar la presencia de corsarios extranjeros violando un territorio y obligando a los vecinos, por la razón o la fuerza, a ejercer un comercio. No es posible demostrar si Baltasar Noble fue prendido, robado por los ingleses, obligado a negociar o si él adquirió con su dinero, por voluntad propia o de manera consensuada, los tales esclavos para revenderlos posteriormente. Lo que más preocupaba a la Corona eran las pérdidas que por este efecto tenía la Hacienda Real. No se pagaban derechos por las mercancías de contrabando y las que venían en las flotas dejaban de comprarse. Los ejemplos citados por Trinidad Miranda y el documento del Archivo General de la Nación evidencian que los corsarios y piratas repetían aventura. Conocedores de las debilidades, intereses y posibilidades de las regiones asediaban las costas por años consecutivos. Estos textos prueban que John Hawkins estuvo en la provincia de Santa Marta en 1564, 1568 y 157034. El comercio legal español no pudo cumplir con el propósito de suministrar las necesidades de abastecimiento sus colonias americanas. Los barcos que arribaban a los puertos del Caribe eran pocos e irregulares. La cercanía de Jamaica y Curazao ofreció la posibilidad de conseguir manufacturas europeas a mejores precios y calidades. Paralelamente, garantizaba la exportación segura y rentable de productos de la tierra. De allí que el comercio ilícito no tardó en realizarse por las costas del Caribe neogranadino. Holandeses e ingleses tomaron posesión de este mercado favorecidos por sus bases en el Caribe insular. Los comerciantes, los administradores, los oficiales reales y la población en general participaron ya fuera organizando las negociaciones, invirtiendo en ellas, haciéndose de la vista gorda, desembarcando o adquiriendo los productos35. Ante la escasez de bienes de importación legal y la posibilidad de conseguir mercancías de contrabando, los representantes de la administración, los comerciantes y los militares de Cartagena fomentaron el comercio ilegal. Ésta era una manera de proteger el bien común y enfrentar el poder de la metrópoli. “Todos los sectores de la sociedad cartagenera -la burocracia, las fuerzas militares, el clero, los comerciantes y los pobresparticiparon en el comercio ilícito del siglo XVIII”36. Aunque estas observaciones hayan sido hechas para describir el siglo XVIII, en esta ciudad son válidas también para el siglo XVII. Esto quiere decir que el problema de la ilegalidad en el comercio, como expresión de un enfrentamiento de poderes, tuvo sus inicios previamente y también caracterizó al siglo anterior. Alfonso Múnera al referirse al predominio de otras potencias europeas diferentes a España y Portugal, en el siglo XVII, dice que 34 Fue significativo el trato comercial efectuado en 1564, en Río de la Hacha, entre Miguel de Castellanos y John Hawkins, y de este mismo con el gobernador de Santa Marta en 1568. En esta ocasión fueron introducidos 144 esclavos negros, telas y paños. MIRANDA, Trinidad, op. cit., pp. 78-79. 35 LAURENT, Muriel, op. cit., pp. 144 y 153. 36 GRAHN, Lance, “Comercio y contrabando en Cartagena de Indias en el siglo XVIII”, en CALVO STEVENSON, Haroldo y MEISEL ROCA, Adolfo, Cartagena de Indias en el siglo XVIII, Bogotá, Banco de la República, 2005, p. 27.

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“En el breve período de cuarenta años -de 1620 a 1660- los holandeses se apoderan de Curazao, los franceses de Haití y los ingleses de Jamaica. Las transformaciones que provoca este simple cambio de manos alteran, en profundidad, el escenario del Caribe y de la América española. Estas islas de intenso verdor se convierten súbitamente en centros de la más alta tecnología y productividad capitalista; pero también de la más terrible y masiva de las migraciones humanas: la de los esclavos negros. [...] la vastedad del tráfico ilegal que caracteriza la economía colonial de las provincias de Santa Marta y Cartagena tiene su origen en la inevitabilidad de las relaciones con Jamaica y Curazao”37.

En 1676, el licenciado don Álvaro Bernardo de Quirós fue delegado por su Majestad para averiguar la entrada clandestina de esclavos por el puerto de Cartagena y su costa vecina. En cumplimiento de su comisión hizo relación de los “excesos” cometidos por el gobernador don Joseph Daza quien permitió la entrada de varios navíos extranjeros cargados de esclavos y “mercadurías”. Pudo constatar que éste era un delito en que estaba involucrada toda la ciudad. En uno de sus informes explicó que en junio de 1676 frente al torreón de Santo Domingo en Cartagena hizo fondo un navío cuyo capitán se llamaba Nicolás [Esmist]38, vecino de Jamaica, descargando en tierra toda la ropa que traía y más de cien esclavos negros. En julio de ese mismo año hizo fondo, en esa playa, otro navío cargado de ropa y con quinientos esclavos negros; todo fue llevado a tierra con permiso del gobernador. Los esclavos sin marcar ni pagar derechos se vendieron públicamente. A finales del mes volvió este mismo navío con más esclavos y ropa. En ese mes llegaron otros tres navíos con el mismo cargamento que se vendió en las estancias de varios vecinos que pagaron “tributo” al gobernador en cuantía de veinte pesos por “pieza”. De la misma forma, se cargaban canoas y barcos en Getsemaní con cacao y corambre39 y se llevaban a los navíos. El cacao que valía originalmente catorce reales el millar se subió a dieciocho y veinte. Durante las noches del mes de agosto de 1676 salieron más de siete canoas cargadas con estos frutos40. Posteriormente, el 30 de octubre de 1676, a las 4 de la tarde hizo fondo en la playa de Santo Domingo un navío holandés del cual bajaron en lancha varias personas para hablar con el gobernador. Este saludó efusivamente al principal de los holandeses que abrazó al gobernador y le entregó un pliego de cartas. Posteriormente, el holandés le envió “un regalo de doce quesos de Flandes y unos perniles y fresquerías de mistela y otros géneros...”41. Se supo que los esclavos y demás géneros que traía el barco 37 MÚNERA, Alfonso, “Ilegalidad y frontera, 1700-1800”, en Historia económica y social del Caribe colombiano, Bogotá, Ediciones Uninorte - Ecoe, 1994, pp. 111-112. 38 Por la semejanza en la pronunciación podría ser de apellido Smith. 39 ‘Corambre’ era la expresión de la época para los cueros de animales. GARCÍA-PELAYO, Ramón, Pequeño Larousse Ilustrado, Buenos Aires, Ediciones Larousse, 1985, p. 274. 40 AGI, Fondo Santa Fe, Legajo 205, Cartas y expedientes vistos por el Consejo de su Majestad sobre la introducción de esclavos negros y mercaderías a Cartagena. El documento está sin foliar. 41 Ibid.

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fueron descargados donde los esperaban algunos vecinos de Cartagena. Lo propio sucedió con tres embarcaciones inglesas que arribaron al puerto de Cartagena con esclavos y mercaderías cuyo capitán envió sendos regalos al gobernador por haberle facilitado su entrada42. Continúa el delegado su informe diciendo que en 1677, se tuvo conocimiento, y así lo explicó el gobernador de la provincia de Cartagena, de que los holandeses de la isla de Curazao se encontraban con gran número de esclavos, que tenían para entregar a Antonio García, propietario del asiento oficial de esclavos. Éste había ajustado la provisión de esclavos para su asiento con las factorías holandesas. Pero debido a que García había quebrado y no había acudido a reclamarlos, los holandeses intentaban introducirlos a las costas de Cartagena y a otras de las Indias. El problema radicaba en el excesivo número de esclavos que tenían los holandeses en Curazao y que no podían sostener por la reducida extensión de la isla. Por ello procuraban comercializarlos por las costas de las Indias; lo hacían en navíos de gran calado, que se metían en los puertos, ensenadas y caletas sin ser vistos ni sentidos43. El anterior documento es de una gran riqueza. Presenta un informe detallado de todos los barcos de contrabando que arribaron a Cartagena entre finales de 1675 y todo el año de 1676, cuya entrada presenció el subdelegado de su Majestad. Los hechos indican que se efectuaba contrabando tanto de géneros como de esclavos, y se aprovechaban los barcos de regreso para cargarlos de mercaderías de la tierra. Uno puede imaginar un comercio clandestino más activo de aquél que se realizaba con las flotas. Como pudo observarse, las mercaderías y los esclavos se bajaban a tierra libremente y los barcos se cargaban con productos de la tierra. Por los esclavos entrados de contrabando el gobernador recibía su estipendio y por todos los favores aceptaba presentes. Los grupos involucrados incluían, por una parte, a los capitanes de las naves de contrabando con su tripulación, y por otra, al gobernador, su teniente, los oficiales reales, los comerciantes y los vecinos de Cartagena. Hasta los canoeros, los cargadores y las personas al cuidado de los esclavos aprovechaban este tipo de negocios. Salta a la vista la complicidad del gobernador de la provincia y de los oficiales reales. Éstos y los vecinos de la costa y del interior resultaron beneficiados: el gobernador y la gente del gobierno, gracias a los sobornos que recibían en especies y los vecinos, por las posibilidades de adquisición que se acrecentaban con precios más favorables. Los quesos, jamones, perniles, aguardientes, mistelas y fresquerías de Flandes y de Inglaterra satisfacían plenamente los gustos del gobernador. Intercambio de abrazos había en los encuentros entre el gobernador y los capitanes de los navíos de contrabando. Por esos años era intenso el tráfico ilegal de holandeses e ingleses. Los primeros desde Curazao y los segundos desde Jamaica. Este período coincidió con la inestabilidad de los asientos y licencias concedidos por la Casa de Contratación en las décadas posteriores a la terminación de los nexos con Portugal. A partir de la revuelta de independencia de Portugal, los ingleses y holandeses aparecieron con mayor ímpetu 42 Ibid. 43 Ibid.

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en el panorama como contrabandistas. Es también el período de expansión de la presencia de los holandeses en África y su preponderancia en el tráfico de esclavos y de la presencia de los ingleses en Jamaica44. El contrabando en manos de extranjeros fue un fenómeno que se presentó a todo lo largo del siglo XVII; se recrudeció al perder los portugueses el monopolio en el tráfico de esclavos negros, y la Corona española fue incapaz de sostener el flujo permanente de cautivos al Nuevo Mundo. Este último adquirió inusitada vitalidad a mediados de siglo con el contrabando, fundamentalmente por parte de los holandeses45.

2. De los fraudes a la Corona y los esclavos de “mala entrada” Desde los primeros años de funcionamiento de los asientos portugueses se hizo evidente que el sistema favorecía todo tipo de actividades fraudulentas. Se aprovechaban los mismos navíos del tráfico para el transporte ilegal de esclavos, pasajeros y mercaderías. Este contrabando era más bien una evasión fiscal de dos tipos: de los derechos de los esclavos que navegaban sin ser registrados y de los impuestos sobre la carga que los navíos llevaban al retorno y cuyo destino no era precisamente Sevilla. En este contrabando no sólo participaban los asentistas, sino también gobernadores provinciales, oficiales reales, maestres46 de los navíos y todos los que de alguna forma estuvieran conectados con el asunto. Este engranaje de funcionarios y de comerciantes constituyó una fuerza de poder que se enfrentó a la potestad de la Corona. En otros términos, se hizo evidente un juego de poderes en el que las partes en cotejo utilizaron diversas estrategias para defender sus intereses. Sin duda los asentistas ayudados por sus agentes, los factores, fueron quienes tuvieron mejores posibilidades para evadir los impuestos y entrar más esclavos de los autorizados47. Uno de los recursos con que contaron los asentistas para evadir el control fue la “cédula de manifestaciones”. Ésta era una disposición real por la cual se autorizaba al asentista a embarcar más cantidad de bozales de los consignados en el registro, con la condición de manifestarlos al llegar a puerto y pagar los derechos sobre ellos. La fórmula más generalizada de contrabando de esclavos fue el sobrecargo de navíos con esclavos fuera de registro. Para el pago de derechos los maestres o cargadores 44 NAVARRETE, María Cristina, Génesis y desarrollo…, op. cit. pp. 69-70. 45 Lo propio sucedió en el puerto de Buenos Aires. En la década de 1650 la actividad portuaria se recuperó gracias al gran número de barcos holandeses que hacían uso del derecho legal de buscar refugio a causa del mal tiempo o por daños en el navío. En el período comprendido entre 1650 y 1680, la entrada de grandes barcos europeos, especialmente holandeses, activaron el comercio de Buenos Aires. No menos de diez mil esclavos fueron introducidos por este puerto. MOUTOUKIAS, Zacarías, op. cit., p. 772. 46 Maestre era el individuo que mandaba el navío después del capitán. A veces era propietario y capitán a la vez. Para completar esta noción, ver VILA VILAR, Enriqueta, Hispanoamérica y el comercio… op. cit., pp. 134-137. 47 El doctor Luis Tello de Erazo, Oidor de la Real Audiencia de Santa Fe, comisionado para averiguar los fraudes en el comercio de esclavos, en Cartagena, escribió al Consejo de Indias, en 1594, diciendo que se sabía que los dueños de los contratos de asiento sacaban ventaja de las licencias enviando esclavos sin registro, aprovechando la complicidad de los factores. AGI, Fondo Santa Fe, Legajo 56A, No. 22, Carta al Consejo de Indias de Luis Tello de Erazo, Oidor comisionado para averiguar fraudes de esclavos negros.

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declaraban menos esclavos de los transportados. En las factorías africanas se abarrotaban los barcos y durante las visitas en los puertos de desembarque se los escondía bajo cubierta. Los navíos de esta época eran pequeños y su bodega era reducida. Después de las visitas, los esclavos que se hallaban escondidos salían a cubierta y desembarcaban con los otros48. Se transportaban más de los autorizados, unas veces, en previsión de los que fallecían en el viaje, y otras, persiguiendo el mayor usufructo. Julián Ruiz Rivera menciona el caso del capitán portugués Blas de Herrera, quien en época tan temprana como 1573 introdujo 350 “piezas” de esclavos, pero sólo tenía 145 licencias autorizadas. Para ello contó con el apoyo del gobernador de Cartagena y de su teniente después de transferirles 40 o 50 de las “piezas”49. A pesar de que la Corona, por medio de sus representantes, trató de controlar los fraudes, antes de llegar al puerto de Cartagena, existían prácticas para evadir esos controles. En ocasiones se buscaba desembarcar esclavos o mercaderías en zonas de la costa más bien alejadas de la ciudad; por allí descargaban y escondían los esclavos, en la mayoría de los casos con la complicidad de autoridades o vecinos50. En julio de 1594, en cumplimiento de su misión, el oidor Luis Tello de Erazo, nombrado por el Rey como juez para investigar los fraudes en el comercio de esclavos, informó a su Majestad sobre las pesquisas que había realizado acerca del descamino51 de los esclavos que entraban sin registro a la provincia de Cartagena. Su intención era acabar con los fraudes que se estaban cometiendo a la Real Hacienda. El oidor explicó en su misiva que, desde 1587 hasta la fecha presente, habían llegado al puerto de Cartagena y a la costa de Tierra Firme gran cantidad de esclavos sin licencia de su Majestad, procedentes de Guinea, Cabo Verde y Angola. Este hecho se había presentado en gran medida por negligencia o por culpa de las autoridades y oficiales reales, debido a sus intereses particulares. Explicaba el oidor que muchas personas se valían de las fees52 entregadas por los contadores certificando el pago de derechos, las cuales muchas veces correspondían a esclavos que habían muerto o procedían de otros individuos que se las vendían, porque ya no las necesitaban. Se había dado el caso de que una sola fe había servido a tres o cuatro esclavos, engañando de esta manera a los oficiales y ministros del rey. Por otra parte, los moradores de la provincia eran dueños de estancias en las que se podían ocultar esclavos; por ello era muy difícil, casi imposible averiguar los descaminos de los esclavos53. VILA VILAR, Enriqueta, “Los asientos portugueses...” op. cit., pp. 557-558 y 576-577. RUIZ RIVERA, Julián B., op. cit., p. 12. Ibid., p. 14. Esclavos ‘descaminados’ eran los esclavos que llegaban de contrabando y no pagaban derechos de entrada. Podían llegar descaminados porque un buque extranjero -holandés o inglés- los llevara a algún puerto o porque de un buque negrero se vendieran más de los que pagaban derechos. Se decía que éstos eran descaminados, es decir de contrabando. Explicación amablemente concedida por Enriqueta Vila Vilar. Sevilla, 2005. 52 La ‘fe’ era un documento expedido por las autoridades que garantizaba que el esclavo había entrado a puerto legalmente. 53 AGI, Fondo Santa Fe, Legajo 56A, No. 22, Carta al Consejo de Indias de Luis Tello de Erazo, oidor comisionado para averiguar fraudes de esclavos negros. 48 49 50 51

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Erazo sugería como solución que todas las personas que en el plazo de cierto tiempo manifestaran los esclavos que traían sin registro ni licencia pagaran diez ducados por cada pieza. Al momento de manifestarlos serían marcados con la coronilla de las armas reales, al hierro candente (ver Figura No. 1). Aquellos esclavos que de allí en adelante no tuvieran la marquilla real se los consideraría de contrabando. Esto sería válido para los esclavos venidos de Guinea, Angola y Cabo Verde y para los “criollos de esta tierra”, mayores de cinco años. Así, una vez puesta la marquilla, el esclavo podría pasar al Perú o a cualquier parte sin esperar una nueva fe del contador de la Real Hacienda. Recalcaba el oidor que los esclavos que vinieran con registro y los que no lo tuvieran, se marcarían en el otro brazo, además de la marca que traían54, lo cual serviría como certificación de que se habían pagado los derechos reales. Si un esclavo fuera hallado sin la marca se lo daría por perdido y sería aplicado al real fisco55. Figura No. 1: Coronilla de las armas reales con la que se marcaba a los esclavos

Fuente: NAVARRETE, María Cristina et. al., La memoria de los Griots, Cali, Feriva, 2003, p. 20.

Los esclavos de “mala entrada” que llegaban en los barcos negreros por los puertos no autorizados y que no correspondían a los asientos firmados entre la Corona y los asentistas fueron considerados como productos del contrabando y su entrada era ilegal. Se daba el caso de barcos negreros que, con razón o sin ella, argumentaban encontrarse averiados, sin agua ni vituallas, con tripulación enferma y arribaban a puertos no autorizados. Esto se conocía como las “arribadas”56. Puede decirse que las arribadas fueron una de las estrategias de los contrabandistas para vender esclavos en los puertos sin autorización real. El contrabando ejercido a través de las arribadas se constituyó en una de las formas de ejercitar el poder desde la colonia y 54 Generalmente los esclavos eran marcados en África antes de ser embarcados con el hierro del mercader o de la compañía que los traía. Una vez llegados al Nuevo Mundo debían ser marcados de nuevo con la coronilla real, como lo planteaba Erazo. Esto garantizaba que el esclavo no había entrado de contrabando. 55 AGI, Fondo Santa Fe, Legajo 56A, No. 22, op. cit. 56 NAVARRETE, María Cristina, Génesis y desarrollo…, op.cit., p. 71. En marzo de 1619, el Rey se dirigió por carta al licenciado Alonso Espino de Cáceres, Oidor de la Real Audiencia de Panamá para encargarle el juicio de residencia de don Diego de Acuña, gobernador y capitán general de la provincia de Cartagena, por los graves excesos que allí se estaban cometiendo en relación con arribadas de navíos portando esclavos negros. Se tenía conocimiento que los navíos se daban por perdidos y se realizaban avalúos de los esclavos a muy bajos precios para rematarlos en las mismas personas que cometían los ilícitos. Posteriormente, los volvían a vender por su verdadero valor, defraudando las arcas reales. En estos delitos participaban los oficiales reales y otros representantes de la Corona. AGI, Fondo Santa Fe, Legajo No. 34, Carta del Rey al licenciado Alonso Espino de Cáceres encargándole la residencia del gobernador Diego de Acuña.

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de evadir el cumplimiento de las normas de control que impedían el libre comercio. La introducción de esclavos de contrabando hacia el interior fue una práctica común. Los compradores poco reparaban si se trataba de esclavos procedentes de buena o mala entrada. No era difícil que un representante de la autoridad certificara su procedencia legal. Los capitanes y maestres de los navíos replicaban la necesidad de la arribada para tomar agua y bastimentos. Era posible que esta circunstancia se presentara en un viaje tan largo y con tantas dificultades, pero las autoridades estaban facultadas para dudar de la veracidad de la situación ante la frecuencia con que se presentaba, pues se sabía que las arribadas a puertos no permitidos eran una estrategia de contrabando. Gran cantidad de navíos negreros zarpaban hacia puertos del Caribe y de Tierra Firme, y dejaban en ellos su carga. Estas arribadas tenían doble objetivo: la venta de unos cuantos esclavos, con la cual tener el dinero suficiente para reparar las averías del navío e inspeccionar la factibilidad de una venta mayor para evitar el pago de derechos57. Dice Serrano Mangas que las arribadas representaban una bofetada al monopolio establecido por la Corona española; constituían el deseo del imperio del libre comercio, “de partir de cualquier puerto transportando los géneros sin tasas y de recalar donde más conviniera... Especial irritación producirá en la oligarquía sevillana el auge del sistema, que era una puerta abierta a la iniciativa y al riesgo”58. Las arribadas ratificaban el fracaso del monopolio ejercido por Sevilla. Esta forma de comerciar revitalizó las zonas costeras y, en algunos casos, solucionó problemas de abastecimiento. El 23 de noviembre de 1619, Bartolomé Castillejo formuló una denuncia ante Francisco Martínez de Rivamontán y Santander, caballero de la Orden de Santiago, gobernador y capitán general de la provincia de Santa Marta y Río de la Hacha, contra Juan de Santiago, capitán y maestre de la nao Nuestra Señora de las Nieves. Argumentó el denunciante que Juan de Santiago llegó con 180 “piezas” de esclavos, entre hombres y mujeres, al puerto de Santa Marta “so color de refrescar su armazón” para luego proceder el viaje hasta Cartagena o San Juan de Ulúa. En su demanda solicitó contar los esclavos para saber si se habían ocultado algunos y hacer el inventario del navío. Además, que se le exigiera a de Santiago, mostrar el registro en el plazo de un día. En caso de que no pudiera demostrarlo se le debía dar el navío por perdido59. El gobernador decretó la elaboración del inventario de los esclavos, del navío y sus aparejos y mandó ponerlos en depósito; el 26 de noviembre de 1619 dio la orden de que “Todos los esclavos inventariados fueran contramarcados con la contramarca señalada en la margen [ver Figura No. 2], hecha con fuego en los brazos derechos de cada uno porque con esta señal se asegura a 57 NAVARRETE, María Cristina, Génesis y desarrollo…, op. cit., p. 71. 58 SERRANO MANGAS, Fernando, op. cit., p. 31. 59 AGNB, Sección Colonia, Fondo Negros y Esclavos, Bolívar, t. XV, ff. 306-306v. (Todo el caso se encuentra en ff. 231-473).

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no poderse esconder ni ocultar y así se podrán hallar si algunos hubiere ocultos con las diligencias que su merced mandará hacer y ansí lo proveyó, mandó y firmó, Francisco Martínez de Rivamontán Santander”60. Figura No. 2: Marca para legitimar los esclavos del navío Nuestra Señora de las Nieves

Fuente: AGNB, Sección Colonia, Fondo Negros y Esclavos, Bolívar, t. XV.

El inventario de los esclavos dejó en claro que un buen número de ellos era adolescente, pues se trataba de mulecas y muleques, cuyas edades no superaban los quince años. Sobrecoge pensar la crueldad de las medidas tomadas en ese período histórico, cuando el gobernador de la provincia propone como forma de control marcar con hierro candente, como en el caso anterior, el brazo derecho de 180 niños, jóvenes, mujeres y hombres adultos. Esclavos de mala entrada eran introducidos a las provincias del interior aprovechando las vías fluviales, especialmente el río Magdalena, pero también otros ríos que en ese entonces eran navegables y se aprovechaban para el transporte de mercancías, pasajeros y esclavos. Testigos de la época aseguraban que “tropas de negros” de “mala entrada” subían directamente con destino al Nuevo Reino sin necesidad de desembarcar en Cartagena61. La existencia de esclavos entrados ilegalmente se presentó con frecuencia. Esto hacía que las autoridades dudaran de la posesión “legítima” de algunos esclavos bozales cuyo origen era incierto. Por esta razón ciertos propietarios se vieron envueltos en juicios de contrabando por la adquisición ilegal de sus esclavos. En estas circunstancias y para defensa de su caso, los dueños tenían que acudir ante los representantes de la hacienda pública, por ejemplo, el contador general, juez oficial de su Majestad para que certificara el buen origen del esclavo y su legal adquisición. Este emitía un documento por el cual daba fe y verdadero testimonio de que los esclavos estaban libres de derechos y habían llegado registrados desde los Ríos de Guinea o Angola y correspondían a una licencia otorgada oficialmente62. 60 Ibid. 61 AGN, Sección Colonia, Fondo Negros y esclavos, Santander, T. II, ff. 120-545. 62 Fue así como Gonzalo Fernández le solicitó a Alonso de Tapia, Contador General y Juez Oficial de la provincia de Cartagena diera testimonio sobre la legalidad de dos esclavos bozales que tenía en su poder. El 12 de junio de 1585, el Contador expidió una fe certificando que los dos esclavos aludidos estaban libres de derechos por haber venido registrados desde España en el navío San Pedro. El maestre era Alonso Pabón, quien salió de los Ríos de Guinea y entró en Cartagena el 10 de abril de 1585. Los dos esclavos eran parte de una licencia de 2.400 que su Majestad otorgó a Juan de Espinosa,

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En 1621, el contador don Pedro Guiral proponía como solución a los fraudes que sufría la hacienda que todo aquel que quisiera ir a los reinos de Angola, Cabo Verde y Ríos de Guinea a rescatar esclavos lo pudiera hacer, con licencia de su Majestad. Pagaría los derechos de las “mercadurías” que llevara para el rescate en los puertos donde arribara y podría embarcar las “piezas” que a bien tuviera para trasladarlas a cualquier puerto. Una vez arribadas a puerto de las Indias, los armadores estarían obligados a pagar por cada navío que portara “piezas” de Angola, quince mil ducados y por “piezas” de los Ríos de Guinea, veinte mil ducados, limitando la cantidad de “piezas” a 400. Si el armador no manifestaba las “piezas” que había traído de más, cuando desembarcaba podía perder la armazón, el navío y se le podía decretar pena de muerte63. Como puede advertirse, lo que el contador estaba proponiendo no era otra cosa que romper con el monopolio y abrir una especie de comercio libre para controlar el contrabando o fraude al fisco real. Es una idea que evidencia los problemas que traía consigo este sistema económico. La solución sólo aparecerá en el siglo XIX con la libertad de la trata. Las propuestas del contador, sin embargo, tenían condiciones: el pago de derechos de las mercancías para el intercambio de esclavos y el de las “piezas” de esclavos sin que éstas excedieran un número fijado. La contravención tendría graves consecuencias64. En 1634, el Presidente de la Audiencia del Nuevo Reino, don Martín de Saavedra y Guzmán, estando en Cartagena de paso para Santa Fe, se dio cuenta de los negocios ilícitos que suscitaba el tráfico de esclavos. A raíz del arribo de un navío a puerto, ordenó al sargento mayor que proclamara un bando prohibiendo la compra de esclavos que vinieran sin registro so pena de declararlos perdidos. El sargento replicó que esa no era la costumbre, que la ciudad se amotinaría. Los oficiales reales fueron de la misma opinión. Concluía el Presidente que el remedio era casi imposible porque “los interesados son todos los ministros de vuestra majestad”65. Además de los representantes de la Audiencia Real, la Corona disponía de otro mecanismo de control sobre las actividades de la gente de mar, especialmente si sospechaba que en los barcos venían herejes u objetos heréticos. El Tribunal del Santo Oficio fue instalado en Cartagena en el siglo XVII. Una de las responsabilidades del tribunal de la Inquisición, en esta época era la de examinar los pasajeros y los objetos que entraban a las Indias en relación con asuntos de la fe. Representantes del Santo Oficio tenían el poder de visitar los barcos negreros buscando pasajeros infieles, libros y parafernalia sospechosos de que sus portadores practicaran la herejía, principalmente judaizante. Es por ello que los documentos que dan cuenta de las visitas realizadas por por cédula fechada en Madrid el 13 de enero de 1572. AHN, Sección Colonia, Fondo Negros y Esclavos, Antioquia, t. IV, ff. 736-737. 63 AGI, Fondo Santa Fe, Legajo 73, No. 106, Carta al rey del contador Pedro Guiral. 64 Ibid. 65 AGI, Fondo Santa Fe, Legajo 197, Carta de don Martín de Saavedra y Guzmán, Presidente de la Audiencia de Santa Fe a su majestad.

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representantes del Santo Oficio a los navíos del tráfico de esclavos son de una riqueza inigualable. En el conflicto de intereses entre los poderes civiles y eclesiásticos que caracterizó la época hispánica, quedó reflejada la pugna existente entre las autoridades civiles de la provincia de Cartagena y los miembros del Tribunal de la Inquisición. Entre 1634 y 1635 tuvo lugar en Cartagena un pleito fiscal emprendido por el Santo Oficio contra el gobernador de la provincia y capitán general don Francisco de Murga en el que estaban implicados, su teniente general, los oficiales reales y los ministros de justicia de Cartagena, por defraudar la Real Hacienda66. A raíz de este proceso, el Alguacil Mayor, don Joseph de Bolívar y de la Torre y el Secretario del Secreto don Juan de Uriarte Araoz, representantes del Santo Oficio realizaron la visita a ocho navíos del tráfico de esclavos llegados de África en el período comprendido entre julio de 1634 y julio de 1635. Cinco de ellos procedían de Angola y tres de los Ríos de Guinea. Son sobrecogedores los hallazgos que realizaron en relación con la sobrecarga de los navíos para evadir el pago de derechos y sacar la mayor ganancia posible. En la visita que realizaron al navío Nuestra Señora de la Natividad, llegado de Angola cargado con esclavos negros, el Alguacil Mayor del Santo Oficio hizo llamar a Antonio Rodríguez de Figueredo, natural de Lisboa y morador en ella de unos 25 años de edad. Declaró que era el dueño del navío que vino cargado de esclavos. Salió del puerto de Angola hacía unos 87 días; no hizo escala en ningún puerto ni se topó en la travesía con navíos o bajeles amigos o enemigos, hasta llegar al río Grande de la Magdalena, cerca del cual se encontraron con tres o cuatro fragatas sin hacer contacto con ellas. Descubrieron la costa de las sierras nevadas, pero no llegaron a puerto hasta arribar a Punta de la Canoa, donde él saltó a tierra para entrar en Cartagena a “tratar del despacho de su navío”. Como dueño y maestre de la embarcación le tocaba solicitar la visita; por ello vino a pedirla y habló con el gobernador, su teniente general, los oficiales reales y el factor Fernando López de Acosta, con quienes trató sobre el despacho. De esta manera entró el navío a puerto hasta el lugar donde se estaba haciendo la visita. No venían fardos, cajas, pipas, cajones, baúles de mercadurías prohibidas por la Inquisición, porque su principal carga era la de esclavos negros del reino de Angola, de donde sacaron 300 “piezas” de las cuales algunas, que no sabía su número, murieron en el camino. Traían 90 “piezas” de esclavos de registro y las demás fuera de registro67. A continuación, el Secretario del Secreto y el Alguacil Mayor bajaron a la cubierta del navío, mandaron quitar las esteras que había cerca del árbol mayor junto a la boca de la escotilla y al quitarlas quedaron al descubierto cantidad de esclavos negros, varones y hembras, que estaban escondidos y venían fuera de registro. Las “piezas” que habían declarado al Teniente General para cumplir con la obligación del registro ya estaban en barcas y canoas, fuera del navío. “Así todos los que están escondidos 66 AHN, Fondo Inquisición, Legajo 4816, Expediente 22, Pleito fiscal contra Francisco de Murga. ff. 1-100. 67 Ibid, ff. 11v-14.

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son los que vienen fuera de registro y son tantos y están tan apiñados y juntos unos con otros que es imposible contarlos. Y queriendo yo el dicho secretario pasar por entre ellos para visitar el dicho navío no pude aunque hice mucha diligencia, por estar tan juntos y amontonados”68. Al solicitarle a Antonio Rodríguez de Figueredo, dueño del navío que ordenara subir a los esclavos a cubierta para dar paso a la visita dijo que eso sería arruinarlo a él y a todos los interesados en la armazón. Si lo hacía, las autoridades reales se los tomarían por perdidos viendo que la diligencia se hacía a instancia de los ministros del Santo Oficio. Por tal razón el Alguacil Mayor y el Secretario no visitaron lo que estaba debajo de la cubierta. Dijo el Secretario que a su parecer serían más de 400 esclavos los que estaban escondidos69. En ese mismo año los dos representantes del Santo Oficio realizaron la visita al navío Nuestra Señora de la Piedad procedente de Angola. Fueron llamados a declarar el propietario, el contramaestre y el piloto. Este último dijo en su declaración que habían salido de Angola hacía dos meses y medio. En el barco traían unos libros de comedias con los que se venían entreteniendo y unos libros de las “horas de Nuestra Señora”. Venían cinco o seis pasajeros. Al llegar a la costa fueron a parar a las islas de San Bernardo por el mal tiempo. Allí saltó a tierra el maestre y Bartolomé Melo, quienes fueron a tratar el “buen pasaje” con los oficiales reales, el gobernador y el factor. Al preguntarles cómo se conseguía con los navíos que venían de Angola dijeron que el “buen pasaje” “es dar un tanto por los negros que traen fuera del registro, a los cuales le dan la cantidad en que se conciertan en reales o en negros”70. Cuando se le preguntó la cantidad que se había concertado con el gobernador y los oficiales reales contestaron que esto no se sabía sino hasta el reparto. De Angola se habían sacado 580 “piezas” de esclavos, varones, hembras y muleques, de las cuales murieron como 100 “piezas” y quedaron 480, más o menos. El navío traía de registro 150 “piezas” de las que se debían pagar derechos a su Majestad “y el buen pasaje de los demás que vienen fuera de registro los lleva el gobernador, oficiales reales, el factor del contrato y otras personas”71. Juan Rodríguez de Olmedo, un pasajero del barco Nuestra Señora del Rosario, explicó en su declaración ante los representantes del Tribunal de la Inquisición, el 26 de mayo de 1635, la forma de pago y las cantidades que fueron entregadas a diferentes personas influyentes y representantes de la autoridad por permitir el “buen pasaje” de los esclavos del navío. El gobernador Francisco de Murga recibió cuatro “piezas” de esclavos, dos varones y dos mujeres. El teniente general, el contador, el tesorero, el escribano de registro, su oficial mayor, el escribano real y el sargento mayor del presidio, recibieron cada uno un esclavo negro. El guarda mayor del factor recibió 600 pesos, el guarda mayor de los oficiales reales, 400 y el guarda mayor del contador, 200 pesos. Todo esto, más trece mil pesos que se pagaron a los jueces superiores que eran el gobernador, el 68 69 70 71

Ibid., f. 22. Ibid,. ff. 11v-14. Ibid., ff. 37-39v. Ibid., f. 39v.

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teniente general, los oficiales reales y el factor. El negocio se había realizado por manos de Bernabé González, procurador general de Cartagena, y del cirujano Blas de Paz Pinto, encomendero de negocios y de navíos de negros de la ciudad72. El proceso llevado a cabo contra el gobernador Murga ejemplifica los hechos que acontecían en el puerto de Cartagena en lo que respecta al tráfico de esclavos. Ofrece información importante sobre la duración de la navegación procedente de Guinea y de Angola y algunos aspectos culturales sobre la vida en el navío, como lo eran la práctica de la fe cristiana y la lectura como entretenimiento. Así mismo, en este proceso se señala el hecho de que en algunos barcos negreros venían pasajeros, cuya única misión era traer esclavos de su cuenta para venderlos; los tenían bajo su cuidado y pretendían realizar personalmente la transacción de venta. Sorprende constatar la realidad de la sobrecarga de los barcos que portaban más esclavos de los permitidos, más de los registrados, más de los que el barco podía acomodar, con el afán de hacer el negocio más lucrativo. De este lucro se beneficiaban los agentes del tráfico negrero, los representantes de la autoridad civil y quienes venían en el navío como tripulación o pasajeros trayendo cautivos para comerciar. El proceso destaca el significado del “buen pasaje” y las personas que debían aprobarlo y a quiénes los miembros de la tripulación tenían que plantear el “negocio”. Es difícil creer la proporción que acostumbraban traer los barcos entre “piezas” registradas y “piezas” sin registrar en las que éstas últimas multiplicaban su número por tres o cuatro. Llaman la atención los ardides utilizados para esconder los esclavos que venían fuera de registro para no ponerlos en evidencia frente a las autoridades civiles y evitar, así, la confrontación con los representantes de la Inquisición. Se suponía que ésta realizaba su visita después de la justicia civil y ya cuando la cubierta del barco estaba libre. De allí su sorpresa cuando descubría la cantidad de bozales escondidos. Si los miembros del Santo Oficio advertían la presencia de esclavos no registrados, las autoridades civiles se veían obligadas a declararlos por perdidos, y se arruinaba el negocio fraudulento.

Conclusión El presente artículo analizó las prácticas, artificios y maquinaciones de los comerciantes de esclavos africanos y las reacciones de las autoridades locales y de los vecinos caribeños. Estos ejercieron diversas estrategias que, según los principios del mercantilismo español, eran ilegales. Ello ocurría ante los intentos del monopolio sevillano y de la Corona española por controlar el abastecimiento de esclavos. Las irregularidades en el tráfico de esclavos se iniciaban en Sevilla cuando se registraba el navío ante la Casa de Contratación, continuaban en África con negocios clandestinos entre la tripulación y los comerciantes del lugar, proseguían en África donde se abarrotaban los barcos de bozales y si quedaba algún espacio se incluían mercaderías, lo que no era permitido en los navíos de la trata. Por la sobrecarga de esclavos sin registrar y por las mercaderías 72 Ibid., ff. 98-100.

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no se pagaban impuestos al llegar a los puertos de Indias. Ya en el barco, se colocaban esclavos negros en los puestos de marineros y grumetes para después venderlos en América. Adelantado el viaje y a punto de llegar, en las islas y costas del Caribe se simulaban escalas argumentando averías y falta de agua y alimentos, con la intención de hacer comercio ilícito. El proceso de ilegalidad continuaba en el puerto de arribo, cuando desembarcaba un porcentaje inferior de esclavos como registrados y un alto porcentaje fuera de registro. Aquí el ilícito se expresaba en forma de evasión fiscal. Cuesta trabajo imaginar desde el presente ciertas características de la época colonial en lo referente al comercio de esclavos. La Corona se preocupaba por controlar el tráfico y el fraude que sufría el fisco real, los asentistas intentaban monopolizar la trata y sacar el mayor provecho posible, los funcionarios reales no perdían la oportunidad de sacar beneficios del contrabando a través de los sobornos y los factores, y la tripulación quería obtener sus ventajas en el comercio de esclavos. Nadie involucrado en este comercio se ocupó de los esclavos como seres humanos con sentimientos, necesidades y sufrimientos. En este asunto del tráfico eran objetos de comercio transportados desde sus lugares de origen en condiciones infrahumanas, sólo aptas para sobrevivir la travesía si eran lo suficientemente fuertes para soportar los traumas morales y las enfermedades. Los verdaderos perjudicados en este tráfico ilegal fueron los hombres y mujeres esclavizados víctimas de las contradicciones del sistema monopolista. El sufrimiento de estos seres fue el precio absurdo de una política económica errática. También, fue notorio constatar las estrategias entretejidas entre los tripulantes de los barcos, los factores del comercio negrero y las autoridades provinciales para burlar los controles establecidos por la Corona e introducir esclavos evadiendo el pago de impuestos. Lo propio sucedía entre los piratas y corsarios extranjeros con los gobernadores y demás representantes de la ley. Pareciera que las tensiones entre el gobierno metropolitano y el “bien público” colonial hubieran sido permanentes durante el período estudiado.

Bibliografía Fuentes primarias Archivo General de Indias (AGI), Sevilla-España, Fondo Indiferente General y Fondo Santa Fe. Archivo General de la Nación (AGN), Bogotá-Colombia, Sección Colonia, Fondo Negros y Esclavos. Archivo Histórico Nacional (AHN), Madrid-España, Fondo Inquisición.

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La historia del tiempo presente y la modernidad mundo Resumen El artículo muestra las razones que llevaron a la disciplina de la historia en los siglos XIX y XX a interesarse en el estudio del pasado sobre todo en razón de las demandas que planteaba el tipo de modernidad entonces prevaleciente, la cual se articulaba en torno a la idea de nación. En nuestro presente histórico el mundo ha ingresado en una nueva constelación moderna, la modernidadmundo, la cual tiene entre sus particularidades el hecho de redimensionar la condición presente. Esta radical transformación debe inducir a profundos cambios en el entendimiento de la historia como campo del conocimiento, sobre todo por la importancia que se le asigna al presente. Palabras claves: Historia, teoría de la historia, historia del tiempo presente, modernidad, modernidad mundo.

The History of the Present and World Modernity Abstract This article discusses the reasons that led the discipline of history to take an interest in the study of the past in the nineteenth and twentieth centuries, especially due to the demands made by the then prevailing type of modernity, which was articulated around the idea of the nation. In our historic present, the world has entered a new modern constellation, world modernity, a particularity of which is an increased importance of our contemporary period. This radical transformation should give rise to profound changes in the understanding of history as a field of knowledge, and especially the importance it ascribes in the present. Keywords: History, theory of history, history of the present, modernity, world modernity.

Artículo recibido el 24 de enero de 2007 y aprobado el 26 de marzo de 2007.

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La historia del tiempo presente y la modernidad mundob Hugo Fazio Vengoas Si se visita a un motor de búsqueda en Internet y se solicita que exhiba las entradas que se relacionan con la noción historia del tiempo presente, con seguridad llamará poderosamente la atención el hecho de encontrar millares de páginas, especializadas y no especializadas, referidas a este tópico. Si precisamos la indagación y limitamos la búsqueda sólo a libros, artículos, instituciones, redes de investigadores y programas académicos, constataremos que sigue siendo amplio el volumen de entradas que responden a este mismo criterio. Es un hecho que en la actualidad nociones tales como historia contemporánea, historia inmediata, historia actual, historia del presente o, como preferimos denominarla, historia del tiempo presente se han vuelto conceptos muy recurrentes. Podríamos preguntarnos: ¿A qué se debe este interés histórico por el presente? y ¿Por qué se razona sobre el presente en términos de historia y no a partir de las otras disciplinas sociales más especializadas en el estudio de la contemporaneidad? y, por último, una doble pregunta que habitualmente vemos que se formula: ¿Qué es y cómo se entiende la historia del tiempo presente? No es fácil responder a estos interrogantes, pues, de entrada exigen emprender una reflexión sobre dos asuntos aparentemente inconexos, pero que en la práctica se encuentran fuertemente compenetrados. De una parte, significa volver una vez más sobre el sentido que se le ha asignado a la historia como disciplina, porque la inclusión de la contemporaneidad en su campo de experiencia trastoca los cimientos sobre los cuales se ha afirmado este tipo de saber. De la otra, cualquier intento de explicar la naturaleza del tiempo presente trasciende los marcos de este campo disciplinario, puesto que sugiere reflexionar sobre el conjunto de las grandes transformaciones que han sacudido al mundo actual a lo largo de las últimas décadas.

1. La historia pasada y la modernidad Detengámonos en la disciplina de la historia y tratemos de precisar los cambios que trae consigo este interés por el presente. A la pregunta “¿qué es la historia?”, se constata que de modo inmediato y recurrente se vienen a la mente dos tipos de b Este trabajo es el resultado de un trabajo en la línea de investigación sobre la historia global. s Profesor Titular del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. hfazio@uniandes. edu.co

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imágenes: las figuraciones de acontecimientos o situaciones ocurridas hace tiempo y la personificación de aquella disciplina que se dedica al estudio del pasado. Afirmar que la historia guarda relación con el pasado puede parecer una verdad de Perogrullo. Empero, la generalización de esta percepción no la convierte en una suposición acertada. Ante todo conviene recordar que no es del todo cierto que la historia siempre se haya referido al estudio del pasado. En épocas anteriores hubo importantes historiadores que consagraron sus estudios a sus respectivas contemporaneidades. Podríamos traer a la memoria la magistral Historia de la Revolución Rusa de Lev Trotsky, quien no fue un simple espectador, sino uno de los principales artífices de aquel acontecimiento; o las historias sobre la guerra mundial del antiguo primer ministro británico Winston Churchill; o la admirable Historia del siglo XX de Eric Hobsbawm, quien, en no pocos pasajes, narra una historia en primera persona. No obstante la persistencia de un número importante de trabajos históricos abocados a temas del presente, este tipo de obras constituyó más la excepción que la regla, por cuanto durante buena parte de los siglos XIX y XX predominó la idea de que la historia tenía en el pasado su campo privilegiado o exclusivo de experiencia. Esta identificación con el pasado no fue un hecho fortuito, sino el producto de la convergencia de un conjunto de elementos particulares, que tornó específico el sentido asignado a la historia, alejándola en la condición presente. Fue en medio de una coyuntura particular, cuyo inicio se remonta a la primera mitad del siglo XIX, cuando se desplegó la identificación de la historia con el pasado. En ello intervinieron cuatro tipos de circunstancias. Las primeras se relacionaban con el extraordinario desafío político e intelectual que suscitaba la tarea de creación de las identidades nacionales. Si bien hacia comienzos del siglo XIX ya se habían conformado ciertos ritos y se había logrado determinar un buen número de “ancestros”, es decir, se habían especificado los correspondientes precursores de los respectivos linajes nacionales, a la sazón se carecía de una narrativa general que enlazara esos elementos, acontecimientos y personajes del pasados con el reto que despertaba la construcción nacional en el presente. En sí, le había correspondido a la literatura y en particular, a la novela histórica (v. gr., Walter Scott), la elaboración de las primeras narrativas nacionales sobre el pasado, pero, a la fecha, todavía no se disponía de una historia general. Sobre todo en la Europa del norte, de donde provino el gran impulso para el diseño de la disciplina, los historiadores optaron por sumergirse en el pasado, incluido el más lejano, con el fin de confeccionar esta imprescindible relación, confirmar la vitalidad de un origen y de un caudal popular particulares y, de esa manera, exorcizar en parte la importancia de la filiación con el legado greco-romano, que era un origen válido, pero que no era “nacional”1. El segundo conjunto de circunstancias se relacionó con el importante progreso registrado por la filosofía durante la época de la Ilustración. Uno de los principales resultados derivados de este caudal de pensamiento fue dotar a la historia de un nuevo manto de 1

THIESSE, Anne-Marie, La création des identités nationales, París, Seuil, 1999.

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inteligibilidad. Como bien demostró Reinhart Koselleck, con anterioridad a la Ilustración el modelo de la historia era la magistra vitae, la cual se articulaba en torno a dos ideas fundamentales: la repetición de los acontecimientos, noción que permitía a los antiguos inferir regularidades aplicables a las distintas épocas, y la inexistencia de una historia en singular en razón de la misma repetición de los acontecimientos2. El desarrollo de nuevas perspectivas subyacentes en varias vertientes del pensamiento ilustrado permitió que la historia comenzara a demarcarse frente a la retórica, a la filosofía moral, a la teología y a la jurisprudencia. Como señalara Koselleck, fue sólo a partir de este contexto intelectual que la historia pudo adquirir “un nuevo campo de experiencia. A partir de entonces, pudo dejar despejado también el dominio específico de sus objetos. La formación de la filosofía de la historia es el inicio de este proceso”3. Con base en estos presupuestos intelectuales, la historia comenzó a ser entendida como un colectivo singular que abarcaba las historias particulares y, además, como heredó del pensamiento ilustrado la noción de “progreso”, empezó a interpretar el desarrollo humano, entendiéndolo como una sucesión en la que el presente se articula al pasado. El hecho de recurrir a la historia, entendida como pasado, sirvió para fundamentar así las posturas admitidas por la contemporaneidad que entonces se vivía. Luego de esta coyuntura, en la cual la historia y la filosofía se encontraban fuertemente compenetradas, los historiadores, con el propósito de conformar el respectivo campo disciplinar, y apoyándose en los resultados alcanzados por la filosofía, tuvieron que entrar a redefinir su área de experiencia, en contraposición con el mismo pensamiento ilustrado. A la “especulación filosófica” los historiadores antepusieron un método y una perspectiva específica de aprehensión del pasado. La famosa máxima de Ranke sintetizaba esta nueva aproximación, cuando sostenía: “Se le ha atribuido a la historia la misión de juzgar el pasado, de instruir el mundo para el aprovechamiento de los años futuros: el presente ensayo no pretende tan altas misiones: sólo quiere mostrar cómo ha sido realmente”4. El tercer conjunto de circunstancias guarda relación con el vértigo y el desconcierto que produjeron los inicios de la modernidad. Un breve pasaje del Manifiesto Comunista, escrito por Carlos Marx y Federico Engels, que sirvió de inspiración a la admirable obra de Marshall Berman, Todo lo sólido se desvanece en el aire, nos muestra de modo ejemplar el ímpetu que encerraba la modernidad. “Todas las relaciones estancadas y enmohecidas, con su cortejo de creencias y de ideas veneradas durante siglos, quedan rotas; las nuevas se hacen añejas antes de haber podido osificarse. Todo lo sólido se desvanece en el aire, todo lo sagrado es profanado, y los hombres, al fin, se ven forzados a considerar serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas”5. 2 3 4 5

KOSELLECK, Reinhart, Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos, Barcelona, Paidós, 1993, pp. 41-66. KOSELLECK, Reinhart, historia/Historia, Madrid, Ediciones Trotta, 2004, p. 47. Citado en KOSELLECK, Reinhart, Futuro pasado…, op cit., p. 57. Citado en BERMAN, Marshall, Todo lo sólido se desvanece en el aire, Bogotá, Siglo XXI, 1988, p. 7.

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La aceleración del desarrollo histórico trajo consigo un gran desconcierto por la intensificación en la celeridad con que se presentaban los cambios, en los que se conjugaba lo contingente con lo inmutable. También entrañó un fuerte incremento en el número y en la calidad de los acontecimientos. En condiciones en que la explicación tenía que provenir de la misma historia, el voraginoso presente resultaba cada vez más difícil de aprehender, razón por la cual los historiadores optaron por concentrarse en el estudio de un pasado más asimilable; interés que, además, servía para producir conocimiento sobre un pasado que parecía alejarse prestamente. Este distanciamiento con respecto al presente no significaba una renuncia por parte de los historiadores a la condición moderna; era, por el contrario, una reafirmación de este mismo carácter, porque avalaba la idea de la historicidad de las sociedades modernas6. De lo anterior, se infiere el último conjunto de elementos referidos a la disciplina en sí. El más importante era la pretensión por alcanzar un estatus de cientificidad. Puesto que todas las ciencias anhelaban cimentar sus respectivas disciplinas con base en lo que entonces se entendía por racionalidad científica, los historiadores, que para nada eran ajenos a esta encumbrada pretensión, trataron de crear un símil de su profesión de acuerdo con el tipo de conocimiento más desarrollado y preciso: la química. El “taller” del historiador debía, por tanto, reproducir los procedimientos del laboratorio con el fin de elaborar un conocimiento verdadero. El pasado, como materia inerte “real”, y no el presente en proceso de construcción, se prestaba adecuadamente para tan elevados propósitos. En la mayor parte de las tradiciones historiográficas que fueron apareciendo a lo largo del siglo XX se conservó este mismo propósito, aun cuando se fundamentara con base en otro tipo de valoraciones y preocupaciones. Por regla general, las nuevas corrientes historiográficas reconocieron que en la historia se manifestaban procesos de larga duración. A partir de este tipo de supuestos se optó por privilegiar el análisis de las estructuras durables, las cuales eran valoradas como fenómenos más reales y determinantes en el devenir histórico que los accidentes de la coyuntura y los procesos de larga duración como elementos más decisivos que los movimientos temporales de menor amplitud. El énfasis de estos ejes en la historia obviamente terminó ennobleciendo el pasado en mayor medida que el presente. Además, al erosionar la cadena de acontecimientos por el interés en los procesos de mayor envergadura, estas tendencias en la historia terminaron relegando a un segundo plano las preocupaciones por lo propiamente contemporáneo7. En las últimas décadas del siglo que acaba de finalizar, las cosas empezaron a cambiar. Poco a poco se fue forjando un pensamiento histórico que le asignaba un uso y un sentido distinto a la historia, el cual se apoyaba, además, en otras tradiciones intelectuales. En cuanto al momento histórico en que se impuso este nuevo modo de 6 7

TOMLINSON, John, Globalización y cultura, México, Oxford University Press, 2001, p. 60. Véase CHAUVEAU, Agnès y TÉTART, Philippe (eds.), Questions à l’histoire des temps présents, Éditions Complexes, Bruselas, 1992.

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pensamiento, Carlos Antonio Aguirre lo sitúa a finales de la década de los sesenta del siglo XX, coyuntura catalizada por los movimientos del 68, los cuales se proponían transformar su propio presente y por lo cual ponían “en el centro de la atención a la experiencia vivida inmediata […] Es a raíz de esta revolución cultural que el presente va a manifestarse con mucha más fuerza dentro de la historiografía, rompiendo con la rígida división entre pasado y presente”8. En el último tercio del siglo XX, varios elementos confluyeron para que se impusieran unas perspectivas más filosóficas que metódicas, más reflexivas que procedimentales. En primer lugar, de modo progresivo los historiadores comenzaron a abandonar su vieja pretensión de alcanzar y reproducir un conocimiento científico objetivo. Entró a privilegiarse el enfoque del historiador, lo que entrañó que la historia dejara de ser pensada como un conocimiento volcado sobre el pasado, para presuponer que en ella se realiza una estrecha y particular síntesis entre el pasado y presente. De ahí que cada vez comenzara a ganar más adeptos la tesis de Marc Bloch, quien sostenía que “la incomprensión del pasado nace finalmente de la ignorancia del presente”9. Segundo, no fueron pocos los historiadores quienes compartieron la idea de que el presente se alzaba como una importante herramienta metodológica en el camino por hacer inteligible el pasado. Como sostenía Lucien Febvre, el polémico compañero de ruta de Marc Bloch: “El análisis del presente puede aportar el mapa y el compás para la investigación histórica”10, procedimiento que, por cierto, tiempo atrás había empleado este último en sus penetrantes análisis sobre la tenencia de la tierra. Esta doblemente necesaria inmersión en la comprensión del presente abrió las puertas para que este registro temporal comenzara a ser un campo de preocupación por parte de los historiadores. Como vemos, las transformaciones que en su momento había experimentado el mundo durante el siglo XIX, y particularmente la Europa Occidental, habían demandado y guiado un tipo de saber que se focalizara en el estudio del pasado. En las nuevas coordenadas de nuestro presente, cuando han variado las condiciones y los elementos que hacen posible la modernidad, se requiere, sin duda, un conocimiento histórico diferente. El tipo de sociedad que nos ha correspondido vivir, distinto en sus trazos fundamentales a las formas sociales de organización propias del siglo XIX y de buena parte del XX, tiende a redimensionar la condición presente y proyecta, de ese modo, una subjetividad distinta en relación con la percepción que se tiene del tiempo. Con base en estos elementos, en este trabajo tenemos como propósito controvertir la implícita asociación que tradicionalmente se ha establecido entre la historia y el pasado. Sin pretender contradecir la relación que esta disciplina ha mantenido y seguramente conservará con el estudio de los sucesos pretéritos, somos de la opinión 8 AGUIRRE ROJAS, Carlos Antonio, Para comprender el siglo XXI, Madrid, El Viejo Topo, 2005, pp. 112-113. 9 BLOCH, Marc, La extraña derrota, Barcelona, Crítica, 2003. 10 Citado en DOSSE François, L’Histoire en miette, París, L’Harmattan, 1989, p. 104.

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de que la historia más que con el pasado tiene que ver con el estudio de “lo social” y de las sociedades humanas en el tiempo y en sus variadas duraciones. Cuando afirmamos que la historia ante todo se refiere a la dimensión tiempo, con ello queremos señalar que, en la actualidad, esta disciplina se debe ocupar del estudio de lo social en todos los intervalos temporales que engloba el concepto de tiempo, así como en las cambiantes compenetraciones que se presentan entre sus distintos componentes. De este enunciado se puede derivar una conclusión preliminar que permite situar una forma de hacer historia, la cual hemos definido como la historia del tiempo presente dentro de los contornos de la disciplina: ésta no es una propuesta analítica y metodológica distinta a la historia; es una perspectiva constitutiva de la misma historia. Este ensanchamiento de la condición temporal es también un elemento que explica la importancia en aumento que se le asigna a la historia en el estudio del presente: mientras predominaba el espacio sobre el tiempo, las civilizaciones y/o sociedades podían pensarse como unidades autónomas, pero cuando el tiempo se ha sobrepuesto al espacio, como ocurre en nuestro presente, se abre por vez primera la posibilidad de delinear una historia del mundo, porque los encadenamientos sincrónicos y diacrónicos tornan más complejo el recorrido de las distintas trayectorias históricas.

2. El presente en la historia Para comprender la tesis que acabamos de proponer es menester hacer como primera medida un par de precisiones. De una parte, no está demás recordar que la historia es un concepto que se desdobla en dos significados diferentes: alude a un proceso, a una sucesión de hechos, y a la narración sobre esos mismos eventos, y, al mismo tiempo, a un campo del conocimiento; la historia comprende tanto los acontecimientos pasados como el estudio sobre las actividades realizadas por los individuos y los colectivos humanos. No son pocos los historiadores para quienes esta doble acepción que encierra el término ha sido una permanente fuente de confusiones. Pierre Vilar, por ejemplo, ha sostenido que “quizás el peligro más grave en la utilización del término historia, sea el de su doble contenido: historia designa a la vez el conocimiento de una materia y la materia de este conocimiento”11. No obstante las dudas que el término depara, esta ambivalencia es, en el fondo, un asunto central en el conocimiento histórico, tal como ya en su clásico texto de 1948 sugiriera el filósofo francés Raymond Aron12. En la historia, el proceso al que se refiere y el conocimiento que produce son las dos caras de una misma medalla. Ninguna de ellas puede subsistir sin su reverso, ambas se encuentran en permanente retroalimentación. Podríamos preguntarnos: ¿A qué obedece esta indisoluble concatenación entre proceso y conocimiento en la historia? Es oportuno recordar que no existe y no puede existir una realidad histórica, real y tangible, por fuera del respectivo campo del conocimiento, 11 VILAR, Pierre, Iniciación al vocabulario del análisis histórico, Barcelona, Crítica, 1999, p. 17. La cursiva es mía. 12 ARON, Raymond, Introduction à la philosophie de l’histoire. Essai sur les limites de l’objectivité historique, París, Gallimard, 1981.

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es decir, de la historia13. Como es bien sabido, la operación histórica, es decir, el conjunto de procedimientos que se utilizan en la reconstitución del pasado se realiza no a partir de una “realidad” realmente existente, sino de indicios, huellas, vestigios que se asocian con el fenómeno estudiado. Estos elementos constituyen la “materialidad objetiva” con la cual trabaja el historiador y comprenden el fundamento de la escritura histórica, en la medida en que son los soportes sobre los cuales se sostiene y en los que se valida la correspondiente argumentación, narración y/o descripción. Esta característica, aun cuando ocupe un lugar central en el complejo proceso de producción del conocimiento histórico, no engloba la totalidad de sus propiedades. Existe otra dimensión, generalmente soslayada o minusvalorada, a la cual le corresponde un papel en ningún caso menos importante: los dos significados que encierra el término: el proceso y el conocimiento, se encuentran en distintos registros espacio-temporales. El primero (el proceso) se inscribe en un intervalo de duración, cuyas fronteras de tiempo, por lo general, -salvo en el caso cuando se acomete un estudio de historia del tiempo presente- no coinciden con el momento de producción del segundo (el conocimiento). En efecto, en la realización de este tipo de conocimiento -la historia- siempre interviene más de una dimensión espaciotemporal. El momento de producción es distinto al del objeto de análisis tanto en términos espaciales como temporales: el presente de lugar de la producción es diferente al “presente-pasado del proceso”, y la situación de lugar desde la cual se enuncia tampoco dispone de una completa coincidencia con la espacialidad del fenómeno estudiado, salvo en el caso de la historia inmediata; en esta última mucho más evidente la convergencia de ambas magnitudes, por cuanto es una práctica más cercana a lo que se conoce como periodismo investigativo. En lo que respecta a la condición de tiempo, la historia pone en acción un número variable de temporalidades: los permanentes pasados (procesos, situaciones y/o acontecimientos) y las recurrentes actualidades de los variados presentes, en los cuales se va gestando la producción del conocimiento. Sostener, como se hace habitualmente, que la historia se refiere exclusivamente al pasado significa desconocer esta importante dimensión del problema, la cual nos muestra la parte activa que le corresponde a la pluralidad de presentes en la gestación del conocimiento histórico. El entendimiento de esta compleja y siempre cambiante relación fue lo que llevó a Benedetto Crocce a sostener que la única y verdadera historia era la historia contemporánea, porque “por lejano que parezcan cronológicamente los hechos que la constituyen, la historia está siempre referida en realidad a la necesidad y a la situación presente, donde repercuten las vibraciones de esos hechos”14. La tesis crocciana ha sido siempre muy controvertida, debido a que desestima la importancia del pasado, el cual, en ocasiones es propiamente pasado, pero en otras se expresa como un recurrente presente; sin embargo, ha tenido el gran mérito de relativizar la posibilidad de concebir la existencia de un pasado al margen de la historia entendida como conocimiento. 13 MORADIELLOS, Enrique, Las caras de Clío, Madrid, Siglo XXI, 2001, pp. 58-60. 14 Citado en LE GOFF, Jacques, Pensar la historia, Barcelona, Altaya, 1995, p. 27.

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Es evidente que la radical aseveración crocciana debe ser atenuada, razón por la cual compartimos la opinión de que más que en la contemporaneidad, la historia se realiza en el tiempo, en la reciprocidad de los elementos del pasado con el presente; sin embargo, no se debe olvidar reservar también un espacio, aunque sea pequeño, para el futuro, cuya intervención también se produce, aunque a veces de manera menos explícita y consciente. La retroalimentación entre estas dimensiones temporales ha sido permanente, porque la historia en el transcurso de los dos últimos siglos, al igual que las restantes ciencias sociales, se ha convertido en una práctica académica que comporta el sello de un saber reflexivo, tal como en su momento sostuviera Anthony Giddens, para quien la “reflexividad” indica que “las prácticas sociales son examinadas constantemente y reformadas a la luz de nueva información sobre esas mismas prácticas, que de esa manera alteran su carácter constituyente”15. Esta “reflexividad” convierte a la historia en un saber adaptable que se ajusta a las nuevas prácticas presentes y pasadas, y los resultados de sus productos también comportan un registro de versatilidad en consonancia con “el reingreso del discurso científico social en los contextos que analiza”16. Por más que la historia profesionalizante decimonónica haya tenido la aspiración de convertirse en el equivalente “social” de la química, resulta que no sólo no trabaja con sustancias manipulables y explicables científicamente, sino que, al igual que las demás ciencias sociales, se encuentra codificada y regulada “por la interpretación que la sociedad hace de sí misma”17. El entendimiento de la historia como un saber reflexivo tiene dos derivaciones importantes para el discernimiento de la naturaleza de la disciplina y para la determinación de algunas de las propiedades consustanciales con relación a la historia del tiempo presente. De una parte, la “reflexividad” puntualiza el lugar central que a la práctica historiográfica le corresponde en el oficio del historiador, debido a que esta praxis valora, “objetiviza” y ecualiza los tipos de conocimiento que se producen dentro de los estándares de la disciplina, precisa los disímiles contextos en los que se produce el conocimiento, evidencia los factores que intervienen en la asimilación de las variadas sensibilidades temáticas, así como también las traslaciones que hacen los historiadores de la “reflexividad” que emprende la misma sociedad. De la otra, al ser una ciencia social reflexiva, la historia no puede aludir expresamente al pasado, como se sostiene de manera habitual, sino que sólo puede realizarse en la medida en que incluye al presente como elemento activo. Como saber reflexivo, la historia es un cambiante punto de intersección entre el pasado y presente. Cuando sostenemos que la historia constituye el estudio de “lo social” en el tiempo, nos estamos refiriendo a esta inevitable realidad.

15 GIDDENS, Anthony, Consecuencias de la modernidad, Madrid, Alianza, 1999, p. 46. 16 Ibid. 17 BECK, Ulrich, Libertad o capitalismo. Conversaciones con Johannes Willms, Barcelona, Paidós, 2002, p. 7.

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De este doble registro se puede inferir que si descomponemos analíticamente a la historia, ésta se realiza a partir de la concurrencia de tres tipos de elementos: más que un tiempo en abstracto y perenne, en ella interviene un activo tiempo histórico (social), el cual se desglosa en múltiples temporalidades, de cuya confluencia surge la organización de las correspondientes narrativas; el espacio, con sus variadas espacialidades, “lugares” en los que se desenvuelven las relaciones sociales, tanto pasadas como presentes, directas como “fantasmagóricas” y, por último, las disímiles escalas de observación, que son las que permiten aprehender un mismo problema desde distintos ángulos. Al llegar a este punto, podemos intentar ofrecer una visión de conjunto sobre la historia: puede entenderse no sólo como un tipo de saber que organiza el estudio de lo social en torno al tiempo, sino más bien como una matriz de naturaleza tridimensional compuesta por las dimensiones concurrentes del tiempo histórico, de los espacios sociales y de las escalas de observación. La historia, por tanto, no alude a un campo específico de lo social ni a una condición temporal única, sino que es una imbricación polivalente de lo social en el espacio-tiempo.

3. Historia del tiempo presente y la modernidad mundo Con base en estos presupuestos y con estas inquietudes intelectuales nació en el último tercio del siglo una nueva propuesta historiográfica: la historia del tiempo presente18. Convenimos con Reinhart Koselleck cuando sostiene que la historia del tiempo presente es “una bella expresión, pero un difícil concepto”19; bella, porque evoca una descripción metafórica, pero difícil, porque la historia del tiempo presente no se puede comprender al margen de las grandes transformaciones que ha experimentado el mundo en el transcurso de las últimas décadas, a lo que se le suman las complicaciones que en nuestro presente suscita la resemantización de la categoría historia. En aras de la claridad conviene, ante todo, acometer un conjunto de precisiones. Por historia del tiempo presente debe entenderse algo diferente a otros conceptos que se le asemejan. No es equivalente a historia inmediata20. Esta última ha sido ampliamente utilizada para descifrar el meollo de acontecimientos o situaciones muy actuales. La historia inmediata se puede equipar a un periodismo investigativo, por su gran capacidad para reconstruir, con un arte posiblemente elogioso, el entramado de los magnos hechos. Tampoco es un nuevo sinónimo para designar la legendaria historia contemporánea. El principal elemento que distingue este tipo de historia, o sea, la contemporánea, es el hecho de aludir a la fase más reciente de un plurisecular desarrollo histórico. Es, por tanto, una noción que designa un período histórico reciente que se inscribe en la secuencia pasado-presente y, en ese sentido, su dimensión temporal 18 NOIRIEL, Gérard, Qu’est-ce que l’histoire contemporaine?, París, Hachette, 1998. 19 KOSSELECK, Reinhart, Los estratos del tiempo. Estudios sobre la historia, Barcelona, Paidós, 2001, p. 115. 20 LACOUTURE, Jean, “L’histoire inmédiate”, en LE GOFF, Jacques (dir.), La nouvelle histoire, Bruselas, Éditions Complexes, 1988.

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sigue inmersa dentro de una perspectiva secuencial de un progreso, que proviene de un pasado más o menos lejano y se aproxima a nuestra realidad más inmediata; sin embargo, no presupone una forma nueva de asumir la interpretación de la historia ni evidencia las propiedades que son propias de la conciencia histórica presente. También es distinta a las nuevas aproximaciones que se han desarrollado sobre la historia del presente, la cual, por lo general, ha sido entendida como una proyección actualizada de la historia contemporánea. Existen, empero, algunas variaciones en el sentido que algunos analistas le asignan a este tipo de historia. Ciertos autores, como, por ejemplo, Pierre Chaunu, han sostenido que la historia del presente es aquélla cuyas fronteras cronológicas abarcan más o menos los últimos 50 años21; otros, han acortado aún más sus fronteras temporales, y la vinculan con el lapso de una vida humana22. De modo más reciente el historiador británico Timothy Garton Ash ha reconocido que la historia del presente está constituida por términos contradictorios, porque, por definición, la historia trata del pasado. Sin embargo, se arriesga a emplear este término, puesto que “ha aumentado lo que es posible saber poco después de los hechos y ha disminuido lo que se puede saber mucho después”. Para él, la historia del presente es un punto de encuentro entre periodismo, historia y literatura23. Para nosotros, la noción historia del tiempo presente designa algo distinto. Sus particularidades se visualizan en varios planos. El primer de ellos se refiere al contenido mismo que comporta la noción presente. Por lo general, el presente se entiende como una “fina línea, de apenas un milisegundo de longitud entre el pasado y el futuro”, como un pasado muy reciente o como los acontecimientos actuales24, o como “aquel punto de intersección en el que el futuro se convierte en pasado”25. Aunque estas aproximaciones no sean del todo valederas, ya que en sentido estricto todo tiempo es presente, como sostenía Crocce, porque el pasado ya no existe y el futuro es una simple posibilidad, éstas pueden llegar a ser definiciones válidas cuando se entiende el presente de manera restringida, pero no lo son cuando se habla del tiempo presente. Este último concepto se distingue del anterior, puesto que el presente va indisolublemente asociado con la noción tiempo. Ello significa que es un presente que comporta una dilatada densidad temporal, se refiere a la historia del presente histórico, distinto a la inmediatez, a “esa fina línea”, y más cercano a la noción francesa de conjoncture, es decir, se interesa por una extensión de tiempo. Otra particularidad, un poco más compleja que la anterior, apunta al régimen de historicidad predominante, o lo que es lo mismo, la historia del tiempo presente compendia la manera como las generaciones de nuestro presente asumen la modernidad. Este 21 CHAUNU, Pierre, El rechazo de la vida. Análisis histórico del presente, Madrid, Espasa-Calpe, 1978, p. 34. 22 SAUVAGE, Pierre, “Una historia del tiempo presente”, en Historia Crítica, No. 17, Bogotá, Departamento de Historia, Universidad de los Andes, julio-diciembre de 1998, pp. 59-70. 23 GARTON ASH, Timothy, Historia del presente, Barcelona, Tusquets, 1999, pp. 14 y 16. 24 Ibid., p. 12. 25 KOSELLECK, Reinhart, Los estratos del tiempo…, op cit., p. 116.

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régimen de historicidad define los contornos y nos brinda una segunda entrada de la historia del tiempo presente: ser un contexto inédito, por cierto, en la historia. ¿A qué nos referimos con esto? El actual régimen de historicidad representa aquella coyuntura histórica que equivale a nuestro presente histórico, cuyo debut puede situarse a finales de la década de los sesenta del siglo XX y cuyo desenlace todavía no se registra. Ahora bien, la historia del tiempo presente no es un término equivalente a contemporaneidad; designa, ante todo, aquel intervalo temporal en el cual se ha ido gestando la modernidad mundo, es decir, nuestro actual régimen de historicidad. De tal suerte, la historia del tiempo presente no se asemeja a aquellas viejas narrativas que versaban sobre acontecimientos propios a sus respectivas contemporaneidades. Es exclusiva de nuestro presente, porque sólo en este espacio de tiempo se ha asistido a un cambio tan radical en el curso de la historia, como ha sido el tránsito de una primera modernidad “nacional” a una modernidad que engloba al mundo, la cual se caracteriza, entre otras cosas, por un redimensionamiento del presente. A más de uno podrá asaltarle la duda de por qué proponemos relacionar a la historia con la modernidad. En aras de la síntesis, podemos decir que los vínculos no sólo son estrechos, más importante aún es el hecho de que las grandes transformaciones actuales externamente también animan a repensar sobre el significado del concepto de historia, sobre todo porque acreditan un fuerte redimensionamiento del presente como preocupación histórica. En rigor, la historia del tiempo presente guarda una íntima relación con un nuevo estadio al que ha ingresado la modernidad. De tal suerte, si no comprendemos el sentido que ha asumido la condición moderna en nuestro presente, difícilmente entenderemos que es lo nuevo que redefine a la historia. A ello se suma otro conjunto de factores. Tal como tuvimos ocasión de comentar en páginas anteriores, la historia se convirtió en una disciplina profesional acorde con las condiciones en que la Europa Occidental se ingresaba en un ciclo de aceleración de la modernidad, y esta sincronicidad no fue fruto de la casualidad. Su focalización temática e, incluso, el sentido asignado a la historia quedaron asociados estrechamente a las problemáticas, que provocaba este tipo de desarrollo moderno. La pertinencia de tal interrelación, por último, se justifica porque los factores centrales que definen la modernidad son los mismos elementos que hemos identificado como propios de la historia. Para comprender la calidad de las transformaciones del mundo actual se puede comenzar con una de las tesis centrales que ha desarrollado el sociólogo alemán Ulrich Beck, quien ha venido sosteniendo de manera insistente que en nuestro presente el mundo no se encuentra ante el fin de la modernidad. En realidad, la calidad y la profundidad de los cambios contemporáneos no designan otra cosa que la evidencia del ingreso a una segunda modernidad26. El sociólogo alemán comparte con Anthony Giddens la tesis de la radicalización de la modernidad, en tanto que los elementos característicos de nuestra contemporaneidad son el advenimiento de una modalidad nueva de 26 BECK, Ulrich, ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo respuestas a la globalización, Barcelona, Paidós, 1998.

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capitalismo, la implementación de novedosas formas de organización del trabajo (flexibilidad), el aumento de la subjetivación y de la individualización, el advenimiento de un orden de tipo global, etc. Todo lo cual ha entrañado que las sociedades actuales tiendan a organizarse y a representarse de una manera diferente a los esquemas que fueron propios de la modernidad clásica. Si la actual es una modernidad “radicalizada” o “tardía”, ciertos parámetros de la actual cambian con respecto a la anterior; empero, esta segunda modernidad, esta modernidad global27 o, como preferimos denominarla siguiendo a Renato Ortiz28, esta modernidad mundo, incluye muchos elementos de la precedente. De ahí que para entender sus propiedades sea menester hacer un somero balance sobre cómo se ha entendido la modernidad, proceder que sugiere importantes pistas para comprender la complejidad que encierra nuestro presente histórico. En los albores del siglo XIX, importantes pensadores insistieron en la estrecha relación que existía entre la modernidad y el tiempo. Una primera forma en que fue pensada esta interrelación se expresó en torno a la noción de era. En general, es bastante usual encontrar en la literatura el término de “época” o de “era moderna” para designar aquel período histórico característico de la modernidad, distinto en sus trazos fundamentales de cualquier momento anterior, los cuales quedan por simple contraposición asociados con la idea de lo premoderno. Esta primera forma de identificación de la modernidad con el tiempo tiene la gran virtud de precisar un contexto histórico, que sería propio de la modernidad. Sin embargo, es todavía una concepción demasiado preliminar que comporta numerosos problemas de naturaleza conceptual. El primero se refiere a la manera como se entiende la misma periodización. Periodizar consiste en inscribir las distintas fases y temporalidades, así como el cúmulo de acontecimientos que engloba, dentro de una cierta duración, la cual les confiere a todos esos eventos un sentido más o menos preciso. Sin embargo, las épocas no son contenedores de tiempo, son intervalos temporales con dilatadas fronteras cronológicas, razón por lo cual no pueden ser consideradas como opuestas a todo lo que la precede o sucede. Las eras o los períodos se traslapan en sus bordes, dando lugar a intervalos más o menos largos de transición. No se debe tampoco olvidar que en la historia no sólo opera el cambio, la novedad, la transformación; se reconoce cada vez más que las permanencias también son dinámicas estructurantes y, por tanto, no pueden existir radicales discontinuidades entre cambio y permanencia. Sostener la existencia de un período moderno, en consecuencia, es acometer una mirada sesgada, ya que tiende a destacar aquello que se inscribe dentro de sus parámetros (el cambio, la novedad) y a omitir todo aquello que no puede explicar (la permanencia, el no cambio). Definir la modernidad como período histórico encierra, además, otros problemas puntuales: al darle significación a todo aquello que engloba, entonces, se supone que 27 TOMLINSON, John, op cit. 28 ORTIZ, Renato, Mundialización: saberes y creencias, Barcelona, Gedisa, 2005.

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lo que acontece dentro del respectivo intervalo temporal tiende a ser declarado como moderno. Pero también es una definición débil, porque no precisa la existencia de ningún elemento que pueda ofrecer una explicación sobre el contenido mismo que encierran la modernidad y el período moderno. Tercero, cuando se concibe la modernidad como un período histórico particular se toma en consideración, de manera implícita o explícita, una determinada experiencia histórica (por regla general, la europea). Esta experiencia no sólo sería de por sí equiparable a lo genuinamente moderno, sino que se elimina cualquier posibilidad de pensar en desarrollos “modernos” distintos y se corre el inevitable riesgo, presente sobre todo en las teorías de la modernización y en las grandes narrativas de las historias universales, de sopesar y evaluar las restantes experiencias históricas en términos de acercamiento y/o distanciamiento con respecto a la experimentación primaria que sería, desde luego el “orden natural de las cosas”. En este mismo orden de ideas, una concepción tal de la modernidad se singulariza por su carácter prescriptivo, dado que contiene un tipo de planteamientos de lo que las demás experiencias deben indefectiblemente realizar, para convertirse en modernos: seguir el camino trazado por los países que de por sí son modernos. Otro grupo de autores ha sugerido otra forma de interrelacionar el tiempo con modernidad. El sociólogo sueco Göran Therborn ha definido culturalmente la modernidad “como la mentalidad predominante de un época abocada al futuro”, distinta a la premodernidad que “mira hacia atrás por encima del hombro” y a la posmodernidad que “ha perdido o desechado cualquier sentido de dirección del tiempo”29. A diferencia de la anterior, esta concepción de la modernidad contiene un mayor valor heurístico, en tanto que no se asocia con ningún momento histórico específico y mantiene abierta la posibilidad para que también en otras latitudes puedan desarrollarse formas de modernidad, siempre y cuando se comparta esta propensión por “colonizar” el futuro. No obstante esta mayor riqueza propositiva, sobre todo porque deja abierta las puertas para que muchas de estas rutas se entremezclen y generen nuevas síntesis, esta tesis, al igual que la anterior, sugiere una orientación de la modernidad; sin embargo pero tampoco logra definir los componentes que serían constitutivos de la modernidad. Compartiendo el espíritu general de esta línea argumentativa, pero guardando al mismo tiempo la debida distancia con ella, el historiador alemán Reinhart Koselleck desarrolló otra sugestiva concepción sobre la modernidad en torno a dos categorías históricas y antropológicas: el espacio de experiencia y el horizonte de expectativa. Vistas por separados y en su contenido inmediato, recuerdan más a la segunda de estas disciplinas que a la primera. Con todo, cuando se les entrelaza y se les concibe dentro de su imprescindible convergencia, el espacio de experiencia y el horizonte de expectativa, tematizan el tiempo histórico, puesto que ponen dialécticamente en juego el pasado con el futuro a través de una permanente intermediación del presente. 29 THERBORN, Göran, Europa hacia el siglo XXI, México, Siglo XXI, 1999, p. 8.

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Para el estudioso alemán, el espacio de experiencia se deriva del pasado y es un asunto ante todo de naturaleza espacial, en la medida en que conforma una totalidad en la que se sobreponen enrevesadamente muchos estratos anteriores de tiempo. El horizonte de expectativa, por su parte, “es aquella línea tras la cual se abre en el futuro un nuevo espacio de experiencia” y, por ende, es una categoría de tiempo. A partir de estas dos nociones, Koselleck concluye que en la “época moderna va aumentando progresivamente la diferencia entre experiencia y expectativa, o, más exactamente, que sólo se puede concebir la modernidad como un tiempo nuevo desde que las expectativas se han ido alejando cada vez más de las experiencias hechas”30. Para el historiador alemán la ampliación de la brecha entre experiencias y expectativas viene motivada por distintos factores, entre los cuales se encuentran los distintos estratos de tiempo que confluyen en las expectativas, la permanente ampliación de las escalas espaciales, lugares donde se acumulan disímiles experiencias, y la pluralidad de actores, crecientes en condiciones de modernidad, que hace cada vez más difícil no sólo que las experiencias y las expectativas puedan coincidir, sino que tiendan a distanciarse cada vez más. Una inferencia importante que se puede hacer de esta concepción de la modernidad es la relativa al sentido que registra la historia. Como el tiempo histórico constituye en su esencia misma un amplio espacio de experiencia, que amalgama distintas capas de experiencias, las cuales en su momento fueron presentes, y de expectativas, que se conjugan en un futuro presente, porque se conciben como una proyección de las eventuales o deseadas experiencias, la historia siempre presupone la producción de un conocimiento renovado. El conocimiento histórico puede ser indeterminado y relativo con respecto a la historia irreversible, en lo que atañe a los procesos “reales”, pero no lo es en cuanto al sentido de la historia, porque el historiador es en sí mismo un sujeto presente en y de la historia, que no se sitúa por fuera, sino que es parte constitutiva del mismo devenir del desarrollo, es decir, se ubica dentro de los concurrentes y sincrónicos horizontes de expectativas. De ello se infiere que el sentido de la historia no pueda gozar de unicidad, pues su significado se modula a partir de las cambiantes concurrencias de experiencias y expectativas. La perenne construcción de un sentido de la historia a partir de la puesta en escena de la multiplicidad de los espacios de experiencias con los horizontes de expectativas determina el significado siempre cambiante de la modernidad, el cual, si nos ubicáramos en su época “clásica”, veríamos que se realizaba a partir del esquema general del progreso. Sin embargo, a medida en que la brecha entre espacios y experiencias se ha incrementado espacialmente, mediante la concurrencia de un número mayor de disímiles experiencias, y se ha arraigado temporalmente a través de la interferencia de una pluralidad de expectativas, entonces, el sentido de la modernidad termina dando un vuelco y ya no puede realizarse en torno a un gran elemento (v. gr. el progreso), sino que su fuerza solamente se puede aprehender a partir de la confluencia de las 30 KOSELLECK, Reinhart, Futuros pasados…, op. cit., pp. 339, 342-343.

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experiencias diacrónicas con los horizontes sincrónicos. Desde este ángulo es posible avalar la idea de que en nuestro presente la modernidad ha comenzado a ser otra; se ha ingresado a una modernidad mundo o a una segunda modernidad. Un detalle, en ningún caso menos importante, que se puede inferir de esta concepción es la relativa a la reescritura de la historia, la cual remite a los variados y sucesivos cambios de experiencia, permite la conservación de dichas transformaciones para que no caigan en el olvido y, de esa manera, refrenda cierta preservación de los sentidos asignados a la historia. De ello se desprende que el sentido que en un momento se le otorgue a la historia no responde en exclusividad a la contingencia presente, sino que también involucra un pasado que se transmuta en presente. En síntesis, a partir de esta somera relectura que hemos realizado de la concepción kosellekiana sobre la modernidad y de las derivaciones que de ella hemos extraído, llegamos a un punto en el que podemos proponer una mayor precisión en lo que respecta al contenido y a la orientación de la modernidad: tanto la una como la otra no se pueden definir en términos institucionales, porque cuando se opta por una explicación con base en este tipo de ambientes, generalmente se termina universalizando el alcance de una experiencia histórica concreta31. Una explicación en estos términos también corre el riesgo de ser tautológica, puesto que su fundamentación básica recaba en la existencia de unas instituciones que de por sí serían modernas32. Tampoco se puede asociar exclusivamente con una época histórica ni con la mera “colonización” del futuro. Más bien, el contenido y la orientación de la modernidad se producen a partir de la interrelación entre experiencia y expectativa, es decir, son catalizadas por la misma historia o, de modo más concreto, se originan en el sentido de la historia, a través de la puesta en escena de elementos de pasado, de presente y de futuro. La modernidad, por tanto, es un proceso que se realiza en el tiempo histórico a partir de las variadas maneras de relacionarse las “experiencias” con las “expectativas”. En rigor, no hay un elemento único que le otorgue uniformidad a la modernidad, no existe un “ladrillo”, es decir, un fundamento que la sustente; más bien la modernidad se construye en nuestro presente a través de la coexistencia de una infinidad de temporalidades relativas, o como gustaba decir a Koselleck, como una “contemporaneidad de lo no contemporáneo” (Gleichzeitigkeit der Undergleizeitgkeit). Es por ello que la historia en singular ha derivado con el tiempo en una dinámica menos europea y más contemporánea. Al dilatarse los horizontes de la historia y al multiplicarse las contemporaneidades se ha roto con la anterior unidad, que se cristalizaba en torno a una sucesión histórica con pretensión universal33.

31 ROBERTSON, Roland, “Globalización: tiempo-espacio y homogeneidad - heterogeneidad”, en Zona Abierta, Nos. 92 y 93, Madrid, 2000. 32 TOMLINSON, John (ed.), op cit., p. 39. 33 GIOVAGNOLI, Agostino, Storia e globalizzazione, Bari, Laterza, 2005, p. 13.

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La conclusión a la que acabamos de llegar puede tener un cierto sabor posmoderno, pero dista mucho de serlo, ya que no sólo no controvierte los metarrelatos, sino que tampoco comparte la idea de que la realidad se haya fragmentado en múltiples partículas carentes de sentido. Pero lo que sí rescatamos de las nuevas sensibilidades posmodernas, además del ataque a las posturas ilustradas esencialistas y al carácter absoluto de la razón, tal como se ha pretendido desde Occidente, en torno a los cuales se ha pretendido organizar una matriz histórica con pretensión universal, es que ha permitido “emerger al “otro” no sólo como un mero antagonista de identidades racionales bien definidas, sino, además, como el nuevo protagonista de una pluralidad de discursos”34. Este reconocimiento incluyente del otro en tanto que sujeto, y no sólo como un objeto pasivo, el cual en las perspectivas más tradicionales se le consideraba que a lo sumo podía simplemente importar o, en el mejor de los casos, hibridar las instituciones de la modernidad occidental, le dio un sólido fundamento para que se desarrollara la tesis de la existencia no de una, sino de múltiples modernidades35. El mayor conocimiento de las disímiles experiencias históricas en las diferentes latitudes, el descentramiento del mundo en torno a Occidente, el éxito alcanzado por los países del Asia-Pacífico, etc., pusieron a gravitar la idea de que la modernidad occidental es simplemente una experiencia entre otras tantas. A diferencia de numerosos autores de nuestro hemisferio, que han sostenido que la modernidad, y de suyo la globalización, constituiría el trasvase de la experiencia histórica de Occidente al resto del mundo, consideramos que la cadencia causal es otra y que se puede proponer una tesis bastante diferente: en nuestro presente, con la intensificación de la globalización, se han comenzado a sincronizar múltiples trayectorias divergentes de modernidad, que entran en resonancia. La causalidad, por tanto, es otra: no es la modernidad la que potencia la globalización, sino esta última la que sustenta la actual modernidad. Un elemento que le otorga unidad a la posibilidad de coexistencia de múltiples modernidades es el hecho de que en el presente, y sólo en nuestra contemporaneidad, en el fragor de este mundo que se globaliza a pasos agigantados, las sociedades no occidentales han comenzado a compartir el mismo horizonte espacial y temporal con Occidente. Esta tesis es muy llamativa por cuanto sugiere una compactación del mundo donde no sólo existen, sino que confluyen distintas experiencias históricas de modernidad. No obstante, su signo aperturista, su apuesta por la inclusión de los otros como constructores del presente, y la posibilidad de enriquecerla con la visión inspirada en Koselleck, el reconocimiento de múltiples modernidades encierra también algunos problemas: no sólo omite señalar los componentes básicos de la modernidad. Más problemático aún es el hecho de que si las experiencias pueden ser, 34 LARRAÍN, Jorge, ¿América Latina moderna? Globalización e identidad, Santiago, Lom, 2005, p. 141. 35 BECK, Ulrich, Poder y contrapoder en la era global. La nueva economía mundial, Barcelona, Paidós, 2004; EISENSTADT, Shmuel N., “Multiple Modernities”, en Daedalus, Vol. 129, No. 1, Cambridge, American Academy of Arts and Sciences, invierno 2000.

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en su actuación diacrónica, evoluciones tan dispares entre sí, entonces, no se puede recabar en la existencia de ningún conjunto de elementos y contenidos que sustenten la noción misma de modernidad, pues, es evidente que lo que para unos quizá sea moderno puede no serlo para otros. Cuando se reconoce una pluralidad de experiencias modernas, el concepto se vuelve tan laxo que es vaciado de todo contenido. Como una sofisticación de esta línea de argumentación y tratando de corregir los errores de la teoría de las múltiples modernidades, algunos autores, como Jorge Larraín36 han preferido introducir una nueva categoría operativa: la de las “modernidades entramadas”. La pertinencia de esta categoría obedece a que a medida en que se intensifican las tendencias globalizantes y alcanzan un mayor grosor los nuevos circuitos espacio temporales globalizantes, se entrecruza el destino de todas las naciones, situación que conduce a que a mayor intensidad de la globalización, se socaven los propósitos universitalistas. Con esta conceptualización se quiere privilegiar los numerosos entrecruzamientos que registran las diferentes experiencias históricas, sus variadas superposiciones, las que en su conjunto van definiendo el sentido que adquiere la modernidad. Demás está decir que en su naturaleza intrínseca unas modernidades entramadas no pueden ser regionales, sino que tienen que realizarse globalmente. Con estos elementos que hemos ido precisando en torno a la(s) modernidad(es) podemos volver nuevamente a la tesis beckiana sobre el inicio de la segunda modernidad. Como preámbulo para comprender mejor a Beck conviene tratar de responder al siguiente interrogante: ¿por qué con anterioridad se podía presuponer la existencia de modernidades individualizadas en experiencias históricas particulares, y para el presente se conjetura la existencia de una modernidad mundial? En aras de la brevedad, para tratar de responder a este interrogante podemos valernos de dos conjuntos de tesis: de una parte, con el nacimiento de un tiempo global el espacio queda subsumido en el tiempo, y lo que antes podía imaginarse como un itinerario autónomo, hoy se encuentra en reciprocidad con otros desarrollos. Es por ello que unicidad y diversidad son dos registros de un mismo fenómeno moderno, que se retroalimentan mutuamente y en su accionar dotan de contenido a la modernidad mundo. Claro está que la unidad y la diversidad se ubican en registros espaciotemporales distintos. Hace algún tiempo37, sosteníamos, siguiendo a Marcello Veneziani, que la trayectoria de modernidad de Occidente había dejado de ser una categoría espacial para transformarse en una categoría temporal, lo que implicaba un presente que se transforma con rapidez y, en la medida en que expulsa el pasado, entra a modelar el futuro. El itinerario de la modernidad de Occidente se ha propagado por todo 36 LARRAÍN, Jorge, op. cit., pp. 20-26. 37 FAZIO VENGOA, Hugo, “Globalización y relaciones internacionales en el entramado de un naciente tiempo global”, en Análisis Político, No. 53, Bogotá, IEPRI, enero-abril 2006, pp. 51-71.

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el mundo, pero ninguna de sus instituciones ni prácticas contiene en sí misma la esencia occidental; ha sido una modernidad que se ha erigido bajo la fórmula de un “localismo globalizado”, que desencializa sus instituciones, con lo cual adquiere ribetes de universalidad. Cuando estas prácticas se realizan en el contexto de otras experiencias históricas, se modifican algunos de los atributos, con lo cual adquieren su propio sello. Pero, en ocasiones, también estos referentes occidentales han servido como un acelerador, que ha contribuido a descontextualizar los itinerarios históricos particulares. El otro conjunto de tesis guarda relación con la globalización. Históricamente, la modernidad en su versión occidental se ha realizado a partir de un conjunto de transformaciones, entre las cuales se destacan la racionalización, la industrialización, la urbanización, la burocratización, la individualización, la secularización, la alfabetización, etc., procesos que, si bien tienen expresiones temporales específicas, comparten el hecho de ser procesos de larga duración, se llevan a cabo con diferentes ritmos en los distintos continentes y desencadenan poderosas fuerzas de cambios. Todos estos macroprocesos se realizan dentro de determinadas espacialidades nacionales y/o regionales, pero sin que tenga que existir necesariamente una concordancia entre ellos. La importancia de la globalización radica precisamente en ser un macroproceso que ha alcanzado una gran significación histórica, porque enlaza, encadena, retroalimenta y revoluciona todas las transformaciones antes citadas38, con lo cual subyace todo lo que antes laxamente se entendía como internacional, y le da un contenido específico a la unicidad de la diversidad actual. Estos dos conjuntos de tesis nos muestran que la modernidad actual tiene diferencias sustanciales con sus expresiones anteriores. Si la anterior era nacional, territorial y se organizaba en torno al Estado-nación, ésta contiene los elementos anteriores, pero los reintegra y reinterpreta en su transnacionalidad. ¿Qué ha hecho posible el advenimiento de esta modernidad mundo? Para responder a este interrogante se debe tener en cuenta un conjunto de transformaciones que han sacudido al mundo actual. Primero, el momento de inflexión que ha dado origen a nuestra contemporaneidad se remonta a finales de la década de los sesenta, particular coyuntura durante la cual se presentó una silenciosa pero profunda revolución social, que desde entonces ha venido transformando en su raíz misma todo el edificio social. En su momento, Fernand Braudel comparó los sucesos del 68 con las revoluciones culturales del Renacimiento y de la Reforma europeas, puesto que, al igual que éstas, sacudieron el edificio social39. Fue una poderosa revolución sociocultural con múltiples manifestaciones, que puede entenderse “como el triunfo del individuo 38 OSTERHAMMEL, Jürgen y PETERSSON, Niels P., Storia Della globalizzazione. Dimensioni, processi, epoche, Bologna, Il Mulino, 2005. 39 BRAUDEL, Fernand, Civilisation matérielle, économie et capitalisme XV-XVIII siècle, 3 Vols., Vol. 3, París, Armand Collin, 1979, p. 790.

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sobre la sociedad o, mejor, como la ruptura, de los hilos que hasta entonces habían imbricado a los individuos en el tejido social”40. Este ciclo de profundas transformaciones se inició a finales de los sesentas del siglo pasado y sus principales tendencias aún no han decantado. La calidad de estas transformaciones nos permite sostener que con ellas debutó un presente histórico mundial, el cual se inició en las postrimerías de los sesentas y se proyecta hasta nuestro presente. De aquí podemos explicitar una de las principales propiedades que encierra la historia del tiempo presente, a saber: el presente histórico: en la medida en que por casi 40 años nos encontramos transitando por esta prolongada fase de transformaciones, las cuales a la fecha no han decantado; la historia del tiempo presente alude a esta dilatada “presentización” de nuestra contemporaneidad. El hecho de que estas tendencias todavía conserven su vitalidad nos lleva a visualizar otra característica de esta historia: es una historia que puede incidir en el curso del mismo desarrollo histórico. De aquí podemos derivar otra característica de esta modernidad mundo y, de suyo, de la historia del tiempo presente. Situados en la coyuntura que nos ha correspondido vivir, el tiempo se subjetiviza de una manera distinta. Pareciera que la singularidad del presente es que rompe con el pasado sin traer consigo ninguna idea de futuro. El presente se asemeja a una sociedad de urgencia. “La fortaleza de la urgencia en nuestra sociedad refleja esta sobrecarga del presente ante el cual expresamos nuestras expectativas y que nos conduce a exigir del presente lo que antes se esperaba del futuro. […] De aquí se desprende el sentimiento de vivir una temporalidad única”41. Este sentimiento de vivir la urgencia o la inmersión en la exclusividad del tiempo presente se explica porque hasta hace no mucho nos enfrentábamos a un tipo de modernidad, que se estructuraba en torno al tiempo de la política; esto implicaba constantes referencias al pasado para el manejo del presente, y mantenía el objetivo de proyección hacia el futuro. Con los cambios económicos, tecnológicos y “comunicacionales” de las últimas décadas se ha comenzado a producir una gran transformación cultural que ha desplazado el tiempo de la política como vector estructurador por el tiempo del mercado, el cual a partir de la velocidad del consumo, de la producción, de los intercambios y de los beneficios tiende a desvincular el presente del pasado, transforma todo en ahora e involucra los anhelos futuros en la inmediatez. La sobrecarga del presente se refiere también a otra constante del mundo actual: en nuestro presente histórico la diacronía y la sincronía se sintetizan de manera barroca. Si antes la distancia espaciotemporal explicaba la existencia de trayectorias históricas independientes (preeminencia de la diacronía), al reducirse estos intervalos surgen patrones globales que develan la intimidad de las sociedades e impone determinados tipos de reajustes (preponderancia de la sincronía). La particularidad del mundo 40 HOBSBAWM, Eric, Historia del siglo XX, Barcelona, Crítica, 1997, p. 336. 41 LAÏDI, Zaki, Malaise dans la mondialisation, París, Editions Textuel, 1998, pp. 18-20.

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actual consiste precisamente en la acentuación de ambas expresiones, lo que produce inéditas trayectorias, resonancias y síntesis.

A manera de conclusión Todos estos elementos que hemos presentado sumariamente nos permiten concluir que también ha cambiado el sentido mismo que se le asigna a la historia. En la primera modernidad prevaleció la idea de que el progreso le asignaba un sentido a la historia y, de suyo, a la misma modernidad. La “colonización” del futuro permitía enlazar con el pasado, y el presente y entender la “direccionalidad” del progreso. En condiciones de la segunda modernidad, cuando el presente se dilata, cuando las turbulencias se convierten en regularidades, cuando la sincronía tiende a prevalecer sobre la diacronía, el sentido de la historia tiene que ser otro, porque cambia la manera como se correlacionan los espacios de experiencias con los horizontes de expectativas. Los elementos que fundamentan el sentido de la historia en estas nuevas coordenadas se originan en un futuro presente (“el horizonte” koselleckiano), y se expresa de modo palmario en la nueva calidad, así como en la centralidad que ocupan los riesgos. Como señalan Beck y Giddens, el riesgo es un concepto moderno, porque cuando la gente se encontraba expuesta a las catástrofes naturales o a la intervención de los dioses, el riesgo no podía existir. “El concepto de riesgo expresa el intento de una civilización por hacer previsible las consecuencias imprevisibles de decisiones propias, por controlar lo incontrolado, por someter las consecuencias a acciones preventivas consabidas y a las correspondientes disposiciones institucionales”42. Los riesgos en el presente se han deslocalizado y, en ese sentido, también se han globalizado. Las actividades para contrarrestarlos no pueden inscribirse dentro de diseños predestinados, pues quedan sujetos a todo tipo de contingencias. Los riesgos, al igual que las crisis, son de distinta naturaleza: medioambientales, económicos, sociales, financieros, de seguridad, etc. Como han demostrado los innumerables hechos de violencia en los inicios del siglo XXI, estos riesgos no son posibles de confinar dentro de determinados límites. Esta nueva gama de amenazas trae consigo profundas transformaciones, porque acentúan el desvanecimiento de las fronteras debido a la imposibilidad de contener los riesgos. De esa manera, la idea de la sociedad como un sistema autónomo y organizado pierde parte de su sentido. Esto nos lleva a concluir que la construcción de un sentido contemporáneo de la historia ya no puede pensarse a partir de la linealidad pasado-presente-futuro, como fue propio de la primera modernidad; en la actual, el riesgo (un futuro-presente) actúa como un elemento que ayuda a prescribir el sentido del presente y del presente-pasado. El horizonte de expectativa se erige en un determinante de significación de los espacios de experiencia. Este último punto que acabamos de esbozar constituye un último 42 BECK, Ulrich, Libertad o capitalismo…, op. cit., p. 111.

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elemento central en el entendimiento de la historia del tiempo presente, porque precisa la necesidad de romper con la secuencialidad temporal a la que estábamos habituados. El futuro presente (el riesgo) ha hecho su ingreso en la historia, no sólo en calidad de horizonte de expectativa, sino que como una cualidad misma del presente. Si a ello sumamos, además, la dilatada “presentización” que registra nuestra contemporaneidad, tenemos que el presente no puede interpretarse como un “delgado hilo”, sino que como una temporalidad extendida (un presente futuro pasado). La historia del tiempo presente, por tanto, comporta una secuencialidad que arranca del futuro-presente en dirección al pasado, pasando por el presente, porque la integración del mundo en proceso de globalización sintetiza elementos que vienen de atrás (diacronías) con otros, que entrecruzan las trayectorias particulares (sincronías) y aquéllos que, por último, se desprenden de un incierto futuro de riesgo. La historia del tiempo presente es, por tanto, una historia que se concibe en un orden distinto a la cronología. Con base en estos elementos, podemos ahora intentar precisar el significado que reviste para nosotros la historia del tiempo presente. Es el estudio del presente en su duración, entendido éste como un presente histórico, que amalgama la sincronía con la diacronía dentro de los confines de la modernidad mundo y es, por último, una historia cuyo sentido se realiza mediante la cambiante combinación de horizontes de expectativas y espacios de experiencias. Este enfoque histórico es, a nuestro modo de ver, una perspectiva muy apropiada para hacer inteligible la realidad contemporánea por cuatro razones fundamentales. De una parte, porque esta mirada constituye un esfuerzo por emprender una historia total, perspectiva con la cual se procura aprehender siempre el conjunto de la totalidad de lo social. Esta perspectiva ha resultado ser muy fructífera, puesto que los problemas globalizantes de nuestro presente sólo pueden asirse en su misma globalidad, lo cual sugiere un enfoque “interméstico” entre las diferentes disciplinas, lugares y ámbitos sociales. De la otra, porque toda la literatura especializada abocada a interpretar las principales coordenadas del mundo actual ha demostrado que las grandes transformaciones han tenido lugar sobre todo a nivel de las dos categorías fundamentales de la experiencia humana: el espacio y el tiempo. Por curioso que pueda parecer, hasta fecha muy reciente era escasa la preocupación de los científicos sociales por valorar y explicar la importancia de estas dos coordenadas. Este relativo desinterés ha obedecido al peso que el referente newtoniano ha mantenido en las ciencias sociales a lo largo de los dos últimos siglos; así mismo, ha llevado a estas disciplinas a entender el espacio y el tiempo como fenómenos que contribuyen a crear el contexto en el que se desenvuelve la vida social, pero sin incluirlos como participantes en el desarrollo de las dinámicas sociales. Hoy por hoy, gana consenso la idea de que estas categorías, que obviamente no son ni han sido nunca inmutables por encontrarse sujetas a permanentes reacomodos, sólo pueden descifrarse a través del cambio histórico, lo cual realza la importancia de emplear una perspectiva en los términos y enfoques de esta disciplina.

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Tercero, y derivado del punto anterior, una mirada histórica que fuerce la puerta del tiempo presente debe contemplar la contemporaneidad de una óptica de larga duración histórica, procedimiento que permite revelar las continuidades y discontinuidades, precisar las particularidades de los distintos momentos, así como también medir la amplitud del cambio histórico que registra nuestro presente. Por último, la historia del tiempo presente representa una perspectiva de análisis que escapa a la férrea lógica de la causalidad e intenta descifrar el cúmulo de fenómenos que incluye en términos de resonancia, estableciendo, así, enlaces diferenciados entre los distintos elementos. Una perspectiva que procure desvelar las resonancias, en lugar de las causas y los efectos, tiene como elemento positivo el hecho de permitir conjugar de manera distinta el principio de libertad con el de necesidad en el devenir de las sociedades. En rigor, se debe franquear el nexo mecanicista causal que se ha establecido entre ambos en favor de una perspectiva que descifre la dialéctica de la pluralidad de tiempos históricos, que es donde las necesidades y las libertades se amalgaman.

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‘Medir y amojonar’. La cartografía y la producción del espacio colonial en la Provincia de Santa Marta, siglo XVIII Resumen El artículo analiza tres mapas adjuntos a un litigio entre dos individuos que solicitaban la merced de unas tierras en la Provincia de Santa Marta, a fines del siglo XVIII. Las mercedes de tierra eran parte de una serie de medidas de reordenamiento espacial que buscaban reforzar el dominio colonial sobre los territorios recientemente expropiados a los indígenas Chimila. Las mediciones y el amojonamiento eran los parámetros a partir de los cuales los mapas producían un espacio geométrico y definido por la propiedad privada. Pero a pesar de este orden compartido, en ellos se perciben unas diferencias que revelan la manera en que los individuos ajustaban las representaciones cartográficas a sus intereses en el litigio. A partir de la enigmática figura del ‘monte’, el artículo se aproxima a los límites de la cartografía colonial. Mientras las ‘mediciones’ y el ‘amojonamiento’ significaban el orden del territorio, el ‘monte’ implicaba su desorden. Palabras claves: Cartografía, producción del espacio, mercedes de tierras, representación espacial, hacienda, monte, Provincia de Santa Marta, siglo XVIII.

‘By Metes and Bounds’: Cartography and the Production of Colonial Space in the Province of Santa Marta (Eighteenth Century) Abstract This article analyzes three maps included in a lawsuit between two people who solicited a land grant (merced) in the Province of Santa Marta at the end of the eighteenth century. The land grants were part of a series of measures that sought to reorder the territory recently expropriated from the Chimila Indians in order to reinforce colonial control over it. The manner in which the maps produced geometric space, defined by private property, was by the system of metes and bounds. But despite this shared order, differences between the maps reveal how people used them to suit to their legal interests. Based on the enigmatic figure of the ‘forest’, the article explores the limits of colonial cartography. While ‘metes and bounds’ signified territorial order, the ‘forest’ implied disorder. Keywords: Cartography, production of space, land grants (mercedes), spatial representation, hacienda, forest, Province of Santa Marta, Eighteenth Century.

Artículo recibido el 31 de mayo de 2007 y aprobado el 6 de agosto de 2007.

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‘Medir y amojonar’. La cartografía y la producción del espacio colonial en la Provincia de Santa Marta, siglo XVIIIN Santiago Muñoz Arbelaez

Espacio Estudiantil

“Parece q[u]e no pudo llegar á mas la malicia y perfidia de Pumarejo, q[u]e p[o]r aserse dueño à poca costa de unos terrenos tan quantiosos del Real Patrimonio ha tenido valor de fraguar semejantes falcedades […] en q[u]e se ven ofendidas la verdad, y buena fee con todos los ardiles de q[u]e es capas el engaño, y ficcion suponiendo lo q[u]e no huvo, seduciendo p[ar]a ello los testigos, y jueces hasta llegar aparentar las medidas q[u]e solo tuvieron existencia en el Pais de la imaginacion o q[u]e si se practicaron no fue en la pureza y realidad correspondiente sino a la medida de su deceo” Agustín de la Sierra1

En 1784, Juan Manuel de Pumarejo solicitó a la Real Audiencia la adjudicación de unos territorios ‘realengos’2 ubicados en la Provincia de Santa Marta (Figura No. 1). Unos meses después, Agustín de la Sierra denunció el hecho como un fraude. Según él, Pumarejo quería adueñarse de unos terrenos extensos y fértiles sin ofrecer un precio justo a cambio. Con esta denuncia, Sierra hizo petición de una fracción del territorio solicitado por Pumarejo conocida como la Sabana de San Cayetano, proponiendo pagar por ella lo que Pumarejo ofrecía por todo el territorio. Tras la presentación de las posturas de estos dos individuos, se llevó a cabo un extenso proceso en el que se vieron involucrados otros personajes y distintas prácticas culturales que permitirían N Esta investigación se empezó a desarrollar en el Seminario de Pensamiento Geográfico tomado en la Universidad de los Andes en el primer semestre del 2006. Debo expresar mi agradecimiento a Marcela Echeverri, Nicolás Ronderos, Gina Cabarcas y a los miembros del Taller Interdisciplinario de Formación en Investigación Social (UMBRA) por sus útiles sugerencias. Agradezco de manera muy especial a Marta Herrera, Claudia Leal y Mauricio Nieto por iniciar mis inquietudes en este campo y por las discusiones en torno a la cartografía y al pensamiento geográfico. - Estudiante de Historia de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. santiagomunoza@gmail.com 1 Archivo General de la Nación, Bogotá, Colombia (en adelante A.G.N.), Colonia, Tierras del Magdalena (en adelante TM), Rollo 138, ff. 228r - 228v. 2 “REALENGO, GA. Adj. Lo que pertenece y toca al rey. Úsase como substantivo en la terminacion masculina por el patrimonio real.” REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA (RAE), Diccionario de Autoridades, 1783, www.rae. es, fecha de consulta: 8 de mayo de 2006.

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la adjudicación del territorio. Este artículo analiza tres mapas elaborados entre 1784 y 1789, que hacen parte del proceso descrito (Figuras No. 2, No. 3 y No. 4). Dos de los mapas fueron elaborados por encargo de Pumarejo y un tercero fue elaborado a petición de Agustín de la Sierra. Los tres mapas formaban parte de un proceso administrativo, en el cual representaban gráficamente el territorio que estaba en juego para así tomar disposiciones sobre él. En las páginas siguientes se analizará cómo los mapas producían un espacio colonial ordenado alrededor de ciertos parámetros, y cómo sustentaban las posturas individuales de quienes solicitaban el territorio. Figura No. 1: Área en litigio: Boca del Garupal, Provincia de Santa Marta, Nueva Granada.

Fuente: Mapas base: HERRERA, Marta, Ordenar para controlar: Ordenamiento espacial y control político en las Llanuras del Caribe y en los Andes Centrales Neogranadinos. Siglo XVIII, Bogotá, ICANH - Academia Colombiana de Historia, 2002, p. 23. INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI -IGAC-, Atlas de Colombia, Bogotá, IGAC, 1992.

La hipótesis que adelanta este artículo se puede esbozar de la siguiente manera. Los mapas de merced que se analizan hacían parte de una batalla entre diferentes maneras de concebir el espacio, el ordenamiento espacial y la territorialidad. Los mapas son representaciones simbólicas que soportan ciertos valores y ciertas maneras de relacionarse con el espacio, los que, a su vez, se estructuran en función de pautas culturales determinadas y de intereses particulares3. En el caso de las representaciones cartográficas que buscaban reordenar el territorio Chimila, el interés recaía en extender 3

Véase la colección de ensayos en HARLEY, J. B., La nueva naturaleza de los mapas: Ensayos sobre la historia de la cartografía, México, Fondo de Cultura Económica, 2005.

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el poder colonial a lugares que hasta entonces se habían mantenido autónomos a la población española. Los mapas establecían una manera de ver4 el territorio, en la que se expresaba un proyecto sobre el espacio y, de acuerdo con esto, se resaltaban ciertas características de éste y ciertas maneras de experimentarlo. Figura No. 2: Mapa de la Boca del Garupal elaborado a solicitud de Juan Manuel de Pumarejo en 1789 (en adelante Mapa Pumarejo 1789)

Fuente: A.G.N. (Bogotá), Mapas y Planos, Mapoteca 2, 1300 y Mapoteca 4, 362A.

Algunas pautas son comunes a los mapas que se estudian y muestran los aspectos que se van a considerar centrales en el nuevo orden del territorio. De esta manera, los parámetros a partir de los cuales se producía un espacio colonial geométrico y cuantificable eran las mediciones y el amojonamiento. Sin embargo, a pesar de compartir estos aspectos en la representación del espacio, los mapas parecen corresponder a criterios de elaboración muy diferentes. Mientras los mapas de Pumarejo enfatizan la división geométrica y las mediciones (Figuras No. 2 y No.3), el de Agustín de la Sierra resalta los propietarios de ese espacio y la toponimia (Figura No. 4). Las notorias diferencias en los mapas remiten a la dificultad de asumir como homogéneas categorías tales como ‘españoles’, y llaman la atención sobre las múltiples utopías que tenían lugar en la Colonia. En este sentido, el hecho de que dos ‘conquistadores’ lucharan por extender un mismo orden no impedía que discreparan y que su representación 4

Uso ‘manera de ver’ y ‘visión’ para referirme a lo que Berger ha llamado ways of seeing, BERGER, John, Ways of seeing [1972], Londres, British Broadcasting Corporation, Penguin Books, 1977.

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del espacio -y sus intereses sobre él- variaran. Encontramos, entonces, que los mapas se constituían en diferentes proyectos sobre el territorio. Mientras los tres buscaban adelantar un proyecto colonialista coherente con los intentos de ampliación del rango de dominación española, los mapas de Pumarejo y de Agustín de la Sierra proyectaban en el territorio sus respectivos intereses individuales. Una vez identificadas tanto las diferencias en las representaciones individuales como el ‘orden común’ que hacía a los mapas asimilables y comparables entre sí, nos enfocaremos en el ‘desorden’, es decir, en la representación de aquellos lugares que todavía escapaban al dominio colonial. Figura No. 3: Mapa de la Boca del Garupal elaborado a solicitud de Juan Manuel de Pumarejo en 1784 (en adelante Mapa Pumarejo 1784)

Fuente: A.G.N. (Bogotá), Mapas y Planos, Mapoteca 2, 1300 y Mapoteca 4, 360A.

El artículo consta de tres partes. En la primera se hace un breve recuento de la situación de guerra que se vivía durante el siglo XVIII en las Llanuras del Caribe, con el fin de mostrar cómo las mercedes de tierras fueron el mecanismo mediante el cual se buscaba adelantar el dominio colonial sobre los territorios recién invadidos. Igualmente, se examina el lugar de las representaciones de la geografía en el litigio para aproximarse a las nociones de ordenamiento espacial y territorialidad que se evidencian en los mapas. La segunda parte estudia los intereses individuales que hacen de los mapas presentados por ambas partes representaciones muy distintas del lugar que se estaba solicitando. La tercera analiza los aspectos comunes a las representaciones y encuentra una relación entre estos criterios generales y un proyecto colonialista

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que buscaba integrar los territorios invadidos al dominio colonial, otorgándolos a propietarios individuales. En esta última parte se observará que trazar una línea, escribir un nombre o aclarar un lindero equivalía a ordenar el territorio bajo ciertos términos que permitían su comprensión y adjudicación. No obstante, esto sólo constituía una utopía que dejaba de lado otros esquemas de percepción y otras maneras de relacionarse con la geografía. Figura No. 4: Mapa de la Boca del Garupal elaborado a solicitud de Agustín de la Sierra en 1789 (en adelante Mapa Sierra 1789)

Fuente: A.G.N. (Bogotá), Mapas y Planos, Mapoteca 2, 1300 y Mapoteca 4, 361A.

1. Invasión y reordenamiento Al comenzar el siglo XVIII, cerca del 60% de los territorios de la Provincia de Santa Marta estaban en manos de indígenas no sometidos al dominio colonial5. En estos territorios se agrupaban poblaciones denominadas por los ‘españoles’ como ‘indios bravos’, que mantenían una autonomía en sus pautas de organización espacial, económica y política6. La marginalidad del territorio con respecto a las medidas políticas y económicas coloniales llevó a que hubiera diversos intentos de integrarlo 5 6

HERRERA, Marta, Ordenar para controlar…, op. cit., p. 266. URIBE, Carlos Alberto, “La rebelión Chimila en la Provincia de Santa Marta, Nuevo Reino de Granada, durante el siglo XVIII”, en Estudios Andinos, año 7, No. 13, Lima, Centro de Investigaciones de la Universidad del Pacífico, 1977, pp. 113-165.

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a su control. Durante una primera fase, que abarcó aproximadamente desde 1700 a 1740, la ofensiva era esporádica y se centró sobre todo en los alrededores del territorio Chimila. En la segunda, durante la década de 1740, las incursiones se intensificaron bajo el mando de José Fernando de Mier y Guerra; pero no fue sino hasta 1760, cuando Agustín de la Sierra dirigió las entradas generales, que lograron debilitar la resistencia Chimila. Esta tercera etapa culminó en el recrudecimiento de la guerra y en el sometimiento de gran parte de esta población; de acuerdo con Herrera, “lo que siguió fue una guerra de exterminio. Se buscaba destruirlos a sangre y fuego”7. El litigio analizado se extendió entre 1784 y 1789, tras la invasión de los territorios Chimila. Las mercedes de tierras hacían parte de una serie de medidas de reordenamiento espacial de la segunda mitad del siglo XVIII, con las que se buscaba reforzar el dominio de los territorios invadidos. El pleito entre Pumarejo y Sierra no era, entonces, un caso aislado, sino un fenómeno distintivo de las dinámicas de poblamiento que tenían lugar en esa región; las cuales se fundamentaban en la necesidad de incorporar los territorios invadidos al orden colonial, mediante su distribución entre propietarios individuales. Estos procesos implicaron una gran acumulación de tierras por medio de la cual se buscaba controlar la fuerza laboral de una creciente población ‘libre’8. Aproximarse a los argumentos utilizados en el proceso y a las posturas de los individuos permite entender la relevancia que tenían las representaciones de la geografía en estos procesos y en la ampliación de la frontera colonial. Permite también acercarse a los criterios y a las técnicas de producción del espacio en las que se basaba el orden colonial. En principio procederemos con las características geográficas del lugar y seguiremos con las representaciones de la geografía que se evidencian en el litigio. El lugar en disputa se encuentra en la Provincia de Santa Marta, al sur de la Sierra Nevada, y se caracteriza por su baja altura, sus altas temperaturas y su compleja estacionalidad hídrica. Las dinámicas acuáticas son tan importantes en la región que algunos autores han llegado a denominar el área como una de ‘culturas anfibias’, en las que las actividades de la población toman como referente principal el agua9. Durante los primeros meses del año, la temporada seca -el verano- incita a las poblaciones a moverse a tierras bajas, pues en las tierras más altas el agua escasea y se hace más difícil la subsistencia. Entre marzo y junio, las lluvias llegan y descargan sus aguas 7 8

HERRERA, Marta, Ordenar para controlar…, op. cit., pp. 266 y 280. La acumulación de tierras en las Llanuras del Caribe se puede ver por ejemplo en el caso de José Mier y Guerra, del Marquesado de Santa Coa y del mismo Agustín de la Sierra. Hermes Tovar Pinzón ha explorado el tema, mostrando las impresionantes magnitudes de estas haciendas, los sistemas de trabajo mediante los cuales se buscaba controlar a una población ‘libre’ en aumento y la conexión con el comercio “internacional”. TOVAR PINZÓN, Hermes, Grandes empresas agrícolas y ganaderas, Su desarrollo en el siglo XVIII, Bogotá, Ediciones CIEC, 1980. Marta Herrera ha trabajado las diferencias entre las medidas de reordenamiento espacial de finales del XVIII entre la región andina y las Llanuras del Caribe. Herrera ha mostrado que mientras que en el Caribe se buscaba reforzar el dominio de los territorios recién invadidos, en los Andes se pretendía recortar los resguardos indígenas para repartirlos entre la creciente población ‘mestiza’. HERRERA, Marta, Ordenar para controlar…, op. cit., caps. 2, 4, 5 y 6. FALS BORDA, Orlando, Historia doble de la Costa: Mompox y Loba, 4 vols., Bogotá, Carlos Valencia Editores, 1979, pp. 16A-60A.

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inundando las ciénagas de tierras bajas y hacen que la población se mueva a tierras altas10. De nuevo entre junio y agosto llega el verano y entre septiembre y noviembre arriba el invierno, generando la necesidad de desplazamientos entre las tierras altas y bajas11. Como veremos, estas características van a ser utilizadas por los individuos para sustentar su propia petición. Al presentarse ante la Real Audiencia en 1784, Pumarejo argumentó necesitar las tierras comprendidas entre el río Cesar y el Caño de las Matanzas, porque sus propiedades no tenían acceso a recursos hídricos durante el verano12. Pumarejo describió los terrenos solicitados como “pantanosos” y “anegadizos” durante el invierno, pero con suficiente disponibilidad de agua durante el verano, y sostuvo que si se los otorgaban podría mantener su actividad ganadera a lo largo del año. Arguyó que las tierras que solicitaba medían 17 estancias, que aunque en teoría podían ser demasiado extensas para solicitar una merced, por ser pantanosas y sólo ser útiles durante el verano era necesario alternar ‘ganados y muebles’ entre ellas y su hacienda actual; lo anterior reducía la utilidad del terreno y hacía necesario tener una cantidad más grande de tierra. Ésta le parecía, entonces, una medida razonable y calculaba su precio en 100 pesos. De acuerdo con estos argumentos, Pumarejo sostuvo una visión de la geografía que correspondía con sus intereses específicos en ese espacio. “… aunque en las medidas suena mucha extencion, fue porque en ellas se comprehendid [sic] tierra frangosa e invtil, con el objeto de vna fixa demarcacion, y q[u]e si acaso puede lograrse hacer vtil parte de ella, sera con el uso, e introduccion de la misma ganados, pues el principal objeto que se mira en dichas tierras es el ser anegadisas por los rios, y vertientes q[ue] las bañan lograndose con esto, el que se mantengan con pasto, aun en el tiempo de verano, en el que se acoje a ellas toda la hacienda, porque el demas terreno q[ue] carese de esta circunstancia, queda sin pasto, y sin aguadas”13.

Así, la representación de la geografía en la que Pumarejo sostenía su petición de merced recaía en una ‘tierra frangosa e invtil’, que por ser ‘pantanosa’ resultaba “llen[a] de inconvenientes, dificultades, ó embarazos para su consecucion”14. Para él 10 “…lo cierto que se afirma como constante, y notorio por experiencia de que hay terrenos que no se pueden ocupar en t[iem]po de Ybierno, y otros en el verano valiendose los azendados de la alternación en los oportunos en la mudanza de ganados, y muebles”. A.G.N. (Bogotá), Colonia, TM, 138, f. 242 r. 11 Aún así, la movilidad no fue siempre el caso. Los pobladores que habitaron el área entre los siglos IX A.C. y XII D.C. construyeron obras hidráulicas que regulaban el curso y el nivel de las aguas y les permitían mantener un poblamiento sedentario. HERRERA, Marta, Ordenar para controlar…, op. cit., pp. 66-68. 12 A.G.N. (Bogotá), Colonia, TM, 138, f. 8v. 13 A.G.N. (Bogota), Colonia, TM, 138, f. 29v. Resaltado mío. 14 “PANTANO. S. m. Lugar, ó sitio baxo donde se recoge y detiene el agua, formando charco cenagoso. PANTANO. Met. La dificultad, ó estorbo grave que se ofrece en algun negocio, que difícilmente se puede vencer para el logro. PANTANOSO, SA. Adj. Lo que tiene pantanos, ó está lleno de ellos. PANTANOSO. Met. Lleno de inconvenientes, dificultades, ó embarazos para su consecución.” RAE, Diccionario…, op. cit.

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las complejas dinámicas estacionales del agua imposibilitaban el establecimiento de una hacienda durante todo el año y obligaban a la alternación de ganados entre sus terrenos y los ‘realengos’. La representación de la geografía de Sierra se cimentaba sobre unas bases totalmente diferentes. Para él, en la medición de Pumarejo los territorios “se quisieron graduar por unas tierras invtiles, quando son unas sabanas, y palotales los mas amenos, y fertiles de toda la prov[inci]a de S[an]ta Marta, y Cartagena, y aunque contienen mas de 50 estancias solo las apreciaron en 17 estancias, y esto con solo el valor de cien p[eso]s siendo assi q[u]e valen quinientos p[eso]s como q[u]e mi parte esta pronto á darlos”15.

La argumentación de Sierra se centraba en una representación del espacio que abogaba por su extensión y fertilidad. Para él, Pumarejo buscaba perjudicar al Real Erario no sólo por restar una gran extensión al territorio, sino también por argumentar su inutilidad. En oposición a esta postura, que consideraba “fraudulenta” y “maliciosa”, Sierra propuso pagar los 100 pesos que ofrecía Pumarejo, pero no por todo el territorio, sino por seis estancias que correspondían a la Sabana de San Cayetano (Figura No. 5). Es interesante que Sierra argumentara la fertilidad del territorio sin hacer mención alguna a la dinámica de alternación de ganados. Como se mostrará más adelante, esto recaía en las características de la solicitud que hacía: a diferencia de Pumarejo, Sierra no contaba con una hacienda contigua a la Boca del Garupal. Este último, por el contrario, buscaba un terreno para ubicar durante todo el año un ganado que tenía, pero para el que no contaba con suficiente espacio en sus otras haciendas. El contraste entre las representaciones de la geografía en las que se basaban las solicitudes de Pumarejo y Sierra llegó a uno de sus puntos más álgidos en las medidas del territorio. La primera práctica de mensura fue llevada a cabo por el alcalde ordinario de Valledupar, Bartolomé López, en respuesta a la solicitud de Pumarejo. López estableció que la totalidad del territorio ubicado entre el río Cesar y el Caño de la Matanza era de 17 estancias y que dicho territorio era ‘realengo’. Pumarejo utilizó esta medida en su solicitud. Pero pronto se presentó Sierra denunciando un fraude en las mediciones hechas por López y solicitando una nueva práctica de mensura. Para Sierra el territorio medía cuando menos 50 estancias, hecho que las medidas de López intentaban ocultar. Las nuevas mediciones fueron realizadas por el alcalde ordinario de Valencia de Jesús, quien concluyó que el territorio medía 31 estancias. Ante el nuevo dato, Pumarejo argumentó que el desvío se encontraba en la Sabana de San Cayetano -terreno solicitado por Sierra-. Por su parte, Sierra atribuyó las 19 estancias a los territorios que no habían sido avalados por el alcalde de Valencia de Jesús, ya que éste no recorrió todo el terreno, pues gran parte se encontraba empantanada16. Sin 15 A.G.N. (Bogota), Colonia, TM, 138, f. 34v. Resaltado mío. 16 A.G.N. (Bogota), Colonia, TM, 138, f. 227r.

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embargo, como veremos, las mediciones concretas tuvieron un papel más relevante en la representación de la geografía de Pumarejo. Tras la presentación de los argumentos siguió un largo proceso en el que se llevaron a cabo distintas prácticas culturales que permitirían la adjudicación del territorio. Los cuestionarios sobre variados aspectos de la geografía, los testimonios de diferentes actores y los procesos de mensura y amojonamiento eran elementos que daban lugar a la producción del espacio colonial y permitían su manipulación por parte de los solicitantes17. Las mercedes de tierras eran representativas de las dinámicas de poblamiento que estaban teniendo lugar en esta región y durante esta época, pues buscaban instaurar un control basado en la propiedad individual. No obstante, a pesar de haber logrado la inclusión de estas poblaciones y territorios al control colonial, la dominación estaba lejos de ser absoluta. Como veremos más adelante, la amenaza que representaba el ‘monte’ para los pobladores ‘españoles’ seguiría siendo una señal de los límites del poder colonial y un atisbo de las otras espacialidades que persistían después del desestructuramiento de la autonomía Chimila. Las poblaciones fundadas seguían siendo abandonadas y los ‘montes’ seguían concibiéndose como peligrosos.

2. Mapeando las posturas Las diferentes representaciones de la geografía en que se basaban las posturas se perciben visualmente en los mapas. A primera vista, los mapas de Pumarejo y el de Sierra parecerían aludir a territorios distintos pues la orientación de los mapas no coincide, la manera de presentar los ríos difiere y la codificación del espacio es distinta18. Sobrepasando estas diferencias, sin embargo, en la Figura No. 5 se puede observar que en efecto los mapas aludían al mismo territorio y que las diferencias radican más bien en la manera como éste se representó. En esta figura se percibe que la correlación de factores crea o bien un espacio pequeño o uno grande: en los mapas de Pumarejo, el ángulo de los ríos es mucho más cerrado y el espacio se presenta a partir de un diagrama geométrico en donde se ordena principalmente por números y medidas. Esta expresión visual creaba un terreno pequeño y limitado, que sólo tenía sentido como parte de un espacio más grande. El mapa de Sierra, por el contrario, 17 El concepto producción del espacio ha sido propuesto por Henri Lefebvre, quien cuestionaba la idea de un espacio a priori, de un telón de fondo en el que sencillamente ocurrían las acciones humanas, para ratificar que el espacio es a la vez producido socialmente y un actor central en las relaciones sociales. Lefebvre propone una distinción analítica entre espacio mental, social y físico. LEFEBVRE, Henri, The Production of Space [1974], Oxford, Blackwell Publishing, 2005. Para los propósitos de este artículo es más útil la propuesta de Michel de Certeau acerca de distinguir entre la producción estratégica del espacio y un uso táctico del mismo. Mientras la estrategia propone unas estructuras espaciales, las tácticas trazan sus propias trayectorias por medio de múltiples combinatorias. Las estrategias y las tácticas politizan la vida cotidiana. Como aquí se propone, los mapas se pueden entender como producciones del espacio desde el campo estratégico, pero que no dan cuenta de los múltiples significados del espacio que tienen lugar en la práctica. CERTEAU, Michel de, La invención de lo cotidiano, 2 vols., vol.1, México, UNAM, 2000, pp. 35-45. 18 Uno de los interrogantes que surge al aproximarse a las diferencias entre los mapas es por qué fueron elaborados dos mapas por solicitud de Pumarejo, pues, si bien existen diferencias entre ellos, éstos se usan para soportar los mismos argumentos y la información contenida en ellos no varía sustancialmente.

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constituía un paisaje más abierto: el ángulo de los ríos es más amplio, el espacio se representa sin diagramas y es ordenado por medio de toponimia, sin números visibles. En la Figura No. 5 se pueden ubicar, al igual, los terrenos solicitados por Sierra y Pumarejo y se pueden observar las divergencias con respecto a la manera como los representaron en sus respectivos mapas. Figura No. 5: Superposición esquemática de los mapas elaborados a solicitud de Pumarejo (1789 y 1784) y de Sierra (1789) sobre un mapa actual

La representación visual del territorio como pequeño o extenso se asocia también con la escrita. En el caso de Pumarejo, se trataba de terrenos pantanosos que se debían integrar a su hacienda para hacer posible la alternación del ganado. Este aspecto se ve reforzado en los mapas, en los que dentro de la oposición entre el diagrama y el espacio exterior, el lugar solicitado sólo tiene sentido en tanto parte del diagrama. Por el contrario, la representación del espacio de Sierra recaía en la idea de unidad, de acuerdo con la cual se trataba de un territorio ‘completo’, extenso y fértil que no se debía pensar como parte, sino como un todo. Contrariamente a lo que sucedía con Pumarejo, Sierra no contaba con territorios contiguos al lugar solicitado. Su argumento no radicaba en que el terreno en cuestión iba a complementar la hacienda que tenía, sino que se iba a constituir en una hacienda por sí misma al ubicar en ella unas reses con las que contaba. Sierra no proyectaba la alternación de la hacienda, sino que planeaba que las reses pastaran en los territorios a lo largo del año. Para su abogado, “poco y nada importa el q[u]e las d[i]chas tier[ra]s no esten contiguas a las de Zierra, y q[u]e las haya pedido en el centro no lindando p[o]r parte alguna con sus fundaciones”19, pues 19 A.G.N. (Bogota), Colonia, TM, 138, f. 233r.

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ellas constituyen un territorio lo suficientemente extenso y fértil como para ser una hacienda. Vemos, entonces, cómo la representación de la geografía de los individuos varía de tal manera que corresponda con sus intereses específicos en ese espacio y con las condiciones por las cuales hace la solicitud. En este sentido, mientras que Pumarejo representaba todo el terreno como un fragmento que se debía complementar con su hacienda, Sierra argumentaba que el pedazo denominado Sabana de San Cayetano era “muy util y estable para la cria de ganados mayores”20.

3. Los mapas, el orden y el desorden Trascendiendo las diferencias que se perciben en los mapas, existen aspectos comunes que reflejan los parámetros centrales en el nuevo orden que se quiso dar al territorio. Las medidas eran uno de los parámetros a partir de los cuales se ordenaba el espacio colonial. Las prácticas de mensura implicaban un tratamiento geométrico del espacio y conllevaban una serie de operaciones técnicas y lógicas que permitían cuantificar y clasificar el territorio21. Los números, las distancias y las figuras eran herramientas “que siguiendo los preceptos y documentos de Euclides”22 se utilizaban para sacar cálculos que codificaban el espacio en términos de categorías estandarizadas, que le daban sentido al espacio dentro del orden colonial. Las mediciones constituían, entonces, un lenguaje común que hacía comprensible el espacio: 17, 31 o 50 estancias eran unidades que abstraían el territorio a partir de un criterio y que lo volvían, así, comparable. Con este significado estandarizado se hacía posible la movilización del espacio y la toma de la decisión final con respecto a la adjudicación. Las mediciones estaban a su vez asociadas con las políticas imperiales de los Borbones, políticas que se expresaban en un lenguaje geométrico y cuantificador, a partir del cual se esclarecía la visión de lo que debía ser el espacio colonial. En esta medida, la extensión de los terrenos que iban a ser adjudicados debía corresponder con las capacidades productivas del propietario. “Por lo respectibo a las tierras Valdias que en el dia pertenecen a mi Real Patrimonio, […] se concedan graciosamente a los sugetos que las quisieren desmontar [… con el requerimiento de] que en el preciso termino que se asignare los hayan de desmontar sembrar y cultivar, y mantenerlas siempre cultivadas, con Pastos o con siembras segun su 20 A.G.N. (Bogota), Colonia, TM, 138, f. 42v. 21 La relación entre la geometría y la representación del paisaje como territorio (en términos de propiedad privada) ha sido trabajada por Cosgrove para el Renacimiento europeo, quien encuentra que las matemáticas y la geometría que subyacían a la perspectiva estaban relacionadas con las habilidades cotidianas del mercader. COSGROVE, Denis, “Prospect, Perspective, and the Evolution of the Idea of Landscape”, en Transactions of the Institute of British Geographers, Vol. 10, No. 1, 1985, p. 57. De manera similar, David Harvey encuentra una relación entre las matemáticas aplicadas a la cartografía, y la relación entre propiedad privada, territorialidad y capitalismo. HARVEY, David, “Between Time and Space: Reflections on the geographical imagination”, en Annals of the Association of American Geographers, Vol. 80, No. 3, Sept. 1990, p. 424. 22 A.G.N. (Bogota), Colonia, TM, 138, f. 118v.

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naturaleza, excepto el tiempo necesario para su descanso pero de que si no lo ejecutasen pierdan el derecho a ellas y se adjudiquen a otros, [… y] que a ningun sugeto se conceda mas porcion de tierras que las que buenamente pudiere labrar atendido su caudal, y posib[i]l[idad]es”23.

Los territorios iban a ser integrados al sistema colonial y para ello debían producir excedentes que se pudieran comerciar, lo cual ante los ojos de la corona implicaba determinar cantidades de tierra que correspondieran a la capacidad de producción de cada individuo. A lo largo del litigio se puede ver cómo los individuos se apropiaban de este lenguaje e interpretaban la visión de la corona en su solicitud, de acuerdo con su posición y sus intereses24. En síntesis, las mediciones eran el lenguaje común a partir del cual se expresaba el espacio en el orden colonial; éstas eran la semántica que dotaba al espacio de significado, que permitía su abstracción y su comparación. Otro parámetro central en el orden que se refleja en los mapas es el ‘amojonamiento’. El acto de ‘amojonar’ se refería al establecimiento de linderos y términos fijos entre las propiedades25. Era una cuestión que no se podía obviar, pues en ello recaía el orden del territorio: si un ‘mojón’ no quedaba claramente establecido, se prestaba para disputas y malentendidos, era un desorden que había que corregir para continuar con la normalidad. El amojonamiento establecía unos criterios de clasificación del espacio y lo repartía de acuerdo con ellos. Con una delimitación clara y correcta cada propietario tenía un territorio para explotar. El amojonamiento se podría pensar, por tanto, como una sintaxis. Éste establecía una distribución espacial y unas relaciones específicas entre lugares, dándoles unos sentidos específicos26. Los linderos separaban espacios y creaban un lugar para cada propietario. A estas relaciones de ubicación correspondían también unas relaciones asociativas: “tierras delos Vecinos de los Benados”, “Palotares Realeng[o]s” y “tierras de Bartholome Moreno”, eran todos parte de una estructura de nominaciones y categorías posibles que adelantaban el orden espacial en el que se basaba el dominio colonial27. A partir de la combinación de estructuras se determinaba la ‘identidad’ o el estatus social del territorio y se

23 A.G.N. (Bogota), Colonia, TM, 138, ff. 19r - 20r. Resaltado mío. 24 Así, Sierra denunciaba que Pumarejo se quería aprovechar de la “liveralidad” de la corona al apropiarse de grandes territorios y privar de ellos a otros individuos sin contar con los suficientes recursos como para ponerlos a producir. A.G.N. (Bogota), Colonia, TM, 138, ff. 228r - 228v. Pumarejo, por su parte, se veía a sí mismo como un vasallo que necesitaba ser socorrido con tierras para poder llevar a cabo su producción. A.G.N. (Bogota), Colonia, TM, 138, ff. 261r - 262r. 25 “AMOJONAR. v. a. Señalar con mojones los términos, ó límites de alguna heredad, ó tierra.” “MOJON. s. m. La señal que se pone para dividir los términos, lindes y caminos”. RAE, Diccionario…, op. cit. 26 Sobre la sintaxis véase: SAUSSURE, Ferdinand de, Curso de lingüística general, México, Fontamara, 1998, pp. 172-174. 27 Sobre las relaciones asociativas Ibid., pp. 175-178.

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estructuraba una manera de relacionarse con él28. El amojonamiento era, entonces, una expresión del orden colonial en la que se clasificaba el espacio de acuerdo con los propietarios individuales. Las tierras se medían y se deslindaban de manera que cada propietario contara con las tierras que podía poner en producción y que no se entrecruzaran sus propiedades con las de otros individuos. El “procedimiento de medir y amojonar” era el acto central que permitía la reordenación del territorio al clasificarlo de acuerdo con los parámetros centrales para la explotación colonial. Se trataba de operaciones técnicas que movilizaban instrumentos, saberes y prácticas y que permitían codificar el territorio a partir de ciertos parámetros estandarizados para transportarlo a la Real Audiencia, en donde se podía estudiar la petición de merced. En el expediente se encuentran, sin embargo, numerosos reclamos sobre el desenvolvimiento de estas prácticas. Como alegó Sierra, la mensura de Bartolomé López era inválida pues no había cumplido los parámetros de construcción de una representación verdadera del espacio. Al parecer, los “testigos prácticos” que debían cerciorarse del correcto funcionamiento de estos procesos habían sido inducidos a dar sus firmas sin haber cumplido con su labor. Esto, para Sierra, quitaba toda legitimidad al proceso. De igual manera, tanto López como Figueroa -los encargados de las agrimensuras- afirmaban no haber podido recorrer todo el terreno por las inundaciones del mismo. Éstos y otros inconvenientes evidenciaban el carácter inestable de estas prácticas, que culminaban llenas de incertidumbres. No obstante, la estandarización de la geografía implicaba una serie de procedimientos que establecían lo que era una representación verdadera del espacio. Se debían hacer cuestionarios sobre distintos aspectos de la geografía, revisar los títulos para determinar la “identidad” del terreno y, así mismo, hacer un recorrido con la compañía de “testigos prácticos” en el que se registraran las distancias sacadas con la “cabulla”. Durante estas constataciones se fijaban referentes a partir de los cuales se codificaban el recorrido y la experiencia: una palma, un palotal o un cerrito se convertían así en referentes que dejaban marcada la trayectoria de la codificación y en significantes a partir de los cuales se construía el significado de la geografía dentro del orden colonial. “El Rincón de la Palma” y “El Majaguo de los Vallenatos” son incorporados en los mapas como la expresión de un orden y como referentes de un nuevo significado, una nueva distribución y un nuevo uso del espacio. A partir de este ‘ocular y practico reconcim[ien]to’ del territorio se fijaba una visión de la geografía. “Fuera de q[u]e viciblem[en]te resulta el exeso del terreno denunciado no como quiera en una cosa leve, sino en conciderable porcion de estancias p[o]r el ocular y practico reconcim[ien]to q[u]e hizo el d[ic]ho 28 La Marquesa de Santa Coa utiliza el concepto “identidad del terreno” para referirse a la ineficacia de las prácticas de amojonamiento “que no prueban la identidad del terreno”, A.G.N. (Bogota), Colonia, TM, 138, f. 88r. Con esto la Marquesa denunciaba que unos terrenos que le pertenecían y cuya ‘identidad’ debía recaer en “Tierras del marquesado de Santa Coa”, habían sido identificadas como “realengas” y se habían abierto al remate. Se puede ver, entonces, que la “identificación” del territorio lo dotaba con un lugar dentro del orden social e implicaba ciertas acciones y prácticas.

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comisionado con sugetos inteligentes, citacion de los circumbecinos, y pisando, y siguiendo los mismos rumbos de las medidas de D[on] Bartolome Lopez Nevado; lo q[u]e tampoco se ha podido desfigurar, y obscurecer p[o]r mas q[u]e el contrario sin adelantar paso en el discurso, recalsitre en el mapa precentado, q[u]e no tiene mas autoridad q[ue] la de haver sido delineado a su contemplacion, sin demostrarnos geometricam[en]te como era consiguiente el q[u]e con la realidad se halle arreglado a las dimencion[e]s del terreno dando una caval, y exacta idea de su figura”29.

Los procedimientos de medir y amojonar eran actividades inestables y complejas que encontraban múltiples obstáculos, pero que, así mismo, traducían esas complejas y móviles experiencias en mapas estandarizados que ordenaban el territorio a partir de criterios generales. Es significativo que fuera alrededor de estos criterios que se hubiera generado el disenso más importante entre los pobladores. Sobre ellos y, más concretamente, sobre las mediciones, recaía gran parte de la terminología utilizada por los individuos para debilitar los argumentos del otro. Sierra afirmaba que la postura de Pumarejo era un ‘engaño’, una ‘ficción’, una ‘simulación’, en la que buscaba ‘aparentar lo que no es’ para ‘aprovecharse’ de los terrenos “á la sombra misma de la liveralidad” del Rey. La desviación en las medidas “no se puede atribuir como se atribuie a error o equivocacion en la medida, sino a una maliciosa ocultacion aun en mas de la mitad de lo denunciado”30. La utilización de estos conceptos (engaño, ficción, simulación, aparentar) no se enfocó como una manera de cuestionar la representación de la geografía en cuanto aspectos como la traza de los ríos, la localización de lugares o, incluso, la forma misma del terreno, sino que se concentró en la indebida aplicación de unos patrones estandarizados, que iban a permitir cuantificar el territorio para transportarlo a la Real Audiencia. La ‘desfiguración’ y la ‘ocultación’ que buscaban ‘aparentar las medidas q[u]e solo tuvieron existencia en el Pais de la imaginacion’ evidenciaban una tensión entre la estabilidad de los mapas y la inestabilidad de la geografía y de las prácticas de mensura y amojonamiento31. Al hacer uso de términos altamente visuales -‘desfiguración’, ‘ocultación’, ‘simulación’, ‘imaginación’- se mostraba el deber ser de la mirada colonial sobre el espacio: aquélla que hiciera corresponder a las mediciones con sus trazos, en la que el espacio ‘allá fuera’ y la representación sobre el papel se fundaran en una sola, y en la que “como era consiguiente […] con la realidad se halle arreglado a las dimencion[e]s del terreno dando una caval y exacta idea de su figura”32. 29 A.G.N. (Bogota), Colonia, TM, 138, ff. 249v-251r. Negrillas mías. 30 A.G.N. (Bogota), Colonia, TM, 138, f. 229r 31 Este tema ha sido desarrollado lúcidamente por Raymond Craib, para quien “the dynamic and radically unstable activities of C[omisión] G[eográfico] E[xploradora] surveyors and explorers created a very stable image of the topography, reducing a complex world to manageable proportions and quantifiable configurations”. CRAIB, Raymond, Cartographic Mexico: A history of state fixations and fugitive landscapes, Durham y Londres, Duke UP, 2004, p. 11. Mi traducción. 32 La voluntad de hacer pasar el mapa por el territorio es asimilable con la voluntad de hacer pasar las palabras por las cosas en la naturalización del orden social. FOUCAULT, Michel, Las palabras y las cosas: Hacia una arqueología de las ciencias humanas [1968], México, Siglo Veintiuno Editores, 2005. Sobre la mirada véase el sugestivo análisis de los viajeros en el siglo XIX

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Los mapas de merced implementaban un nuevo orden sobre el territorio, en el cual la propiedad privada iba a permitir la integración de los territorios ‘realengos’ al sistema colonial e iba a facilitar su dominación. Caracterizados por medidas, linderos, nombres de propietarios y toponimia, los mapas de merced clasificaban el espacio de acuerdo con ciertos parámetros y fomentaban la realización de unas prácticas sociales en él. Se trata, pues, de una utopía, de un espacio ideal que presenta el ‘deber ser’ de acuerdo con unas pautas culturales. “Las utopías consuelan: pues si no tienen un lugar real, se desarrollan en un espacio maravilloso y liso; despliegan ciudades de amplias avenidas, jardines bien dispuestos, comarcas fáciles, aun si su acceso es quimérico. Las heterotopías inquietan, sin duda porque minan secretamente el lenguaje, porque impiden nombrar esto y aquello, porque rompen los nombres comunes o los enmarañan, porque arruinan de antemano la ‘sintaxis’ y no sólo la que construye las frases -aquella menos evidente que hace ‘mantenerse juntas’ […] a las palabras y las cosas”33.

La utopía se refiere a un orden ideal que no se ubicaba únicamente en un campo discursivo, sino también en prácticas culturales que se desplegaban en operaciones concretas (medir, amojonar), y que se interrelacionaban con el entorno geográfico a partir de modelos culturales sobre lo que debía ser el ‘paisaje’34. La mirada colonial simplificaba la geografía de acuerdo con aspectos precisos que le permitían cuantificarla, organizarla y codificarla como propiedad privada. Los mapas eran utopías que proyectaban en el espacio un orden social, expresando el antiguo territorio Chimila como una yuxtaposición de líneas y números que marcaban linderos y clasificaban el espacio de acuerdo con sus propietarios españoles. A pesar de la gran incidencia que tenían estas concepciones del espacio en la configuración del paisaje, en la práctica ese sentido del orden se enfrentaba con diferentes visiones de lo que era el espacio y la manera en la que se debía organizar. de PRATT, Mary Louise [1992], Ojos imperiales: Literatura de viajes y transculturación, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, 1997 33 FOUCAULT, Michel, Las palabras y las cosas…, op. cit., p. 3. 34 Tanto el concepto de paisaje (definido por Duncan como “a culturally produced model of how environment should look”) como el de cartografía se refieren a un modelo sobre lo que debe ser el espacio y la manera en que se debe organizar. DUNCAN, James, “The Power of Place in Kandy, Sri Lanka: 1780 - 1980”, en AGNEW, John, DUNCAN, James, Bringing Together Geographical and Sociological Imaginations, Boston, Unwin Hyman, 1989, p. 186; ver también DUNCAN, James, The City as a Text: The politics of landscape interpretation in the Kandyan Kingdom [1990], Cambridge, Cambridge University Press, 2004. 35 Juan Camilo Niño hace una aproximación a la geografía mítica, la cosmología y la interpretación onírica entre los Ette Ennaka en la actualidad, mostrando la continuidad de unas estructuras de pensamiento que muchos antropólogos y viajeros habían pensado extintas o al borde de la extinción. Niño asocia las interpretaciones de estos viajeros con un mimetismo desarrollado por la población ante las relaciones desiguales que se establecieron después de la invasión colonial del siglo XVIII, mediante el cual buscaban “esconder el hecho de ser indígenas”. NIÑO, Juan Camilo, Ooyoriyasa. Cosmología e interpretación onírica entre los ette del norte de Colombia, Bogotá, Universidad de los Andes, 2007 (en prensa).Los planteamientos del autor son relevantes para este artículo, pues indican que la invasión colonial no implicó el aniquilamiento de las formas de organización y pensamiento alternas al régimen colonial, sino su invisibilización y su ocultamiento tanto por las autoridades coloniales como por la población misma.

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En este sentido, la complejidad de las dinámicas espaciales que se llevaban a cabo en ese lugar no se evidencia en estos mapas. Si bien la autonomía Chimila se había reducido con las entradas generales, estas incursiones no aniquilaron las formas de percepción del espacio que eran alternas al régimen español. Por el contrario, el accionar cotidiano movilizaba diferentes saberes y prácticas que no encuentran lugar en los mapas35. Un punto importante que permite la mejor comprensión de este carácter de los mapas recae en los nombres y en las referencias escritas que se inscriben en los mapas. A raíz de esto es posible observar cómo los terrenos se identifican dependiendo de criterios culturales que van a estructurar, en mayor o menor medida, el destino que se les va a dar. Las ‘tierras de los vecinos de los Benados’ (Figura No. 4), las ‘tierras de d[o]n Fran[cis]co Cardona y Cavalleros Trespalacios’ (Figura No. 2) y los ‘palotares realeng[o]s’ (Figura No. 4) son todos ejemplos de cómo el lenguaje utilizado entra a conformar un proyecto sobre el territorio. En este sentido, las ‘tierras de…’ contaban con un nombre propio, su finalidad ya había sido alcanzada y habían sido integradas -al menos nominalmente- al control colonial. Su división se establecía en función de propietarios individuales, los que ejercían un control sobre el espacio y estructuraban el poder colonial. Por otro lado, los denominados ‘realengos’ se establecían como terrenos ‘vacíos’ que estaban listos para disponer de ellos. En efecto, el término ‘realengos’ se refería al patrimonio real, a las pertenencias del rey. Se trataba de terrenos que no habían sido vendidos por la corona y, por lo tanto, le pertenecían. Este término se asociaba con ‘baldío’, el cual hacía alusión a un territorio que no era explotado, que era improductivo y sin fundamento36. El uso de estas categorías implicaba una determinada visión del espacio y de la territorialidad. Lo que se silenciaba con estos términos era que su utilización misma se volvía posible sólo mediante la invisibilización de las otras formas de propiedad que se querían desestructurar. El que fueran llamados ‘realengos’ constituía, entonces, un acto de apropiación. De esta manera, resulta interesante resaltar que los ‘realengos’ que se inscriben en los mapas son en su mayoría llamados ‘palotales y montes realengos’ (Figura No. 3). Si se relaciona este punto con el trabajo hecho por Marta Herrera sobre las diferentes significaciones del monte y lo montuoso en las Llanuras del Caribe colombiano para esta época, se encuentra de nuevo la posición en la cual se inscribe y se representa el territorio37. El monte era concebido por la población como un lugar de refugio, a donde se iba para resguardarse de la agresión de otros ‘hombres’ y para protegerse de otras amenazas. También era un espacio que se constituía como tal en la guerra: desde allí se realizaban ataques y, a su vez, servía a la población para 36 “BALDÍO, DÍA. adj. que se aplica á la tierra, ó terreno comun de algun concejo, ó pueblo, que ni se labra, ni está adehesado. BALDÍO. Vano, sin motivo ni fundamento. BALDÍO. ant. El vagabundo, perdido sin destino.” RAE, Diccionario…, op. cit. 37 HERRERA, Marta, “La Geografía de la Guerra”, en Cátedra del Caribe virtual: El Caribe sin plantación, Observatorio del Caribe, 2006, http://ocaribe.org/catedra/plantacion.htm, fecha de consulta: 2 de Febrero de 2007.pp. 14-26; HERRERA, Marta, Ordenar para controlar…, op. cit., pp. 41-78.

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esconderse. Por otro lado, la autora plantea que los montes eran concebidos por las autoridades como un ‘desierto institucional’, que se encontraba al margen de la actividad del grupo de ‘españoles’38. Para este grupo, el monte se establecía como ‘lo inculto’ y ‘lo inhóspito’, pues escapaba a su control y era habitado por los indígenas adversos al poder colonial. A manera de hipótesis se podría sugerir que los denominados ‘realengos’, que en los mapas se encuentran relacionados con el ‘monte’, hacen parte de la misma dualidad que muestra Herrera. Para las autoridades presentaba el beneficio de representar esos territorios que escapaban a su control como algo ‘vacío’ y que se encontraba listo para disponer y reordenar. Si bien para la época en que fueron elaborados estos mapas ya se había atacado a los Chimila de manera sistemática y se habían logrado integrar gran parte de sus territorios al dominio colonial, la ambivalencia de la significación del monte ha sido trabajada por la autora de manera generalizada para las Llanuras del Caribe durante el siglo XVIII39. Encontramos también en el expediente referencias en las cuales se puede apreciar que la dualidad del monte y su percepción como un lugar peligroso por parte de las autoridades coloniales persistía para el momento. El monte en estos casos era un lugar ‘inseguro’ que era utilizado por múltiples grupos como frontera, desde la cual desplegaban sus actividades y cuestionaban la dominación española. “… [se] necesita haser trabajar p[ar]a abir senda y veredas, con entradas y salidas en los bosques y serra[n]doles, de algunas de las que ocupa, porque segun se be el grueso de la has[ien]da espera gran cre[cimie]nto en ella y teniendo la amplitud q[u]e solicita podra libertarse, de los varios robos q[u]e en aquellos Montes, se experimentan, sin poderse justificar los delinq[uente]s de este delito”40.

Así, vemos cómo la interrelación entre el lenguaje y la representación gráfica construyen una visión del territorio que desconoce la complejidad de las especialidades que tenían lugar en las Llanuras del Caribe durante esta época. Nótese, también, la contraposición entre el ‘monte’ y la ‘hacienda’, que debe ‘libertar’ a los pobladores de los robos que se producen en aquellos lugares. A esta contraposición volveremos más adelante. Como se puede observar, los dibujos de la vegetación acompañan en los tres mapas a los montes y palotales realengos. Los números, líneas y nombres de propietarios que se evidencian dentro de los diagramas de las Figuras No. 2 y No. 3 se contraponen a un espacio externo que los rodea, caracterizado por dibujos de vegetación. En la Figura No. 4 las vacías ‘tierras de…’ se contraponen al monte, expresado mediante la 38 HERRERA, Marta, “La geografía de la guerra … op. cit., p. 23. 39 HERRERA, Marta, Ordenar para controlar…, op. cit., cap. 1. 40 A.G.N. (Bogota), Colonia, TM, 138, f. 40r.

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vegetación. Así pues, el ‘paisaje’ que se observa en los mapas adquiere sentido en torno a una oposición entre el número y el árbol, entre el espacio apropiado y el monte. Un diagrama cerrado establece el sentido de un orden, constituido por la yuxtaposición de líneas, medidas y nombres, mientras que los montes y palotales están abstemios de los anteriores criterios de ordenación. Así, pues, el significado de los mapas se construye en una contraposición entre diagrama/monte, orden/desorden, espacio propio/espacio del otro, que al oponer el orden de las medidas al desorden de las representaciones de la vegetación está creando también una contraposición entre la geografía de la “hacienda” y la geografía del “monte”. Mientras la primera debía estar constituida por pastizales efectivamente desmontados que permitieran la ganadería, la segunda albergaba irremediablemente una vegetación que posibilitaba unas espacialidades alternas a la hacienda y al régimen colonial. El número y el lindero se constituían, entonces, en el símbolo del orden, mientras que el árbol y la vegetación se convertían en el símbolo del ‘desorden’ del monte, caso que como vimos oculta una serie de espacialidades y geografías que eran alternas y cuestionaban el orden colonial. Nótese que en las Figuras No. 2 y No. 3 se incluye el territorio que estaba siendo solicitado dentro del diagrama y se presenta sin ninguna referencia a su vegetación o a su condición pantanosa o anegadiza. Su representación incluye números y medidas en lugar de dibujos. En el mapa de Sierra, igualmente, la Sabana de San Cayetano se encuentra sin representaciones de vegetación, y está ordenada por medio de la toponimia (Figura No. 4). La inclusión del territorio solicitado dentro del diagrama no era, por lo tanto, una cuestión insignificante, sino que adquiría relevancia como acto de iniciación dentro de un orden. Se trataba de un momento de transición de las categorías que identificaban el estatus social del territorio: pasaba de ser ‘monte realengo’ a ‘tierras de…’. Eran categorías interpretativas y simbólicas, que, no obstante, tenían repercusiones prácticas sobre el territorio. Así entonces, los tres mapas tejían una contraposición entre hacienda/monte, espacio propio/ espacio del otro. Por medio de estas contraposiciones se componía un paisaje que oponía el orden de la hacienda al ‘desorden’ del monte y, al hacer esto, desconocía o invisibilizaba las múltiples significaciones del ‘monte’ y adelantaba unos esquemas de percepción, del ordenamiento espacial y de la territorialidad que implantaban el orden colonial. Un nivel adicional en el que el lenguaje, los mapas y el poder se unen para configurar una manera de percibir el espacio es la toponimia. Éste es un nivel mucho más ‘obvio’, cuyo uso se aplica generalmente de una manera ‘naturalizada’ y que, por tanto, se pasan por alto sus complejidades y sus connotaciones políticas. Los ríos, los cerritos y los montes se incluyen dentro de una toponimia, dentro de un orden que se va a instaurar. El hecho de nombrar, de desconocer nombres que ya habían sido instaurados y de rebautizar un territorio implica un acto de apropiación y un cambio en las estructuras de percepción, a partir de las cuales se ordena y se clasifica el territorio41. Se trataba 41 Una relación entre el acto de nombrar un territorio y el bautismo como formas de integración en un orden social y político, se encuentra en NIETO, Mauricio, “Caldas, la Geografía y la Política”…op. cit., p. 33.

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de un acto de apropiación y de control que, sin embargo, generaba brechas con su efectividad práctica y su aplicación en la vida cotidiana42. Otra manera en la que encontramos la importancia del lenguaje en la conformación del proyecto sobre el espacio radica en el uso de las convenciones. Como se podrá observar, en la Figura No. 2 se hace uso de veinticuatro numerales y tres figuras en donde se aclara a qué se refiere cada uno de los espacios diseñados en el mapa. Como ya se ha dicho, la cartografía es una práctica simbólica que se lleva a cabo de acuerdo con unas pautas culturales de representación. Se trata de una práctica que se centra en la ‘codificación’ y ‘decodificación’ de información, de tal manera que se pueda trasmitir una manera de ver el territorio43. En este sentido, las convenciones operan como acuerdos entre grupos de personas que establecen consensos sobre la manera en que se debe representar el espacio. Al hacer esto, las convenciones estabilizan el significado del territorio para que se pueda movilizar. Así, la reducción de escala y la estabilidad de las convenciones permitían la movilización del territorio hacia la Real Audiencia, donde se iba a tomar la decisión definitiva acerca de la adjudicación44. La representación gráfica y escrita del territorio constituía una herramienta que permitía extrapolar el espacio, ponerlo en papel, para así poder disponer de él. Es interesante encontrar que tras la presentación de las posturas que sostenían tanto Pumarejo como Sierra, la merced haya sido otorgada a este último45. Como se mostró, ambos pobladores argumentaban su petición sobre una determinada visión de la geografía del lugar. Ahora bien, la decisión final del juicio no se tomaba exclusivamente 42 Como se ha mostrado, tanto la toponimia como la categorización del territorio en tanto ‘monte’ o ‘tierras de…’ eran expresiones de esa ‘utopía’ que se desplegaba como la realización de un orden en el espacio; dejando de lado o invisibilizando la heterotopía y las múltiples significaciones del espacio que se configuraban en la praxis. Este contrapunteo entre la voluntad de nombrar del estado y el rechazo de esas categorías por parte de la gente ha sido explorado por WORBY, Eric, “Maps, Names, and Ethnic Games: The Epistemology and Iconography of Colonial Power in Northwestern Zimbabwe”, en Journal of Southern African Studies, Vol. 20, No. 3, Sept. 1994, pp. 371-392. El mismo proceso ha sido analizado por William Roseberry, para quien el estado reclama el poder de nombrar y, a su vez, los nombres son rechazados por la gente del pueblo: “Each case reveals ways in which the state, which never stops talking, has no audience; or rather, has a number of audiences who hear different things; and who, in repeating what the state says to still other audiences, change the words, tones, inflections, and meanings.” ROSEBERRY, William, “Hegemony and the Language of Contention”, en JOSEPH, Gilbert, NUGENT, Daniel (eds.) Everyday Forms of State Formation: Revolution and the Negotiation of Rule in Modern Mexico, San Diego, Duke University Press, 1990, p. 365. 43 Sobre la cartografía como un proceso de ‘codificación’ y ‘decodificación’ de información entre los Wokaimin, HYNDMAN, David, “Back to the Future: Trophy arrays as mental maps in the Wokaimin’s culture of place”, en Signifying Animals: Human meaning in the natural World, Londres, Unwin Hyman, 1990, pp. 63-73. 44 Sobre la movilización del espacio véase: NIETO OLARTE, Mauricio, “Caldas, la geografía y la política” y LATOUR, Bruno, “Drawing Things Together”, en LYNCH, Michael, WOOLGAR, Steve (eds.), Representation in Scientific Practice, Cambrige, The MIT Press, 1990, pp. 19-68. 45 A.G.N. (Bogota), Colonia, TM, 138, ff. 280r - 288r.

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en torno a estas visiones, sino a la visión que las autoridades coloniales tenían. Iba a ser, en última instancia, la Real Audiencia la que tomara la determinación en cuanto a qué visión del territorio correspondía más a los intereses reales y a cuál de ellas debía ser adjudicado. En 1789 la Real Audiencia anunciaba el advenimiento de otro procedimiento que debía finalizar el largo litigio cinco años después de su comienzo, y consistía en el remate del terreno. Este remate incluía únicamente la Sabana de San Cayetano y dejaba por fuera los otros terrenos solicitados por Pumarejo; este poblador había manifestado su falta de interés en el remate, puesto que la larga duración del litigio lo había convertido en “un malentendido punto de honor” y, debido a esto, la cantidad de dinero que Sierra ofrecería para hacerse dueño del terreno no sería equiparable a la que él mismo podría ofrecer. Por esta razón, Pumarejo decide cambiar su argumentación. “… aun p[o]r sola la luz de la razon poca ventaja seria p[ar]a la R[ea]l Hac[ien]da conseguir mucha utilidad en la venta de estas tierras, si al mismo t[iem]po dejaba perdido un vasallo, p[o]r no conseguirlas, y bastante perjudicado al que las consiguiendo, por el exceso de valor, en que se remataran […] Sierra no ha aspirado s[iem]pre a otra cosa, que a que se le den las seis estanc[ia]s que se demarcaron en el Mapa, con arreglo a las ultimas dilig[encia]s. Mi p[ar]te queda contento con el resto de la tierra, y p[o]r evitar los inconven[ien]tes no estiende a mas ni pretencion segun el actual estado de las cosas”46.

El remate de la Sabana de San Cayetano procedió y Agustín de la Sierra se convirtió en el nuevo propietario del terreno. En los folios que componen el proceso no se vuelve a hacer referencia a la nueva petición de Pumarejo. La denuncia de Sierra sobre “la maliciosa ocultacion en la medida” de parte de Pumarejo y su representación del territorio como fértil y extenso, soportada tanto en la representación escrita como en la gráfica, tenía dos puntos a favor con respecto a la de Pumarejo. Por una parte, la de Sierra tenía mayores beneficios económicos para el Real Erario y, por la otra, gran parte de su argumento se centraba en su importante labor como coronel de milicias en la guerra contra los Chimila47.

Conclusiones Una vez invadido el territorio Chimila, las mercedes permitieron integrar los distintos espacios a la explotación colonial al repartirlos entre propietarios individuales. Se trataba de un nuevo ordenamiento, que debía dar sentido a la geografía bajo un nuevo régimen de producción. En esta medida, las mercedes producían un espacio colonial, cuyos parámetros de elaboración eran las medidas y el amojonamiento. Las 46 A.G.N. (Bogota), Colonia, TM, 138, ff. 261v - 262r. 47 Dice Sierra: “…e igualm[en]te p[o]r ser un tercero de mejor d[e]r[ech]o q[u]e ningun otro si se atiende como es regular al distinguido merito que ha contrahido en el acierto de la pacificac[io]n de la Nacion Barbara Chimila, arojandola a riesgo de su vida de aquellos parajes q[u]e eran, ynhavitables p[o]r sus insultos”. A.G.N. (Bogota), Colonia, TM, 138, f. 232v.

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mediciones eran la semántica en torno a la cual se producía un espacio geométrico: a partir de una serie de operaciones técnicas y lógicas se cuantificaba el espacio “segun la de Euclides”, abstrayéndolo en términos de un criterio específico, y volviéndolo comparable y clasificable; 17, 31 y 50 ‘estancias’ eran expresiones de ese lenguaje que volvía legible el espacio desde el orden colonial. Por su parte, el amojonamiento era una distribución espacial que configuraba una estructura sintagmática, un conjunto de posibles ubicaciones y posiciones que se asociaban, a su vez, con una estructura de categorías posibles para cada posición. Las categorías que hacían parte de la ubicación espacial que correspondía al ‘monte’ eran tales como ‘realengo’ y ‘baldío’, que se contraponían a las “tierras de…”. Estas estructuras plasmaban una manera de ver el territorio que lo integraba al orden colonial. Por medio del lenguaje y de la representación gráfica salía a relucir una contraposición entre el espacio ordenado y el desordenado. Era una oposición entre ‘hacienda’ y ‘monte’ que daba pie a una serie de diferenciaciones que categorizaban el espacio. Mientras que el dibujo de un árbol ejemplificaba el monte, la traza de una línea con sus respectivas mediciones y divisiones entre propietarios simbolizaba la ‘hacienda’. Esta oposición se podría reconocer al mismo tiempo como ‘acalladora’ y ‘fantasmal’. En el mismo proceso de inscripción del ‘monte’ en los mapas se hacía referencia a una percepción particular del ‘monte’ que ocultaba otras maneras de relacionarse con el mismo (un movimiento acallador), y se reconocía la falta de presencia del dominio colonial -y del orden colonial- en estas regiones. El ‘monte’ era un espacio ‘peligroso’ e ‘inculto’, pues desde él se desplegaban acciones que eran alternas al régimen colonial (un movimiento fantasmal). En los mapas se inscribe esta visión del ‘monte’ que evidencia los límites de dicho régimen y que presenta una huella de las otras espacialidades que configuraban el lugar. A nivel individual, Agustín de la Sierra y Juan Manuel Pumarejo omitían o acentuaban los parámetros culturales de representación, presentando unos mapas que correspondían con sus intereses individuales y con la situación por la cual solicitaban la merced. El que Pumarejo representara el espacio por medio de un diagrama cerrado, que lo presentaba como pequeño y limitado, haciendo énfasis en las mediciones y en la división geométrica del espacio como tal; o que Sierra dibujara el territorio como extenso, omitiendo las medidas e identificándolo de acuerdo con los propietarios y la toponimia, llama la atención sobre el entrecruzamiento entre las relaciones de poder y las representaciones de la geografía que conforman un proceso de merced. La aplicación de los parámetros coloniales de percepción del espacio se acentuaba u opacaba de acuerdo con los intereses y la situación concreta de cada uno de los individuos en el litigio. En el caso de Pumarejo, el territorio se debía representar como una parte de la hacienda que tenía. En el de Sierra, el territorio debía ser una hacienda por sí misma. Ahora bien, los mapas se elaboraban por medio de ‘prácticas de mensura y amojonamiento’. Estas prácticas eran recorridos que involucraban distintos actores, objetos y prácticas culturales que permitían codificar una experiencia inestable y adelantar

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la mirada colonial. A partir de estos recorridos se fijaban referentes que se convertían en significantes del nuevo orden del territorio, y se estandarizaba una representación que se podría utilizar para tomar una decisión sobre la adjudicación. En este sentido, se podría decir que los mapas eran la codificación de un itinerario, la grafía de un viaje que fijaba el significado del espacio. Al fijar el significado, el producto de esta experiencia inestable se asumía como objetivo. El uso de términos como ‘ficción’, ‘simulación’ y ‘aparentar’, que se oponían a otros como ‘pureza’ y ‘realidad’, evidencian el deber ser del mapa que era corresponder con el territorio, haciéndose pasar por él, de la misma manera como las palabras se hacen pasar por las ‘cosas’ en la naturalización del orden social. Los problemas y tropiezos que ocurrían en los recorridos contrastaban con la imagen de un mapa que correspondía exactamente con el territorio. El proceso de merced, en los términos lingüísticos que se ofrecen en los mapas, implicaba un tránsito en las categorías a partir de las cuales se identificaba el territorio: pasaba de ser ‘realengo’ a ser ‘tierras de don Agustín de la Sierra’. Al pasar a ser esta última se constituía en un espacio que se iba a integrar al dominio colonial a través de la ganadería. Las argumentaciones sobre si el territorio era ‘fertil’ y ‘vtil’ o ‘pantanoso’ y ‘anegadizo’, así como también sobre la cantidad requerida para la producción, tenían lugar en el litigio sólo con respecto a un tipo de actividad productiva específica: la ganadería. Esta transformación llevaba implícita un cambio en el paisaje y su adecuación a unas relaciones de producción específicas: los terrenos se despejaban y transformaban en pastizales; este aspecto visual podía subyacer a la separación en los mapas entre monte y hacienda y lleva a considerar las implicaciones de una geografía colonial y de los lugares alternos a ella. Se trataba, pues, de la transformación del “monte realengo” en un espacio colonial, operación que lo volvía legible y susceptible de mercantilizar.

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Ensayo bibliográfico Censura en la universidad medieval THIJSSEN J. M. H., Censure and Heresy at the University of Paris. 12001400, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1998, 187 pp. - BIANCHI, Luca, Censure et liberté intellectuelle à l´Université de Paris (XIII-XIV siècles), París, Les Belles Lettres, 1990, 382 pp. Abel I. López Forero j La universidad como institución permanente y autónoma, dedicada a la producción y difusión del saber tuvo su origen en Europa Occidental, en la Edad Media. La autonomía consistía en privilegios jurisdiccionales y fiscales con respecto a las autoridades laicas y eclesiásticas. Como lo señala el historiador francés Alain Boureau, fue un sueño que llegó a pensarse como soberanía. En el siglo XIII se hablaba de un triple poder: el del regnum (del rey o del emperador), el del sacerdotium (de la Iglesia) y el del studium (poder intelectual)1. En la práctica si bien la independencia de la universidad con respecto a los poderes laicos quedó más o menos delimitada, no ocurrió lo mismo con el poder eclesiástico; prueba de ello es la censura a que eran sometidos profesores y libros universitarios. Según lo muestra el mismo Boureau, hasta finales del siglo XIX, la imagen dominante sobre la universidad medieval, divulgada después de la Reforma protestante, era la de haber sido una institución oscurantista al servicio de la escolástica, brazo especulativo de la Inquisición. Los comienzos de la cuestión escolar y del laicismo republicano en Francia, por una parte, y la renovación católica europea, el retorno a Tomás de Aquino en el papado de León XIII, por otra, promovieron discusiones sobre la libertad de enseñanza y su relación con las restricciones teológicas. La Iglesia Católica quiso cambiar esa percepción de espíritus prisioneros por completo del dogma. El cardenal alemán Franz Ehrle publicó obras del fraile franciscano Pierre Jean de Olivi, adversario de Tomás de Aquino y censurado por el papa Clemente V. El mensaje implícito era que en la Edad Media no se había impedido la difusión de escritos contestatarios. Henrich Denifle colaboró en una revista en la que se publicaban estudios sobre disidentes y escribió una historia de las universidades medievales. Erhle y Denifle subestimaban los efectos de la censura. A la versión laica y republicana pertenece Ernesto Renan. En su opinión, Siger de Bravante, profesor de la Universidad de París j Historiador. Profesor de historia medieval. Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.ablopez@uniandes.edu.co 1 BOUREAU, Alain, “La censure dans les Universités médiévales”, en Annales, Histoire, Sciences Sociales, No. 2, París, marzoabril de 2000, p. 313.

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y víctima de la censura, fue un mártir del racionalismo. El debate oscilaba entre dos polos: por su ineficacia la censura no afectó el desarrollo del pensamiento medieval, fue inocua; o si tuvo consecuencias perversas, fue agresiva, opresora y no queda más opción que condenarla. Los libros de Thijssen y Bianchi, y las críticas de que han sido objeto muestran que hoy los términos de la discusión son similares: eficacia de la censura, su relación con la libertad intelectual del profesor universitario, Iglesia y control intelectual, aunque, sin el tono anticlerical o apologético. Y, como se verá, el dualismo se ha superado.

1. Censura y autoridad docente Con énfasis en los procedimientos institucionales, el historiador holandés J. M. Thijssen analiza cuatro censuras contra universitarios medievales a quienes se les prohibía enseñar o escribir, o se le condenaba por hacerlo. Son dos conceptos distintos: Prohibitio significaba que no se podían dar a conocer, es decir enseñar, ciertas proposiciones las cuales no eran necesariamente errores, sino que podían causar escándalo. Condemnatio, en cambio, alude a juicios ya promulgados en contra de errores o falsedades. En la práctica, sin embargo, la línea que separa las dos nociones solía ser imperceptible. El primer capítulo describe los procedimientos de acusación y castigo. De ordinario, las condenas académicas eran en contra de errores, y con menos frecuencia de herejías. La jurisdicción que juzgaba a los profesores de la Universidad de París estaba compuesta de cuatro tribunales. Los de primera instancia eran el consistorio de maestros y el del ministro de la orden religiosa a la que pertenecía el acusado; dos de apelación: la corte episcopal y la del Papa. Una acción judicial podía comenzar por rumores. Un juez conducía la averiguación, escuchaba testigos, y confiscaba escritos. Expertos teólogos evaluaban los supuestos errores. Si no descubrían nada incorrecto, el caso prescribía. De lo contrario, se proseguía ante el canciller de la Universidad. El procesado se defendía invocando la incorrecta interpretación de sus escritos o enseñanzas. Solía alegar que sus afirmaciones eran sacadas de contexto, que las había hecho con la finalidad de exponer un argumento, sin la intención de ir en contra de la fe. Los acusadores se reservaban el derecho de interpretación. Se apoyaban en el principio prout sonat: en todo enunciado hay un sentido mínimo, obvio, literal. La retractación pública era la sentencia más común. En una ceremonia, el convicto leía en voz alta los puntos censurados, juraba no enseñarlos, no defenderlos en público o en privado. Tenía una opción: apelar ante el tribunal del obispo o al del Papa. No era un paso frecuente por los costos y por el tiempo que tomaba. El tema del segundo capítulo es el decreto o syllabus del obispo de París, Esteban Tempier, en marzo de 1277. Dos circunstancias llaman la atención de Thijssen. El autor fue un obispo, y no los maestros o superiores de órdenes religiosas. No hubo mención de acusados con nombre propio. Todo parece indicar que Tempier obró

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por cuenta propia, no respondió a una petición del Papa: no hay mención alguna a solicitud pontificia. No es cierto, como supusieron filósofos de la época y lo afirman medievalistas modernos, que Tomás de Aquino fuera uno de los objetivos, pues contra este famoso filósofo no hubo averiguación especial. Por lo que se concluye en el capítulo tercero: el estatuto de diciembre de 1340 es atípico: no hubo intervención de las autoridades eclesiásticas, ni de la facultad de teología. Fue obra de la Facultad de Artes. Esta disposición y la de septiembre de 1339 se promulgaron contra seguidores de Guillermo de Ockham, a quien se le reprochaba su interpretación literal de los textos, por no atender la intención de los autores. Es irónico, pues era el mismo método, lectura literal, del que se valían los censores contra los censurados. El estatuto con sello del que habló Henry de Unna, procurador de la nación inglesa en la Universidad de París, es de diciembre de 1340. No es, entonces, ni nuevo ni diferente, como suponen algunos especialistas. Fue escrito en diciembre y sellado a comienzos de 1341 en la residencia de Unna. Nicolás de Autrecourt y Juan de Mirecourt son los protagonistas del capítulo cuarto. El proceso contra el primero de ellos no se inició ni completó en la corte papal, como cree su biógrafo Simón Kaluza. De la lectura del instrumentum, registro documental que da cuenta del juicio, se concluye que cuando el caso llegó a Avignon, por entonces sede de la corte papal, la información relevante ya había sido recogida en la Universidad de París. Fue obligado a retractarse públicamente de los cuatro artículos que confesó y no de todos los que la comisión acusadora juzgaba erróneos. Mirecourt escribió su propia defensa. Son dos documentos denominados apologías. Negó imputaciones, reafirmó proposiciones, precisó el sentido de las mismas. Logró que un buen número de artículos fuera eliminado del listado de errores. Se desconoce el veredicto, no se sabe si tuvo que abjurar en público. La censura contra estos dos profesores fue más el resultado de celos y competencia en el seno de la comunidad universitaria que de la amenaza contra la fe. Así lo reconoció Pierre D`Ailly con respecto a Autrecourt, y se deduce de los comentarios del cisterciense Pedro de Ceffons en sus lecciones de 1348-1349. Según lo que se dice en el capítulo quinto, la noción de libertad académica es ajena al mundo intelectual medieval. Es una invención moderna que se fundamenta en tres principios: libertad de aprendizaje, de enseñanza y autonomía administrativa universitaria. Sólo este último es propio de la Edad Media. Son excepcionales los ejemplos en defensa de los otros dos principios, y aun en esos casos lo que se busca es la verdad religiosa: “la discusión religiosa no debe transgredir los límites de la fe” (p. 92), pues se podría en peligro el dogma católico. En mi opinión, el autor no tiene razón. Que tenga un origen reciente no impide utilizarlo a propósito de la Edad Media. Y, como se verá, no fueron excepcionales las defensas de libertad de enseñanza. Thijssen prefiere el concepto autoridad docente. Consiste en la responsabilidad que tienen el Papa, los obispos y teólogos de preservar la verdad revelada. La revelación divina, que es el fundamento del conocimiento, no era entonces percibida como un

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obstáculo; por el contrario, las falsas enseñanzas se oponen a la Revelación y son, por tal razón, un impedimento al descubrimiento de la verdad. Cuando surgió la universidad, la teología se le consideró ciencia. Hasta entonces, la autoridad docente la ejercía el obispo por su poder sacramental y jurisdiccional. En adelante también corresponde a los teólogos, intérpretes profesionales de la Escritura. El efecto fue poner en duda la autoridad episcopal en materia doctrinal. Así lo hizo Servais de M. T. Elias. Propuso que los obispos se limitasen a vigilar, evaluar las doctrinas erróneas, pero no las heréticas. A juicio de Godofredo de Fontaines, porque es útil que los estudiantes se enteren de puntos de vista opuestos, y conozcan todo el pensamiento de Tomás de Aquino, un obispo podía revocar una condena de un antecesor, siempre y cuando no se pusiera en peligro la fe. Cita ejemplo proposiciones del Sylabus de Tempier. Guillermo de Ockham defendía la superioridad de los teólogos, porque tienen la ventaja de la ciencia; mientras los obispos solían ser inexpertos en asuntos de doctrina. Para que una condena fuera legítima debía mostrarse que se estaba en contra de la verdad católica; no bastaba la autoridad episcopal. En la conclusión del libro, Thijssen recapitula las tesis principales. Es equivocado examinar la censura académica tan sólo a la luz de la libertad académica. El acusado podía hacerse oír, y como sus acusadores, lo hacía apoyándose en la razón. Otros factores, además de los doctrinales, intervenían en las censuras. Por ejemplo, hubo motivos políticos en el debate sobre la pobreza de Cristo. Entonces no fue evidente que se pusieran en duda verdades de la fe; la causa de la persecución fue, más bien, haber desobedecido decretos del Papa, el que tomó partido a favor de los grupos: el de los franciscanos conventuales.

2. En defensa de la libertad académica El libro de Luca Bianchi busca responder a las siguientes preguntas: ¿En qué consistía una condena universitaria?, ¿qué otros medios preventivos o represivos adoptaron las autoridades para salvaguardar la ortodoxia religiosa?, ¿en qué medida la universidad como lugar de producción y reproducción del conocimiento favoreció un control doctrinal?, ¿cuál es el significado y alcance de las distintas formas de censura universitaria?, ¿de qué manera éstas obstaculizaron la confrontación de opiniones y orientaron el movimiento de las ideas?, ¿se pueden descubrir en la producción literaria de filósofos y teólogos huellas de su temor a ser perseguidos en razón de sus opiniones?, ¿había alguna conciencia de la relación entre libertad del pensamiento y progreso del saber? Advierte el autor que a estas cuestiones se ha prestado escasa atención. Y cuando han sido objeto de estudio, las respuestas han sido imprecisas, en especial, porque la atención se ha fijado en las condenas consideradas como la principal cuando no “la única forma de control ideológico”. Además de que la noción misma de condena se emplea de manera vaga, identificándola con la de herejía, sin mayores distinciones. Ciertos estudiosos de habla inglesa han acuñado el término academic heresy para referirse a las condenas universitarias, como si toda condena fuera herética.

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Según el autor, los siguientes son los principios metodológicos de su investigación: distinguir y clasificar los diferentes obstáculos a los que se debieron enfrentar filósofos y teólogos de la Universidad de París. La censura fue heterogénea, no se originó tan sólo como respuesta a la heterodoxia, sino también fue resultado de confrontaciones políticas. La lucha contra la herejía fue apenas un aspecto de un fenómeno más amplio: la represión de toda forma de disidencia intelectual. Evitar el anacronismo que consiste en examinar la ortodoxia o la heterodoxia según criterios del siglo XX. No todo decreto de las autoridades académicas o eclesiásticas contra un libro o una opinión puede considerarse una condena. Los actos de autoridad que limitaban la libertad de pensamiento y de enseñanza eran la manifestación más notoria de la presión ideológica de los guardianes de la ortodoxia; una presión que a veces era pública y a veces oculta. Este control tenía un fin represivo y preventivo: se buscaba disuadir y promover la autocensura. El libro consta de tres partes. La primera se denomina “Censura y libertad intelectual en la Universidad de París” y tiene tres capítulos. En el primero se describen los controles de obras, ideas y personas. Los libros se quemaban, o prohibían, o confiscaban. Las razones por las cuales unos eran quemados y otros confiscados eran arbitrarias; podía depender de que el censor los tuviera a su disposición. La enseñanza y los debates universitarios eran sometidos a estrecha vigilancia: maestros y bachilleres debían comprometerse bajo juramento a enseñar doctrinas “sanas”, se les prohibía hablar y escribir sobre determinadas ideas. Las personas podían ser torturadas, encarceladas, o simplemente silenciadas. Era obligatoria la delación en contra de los sospechosos. “Detrás de cada estudiante y de cada colega podía ocultarse un delator” (p. 52). La eficacia de la censura es el tema del segundo capítulo. Hubo condenas que pudieron ser letra muerta, acusados que acudieron a otras instancias, aprovechando el desorden jurisdiccional, juramentos sin efectos prácticos. Sin embargo, Bianchi admite que sería equivocado desconocer el clima de temor que crearon y su consecuencia: el conformismo intelectual que se resume en la famosa fórmula de Jean de Quidort: pro non dictu habeatur; que no se tenga por dicha aquella proposición que se oponga a las decisiones del obispo de París. Las censuras tenían, por tanto, una función disuasiva cuyo efecto era la autocensura. La libertad de expresión no se suprimió, pero “siempre estuvo amenazada” (p. 67). En contra de M-J Thijssen, Bianchi muestra, en el capítulo tercero, que los maestros universitarios medievales tuvieron conciencia de libertad académica. Lo deduce de las defensas que las propias víctimas presentaron. Roger Bacon reivindicó la libertad de acceso a todas las obras. Jacques de Douai se refirió a la opresión por causa de la ignorancia de autoridades eclesiásticas. Arnaldo de Villanova exigió el derecho a innovar en la interpretación de la Biblia. Egidio Romano favorecía la libre competencia entre programas de investigación teológica. Según Godofredo de Fontaines los debates debían apoyarse en la razón y no en la autoridad; su lema era libere tractare veritates (ocuparse de la verdad con libertad). En palabras de Guillermo de Ockham:

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“cada uno debe ser libre de decir libremente lo que le plazca” (p. 85). En síntesis, la experiencia de más de un siglo les había enseñado a estos filósofos que la libertad de pensamiento es un derecho inalienable del individuo, así como una condición indispensable del progreso del saber. La segunda parte también consta de tres capítulos. En el primero se muestra que, a diferencia de lo que sugieren otros estudios, la presencia de Aristóteles en la Universidad de París no fue tan tardía. Data de la primera década del siglo XIII. La censuras del sínodo de París, de 1210 y la del obispo delegado, de 1212 no impidieron que el estagirita fuese leído, pues el verbo legere aludía a enseñar y no a la lectura privada. Es cierto que en la bula Parens Scientiarum el papa Gregorio IX sometía la interdicción de Aristóteles al estudio de una comisión, pero ésta se disolvió, por lo que se puede pensar que la prohibición quedó en letra muerta. También lo es que sus escritos científicos sólo hasta 1255 fueron obligatorios en los cursos, pero ello pudo deberse a la complejidad y no a carencia de lectores. Por lo que se expone en el capítulo segundo, los estatutos de 1339 de la Facultad de Artes y el juramento, que en 1341 se impuso a bachilleres y profesores, se promulgaron contra Ochkam y sus seguidores. Aquél y éstos eran un peligro para la Iglesia y el papado, y, sobre todo, ponían en duda proposiciones aristotélicas. Estos estatutos tuvieron éxito y alcance general. Una parte de la obra de Ockham dejó de existir. La tercera parte estudia la censura de 1272, obra de la Facultad de Artes, y la del obispo Tempier de 1277. De la primera se sabe que prohibía a todo maestro o bachiller disputar sobre asuntos de teología; exigía a los teólogos refutar opiniones opuestas a la fe cristiana, y de no poder hacerlo, declararlas falsas y erróneas o abstenerse de opinar. Bianchi refuta la interpretación de François Xavier Putallaz, según la cual todos los profesores de artes estuvieron de acuerdo con el estatuto y que este coincidía en lo fundamental con las ideas de Siger de Brabante y Boecio de Dacia. Siger no participó en la votación, sus ideas estaban en contra de lo que se prohibía, pues creía que no eran refutables las objeciones que fundamentadas en la filosofía, se hacían contra dogmas católicos. Boecio, por su parte, planteaba que las proposiciones de la filosofía griega no eran necesariamente falsas o completamente erróneas, ya que la falsedad dependía de las premisas de las que se partiera. Uno y otro representantes del “aristotelismo radical” coincidían en que “la mejor manera de refutar las doctrinas filosóficas incompatibles con el dogma cristiano era relativizarlas” (p. 191). Del decreto de Tempier se explican las distintas interpretaciones sobre su alcance. Crisis del aristotelismo y acto fundador de la ciencia moderna, dice Pierre Dehan. Puesto que el obispo de París rechazaba postulados aristotélicos: la imposibilidad del vacío y la necesaria unidad del mundo. El fin de la escolástica, escribe Esteban Wilson. Un asunto de moral, un temor por un posible ascetismo filosófico, según Alain de Libera. Otros comentaristas le restan importancia: fue abolido en 1325, lo que muestra que fue un episodio marginal. Bianchi opina que fue una etapa hacia la autonomía

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de la ciencia moderna, sus efectos fueron mayores entre los teólogos que entre los filósofos, y su repercusión llegó más allá de la fecha de abolición. En efecto, y aunque parezca paradójico, Tomás de Campanella se apoyó en él para defender a Galileo: lo que éste hizo fue poner en duda a Aristóteles cuya física era peligrosa para la fe cristiana, y a tal punto lo era que cuando Tomás de Aquino quiso ser excesivamente indulgente con la filosofía del estagirita, Tempier lo censuró. Todavía en el siglo XVII los artículos de París encontraban defensores. En 1644 a Descartes se le reprochó por sostener ideas expresamente prohibidas en 1277.

3. Crítica de Alain Boureau Este historiador francés escribió en la revista Annales, Histoire, Sciences Sociales2 un extenso comentario sobre los libros de Thijssen y Bianchi. Encuentra dos coincidencias principales. La primera, la importancia que dan a las instituciones de censura, lo cual muestra que los estatutos de 1277 y1340 no eran contra un grupo coherente y opositor a la Iglesia: el averroísmo. “El partido averroísta es un mito” (p. 316). Tempier reunía, a la vez, proposiciones averroístas y tomistas. La segunda, ambos libros invitan a abandonar la interpretación de Pierre Duham. Según este sacerdote e historiador, la censura de 1277 fue progresista al bloquear el pensamiento aristotélico. Esta tesis se venía abriendo campo gracias a Alejandro Koyré: la filosofía de Aristóteles es estéril para el progreso de la ciencia. Boureau dedica la mayor parte de su nota a Bianchi. De Thijssen dice, con razón, que reducir la libertad de pensamiento y de enseñanza a su expresión explícita y formal es un argumento débil y relativista. De Censure et liberté afirma que es una visión anticlerical, que la primera parte se dedica a mostrar el carácter fundamentalmente represivo de la Iglesia católica. La quema de libros en ocasiones no estuvo relacionada con la censura. Así, por ejemplo, la destrucción del Talmud en 1240 fue resultado del antijudaísmo de Blanca de Castilla y de su hijo, el rey Luis IX de Francia, y no de un ataque clerical. Boureau acusa a Bianchi de ser tendencioso en la presentación de varios episodios. En el del dominico Pierre de Tarantaisse, en 1265. Tomás de Aquino, por orden del superior de los dominicos, debía examinar proposiciones erróneas de aquel. Y no se puede interpretar como evidencia de control sobre miembros de la propia orden. Fue, más bien, una simple “corrección fraternal”, pues Tomás de Aquino simpatizaba con ideas de su correligionario, y se limitó a aconsejar prudencia. El de Juan Monzón, en 1387, no fue una abierta censura, sino una disputa sobre la Inmaculada Concepción entre dominicos y franciscanos; en este caso, además, la universidad y el papado actuaron con lentitud buscando un compromiso. Y en tercer lugar, el de Enrique de Gante del que se vale Bianchi para ilustrar la autocensura. Según Boureau, el teólogo belga no modificó sus puntos de vista sobre 2

Ibid., pp. 313-323.

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la forma sustancial única, más bien sostuvo una teoría propia que combinaba una adhesión a la forma única con la convicción de que entre las sustancias y la nada hay una zona de preparación propia de la criatura humana, lo que se debe a que la forma sustancial que la informa es de orden supraterrenal. Boureau critica a Bianchi por no haber tenido en cuenta los contextos de las censuras y, por lo mismo, haber propuesto una represión continua; lo cual va en contra de la evidencia. Ésta muestra una producción escolástica variada, en constante confrontación con ideas nuevas. Cree que el autor de Censure et liberté ha caído en la misma trampa en que aún hoy caen quienes pretenden evaluar la censura eclesiástica. Todo lo ven en términos duales, como si tan solo se tratara de dos actores, la Iglesia y los intelectuales Pero “los autores fueron numerosos, diversos, la institución se construye y deconstruye con ellos. La iglesia no fue un agente sino una constelación de agentes (papas, obispos, ordenes religiosas, individuos)” (p. 321). Las censuras no fueron tan efectivas como Bianchi piensa. En primer lugar porque las listas de artículos censurados o bien se olvidaron o fueron relegadas, o se perdieron. Ello se debió a falta de instituciones de control y a resistencia de los universitarios. Como ejemplo el historiador francés menciona la condena que en 1286 promulgó el arzobispo de Canterbury, Jean Peckman, contra los maestros de la Universidad de Oxford. El censor no pudo conseguir a tiempo, a pesar de reiteradas solicitudes, antecedentes de artículos prohibidos por su antecesor, Robert Kiwardby. Además, los usos tardíos de la condena del obispo Tempier, en marzo de 1277, y a los cuales hace referencia Bianchi, son raros, excepcionales, casi anticuarios. En segundo lugar, porque hay “desproporción entre las proposiciones censuradas y las doctrinas realmente profesadas” (p. 322). Es decir, que la censura sólo puede ser efectiva sobre un cuerpo doctrinal completo y no sobre simples proposiciones. En este último caso, los autores contestaban que el pasaje había sido deformado o sacado de contexto. Boureau se opone a la noción de censura como objeto histórico autónomo, que induzca a la búsqueda de un agente y un paciente, porque ello implica una carga moral: el historiador asume o el papel de acusador o el de abogado, dentro de determinados esquemas interpretativos. De ahí el anticlericalismo de Bianchi y el relativismo cultural de Thijssen. Y concluye que no hay libertad extrema, y, por lo tanto, se debe aceptar algún grado restricción, por lo que la censura fue a fin de cuentas un precio módico.

4. ¿Una Edad Media sin censura? Así se titula el artículo3 en el que Bianchi responde a Boureau. Dice que no vale la pena detenerse en etiquetas con las que se califican los dos libros: relativista uno, culturalista, 3

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el otro. Sobre la trampa historiográfica, responde que todo objeto de estudio es, finalmente, construcción del historiador, con base en la documentación disponible. Esta última permite establecer, sin lugar a dudas, que “la censura universitaria de finales de la Edad Media no es una invención, sino un fenómeno real” (p. 374). Recuerda que, porque era consciente de la influencia de los debates del siglo XIX, explicó en la introducción de su libro los principios metodológicos. Boureau no los discute, sólo reprocha. Reconoce que cualquier análisis sobre la censura termina siendo ideológico. Se pregunta si sólo hay dos caminos: el de defensor que sería el de Thijssen, o el de acusador, el de Bianchi, ¿cuál de los dos escoge Boureau? Al parecer, preferiría el de juez; en todo caso no duda en ingresar al tribunal, pues sólo un abogado puede hablar de “libertad extrema esporádicamente controlada” (p. 735). Repite argumentos de su libro, como si quisiera decir que Boureau no lo leyó con suficiente atención. Según el editor de la obra en que aparece la intervención de Tomás de Aquino, en el caso de Tarentaisse, la responsio (respuesta) es una pieza de un expediente para presentar en un proceso doctrinal. Así que no fue simplemente una “corrección fraternal”. La investigación sobre el Talmud comenzó en 1240 y se prolongó hasta 1248; la condena contó con el apoyo de los maestros de la Universidad de París. Insiste: Enrique de Gante vaciló o por lo menos fue ambiguo. Es lo que se deduce de intervenciones en debates universitarios anteriores a 1277 y de lo que opinaron contemporáneos suyos. Uno de ellos, Roger Marston, usó el término retractación. El caso de Enrique no es el único ejemplo de autocensura. A este asunto dedica todo un capítulo que “Boureau parece no haber considerado” (p. 378). Ante todas las evidencias allí presentadas, ¿cómo concluir que la censura jugó tan sólo un papel de incitación y provocación? No cabe duda, Enrique de Gante fue silenciado. El arzobispo de Canterbury y sus colaboradores frecuentaban bibliotecas mal equipadas, o no tenían el olfato necesario para encontrar libros y antecedentes de artículos censurados por Robert Kiwardby. Porque la colección que un escritor inglés redactó, poco después de la censura de 1277, de artículos prohibidos en París y en Inglaterra, comenzaba precisamente con la lista de Kiwardby. El Syllabus de 1277 sí tuvo una difusión mayor de la que Boureau supone. Cuando los textos medievales se conservan por decenas de manuscritos, es signo de expansión e influencia importantes. Las 219 proposiciones que Tempier prohibió no son una excepción. Bachilleres y teólogos de la Universidad de París y de otras universidades europeas debían acatar ese decreto episcopal. No es fácil, concluye Bianchi, encontrar en la historia intelectual europea otra pieza de tal antigüedad que trajera tantos obstáculos a los universitarios y tuviera similar influencia. Boureau lo malinterpretó, pues Censure et liberté no se dedica a descubrir el carácter fundamentalmente represivo de la Iglesia. Más bien, tiene en cuenta los contextos de las condenas, acepta también que aquélla es una constelación de agentes. Desarrolla las múltiples direcciones, variables y matices de la censura como factor condicionante de la

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filosofía medieval. Muestra que las formas de control fueron violadas, eludidas y tuvieron efectos involuntarios e imprevistos. Explica las funciones positivas y negativas de las condenas académicas: se destacaron nuevos temas, se propusieron soluciones inéditas; pero, a la vez, se destruyeron obras, se incitó al abandono de doctrinas interesantes, se inventaron falsos problemas. Habla de la imaginación creadora de los censores, pues propusieron nuevas herejías, dedujeron consecuencias teológicas de tesis puramente filosóficas y, por supuesto, tergiversaron el pensamiento de los intelectuales censurados. De manera que no hay razones para renunciar a una evaluación general so pretexto de que hacerlo es incursionar en el terreno de la ideología. Finalmente, Bianchi, aun “a riesgo de pasar por anticlerical”, recuerda a los historiadores de la filosofía medieval que las ideas “no se daban en un contexto neutro, sino que surgieron en un medio cultural y constitucional en el que el trabajo intelectual estaba sometido a múltiples formas de control” (p. 743).

5. Retractaciones y diálogos Boureau escribe una respuesta en un tono de conciliación4. Reconoce equivocaciones y excesos. Admite que actuó como juez y que se concentró en un capítulo del libro de Bianchi. Se defiende diciendo que su investigación en curso sobre Jean Pierre de Olivi le permite concluir que las censuras no impidieron el desarrollo de una importante obra, ni la difusión del pensamiento de este notable franciscano y que, en consecuencia, “no hay relación necesaria entre eficacia final de la censura y la manera como se vivía la represión” (p. 749). Admite que es posible y lícita la construcción de la censura medieval como objeto histórico, aunque advierte sobre los costos y beneficios. “Amalgamas inadecuadas” es uno de los costos. Es decir, que no toda persecución de ideas y libros es censura académica. No lo fue la quema del Talmud en 1240, así los maestros universitarios hubiesen dado su visto bueno; lo determinante fue el clima antijudío. Con esa decisión no se pretendía eliminar una manera especial de pensar; el propósito era perseguir la religión hebrea. Por tal razón, coincidió con otras medidas en contra de los judíos: vestidos especiales, expropiación de sinagogas, expulsión de algunos reinos. Tampoco fue censura el episodio de Pierre de Tarantaisse. Aunque Boureau concede que su expresión “corrección fraternal” puede desorientar. Pero a la vez insiste en que Tomás de Aquino respondió con mesura, pues aceptó que había proposiciones correctas, que su intención era comprender antes que condenar y que los errores se debían a formulaciones equivocadas y no a mala intención El segundo costo es reducir las confrontaciones a lo meramente institucional, omitiéndose contextos más amplios y matices notables en las discusiones. No todo 4

BOUREAU, Alain, “Dialogue avec Luca Bianchi”, en Annales, Histoire, Sciences Sociales, No. 3, París, mayo-junio de 2002, pp. 745-749.

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se reduce a una disputa entre teólogo e institución. Conviene tener en cuenta otras dimensiones. La censura fue una de tantas respuestas a crisis y tensiones. Por eso, Boureau admite que fue injusto con J. Thijssen. Éste tiene razón cuando señala que los trayectos del pensamiento son también carreras, rivalidades, competencias. Son ciertos los beneficios, uno de los cuales es el número importante de monografías que han sacado del olvido doctrinas medievales. Boureau invita al diálogo. Lo hace formulando preguntas. ¿Acaso filósofos e historiadores no tienen sus propios sesgos? ¿Por qué el decreto de 1277 ha dividido a los filósofos, mientras los historiadores le han restado importancia al episodio? Recomienda que en los análisis se incorporen censuras que se desarrollaron por fuera del ámbito universitario, porque se pueden encontrar debates historiográficos análogos, un poco enmascarados por lo que considera “extraña” alianza entre foucaultianos que todo lo ven como rodaje de la máquina represiva, partidarios de un funcionalismo, derivado de Georges Duby, y que reducen la acción de los clérigos a un papel ideológico, e historiadores de un pueblo cristiano al que prefieren unido y no dividido. Propugna por nuevos esfuerzos de interpretación. Se pregunta si no sería interesante relacionar la historia de la censura con la formación de regímenes de verdad. A esto precisamente hizo alusión al evocar la forma agonística del pensamiento escolástico. “¿Acaso la censura no se exacerbó precisamente cuando los discursos filosóficos y teológicos eran más difíciles de captar, cuando los enunciados fueron menos asignables?” (pp. 748-749). Estas preguntas estimulan el diálogo al que insta.

Conclusiones Sobre estos debates quisiera hacer un balance y agregar algunas consideraciones. Primero, Boureau tiene razón en que los censores no siempre tuvieron éxito. O porque pudo mucho la resistencia de los universitarios, o porque los perseguidos aprovecharon el desorden jurisdiccional, o porque años más tarde cambiaron las relaciones de poder y lo que en un primer momento fue prohibido, luego fue doctrina oficial. Así pasó, por ejemplo, con la doctrina de forma sustancial única. El mismo Boureau en su libro Théologie, science et censure au XIII siècle5 en el que examina la sentencia de excomunión (30 de marzo de 1286) del franciscano Jean Peckman, arzobispo de Canterbury, contra maestros de la Universidad de Oxford muestra que el prelado inglés no tuvo éxito. En efecto, la doctrina de la forma sustancial única, que la sentencia condenaba, al final se impuso. Así lo reconoció la Iglesia en el Concilio de Vienne, mediante promulgación del Papa Clemente V en bula del 5 de mayo de 1313.

BOUREAU, Alain, Théologie, science et censure au XIII siècle, París, Les Belles Lettres, 1999. Una reseña de este libro se puede leer en Anuario de historial regional y de la frontera, Vol. 5, Bucaramanga, Universidad Industrial de Santander, 2000, pp. 291295.

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Jacques Le Goff invita a no exagerar la importancia de las condenas de 1277, porque no impidieron la difusión de obras, así como las prohibiciones contra la usura no evitaron que los comerciantes prosiguieran sus negocios6. Tampoco contribuyeron a la formación de la ciencia moderna pues sus posibilidades teóricas no fueron explotadas hasta tres siglos después, además de que la intervención del obispo de París fue recibida como una intrusión y no como una liberación del pensamiento griego. Si hubo estancamiento, no fue por la acción de Tempier sino porque la ciencia había alcanzado sus propios límites (los sabios no disponían del simbolismo matemático) y a causa también de la mentalidad teológica7. Hay, pues, dudas sobre los efectos de las censuras. No las hay, o no debiera haberlas, sobre la dureza y a veces crueldad de los censores. Boureau las subestima, no las menciona, las olvida. Le importa más destacar que la censura no fue continua. Pero baste con recordar que hubo víctimas que no pudieron continuar su carrera universitaria; Nicolás de Autrecourt no ascendió en el escalafón docente, no logró ser profesor de teología. Roger Bacon y Siger de Brabante fueron encarcelados. Hay testimonios de torturas. Con razón, Jacques Le Goff las llama condenas “brutales”8. Segundo, es cierto que el análisis no se debe limitar a lo institucional. En el libro que acabo de mencionar sobre los maestros de la Universidad de Oxford, Boureau invita a incorporar los diversos contextos de los debates. Otorga importancia a las circunstancias personales de los protagonistas, a lo que, en otro ensayo, denomina situaciones específicas, y que define como sección de la actividad humana, que en manera alguna absorbe la totalidad de la acción del agente histórico. Sus referencias teóricas provienen de la sociología de la acción, uno de cuyos aportes ha sido mostrar que el actor social vive simultáneamente en contextos o mundos diferentes9. Pero por significativas que fueran las circunstancias personales, los protagonistas de una condena actuaban dentro de contextos políticos. Lo que el historiador James Given escribe a propósito de la Inquisición vale para la censura: el poder es algo más que el simple resultado de la interacción entre dominantes y dominados; es también el producto de las estructuras sociales, las cuales establecen los puntos de referencia del ejercicio del poder y de la oposición a él, “Ni los recursos, ni las posibilidades son infinitas”10. Como escribe Michel Foucault, las relaciones de poder no pueden separarse, ni crearse, ni desarrollarse “sin una producción, una acumulación, una circulación, un funcionamiento del discurso”. El poder, agrega, no deja de institucionalizar la búsqueda de la verdad, de LE GOFF, Jacques, La baja Edad Media, México, Siglo XXI Editores, p. 271. Ibid., pp. 271-272. Ibid., p. 269. BOUREAU, Alain, “La compétence inductive. Un modèle d´analyse des représentations”, en LE PETIT, Bernard (ed.), Les formes de l´expérience. Une autre histoire sociale, París, Albin Michel, 1995, p. 37. 10 GIVEN, James, Inquisition and Medieval Society. Power, Discipline, and Resistance in Languedoc, Ithaca, Cornell University Press, 2000, p. 4.

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profesionalizarla y recompensarla11. Fue precisamente lo que ocurrió, primero al crearse la universidad, y luego cuando a la teología se le consideró ciencia. Se puede hablar de una lucha por el predominio político entre las facultades de artes y teología, entre filósofos y teólogos. Según Jacques Verger, desde comienzos del siglo XIII, en París, Artes dejó de ser una facultad preparatoria para convertirse en escuela de filosofía; sus profesores reclamaban autonomía intelectual, no querían soportar la vigilancia de los teólogos12. A ella llegaron las obras de Aristóteles y los comentarios de Averroes. Surgió un nuevo intelectual profesional que “se dedica de forma desinteresada a su vocación de pensador y enseñante”13. A Siger de Brabante y Boecio de Dacia, ambos filósofos, averroístas y maestros de la Facultad de Artes, se les considera las figuras más notables. Del primero dice Le Goff que “expresaba la opinión de la mayoría de la Facultad de Artes, fue la sal y levadura de la Universidad a la que a menudo imprimió su sello”14. Ambos filósofos eran conscientes de su autonomía con respecto a los teólogos y de su propia superioridad intelectual y moral. Siger escribió: “Deber filósofo es explicar la enseñanza de Aristóteles, no corregir o esconder su pensamiento, aun cuando sea contrario a la verdad (teológica). Y según Boecio, “Los filósofos son naturalmente virtuosos, castos, templados, justos, fuertes, liberales, dulces, magnánimos, magníficos, apartados de la atracción de los placeres..; y perseguidos por maldad, por envidia, por ignorancia, por imbecilidad”15. Esta osadía explica por qué entre las tesis que Tempier censuró figuren: “No hay condición de vida más excelente que el dedicarse a la filosofía”, o “Sabios en este mundo, sólo son los filósofos”16. Pero la misma Facultad de Artes tenía sus propios conflictos, muestra de lo cual son dos estatutos: el de 1277 y el de 1330. En ambos casos se trata de un enfrentamiento entre seguidores y opositores de Guillermo de Ockham. Me parece que, a pesar de la diversidad de agentes, los censores actuaban en nombre de la jerarquía. Si alguna institución en la Edad Media se regía por el principio de respeto a la autoridad esa era la Iglesia. En el siglo XIII, en su propósito de afianzar su poder, el papado se apoyó en las órdenes mendicantes y en la Universidad de París, la más respetada en asuntos de teología. Verger lo explica bien. Los universitarios recibieron privilegios a cambio de que fundamentaran la legitimidad, poniendo de manifiesto la plenitudo potestatis pontificia, ayudando a enfrentar a herejes y príncipes laicos. El problema se agravó cuando el Papa obligó a la universidad a que acogieran a las escuelas de teología de las órdenes mendicantes. A franciscanos y dominicos no siempre se les recibió bien, porque obraban conforme a los intereses de sus respectivas comunidades religiosas y a los del sumo pontífice, y no de acuerdo con los principios de solidaridad 11 12 13 14 15 16

FOUCAULT, Michel, Microfísica del poder, Madrid, Las Ediciones de la Piqueta, 1991, pp. 139-140. VERGER, Jacques, Gentes del saber en la Europa de finales de la Edad Media, Madrid, Editorial Complutense, 1999, p. 66. Ibid. LE GOFF, Jacques, Los intelectuales en la Edad Media, Editorial Gedisa, 1986, p. 111. Citados en Ibid., pp. 11-112. Citado por FUMAGALLI, T., “El intelectual”, en CARDINI et. al., El hombre medieval, Madrid, Alianza Editorial, 1990, pp. 206-207.

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universitaria. Finalmente, la Universidad de París cedió y aceptó la voluntad del Papa17. No debiera sorprender, entonces, que la corte papal iniciase procesos o que fuera un tribunal de apelación. Recordemos que la censura de Tempier, la más famosa o por lo menos más estudiada, la promulgó un obispo. En la organización eclesiástica medieval, la autoridad episcopal tenía tanta o más importancia que la del Papa. A finales del siglo XIII, los obispos aún detentaban poderes que, según Georges Duby, les eran propios en el año mil. Distribuían lo sagrado, delegaban la función sacerdotal mediante la ordenación, eran depositarios de la sabiduría. Y especialmente, detentaban “las claves de la verdad”18, aunque ya no fueran los únicos; ahora este privilegio les era disputado y a veces negado por teólogos, tal como queda demostrado en el libro de Bianchi. Tercero, el decreto de 1277 que se promulgó en contra del averroísmo, no es un mero agregado de enunciados sueltos, en él se descubre cierta unidad; sí se puede hablar de partido averroísta. Esta última expresión se debe a Jacques Le Goff, en un conocido libro sobre intelectuales de la Edad Media: “Aunque las condenaciones apenas fueron respetadas, decapitaron el partido averroísta.”19. Era ésta, en el siglo XIII, una expresión peyorativa que aludía a profesores de la Facultad de Artes de la Universidad de París, defensores de la libertad de interpretación de textos filosóficos, y representantes de una nueva corriente intelectual, laica, aunque no anticristiana20; un sistema sospechoso por ser ajeno a la tradición cristiana agustiniana21. Se puede decir, además, que entre intelectuales medievales había conciencia de la existencia de un grupo con homogeneidad doctrinal. El mismo Tomás de Aquino escribió en 1270 una obra con el título Contra averroístas. Le Goff muestra que era un grupo, cuyos miembros se denominaban a sí mismos filósofos y a quienes los teólogos criticaban principalmente por tres opiniones heréticas: la doble verdad, lo que es verdad según la fe, puede no serlo según la razón; la eternidad del mundo, lo que conlleva a negar la creación; y la unidad del intelecto, cuya consecuencia es plantear la imposibilidad de la inmortalidad del alma individual22. Dice, como también lo hace Fumagalli, que Siger de Bravante y Boecio de Dacia eran los más notables representantes del averroísmo23. Descubre en el decreto de Tempier una cierta unidad en la diversidad de las 219 proposiciones. Distingue tres tipos de errores. En primer lugar, los propios de una corriente naturalista: la teología se basaba en fábulas (proposición 152), no hay que preocuparse por la sepultura (155), la continencia no es una virtud (156), la abstinencia total carnal corrompe la especie (169), la ley 17 18 19 20 21 22 23

VERGER, Jacques, op. cit., p. 64. DUBY, Georges, Los tres órdenes o lo imaginario del feudalismo, Barcelona, Ediciones Petrel, 1980, pp. 23-24. LE GOFF, Jacques, Los intelectuales… op. cit., p. 111. VERGER, Jacques, op. cit., p. 66 FUMAGALLI, T., op. cit., p. 206. LE GOFF, Jacques, La baja Edad Media … op. cit., p. 270. FUMAGALLI, T., op. cit., p. 206; LE GOFF, Jacques, La baja Edad Media… op. cit., p. 270.

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cristiana tiene fábulas (174), la felicidad se encuentra en esta vida (176). En segundo lugar, la tendencia a tratar todo racionalmente: la resurrección futura no tiene que ser admitida por la filosofía, porque es imposible probar el asunto racionalmente (18); la ley cristiana es un obstáculo a la ciencia (175). En tercer lugar, proposiciones que proclaman la superioridad del filósofo: no existe un mejor estado que el del filósofo (40), sólo ellos son los sabios del mundo (154)24. La inclusión de veinte proposiciones de Tomás de Aquino no desvirtúa el espíritu antiaverroista. El afán de Tempier y de quienes lo apoyaban (entre ellos el Papa Juan XXI) era “destruir hasta sus últimas raíces esta desviación”25, no obstante que Tomás de Aquino había combatido el radicalismo de los averroístas. A juicio de Alain de Libera también se puede hablar de sistema y no de simple colección de hechos. Es lo que concluye en su examen de las proposiciones del Syllabus relacionadas con la moral sexual. Pero en su opinión es el censor quien le da ese carácter: “Tal sistema existe a partir del momento mismo en que el censor desarticula y rearticula un texto en una red de proposiciones prohibidas”. Y agrega: “Tempier ha inventado el proyecto filosófico del siglo XIII”. Lo que el censor encuentra es un proyecto de laicización del ascetismo26. Entre 1270 y 1340, las universidades de París y Oxford no fueron los únicos centros de estudio víctimas de la censura; otros también la sufrieron. Lo cual quiere decir que las razones de la persecución se encuentran en el ámbito intelectual europeo. La serie de censuras expresaban el temor ante el racionalismo de Aristóteles, puesto que se ponía en peligro la creencia en la libertad y omnipotencia de Dios. Fueron el inicio “formal” de una reacción teológica, según la cual el orden de este mundo no proviene de una participación en la razón divina sino de la voluntad autónoma de Dios27. Se dieron, a partir de 1270, cuando en Europa la investigación intelectual parecía haber llegado a sus límites, al final de los dos grandes caminos que habían explorado los intelectuales del siglo XIII: el razonamiento intelectual y la observación experimental Fueron frenazos externos que parecen haber detenido el progreso científico e ideológico28. Cuarto, Boureau acusa a Bianchi y a Thijssen de acudir a argumentos ideológicos y a juicios de valor. Al primero por ser anticlerical, al segundo por su enfoque culturalista. Pero este tipo de crítica suele ser un pretexto para descalificar, creyendo, como lo advierte Foucault, que la ideología “está siempre en oposición virtual a algo que sería la verdad”29. También las conclusiones de Boureau se apoyan en juicios de valor, es decir, que son ideológicas. Él mismo admite que filósofos e historiadores actúan según sus propios sesgos. 24 25 26 27 28 29

LE GOFF, Jacques, La baja Edad Media…, op. cit., p. 270. Ibid. LIBERA DE, Alain, Pensar en la Edad Media, Barcelona, Editorial Anthropos, 2000, pp. 125, 133 y 136. OAKLEY, Francis, Los siglos decisivos, Madrid, Alianza Editorial, 1980, pp. 195-196. LE GOFF, Jacques, La baja Edad Media…op. cit., p. 269. FOUCAULT, Michel, Un diálogo sobre el poder, Madrid, Alianza Editorial, 2004, p. 147.

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Quinto, en cuanto a episodios en discusión, quisiera decir lo siguiente: Bianchi y Boureau, ambos tienen razón: la quema de Talmud fue resultado a la vez de un espíritu antisemítico y de una censura universitaria. La universidad no quedó al margen de la corriente antijudía. En mi opinión, Bianchi es contundente, por la evidencia empírica que aporta, en dos de los casos en disputa. Al lector no le queda duda de que Enrique de Gante cambió de punto de vista en el tema de la forma sustancial, o que, por lo menos vaciló y que fue presionado y sometido al silencio. Así lo muestran testimonios contemporáneos y debates quodlibetales (de tema libre), como arriba se dijo. A Peckhman, a sus colaboradores y al propio Boureau les faltó olfato para encontrar antecedentes de censura, que en realidad sí los había. Como dije, todavía hoy los temas de discusión son similares a los del siglo XIX. Pero, sin duda, se ha superado el dualismo. De los libros de Thijssen y Bianchi se deduce que la eficacia fue relativa: no se impidió del todo conocer el pensamiento de intelectuales perseguidos. De ahí la importancia de la interpretación de Alain de Libera en quien, a su vez, se apoya Bianchi. La censura fue “un operador histórico”, es ella la que transforma un enunciado en tesis, la condena da vida a la escritura”30. En otros términos, gracias a la censura lo que estaba oculto podía hacerse visible; lo desarticulado, coherente... Pero se restringía la libertad académica. Y las víctimas fueron conscientes. Negar esa conciencia, subestimar la crueldad de las autoridades eclesiástica y desconocer que los censores actuaban en nombre de la jerarquía no dejan de ser razones exculpatorias.

30 LIBERA DE, Alain, op. cit., p. 125.

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Reseñas GUARDINO, Peter, The Time of Liberty. Popular Political Culture in Oaxaca, 1750-1850, Durham, Duke University Press, 2005, 405 pp. Marcela Echeverri ` Peter Guardino es un historiador que desde hace una década está dedicado a estudiar a los grupos populares campesinos e indígenas en América Latina, en la transición de la Monarquía a la República. Su primer libro, Peasants, Politics, and the Formation of Mexico’s National State: Guerrero 1780-18401, exploró un aspecto hasta entonces ampliamente ignorado: el importante lugar que ocuparon las alianzas y luchas locales que involucraron a las mayorías rurales de México, en la construcción del sistema político nacional. También demostró que los campesinos en Guerrero a través del proceso de Independencia fueron protagonistas de las rebeliones locales, regionales y nacionales que caracterizaron la política mexicana durante el siglo XIX. Al proponer una reconceptualización de la relación entre clases populares y la nación, Guardino se unió a autores como Florencia Mallon2. Tanto Mallon como Guardino escriben en contra de una visión elitista del poder y de la política, de una historiografía que reprodujo la visión heredada de las elites decimonónicas latinoamericanas3. Aquellos “políticos que querían reducir la importancia de las elecciones”, para hacerlo, culparon a las personas que vivieron en el siglo XIX, contrastando su comportamiento con “un ideal básicamente ficticio que ellos creyeron que dominaba en Europa o en Estados Unidos” (p. 281). Sin embargo, como vemos en éste y otros trabajos recientes de historia política con una metodología social, la habilidad de los indígenas y campesinos para impactar el gobierno local, regional y nacional fue enorme4. Además, esto implica reconocer que los sectores populares, rurales y urbanos, históricamente han negociado activamente con los valores nacionales, fundamento del proyecto republicano en América Latina. ` Antropóloga de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia; MA en Teoría Política de la New School for Social Research, Nueva York, Estados Unidos y candidata al PhD en Historia de América Latina y el Caribe en la New York University, Nueva York, Estados Unidos. me391@nyu.edu 1 GUARDINO, Peter, Peasants, Politics, and the Formation of Mexico’s National State: Guerrero 1780-1840, Stanford, Stanford University Press, 1996. 2 MALLON, Florencia, Peasant and Nation. The Making of Postcolonial Mexico and Peru, Berkeley, University of California Press, 1995. Ver también SANDERS, James, Contentious Republicans: Popular Politics, Race, and Class in Nineteenth-Century Colombia, Durham, Duke University Press, 2004. 3 Estas mismas preguntas se han desarrollado en la historiografía reciente sobre ciudadanía. Ver, por ejemplo, IRUROZQUI, Marta, A bala, piedra y palo. La construcción de la ciudadanía en Bolivia, 1826-1952, Sevilla, Diputación de Sevilla, 2000 y SABATO, Hilda, Ciudadanía política y formación de las naciones. Perspectivas históricas en América Latina, México, FCE, 1999. 4 Ver, por ejemplo, WALKER, Charles, Smoldering Ashes: Cuzco and the Creation of Republican Peru, 1780-1840, Durham, Duke University Press, 1999.

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El trabajo de Guardino no se centra, sin embargo, en una dimensión discursiva de la política o de los valores políticos. Por el contrario, la contribución de The Time of Liberty consiste en desarrollar un profundo y amplio estudio de las características locales de la estructura social y de la cultura política en dos regiones de la actual Oaxaca, desde la Colonia (1750) hasta comienzos de la República (1850). La primera es la ciudad de Oaxaca -luego llamada Antequera- y la segunda, el distrito rural de Villa Alta. El minucioso e interesante trabajo que presenta Guardino es testimonio de la posibilidad de investigar este tipo de aspectos a nivel local, ubicando en la historia política a los sectores populares o “empobrecidos”. Metodológicamente, el trabajo utiliza sobre todo fuentes judiciales, que son ricas para acceder a los grupos indígenas y campesinos, además de las elites. Contextualizar las acciones y los argumentos judiciales de aquéllos en un espacio legislativo determinado, es decir, las leyes y tendencias jurídicas de una época, permite a Guardino ir más allá del estudio de las intenciones de las elites legisladoras (coloniales o republicanas, según el momento) para conocer las respuestas de los “subalternos” a las mismas. Su análisis se apoya fundamentalmente en dos conceptos: cultura política y hegemonía. El primero es la herramienta a través de la cual revisa los imaginarios políticos de los habitantes de Oaxaca, tanto plebeyos como de la elite, enfatizando sus cambios y permanencias a lo largo del periodo de estudio. En la época colonial son esenciales los argumentos realistas o monarquistas, pero aun éstos, es decir, “la relación con el rey, estaba filtrada por la política” local (p. 47). Guardino logra identificar los “valores políticos” de campesinos e indígenas, y muestra cómo estaban en constante negociación primero con los proyectos políticos de los Borbones, luego con los de los liberales españoles (de manera intermitente entre 1812-1820) y, finalmente, con los del Estado mexicano. En cada uno de los tres contextos, el gobierno hizo concesiones a “las tradiciones indígenas de gobierno” (p. 239). Es en este último sentido que para Guardino es tan central el tema de la hegemonía. Este segundo concepto ha sido acogido rápidamente por la historiografía política latinoamericanista. Como es conocido, el término se inspira en el pensamiento de Antonio Gramsci5. Sus principales cualidades son: primero, permitir el estudio del Estado en relación con la sociedad civil y, segundo, resaltar el conflicto en aquella relación y no simplemente el consenso6. Guardino reivindica la utilidad del concepto y lo usa reiteradamente para nombrar la relación entre elites y subalternos (términos que se incluyen dentro de la visión hegemónica de la sociedad y del poder) en Oaxaca desde 1750 hasta 1850. Voy a detenerme brevemente en este punto. Cuando, en los primeros capítulos del libro, Guardino recuenta las principales características de la sociedad, la economía y la cultura 5 6

GRAMSCI, Antonio, Cuadernos de la cárcel, México, ERA-Universidad Autónoma de Puebla, 2001. Para una discusión interesante sobre el tema, ver ROSEBERRY, William, “Hegemony and the Language of Contention”, en JOSEPH, Gilbert y NUGENT, Daniel (eds.), Everyday forms of State Formation, Durham, Duke University Press, 1994 y JACOBSEN, Nils y ALJOVÍN DE LOSADA, Cristóbal, Political Cultures in the Andes, (1750-1950), Durham, Duke University Press, 2005 (sobre todo la parte introductoria sobre las tendencias analíticas en el campo de historiografía política).

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política en Oaxaca, es sumamente cuidadoso en demarcar el cambio que representó el proyecto político de los Borbones en esta región de la Corona. De hecho, no he visto otro trabajo que haga una descripción tan detallada y coherente de las variables que pueden reconocerse y estudiarse para evaluar el impacto de las reformas borbónicas en un nivel local. Es decir, elaboró un punto de partida que reflejara la vida política en la zona de su estudio antes de los Borbones (papel de las autoridades civiles y religiosas, mecanismos fiscales, relaciones de género, etc.), y luego lo contrastó con el funcionamiento de la vida política -en relación con las directrices borbónicas- en los años posteriores. La conclusión de Guardino en este aspecto es que no hubo un impacto trascendental en el modo como los indígenas y campesinos de la región de Oaxaca participaron del ámbito judicial, en gran parte, porque el “proyecto hegemónico” Borbón era esencialmente elitista en su visión de la sociedad y, por lo tanto, se planteaba más bien como excluyente frente a los sectores populares. Con esto claro, el autor se dirige hacia el estudio del proceso de Independencia partiendo de la idea que lo que sucedió entre los años 1808-1823 fue un cambio en el “proyecto hegemónico” con respecto a aquél que habían inaugurado los Borbones. Algunos elementos de la política liberal gaditana fueron consecuentes con el modelo de Estado planteado durante el siglo XVIII, pero en realidad los liberales tuvieron una visión sobre la importancia de la movilización popular para sus fines, y de ahí surge la legislación e implementación del sistema electoral en el territorio hispánico a partir de 1810. Aunque este es un tema que se está estudiando exhaustivamente en la historiografía de las independencias7, me parece que el énfasis que pone Guardino en el concepto de hegemonía merece ser evaluado. Con ello el autor homogeniza la política en el mundo hispánico anterior a las independencias y aquélla que resultó del surgimiento de la política nacional. Si se tiene en cuenta el origen y uso original del término ‘hegemonía’, es fácil concluir que su utilidad fue demostrada en contextos de política “moderna”. Tal fue, por ejemplo, el éxito del trabajo sobre la revolución mexicana editado por Joseph y Nugent, que evaluaba el conflicto y la negociación de la política revolucionaria a nivel de distintas poblaciones, y entendía la revolución sobre todo como un proyecto cultural8. Sin embargo, tal proceso tuvo unas instituciones de por medio y valores políticos republicanos y fundamentalmente liberales. No sucede lo mismo con el caso de la política borbónica, por mucho que se quiera equiparar aquel proyecto de centralización con una visión moderna del Estado. Por todo esto, creo que es cuestionable el uso que se hace del término hegemonía para referirse indistintamente a los periodos colonial y republicano, lo cual no solamente se ha visto en el trabajo de Guardino, sino también en el de Sergio Serulnikov sobre Charcas9. Otros libros recientes que estudian la naturaleza 7

8 9

Ver, por ejemplo, la reciente compilación de RODRÍGUEZ, Jaime (coord.) Revolución, Independencia y las nuevas naciones de América, Madrid, Fundación MAPFRE Tavera, 2005 y PORTILLO VALDES, José María, Crisis atlántica. Autonomía e independencia en la crisis de la monarquía hispana, Madrid, Fundación Carolina - Centro de Estudios Hispánicos e Iberoamericanos - Marcial Pons Historia, 2006. JOSEPH, Gilbert y NUGENT, Daniel (eds.), op. cit. Guardino cita a Serulnikov como ejemplo historiográfico al referirse a las reformas borbónicas como un proyecto hegemónico, en la página 8 del libro. Ver SERULNIKOV, Sergio, Subverting Colonial Authority, Durham - Londres, Duke University Press, 2003.

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del gobierno de la Monarquía hispánica nos invitan a evaluar con cuidado los mecanismos y los discursos de este poder. Ello implica, entre otras cosas, no proyectar los valores políticos actuales sobre las instituciones, relaciones y valores de aquel momento10. Dejando esto claro, pasaré a referirme brevemente a los principales aportes de los capítulos del libro sobre la fase republicana. En el tema de la Independencia y las clases populares hay varias posiciones frente a los motivos que llevaron a los campesinos e indígenas a participar en los bandos en contención. El trabajo publicado por Eric Van Young en 2001, The Other Rebellion, fue muy importante, porque apuntó a lo que todavía entonces era todavía un problema inexplorado: la visión subjetiva de la guerra (ideología y violencia) a partir de la experiencia de los grupos indígenas alrededor de la ciudad de México11. Los argumentos de este autor han sido acogidos muy positivamente en América Latina12. Sin embargo, ese trabajo ofrece una representación de los indígenas en extremo aislada de la realidad política y de los principales discursos de la época; cosa que es una elección del autor y no algo intrínseco a la mirada cultural ni a los objetos de estudio populares o comunales. Efectivamente, Guardino aborda directamente este problema y refuta a Van Young diciendo que aunque éste “está más que acertado en su afirmación sobre la manera en que las aspiraciones sociales y políticas de los campesinos se centraban en la villa [o el pueblo] me parece que [Van Young] subestima la frecuencia con la cual los mismos campesinos necesitaban recurrir a aliados, discursos o símbolos del mundo exterior para cumplir sus aspiraciones. Ya sea en el caso en que los campesinos se involucraron en grandes movimientos sociales o cuando llevaron adelante lo que parecerían ser insignificantes confrontaciones legales, éstos estaban imbricados en un sistema político que se extendía mucho más lejos de lo que uno podía ver desde la punta de la iglesia de la villa.” (p. 286).

A partir de su estudio sobre Oaxaca, Guardino se enfrenta a uno de los trabajos que habían cuestionado el alcance de la política republicana entre sectores populares en América Latina: el de François-Xavier Guerra13. El estudio de Guerra, que 10 Ver CAÑEQUE, Alejandro, The King’s Living Image. The Culture and Politics of Viceregal Power in Colonial Mexico, Londres, Routledge, 2004; FERNÁNDEZ ALBALADEJO, Pablo, Fragmentos de Monarquía: Trabajos de historia política, Madrid, Alianza, 1992; HERZOG, Tamar, Upholding Justice. Society, State and the Penal System in Quito (1650-1750), Ann Arbor, The University of Michigan Press, 2004. 11 VAN YOUNG, Eric, The Other Rebellion. Popular Violence, Ideology, and the Mexican Struggle for Independence, 1810-1821, Stanford, Stanford University Press, 2001. 12 Ver, por ejemplo, el artículo de GUTIÉRREZ, Jairo, “‘El infame tumulto y criminal bochinche’: Las rebeliones campesinas de Pasto contra la República (1822-1824)”, en Independencia y transición a los Estados nacionales en los países andinos: Nuevas perspectivas, Memorias del Segundo Módulo Itinerante de la Cátedra de Historia de Iberoamérica, Cartagena de Indias, agosto 10 a 13 de 2004, Universidad de Santander, Organización de Estados Iberoamericanos, 2005, pp. 371-399 y el de BONILLA, Heraclio, “Rey o República: El dilema de los indios frente a la Independencia”, en Independencia y transición…op. cit., pp. 357-369. 13 GUERRA, François-Xavier, Modernidad e Independencias, México, Fondo de Cultura Económica, 1993.

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también comienza con el proceso de Independencia, describe una continuidad de la mentalidad política de Antiguo Régimen y las relaciones que de ésta se derivan en la política decimonónica. Supuestamente, la existencia de estructuras corporativas y redes clientelistas limitaron el impacto del proyecto electoral que se inauguró con el liberalismo español14. Guardino dedica un largo capítulo, el quinto, al estudio de la emergencia de dinámicas electorales en Oaxaca, y refuta esa idea bajo la evidencia de la respuesta de movilización inmediata por parte de las clases populares en función de los principios electorales. Teniendo esto en cuenta, The Time of Liberty propone una explicación alternativa al giro radical que tomó la política a mediados del siglo XIX en México, como en otros países latinoamericanos, reduciendo sus aspiraciones democráticas. No fue, como sugiere Guerra, porque sólo la elite tuviera interiorizados los principios de tal tipo de prácticas, o de la ciudadanía, pues tanto en la ciudad de Oaxaca como en las áreas rurales los mexicanos “empobrecidos” ejercieron y reclamaron su derecho al voto. Tampoco había una red clientelar entre las elites urbanas y la masa de la población, basadas en lazos económicos. Más bien, la intolerancia política y la falta de pluralismo en la ética política de las elites fueron los factores que marcaron profundamente el destino de la democracia en ese país. He intentado sintetizar los principales argumentos del libro, señalando sus aspectos complicados y positivos en vista de una historiografía muy amplia sobre la época borbónica, el proceso de Independencia y la creación de la República. Sólo resta decir que recomiendo absolutamente la lectura del libro. Aunque es un texto extenso y Guardino no se esforzó particularmente por resumir los detalles de su investigación y, por el contrario, plantea a lo largo de las páginas referencias a los distintos periodos con lo cual puede ser repetitivo, el trabajo motiva a pensar la vida política hispanoamericana en distintos niveles -sus interconexiones territoriales, sociales e históricas- con mucha claridad analítica y una exhaustiva ilustración de los problemas metodológicos e historiográficos que surgen con una investigación como ésta. W

ALZATE ECHEVERRI, Adriana María, Suciedad y Orden. Reformas sanitarias borbónicas en la Nueva Granada, 1760-1810, Bogotá, Editorial Universidad de El Rosario - Universidad de Antioquia - Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), 2007, 318 pp. Rafael Antonio Díaz Díaz v En 1992, Chakrabarty, uno de los fundadores indios del Proyecto de los Estudios Subalternos, escribía lo siguiente a propósito del lugar que ocupa el cuerpo en 14 Elecciones que venían siendo practicadas desde tiempos de la Constitución de Cádiz, entre 1810 y 1814. v Profesor Asociado, Departamento de Historia, Facultad de Ciencias Sociales, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. rdiaz@javeriana.edu.co

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las tensiones entre la tradición y la modernidad, mediadas y mediatizadas por las administraciones coloniales, los discursos imperiales, la colonialidad del poder y el Estado moderno: “Sin embargo, a lo que de hecho se le resta importancia en las historias que implícita o explícitamente celebran el advenimiento del Estado moderno y la idea de la ciudadanía, es la represión y la violencia que son herramientas tan importantes en la victoria de lo moderno como el poder del convencimiento de sus estrategias retóricas. No hay lugar donde esta ironía -los fundamentos antidemocráticos de la “democracia”- sea más visible que en la historia de la medicina moderna, higiene pública y la higiene personal, cuyos discursos han sido centrales en la ubicación del cuerpo de lo moderno en la intersección de lo público y lo privado (tal como queda definido por el Estado y sujeto a las negociaciones con éste)”1.

Sin pretender catalogar el libro de Adriana Alzate como un estudio “subalternista” -aunque la autora refiera la categoría de “subalterno”-, sí me parece que el análisis en general se ubica en la perspectiva teórica que como escenario plantea Chakrabarty. No sólo porque la suciedad y el orden se ubican en un proceso de transición de lo colonial a lo republicano y, por lo tanto, de una administración colonial a un intento o remedo de Estado, sino por que referencia al cuerpo -individual y colectivo- como un lugar central en los dispositivos discursivos y en las estrategias políticas que están en la base de la constitución de la ciudadanía. Adriana Alzate es consciente de ello cuando reconoce, desde el comienzo, que su investigación y, desde los objetivos propuestos, su estudio constituye realmente un análisis del cuerpo y de la ciudad. En consecuencia, es transversal en este análisis el concepto de Foucault de biopolítica2, entendido como las tecnologías y los dispositivos diseñados, representados y ejecutados por el poder sobre el cuerpo humano. Y la ciudad, como el otro eje articulador de este texto, referencia la perspectiva fundamental de considerar los problemas de la salud, de la medicina, del olfato, de los olores, de lo nauseabundo, del aire y de la atmósfera en su sentido espacial, por lo que no sólo se norma sobre el cuerpo, sino que en función de ello se regula el espacio, ya sean los cementerios, las acequias o las chicherías, para mencionar sólo algunas entidades espaciales. Así, los discursos, los planes, las reformas, la ciudad, las chicherías y los cementerios son campos desde donde se organizan los cinco capítulos que componen este libro.

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CHAKRABARTY, Dipesh, “La poscolonialidad y el artilugio de la historia: ¿quién habla en nombre de los pasados “indios”?”, en DUBE, Saurabh (coord.), Pasados poscoloniales, México, El Colegio de México, 1999, p. 655. Una útil discusión entre lo político y lo antipolítico que puede estar contenido en el concepto de biopolítica, particularmente aplicado al campo de la salud, se encuentra en ORTEGA, Francisco J., “Biopolíticas da saúde: reflexões a partir de Michel Foucault, Agnes Heller e Ana Arendt”, en Interface ~ Comunicac., saúde, Educ., Vol. 8, No. 14, São Paulo, sept. 2003 - feb. 2004, pp. 9-20. Versión electrónica en http://www.interface.org.br/revista14/ensaio1.pdf, fecha de consulta: agosto 10 de 2007.

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En términos generales, el análisis contenido en Suciedad y orden propone nuevas miradas y nuevas posibilidades teóricas para abordar la relación entre los discursos del poder y de las elites en relación con la población subordinada o subalterna, en donde el cuerpo -espacializado, normado y tensionado- ocupa un sitio de análisis destacado y relevante. En este escenario, avanzan disquisiciones para la comprensión y percepción de sociedades en coyuntura y en transición de las épocas coloniales tardías a las primeras republicanas, estructurando una especie de cartografía, que anuda los discursos, las representaciones, las discusiones y las aplicaciones que exhibieron las elites frente a la masa social tildada de mugrienta, incivilizada y bárbara. En este punto, el análisis constituye un aporte fundamental en el ejercicio de deconstruir críticamente el concepto de la modernidad como paradigma central de Occidente. En este estudio, se hace visible la historiografía más representativa que ha abordado este tipo de fenómenos que articulan el cuerpo, la ciudad, la salud pública y la moralización de la comunidad. El análisis se sitúa en las coordenadas teóricas y críticas de las ciencias sociales en boga y estructura lecturas densas y complejas de los tejidos sociales y de las tensiones políticas. Cuerpo y espacio, control y poder, orden y desorden, régimen y subversión tensionan y polarizan acá el entramado de las relaciones sociales a propósito de un conjunto de reformas sanitarias. Dichas reformas en el fondo pretendían ordenar y civilizar una cadena de actores sociales y colectivos que no siempre estuvieron dispuestos a plegarse a tales controles, ya que sus comportamientos habían tendido a subvertir e, incluso, a invertir lo establecido, cabalgando en prácticas tradicionales públicas, privadas y subrepticias, que con distintos resultados y expresiones desafiaban el orden establecido. Conceptos como orden, suciedad, control, civilización, salvaje, bárbaro, biopolítica, medicalización, ciudad y cuerpo, entre otros, se anudan para develar las complejidades de una sociedad en transición como lo era la Nueva Granada en el período estudiado, que de paso revela las contradicciones y relaciones tanto verticales como horizontales en las relaciones sociales, políticas y culturales de sus componentes. El texto referencia un proceso de investigación serio, disciplinado, juicioso y sistémico. Un rasgo para destacar es la notoria actualización en la información utilizada, pues básicamente se recogen las tendencias más actuales o más vigentes en el nivel teórico e historiográfico, con un rasgo sobresaliente y es integrar bibliografía francesa, española, inglesa y latinoamericana, entre otras. Tal logro de ninguna manera es casual o gratuito, sino que obedece a más de una década de investigaciones y publicaciones en el ámbito de la historia de la salud y/o de la medicina, desde el año de 1994 cuando, en la Universidad de Antioquia, Adriana Alzate presentó su tesis de pregrado en historia acerca del devenir científico de Mutis. Obedece también, según mi lectura, a una experiencia de investigación relevante en el campo de la historia de la salud que, desde hace ya varios años, se viene experimentado en la Universidad de Antioquia y que ha arrojado logros importantes, no sólo por la puesta en ejecución de dinámicas interdisciplinarias entre la medicina y la historia -entre otras disciplinas-, sino por que

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ha logrado posicionar y legitimar el campo de la historia de la salud y de la medicina en el escenario de la historiografía nacional. De hecho, Suciedad y orden debe ser ubicado como parte de este proceso significativo de reconocimiento de historiar la salud en Colombia desde lo social, lo político, lo cultural y lo que puede ser propio de la historia de la ciencia. En muchos sentidos este trabajo se puede considerar pionero en el horizonte de la bibliografía sobre el tema, ya que se cuenta entre los primeros estudios historiográficos que aborda, desde los más variados corpus discursivos y normas de control, la tensión entre el poder que intenta regular y sociedades “en desorden” como las ha calificado Aline Helg3, contando como eje transversal de análisis el escenario de las reformas sanitarias. Si bien hay un cierto énfasis en Santafé de Bogotá, el contenido del texto intenta ofrecer un panorama socioespacial más amplio en el contexto neogranadino, superando de esta manera determinados enfoques muy especializados en sus miradas espaciales y regionales. Sin perder su rigor y su estructura, la escritura de este texto es ágil, nada engorrosa, que la haría más accesible a un público no necesariamente especializado. De todas maneras, hay que insistir que la información utilizada no sólo es copiosa e impresionante, sino lo suficientemente actualizada y -quizás lo más importante- pertinente. Llama la atención cómo se integra una bibliografía europea y latinoamericana acerca de la historia de la ciencia y sus áreas conexas, que es más o menos desconocida en el ámbito colombiano. La actualización de la información se puede ilustrar, por ejemplo, con la incorporación del libro recién editado y publicado de Santiago Castro-Gómez4 sobre la recepción y la apropiación de la Ilustración por parte de los criollos neogranadinos y que ya ha suscitado no pocas polémicas. La información de este texto, entonces, entrelaza bibliografías de los más diversos ámbitos: historia política, análisis del discurso, historia de la ciencia, historia de la medicina, historia urbana, estudios subalternos, estudios culturales, etc. Esta convergencia es puesta en funcionamiento respecto de analizar el tema en concreto que encuentra sus variables más conspicuas en el cuerpo, la ciudad, la reforma sanitaria y el control del cuerpo social. En términos generales, los argumentos y los análisis están bien presentados, desarrollados y suficientemente sustentados en información primaria y secundaria. Al respecto, llama poderosamente la atención cómo la autora deja establecida desde la introducción una cuidadosa genealogía intelectual de un conjunto de nociones y conceptos claves para analizar los fenómenos abordados. La mayor parte de esas nociones tenían un sentido particular y preciso en la época, que difieren en distintos grados del que puedan tener hoy día. Una lista posible y 3 4

HELG, Aline, Liberty and equality in Caribbean Colombia, 1770-1835, Chapel Hill - Londres, The University of North Carolina Press, 2004, p. 18. CASTRO-GÓMEZ, Santiago, La hybris del punto cero. Ciencia, raza e ilustración en la Nueva Granada (1750-1816), Bogotá, Editorial Javeriana - Instituto Pensar, 2005.

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representativa de las nociones acotadas incluye términos tales como orden público, orden social, sociedad, suciedad, civilización, progreso, civil, civilidad, higiene, pulicia, policía y medicalización. Igualmente, estos términos están referenciados a las antípodas suciedad-orden y sus correlatos discursivos en los polos de barbarie y civilización respectivamente. Se aprecia una clara correspondencia y una relación causal entre el escenario introductorio propuesto, el desarrollo de los distintos capítulos y la reflexión final. Incluso se advierten algunas limitaciones o dificultades con fuentes y ejercicios interpretativos, que cumplen la tarea de no crear falsas expectativas sobre temas específicos. En este orden de ideas, cabe anotar que el escenario de la suciedad y el orden supuso la emisión en Europa y la adopción en la Nueva Granada de todo un corpus discursivo, jurídico, científico y reglamentarista de ideas, textos, planes y proyectos, que no fueron asumidos mecánicamente por los “ilustrados” neogranadinos, sino que su recepción sufrió una especie de “aclimatación” americana, la que si bien no fractura la ideología europea/occidental originaria, sí la transforma y hasta la enriquece. En consecuencia, este texto vendría a engrosar una historiografía que ha venido haciendo aportes relevantes y proponiendo polémicas insoslayables sobre la manera y las condiciones desde las cuales los “criollos” neogranadinos asumieron la Ilustración europea. A propósito de estos fenómenos de adopción y recepción, el estudio señala y analiza los problemas y las tensiones que se presentaron entre distintos niveles de la administración colonial en el momento de entender o aplicar el conjunto de reformas sanitarias emitidas. Si no es el primero, es de los análisis originales que “leen” a los ilustrados y a los criollos desde otros ángulos distintos a los tradicionales o apologéticos y en función del tema del cuerpo, la ciudad y las reformas sanitarias. Lo otro que es notorio es la permanente preocupación por historiar y contextualizar conceptos, teorías, escuelas, manuales, dictámenes, políticas, anudando en todo ello a Europa, España, Hispanoamérica y a la Nueva Granada. Por último, cabría anotar que Suciedad y orden coadyuva a entender las pautas de recepción y aprehensión que imperaron en el interior de las elites en el proceso de apropiación de discursos y teorías europeas, así como la tensión política que ello pudo generar a nivel de la burocracia -central y local- y de los sectores subalternos, para poder percibir finalmente que “Babel siempre será mejor que una lengua única sobre la tierra” (p. 275).

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Notilibros - Notired Sección a cargo de Martha Lux y Muriel Laurent. H QUEVEDO ALVARADO, María Piedad, Un cuerpo para el espíritu: Mística en la Nueva Granada, el cuerpo, el gusto y el asco 1680-1750, Bogotá, Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), 2007, 253 pp. Este texto toma como fuentes la vida de cuatro monjas neogranadinas, escritas entre finales del siglo XVII y la primera mitad del XVIII en la Nueva Granada y, emprende un estudio de la experiencia mística a través de los discursos del cuerpo, el gusto y el asco que dichos textos contienen. La idea del cuerpo como objeto de penitencia, profundamente arraigada en el imaginario colonial del siglo XVII, es central en la escritura de las monjas y fundamentó la construcción de un discurso de la espiritualidad que guiaba la vida conventual y que, por medio del gusto y el asco, buscaba el control sobre los comportamientos sociales y la adopción de las virtudes cristianas. La influencia de estos textos en los usos de la sociedad colonial evidencia el lugar de los conventos en la vida pública urbana de los siglos XVII y XVIII y la experiencia barroca de la fe, promoviendo el ideal de la santidad, el modelo de comportamiento femenino y la imagen del cuerpo místico como ágape y como lugar de cohesión social. : ABELLO VIVES, Alberto (comp.), Un Caribe sin Plantación. Memorias de la cátedra del Caribe colombiano, San Andrés, Universidad Nacional de Colombia (sede Caribe) - Observatorio del Caribe Colombiano, 2006, 191 pp. Este libro es una compilación de las memorias de la primera versión virtual de la Cátedra del Caribe Colombiano, desarrollada por la Universidad Nacional de Colombia, sede San Andrés, y el Observatorio del Caribe Colombiano con sede en Cartagena. Estas entidades han unido sus esfuerzos para el estudio de las relaciones e intercambios entre esta región de Colombia y lo que se ha denominado el Gran Caribe. Los profesores e investigadores participantes fueron convocados a debatir sobre la inexistencia del sistema de plantaciones esclavistas y azucareras en el Caribe neogranadino. El tema es abordado desde la Historia, la Economía, la Geografía y la Biología. P RODRÍGUEZ, Pablo y MANNARELLI, María Emma (coord.), Historia de la infancia en América Latina, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2007, 675 pp. Este libro es una obra novedosa sobre la infancia en América Latina en la que cerca de treinta autores respondieron a la invitación de los coordinadores de la obra para

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que escribieran ensayos relativos a momentos o problemas específicos de la historia de los niños. Las preguntas que guían este extenso y minucioso libro son las de cuál fue la vida de los niños en el pasado latinoamericano y qué han significado ellos para sus sociedades. En el conjunto de la obra se reconoce la influencia de Philippe Ariés, historiador francés que postuló que la noción de la infancia era una construcción reciente, moderna y que la gente vivía junto a los niños sin saber que estos estaban en una edad y una dimensión emocional y mental específicas. U MORENO YÁNEZ, Segundo E. y BORCHART de MORENO, Christiana (eds.), Alexander von Humboldt. Diarios de viaje en la Audiencia de Quito, Quito, Occidental Exploration and production Company (OXY), 2005, 340 pp. Esta publicación, que contiene traducciones del alemán y del francés hechas por una especialista en Humboldt y en historia colonial ecuatoriana, resulta de crucial importancia para los estudios americanistas. En sus viajes Humboldt descubrió y estudio con precisión las diferentes culturas de los pueblos que visitó. Sus encuentros con notables personalidades durante su viaje por el continente americano dan cuenta de su aguda curiosidad científica. Además de la condena al colonialismo, escrita por Humboldt durante su estadía en Guayaquil a comienzos de 1803, y de su texto sobre el intento de ascender a la cumbre del Chimborazo, acompañan al Diario algunas cartas de quiteños ilustres incluidas las fragmentarias anotaciones del Biaje de Quito a Lima de Carlos Montúfar, escritas por el prócer quiteño durante su viaje con Humboldt y Bonpland. ! NIETO OLARTE, Mauricio, Orden natural y orden social. Ciencia y política en el Semanario del Nuevo Reyno de Granada, Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia - Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2007, 436 pp. El estudio del Semanario que se presenta en este libro fue concebido como una investigación en el campo de la historia de las ciencias con un supuesto teórico central: la inseparabilidad de los campos de la política y el conocimiento. Así, uno de los propósitos principales del libro es mostrar que las prácticas y los discursos científicos deben ser entendidos como prácticas políticas, entendiendo lo político en términos de la capacidad de constitución de sujetos y objetos estables en un orden jerarquizado. El libro es también un ejercicio teórico, sin que por ello deje de ser una investigación empírica que se enmarca tanto en el campo de la historia de las ciencias como de la historia política. Los supuestos teóricos presentados en el texto son instrumentos de trabajo que sirven para explicar los proyectos científicos de comienzos del siglo XIX.

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B GARCÍA SÁNCHEZ, Bárbara Yadira, De la educación doméstica a la educación pública en Colombia. Transiciones de la Colonia a la República, Bogotá, Universidad Distrital Francisco José de Caldas - Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja (UPTC) Rudecolombia, 2007, 482 pp. Este libro explora la transición de la educación doméstica a la educación republicana en la Nueva Granada entre 1770 y 1830. El tema es abordado desde una perspectiva socio-histórica, tomando como punto de partida la posición de las familias frente al nuevo proyecto de educación republicana que se planteó en la Gran Colombia. Hasta el surgimiento de la República, la educación familiar o doméstica fue la forma tradicional como los hijos accedieron a la cultura letrada. A consecuencia de los diferentes procesos de cambio social que llevan a la instauración de un nuevo orden político, la instrucción pública se asume como cuestión de Estado, desplazando de esta función a la familia. d MARTÍNEZ GARNICA, Armando, La agenda Liberal temprana en la Nueva Granada (1800-1850), Bucaramanga, Universidad Industrial de Santander, 2006, 224 pp. La recepción de la Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en sus tres versiones políticas (1789, 1793 y 1795), fue temprana e impregnó todas las cartas constitucionales de las provincias que se erigieron en estados durante la Primera República. en una lejana villa de comerciantes, El Socorro. Las Instrucciones dadas en 1809 al diputado que iría a representar al Nuevo Reino de Granada en la Junta Suprema de España y las Indias se convirtieron en un programa de reformas sociales de corte liberal. Antes de 1810, la promoción del amor a la patria en la prensa y las convocatorias a organizar sociedades económicas de amigos del país se habían expresado ante la naciente opinión pública. r GARTNER, Álvaro, Los místeres de las minas. Crónica de la colonia europea más grande de Colombia en el siglo XIX, surgida alrededor de las minas de Marmato, Supía y Riosucio, Manizales, Universidad de Caldas, 2005, 475 pp. Se plantea en el texto como sirvieron los yacimientos auríferos y argentíferos de Marmato y Supía para financiar la guerra de Independencia. Los gobernantes de la recién creada República de Colombia vieron en esos minerales una fuente de financiación y para obtener préstamos las entregaron en arrendamiento y las vendieron a los ingleses, siempre dispuestos a prestar dinero para combatirlos. Por esa causa, hacia 1827 el metalurgista francés Juan Bautista Boussingault trajo centenar y medio de mineros oriundos de la localidad inglesa de Cornwalles a trabajar en las minas de Marmato y en las aguas del río Supía. Luego vino más gente de toda clase y condición,

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desde médicos, ingenieros, capataces y mineros expertos, hasta aprendices. Algunos extranjeros se quedaron y contrajeron matrimonio en el país y varios emigraron, especialmente hacia Medellín. a ÁLVAREZ HOYOS, María Teresa, Elites intelectuales en el sur de Colombia, Pasto, Rudecolombia - Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - Universidad de Nariño - Asociación colombiana de Universidades (ASCUN), 2007, 552 pp. La generación de 1904 fue una generación decisiva en la historia del sur de Colombia; estuvo conformada por un grupo de intelectuales de la Provincia de Pasto que inició su formación en las últimas décadas del siglo XIX y, cuya acción y pensamiento fueron definitivos para introducir procesos modernizadores a comienzos del siglo XX. En la gestación de esta generación jugaron un papel fundamental el deseo de lograr la autonomía para la región, la necesidad de reivindicar la posición de Pasto en la Independencia y el interés compartido por introducir un proyecto modernizador bajo los ideales del progreso que habían concretado bajo el lema “paz, caminos y educación”. Esta elite se dedicó a reflexionar sobre la región y pensar que la educación les permitiría acceder a los beneficios del progreso. G GÁLVEZ ABADÍA, Aída Cecilia, Por obligación de conciencia. Los misioneros del Carmen Descalzo en Urabá (Colombia), 1918-1941, Bogotá, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario - Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), 2006, 216 pp. La evangelización de los grupos étnicos de Urabá en las primeras décadas del siglo XX estuvo a cargo de los carmelitas descalzos, quienes reforzaron su legitimidad recurriendo a la socialización de sus penalidades en la región. La vinculación de estos religiosos extranjeros al país estuvo salpicada por disputas jurisdiccionales con el clero local, agravadas por su percepción de un adverso Urabá. La permanencia de los religiosos en Urabá se encontró cargada de ambivalencias debido a que éstos, por un lado, buscaban mantener la prefectura apostólica en la región y, por otro lado, la percibían como una peligrosa selva poblada de salvajes, que atentaba contra su preservación personal. ^ CÁRDENAS, Nicolás y URIBE, Simón, La guerra de los Cárdenas y los Valdeblánquez. Estudio de un conflicto mestizo en la Guajira. 1970-1989, Bogotá, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), Universidad Nacional de Colombia, 2007, 296 pp. Este libro analiza la guerra entre los Cárdenas y Valdeblánquez, dos familias oriundas de Dibulla, un pueblo de la Guajira ubicado a orillas del mar Caribe. Aunque este no

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fue el único enfrentamiento entre familias guajiras, su manejo por parte de la prensa lo difundió a nivel nacional. El estudio pone de relieve elementos estructurales de la sociedad en la que se desarrolló, de las dinámicas sociales de comunidades mestizas, en las que el parentesco constituye una de las estructuras sociales más relevantes. La guerra entre estas dos familias fue un conflicto de honor que se desarrolló por fuera de la regulación legal, en el que la venganza se constituyó en el elemento tradicional de hacer justicia. La dinámica del enfrentamiento tuvo efectos en la forma como posteriormente se manejaron las disputas familiares en la Guajira. > BETANCOURT, Alexander, Historia y nación, Medellín, La Carreta Histórica, 2007, 293 pp. En este texto, el autor explica cómo se consolidó la escritura de la historia en el siglo XIX en torno al afán de alcanzar la unidad nacional y como avanzó un buen trecho del siglo XX apoyada en la necesidad de alcanzar el anhelado “desarrollo”. Reflexiona también sobre las crisis de los paradigmas a fines de los años ochenta y concluye con un análisis sobre la necesidad y trascendencia de revisar los fundamentos de la Nación, que la construcción del pasado en Colombia había aceptado sin analizar ni cuestionar. En este trabajo se ponderan tanto los trabajos metodológicos como los diversos usos políticos de la escritura de la historia dentro del ámbito social y cultural colombiano del siglo XX. . SILVA, Renán, A la sombra de Clío, Medellín, La Carreta Editores, 2007, 314 pp. En estos ensayos, el autor parte de considerar que el análisis histórico es inseparable de la reflexión sobre los problemas de método, de técnica y de interpretación y, de manera estricta, del trabajo de orden epistemológico. A partir de estas premisas, denuncia la existencia de una mala tradición, aceptada de manera pasiva por los historiadores, que consiste en que haya, de un lado, practicantes del oficio que, ocupados en el trabajo de archivo, no reflexionan sobre su práctica, ni sobre el producto de lo que hacen en tanto resultado de conocimiento, mientras que, del otro lado, se encuentra la sabiduría diletante de quienes, desde fuera del trabajo, casi siempre amparados en lo que con bastante desorientación llaman “teoría”, se erigen como un tribunal que juzga los resultados de un oficio del que desconocen casi todo. Por lo tanto, el autor insiste en la necesaria convergencia, en el oficio, de las perspectivas teóricas y de los dispositivos prácticos en que se concretan. 3 http://www.historiaenmapas.blogspot.com/ Este blog está dedicado a la concepción espacial de la historia y a la utilización de las herramientas cartográficas en la formación, investigación y comunicación del trabajo del historiador. Contiene numerosos vínculos a recursos web multimedia, a colecciones

Hist.Crit. No. 34, Bogotá, julio-diciembre 2007, 286 pp. ISSN 0121-1617 pp. 257-262

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de mapas y artículos online y a avances de investigación de los proyectos del politólogo e historiador Sebastián Díaz Ángel en materia de cartografía temática sobre historia, teoría social y cultural de la cartografía, e historia de las prácticas cartográficas. % http://www.razoncartografica.wordpress.com/ Este blog es el recurso web de Razón Cartográfica, Red de historia de las geografías y cartografías de Colombia, que tiene como objetivo principal promover, articular y difundir la historia del pensamiento y de las prácticas geográficas en Colombia, poniendo particular énfasis en el estudio de la producción, la circulación y el consumo del tipo de imágenes del mundo que constituyen (y son configuradas por) mapas, instituciones geográficas y racionalidades cartográficas. El blog contiene noticias de la red, bibliografías, directorios de investigadores, colecciones de mapas y de documentos online, enlaces a sitios de interés, y diversidad de recursos web sobre historia de la cartografía y la geografía de Colombia, Latinoamérica y el mundo.

Historia Crítica No. 34, Bogotá, julio-diciembre 2007, 286 pp. ISSN 0121-1617 pp. 257-262

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Tabla de contenido

María José Afanador Llach, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia La obra de Jorge Tadeo Lozano: apuntes sobre la Ciencia Ilustrada y los inicios del proceso de Independencia

8-31

32-61

Gilberto Loaiza Cano, Universidad del Valle, Cali, Colombia El maestro de escuela o el ideal liberal de ciudadano en la reforma educativa de 1870

62-91

Sergio Paolo Solano de las Aguas y Roicer Alberto Flórez Bolívar, Universidad de Cartagena, Colombia Resguardos indígenas, ganadería y conflictos sociales en el Bolívar Grande, 1850-1875

Revista del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes http://historiacritica.uniandes.edu.co/ BOGOTA, COLOMBIA

Dossier. Siglo XIX: sociedad, educación y poder

ISSN 0121-1617

Artículos

Julio - Diciembre 2007

5-6

92-117

Nils Jacobsen, University of Illinois, Urbana-Champaign, Estados Unidos ‘Liberalismo tropical’: cómo explicar el auge de una doctrina económica europea en América Latina, 1780-1885

118-147

Stefania Gallini, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia El siglo decimonónico latinoamericano en la Red

148-158

160-183

Hugo Fazio Vengoa, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia La historia del tiempo presente y la modernidad mundo

184-207

208-231

Ensayo bibliográfico Abel I. López Forero, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia Censura en la universidad medieval

232-247

252-256

Notilibros - Notired Índice cronológico Convocatoria Acerca de la revista Normas para los autores

257-262 263-265 266 267 268-272

Revista del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes

Carta a los lectores

248-252

Julio - Diciembre 2007 Tarifa Postal Reducida No. 2007-109 Servicios Postales Nacionales S.A. Vence 31 de Dic. 2007 Precio $ 10.000