Historia Crítica No. 47

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Mayo-Agosto 2012 Precio $30.000

Dossier: Construcci贸n estatal y respuestas sociales en Am茅rica Latina, siglo xix

Universidad de los Andes Cra 1 Nº 18 A - 10 Bogotá, Colombia tel. +57(1) 339 49 49 http://www.uniandes.edu.co/home-visitantes/

Imagen de portada Carmelo Fernández, Arriero y tejedor de Vélez: Provincia de Santander 1850.

En Biblioteca Nacional, Fondo Comisión corográfica.

N° 47

Mayo - Agosto 2012

Revista del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes BogotĂĄ, Colombia

Tabla de contenido Carta a los lectores

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Artículos Dossier: Construcción estatal y respuestas sociales en América Latina, siglo xix Luz Angela Núñez Espinel, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia Presentación del dossier “Construcción estatal y respuestas sociales en América Latina, siglo xix” Gabriel Cid, Universidad Diego Portales, Santiago, Chile Ritos para una nueva legitimidad: ceremoniales constitucionales y republicanismo en Chile (1812-1833) Juan Carlos Vélez Rendón, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia “Desconductadas costumbres” y “semillas de la discordia”. Prácticas de oposición y resistencia a los jefes políticos en el nordeste de Antioquia (1821-1843) María Lucrecia Johansson, ises-conicet, San Miguel de Tucumán, Argentina Paraguay contra el monstruo antirrepublicano. El discurso periodístico paraguayo durante la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870) Yolanda de Paz Trueba, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Tandil, Argentina Alimento, techo, educación y… ¿maltrato? La preocupación por los niños y niñas pobres en el centro bonaerense a finales del siglo xix y principios del xx Espacio estudiantil Wilson Ferney Jiménez Hernández, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia El Papel Periódico Ilustrado y la configuración del proyecto de la Regeneración (1881-1888) Tema Abierto Manolo Florentino, Universidad de Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Una lógica demográfica elástica: El abolicionismo británico y la plantación esclavista en Brasil (1789-1850) Adrián Serna Dimas, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia, y Diana Gómez Navas, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia El Carmelo: Historia de una antigua barriada bogotana en la cuenca del río Arzobispo (1900-1934) Fabio Moraga Valle, cela-unam, México d.f., México El Congreso de Estudiantes Latinoamericanos de Santiago. Antiimperialismo e indoamericanismo en el movimiento estudiantil chileno (1935-1940) Reseñas Renán Silva, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia Schmitt, Jean-Claude. La raison des gestes dans l’Occident médiéval. París: Gallimard, 2008. Óscar Barrera, El Colegio de México, México d.f., México Böttcher, Nikolaus, Bernd Hausberger y Max. S. Hering Torres, coordinadores. El peso de la sangre.

Limpios, mestizos y nobles en el mundo hispánico. México: El Colegio de México, 2011.

Julio César Zuluaga, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia Palacios, Marco. ¿De quién es la tierra? Propiedad, politización y protesta campesina en la década de 1930. Bogotá: fce/Universidad de los Andes, 2011.

Notilibros Acerca de la revista Normas para los autores

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Carta a los lectores

Carta a los lectores La consolidación académica de Historia Crítica se evidencia en la recepción de gran cantidad de artículos durante las convocatorias que se abren para cada número. Buena parte de los trabajos que recibimos

proceden de investigadores vinculados a universidades e instituciones de diversos países de América Latina, artículos pensados desde diversas temáticas, perspectivas metodológicas y usos de fuentes. Como se menciona en la introducción al dossier, fue una interesante coincidencia que al cerrar el proceso de selección de los textos de este número existiera una unidad temática y metodológica: historia política de América Latina en el siglo xix. Por esta razón, el Comité Editorial de la Revista decidió que este número fuera un dossier, y le encargó la tarea de organizarlo e introducirlo a nuestra editora Luz Ángela Núñez. Además de mantener permanente contacto con los autores y artículos, Luz Ángela es especialista en esta área, de la cual ha sido profesora e investigadora.

El título del dossier, “Construcción estatal y respuestas sociales en América Latina, siglo xix”, recoge con precisión los intereses de la propuesta. Como bien se describe en la presentación, los cinco artículos tienen como núcleo la pregunta por la construcción del Estado-nación a partir de dos cuestiones: las estrategias de legitimización y las respuestas a los intentos de centralización estatal. En su conjunto, este dossier destaca la importancia temática y la inagotable pregunta por la constitución de los Estados nacionales, tan vigente hoy día. De ellos sólo quisiera destacar dos aspectos historiográficos: el tránsito de lo colonial a lo republicano y las formas como se construye legitimidad a partir de la prensa y las prácticas sociales.

Este número también incluye tres artículos de tema abierto. El primero de ellos, de Manolo Florentino de la Universidad de Rio de Janeiro, es un interesante aporte al estudio demográfico sobre la esclavitud en Brasil del siglo xix, donde trata las respuestas de los hacendados a las presiones británicas que abogaban por el final de la trata esclavista.

Por su parte, Adrian Serna Dimas y Adriana Gómez Navas (Universidad Distrital Francisco José de Caldas) indagan el destino de un barrio obrero

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Carta a los lectores

bogotano de la primera mitad del siglo xx, que se encontraba en una de las zonas que privilegió el crecimiento y modernización de la ciudad.

Finalmente, Fabio Moraga Valle, de la unam, reconstruye un congreso de estudiantes en Santiago de Chile en la década de 1930, con el cual quiere dar razón de las confrontaciones ideológicas entre comunismo e “indoamericanismo”. Estos artículos dejan ver la riqueza de los acercamientos a la historia de América Latina y sus fuentes.

Este número de Historia Critica tiene una novedad: publicamos por vez primera un artículo en portugués, Uma lógica demográfica elástica: o abolicionismo britânico e a plantation escravista no Brasil (1789-1850), de Manolo Florentino. Como lo anunciamos anteriormente, publicar en portugués hace parte de las nuevas políticas editoriales de la Revista. El próximo número será de “Tema Abierto”, que incluye la habitual riqueza de temas y problemas, con artículos que abordan el cine, el arte conceptual, la historia militar y política, teoría de la imagen y el territorio. Abriremos el 2013 con un dossier, “Re-flexionar el pasado. Teoría e historiografía”.

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Presentación del dossier “Construcción estatal y respuestas sociales en América Latina, siglo xix” doi: 10.7440/histcrit47.2012.02

Luz Angela Núñez

Editora de la revista Historia Crítica de la Universidad de los Andes. Licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional (Bogotá, Colombia), Magíster y candidata a doctora en Historia de la Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia). Miembro del grupo de investigación Historia del Tiempo Presente (Categoría A1 en Colciencias). Coautora de Petroleo y protesta obrera. La uso y los trabajadores petroleros en Colombia, 2 vols. (Bogotá: Corporación Aury Sará, 2009). la.nunez30@uniandes.edu.co

Este dossier, dedicado al tema “Construcción estatal y respuestas sociales en América latina, siglo xix”, no responde a una convocatoria previa del Comité Editorial para que los estudiosos del área enviaran sus contribuciones, como de manera usual ocurre en la revista. Los trabajos originalmente fueron enviados para la sección de “Tema Abierto”, pero cuando se organizó el listado de aquellos que serían publicados, se hizo evidente que compartían en cierta medida el mismo tema de investigación y se planteaban preguntas comunes. Con aproximaciones y metodologías diversas, cada autor se interroga por las formas de difusión y legitimación los proyectos estatales decimonónicos y las respuestas locales o ciudadanas a dichas iniciativas. ¿Azar, casualidad? Pregunta difícil de responder; pero sin duda, esta situación evidencia una línea de trabajo de gran dinámica en la historiografía latinoamericana, sobre la cual es oportuno reflexionar.

En un célebre artículo, publicado originalmente en 1983, Jacques Le Goff se preguntaba: “¿Es todavía la política el esqueleto de la historia?”1. La respuesta del historiador de Annales enfatizaba en las serias limitaciones de una vieja historia política que se resistía a desaparecer, pero al mismo tiempo señalaba unas perspectivas promisorias para el desarrollo de una nueva historia política gracias al desplazamiento del eje teórico e investigativo hacia la noción de “poder”. Casi tres décadas más tarde, los desarrollos de la historiografía permiten constatar que Le Goff no se equivocaba en sus apreciaciones.

1 Jacques Le Goff, “¿Es todavía la política el esqueleto de la historia?”, en Lo maravilloso y lo cotidiano en el Occidente medieval (Barcelona: Gedisa, 1996), 163-178.

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Presentación del dossier “Construcción estatal y respuestas sociales en América Latina, siglo XIX"

Desde ese momento hasta la actualidad, las reflexiones teóricas y las investigaciones empíricas sobre el tema se han desarrollado con gran rapidez. En América Latina —para circunscribirnos al lugar de producción de los artículos que presentamos—, no sólo se puede constatar el fortalecimiento de la historia política como subcampo disciplinar, sino que “lo político” ocupa un lugar central en las indagaciones que se hacen desde otras áreas de la historia, como lo evidencian los artículos incluidos en este número temático. Aunque el momento de cambio suele situarse en los años noventa, el proceso de transformación se había iniciado en la

década anterior con la publicación de algunos trabajos sobre el siglo xix que llegarían a ser muy influyentes en la historiografía latinoamericana2.

Aunque no se puede hablar del surgimiento de una escuela, con marcos teóricos y metodologías unificadas, desde diferentes perspectivas se ha dado una verdadera “vuelta de tuerca” para abordar un tema clásico de la historiografía latinoamericana: la formación del Estadonación. Este proceso ya no se asimila de manera exclusiva al aparato estatal, a las elecciones, a las formas de representación y a los discursos que el Estado construye sobre sí mismo. Cada vez más, los investigadores nos muestran que es necesario situarse en aquellas perspectivas en las que el Estado se constituye en “un espacio de negociación continua entre los seres humanos”3.

Esto implica analizar la capacidad de acción política de los grupos en contextos sociales donde el poder se encuentra repartido de manera desigual, la producción de discurso, las formas de creación de hegemonía y consenso, las prácticas culturales y las formas de adhesión o de resistencia de algunos sectores sociales, entre otros.

Los cinco artículos que conforman este dossier siguen con acierto esta perspectiva y logran cierto nivel de unidad alrededor de dos preguntas sobre la construcción durante el largo siglo xix del Estado-nación en algunos países de América Latina (Chile, Paraguay, Colombia, Argentina). Tres de ellos indagan cuáles fueron las estrategias desplegadas para lograr la legitimidad de un proyecto estatal y los otros dos analizan las respuestas locales a los intentos de centralización estatal.

El primer grupo revisa algunas estrategias desplegadas “desde arriba” —a través del teatro del poder o de la pedagogía cívica— para generar consenso y legitimidad política. En un artículo donde se relaciona la historia política con el estudio de la simbología y los rituales del poder, Gabriel Cid concluye que la ruptura ideológica y política de la independencia chilena

2 Nos referimos principalmente, aunque no de manera exclusiva, a los trabajos de Florencia Mallon, The defense of community in Peru’s Central Highlands: Peasant struggle and capitalist transition (Princenton: Princenton University Press, 1983), y François-Xavier Guerra, Le Mexique: de l’ancien régime à la révolution (Paris: L’Harmattan, 1985).

3 Romana Falcón, “‘Jamás se nos ha oído en justicia…’ Disputas plebeyas frente al Estado nacional en la segunda mitad del siglo xix”, en La arquitectura histórica del poder. Naciones, nacionalismo y estados en América Latina. Siglos xviii, xix y xx, coords. Antonio Escobar, Romana Falcón y Raymond Buve (México: El Colegio de México, 2010), 255.

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Luz Ángela Núñez Espinel

no implicó un cambio en las prácticas que dotaban de legitimidad el ejercicio del poder. El autor muestra cómo el naciente Estado afrontó el reto de hacer inteligible el tránsito del orden monárquico al orden republicano creando instancias de legitimación simbólica y ritual para un público mayoritariamente analfabeta, que paradójicamente seguían las formas rituales del poder del Antiguo Régimen, en particular la ceremonia de jura al rey.

María Lucrecia Johansson y Wilson Ferney Jiménez estudian el papel de la prensa en la construcción de “comunidades imaginadas” que dotaran de legitimidad al Estado paraguayo durante

la guerra de la Triple Alianza y al proyecto de la Regeneración en Colombia durante la década de 1880, respectivamente. En el artículo “Paraguay contra el monstruo antirrepublicano. El discurso periodístico paraguayo durante la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870)”, Johansson analiza este episodio central en la historia política del Paraguay mostrando que el gobierno de Francisco Solano López no se ocupó sólo del aspecto militar, sino que el combate contra el enemigo exterior que amenazaba la república (Brasil, Argentina y Uruguay) se libró también en los periódicos de trinchera. Ésta fue una modalidad periodística novedosa introducida en el contexto de la guerra, mediante la cual se buscaba regular las conductas y modelar las representaciones sociales para que fueran favorables a la acción del Estado y reconocieran en Francisco Solano López al único capaz de dirigir los destinos de la nación. El ideario republicano como fuente de legitimidad política, que establece Gabriel Cid para el caso chileno, aparece como uno de los repertorios más utilizados por la prensa durante la guerra de la Triple Alianza, al enfatizar la oposición entre Brasil como un imperio monárquico y esclavista, y Paraguay como encarnación del ideario republicano y de la democracia.

Wilson Ferney Jiménez analiza, a propósito del caso colombiano, otra arista del uso de la prensa en los proyectos políticos decimonónicos. No se trata de una empresa editorial impulsada por el Estado, sino por intelectuales provenientes de los dos partidos tradicionales (Liberal y Conservador) que tratan de difundir el ideario regeneracionista. En “El Papel Periódico Ilustrado y la configuración del proyecto de la Regeneración (1881-1888)” se argumenta que para este propósito fueron claves los textos históricos y las representaciones visuales incluidos en el periódico porque hicieron una relectura de la historia nacional en clave de los elementos que los partidarios de la Regeneración buscaban situar como fundamento del orden social: el catolicismo y la herencia española.

Como se mencionó con antelación, los otros dos artículos que componen el dossier se sitúan en una perspectiva diferente y nos permiten ver las respuestas de actores locales a los procesos de expansión y centralización estatal en la Nueva Granada y Argentina. Éstos son los trabajos de Juan Carlos Vélez Rendón, “‘Desconductadas costumbres’ y ‘semillas de la discordia’. Prácticas de oposición y resistencia a los jefes políticos en el nordeste de Antioquia (1821-1843)”, y de Yolanda de Paz Trueba, “Alimento, techo, educación y… ¿maltrato? La preocupación por los niños y niñas pobres en el centro bonaerense a finales del siglo xix y principios del xx”.

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Presentación del dossier “Construcción estatal y respuestas sociales en América Latina, siglo XIX"

Juan Carlos Vélez analiza los intentos de control social, político y administrativo del gobierno central neogranadino sobre la región del nordeste antioqueño y las diversas formas de resistencia adoptadas por los pobladores para mantener ciertos márgenes de autonomía local. Gracias a un riguroso análisis de la documentación, el autor reconstruye los límites de las nociones republicanas de igualdad y ciudadanía en los funcionarios públicos, quienes en el ejercicio de sus cargos reproducen visiones peyorativas y excluyentes sobre “los otros”, que habitan en una zona de frontera interna. Pero Vélez también analiza el abanico de estrategias desplegadas por

servidores locales y pobladores que obstaculizaban la labor de los agentes estatales o se negaban a obedecerles. Este artículo parece reafirmar la idea de que la vinculación de los sectores subalternos fue clave en los primeros años de vida republicana —a pesar de la resistencia que esto generaba entre las élites políticas— y que sus formas de relación con lo público aportan valiosas lecciones para comprender la historia del Estado-nación4.

El trabajo de Yolanda de Paz Trueba, siguiendo una perspectiva cercana a la historia social, concluye que para finales del siglo xix y comienzos del xx, los vecinos del centro y sur de la Provincia de Buenos Aires mostraban una sensibilidad adversa al maltrato infantil que se encontraba en sintonía con los esfuerzos estatales para fomentar una serie de instituciones públicas orientadas al cuidado y la protección de la infancia. Esta situación da cuenta de los avances en la construcción del Estado-nación argentino, pero la autora no parece respaldar la hipótesis de una expansión progresiva e idílica de una especie de Estado de bienestar en el Cono Sur. Por el contrario, pone en evidencia las limitaciones del aparato estatal, las dificultades materiales de los funcionarios públicos para cumplir con su labor, y la necesaria adaptación del proyecto a una realidad en la que muchos infantes debían vincularse al mercado laboral. Para la autora, los vecinos fueron claves porque actuaron como mediadores entre las situaciones y el Estado.

No pretendemos afirmar que los trabajos presentados respondan de manera definitiva a las múltiples preguntas que suscita el largo e inacabado proceso de construcción estatal en América Latina. Pero la feliz coincidencia que llevó a la organización de este número temático muestra la existencia de problemas históricos e historiográficos comunes, sobre los cuales es necesario tender puentes y fomentar el debate académico entre los historiadores de la región.

Esperamos que los artículos que presentamos contribuyan en esa dirección.

4 Ernesto Bohoslavsky y Milton Godoy Orellana, “Ideas para la historiografía de la política y el Estado en Argentina y Chile, 1840-1930”, en Construcción estatal, orden oligárquico y respuestas locales. Argentina y Chile, 1840-1930, eds. Ernesto Bohoslavsy y Milton Godoy Orellana (Buenos Aires: Prometeo/Universidad Nacional de General Sarmiento, 2010), 21.

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Luz Ángela Núñez Espinel

Bibliografía Bohoslavsky, Ernesto y Milton Godoy Orellana. “Ideas para la historiografía de la política y el Estado en Argentina y Chile, 1840-1930”. En Construcción estatal, orden oligárquico y respuestas locales. Argentina y Chile, 1840-1930. Editado por Ernesto Bohoslavsky y Milton Godoy Orellana.

Buenos Aires: Prometeo/Universidad Nacional de General Sarmiento, 2010, 15-34.

Falcón, Romana. “‘Jamás se nos ha oído en justicia…’ Disputas plebeyas frente al Estado nacional en la segunda mitad del siglo xix”. En La arquitectura histórica del poder. Naciones, nacionalismo y estados en América Latina. Siglos xviii, xix y xx. Coordinado por Antonio Escobar, Romana Falcón y Raymond Buve. México: El Colegio de México, 2010, 255-276.

Guerra, François-Xavier. Le Mexique: de l’ancien régime à la révolution. Paris: L’Harmattan, 1985.

Le Goff, Jacques. “¿Es todavía la política el esqueleto de la historia?”. En Lo maravilloso y lo cotidiano en el Occidente medieval. Barcelona: Gedisa, 1996, 163-178.

Mallon, Florencia. The defense of community in Peru’s Central Highlands: Peasant struggle and capitalist transition. Princenton: Princenton University Press, 1983.

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Ritos para una nueva legitimidad: ceremoniales constitucionales y republicanismo en Chile (1812-1833)❧

Gabriel Cid

Docente y coordinador Académico del programa de Historia de las Ideas Políticas en Chile de la Universidad Diego Portales (Santiago, Chile). Magíster en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile (Santiago, Chile). Investigador asociado al Proyecto y red de investigación en Historia conceptual comparada del mundo iberoamericano (iberconceptos) de la Universidad del País Vasco (Bilbao, España). Autor de La Guerra contra la Confederación. Imaginario nacionalista y memoria colectiva en el siglo xix chileno (Santiago: Universidad Diego Portales, 2011). Editó, junto con Alejandro San Francisco, Nacionalismos e identidad nacional en Chile. Siglo xx, 2 vols. (Santiago: Centro de Estudios Bicentenario, 2010) y Nación y Nacionalismo en Chile. Siglo xix, 2 vols. (Santiago: Centro de Estudios Bicentenario, 2009) gabriel.cid@udp.cl

Artículo recibido: 29 de marzo de 2011 aprobado: 4 de octubre de 2011 modificado: 6 de marzo de 2012

doi: 10.7440/histcrit47.2012.03

❧ Una versión preliminar de este artículo fue presentada en el simposio “Repúblicas y Monarquías en América Latina: Chile, México y Brasil, Siglo xix”, del Congreso Internacional Ciencias, Tecnología y Culturas. Diálogo entre las disciplinas del conocimiento. Universidad de Santiago, Chile, 30 de octubre de 2010. La investigación se financió con recursos propios.

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Ritos para una nueva legitimidad: ceremoniales constitucionales y republicansimo en Chile (1812-1833)

Ritos para una nueva legitimidad: ceremoniales constitucionales y republicanismo en Chile (1812-1833) Resumen Este artículo analiza los mecanismos rituales desplegados en Chile con ocasión de las juras de los textos constitucionales surgidos en el período comprendido entre 1812 y 1833. A través del estudio de estos ceremoniales políticos, de clara continuidad con las juras reales del régimen colonial, se pueden evidenciar los esfuerzos de la élite dirigente chilena por socializar el ideario republicano entre la población, posibilitando así el reemplazo simbólico de la figura del Rey por la de la Constitución como fuente de legitimidad del nuevo sistema político.

Palabras clave: Chile, siglo xix, Constitución, rito, república, monarquía, sistema político.

Rites for a new legitimacy: Constitutional ceremonies and republicanism in Chile (1812-1833) Abstract This paper analyzes the ritual mechanisms deployed in Chile on the occasion of the ratification of the constitutional texts which came to be in the period between 1812 and 1833. By studying these political ceremonies, which are clearly continuations of the royal oaths of the colonial regime, the efforts of the Chilean leading class to socialize the republican ideals among the population become evident, making it possible to symbolically replace the King for the Constitution as the source of legitimacy of the new political system.

Key Words: Chile, 19th Century, Constitution, rite, republic, monarchy, political system.

Ritos para uma nova legitimidade: cerimoniais constitucionais e republicanismo no Chile (1812-1833) Resumo Este artigo analisa os mecanismos rituais realizados no Chile devido às juras dos textos constitucionais surgidos no período compreendido entre 1812 e 1833. Mediante o estudo desses cerimoniais políticos, de clara continuidade com as juras reais do regime colonial, podem-se evidenciar os esforços da elite dirigente chilena por socializar o ideário republicano entre a população, possibilitando assim a substituição simbólica da figura do Rei pela da Constituição como fonte de legitimidade do novo sistema político.

Palavras-chave: Chile, século xix, Constituição, rito, república, monarquia, sistema político.

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Gabriel Cid

Ritos para una nueva legitimidad: ceremoniales constitucionales y republicanismo en Chile (1812-1833) Introducción

Los sucesos de Bayona en 1808 alteraron de forma crucial el mundo de los imaginarios polí-

ticos iberoamericanos. Fue una crisis inesperada que repercutió en distintos niveles de la vida pública americana. Uno de éstos fue el del imaginario político, que para los propósitos de este artículo es clave para comprender ciertas lógicas, dinámicas, rupturas y continuidades que la captura de Fernando vii produjo en América en general, y en Chile en particular.

La crisis monárquica tuvo dos problemas relacionados que afectaron tanto el imaginario como el desarrollo político de las décadas de 1810 y 1820. En primer lugar, la ausencia de la figura del rey significó la disolución de los vínculos que sustentaban la estructura de la monarquía hispánica. Ésta era, como todas las sociedades de Antiguo Régimen, un mosaico de grupos de todo tipo, formales e informales, imbricados y superpuestos, que en una estructura piramidal y en un orden ascendente se articulaba desde las unidades políticas más pequeñas, las villas, pasando por los municipios, los señoríos, los reinos y en cuya cúspide se encontraba la figura del rey.

Esta figura dotaba de inteligibilidad y coherencia al conjunto de unidades político-territoriales heterogéneas a ambas orillas del Atlántico. Con la vacatio regis originada en Bayona comenzaron a desmoronarse los vínculos políticos y simbólicos al interior del cuerpo político, dislocando así las tradicionales estructuras de identificación y referencia en el seno de la monarquía.

En segundo lugar, la desaparición imprevista del rey generó la retroversión de la soberanía hacia los pueblos, hecho sustentado teóricamente en una larga tradición pactista. Precisamente por el carácter imprevisto de los sucesos de 1808, y por esta tradición que emergió con nitidez ante este escenario, la crisis monárquica generó lo que Antonio Annino denomina como un “conflicto estructural entre soberanías diversas”, siendo una de sus materializaciones más evidentes el problema de la “obediencia política”1. En este sentido, uno de los problemas políticos cruciales generado inmediatamente en el período de la independencia fue cómo lograr que el poder volviese desde las bases político-territoriales, los “pueblos”, a establecerse como una relación jerárquica.

Una de las claves conceptuales para reorganizar jerárquicamente el problema del poder y de la obediencia política fue el surgimiento del paradigma constitucionalista. Nuestro

1 Antonio Annino, “Soberanías en lucha”, en Inventando la nación Iberoamérica. Siglo xix, coord. Antonio Annino y François-Xavier Guerra (México: fce, 2003), 156.

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planteamiento es que será precisamente la Constitución —como norma jurídica suprema, pero también en una dimensión simbólica— la que ocupará el lugar que detentaba la figura real en el imaginario monárquico del Antiguo Régimen en el nuevo paradigma republicano que emergió en Chile en la década de 1810. Analizaremos la construcción conceptual que hizo el republicanismo de la Constitución y examinaremos la manera como este nuevo imaginario fue socializado a la población mediante un conjunto de ceremoniales creados con esta finalidad.

1. La revolución conceptual y la emergencia del constitucionalismo

Como bien ha argumentado François-Xavier Guerra, el período de la Independencia americana fue una revolución en la medida que significó un amplio proceso de mutaciones culturales y políticas, que incluían “un nuevo vocabulario político y nuevas maneras de pensar al hombre, la sociedad, la autoridad, el gobierno, los valores”2. En efecto, esta inflexión entre los siglos xviii y xix dará lugar al surgimiento de nuevos conceptos, resemantizaciones de vocablos antiguos y de nuevas articulaciones políticas. El horror vacui que generaron los sucesos de Bayona en el imaginario político de los súbditos de la monarquía en ambos hemisferios posibilitó la explosión en la esfera pública de una serie de conceptos destinados a hacer inteligible políticamente ese inédito vacío de poder: nación, soberanía, representación, pueblos y constitución serían solamente algunas de las voces que animaron los debates de la década de 1810 y las siguientes3.

Si bien hacia 1810 el concepto de Constitución se empleaba en Chile en su sentido tradicional, es decir, como el conjunto de leyes dispuestas por la Corona para regir a sus vasallos4, la misma dinámica de la revolución posibilitó su articulación con otros conceptos innovadores, como el de soberanía y nación, politizando el concepto y enlazándolo paulatinamente con la tradición del republicanismo. Aunque este proceso no fue inmediato ni unidireccional, una de las claves de la rearticulación conceptual del constitucionalismo tuvo que ver con su inserción dentro de los debates en torno al ejercicio y legitimidad del poder, en ausencia del poder real. Así por ejemplo, en el sermón inaugural del primer Congreso Nacional, establecido el 4 de julio de 1811, el sacerdote Camilo Henríquez, uno

2 François-Xavier Guerra, “La ruptura originaria: mutaciones, debates y mitos de la Independencia”, en Visiones y revisiones de la Independencia americana, eds. Izakun Álvarez y Julio Sánchez (Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2003), 104.

3 Javier Fernández Sebastián, “Política Antigua-política moderna. Una perspectiva histórico-conceptual”, Mélanges de la Casa de Velázquez 1: 35 (2005): 166.

4 Alejandra Castillo, “Constitución-Chile”, en Diccionario político y social del mundo iberoamericano, ed. Javier Fernández Sebastián (Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2009), 354.

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Gabriel Cid

de los líderes intelectuales de la revolución chilena5, señaló la necesidad que tenía el país de dictar una “Constitución que rija el estado en la ausencia del rey”. El religioso explicaba la naturaleza de este procedimiento político: dado que la soberanía retrovertía en los pueblos, y ante el incierto escenario político y militar de la Monarquía, era necesario avanzar hacia medidas que resguardasen el orden público, siendo la principal la elaboración de una Constitución. Y aunque Henríquez se esmeró luego en señalar que con la promulgación de un código constitucional por el Congreso “el pueblo ni compromete su vasallaje, ni se aparta de la más escrupulosa justicia”, sostuvo también que Chile tenía la necesidad de actuar como una nación independiente de facto de España, por lo que debía administrar aquella “libertad que recibió de la naturaleza”. Y lo que es más importante, dentro de aquellas libertades de las que gozaban las naciones libres “el más caro atributo” era la “libertad de elegir la constitución que más convenga a sus actuales circunstancias”6.

El Reglamento Constitucional provisorio dictado en octubre de 1812 por el líder independentista José Miguel Carrera tenía sentencias análogas a las reflexiones de Henríquez, articulando esta voz con conceptos tales como soberanía, libertad y representación, ordenando en el artículo 3.o que el propio rey Fernando vii debía aceptar este código legal7. Esta filiación conceptual que hemos descrito sintéticamente —producto de su enunciación en un contexto de guerra independentista— marcó su distanciamiento del discurso de fidelidad y se vinculó con las primeras discusiones en torno al republicanismo. La difusión de este ideario se vio fortalecida con la aparición de la prensa hacia 1812. La Aurora, por ejemplo, consideró importante destacar el papel que le cabía a la Constitución en la construcción de un régimen de gobierno viable que asegurase la felicidad pública, postulando que “los defectos de los gobiernos consisten en general en que la constitución no conviene al carácter y costumbres del pueblo, o a la situación del país”8.

Hacia fines de la primera fase del período revolucionario se acentuó no sólo el énfasis republicano sobre la función de la Constitución dentro del régimen político, sino también su rol en el restablecimiento del orden político y social debilitado con la crisis monárquica. Un artículo del Monitor Araucano de 1814 sostenía que “un Pueblo sin Constitución es una asociación de hombres en quienes no se divisa otro enlace que el de aquellas relaciones mantenidas por la costumbre

5 Camilo Henríquez (1769-1825). Sacerdote chileno, involucrado en 1809 en procesos inquisitoriales por sus lecturas de textos filosóficos y políticos heterodoxos. Presenció la revolución de Quito el mismo año. Una vez establecido en Chile hacia 1810, el gobierno de José Miguel Carrera le encomendó la dirección del primer periódico publicado en el país: La Aurora de Chile.

6 Camilo Henríquez, “Sermón en la instalación del Primer Congreso Nacional”, en Escritos políticos de Camilo Henríquez, ed. Raúl Silva Castro (Santiago: Ediciones de la Universidad de Chile, 1960), 53-54.

7 Reglamento constitucional provisorio del pueblo de Chile, Art. iii (Santiago: Imprenta del Gobierno, 1812), 2-5.

8 Camilo Henríquez, “De las diversas formas de Gobierno. De los gobiernos simples y regulares”, La Aurora de Chile, Santiago, 28 de mayo, 1812, 68.

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y expuestas continuamente a romperse con el choque de las pasiones”9. La necesidad de una Constitución en este proceso de reconfiguración del imaginario político en clave republicana era urgente según el autor, quien sentenciaba: “Yo me atrevo a decir que un pueblo sin Constitución es un grupo de infelices dejados al

capricho y a la intolerancia del poder físico: estado de­plorable en que tampoco puede

pronunciarse un juicio sobre los empeños del más fuerte; porque no es induda­ble que el

ciudadano que repulsa una agresión se cree legítimamente revestido de la autoridad de la ley que no puede invocar en su socorro, porque no existe. Y enton­ces ¿quién decidirá entre el derecho del opresor o del oprimido?”10.

Aquí hay dos puntos importantes. El primero, la convicción de la necesidad de reorganizar el principio de autoridad en una sociedad convulsionada por la revolución, ya que la alternativa monárquica, al menos desde la prensa, no gozaba de simpatía; lo que estaba llamado a solucionar el problema de la “obediencia política” era precisamente la Constitución, que reorganizaría la “asociación de hombres” sobre las bases de leyes que asegurasen el bien común y la libertad política y civil, además de prescribir “las obligaciones de los ciudadanos”. Por medio de la Constitución se evitaba que los ciudadanos confundiesen “la libertad con la licencia”, y que deambulasen entre “la triste alternati­va del vicio y de la virtud”11.

Tras la consecución militar de la Independencia en 1818, Bernardo O’Higgins —Director Supremo hasta 1823 y héroe principal de la revolución—, publicaría su “Proyecto de Constitución provisoria para el Estado de Chile”. Si bien fue provisional, en las instrucciones al Congreso para que procediese en la elaboración de este código O’Higgins sostuvo que era indispensable para una nación independiente poseer una Constitución “que arregle los diversos poderes, señale los límites de cada autoridad, y establezca de un modo sólido los derechos de los ciudadanos”12. Así recogía la idea de que en un régimen de corte republicano como el que se estaba construyendo en Chile, la fuente de legitimidad política y simbólica reposara en la Constitución.

Ahora bien, en un problema ligado a lo anterior, la Constitución no solamente se erigía en el fundamento político y simbólico de esta nueva etapa, sino que además se tornaba en el elemento crucial para producir la reestructuración de las jerarquías políticas que se habían debilitado con la crisis de 1808. La Constitución no sólo garantizaba las libertades civiles y

9 Camilo Henríquez, “Necesidad de ley”, El Monitor Araucano, Santiago, 12 de agosto, 1814, 324.

10 Camilo Henríquez, “Necesidad de ley”, 325.

11 Camilo Henríquez, “Necesidad de ley”, 312.

12 El texto se reproduce en Valentín Letelier, Sesiones de los Cuerpos Lejislativos de la República de Chile 1811 a 1845, tomo ii, Anexo 1, 7 (Santiago: Imprenta Cervantes, 1886), 7.

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políticas de los ciudadanos, prescribiéndole sus derechos y deberes, sino que también normaba el dilema de la “obediencia política” o, en otros términos, posibilitaba el retorno al “orden” social y político subvertido en 1810. Esa fue por ejemplo, la lectura que hizo del proyecto de Constitución de 1818 el jurista Mariano Egaña en su discurso realizado tras la promulgación del código, en el que sostenía precisamente que la ausencia “de una ley que dirija al bien público las voluntades, y los intereses desunidos de los ciudadanos” habían producido en el país “la arbitrariedad, ese monstruo que empieza a desorganizar el Estado, por destruirlo dentro de sí

mismo”. Eso explicaba el contexto de “tumultuoso desorden” dentro de Chile. Para evitar esta situación era preciso “una constitución, una ley”, aquella fórmula que en sus palabras “calma las inquietudes, fija las esperanzas públicas, y restablece el imperio del orden y de la justicia”13.

Tras la promulgación de la Constitución de 1818, Chile vio el surgimiento de otros códigos legales en 1822, 1823 y 1828. Así, el debate sobre las funciones de la Constitución dentro del régimen político fueron variadas, aunque todas las argumentaciones políticas subyacentes compartieron la premisa básica de la imposibilidad de fundar una república sin mediar una carta fundamental que asegurase para sus ciudadanos sus “libertades y fueros, sus derechos y deberes”, como señaló El Patriota Chileno a propósito de los debates constituyentes para subsanar la derogación de la Constitución de 182314. Quien fue más enfático a propósito de esta situación fue el diplomático Mariano Egaña, cuando interpeló en 1825 al Ministro de Relaciones Exteriores chileno por la ausencia de un código legal que rigiese en la república: “Un país debe tener Constitución, no puede subsistir sin ella, porque se asemejaría a las hordas de salvajes, que aún en sus usos y tradiciones invariables de ley constitucional. Sería una contradicción persuadirse que pueda existir un gobierno civilizado sin una ley que le dé forma. Todas las repúblicas de América la tienen”15.

En este escenario y en el contexto de la promulgación de la carta de 1828 —que venía precisamente a llenar el vacío legal del que hablaba Egaña— surgió uno de los textos más importantes que intentó explicar la función constitucional en un régimen republicano. En Breve esposicion de la Constitución chilena, o diálogo entre un ciudadano y un diputado al Congreso de 1828, libro de formato catequístico —escrito con seguridad por el jurista gaditano José Joaquín de Mora— se trató por primera vez de explicitar extensamente el significado del concepto de Constitución. Aquí se afirmaba: “La constitución de una nación, son aquellas leyes, o bases que le dan el ser, la existencia y la constituyen tal; es decir, aquellas leyes que establecen en una sociedad de hombres, el gobierno,

la forma de él, crean, designan y fijan las atribuciones o facultades a los poderes que han de

13 Gazeta Ministerial de Chile, Santiago, 24 de octubre, 1818, 4.

14 El Patriota Chileno, Santiago, 13 de enero, 1827, 3.

15 Citado en Ricardo Donoso, Las ideas políticas en Chile (Santiago: Universidad de Chile, 1967), 55-56.

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regirla, y al mismo tiempo sancionan las prerrogativas, derechos o goces de todos y cada uno de

los ciudadanos; más breve, prescribe los deberes del ciudadano para con el magistrado, de éste para con aquel, y de los ciudadanos entre sí, y sanciona los derechos de todos”16.

Más adelante el mismo texto subrayaba:

“Una nación sin constitución no es más que un edificio levantado sobre arena, y expuesto a ser arruinado a cada paso por cualquier impulso violento que reciba; y al contrario un

estado constituido y habituado a las observancias constitucionales, es un edificio de

bronce elevado sobre bases indestructibles, y capaz de resistir a los embates de cualquier tempestad, y a los más temibles huracanes del despotismo o la anarquía”17.

La Constitución de 1828 representó, como ninguna otra, el intento de plasmar en una norma jurídica la premisa republicana de la inexistencia de verdadera libertad política sin la presencia de leyes. Las normas no se establecían para limitar las libertades, sino precisamente para establecerlas. En este sentido, más que un ejercicio por restringir la ciudadanía —que por lo demás ampliaba notablemente—, su énfasis estaba en limitar el poder de la figura presidencial, ante el riesgo de que la república cayese en el despotismo, en la tiranía. El ideólogo del código, José Joaquín de Mora, argumentaba que “la constitución que acaba de darse el pueblo de Chile, encierra todas las precauciones que los más ardientes amigos de la libertad apetecen para calmar los temores que les pudiera inspirar el ejercicio del poder”18. El vicepresidente Antonio Pinto hacía el mismo énfasis al señalar en el preámbulo del texto legislativo: la Constitución “establece las más formidables garantías contra los abusos de toda especie de autoridad; de todo exceso de poder. La libertad, la igualdad, la propiedad, la facultad de publicar vuestras opiniones, la de presentar vuestras reclamaciones y quejas a los diferentes órganos de la Soberanía Nacional, están al abrigo de todo ataque”19.

La conceptualización que hizo de la Constitución el régimen conservador surgido tras la guerra civil chilena de 1829-1830 fue radicalmente diferente, debido en parte a la visión retrospectiva de esta coalición sobre la vida política de la década de 1820, que fue vilipendiada bajo el rótulo de “anarquía” tras la caída del hombre fuerte de la Independencia chilena: Bernardo O’Higgins. Esta

16 Breve esposicion de la Constitución chilena, o diálogo entre un ciudadano y un diputado al Congreso de 1828 (Santiago: Imprenta de R. Rengifo, 1829), 13-14.

17 Breve esposicion de la Constitución, 14-15.

18 José Joaquín de Mora, “Espíritu de la Constitución”, en El Mercurio Chileno, ed. Gabriel Cid (Santiago: dibam/Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2009), 239.

19 “El Vice-Presidente de la República a la nación”, en Constitución política de la República de Chile, ii (Santiago: Imprenta de R. Rengifo, 1828), ii.

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visión ciertamente impulsada por lo que Pinto y Valdivia han denominado “la dimensión tumultuaria de la politización popular” de la década liberal20, catalizó una nueva reflexión republicana emergida a inicios de la década de 1830, particularmente a través del mentor de la Constitución de 1833, Mariano Egaña, y que puso cada vez más énfasis en el orden21.

La lectura que se hizo de las funciones de la Constitución marcaba una diferencia importante con las de la década anterior. Las palabras del Presidente, el victorioso general Joaquín Prieto, al presentar el nuevo código legal, evidenciaban la hegemonía que tendría —a partir de ese momento— desde la perspectiva conservadora, la visión de la Constitución, no tanto como la fuente de las libertades civiles, sino como garante del mantenimiento del orden, al generar cortapisas legales para “poner fin a las revoluciones y disturbios a que daban origen el desarreglo del sistema político en que nos colocó el triunfo de la independencia”. El nuevo énfasis era claro: éste era “el medio de hacer efectiva la libertad nacional que jamás podríamos obtener en su estado verdadero, mientras no estuviesen deslindadas con exactitud las facultades del gobierno, y se hubiesen opuesto diques a la licencia”22.

El concepto de Constitución había consolidado su trayecto como el elemento crucial que pondría fin al problema de la “obediencia política” surgido tras la crisis de 1810. La Constitución desde ese entonces cambiaría de énfasis, para limitar el poder desde abajo y volver a la estructura de poder piramidal y jerárquica, que había hecho crisis tras el cautiverio de Fernando vii.

Así, hacia 1833 el constitucionalismo se había consolidado como un aspecto fundamental del discurso republicano, posicionándose además como la clave para la reestructuración de un régimen jerárquico al poner el concepto de Constitución a su cabeza.

En este sentido, lo que nos interesa destacar es cómo estas definiciones conceptuales sobre el rol que debía desempeñar la Constitución en el imaginario político del sistema de gobierno que se estaba forjando, pasaron desde los discursos a las prácticas. La “Constitución” pasó a ocupar en el nuevo régimen político el lugar que le correspondía al Rey en el imaginario monárquico, en un proceso de alquimia simbólica del que Diego Portales —uno de los líderes del orden autoritario posterior a 1831— era consciente cuando con sorna vociferaba contra la Constitución, “cuya majestad no es otra cosa que una burla ridícula de la monarquía en nuestros días”23. Este debate da cuenta de la articulación del constitucionalismo en el lenguaje de los ideólogos del

20 Julio Pinto y Verónica Valdivia, ¿Chilenos todos? La construcción social de la nación (1810-1840) (Santiago: lom, 2009), 181.

21 Vasco Castillo, La creación de la República. La filosofía pública en Chile 1810-1830 (Santiago: lom, 2009), 206; Enrique Brahm, Mariano Egaña: Derecho y política en la fundación de la República Conservadora (Santiago: Centro de Estudios Bicentenario, 2007).

22 “El Presidente de la República a los pueblos”, en Constitución de la República de Chile (Santiago: Imprenta de la Opinión, 1833), i-ii.

23 “Diego Portales a Antonio Garfias”, Valparaíso, 6 de diciembre de 1834, en Epistolario Diego Portales, ed. Carmen Fariña, tomo ii (Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, 2007), 590.

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republicanismo chileno. Ahora nos interesa cómo este ideario fue socializado en la población.

Uno de estos mecanismos de socialización del constitucionalismo republicano fue la dimensión ritual, heredada paradójicamente, de la rica tradición ceremonial del Antiguo Régimen.

2. Los avatares de una invención ritual republicana (1812-1818)

En las últimas dos décadas se ha producido en la historiografía latinoamericana —particularmente en la abocada a estudiar el período colonial— una revaloración de la dimensión ritual de la

política, vinculada a la ampliación del problema del poder enfatizando los aspectos simbólicos en el ejercicio de legitimación de éste ante la sociedad24. En el caso del período colonial hispanoamericano, por medio de una serie de rituales, entre los cuales el más relevante era la jura de un nuevo monarca, el poder regio se escenificaba en un espacio festivo y solemne, que buscaba impactar los sentidos de los espectadores, que debían quedar abrumados frente al aparato simbólico, religioso y estético que expresaba toda la majestad de una monarquía distante espacialmente y por lo mismo idealizada. De esta forma, la fiesta barroca de las juras reales era tanto un medio de legitimación simbólica ante los súbditos como un mecanismo de socialización monarquista.

Con la crisis monárquica y a pesar de todas las innovaciones propiciadas por ésta en lo que a medios de comunicación se refiere —evidente en Chile con el surgimiento de la imprenta—, los rituales siguieron teniendo un papel protagónico como mecanismos de diseminación de ideas. Esto, por una razón clave que notó François-Xavier Guerra: la sociedad era en su mayoría analfabeta, y de ahí que los intentos de difundir las nuevas ideas políticas como las nuevas formas de identificación colectiva por medio de la cultura escrita hayan sido poco efectivos, privilegiándose otros canales de transmisión de discursos, como las imágenes, los símbolos y los rituales, más acordes a una sociedad todavía inmersa en una cultura barroca, y que permitía

24 Sin pretensión de exhaustividad, algunos de estos trabajos incluyen a Carole Leal, El discurso de la fidelidad. Construcción social del espacio como símbolo del poder regio (Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1990); William H. Beezley, Cheryl English Martin y William E. French, eds. Rituals of rule, rituals of resistance: public celebrations and popular culture in Mexico (Wilmington: sr Books, 1994); Johannes-Michael Scholz y Tamar Herzog, eds. Observation and communication: The construction of realities in the Hispanic World (Frankfurt: Klostermann, 1997); Linda Curcio-Nagy, The great festivals of colonial Mexico City. Performing power and identity (Albuquerque: University of New Mexico Press, 2004); Alejandro Cañeque, The King’s living image: The culture and politics of viceregal power in Colonial Mexico (Nueva York: Routledge, 2004); Inmaculada Rodríguez, ed. Arte, poder e identidad en Iberoamérica: de los virreinatos a la construcción nacional (Castellón: Universitat Jaume i, 2008); los trabajos de Víctor Mínguez, Los reyes distantes. Imágenes del poder en el México virreinal (Castellón: Universitat Jaume i, 1995); Los reyes solares: iconografía astral de la monarquía hispánica (Castellón: Universitat Jaume i, 2001); Víctor Mínguez e Inmaculada Rodríguez, Las ciudades del absolutismo. Arte, urbanismo y magnificencia en Europa y América durante los siglos xv-xviii (Castellón: Universitat Jaume i, 2006). Para Chile, Isabel Cruz, La fiesta: metamorfosis de lo cotidiano (Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile, 1995) y Jaime Valenzuela, Las liturgias del poder. Celebraciones públicas y estrategias persuasivas en Chile colonial (1609–1709) (Santiago: Centro de Investigaciones Diego Barros Arana/lom, 2001).

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precisamente una mejor recepción de los mensajes25. En este sentido, si bien a nivel político-conceptual se abrió todo un universo de referentes ideológicos novedosos, la socialización de éstos al resto de la población se apropió de las fórmulas ceremoniales propias del Antiguo Régimen.

Aunque los sucesos de 1810 desencadenaron en el corto plazo una ruptura política y simbólica, hubo una serie de continuidades rituales: las élites republicanas criollas utilizaron mecanismos antiguos para transmitir ideas nuevas. A continuación estudiaremos precisamente este proceso con el caso de los ritos constitucionales en el período de 1812 a 1818, marco cronológico que

contextualiza el primer constitucionalismo chileno.

Si bien el primer experimento político en este sentido, el Reglamento constitucional provisorio de 1812, era solamente una propuesta política ideada para la contingencia, es un claro antecedente de la importancia del ritual como mecanismo de solemnización de la política. La jura, al menos en Santiago, se efectuó el 27 de octubre, cuando se puso un ejemplar en el Consulado para que los ciudadanos lo aprobasen con sus firmas26. Tras éstas, se llevó a cabo brevemente el ritual de la jura, acto que hicieron “todas las corporaciones y funcionarios públicos”, lo mismo que los militares27.

Aun cuando el inicio del proceso de ritualización de la vida política fue más bien modesto, otro antecedente que ayudó a potenciar ideológicamente la función social de los ceremoniales, con un fuerte acento en la tradición republicana, fue el “Proyecto de Constitución para el Estado de Chile”, mandado a redactar por el Congreso en 1811 y publicado en 1813 por Juan Egaña. Aunque se trata de un documento importante, nuestro interés particular reside en la gran importancia que su autor atribuía a las ceremonias como mecanismos de difusión de ideas y valores. En efecto, el título xiii del proyecto es una detallada propuesta de los ceremoniales anuales vinculados con la Constitución. Así, el artículo 251 sostenía que todos los años debía realizarse una “fiesta patriótica” titulada “Aniversario de la Constitución”, que se iniciaría con tres días “consagrados por todos los ministros eclesiásticos y el pueblo católico en sacrificios y oraciones por las almas de los beneméritos difuntos”. Después de estos ritos religiosos, cada cabildo comenzaría la fiesta, “abriéndola con un paseo público en que, conduciendo el estandarte el prefecto de la prefectura mas benemérita y acompañándole inmediatamente todos los beneméritos que puedan reunirse con coronas cívicas y seguidos del inspector y comunidad más distinguidos, concluya con un elogio que dirá un

25 François-Xavier Guerra, “Forms of communication, political spaces, and cultural identities in the creation of Spanish American nations”, en Beyond imagined communities. Reading and writing the nation in nineteenth-century Latin America, eds. Sara Castro-Klarén y John Charles Chasteen (Washington: Woodrow Wilson Center Press/Johns Hopkins University Press, 2003), 7-9.

26 José Miguel Carrera, “Diario militar del jeneral don José Miguel Carrera”, en Colección de Historiadores i de documentos relativos a la Independencia de Chile, tomo i (Santiago: Imprenta Cervantes, 1900), 64.

27 José Miguel Carrera, “Diario militar del jeneral don José Miguel Carrera”, en Colección de Historiadores, tomo xxiii, documento 22, 116.

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cabildante”. En la capital, Santiago, se celebraría además la “fiesta de la gloria”, con el propósito de premiar y reconocer a los ciudadanos considerados “beneméritos”28.

Importante fue también el apéndice redactado por el mismo Egaña, con el propósito de normar la jura de la Constitución por él ideada. Es el primer modelo disponible para la jura constitucional en clave republicana, y de ahí su importancia en cuanto sus proyecciones en el período estudiado. La ceremonia incluía la reunión de las autoridades frente a la Constitución, colocada cuidadosamente al pie de un crucifijo, “en un trono magnífico, a quien harán la guardia los principales oficiales,

subirán a un punto elevado de sus ángulos cuatro reyes de armas”, quienes ordenarían al auditorio poner atención frente a su lectura. Concluida la lectura, el presidente del Congreso juraría, seguido de cada uno de los diputados representantes de su provincia, el obispo, y los funcionarios civiles y eclesiásticos. Tras esto, todos en comitiva asistirían a la celebración de un Te Deum, en cuyo camino “se derramarán monedas corrientes y medallas que, por una parte, representen dos brazos que, saliendo de distintos extremos, se cruzan para sostener un escudo que contendrá las armas de la república; en la mano de uno estará una balanza y en la del otro dos corazones con este lema en rededor: Justos y uníos seréis eternos”. En el reverso de la medalla se apreciaría “un sol que viene apareciendo por la cima de las cordilleras y cuyos primeros rayos iluminarán una palma que se ve nacer de un libro, con el lema alrededor: La República de Chile constituida el año de…”29 Aunque el procedimiento ritual normado por Egaña para la jura de su Proyecto de Constitución nunca se llevó a cabo, evidencia la voluntad normativa atribuida a estas instancias ceremoniales durante el período revolucionario, vistas como medios clave para la socialización de ideas políticas, que en el caso de Egaña podían ser republicanas. Lo interesante es que desde el bando contrario, el monarquista, con la instauración del período conocido como Reconquista (18141818) también se apeló profusamente a los mecanismos rituales para reafirmar su imaginario político, en este caso, de lealtad a Fernando vii. En este sentido, las ceremonias realizadas en La Serena en 1814 —una vez derrotadas las fuerzas revolucionarias por el general realista Mariano Osorio— son igualmente ilustrativas. Si bien en 1809 se había celebrado el juramento real en todo el país, el contexto independentista significó un potenciamiento de estos procedimientos para la causa monárquica, que vio en el retorno al poder de Fernando vii un escenario propicio para salir al paso de las ideas transgresoras. Así, las ceremonias serenenses contaron con el adorno de los

28 “Proyecto de Constitución para el Estado de Chile, compuesto por don Juan Egaña, miembro de la comisión nombrada con este objeto por el Congreso de 1811, i publicado en 1813 por orden de la Junta de Gobierno”, en Valentín Letelier, Sesiones de los Cuerpos Lejislativos, tomo i, 239-240.

29 “Apéndice. Solemnidad de la promulgación de la Constitución i estatutos provisionales hasta su establecimiento”, en Valentín Letelier, Sesiones de los Cuerpos Lejislativos, tomo i, 240-241. Sobre la simbología revolucionaria en Hispanoamérica, particularmente en lo referido a la “metáfora solar”, ver Georges Lomné, “La Revolución Francesa y la ‘simbólica’ de los ritos bolivarianos”, Historia Crítica 5 (1991): 13-14.

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edificios públicos, la erección de arcos triunfales por donde debía pasar en paseo el estandarte real hasta la casa del regidor donde estaba depositado “el adorable retrato de dicho soberano”, tras lo cual se trasladó en solemne paseo hasta la plaza principal, en donde se disponía de un tabladillo, desde donde se gritó a la multitud: “¡Por España y sus Indias, el señor don Fernando vii!”, a lo cual la multitud contestó “con la más viva demostración de júbilo: ¡Qué viva!”. Acto seguido, se arrojó dinero a la multitud, hubo salvas y se procedió a la realización de una misa solemne30.

En medio de este panorama de polémicas festivas, la declaración de Independencia chilena en 1818 significó el despliegue de los ceremoniales para afianzar no solamente el incipiente sentimiento de identidad nacional31, sino que además reforzó y perfeccionó la dimensión ritual del constitucionalismo, que se plasmaría con toda pompa en la década de 1820. En este sentido, el primer ceremonial constitucionalista en un contexto políticamente independiente se realizó en Santiago en octubre de 1818, con ocasión de la promulgación de Proyecto de Constitución Provisoria de 1818, para lo cual asistieron al mediodía al salón del Consulado todas las corporaciones, realizándose la jura, aunque sin mayor despliegue ritual en el espacio público de la ciudad32. Sin embargo, lo interesante de los modestos ceremoniales de 1818 es que explicitaban formalmente la fórmula del juramento que debían seguir las autoridades civiles, militares y eclesiásticas, que sería el modelo a seguir en el resto de los rituales: “Juro por Dios nuestro Señor, y estos Santos Evangelios, que cumpliré y observaré fiel y legalmente en la parte que me toca, todo cuanto se contiene y ordena esta Constitución provisoria. Si así lo hiciere, Dios me ayude, y si no, Él y la Patria me hagan cargo”33.

3. Espacio público y ritos constitucionalistas en un período de consolidación (1823-1833)

La abdicación del Director Supremo Bernardo O’Higgins en enero de 1823 inauguró un período de efervescencia política y de ensayos constitucionales34, dentro de los cuales la Constitución decretada ese mismo año fue el primer antecedente. Ésta resulta importante para el propósito principal de este artículo, puesto que los ceremoniales realizados con propósito de su juramento representan un caso significativo, pues señalan un mapa de ruta permanente en las pautas de tales rituales. Efectivamente, estas ceremonias recogieron las formulaciones que Juan Egaña había realizado ya en el período de

30 El documento íntegro de las festividades se reproduce en Manuel Concha, Crónica de La Serena, desde su fundación hasta nuestros días 1549-1870 (Santiago: Universidad de Chile, 1979), 129-130.

31 Paulina Peralta, ¡Chile tiene fiesta! El origen del 18 de septiembre (1810-1837) (Santiago: lom, 2007).

32 Gazeta Ministerial de Chile, Santiago, 24 de octubre, 1818.

33 “Proyecto de Constitución provisoria para el Estado de Chile”, 1818, Cap. ii, Art. 1.o, en Anales de la República, ed. Luis Valencia Avaria, tomo i (Santiago: Editorial Andrés Bello, 1986), 67 y 80.

34 Julio Heise, Años de formación y aprendizaje políticos 1810-1833 (Santiago: Editorial Universitaria, 1978).

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1811-1813, pero que en este nuevo contexto pudieron materializarse. Para Egaña, las fiestas cívicas eran instancias cruciales no sólo de socialización de ideas, sino que además permitían moralizar a los ciudadanos. Recogiendo el legado de la tradición clásica, pero también de la Revolución francesa35, Egaña establecía en el mismo texto constitucional —artículo 258— la instauración de cuatro festividades cívicas anuales, “decoradas de toda la pompa exterior, e incentivos heroicos posibles”.

Las festividades serían: la de Beneficencia Pública y Prosperidad Nacional; la de la Justicia, al amor y respeto filial y sumisión a los Magistrados; la fiesta de la Agricultura y las Artes; y la de la Gratitud Nacional y Memoria de los beneméritos en grado heroico y defensores de la Patria36.

A pesar de los planes de Juan Egaña, su Constitución pronto fue impugnada (por tanto su calendario anual de festividades nunca se materializó), aunque se preservó su juramento, un verdadero acontecimiento cívico que significó el primer ceremonial constitucionalista de envergadura en Chile. En diciembre de 1823 se llevó en las salas del Congreso la jura del nuevo código por parte del Director Supremo, el general Ramón Freire y los diputados, cerrándose esta primera parte de las festividades con salvas de artillería37. Acto seguido, Freire “acompañado de todas las corporaciones” se presentó en un anfiteatro erigido en la plaza mayor, donde ante la multitud los funcionarios públicos juraron la Constitución. Tras esto se procedió a la celebración de una misa, en la que el Director Supremo, acompañado de todos los funcionarios públicos, marchó desde su Palacio hasta el paseo de la Cañada. “Allí en un hermoso teatro adornado con gusto y brillantez se hizo la solemne promulgación que fue recibida entre los vivas y aclamaciones del pueblo que la escuchaba. Concluida esta ceremonia, se cantó un himno patriótico”38.

Las festividades constitucionalistas continuaron al día siguiente. Por la noche se representó el drama titulado precisamente La Constitución, espectáculo que con “especiosas alusiones y brillantes alegorías” recordaba dramáticamente al auditorio “la marcha del Estado durante el curso de la revolución. Allí parecieron sensiblemente los riesgos que hemos corrido en nuestra infancia política, los obstáculos que nos ha presentado

la ignorancia, las envejecidas habitudes, y la preponderancia de nuestros opresores: y en fin, al través de tantos escollos, la libertad se presentó en un trono artificiosamente iluminado” 39.

35 Véase Trinidad Zaldívar y Macarena Sánchez, “Símbolos, emblemas y ritos en la construcción de la nación. La fiesta cívica republicana: Chile 1810-1830”, en Nación y nacionalismo en Chile. Siglo xix, eds. Gabriel Cid y Alejandro San Francisco, vol. 2 (Santiago: Centro de Estudios Bicentenario, 2009), 109 y ss.

36 Constitución política del Estado de Chile (Santiago: Imprenta Nacional, 1823), 72-73.

37 “Acta de la sesión de 29 de diciembre de 1823”, en Sesiones de los Cuerpos Lejislativos, tomo viii, 641-642.

38 “Juramento de la Constitución”, en Sesiones de los Cuerpos Lejislativos, tomo viii, 642.

39 Las festividades culminaron con la entonación de un himno patriótico “consagrado al amor y respeto de la Constitución política del Estado”. Ver “Juramento de la Constitución”, en Sesiones de los Cuerpos Lejislativos, tomo viii, 642-643.

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El Congreso también procedió a la socialización del constitucionalismo por medio de la intervención en los espacios públicos. Así, se decretó la erección de un monumento “que hasta los tiempos más remotos recuerde a los chilenos el día en que se promulgó el pacto social que la generación presente lega a su posteridad”. Además, se ordenó que la ceremonia de la jura se llevase a cabo a los pies de un arco triunfal de mármol, “sobre cuya cima se eleve la estatua de la Libertad coronada de laureles, teniendo en sus manos la Constitución política de Chile”, en cuya fachada se leería la inscripción: “A la memoria de la promulgación de la Constitución política

del Estado en 1823. El pueblo chileno”. Finalmente, se decretó una variación toponímica urbana crucial: no solamente se denominó como “paseo de la Constitución” el tradicional paseo de la Cañada, sino que, conscientes del proceso de alquimia simbólica que se estaba instaurando, se ordenó que “la calle principal que desde la plaza mayor conduce a aquel paseo, y que se conocía en lo antiguo con el nombre de calle del rey, se denominará también calle de la Constitución”40.

Además, días después se decretaba que se tomasen medidas similares en las ciudades del resto de las provincias, ordenándose el establecimiento de “memorias y monumentos que conserven en la posteridad la solemnidad de este acto, a cuyo efecto la calle y plaza principal donde se promulgue se nombrarán de la Constitución”41.

Es importante remarcar que a pesar de todo su despliegue republicano, las juras de 1823 apelaban a varios elementos de la tradición colonial de las juras monárquicas. El constitucionalismo se apropió de una estructura ritual propia del Antiguo Régimen, variando solamente aquellos elementos que remitían simbólicamente a la figura del rey y del régimen monárquico, pero conservando la mayor parte de los procedimientos ceremoniales legados de la tradición barroca.

Si el acto de la jura monárquica simbolizaba la actualización del vínculo de vasallaje entre los súbditos y la figura del rey, los rituales del constitucionalismo remitían básicamente a la misma estructura, aunque con distinto fondo: en esta ocasión era el ciudadano y no el súbdito quien actualizaba su fidelidad a la Constitución, en tanto simbolizaba la fuente de legitimidad política y la norma suprema a la que debía obediencia dentro del régimen republicano.

40 “Monumento público a la memoria de la Constitución”, Boletín de las leyes y de las órdenes y decretos del Gobierno, Santiago, libro 1, N.o 20, 29 de diciembre, 1823, 205-206.

41 “Disolución del Congreso y promulgación de la Constitución”, Boletín de las leyes y de las órdenes y decretos del Gobierno, Santiago, libro 1, N.o 20, 1 de enero, 1824, 211. El sentido pedagógico del constitucionalismo se proyectaba no sólo desde una perspectiva ritual o de intervención del espacio urbano. Este mismo decreto señalaba que la Constitución “después del catecismo será el primer libro en que se aprenda la lectura en todas las escuelas de la Nación”, añadiendo que en los institutos debían establecerse “cátedras, lecciones o instrucciones públicas de Constitución”.

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La variación del ceremonial, si se compara con las juras reales del Antiguo Régimen42, no es muy notable: continuaron las procesiones, las salvas de artillería, repique de campanas, las misas, las alocuciones públicas, los tabladillos en las plazas, la decoración de los edificios públicos, luminarias, arcos triunfales y las funciones dramáticas. Lo único que parece haber variado tanto en las ceremonias de 1823 como en las siguientes respecto a las festividades del período colonial es la ausencia de las tradicionales diversiones populares con las que finalizaban las festividades: desfiles de carros, mojigangas, juegos de cañas y corridas de toros. La élite dirigente imbuida del ideario ilustrado con-

sideraba tales diversiones como resabios del sistema colonial que había que abandonar, así como instancias lúdicas que propendían a la desmoralización de la población. Quizás una de las continuidades más notables durante el período que nos interesa es el protagonismo de las corporaciones. En efecto, y a pesar de que códigos como el de 1823 y todos los siguientes establecían la igualdad como condición legal de la vida republicana, en la práctica la noción del ciudadano abstracto propio de la modernidad no cuajaba con una sociedad de larga tradición estamental y corporativa. El papel protagónico de las corporaciones en los rituales remite precisamente a esta continuidad43.

La derogación de la Constitución de 1823 fue seguida de unos años de intensa experimentación política, hasta que en 1828 fue promulgada una nueva carta suprema. La jura de esta nueva Constitución fue particularmente fastuosa, no sólo por sus minuciosos preparativos protocolares y las disposiciones legales a las que dio lugar —como el cambio de nombre del puerto de Nueva Bilbao al más contingente de “Constitución”—44, sino también porque el Gobierno la hizo coincidir con la festividad nacional del 18 de septiembre, potenciando simbólicamente ambos hitos.

Además, como ninguna otra ceremonia hasta entonces, los rituales de jura se realizaron en diversos lugares del país, propiciándonos un vasto corpus documental. Cada ciudad se encargó de solemnizar las festividades de acuerdo al protocolo ordenado por el Congreso, que dictaminaba que cada pueblo anunciara por bando tres días antes la fecha de las ceremonias, en calidad de “fiesta solemne”, solicitándose a las autoridades que hiciesen los preparativos para llevar a cabo las “demostraciones públicas de regocijo”45. La ciudad de Concepción, por ejemplo, se

42 Para los aspectos rituales de las juras reales en el período colonial hemos seguido los análisis de Jaime Valenzuela, Las liturgias del poder; Isabel Cruz, La fiesta: metamorfosis de lo cotidiano; además de la detallada crónica de la jura de Fernando vii en La Serena en 1748 realizada por Pedro Faradón de Langalería, disponible en Manuel Concha, Crónica de La Serena, 115-123.

43 Un análisis sobre este problema para el caso mexicano puede encontrarse en Annick Lempériere, “¿Nación moderna o república barroca? México 1823–1857”, en Imaginar la nación. Cuadernos de Historia Latinoamericana, coord. François– Xavier Guerra y Mónica Quijada (Hamburgo: ahila, 1994), 135–177.

44 El decreto, de fecha 7 de agosto de 1828, se reproduce en Valentín Letelier, Sesiones de los Cuerpos Lejislativos, tomo xvi, Anexo 326, 279.

45 “Moción”, 1 de septiembre de 1828, en Sesiones de los Cuerpos Lejislativos, tomo xvii, Anexos 7 y 25, 5.

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concentró particularmente en las diversiones populares, encomendando la compra de varias arrobas de aguardiente que serían instaladas en los cuatro ángulos de la plaza para ser repartidas al público, encargándose el procurador además “del canto, la guitarra, el violín y demás diversiones que exigen las circunstancias, y que de cuando en cuando se interrumpa el regocijo con las voces: ¡Viva la Constitución! ¡Viva el Presidente de la República!”46. El gobernador de Valparaíso, por su parte, puso un mayor interés en la solemnidad de la jura, ordenando por bando que desde el 17 al 19 de septiembre “se iluminen las casas, se fijen banderas, y se formen

arcos triunfales y cuantas decoraciones sean análogas a su completa solemnización”47. Las ciudades pusieron gran empeño en su ornamentación, parte de la cual tenía marcado acento republicano. En Santiago, el centro de la ciudad se adornó profusamente con “alegorías e inscripciones alusivas a la Constitución y al pronunciamiento de la capital el año 10, que se leían en las fachadas de las casas del Gobierno y en las municipales, como en asimismo altas pirámides que hermoseaban el interior del aparato y cerraban los ángulos de un espacioso cuadro, dentro del cual se había construido el tablado para la jura”48. En Valparaíso se erigieron arcos, además de “una alta pirámide que hasta la cúspide tenía jeroglíficos e inscripciones, con alusión al acto que se iba a celebrar”49. Una de estas inscripciones fue un himno que alababa el nuevo código como un garante de las libertades civiles: “Y el noble chileno // Que constante y bravo,

¡No hay en Chile esclavos! // Con sangre firmó: Un código hoy jura // Que opone mil muros, Firmes y seguros // Contra la opresión”50.

Una de las particularidades de la jura de la Constitución de 1828 fue el paseo solemne de ejemplares del código, junto con el estandarte nacional, desde las salas consistoriales a las iglesias y a las plazas para proceder a su juramento. En ocasiones, como aconteció en Concepción, Talcahuano y San Felipe, el ejemplar de la Constitución fue conducido colgado del pecho del Intendente, como una suerte de amuleto republicano. En esta última localidad, el paseo desde

46 Cabildo de Concepción, Acta de 15 de septiembre de 1828, reproducida en Zenón Urrutia, “Un decenio del cabildo penquista (1818-1828)”, en Homenaje al profesor Guillermo Feliú Cruz, coord. Neville Blanc (Santiago: Editorial Andrés Bello, 1973), 1029.

47 “El Gobernador de Valparaíso”, El Mercurio, Valparaíso, 6 de septiembre, 1828, 4.

48 “Fiesta cívica al aniversario de la Libertad y jura de la Constitución en esta capital”, La Clave de Chile, Santiago, 23 de septiembre, 1828, 3.

49 “Valparaíso”, El Mercurio, Valparaíso, 24 de septiembre, 1828, 3.

50 “Himno a la jura de la Constitución Chilena en Valparaíso”, El Mercurio, Valparaíso, 27 de septiembre, 1828, 4.

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la sala consistorial a la plaza de armas fue acompañada de “música marcial”, y el Intendente fue seguido por “un numeroso concurso de ciudadanos, después todas las corporaciones y autoridades del lugar, y a retaguardia una competente escolta de infantería que hizo dos descargas, una a la salida del paseo y otra a su entrada”, mientras de fondo se oía “el estrépito de las aclamaciones populares, cohetes, y repique general de campanas”51.

Hay aquí otra continuidad con las juras reales del período colonial, dado que el paseo de la Constitución continuaba la misma ruta de los ceremoniales reales. La reiteración de la ruta

procesional de las ceremonias republicanas con relación a las monárquicas apuntaba, como ha notado muy bien María Soledad Barbón para el caso peruano, a apropiarse de lugares cargados históricamente de autoridad política, atribuyéndoles nuevos significados52. La alteración toponímica de las calles —como había ocurrido también en 1823— continuaba su intento de ayudar en la transmisión de los nuevos idearios políticos: en el pueblo de Florida, por ejemplo, en la provincia de Concepción, se alteró con motivo de las ceremonias la denominación de una de las calles aledañas a la Plaza de Armas con el nombre de “Constitución”53.

Las corporaciones continuaron desempeñando un papel relevante en las ceremonias, cuidando cada una de tener una ubicación privilegiada tanto en la procesión como en los edificios según su estatus y prerrogativas. Así, su posición respecto del paseo del ejemplar de la Constitución seguía un protocolo estricto, retomando la tradición del período colonial54. En Concepción, por ejemplo, acompañando al Intendente que llevaba colgando en el pecho un ejemplar del código de 1828, iban a la derecha el Cabildo Eclesiástico y a su izquierda el Procurador General y el Juez de Letras “y a los lados colaterales a las demás corporaciones por su orden y en forma de procesión”, que fueron guiadas por el Regidor Decano con el Estandarte Nacional, llevando a su lado dos regidores más55.

La ceremonia principal tenía lugar, tras el paseo del ejemplar de la Constitución, en las plazas de armas, donde se erigían tabladillos para el rito de la jura. En Santiago el escenario poseía un altar y un “árbol de la libertad”, sitiales donde se depositaría la Constitución al momento de su lectura al público56. Éste era el acto más solemne: los funcionarios públicos procedían al jura-

51 “Otra”, La Clave de Chile, Santiago, 2 de octubre de 1828, 3.

52 María Soledad Barbón, “De la ‘muy noble y leal’ a la ‘heroica y esforzada’ ciudad de Lima: rituales públicos durante la transición a la independencia”, en En el nudo del imperio: independencia y democracia en el Perú, eds. Carmen Mc Evoy, Mauricio Novoa y Elías Palti (Lima: Instituto Francés de Estudios Andinos/Instituto de Estudios Peruanos, 2012).

53 “Oficio de José Miguel Millas al Intendente de Concepción, Florida” (Santiago, 1.o de octubre de 1828), en Archivo Nacional (an), Fondo Intendencia de Concepción, vol.89, f.71.

54 Jaime Valenzuela, Las liturgias del poder, 237-268 y 331-342.

55 Zenón Urrutia, “Un decenio del cabildo”, 1030.

56 “Fiesta cívica al aniversario de la Libertad y jura de la Constitución en esta capital”, La Clave de Chile, Santiago, 23 de septiembre, 1828, 4.

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mento en voz alta frente a los espectadores, y en ocasiones, como se hizo en Talca, el gobernador se postró ante un crucifijo al momento del juramento57, aunque por lo general éste se realizaba con una mano sobre la Biblia. Tras el juramento de los funcionarios, se leía el texto completo de la Constitución en voz alta ante el público —generalmente descrito en forma jerarquizada por estamentos hasta culminar con un “inmenso pueblo”—, tras lo cual se solicitaba a viva voz a los concurrentes su juramento, que consistía básicamente en vitorear con vivas a la Constitución.

Generalmente se repartía al público dinero o medallas como forma de demostrar el regocijo público, y en ocasiones subían al tabladillo oradores como sucedió en Illapel, donde “un individuo de los concurrentes inmediatamente de haberse prestado el juramento pidió la palabra, y pronunció una alocución análoga al objeto, que mereció el aplauso general”58. Un caso más notable, por las alegorías empleadas, se dio en Florida, donde uno de los alumnos de la escuela local dio una arenga alusiva a la Constitución disfrazado “de ángel”59.

La sacralización del constitucionalismo desde el púlpito fue un factor clave en todas las ceremonias, remarcando el valor social de la religión en el nuevo régimen político, que señalaba otra de las continuidades con el período colonial. Aunque la complejidad del papel de la religión en la legitimación política del tránsito hacia el orden republicano impide una mayor profundización en este problema, estando además mas allá de los intereses puntuales de este artículo, sí es preciso exponer sumariamente algunos puntos clave para comprender las dinámicas del ritualismo constitucional en el período que estamos estudiando. En primer lugar, a diferencia del caso revolucionario francés que supuso una ruptura religiosa, el catolicismo fue percibido por las élites dirigentes como una continuidad valiosa con el Antiguo Régimen, en tanto que permitía contar con un factor clave de cohesión social dentro de la comunidad60. En este sentido, el lenguaje y la simbología constitucionalista apelaron al discurso religioso para dotar de una legitimidad trascendente el nuevo orden político y aumentar así la receptividad de sus mensajes dentro del auditorio. Así, el clero tuvo un papel protagónico en las primeras décadas del siglo xix, en la medida que, como bien ha apuntado Roberto Di Stefano para el caso rioplatense, asumió una “función mediadora” entre la cultura de las élites letradas y la de los sectores populares61.

57 La descripción de la jura en Talca se reproduce en Valentín Letelier, Sesiones de los Cuerpos Lejislativos, tomo xvii, anexo 270, 265.

58 La Clave de Chile, Santiago, 21 de octubre, 1828, 3.

59 “Oficio de José Miguel Millas al Intendente de Concepción, Florida” (1.o de octubre de 1828), en an, Intendencia de Concepción, vol.89, f.70.

60 Ana María Stuven, La seducción de un orden. Las elites y la construcción de Chile en las polémicas culturales y políticas del siglo xix (Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile, 2000), 54-60.

61 Roberto Di Stefano, El púlpito y la plaza. Clero, sociedad y política de la Monarquía católica a la República rosista (Buenos Aires: Siglo xxi, 2004), 113 y ss.

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En este caso puntual la agencia cultural del clero chileno en los ceremoniales fue importante, pues su labor permitía justificar teológicamente ante la ciudadanía (concepto que resultaba en este escenario indisociable al de feligresía) la validez del constitucionalismo republicano. Durante los ceremoniales de 1828 esto fue evidente, particularmente porque de acuerdo al protocolo el día siguiente al ritual de la jura sería consagrado con una solemne misa de acción de gracias, donde los sacerdotes cumplirían la misión de reforzar en clave sagrada los discursos sobre la función simbólica de la Constitución dentro del nuevo imaginario republicano. Así por ejemplo, el cura párroco de Talcahuano pronunció “un fundado discurso en obsequio de la Constitución y de su justicia”62; mientras que en Quillota el presbítero Bauzá realizó un sermón “exaltando en él con la elocuencia y nervio que le son tan familiares, la justicia de la causa que el país abrazó ahora 18 años, y recomendándonos con indecible persuasión el amor, obediencia, fidelidad y respeto que debíamos al Código sagrado que acabábamos de jurar”63. En este sentido, la acción política de los presbíteros desde los púlpitos fue una muestra elocuente de lo que Brian Connaughton ha denominado como “la sacralización de lo cívico”64.

Uno de los fenómenos culturales más llamativos respecto a las ceremonias de 1828 es la relación con el paseo simbólico de ejemplares de la Constitución y del pabellón tricolor. Esta situación evidenció un problema fundamental en el proceso de alquimia simbólica que hemos estado analizando, y que se vincula con la construcción tanto de un nuevo sistema de legitimidad política como de la formación de una nueva forma de identificación colectiva, ambos procesos paralelos que surgieron con la Independencia. Por una parte, el paseo de ejemplares de la Constitución no sólo remarcó la necesidad de “materializar” la fuente de legitimidad política del republicanismo, sino que además vino a suplir iconográficamente la figura del rey. Si en las juras reales lo que se paseaba solemnemente hasta los tabladillos de las plazas era el retrato del nuevo rey que ascendía al trono, en el caso del ceremonial constitucionalista era un nuevo objeto material, el libro del código legal, el centro del paseo. Tal innovación era necesaria toda vez que, como nos recuerda Guerra, la obligación política en el Antiguo Régimen aparecía fundada en el Monarca, y de ahí la dificultad de jurar ante entidades abstractas como la Constitución. El reemplazo del retrato real por el libro constitucional intentaba paliar esta dificultad. Así se producía el relevo ritual y material en lo relacionado a la fuente de legitimidad política del sistema republicano65.

62 “Oficio de Juan Miguel Benavente al Intendente de Concepción, Talcahuano” (1.o de octubre de 1828), en an, Intendencia de Concepción, vol.89, f.65.

63 “Interior”, La Clave de Chile, Santiago, 25 de septiembre, 1828, 2.

64 Brian Connaughton, “La sacralización de lo cívico: la imagen religiosa en el discurso cívico-patriótico del México independiente. Puebla (1827-1853)”, en Estado, Iglesia y sociedad en México. Siglo xix, coords. Álvaro Matute, Evelia Trego y Brian Connaughton (México: Porrúa/unam, 1995), 223-250.

65 François-Xavier Guerra, “Lógicas y ritmos de las revoluciones hispánicas”, en Revoluciones hispánicas: independencias americanas y liberalismo español, ed. François-Xavier Guerra (Madrid: Universidad Complutense, 1995), 20-21.

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Por otra parte, el paseo del ejemplar de la Constitución iba acompañado de otra innovación simbólica: el estandarte nacional tricolor. Efectivamente, la nueva forma de identificación colectiva también se construía por reemplazo de las pautas simbólicas del Antiguo Régimen, del sentimiento objetivado en el paseo del pendón real, la materialización de la filiación identitaria del Reino de Chile con el conjunto de la Monarquía66. Con el paseo del pabellón tricolor en lugar del pendón real se generaba también el reemplazo en el ámbito de las nuevas unidades de referencia identitaria, en este caso, de la Nación en sustitución de la Monarquía. La Nación, como toda forma de identidad colectiva, requiere de símbolos

que la distingan dentro las diversas formas de identificación que existen67, y el paseo del estandarte tricolor cumplirá el rol crucial de nacionalizar los ceremoniales del constitucionalismo.

La Constitución promulgada en 1833 (que se mantuvo vigente hasta 1925) representa por lo mismo el último ceremonial constitucionalista del siglo xix, recogiendo el rico legado ritual que hemos analizado. Las festividades de su jura serían la culminación de un largo período de reformas al código de 1828 iniciadas en 1831 por la Convención reunida a este propósito y culminadas dos años después. Además, las celebraciones serían la instancia de legitimidad simbólica del nuevo régimen político gobernante, triunfador en la guerra civil de 1829-1830, hito que significó superar el período de ensayos políticos de cuño liberal y establecer un sistema político de corte autoritario y centralista a la sombra de Diego Portales.

Considerando estos antecedentes, no debe sorprendernos la esmerada planificación que realizó el Congreso para la promulgación de la Constitución de 1833. En mayo se envió una circular que prescribía el protocolo de la jura, y desde la publicación por bando de los días escogidos para proceder al ritual se ordenaba realizar “repique general de campanas y salvas de artillería”. Tras procederse a la jura por parte de las autoridades civiles, eclesiásticas y militares, se normaba el ingreso de estas autoridades en ceremonia hacia la plaza principal, “donde habrá un tablado si es posible; se leerá en alta voz la Constitución reformada; acabada la lectura el intendente o el gobernador se dirigirá al pueblo”, quien dirigiría ante el público la siguiente pregunta: “[…] juráis por Dios por los santos evangelios observar como ley fundamental de la República de Chile, el Código reformado por la Convención?”, tras cuya respuesta se daría por terminada la jura de la Constitución, ordenándose que posteriormente se arrojasen “al pueblo monedas y medallas”. Al día siguiente se establecía la realización de una misa de acción de gracias. Además, se ordenaba que en los días que durasen las ceremonias “los vecinos del pueblo iluminarán sus casas y tremolarán sobre ellas la bandera nacional”68.

66 Al respecto, Jaime Valenzuela, “Rituales y ‘fetiches’ políticos en Chile colonial: entre el sello de la Audiencia y el pendón del Cabildo”, Anuario de Estudios Americanos lvi: 2 (1999): 413-440.

67 Karen Cerullo, “Symbols and the world system: national anthems and flags”, Sociological Forum 8: 2 (1993): 244.

68 “Circular”, 29 de mayo de 1833, en Valentín Letelier, La Gran Convención de 1831-1833. Recopilación de las actas, sesiones, discursos, proyectos i artículos de diarios relativos a la Constitución de 1833, anexo 95 (Santiago: Imprenta Cervantes, 1901), 353-354.

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Tras el juramento de las autoridades civiles, eclesiásticas y militares en las salas consistoriales y casas de gobierno, se proseguía con la tradición iniciada en 1823 de efectuar el juramento constitucional en la plaza pública. En Rancagua las autoridades se dirigieron en procesión hacia “un tablado que estaba preparado y lucidamente decorado”, leyéndose en voz alta todo el texto constitucional a la audiencia, para luego proceder al juramento. Tras oírse las aclamaciones y los vivas a la Constitución “se tiraron al pueblo muchas monedas y se repartieron a las autoridades medallas”69. Una vez finalizadas las ceremonias oficiales provenían las diversiones públicas que podían incluir cánticos patrióticos, música de las bandas militares y descargas de artillería como ocurrió en Concepción70, o como aconteció en Talca, repiques de campanas y “evoluciones militares” por parte de la guardia cívica, agregándose otras diversiones como “fuegos artificiales del mejor gusto y se elevó un globo aerostático”71. En realidad, las autoridades se esforzaron por divertir a la población durante los tres días que se extendieron las festividades, como por modelar el espacio público para ayudar a la socialización del mensaje político. En Rancagua, por ejemplo, las calles y plazas estaban “adornadas de arcos triunfales, vestidos de olivo, y los ejercicios y fuegos militares de los tres días por las tardes en la Alameda, venían a ser sustituidos por los artificiales en la plaza principal por la noche”72.

Conclusiones

En el período comprendido entre 1812 y 1833 los rituales constitucionalistas se posicionaron en Chile como un importante factor en el proceso de construcción del orden republicano, posicionando a la Constitución —como concepto pero también como símbolo— como el elemento central de la legitimidad política del nuevo régimen de gobierno surgido tras los sucesos de 1810. En medio de una sociedad analfabeta y con una tradición de imprenta apenas en estado embrionario, la difusión de este ideario apeló, paradójicamente, a mecanismos rituales que en el Antiguo Régimen habían tenido una probada eficacia en la propagación de ideas y en la persuasión sensorial del auditorio, destacándose entre ellos el ceremonial más importante: la jura del nuevo rey.

La idea de juramento colectivo, en tanto momento que simbolizaba la idea de consentimiento popular que legitimaba el ejercicio del poder político, fue una de las instancias que la élite revolucionaria intentó rescatar en el nuevo orden republicano plasmado en el ceremonial de las juras constitucionales. Este ritual apelaba no sólo a recalcar la vigencia de la noción de

69 El Araucano, Santiago, 23 de agosto, 1833, 4.

70 “Juramento de la Constitución”, El Faro del Bío-Bío, Concepción, 19 de octubre, 1833, 2.

71 El Araucano, Santiago, 17 de agosto, 1833, 3.

72 El Araucano, Santiago, 23 de agosto, 1833, 3.

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consentimiento popular, sino que también permitía la actualización de los vínculos de obediencia y sometimiento a una autoridad suprema dentro de un contexto jerárquico. Para el caso del orden republicano, la idea principal que hemos analizado en este artículo fue su interés por generar el reemplazo de la figura del Rey por el concepto de “Constitución” ante los ojos de un público ajeno a la cultura impresa, generando por esta fórmula sencilla, pero poderosa, la reconfiguración del imaginario político que se estaba forjando.

Asimismo la implementación de los rituales constitucionales supuso tanto una ruptura como

—en ocasiones— una yuxtaposición con el entramado ceremonial legado del Antiguo Régimen.

Las coincidencias en las fórmulas rituales de festividades como las juras reales o como en los ceremoniales constitucionalistas que hemos analizado en estas páginas dan cuenta de un interesante proceso de adaptación ritual para diseminar ideas políticas radicalmente distintas. En efecto, estamos en presencia de uno de los aspectos más interesantes del tránsito del orden monárquico al orden republicano: la apropiación desde las élites revolucionarias de los mecanismos de difusión concebidos para dotar de legitimidad el poder en el Antiguo Régimen, en una reformulación republicana que permitiese hacer extensiva a la población el ideario constitucionalista. En este sentido, la apelación a fórmulas catequísticas en los escritos73, a la prédica, procesiones y juramentos públicos, permiten comprender no sólo los esfuerzos de innovación simbólica, sino también aquellos ejercicios de resemantización ceremonial que subyacen a los rituales constitucionalistas.

De este modo, la disolución de la monarquía hispánica y el conflictivo paso del orden monárquico al orden republicano implicó un fascinante ejercicio intelectual para hacer inteligible este tránsito mediante la expresión de nuevos conceptos políticos y resemantizaciones de otros de larga data, además de un novedoso proceso de ingeniería constitucional, y también supuso establecer instancias de legitimación simbólica y ritual que contextualizaran, potenciaran y aumentaran la circulación del discurso revolucionario. Así, la vinculación de la historia intelectual y política con un análisis de la simbología y los rituales permite aprehender parte de la complejidad de las revoluciones hispanoamericanas, pues nos permite constatar que las rupturas ideológicas y políticas no implican necesariamente un quiebre con las prácticas culturales que legitiman el ejercicio del poder político.

73 Al respecto, véase Rafael Sagredo, De la colonia a la república: los catecismos políticos americanos, 1811-1827 (Madrid: Mapfre/Doce Calles, 2009).

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“Desconductadas costumbres” y “semillas de la discordia”. Prácticas de oposición y resistencia a los jefes políticos en el nordeste de Antioquia (1821-1843)❧

Juan Carlos Vélez Rendón

Profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia (Medellín, Colombia). Historiador de la misma universidad, Magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia (Medellín, Colombia) y Doctor en Historia por El Colegio de México (México). Adscrito al Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflictos (Categoría A en Colciencias). Entre sus publicaciones se encuentran: “Contra el juego y la embriaguez. Control social en la provincia de Antioquia durante la primera mitad del siglo xix”, en Todos somos historia. Control e instituciones, dir. Eduardo Domínguez (Medellín: Canal U, 2010), 60-77, y “Las luchas narrativas de una nación escindida. La historiografía colombiana de la primera mitad del siglo xix”, en La nación y su historia. América Latina siglo xix, coord. Guillermo Palacios (México: El Colegio de México, 2009), 39-80. velez.rendon@udea.edu.co

Artículo recibido: 19 de septiembre de 2011 aprobado: 17 de febrero de 2012 modificado: 16 de marzo de 2012

doi: 10.7440/histcrit47.2012.04

❧ Este artículo tiene origen en la tesis con la que el autor optó al título de Doctor en Historia en El Colegio de México, titulada “Establecimiento local del sistema republicano en Colombia. Gobierno, representación política y administración de justicia en la provincia de Antioquia, 1821-1853”. Las adecuaciones al texto para su publicación se hicieron dentro de la Estrategia de Sostenibilidad 2009-2010, del Comité para el Desarrollo de la Investigación de la Universidad de Antioquia (Medellín, Colombia).

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“Desconductadas costumbres” y “semillas de la discordia”. Prácticas de oposición y resistencia a los jefes políticos en el nordeste de Antioquia (1821-1843) Resumen El artículo estudia tentativas de integración política del nordeste de Antioquia, por medio de los jefes políticos, en la primera mitad del siglo xix.

Argumenta que el intento por extender redes de centralización en cabeza de los jefes políticos, con el fin de establecer mayor control social, político y administrativo, fue obstaculizado por alcaldes y otros servidores locales, así como por personas interesadas en preservar márgenes de autonomía para proteger intereses particulares. Estos conflictos dentro del propio andamiaje institucional muestran la simultaneidad de la expansión del aparato estatal y, al mismo tiempo, la persistencia de factores que limitaban su establecimiento local.

Palabras clave: Historia política, centralización, conflicto político, gobierno local, Colombia.

“Misconducted customs” and “seeds of discord”. Opposition and resistance practices of political leaders in northeastern Antioquia (1821-1843) Abstract This paper studies attempts to political integration made in Northeastern Antioquia by political leaders in the first half of the 19th century.

It argues that the attempt to extend centralization networks led by political leaders in order to implement greater social, political, and administrative control was hindered by mayors and other local officials, as well as by those interested in preserving certain liberties in order to protect individual interests. These conflicts, when framed within the institutional structure, show simultaneously the expansion of the State and the persistence of the factors which limited its local establishment.

Key words: Political history, centralization, political conflict, local government, Colombia.

“Descondutados costumes” e “sementes da discórdia”. Práticas de oposição e resistência aos chefes políticos no nordeste da Antioquia (1821-1843) Resumo Este artigo estuda tentativas de integração política do nordeste de Antioquia, por meio dos chefes políticos, na primeira metade do século xix. Argumenta-se que a tentativa por estender redes de centralização liderada pelos chefes políticos, com o objetivo de estabelecer maior

controle social, político e administrativo, foi obstaculizada por prefeitos e outros servidores locais, assim como por pessoas interessadas em preservar margens de autonomia para proteger interesses particulares. Esses conflitos dentro da própria estrutura institucional mostram a simultaneidade da expansão do aparelho estatal e, ao mesmo tempo, a persistência de fatores que limitavam seu estabelecimento local.

Palavras-chave: História política, centralização, conflito político, governo local, Colômbia.

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Juan Carlos Vélez Rendón

“Desconductadas costumbres” y “semillas de la discordia”. Prácticas de oposición y resistencia a los jefes políticos en el nordeste de Antioquia (1821-1843) Introducción

El colapso de la Corona española en América iniciado en 1808 puso fin a la relación colonial, comprometió a las élites criollas con el Gobierno central de Nueva Granada y propició el desacomodo de instancias de gobierno local, aunque no hubo un desquiciamiento generalizado en ciudades, villas y sitios poblados. Proclamada la República en 1821, estas élites intentaron el restablecimiento del Gobierno, la vigilancia en zonas realistas y la instauración de presencia institucional en lugares que habían carecido de una firme y constante autoridad, principalmente situados en una extensa frontera geográfica interna que venía ocupándose y activándose productivamente.

En el modelo de centralización política adoptado constitucionalmente en 1821, algunas instancias locales de gobierno ocuparon un lugar notable y protagónico. Por ejemplo, el jefe político, figura inspirada en el modelo francés de administración del territorio, se concibió como eslabón entre el Gobierno central (intendentes y gobernadores) y el local (alcaldes pedáneos/parroquiales), para buscar el control tanto en lugares con una alta presencia de autoridades oficiales como en zonas en las que éstas eran ausentes y se reclamaban para garantizar el reclutamiento, el recaudo fiscal y el control social. Florentino González (1805-1874), uno de los pocos estudiosos de la administración pública en la Colombia de la primera mitad del siglo xix, explicó el carácter y función de las jefaturas políticas: el Gobierno central debía contar con un “agente” que llevara a la práctica sus órdenes, es decir, que garantizara que la acción de la autoridad fuera “transmitida” a diferentes puntos del país. Este agente era el jefe político, cuya función se asemejaba a la de los antiguos merino español, mair francés y sheriff inglés, dirigida, en general, a neutralizar poderes locales autónomos o “anular el poder feudal” a favor de una autoridad central1.

En la práctica, los jefes políticos realizaron una labor de intermediación política que incidió en la dispersión o concentración del poder, ya fuera porque se convirtieron en agentes locales para la realización de objetivos políticos, económicos y fiscales del Gobierno central, o porque se constituyeron en obstáculos para alcanzar tales objetivos. Por ejemplo, para el caso de México, Romana Falcón afirma que los jefes políticos contribuyeron a la organización del poder, tanto por sus atribuciones

1 Florentino González, Elementos de ciencia administrativa. Comprende el bosquejo de un sistema de Administración Pública para un Estado Republicano, tomo ii (Bogotá: Imprenta de J.A. Cualla, 1840), 95-99.

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legales como por su desempeño cotidiano; por el lugar que ocupaban entre dos fuerzas: las que tendían redes de centralización y las que trataban de preservar cierta autonomía; por los intereses que defendían: unas veces a favor de poderes locales, en otras como parte de la cadena centralizadora y también, eventualmente, como voceros de pueblos. Es decir, las jefaturas políticas articularon diferentes esferas, constituidas por personas desprovistas de poder e influencia y quienes las dominaban; por sujetos que “definían y dirigían el mundo político formal” y los que estaban excluidos de él; por poseedores de armas y los que sufrían acciones violentas o eran reclutados contra su voluntad; por el poder del gobierno federal y el de las regiones, municipalidades villas e individuos2.

A diferencia de México, en Colombia no está del todo claro qué función desempeñaron los jefes políticos en el restablecimiento del orden y en la tarea de centralizar el poder político después de 1821. Referencias puntuales sobre esta instancia de gobierno permiten intuir su importancia dentro del andamiaje político administrativo en la primera mitad del siglo xix3, pero no ahondan en el papel que cumplieron en la extensión de redes de centralización, en los factores que limitaron o propiciaron el control social, político y administrativo en zonas alejadas de la capital y en áreas de frontera interna carentes de control institucional directo, es decir, no profundizan en el estudio de algunos de esos procesos que fueron dando lugar a la formación del Estado nacional.

En la historiografía se viene llamando la atención sobre la importancia de conocer, desde ámbitos locales, el impacto de procesos políticos nacionales. La idea de algunos autores según la cual una historia política explorada desde lo que consideran una “óptica municipal”, mostraría cómo se relacionaron los ciudadanos con el Estado, es decir, descubriría el intento por imponer sus proyectos a las poblaciones y las respuestas de éstas4. Esta perspectiva permitiría contrastar

2 Romana Falcón, “Force and the Search for Consent: The Role of the Jefaturas Políticas of Coahuila in National State Formation”, en Everyday Forms of State Formation. Revolution and the Negotiation of Rule in Modern México, eds. Gilbert Joseph y Daniel Nugent (Durham: Duke University Press, 1994), 109-111 y 133, y “Los jefes políticos: eslabones del poder”, en Historia general del Estado de México. República restaurada y porfiriato, coord. Manuel Miño Grijalva (México: Gobierno del Estado de México/El Colegio Mexiquense, 1998), 102.

3 Malcolm Deas, “Algunas notas sobre la historia del caciquismo en Colombia”, en Del poder y la gramática, y otros ensayos sobre historia, política y literatura colombianas (Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1993), 211 y 217; Joseph Leon Helguera, The First Mosquera Administration in New Granada, 1845-1849 (Ann Arbor: University Microfilm International, 1981), capítulo iv; José Escorcia, Sociedad y economía en el Valle del Cauca, 1880-1854, tomo iii (Bogotá: Banco Popular, 1983), 99-103; Richard Stoller, Liberalism and Conflict in Socorro, Colombia, 1830-1870 (Duke: Duke University Press, 1991), capítulo 5; del mismo autor, “Ironías del federalismo en la provincia del Socorro, 1810-1870”. Fronteras 2: 2 (1998): 11-32. Marco Palacios y Frank Safford, Colombia: país fragmentado, sociedad dividida. Su historia (Bogotá: Norma, 2005), 295-297.

4 Véase el prefacio a la segunda edición de Maurice Agulhon, The Republic in the Village. The People of the Var from the French Revolution to the Second Republic (Cambridge: Cambridge University Press, 1982), ix-xvi. Guy Thomson, “‘La Republique au Village’ in Spain and México, 1848-1888”, en Nation Building in Nineteenth Century Latin America, eds.

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la perspectiva oficial, concebida desde el centro, donde predomina el punto de vista de las élites5. De este modo, también se podría conocer la incidencia de sectores sociales diversos en la formación del Estado, revalorar la acción política de sectores subordinados, redescubrir conflictos latentes y formas de intermediación, de negociación y de resistencia política. Al respecto, el debate teórico y metodológico en la historiografía latinoamericana6 ha mostrado las diversas facetas de los intentos de control estatal sobre áreas fronterizas y poblaciones marginales, las múltiples y cotidianas negociaciones de que son objeto las políticas oficiales, así como los

obstáculos regionales y locales que encontraron los proyectos modernizadores y elitistas7.

Este artículo muestra el intento de los gobiernos central y provincial de Antioquia por expandirse y ejercer control institucional sobre el nordeste de la provincia, por medio de las jefaturas políticas. En primer lugar, se destaca el carácter fronterizo y relativamente autónomo de esta zona, reconocida por su riqueza aurífera y por su marginalidad con respecto del centro político administrativo. En segundo lugar, se expone la creación de una unidad cantonal, el impacto de la presencia de jefes políticos en la zona, a quienes correspondía extender redes de centralización política y se refiere particularmente a un enfrentamiento entre integrantes del Gobierno que derivó en acciones violentas.

1. El nordeste: una frontera social, política, económica y cultural

Desde finales del siglo xviii, un número significativo de personas salieron de los confines de la colonización española hacia la frontera interna neogranadina, entendida como ese territorio relativamente desconocido, fragmentado geográficamente, con escasa o nula presencia de autoridades civiles y religiosas, zona de refugio, parcialmente habitado por indígenas y aparentemente disponible para personas pobres (blancos pobres, mestizos, mulatos, esclavos negros), con el fin de desmontarlo y activarlo productivamente. Estos espacios de transición, dinámicos demográficamente, se fueron formando y cristalizando en áreas de producción minera y agropecuaria, y por medio de unidades

5 Carlo Ginzburg, “Acerca de la historia local y la microhistoria”, en Tentativas (Morelia: Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, 2003), 256-257.

6 Gilbert Joseph y Daniel Nugent, eds., Everyday Forms; Florencia E. Mallon, Campesinos y nación. La construcción del México y Perú poscoloniales (México: El Colegio de San Luis/El Colegio de Michoacán/Ciesas, 2003); Romana Falcón, “Patrones de dominio. Estado contra itinerantes en la frontera norte de México, 1864-1876”. En Los ejes de la disputa. Movimientos sociales y actores colectivos en América Latina, siglo xix, coords. Antonio Escobar Ohmstede y Romana Falcón (Madrid: Iberoamericana/Ahila, 2002), 201-231; Romana Falcón, coord., Culturas de pobreza y resistencia. Estudios de marginados, proscritos y descontentos. México, 1804-1910 (México: El Colegio de México/Universidad Autónoma de Querétaro, 2005).

7 Michael Baud y Alma Parra, “Respuestas, resistencias y acomodos a los procesos modernizadores en América Latina. Viejos problemas y nuevas perspectivas”, en Pueblos, comunidades y municipios frente a los proyectos modernizadores en América Latina, siglo xix, comps. Antonio Escobar Ohmstede, Romana Falcón y Raymond Buve (México: El Colegio de San Luis/Cedla, 2002), 246.

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administrativas parroquiales se trató de incorporar institucionalmente los asentamientos dispersos, a veces sin una clara idea acerca de la jurisdicción a la que correspondían8.

La migración de individuos hacia espacios deshabitados, al margen de las autoridades, buscando salidas a problemas económicos o judiciales, se incrementó a partir de 1810, con quienes buscaban evadir el reclutamiento de los bandos patriota y realista, y con esclavos que aprovecharon la guerra para escaparse de haciendas y de cuadrillas mineras. Frecuentemente las autoridades expresaron su preocupación por la vida “suelta”, “sin Dios ni ley”, que llevaban estas personas en el

campo abierto, donde con mayor facilidad evadían la justicia, defraudaban la hacienda pública, evitaban la conscripción, incumplían el servicio personal obligatorio en obras públicas o en cargos onerosos, e incurrían en uniones libres, consumo de licor, juego y vagancia.

En la provincia de Antioquia, el cantón del Nordeste (ver imagen 1) permite ilustrar el conflictivo e inacabado intento de un poder central por integrar política y administrativamente una zona de frontera interna. Esta zona, rica en oro, fue conquistada y explotada por los españoles desde el siglo xvi, pero todavía en el xviii era de difícil control institucional9. Las autoridades de la provincia de Antioquia intentaban ejercer jurisdicción civil sin mucho éxito y la religiosa la compartían con Cartagena y Mompox; por razones de cercanía geográfica, tenía mayores vínculos comerciales con estas ciudades que con Santafé de Antioquia, lo que suponía la posibilidad de vivir, de hecho, con gran autonomía respecto del centro político institucional10. Para el Gobierno, en asuntos específicos como la hacienda real, esta autonomía era favorable a intereses privados y contraria a los de la Corona.

Gente “evadida”, móvil y diversa étnicamente vivía con gran autonomía social, política y económica años antes de la Independencia11. La decadencia minera de Zaragoza, Cáceres y Guamocó propició la pérdida de interés de las autoridades de Antioquia sobre un territorio en el que tenían jurisdicción formal; esto favoreció la impugnación de hecho de la institución esclavista, la formación de pequeños pueblos de cimarrones, la resistencia al pago de tributos entre indígenas y

8 La definición de frontera implícita en este párrafo se inspira en: Marco Palacios, El café en Colombia, 1850-1970. Una historia económica, social y política (Bogotá: El Colegio de México/El Áncora Editores, 1983), 154, y Jane Rausch, La frontera de los Llanos en la historia de Colombia (1830-1930) (Bogotá: Banco de la República/El Áncora Editores, 1999), 16-17.

9 Emilio Robledo, Bosquejo biográfico del señor Oidor Juan Antonio Mon y Velarde Visitador de Antioquia, 1785-1788, tomo ii (Bogotá: Banco de la República, 1954), 40-41.

10 María Teresa Arcila y Lucella Gómez, Libres, cimarrones y arrochelados en la frontera entre Antioquia y Cartagena. Siglo xviii (Bogotá: Siglo del Hombre Editores/Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, 2009), 38-39.

11 Por ejemplo, la ciudad de Nuestra Señora de Los Remedios tenía, en 1778, 652 mulatos, 335 mestizos, 320 blancos, 266 negros, 58 zambos, 27 indios (1.658 en total). César Augusto Lenis Ballesteros, Una tierra de Oro. Minería y sociedad en el nordeste de Antioquia, siglos xvi-xix (Medellín: Idea, 2007), 105. En 1809 registra, en total, 1216 personas. José Manuel Restrepo, Ensayos sobre la geografía (Medellín: Fondo Editorial Universidad eafit, 2007), 115.

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mazamorreros, así como las uniones “ilegítimas”12. Juan Antonio Mon y Velarde decía que la mayor parte de la gente de Zaragoza eran transeúntes sin domicilio fijo, que conformaban caravanas para ir a sitios mineros con el fin de extraer oro, en donde cometían “ofensas a Dios”, se entregaban a “vicios” y contraían enfermedades; afirmaba que la zona era “refujio” de marineros y soldados desertores y no había a quién confiar los oficios de gobierno. El gobernador decía que la división de jurisdicciones entre Antioquia, Remedios y Cáceres había sido “ruinosa a su mayor prosperidad y fomento, pues la cortedad de sus productos, y la larga distancia de sus Jefes, impedía velar sobre las operaciones de los subalternos quienes abandonados, olvidándose del celo y esmero con que debían proceder en sus empleos, han convertido en propia sustancia los intereses del soberano”13.

Imagen 1: Mapa de Antioquia y cantones en 1827.

Fuente: Gloria Rendón Cuartas, División territorial administrativa de Antioquia durante el siglo xix (Medellín: Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia, 1997).

12 Ver: María Teresa Arcila y Lucella Gómez, “Una sociedad de frontera. El Bajo Cauca-Nechí a fines del periodo colonial”, en Fronteras, territorio y metáforas, comp. Clara Inés García (Medellín: Hombre Nuevo Editores/Iner, 2003), 281-285.

13 Emilio Robledo, Bosquejo biográfico, 314.

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Con el fin de afianzar el gobierno en el área, espacios colindantes a la ciudad de Remedios se anexaron a la provincia de Antioquia desde 1757, pero dicha tarea era difícil, entre otras razones por el cruce de jurisdicciones14. Por otra parte, desde fines del siglo xviii las relaciones entre autoridades locales y poblaciones fueron difíciles y tensas; aquellas enfrentaron prácticas de oposición de parte de vecinos que se resistían a pagar incrementos no acordados de impuestos, a aceptar alcaldes indeseables o grupos de poder que se aprovechaban de su hegemonía local para incurrir en excesos y arbitrariedades15. Con estas prácticas polí-

ticas populares se trató de contener el gobierno de autoridades coloniales y republicanas, representado por alcaldes ordinarios que, a los ojos de vecinos y habitantes, carecían de legitimidad y reconocimiento.

1.1. “Defraudadores”, “irreligiosos”, “desconductados” y “hechiceros”. La imagen del nordeste concebida por las élites

El fin de la guerra de Independencia reactivó esfuerzos del Gobierno central por establecer el orden social, lograr el cumplimiento de las obligaciones públicas de los vecinos del nordeste y, especialmente, ejercer control fiscal. Pese a la baja densidad demográfica16, la zona implicaba un reto para las autoridades republicanas que requerían incrementar el ingreso tributario derivado de la explotación minera y la circulación del oro. Desde 1819 venía en aumento el denuncio de minas en la jurisdicción de Los Remedios, el uso de técnicas para la explotación de minas de oro de veta y la producción minera17. Este aumento de las minas de oro corrido lo hacía de especial interés para el Gobierno. José María del Castillo, secretario del Despacho de Hacienda, afirmaba en 1826 que, como “efecto de la inmoralidad heredada de nuestros antiguos opresores”, en Remedios, Zaragoza y Yolombó se conservaba el “arraigado vicio” de defraudar a la República, pues sus mineros evitaban llevar el oro y la

14 Desde 1756, el gobernador Manuel López de Castilla, advertía que la “concurrencia de jurisdicciones” en el área de Remedios era el origen de “perjuicios” porque los reos se pasaban de una a otra jurisdicción, aprovechándose de que los jueces no los perseguían por “el riesgo de quedar desairados”. Citado por César Augusto Lenis Ballesteros, Una tierra de oro, 92.

15 Anthony McFarlane, “Desórdenes civiles y protestas populares”, en Colombia en el siglo xix, comps. Germán Mejía Pavony y Michael LaRosa (Bogotá: Planeta, 1999), 42-43, y Margarita Garrido, Reclamos y representaciones. Variaciones sobre la política local en el Nuevo Reino de Granada, 1770-1815 (Bogotá: Banco de la República, 1993), 125-136.

16 Según Camilo Botero Guerra, la población del nordeste pasó de 3.590 habitantes en 1828 a 6.268 en 1843; sin embargo, entre este año y 1883, casi se triplicó su población, que llegó a los 17.019 habitantes. Citado por César Augusto Lenis, Una tierra de oro, 148.

17 Los registros de títulos o amparos de minas muestran ese incremento notorio en la titulación, sobre todo entre 1813 y 1825. José María Mesa Jaramillo. Minas de Antioquia. Catálogo de las que se han titulado en 161 años, desde 1739 hasta 1900 (Medellín: Imprenta Oficial, 1906), especialmente, los índices del tomo 2, 3 y 4, 12-39.

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plata a las casas de amonedación (lo que implicaba el pago de impuestos) y lo sacaban clandestinamente hacia Cartagena18.

Además de “defraudadores”, los habitantes del nordeste fueron considerados sueltos, irreligiosos y desobedientes. Las élites ilustradas concibieron una imagen prejuiciada que marcó la relación del centro político administrativo con esta frontera social, política y económica de Antioquia. Manuel Uribe Ángel, geógrafo, médico, escritor e historiador, decía que sobre lugares como Remedios y Zaragoza se tejió un manto de “misterio, de horror y de aterradora supersti-

ción”, relacionado con las distancias que había desde el centro de la provincia hasta esos lugares, con las selvas y animales feroces que habitaban las montañas y con las prácticas culturales de negros traídos violentamente del Congo, Senegal y Angola para explotar las minas de la zona.

Según Uribe Ángel, a estos pueblos sólo iban “valientes” a buscar oro, quienes o pagaban con su vida el intento o regresaban a Medellín “refiriendo maravillas sobre encantos, hechicerías, brujerías, agüeros, magia y una gran lista de absurdas supersticiones”19.

Las características de los habitantes del nordeste representaban un reto para las autoridades republicanas empecinadas en la búsqueda del orden. Félix Gálvez, alcalde de Remedios, denunciaba los frecuentes “desórdenes” e irrespetuosos “atentados” contra el templo y las autoridades de Dios, los cuales justificaban procesos criminales que sirvieran de “antídoto” a los “irreligiosos” moradores del pueblo20. La mayor parte de los habitantes vivían dispersos, dedicados a actividades económicas estacionales y a prácticas sociales mal vistas por las autoridades locales. Gregorio de Sangermán, alcalde de Zaragoza (y denunciante de minas en Zaragoza), decía que sus habitantes se sostenían de “fiados” que les hacían negociantes y rescatantes locales; tan pronto lograban el sustento se retiraban a “vagamundear” a sitios de mazamorreo, en los que siempre había individuos “entrampadísimos” que sólo iban a la ciudad en horas de la noche; además, tenían un carácter “insubordinado” y practicaban “desconductadas costumbres”21. Mariano Ospina Rodríguez calificó a los zaragozanos como estúpidos y cobardes, a los que ocasionalmente se les “metía el diablo en el cuerpo”, se alborotaban y hacían “revoluciones”; eran, en su opinión, como “la familia de Caín”, un pueblo “maldito por

18 José María del Castillo, “Exposición del Secretario de hacienda, presentada al Congreso de 1826”, en Administraciones de Santander, 1826-1827, comp. Luis Horacio López Domínguez (Bogotá: Presidencia de la República, 1990), 88-89.

19 Manuel Uribe Ángel, Geografía general del Estado de Antioquia en Colombia (Medellín: Autores Antioqueños, 1985), 177 y 187.

20 Comunicación de Félix Galvez, alcalde de Remedios al Gobernador de la Provincia, 16 de mayo de 1821, en Archivo Histórico de Antioquia (aha), Medellín-Colombia, Fondo República, t.927, doc. 14190, f.80r.

21 Oficio de Gregorio de Sangermán, alcalde de Zaragoza, al gobernador Comandante, 16 de julio de 1827, en aha, Fondo República, t.1250, doc. 17434, f.295.

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Dios”22. Estas palabras, en boca del prestigioso político, explican en parte la actitud con que algunas autoridades ejercían el gobierno en la zona.

1.2. La “antigua antipatía” hacia las autoridades. Los motivos locales del rechazo de las autoridades

Las imágenes que concibieron las élites sobre los habitantes del nordeste se fundaban en gran parte en prejuicios de gobernantes sobre una población étnicamente diferente, con actividades

productivas difíciles de controlar y hábitos sociales proscritos por la Iglesia católica. Así mismo, se inspiraban en prácticas políticas populares que las autoridades interpretaban como actos de desacato, insubordinación y rebeldía, pero que, vistas desde la perspectiva local, respaldaban reclamos de justicia contra situaciones provocadas por esas autoridades y reivindicaciones políticas concretas como la de contar con gobernantes propios.

Con frecuencia, los habitantes del nordeste se quejaron contra las autoridades civiles y militares de distinto rango, en parte porque la distancia con respecto a Medellín propiciaba abusos y excesos en materia de impuestos, trabajo obligatorio y servicios adicionales que requerían tales “funcionarios”. María Ygnacia Castro, vecina de Cancán, decía que “los jueses inferiores de los partidos”, por estar alejados del centro, tenían la costumbre de “abusar de la autoridad” que se les había confiado, “hoyando los Derechos de los ciudadanos”, con el agravante de que las multas y exigencias no siempre beneficiaban la hacienda o el bienestar público, sino que servían a intereses particulares. Denunció, en particular, a Joaquín Moreno, Teniente Gobernador de Remedios (y denunciante de minas en el mismo lugar), quien le impuso el “gravamen” de llevar en su mula una carga de diez arrobas de tabaco, haciéndole creer que “era del estado” cuando en realidad pertenecía a los señores Joaquín, Vicente y Luis Moreno del vecindario de Yolombó.

Para la señora Castro, el teniente faltaba a “la legalidad con que por su empleo debía conducirse” y perjudicaba a los habitantes a favor de su propio interés, razón por la cual pedía que se corrigiera “el exceso” y se le “decretara un pago” por sus servicios23.

Situaciones como la anterior creaban mutuas prevenciones entre autoridades y pobladores, al punto que los primeros notaban explícitamente el rechazo de que eran objeto por parte de los habitantes del área. El ya mencionado alcalde Sangermán decía que la mayoritaria “clase humilde” de Zaragoza profesaba “una antigua antipatía” a la autoridad, y cuando ésta recaía en una persona que no era de la “fracción de ellos”, se la miraba con “desprecio y desobediencia”. Como ejemplo citaba

22 Citado por Estanislao Gómez Barrientos, Don Mariano Ospina y su época, 1805-1849, tomo i (Medellín: Imprenta Editorial, mcmxii), 299.

23 Queja de María Ygnacia Castro contra el Teniente Gobernador del Nordeste sobre el alquiler de una mula, en aha, República, t.961, doc.14368, f.3r.

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lo sucedido en febrero de 1824, cuando un tal Escolástico Ortiz “hizo una pública y escandalosa resistencia” a una orden del gobierno provincial. Desde entonces, según testimonio de Sangermán, la autoridad del alcalde/juez se desconocía, la gente “burlaba” la justicia escondiéndose en el monte, algunos habitantes no se quitaban el sombrero en su presencia y en ocasiones lo enfrentaban con “piedras y machete en las manos”, de tal modo que las autoridades vivían muy “escarmentadas”24.

Esta “pública y escandalosa resistencia” no era aislada o circunstancial, pues se originaba en una reivindicación política antigua, transmitida frecuentemente al gobierno provincial sin mayor resonancia en Medellín. Desde aquel acontecimiento de 1824, según fuente oficial, se hizo de “pública voz” el comentario según el cual en Zaragoza “estaban dispuestos a rrecistirse” en caso de que las personas que destinaran para gobernarlos “fuesen sujetos de color blanco”, pues querían que su alcalde fuese un “vecino criollo y de los pardos”25. El desconocimiento de este reclamo por parte de la gobernación dio origen a conflictos posteriores y llevó a los habitantes a oponerse a los “funcionarios” designados desde la capital de la provincia.

2. La creación del cantón del Nordeste

Para fortalecer la presencia institucional en el nordeste, las autoridades centrales y provinciales apelaron a la excepcionalidad normativa26. Desde la declaración de Independencia de España en 1812, intentaron integrar el territorio lejano, relativamente despoblado y en ocasiones renuente a la presencia de autoridades gubernamentales. Durante la guerra, las escaramuzas entre el bando patriota y las fuerzas realistas llevaron a los primeros a designar un teniente gobernador para controlar el extenso nordeste. Con el fin de ejercer mayor control social, político y fiscal, entre las unidades político-administrativas creadas en 1824, se encontraba el cantón del Nordeste27. La sede administrativa del cantón fue Remedios, pero también fue deseada por Cancán y Amalfi, de tal modo que, por lo menos hasta 1847 se expresaron rivalidades por acceder a esta preeminencia institucional.

El cantón más grande espacialmente de los existentes en la provincia de Antioquia quedó integrado por las parroquias de Remedios, Anorí, Cancán, Nechí, San José, San Bartolomé, Zaragoza

24 Oficio de Gregorio de Sangermán, alcalde de Zaragoza, al Gobernador Comandante, 16 de julio de 1827, en aha, República, t.1250, doc.17434, f.295.

25 Oficio del Teniente Gobernador del Nordeste al Gobernador de Antioquia, Remedios, 14 de febrero de 1824, en aha, República, t.971, doc.14431, f.353r.

26 El artículo 22 de la Constitución del Estado de Antioquia de 1812 establecía una excepción para el Nordeste en el sentido de que, como no había cabildo, y “atendiendo a la distancia de los lugares que lo componen, los apoderados serán también electores, y reunidos en la parroquia más central que asigne la Lejislatura”. Manuel Antonio Pombo y José Joaquín Guerra, Constituciones de Colombia, tomo i (Bogotá: Banco Popular, 1986), 497.

27 Congreso de la República, “Decreto por el cual se divide el territorio en doce departamentos”, Gaceta de Colombia, N°.

142, Bogotá, 4 de julio, 1824, s/p.

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y, posteriormente, Amalfi. Comprendía un territorio menos quebrado que los de la parte central de la provincia, pero era selvático, aislado y distante, pues su cabecera estaba situada a treinta y tres leguas de Medellín28. Un visitante de la zona afirmaba que, cuando alguien se “internaba” en el cantón, quedaba incomunicado con su familia y con sus amigos, a tal punto que “ni los susurros del pueblo ajitado” llegaba a sus oídos; decía que la vida que se podía llevar podía ser “apetecible” para “el deudor fallido acosado i perseguido por sus acreedores”, pero un hombre habituado a la “sociedad” podía perecer por la falta de “ajentes que lo vivifiquen”29.

Como una excepción en Antioquia, seguramente por el interés fiscal que representaba para el Gobierno central, se destinó del presupuesto de la nación un rubro para el pago y manutención del jefe político del cantón del Nordeste. La municipalidad no tuvo, por lo menos hasta 1832, rentas municipales propias y las que se crearon en ese año eran de “poca consideración”30. El salario del jefe político no era alto y debía alcanzar para sufragar gastos administrativos de la oficina, situación que comprometía la estabilidad económica de quienes ocupaban el cargo31. En 1827, el jefe político Bacilio Ceballo se quejó ante el gobernador porque, para asumir la “judicatura”, había tenido que suspender su “industria”, pese a que tenía una extensa familia que sostener y créditos pendientes que cumplir.

Para el desempeño de sus funciones le había tocado cubrir los gastos de papelería y de amanuense, razón por la cual la “ruina [había] tomado imperio” sobre su casa y familia32.

Otro aspecto que se insinuó previamente es que en las parroquias del cantón del Nordeste no había una élite local tradicional reconocida, arraigada, con experiencia en cargos político-administrativos, con méritos políticos o con vínculos fuertes en la capital de la provincia33. Por estas razones, la gobernación designó con frecuencia jefes políticos que no pertenecían a Zaragoza o

28 “Provincia de Antioquia, 1852. Distancia de los cantones a Medellín”, en Agustín Codazzi, dir., Geografía física y política de la Confederación Granadina. Estado de Antioquia, vol. iv, eds. Guido Barona Becerra, Augusto J. Gomez López y Camilo Domínguez Ossa (Medellín: Universidad Nacional de Colombia/eafit/Universidad del Cauca, 2005), 194-198.

29 “Correos”, El Censor, Medellín, 18 de febrero, 1849, 150.

30 “Mensaje de la Gobernación a la Cámara Provincial”, Constitucional de Antioquia, Medellín, 20 de septiembre, 1835.

31 En 1847, del tesoro nacional se le pagaba al jefe político $1200 y al secretario $400. “Informe que Mariano Ospina, Gobernador de Antioquia, presenta a su sucesor al entregarle el mando de la provincia, sobre el estado de los negocios que corresponden al despacho del gobernador”, El Antioqueño Constitucional, Medellín, 18 de julio, 1847, 181. En un proyecto de ordenanza del gobernador de la provincia, de septiembre de 1850, se proponía un sueldo de $6400 para el jefe político, $4000 para un secretario Contador, $1600 para un oficial. “Proyectos que el Gobernador de la Provincia presentará en la Cámara”, La Estrella de Occidente, Medellín, 22 de septiembre, 1850, 4.

32 Comunicación de Basilio Ceballos, del juzgado político del Nordeste, al gobernador de la provincia. Cancán, 12 de agosto de 1827, en aha, República, serie Gobierno Provincial, t.1242, doc.17414, f.167r.

33 Mon y Velarde había notado esa ausencia cuando admitía que, para mantener ocupado el cargo de alcalde de Zaragoza, debió “disimular la continuación de un alcalde por cerca de tres años”, y en Cáceres no había “un sujeto que sea digno de obtener un empleo de república, y toda la jurisdicción se ejerce por un capitán a guerra que es receptor de Real Hacienda”. Citado por Emilio Robledo, Bosquejo biográfico, 315.

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Remedios, lo cual motivó conflictos con habitantes y autoridades locales. Tal como se aprecia en la tabla 1, uno de los grupos que ejerció el control de la jefatura política fue el de los Moreno y los Ceballos, con intereses en la zona, pero residentes principalmente en Yolombó y Cancán. Algo similar puede decirse de Francisco Antonio Obregón, residente en Medellín.

Tabla 1: Jefes políticos en el cantón del Nordeste (1822-1836) Año

Nombre

Vínculos familiares Del tronco familiar de Vicente Moreno, colector de hacienda, capitán de guerra y justicia mayor a principios del siglo xix; patriota, diputado por el nordeste a la asamblea constitucional de 1812. Poblador de Yolombó. Denunciante de minas en Remedios. Los Moreno y los Ceballos tienen vínculos parentales.

1821 y 1833

Joaquín Moreno, teniente gobernador

1821, 1823, 1828 y 1829

Félix Gálvez

1824-1826

Joaquín Fernando Ceballos

1825 y 1831

Vicente Argüelles

1827

Basilio Ceballos (Mesa)

1829

Bernabé Pérez

1829 y 1832

Carmelo Ceballos

Del grupo familiar Moreno y Ceballos.

1830

Francisco Antonio Obregón

Del grupo familiar de los Córdoba Muñoz, residente en Medellín.

Nació en Cancán. Del grupo familiar Moreno y Ceballos.

Casado con Mariana Moreno Caballero, del grupo familiar Moreno y Ceballos. Denunciante de minas en Remedios.

Fuente: aha, Fondo Independencia, t.954, f.195. Fondo República, Serie Gobierno Provincial, t.1219, f.284; t.1223, f.107; t.1219, f.284; t.1239, f.200; t.1253, f.8; t.1280, f.70; t.1280, f.3; t.1280, f.38; t.1273, f.386; t.1273, f.17; t.1273, f.80; t.1273, f.119; Archivo Histórico de Medellín (ahm), Medellín-Colombia, Fondo Concejo, t.110, f.252r; t.114, f.63r; t.114, f.338r-v; t.114, f.4r-v; t.119, f. 76v.

2.1. La influencia política de los “desorganizadores i ambiciosos”. Los gamonales locales

El interés de las autoridades centrales y provinciales por controlar la zona chocó con la actitud de algunos alcaldes y de vecinos que rechazaron el modo como trataban de establecer el orden social, político y fiscal. Los conflictos casi siempre involucraban el tema de recursos locales: los habitantes trataban de defenderlos, algunos alcaldes los apoyaban y las autoridades cantonales buscaban extraerlos. En pocas ocasiones los enfrentamientos se resolvieron localmente; de hecho, los involucrados, principalmente jefes políticos, apelaban a la gobernación para que interviniera con el fin de reforzar su autoridad dado el poco apoyo que recibían de sus subalternos.

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El establecimiento local del sistema republicano pudo haberse recibido con beneplácito de parte de los vecinos del nordeste, pero las exigencias de algunas autoridades despertaron intranquilidad y malestar local. A principios de 1821, en Zaragoza y Cancán las autoridades civiles y militares requirieron de la población una contribución en forma de transporte (caballerías), raciones y bagajes para militares en tránsito por la zona. El señor Antonio Ramban, alcalde pedáneo, explicó que el pueblo era “reducido”, pobre, en “decadencia” y carecía de animales para el transporte, razón por la cual no alcanzó a reunir el dinero, recursos y medios que le correspon-

dían según el reparto. Las exigencias de las autoridades “inquietaron” a la gente del pueblo y el alcalde sintió su deber planteárselo a su superior, por un lado, para evitar la percepción de que actuaba con “morosidad” en la recolección de contribuciones, y por el otro, para recibir instrucción acerca de dónde extraer tales recursos dada la situación de la población34.

Estas situaciones generaron tensiones con la autoridad cantonal que exigía contribuciones y con el alcalde parroquial que debía recogerlas directamente de los vecinos. Para el jefe político Félix Gálvez, el alcalde Ramban se rehusaba a colaborar con autoridades superiores tal como lo ordenaba la ley. Por esta razón solicitó al gobernador de la provincia que intercediera para recordarle al alcalde que Zaragoza estaba “sujeta” a contribuir con los “transportes, raciones y pensiones”; que debía franquear el transporte de la tropa entre Cancán, San Bartolomé y Zaragoza; y que contribuía muy poco con esta clase de “auxilios”35. Las fricciones dentro del propio Gobierno se originaban, casi siempre, por el malestar de jefes políticos con subalternos que no acataban órdenes, pero también por rivalidades arraigadas, posiblemente motivadas por las disputas con algún gamonal local que se servía de su cargo para fortalecerse políticamente. Feliz Galvez, a cargo de la jefatura en 1823, denunció ante el gobernador de la provincia al alcalde de Remedios, Bernabé Pérez, por desobedecerlo e insultarlo.

Advertía el jefe político que si la gobernación no ponía “remedio” a la “insubordinación” del alcalde, éste volvería a desobedecerlo, pues sabía que le chocaba estar bajo sus órdenes36.

Esta situación, frecuente en el cantón, era asociada con la presencia de personas que ejercían un influjo “negativo” en las parroquias. En 1829 el jefe político Francisco Antonio Obregón (quien sería gobernador de la provincia desde 1837), afirmó que el incumplimiento y abusos de algunos “funcionarios” locales de Remedios para el suministro de información, se debía a la “distancia” a la que se encontraban de los jefes. Al evaluar la actitud de Bernabé Pérez, su antecesor, Obregón cuestionó el tipo de influencia que ejercía localmente, pues decía que incidió para que disposiciones sobre reparto

34 Comunicación de Antonio Ramban al Secretario y Comandante General, Zaragoza, febrero 22 de 1821, en aha, República, t.929, doc.14195, f.360r.

35 Comunicación de Félix Gálvez al Comandante General de la Provincia, Remedios, 8 de marzo de 1821, en aha, República, t 933, doc.14204, f.174r.

36 Comunicación del jefe político del Nordeste, Félix Galvez, al Gobernador, en aha, República, t.954, doc.14339, f.489.

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de caminos se quedaran “sin efecto en su jurisdicción”, para que algunos reos solicitados no fueran remitidos, y para que se hiciera “ilusoria” la recaudación de un empréstito; adicionalmente, dudaba del cumplimiento debido y oportuno de las órdenes relacionadas con las elecciones parroquiales37.

Este tipo de situaciones no pasaban por alto para las autoridades centrales y provinciales, las cuales buscaban un mayor control, sobre todo en materia fiscal. En 1835, previa autorización del Gobierno central, la gobernación envió en “comisión” como jefe político a Francisco Machado, para poner orden en la administración de rentas del cantón: le otorgó facultades para organizar el sistema

de recaudación, liquidar y cobrar deudas atrasadas y exigir responsabilidad de empleados y defraudadores. Pese a su esfuerzo por “establecer el orden” y a su “celo” en el cumplimiento de leyes y órdenes superiores, su labor fue infructuosa. Reconocía la honradez de algunos vecinos, pero notaba que predominaban los “desorganizadores i ambiciosos” que maquinaban para que el Nordeste siguiera en su “estado de trastorno, aniquilación y adormecimiento”. Afirmaba que estos “desorganizadores” desarrollaron en su contra una “encarnizada persecución”, conspiraron con el fin de sacarlo del cargo y le declararon la “guerra” a los “funcionarios” que lo apoyaron en su propósito38.

En las comunicaciones se pone en evidencia la influencia social, política y económica de personas que encontraban en este jefe político una amenaza para sus intereses. Uno de los considerados “conspiradores” era Joaquín Moreno, quien fue teniente gobernador antes de 1821 y jefe político en 1833. Dice Machado que este personaje viajó de Remedios a Zaragoza con el fin de buscar suscriptores para una petición dirigida al gobernador solicitando su destitución como jefe político; en Zaragoza reunió nueve firmas, pero en Remedios obtuvo un mayor número de adherentes a la petición. Para Machado, quienes suscribieron el documento eran “personas oscuras”, que tal vez ni tenían “el derecho de ciudadanos”, sujetos engañados, algunos resentidos por el cobro de su deuda con el erario y empleados morosos que debían darle cuenta de su labor. No le parecía extraño, entonces, que en un cantón con más de tres mil habitantes se encontraran cuarenta y cuatro vecinos “resentidos, fascinados o seducidos que hayan solicitado […] mi separación del empleo”39.

Machado notaba que en la propia administración se ganó el rechazo de algunos “funcionarios” locales, tal como lo podían certificar el juez letrado de hacienda, el tesorero provincial y los administradores de diversos ramos. En el cantón reinaban “el desinterés y apatía” entre empleados que lograron el triunfo de “la fuerza de inercia” sobre órdenes expedidas por autoridades superiores, razón por la cual se vio precisado “a exitarlos al cumplimiento de sus obligaciones por medio de

37 Comunicación del jefe político del Nordeste, Francisco Antonio Obregón, al Prefecto del Departamento de Antioquia.

Yolombó, septiembre de 1830, en aha, República, serie Gobierno Provincial, t.1229, d.12525, f.153r.

38 Francisco Machado, “A mis conciudadanos”, Medellín, 1835, Biblioteca Central de la Universidad de Antioquia (bcudea), Colección Patrimonial, Fondo Hojas Sueltas, rollo 1, doc.18, f.29.

39 Francisco Machado, “A mis conciudadanos”, f.29.

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notas enérjicas, revestidas de la firmeza necesaria”, aunque admitía que “el lenguaje” usado no era el más “propio” y “cultivado”, pues aprendió a “obedecer y a hacer obedecer en la carrera militar”.

Previno al gobernador porque algunos “funcionarios” lo denunciaron como “defraudador” y por “cobros indebidos”, pero afirmaba que los recaudos los había ingresado a las cuentas de la hacienda nacional; de hecho, expresó que había sufrido “perjuicios”, pues debió reponer “algunas [pequeñas] cantidades” que por descuido de los jueces de Remedios no se recolectaron40.

Estas situaciones generaban descontento local y presionaban a los habitantes del cantón a expresar directamente sus opiniones a las autoridades provinciales. A propósito de la designación del jefe político para 1841, en un anónimo firmado por “La Mayoría”, algún(os) personaje(s) se aprovechó(haron) del hecho de que el Concejo Municipal no había presentado terna con candidatos para pedir al gobernador que, “en atención a los innumerables padecimientos” experimentados en el cantón en los cuatro años anteriores, desechara cualquier intento de reelección y nombrara un “hombre con conocimientos, de buenas costumbres i que propenda de una manera positiva” por el progreso del nordeste41. La solicitud hacía eco a esa antigua aspiración consistente en un gobierno cantonal mucho más cercano a los intereses del nordeste, aunque seguramente estaba respaldada por un grupo marginado del poder local.

2.2. El jefe político: “La semilla de la discordia”

Las tensiones entre jefes políticos, alcaldes y vecinos en el cantón del nordeste tenían una lógica propia que correspondía, por un lado, a la idea de élites políticas ilustradas de cómo instaurar localmente la autoridad en una zona que se oponía frecuentemente al control social, político y administrativo; por otro lado, a las respuestas de poderes locales que controlaban cargos parroquiales y tenían la posibilidad de movilizar algunos vecinos. Planteado en otros términos, obedecía a una lucha entre un poder con pretensiones hegemónicas y a la resistencia que localmente ejercían personas con intereses, influencia social, política y económica.

Los habitantes del cantón vivieron, entre agosto de 1846 y febrero de 1848, una situación de crispación política por el choque de estas fuerzas. Gregorio María Del Valle fue designado jefe político, posiblemente desde agosto de aquel año. De origen vizcaíno, hizo parte del ejército real pero pasó al bando patriota y reconoció posteriormente a las autoridades republicanas. Pese a no ser vecino ni tener intereses en la zona, Mariano Ospina Rodríguez, gobernador de Antioquia, lo designó en el cargo con el fin de poner orden administrativo y mayor control del área. La designación de Del Valle

40 Francisco Machado, “A mis conciudadanos”, f.29.

41 “Jefatura política para el Cantón del Nordeste. Aviso a la Gobernación de la Provincia”, Medellín, noviembre 27 de 1840, en bcudea, Colección Patrimonial, Hojas Sueltas, rollo 1, doc.226, f.276.

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despertó el malestar de algunas personas residentes en el cantón, que lo consideraban incompetente para “conservar la majestad de la ley”, “respetar y sostener garantías individuales” y “procurar la felicidad del país”42. Pocos días después, bajo el seudónimo de “Cambombolito”, El Amigo del País (periódico de tendencia liberal, adverso al gobernador Ospina) publicó una nota en la que acusaba a Del Valle por haber sido Teniente Coronel de los Reales Ejércitos Españoles, condición que, al parecer, lo inhabilitaba para ocupar el cargo (esto según la reforma de 1825, pero después de 1834 se retiró el requisito); además, había un auto judicial en su contra que lo suspendía temporalmente del servicio43.

Para avivar el debate contra Del Valle, algunos “ciudadanos” sacaron a relucir su pasado político y revivieron el fantasma de la restauración española. Lo definieron como un español “arrojado del seno de una revolución” y nutrido con “las formas de un poder monárquico” que oscureció el cielo neogranadino con los humos de la “humillación i la ignominia”. Interpretaron su designación como “una fatalidad inexplicable”, que devolvía el nordeste a los “tiempos ominosos i bárbaros” en los que eran tratados como “viles esclavos sujetos al poder de los Borbones”. Hechos ocurridos en los primeros días de la gestión de Del Valle les sirvieron de pretexto para denunciar que “la sangrienta escena de los Enriles, Boves i Morillos” se había repetido en el cantón y sólo faltaba que los hicieran “correr con los pies descalzos i desollados sobre arena, vidrios y guijarros”44.

La gobernación sostuvo a Del Valle en el cargo pese a este rechazo, pero la situación empezó a agravarse cuando “funcionarios” locales se expresaron en su contra. A principios de 1847, el jefe político debió excusarse en repetidas ocasiones ante la gobernación por el incumplimiento en el envío de información de industria, contribuyentes con servicio personal y guardia nacional del año anterior, necesarias para la realización de informes de gobierno. Para justificar la demora de su reporte administrativo, Del Valle denunció una aparente desidia y negligencia de diferentes “funcionarios” subalternos, en particular los alcaldes de Remedios y Nechí, quienes no suministraron los datos pese a oficios y multas impuestas45.

Para subsanar la situación, el jefe político tomó medidas coactivas que debían ser pagadas por el alcalde de Remedios: el envío de un “comisario” a la parroquia, el pago de costos de correo y una multa de $25 si no remitía los informes antes del 25 febrero. Un día después de esta orden, el jefe político le manifestó al gobernador que era “absolutamente imposible” remitir los

42 No queremos a Manuel Sencial ni a Gregorio María Del Valle por jefe político, Medellín, 8 de diciembre de 1846, en bcudea, Colección Patrimonial, Hojas Sueltas, rollo 1, doc.169, f.193.

43 Cambombolito, “Preguntas de unos pobres nordestanos”, El Amigo del País, Medellín, 15 de diciembre, 1846.

44 “Grito de Libertad”, Medellín: Imprenta de Manuel Antonio Balcazar. Remedios, octubre 28 de 1846, en bcudea, Colección Patrimonial, Hojas Sueltas, rollo 2, doc.166, f.189.

45 Oficio de Gregorio María Del Valle, Jefe Político de Cantón del Nordeste, al Gobernador de la Provincia, febrero 7 de 1847, en aha, República, t.1585, doc.1, f.07.

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cuadros estadísticos porque el alcalde de Remedios argumentó que “había sido objeto de burlas y desprecios” por parte de personas que se aprovecharon de su “inocencia” y obstaculizaron la recopilación de dicha información46. Por otro lado, Del Valle acusó al alcalde de Nechí por la “falta de veracidad” en los informes sobre el Cabildo, que consideraba “injuriosos” y vagos; en su opinión, el alcalde quería salir “superficialmente de [sus] responsabilidades, sin reparar en los medios”47. Del Valle perdió la pugna con estos alcaldes, pese a las órdenes y multas impuestas: el 7 de abril de 1847, de nuevo, el jefe político informó a la gobernación que no podía enviar los

datos solicitados debido a que los mencionados alcaldes no habían remitido aún la información48.

Del Valle también actuó administrativamente contra Juan Antonio Pacheco, tesorero cantonal, residente en Amalfi. Previa queja del Concejo Municipal del cantón, el 12 de febrero solicitó al gobernador la remoción de Pacheco por varias razones: no se sabía si su nombramiento era interino o en propiedad; no aseguró “el manejo de sus rentas” dando lugar a “resoluciones desagradables” y desobedeció las disposiciones para hacerlo; puso “trabas” en trámites propios de la oficina. Pacheco fue destituido y en su lugar fue nombrado Jenaro Ceballos, pero aquél no entregó oficina, libros, comprobantes y documentos relacionados con su ejercicio. El jefe político y el nuevo tesorero conminaron a Pacheco a realizar dicha entrega; lo amenazaron con abrirle un sumario e imponerle “penas pecuniarias”, pero éste se resistió, no pagó la multa de $25 y evitó un auto de prisión en su contra; la autoridad de aquellos fue desconocida también por el alcalde de Amalfi, quien no prestó apoyo para hacerlo prisionero. Finalmente, Pacheco pagó la multa, pero entregó “unos cortos papeles con algunos intereses”, que no le sirvieron al nuevo tesorero Ceballos para rendir cuentas de rentas municipales, manumisión y fondo de guardia nacional49.

La negligencia y el desinterés de los “funcionarios” subalternos eran también muestras de rechazo, hostilidad y resistencia abierta contra el jefe político Gregorio María del Valle. En un sumario por “motín” y “asonada” en su contra, ocurridos en noviembre de 1846, Benito Alejandro Balcazar, juez letrado del cantón, fue acusado como cabeza del movimiento. Pese a las denuncias y a un retiro temporal del cargo, Balcazar fue restituido como juez letrado, pero Del Valle lo conminó en varias

46 Oficio de Gregorio María Del Valle, Jefe Político del Cantón del Nordeste, al Gobernador de la Provincia, enero 16 de 1847, en aha, República, t.1578, doc.1, ff.38, 43 y 200; Oficio de Gregorio María Del Valle, Jefe Político del Cantón del Nordeste, al Gobernador de la Provincia, febrero 20 y 26 de 1847, en aha, República, t.1585, doc.1.

47 Oficio de Gregorio María Del Valle, Jefe Político del Cantón del Nordeste, al Gobernador de la Provincia, febrero 28 de 1847, en aha, República, t.1585, doc. 1, f.52.

48 Oficio de Gregorio Del Valle, Jefe Político del Cantón del Nordeste, al Gobernador de la Provincia, abril 7 de 1847, en aha, República, t.1585, doc.1, f.97.

49 Oficios de Gregorio María Del Valle, Jefe Político del Cantón del Nordeste, al Gobernador de la Provincia, de febrero 12, abril 17, abril 30 y mayo 21 de 1847, en aha, República, t.1585, doc.1, ff.21, 115, 154 y 211. Para las razones que justificaban remover al empleado e iniciar un procedimiento penal en su contra, véase el oficio de Francisco de Marroquín, Jefe Político del Cantón del Nordeste, al Gobernador de la Provincia, enero 14 de 1848, en aha, República, t.1613, doc.1, f.16.

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oportunidades para que acreditara su situación legal y se presentara ante el Tribunal Superior en Medellín; como se negó a dicho traslado, ordenó su detención y el pago de una multa de $2550. Estas acciones cesaron cuando desde Medellín se informó que Balcazar era juez letrado en propiedad, pero el conflicto entre las principales autoridades civil y judicial del cantón se sostuvo.

Las hostilidades entre el juez letrado y el jefe político continuaron en otro terreno, bajo la iniciativa del primero y con la participación de algunos sectores locales. En Remedios, en mayo de 1847, el juez Balcazar allanó la casa de Manuel Sencial, amigo del jefe político, y ordenó la

detención y encarcelamiento de la señora Vicencia Moreno, considerada “mujer honrada, honesta i desente”, la cual fue excarcelada por el alcalde Crispín León, por órdenes de Del Valle.

Por otro lado, Balcazar se negó a notificar, como establecía la ley, la relación de causas seguidas en el cantón en el segundo semestre de 1846. Por último, citó a una “multitud de individuos, la mayor parte peones jornaleros”, para que permanecieran armados y a su disposición. Para contrarrestar esta última actuación, el alcalde León ordenó la reunión de cincuenta miembros de la Guardia Nacional, pero fue desobedecido y detenido por el juez Balcazar, quien le notificó una suspensión por liberar a la señora Moreno. Para el acalde León, el procedimiento “a más de vejatorio i ultrajante”, era “ilegal i apasionado”. Sin embargo, en su opinión, lo más preocupante era que el juez letrado había hecho “causa común con las plebes”, había puesto armas en manos de “tantos forajidos” y las había dirigido contra la autoridad política con el fin de “acabar” y “hacer desaparecer la poca moralidad que aun quedaba”51.

Ante la detención del alcalde de Remedios, Crispín León, asumió el cargo el presidente del cabildo.

En su primer acto administrativo, el nuevo alcalde solicitó la presencia del jefe político para resolver una situación que había llegado a un extremo porque faltaba “la confianza” de los ciudadanos en la autoridad pública, porque se armaban empleados contra empleados y porque ellos mismos debilitaban las leyes que buscaban hacer respetar. Afirmaba que “con tales ejemplos de inmoralidad acaba de corromperse un pueblo falto de civilización i lleno de forajidos perdidos, de cuyas armas se vale el Juez Letrado de este circuito para perseguir al hombre honrado i pacifico”. Como colofón, agregaba que para él o para quien lo sucediera, la tarea de “hacer respetar la autoridad política” sería una “operación difícil” en la medida en que tuvieran que entenderse con el representante del poder judicial52.

Entre julio y agosto de 1847, las hostilidades se convirtieron en un franco y abierto enfrentamiento entre Del Valle y Balcazar. Este último fue detenido, se fugó de la cárcel y admitió que había reunido treinta personas para que estuvieran dispuestas en “caso de alarma”; al parecer,

50 Oficios de Gregorio María Del Valle, enero 2, 7, 21, 30 de 1847, ff. 167, 212-213 y 235.

51 Oficios de Gregorio María Del Valle, mayo 2, 27, 28 de 1847, ff. 167, 230 y 234.

52 Oficios de Gregorio María Del Valle, mayo 2, 27, 28 de 1847, ff. 167, 230 y 234.

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también atentó físicamente contra Del Valle. En su defensa, el jefe político acusó a quienes se le oponían como “una pandilla de hambrientos calumniadores”, que no querían “autoridades celosas del orden, amantes de la ley i fieles ejecutadoras del gobierno”. Decía que como no habían quedado satisfechos con el intento de asesinato, habían acudido a la gobernación para transmitir “pérfidos resentimientos”53. El enfrentamiento de estos “funcionarios” llegó a su fin el 7 de agosto de 1847, cuando José María Melguiso, funcionario de la jefatura política del nordeste, informó al gobernador que había “reducido a prisión” a Del Valle y le habían suspendido sus

derechos como ciudadano “por estar encausado criminalmente” por aquellos sucesos.

En septiembre de 1847 apareció una nota publicada en El Antioqueño Constitucional en la que se reflexionaba sobre las razones que explicaban la situación del nordeste, pero en realidad se defendía la decisión del gobierno provincial de haber sostenido al depuesto jefe político.

En primer lugar, condenaba el atentado contra Del Valle porque era un “hecho escandaloso i alarmante que perjudica[ba] la moralidad de los pueblos” y pedía a las autoridades el descubrimiento de sus autores. En segundo lugar, valoraba la acción del jefe político, pues sin ella no se habrían conocido “los innumerables i escandalosos delitos”, aunque por ello no pasaba ni un mes sin que hubiera algún desorden ocasionado “por las tropelías” del jefe político y por la “continua i sangrienta lucha” en su contra. Por último, el autor de la nota no desestimaba las denuncias contra el jefe político, pero consideraba que varias personas tenían motivos para odiarlo porque estaban “mal enseñados” con otros jefes políticos que no hacían “nada”, mientras que éste perseguía la vagancia y otros vicios54.

Por otra parte, se argumentó que el nombramiento y sostenimiento de Del Valle en el cargo, contradecía el apoyo dado por el nordeste a la república. Algunos habitantes de Remedios, aludiendo a los “cruentos i heroicos sacrificios” por la libertad y por la independencia, advertían que a instancias de la jefatura política se habían cometido “excesos contra sus personas i escandalosas violaciones de las leyes” inadmisibles en un gobierno republicano por el que habían luchado55. Los “nordestanos” enfatizaron en una antigua reivindicación política de contar con gobernantes propios, un factor que muestra parte del fondo del conflicto. En una hoja suelta publicada en diciembre de 1847, cuando la gobernación designó a Cecilio Marroquín como sustituto del jefe político, algunos “inconformes” tomaron la vocería “del pueblo del nordeste” y manifestaron su preocupación porque aquella designación evidenciaba una “ciega fatalidad” que los perseguía. Al respecto, le preguntaban al gobernador de la provincia:

53 Oficios de Gregorio María Del Valle, agosto 1 y 5 de 1847, ff.384 y 398.

54 “Jefatura Política del Nordeste”, El Antioqueño Constitucional, Medellín, 8 de septiembre, 1847, 195-196.

55 “Grito de Libertad”, f.189.

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“¿Por qué, pues, a nuestro pesar, se nos obliga a ser siempre gobernados por forasteros, con mengua de los hijos del país, siendo un hecho demasiado cierto que el que admite

un destino fuera de su país natal, es porque sus escases lo obligan i entonces el alago del sueldo tiene la mayor parte en la admisión del destino? US al hacer tal nombramiento no ha tenido en cuenta el pedir siquiera una lista de elejibles al respetable concejo muni-

cipal; de donde se deduce por precisa consecuencia que todos los individuos de este cantón somos inteligencias negativas degradados en nuestra misma pequeñez, indignos por consiguiente de rejir los destinos del país; i si no, ¿por qué se nos priva de ser gober-

nados por individuos de nuestro mismo cantón? [...] Negársenos el que rija nuestros destinos un individuo de nuestro mismo cantón es idea mui triste Señor Gobernador; porque es un hecho demasiado cierto que estos pueblos no carecen de hombres que

tengan tanta capacidad como el Señor Marroquín, más práctica que él, mejores conoci-

mientos en lo relativo a la prosperidad i adelanto del cantón i ventajosos precedentes.

Quizá al hacer su Señoría aquel nombramiento no estaría penetrado de los males que nos

han causado algunos de los empleados enviados como por befa a empuñar en esta tierra (digna de otra mejor suerte) el cetro de bronce, i mandarnos con el fuete en la mano

como viles esclavos, de cuyo manejo nada propio para hombres libres. [La designación de “forasteros”] nos ha traído la fatal semilla de la discordia, virus corrosivo que todo dilacera i a cuyo solo aspecto tiembla el hombre honrado”56.

Esta decisión, que al parecer fue ratificada por el gobernador, vino acompañada de una disposición drástica. A propósito de una propuesta de reforma político-administrativa en 1847, los habitantes de Remedios, capital del cantón del nordeste, debatieron con vecinos de Cancán y Amalfi, que aspiraban al traslado de la sede de la jefatura. El argumento para el traslado eran las características “malsanas” y “difíciles” de Remedios, que habían impedido “proveer dignamente” el cargo de juez letrado del circuito, situación que, según algunas personas, se subsanaría si se trasladaba la sede a uno de los dos distritos parroquiales aspirantes57. Las autoridades provinciales “resolvieron” temporalmente la disputa a favor de Amalfi considerando que el traslado

56 “Sor. Gobernador de la Provincia”, Medellín, diciembre 9 de 1847, en bcudea, Colección Patrimonial, Hojas Sueltas, rollo 2 doc.185, f.214.

57 Para los de Remedios se trataba, en realidad, de intereses particulares representados por los “empleados langosta”, por los “murciélagos de empleados”, en fin, por personajes como “el astuto zorro que se propone desde ahora beberse la miel de nuestras colmenas”. “Cabecera del Cantón del Nordeste”, Medellín, mayo 12 de 1847 (firmada en Remedios, 13 de marzo de 1847), en bcudea, Colección Patrimonial, Hojas Sueltas, rollo 2 doc.178, f.206. Los de Cancán consideraban que estaban mejor situados con respecto de las demás poblaciones, en tierras feraces y con buenos edificios. César Augusto Lenis Ballesteros, Una Tierra de oro, 151.

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serviría para quitar “los estorbos que se presentaban para la marcha regular de los negocios en el espresado cantón”58. Pese a esta decisión, los “estorbos” no desaparecieron y el nordeste (y Bajo Cauca) siguieron como una frontera interna dentro de Antioquia.

Consideraciones finales

La tentativa de integración política del nordeste de Antioquia permite ilustrar el proceso contradictorio del establecimiento institucional sobre áreas periféricas en la primera mitad del

siglo xix. El despliegue por el territorio, intentando extender redes de centralización, con el fin de establecer mayor control social, político y administrativo, fue obstaculizado por “agentes” locales del Gobierno, interesados en preservar márgenes de autonomía, con el fin de proteger intereses particulares. Algunos jefes políticos designados por el gobierno provincial chocaron con poderes formales e informales locales, con capacidad para oponérseles y resistirlos, incluso mediante las armas. Estos conflictos dentro del propio andamiaje institucional muestran la simultaneidad de la expansión del aparato estatal y, al mismo tiempo, la persistencia de factores que limitaban su establecimiento local.

La creación de cantones y el ejercicio de jefes políticos en zonas relativamente marginales fue, a veces, una experiencia conflictiva y violenta para poblaciones habituadas a márgenes amplios de autonomía. El intento por lograr obediencia de subalternos y vecinos, derivó en enfrentamientos que le dieron un cariz violento a este proceso y provocó, al mismo tiempo, la actualización de tradiciones políticas locales de oposición y resistencia contra el propósito de aquellas autoridades de extraer recursos, impuestos y hombres para el ejército. Estos aspectos reforzaron una tensión entre tendencias centralizadoras y fuerzas orientadas al gobierno local autónomo, que fragmentaron de manera cotidiana el poder político.

Entre los gobiernos central y provincial y los poderes locales emergió un conflicto por la designación y acción de los jefes políticos, caracterizados por algunos habitantes como “semillas de la discordia” y por las autoridades como los instauradores de la “moral” y el “orden”. Los jefes políticos debieron enfrentar una doble resistencia: por un lado, antiguos jefes políticos, jueces, alcaldes y tesoreros, reacios a la injerencia externa, no obedecían, ignoraban y desairaban órdenes superiores; de hecho, apelaron a acciones directas, enfrentamientos físicos y asonadas contra sus aliados dentro del entramado político administrativo local. Por el otro, sectores sociales con una tradición de resistencia política, que planteaban por la vía formal reclamos sobre medidas de las autoridades, parroquiales y cantonales, consideradas abusivas e ilegales. Estos poderes locales no se doblegaron

58 “Continúa el informe del Sor. Gobernador a la Cámara de la Provincia”, El Antioqueño Constitucional, Medellín, 26 de septiembre, 1847, 221.

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frente a los agentes del gobierno provincial y, en los hechos registrados, inclinaron la balanza del poder político a su favor. Puede decirse, entonces, que el gobierno central fue “domesticado” localmente, aunque ello no significa que fuera inexistente o irrelevante.

Los conflictos entre autoridades y vecinos en el cantón del Nordeste tienen un contenido menos explícito, relacionado con el propósito de la élite local de Medellín de establecer su proyecto hegemónico en áreas periféricas de la provincia. Las tensiones y enfrentamientos revelan la tentativa de estas élites de arraigar grupos sociales móviles, de obligarlos a pagar impuestos, de someterlos a la justicia, de exigirles vínculos matrimoniales según parámetros de la Iglesia católica y de imponerles modelos culturales ajenos a sus tradiciones locales. Este intento de homogenización sobre el nordeste, que tenía como instrumento algunos jefes políticos, fue rechazado cotidianamente y no logró avanzar significativamente en la primera mitad del siglo xix.

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Paraguay contra el monstruo antirrepublicano. El discurso periodístico paraguayo durante la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870)❧

María Lucrecia Johansson

Becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (conicet), de Argentina. Desempeña sus actividades en el Instituto Superior de Estudios Sociales (ises-conicet-unt) (San Miguel de Tucumán, Argentina). Licenciada en Historia de la Universidad Nacional de Tucumán (San Miguel de Tucumán, Argentina) y Máster en Historia de América Latina-Mundos Indígenas por la Universidad Pablo de Olvide (Sevilla, España). Entre sus publicaciones se encuentran: “Estado, guerra y actividad periodística durante la guerra del Paraguay (1864-1870)”, Anuario del Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti” 10 (2011): 189-211 y “Las representaciones de hombres y mujeres en la prensa ilustrada paraguaya durante la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870)”, Zona Franca, Revista Centro de Estudios Interdisciplinario sobre Mujeres (ceim) 20 (2011): 141-155. lucreciajohansson@hotmail.com

Artículo recibido: 1 de noviembre de 2011 aprobado: 17 de febrero de 2012 modificado: 15 de marzo de 2012

doi:10.7440/histcrit47.2012.05

❧ Este artículo hace parte del proyecto de investigación titulado La Guerra de la Triple Alianza vista a través de la prensa de Paraguay, Argentina y Uruguay (1864-1870), financiado por una Beca de Posgrado Tipo 1 del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (conicet).

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Paraguay contra el monstruo antirepublicano. El discurso periodístico paraguayo durante la guerra de la Triple Alianza (1864-1870)

Paraguay contra el monstruo antirrepublicano. El discurso periodístico paraguayo durante la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870) Resumen El presente artículo analiza las visiones sobre diferentes aspectos de la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870), difundidas en los periódicos creados especialmente por el Gobierno de Paraguay durante el transcurso del enfrentamiento, concretamente entre 1867 y 1869. A través del estudio de los contenidos de los periódicos de trinchera, tanto de los principales temas tratados, como de sus silencios, buscamos identificar cuáles fueron los argumentos utilizados por el Gobierno para explicar su accionar, intentando determinar en última instancia cuál fue el rol desempeñado por la prensa en este período de crisis total.

Palabras clave: Guerra, prensa periódica, propaganda, Paraguay.

Paraguay against the anti-republican monster. Paraguayan journalistic discourse during the War of the Triple Alliance (1864-1870) Abstract This paper analyzes various viewpoints of different aspects of the War of the Triple Alliance (1864-1870) divulged in newspapers specially created by the Government of Paraguay during the conflict, specifically between 1867 and 1869. By studying the contents of the trench newspapers regarding the main issues at hand, or their silence regarding said issues, we seek to identify the arguments used by the Government to explain their actions, attempting to determine what the role of the press was ultimately during this period of total crisis.

Key words: War, periodic press, propaganda, Paraguay.

O Paraguai contra o monstro antirrepublicano. O discurso jornalístico paraguaio durante a Guerra da Tríplice Aliança (1864-1870) Resumo Este artigo analisa as visões sobre diferentes aspectos da Guerra da Tríplice Aliança (1864-1870), difundidas nos jornais criados especialmente pelo Governo do Paraguai durante o transcurso do enfrentamento, concretamente entre 1867 e 1869. Por meio do estudo dos conteúdos dos jornais de trincheira, tanto dos principais temas tratados quanto de seus silêncios, procuramos identificar quais foram os argumentos utilizados pelo Governo para explicar sua ação, tentando determinar, em última instância, qual foi o papel desempenhado pela imprensa neste período de crise total.

Palavras-chave: Guerra, imprensa jornalística, propaganda, Paraguai.

Historia Critica No. 47, Bogotá, mayo-agosto 2012, 248 pp. ISSN 0121-1617 pp 71-92

María Lucrecia Johansson

Paraguay contra el monstruo antirrepublicano.

El discurso periodístico paraguayo durante la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870) Introducción

La Guerra de la Triple Alianza o Guerra del Paraguay fue el conflicto de mayor duración del continente americano, superando inclusive a la Guerra de Secesión de los Estados Unidos. Según Francisco Doratioto, esta lucha, que se extendió por casi seis años (entre diciembre de 1864 y marzo de 1870), constituye una verdadera línea divisoria en la historia de las sociedades de los países contendientes. Asegura además que se trató del conflicto externo de mayor repercusión para los países participantes en cuanto a aspectos políticos y económicos y en lo que respecta a la movilización y pérdida de vidas1. De acuerdo a Ricardo Salles, esta guerra puede ser definida como una guerra total, pues movilizó recursos humanos y materiales en gran escala en las sociedades nacionales envueltas en el enfrentamiento2.

A lo largo de este conflicto, precisamente entre 1867 y 1869, el Gobierno de Paraguay editó cuatro periódicos de trinchera con la finalidad de divulgar sus propias interpretaciones sobre el enfrentamiento entre un público militarizado por la situación de guerra total. El objetivo del presente trabajo es analizar las representaciones sobre la guerra difundidas por estos periódicos, a partir de la identificación de los argumentos y de los conceptos utilizados por la prensa al referirse a las causas que dieron inicio a la lucha y a sus consecuencias. Al mismo tiempo, analizaremos cómo el discurso periodístico construyó a los principales actores implicados en el conflicto y qué grado de responsabilidad les fueron otorgados con respecto al desencadenamiento y continuidad de la guerra.

1 Francisco Doratioto, Maldita guerra. Nueva historia de la guerra del Paraguay, trad. Juan Ferguson (Buenos Aires: Emecé editores, 2008), 15.

2 Ricardo Salles, Guerra do Paraguai, escravidão e cidadania na formação do exército (Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1990), 8. Cabe señalar que varios autores han definido la Guerra de la Triple Alianza como una guerra total debido a las profundas interferencias que ocasionó en la población de los países beligerantes. En la década de 1970 Jung Meister caracterizó al mencionado enfrentamiento como la primera guerra total en la historia moderna. Esta clasificación, sin embargo, ha sido cuestionada por quienes consideran que las estructuras de una guerra total nunca fueron alcanzadas por el conflicto rioplatense debido a la falta de una estructura burocrática. Vitor Izecksohn, “La Guardia Nacional y la expansión del reclutamiento militar en Brasil durante la Guerra de la Triple Alianza”, en Calidoscopio Latinoamericano. Imágenes históricas para un debate vigente, coord. Waldo Ansaldi (Buenos Aires: Emecé/ Ariel/Grupo Planeta, 2006): 115-138.

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1. La Guerra de la Triple Alianza a través de la historia

La Guerra de la Triple Alianza fue el enfrentamiento más destructivo y prolongado de la historia de América Latina, razón por la cual los orígenes del conflicto han sido objeto de encendidas discusiones historiográficas. No obstante, presentar en detalle cada una de las interpretaciones y sus fundamentos excedería los propósitos de este trabajo. Por ello, realizaremos a continuación un esbozo de los aspectos centrales de las diferentes interpretaciones de sus causas.

En un primer momento, las historiografías de la guerra explicaron el acontecimiento como

una respuesta a la agresión del mariscal Francisco Solano López, a quien se le atribuyó toda la responsabilidad del inicio y de la larga continuidad del conflicto. Un cambio de óptica se dio a finales del siglo xix con el surgimiento en Paraguay de una corriente de revisionismo histórico en torno a la figura del mariscal, que se conoce como lopizmo. Ese movimiento trasformó la imagen del líder paraguayo, que pasó de ser un dictador —cuya acción política desencadenó una guerra irresponsable— a ser considerado un héroe, una víctima de la agresión de la Triple Alianza. El movimiento adquirió tal fuerza que, a través de un decreto de 1936, llevó al reconocimiento de Solano López como héroe nacional en ese país3.

Por otra parte, los historiadores revisionistas de 1960 y 1970 consideraron que la guerra se había desencadenado por el interés del imperialismo británico en aniquilar el desarrollo autónomo paraguayo. Las teorías imperialistas sobre el origen de la guerra, que se construyeron sobre la base de los postulados de la teoría de la dependencia, tuvieron tres versiones.

Una que establecía que la guerra fue gestada por Gran Bretaña para abrir las puertas de Paraguay a las exportaciones británicas. Otra que sostenía que debido a la crisis del algodón de mediados del siglo xix, provocada por la guerra civil norteamericana, Paraguay había comenzado a ser considerado el proveedor que compensaría la declinante oferta de lana de los Estados Confederados. Y una última que se basaba en que la incompatibilidad política del Gobierno liberal al estilo europeo con el capitalismo al estilo paraguayo había conducido a Gran Bretaña a financiar una guerra encubierta mediante préstamos a los Gobiernos de Brasil y Argentina4.

3 Luc Capdevila, “El macizo de la Triple Alianza como sustrato de la identidad paraguaya”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos (2009) (En línea). http://nuevomundo.revues.org/48902; Guido Rodríguez Alcalá, “Imágenes de la guerra y del sistema”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos (2006) (En línea). http://nuevomundo.revues.org/1639.

4 Liliana Brezzo, Aislamiento, Nación e historia en el Río de la Plata: Argentina y Paraguay. Siglos xviii-xx (Rosario: uca, 2005), 286-187. Los libros más emblemáticos de este revisionismo son: León Pomer, La guerra del Paraguay: ¡gran negocio! (Buenos Aires: Ediciones Caldén, 1968); Julio José Chiavenato, Genocidio americano: a Guerra do Paraguai (São Paulo: Ed. Brasiliense, 1979); David Peña, Alberdi, los mitristas y la guerra de la Triple Alianza (Buenos Aires: Editorial Peña Lillo, 1965); José María Rosa, La guerra del Paraguay y las montoneras argentinas (Buenos Aires: Hyspamérica, 1985); Atilio García Mellid, Proceso a los falsificadores de la historia del Paraguay (Buenos Aires: Ediciones Theoria, 1963); Carlos Pereira, Solano López y su drama (Buenos Aires: Ediciones de la Patria Grande, 1962).

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De acuerdo a Ricardo Salles, la principal crítica que se puede hacer a esa versión revisionista es su tendencia reduccionista, que sobredimensiona la influencia inglesa en la región, ignorando las motivaciones específicas de los países directamente involucrados en la lucha5. En los primeros años del siglo xxi, como señala Liliana Brezzo, asistimos al deshielo del mito imperialista, debido a que la evidencia disponible presta poco apoyo empírico6. Por otro lado, Francisco Doratioto afirma que la teoría revisionista setentista continúa teniendo repercusión, a pesar de haber sido desmentida por sólidas interpretaciones históricas7.

Actualmente el punto central de las discusiones historiográficas se encuentra en determinar si la guerra fue originada por factores externos o regionales8. Para Doratioto, la guerra de la Triple Alianza fue precipitada por las contradicciones platinas. La colisión fue un acontecimiento esperado por todos los Estados implicados —como lo señala este autor—, pues a través de ella buscaban la consolidación de sus Estados nacionales en la región9. Para Solano López, la guerra representaba la oportunidad de ubicar a Paraguay como potencia regional y lograr el anhelado acceso al mar, gracias a la alianza con los blancos de Uruguay y con los federales argentinos. Para el presidente argentino Bartolomé Mitre, la guerra constituía una vía para la consolidación de su proyecto de centralización del Estado, debilitando a los federales mediante la eliminación de sus apoyos externos. Para los blancos uruguayos, la guerra era un medio para afianzar la soberanía de su país, imposibilitando futuras intervenciones de Brasil y Argentina en la dirección de su Gobierno. Por último, para el Imperio del Brasil, la guerra era el medio para poner fin al antiguo litigio fronterizo con Paraguay y así lograr definitivamente la libre navegación de los ríos.

El año 1862 constituyó un hito para los Estados platinos, tanto en lo que respecta a la política interna como en las relaciones entre los cuatro países que participaron en la guerra. En Paraguay, asumió la presidencia Solano López. En Argentina, se dio la reunificación nacional bajo el liderazgo de Buenos Aires, conducida por Mitre, aunque con resistencias por parte de los federales en las provincias, especialmente en Entre Ríos y Corrientes. En Uruguay, el presidente

5 Ricardo Salles, Guerra do Paraguai, 22.

6 Liliana Brezzo, Aislamiento, Nación e historia, 288-290.

7 Francisco Doratioto, Maldita guerra, 18.

8 Han explicado la guerra a partir de factores regionales: Juan Carlos Herken Krauer y María Isabel Giménez de Herken, Gran Bretaña y la Guerra de la Triple Alianza (Asunción: Editorial Arte Nuevo, 1983); Diego Abente, “The War of the Triple Alliance: Three Explanatory Models”, Latin American Research Review 22: 2 (1987): 47-69. Ricardo Salles, Guerra do Paraguai; Alfredo da Mota Menezes, Guerra do Paraguai: Como construímos o conflito (São Paulo: Editora Contexto, 1998); André Toral, Imagens em Desordem. A iconografia da Guerra do Paraguai (1864-1870) (São Paulo: Humanitas fflch/usp, 2001); Vitor Izecksohn, O cerne da discórdia: a Guerra do Paraguai e o Núcleo Profissional do Exército (Rio de Janeiro: E-papers Serviços Editoriais, 2002); y Francisco Doratioto, Maldita guerra, entre otros.

9 Francisco Doratioto, Maldita guerra, 87.

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y líder del partido blanco, Bernardo Berro, inició una política que pretendía disminuir la influencia de Brasil y de Argentina en su país. En el Imperio del Brasil, el partido conservador dirigido por el Marqués de Caxias, que había liderado el gobierno imperial desde 1848, fue sustituido por el partido liberal. En ese mismo año, la candente cuestión de los límites territoriales volvió a ser puesta sobre la mesa de negociaciones, ya que había finalizado la moratoria para la definición de los límites de Paraguay con Brasil y con Argentina respectivamente.

La característica principal de los conflictos en la región del Plata fue la interpenetración de

los intereses y de las fuerzas políticas que actuaban en cada uno de estos países, generando complejos y mutables sistemas de alianzas más allá de sus fronteras. En 1862 se habían creado dos bloques principales de alianzas: por un lado, el Imperio del Brasil, el gobierno de Mitre y los colorados uruguayos, y por el otro, Paraguay, los blancos de Uruguay y las provincias de Entre Ríos y Corrientes, unidos por la oposición a la política hegemónica de Buenos Aires y del Imperio del Brasil. Por su parte, Argentina y Brasil buscaban eliminar los obstáculos y las resistencias regionales a sus proyectos centralizadores, intentando establecer una hegemonía compartida en la región. En ese marco, la situación política en Uruguay se convirtió en el punto de convergencia de las contradicciones platinas que desencadenarían la guerra10.

Los Gobiernos de Argentina y Brasil se aproximaron por una intersección de intereses en cuyo vértice se encontraba el objetivo de derrocar al presidente blanco de Uruguay. Esto se concretó en una alianza que fue madurando durante el enfrentamiento con el Gobierno de Uruguay y con Solano López. En 1861, el presidente Berro se negó a renovar el Tratado de Comercio y Navegación con Brasil, eliminando sus privilegios comerciales y dificultando la navegación de los ríos; además atentó contra los intereses de los fazendeiros brasileros combatiendo el uso de mano de obra esclava, que abarataba la producción, perjudicando a los hacendados orientales.

Por estas razones, el Imperio vio en la intervención en Uruguay una válvula de escape para las presiones de su política interna11.

En abril de 1863 el colorado Venancio Flores, con el apoyo encubierto de tropas argentinas, invadió Uruguay, dando comienzo a una guerra civil en ese país. Como respuesta, el presidente Bernardo Berro formalizó la alianza defensiva con Solano López y las provincias de Corrientes y Entre Ríos, en caso de agresión externa de Argentina o Brasil. Los acontecimientos se precipitaron a partir de la intervención brasilera en Uruguay, en septiembre de 1864, para brindar a Venancio Flores el apoyo militar que necesitaba para derrocar al Gobierno blanco. En reacción a esto, Solano López invadió el Mato Grosso y declaró la guerra a Brasil en diciembre de 1864.

10 Francisco Doratioto, Maldita guerra, 42.

11 André Toral, Imagens em Desordem, 51.

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Poco tiempo después, el 18 de marzo de 1865, Solano López declaró la guerra a Argentina por haberle denegado el permiso de atravesar Corrientes con destino a Uruguay para enfrentarse con el ejército brasilero. Luego de que el ejército paraguayo entrara en Corrientes, Mitre declaró la guerra a Paraguay, sosteniendo desconocer la declaración de guerra paraguaya12. De acuerdo con Doratioto, Mitre esperaba que se produjese la invasión a Corrientes, ya que esa situación era favorable a su objetivo de presentarse como defensor de la unidad nacional amenazada, a la vez que ponía en jaque a la oposición obligándola a abandonar sus vínculos con el agresor.

Poco tiempo después de las declaraciones de guerra, Solano López perdió el apoyo de la oposición federal de Entre Ríos, debido al temor de Urquiza de convertir al litoral argentino en escenario de una lucha que traería grandes perjuicios económicos13. Poco después, también naufragó la alianza con los blancos uruguayos, quienes capitularon luego de advertir las terribles consecuencias que el bloqueo brasilero provocaría a sus exportaciones. Así, luego de la firma del Protocolo de Paz de Villa Unión, Venancio Flores asumió la presidencia de la República Oriental del Uruguay. De esta manera, Paraguay se quedó aislado y solo frente a la alianza de países más poderosos.

El 1° de mayo de 1865 se firmó el Tratado de la Triple Alianza entre Argentina, Brasil y Uruguay (firmado respectivamente por sus representantes: Rufino de Elizalde, Almeida Rosa y Carlos de Castro), mediante el que se acordó una alianza ofensiva contra Paraguay. El texto del acuerdo era secreto y, además de la alianza militar, establecía los prerrequisitos para el establecimiento de la paz. En el plano bélico, el plan de operaciones militares aliado consistía en llevar la guerra a territorio paraguayo y hacer que las operaciones militares convergieran en la fortaleza de Humaitá, vía de acceso para la toma de Asunción. En otros puntos se determinaron las fronteras entre Paraguay, Argentina y Brasil. Allí se estableció que la guerra se llevaba a cabo contra el Gobierno de Paraguay y no contra su pueblo, de ahí el compromiso a no deponer las armas hasta el derrocamiento de Solano López. También quedaba prohibida cualquier iniciativa de paz negociada por parte de alguno de los signatarios del acuerdo de manera unilateral, sin conocimiento de los otros.

Cabe señalar que el Tratado se dio a conocer a través de su publicación en los diarios ingleses por iniciativa del Gobierno británico14. Inmediatamente después, fue íntegramente reproducido en el periódico paraguayo Semanario, el 11 de agosto de 1866, en el Jornal do Comercio de Río de Janeiro y en diversos periódicos de toda América. La publicación del Tratado despertó la oposición de los Gobiernos de Chile, Bolivia, Ecuador y Perú, además del rechazo de Gran Bretaña,

12 Gregorio Benites, Anales diplomático y militar de la Guerra del Paraguay, tomo 2 (Asunción: Establecimiento Tipográfico Muñoz Hnos., 1906), 212.

13 Francisco Doratioto, Maldita guerra, 129.

14 Gregorio Benites, Anales diplomático, 219-220.

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Estados Unidos y Francia. Si bien esos países se ofrecieron formalmente como mediadores, este rechazo verbal no se tradujo en acciones significativas de apoyo al Paraguay. Por ello, en el periódico paraguayo Cabichuí se menciona la glaciar indiferencia que caracteriza la actitud de los países sudamericanos ante la atroz guerra que sufrían. Así se explica la representación que hicieron de Paraguay como un reducto avanzado de América15, como un país civilizado que luchaba en soledad contra el expansionismo de la corona de los Bragança.

2. La prensa de guerra

Durante la Guerra de la Triple Alianza el Gobierno paraguayo mantuvo un férreo control sobre la actividad periodística, no sólo porque era el dueño de las imprentas, sino también porque poseía el monopolio de la producción de los insumos necesarios para la fabricación de periódicos. Además, el presidente Francisco Solano López era el encargado de contratar a los redactores, de señalarles los lineamientos que se debían seguir y de aprobar los artículos propuestos para ser publicados por la prensa16.

Los periódicos que se publicaron en Paraguay durante el transcurso del conflicto fueron órganos de propaganda del Gobierno17. Esto no era un acontecimiento novedoso; por el contrario, el control estatal de la actividad periodística se remonta a la época de la instalación de la imprenta en 1844 y a la aparición de la primera publicación periódica del país, El Paraguayo Independiente, en 1845. Si bien el tradicional control gubernamental sobre la prensa permaneció inalterable durante la guerra, esta última generó una crisis de tal magnitud que planteó la necesidad de realizar una serie de cambios cuantitativos y cualitativos en la actividad periodística. En este contexto el Gobierno puso en marcha la creación de nuevos periódicos, a los que calificamos como periódicos de trinchera.

Durante el transcurso de la guerra, concretamente entre abril de 1867 y febrero de 1869, se publicaron cuatro periódicos: El Centinela (1867-1868), Cabichuí (1867-1868), Cacique Lambaré (1867-1868, que en su cuarta edición cambia el nombre a Lambaré) y Estrella (1869). Durante el conflicto llegaron a publicarse un total de cinco periódicos, incluyendo a El Semanario de Avisos y Conocimientos Útiles (1853-1869), que venía editándose antes del comienzo del enfrentamiento.

Las condiciones para la publicación de estos periódicos surgieron en los meses posteriores a la derrota aliada en la batalla de Curupaití, el 22 de septiembre de 1866. A partir de entonces,

15 “La guerra de la triple alianza contra el Paraguay”, Cabichuí, Paso Pucú, 10 de junio, 1867, 2.

16 George Thompson, La guerra del Paraguay (Buenos Aires: Ed. Juan Palumbo, 1910).

17 Josefina Plá, Obras completas-Historia de la cultura (Asunción: Instituto de cooperación iberoamericana, 1992); Aníbal Orué Pozzo, Periodismo en Paraguay. Estudio e interpretaciones (Asunción: Arandura, 2007); Herib Caballero Campos y Cayetano Ferreira Segovia, “El Periodismo de Guerra en el Paraguay (1864-1870)”, en Les guerres du Paraguay aux xixe et xxe siècles, eds. Nicolas Richard, Luc Capdevila y Capucine Boidin (París: CoLibris, 2007): 487-500; y Luc Capdevila, “O gênero da naçao nas gravuras da imprensa de guerra paraguaya: Cabichuí e El Centinela, 1867-1868”, ArtCultura, Uberlândia 9: 14 (2007): 55-69.

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los ejércitos de ambos bandos interrumpieron las ofensivas militares de gran envergadura por catorce meses. Cuando las acciones bélicas se reiniciaron en 1868 y los aliados obtuvieron una serie de victorias consecutivas sobre Paraguay, estos periódicos empezaron a desaparecer.

Además del incremento del número de los periódicos, la actividad periodística innovó en la técnica y en el contenido. En la técnica, definida como el conjunto de habilidades y aplicaciones (inventos técnicos), ante el bloqueo aliado se generaron en Paraguay los insumos necesarios para la elaboración de periódicos a partir de materias primas y métodos de fabri-

cación autóctonos. La tinta se obtuvo por medio del aislamiento de la sustancia colorante del poroto negro, y el papel se produjo con las fibras de caraguatá y de ibyra. Asimismo se comenzó la utilización de xilograbados, es decir, grabados realizados en madera para ilustrar las páginas de los periódicos. En cuanto al contenido hubo tres innovaciones: la publicación de periódicos autodenominados satíricos, la aparición por primera vez en la prensa paraguaya de textos escritos en lengua guaraní y la introducción de ilustraciones.

Si durante la paz el Gobierno paraguayo había favorecido la edición de periódicos destinados a una reducida élite intelectual, durante la guerra aplicó una serie de cambios para extender el alcance de la prensa. Los periódicos de trinchera fueron creados y dirigidos para una sociedad que estaba viviendo una guerra total, y que por lo tanto había sido completamente militarizada. Al estallar la guerra se produjo el reclutamiento masivo de la población masculina y se organizaron movilizaciones totales de la población de las áreas invadidas y de los sitios considerados como blancos estratégicos. Las necesidades de movilizar moralmente a la población y de garantizar la defensa de la identidad llevaron a que el Gobierno paraguayo transformara las formas y los contenidos de sus periódicos, según una serie de expectativas atribuidas a ese nuevo público, formado especialmente por soldados que no habían tenido hasta entonces acceso a esta clase de impresos. De allí, por ejemplo, el uso del guaraní, lengua que hablaba la mayor parte de la población, o el uso de imágenes, que descifraban el mensaje a quienes no sabían leer18. La importancia otorgada por el Gobierno a la prensa radica en su voluntad de regular las conductas y modelar las representaciones. Por ello los periódicos de trinchera tuvieron un papel pedagógico, disciplinante, creador de rasgos identitarios.

Es necesario destacar que la circulación de esta prensa produjo la aparición de nuevas formas de sociabilidad. Una nueva práctica de lectura se impuso a medida que la difusión de los periódicos de trinchera, hechos para pasar de mano en mano, alcanzaban a más lectores u oyentes. Esta nueva práctica de lectura se caracterizó por desarrollarse en el ámbito público, sobre todo en las trincheras, y en voz alta, ya que debía integrar a quienes no sabían leer. La lectura en voz alta se convirtió

18 María Lucrecia Johansson, “Vencer o morir. La guerra de la Triple Alianza y la revolución periodística paraguaya” (Tesis de Maestría en Historia de América Latina-Mundos Indígenas, Universidad Pablo de Olavide, España, 2011).

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en una de las nuevas formas de sociabilidad, ya que “la lectura no es solo una operación abstracta de intelección: es puesta en juego del cuerpo, inscripción en un espacio, relación consigo mismo y con los otros”19. Durante la guerra la lectura de estos periódicos, que se difundían gratuitamente entre la tropa, era signo de oposición a la invasión de los aliados y de adhesión al bando paraguayo.

Teniendo en cuenta las particularidades del contexto paraguayo, el siguiente análisis parte de la premisa de que narrar la noticia constituye por sí mismo un acontecimiento distinto del hecho que se narra. Los periódicos reúnen y transmiten noticias e información, por eso el estudio de la

prensa permite establecer qué hecho era considerado información que debía ser transmitida, y tal selección en este caso era establecida de forma unilateral por el Gobierno. Sobre la base de estos postulados, nuestro objetivo es investigar cómo entendieron la guerra los periódicos de trinchera: sus causas, sus consecuencias, el rol que cumplieron los líderes políticos de ambos bandos, el rol de los pueblos enfrentados y el de los países sudamericanos neutrales a lo largo del conflicto.

3. El monstruo antirrepublicano

En El Centinela se alude a la Guerra de la Triple Alianza como exterminadora, bárbara, monstruosa, fratricida, injusta, como un crimen de lesa libertad. Para este periódico la guerra fue traída al suelo paraguayo por los aliados. Ante el ataque, la nación paraguaya presenta una guerra de defensa, no sólo de su integridad territorial, sino también de las leyes, del orden, de la independencia y del republicanismo, pues la alianza no atacaba solamente a Paraguay sino a la civilización y a las luces20.

Esta guerra de defensa es guiada por dos lemas: vencer o morir y muerte o libertad, que aparecen reiteradamente en todos los periódicos de trinchera. Además, se afirma que la “santa y justa misión” del Paraguay es la de “derrotar a los conquistadores”, una “horda de cobardes y abyectos mercenarios” que, por el contrario, tienen como lema la “esclavitud, el pillaje y el crimen”21.

Cabichuí define la guerra como el conjunto de todos los males que pueden afligir al género humano; por ello un “pueblo civilizado, un pueblo cristiano”22, características atribuidas por la prensa al Paraguay, solamente acepta la guerra cuando se trata de defender su independencia y sus instituciones23. Éste es el caso del Paraguay, que lucha contra esos “feroces enemigos que nos han traido la mas infame y bárbara guerra, cuyo ejemplo no rejistra la historia del mundo”24. Por causa de esta agresión, sostiene el periódico Estrella, el pueblo paraguayo se ha levantado en masa “para

19 Roger Chartier, Las revoluciones de la cultura escrita (Barcelona: Gedisa, 2000), 29.

20 “Muerte de la Triple Alianza”, El Centinela, Asunción, 5 de septiembre, 1867, 1.

21 “Vencer ó morir”, El Centinela, Asunción, 25 de abril, 1867, 2.

22 “La guerra”, Cabichuí, Paso Pucú, 8 de julio, 1867, 2.

23 “Algo de historia y algo mas que historia”, Cabichuí, Paso Pucú, 8 de julio, 1867, 12.

24 “23 de Noviembre”, Cabichuí, Paso Pucú, 23 de noviembre, 1867, 1.

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defender los derechos ultrajados y su independencia atacada de muerte por la triple alianza”25.

Si bien uno de los objetivos principales de la prensa de guerra paraguaya era criticar y ridiculizar a las autoridades de los países aliados, los periódicos de trinchera diferenciaron claramente los grados de responsabilidad de cada uno de los líderes aliados en lo referente al estallido y a la continuidad de la guerra. Así, por ejemplo, en El Centinela el Emperador del Brasil, Pedro ii, es considerado el creador de la Triple Alianza. Para Cabichuí, Pedro ii es quien ha declarado la guerra “más injusta y bárbara que jamás se ha hecho”; por ello, él es responsable de “las calamidades que

están sufriendo los pueblos del Plata”26. En el periódico Lambaré, el Emperador es calificado de cruel, zonzo, inhumano, y se refiere a él como el mayor ladrón de todo el Brasil. Además, afirma que “no conoce a Dios” y que su único objetivo es quitar del Paraguay al “valiente Mariscal López”27.

Por su parte, El Centinela le otorgó un nuevo título: Pedro 3, en reminiscencia de los “tres enemigos del alma”, de los “tres clavos en la cruz de Jesús”, y por ser la “cabeza principal del monstruo de tres cabezas que invade el Paraguay”28. Para ese periódico, Pedro ii fue el autor intelectual de la alianza, una alianza de codicia, astucia, ambición, traición, ferocidad, estupidez, etcétera.

Pedro ii es el “titiritero” que manipula al “imbécil” Venancio Flores y al “apóstata” Bartolomé Mitre29. Estos dos últimos traicionaron a sus pueblos en pos de una guerra fratricida, bajo las órdenes y engaños del Emperador. Para la prensa paraguaya, destruir a Uruguay y Argentina es uno de los objetivos principales del Monarca, quien busca la expansión de su imperio por todo el territorio sudamericano. En un texto en el que se transcribe un diálogo entre Pedro ii y sus jefes militares, se pone en boca del primero la siguiente afirmación: “Vencer al Paraguay y dominarlo para siempre. En ello tengo yo mi más ardiente empeño… Solo así quedará garantido mi actual pleno dominio de los orientales y argentinos”30.

Para los periódicos de trinchera, el deseo de Brasil de absorber al Paraguay era una herencia colonial. Cabichuí afirma que el Paraguay ha sido siempre el objetivo constante de la apasionada ambición del Brasil. A su vez, asegura que una vez logrado este primer objetivo, el Imperio se lanzará a apropiarse de las demás repúblicas vecinas: “[…] la desaparicion de una República por el poder absorvente de la corona de Braganza, no sino el primer paso que su fuerza y diplomacia preparara para dirigir su alevoso ataque contra sus propios aliados, primero, y el resto de América despues”31.

25 “El Pueblo paraguayo será libre”, Estrella, Piribebui, 10 de marzo, 1869, 1.

26 “El Brasil”, Cabichuí, Paso Pucú, 25 de julio, 1867, 2.

27 “Tory guasu”, Lambaré, Asunción, 24 de octubre, 1867, 2.

28 “El número tres”, El Centinela, Asunción, 25 de abril, 1867, 3.

29 “Muerte de la Triple Alianza”, 1.

30 “Conferencia secreta”; El Centinela, Asunción, 9 de mayo, 1867, 4.

31 “La guerra de la triple alianza contra el Paraguay”, Cabichuí, Paso Pucú, 10 de junio, 1867, 2.

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La atribución de la mayor parte de la responsabilidad en el estallido de la guerra al Imperio del Brasil, se vincula directamente con el carácter de anomalía que los periódicos atribuyeron a la existencia de un Imperio en el contexto de republicanismo de América del Sur. Brasil fue nombrado como el “monstruo anti-republicano” que ha sido “tolerado hasta hoy en la América republicana”32. Se afirmaba: “La guerra al Paraguay dejará un gran resultado a la América, y es la extinción de la última rama podrida que en virtud “del úti posidetis” hemos consentido entre las Naciones Republicanas”33. Por ello, El Centinela enunciaba: “A D. Pedro lo castigaremos con las penas republicanas, arrancándole su gastada corona, y haciéndole pedazos el cetro”34.

4. La defensa de la soberanía nacional

Además de la atribución de diferentes grados de responsabilidad a cada una de las autoridades de los países aliados en lo que respecta al estallido y continuidad de la guerra, la prensa de trinchera realizó una clara separación entre los pueblos y sus mandatarios. Asimismo, los periódicos de trinchera hicieron una clara diferenciación entre soldados brasileros, argentinos y uruguayos, siendo los primeros criticados y ridiculizados constantemente. El desprecio hacia los soldados imperiales tenía su origen en el carácter de esclavos que se les atribuía, hecho evidente en los periódicos de trinchera a través de un discurso fuertemente racista. En cambio, los argentinos y los uruguayos eran considerados pueblos democráticos, atributo también propio de los paraguayos. Por ello, los periódicos de trinchera se refieren a los argentinos y orientales como a hermanos35, que a pesar de luchar en el bando aliado sienten una fuerte simpatía por el lado paraguayo. Por eso, Cabichuí publicó diversos llamados a la acción: “Despertad de vuestro sueño, argentino y orientales, y blandid un arma contra el enemigo tradicional de vuestras instituciones: unid vuestros esfuerzos al de este pueblo heróico q´ lucha brazo á brazo con el monstruo esclavizador”36. De esta manera se repite la idea del enfrentamiento entre dos sistemas políticos, la democracia contra la monarquía, la libertad contra la esclavitud.

En más de una oportunidad se publicaron artículos que afirmaban que los argentinos y los uruguayos estaban descontentos con la acción de sus respectivos Gobiernos, no sólo porque habían embarcado al país en una guerra fratricida, sino también porque continuaban empecinados en proseguir una lucha en la que el triunfo era imposible de alcanzar debido a la bravura de

32 “La ley del deber”, El Centinela, Asunción, 10 de octubre, 1867, 1.

33 “El imperio vacila”, El Centinela, Asunción, 12 de diciembre, 1867, 4.

34 “El número tres”, 3.

35 “Proclama de Fariña”, Cabichuí, Paso Pucú, 16 de enero, 1868, 3.

36 “Situacion de las Repúblicas del Plata”, Cabichuí, Paso Pucú, 25 de julio, 1867, 3-4.

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los soldados paraguayos. En los artículos que El Centinela dedicó a analizar la situación interna de Argentina y Uruguay predomina el deseo de mostrar la desunión existente entre los pueblos y sus Gobiernos: “Corren aquí voces fundadas de que Buenos Aires está en conmosion, y que en un tumulto nocturno quizo el pueblo incendiar la casa particular de Mitre, la de Gobierno, y no se que otros edificios. A Flores tambien le quisieron minar su palacio en Montevideo”37.

Mientras esta clase de noticias se publicaban sobre los países aliados, la situación en el Paraguay era mostrada de una forma muy diferente, pues según El Centinela existía un

vínculo indestructible entre el pueblo y su presidente: “En la América democrática no conocemos un pueblo mas unido a su Gobierno que el Paraguay […] cuyo incontrastable poder y grandeza nace de esa union […] Esta es la verdadera union y la alianza mas legitima que dignifica al pueblo soberano”38.

Solano López es caracterizado como el guía irremplazable del pueblo paraguayo, no sólo en la táctica militar, sino también en lo moral y espiritual. Desde un principio los periódicos de trinchera exaltaron la unión existente entre el pueblo paraguayo y Solano López como una respuesta al Tratado de la Triple Alianza y su séptima cláusula, en la que se había establecido que la guerra era contra el Gobierno y no contra el pueblo. Los periódicos explicaban constantemente que no existía tal diferencia: “Pedir que el Gran libertador abdique la Presidencia de la República, y se proscriba á

Europa, es decirle al pueblo que maldiga sus sacrificios, al ejército que sepulte sus laureles y á la Nacion que incline sus orgullosa frente. ¿Qué hará el pueblo sin el Mariscal López? ¿Qué haría el Ejército Paraguayo sin el Capitan que lo ha conducido triunfante

en las borrascas? ¿Qué haría la Nacion sin su ilustre Magistrado? […] el Paraguay sin el Mariscal López, sería la presa del Brasil […] Sería un cuerpo sin cabeza, por eso el pueblo ha resuelto correr con su querido Presidente la misma suerte que Dios le depare”39.

A medida que las tropas aliadas avanzaban sobre el suelo paraguayo, los periódicos de trinchera aumentaban los halagos destinados al mariscal, construyendo de esta manera el mito de López, quien incluso llegó a ser considerado un hombre superior, el único capaz de “conducir el timon del Estado con una política mesurada, dando impulso á todos los elementos del progreso, abriendo las fuentes de la riqueza pública por medio del fomento de la industria naciente”40.

37 “Correspondencia del ejército enemigo”, El Centinela, Asunción, 29 de agosto, 1867, 4.

38 “El Gobierno”, El Centinela, Asunción, 12 de diciembre, 1867, 1.

39 “Las proposiciones de paz”, El Centinela, Asunción, 19 de diciembre, 1867, 1-2.

40 “16 de Octubre”, El Centinela, Asunción, 17 de octubre, 1867, 1.

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Mientras Solano López era considerado una divinidad, comparable a Cristo y Moisés, Pedro ii era comparado, en cambio, con el mismo Diablo. Por su parte, Mitre y Flores fueron equiparados a Judas, por haber traicionado a sus pueblos.

El mito de López se mantuvo a pesar de las consecuencias nefastas del combate y, a medida que la guerra se acercaba a su fin, fue haciéndose más fuerte. Leemos, por ejemplo, en la primera edición de Estrella en 1869: “al mariscal lopez debe la Patria en la actualidad toda su gloria, toda su grandeza, todo su ser. Sin el mariscal lopez, no obstante todo el valor del pueblo paraguayo, la independencia de la República habría fracasado á los primeros embates de esa inicua Triple Alianza”41.

5. La defensa del derecho internacional

Habiendo ya analizado cómo los periódicos de trinchera caracterizaron a los actores principales de la guerra de la Triple Alianza, nos interesa ahora ver cómo la prensa paraguaya entendió y explicó la guerra a sus lectores. En El Centinela se sostiene que la guerra acarrea efectos terribles, razón por lo que no debe emprenderse sin la más poderosa de las causas. En su número once ese periódico da su versión sobre las causas de la guerra a través de un artículo en el que se relatan los supuestos acuerdos entre Pedro ii y Venancio Flores. Aquí se busca exponer la forma como este último es manipulado por el Emperador: “El Brasil declaró la guerra á la República Oriental, con el fin de conquistarla y anexarla al

imperio. El General Flores se encontró a la cabeza de una revolución, que pretendía derrocar al Gobierno legal de su patria. […] El emperador Don Pedro ii dijo á Flores: ‘Quédese Vd. en posesión del mando de Montevideo, pero en cambio me dará su ejército y sus servicios personales para combatir al Paraguay’. Aceptada de plano la oferta, marcha Flores á la guerra”42.

En la decimonovena edición nuevamente se trata el tema, pero esta vez mediante la publicación íntegra de la “Protesta” elevada al Imperio del Brasil por José Berges, Ministro de Estado de Relaciones Exteriores de Paraguay. Mediante este escrito, presentado el 30 de agosto de 1864, el Gobierno paraguayo había manifestado formalmente su oposición a la ocupación militar brasilera de Urugua, “por ser atentatoria al equilibrio de los Estados del Plata que interesa a la República del Paraguay como garantía de su seguridad, paz, y prosperidad”43. En El Centinela la única responsabilidad atribuida a Solano López en lo que refiere al desencadenamiento de la guerra fue haber protestado en favor del respeto a la soberanía de la vecina República Oriental del Uruguay, ya que en esa Protesta se encuentra

41 “Estrella”, Estrella, Piribebui, 24 de febrero, 1869, 2.

42 “Una (ilegible) y su Paralelo”, El Centinela, Asunción, 4 de julio, 1867, 4.

43 “Protesta”, El Centinela, Asunción, 29 de agosto, 1867, 1-2.

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“La llave de la gran hecatombe, de la guerra mas inicua, de la conquista mas bárbara con que el Imperio ha ensangrentado la bandera americana, y ha insultado la causa de la democracia,

trayendo sus cañones para destruir la gran República del Paraguay que, noble y generosa,

levantó la voz de la justicia para proteger al pueblo Oriental, amenazado de muerte, y protestar de los actos atentatorios a la soberanía y equilibrio de los Estados del Plata”44.

En ese periódico el pueblo paraguayo es caracterizado como un héroe que ofrece su sangre

por el mantenimiento del equilibrio en el Plata, porque el ataque contra Uruguay era una clara manifestación de la voluntad del Imperio del Brasil de tener injerencia en la política interna de los Estados vecinos, es decir, una violación de su soberanía y una muestra clara de sus intenciones de absorber a todos los Gobiernos de la región.

En algunos de los artículos en los que se exponen las causas de la guerra se citan o se transcriben fragmentos del libro Derecho de gentes. De las causas justas de la guerra (1758), del suizo Emerich de Vattel: “[…] cuando un Estado vecino fuese injustamente atacado por un enemigo poderoso que

oprimirle amenaze, es indudable que, si pudiereis defenderle, lo debeis hacer. No digáis que no es permitido á un Soberano el esponer la vida de sus soldados por salvar a un potencia extranjera con quien no haya hecho alianza defensiva alguna; pues puede hallarse el

mismo en caso de necesitar ausilio, y por consiguiente, poner en vigor ese espíritu de asistencia mútua, es trabajar en la conservacion de la nacion misma”45.

De acuerdo con El Centinela, eso era justamente lo que había hecho el Mariscal López cuando brindó su apoyo a Uruguay, convirtiéndose en un ejemplo de solidaridad para toda América y el mundo. Con estos argumentos la prensa paraguaya pretendía resaltar la honorabilidad de Solano López y desvincularlo de toda responsabilidad en el estallido de la guerra.

A continuación de la protesta mencionada se publicó un artículo titulado “El pueblo paraguayo apoya la Protesta del 30 de agosto”. El objetivo de este texto fue analizar los argumentos expuestos por los aliados para dar comienzo a las acciones bélicas: “Los cañones conquistadores del Paraguay son, dicen los insidiosos aliados, contra el Mariscal López y su Gobierno, y no contra el pueblo soberano, cuya independencia y libertad respetamos”46. Recordemos que en el artículo siete del Tratado de la Triple Alianza se había establecido que la guerra no era emprendida

44 “El 30 de Agosto”, El Centinela, Asunción, 29 de agosto, 1867, 1.

45 “La ley del deber”, 1.

46 “El pueblo paraguayo apoya la protesta del 30 de agosto”, El Centinela, Asunción, 29 de agosto, 1867, 2.

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contra el pueblo paraguayo, sino contra su Gobierno47. Ante este argumento el periódico sostenía que “el pueblo paraguayo responde: nuestro destino y ventura están indisolublemente unidos á nuestro magnánimo Presidente”. A continuación se declara: “[…] nuestra sangre ilustre defenderá con gloria la Patria, la libertad y el Gobierno que nos hemos dado en virtud de la Soberanía é independencia que disfrutamos”48.

El Tratado de la Triple Alianza era calificado de clandestino porque pretendía acabar con la independencia e integridad de la República paraguaya. La intención de obligar a Solano López a renunciar a la presidencia era considerada una aberración deplorable, porque significaba la abierta negación de la soberanía del pueblo paraguayo: “Como quiera que los aliados consideren al Paraguay, no dejaran de reconocerle de hecho

y de derecho su soberanía; porque el ejercicio de este derecho mayestático corresponden al Pueblo, que con arreglo á las leyes nombró al Exmo. Mariscal López Gefe Supremo del

Estado. Si se ataca la persona del Presidente y se pide su expatriación ¿no es asaltar con puñal en mano la soberania del pueblo?”49.

En su edición número diecinueve se publicó una manifestación de adhesión de los ciudadanos a este accionar del gobierno: “Los ciudadanos abajo firmados al enorgullecerse con la alta y previsora política con que V.E. dirige los destinos de la República […] aceptando ya como de la Nacion la solemne propuesta contra las amenazas del ultimátum del 4 de Agosto”50. En el mismo artículo se destaca nuevamente que la acción del Brasil constituía un peligro para toda América, y por ello se afirma que la lucha contra el Imperio era en defensa de la soberanía de cada Estado americano. Así planteadas las cosas, El Centinela considera a los ciudadanos paraguayos como “americanos que desean la seguridad, la paz y el progreso de las demas Repúblicas hermanas”51.

El rol de Paraguay en la guerra de la Triple Alianza era luchar en favor de la democracia, y su acción bélica iba más allá de la defensa nacional ante la invasión enemiga. La causa de Paraguay era la defensa de los valores universales y como tal se extiende a toda América, porque Brasil no sólo atacaba militarmente al Paraguay, sino que invadía la independencia de todas las repúblicas americanas. Así, una vez logrado el triunfo, “el Paraguay dirá á la América: He salvado la Democracia”52.

47 Joaquim Nabuco, La Guerra del Paraguay (Buenos Aires: Editorial de Belgrano, 1977), 364.

48 “El Pueblo Paraguayo apoya”, 2.

49 “Las proposiciones de paz”, 1.

50 “Al Exmo. Señor General de Division Ciudadano Francisco Solano López, Presidente de la República y General en Gefe de sus Ejércitos”, El Centinela, Asunción, 29 de agosto, 1867, 2.

51 “Al Exmo. Señor General”, 2.

52 “Valor”, El Centinela, Asunción, 8 de agosto, 1867, 1

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Inclusive, el éxito del Paraguay, asegura El Centinela, será también un triunfo para el mismo Brasil, pues sus súbditos se convertirán en ciudadanos de pleno derecho: “Los negros tendrán que agradecernos, por que al fin los haremos vivir sin argollas, sin cadenas y sin opresión”53.

6. El invencible Paraguay

Con respecto a la relación entre Paraguay y el resto de los países sudamericanos no involucrados en la guerra, la conclusión a la que llega El Centinela es que existe una “identidad de causa, de sacrificios, de valor, de grandeza, y de heroicidad”54 entre todos los países sudamericanos. Por

esta razón, asegura el periódico, “jamas hemos desconfiado del voto unísono de toda la América democrática”55. Por el contrario, Cabichuí criticó duramente a los países sudamericanos por “mostrar glaciar indiferencia en los grandes sucesos que se están desarrollando en los márgenes de los ríos Paraná y Paraguay”56. Por ello, reflexiona Cabichuí, “América al no estar moviendo un solo paso estaba cayendo en una gran imprevision política”57. No obstante esta clase de afirmaciones no hubo en los periódicos de trinchera pedidos explícitos de apoyo a los países sudamericanos.

A pesar de esa glaciar indiferencia los periódicos de trinchera sostienen que la victoria está asegurada debido a la buena causa que se defiende, que era calificada además de sagrada.

Paraguay es mostrado como una nación culta e virtuosa, que se diferencia del Brasil fundamentalmente por respetar los derechos de las naciones y de los individuos. Por ello, El Centinela manifiesta que la “epopeya paraguaya” es también la “epopeya americana”, que la lucha del ciudadano paraguayo en la guerra lo convertiría en el “héroe americano”, con el “gran López” como el personaje histórico principal. Para este periódico las “valerosas lejiones; la virtud y grandeza de los ciudadanos, los sacrificios de la muger y la sorprendente resolución del pueblo” paraguayo, ofrecían el “material mas fecundo para la epopeya americana”58.

A pesar de la falta de acciones concretas en apoyo de Paraguay, los periódicos de trinchera sostienen que la lucha del pueblo paraguayo era altamente valorada en todo el mundo. Inclusive se afirma que en todos los periódicos de América y de Europa sólo se dicen “lindezas de su valor y arrojo”59. En Europa, “el mundo ilustrado é imparcial”, El Centinela asegura que “corren de boca en boca nuestros espléndidos asombrosos triunfos sobre las huestes de la esclavitud”60. Para este

53 “La horca”, El Centinela, Asunción, 25 de abril, 1867, 3.

54 “Congreso en Panamà”, El Centinela, Asunción, 24 de octubre, 1867, 1.

55 “Congreso en Panamà”, 1.

56 “La guerra de la triple alianza”, 2.

57 “La guerra de la triple alianza”, 2.

58 “La Epopeya Paraguaya”, El Centinela, Asunción, 12 de septiembre, 1867, 1.

59 “El soldado en su puesto de honor”, El Centinela, Asunción, 25 de abril, 1867, 2.

60 “Juicio sobre el Paraguay en la actual guerra”, El Centinela, Asunción, 12 de septiembre, 1867, 2.

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periódico, la nación paraguaya además de ser aplaudida por el mundo, es también felicitada por el “soberano tribunal de la opinión [que] ha pronunciado su infalible veredicto, condenando la cruzada vandálica de la alianza y dando un voto de aprobacion á la heróica República del Paraguay”61.

Como podemos observar, los periódicos de trinchera tuvieron un tono triunfalista. Se hicieron continuas referencias al incremento del orgullo nacional gracias al éxito ante la invasión enemiga, señalándose que ese sentimiento ya formaba parte de la “conciencia del pueblo paraguayo”62. A pesar de que se admite la superioridad de las fuerzas aliadas, el quietismo de las tropas enemigas fue continuamente criticado, destacándose de forma reiterada su incapacidad de avanzar hacia Humaitá, la gran fortaleza del Paraguay. Además de esa incapacidad, otro de los argumentos utilizados para explicar la inmovilidad de los enemigos, y por ende la continuidad de la guerra, era su carácter de ladrones, ya que se aprovechaban de la situación y comerciaban con sus propios soldados, vendiéndoles productos con sobreprecio en los campamentos, de allí su voluntad de extender el conflicto: “No le cabe duda al ‘Cabichuí’ que esta sea también una de las principales causas de la

duración de la guerra: en estos casos no se miden los gastos al menudeo: el Ministro de Hacienda es el primero á pellizcar, y el resto se lo parten hermanablemente los gefes y

proveedores: el soldado siempre es el pavo de la boda. Se pasa la cuenta: tantos millones gastados en vestuario, y la tropa está desnuda; tanto en caballos, y la caballeria anda á pié; tanto en comestibles y el ejército se muere de hambre”63.

Con respecto a la superioridad numérica de los aliados, Cabichuí afirma que “no es el numero de la gente que hace la victoria, sino la fé en la santidad y justicia de la causa”64. De esta manera, los argumentos expuestos acentuaban la capacidad del Paraguay para vencer a los aliados. Es por ello que de acuerdo con El Centinela, en Paraguay “No hay luto ni lamentos: reina en toda la República el contento y la alegría. Hombres y mugeres, ancianos y niños, todos, todos están en pié sosteniendo su bandera -Es admirable la resolución, y nadie dará un paso atrás en la lucha- vencer ó morir, es la fé de todos”65. Frente a este panorama la prensa anuncia insistentemente la proximidad del éxito, por lo que los periódicos publicaban arengas a los soldados pidiendo un último esfuerzo: “No nos falta sino un ultimo pequeño empuje para coronar nuestra obra de glorias y sacrificios”66.

61 “La ley del deber”, 1.

62 “Orgullo nacional”, El Centinela, Asunción, 9 de mayo, 1867, 1.

63 “La escuadra brasilera”, Cabichuí, Paso Pucú, 3 de junio, 1867, 1.

64 “Nuestra actualidad”, Cabichuí, Paso Pucú, 25 de julio, 1867, 1.

65 “El Gobierno y la situacion del Paraguay”, El Centinela, Asunción, 11 de julio, 1867, 1.

66 “El soldado en su puesto de honor”, El Centinela, Asunción, 23 de abril, 1867, 2.

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Como no podía ser de otra manera, los periódicos de trinchera no mencionan consecuencias negativas provocadas por la guerra en Paraguay. De acuerdo a Cabichuí, la guerra en nada ha mudado la perspectiva de la república, por el contrario, el conflicto es considerado como el desencadenante de toda una serie de situaciones positivas: “Las fuerzas de la República desde el principio de la guerra hasta ahora, lejos de disminuirse se han duplicado”67. Se destaca nuevamente el rol de excepcionalidad que cumple Paraguay, ya que de acuerdo con Cabichuí: “El estado de la guerra arrastra consigo poco menos que como corolario la perturbación

general de todas las funciones del cuerpo social: las naciones se declaran en estado de sitio, las leyes comunes son subrogadas por leyes marciales, y el régimen militar no solamente

dirige los campamentos, sino hasta los mas pacificos rincones de la nacion […] Nada de todo esto se verifica en el Paraguay […] No tienen los habitantes de la República mas que una

voluntad, salvar su patria, el lema general grabado en los corazones de todos y proclamado continuamente es vencer ó morir”68.

En este mismo sentido, la prensa sostuvo constantemente que el bloqueo aplicado por los aliados había estimulado la industria al punto de convertir al Paraguay en un país completamente independiente. De ahí que el periódico Lambaré afirme que el bloqueo no tenía efecto porque el Paraguay era autosuficiente69.

Consideraciones finales

Los periódicos de trinchera paraguayos construyeron un discurso basado en un juego de opuestos. La atribución de propiedades negativas al enemigo buscaba no sólo denostar a los aliados, sino que además era una estrategia de auto-representación positiva. La guerra de la Triple Alianza se tradujo en los periódicos como un enfrentamiento entre dos sistemas antagónicos: en un extremo la barbarie, la esclavitud, la cobardía, etcétera, inherentes sobre todo al Imperio del Brasil, considerado como el enemigo principal. En el otro, la civilización, la libertad, la valentía, etcétera, encarnados en el republicano Paraguay y sobre todo en su líder Solano López.

Este juego de contrastes se aplicó asimismo a los líderes políticos implicados en el conflicto.

En los periódicos de trinchera podemos observar que existió una clara diferenciación entre las responsabilidades de cada una de las autoridades de los países aliados con respecto al origen y

67 “Aspecto interno de la República”, Cabichuí, Paso Pucú, 1 de agosto, 1867, 1.

68 “Aspecto interno de la República”, 1.

69 “Múndo ygua pàbèmè”, Lambaré, Asunción, 28 de noviembre, 1867, 2.

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a la continuidad de la guerra, atribuyéndole al emperador del Brasil la mayor parte de la culpa, señalándolo como el creador intelectual de la alianza. Sin embargo, más allá de las críticas a la personalidad de Pedro ii, la prensa paraguaya subrayó constantemente el carácter de anomalía del Imperio del Brasil dentro de la democrática América del Sur. Por ello, los periódicos de trinchera tuvieron un particular interés en exponer el significado de la guerra de la Triple Alianza dentro del contexto americano, argumento que por otra parte resaltaba el valor de la lucha paraguaya. De esta manera, según la prensa, lo que en realidad estaba en pugna eran dos

sistemas políticos diferentes, era la democracia contra la monarquía, la libertad contra la esclavitud, la soberanía del pueblo contra la sumisión, etcétera. En el contexto americano Paraguay fue presentado como una nación joven, civilizada, cristiana, moderna y autosuficiente. Incluso se aseguraba que, a pesar de su inferioridad numérica, Paraguay podía derrotar completamente solo a los aliados debido a la santidad y justicia de su causa.

La prensa afirmó la existencia de una unidad indestructible entre el pueblo de Paraguay y su presidente, fundamento utilizado a su vez para descalificar al Tratado de la Triple Alianza. El punto nodal de las críticas a los argumentos expuestos en el Tratado se dirigía al artículo siete, donde se manifestaba claramente una abierta negación de la soberanía del pueblo paraguayo. Si bien en esa norma se señalaba que la guerra se realizaba contra Solano López y no contra el pueblo paraguayo, para estos periódicos se trataba en realidad de una guerra contra todo el pueblo de Paraguay y contra los principios universales de libertad, justicia, derecho, etcétera. Los periódicos de trinchera afirmaron que Paraguay estaba llevando a cabo una guerra de defensa no sólo de su independencia y soberanía, sino también de los principios republicanos comunes a toda América, ya que las verdaderas pretensiones del Imperio del Brasil no eran conquistar solamente a Paraguay, sino a sus aliados. La prensa afirmaba que se combatía también por los hermanos argentinos y uruguayos, mal dirigidos por sus líderes estúpidos y traidores, tan diferentes del genio de Solano López, guía natural de Paraguay.

A medida que transcurría el conflicto, los periódicos de trinchera fueron atribuyendo al mariscal Francisco Solano López la responsabilidad exclusiva de todas las cualidades atribuidas a Paraguay, donde según sostenían, contaba con un respaldo absoluto. De esta forma se fue construyendo un mito alrededor de la persona de López, quien incluso llegó a ser considerado como una divinidad. Uno de los principales intereses de la prensa paraguaya fue alejar al mariscal de cualquier responsabilidad en el desencadenamiento y continuidad de la guerra; por ello, además de las apelaciones a su carácter divino, su accionar fue defendido con argumentos extraídos del derecho internacional, particularmente de Emerich de Vattel.

Así como todos los periódicos de trinchera tuvieron el mismo discurso sobre las causas, características y consecuencias del conflicto, todos negaron que la guerra estuviera destruyendo al país. No hubo ninguna mención al uso de niños en el bando paraguayo, nada se publicó sobre las continuas epidemias y pésimas condiciones sanitarias que hubo en los campamentos, nunca

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se hizo alusión a las nefastas consecuencias que la guerra estaba produciendo; y sobre todo, ni siquiera en 1869 se admitió que Paraguay estaba perdiendo la guerra. A pesar de que el triunfo de los aliados parecía inminente, el Gobierno de Paraguay continuó publicando periódicos que defendían su causa. En este contexto los periódicos de trinchera transformaron escasez en prosperidad, derrotas en triunfos y víctimas en héroes con el fin de movilizar a los paraguayos en defensa de su presidente y de su país.

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La preocupación por los niños y niñas pobres en el centro bonaerense a finales del siglo xix y principios del xx❧

Yolanda de Paz Trueba

Miembro del Instituto de Estudios Histórico Sociales (iehs) de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Tandil, Argentina) y docente de la carrera de Historia de la misma Universidad. Profesora, Licenciada y Doctora en Historia por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Tandil, Argentina) y becaria posdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (conicet) de Argentina. Recientemente ha publicado: Mujeres y esfera pública: la campaña bonaerense entre 1880 y 1910 (Rosario: Prohistoria Ediciones, 2010) y “Asilos de huérfanas, refugio para niñas solas. Prácticas del sector privado en el centro y sur bonaerenses a fines del siglo xix”, en Infancias: políticas y saberes en Argentina y Brasil. Siglos xix y xx, eds. Isabella Cosse et al. (Buenos Aires: Editorial Teseo, 2011), 313-334. yolidepaz@gmail.com

Artículo recibido: 13 de octubre de 2011 aprobado: 27 de febrero de 2012 modificado: 26 de marzo de 2012

doi: 10.7440/histcrit47.2012.06

❧ Este artículo forma parte del proyecto de investigación posdoctoral “Las menores en el centro de las políticas estatales y las prácticas de instituciones civiles en las comunidades del centro-sur de la provincia de Buenos Aires (1880-1910)”, financiado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (conicet) de Argentina.

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Alimento, techo, educación y… ¿maltrato? La preocupación por los niños y niñas pobres en el centro bonaerense a finales del siglo xix y principios del xx Resumen El propósito de este artículo es reflexionar en torno a la mayor sensibilidad que despertó la cuestión de la infancia, en particular en lo referido al maltrato en el marco de la construcción del Estado nacional en Argentina, prestando especial atención al papel de mediación que adquirió la comunidad de vecinos frente a esta situación, en espacios del centro y sur de la provincia de Buenos Aires.

Palabras clave: Argentina, historia, infancia, sensibilidad, comunidad.

Food, shelter, education, and… abuse? Concern for poor boys and girls in Downtown Buenos Aires in the late 19th and early 20th centuries Abstract The purpose of this paper is to reflect upon the sensitivity invoked by child issues, specifically regarding abuse, from the standpoint of the construction of the Argentinean National State, focusing particularly on the mediation role that neighborhood communities took on in the central and southern regions of the Buenos Aires province.

Key words: Argentina, history, childhood, sensitivity, community.

Alimentação, teto, educação e… maltrato? A preocupação com as crianças pobres no centro bonaerense no final do século xix e princípio do xx Resumo O propósito deste artigo é refletir sobre a maior sensibilidade que despertou a questão da infância, em particular no que se refere ao maltrato, no marco da construção do Estado nacional na Argentina, prestando especial atenção ao papel de mediação que a comunidade de vizinhos adquiriu diante dessa situação, em espaços do centro e sul da província de Buenos Aires.

Palavras-chave: Argentina, história, infância, sensibilidade, comunidade.

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Yolanda de Paz Trueba

Alimento, techo, educación y… ¿maltrato?

La preocupación por los niños y niñas pobres en el centro bonaerense a finales del siglo xix y principios del xx Introducción

La preocupación por los niños pobres y abandonados no era nueva en Argentina a fines del siglo xix. La creación de la Casa de Niños Expósitos en 1779 en la ciudad de Buenos Aires da cuenta de dificultades al respecto de larga data, a las que se buscaba dar alguna respuesta1. No obstante, desde el último cuarto del siglo xix, la combinación de una serie de factores2 dio nuevo impulso a una problemática que parecía renovarse conforme aumentaban las dimensiones de la urbe y de sus problemas3. Problemática que, como señala Zapiola, se relaciona también con el desplazamiento de sentido que la palabra menor sufrió, pasando de ser una caracterización básicamente etaria, a una acepción que combinaba una serie de connotaciones negativas y estigmatizantes4.

De tal modo que la definición de la categoría infancia es inseparable de este proceso. En el marco de construcción de las instituciones estatales en Argentina, la familia y la infancia comenzaron a ser pensadas en clave de estabilidad política y social: ésta se convertía en una etapa trascendente de la vida puesto que los niños serían en el futuro los encargados de construir

1 Ver José Luis Moreno, dir., La política social antes de la política social. Caridad, beneficencia y política social en Buenos Aires, siglos xvii a xx (Buenos Aires: Trama Editorial/Prometeo Libros, 2000).

2 Éstos pueden englobarse en la llamada cuestión social, una expresión que, como señala Mirta Lobato, comenzó a circular a fines del siglo xix, para dar cuenta de los disfuncionamientos producidos a raíz de la transformación socioeconómica del país, que abarcaban una amplia gama de problemas: desde la vivienda, el hacinamiento y la salubridad hasta la exclusión o inclusión de los pobres en el modelo. Mirta Lobato, “Lecturas de historia de la salud en la Argentina.

Una introducción”, en Política, médicos y enfermedades. Lecturas de historia de la salud en la Argentina, ed. Mirta Lobato (Buenos Aires: Biblos/unmdp, 1996), 11-18.

3 Claro que, como sostiene Carolina Zapiola, la relación entre ambos procesos no fue tan lineal si tenemos en cuenta que “[…] la ideación de estrategias para evitar su corrupción aparecieron en los discursos de los legisladores entre mediados de la década de 1870 y comienzos de la de 1880, antes de que las alteraciones urbanas alcanzaran dimensiones extraordinarias”. Carolina Zapiola, “La invención del menor: representaciones, discursos y políticas de menores en la ciudad de Buenos Aires, 1882-1921” (Tesis de maestría en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural, unsam, 2007), 40.

4 Carolina Zapiola, “La invención del menor”, 2.

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una nación moderna y civilizada, en cuanto se transformaran en ciudadanos y trabajadores5.

La condición de hijo, niño y alumno resumía los atributos que eran apropiados en el marco del crecimiento y expansión de una sociedad en la que el Estado debía establecer sus obligaciones y derechos sobre la población en la que tenía injerencia.

Dado que la preocupación por los niños en el marco señalado estuvo vinculada a la invención del menor y su importancia para la conformación de una nación moderna, el propósito de este artículo es reflexionar en torno a la mayor sensibilidad que despertó la cuestión de la infancia,

en particular en lo referido al maltrato6. Asimismo, interesa analizar cuál era el papel de la comunidad de vecinos y la intervención de los mismos cuando la familia se diluía como ámbito de contención y el Estado aparecía más distante como agente de control, en pueblos ubicados en el centro y sur de la provincia de Buenos Aires, espacio que protagonizó el proceso de transformación y crecimiento económico y social de fines del siglo xix, y que si bien ha sido profusamente analizado en relación con estas cuestiones, no ha sucedido lo mismo con la problemática que nos convoca. Centraremos la mirada en Azul y Tandil, dos comunidades cuyas dimensiones se estaban viendo modificadas considerablemente en el marco del arribo de extranjeros que afectaba entonces a todo el país pero especialmente a la ciudad de Buenos Aires, la zona del Litoral y la campaña bonaerense donde se encuentran las localidades estudiadas, lo que redunda en un mayor interés de la zona como espacio de análisis7.

La mayoría de los estudios que han reparado en la cuestión de los niños pobres han centrado su atención en la reflexión y preocupación manifestadas por legisladores, pedagogos, juristas, médicos. Interesa aquí, en cambio, situar la mirada en el papel de mediación que adquirió la comunidad cuando el representante más cercano del Estado, el Defensor de Menores municipal, a menudo se veía desbordado en sus tareas. Éste era un funcionario elegido entre los miembros de la Corporación Municipal (órgano de gobierno local que reunía a los poderes ejecutivo y legislativo)

5 Situación no sólo observable para Argentina. Diversos autores han corroborado procesos similares en México, Colombia y Brasil desde perspectivas e intereses muy amplios y dispares. Ver, entre otros, Antonio Padilla et al., La infancia en los siglos xix y xx. Discursos e imágenes, espacios y prácticas (México: Casa Juan Pablos/Universidad Autónoma de Morelos, 2008); Pablo Rodríguez y María Emma Mannarelli, coords., Historia de la infancia en América Latina (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2007); María Victoria Alzate Piedrahíta, “Concepciones e imágenes de la infancia”, Revista Ciencias Humanas 28 (2002) http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/revistas/rev28/alzate.htm.

6 Cabe subrayar que preferimos hablar de maltrato antes que de violencia, ya que las fuentes muestran que éste podía girar en torno al ejercicio de violencia física, pero no era así en todos los casos, teniendo que ver también con el incumplimiento de los compromisos asumidos por quienes tenían a su cargo niños, tales como la alimentación, el vestido y la educación adecuados a la edad.

7 Analizaremos las cuestiones referidas a través del corpus documental de las Defensorías de Menores de estos pueblos, compuesto por más de 400 declaraciones, exposiciones, denuncias y correspondencia mantenida entre los Defensores de Menores locales, el Defensor General de Menores de la provincia de la que éstos dependían, vecinos, padres, madres, familiares, e incluso los mismos chicos. La muestra utilizada en el artículo se compone de una selección de 24 casos.

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para desempañar un conjunto amplio de tareas relacionadas con la colocación, el bienestar, educación y bienes de los niños huérfanos o abandonados de cada localidad. Los Defensores de Menores de los partidos de campaña respondían a su vez al Defensor General de la provincia, al que debían pedir instrucciones “[…] sobre el modo de proceder en los casos dudosos o difíciles que ocurrían en el desempeño de su cargo”. Debían, además, pasar “[…] a fin de cada trimestre a la Defensoría General, una relación circunstanciada de los menores huérfanos existentes en su respectivo municipio, con expresión de sus nombres, edad, colocación de las personas y de sus intereses”8.

En síntesis, vale preguntarse por el aumento de la sensibilidad hacia la problemática de la niñez desde otro lugar: no en cuanto menores entendidos como peligrosos para el sistema social y la estabilidad política, sino antes bien en el anverso de este problema, por la susceptibilidad que manifestó la comunidad local, si es que lo hizo, por la suerte corrida por los niños y niñas en el ámbito familiar, o fuera de él, en las colocaciones en casas decentes de la zona, que los Defensores de Menores locales lograban encontrar para aquellos que por diversas circunstancias quedaban a su cargo.

1. La falta de educación, una de las caras del maltrato

Si, como antes señalamos, en la década de 1870 la categoría menor comenzó su mutación de sentido, la Ley de Educación 1420 sancionada en 1884 implicó desde lo simbólico un elemento central en la definición de la infancia9. Como sostiene Zapiola, ésta “[…] se transformó en el referente imaginario por excelencia para la constitución de los discursos y de las representaciones de la infancia de los contemporáneos, al operar al mismo

tiempo como una declaración de principios que estipulaba lo que la infancia argentina debía

ser, como un patrón para evaluar cualquier deviación o insuficiencia en el derrotero del plan que ligaba a generaciones más jóvenes con el venturoso mañana de la patria […]”10.

8 Artículos 22 y 25 del “Reglamento de la Defensoría General de Menores de la provincia”, Registro Oficial de la provincia de Buenos Aires (La Plata: Imprenta M. Biedma y Cía., 1884), 633, en Archivo Histórico de la provincia de Buenos Aires (ahpba), La Plata-Argentina.

9 Hacemos referencia a la Ley 1420 por la simbología que adquirió como elemento presencial de un Estado de alcance nacional que buscaba imponerse. Pero debemos tener en cuenta que ésta regía en la ciudad de Buenos Aires y Territorios Nacionales. La educación de la provincia de Buenos Aires, espacio donde se encuentran los pueblos motivo de nuestro análisis, estaba regulada por la Ley Provincial de 1875, que establecía que ésta debía ser común y obligatoria, mas no laica, como se estipulaba en la 1420.

10 Carolina Zapiola, “La invención”, 22-23. En el citado trabajo la autora afirma que en esa invención del menor, que puede rastrearse antes de la década de 1880, influyeron también las innovaciones jurídicas e institucionales europeas y estadounidenses en relación con la diferenciación entre menor y niño, así como la demanda de un tratamiento específico de los menores vagos y la construcción de un sistema moderno de castigo del delincuente, que se venían dando en las sociedades occidentales desde fines del siglo xviii. Éstos, según la autora, habrían impactado en algunos sectores intelectuales y dirigentes locales, adquiriendo eco y trascendencia política a fines del siglo xix.

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Claro que no todos los niños y jóvenes se adaptaron a este ideal. Por motivos de orden económico o cultural, muchos quedaron fuera del circuito de la escuela y la contención familiar. Tal es así que desde el mismo momento en que las leyes de Educación se instalaban como el elemento simbólico que representaba la infancia deseable, también se hicieron presentes las preocupaciones sobre qué hacer con aquellos niños que quedaban al margen de ella. Como sostiene Lucía Lionetti, el vasto proyecto político que implicaba la educación a fines del siglo xix recibió una serie de “ajustes y reconsideraciones […] desde el mismo momento que fuera implementado”11. Al convertirse la educación en tema de

debate cultural en los albores del siglo xx, había quienes sólo tenían posiciones optimistas respecto de los logros alcanzados, sobre todo en materia de avance de la alfabetización, lo que redundaba en el allanamiento del camino hacia el ascenso social para los hijos de las familias pobres. Otros, en cambio, subrayaban la distancia entre las promesas y los magros resultados alcanzados, demostrados por la enorme deserción escolar, especialmente de los varones, tempranos participantes en el mercado laboral, frente a una educación que, decían, no les brindaba la formación adecuada12.

En este contexto, la preocupación en torno a la educación de los niños no estuvo ausente en las exposiciones o denuncias ante los Defensores de Menores locales, así como en los pedidos de informes por parte de éstos a los maestros de las escuelas públicas del espacio estudiado. En 1889, el Director de la escuela Elemental de Varones N° 1 de Azul envió al Defensor de Menores del pueblo, en respuesta a su pedido, información acerca de Martín y Santiago Aguirre, quienes, decía, “asisten con bastante regularidad a clase, salvo unas pocas ausencias que se justifican, sea por enfermedades, sea por diligencias, casi siempre de llevar caballos según la contestación de los padres a los boletos de inasistencia”13. El caso de Martín y Santiago debía de ser uno de tantos entre aquellos niños que acudían a la escuela pública, pero debían repartir su tiempo entre esta actividad esperable

11 Lucía Lionetti, La misión política de la escuela pública. Formar a los ciudadanos de la república (1870-1916) (Buenos Aires: Miño y Dávila, 2007), 65.

12 Lucía Lionetti, La misión política, 66. Situación que no era indiferente a quienes participaron en los debates en torno a cómo debería configurarse la educación en Argentina, tanto en el Congreso Pedagógico de 1882 como en las discusiones previas a la sanción de la Ley de Educación 1420. Pedagogos y legisladores no ignoraban que la pobreza podía ser un escollo para la asistencia a clase y que la obligatoriedad escolar claramente se interponía, en algunos casos, en la subsistencia del menor y su familia. Sandra Carli, Niñez, pedagogía y política. Transformaciones de los discursos acerca de la infancia en la historia de la educación argentina entre 1880 y 1955 (Buenos Aires: Miño y Dávila, 2005). Sobre los menores y el mercado laboral, ver Estela Pagani y María Victoria Alcaraz, Mercado laboral del menor (1900-1940) (Buenos Aires: ceal, 1991); Juan Suriano, “El trabajo infantil”, en Población y bienestar en la Argentina del primero al segundo Centenario. Una historia social del siglo xx, tomo ii, comp. Susana Torrado (Buenos Aires: Edhasa, 2007), 353-382; Carolina Zapiola, “Los niños entre la escuela, el taller y la calle (o los límites de la obligatoriedad escolar). Buenos Aires, 1884-1915”, Cadernos de Pesquisa 39: 136 (2009): 69-81.

13 “Correspondencia de la Defensoría de Menores”, 28 de mayo de 1889, en Archivo Municipal de Azul (ama) AzulArgentina. Éste es un archivo municipal cuyos documentos no están catalogados, ni foliados, y para su identificación sólo es posible consignar la fecha exacta de cada comunicación.

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para esa franja etaria y la necesidad de colaborar en la economía y el trabajo familiares como los mismos padres señalaban al maestro, situación al que éste, por otro lado, restaba importancia. Es decir, dentro de la irregularidad, la necesidad de realizar las “diligencias” aparece como una causa justificada para no presentarse en clase. El trabajo de los menores de edad no era visto aún como algo reprobable cuando no mediaba explotación o maltrato físico y se trataba de una colaboración en el seno de la economía familiar, que podía en cierta forma compatibilizarse con la presencia en las aulas. Esto nos invita a ser cuidadosos a la hora de hacer afirmaciones sobre la desidia de las

familias pobres en relación con la concurrencia de sus hijos a la escuela, tal como manifestaban con cierta asiduidad los discursos de la época. Tan es así, que incluso aquellos padres que por diversos motivos no tenían a su lado a sus hijos mostraban preocupación por la educación recibida por éstos en manos de las personas que los tenían a su cargo. Al comparecer en la Defensoría de Menores de Azul años después, Cándida Rodríguez comentaba que “hace próximamente seis años le fue entregada por su hermana Juana Silva a doña Marcelina Sánchez la menor su hija Juana Rodríguez que teniendo conocimiento que dicha menor no recibía la educación necesaria, viene a pedir a esta Defensoría le sea entregada la menor aludida”14. Su preocupación por la educación de la niña fue el argumento que le permitió entablar su reclamo, si bien no especificaba a qué tipo de educación se refería, ya que podría muy bien no tratarse de los conocimientos elementales de lectoescritura transmitidos en las aulas de la escuela pública, y relacionarse en cambio con valores morales, pautas de comportamiento o conocimientos prácticos de fácil aplicación en la vida cotidiana.

Años más tarde, el Defensor General de Menores con asiento en la ciudad de La Plata, capital de la provincia, envió una nota a su par de Tandil, para que interviniera en un caso denunciado por Dionisio Del Viso ante la autoridad provincial, en vista, decía, de la ineficacia de la actuación del funcionario local. Lo que Dionisio pedía era que un hermano suyo, de nombre Jesús, le hiciera entrega de dos hijas de 15 y 17 años que éste tenía en su poder. Según continuaba el informe, “Don Dionisio Del Viso funda su solicitud en que, habiendo confiado las hijas a su dicho

hermano, que goza de buena posición, para que lo ayudase a criarlas y les diese la educación necesaria a unas niñas honestas, cuyo porvenir depende de la buena preparación

para la lucha por la vida, y no habiéndolo hecho, desea hacerlas ingresar al Asilo […] con el objeto de que reciban dicha educación”15.

14 “Correspondencia de la Defensoría de Menores”, 25 de noviembre de 1898, en ama.

15 “Correspondencia de la Defensoría de Menores”, 11 de octubre de 1906, en Archivo Histórico Municipal de Tandil (ahmt), Tandil-Argentina, libro 1250. Éste es un archivo municipal cuyos documentos no están catalogados, sino reunidos en una carpeta que se denomina libro, pero sin foliación, y para su identificación sólo es posible consignar la fecha exacta de cada comunicación.

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El padre, que no podía hacerse cargo personalmente de sus hijas, confiaba en las Damas de Caridad de Tandil para la educación de sus pequeñas en el Asilo que éstas sostenían en la localidad desde hacía varios años, educación que preveía la transmisión de contenidos básicos (saber leer y escribir), así como nociones de cocina, bordado y costura, centrales para el futuro desempeño de las niñas en su vida fuera de la institución. Como sostiene Susana Delgado en su estudio sobre el Asilo Unzue, estos conocimientos eran fundamentales para llevar a cabo satisfactoriamente sus funciones cuando traspasaban las puertas del Asilo, fuera como empleadas

domésticas o amas de casa, dos de los rumbos posibles. Tal como afirma la autora, “La mayoría de las jovencitas eran retiradas del establecimiento por alguna familia, que la empleaba de mucama o domésticas hasta que conocieran a algún muchacho y se casaran”, destino que todas, unas más, otras menos, deseaban que les tocara en suerte16.

Hacia fines del siglo xix fue adquiriendo forma un discurso que ponía a la familia en el centro de las acciones por tomar en relación con la educación de la infancia (además de la escuela pública, con sus aciertos y desaciertos), haciendo hincapié ya no sólo en los derechos de los padres sobre sus hijos sino también en sus obligaciones y responsabilidades, en un intento en el que médicos y juristas destacaron la preocupación sostenida en torno al abandono que las familias, sobre todo las de pobres recursos, hacían de sus hijos pequeños. La cesión de niños, una práctica largamente difundida, comenzó a ser cuestionada17. La revalorización del papel de la familia y la madre en su seno para el cuidado adecuado de los hijos era un modo de abogar por la disminución de la mortalidad infantil y el abandono de niños, del que un complejo entramado institucional privado debía hacerse cargo, muchas veces en colaboración con los poderes municipales y provinciales, en donde la figura del Defensor de Menores desempeñaba un rol central como mediador18.

Los casos antes comentados ponen de manifiesto las distancias entre estos discursos sobre el rol familiar en la crianza de los hijos y la preocupación cada vez mayor por la formación

16 Susana Delgado, La Gracia disciplinada. Detrás de los muros del Asilo Unzue, Mar del Plata 1912-1955 (Buenos Aires: Biblos, 2011), 198.

17 Así, afirma María Isabel Seoane que “[…] parece haber sido práctica frecuente el que los padres entregasen en depósito a sus hijos de corta edad prevaliéndose de su paupérrima situación”. María Isabel Seoane, “Instituciones protectoras del menor en el derecho argentino pre codificado (1800-1870)”, Revista de Historia del Derecho 5 (1977): 186. El Código Civil argentino fue sancionado en 1869. El Código Penal provincial, por su parte, se sancionó en 1877 y estuvo en vigencia hasta 1886, cuando fue reemplazado por uno de carácter nacional. Ver Gisela Sedeillan, “La administración de la justicia en la provincia de Buenos Aires 1877-1906” (Tesis de Doctorado en Historia, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 2011), 91.

18 El tema del abandono infantil en América Latina ha sido profusamente estudiado. Remitimos a algunos trabajos de consulta general, entre los que destacamos: Mónica Ghirardi, coord., Familias iberoamericanas ayer y hoy. Una mirada interdisciplinaria (Córdoba: Ferreyra Editor, 2008); Yolanda Eraso, comp., Mujeres y asistencia social en Latinoamérica, siglos xix y xx. Argentina, Colombia, México, Perú y Uruguay (Córdoba: Alción Editora, 2009), y Gabriela Cano et al., Género, poder y política en el México pos revolucionario (México: fce, 2010).

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y asistencia a la escuela de los niños en edad de educarse —preocupación que trascendía los discursos de intelectuales y gobernantes para colarse en el espacio de estudio entre maestros, Defensores de Menores, y aun entre los mismos padres que por diversas razones habían consentido la entrega de sus hijos—, y las realidades familiares, donde la precariedad económica o el descuido de los guardadores alejaba en no pocas ocasiones a los niños no sólo del seno familiar sino también de los establecimientos escolares.

2. La comunidad de vecinos ante el maltrato físico

El estado de completo abandono y desamparo por el que atravesaban algunos niños y jóvenes de la zona hizo que en no pocas oportunidades fueran los propios vecinos los que pusieran en conocimiento de las autoridades estas circunstancias. Así, en marzo de 1888, se informaba al Defensor de Menores de Azul, Luis Ferrer, que “[…] desde ayer existe en mi poder y a su disposición el menor Juan Mongay huérfano de padre y madre que se hallaba en poder de un tío y después de otros vecinos”. Tras ese deambular que aparentemente no había sido muy beneficioso para el chico, tal como pretendía demostrar el exponente, afirmaba haber “tomado la decisión de recojerlo [sic] porque varias personas se quieren aprovechar [sic] de él para tenerlo a su servicio sin consentimiento de Ud. y quizás algunos de ellos no tengan ni que comer para cuanto más poder atender al menor indicado”19.

No sabemos cómo se resolvió la situación de Juan, ni qué fue lo que llevó a este vecino a tomar tal resolución, más allá de su preocupación por la supuesta explotación a la que era sometido, pero a medida que transcurre el tiempo vemos que realidades como ésta se tornaron más comunes20. Es la comunidad de vecinos la que estará atenta y la que parece demostrar cada vez una mayor sensibilidad en un contexto donde el aumento de población, asociado en gran parte a la inmigración que arribaba a la zona estudiada, fue dejando a los más pequeños en condiciones de vulnerabilidad cada vez mayor, como sucedió con la niña María Elías21. Según informaba años más tarde el Comisario de Tandil al Defensor de Menores de ese pueblo, ésta había sido recogida por la Policía, y se encontraba “abandonada y carente de padres”. Al mismo tiempo,

19 “Correspondencia de la Defensoría de Menores”, 23 de marzo de 1888, en ama.

20 Especialmente, toman relevancia numérica hacia la década de 1890.

21 De los datos que se desprenden del Segundo y Tercer Censo Nacional de Población, realizados en 1895 y 1914, respectivamente, observamos que el crecimiento de población fue de importante magnitud en la provincia de Buenos Aires en su totalidad, con un notable impacto en el aumento de la población urbana. Este impacto poblacional afectó también al espacio de nuestro análisis. De acuerdo con el Censo Nacional de 1895, Azul tenía un total de habitantes, entre población urbana y rural, de 23.115, y Tandil 14.982. Para 1914, las cifras habían aumentado notablemente, contándose los habitantes de Azul en 32.103, y los de Tandil en 34.061. Además, en todos estos pueblos se observa una coincidencia con el resto de la provincia en cuanto al aumento de población urbana.

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comunicaban que a la espera de la resolución que tomara el Defensor, la niña había sido depositada momentáneamente en casa de doña Carmen R. de Alonso22.

Pero esa vulnerabilidad a que hacemos referencia no siempre daba por resultado la total soledad de los niños, y es así como el análisis de cada caso nos sugiere situaciones en las que la complejidad hace difícil las generalizaciones. En 1898, Carlos Rasmussen y Sofía Larsen de Rasmussen se presentaron al Defensor de Menores de Tandil, en calidad de abuelos maternos, a reclamar les fuera entregado el menor Bernardo Petersen, que se encontraba en poder de una tía y su esposo, Antonio

Larsen, desde el fallecimiento de los padres de los pequeños, ambos en 1891. El reclamo se fundaba en varias razones. Citando las obligaciones que les imponía como abuelos el Código Civil ante la falta de los padres, creían su deber hacerse cargo de Bernardo, para brindarle educación, sustento y vestido, según decían, tal como lo venían haciendo con dos hermanos de éste, Eduardo y Emma.

Pero además, sostenían que era “el citado Larsen, hombre lleno de hijos, jornalero pobre, que vive casi en la indigencia y de no muy buenos antecedentes y donde Bernardo está del todo abandonado, entregado por orden de este a trabajos pesados y sin darle ni siquiera las primeras nociones de educación ni moral”. A estas argumentaciones sumaban su intención de hacerse cargo de la responsabilidad que les cabía al respecto, ya que, decían, “no podemos jamás permitir continúe en poder de estraños [sic]”, por lo que pedían se les entregara para “recogerlo, educarlo junto con sus hermanos, para hacer de él mañana no un perdido, a lo que si así continuaba se espondría [sic], sino un ciudadano útil, activo, trabajador y honrado”23. De tal modo que la colocación en casa de extraños no siempre era el resultado del desamparo. En este caso, los abuelos del chico se hacían eco de un discurso compartido por diversos actores sociales, que ponía el acento en las obligaciones que recaían sobre la familia, antes que en los derechos, en un marco en que se pensaba a los niños como los futuros ciudadanos y trabajadores. Como afirman Beatriz Alcubierre y Tania Carreño para otro espacio, se trataba de “las representaciones” que el Estado se hacía de los niños, sobre quienes pesaba la responsabilidad de llevar al país hacia el orden y el progreso24.

Un caso que merece la pena destacarse por la repercusión que tuvo (hasta supuestamente la prensa local se había hecho eco), los testigos que se presentaron a declarar y la manera en que los involucrados defendieron sus posturas, es aquel en que Cipriano Sánchez, quien tenía a su cargo a los menores Valeriano y Natividad Noriega, se presentó motu proprio a la Defensoría de Azul a entregar los niños a su cargo (y que estaban a disposición de esa repartición), “y al

22 “Correspondencia de la Defensoría de Menores”, 10 de diciembre de 1910, en ahmt, libro 1250.

23 “Correspondencia de la Defensoría de Menores”, 24 de octubre de 1898, en ahmt, libro 1066.

24 Beatriz Alcubierre y Tania Carreño, Los niños villistas. Una mirada a la historia de la infancia en México 1900-1920 (México: inherm, 1996).

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mismo tiempo para que conste en actas si es cierto o no lo que los periódicos de la localidad dicen de que a dichos menores se maltrataba y se azota”, para lo cual propuso incluso que se les tomara declaración a los chicos25.

Pero había sido unos días antes la madre de éstos la que se había presentado ante el Defensor a reclamar la entrega de los mismos, ya que, decía, pretendía que por su intermedio, “le sea ordenado al señor Sánchez que le entregue sus hijos menores”, frente a lo cual el funcionario optó por hacerlos comparecer de inmediato26. Interrogados ambos si preferían permanecer en casa de

Sánchez o regresar con la madre, coincidieron en querer estar en la casa del guardador, ya que, afirmaban, se sentían mejor tratados allí. Según exponía Natividad, “no podía ir a la casa de su señora madre por cuanto todos los días esta ollendo [sic] palabras osenas [sic] de su madre y del marido de esta […] amas [sic] el señor padrastro la ha azotado varias veces”. También Valeriano coincidió con las declaraciones de su hermana, al señalar que aquél “lo mal trata azotándolo todos los días estropeándolo malamente”. Agregaba además que “en la casa del señor Sánchez lo tratan perfectamente bien que le dan la educación correspondiente y decea [sic] permanecer a su lado”.

Incluso el chico confesó que también su madre había sido castigada por él padrastro, razón por la cual había sido su propia voluntad dejarlos al cuidado de Sánchez27.

Frente a las contradicciones de las versiones, el Defensor recurrió a varios testigos, quienes relataron los maltratos a los que se referían en las acusaciones a Sánchez, relacionándose con una situación en la que varios vecinos habían visto al menor Valeriano atado a una planta con una cadena al cuello. Así, Manuel Pardo compareció ante el Defensor el 24 de enero, y dijo que “el día veinte del corriente como a las 7 am fue despertado por su hijo Ángel quien le pidió se levantase a presenciar de la manera como era azotado el menor en cuestión”. Al acercarse al lugar observó que éste “estaba atado con una cadena al pescuezo más un candado prendido a ella y la otra punta de la cadena atada al pie de un árbol como así mismo las manos del menor atadas hacia atrás con unos pedazos de trapos blancos”. Si bien los otros testigos, Ramón Bustos, Juan Giordano y Gregorio Vera, coincidieron en sus relatos en lo que habían visto, interrogado nuevamente el menor sobre esta situación, negó haber sido víctima de violencia física, reconociendo su propia culpa en los incidentes. En ausencia del señor Sánchez, explicó, había desobedecido una orden de la esposa de aquél y amenazado con irse de la casa, y la señora había optado por atarlo para impedir que se fugara. Se mostraba así como un sujeto

25 “Correspondencia de la Defensoría de Menores”, 26 de enero de 1893, en ama.

26 “Correspondencia de la Defensoría de Menores”, 17 de enero de 1893, en ama.

27 “Correspondencia de la Defensoría de Menores”, 26 de enero de 1893, en ama.

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activo al rebelarse, tal como él mismo lo reconoció28. Como señala Susana Sosenski, para el caso mexicano, consciente o inconscientemente, los niños y jóvenes buscaban formas de resistirse, en acciones que los alejaban de posturas pasivas29.

En síntesis, frente a lo que habían presenciado, los vecinos denunciaron a Sánchez por maltratos. Del menor encadenado al árbol, sugieren castigo físico que, según el propio chico, no había existido, ya que Sánchez estaba ausente, habiendo sido la esposa la que había tomado esa medida para evitar su huida. Bien o mal tomada la decisión, la madre que reclamaba al chico y la interven-

ción de la comunidad habían puesto en tela de juicio la capacidad de Sánchez para tener a su cargo a los hermanos Noriega, cosa que los mismos menores negaron, defendiendo a su guardador y prefiriendo quedarse en su poder antes que regresar con la madre. Caso complejo, en que la intervención de varios actores sociales hace que a cada paso nos encontremos con diversas aristas, en las que no estaba ausente el malestar de los vecinos ante lo que entendían como maltrato.

Como antes señalamos, a pesar de la insistencia desde el plano discursivo en el papel de la familia en la crianza de los niños como medio para evitar el abandono, la colocación de los menores en casas decentes del pueblo era una situación al menos corriente y obedecía a muy diversas razones pero relacionadas, en la mayoría de los casos analizados, con la situación de precariedad económica para alimentar, vestir y educar a los niños y niñas, tal como manifestaban los responsables mismos de estos actos. Claro que tal colocación tenía ribetes diferentes. Si en algunos casos los vecinos, allegados o empleados comentaban a los padres de los menores colocados que sus hijos no eran bien tratados y en ocasiones reclamaron la devolución de los mismos, no siempre resultaba de estas denuncias un retorno de los hijos al hogar, ya que eran a veces los chicos los que pedían permanecer con los guardadores, por considerarse más seguros con ellos que con su familia de origen, como sucedió con Valeriano y Natividad Noriega30. Eran los menores los que hacían uso de la palabra para defender sus posturas, tal como se muestra en estas ocasiones, y la Defensoría parecía dispuesta a escuchar y actuar en consecuencia, de acuerdo con sus pedidos. Una Defensoría que carecía, además, de otras alternativas frente a la imposibilidad de la familia de hacerse cargo de su

28 “Correspondencia de la Defensoría de Menores”, 26 de enero de 1893, en ama.

29 Susana Sosenski, “Niños y jóvenes aprendices. Representaciones en la literatura mexicana del siglo xix”, Estudios de Historia Moderna y Contemporánea 26 (2003): 45-79.

30 Los casos que hemos estudiado de niñas que habían sido colocadas en los Asilos de Huérfanas locales y que eran reclamadas por sus madres presentan diferencias en este sentido, ya que éstas las sacaban de las instituciones para mantenerlas a su lado. En las situaciones analizadas en este artículo, en cambio, en muchos casos probablemente el reclamo se basaba en una decisión a la que se veían empujados por compadecerse del maltrato sufrido por los hijos e hijas, para inmediatamente buscar una nueva colocación. Yolanda de Paz Trueba, “Asilos para huérfanas en el centro y sur bonaerenses. Algunas pistas para repensar la construcción de la gobernabilidad a fines del siglo xix y principios del xx”, en Las infancias en la Historia argentina. Intersecciones entre prácticas, discursos e instituciones (1890-1960), comps.

Lucía Lionetti y Daniel Miguez (Rosario: Prohistoria, 2010), 53-69.

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prole31. Más allá de las mediaciones con que nos llegan las voces de los niños a través de fuentes escritas por adultos, lo que Beatriz Alcubierre señala como la observación de observaciones32, debemos tener en cuenta que, como sostiene Linda Pollock, los niños no eran seres totalmente pasivos, lo que hace que cualquier análisis que pretenda indagar sobre ellos deba tener en cuenta, en la medida de lo posible, su agencia e intervención en los casos que los involucraban33.

También Magdalena Bolyera hizo explícita su comodidad en casa del señor Fontana, de donde su padrastro pretendía sacarla, ya que al parecer, según declaraba Fontana, los sueldos de la niña eran usados en principio para vestirla y alimentarla. Según decía Magdalena, “no quiere salir de esa casa para ir con su padrastro Bernoy porque siempre le ha dado mui [sic] malos tratamientos habiéndola tenido colocada en trece casas, cuyas ganancias ha disfrutado él sin haberle comprado nunca ni lo más necesario al menos”. Por el contrario, decía que Fontana sí le había dado sus sueldos a ella. Además, llamados dos testigos para corroborar esto y los maltratos que la menor alegaba por parte del padrastro para justificar aún más su decisión de quedarse con su tutor, uno de ellos, Ángel Bai, sostuvo que “[…] le consta por haberlo visto en distintas ocasiones que el padrastro le hacía levan-

tar a la madrugada, más desnuda que vestida y descalsa [sic] para mandarla al arroyo

a lavar hiciera bueno o malo el tiempo. Que también a [sic] tenido ocasión de ver y oír que la ha amenasado [sic] a pegarle estando él presente e insultándola malamente”34.

Todas razones que el Defensor consideró válidas para dejar a Magdalena en casa de Santos Fontana.

Similar situación, que involucró al Defensor General de La Plata, fue la de Anunciada Moreno.

Decía la autoridad provincial a su par de Tandil que la niña de 17 años se hallaba en el pueblo en poder de Juan Loustau, “dueño de un tambo y de una fábrica de manteca llamada La Tandilera”.

Pedía que interrogara a la menor, a fin de saber si era cierto que ella deseaba dejar la casa de Loustau, “por el excesivo trabajo y la clase de trabajo a que la tienen sometida, para venirse a esta ciudad a vivir al lado de su señor padre o de sus hermanos”. Según continuaba informando el Defensor General, la chica había enviado una carta a su hermano mayor exponiendo esta situación

31 Si bien en ambos pueblos habían sido fundados asilos para niñas huérfanas, se cobijaban en ellos sólo niñas de entre 3 y 14 años, y los casos atendidos por las Defensorías abarcaban además a niños y jóvenes de ambos sexos, menores y mayores de esa edad.

32 Beatriz Alcubierre, “Infancia, lectura y recreación: una historia de las publicaciones para niños en el siglo xix mexicano” (Tesis de Doctorado en Historia, El Colegio de México, 2004). La autora sostiene que la historia de la infancia no ha sido más que el estudio de las representaciones que los mayores se han hecho sobre los niños.

33 Linda Pollock, Los niños olvidados: relaciones entre padres e hijos de 1500 a 1900 (México: fce, 1990), 308.

34 “Correspondencia de la Defensoría de Menores”, 23 de marzo de 1892, en ama.

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y su intención de abandonar la colocación35. Tal como su superior lo ordenaba, el Defensor local hizo comparecer a Anunciada, quien manifestó “que no había escrito carta alguna a su hermano ni persona de su familia quejándose del excesivo trabajo pues al contrario estaba contenta con el trato que le daba la familia Loustau […]”, agregando que prefería permanecer a su lado36.

Claro que no siempre esas denuncias que se originaban en la preocupación por velar por el buen trato para con los menores, y a raíz de las cuales el Defensor intervenía, eran bien tomadas por los acusados. Así, en 1893, el Defensor de Menores de Azul hizo comparecer a su despacho

al señor Rafael de Mampesier “[…] a efectos de averiguar si es cierto que en su casa particular hai [sic] un menor a quien azotan lo más del tiempo y malamente”. El acusado reconoció que en su casa vivían un hijo suyo y un chico “conchabado”, pero que de ninguna manera eran azotados, “como se ha denunciado en esta defensoría sino que a su propio hijo lo corrige cuando es necesario para encaminarlo al buen camino”. Al mismo tiempo, decía que al detentar la patria potestad “la ley acuerda que en virtud de una denuncia tan temeraria” como la interpuesta en su contra, pedía a la Defensoría que le entregara una copia de la declaración realizada37.

Pero en otros casos, la sospecha de maltratos, sumada al aporte de los testigos, determinaba que la guarda fuera revocada y que el menor o la menor en cuestión quedaran en otras manos.

Así, frente a la preocupación manifestada por el Defensor sobre el trato que su guardador daba al menor Pedro Laborda, llamó a declarar a varios vecinos, quienes coincidieron en señalar que lo tenían mal vestido, y hasta sugirieron, según el mismo chico les había comentado, la existencia de castigos, aunque no se especificaran de qué tipo. En vista de las declaraciones tomadas como pruebas, la Defensoría resolvió que el menor quedara en manos de Anita de Fonatti38.

Si, en muchos de los casos comentados, el castigo físico no era explícito, o si quedaba englobado dentro del concepto más amplio de maltrato, no fue así en el caso de Remigia Cornejo. Una carta fechada en la estancia Miraflores, cerca de Azul, informaba que “en la casa de Daniel Fernández estaba don Sixto Toledo con su familla [sic] teniendo en su poder una huérfana de catorce años, de nombre Remigia Cornejo, a quien habían traído consigo de Tapalque”. El denunciante decía que “[t]anto Toledo como su señora la mortifican a palos; yo mismo he visto a la señora de Toledo quebrar un palo por las espaldas de Remigia y darla contra el suelo”. En función de esto, consideraba que “es mi deber denunciar a Ud. como Defensor de Menores de este partido dichos hechos de

35 “Correspondencia de la Defensoría de Menores”, 17 de agosto de 1905, en ahmt, libro 1066.

36 “Correspondencia de la Defensoría de Menores”, 23 de agosto de 1905, en ahmt, libro 1066.

37 “Correspondencia de la Defensoría de Menores”, 25 de enero de 1893, en ama.

38 “Correspondencia de la Defensoría de Menores”, 29 de julio de 1890, en ama.

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crueldad”39. La comunidad sentía que debía involucrarse y lo hacía, sin distinciones, ya se tratara de un niño o una niña, en un momento en que la Defensoría parecía ser un lugar que reunía condiciones de audibilidad, más allá de los casos puntuales comentados40.

Peores consecuencias parece haber tenido la suerte corrida por Ramona Silva, quien en junio de 1899 fue puesta a disposición del Defensor de Menores de Tandil “por carecer de madre, estar abandonada por el padre, y por los malos tratamientos que recibió de la arriba mencionada”, en referencia a Avelina Correa, a quien se había investigado por lesiones a dicha menor. Agregaba el

Juez de Paz al de Menores que “la menor se encuentra en asistencia en el Hospital Muncipal”41.

Días más tarde, la Defensoría la depositó en casa de don José del C. Valenzuela42.

Los conflictos familiares frecuentemente dejaban atrapados en su interior a los niños y niñas.

Cuando Alejo Elortegui se acercó a la Defensoría de Menores de Azul para denunciar a Pedro Kiguen por maltratar a su esposa (fallecida ya) y a sus hijas, iba acompañado de las niñas Mariana y Rosa Kiguen, de 10 y 12 años de edad, respectivamente. Así, el vecino domiciliado en la zona rural, en el cuartel 2° del partido, exponía que “Pedro Kiguen es un hombre de malos antecedentes, bebedor e incapaz de atender a sus hijas como es debido”. Comentaba también que en alguna ocasión pasada había intentado, en casa de otra vecina, Mariana Erramauspe, agredir con un cuchillo a la esposa, ya fallecida, y que no lo había logrado a causa de su estado de embriaguez. No contento con esto, en otra ocasión, “corrió a su propia hija la menor Rosa con un revólver, de lo que consiguió escaparse debido a la intervención de Don Andrés Cataldo peón de la casa donde se encontraba Kiguen y sus hijas”. Tras tomar declaración a las niñas, el Defensor resolvió que las mismas quedaran en manos del señor Elortegui, por considerar ciertos sus dichos, los cuales fueron corroborados por las pequeñas43. En este caso, no se convocó a otros testigos, ni aparece la voz del padre. La calidad de vecino del Defensor parece haber sido suficiente para probar los dichos que se desprenden de las declaraciones, por saberse conocedor de las situaciones relatadas. Por otro lado, lo que podría pensarse como una estrategia del denunciante para quedarse con dos niñas en guarda, que

39 “Correspondencia de la Defensoría de Menores”, 7 de diciembre de 1892, en ama.

40 Ver también “Correspondencia de la Defensoría de Menores”, 25 de agosto de 1892 y 6 de abril de 1893, en ama. En este último caso, la desprotección de menores, en virtud de la trashumancia de los padres, hace que la comunidad se involucre, no ya por el maltrato recibido, sino para aminorar su situación de abandono y desprotección.

41 “Correspondencia de la Defensoría de Menores”, 23 de junio de 1899, en ahmt, libro 1066.

42 “Correspondencia de la Defensoría de Menores”, 26 de junio de 1899, en ahmt, libro 1066. Si bien la condición del maltrato englobaba situaciones diferentes si se trataba de niños o niñas, especialmente en lo relativo al trato sexual o los tipos de trabajos a que podían ser sometidos, no es interés de este artículo analizar estas cuestiones, que bien merecen un trabajo aparte. Además, las fuentes seleccionadas para responder a las preguntas que nos planteamos aquí no son particularmente explícitas en relación con esa diferencia.

43 “Correspondencia de la Defensoría de Menores”, 27 de enero de 1892, en ama.

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eventualmente podían realizar tareas domésticas, puede haber sido también para ellas una posibilidad real de ir en busca de una mejor vida.

3. Las madres ante la justicia

Claro que, como ya adelantamos, no siempre eran los vecinos los que se manifestaban sensibles frente al ejercicio de violencia sobre los menores, sino que en muchas ocasiones eran las madres quienes se presentaban al Defensor a denunciar situaciones de maltrato (que incluía la falta de educación),

del que sus hijos estaban siendo víctimas de aquellas personas con las que por diversas circunstancias se encontraban colocados. Tal fue el caso de Facunda Cruz, quien se presentó en Azul a reclamar por su hijo Desiderio Cabrera, de 11 años, en poder de Juan Basabilbaso. Ella dijo que “por repetidas ocasiones a [sic] solicitado a este señor le sea devuelto su hijo sin haberlo podido conseguir […] que sabe también por habérselo manifestado un puestero del señor citado llamado Juan Herrera que a su hijo Desiderio se le castiga frecuentemente”. No pudiendo ella hacer más nada, es que se presentaba al Defensor para pedir el auxilio del caso. En la misma fecha de la denuncia, se mandó a comparecer a Basabilbaso, quien hizo entrega de Desiderio44. Lejos de encontrarnos frente a una madre despreocupada por la suerte corrida por su hijo, Facunda reclamaba del Defensor ayuda para recuperar al chico, quien aparentemente no era bien tratado. Como sostiene Pollock, las relaciones entre padres e hijos en tiempos pretéritos no siempre eran tan distantes y formales, como se desprende de análisis como el de Ariès, y reviste importancia a tal efecto cómo los padres e hijos se veían mutuamente45.

Evidentemente, y como se observa en el caso anterior, el castigo no era percibido por la madre de Desiderio como una manera que a ella le resultara aceptable para la educación de su hijo.

También Isabel Acosta se presentó al Defensor de Menores de Azul reclamando le fuera devuelto un hijo suyo de nombre Marcelino Villegas, que se encontraba en poder de Mariano Castellote, ya que, según comentaba la madre, “sabe por Don Desiderio Belasteguin que hará dos meses más o menos y en presencia del mencionado Belasteguin Don Mariano Castellote le dio un puntapié al menor referido arrojándolo por tierra”. Agregaba además que estaba en conocimiento de que hacía unos días el menor había sido azotado, “teniendo este que huir yendo a refugiarse a casa de Don Marcos Cuevas”. Éste, por su parte, ratificó la denuncia de la mujer al afirmar que “encontrándose él arreglando un alambrado de la chacra de su propiedad, se presentó el menor Marcelino Villegas,

44 “Correspondencia de la Defensoría de Menores”, 27 de mayo de 1892, en ama.

45 Linda Pollock, Los niños olvidados. Estamos de acuerdo con esta autora en desconfiar de los planteamientos que, desde Ariès, múltiples autores han hecho acerca de la disminución de la crueldad para con los niños a partir del surgimiento del sentimiento hacia la infancia de la mano de la modernidad en los siglos xvii-xviii. Más que una cuestión de evolución hacia mejores sentimientos se trata, creemos, de entender los comportamientos en sus contextos de producción.

Philippe Ariès, El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen (Paris: Plon, 1960).

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a pie y llorando a pedirle que lo admitiese en su casa porque el señor Castellote lo había castigado fuertemente”. Sin embargo, no pudo afirmar si los maltratos eran habituales, porque dijo no conocer cómo era la relación del guardador con el menor, más allá de lo sucedido46.

En el caso de las madres, siempre la sospecha sobre la moralidad de su conducta era un arma en manos de aquellos que tenían algún interés en la tenencia o los bienes de los menores. Tal fue el caso de Antonio Ruiz en relación con el menor José Figuerido, de 13 años, quien presentándose a la Defensoría de Menores de Azul expuso que, en su carácter de tutor dativo

del menor, pedía que el mencionado le fuera entregado, porque estaba en poder de la madre, doña Teresa Mansilla, dado que, según decía, ésta mantenía mala vida47.

Pero tras ser convocada Teresa por el Defensor, ella no sólo refutó las acusaciones acerca de su mala vida, sino que además defendió su posición y la de su hijo, quienes, decía, teniendo bienes que había el pequeño heredado de su padre, el tutor no les pasaba lo correspondiente para vivir dignamente. Así, explicaba la madre que “[…] a la muerte de Figuerido mi hijo quedó de nueve meses, librado a mis cuidados […]

Ruiz ha querido auxiliarme limitándose a darme una pobre vivienda y contados artículos […] que tan escasos han sido estos auxilios que […] hasta ahora me he visto siempre obligada a trabajar personalmente en lavados para ayudarme a sufragar con pobreza lo más

indispensable al sustento mío y de mi hijo, quien para mayor desgracia es de naturaleza

débil y enfermisa [sic], que requiere con frecuencia los cuidados del médico y los gastos que se originan en tales casos […]”48.

La respuesta de la madre fue contundente, ya que más abajo, en la misma fecha, el Defensor dejaba constancia de que “[…] En vista de lo expuesto por Don Antonio Ruiz y Doña Teresa Mansilla, el que suscribe resuelve no hacer lugar al pedido del Sr. Ruiz […] y en vista de los espuesto [sic] por la señora Mansilla y los documentos presentados por la misma ante este Ministerio dispuse quede en poder de la madre Teresa Mansilla el menor José Figuerido”49.

46 “Correspondencia de la Defensoría de Menores”, 9 de febrero de 1892, en ama.

47 “Correspondencia de la Defensoría de Menores”, 20 de junio de 1892, en ama.

48 “Correspondencia de la Defensoría de Menores”, 20 de junio de 1892, en ama.

49 “Correspondencia de la Defensoría de Menores”, 20 de junio de 1892, en ama. Un tiempo antes la mujer se había presentado a la Defensoría a denunciar al tutor al no poder, según decía, conseguir que le proveyera de la alimentación y vestuario para su hijo, razón por la cual informaba que, a causa de su pobreza, decidía dejarlo en casa de Martín Urce.

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No todos los casos, sin embargo, tenían el mismo final, como el de Josefa Ormazábal, en cuyo desenlace influyeron tanto la postura de los hijos como los dichos de los testigos. Además, ella no pareció entablar una defensa tan vehemente como la de Teresa Mansilla. La madre, de nombre Josefa, reclamaba tener consigo a sus hijos Juana, de 18 años, y Antonio, de 13, en poder en ese momento de Domingo Algañaras. Pero los chicos, ante el requerimiento del Defensor de Tandil acerca de su voluntad al respecto, respondieron lo contrario de lo que la madre pedía. Juana contestó “que su citada madre la había abandonado por varias veces y

no la cuidaba como era debido por lo que no estaba dispuesta a seguirla”. También Antonio manifestó querer quedarse con la hermana antes que regresar con la madre. Lo que pareció decidir la cuestión fueron las declaraciones de Algañaras y un testigo, José Redondo, ambos coincidentes en señalar la mala conducta de la mujer. Decía Redondo que le constaba “que la citada señora gozaba de mala conducta y hacía abandono continuo de sus hijos sabiendo esto todos los vecinos de Bella Vista y muchos de Tandil”. Así se expedía el Defensor diciendo que “[…] en virtud de lo expuesto y demás antecedentes recogidos entre ellos la manifestación de otra de sus hijas llamada María la que también se resiste a seguir a la madre por darle

malos ejemplos y consejos inmorales resuelve por el momento que los citados menores sigan depositados con Don Domingo Algañaras”50.

En el marco de un discurso que insistía en la importancia del vínculo familiar, se legitimó la separación de Josefa de sus hijos en nombre de la protección de la infancia, elemento clave para el proyecto político y social que veía en los niños a los futuros trabajadores y ciudadanos. Como sostienen Sáenz, Saldarriaga y Ospina para el caso colombiano, a principios del siglo xx, “La infancia se convirtió en objeto privilegiado de todos los proyectos de transformación biológica, social, económica y política”51.

Conclusiones

En las páginas precedentes se ha buscado dar cuenta de un conjunto de problemáticas asociadas a la infancia pobre a fines del siglo xix y principios del xx, en espacios del centro y sur de la provincia de Buenos Aires. Si bien, como se señaló, algunas de esas preocupaciones no eran nuevas en el período que se analiza, una combinación de factores derivados de la entrada de Argentina a la modernización económica y la complejidad social dio como

50 “Correspondencia de la Defensoría de Menores”, 15 de enero [año ilegible en el original], en ahmt, libro 1066.

51 Javier Sáenz et al., Mirar la infancia: pedagogía, moral y modernidad en Colombia. 1903-1946 (Medellín: Editorial U. de Antioquia, 1997), 26.

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resultado la exacerbación de las mismas. Así, se conjugaron la nueva importancia atribuida a la familia como agente educador de los hijos, el rol de la infancia en el futuro de la nación, con las preocupaciones poblacionales que, en el marco del aluvión inmigratorio del momento, tornaba más acuciante la cantidad de niños abandonados a su suerte y ponía constantemente al límite de sus capacidades a las instituciones existentes para darles cobijo. De hecho, y tal como comentamos páginas atrás, pocas eran las opciones del Defensor de Menores (aparte de la colocación en casas de familia) cuando un niño o niña no

podía permanecer junto a sus padres.

En este contexto, la categoría menor sufrió un desplazamiento de sentido: el hincapié puesto en las obligaciones de los padres para con sus hijos, junto a sus derechos, adquirió preeminencia.

Pero esa nueva sensibilidad legal, como la denomina Carla Villalta, que generó la ampliación de la patria potestad, comenzó a configurarse mucho antes de que adquiriera legitimidad legal, en el último cuarto del siglo xix, cuando la insistencia en el cuidado físico y moral de la infancia se vio reforzada como vía para la salvaguarda del futuro de la patria y del orden social52. Los niños debían ser objeto de protección y cuidado y los padres tenían que estar preparados para cumplir con sus deberes, aunque no se pensara aún a los niños como sujetos de derecho.

Tal como los diversos casos comentados en este trabajo ponen de manifiesto, conforme pasaba el tiempo, una multiplicidad de actores sociales de las comunidades estudiadas acudía a las autoridades locales para denunciar diversas situaciones de maltrato hacia niños y niñas que por diversas razones se encontraban envueltos en una particular situación de vulnerabilidad.

Se ha buscado mostrar el modo en que la comunidad de vecinos se sentía llamada a intervenir cuando entendía que niños o niñas eran sometidos a tratos y trabajos que no eran adecuados para su edad, o cuando su formación no estaba siendo atendida debidamente, ya fuera porque no eran enviados a la escuela o porque los ejemplos que recibían de los mayores a cuyo cargo estaban no eran los apropiados. Es de destacar también que no siempre eran extraños quienes se acercaban a peticionar a las autoridades, sino miembros de la familia, en no pocos casos padres o madres, cuando éstos no habían fallecido o no se habían desentendido totalmente de la suerte corrida por sus hijos.

52 Carla Villalta, “La conformación de una matriz interpretativa. La definición jurídica del abandono y la pérdida de la patria potestad”, en Las infancias en la Historia argentina, 90. En este sentido, la reforma, años más tarde, de los alcances de la patria potestad (en el marco de la sanción de la Ley de Patronato de Menores en 1919, primera ley que reguló la situación penal de los menores de edad en Argentina) representó un avance en la injerencia del Estado sobre esos derechos de los padres, especialmente de aquellos que demostraban no tener capacidad material o moral de hacerse cargo de su prole. La naturalización de los deberes familiares, y especialmente de la madre, habilitó la intervención estatal para retirar la patria potestad cuando fuera necesaria para la protección de la infancia. Carla Villalta, “La conformación de”, 91.

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Ahora bien, si en el caso de los vecinos o allegados el interés podía radicar sólo en una sensibilización por la situación de los menores —y no podemos descreer de la genuina preocupación que despertaban en madres o padres que reclamaban la intervención del Defensor para cambiar la colocación de sus hijos al no poder tenerlos en su poder—, debemos ser, al menos, cuidadosos en otros casos, aquellos que involucraban pedidos similares pero en los que los progenitores querían volver a tener a su lado a sus hijos, especialmente varones, sobre todo cuando éstos tenían edades en que laboralmente podían representar alguna utilidad. En sínte-

sis, habrá que tener en cuenta entonces, como sostiene Pollock, que es necesario, al analizar la importancia de los niños en una sociedad, no sólo observar cómo los padres veían a sus hijos, sino también detectar cuál era la función que éstos representaban para aquéllos53.

Bibliografía Fuentes primarias Archivos: Archivo Histórico de la provincia de Buenos Aires (ahpba), La Plata-Argentina.

Archivo Histórico Municipal de Tandil (ahmt), Tandil-Argentina.

Archivo Municipal de Azul (ama), Azul-Argentina.

Documentación primaria impresa: Primer Censo de Población año 1869. Buenos Aires: Imprenta del Porvenir, 1872.

Segundo Censo de Población año 1895, tomo ii. Población. Buenos Aires: Taller Tipográfico de la Penitenciaría Nacional, 1898.

Tercer Censo de Población año1914, tomo iii. Población. Buenos. Aires: Talleres Gráficos de L. J. Rosso y Cía., 1916.

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53 Linda Pollock, Los niños olvidados, 119.

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Wilson Ferney Jiménez Hernández

Estudiante del Doctorado en Historia de la Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia). Licenciado en Historia de la Universidad del Valle (Cali, Colombia). Miembro del Grupo de Investigación Nación-Cultura-Memoria de la misma universidad (Categoría D en Colciencias). Ganador de la Beca del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura, Pasantías Nacionales, Museo Nacional de Colombia, 2011. Coordinador de Historia de Cali siglo xx, tomo iii: Cultura, dir. Gilberto Loaiza Cano (Cali: Universidad del Valle, 2012 [en prensa]). wilson.jimenezhernandez@gmail.com

Artículo recibido: 1 de noviembre de 2011 aprobado: 12 de febrero de 2012 modificado: 29 de marzo de 2012

doi: 10.7440/histcrit47.2012.07

❧ Este artículo amplía los resultados de la monografía de grado realizada para obtener el título de Licenciado en Historia, titulada: “La representación del proceso de Independencia en el Papel Periódico Ilustrado, 1881-1887” (Universidad del Valle, 2011). Mención Meritoria. No contó con financiación para su elaboración.

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El Papel Periódico Ilustrado y la configuración del proyecto de la Regeneración (1881-1888) Resumen Este artículo examina cómo el Papel Periódico Ilustrado fue partícipe en el proceso de reconfiguración del Estado-nación colombiano promovido por la Regeneración. Se argumenta que la sección “Historia” reprodujo textos historiográficos y representaciones visuales que contribuyeron a estructurar una nueva lectura del tiempo de la nación, caracterizada por la configuración de tres dimensiones temporales: del presente en doble alusión al pasado y del presente al futuro, fundamentado en la tradición. En este proceso se resaltaron elementos de continuidad con una idea de herencia española y un mito fundacional de la nación relacionado con la Independencia.

Palabras clave: Publicación periódica, Estado-nación, sistema político, historiografía, iconografía.

The Papel Periódico Ilustrado and the creation of the Regeneration project (1881-1888) Abstract This article examines how the Papel Periódico Ilustrado (Illustrated Newspaper) was part of the Colombian Nation-State reconfiguration process promoted by the Regeneration. It argues that the History section printed historiographic texts and visual representations which contributed to structuring a new viewpoint of the nation’s present, characterized by three temporal dimensions: of the present as a double allusion to the past and from the present to the future, anchored in tradition. This process highlights elements of continuity with the idea of the Spanish heritage and the foundational myth of the nation related to the Independence.

Key words: Periodical publication, Nation State, political system, historiography, iconography.

O Papel Periódico Ilustrado e a configuração do projeto da Regeneração (1881–1888) Resumo Este artigo examina como o Papel Jornal Ilustrado foi partícipe do processo de reconfiguração do Estado-nação colombiano promovido pela Regeneração. Argumenta-se que a seção História reproduziu textos historiográficos e representações visuais que contribuíram para a estruturação de uma nova leitura do tempo da nação, caracterizada pela configuração de três dimensões temporais: do presente em dupla alusão ao passado e do presente ao futuro, fundamentado na tradição. Neste processo, ressaltaram-se elementos de continuidade com uma ideia de herança espanhola e um mito fundacional da nação relacionado com a Independência.

Palavras-chave: Publicação jornalística, Estado-nação, sistema político, historiografia, iconografia.

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El Papel Periódico Ilustrado y la configuración del proyecto de la Regeneración (1881-1888) El problema más complejo que enfrentó la élite política e intelectual colombiana del siglo xix, después del proceso de Independencia, fue la construcción del Estado-nación. El desafío que esto

implicó derivó en estrategias para la consolidación de una idea de comunidad nacional, que además de la estructuración de formas de identidad colectiva posibilitaran legitimar discursos y prácticas políticas en los diferentes ámbitos sociales, institucionales y culturales de la nueva nación.

En el contexto de transición política y cultural que constituyó el declive del proyecto radical y el afianzamiento de la Regeneración, las estrategias de memoria y olvido fluctuaron entre propuestas de organización política e institucional, en principio, de corte liberal, laico, progresista e ilustrado, y posteriormente de corte conservador, centralista, católico y tradicionalista. Hacia las dos últimas décadas del siglo, este segundo carácter afianzó su proyecto e impuso otras formas de legitimidad, otros discursos y otras ideas para reconstruir representaciones sobre el pasado.

Una de las formas de construir legitimidad fue la formación de opinión pública a través de publicaciones periódicas, las cuales se habían incrementado desde mediados de siglo, gracias a una serie de cambios tecnológicos que configuraron un incipiente capitalismo impreso1. El creciente número de imprentas, libros y publicaciones periódicas estuvieron acompañados de prácticas de lectura pública y de distribución de impresos que abarcaron extensas zonas, ampliando el espacio lingüístico relacionado con el público receptor y fortaleciendo el campo de producción e intercambio de ideas relacionadas con el lenguaje político.

Entre estas publicaciones, la de mayor impacto y relevancia fue el Papel Periódico Ilustrado.

Su importancia radicó en que fue la primera publicación periódica del país que hizo un uso sistemático de reproducciones gráficas, producto de grabados en madera, acompañadas de textos elaborados por reconocidos intelectuales que abordaron temáticas de historia, ciencias, narrativa, poesía, música, geografía y bellas artes, resaltando una idea de nación con historia, territorio y costumbres en común.

Bajo la dirección de Alberto Urdaneta, el Papel Periódico Ilustrado (1881-1888), sin ser un periódico oficial o doctrinario, participó en el proceso de transición entre el radicalismo liberal y el

1 Según Benedict Anderson, el auge de la actividad editorial dio pie a un capitalismo impreso, en el que se configuró un campo unificado de intercambios y comunicaciones, constituyéndose en un elemento clave para la construcción del Estado-nación. Benedict Anderson, Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo (México: fce, 1997), 62-73.

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proyecto regenerador, publicando un gran número de grabados2 y artículos que desde la sección “Historia” contribuyeron a afianzar las estrategias de legitimación de la Regeneración.

Entre estas estrategias, una de las más importantes fue la reformulación del equilibrio entre el pasado, el presente y el futuro de la nación. Es decir, el proyecto político que planteó la Regeneración derivó en una nueva lectura del relato histórico relacionado con el tiempo de la nación, la cual tenía como objetivo legitimar el tiempo histórico propio a partir de una ruptura con el pasado cercano del radicalismo, remitiéndose a una idea de continuidad con el espacio de experiencia que constituían la herencia española y el proceso de Independencia como momento fundacional de la nación y posibilitando, a su vez, un horizonte de expectativas fundamentado, paradójicamente, en la tradición.

Esta nueva lectura del tiempo de la nación constituyó la oficialización de un discurso historiográfico que enlazó tres dimensiones temporales, de acuerdo con procesos históricos diferenciados por elementos de continuidad y discontinuidad. De esta forma, el relato histórico desplegó su utilidad político-pragmática para recurrir a “estratos de la experiencia y de lo que se puede experimentar, del recuerdo y de lo que se puede recordar y […] lo olvidado o lo que nunca se ha transmitido”3.

En este artículo analizaremos el proceso mediante el cual se configuró esta nueva lectura del tiempo de la nación. Inicialmente caracterizaremos el período de publicación del Papel Periódico Ilustrado como un período de transición entre dos proyectos de organización o sistema político, el liberal radical y el conservador regenerador. Luego haremos referencia a la dinámica de capitalismo impreso que caracterizó la segunda mitad del siglo xix en Colombia, con especial énfasis en el contexto de la publicación analizada. Posteriormente plantearemos cuatro factores potenciadores del Papel Periódico Ilustrado que permiten afirmar que fue la publicación periódica más importante de la segunda mitad del siglo xix, para finalmente examinar la forma en que esta publicación, haciendo uso de representaciones visuales y relatos historiográficos acordes con una nueva lectura sobre el tiempo de la nación, contribuyó a configurar el afianzamiento del proyecto de la Regeneración.

1. Del período radical a la Regeneración

La diferenciación, en términos temporales, entre el período radical y la Regeneración tiene varias lecturas4. Jaime Jaramillo Uribe, por ejemplo, caracteriza ambos procesos históricos de acuerdo con la

2 En los 116 números publicados entre el 6 de agosto de 1881 y el 29 de mayo de 1888 se reprodujeron 604 grabados, incluidos los interiores de cada sección y los principales de portada.

3 Reinhart Koselleck, Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos (Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 1993), 286.

4 Para una caracterización de la Regeneración a manera de síntesis bibliográfica, ver: Leopoldo Múnera Ruiz, “El Estado en la Regeneración. (¿La modernidad política paradójica o las paradojas de la modernidad política?)”, en La Regeneración revisitada. Pluriverso y hegemonía en la construcción del Estado-nación en Colombia, eds. Leopoldo Múnera Ruiz y Edwin Cruz Rodríguez (Bogotá: La Carreta Editores, 2011), 14-21.

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expedición y vigencia de documentos políticos: las Constituciones de 1863 y 18865. Helen Delpar, por su parte, identifica el período radical como el comprendido entre la instauración de la Constitución de Rionegro, en 1863, y el fin de la guerra de los Mil Días, en 1903, distinguiendo dos etapas. Una inicial, entre 1863 y 1885, de los radicales en el gobierno y una final, entre 1886 y 1899, que denomina como “de oposición radical”6. En esta mirada la palabra Regeneración no aparece y la diferenciación entre períodos o etapas se remite a la vigencia total de la Constitución radical y el inicio de la Constitución de 1886, sumados a la rigidez ideológica de los partidos en el ejercicio del poder.

Un tercer planteamiento lo proporciona Diana Luz Ceballos, quien caracteriza el período 1877-1886, como una fase política de transición, diferenciando los subperíodos radical y regenerador a partir de los cambios en el control político producto de las guerras civiles nacionales7.

Luis Javier Ortiz hace una lectura similar, al considerar la guerra civil de 1876-1877 como el elemento que dio inicio a la caída del régimen federal y abrió el camino para la formación del proyecto de la Regeneración, proyecto que no inició con la Constitución de 1886, sino con el gobierno del liberal independiente Julián Trujillo, aun cuando la Constitución de Rionegro tuvo vigencia hasta 18868. Según Marco Palacios, este carácter de crisis y transición política incluyó en principio propuestas de corte liberal que paulatinamente, a partir de alianzas y coaliciones, se conservatizaron y estructuraron el proyecto de la Regeneración9.

Entre los contemporáneos el reconocimiento de experimentar un tiempo de transición se puede evidenciar en el informe que en 1884 realizó el secretario de Hacienda, Aníbal Galindo, cuando afirmaba “[…] por muchos que sean los errores políticos y las faltas administrativas en que hayamos incurrido, la mala situación fiscal, que en los momentos en que escribo estas líneas toca a extremos casi

incompatibles con la existencia del gobierno, no puede imputarse, sin incurrir en grave injusticia, a las faltas y los errores de determinada administración ejecutiva, sino a los vicios políticos, a las faltas y a los errores de una época de transición que aún no sabemos cuánto tardará en pasar”10.

5 Jaime Jaramillo Uribe, “Los radicales”, Credencial Historia 66 (1995): 4-7.

6 Helen Delpar, Rojos contra azules. El Partido Liberal en la política colombiana. 1863-1899 (Bogotá: Procultura, 1994).

7 Diana Luz Ceballos Gómez, “Desde la formación de la República hasta el radicalismo liberal (1830-1886)”, en Historia de Colombia. Todo lo que hay que saber (Bogotá: Taurus, 2006), 167.

8 Luis Javier Ortiz Mesa, “Los radicales y la guerra civil de 1876-1877”, en El Radicalismo colombiano del siglo xix, ed. Rubén Sierra Mejía (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2006), 250.

9 Marco Palacios, “La Regeneración ante el espejo liberal y su importancia en el siglo xx”, en Miguel Antonio Caro y la cultura de su época, ed. Rubén Sierra Mejía (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2002), 269-270. El autor había esbozado este planteamiento en una obra anterior: Marco Palacios, Entre la legitimidad y la violencia: Colombia, 1875-1994 (Bogotá: Editorial Norma, 1995), 43 y ss.

10 Aníbal Galindo, “Nuestra situación fiscal”, en Estado y economía en la Constitución de 1886, comp. Óscar Rodríguez Salazar (Bogotá: Contraloría General de la República, 1986), 210.

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La incertidumbre que generaba la transición política implicaba además cambios en las formas de ser y pensar la nación, cambios que estaban relacionados con elementos culturales y estrategias de legitimación del proyecto regenerador. Según Armando Martínez Garnica, los atributos culturales empleados durante el período para la construcción de la nación se pueden identificar a partir de cuatro puntos: la civilización como destino cultural de la nación; el castellano como la lengua de la nación; la conservación de las tradiciones españolas y el espíritu del catolicismo11. Atributos que se interrelacionaron con una nueva lectura del tiempo de la nación y que fueron ampliamente propagados por publicaciones periódicas oficiales, doctrinarias y culturales.

Miremos entonces de qué modo las publicaciones periódicas difundieron y fortalecieron estos atributos culturales y cómo participaron en la configuración de una nueva lectura del tiempo de la nación. Para esto, partimos del planteamiento de la existencia de un capitalismo impreso que se estructuró en la segunda mitad del siglo xix colombiano, en especial hacia las últimas décadas, caracterizado por un amplio número de publicaciones periódicas que propiciaron una creciente red de relaciones e intercambios, fundamentando una nueva idea de comunidad política. Entre estas publicaciones, se destacó el Papel Periódico Ilustrado.

2. Capitalismo impreso y Papel Periódico Ilustrado

El Papel Periódico Ilustrado fue la publicación periódica más importante de la segunda mitad del siglo xix en Colombia. En sus páginas se publicaron reproducciones gráficas producto de grabados en madera o xilografías, de alta calidad artística, que representaron un discurso acorde con una idea de alternativa cultural y política, en un momento de transición estructural para la formación del Estado-nación colombiano. El periódico dirigido por Alberto Urdaneta puede considerarse como parte —al mismo tiempo que resultado— de un cúmulo de elementos que caracterizaron lo que podemos denominar capitalismo impreso, en la perspectiva de Benedict Anderson12. Estos elementos fueron las innovaciones tecnológicas de la imprenta, la libertad de prensa, la proliferación de impresos, la ampliación del círculo receptor, los progresos en las artes gráficas, el surgimiento de publicaciones ilustradas y los vínculos narrativos entre imagen y texto para la elaboración de un discurso histórico. En este apartado haremos alusión a los cuatro primeros.

En la segunda mitad del siglo xix colombiano, dos elementos determinantes para la estructuración de un capitalismo impreso fueron las innovaciones tecnológicas de la imprenta de El Neogranadino, instalada en agosto de 1848, y la ley de libertad absoluta de prensa, sancionada el

11 Armando Martínez Garnica, “Las determinaciones del destino cultural de la nación colombiana durante el primer siglo de vida republicana”, Revista Historia Caribe. Nación, Ciudadanía e Identidad 2: 7 (2002): 6-25.

12 Benedict Anderson, Comunidades imaginadas, 62-73.

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17 de mayo de 1851. Estos elementos marcaron una nueva etapa para la construcción del proyecto de nación. El potencial del capitalismo impreso para este proyecto se evidenciaba en varios puntos: su utilidad para construir hegemonías políticas y culturales, la creación de una conciencia de pasado y futuro común, y la difusión de ideologías y proyectos de organización social13; todos factores estratégicamente utilizados por el proyecto regenerador.

La proliferación de impresos y la ampliación del círculo receptor fueron posibles a lo largo del siglo xix, especialmente en las principales ciudades. Durante el período, la ciudad con mayor número de imprentas y de periódicos fue Bogotá, y después de ésta, Medellín, Popayán, Cartagena, Santa Marta y Barranquilla14. El incremento más importante en Bogotá se generó entre las décadas de 1860 y 1870, hasta el declive del proyecto radical y el surgimiento y afianzamiento de la Regeneración, en 1886. En Bogotá, de 23 imprentas entre 1840 y 1854, se pasó a 28 imprentas entre 1855 y 1869, y posteriormente a 51 entre 1870 y 1886. Producto de estos establecimientos fueron 159 publicaciones periódicas entre 1840 y 1854, 132 entre 1855 y 1869 y 163 entre 1870 y 188615.

En los años posteriores a la guerra de 1876, que marcó el inicio del declive radical, se publicó un importante número de periódicos en todo el territorio. Entre 1877 y 1880, antes de la publicación del Papel Periódico Ilustrado, se publicaron 117 periódicos y revistas (ver anexo 1), mientras que entre 1881 y 1887 existieron 157 publicaciones periódicas (ver anexo 2), algunas de las cuales provenían de años anteriores. De estas últimas, sin embargo, la mayor parte fueron nuevas empresas periodísticas, puesto que era característico de este tipo de publicaciones el tener una vida efímera. Sólo unas cuantas lograron tener una duración prolongada, incluso con cierres temporales y traslados de ciudad (ver anexo 3).

De todas estas empresas editoriales, el Papel Periódico Ilustrado fue, en términos artísticos, culturales y comunicativos, la publicación periódica más importante de la segunda mitad del siglo xix.

Los núcleos de sociabilidad que se configuraron en su entorno posibilitaron la creación de instituciones como la Escuela de Grabado y la Escuela de Bellas Artes, y la realización del principal evento

13 Gilberto Loaiza Cano, Manuel Ancízar y su época. Biografía de un político hispanoamericano del siglo xix (Medellín: Universidad de Antioquia/Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín/Universidad eafit, 2004), 159.

14 Luis Ociel Castaño Zuluaga, La prensa y el periodismo en Colombia hasta 1888. Una visión liberal y romántica de la comunicación (Medellín: Academia Antioqueña de Historia, 2002), 54-62.

15 Gilberto Loaiza Cano, “Opinión pública, lectores y lecturas (Colombia, siglo xix)”, en Independencia, educación y pedagogía, comps. Carlos Mario Recio Blanco y Humberto Quiceno Castrillón (Cali: Secretaría de Cultura y Turismo, Alcaldía de Santiago de Cali/iep, Universidad del Valle, 2010), 221-222.

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artístico del siglo xix en Colombia: la Exposición Nacional de 188616. Además, reunió una pléyade de autores que colaboraron con múltiples artículos en diferentes temáticas que permitieron caracterizar el periódico como una alternativa cultural para el momento de transición política que vivía el país. En sus páginas se publicaron por primera vez, y de forma sistemática, reproducciones gráficas que provenían de grabados en madera o xilografías. El periódico contó entonces con imágenes de alta calidad artística, pues hasta ese momento aún se hacía uso de la litografía o el grabado en piedra. El uso de esta técnica en forma masiva y las temáticas y la rigurosidad de los grabados hicieron del Papel Periódico Ilustrado el mejor documento gráfico del siglo xix.

Cuatro fueron los factores que configuraron el potencial comunicativo, histórico, documental y artístico del Papel Periódico Ilustrado: en primer lugar, el arduo trabajo desarrollado por Alberto Urdaneta y la vinculación del grabador español Antonio Rodríguez a los proyectos de Escuela de Grabado y a la publicación periódica; en segundo lugar, la calidad de la impresión del taller gráfico de Silvestre & Cía.; tercero, la pléyade de colaboradores de las más altas dotes intelectuales; y finalmente, la pluralidad temática, narrativa y visual a lo largo de sus 116 números.

Alberto Urdaneta representa una de las personalidades intelectuales más importantes de la segunda mitad del siglo xix en Colombia17. Su labor estuvo relacionada con creación de periódicos, publicación de libros y organización de exposiciones18. Urdaneta dirigió cuatro periódicos: el primero de ellos, en 1869, en compañía de José María Vargas y Salvador Camacho Roldán, titulado El Agricultor. Su objetivo principal era cumplir una función civilizadora, divulgando conocimientos y técnicas relacionadas con agricultura y ganadería. Para este periódico Urdaneta

16 Sobre la labor artística y cultural de Urdaneta, ver: Alberto Urdaneta, Álbum de dibujos de Alberto Urdaneta. Personajes nacionales (Bogotá: Banco Popular, 1975); Martha Fajardo de Rueda, curadora, Presencia de los Maestros, 1886-1960.

Exposición (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Museo de Arte, agosto-septiembre de 1986); Martha Fajardo de Rueda, “Documentos para la historia de la Escuela Nacional de Bellas Artes, 1870-1886”, en La Universidad Nacional en el siglo xix. Documentos para su historia. Escuela de artes y oficios. Escuela Nacional de Bellas Artes, comp. Estela Restrepo Zea (Bogotá: Universidad Nacional, 2004), 19-48; William Vásquez Rodríguez, “Escuela Nacional de Bellas Artes, 18861899” (Tesis de Maestría en Historia y Teoría del Arte y la Arquitectura, Universidad Nacional, 2008).

17 Las biografías y semblanzas biográficas más destacadas son: Homenaje de Amistad a Alberto Urdaneta: (en su cumpleaños), mayo 29 de 1887 (Bogotá: Imprenta La Luz, 1887); Lázaro María Girón, El Museo-Taller de Alberto Urdaneta, ed. Enrique Zalamea (Bogotá: Imprenta de Vapor de Zalamea Hermanos, 1888); Pilar Moreno de Ángel, Alberto Urdaneta (Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura, 1972); María Fernanda Urdaneta, Alberto Urdaneta, 1845-1887. Vida y obra (Bogotá: Banco de la República, 1992).

18 Sobre su labor periodística, ver: José J. Ortega Torres, Índice del Papel Periódico Ilustrado y de Colombia Ilustrada (Bogotá: Imprenta Patriótica del Instituto Caro y Cuervo, 1961); Papel Periódico Ilustrado: grabados. Director Alberto Urdaneta; Grabador Antonio Rodríguez y otro ( Bogotá: Banco de la República, 1968); Carmen Ortega Ricaurte, Dibujantes y grabadores del Papel Periódico Ilustrado y Colombia Ilustrada (Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura, 1973); Ruth Noemí Acuña Prieto, “El Papel Periódico Ilustrado y la génesis de la configuración del campo artístico en Colombia” (Tesis de Maestría en Sociología, Universidad Nacional de Colombia, 2002); Jorge Enrique González, “Visiones de la Independencia colombiana en el Papel Periódico Ilustrado, 1881-1888”, http://www.slideshare.net/jegonzalez13/visiones-de-la-Independencia-de-colombia-en-el-papel-peridico-ilustrado.

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Wilson Ferney Jiménez Hernández

tradujo artículos de revistas francesas y creó una sección de variedades en la que incluyó textos como Taita guerrero, de José María Vergara y Vergara; La muerte de un novillo, de Epifanio Mejía, y Discurso acerca del mérito y utilidad de la Botánica, de Francisco Antonio Zea19.

El segundo periódico dirigido por Urdaneta fue El Mochuelo, en 1877. En él se publicaron caricaturas que criticaron fuertemente a reconocidos personajes del radicalismo liberal y las prácticas con las que éstos fueron identificados por la oposición conservadora. De este periódico satírico se alcanzaron a publicar dos números, el primero, el 27 de septiembre de 1877 y el

segundo, el 14 de octubre del mismo año. Cuando estaba listo el tercer número, el periódico fue clausurado por el Gobierno y la edición fue totalmente destruida.

El tercero fue Los Andes, periódico semanal ilustrado que se publicó en París, y en español, durante 1878, luego de su destierro por la clausura de El Mochuelo. El primer número de Los Andes apareció el 23 de junio de 1878, con el grabado del medallón de Bolívar de David d’Ángers, que después publicó en el Papel Periódico Ilustrado. Como director “es nombrado Ricardo S. Pereira; la sección de Bellas Artes está a cargo de Alberto Urdaneta; la científica corre por cuenta de Ignacio Gutiérrez y Luís Fonnegra y la literatura de César Guzmán y de Roberto de Narváez”. En sus grabados reproduce a “Lamartine, Víctor Hugo, Cervantes, Thiers, el Mariscal Prim, Thomas Edison, la estatua de la libertad”20, entre otros.

El cuarto periódico fue el Papel Periódico Ilustrado, editado entre el 6 de agosto de 1881 y el o 1 de abril de 1887. Su publicación fue suspendida a causa de la enfermedad de su director, que lo llevó finalmente a la muerte el 29 de noviembre de 1887. Los últimos tres números (114-116), publicados al año siguiente, fueron un homenaje a su memoria.

En 1880 Alberto Urdaneta regresó de su exilio, y para poder llevar a cabo los proyectos que anhelaba, se hizo acompañar del grabador Antonio Rodríguez, colaborador en París del periódico Le Monde Illustré. Rodríguez grabó una gran variedad de retratos en diversas publicaciones. En 1881 realizó los grabados para el libro Centenario de los Comuneros, con dibujos de Urdaneta y textos de Manuel Briceño.

El libro fue impreso en Bogotá por la Imprenta Silvestre & Cía. En el Papel Periódico Ilustrado grabó más de doscientas treinta planchas de diferentes tamaños. Posteriormente, en 1889 realizó grabados para los periódicos La Reseña y El Taller. A partir de ese año, y hasta 1892, fue uno de los principales grabadores de la publicación Colombia Ilustrada, dirigida por José T. Gaibrois, uno de los colaboradores de Urdaneta, y surgida con el objetivo de darle continuidad al proyecto del Papel Periódico Ilustrado. En 1890 fundó, en compañía de Antonio Narváez, el periódico Repertorio Ilustrado, del que sólo se publicaron siete números, y en 1895 fue nombrado secretario de la Escuela de Bellas Artes de Bogotá21.

19 Pilar Moreno de Ángel, Alberto Urdaneta, 25.

20 Pilar Moreno de Ángel, Alberto Urdaneta, 62.

21 Carmen Ortega Ricaurte, Dibujantes y grabadores, 137-138.

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El segundo factor de importancia para el Papel Periódico Ilustrado fue la Imprenta de Silvestre & Cía., dirigida por Eustasio A. Escobar Peralta. Su calidad de impresión es retratada en la siguiente semblanza: “[…] contaba con 25 operarios más su director […] una nómina muy respetable para las dimensiones industriales de la época (decenio 1880-1890) que nos hace pensar en que […] era no solamente la mejor sino una de las más grandes de las imprentas privadas.

[…] una de las pocas imprentas preocupada por la calidad de las tintas, en cuanto a pigmentación, secado, capacidad de cubrimiento y efecto visual sobre la textura y fibra de los

papeles. Hasta ese momento se importaba papel indiscriminadamente, tan poco permeable o absorbente a la tinta que a veces había de ser humedecido para poder ser impreso.

Silvestre & Cía. Importó desde Londres para imprimir Papel Periódico Ilustrado en Bogotá las

mismas tintas y el mismo papel en que allí se imprimía The English Illustrated Magazine, la mejor revista inglesa del final del ochocientos”22.

El tercer factor fue el amplio número de colaboradores en los que se apoyó Alberto Urdaneta para la elaboración de los artículos y grabados. Un total de 242 colaboradores, que formaron parte de la élite intelectual y política del país, y que, a pesar de las diferentes tendencias políticas que profesaron, se destacaron por tener un objetivo común: la construcción y fortalecimiento del Estado-nación colombiano.

Algunos de estos autores eran, en el momento, directores o redactores de periódicos, generalmente doctrinarios, comprometidos con un credo político. “Directores de periódicos fueron: Carlos Martínez Silva del Repertorio Colombiano, Antonio Silvestre de El Amigo del Pueblo, Francisco Javier Vergara de El Ejército; redactores fueron: José Joaquín Ortiz de La Caridad, Florentino Vesga del Diario de Cundinamarca, Nicolás Pontón de La Ilustración, Sergio Arboleda de El Conservador”23. La transición del modelo de Estado federal, defensor a ultranza de las libertades cívicas y políticas, al modelo regeneracionista conservador, adalid del Estado centralizado y confesional, implicó necesariamente cambios en las ideas y prácticas políticas de muchos de estos individuos. En términos generales, se presentó un acoplamiento moderado al nuevo sistema político y una entrega incondicional al marco cultural católico.

El cuarto factor que configuró el potencial comunicativo, histórico, documental y artístico del Papel Periódico Ilustrado fue su pluralidad temática narrativa y visual. El periódico presentó grabados y artículos en todas sus secciones, aunque no mantuvo la uniformidad en cada edición. Las secciones fueron: Historia, Ciencias, Tipos, vistas y otros, Crónicas, Bellas Artes, Agricultura, Lecturas

22 Gonzalo Canal Ramírez, dir., Artes Gráficas (Bogotá: Canal Ramírez-Antares, 1973), 37.

23 Jorge Enrique González, Visiones de la Independencia, 13.

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(novelas cortas y artículos de costumbres), Crónica interior y Contemporáneos (Literatura). Desde sus diferentes secciones, esta publicación posibilitó una intermediación política y cultural en un momento de transición fundamental para el proyecto de Estado-nación.

3. El Papel Periódico Ilustrado y la Regeneración. La reconfiguración del tiempo de la nación

El Papel Periódico Ilustrado inició su publicación el 6 de agosto de 1881, día en que se conme-

mora la fundación de Santa Fe de Bogotá. Sobre el planteamiento de “neutralidad” que posibilitó que el periódico se convirtiera en un intermediario político y cultural, Urdaneta expresó en la sección “Crónica interior”, del número uno, lo siguiente: “El Papel Periódico Ilustrado no tiene filiación política; es campo neutral a donde no llega ni el eco de las luchas en que desgraciadamente se agita nuestra sociedad. Esta

sección no registrará, pues, sino los hechos culminantes que merezcan ser conocidos o que deban pasar a la posteridad, sin que sobre ellos nos permitamos hacer comentarios, ni emitir opiniones que pudieran juzgarse apasionadas”24.

Esta neutralidad planteada por Alberto Urdaneta ha sido erróneamente interpretada por la mayoría de autores como principio de un supuesto carácter apolítico del Papel Periódico Ilustrado. De lo que realmente se trató, fue de una “neutralidad ficticia”, en cuanto se diferenció de los periódicos doctrinarios y oficiales que defendieron a ultranza un programa político y una posición partidista.

Estos periódicos se reconocían como órganos informativos de una organización política específica.

Citaban a reuniones y convenciones, promulgaban idearios y programas, buscaban cooptar votantes en momentos eleccionarios, publicaban artículos con la firma de directores de partido o de sus miembros; en pocas palabras, tenían una funcionalidad gremial de tipo político, no sólo ideológico25.

El Papel Periódico Ilustrado, en cambio, fue una publicación no oficial, caracterizada por ser un intermediario político y cultural en un momento de transición, que a través de artículos y grabados, especialmente de la sección “Historia”, aportó a la configuración de una nueva lectura del tiempo de la nación fundamentada en una relación de tres temporalidades: del presente como tiempo histórico propio con relación a un espacio de experiencia caracterizado por dos nociones temporales: una perspectiva de tiempo corto alusiva al mito fundacional de la nación

24 Alberto Urdaneta, “Crónica interior”, Papel Periódico Ilustrado, Bogotá, 6 de agosto, 1881, 18.

25 Eduardo Posada Carbó clasificó las publicaciones periódicas para el período radical a partir de cuatro categorías: oficiales, doctrinarios, eleccionarios y literarios o culturales. Por la periodización que este autor plantea, el Papel Periódico Ilustrado se incluye en esta clasificación. Eduardo Posada Carbó, “¿Libertad, libertinaje, tiranía? La prensa bajo el Olimpo Radical en Colombia, 1863-1885”, en El Radicalismo colombiano, 157 y ss.

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relacionado con la Independencia y otra perspectiva de tiempo largo referente a una continuidad histórica con Occidente conexa a una idea de herencia española y confesionalismo católico; y una tercera temporalidad, del presente como tiempo histórico, a un horizonte de expectativas, que constituye el proyecto regenerador, pero fundamentado paradójicamente en la tradición.

Este enlace entre continuidad histórica occidental y herencia española (Conquista-Colonia), Independencia y Regeneración, pretendía establecer una línea temporal que legitimara el proyecto político-estatal regenerador, incluyendo un elemento de discontinuidad que relegaba voluntariamente al olvido todo el desarrollo histórico comprendido entre los años inmediatamente posteriores a la disolución de la Gran Colombia y el radicalismo liberal. Este interregno era concebido como un fracaso en la construcción del Estado-nación y, por tanto, no debía ser parte de la historia de la nación.

Toda esta configuración temporal era posible porque para el proyecto regenerador, el presente se experimentaba como una época de transición. Una conciencia de época, aun cuando pudiera entenderse como coyuntura, caracterizada por sentimientos de aceleración histórica y ruptura de las dimensiones de pasado y futuro. En esta nueva lectura del tiempo de la nación, el relato histórico demostraba una utilidad pragmática al politizar los significados y hacerlos instrumentos de comprensión y control del movimiento histórico26. Esta temporalización del tiempo de la nación incluía la paradoja de vincular el horizonte de expectativas con la tradición de herencia española fundamentada en la religión católica.

La paradoja está en que, como señala Balandier, la tradición se presenta bajo varias figuras: como herencia que mantiene un orden y desaparece la acción transformadora del tiempo, pero a su vez como acompañante de los movimientos de aceleración para dar sentido a lo nuevo, al cambio, es decir, como práctica reguladora27. De esta manera, el vínculo entre horizonte de expectativas y tradición posibilitaba al proyecto regenerador ejercer un control sobre el movimiento histórico, o por lo menos generar la idea de que era posible tal control.

En el doble recurso temporal al pasado, la idea de continuidad histórica con la herencia española empalmó el pasado colonial con el proceso de independencia y el regreso a los lazos con España, legitimando los principios del proyecto regenerador. Éstos eran los fundamentos de lo que se debía entender por historia patria para construir la conciencia del destino de nación28.

En la necesidad de refutar la idea de ruptura que subyacía al desarrollo histórico del proceso de Independencia, ésta fue replanteada como una guerra civil, un conflicto entre provincias de una misma nación y, por lo tanto, procesos paralelos temporalmente separados que de nuevo estrechaban

26 Reinhart Koselleck, Futuro pasado, 321 y 328.

27 Georges Balandier, El desorden. La teoría del caos y las ciencias sociales. Elogio de la fecundidad del movimiento (Barcelona: Editorial Gedisa, 1999), 35-37.

28 Miguel Antonio Caro, Ideario Hispánico (Bogotá: Editorial Cosmos, 1952), 76.

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lazos. Estos principios fueron defendidos por Miguel Antonio Caro29 y Rafael Núñez, las dos figuras más representativas de la Regeneración. Esto se puede evidenciar en el discurso de Núñez del 20 de julio de 1882, donde afirmaba: “La conquista no fue, por otra parte, en realidad, sino un trabajo preparatorio, indispensable [...] A ese trabajo preparatorio siguió, a su debido tiempo, el de la independencia”. Y más adelante explicaba: “La conmemoración del 20 de julio debe, por consiguiente, hacerse con espíritu fraternal respecto de la nación española, que nos dio su incomparable lengua, su fe religiosa, eminentemente civilizadora, y también el imperecedero y alentador ejemplo de su heroísmo”30.

El Papel Periódico Ilustrado se identificó claramente con estos principios tradicionistas de confesionalismo católico y herencia española. El principio de confesionalismo católico fue representado a partir de seis repertorios iconográficos: Virgen María, Jesús, autoridades eclesiásticas, fachadas e interiores de iglesias y objetos y actos de culto. La imagen más representada fue la Virgen María. Su representación posibilitaba fortalecer el culto mariano y promulgar al público femenino principios y valores relacionados con la prudencia, la discreción, la inocencia, la fidelidad, el cuidado del hogar y toda una serie de prácticas atribuidas a un ideal de mujer. De igual manera, los grabados sobre autoridades eclesiásticas, fundamentalmente arzobispos y algunos frailes, tuvieron el objetivo de fortalecer la legitimidad de la jerarquía de la Iglesia, y la numerosa representación de fachadas e interiores de iglesias se dirigía a relacionar las prácticas y creencias religiosas con lugares de culto.

En cuanto al principio de continuidad histórica con una idea de herencia española, las representaciones iconográficas se concentraron en tres repertorios: objetos, personajes y escudos.

De éstos, los de mayor carga significativa fueron los grabados sobre personajes, cuya representación central fue la de Gonzalo Jiménez de Quesada. El grabado formó parte de la portada alegórica del primer número, y a partir de allí abrió, a modo de viñeta, el número inicial de cada volumen. Los otros dos personajes representados fueron Vasco Núñez de Balboa y Cristóbal Colón. Este repertorio buscó fortalecer elementos de identidad a partir de la labor realizada por los protagonistas del descubrimiento de América, enlazando el pasado del territorio americano a la historia de la cultura occidental. En cuanto a los grabados sobre escudos, el objetivo fue rememorar el pasado colonial y sus costumbres, identificando en las ciudades y edificios la simbología heráldica española, generando una noción de territorio anexo a un pasado español.

La sección más importante, desde la que temáticamente se organizó la lectura del tiempo de la nación, fue la de “Historia”. El grabado de página entera de la portada siempre se articuló con esta sección, mientras que las otras secciones, en gran parte, se subordinaron a la temática propuesta. Urdaneta planteó el objetivo de la sección y los grabados de la siguiente forma:

29 Miguel Antonio Caro, Ideario Hispánico, 72.

30 Rafael Núñez, Los mejores artículos políticos (Bogotá: Universidad Sergio Arboleda, 1998), 73 y 75.

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“En esta sección publicaremos los estudios relacionados con la historia patria. Cada número llevará en la primera página el retrato de uno de nuestros hombres notables, y preferiremos por ahora a

los héroes de la Independencia. Cada retrato irá acompañado de un bosquejo biográfico, en el cual se condensarán los hechos más notables del personaje y los más importantes servicios prestados al país, a fin de que nuestro periódico sirva con el tiempo a manera de álbum nacional”31.

El estilo historiográfico característico de esta sección fue el biográfico, el cual estaba siendo

utilizado por algunos autores del momento, en cuanto la promoción de un panteón cívico posibilitaba fortalecer una idea de héroe, modelo de virtudes y valores, de gran potencial estratégico para la formación del ciudadano miembro de una comunidad política y participe del fortalecimiento de la República32. Mediante las biografías el periódico logró mitificar o heroificar personas reales, caracterizando sus acciones con relación a aspiraciones colectivas. Mediante los grabados, fundamentalmente retratos, logró hacer identificables los sujetos, creíbles sus acciones y presente el contexto histórico en el que se desenvolvieron.

Los repertorios iconográficos sobre el proceso de Independencia se estructuraron a partir de cinco categorías: héroes o individuos, lugares o escenarios, objetos, medallas y monumentos. En su gran mayoría éstos fueron enfocados a resaltar la figura de Simón Bolívar, referente fundamental del proyecto regenerador por sus planteamientos centralistas, con los que se identificaba el Partido Conservador. Si bien los grabados, versaron sobre diferentes temáticas, de acuerdo con las secciones del periódico, la correspondencia con los principios conservadores fue clara33.

Los temas más recurrentes tendieron a fortalecer un relato historiográfico de historia patria y a promulgar la religión católica como referente identitario.

Para terminar, veamos con dos ejemplos de qué forma el Papel Periódico Ilustrado articuló el proceso de Independencia como momento fundacional de la nación y el proyecto de la Regeneración en un horizonte de expectativas, posibilitando así una nueva lectura del tiempo de la nación. Para esto, examinemos la manera en que se relacionaron las representaciones visuales

31 Alberto Urdaneta, “Historia”, Papel Periódico Ilustrado, Bogotá, 6 de agosto, 1881, 4.

32 Por ejemplo, José María Samper, Galería nacional de hombres ilustres o notables; o sea colección de bocetos biográficos (Bogotá: Imprenta de Zalamea, 1879); Leonidas Scarpetta y Saturnino Vergara, Diccionario biográfico de los campeones de la libertad de Nueva Granada, Venezuela, Ecuador i Perú. Que comprende sus servicios, hazañas i virtudes (Bogotá: Imprenta de Zalamea, 1879); Constancio Franco Vargas, Rasgos biográficos de los próceres y mártires de la Independencia (Bogotá: Imprenta de Medardo Rivas, 1880) y Reseñas biográficas de los próceres y mártires de la Independencia de Colombia (Bogotá: Imprenta de Medardo Rivas, 1880); Soledad Acosta de Samper, Biografías de hombres ilustres o notables, relativas á la época del Descubrimiento, Conquista y colonización de la parte de América denominada actualmente Estados Unidos de Colombia (Obra destinada al servicio de la Instrucción Pública) (Bogotá: Imprenta de La Luz, 1883).

33 Ruth Noemí Acuña Prieto, “El Papel Periódico”, 35.

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y los relatos historiográficos sobre las dos figuras de la Independencia con que se identificaban los proyectos políticos implicados en la transición. Es decir, Simón Bolívar para la Regeneración y Francisco de Paula Santander para el radicalismo liberal.

Los grabados y artículos del primer volumen se concentraron en caracterizar la imagen de Bolívar con un claro demérito de la figura de Francisco de Paula Santander, a quien jerárquicamente se le ubicó por debajo de Antonio Nariño. A Camilo Torres se le atribuyó haber sido el civil más importante, mientras que al resto de retratados se les otorgó una importancia relativamente uniforme.

Imagen 1: Portada del Papel Periódico Ilustrado N°. 1. Agosto 6 de 1881

Fuente: Alberto Urdaneta, Papel Periódico Ilustrado. 1881-1888. Recopilados por su director: Alberto Urdaneta (Bogotá: Imprenta de Silvestre y Compañía, 1881), 1.

En el número uno, la sección “Historia” se inauguró con un artículo sobre Bolívar escrito por José Joaquín Ortiz. El artículo inició haciendo referencia al grabado de Antonio Rodríguez realizado a partir del dibujo de François Désiré Roulin que se incluyó en la portada (ver imagen 1), para posteriormente caracterizar a Bolívar como ciudadano, quitándole carga significativa a su imagen de militar: “Ese que veis ahí, trazado con débiles líneas por la mano de la Amistad, es el retrato del grande hombre, del libertador de Sur-América: bolívar.

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Lleva el común vestido de los ciudadanos, y ni en sus hombros ni sobre su pecho resplandecen las insignias militares”34.

El tercer actor en importancia en el panteón de héroes promulgado por el Papel Periódico Ilustrado fue Francisco de Paula Santander, el cual era identificado con las ideas liberales del radicalismo, pero además con la imagen de personaje opuesto a Bolívar, una especie de obstáculo en sus proyectos e intereses y, por lo tanto, un símbolo antagónico para el proyecto de la Regeneración, soportado en la figura de Bolívar. El tercer número del periódico, publicado el 15 de octubre de 1881, presentó en la portada un grabado de perfil con el rostro de Francisco de Paula Santander (ver imagen 2), al que le acompañó un texto biográfico elaborado por Salvador Camacho Roldán, liberal independiente, que poco tiempo antes había sido una de las figuras más destacadas del radicalismo liberal.

Imagen 2: Portada del Papel Periódico Ilustrado N°. 3. Octubre 15 de 1881. Francisco de Paula Santander. Grabado de A. Rodríguez. Dibujo de A. Urdaneta

Fuente: Alberto Urdaneta, Papel Periódico Ilustrado. 1881-1888. Recopilados por su director: Alberto Urdaneta (Bogotá: Imprenta de Silvestre y Compañía, 1881), 37.

34 José Joaquín Ortiz, “Bolívar”, Papel Periódico Ilustrado, Bogotá, 6 de agosto, 1881, 5.

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El artículo de Camacho Roldán era bastante extenso, en comparación con los de números anteriores, y tuvo que esperar a ser publicado, en su segunda parte, hasta el número doce, del 1o de abril de 1882, nueve números y seis meses después de la primera parte del artículo. Ambos textos fueron polémicos, sobre todo el segundo. En el primer artículo, Camacho Roldán formuló algunas cargas valorativas con que se representaba a los personajes de la Independencia. Santander no había sido iniciador, caudillo, legislador, filósofo o diplomático. Santander era valorado por ser el organizador de la República. Valoración fundamental para el momento de transición, en el que se consideraba

necesario regenerar, volver a empezar. La lectura de los regeneracionistas y conservadores era que la República como había sido organizada no funcionaba, y por lo tanto era necesario rehacer el proceso, con una nueva Constitución, con una institución religiosa fuerte, con una nueva memoria histórica.

En la segunda parte del artículo sobre Santander, hizo referencia a los hechos acontecidos hasta el año 1821. Camacho Roldán destacó la labor de éste en la organización de la República a partir de 1819, y de forma contundente caracterizó la figura de Bolívar, reconociéndole importancia y legitimidad por los triunfos militares, pero a su vez, lo calificó de no ser demócrata y de tener ideas mediocres sobre el sufragio popular. En cuanto a las ideas de Bolívar para la organización de la República, afirmó: “Lo más probable, lo que parecía ineludible, era la aparición de un gobierno militar, no

siquiera semejante al de Esparta, —al que Bolívar preconizaba en Angostura como ‘una invención quimérica que había producido gloria, virtud moral, felicidad nacional y por

consiguiente más efectos reales que la obra ingeniosa de Solón’— sino algún otro más fun-

dado en la fuerza que el de Licurgo. Bolívar no era demócrata […] Su ideal de gobierno

para Colombia consistía en un Senado hereditario, el cual será, decía, ‘la base fundamental del poder legislativo, y por consiguiente será la base de todo el gobierno’ […] Este Senado

debía componerse de los libertadores guerreros, porque, decía también: ‘éstos (los liber-

tadores) son acreedores a ocupar siempre un alto rango en la República que les debe su existencia…’. […] Tenía una idea mediocre del valor del sufragio popular, y creía preferible

educar a costa de la república los Senadores futuros, hijos de los Senadores actuales, antes que abandonar al Pueblo la elección de los que creyese más dignos”35.

Estas afirmaciones de Salvador Camacho Roldán en el único artículo que escribió para el Papel Periódico Ilustrado tuvieron tanto impacto para el contexto probolivariano regeneracionista, que Alberto Urdaneta tuvo que hacer en una nota a pie de página, la única salvedad que hizo en los 116 números del periódico. Urdaneta manifestó: “Disentimos del señor doctor Camacho Roldán en varias de sus apreciaciones sobre el Libertador; pero dejamos entera

35 Salvador Camacho Roldán, “Santander, 1819 a 1827”, Papel Periódico Ilustrado, Bogotá, 1 de abril, 1882, 187.

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libertad a nuestros colaboradores en sus apreciaciones sobre los hombres y las ideas del pasado, como medio acertado de esclarecer la verdad”36.

Para dejar bien claro que la alusión a Simón Bolívar tenía implicaciones radicalmente diferentes a la figura de Francisco de Paula Santander, Camacho Roldán hizo referencia a las dos tendencias políticas que los caracterizaron y que eran las que se debatían en el momento de transición: “Así, desde 1819 debía principiar la obra de la constitución política de Colombia, y en esta labor luchaban secretamente dos teorías rivales. La de las ideas europeas, de las que era depositario

bolívar, y la de las ideas americanas, alojadas principalmente en el cerebro de santander.

Estos dos hombres personifican en nuestra historia esas dos tendencias, semejantes a los dos

polos de una pila generadora de la electricidad social: la vida de esos dos patriotas esta hilada y confundida en una sola hebra en nuestra historia, y son inseparables la una de la otra”37.

La referencia a ideas americanas en Santander estaba relacionada con la propuesta federalista que en ese momento estaba en declive, mientras que la alusión a ideas europeas en Bolívar tenía que ver con la instauración de un proyecto político centralizado con elementos institucionales para un control más vertical. Ésta última parecía ser la propuesta más viable para reconfigurar el Estado-nación.

Conclusiones

El Papel Periódico Ilustrado, publicado entre 1881 y 1888, sin ser un periódico oficial, participó activamente en el proceso de transición entre el radicalismo liberal y el proyecto regenerador, contribuyendo, en gran manera, a afianzar las estrategias de legitimación de este último. Para esto, hizo uso de representaciones visuales y relatos que, organizados a partir de la sección “Historia”, aportaron a la creación de una nueva lectura del tiempo de la nación. A esta sección se articularon los principales grabados de portada y de páginas interiores, al igual que textos de presentación temática de cada número.

La nueva lectura del tiempo de la nación implicó una reformulación del equilibrio entre el pasado, el presente y el futuro, al enlazar tres dimensiones temporales, de acuerdo con procesos históricos diferenciados por elementos de continuidad y discontinuidad. El enlace de estas tres temporalidades fue el presente como tiempo histórico propio, un tiempo que se reconoció como de transición y ruptura. A partir de ese presente de transición, se hizo una doble referencia temporal al pasado como espacio de experiencia. Una referencia de tiempo corto y otra de tiempo

36 Alberto Urdaneta, “N. del D.”, Papel Periódico Ilustrado, Bogotá, 1 de abril, 1882, 187.

37 Salvador Camacho Roldán, “Santander, 1819 a 1827”, Papel Periódico Ilustrado, Bogotá, 1 de abril, 1882, 191.

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largo. La tercera dimensión temporal vinculó el presente con el futuro, según un horizonte de expectativas soportado en la tradición.

La alusión al espacio de experiencia (pasado) se caracterizó, en la perspectiva de tiempo corto, por remitir a lo que se consideró el mito fundacional de la nación, el proceso de Independencia, y en la perspectiva de tiempo largo, por referirse a una continuidad histórica con Occidente conexa a una idea de herencia española y confesionalismo católico. La tercera dimensión temporal, paradójicamente, vinculó el horizonte de expectativas de la

Regeneración con la tradición de herencia española fundamentada en la religión católica.

Proceso que tuvo como objetivo limitar la acción transformadora del tiempo (político) y ejercer un control sobre el movimiento histórico.

La dimensión temporal del espacio de experiencia relacionado con el tiempo largo, que resaltó la idea de continuidad, con la historia de Occidente anexa a una herencia española, fue representada iconográficamente a partir de tres repertorios: objetos, personajes y escudos. En cuanto a la articulación con el confesionalismo católico, la representación se ejerció con base en seis repertorios: Virgen María, Jesús, autoridades eclesiásticas, fachadas e interiores de iglesias y objetos y actos de culto. Por otra parte, el espacio de experiencia referente al tiempo corto y alusivo al mito fundacional de la nación relacionado con la Independencia se representó en cinco repertorios: Héroes o individuos, lugares o escenarios, objetos, medallas y monumentos.

La gran mayoría de las representaciones iconográficas relacionadas con el proceso de Independencia resaltaron la figura de Simón Bolívar, pues éste se constituyó en el referente simbólico fundamental del proyecto regenerador y del Partido Conservador, por sus planteamientos centralistas. En contraposición a ésta, la figura de Francisco de Paula Santander, por representar el radicalismo liberal, sufrió un franco demérito. De esta forma, se evidenció el carácter de politización de los relatos historiográficos y de las representaciones iconográficas asociadas a éstos.

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Anexo 1: Publicaciones periódicas en Colombia entre 1877 y 1880 Ciudad Bogotá Medellín Cartagena Barranquilla Cali Tunja Cúcuta Barbacoas Neiva Santa Marta Tumaco Agua de Dios Buenaventura Buga

N°. de publicaciones

44 19 10 6 4 3 3 2 2 2 2 1 1 1

N°. de publicaciones

Ciudad Chiquinquirá Honda Mompós Ocaña Panamá Popayán Quibdó Riohacha Sincelejo Socorro Suaita Zipaquirá Sin identificación

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5

Total de publicaciones: 117

Fuente: datos elaborados por el autor con base en bibliografía secundaria38.

Anexo 2: Publicaciones periódicas en Colombia entre 1881 y 1887 Ciudad Bogotá Medellín Neiva Cartagena Tunja Ocaña Santa Marta Barranquilla Socorro Barbacoas Pasto Popayán Bucaramanga

N°. de publicaciones

73 12 9 8 7 6 6 5 5 3 3 3 2

N°. de publicaciones

Ciudad Cúcuta Manizales Antioquia Cali Ibagué La Mesa Mompós Palmira Panamá Puerto Wilches Río de Oro Santuario Zipaquirá

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Total de publicaciones: 157

Fuente: datos elaborados por el autor con base en bibliografía secundaria39.

38 Partimos del cuadro elaborado por Eduardo Posada para los años 1877 y 1878, en el que clasificó los periódicos de acuerdo con ciudad, redactor, naturaleza y filiación política. Eduardo Posada Carbó, “¿Libertad, libertinaje, tiranía?”, 153-154. La información fue complementada con los datos de Antonio Cacua Prada, Historia del periodismo colombiano (Bogotá: Ediciones sua, 1983), 47-117; Luis Ociel Castaño Zuluaga, La prensa y el periodismo, 49-68 y 255-279; Gustavo Otero Muñoz, Historia del periodismo en Colombia (Bogotá: Universidad Sergio Arboleda, 1998), 91-172; Carlos José Reyes Posada, “Catálogo de prensa del siglo xix”, Senderos vii: 29-30 (1994): 1010-1037; Francisco Javier Vergara y Velasco, Almanaque y guía ilustrada de Bogotá para el año de 1881 (Bogotá: Imprenta de Ignacio Borda, 1881), 179-180.

39 Para la elaboración de los anexos 2 y 3 partimos del cuadro elaborado por Carlos José Reyes Posada, “Catálogo de prensa”, 1010-1037. La información fue complementada con los datos de Antonio Cacua Prada, Historia del periodismo, 47-117; Luís Ociel Castaño Zuluaga, La prensa y el periodismo, 49-68 y 255-279; Gustavo Otero Muñoz, Historia del periodismo, 91-172; Francisco Javier Vergara y Velasco, Almanaque y guía, 179-180.

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Wilson Ferney Jiménez Hernández

Anexo 3: Publicaciones de mayor duración en Bogotá (1881-1888) Nombre de la publicación

Años

Anales de la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia

1868-1880

Diario de Cundinamarca

1869-1883

El Agricultor: órgano de la sociedad de agricultores colombianos

1879-1899

El Maestro de Escuela: periódico oficial de instrucción pública del Estado de Cundinamarca

1872-1881

El Pasatiempo: periódico noticioso, industrial, científico y literario

1877-1883

El Relator

1877-1891

El Repertorio Colombiano

1878-1899

La Caridad: correo de las aldeas, libro de la familia cristiana

1869-1882

La Reforma: revista política, industrial, literaria i de noticias

1878-1884

Rejistro Municipal

1874-1899

Revista Bibliográfica: órgano de la librería Torres Caicedo

1878-1897

Revista de los Establecimientos de Beneficencia

1870-1895

Revista Médica: órgano de la sociedad de medicina de Bogotá

1873-1899

Papel Periódico Ilustrado

1881-1888

Fuente: datos elaborados por el autor con base en bibliografía secundaria (ver pie de página 39).

Bibliografía Fuentes primarias Publicaciones periódicas: Papel Periódico Ilustrado. 1881-1888. Recopilados por su director: Alberto Urdaneta. Bogotá, 1881-1888.

Documentación primaria impresa: Acosta de Samper, Soledad. Biografías de hombres ilustres o notables, relativas á la época del Descubrimiento, Conquista y colonización de la parte de América denominada actualmente Estados Unidos de Colombia (Obra destinada al servicio de la Instrucción Pública). Bogotá: Imprenta de La Luz, 1883.

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El Papel Periódico Ilustrado y la configuración del proyecto de la Regeneración (1881-1888)

Caro, Miguel Antonio. Ideario Hispánico. Bogotá: Editorial Cosmos, 1952.

Franco Vargas, Constancio. Rasgos biográficos de los próceres y mártires de la Independencia.

Bogotá: Imprenta de Medardo Rivas, 1880.

Franco Vargas, Constancio. Reseñas biográficas de los próceres y mártires de la Independencia de Colombia. Bogotá: Imprenta de Medardo Rivas, 1880.

Galindo, Aníbal. “Nuestra situación fiscal”. En Estado y economía en la Constitución de 1886, compilado por Óscar Rodríguez Salazar. Bogotá: Contraloría General de la República, 1986, 208-214.

Girón, Lázaro María. El Museo-Taller de Alberto Urdaneta, editado por Enrique Zalamea. Bogotá: Imprenta de Vapor de Zalamea Hermanos, 1888.

Homenaje de Amistad a Alberto Urdaneta: (en su cumpleaños), mayo 29 de 1887. Bogotá: Imprenta La Luz, 1887.

Núñez, Rafael. Los mejores artículos políticos. Bogotá: Universidad Sergio Arboleda, 1998.

Papel Periódico Ilustrado: grabados. Director Alberto Urdaneta; Grabador Antonio Rodríguez y otros. Bogotá: Banco de la República, 1968.

Samper, José María. Galería nacional de hombres ilustres o notables; o sea colección de bocetos biográficos. Bogotá: Imprenta de Zalamea, 1879.

Scarpetta, Leonidas y Saturnino Vergara. Diccionario biográfico de los campeones de la libertad de Nueva Granada, Venezuela, Ecuador i Perú. Que comprende sus servicios, hazañas i virtudes.

Bogotá: Imprenta de Zalamea, 1879.

Urdaneta, Alberto. Álbum de dibujos de Alberto Urdaneta. Personajes nacionales. Bogotá: Banco Popular, 1975.

Vergara y Velasco, Francisco Javier. Almanaque y guía ilustrada de Bogotá para el año de 1881.

Bogotá: Imprenta de Ignacio Borda, 1881.

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Cacua Prada, Antonio. Historia del periodismo colombiano. Bogotá: Ediciones sua, 1983.

Canal Ramírez, Gonzalo, director. Artes Gráficas. Bogotá: Canal Ramírez-Antares, 1973.

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Uma lógica demográfica elástica: o abolicionismo britânico e a plantation escravista no Brasil (1789-1850)❧

Manolo Florentino

Profesor Asociado del Instituto de Historia de la Universidad de Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, Brasil). Magister en Estudios Africanos por El Colegio de México (México d.f., México) y Doctor en Historia por la Universidad Federal Fluminense (Niterói, Brasil).

Autor, entre otros, de Em costas negras: uma história do tráfico atlântico de escravos entre a África e o Rio de Janeiro (São Paulo: Companhia da Letras, 2010) y, en colaboración con Adriana María Alzate Echeverri y Carlos Eduardo Valencia, editó Imperios ibéricos en comarcas americanas: estudios regionales de historia colonial brasilera y neogranadina (Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2008). En 2009 recibió la Medalla al Mérito Científico Nacional por parte del gobierno brasileño. mgflorentino@gmail.com

Artículo recibido: 12 de agosto de 2011 aprobado: 27 de octubre de 2011 modificado: 28 de febrero de 2012

doi: 10.7440/histcrit47.2012.08

❧ Esta investigación contó con apoyo financiero del Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil.

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Uma lógica democrática elástica: o abolicionismo britânico e a plantation escravista no Brasil (1789-1850)

Una lógica demográfica elástica: El abolicionismo británico y la plantación esclavista en Brasil (1789-1850) Resumen El presente trabajo analiza las respuestas demográficas de los grandes hacendados esclavistas de Rio de Janeiro, a las presiones británicas por el fin de la trata de esclavos en el Atlántico. Estudia con especial énfasis las décadas de 1810 y 1820, aunque tangencialmente revisa un período más largo. Se cuestiona la idea, ampliamente diseminada en la historiografía brasileña sobre la esclavitud, de que la trata interna de esclavos era suficiente para atender a las demandas de la plantation esclavista en crecimiento y, por consiguiente, que crecimiento natural positivo de la población esclava y esclavitud eran variables incompatibles en el Brasil colonial e imperial.

Palabras clave: Brasil, población esclava, auto-reproducción demográfica, demografía de la esclavitud.

An elastic demographic logic: British abolitionism and the slaver plantation in Brazil (1789-1850) Abstract This paper analyzes the demographic responses of the large slaver land holders of Rio de Janeiro, to the British pressure to end slavery in the Atlantic Ocean. It places special emphasis on the decades of 1810 and 1820, although it covers a longer period in lesser detail. The article questions the idea, widely disseminated in Brazilian historiography, that the internal slave trade in Brazil was enough to respond to the demands of growing slaver plantations and, therefore, that the natural positive growth of the slave population and of slavery were incompatible variables in colonial and imperial Brazil.

Key words: Brazil, slave population, demographic self-reproduction, demographics of slavery.

Uma lógica demográfica elástica: o abolicionismo britânico e a plantation escravista no Brasil (1789-1850) Resumo O presente trabalho trata das respostas demográficas dos grandes fazendeiros escravistas do Rio de Janeiro às pressões britânicas pelo fim do tráfico atlântico de escravos, com ênfase para as décadas de 1810 e de 1820, embora tangencie período maior. Nele questiona-se a ideia, amplamente disseminada na historiografia brasileira sobre a escravidão, de que o tráfico interno de escrava bastava para atender às demandas da plantation escravista em crescimento e, por conseguinte, que crescimento natural positivo da população escrava e escravidão eram variáveis incompatíveis no Brasil colonial e imperial.

Palavras-chave: Brasil, população escrava, autorreprodução demográfica, demografia da escravidão.

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Manolo Florentino

Uma lógica demográfica elástica: o abolicionismo britânico e a plantation escravista no Brasil (1789-1850) Introdução

A andar por Minas Gerais em 1818, Auguste de Saint-Hilaire topou com um africano cujo

destino já não admitia ilusões. Havia muito no Brasil, o escravo queria casar – “quando se fica assim, sempre só, o coração não vive satisfeito”, explicou. Mas jamais escolheria uma brasileira: “As crioulas desprezam os negros da costa; vou me casar com outra mulher que a minha senhora acaba de comprar; essa é da minha terra e fala minha língua”1.

Suas palavras evocam a cisão entre os crioulos e os escravos nascidos na África2. Pouca atenção tem sido dada à referência feita à mulher com quem esperava juntar seus trapos. Afinal, ao aludir ao estímulo enviesado que recebia do próprio tráfico atlântico de escravos para por termo à sua solidão, o ladino torna ainda mais intrincado o papel do comércio negreiro para a reprodução dos cativos no Brasil.

1. Grau zero de reprodução?

Sabe-se que a aquisição de escravos a baixos custos na África permitia bem remunerar o empresário-traficante e manter reduzido o valor dos africanos no mercado brasileiro. Escravos baratos ensejavam o exercício de uma lógica senhorial fundada no imediatismo econômico. As derivações: excesso de trabalho, descuido para com a subsistência e forte seletividade etária e sexual na montagem dos plantéis – a origem de boa parte das angústias de nosso africano.

Oito entre cada dez africanos desembarcados no porto do Rio de Janeiro na década de 1820 tinham menos de trinta anos de idade, e 43%, menos de vinte – havia três homens para cada mulher3. Tudo tramava para que a reprodução natural fosse relegada a plano secundário, e que

1 Auguste de Saint-Hilaire, Viagem pelas províncias do Rio de Janeiro e Minas Gerais (Belo Horizonte e São Paulo: Editora Itatiaia e edusp, 1975), 53.

2 Manolo Florentino e José Roberto Góes, A paz das senzalas (Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997), capítulo 7.

3 Arquivo Nacional (an), Rio de Janeiro, Brasil, Códice 425. Dentre os escravos africanos exportados para as Américas, 70% tinham menos de 30 anos, uns 5%, mais de 40 anos, e 22%, menos de 20 anos de idade. Desconsiderando as variações regionais, a relação entre o número de homens e o de mulheres nos navios negreiros girava ao redor de dois por um.

Ver Henry A. Gemery e Jan S. Hogendorn, “The economic cost of West African participation in the atlantic slave trade: a preliminary sampling for the eighteenth century”, em The uncommon market (essays in the economic history of the atlantic slave trade), orgs. Henry A. Gemery e Jan S. Hogendorn (Nova York: Academic Press, 1979), 154; Philip D. Curtin, Economic change in precolonial Africa: Senegambia in the era of the slave trade (Madison: Wisconsin University Press, 1975), 157.

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a aquisição de africanas adultas respondesse, no fundamental, aos afazeres domésticos culturalmente associados à figura feminina.

O enorme desequilíbrio entre os sexos comprometia os potenciais reprodutivos dos escravos, é óbvio. De todo modo, contar com um terço de mulheres entre os adultos nascidos na África representava algum incentivo à reprodução natural. Por diminuto que se apresentasse, o potencial genésico das africanas adultas impedia que resultasse ainda mais pronunciado o déficit resultante de taxas de mortalidade sempre superior às de natalidade, agravado por altas frequências de alfor-

rias nas áreas de colonização católica das Américas.

Pela compra de africanas – deixemos de lado, por ora, o mercado interno de escravos –, a lógica demográfica da plantation encorajava a reprodução natural. Porque propiciava encontros entre parceiros potenciais, bem entendido; nunca por ensejar a formação de criatórios de escravos, hipótese jamais comprovada, cuja origem talvez remonte aos escritos de viajantes como o norte-americano Thomas Ewbank4. A natureza deliberada dessa estratégia reprodutiva estaria ainda mais ratificada se, como querem alguns, o predomínio de escravos do sexo masculino derivasse não apenas da preferência dos senhores, mas igualmente da retenção de mulheres pelas sociedades africanas, em virtude de suas capacidades produtivas e reprodutivas5.

Em resumo, penso que, se não abria mão de acrescentar mulheres ao conjunto dos seus africanos adultos, é porque, em seu imediatismo, a plantation amiúde incorporava a obtenção de algum grau de reprodução natural da escravaria. No limite, o cálculo senhorial transbordava a lógica econômica stricto sensu, pois buscava impedir que a solidão a que alude o entrevistado de Saint-Hilaire – “sempre só, o coração não vive satisfeito” – se convertesse em tensões inassimiláveis.

2. A esfera da demanda (1): abolicionismo e potencial reprodutivo presente

Os caminhos e a envergadura desse transbordamento dependiam das circunstâncias que incidiam sobre a produção escravista – os preços pagos pelos africanos nos portos da África e sua combinação com as taxas de juros coloniais; os graus de acesso ao mercado, sobretudo o mercado externo; o temor de que a população africana ultrapassasse a de livres nas Américas etc. E também —aspecto não raro desconsiderado—, as expectativas em torno da continuidade do tráfico atlântico. É o que tentarei mostrar por meio do gráfico 1, que engloba os africanos presentes nos grandes plantéis fluminenses,

4 Vanessa Gomes Ramos, “Escravos da religião – alforriandos do clero católico no Rio de Janeiro (1840-1871)” (Dissertação de Mestrado em História Social, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2007), 67.

5 “As características demográficas dos recém‑chegados escravos africanos, explicadas, principalmente, pela maior demanda do sexo feminino dentro da África e pelo desinteresse comercial pelo tráfico de crianças, justificam a estatística incomum, relativa ao [desequilíbrio de] sexo e idade dos africanos, tanto no primeiro censo de 1872, como nos censos regionais anteriores”. Herbert S. Klein, “Tráfico de escravos”, em Estatísticas históricas do Brasil (Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1986), 53.

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e dá a conhecer o peso dos adultos frente ao total de cativos, e o de mulheres em relação aos adultos.

Desenha também as importações de africanos pelo porto do Rio de Janeiro de 1789 a 1830.

Gráfico 1: Flutuações dos desembarques de africanos e da participação de adultos (15-40

anos) entre os cativos nascidos na África presentes em fazendas de 20 ou mais escravos do Rio de Janeiro, 1789-1831 90

35.000

80

% de adultos e de mulheres adultas

25.000

60 50

20.000

40

15.000

30 10.000

20 5.000

10

0

0 1789-91

1795-97

1800-02

% de adultos

1805-07

1810-12

1815-17

1820-22

% de mulheres entre os adultos

1825-27

1830-31

Desembarques de africanos no porto do Rio de Janeiro

30.000

70

Tráfico

Obs. 1: Os desembarques de africanos vão até 1830.

Obs. 2: Amostragem – 29 fazendas e 1.024 escravos entre 1789 e 1807; 49 fazendas e 2.618 escravos entre 1810 e 1826; 17 fazendas e 839 escravos entre 1826 e 1831.

Fonte: an, Inventários post-mortem do Rio de Janeiro, 1789-1831; e Manolo Florentino e José Roberto Góes, A paz das senzalas (Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997), 59-129.

Até 1807, desembarcavam entre cinco e sete mil escravos por ano, provenientes sobretudo do Congo e de Angola. É provável que menos da metade desse contingente permanecesse na capitania do Rio de Janeiro, com o restante reexportado para Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. A partir de 1808, teve início o maior ciclo de importações de africanos da história do Brasil. A chegada da família real, a abertura dos portos ao comércio internacional e a multiplicação das trocas daí derivada explicam-no. Entre 1809 e 1811, os desembarques atingiram a casa dos vinte mil escravos, cifra que alcançou mais de 40 mil/ano em fins da década de 1820. Minas Gerais absorvia boa parte desses cativos6.

6 Manolo Florentino, Em costas negras (São Paulo: Companhia das Letras, 2010), 236.

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Antes de 1810, os adultos representavam entre 60% e 70% dos africanos das plantations. O mais importante: no início das décadas de 1790 e de 1800, a presença feminina alcançava metade ou mais deles. Tal dado matiza a ideia corrente de que o tráfico sempre fomentava desequilíbrios entre o número de homens e o de mulheres. Seria factível postular ter a plantation fluminense buscado incorporar maior potencial reprodutivo pela via do comércio negreiro antes de 1810?

Talvez, embora especificidades relativas à esfera da oferta congo-angolana sempre impedissem atender adequadamente a altos níveis de demanda por escravas do sexo feminino (ver item

5). De todo modo, ao trabalhar com dados em geral relativos ao período posterior à chegada da família real, boa parte de nossa historiografia se esmera em projetar para épocas pretéritas os altos graus de desequilíbrio entre os sexos detectados nas fazendas brasileiras depois de 1808.

Não se deve esquecer, como demonstra o rigoroso estudo de John Monteiro, que a montagem do complexo açucareiro paulista ocorreu no século xvii tendo por base a escravização de indígenas, entre os quais as mulheres geralmente superavam o número de homens7.

Somente depois de 1808, no rastro da euforia econômica que se seguiu à abertura dos portos, os adultos chegaram a representar 80% dos africanos, e os homens superavam as mulheres em uma proporção de quatro por um. De 1815 em diante, a expansão da plantation fluminense ocorreu em meio à reorientação de parte de sua lógica demográfica aparentemente imediatista. Foi quando a participação de adultos tendeu a se estabilizar no patamar dos 70% dos africanos, e a de mulheres dessa faixa de idade cresceu gradativamente até atingir um terço dos africanos. É pouco, em termos de incorporação de potencial reprodutivo. Sobretudo diante da cada vez mais intensa pressão inglesa contra o tráfico atlântico. Chega a ser desconcertante a facilidade com que os grandes proprietários rurais fluminenses abriam mão do plus reprodutivo contido nas africanas que poderiam adquiriam.

3. A esfera da demanda (2): abolicionismo e potencial reprodutivo futuro

É necessário atentar para o fato de que a lógica das grandes fazendas não se resumia a obter graus variados de reprodução natural presente por meio da compra de escravas sexualmente férteis. Era igualmente possível incorporar potencial produtivo e reprodutivo futuro, encarnado na aquisição de crianças de ambos os sexos.

A compra de escravos do sexo masculino com menos de 15 anos de idade representava uma aposta no aumento do número de trabalhadores a médio prazo. A de escravas em iguais condições acrescentava, além disso, o potencial genésico nelas incorporado. Tal como no caso da

7 John Monteiro, Negros da terra (São Paulo: Companhia das Letras, 1985), 84.

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Manolo Florentino

aquisição de adultas, o esgarçamento dessas possibilidades dependia sobretudo das percepções dos senhores sobre a continuidade do comércio negreiro.

As listagens de escravos em inventários post-mortem de grandes fazendeiros permitem obter um panorama geral da participação de menores de 15 anos entre os escravos nascidos na África.

Escasso, na última década do século, o peso demográfico dessas crianças permaneceu ínfimo até 1810 – em boa parte desses vinte anos, a amostragem de plantations não registra a presença de uma única criança nascida na África.

O quadro se alterou a partir de 1815. O gráfico 2 expressa as alternativas demográficas que os grandes senhores passaram a retirar do próprio tráfico atlântico, em resposta à intensificação das pressões abolicionistas britânicas.

Gráfico 2: Participação (%) de mulheres adultas e de crianças de ambos os sexos entre os escravos africanos das fazendas de 20 ou mais escravos, Rio de Janeiro, 1810-1831

%

50

50

45

45

40

40

35

35

30

30

25

25

20

20

15

15

10

10

5

5

0

%

0 1810-1812

1815-1817

% de mulheres entre os adultos

1820-1822

% de crianças

1825-1827

1830-1831

% de meninas entre as crianças

Obs. 1: Amostragem – ver gráfico 1.

Fonte: an, Inventários post-mortem do Rio de Janeiro, 1810-1831.

Em 21 de janeiro de 1815, em Viena, os britânicos extraíram dos portugueses uma Convenção pela qual, mediante compensação financeira, deixariam de acatar demandas referentes à detenção de naus portuguesas realizadas antes de junho de 1814. Um dia depois, um tratado extinguiria o comércio negreiro ao norte do Equador. De resto, mantinham‑se as prescrições do tratado firmado entre Londres e Lisboa em 1810: Portugal comercializaria escravos apenas no âmbito de seu império, reiterava a promessa de colaborar para a gradual extinção do comércio

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negreiro, e confirmava a abolição do tráfico nos estabelecimentos de Bissau e Cacheu. A novidade era que Portugal comprometia-se a negociar com a Inglaterra um tratado no qual se fixaria a data em que o tráfico terminaria. Em 1817, nova Convenção, assinada em Londres por Palmela e Castlereagh, complementava os acordos de 1815: conferia-se —na prática apenas à Inglaterra— o direito de busca e apreensão de negreiros que atuassem ao norte do Equador8.

Em resposta a todos estes acordos, o primeiro pico da participação de crianças africanas nas fazendas fluminenses ocorreu nos anos 1815-1817. Elas alcançaram 6% do total de africanos —8%, con-

siderando apenas os adultos—, e as meninas eram 20% dos africanos menores de 15 anos de idade.

A insegurança dos proprietários brasileiros cresceu na década de 1820. Ao lento estrangulamento, ao tráfico externo juntaram-se os acontecimentos que culminaram na Independência, tornando incerto o destino das fontes abastecedoras de escravos na África. Na letra da lei, nada impedia à nova nação traficar ao norte ou ao sul do Equador. Contudo, a necessidade de obter o reconhecimento internacional tornava insustentável a posição dos traficantes sediados no Brasil, sobretudo porque Londres instruíra os seus representantes a não reconhecerem novos governos envolvidos com o comércio negreiro. As autoridades brasileiras descartavam a imediata supressão do tráfico, pois isso arruinaria o país e significaria o seu suicídio político.

Eis o pano de fundo de temores logo traduzidos no incremento das crianças nos grandes plantéis fluminenses. Em 1820-1822, elas representavam 12% do total de escravos nascidos na África, cifra duas vezes superior à detectada em 1815-1817, e 17% da quantidade dos adultos africanos. As meninas alcançavam então 40% de todos os infantes africanos.

O tratado que pôs termo ao tráfico foi finalmente assinado em 23 de novembro de 1826. Seu primeiro artigo prescrevia que, ao fim de três anos, contados a partir da ratificação do documento pelo governo inglês – ocorrida em 13 de março de 1827 –, o comércio negreiro seria considerado ato de pirataria por Brasil e Grã-Bretanha. Londres cedera em um ponto apenas: a partir de 13 de março de 1830, as naus brasileiras que ainda estivessem no litoral africano teriam seis meses para regressar. Resultado: em 1830-1831, as crianças nascidas na África chegaram a 10% dos africanos das grandes fazendas do Rio de Janeiro, 21% das quais, meninas. Representavam ainda 14% dos adultos nascidos na África.

A evolução dos preços nominais de crianças e adultos africanos de ambos os sexos permite afirmar que os acordos diplomáticos firmados em decorrência da pressão antitráfico não constituíam mera dissimulação, encarnada na famosa célebre expressão “lei para inglês ver”. Timidamente, tateando mesmo, os grandes senhores brasileiros buscaram se preparar para o eventual término oficial do fluxo de africanos. E fizeram-no por meio do próprio potencial reprodutivo contido no tráfico. É o que mostra a tabela 1, fundada também em inventários post-mortem.

8 Maurício Goulart, A escravidão africana no Brasil (São Paulo: Alfa Omega, 1975), 221-224.

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Tabela 1: Flutuações dos índices de preços (mil réis) dos escravos africanos, por sexo e faixas etárias, das grandes fazendas do Rio de Janeiro, 1810-1831 Anos

Meninas

(0-14 anos)

Meninos

(0-14 anos)

Mulheres adultas (15-40 anos)

Homens adultos (15-40 anos)

1810-1812

100

100

100

100

1815-1817

212

203

187

176

1820-1822

311

318

303

287

1825-1827

401

445

397

391

1830-1831

553

572

527

507

Fonte: an, Inventários post-mortem do Rio de Janeiro, 1810-1831.

Em suma, a demanda por crianças africanas de ambos os sexos conheceu, depois de 1815, proporções jamais observadas nos vinte anos anteriores à chegada dos Bragança. Por isso, a participação relativa de meninas entre as crianças passou a ser maior do que a das mulheres adultas entre os adultos da plantation fluminense. Por ordem de importância estabelecida pela evolução dos preços dos africanos, foram as seguintes as estratégias acionadas: a. a aquisição de meninos, cujos preços reais apresentam o maior índice de crescimento no período 1810-1831 (572), sugerindo a aposta empresarial na incorporação de trabalhadores a médio prazo; b. a compra de meninas, cujos preços conheceram o segundo maior índice de crescimento do período (553); buscava-se não apenas incorporar trabalhadoras a médio prazo, mas igualmente investir em seu potencial reprodutivo – i.e, na geração de trabalhadores a longo prazo; c. a compra de africanas adultas em meio ao enorme predomínio masculino entre os escravos de 15 a 40 anos. Embora sempre menor do que a de crianças de ambos os sexos, a valorização das adultas foi bem superior à dos adultos do sexo masculino (527 contra 507), sugerindo a aposta senhorial na incorporação de potencial produtivo e reprodutivo imediato.

Além de incorporar potencial genésico presente e futuro, semelhantes estratégias são indícios da busca de rejuvenescimento dos plantéis fluminenses.

4. A esfera da oferta (1): parâmetros da busca de rejuvenescimento da escravaria

Ausentes de grandes cabedais, muitos comerciantes se aproveitavam das incessantes partidas de negreiros rumo à África para obter alguma vantagem. Alguns forneciam parcelas ínfimas dos bens que compunham o escambo de traficantes brasileiros ou, mesmo, dos intermediários

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na África. Não necessariamente se interessavam por escravos. Somente os mais abonados e audaciosos se punham a traficar, abastecendo com poucas mercadorias aos seus correspondentes nos portos africanos. Em troca, esperavam receber partidas de dez, quinze, por vezes de vinte escravos. Se nenhum africano perecesse durante a travessia oceânica, lucros excepcionais poderiam ser alcançados no Brasil.

Sorte não bastava. Era preciso que todos os traficantes —grandes e pequenos— estivessem atentos às tendências sempre cambiantes da estrutura da demanda americana. A este respeito,

as cartas que remetiam a seus pares na África demonstram que, em resposta aos anseios dos senhores brasileiros, os traficantes estavam absolutamente cientes de que deveriam obter escravos cada vez mais jovens de ambos os sexos9.

Francisco da Silva era um deles. Em uma de suas cartas, depois de informar ao correspondente na África o envio de duzentas peças de ouro, avaliadas em um conto e quinhentos mil réis, José Francisco exigia sua troca por “escravos novos, que sejam bons”. A mesma expressão aparece nas instruções que o traficante Manoel Gonçalves de Carvalho oferecia a seu interlocutor: os trinta fardos de fazendas e os vinte barris de molhados por ele remetidos deveriam ser “empregados em escravos novos que sejam bons, ainda que custem alguma meia dobra”.

Por “escravos bons” entendia-se cativos em perfeito estado físico – de compleição robusta e ausentes de doenças ou deformidades. E os “escravos novos”, em que faixa etária se encaixariam? A carta de Pedro Antônio Vieira, um pequeno traficante do Rio de Janeiro, oferece uma pista. Ela informava ao interlocutor em Luanda sobre a remessa de produtos avaliados em quase quatrocentos mil réis, pelos quais exigia “escravos de 12 até 18 anos pouco mais ou menos”. Bem podem ter sido estes —12 e 18 anos de idade— os limites que continham os “escravos novos” a que tanto aludiam as instruções dos traficantes.

Outro pedido esclarece ainda mais a questão. Na mesma correspondência, Pedro Antônio dava plenos poderes a seu interlocutor para recapturar Domingos Congo, um escravo seu que conseguira fugir no Brasil e regressar à África, possivelmente como marinheiro do navio Mariana. “Ainda rapaz”, dizia a carta, o astuto Domingos era alto, marcado pela varíola – “picado de bexigas” – e apresentava um “defeito no olho”. Tinha mais ou menos 25 anos de idade e, ao que parecia, conseguira montar um negócio nas aforas de Luanda. Então: a expressão “ainda rapaz” encarnava um escravo de no máximo 25 anos de idade, um jovem que, no entanto, não correspondia exatamente a um “escravo novo” – um rapaz poderia equivaler a um escravo entre 19 e 25 anos de idade.

9 Toda a correspondência mencionada adiante se encontra no an, Junta do Comércio, caixa 398, pacote 1, e foi produzida entre 1818 e1823.

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Pedro Antônio pedia a captura e reenvio de Domingos para o Rio de Janeiro, mas oferecia como opção a sua alforria em troca de “três ou cinco moleques”. É plausível que o termo “moleques” – assim mesmo, no plural – designasse crianças de qualquer sexo com menos de 12 anos de idade. Afinal, por mais que quisesse atormentar a vida de Domingos, caso lograsse capturá-lo, dificilmente se poderia aceitar que Pedro Antônio acreditasse que um escravo de 25 anos, bexiguento e de olho torto realmente equivalesse a três ou cinco “escravos novos”.

Falo “crianças” em geral, independentemente do sexo, pois acredito que a migração do termo

“moleque” do quimbundo para o português se fez mediante o alargamento de seu significado original. Manteve-se a acepção de “menino” – m’leke em quimbundo; mas a ela se acrescentou um sentido mais amplo, que em português engloba ambos os sexos quando utilizado no plural – como, por exemplo, quando modernamente fazemos referência à “molecada”. É óbvio que os “moleques” pertenciam a uma faixa etária distinta da dos “molequinhos”. Estes, pelos motivos acima expostos, igualmente crianças de ambos os sexos com, talvez, menos de cinco anos de idade – as tão famosas “crias de peito” e “crias de pé” registradas em documentos das alfândegas dos portos coloniais, expressões que alguns acreditam englobar todos os escravos de menos de dez anos de idade10.

Semelhantes conclusões são reiteradas na recusa em adquirir determinados escravos, explicitada em carta de 4 de dezembro de 1823. Nela, o traficante luandense Joaquim Ribeiro de Brito instruía seu agente estacionado no Rio Zaire a trocar os onze contos de réis em fazendas embarcados na escuna Flor do Bungo por “escravos bons”, “molecões, moleconas e moleques de 6 palmos passantes”, além de “algumas negras que sejam vistosas, moças, pois é a gente que eu quero”. E arrematava: “nada de barbados” – embora em outra parte da carta solicitasse “peças de índias” – nem de “molequinhos”, talvez em função da alta mortalidade destes últimos na África, no mar ou nos primeiros tempos de Brasil11.

“Molecões” e “moleconas” parecem designar o que nas cartas corresponde a escravos de ambos os sexos, de 12 a 18 anos de idade. “Moleques de 6 palmos passantes” remete a limites etários entre os molequinhos que se recusa, e os molecões e moleconas que se requer – possivelmente a escravos de cinco e doze anos. O termo “moça” pode encarnar o contraponto de “rapaz”, referindo-se a uma escrava de menos de 25 anos de idade. “Barbados” certamente designava cativos de faixas etárias mais elevadas, quando não velhos.

10 Herbert S. Klein, “The portuguese slave trade from Angola in the 18th century”, em The middle passage (comparative studies in the atlantic slave trade), org. Herbert S. Klein (Princeton, Princeton University Press, 1978), 54-56.

11 an, Real Junta do Comércio, caixa 433, pacote 2. Não me parece que a expressão “peça de índias” tenha, no século xix, o mesmo que tinha no assento de Grillo e Lomelim, de 1662, ao qual se refere Maurício Goulart. Ou seja, que a expressão remeta a “um e meio, ou dois pretos, para perfazer uma peça”, ou a “2 negros, dos 35 aos 40 anos, [que] valiam uma peça” – Maurício Goulart, A escravidão africana no Brasil (São Paulo: Alfa Omega, 1975), 102-103. Até porque, como quer o próprio Goulart, com o tempo a conta das importações passou a ser feita por toneladas. A referência que a carta de instruções de Joaquim Ribeiro de Brito faz à “peça de índias” parece-me referir-se a um escravo adulto.

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Resumindo. O ramerrão diário do tráfico proveniente da costa congo-angolana durante a década de 1820 acusa claramente os anseios da demanda brasileira por jovens de ambos os sexos. Requeriam-se especialmente moleques e molecas, molecões e moleconas, categorias classificatórias que englobavam escravos e escravas entre cinco ou seis e dezoito anos de idade. A preferência recaía sobre o que hoje chamamos meninos e meninas (com idades entre cinco e doze anos), e ao que também modernamente caracterizamos por pré-adolescentes e adolescentes (de idades entre 12 e 18 anos).

Não eram excluídos rapazes e moças (entre 18 e 25 anos de idade), mas havia reticência quanto à aquisição de cativos maduros, digamos, de trinta anos em diante. O rejuvenescimento dos contingentes a serem comprados e logo exportados para o Rio de Janeiro era, pois, a tônica dos traficantes que atuavam na África, o que no limite significava investir no alongamento da capacidade vital dos africanos escravizados e na capacidade reprodutiva presente e futura das escravas adquiridas.

5. A esfera da oferta (2): a especificidade congo-angolana e as projeções para o período de tráfico ilegal

Fontes derivadas do mercado de escravos permitem avaliar até que ponto este padrão de demanda de fato se refletia nos contingentes que atravessavam o Atlântico rumo ao Rio de Janeiro nas décadas de 1820 e de 1840. O primeiro conjunto documental é o códice 425, pertencente ao acervo do Arquivo Nacional, onde estão anotadas as remessas de cativos por terra e mar a partir da cidade do Rio de Janeiro entre 1819 e 183312. São cerca de 19 mil partidas de escravos para o interior fluminense e outras províncias. Em quase 400 registros referentes a africanos recém-desembarcados, pode-se capturar, simultaneamente, indicações de sexo e idade para o período 1822-1833. São a base das colunas 2, 3 e 4 da tabela 2.

Oito entre cada dez africanos pré-púberes tinham de 10 e 14 anos. A pequena porcentagem de escravos com menos de dez anos de idade – 4% do total – equivale à encontrada por Herbert Klein para o tráfico entre Luanda e Benguela e o Rio de Janeiro na segunda metade do século xviii. Com uma diferença: sua cifra refere-se apenas às “crias em pé” e “crias de peito”, as quais, para ele, encarnariam os cativos de menos de dez anos de idade. Não há garantias de que não houvesse recém-nascidos ou escravinhos na primeira infância entre os reexportados pelo Rio de Janeiro, pois, aparentemente, sobre eles não incidiam impostos13.

12 an, Rio de Janeiro, Brasil, Despachos de escravos e passaportes da Intendência de Polícia da Corte, 1819- 1833, Códice 245.

13 Herbert S. Klein, “The portuguese slave”, 23‑50.

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Tabela 2: Distribuição etário-sexual de escravos africanos recém-desembarcados no porto da cidade do Rio de Janeiro (1822-1833) e de africanos importados para o Rio de Janeiro em negreiros apreendidos entre 1838 e 1852 1822-1833 Faixa Etária

Escravos

1838-1852

Taxa de masculinidade

%

Escravos

Taxa de masculinidade

%

0-4

-

-

-

-

-

-

5-9

16

4,1

62,5

29

6,7

58,6

10-14

64

16,3

73,3

130

29,9

68,5

Infantes

80

20,4

71,3

159

36,6

66,7

15-19

90

22,9

76,7

132

30,4

79,6

20-24

94

23,9

77,7

99

22,8

85,9

25-29

57

14,5

73,7

19

4,4

89,5

30-34

38

9,7

78,9

10

2,3

60,0

35-39

11

2,8

81,8

6

1,4

50,0

40-44

18

4,6

83,3

6

1,4

50,0

5

1,3

80,0

3

0,7

33,3

Adultos

313

79,6

77,3

275

63,4

80,0

Total

393

100,0

76,1

434

100,0

75,1

+ 45

Fonte: an, Registro da Polícia de saídas de escravos, Códice 425, e Mary Karasch, A vida dos escravos no Rio de Janeiro, 1808-1850 (São Paulo: Companhia das Letras, 2000), 70.

Quase 45% dos africanos recém-desembarcados eram moleques, molecas, molecões e moleconas – logo, com menos de 20 anos de idade. Somados aos rapazes e moças com idades entre 20 e 24 anos, teremos que dois terços dos africanos desembarcados tinham menos de 25 anos de idade durante a década de 1820.

As colunas 5, 6 e 7 da tabela 2 contêm cifras ainda mais vinculadas ao tráfico atlântico, na medida em que derivam de registros de africanos encontrados em quatro navios negreiros capturados nos anos de 1838 (Brilhante), 1851 (Urânia e Marambaia) e 1852 (Golfinho), quando tentavam realizar desembarques no Rio de Janeiro e adjacências. Trabalhados pela historiadora norte-americana

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Mary Karasch14, estes documentos registram um total de 434 escravos africanos com sexo e idade registrados. Comparados às cifras relativas à reexportação de recém-desembarcados entre 1822 e 1833, os dados dos negreiros sugerem grande incremento do tráfico de crianças africanas na década de 1840 (de 20,4% para 36,6%). Quase 90% dos africanos então exportados para o Rio tinham menos de 25 anos de idade, contra os 67,2% detectados para a década de 1820.

Embora afiance o rejuvenescimento dos africanos importados nas décadas de 1820 e de 1840, a tabela 2 mostra também que o tráfico atlântico não supria a demanda exatamente nos termos alme-

jados por fazendeiros e traficantes. Lograva-o no que tange ao volume e à baixa idade mediana dos africanos, mas não quanto ao número de mulheres jovens requeridas. Isso prova o grande desequilíbrio sexual entre os escravos que cruzavam o Atlântico, crescente a favor dos homens conforme se transita de faixas etárias pré-púberes para as sexualmente férteis – na década de 1820, as molecas representavam 38% dos africanos entre cinco e nove anos, as moleconas eram 23% dos africanos de 15 a 19 anos, e as moças constituíam 22% dos escravos de 20 a 24 anos de idade. Na década de 1840, embora a participação das escravas tenha crescido entre o total de escravos com menos de 15 anos, daí até os 30 anos de idade, ela assumiu um peso ainda menor do que na década de 1820 (ver gráfico 3).

Gráfico 3: Participação (%) de mulheres entre os africanos recém-desembarcados no Rio de Janeiro – por grandes faixas etárias – nas décadas de 1820 e de 1840

%

50

50

45

45

40

40

35

35

30

30

25

25

20

20

15

15

10

10

5

5

0

%

0 5 a 9 anos

10 a 14 anos

15 a 19 anos

% de mulheres (1822-1833)

20 a 24 anos

25 a 29 anos

% de mulheres (1838-1852)

Fonte: Tabela 2.

14 Mary Karasch, A vida dos escravos, 69-71.

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A impossibilidade de atender adequadamente à demanda brasileira por escravas ratifica a ideia de que a África retinha mulheres15. E fazia-o de modo regionalmente diferenciado. Sabe-se que, ao longo do século xix, a participação feminina entre os escravos originários da África Ocidental era diretamente proporcional às flutuações das exportações e, talvez, aos preços dos escravos na costa. Dito de outro modo: a pressão da demanda induzia as sociedades afro-ocidentais a incorporarem quantidades adicionais de escravas ao tráfico atlântico. Semelhantes tendências estavam ausentes do tráfico congo-angolano – a principal fonte abastecedora do Rio

de Janeiro –, que, com parcimônia, exportava as suas mulheres16.

Tudo se passava como se fosse fixo o quantum de escravas congo-angolanas exportáveis, sobretudo quando se tratava de mulheres em idade sexualmente reprodutiva17. Inelástica, a participação relativa das congo-angolanas tendia a ser inversamente proporcional ao volume de escravos dessa região desembarcados no Brasil. Apenas em períodos de baixa procura por africanos, podia-se contar com a África Central Atlântica para a implementação de estratégias mais efetivas de reprodução natural pela via do tráfico, como parece ter sido o caso dos vinte anos anteriores a 1810. Em épocas de intensa procura, ao invés, tornava-se impossível atingir semelhante objetivo contando apenas com a oferta feminina proveniente desta rota. Neste caso, o acesso a mulheres originárias de outras regiões africanas ou provenientes do mercado interno de escravos surgia como as opções mais factíveis.

Eis porque, no que tange a contar com o tráfico atlântico para prolongar a própria escravidão, não restou ao mercado fluminense, depois de 1815, senão procurar adquirir meninos africanos mais do que meninas e mulheres nascidas na África (ver tabela 1). Semelhante estratégia parece haver se potencializado dramaticamente nas décadas de tráfico ilegal, quando os africanos de menos de 15 anos de idade podem ter alcançado até três quartos dos contingentes transportados pelos navios negreiros18.

6. Resultados (1826-1830)

Revelaram-se insuficientes os efeitos demográficos derivados da exclusiva utilização do comércio negreiro para o incremento da reprodução natural dos escravos. A histórica dependência do

15 O argumento é o de que, por ser a mulher a principal força de trabalho agrícola de grande parte da África e, ao mesmo tempo, por constituir‑se em veículo primordial da reprodução física dos indivíduos, uma vez escravizada, seu preço seria superior ao do homem no mercado africano – ver Herbert S. Klein e Stanley Engerman, “A demografia dos escravos americanos”, em População e sociedade, org. Maria L. Marcílio (Petrópolis: Vozes, 1982), 208-227.

16 David Eltis, Economic growth and the ending of the transatlantic slave trade (Nova York: Oxford University Press, 1987), 69.

17 A julgar pelo caso do Progresso (1843), negreiro proveniente de Paranaguá que foi capturado em Moçambique depois de haver embarcado escravos, os navios procedentes da África Oriental pautavam-se também pela imensa presença de crianças. Em seu interior contava-se 189 homens – “poucos, no entanto, passando dos vinte anos” –, 45 mulheres e 213 meninos (boys, no original inglês). Pascoe G. Hill, Cinquenta dias a bordo de um navio negreiro (Rio de Janeiro: José Olympio, 2006), 62.

18 David Eltis, Economic growth, 257.

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sudeste brasileiro em relação a uma região africana que primava em reter mulheres pode explicá-lo.

Analisarei a partir de agora a alternativa de buscar escravas nascidas no Brasil no mercado interno.

Abordemos a questão tendo por parâmetros uma nova intervalação 1789-1807, 1810-1825 e 1826-1830, adotada em função dos diferentes índices de crescimento anual do tráfico nesses períodos (respectivamente, 0,35%, 2,4% e 4,5%) e também da intensificação das pressões antitráfico19.

Por razões que logo serão aclaradas, fez-se igualmente necessário comparar o comportamento demográfico da escravaria da plantation frente à dos plantéis de menos de dez escravos – deixemos de lado a flutuante camada de médios proprietários, detentores de 10 a 19 cativos.

Tabela 3: Variação das taxas (%) de crescimento médio anual do tráfico, da africanidade, da masculinidade, da participação dos grandes grupos etários, e da posse de cativos (por faixas de tamanho de plantéis de escravos), agro fluminense, 1789-1830 1789-1807

1810-1825

1826-1830

1-9

+20

1-9

+20

1-9

+20

% de Escravos detidos

19,8

50,7

9,5

75,4

11,6

74,3

Taxa geral de africanidade

59,0

48,1

59,9

61,7

61,7

48,1

Taxa de masculinidade entre os africanos

64,2

63,1

56,8

73,8

65,8

67,2

Taxa de masculinidade entre os crioulos

59,0

50,5

54,4

54,8

57,1

51,9

Taxa geral de masculinidade

61,6

56,6

55,2

65,7

62,6

59,8

% de Infantes (0-14 anos)

27,1

30,8

25,2

22,0

26,1

30,2

% de Adultos (15-40 anos)

51,1

51,8

50,8

57,7

60,4

55,5

% de Idosos (+ 41 anos)

21,8

17,4

24,0

20,3

13,5

14,3

Taxa de dependência

0,96

0,93

0,97

0,73

0,66

0,80

Faixa de tamanho de plantel

Crescimento do tráfico

0,35

2,40

4,50

Obs. 1: Amostragem – ver gráfico 1.

Fonte: an, Inventários post-mortem do Rio de Janeiro, 1789-1831.

No que tange às variações do indicador que mais diretamente influenciava a reprodução natural – as taxas de masculinidade –, não houve surpresas. De acordo à tabela 3, de 1789 a 1830 o desequilíbrio entre homens e mulheres foi uma constante no interior das pequenas e grandes propriedades. Na plantation ocorria uma variação diretamente proporcional entre o incremento

19 Manolo Florentino e José Roberto Góes, A paz das senzalas, 129-168.

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Manolo Florentino

do tráfico e a taxa geral de masculinidade nos dois primeiros intervalos (1789-1807 e 1810-1825): de 57% para 66%. No que concerne aos estabelecimentos de menos de nove escravos, contudo, ocorria exatamente o inverso. Isto é, conforme se incrementava o tráfico de africanos ao Brasil, a taxa de masculinidade de seus plantéis tendia a diminuir. Durante a última etapa do tráfico legal, o momento de maior pico dos desembarques de africanos, este quadro se inverteu completamente: tanto nos grandes como nos pequenos plantéis, a taxa global de masculinidade retornou praticamente aos mesmos níveis da época de estabilidade (1789-1807), atenuando-se o desequi-

líbrio entre os sexos. Incorporando-se à discussão os índices de africanidade, observa-se que as taxas de africanidade dos pequenos plantéis tenderam a acompanhar o tráfico, crescendo entre 1789 e 1830. Os grandes, ao invés, viram a participação de africanos no período 1826-1830 (48,1%) retornarem aos vinte anos anteriores à chegada da família real ao Brasil.

Estamos diante de um movimento aparentemente paradoxal. Acompanhando a aceleração do desembarque de cativos africanos, a elite proprietária rural cresceu e estabilizou no pico do tráfico (1826-1830). Os índices de masculinidade e africanidade de sua escravaria, por sua vez, após atingirem o auge em 1810-1825, caem radicalmente em 1826-30, retornando aos padrões de uma época (1789-1807) em que a capacidade de acumulação desta elite era menor.

Teriam os pequenos produtores, frente ao fim iminente do fluxo exterior de braços, mais do que quaisquer outros, incrementado as suas compras, explicando-se, desse modo, que dois entre cada três de seus escravos fossem africanos? A falta de sustentação desta hipótese é flagrante: os pequenos produtores viram cair a sua participação na estrutura de posse de escravos depois de 1810, permanecendo baixa (10% dos cativos) daí por diante. Por outro lado, a explosão dos preços dos escravos nesta última etapa do tráfico legal por certo afastou ainda mais os mais pobres produtores do acesso ao mercado, em especial ao mercado de africanos.

Outro raciocínio é possível. Embora a busca por homens cativos continuasse a ser a tônica dos momentos de menores desembarques, o resultado final era sempre um panorama menos desequilibrado no interior das grandes propriedades do que nas pequenas, dado que naquelas se incrementava a frequência de crioulos através dos nascimentos, os quais tendiam a ter como padrão sexual 1/1. Daí explicam-se, para o intervalo 1789-1807, as taxas de africanidade (48,1%) e de masculinidade (56,6%) dos grandes plantéis serem sempre menores do que nos pequenos – respectivamente, 59% e 61,6%.

Como a abertura dos portos significou um crescimento geral dos preços dos cativos, a entrada na etapa ascendente do tráfico implicou em que, mais do que a pequena empresa, as grandes comprassem mais homens estrangeiros, com o que se exacerbaram seus índices de masculinidades.

Explica-se, assim, por que as taxas de africanidade (61,7%) e de masculinidade (65,7%) dos grandes plantéis eram então sempre maiores do que nos pequenos – respectivamente, 59,9% e 55,2%.

Nos momentos de crise da oferta de braços, estes padrões continuaram vigentes: a alta dos preços dos escravos, a preferência por homens, e a tendência a uma maior frequência de

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nascimentos no interior dos grandes plantéis. Contudo, em particular diante de uma crise que se mostrava definitiva como a que desencadeou o fim oficial do tráfico atlântico em 1830, a esses padrões se agregou a preocupação senhorial em aumentar os índices de reprodução natural da escravaria, o que, no caso brasileiro, refletiu-se no incremento do mercado de mulheres, em especial do mercado interno de cativas20. Dada a natureza inelástica do mercado interno em geral, a maior procura por escravas se traduziu em um tráfico interclasses de mulheres.

Assim, se os índices de masculinidade eram altos para os pequenos plantéis entre 1826 e 1830

(62,5% contra 59,8% dos grandes plantéis), isso se devia não a uma maior compra de africanos homens, mas sim à perda de mulheres (africanas e crioulas) para as grandes unidades produtoras, que buscaram maximizar os potenciais internos de autorreprodução de sua escravaria. Isso poderia explicar inclusive o fato de os homens serem minoritários no interior das grandes propriedades. Eram bastante elásticas as opções demográficas da empresa escravista.

A argumentação até aqui desenvolvida possui agora dois eixos: o de que os nascimentos de escravos tendiam a ser mais frequentes no interior dos grandes plantéis, e que, em épocas de crise da oferta, incrementava-se um tráfico interclasses, pautado fundamentalmente na compra de mulheres cativas.

Por certo, provar este conjunto de circunstâncias exigiria cruzar os inventários post-mortem com tipos outros de fontes, tais como registros de batismos e de compra e venda de cativos. Contudo, os próprios inventários podem oferecer importantes indicações que ajudam a sustentar nossa argumentação e que se referem à possibilidade de trabalhar com as taxas de dependência das faixas de plantéis.

A mesma tabela 3 demonstra que a escravidão, ao poder se reproduzir fisicamente através do mercado de braços, tendia a produzir baixas taxas de dependência21. Entretanto, mesmo baixas, essas taxas variavam no interior dos plantéis de acordo com os seus respectivos tamanhos e as fases dos desembarques.

Para o período 1789-1807, embora as taxas de dependência fossem mais ou menos equivalentes para pequenos e grandes plantéis (0,96 e 0,93), elas se alimentavam de faixas etárias distintas: de idosos (21,8%) nos pequenos, e de infantes (30,8%) nos grandes, com a participação dos adultos permanecendo praticamente no mesmo patamar em ambos (ao redor de 51%). É possível, pois, afirmar serem os nascimentos nos grandes plantéis os fatores que impediam uma brusca queda da taxa de dependência, mesmo em fases de relativa estabilidade do tráfico de escravos.

20 A preocupação senhorial com o incremento das taxas de reprodução natural em momentos de crise da oferta foi também detectada pelos proprietários do sul dos Estados Unidos: “O paternalismo encorajado pela proximidade física de senhores e escravos foi enormemente reforçado pelo fechamento do tráfico de escravos africanos, o que obrigou os senhores a dedicar mais atenção à reprodução de sua força de trabalho” – Eugene D. Genovese, A terra prometida (o mundo que os escravos criaram) (Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978), 23.

21 Taxa dada pela fórmula (número de infantes + número de mulheres)/(número de adultos).

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Além disso, eram esses mesmos nascimentos os responsáveis pelo fato de os africanos serem minoria (48,1%) entre os escravos dos grandes estabelecimentos.

Com o advento da chegada da família real, a extraordinária compra de homens estrangeiros adultos seria decisiva para a baixa da taxa de dependência nas grandes propriedades, do que derivou a queda relativa da participação dos infantes (para 22%) nestes plantéis. Observe-se que, impossibilitados, pelos altos preços, de irem em massa ao mercado, os pequenos estabelecimentos viram a sua escravaria envelhecer, com todos os outros índices tendendo a manterem-se mais

ou menos nos mesmos níveis de antes de 1808.

Entrada a etapa de crise da oferta de africanos, já o vimos, embora comprassem a maior parte dos escravos desembarcados, os grandes plantéis conheceram taxas de masculinidade e de africanidades menores do que a dos plantéis menos extensos. É que elas se nutriam de dois movimentos retroalimentadores: os nascimentos normalmente mais frequentes nos grandes estabelecimentos e a política deliberada dos grandes proprietários no sentido de adquirir mais mulheres crioulas aos pequenos estabelecimentos. Por isso a participação dos infantes saltou para 30,2%, e a taxa de masculinidade entre os crioulos baixou para 52,3%. Este incremento de reprodução natural redundou em que a taxa de dependência tendesse a crescer nestas grandes propriedades em relação à etapa anterior, de ampla expansão do mercado de braços.

Gráfico 4: Variação (%) das taxas de masculinidade entre os escravos crioulos adultos por grandes faixas de plantel, agro fluminense, 1789-1830 85 80 75 70 65

%

60 55 50 45 40 1789-1807

1810-1825

1 a 9 Escravos

1826-1830

+ de 20 Escravos

Fonte: an, Inventários post-mortem do Rio de Janeiro, 1789-1831.

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Outra prova de nossa argumentação pode ser obtida através do trabalho com as variações das taxas de masculinidade entre os escravos adultos nascidos no Brasil. O gráfico 4 demonstra claramente que, com a abertura dos portos, a taxa de masculinidade dos adultos crioulos dos pequenos plantéis tendeu a crescer pouco, ao contrário da acentuada alta observada nos grandes: diferença que remete à intensidade da participação destes últimos no mercado.

Contudo, na crise da oferta africana, as taxas obedecem a movimentos inversamente proporcionais nas diferentes faixas de plantel: o que mostra ser a maior presença relativa de mulheres nos grandes estabelecimentos, resultado de compras realizadas junto aos pequenos proprietários – um tráfico interclasses, enfim.

Bibliografia Fontes primárias Arquivos: Arquivo Nacional (an), Rio de Janeiro-Brasil. Registro da Polícia de saídas de escravos, Despachos de escravos e passaportes da Intendência de Polícia da Corte, Inventários post-mortem do Rio de Janeiro, e Junta do Comércio.

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El Carmelo: Historia de una antigua barriada bogotana en la cuenca del río Arzobispo (1900-1934)❧

Adrián Serna Dimas

Docente de la Maestría en Investigación Social Interdisciplinaria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Bogotá, Colombia). Antropólogo y Magíster en Sociología de la Universidad Nacional de Colombia (Bogotá, Colombia), Magíster en Investigación Social Interdisciplinaria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Bogotá, Colombia). Director del grupo de investigación Representación, discurso y poder (Categoría A en Colciencias). Sus últimas publicaciones son: Entre monas y sedas. Bienes, derechos y ciudadanía en Colombia, Bogotá 1930-2000 (Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2012) y, en coautoría con Diana Gómez Navas, Estado, mercado y construcción de ciudad. Una historia social de los conflictos vecinales en la cuenca del río del Arzobispo, Bogotá 1885-2000 (Bogotá: Archivo de Bogotá/Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2011). aeserna@udistrital.edu.co

Diana Gómez Navas

Docente de la Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Bogotá, Colombia). Licenciada en Ciencias Sociales de esta universidad y Magíster en Ciencia Política de la Universidad de Los Andes (Bogotá, Colombia).

Miembro del grupo de investigación Representación, discurso y poder (Categoría A en Colciencias). Junto con Adrián Serna Dimas compiló el libro Territorios y desarraigos (Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2011) y es autora de “Nación unitaria y naciones discriminadas. Dos siglos de prácticas discriminatorias en Colombia”, en Todos somos historia. Tomo i: Unión, rebeldía e integración, dir. Eduardo Domínguez (Medellín: Canal U, 2010) 393-406. elfin50@gmail.com

Artículo recibido: 14 de octubre de 2011 aprobado: 17 de febrero de 2012 modificado: 12 de marzo de 2012

doi: 10.7440/histcrit47.2012.09

❧ Este artículo es resultado del proyecto de investigación “Asentamiento, ocupación y derecho a la ciudad. Una historia social de los procesos de urbanización de la cuenca del río Arzobispo, Bogotá 1885-2000”, financiado mediante el contrato 085-10 suscrito entre la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (acac) y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

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El Carmelo: Historia de una antigua barriada bogotana en la cuenca del río Arzobispo (1900-1934)

El Carmelo: Historia de una antigua barriada bogotana en la cuenca del río Arzobispo (1900-1934) Resumen A finales del siglo xix Bogotá inició un proceso de expansión al norte de San Diego. Los estudios sobre esta expansión han enfatizado la urbanización de Chapinero, pero pocos han indagado en la urbanización de la cuenca del río Arzobispo, que en los años treinta puso en concurrencia los intereses urbanizadores de grandes propietarios, las pretensiones de diferentes constructoras y las decisiones de los gobiernos liberales de intervenir decididamente en el diseño urbano. La urbanización de la cuenca involucró la construcción del Parque Nacional, la aparición de una serie de barrios burgueses y la destrucción de asentamientos obreros como El Carmelo, en las márgenes del río.

Palabras clave: Bogotá, siglo xx, planificación urbana, renovación urbana, uso de la tierra.

El Carmelo: History of a traditional neighborhood of Bogotá on the basin of the Arzobispo river (1900-1934) Abstract Towards the end of the 19th century, Bogotá began expanding north of San Diego. Studies of this expansion have focused on the urbanization of Chapinero, but few have looked at the urbanization of the basin of the Arzobispo River which brought together the urbanizing interests of large owners, the aspirations of various construction companies, and the decisions of Liberal governments to make decisive interventions to urban design. The urbanization of this basin included the construction of the Parque Nacional (National Park), the rise of various bourgeoisie neighborhoods, and the destruction of worker settlements such as El Carmelo, which bordered the river.

Key words: Bogotá, 20th century, urban planning, urban renovation, use of land.

El Carmelo: História de um antigo bairro na bacia do rio Arzobispo (1900-1934) Resumo No final do século xix, Bogotá iniciou um processo de expansão para o norte de San Diego. Os estudos sobre essa expansão estão enfatizados na urbanização de Chapinero, mas poucos têm questionado sobre a urbanização da bacia do rio Arzobispo, que nos anos trinta pôs em concorrência os interesses urbanizadores de grandes proprietários, as pretensões de diferentes construtoras e as decisões dos Governos liberais de intervir decididamente no desenho urbano. A urbanização da bacia envolveu a construção do Parque Nacional, o surgimento de uma série de bairros burgueses e a destruição de assentamentos operários como El Carmelo, às margens do rio.

Palavras-chave: Bogotá, século xx, planejamento urbano, renovação urbana, uso da terra.

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Adrián Serna Dimas y Diana Gómez Navas

El Carmelo: Historia de una antigua barriada bogotana en la cuenca del río Arzobispo (1900-1934) Introducción

A finales del siglo xix Bogotá entró en un proceso de expansión urbana, que en el caso del

borde norte fue favorecido por diferentes factores: la introducción de medios de transporte hacia esa zona de la ciudad, incluidos el ómnibus en los años cincuenta, el tranvía en los años ochenta y el ferrocarril en los años noventa; la dinamización del mercado de la finca raíz, estimulada por medidas como la desamortización de bienes de manos muertas impuesta por el Gobierno de Mosquera a comienzos de los años sesenta; el crecimiento sostenido del caserío de Chapinero, que llevó a que fuera incorporado como barrio municipal a mediados de los ochenta; el hacinamiento de la ciudad antigua con sus costos en seguridad y salubridad; el ascenso de unas burguesías que rompieron el viejo patrón de asentamiento de las élites urbanas prendado a casonas inmediatas a las plazas y las calles principales, en beneficio de un nuevo patrón decidido a colonizar la ruralidad inmediata con quintas1.

Los estudios sobre la expansión del borde norte de la ciudad han hecho énfasis en la urbanización del barrio de Chapinero. Son escasos los trabajos sobre la urbanización de la cuenca del río Arzobispo, ese corredor entre San Diego y Chapinero que alberga en la actualidad veintiséis barrios en distintas condiciones socioeconómicas: desde antiguos barrios suntuarios como Teusaquillo y La Magdalena, hasta desarrollos recientemente legalizados como El Paraíso y El Pardo Rubio. Si bien diferentes estudios han indagado en cuestiones como el impacto del Parque Nacional, la propuesta urbanística de Karl Brunner y el desarrollo específico de algunos barrios2, en general existe un conocimiento bastante fragmentario de esta urbanización, una situación particular si se tiene en cuenta que hacia la cuenca del río se orientó una parte signifi-

1 Al respecto véase Daniel Ortega, Apuntes para la historia de Chapinero (Bogotá: Editorial Kelly, 1967), 12-69; Amparo Mantilla, Tradición de la propiedad y precios de la tierra en Bogotá, d.e. (Zona de Chapinero) (Bogotá: Alcaldía Mayor/Departamento Administrativo de Planeación Distrital, 1977), 15-30; Germán Mejía Pavony, Los años del cambio. Historia urbana de Bogotá 1820-1910 (Bogotá: Universidad Javeriana, 2000), 298-300; Juan Carlos del Castillo, Bogotá. El tránsito a la ciudad moderna 1920-1950 (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2003), 63-65.

2 Para el caso del Parque Nacional, ver Fabio Zambrano y Observatorio de Cultura Urbana eds., Tres parques de Bogotá: Nacional, Simón Bolívar y El Tunal (Bogotá: Observatorio de Cultura Urbana, 2003), 106-193. Sobre la propuesta urbanística de Karl Brunner, incluidas sus intervenciones en la cuenca del río Arzobispo, Andreas Hofer, Karl Brunner y el urbanismo europeo en América Latina (Bogotá: El Áncora Editores/Corporación La Candelaria, 2003), 115-122. Sobre los barrios de la cuenca, Juan Carlos del Castillo, Bogotá. El tránsito a la ciudad moderna 1920-1950 (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2003), 61-62 y 85-89.

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cativa de las inversiones e intervenciones urbanísticas emprendidas en la ciudad en la primera mitad del siglo xx. La cuenca fue un área prioritaria de diferentes programas de obras públicas: de los acometidos para reactivar la economía a comienzos de los años treinta, de los establecidos para la celebración del cuarto centenario de fundación de la ciudad en agosto de 1938 y de lo dispuesto para la realización de la ix Conferencia Panamericana en abril de 1948.

La investigación “Asentamiento, ocupación y derecho a la ciudad. Una historia social de los procesos de construcción de ciudad en la cuenca del río Arzobispo, Bogotá 1885- 2000”, que sirve como

base a este artículo, indagó cómo fue incorporada esta cuenca en el desarrollo de la ciudad. Allí se determinó que desde finales del siglo xix parte de la cuenca del río quedó sujeta a un proceso de marginalización derivado ante todo del desarrollo fabril de San Diego. Este proceso supuso la aparición y prolongación de barriadas obreras, no sólo sobre el Paseo Bolívar en los cerros orientales ―cuestión ampliamente indagada por distintos estudios urbanos3, sino también sobre la carretera central o carrera 7.ª y sobre el tendido del Ferrocarril del Norte en la actual avenida Caracas ―asunto poco estudiado hasta ahora por la historiografía de la ciudad. La investigación pudo establecer las condiciones que permitieron este proceso de marginalización iniciado desde la década de los ochenta del siglo xix y aquellas que llevaron a revertirlo, lo que permitió un proceso de aburguesamiento de esta parte de la ciudad desde los años treinta del siglo xx. En la indagación de estos procesos de marginalización y aburguesamiento, la investigación identificó la barriada de El Carmelo, un asentamiento obrero emplazado en las márgenes del río Arzobispo frente a la carrera 7.ª, en predios que actualmente hacen parte del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera. Este artículo presenta la historia de esta barriada olvidada, que fue arrasada en medio de la urbanización de la cuenca.

La historia de la barriada de El Carmelo es un caso representativo para discutir procesos urbanos como los englobados bajo el término “gentrificación”. En efecto, en el campo de los estudios urbanos tomó fuerza desde los años sesenta el término “gentrificación” para aludir a los procesos que conducen a que antiguos entornos urbanos depreciados o arruinados sean ocupados o reocupados por clases o fracciones de clase con alto poder adquisitivo, con estilos de vida suntuarios o con unos elevados capitales educativos o culturales. Tanto el término “gentrificación” como los procesos que éste define han sido objeto de polémicas. En cuanto a lo primero están los autores que consideran más ajustados a nuestro idioma términos como los de “elitización” o “aburguesamiento”. En cuanto a lo segundo están los críticos que consideran

3 Carlos Noguera, “La construcción de la ciudad moderna. Urbanismo y urbanidad”, en La ciudad como espacio educativo.

Bogotá y Medellín en la primera mitad del siglo xx, eds. Carlos Noguera, Alejandro Álvarez y Orlando Castro (Bogotá: Arango Editores, 2000), 58-72; Luis Carlos Colón, “El saneamiento del Paseo Bolívar y la vivienda obrera en Bogotá”, Urbanismos 2 (2005): 104-115; Jair Preciado, Historia ambiental de Bogotá, siglo xx (Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2005), 92-93; Yenny Díaz, “La vivienda obrera. ¿Un elemento apaciguador o modernizador? La intervención del Estado en Bogotá 1918-1942”, Revista de Arquitectura 9: 1 (2007): 5-12.

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que la “gentrificación” ha sido un fenómeno maximizado por algunas tendencias que han pretendido revestirlo como una de las peculiaridades de las ciudades contemporáneas. Para estos críticos, la “gentrificación” es un fenómeno reciente, apenas reconocible en algunas ciudades, sin rasgos que permitan diferenciarlo de otros fenómenos como los de renovación urbana y en mucho superado por la desbordada marginalización de las ciudades4.

Si bien el concepto resulta bastante polémico, es evidente que en procesos como la urbanización de la cuenca del río Arzobispo concurrieron una serie de fuerzas sociales, económicas y políticas que ante la progresión de asentamientos obreros emprendieron diferentes iniciativas para contenerla y desmontarla y, al mismo tiempo, para favorecer la aparición de barrios “residenciales” de alto costo. La barriada de El Carmelo, en este sentido, constituye un caso emblemático, no digamos de un proceso de gentrificación, por la porosidad misma del término, pero sí de un proceso de desmarginalización y de aburguesamiento de un territorio urbano. Esta idea resulta relevante porque advierte que la expansión de la ciudad y el reasentamiento de las élites urbanas iniciado desde finales del siglo xix, procesos que son considerados habitualmente como el resultado de la parcelación de viejas estancias rurales, supusieron en algunos parajes la intervención y la inversión pública y privada sobre áreas urbanizadas de manera informal, escasamente consolidadas o consolidadas de manera precaria alrededor de actividades industriales.

1. Los tiempos de las industrias

Hasta mediados del siglo xix la cuenca del río Arzobispo permaneció como un paraje rural de grandes estancias: al oriente de la cuenca estaban el Alto San Diego y Las Mercedes; alrededor de la carretera central estaban el bajo San Diego, Tequenusa, El Descanso y La Magdalena; al occidente estaban los amplios terrenos de La Merced y La Soledad; y hacia el norte estaban las primeras parcelaciones de la vieja hacienda de Chapinero5. No obstante, la segunda mitad del siglo xix introdujo cambios en esta parte de la ciudad. En primer lugar, la insuficiencia de las aguas en ríos como el San Francisco y la deforestación de los cerros al oriente de la ciudad antigua llevaron desde los años cincuenta a algunos empresarios a desplazar sus fábricas y explotaciones hacia las inmediaciones del río. En segundo lugar, el decreto de desamortización de bienes de manos muertas y las disposiciones de la municipalidad para entregar en subasta bienes públicos sin usufructo, permitieron entre los años sesenta y ochenta una dinamización del mercado de la finca raíz urbana que en la cuenca

4 Sobre los debates más representativos en torno a la “gentrificación” véase Larry Bourne, “The demise of gentrification? A commentary and prospective view”, Urban Geography 14: 1 (1993): 95-107; Loretta Lees, “A reappraisal of gentrification: towards a ‘geography of gentrification’”, Progress in Human Geography 24: 3 (2000): 389-408; Jessica Biro, “Gentrification: deliberate displacement, or natural social movement?”, The Park Place Economist 15: 1 (2007): 42-46.

5 Juan Carrasquilla, Quintas y estancias de Santafé y Bogotá (Bogotá: Banco Popular/Editorial Presencia, 1989), 116-160.

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del río se tradujo en la liberación de terrenos para que la Nación, el Estado de Cundinamarca y el Municipio emprendieran obras públicas y para que los particulares adquirieran predios, muchos de ellos destinados finalmente al emplazamiento de fábricas, como en el caso de Bavaria. En tercer lugar, la decisión de los gobiernos de los años setenta y ochenta de modernizar los transportes llevó a la construcción sobre la cuenca del río Arzobispo de una amplia arquitectura tranviaria y ferroviaria.

La concurrencia de estos hechos condujo a que en el cambio de siglo San Diego se configurara como un nicho industrial. En las dos primeras décadas del siglo xx éste fue extendiéndose hacia el norte de la ciudad. Tal ampliación estuvo acompañada de la prolongación de viejas barriadas pobres y de la aparición de unas nuevas, un proceso de marginalización caracterizado por el levantamiento de asentamientos informales, desprovistos de servicios públicos, carentes de vías, separados del casco urbano y sometidos a toda suerte de miserias. Estas barriadas pobres no estaban circunscritas únicamente al Paseo Bolívar y al Alto San Diego sobre los cerros orientales, sino que se extendían también alrededor de las fábricas y los asilos del bajo San Diego, de las canteras, las minas y las tenerías inmediatas o próximas al río Arzobispo, de los expendios de chicha y víveres emplazados sobre la carretera central y a lo largo del tendido del Ferrocarril del Norte hasta Chapinero. Una de las barriadas que apareció en el cambio de siglo fue El Carmelo, en las márgenes del río, en predios de la antigua finca El Paraíso.

2. De la finca El Paraíso a la Finca del río Arzobispo

Uno los predios resultantes de la descomposición de la vieja hacienda de Chapinero fue la finca El Paraíso, que para finales del siglo xix era propiedad de los hermanos Justo y Zenaida Murillo. La finca, ubicada entre las actuales calles 39 y 43 al oriente de la carrera séptima, tenía los siguientes linderos: “Por el occidente, el antiguo camino del norte desde el puente del río del Arzobispo á dar a una zanja que la divide de la quinta llamada ‘La Soledad’, de ese punto tomando al oriente por la zanja expresada á dar á un vallado que va de sur á Norte, siguiendo este

vallado hasta dar á una quebrada llamada ‘Barrocolorado’; por el norte se sigue por esta quebrada hasta dar en medio de los cerritos y colinas pequeñas, y de este punto en línea recta hasta la cresta o perfil de la cordillera Oriental; al oriente, por sobre la cordillera á dar al río citado del Arzobispo; y por el sur, el río abajo a dar al puente primer lindero”6.

En el cambio de siglo El Paraíso entró en proceso de partición. En 1892 Justo Murillo vendió a Carmen y a Edelmira Murillo, hijas de Zenaida, el lote ubicado en la margen norte del río

6 “Escritura 158 de 1899 de la Notaría Tercera del Circuito de Bogotá”, en Archivo General de la Nación (agn), BogotáColombia, Sección República, Fondo Ministerios, Obras Públicas, t.000310, f.296r.

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Arzobispo sobre los cerros orientales. En 1896 Justo Murillo vendió a Bartolomé Rodríguez el lote ubicado en la margen norte del río frente a la carretera central hacia Chapinero. En 1899 Carmen y Edelmira Murillo recibieron como herencia materna la cuarta parte de El Paraíso, ubicada sobre los cerros orientales. Para finales del siglo xix la finca El Paraíso estaba dividida en tres predios: sobre la margen norte del río estaban los predios de las hermanas Murillo y de Bartolomé Rodríguez, y el predio inmediato a Barrocolorado era propiedad de Justo Murillo7.

A comienzos del siglo xx Francisco Montaña adquirió los predios ubicados en las dos márge-

nes del río entre la carretera central y los cerros orientales. Entre 1904 y 1906 Montaña adquirió los predios de las hermanas Murillo sobre la margen norte del río Arzobispo. En 1911 Montaña compró a Micaela Maldonado de Buendía una faja de terreno sobre la margen sur del río que hacía parte de la vieja estancia de Las Mercedes, propiedad en el siglo xix de las herederas de José María Lozano y Maldonado, segundo marqués de San Jorge. En 1920 Montaña compró a Bruna Cortés de Rodríguez y a Tránsito Rodríguez de Pedroza “cuatro piezas de bahareque, paja y teja, el suelo y el subsuelo sobre que están edificadas y el solar adyacente de figura triangular, situado todo a orillas del río del Arzobispo, en la carrera séptima del antiguo barrio de ‘Las Nieves’, hoy barrio Sucre…”8. Con el englobe de estos terrenos Montaña formó la Finca del río del Arzobispo, un amplio predio sobre las dos márgenes del río, que fue escogido a comienzos de los años treinta para la construcción de un gran parque nacional9.

3. Aparición de la barriada El Carmelo

Entre finales del siglo xix y comienzos del siglo xx los viejos propietarios de predios y los nuevos empresarios de tierras urbanas de la cuenca del río Arzobispo permitieron la ocupación o entregaron en arrendamiento pequeñas parcelas a familias pobres. Esto produjo la aparición de una serie de asentamientos informales dentro de los predios El Buitrón (de la familia Vega), La Merced (de la familia Herrera), Las Mercedes (de la familia Maldonado), El Paraíso (de la familia Murillo, luego de la familia Montaña), Barrocolorado (de la familia

7 “Escrituras 635 de 1892 de la Notaría Segunda, 601 de 1896 de la Notaría Primera y 158 de 1899 de la Notaría Tercera del Circuito de Bogotá”, en agn, Ministerios, Obras Públicas, t.000310, ff.284-297.

8 “Escritura 1991 de 1920 de la Notaría Primera del Circuito de Bogotá”, en agn, Ministerios, Obras Públicas, t.000310, f.317.

9 “Escrituras 1310 de 1904 de la Notaría Quinta, 599 de 1906 de la Notaría Segunda, 628 de 1911 de la Notaría Segunda, 1153 y 1991 de 1920 de la Notaría Primera y 3637 de 1920 de la Notaría Segunda del Circuito de Bogotá”, en agn, Ministerios, Obras Públicas, t.000310, ff.292-310; Juan Carrasquilla, Quintas y estancias, 134-136. El predio de Justo Murillo y parte del predio de Bartolomé Rodríguez fueron adquiridos en 1911 por Marcos Ferré, “Escritura 1129 de 1911 de la Notaría Tercera del Circuito de Bogotá”, en agn, Ministerios, Obras Públicas, t.000310, ff.292-310. Los Ferré conservaron su propiedad hasta los años cincuenta, cuando procedieron a lotearla para la venta. En una parte de los predios se alzó la Pontificia Universidad Javeriana y en otra la Urbanización Cataluña, aprobada por la administración distrital en 1959, “Decreto 456 de 1959 que reglamenta la Urbanización Cataluña”, en Archivo de Planeación Distrital (apd), Bogotá-Colombia, Carpeta Barrio Cataluña.

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Ferré), de los Pardo Roche (luego de sus herederos, los Pardo Rubio), de los Calderón Tejada (luego de sus herederos, los Calderón Barriga) e incluso en los predios de la antigua hacienda de Rosales. Con estas ocupaciones los propietarios persiguieron dos propósitos: por un lado, que los ocupantes realizaran mejoras que permitieran valorizar su futura urbanización, y por otro que los ocupantes se constituyeran en mano de obra para la explotación de las canteras sobre los cerros orientales dado el incremento de la demanda de materiales de construcción por el auge urbanizador en Chapinero10.

La ocupación de los predios de El Paraíso comenzó en tiempos de Justo y Zenaida Murillo, quienes permitieron que gentes pobres alzaran sus ranchos sobre la margen norte del río en condición de arrendatarias a cambio de un estipendio mensual. Cuando Francisco Montaña adquirió los lotes que fueron parte de El Paraíso y de Las Mercedes, formando la Finca del río Arzobispo, incentivó aun más la ocupación sobre sus dos márgenes. Montaña permitió el arribo de nuevas familias a cambio de que éstas pagaran un estipendio mensual, realizaran mejoras en los terrenos arrendados sembrando árboles de eucalipto y se vincularan como mano de obra para distintos trabajos, entre ellos la explotación de las canteras y de las minas de carbón que estaban sobre la parte alta del río en los cerros orientales11.

La ocupación derivó en un asentamiento informal relativamente estable, animado por los proyectos urbanizadores y por las adecuaciones tranviarias emprendidas al occidente de la carretera central o carrera 7.ª. En efecto, desde finales del siglo xix grandes propietarios de tierras al sur de Chapinero, como Antonio Izquierdo, emprendieron el loteo de predios con destino a nuevos proyectos urbanizadores. Como resultado aparecieron entre 1900 y 1905 tres barrios al occidente y al sur de Chapinero: El Mercado, Quesada y Mariscal Sucre (ver imagen 1). En este último barrio, al norte del río, The Bogotá City Railway Company y su subsidiaria The Chapinero Company adquirieron entre 1900 y 1904 un conjunto de predios, entre ellos la quinta La Graciela, propiedad de Sofía Granados de Rengifo, para ampliar la infraestructura tranviaria que prestaba

10 La urbanización de Chapinero, la explotación de canteras y la aparición de asentamientos informales sobre los cerros orientales fueron fenómenos articulados. En el informe presentado en 1885 por Crispín Gómez, primer inspector municipal de Chapinero, se refería a que en el barrio existían 233 casas, casi todas ellas quintas, dieciséis minas de arenas y diez canteras de explotación. Daniel Ortega, Apuntes para la historia, 18.

11 “Carta de la señora Sildana Barahona, vecina de El Carmelo, al Doctor Alfonso Araujo, Ministro de Obras Públicas”, en agn, Ministerios, Obras Públicas, t.000310, f.402. La siembra de eucaliptos fue una práctica común impuesta por los propietarios a los ocupantes de predios a comienzos del siglo xx. Esta práctica generó posiciones encontradas: para unos suponía una estrategia de los propietarios de terrenos para desecar áreas inundables con destino a la urbanización; para otros, por el contrario, era una estrategia de los propietarios para garantizar el abastecimiento de agua en sus predios para labores como la ganadería. En cualquier caso, la práctica suscitaba reacciones porque suponía intervenir en los abastecimientos de aguas de la ciudad, especialmente escasos entonces. En 1919 la cuestión fue objeto de debate en la Sociedad de Embellecimiento de Bogotá. “Siembra de eucaliptos”, Boletín de la Sociedad de Embellecimiento de Bogotá 22 (1919): 145.

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el servicio hacia el norte de la ciudad. En estos lotes se dispuso una estación de cascajo, lo que le valió a esta parte el nombre de La Cascajera12.

Imagen 1: Plano de los barrios Sucre, Quesada y El Mercado BOGOTA

PLANO DE LOS TERRENOS URBANIZADOS POR Dn. Antonio Izquierdo

BARRIO

(Barrios Sucre, Quesada y del Mercado)

MARIS

CAL SU

CRE

Escala. 3/10000

BARRIO QUESADA

BARRIO DEL MERCADO

Fuente: “Bogotá. Plano de los terrenos urbanizados por Don Antonio Izquierdo”, en adp, Planoteca, Barrio Sucre s/f.

Para comienzos del siglo xx las barriadas sobre el alto San Diego, sobre las márgenes del río Arzobispo, en los predios de La Cascajera y alrededor del Ferrocarril del Norte, configuraron un auténtico cinturón que servía de lindero entre la vieja ciudad que se extendía hasta San Diego y la nueva ciudad que se alzaba hacia Chapinero. Este cinturón de ocupaciones quedó englobado dentro del barrio Sucre, tal como aparece en los planos de la ciudad levantados por la Oficina de Longitudes en 1913 y por Manuel Rincón en 192313.

12 “Relación del predio de La Cascajera”, en agn, Ministerios, Obras Públicas, t.000310, ff.270-271. La Cascajera fue entregada al municipio en la nacionalización del servicio del tranvía en 1910 y posteriormente hizo parte de los aportes del Municipio a la Nación para la construcción del Parque Nacional, aunque éste nunca fue incorporado a la obra. A finales de los años treinta la Nación hizo entrega del predio a la Policía Nacional, que lo utilizó en la construcción de una estación de policía que actualmente es la sede del Comando de Policía de Teusaquillo en la carrera 13 con calle 40.

13 Marcela Cuéllar y Germán Mejía, Atlas histórico de Bogotá. Cartografía 1791-2007 (Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá/Editorial Planeta, 2007), 68-69 y 74-75.

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No obstante, desde los primeros años de la década de 1910 fueron cada vez más marcadas las diferencias en el barrio Mariscal Sucre. Al norte del barrio, sobre las actuales calles 44 y 45, se fue configurando un barrio “residencial” donde continuaban las quintas de estilo de Chapinero y Marly; la quinta más importante en esta parte fue la famosa Egips, propiedad de Carlos Lozano, construida entre las carreras Caldas y 7.ª sobre la actual calle 40. Al sur, por el contrario, continuaron las barriadas obreras, asentamientos cada vez más depauperados, con excepción de la nueva urbanización de La Perseverancia. Fue en aquellos años cuando los ocupantes del asentamiento sobre las márgenes

del río comenzaron a denominarlo como barrio El Carmelo, aunque las referencias oficiales sobre la existencia de éste son escasas, por lo menos hasta la construcción del Parque Nacional. Dentro de las pocas referencias oficiales está un documento del Concejo Municipal del año 1921 que relaciona como barrios extrarradio de la ciudad a La Constructora, a La Merced, a Marly, a Sucre y a El Carmelo14.

Para la segunda década del siglo xx el barrio El Carmelo correspondía a un aglomerado de casuchas emplazadas sobre las márgenes del río, rodeado de un extenso bosque de eucaliptos, donde se alzaban explotaciones de cascajo, hornos para la combustión, curtiembres y, muy importante, un expendio de chicha, la afamada chichería La Cabaña, sobre el puente del río Arzobispo. De hecho, las medidas de regulación de los expendios de chicha en la ciudad, como las impuestas a finales de la primera década del siglo xx, favorecieron que zonas urbanas poco consolidadas, de difícil control por parte de los inspectores municipales, como La Perseverancia y El Carmelo, resultaran propicias para estos negocios. La presencia de chicherías entre San Diego y el río afirmó entre las gentes de entonces la imagen de que ésta era una zona sórdida, donde eran comunes los asesinatos y los robos.

4. Los debates urbanos de los años diez y veinte

Para finales de la década de 1910, la cuenca del río Arzobispo se mantenía como un amplio corredor ocupado por grandes estancias, eso sí, afectadas por el fraccionamiento de predios, la apertura de vías, los proyectos urbanizadores al norte de San Diego y al sur de Chapinero, la presencia de distintas industrias y las actividades del tranvía y del ferrocarril. Aunque en algunas de estas grandes estancias era evidente la presencia de barriadas obreras, éstas se prolongaban sobre ejes bastante circunscritos: ranchos mal construidos, sin traspaso de los derechos de propiedad a los ocupantes y, en los casos en que lo había, éste no procedía sobre titulaciones formales, sino meramente sobre promesas de compraventa sin valor alguno.

En estas condiciones, la cuenca del río Arzobispo quedó inscrita en algunos de los debates urbanos más sensibles del momento, donde figuraba, en primer lugar, el de las barriadas obreras.

14 “Barrios extrarradio de la ciudad”, en Archivo de Bogotá (ab), Bogotá-Colombia, Fondo Concejo de Bogotá, t.80-604.3645, ff.461-462.

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Aunque este debate se remontaba a décadas atrás, adquirió especial intensidad tras la catástrofe que supuso para la ciudad la epidemia de gripa española en 1918, de la cual fueron inculpados ante todo los asentamientos sobre los cerros orientales. En segundo lugar, la cuenca del río hizo parte de los debates acerca de los obstáculos que impedían la expansión de la ciudad hacia el occidente.

Desde su creación, la nueva Sociedad de Embellecimiento de Bogotá en 1917 fue especialmente crítica hacia infraestructuras como el tendido del Ferrocarril del Norte, acusado de albergar un extenso “cordón sanitario” y de obstaculizar la expansión de la ciudad hacia el occidente15. En

tercer lugar, la cuenca del río quedó inscrita en los debates sobre los desarrollos urbanísticos de la ciudad hacia el futuro. Desde finales de esta década diferentes instancias de la ciudad hicieron eco a algunas iniciativas emanadas de los primeros congresos nacionales de mejoras. Una de estas iniciativas fue la incorporación del city planning, una estrategia de política pública en materia urbanística que le permitiría al municipio evaluar y cualificar la infraestructura urbana existente y proyectar con base en ella lo que debía ser el desarrollo de la ciudad hacia el futuro.

En el curso de los años veinte los debates sobre las barriadas obreras, sobre los obstáculos a la expansión urbana y sobre la incorporación de estrategias de desarrollo urbanístico como la planificación urbana, o city planning, ganaron intensidad en un momento en el cual coincidieron, por un lado, la decisión del Gobierno a nivel nacional, departamental y municipal de ejecutar grandes inversiones públicas, y por otro la pretensión de propietarios de tierras y de firmas constructoras de emprender proyectos urbanizadores en la cuenca del río Arzobispo. Las intervenciones públicas y las privadas quedaron abrigadas por el crecimiento económico de los años veinte, en especial por la bonanza de la segunda mitad de la década. No obstante, estas intervenciones e inversiones no redundaron en una democratización de la cuenca que favoreciera su desmarginalización, sino por el contrario en una acumulación de las centralidades de esta parte de la ciudad que por un lado supuso su progresivo aburguesamiento y por otro el desplazamiento de las clases obreras.

En primer lugar, los efectos de la epidemia de gripa española llevaron a que el Congreso de la República estableciera lo que se puede considerar la primera política pública en vivienda popular: la Ley 46 del 19 de noviembre de 1918. Esta ley dispuso, entre otras medidas, la regulación de las habitaciones para arrendamiento, el control de los cánones, la definición de partidas presupuestales para la construcción de vivienda y, en el caso de Bogotá, una subvención para la construcción de barrios obreros16. Con base en esta ley, instancias como la Junta de Mejoras del barrio San Diego propusieron en 1924 la adquisición de los predios al occidente de San Diego para la construcción de barrios obreros que permitieran resolver los problemas de hacinamiento

15 “Informe del barrio Chapinero”, Boletín de la Sociedad de Embellecimiento de Bogotá 7 (1918): 51.

16 Registro Municipal, 229-234 (1942): 419-451.

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en el Paseo Bolívar17. Tales propuestas suscitaron candentes debates en la Alcaldía, el Concejo Municipal y los medios de comunicación: por un lado estaban los intereses de los grandes propietarios que, temerosos a que la adquisición de predios para vivienda obrera trajera consigo la aplicación de medidas como la utilidad pública y la expropiación, abogaban por higienizar y sanear los asentamientos existentes que estuvieran debidamente titulados; por otro lado, estaban los intereses de quienes señalaban que construir nuevos barrios era mucho menos costoso que acometer la higienización y el saneamiento de unos asentamientos que carecían de

cualquier beneficio urbano. Al final, la respuesta del Concejo Municipal fue ciertamente tímida: frente a la propuesta de la Junta de Mejoras sólo dispuso la adquisición de algunos lotes para la construcción de viviendas obreras al occidente del cementerio.

Mientras el Estado dilataba las soluciones a las barriadas obreras, los particulares apuntaban a la construcción de barrios “residenciales” en la cuenca del río Arzobispo. En medio del dinamismo de la economía entre los años 1925 y 1928, algunos empresarios emprendieron el cierre de fábricas sobre la cuenca trasladándolas a nuevos edificios modernos sobre la avenida Colón o calle 13. Al mismo tiempo, viejos propietarios de tierras, los propios empresarios fabriles y diferentes firmas constructoras emprendieron el loteo de predios para la construcción de urbanizaciones modernas. Así, en medio de la bonanza, surgieron los proyectos preliminares para las urbanizaciones Palermo, Santa Teresita, Paños de Colombia en La Magdalena y Teusaquillo, e incluso en aquellos años se construyeron algunas de las primeras mansiones modernas en esta parte de la ciudad. Si bien estos proyectos preliminares quedaron estancados con la desaceleración de la economía en 1928 y la crisis profunda entre 1929 y 1931, fueron reemprendidos desde el año 1932. El impulso a estas urbanizaciones corrió por cuenta de dos hechos: por una parte, de las medidas anticíclicas del Gobierno de Enrique Olaya Herrera que incluyeron el salvamento hipotecario y el estímulo al crédito para la construcción; y por otra, de los temores desatados en las burguesías bogotanas de que el Gobierno apelara a los ahorros de los cuentahabientes para solventar el conflicto con el Perú, lo que empujó a estas clases a emprender inversiones en finca raíz en áreas como el norte de la ciudad18.

En segundo lugar, las quejas continuadas sobre las afectaciones del Ferrocarril del Norte y la construcción del nuevo Ferrocarril Nordeste sobre la actual carrera 30, llevaron a que a comienzos de los años treinta el Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales prescindiera del

17 Enrique Tobar y Tobar, “Las necesidades del barrio obrero de San Diego”, El Tiempo, Bogotá, 17 de febrero, 1924, 11.

18 Sobre la crisis económica de los años treinta véase José Antonio Ocampo y Santiago Montenegro, La crisis mundial de los años treinta en Colombia (Bogotá: Mimeografiado, 1982). Sobre la relevancia del conflicto con el Perú en la reactivación económica véase Juan Camilo Restrepo e Ignacio Betancur, Economía y conflicto colombo-peruano (Bogotá: Villegas Editores, 2001). La incidencia de la guerra en la urbanización del norte de la ciudad está ilustrada en el informe que presentara José Vicente Acevedo, inspector del barrio Chapinero, a la Sociedad de Mejoras y Ornato. José Vicente Acevedo, “Algunas necesidades del barrio Chapinero”, Santa Fe y Bogotá 4 y 5 (1945): 129.

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tendido y de las instalaciones ferroviarias que se extendían desde la calle 17 hasta el norte de la ciudad. En 1932 el Concejo Municipal autorizó a la Alcaldía y a la Personería la adquisición del corredor férreo y la apertura de la carrera 14 desde la calle 26 hasta Chapinero. El acuerdo 53 del 19 de noviembre de 1932 del Concejo Municipal dispuso que la nueva vía fuera denominada avenida Caracas, y que ella sería inaugurada el 9 de diciembre de ese mismo año como homenaje a la batalla de Ayacucho. La apertura de la vía supuso el desmantelamiento de buena parte de los asentamientos obreros emplazados en esta parte de la ciudad, que fueron sustituidos por los

primeros proyectos urbanizadores en el barrio Santa Teresita. El desmantelamiento prosiguió cuando la avenida Caracas fue reemprendida dentro de los diseños propuestos por Karl Brunner en 1934, dando lugar a los primeros proyectos urbanizadores en los barrios Teusaquillo y La Magdalena, y se mantuvo hasta la terminación de la avenida a finales de los años cuarenta.

En tercer lugar, los llamados de diferentes instancias a atender las recomendaciones de los congresos de mejoras llevaron a que la Asamblea de Cundinamarca, por medio de las ordenanzas 53 de 1919 y 92 de 1920, dispusiera el levantamiento del plano Bogotá Futuro19. El levantamiento del plano sólo fue emprendido en 1922 y aprobado finalmente por el acuerdo 74 del 7 de noviembre de 1925 del Concejo Municipal. El plano proyectó lo que debía ser el desarrollo urbanístico de la ciudad, incluida la cuenca del río Arzobispo, aunque tuvo poca aplicabilidad, en buena medida porque disposiciones posteriores, como el acuerdo 48 del 18 de agosto de 1927, autorizaron a la Alcaldía a hacer ajustes al plano cuando lo considerara pertinente. No obstante, la pretensión de incorporar el city planning apareció nuevamente a comienzos de los años treinta, en medio de la decisión del Gobierno de Olaya Herrera de fortalecer las obras públicas como una de las estrategias anticíclicas para sortear la profunda crisis económica. En diciembre de 1930 el propio Olaya Herrera solicitó a la Alcaldía de Bogotá una propuesta de intervención urbanística para la ciudad. El 7 de enero de 1931 la Secretaría de Obras Públicas Municipales, en cabeza de Guillermo Herrera Carrizosa, remitió a la presidencia el anteproyecto que la Sección del Plano había diseñado para la urbanización de la zona de San Diego y sus alrededores, que incluía la canalización de caños, quebradas y ríos, el tendido de alcantarillado, la pavimentación de las vías existentes, la realización de diferentes obras de ornato y la construcción de una gran avenida. A propósito de este proyecto Olaya Herrera recomendó al municipio la vinculación de la firma Harland Bartholomew & Associates, especialista en city planning. La firma de Bartholomew produjo una breve propuesta de lo que podía ser la incorporación de los lineamientos del city planning en Bogotá20.

19 Juan Carlos del Castillo, Bogotá. El tránsito, 75-82.

20 “Anteproyecto de urbanización de San Diego y sus alrededores elaborado por la Sección del Plano” y “Suggested Program for the Preparation of a Comprehensive City Plan for the city of Bogotá elaborado por Harland Bartholomew & Associates”, en agn, Fondo Academia Colombiana de Historia, t.MFN0004, caja 1, carpeta 4, ff.2-3.

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Aunque existen pocos datos sobre lo sucedido con la propuesta de Bartholomew, algunas medidas urbanísticas adoptadas en la ciudad en el curso de los años treinta ciertamente respondieron al espíritu del city planning: la creación de una dependencia responsable del tema urbanístico con un especialista reconocido (lo que se tradujo en la creación en 1932 del Departamento de Urbanismo y la vinculación desde 1934 de Karl Brunner); la construcción de ciudades-jardín (lo que se tradujo en la proyección desde 1930 de unos barrios-jardín que tanto en sus diseños urbanísticos como en sus realizaciones arquitectónicas eran semejantes a aquellos que promovieran firmas como la

de Bartholomew en Estados Unidos); la realización de obras públicas como grandes parques urbanos (lo que se tradujo en la construcción desde 1933 del gran parque nacional); y la introducción de impuestos al valor de la propiedad urbana (lo que se tradujo en la imposición desde 1936 del impuesto de valorización a obras urbanas, que existía en nuestra legislación desde 1921).

De cualquier manera, desde comienzos de los años treinta la ciudad emprendió una serie de grandes intervenciones urbanas sobre la cuenca del río Arzobispo, que al tiempo que involucraron un rediseño de esta parte de la ciudad, supusieron también la eliminación, el repliegue o el desplazamiento de las barriadas obreras: por un lado, la mencionada construcción de la avenida Caracas, y por otro el redesarrollo de San Diego, que se inició en 1932 con la demolición de los asentamientos alrededor de Bavaria para ampliar la Plazuela de Los Libertadores, continuó en 1934 con el saneamiento de los alrededores del Circo de Toros y se reanudó en 1942 con el ensanchamiento y el embellecimiento de la carrera 7.ª, desde la calle 30 hasta el Parque Nacional. Finalmente, dentro de las grandes intervenciones sobre la cuenca del río estuvo la construcción del Parque Nacional, obra que precisamente implicó la eliminación de la barriada de El Carmelo.

5. La construcción del Parque Nacional

Los orígenes del Parque Nacional se remontan a la Ley 50 del 17 de abril de 1931, que entre otras medidas amplió la declaratoria de bienes de utilidad pública extendiéndola a obras como la construcción de parques urbanos. Con base en esta disposición el Gobierno de Olaya Herrera, por medio del Ministerio de Obras Públicas, en cabeza de Alfonso Araujo, emprendió desde febrero de 1932 los trámites para la construcción de un gran parque nacional. Una de las áreas contempladas desde un comienzo para el parque fueron los predios en inmediaciones del río Arzobispo.

El anuncio del proyecto desató el interés de diferentes agencias públicas y privadas: la burocracia a nivel municipal, departamental y nacional; los propietarios de grandes estancias; las compañías urbanizadoras existentes; las instituciones bancarias, financieras y aseguradoras; las asociaciones civiles de distinta índole, desde instancias asesoras como la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá hasta instancias filantrópicas vinculadas con actividades como la promoción del deporte. Obviamente, la obra suscitó preocupaciones de los residentes en las barriadas

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cercanas al río, que vieron en la iniciativa una amenaza para su permanencia en esta parte de la ciudad. Desde mediados de 1932 los vecinos de las barriadas sobre los cerros orientales mostraron su preocupación con la iniciativa del Gobierno, pues se vieron expuestos a una eventual expropiación frente a la cual sólo podían alegar con meras promesas de compra venta. En julio de 1932 los vecinos de La Perseverancia, incluidos en ellos los del barrio El Carmelo y algunos del barrio Sucre, remitieron memorial al presidente Olaya Herrera: “Mediante contratos de promesa de compraventa hemos adquirido lotes cada uno en extensión no menor de trescientas varas cuadradas, en la Urbanización denominada

Barrio nuevo de ‘La Perseverancia’, ubicada en esta ciudad entre las calles 31 y 45 de la carrera primera hacia el Oriente. // La mayor parte de los suscritos en virtud de la entrega que nos ha hecho el vendedor señor Daniel J. Vega, hemos edificado nuestras habitacio-

nes, en acatamiento a las prescripciones Municipales sobre Higiene y ornato de la Ciudad, muchos también hemos montado nuestras pequeñas industrias de Panadería, Jabonería y otras no menos importantes, en las cuales hemos invertido todo nuestro trabajo personal y las economías que representan días de angustias, muchos también de ayunos. //

Tenemos conocimiento de que se proyecta por el Gobierno Nacional adquirir una extensión de terreno dentro del cual están ubicados nuestros lotes, para un gran Parque que

dará brillo y embellecimiento a la Ciudad Capital. // Aplaudimos con todo fervor la ini-

ciativa del Gobierno por obra tan laudable y solamente queremos dejar constancia por medio del presente memorial, de la situación jurídica en que nos encontramos, a fin de

que al rematar la adquisición de la zona para el parque en proyecto, se tenga en cuenta los cuantiosos intereses que hemos vinculado a nuestros respectivos lotes”21.

Entre febrero y septiembre de 1932 el Ministerio de Obras Públicas realizó un inventario de los predios con mayores potenciales para la construcción del gran parque nacional. Aunque en este lapso recibió ofertas de distintos propietarios, desde un comienzo se inclinó hacia los predios de las fincas Las Mercedes, Tejar de Alcalá y río Arzobispo (actualmente el globo de terreno comprendido entre las calles 36 y 39 y las carreras 5.ª y 7.ª ). En mayo el Ministerio solicitó concepto sobre estos predios a la oficina de ingenieros de Gabriel Durana, que presentó concepto favorable con relación a los predios de Las Mercedes y Tejar de Alcalá, pero no de los predios del río, considerando que ellos demandarían un alto costo en saneamiento por los ranchos allí establecidos. El ministro Araujo desestimó el concepto de la oficina de ingenieros, señalando que la

21 “Carta de los vecinos de La Perseverancia al Doctor Enrique Olaya Herrera, Presidente de la República”, en agn, Ministerios, Obras Públicas, t.000293, f.8.

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adquisición de los predios del este río permitiría no sólo acabar con esos ranchos, sino también disponer de los materiales del río para la construcción del parque22.

Tabla 1. Inventarios de predios para la construcción de un gran parque nacional Terrenos

Propietarios

Pardo Rubio (De cra. 7.ª a cerros orientales entre calles 46 y 53)

Eduardo y Alejandro Pardo Rubio

Calderón Tejada (De cra. 7.ª a cerros orientales entre calles 53 y 63)

Extensión

(en fanegadas)

Valor

Factibilidad

54

300.000

No

Julio Calderón

300

800.000

No

Parque Gaitán (De cra 15. a 24 entre calles 73 y 76)

Amadeo Abello

38

100.000

No

La Magdalena (De cra. 7.ª a 13 entre calles 37 y 39)

Antonio Espinosa Ponce

Sin medida

Sin avalúo

Sí

Los Vegas (parte de El Buitrón) (Cerros orientales sobre la carrera 5.ª )

Mercedes y Luis Vega

30

Sin avalúo

No

La Peña (Abajo de la iglesia de La Peña)

Antonio Estévez

50

Sin avalúo

No

Bosque Izquierdo (De cra. 5.ª a cerros orientales entre calles 26 y 30)

Bernardo Izquierdo

6

150.000

Sí

La Merced (De cra. 16 a 26 entre calles 45 y 53)

Arturo Brigard

40

320.000

No

El Buitrón (De cra. 5.ª a cerros orientales entre calles 33 y 40)

Daniel Vega O.

26

Sin avalúo

Sí

Las Mercedes (De cra. 7.ª a cra. 5.ª entre calles 36 y 39)

Sociedad Urbanizadora Las Mercedes y María Maldonado de Posada

Tejar de Alcalá (De cra. 5.ª a cerros orientales entre calles 34 y 39)

40

600.000

Sí

Arturo Posada

Río del Arzobispo (De cra. 7.ª a cerros orientales entre calles 39 y 40)

María del Carmen Montaña de Rueda y Magdalena Montaña de Izquierdo

22

120.000

Sí

Fuente: agn, Ministerios, Obras Públicas, t.000311, f.162r-v.

22 “Concepto de la Oficina de Ingenieros de Gabriel Durana sobre los predios para la construcción de un parque nacional” y “Carta del Doctor Alfonso Araujo, Ministro de Obras, a la Oficina de Durana sobre el concepto de los predios para la construcción de un parque nacional”, agn, Ministerios, Obras Públicas, t.000311, ff.196-202.

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En agosto de 1932 se conformó una junta que debía decidir los predios para la construcción del gran parque. La junta quedó conformada por Alfonso Araujo como Ministro de Obras, Liborio Cuellar como gobernador de Cundinamarca, Luis Patiño como alcalde de Bogotá, Enrique Enciso como director del Departamento Nacional de Higiene y Asistencia Pública, y Guillermo Herrera Carrizosa, Jorge Soto del Corral y José Restrepo Rivera. Para el 12 de septiembre la junta se reunió para deliberar sobre el inventario de predios y seleccionar los más convenientes para la obra (ver tabla 1).

En la reunión de ese día la palabra la tuvo en principio el gobernador de Cundinamarca, quien consideró que el sitio más apropiado para el parque era el conformado por los predios de Las Mercedes, el Tejar de Alcalá, la Nueva Urbanización y el río Arzobispo, inclusive contemplando “la adquisición de la parte plana del lote de La Magdalena para campos de deporte”.

Posteriormente tomó la palabra el alcalde de Bogotá, quien consideró que el nuevo parque debía atravesar la ciudad, “para lo cual se podía tomar una faja de unos doscientos metros desde la carrera 17 hasta la carrera 13 del lote de La Magdalena, y procurar unirla por otra faja entre la carrera 13 y la 7 a los lotes de Las Mercedes, El Arzobispo, Tejar de Alcalá y Nueva Urbanización y luego prolongarlo con el lote de los señores Vega O. hasta el Paseo de Bolívar por una parte y hasta la cima de la cuchilla por otro”. Hasta este momento los miembros de la junta estaban de acuerdo, sobre todo en la propuesta del gobernador de disponer los predios de La Magdalena para construir campos de deporte. No obstante, “el doctor Herrera Carrizosa difirió de las opiniones anteriores en que le parece más con-

veniente adquirir antes que la parte plana de La Magdalena, cuyo precio es muy alto, las faldas altas en donde se formarían fácilmente aglomerados de viviendas paupérrimas con

gran perjuicio para la higienización y saneamiento de la ciudad; en cambio La Magdalena, en caso de no formar parte del parque, está destinada a convertirse en barrio residencial, barrio-jardín de por sí adorno de la ciudad” 23.

La decisión quedó en firme: el gran parque nacional se construiría sobre los predios de Las Mercedes (perteneciente a los Maldonado), Tejar de Alcalá (perteneciente a Arturo Posada) y el río Arzobispo (perteneciente a María del Carmen Montaña de Rueda y a Magdalena Montaña de Izquierdo, hijas de Francisco Montaña) (ver imagen 2), con la posibilidad de extenderlo hacia el suroriente sobre los predios del Colegio San Bartolomé, de El Buitrón y del cerro de Monserrate.

La suerte de la barriada de El Carmelo estaba echada.

23 “Acta del 12 de septiembre de 1932 de la junta para la construcción de un gran parque nacional”, en agn, Ministerios, Obras Públicas, t.000293, ff.1-6. Guillermo Herrera Carrizosa fue el secretario de obras públicas que presentó la propuesta de urbanización de San Diego al presidente Olaya Herrera y su firma de arquitectos tuvo un lugar protagónico en la construcción de mansiones modernas en los barrios La Merced, Teusaquillo y La Magdalena.

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Imagen 2: Plano con los predios seleccionados para un gran parque nacional

Fuente: “Terreno para parque en Bogotá”, en agn, Sección República, Fondos Documentales, doc. 89-530.

La iniciativa quedó suspendida temporalmente, primero por la parálisis de las inversiones públicas ordenada por la declaratoria de guerra contra el Perú, y luego por los trámites para la negociación y la titulación de predios, y para formalizar los acuerdos entre la Nación, el Departamento y el Municipio para la construcción del parque. Las obras de construcción empezaron formalmente el 28 de agosto de 1933, lo que de inmediato trajo los primeros conflictos: los predios de Las Mercedes y Tejar de Alcalá quedaron expuestos a hurtos continuados de los vecinos de las barriadas inmediatas, quienes se hicieron a los árboles de eucalipto, a las cercas y a otros bienes que estaban dentro de los predios.

El administrador del parque acusó de los hurtos a los vecinos de La Perseverancia, señalando incluso que una casa de este barrio estaba repleta de maderas del parque. Esta situación empujó al Ministerio a emplazar la fuerza policial, aunque no fue suficiente para contener el problema24.

Pero el conflicto más intenso surgió de la situación de El Carmelo, que para aquel entonces era una barriada con más de setenta casas. A comienzos de septiembre de 1933, al tiempo que se imponían las primeras medidas de policía para asegurar los predios, los vecinos de la

24 “Correspondencia sobre la inseguridad en el gran parque nacional”, en agn, Ministerios, Obras Públicas, t.000293, ff.4647, 85, 137-138, 145, 161-162,178, 187, 217.

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barriada radicaron memorial de protesta ante la Presidencia de la República, el Ministerio de Obras Públicas, la Procuraduría y el Concejo Municipal. El memorial señalaba, entre otros asuntos, los orígenes de la ocupación, los esfuerzos de los pobladores por mejorar los terrenos y las demandas concretas que tenían a los propietarios: “En el año de 1908 el señor Dr. Francisco Montaña nos llamó a la mayor parte de los actuales ocupantes de las tierras riberanas al río ‘El Arzobispo’ que forman hoy el barrio ‘Carmelo’, ofreciéndonos lotes para que los ocupáramos y construyéramos casas de habitación a cambio de que

cada uno de los ocupantes sembrara eucaliptus, comprometiéndose el Doctor Montaña a pagarnos el valor de los árboles que plantáramos y las edificaciones que construyéramos a un precio

que acordaríamos de mutuo acuerdo, pagando nosotros como obligación cada ocupante, traba-

jar los domingos en la sacada de piedra del río. Igualmente se comprometió el Dr. Montaña que al vender el terreno nos pagaría a los ocupantes el valor de las matas y mejoras que cada cual

hubiera puesto en su lote, exigiendo a cada cual que sembrara el mayor número de eucaliptus. // De acuerdo con este convenio celebrado entre el Dr. Montaña y cada uno de nosotros, sembramos el mayor número de árboles que se pudo hasta empradizar completamente el terreno

en un promedio de seiscientos a dos mil árboles cada uno. // Desde 1910 y cuando ya se habían sembrado todos los eucaliptus que cabían dentro del terreno, impuso un arrendamiento de cin-

cuenta centavos mensuales por cada lote, precio que subió en el año de 1915 a un peso mensual; y últimamente se nos han estado cobrando a razón de cincuenta centavos por cada puerta de

las habitaciones existentes en cada edificación de las construidas por nosotros mismos. // Como

ustedes ven, señores Concejales y señor Presidente, desde el año de 1908 hemos venido ocupando estos lotes y sembrando árboles de eucaliptus y construyendo nuestras casas de habitación bajo

el compromiso por parte del Dr. Montaña de reconocer o pagarnos el valor de las mejoras que

cada cual pusiera dentro de nuestros respectivos lotes, y el pago de las plantaciones de eucaliptos en el resto de las tierras que se reservara el Dr. Montaña. // Cuando empezamos los trabajos de

empradización de eucaliptus y de construcción de habitaciones, todo ese sitio era una maleza improductiva y sin ningún cultivo, que no tenía valor comercial, y que sólo vino a convertirse en

una fuente de riqueza y de renta para el Dr. Montaña cuando el brazo de nosotros empezó a des-

truir la maleza, a abrir trochas o caminos, construir y hacerla habitable. // A última hora hemos

tenido conocimiento de que los sucesores del Dr. Montaña tienen esos terrenos en negociación con el municipio de Bogotá y con la nación para formar un gran parque y que tales herederos han

enajenado los terrenos con sus árboles y construcciones sin que previamente se nos haya llamado para reconocernos y pagársenos el valor de nuestras casas y demás mejoras hechas en el terreno.

// Algunos de los ocupantes que se han presentado donde el Dr. Rueda Vargas, que representa la herencia, este les ha hecho saber que deben desocupar inmediatamente y que él les reconocerá cinco pesos a cada uno por sus mejoras, después de que hayan destruido las edificaciones

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y desocupado el puesto. // En vista de esta amenaza de ser despojados sin que previamente se

nos haya pagado por el dueño del terreno el valor total de nuestras mejoras y en la perspectiva de que estos terrenos pueda comprarlos el municipio, hemos resuelto recurrir ante el Honorable Concejo a fin de que tenga conocimiento de que más de cuatrocientas familias ocupan esas tierras

y que no desocuparán mientras no se les indemnice previamente el valor de las edificaciones y plantaciones hechas allí […] Bogotá, 5 de septiembre de 1933”25.

Estas reclamaciones de los obreros condujeron a que el 6 de septiembre el Ministerio de Obras Públicas delegara a la administración del parque el levantamiento de un censo para establecer los residentes, las construcciones realizadas y su estado. No obstante, al tiempo que disponía el censo, el Ministerio autorizó el 9 de septiembre a Manuel Antonio Rueda Vargas, como representante de las hermanas Montaña, a que procediera a “ordenar la demolición de las habitaciones construidas en la finca denominada ‘El Río del Arzobispo’ y autorizar a los propietarios de dichas construcciones para disponer de los materiales procedentes de la demolición. Esta autorización se refiere a los materiales de todas las habitaciones situadas entre los hornos de los tejares y la parte alta de la finca; también se incluye la construcción de propiedad de Rafael González, que emplea para habitación de sus obreros”26.

Frente a los reclamos persistentes de los vecinos, la Procuraduría conminó al Ministerio a que atendiera la situación. El 12 de septiembre de 1933 el Ministerio respondió a la Procuraduría que los predios del río Arzobispo habían sido adquiridos por el Gobierno sin reconocimiento de mejoras pero que “según informes que tiene este despacho, los vendedores han estado celebrando y formalizando ya algunos arreglos con los ocupantes de ese terreno”. El Ministerio igualmente respondió el 18 de septiembre de 1933 a los vecinos, señalando que cualquier cobro de mejoras debía tramitarse con las vendedoras27.

El 22 de septiembre el administrador del parque presentó un informe de las obras del mismo, refiriendo que iban treinta y cinco casas censadas y que faltaban al menos treinta y cinco más, aunque aclaraba que “algunos habitantes de la región ya han principiado a tumbar sus ranchos, y que algunos ya se fueron”. Al final del informe el administrador advertía: “Aprovecho la oportunidad para avisarle que me llegó el rumor de que los habitantes de la región del Río del Arzobispo se han establecido en comité, nombrado un abogado, para que los defienda contra la Nación y haga que ella les dé indemnización por ‘las mejoras’; esto dice (sic) relación con el censo, con la

25 “Memorial de los vecinos de El Carmelo”, en agn, Ministerios, Obras Públicas, t 000293, f.8.

26 “Autorización al Doctor Manuel Antonio Rueda para la entrega del predio del Río Arzobispo”, agn, Fondo Ministerios, Obras Públicas, t.000293, f.81.

27 “Correspondencia a vecinos del río Arzobispo”, en agn, Ministerios, Obras Públicas, t.000310, ff.401, 403 y 407.

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actitud que hemos de tomar en cuanto a casas para vigilantes, las promesas por hacer, etc.”28. El censo de la parte alta de la barriada, que al parecer fue el único que se hizo, puso de manifiesto que el asentamiento aglutinaba viviendas estrechas, habitualmente con sólo una o dos habitaciones y casi todas ellas en pisos de tierra, paredes de adobe y techos en distintos materiales. Resulta importante señalar la alta presencia de mujeres como titulares de la ocupación (ver tabla 2). No obstante, habría que advertir que el censo fue levantado por el administrador del parque, quien estaba especialmente interesado en mostrar el carácter espurio de la ocupación.

Tabla 2: Lista de viviendas en terrenos del Dr. Manuel Antonio Rueda Vargas y sus avalúos correspondientes [barrio El Carmelo]

Clase de edificación Nombre

Piezas

Paredes

Pisos

Concepto Techos

Estado

Área (m)

Avalúo

1. Rosa Ramos

2

Adobe

Tierra

Barro - metal

Regular

20-80

35,60

2. Teresa Ramos

3

Adobe

Tierra

Barro y metal

Malo

35-87

40,40

3. Francisco Sánchez

1

Adobe

Tierra

Metal

Ruinoso

3-84

2,80

4. Dolores Rodríguez

1

Bahareque

Tierra

Metal

Ruinoso

10-20

3,70

5. Antonio Suárez

1

Bahareque

Tierra

Metal

Ruinoso

6-00

4,00

6. Silvia Ramírez

1

Adobe

Tierra

Metal

Malo

11-00

10,30

7. Eliserio Gómez

2

Bahareque

Tierra

Metal

Ruinoso

20-10

14,30

8. Joaquín Orjuela

2

Adobe

Tierra

Metal

Ruinoso

21-70

14,70

9. Juan Cortez

3

Adobe

Tierra

Metal - paja

Regular

24-75

24,50

10. Cesareo Franco

2

Adobe

Tierra

Barro

Regular

82-77

33,50

11. Gregorio Pulido

3

Adobe

Tierra

Paja

Malo

45-40

27,70

12. Ángel Pulido

2

Adobe

Tierra

Paja

Malo

40-40

24,40

13. Ana María Daza

1

Adobe

Tierra

Barro

Regular

10-50

24,40

14. Jesús Cuervo

2

Adobe

Tierra

Paja - metal

Malo

15-90

14,80

15. Abigaíl Rodríguez

1

Adobe

Tierra

Paja - metal

Malo

11-20

11,60

16. Manuel Rodríguez

2

Adobe

Tierra

Paja

Malo

25-00

18,50

28 “Informe del administrador del parque al Ministerio de Obras Públicas”, en agn, Ministerios, Obras Públicas, t.000293, ff.88-90.

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Clase de edificación Nombre 17. Concha Patarroyo

Piezas

Paredes

Pisos

Concepto Techos

Estado

Área (m)

Avalúo

4

Adobe

Tierra

Barro

Regular

39-00

61,80

19. Bárbara Bautista

2

Adobe

Tierra

Metal

Ruinoso

17-60

8,65

20. Manuel Fernández

2

Adobe ladrillo

Solada

Barro

Regular

22-40

36,60

21. Manuel Bernal

1

Bahareque

Tierra

Metal

Ruinoso

12-00

4,55

22. Salomé Sarmiento

2

Bahareque

Tierra

Barro

Regular

12-60

19,95

23. Fernando Monroy

3

Adobe

Solada

Paja

Regular

25-80

27,20

24. José Bolívar

3

Adobe

Tierra

Paja

Malo

24-00

18,20

25. Claudio Pérez

3

Adobe

Tierra

Barro

Malo

31-00

26,30

26. Juan Pulido

3

Adobe

Tierra

Barro

Malo

24-90

19,30

27. Mercedes Pinilla

2

Adobe

Tierra

Paja - metal

Malo

17-10

12,90

28. Carlos Cruz

2

Adobe

Tierra

Barro - metal

Malo

22-70

24,75

3

Adobe

½ Solada

Barro y metal

Regular

19-80

33,25

31. Bernabé Díaz

1

Adobe

Tierra

Metal

Ruinoso

11-80

8,60

32. Jesús Pedraza

2

Adobe

Tierra

Barro - metal

Malo

13-70

12,40

33. Bernabé Díaz

2

Adobe

Tierra

Paja

Malo

20-50

18,00

34. Anunciación Aguilar

2

Adobe

Tierra

Paja - metal

Ruinoso

20-40

12,80

35. Rosalbina de Castillo

5

Adobe

Tierra

Paja - metal

Malo

33-50

34,10

36. Rosalbina de Castillo

1

Ladrillo

Tierra

Paja - metal

Bueno

16-50

49,70

37. Teófilo Ospina

1

Adobe

Tierra

Barro

Malo

9-90

12,30

38. Anunciación Fajardo

1

Adobe

Tierra

Paja

Regular

10-40

12,20

39. Lorenzo Fajardo

1

Adobe

Tierra

Barro

Malo

17-20

18,30

40. Sildana Baraona

1

Adobe

Tierra

Paja - metal

Malo

10-20

7,10

41. Sildana Baraona

1

Bahareque

Tierra

Metal

Ruinoso

10-40

4,40

42. Daniel Jaramillo

2

Adobe

Tierra

Barro

Bueno

12-70

35,00

43. Concepción Patiño

1

Adobe

Tierra

Metal

Malo

10-00

7,50

18. Juana Patarroyo

29. Trinidad Cuervo 30. Raimundo Cuervo

TOTAL AVALÚO

833,25

Fuente: agn, Ministerios, Obras Públicas, t.000293, f.125.

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Pese a la orden de demolición y a la partida de algunos vecinos que negociaron su salida con Rueda Vargas, la barriada decidió organizarse para conseguir el pago real de las mejoras (más allá de los cinco pesos que ofrecían los propietarios). El 23 de septiembre los vecinos enviaron otro memorial al Ministerio: “Nos permitimos hacer saber al señor ministro que los habitantes del barrio, dueños de mejoras, no trasladarán sus domicilios a otro lugar, mientras no se les indemnice plenamente el

valor de sus mejoras, ya que han adquirido un derecho reconocido en la ley sustantiva y procedimental (arts. 739 C.C. y 1.109 del C.J.), derecho que sus dueños están dispuestos a hacer

respetar contra toda persona o entidad [ …] // No deja de ser una ironía señor ministro, que se pretenda hacer un gran parque nacional como lugar recreativo de la sociedad sobre los escombros de nuestras viviendas y a costa de nuestra ruina personal, como que tales mejoras

son muestro único patrimonio y ellas representan el esfuerzo tenaz y persistente de nuestro brazo durante muchos años, y a costa de muchos sacrificios y privaciones y creemos señor ministro que estas consideraciones de orden moral y legal de nuestra parte, pesan mucho más en la balanza social que cualquiera otra consideración” 29.

Ante los nuevos términos de la protesta de los vecinos de El Carmelo el Ministerio respondió con el oficio del 28 de septiembre de 1933, reiterando que el Gobierno había adquirido los predios sin mejoras y señalando que estaba fuera de su potestad obligar a las vendedoras a pagar por aquellas que los vecinos habían hecho. De esta manera, el Ministerio básicamente excusó cualquier actuación de su parte, dejando todo como una cuestión que debían resolver entre particulares. En medio de este proceso, como lo refirió el administrador, los vecinos de El Carmelo fueron claudicando, recogiendo parte de sus construcciones y saliendo de los predios. Esto permitió que el 27 de octubre de 1933 el Ministerio de Obras Públicas remitiera oficio a la Dirección y a la Subdirección de Edificios Nacionales para que recibieran de los propietarios los predios del parque30.

El desalojo definitivo lo realizó Rueda Vargas acompañado de la policía el 30 de octubre de 1933. El 6 de noviembre los vecinos desalojados remitieron oficio a la Procuraduría quejándose por los maltratos que habían soportado tanto de parte de Rueda Vargas como de la policía, y solicitando acciones de amparo por parte de esta dependencia. A su vez la Procuraduría remitió el 10 de noviembre este oficio al Ministerio para que éste se pronunciara. El 11 de noviembre el Ministerio respondió a la Procuraduría señalando que la Nación había comprado los predios

29 “Memorial de los vecinos de El Carmelo al Ministro de Obras Públicas”, en agn, Ministerios, Obras Públicas, t.000310, f.408.

30 “Oficio del Ministro de Obras a la Dirección de Edificios Nacionales para el recibo a conformidad de los predios para el parque nacional”, en agn, Ministerios, Obras Públicas, t.000310, ff.417 y 420.

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debidamente liberados, que el memorial de los vecinos incurría en generalizaciones sobre amenazas y uso de la fuerza, que estos hechos no tenían ninguna forma de ser comprobados y que, de cualquier manera, lo demolido fue con la aprobación previa de los moradores. La queja ante la Procuraduría por los hechos del desalojo fue la última acción de los vecinos. Para diciembre de 1933 El Carmelo desapareció definitivamente31. El gran Parque Nacional, diseñado por el arquitecto Pablo de la Cruz, fue inaugurado el 6 de agosto de 1934, un día antes de que el presidente Olaya Herrera entregara el poder a su sucesor, Alfonso López Pumarejo.

Conclusión

La historia de la barriada El Carmelo ilustra algunas de las peculiaridades que tuvo la urbanización de la cuenca del río Arzobispo. Desde finales del siglo xix, en medio del proceso de descomposición de viejas estancias rurales, una sucesión de herencias y transacciones condujo a la aparición del predio del río Arzobispo (sobre las dos márgenes del río al oriente de la carrera 7.ª).

A comienzos del siglo xx el desarrollo del nicho industrial de San Diego empujó a familias obreras a asentarse como arrendatarias o jornaleras en el predio del río Arzobispo, conformando una barriada relativamente estable. Hasta los años treinta la barriada se vio favorecida por el incremento de la explotación de minas y canteras, por el desarrollo tranviario y ferroviario alrededor del río y por la construcción de barrios entre San Diego y Chapinero. No obstante, la ubicación de estos asentamientos obreros en medio de un área urbana con los beneficios vigentes o potenciales derivados de lo que habría de ser un polo de desarrollo de la ciudad, llevó a que quedaran expuestas a dos situaciones: por un lado al interés privado de propietarios y constructores que proyectaron sobre esta parte de la ciudad nuevos barrios “residenciales” de alto costo; por otro, al interés público en emprender inversiones que dinamizaran la economía y que supusieran mejoras ostensibles a la higiene urbana. El interés privado y el público fueron fácilmente orquestados en un momento en el cual los límites entre la burocracia y el empresariado eran relativamente difusos: la decisión del Gobierno de construir un parque nacional y de los particulares de reactivar proyectos urbanizadores en Teusaquillo, La Magdalena y Santa Teresita, llevaron al desmantelamiento de las barriadas obreras. No obstante, esto no supuso el fin de todos los asentamientos obreros: desde los años cincuenta, tras el cierre de las canteras sobre los cerros orientales a la altura de San Diego y Chapinero, los residentes de esta parte emprendieron un proceso de defensa de su territorio que, incluso, se mantiene hasta el día de hoy.

31 “Memoriales sobre el desalojo de El Carmelo”, en agn, Ministerios, Obras Públicas, t.000310, ff.427-430.

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Adrián Serna Dimas y Diana Gómez Navas

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El Congreso de Estudiantes Latinoamericanos de Santiago. Antiimperialismo e indoamericanismo en el movimiento estudiantil chileno (1935-1940)❧

Fabio Moraga Valle

Profesor del Colegio de Estudios Latinoamericanos, Universidad Nacional Autónoma de México (cela-unam). Licenciado y Maestro en Historia de la Universidad de Chile (Santiago, Chile) y Doctor en Historia por El Colegio de México (México d.f., México).

Autor de: Cultura, política e historia. Ilustración y positivismo en Chile, 1842-1900 (México: El Colegio de México, en prensa) y de “Muchachos casi silvestres”. La Federación de Estudiantes y el movimiento estudiantil chileno, 1906-1936 (Santiago: Ediciones de la Universidad de Chile, 2007). fabiohis@colmex.mx

Artículo recibido: 19 de mayo de 2011 aprobado: 4 de octubrede 2011 modificado: 13 de marzo de 2012

doi: 10.7440/histcrit47.2012.10

❧ El presente artículo forma parte del proyecto de investigación Nº 11070063 financiado por el Fondo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (fondecyt) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (conicyt) de Chile.

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El Congreso de Estudiantes Latinoamericanos de Santiago. Antiimperialismo e indoamericanismo en el movimiento estudiantil chileno (1935-1940) Resumen En octubre de 1937 se celebró en Santiago de Chile un Congreso Latinoamericano de Estudiantes. En ese evento se confrontaron las propuestas comunistas del “internacionalismo proletario” y las del “indoamericanismo” de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (apra).

Nuestra hipótesis es que en Chile, más que en el sistema político formal, fue en el movimiento estudiantil donde se produjo el debate más intenso alrededor de estos proyectos. Para ello, se analiza el discurso político e ideológico que aparece en revistas estudiantiles y periódicos de carácter nacional en torno a este congreso.

Palabras clave: América Latina, movimiento estudiantil, juventud, socialismo, congresos estudiantiles, Chile.

Latin-American Student Conference of Santiago. Anti-imperialism and indoamericanism in the chilean student movement (1935-1940) Abstract The Latin-American Student Conference was held in Santiago de Chile in October of 1937. During this event, the communist proposals of the “proletarian internationalism” and the “indoamericanism” of the American Popular Revolutionary Alliance (apra) were confronted. Our hypothesis is that in Chile the most intense debates regarding these projects took place more through the student movement than through the formal political system. To do this we analyze the political and ideological discourse appearing in national student magazines and newspapers regarding this congress.

Key words: Latin-America, Student movement, youth, socialism, student conferences, Chile.

O Congresso de Estudantes Latino-americanos de Santiago. Anti-imperialismo e indo-americanismo no movimento estudantil chileno (1935-1940) Resumo Em outubro de 1937 se celebrou, em Santiago do Chile, um Congresso Latino-americano de Estudantes. Nesse evento se confrontaram as propostas comunistas do “internacionalismo proletário” e as do “indo-americanismo” da Aliança Popular Revolucionária Americana (apra).

Neste artigo, sustenta-se que, no Chile, o debate mais intenso ao redor desses projetos se produziu mais no movimento estudantil do que no sistema formal. Para isso, analisa-se o discurso político e ideológico que aparece em revistas estudantis e jornais de caráter nacional em volta desse congresso.

Palavras-chave: América Latina, movimento estudantil, juventude, socialismo, congressos estudantis, Chile.

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El Congreso de Estudiantes Latinoamericanos de Santiago. Antiimperialismo e indoamericanismo en el movimiento estudiantil chileno (1935-1940) Introducción: Internacionalismo versus latinoamericanismo en la década de 1930

El 20 de agosto de 1936 se realizó en la ciudad de Guadalajara (México) el Congreso Iberoamericano de Estudiantes Socialistas. En éste se debatieron dos tendencias de la izquierda continental: la indoamericanista, liderada por la Alianza Popular Revolucionaria Americana (apra), y la internacionalista liderada por la Tercera Internacional Comunista, la Comintern1. Pero además terminó con la organización de la Confederación de Estudiantes Antiimperialistas de América (ceada), que publicó la revista Grito, donde la polémica y el enfrentamiento ideológico entre indoamericanistas e internacionalistas se prolongó por un año, hasta que la organización se dividió2. El citado evento dio, adicionalmente, un espaldarazo a la realización, un año después, del Primer Congreso de Estudiantes Latinoamericanos, que trató de retomar ese debate ideológico.

Poco sabemos de la influencia que el apra y sus principales propuestas ideológicas, el “indoamericanismo” y el antiimperialismo, ejercieron en el movimiento estudiantil chileno en la década de 1930. Ni siquiera los trabajos recientes han analizado estas tendencias en la izquierda local: Pedro Milos se centra en las dificultades de los partidos de izquierda para constituir una alianza electoral de inspiración internacionalista, y el libro de Tomás Moulian no cae en cuenta de la importancia del antiimperialismo en el programa de la Unidad Popular3.

Incluso algunos análisis sobre el movimiento estudiantil, como el de José Pablo Lagos, obvian el tema pese a dedicarse a los problemas ideológicos de la Federación de Estudiantes de Chile (fech). Sólo el estudio de Bonilla menciona cierta influencia del apra y Haya de la Torre en el movimiento estudiantil santiaguino4.

1 Un clásico en la historiografía sobre el apra en Harry Kantor, The ideology and program of the Peruvian Aprista movement (Washington: Savile, 1966). Una reinterpretación reciente, especialmente de los orígenes del movimiento, en Pedro Planas, Los orígenes del apra. El joven Haya (Lima: Okura, 1986). Sobre las ligas antiimperialistas véase Daniel Kersffeld, “La Liga antiimperialista de las Américas: una construcción política entre el marxismo y el latinoamericanismo”, Políticas de la Memoria 6 y 7 (2006-2007): 143-148.

2 Confederación de Estudiantes Antiimperialistas de América (ceada), “A las organizaciones estudiantiles de América”, Grito, Guadalajara, diciembre, 1936, 16.

3 Pedro Milos, Frente Popular en Chile. Su configuración: 1935-1938 (Santiago: lom, 2008); Tomás Moulian, Fracturas: de Pedro Aguirre Cerda a Salvador Allende (1938-1973) (Santiago: lom, 2006).

4 José Pablo Lagos, “La fech durante los gobiernos radicales”, Andes 7 (1987): 111-150, y Frank Bonilla y Miron Glazer, Student politics in Chile (Nueva York: Basic Books, 1970), 82.

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En el presente artículo examinaremos los cauces por los cuales el indoamericanismo —como una corriente ideológica radical que reinterpretaba al latinoamericanismo— llegó a Chile en la década de 1930. Analizaremos cómo se relacionó con otras ideologías del medio local, en especial de izquierda, como el socialismo y el comunismo, a través del sector social más dinámico de la época: el movimiento estudiantil. Veremos cómo se reprodujo una disputa ideológica entre indoamericanistas e internacionalistas y entre el antiimperialismo latinoamericanista de inspiracion aprista, y el antiimperialismo internacionalista de inspiración comunista, a través de

un congreso estudiantil latinoamericano. Abordaremos la reproducción de este debate en un contexto latinoamericano de exilio, dictaduras y guerras civiles; y los problemas a nivel local que significó el enfrentaminento con otros proyectos en la oferta ideológica y política del momento: en particular el Frente Popular; todo, en un sistema de partidos tradicionalmente refractario a las novedades ideológicas continentales.

Nuestra hipótesis es que, en el ambiente chileno de cambio político e ideológico de la década de 1930, se abrieron posibilidades para la existencia de una izquierda latino o indoamericanista que se reprodujo con más facilidad en el movimiento estudiantil que en el sistema político formal.

Este espacio sirvió para que entre los estudiantes se produjera la confluencia y el enfrentamiento político e ideológico de dos proyectos de la izquierda local y, por extensión, en el continente: el de una izquierda indoamericanista, con redes y relaciones continentales, y el de otra internacionalista, con solidaridades y nexos con el movimiento comunista mundial.

Los dos primeros apartados tratarán cronológicamente el problema que nos ocupa y ubicarán el desarrollo del latinoamericanismo a nivel continental y chileno. El tercero analiza la evolución de los grupos políticos universitarios en el período y el desarrollo del congreso en cuestión. Las conclusiones intentarán adelantar la encrucijada en que se vieron envueltas ambas tendencias continentales.

1. Latinoamericanismo arielista e indoamericanismo en el movimiento estudiantil continental (1908-1939)

Los antecedentes del latinoamericanismo datan del siglo xix en los trabajos de Francisco Bilbao y José María Torres Caicedo, quienes fueron los primeros en denominar “latinas” a las naciones del sur del continente americano5. Ya entonces se popularizó la idea originaria del intelectual liberal francés Ernest Renán (1823-1892), que planteaba que la característica fundamental de la producción cultural e ideológica latinoamericana era su espiritualismo. Por el contrario, la América del Norte, los Estados Unidos, tendría como elemento central de su

5 Francisco Bilbao, Iniciativa de la América (París: s/e, 1857) y La América en Peligro (Buenos Aires: s/e, 1862); José María Torres Caicedo, “Las dos Américas”, El Correo de Ultramar, París, 15 de febrero, 1857; y Unión latinoamericana (París: s/e, 1865).

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producción el pragmatismo y la cultura material6. Hacia 1900 esta idea ya había recorrido un largo tramo y se reforzó con el avance de los Estados Unidos hacia el sur del continente y con procesos intelectuales que se expresaron en la elaboración de ensayos como los del uruguayo José Enrique Rodó, Ariel (1900) y Motivos de Proteo (1909). En general, después de la muerte de este intelectual en 1917, el arielismo “se hizo inseparable de las variantes y tornasoles del pensamiento latinoamericano, de la progresiva toma de conciencia de su unidad, de sus deberes y del entorno histórico-espacial en el que debe desenvolverse”7. El desarrollo del latinoamericanismo

continuó en los primeros años de la década de 1920 en obras como El destino de un continente (1923) del argentino Manuel Ugarte y Raza Cósmica (1925) del mexicano José Vasconcelos8.

Así las cosas, hacia 1925 habían estallado diversas tendencias del latinoamericanismo. El “vasconcelismo” mantuvo el “espiritualismo” inherente del arielismo pero tenía fuertes lazos con el hispanoamericanismo. Otras intentaban una reflexión que superara los idealismos, a partir de los primeros aportes de un “marxismo latinoamericano”. Pero el más consolidado políticamente fue el “indoamericanismo”, una reinterpretación más autóctona, que reconocía la especificidad de la sangre indígena en la mezcla racial continental. De todos modos, el concepto “América Latina” no fue aceptado fácilmente por los intelectuales nombrados que usaban otros como “Iberoamérica” o “Hispanoamérica” para referirse a la misma realidad social y política del continente9. Sin embargo, había una batalla ganada: el rechazo al panamericanismo por su sentido neocolonialista y el hecho de que, a partir de entonces, América Latina fue no sólo un subproducto del mundo occidental, sino que además se reconoció el aporte del indígena en la cultura y la sociedad10.

6 Justo Arteaga Alemparte, La Alianza Fantástica, yankees e ingleses (Santiago: Imprenta del Ferrocarril, 1866), 23.

7 Carlos Real de Azúa, prólogo a Ariel. Motivos de Proteo, por José Enrique Rodó (Caracas: Ayacucho, 1976), xxix. Un texto reciente que rediscute el aporte del arielismo y aclara las relaciones con el hispaonamericanismo y el aprismo en Arnoldo Mora Rodríguez, El arielismo: de Rodó a García Monge (San José: euned, 2007), 39-42.

8 Una reinterpretación como parte del “pensamiento latinoamericano” donde se distinguen arielismos de “izquierda” y “derecha”, en Eduardo Devés Valdés, El pensamiento latinoamericano en el siglo xx, tomo I, Entre la modernización y la identidad. Del Ariel de Rodó a la cepal (1900-1950) (Buenos Aires: Biblos, 2001), 97-107. Para la Unión Latinoamericana: Alexandra Pita, La Unión Latinoamericana y el Boletín Renovación, Redes intelectuales y revistas culturales en la década de 1920 (México: El Colegio de México, 2009).

9 Para el concepto marxismo latinoamericano véase: José Aricó, Mariátegui y los orígenes del marxismo latinoamericano (México: Pasado y Presente, 1978). El mantenimiento de las raíces “espiritualistas” del arielismo y el hispanoamericanismo en José Vasconcelos, La raza cósmica (Barcelona: Agencia Mundial de Librería, 1925). La anfibología y el uso de muchos conceptos similares en: José Carlos Mariátegui, ¿Existe un pensamiento hispanoamericano? (Lima: Mundial, 1925).

10 Aunque existen otros, podemos considerar “fundacionales” del indoamerianismo los textos de José Carlos Mariátegui, “El problema del indio”, en Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, Obras Completas, vol. 2 (Lima: Amauta, 1973) y de Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿A dónde va Indoamérica? (Santiago: Ercilla, 1935). Posteriormente el concepto fue sistematizado por Alejandro Lipschutz, Indoamericanismo y raza india (Santiago: Nascimento, 1937) e Indoamericanismo y Problema racial en las Américas (Santiago: Nascimento, 1944).

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Ambas propuestas fueron importantes en Argentina, México y Perú, pero en Chile la influencia de las corrientes latinoamericanistas fue marginal11. Desde principios de siglo y hasta 1930 los estudiantes y los intelectuales radicalizados (anarquistas, comunistas, socialistas, liberales) mostraron más simpatía con el “internacionalismo proletario”, es decir, la solidaridad con la Revolución Rusa y el pacifismo posterior a la Primera Guerra Mundial y movimientos como la “Internacional del Conocimiento” de André Bretón y Henrri Barbuse, expresados en el manifiesto El resplandor en el abismo, lo que quiere el grupo Claridad. La influyente revista Claridad, órgano oficial de la Federación

de Estudiantes, nació con ese propósito. Por ello, procesos como la Reforma Universitaria, la Revolución Mexicana y la unidad continental fueron secundarios frente a problemáticas como la solidaridad con la Rusia de los soviets o la paz mundial, que incitaron fuertes debates ideológicos12.

El apra, por su parte, no tiene una fecha de fundación clara. El mito, construido por su principal ideólogo y líder, Víctor Raúl Haya de la Torre, un ex dirigente estudiantil exiliado, afirma que se creó en 1924 en la Universidad Nacional de México, cuando le fue entregada una bandera con el símbolo del continente latinoamericano grabado13. Lo concreto es que nació en un proceso que va desde 1923, en que se crearon en Lima las Universidades Populares González Prada, hasta 1927, año de la publicación de un artículo titulado “What is the apra?” en Labour Monthly, periódico oficial del Partido Laborista Inglés. En el texto Haya explicaba los cinco puntos de su programa máximo y aseveraba tener secciones en varios países de América Latina y Europa. Pero el supuesto partido antiimperialista continental nunca llegó a constituirse, y entre 1926 y 1930 lo que existió fueron redes de apoyo organizadas en células efímeras en distintas ciudades del continente y algunas europeas14. A partir de ese último año se formó el Partido Aprista Peruano, pap, durante el corto período que va entre la caída del presidente Augusto Leguía (1919-1930) y la instauración de la dictadura militar de Luis Miguel Sánchez Cerro (1930-1933).

Al principio el movimiento antiimperialista mundial estuvo unido y en él confluyeron comunistas, nacionalistas e incluso socialdemócratas. Allí el naciente aprismo ensayó sus

11 Frank Bonilla y Miron Glazer, Student politics, 43. La ausencia o escasa recepción del latinoamericanismo en Chile, ha sido examinada introductoriamente en Fabio Moraga Valle, “¿El latinoamericanismo ausente de las vanguardias chilenas? La revista Claridad 1920-1923”, en Revistas en América Latina: proyectos literarios, políticos y culturales, coord.

Regina Crespo (México: cialc/Eon Ediciones, 2010), 89-118.

12 Sobre el movimiento Clarté, ver: Henry Barbusse, El resplandor en el abismo (Buenos Aires: Editorial Claridad, 1920) y el periódico Claridad, Santiago, 26 de octubre-13 de noviembre, 1926.

13 Un resumen de las diversas interpretaciones sobre el tema, en Fabio Moraga Valle, “¿Un partido indoamericanista en Chile? La Nueva Acción Pública y el Partido Aprista peruano. 1931-1933”, Histórica xxxiii: 2 (2010): 109-156.

14 Tanto en Cuba como en Argentina las células apristas fueron pasajeras y no parecen haber incidido mayormente en los panoramas políticos locales. Ricardo Melgar Bao, “Militancia aprista en el Caribe: la sección cubana”, Cuadernos Americanos (nueva época) 1: 37 (1993): 208-226; y Redes sociales del exilio en México y América Latina: 1934-1940 (Buenos Aires: Ediciones Libros en Red, 2003).

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primeras armas intelectuales y una política de alianzas internacionales. La Tercera Internacional Comunista formó en 1924 la Liga Antiimperialista de las Américas (ladla), con sede en México, que articuló esa lucha junto con otras organizaciones, como la Unión Latinoamericana, fundada en Buenos Aires en 1925 y la misma apra. Pero las diferencias políticas e ideológicas terminaron por separar los movimientos que tenían objetivos comunes y que en algún momento se plantearon la unidad y la coordinación política15.

En la historia de los congresos internacionales de estudiantes del siglo xx hay tres etapas. La pri-

mera se produjo en el Cono Sur y comenzó con los Congresos Internacionales de Montevideo (1908), Buenos Aires (1910) y Lima (1912), que delinearon estrategias estudiantiles continentales, entre ellas la plataforma reivindicativa y política de la Reforma Universitaria. Esta etapa terminó con el inicio de la Guerra Mundial en 1914, que suspendió indefinidamente el Congreso de Santiago, que se realizaría ese año; aisló a los movimientos estudiantiles conosureños; debilitó la formación del Bureau de Estudiantes, la primera organización de carácter latinoamericano inspirada en el arielismo; y, finalmente, dirigió el reformismo a la ciudad de Córdoba, donde estalló apenas finalizada la guerra16.

La segunda fue breve y se reduce al Primer Congreso Internacional realizado en México en 1921, una vez finalizada la Revolución. El objetivo del evento auspiciado por el secretario de educación, José Vasconcelos, era sumar apoyo internacional para la consolidación del proceso revolucionario17. Pese al ímpetu del entorno político e ideológico, la iniciativa no tuvo continuidad: los gobiernos autoritarios, populistas y profascistas en el continente impidieron la organización estudiantil y frenaron los ímpetus de cambio.

La última etapa comenzó en 1930 y se prolongó hasta 1939, y corresponde al congreso que nos preocupa. Marcada tanto por la Guerra Civil Española (1936-1939) como por el peligro inminente de una segunda guerra mundial, la convocatoria estudiantil estuvo inspirada en frenar el avance del fascismo en el mundo y en debatir los contenidos de una nueva propuesta ideológica: el antiimperialismo inspirado en el indoamericanismo.

15 Alexandra Pita, La Unión latinoamericana, 209-241; Daniel Kersffeld, “La Liga antiimperialista”, 143-148. La razón del alejamiento comunista, se debe a la aprobación durante el vi Congreso de la Tercera Internacional en 1928, de la línea política de “clase contra clase” (lucha frontal contra el capitalismo).

16 Hugo Biagini, “Redes estudiantiles en el Cono Sur, 1900-1925”, Universum 17 (2002): 279-296. Fabio Moraga Valle, “Muchachos casi silvestres”. La Federación de Estudiantes y el movimiento estudiantil chileno, 1906-1936 (Santiago: Ediciones de la Universidad de Chile, 2007), 223-243. Ignacio Gomeza Gómez, “Configuración e irrupción de un nuevo actor político-social: las juventudes universitarias latinoamericanas (1908-1930)” (Tesis de Licenciatura en Historia, Universidad Nacional de Montevideo, 2010), 45-52.

17 Gabriel del Mazo, comp., La reforma universitaria, vol. 3. Propagación Americana (Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1967-1968).

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2. Estudiantes chilenos y latinoamericanismo: una relación difícil (1906-1939)

Las organizaciones del movimiento estudiantil chileno son de larga data. En octubre de 1906, los centros de estudiantes de medicina, derecho e ingeniería convocaron a otros similares y fundaron la Federación de Estudiantes de Chile. Estas primeras organizaciones fueron promovidas por jóvenes que pertenecían a las fracciones más radicales del liberalismo, que campeaba en la universidad del Estado.

A partir de 1915, con la formación de la Asociación Nacional de Estudiantes Católicos (anec), los jóvenes conservadores entraron a disputar el campo de batalla desde la Universidad Católica. Además, durante la década, el anarquismo intelectual penetró en el movimiento estudiantil, y a partir de 1918, junto con la Juventud Radical, ganó la directiva de la Federación de Estudiantes a liberales y católicos.

Todo ello contribuyó a complejizar al cuadro ideológico y político de los estudiantes chilenos.

Entre 1918 y 1923, durante su “época mítica”, la Federación aglutinaba a la mayoría de los centros de estudiantes de educación universitaria, secundaria y técnica, y tenía varios medios de difusión y debate. El más importante fue el periódico Claridad (1920-1932), adscrito a las vanguardias literarias y artísticas, al anarquismo intelectual, al pacifismo y al debate de la Revolución Rusa. La participación política, el equilibrio gremial y la representatividad estaban garantizadas por la “acción política no militante”, máxima según la cual ningún dirigente podía subordinar la organización a partidos o principios políticos ajenos al mundo estudiantil. En su sede se reunieron sociedades obreras, se forjaron movimientos políticos y se aglutinaron intelectuales, políticos, obreros y estudiantes en una marea cultural nunca antes —y quizá después— vista18.

Pero esa época dorada pasó con las visicitudes políticas y las pugnas internas que azotaron a la dirección estudiantil entre 1923 y 1926. Durante el gobierno autoritario de Carlos Ibáñez del Campo (1927-1931), la Federación fue suplantada por un Club y los estudiantes, desorganizados, divididos y aislados, debieron esperar mejores días. Sólo la crisis económica mundial de 1929 y la acción de políticos tradicionales, gremios profesionales y estudiantes, derrocaron al militar y la organización renació y recuperó protagonismo.

La nueva camada juvenil refundó la Federación santiaguina, inauguró una organización independiente en la segunda institución estatal ―la Universidad de Concepción―, e hizo una reflexión crítica del papel que habían tenido los estudiantes del país. Ello llevó a que las estrategias de las organizaciones fueran modificadas: se derogó la prohibición de participar de la política. Ahora los jóvenes no sólo eran proclives a militar en los partidos: cuando no eran ellos los protagonistas, contribuían a formarlos, y la Federación, según quién ganara

18 Fabio Moraga Valle, “Muchachos casi silvestres”, 489-562.

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Fabio Moraga Valle

su directiva, tendió a girar en ese sentido sus políticas gremiales. Además, el movimiento estudiantil se abrió a influencias de las más variadas ideologías en boga: comunismo, socialdemocracia, conservadurismo, nacionalsocialismo, fascismo, internacionalismo proletario y latinoamericanismo. Todo esto en el momento que Europa marchaba a una nueva conflagración y arrastraba con ello al mundo.

Recientes investigaciones permiten comprobar que el movimiento reformista que estalló en Córdoba en 1918 tuvo una larga gestación desde el congreso celebrado en Montevideo en 1908 e impactó en forma diferenciada en los movimientos estudiantiles latinoamericanos19. De todos modos el “legado de Córdoba” fue una plataforma política vigente durante décadas, a la que, sin embargo, los estudiantes chilenos de izquierda le hicieron una profunda crítica en la década de 1930. El debate se realizó a través de las revistas Claridad (1931-1932), Mástil (1930-1931) y Universitarios del Sur (1935-1937)20.

Si bien durante los primeros años (1918-1923) los comunistas argentinos simpatizaron con el movimiento reformista, con el tiempo se alejaron y a fines de la década de 1920 pasaron a ser críticos. Los argumentos que esgrimieron fueron la “falta de proyección social” (hacia el proletariado) y el peligro de que los conflictos reformistas se plantearan sólo hacia el interior de la universidad y no hacia la sociedad. En general, el comunismo —basado en el ideólogo Aníbal Ponce— criticó las bases ideológicas del movimiento: las tesis generacionales de Julio V. González y el latinoamericanismo de Rodó y Vasconcelos21.

Aunque no se pueden comprobar nexos o comunicaciones políticas explícitas, una actitud similar hacia el reformismo tuvo la izquierda marxista (comunistas, trotskistas y socialistas) en el movimiento estudiantil chileno. Los números de junio y julio de 1930 de Mástil comentaron

19 Para la interpretación “clásica” de la Reforma universitaria cordobesa véase Juan Carlos Portantiero, Estudiantes y política en América Latina, la Reforma Universtaria, 1918-1936 (México: Siglo xxi, 1978). Una revisión crítica en Fabio Moraga Valle, “Muchachos casi silvestres”, 207-220 y “De ida y de regreso: una revisión de la influencia de la Reforma Universitaria de Córdoba en Chile”, Anuario de la Escuela de Historia 5 (2007): 335-356. Un ejemplo de cómo fue recibida por los movimientos estudiantiles locales en Mauricio Archila, “Entre la academia y la política: el movimiento estudiantil en Colombia, 1920-1974”, en Movimientos estudiantiles en la historia de América Latina, vol. i, coord. Renate Marsiske (México: unam/Plaza y Valdés, 1999), 158-174.

20 La revista Claridad, la expresión más refinada del “anarquismo estudiantil” de la década de 1920, tuvo su segunda época en manos de ex estudiantes que publicaron algunos números en 1931, para cerrarla definitivamente en enero de 1932. Mástil fue la publicación oficial del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile, que desde 1929 a 1933 evolucionó desde la literatura a la política en manos de los estudiantes trotkistas. Universitarios del Sur, editada entre 1935 y 1937, fue la publicación de los estudiantes de medicina de la Universidad de Concepción que adscribían al socialismo regional y al indoamericanismo. Fabio Moraga Valle, “Muchachos casi silvestres”, 292-306, 514-518; 536-539 y 591-592.

21 Marcelo Caruso, “La Amante esquiva: comunismo y reformismo universitario en Argentina (1918-1916). Una introducción”, en Movimientos estudiantiles en la Historia de América Latina, vol. ii, 123-161.

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la muerte de líder socialista peruano José Carlos Mariátegui. Al respecto Américo Russo escribió “Mariátegui y la Reforma Universitaria”, donde afirmaba que el movimiento cordobés había obedecido a los intereses de la pequeña burguesía, destinada a desaparecer fagocitada por el capital. Se apoyaba en las tesis mariateguianas pero guardaba cierta distancia de ellas, sosteniendo que su autor había visto en el movimiento reformista “una finalidad revolucionaria”22.

Por el contrario, sostenía que los estudiantes estaban en una disyuntiva: si se planteaba sólo la reforma, se iban a aliar con la clase dominante; no ocurriría así si se unían a obreros y campe-

sinos. Para esta revista, ligada al trotskismo, el movimiento reformista podía tener una salida revolucionaria a fuer de introducir cambios en su agenda política y reivindicativa23.

En 1931 Claridad representaba la opinión de una izquierda anarquista escéptica de las innovaciones ideológicas y de la forma en que se había refundado la Federación de Estudiantes24. Sin embargo, abordó la iniciativa de la Segunda Convención de la organización, entrevistando a los delegados a la Comisión de Reforma Universitaria, instancia creada para promover cambios en la estructura educacional, pero que no formaba parte de la política oficial de ninguna universidad chilena. En diciembre, entrevistaron a los estudiantes delegados a la citada Comisión: Daniel Schweitzer (radical socialista); y Daniel Barrios Varela y Manuel Contreras Moroso (ambos del Grupo Avance)25. Contreras fijó la posición de su grupo ­—que unía a socialistas, comunistas y trotskistas— y definió el “proceso político de la Reforma Universitaria en América Latina” diciendo: “La Universidad siendo reflejo de ese Estado [burgués] lo es así de la clase dominante. Por lo tanto, ningún movimiento limitado a la Universidad nos puede llevar a una verdadera transformación social”; así, la Reforma, no era sino un detalle del proceso revolucionario de toda la sociedad26. Enumeraba diez reivindicaciones: derecho de los estudiantes a “intervenir en la dirección de la Universidad”; asistencia y docencia libres; aumento del aporte estatal en detrimento del financiamiento a guerra y policía; autonomía educacional; gratuidad completa; acceso libre a la educación; y garantía estatal al empleo de profesionales jóvenes. Por su parte, Luis Lagarrigue, militante del positivismo de la “religión de la humanidad”, pesimista de los resultados de una reforma como se estaba planteando, resumió el contexto en que había surgido

22 Las tesis de Mariátegui en: José Carlos Mariátegui, “La reforma universitaria”, en Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, Obras Completas, vol. ii (Lima: Amauta, 1980), 122-133.

23 Americo Russo, “Mariátegui y la reforma universitaria”, Mástil 2 (1930): 7.

24 “Actualidades universitarias”, Claridad, Santiago, 22 de agosto, 1931, 6.

25 Daniel Schweitzer Speiky había sido presidente de la Federación de Estudiantes en 1921. Si bien pertenecía a la Asamblea de la Juventud Radical, el órgano juvenil del viejo Partido Radical, suscribía los principios del anarquismo intelectual y estudiantil que gobernó la organización entre 1918 y 1923; en 1931 se unió a la división del radicalismo que formó el Partido Radical-Socialista, de tendencia socialdemócrata y de corta y errática vida en el sistema político chileno. Fabio Moraga Valle, “Muchachos casi silvestres”, 657.

26 “¿Qué opina de la Reforma Universitaria?”, Claridad, Santiago, 17 de diciembre, 1931, 2.

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Fabio Moraga Valle

el movimiento: guerra mundial, avance del imperialismo, colonialismo y el papel que le tocaba a la juventud en la superación de estos problemas27.

Pese a este activo debate, la proyectada Segunda Convención se postergó indefinidamente.

Sólo en 1937 la idea se retomó a raíz del Congreso de Guadalajara y de la convocatoria al de Santiago, pero entonces el cuadro político estudiantil era muy distinto.

Hemos reseñado dos propuestas estudiantiles que se debatían en la primera parte de la década.

La marxista del Grupo Avance, que representaba a la izquierda, grupo desde el cual se fundaron

dos organizaciones gravitantes de ese sector: la Federación Juvenil Comunista (fjc) y la Federación Juvenil Socialista (fjs). La de la religión de la humanidad que partía de un latinoamericanismo y un antimperialismo genéricos, pero no tenía un programa político ni reivindicativo. Otras corrientes ideológicas ligadas al arielismo, presente en la Juventud Radical, ahora eran marginales y ya no representaban la novedad ideológica que constituyó la crítica al programa reformista tradicional.

Así, en la década de 1930 la propuesta más acabada del latinoamericanismo arielista, la reforma universitaria, fue mirada al menos con sospecha por la izquierda del movimiento estudiantil.

3. Militancia estudiantil. De los “grupos universitarios” a las juventudes políticas

A partir de julio de 1931 la nueva Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (fech) comenzó un rápido y accidentado proceso de rearticulación28. En la agitación antidictatorial, dos habían sido las nuevas fuerzas que se organizaron en las principales universidades del país: la izquierda marxista reunida en el Grupo Universitario Avance y el centro de tendencia socialcristiana que se organizó a partir de la anec, y que creó el Grupo Universitario Renovación. Todo esto en el momento en que se estaban echando las bases del nuevo sistema político29.

Durante los primeros años, la dirección de la organización estudiantil estuvo en manos de Avance, pero sus diferentes tendencias se dividieron cuando las disputas ideológicas cobraron más importancia que las políticas estudiantiles. En 1932 un número indeterminado se unió a los diversos grupos socialistas previos a la fundación de ese partido; a mediados de ese año, la disputa entre stalinistas y trotskistas terminó con la salida de éstos, quienes crearon el Grupo Universitario

27 La “religión de la humanidad” que pretendía fundar una iglesia universal, basada en una religión civil y científica, era la rama “ortodoxa” de los seguidores del positivismo de Augusto Comte en Chile. Con presencia en el Partido Radical, eran numéricamente pequeños en el movimiento estudiantil pero de gran influencia ideológica. Fabio Moraga Valle, “Muchachos casi silvestres”, 250-254; “¿Qué opina de la Reforma Universitaria?”, Claridad, Santiago, 30 de diciembre, 1931, 8.

28 Fabio Moraga Valle, “Muchachos casi silvestres”, 527-535.

29 Timothy Scully, Los partidos de centro y la evolución política chilena (Santiago: cieplan, 1992), 121.

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Vanguardia30. Los trotskistas, que se llevaron la mayoría de los dirigentes estudiantiles, mantuvieron el control de la estratégica Facultad de Leyes y ganaron la Federación con Roberto Alvarado (1932-1933), pero al año siguiente los socialistas triunfaron con Julio Barrenechea.

Las rivalidades y la falta de acuerdos electorales entre los izquierdistas influyeron para que perdieran la dirección en manos de los socialcristianos de Renovación, en 1934, con Ignacio Palma Vicuña. Un año antes, Vicuña y el grupo dirigente de Renovación habían entrado al Partido Conservador, y en 1934 formaron la Falange Conservadora, pero en 1938 se inde-

pendizaron y dieron vida a la Falange Nacional31. Así, a partir del segundo lustro, los “grupos universitarios” fueron desplazados o se deslegitimaron ante los estudiantes, y el espacio fue ocupado por las juventudes políticas. Ahora la legitimidad de la pertenencia a una juventud política era lo que le daba sentido a la acción reivindicativa estudiantil.

El nacimiento del Frente de Izquierda, formado por socialistas y trotskistas, llevó nuevamente al vanguardista Alvarado a la presidencia en 1935, pero ese año éstos se unieron al Partido Socialista cuando esta organización acordó su incorporación al Frente Popular con comunistas y radicales32. Sin embargo, el nuevo referente no se tradujo en alianzas electorales universitarias; para la fjs, la fusión con el trotskismo significó una sólida mayoría entre los estudiantes de la universidad santiaguina. A partir del año siguiente, logró presidir la organización con Jorge Téllez Gómez, durante el bienio 1936-1937.

Las rivalidades continuaron entre la fjs y la fjc. El período 1937-1938 fue ganado por el Grupo Universitario Antifascista (comunistas y radicales). En un impensado acuerdo con ¡Los nacistas!

Mario Rojas desplazó a los socialistas de la presidencia33. Esta paradojal alianza respondía a las políticas comunistas por hacerse a la presidencia de la Federación más importante del país34. Sólo en 1938 y por la presión de las políticas nacionales y la cercanía de las elecciones presidenciales, el

30 Ambas fraciones dieron su propia versión de la división del grupo. Partido Comunista de Chile, En defensa de la revolución (Santiago: Ediciones Luis Emilio Recabarren, 1933); Fracción comunista del Grupo Avance, ¿Quién dividió al Grupo Avance? (Santiago: Ediciones Lucha de Clases, 1932).

31 Jorge Grayson, El Partido Demócrata Cristiano Chileno (Buenos Aires: Editorial Francisco de Aguirre, 1968) y Jorge Cash Molina, Bosquejo de una Historia (Santiago: Copygraph, 1986); Fabio Moraga Valle, “Muchachos casi silvestres”, 588-630.

32 La fusión se realizó durante el Congreso del ps realizado en Concepción entre el 23 y el 26 de enero de 1936, en que además se acordó la incorporación al Frente Popular. Oscar Waiss, Chile vivo. Memorias de un socialista (Madrid: Centro de Estudios Salvador Allende, 1985), 58. El vii Congreso Mundial de la Internacional Comunista de agosto de 1935 dio paso a la política de frentes populares que privilegiaban las alianzas políticas amplias con partidos socialdemócratas y burgueses.

33 Las cifras de elecciones en: José Pablo Lagos, “La fech durante ”, 120. Ver también, “El grupo antifascista triunfó en la Federacion de Estudiantes”, La Opinión, Santiago, 19 de julio, 1937, 6.

34 El Movimiento Nacional Socialista Chileno (mns) fue fundado por Jorge González von Mareés en 1931. Cultivaba un nacionalsocialismo que reivindicaba la chilenidad, por ello escribían nacismo con “c”, para diferenciarse del nacionalsocialismo alemán. Mario Sznajder, “El nacionalsocialismo chileno de los años treinta”, Mapocho 32 (1992): 169-193.

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Frente Popular Universitario (fpu) se presentó unido y ganó la presidencia con el socialista Walter Blanco, quien gobernó a nombre de la coalición hasta 193935. Los mismos socialistas encabezaron la siguiente Federación con Jorge Millas hasta 1940, cuando el Frente llevó al comunista Jorge Lillo36.

Pero la Falange, comandada ahora por Fernando Aguirre, desconoció el resultado y organizó una federación paralela, con lo cual quebró la organización por segunda vez en su historia37.

Desde mediados de la década de 1930 las organizaciones estudiantiles chilenas albergaron a muchos jóvenes latinoamericanos que huían de las difíciles condiciones políticas de sus paí-

ses, o que simplemente llegaron atraídos por la calidad de la educación y la estabilidad política.

Fueron aceptados en las instituciones del Estado ―las universidades de Chile y de Concepción―, que recibieron los principales contingentes. La situación fue de tal envergadura que, en abril de 1936, una reunión de la Federación santiaguina discutió los planes para implementar un hogar para estudiantes extranjeros en la capital, “que, a la vez de protegerles de las gentes inescrupulosas, les facilite un ambiente social que les favorezca la libre manifestación de su personalidad mediante charlas o conferencias, veladas”. Además, tenía el objeto de crear “el espíritu de camaradería, de confraternidad” entre el estudiantado latinoamericano y chileno38.

Pero la solidaridad fue más allá. Las organizaciones estudiantiles de ambas instituciones, gobernadas por la izquierda comunista y socialista, acogieron a los jóvenes latinoamericanos no sólo como estudiantes, sino también como dirigentes y agitadores políticos, permitieron y alentaron su organización y les hicieron un espacio en las elecciones y luchas políticas intrauniversitarias.

4. De Guadalajara a Santiago y de la Convención al Congreso Latinoamericano

La Segunda Convención Nacional de Estudiantes ―aplazada desde 1931― se realizó en la capital entre el 14 y el 19 de septiembre de 1937, con la presencia de delegados de las federaciones de Santiago, Valparaíso y Concepción y de la Universidad Católica, de la Federación de

35 La cifras de las votaciones en: José Pablo Lagos, “La fech durante”, 120.

36 Jorge Millas (1917-1982), fue el presidente de la fech que tuvo la más brillante carrera intelectual. Estudió Derecho y luego siguió cursos de filosofía en la Universidad de Chile. Sus convicciones internacionalistas las volcó en Homenaje poético a España (1937) y El Trabajo y los Días (1939). Ingresó a la fjs donde se destacó como orador y fue elegido presidente de la fech para el período 1938-1939. Participó en el ii Congreso Mundial de Juventudes de Nueva York en agosto de 1938 con la ponencia “Teoría del Pacifismo”. Desvinculado de la política, mantuvo su vocación democrática pero se volcó a la investigación y la docencia. “Jorge Millas”, http://www.memoriachilena.cl/temas/dest.asp?id=inic iosfilosofiajorgemillas, (consultado el 3 de junio de 2010).

37 José Pablo Lagos, “La fech durante”, 121. La primera vez que se quebró la Federación fue en 1921 cuando los estudiantes alessandristas formaron una organización paralela oponiéndose a la “Federación anarquista”, Fabio Moraga Valle, “Muchachos casi silvestres”, 323-329.

38 “Hogar para los universitarios extranjeros en Santiago”, La Opinión, Santiago, 7 de abril, 1936, 7.

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Estudiantes Secundarios y Técnicos y de “estudiantes extranjeros residentes”39. Un mes antes, las distintas organizaciones eligieron sus delegados, excepto en la Universidad Católica, donde no existía federación40. En general, las votaciones reflejaron, “salvo pequeñas variaciones a favor de la Brigada Socialista Universitaria”, el peso de cada partido u organización política41.

La Convención fue copada por los socialistas que controlaban varios centros en la Universidad de Chile y eran hegemónicos en la fec. Según el periódico socialista Consigna, la primera sesión eligió presidente del evento, “por abrumadora mayoría”, al representante de Concepción, Carlos Bori;

y secretario general, al socialista, delegado de la Escuela de Comercio y Economía de Santiago, Juan Barzelatto. Además de discutir los problemas reivindicativos y políticos nacionales, se aprobaron votos indoamericanistas: uno, de Rafael Urzúa, delegado socialista por Medicina, “de saludo al pueblo mexicano, en su lucha por el establecimiento del socialismo”; otro (aprobado por unanimidad) de Julián Gonzalorena, de Concepción, en “homenaje a todos los caídos en movimientos estudiantiles de Indoamérica contra el fascismo, el imperialismo y las oligarquías”42.

Pero los socialistas universitarios no tenían una postura clara entre el internacionalismo indoamericano y el comunista; ambos jugaban un papel similar en su entramado ideológico.

Por ejemplo, cuando el delegado aprista Grieve felicitó a la fjs por su “organización, disciplina y clara posición doctrinaria”, la delegada socialista de Leyes, Lina Vodanovic, respondió la cortesía con un voto de saludo al pueblo peruano y boliviano en su lucha “contra las tiranías que los gobiernan”, en tanto que Hilda Bustos, socialista de Concepción, recordó la lucha armada de la juventud española contra el fascismo43.

Pero el copamiento socialista de la Convención no fue perdonado por comunistas y nacistas.

Una semana después de clausurado el evento, una reunión del directorio de la fech, en que los “antifascistas” eran mayoritarios, terminó en conflicto con la bsu. Los nacistas repudiaron la mayoría socialista convencional, a la bsu y a la fec. Éstos, por su parte, acusaron a Mario Rojas de solidarizarse con los nacistas y de presentar un voto de censura a la actuación en el evento del ex presidente de la Federación, René Frías Ojeda, y otro contra la bsu “por su actuación en las luchas estudiantiles”.

39 “Segunda Convención Nacional de Estudiantes”, Consigna, Santiago, 25 de septiembre, 1937, 4; Miércoles, “En esta semana deberán elegirse los convencionales para la Convencion Nacional de Estudiantes”, La Opinión, Santiago, 1 de septiembre, 1937, 6, y “Activamente preparan la convención los estudiantes universitarios”, La Opinión, Santiago, 2 de septiembre, 1937, 2.

40 De hecho, las relaciones entre las federaciones laicas y la católica era “ocasionales”. Frank Bonilla y Miron Glazer, Students politics, 113.

41 “Todos los países de América estarán representados en la gran Convención de Estudiantes”, La Opinión, Santiago, 8 de septiembre, 1937, 3.

42 “Todos los países de América”, 3 y, Orlando Millas, En tiempos del Frente Popular. Memorias (Santiago: cesoc, 1994), 128.

43 “Segunda Convención Nacional de Estudiantes”, Consigna, Santiago, 25 de septiembre, 1937, 5.

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Fabio Moraga Valle

Además, lo denunciaron por pedir que se dirigiriera una carta a la fec “manifestándole extrañeza por la amplia mayoría socialista de sus delegados a la reciente Convención” y por impulsar la renuncia del secretario general, Juan Barzellatto44. La organización estaba a punto de quebrarse. Éste era el difícil momento por el que atravesaban las fuerzas políticas en el movimiento estudiantil. A nivel nacional las relaciones no eran mejores, pese a la creciente alza electoral que la izquierda experimentaba desde las elecciones generales de 1932 y las parlamentarias de 1937. El Congreso que analizamos se desarrolló en momentos en que el Frente Popular se estaba organizando y las candidaturas a la presidencia de la República aún se estaban perfilando conflictivamente en su interior45.

Si la representación de otras fuerzas que no fueran socialistas o apristas fue esmirriada ― pese a la elección democrática de delegados en cada facultad universitaria―, parece haberse debido a la poca importancia que le dieron. Para los comunistas chilenos, tanto la Convención como el inminente Congreso Latinoamericano, parecen no haber sido relevantes. La política oficial del pc privilegiaba la estrategia de los “frentes populares”, de carácter internacionalista y antifascista, y no precisamente el indoamericanismo. Ello se expresaba a nivel juvenil en la Alianza Libertadora de la Juventud (alj), en la que convergieron con radicales, democráticos y otras fuerzas46. Si alguna simpatía mostraban con el antiimperialismo, ésta habría seguido la línea de la Comintern y no del antimperialismo aprista. En el mismo momento de la realización de la Convención se inauguró el Congreso Nacional de la alj al que asistieron, como invitados, tanto personalidades de la esfera aprista como de la del Frente Popular, escritores, profesores y prominentes falangistas en pugna con el Gobierno. El secretario general de la fjs, Raúl Ampuero, presidió una delegación socialista invitada, pero el joven hizo una crítica a la representatividad de la organización que fue, naturalmente, rechazada47. Otras fuerzas, como los nacistas, no parecen haberse preocupado en los eventos estudiantiles; y la Falange Conservadora, enfrascada en la disputa interna con su partido, no estaba particularmente interesada en extender sus alianzas hacia otras fuerzas políticas continentales48.

44 “Deslealtad comunista en la fech”, Consigna, Santiago, 2 de octubre, 1937, 4.

45 Oscar Waiss, Chile vivo, 39; Walter Blanco Mery, et al., En tiempos del Frente Popular. Memorias, primer volúmen (Santiago: cesoc, 1994), 89; Julio César Jobet, El Partido Socialista de Chile (Santiago: Prensa Latinoamericana, 1971, 37; Ricardo Cruz Coke, Historia electoral de Chile, 1925-1973 (Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 1984).

46 Luis Corvalán, uno de los prominentes líderes comunistas, entonces un joven dirigente de la fjc, dejó plasmada en sus memorias la gran importancia que tenía para ellos el Congreso de la alj y omitió referencia alguna tanto a la Convención como al Primer Congreso Latinoamericano. Luis Corvalán, De lo vivido y lo peleado. Memorias (Santiago: lom, 1997), 34.

47 “Hoy se inaugura el congreso nacional de la Alianza Libertadora de la Juventud”, La Opinión, Santiago, 18 de septiembre, 1937, 1; y “Congreso de la Alianza Libertadora de la Juventud inicio sus labores”, La Opinión, Santiago, 19 de septiembre, 1937), 1.

48 “Concentración de la Juventud Conservadora”, La Opinión, Santiago, 10 de octubre, 1937, 3.

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Así, los conflictos tanto en la Convención como en la directiva de la fech eran muestra de que la política nacional intervenía en la universitaria, y que las alianzas políticas en el movimiento estudiantil y las disputas internas derivaban de esta intromisión. Para los socialistas, la actuación del presidente de la fech se debía a su encono por la derrota frente al representante socialista de Concepción, Carlos Bori, quien fue electo presidente de la Convención. Con ello Rojas y las Juventudes Comunistas quebraban sus relaciones con la fec, la segunda federación en importancia a nivel nacional. La derrota implicaba además que no podría ser delegado al inminente Congreso Latinoamericano. Los socialistas, sin embargo, pese a tener la mayoría, le pasaron la cantidad suficiente de votos para incluirlo en la lista y que no faltara al torneo continental. Pero un mal presagio se cernía sobre el evento latinoamericanista.

5. Un Congreso de Estudiantes Latinoamericanos en el sur del mundo

Vimos que después del Congreso de Guadalajara, la fech formó parte de la Confederación de Estudiantes Antiimperialistas de América (ceada) con sede en México. Esta adscripción marcó un hito en la historia de la organización chilena que, desde el Bureau de Estudiantes de 1910-1920, no se articulaba con otras federaciones latinoamericanas. El presidente de la fech, Jorge Téllez Gómez, quien fue delegado al evento de México, y Roberto Alvarado Fuentes, entonces secretario general, escribieron a sus pares mexicanos diciendo que la iniciativa del Congreso en Chile “[…] ha sido acogida con todo entusiasmo por los estudiantes indoamericanos residentes en esta capital quienes son, en su mayoría, los más destacados valores de la juventud

de nuestro Continente y que, por su independencia y espíritu, forman la falange de exiliados que nos aporta al pensamiento de todos los estudiantes indoamericanos”49.

El congreso se realizó en Santiago los últimos días de septiembre de 1937. Convocado “no solo con el objeto de estrechar vínculos de toda índole, sino también para definir la posición del estudiantado ante los actuales problemas sociales, políticos y económicos que vive Indoamérica”50. Delegaciones de Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Puerto Rico y Venezuela se reunieron en la inauguración en el Teatro Principal. No hubo representación mexicana ni brasileña.

Este Congreso marcó un momento de auge de la relación de los líderes apristas exiliados, los jóvenes militantes de la Federación Aprista Juvenil (faj) y el movimiento estudiantil local, en el momento que las tensiones entre las juventudes del Frente Popular chileno estaban en un punto

49 “Congreso de la fech”, Grito, Guadalajara, julio, 1937, 3.

50 “Satisfechos de su congreso los jóvenes delegados estudiantiles”, Ercilla, Santiago, 8 de octubre, 1937, 9.

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máximo51. Era, pese a esto, un ambiente propicio para el ideario indoamericano: en la inauguración un mensaje de Haya de la Torre fue ovacionado por los asistentes. La misiva del líder aconsejaba a los jóvenes persistir en la lucha antimperialista y en sus reivinvicaciones gremiales. El peruano, el aprista costarricense Joaquín García Monje, el comunista brasileño Luis Carlos Prestes y el puertorriqueño Pedro Albizú Campos fueron propuestos para la presidencia de honor del evento52.

A la sesión inaugural asistieron como invitados de honor el poeta chileno Vicente Huidobro y el escritor peruano Luis Alberto Sánchez53. El periódico Consigna, de la Federación Juvenil Socialista, resumió así la inauguración:

“Después de hablar Vicente Huidobro y el Presidente de la fech, en brillante discurso, el

intelectual peruano Luis Alberto Sánchez, expresó como una característica que distingue al estudiante de nuestro continente, su inquietud por los problemas sociales. El presidente

de la delegación Chilena, camarada Walter Blanco, en magnífica improvisación saludó a

todos los universitarios del continente, y señaló el rol histórico que le corresponde al estudiante que proviene de los sectores explotados de nuestra población”54.

Sánchez puntualizó lo que para él debía ser un encuentro de esa naturaleza: “[…] que de este primer Congreso Latinoamericano habrá de salir el verdadero postulado que servirá de cartabón a los estudiantes indoamericanos para lograr junto con el pueblo el afianzamiento de las libertades democráticas y la cultura”55. Otros correligionarios de Haya tuvieron una participación menos rutilante pero igual de activa. Manuel Seoane, entonces director de la revista Ercilla, representó a la delegación brasileña de la Unión Democrática Estudiantil de Río de Janeiro, que no pudo asistir56.

51 “Satisfechos de su congreso”, 9.

52 Joaquín García Monje fundó y dirigió entre 1919 y 1958 Repertorio Americano, de Costa Rica. Junto con Claridad, de Buenos Aires, serían ―fuera del Perú― las revistas que más difundieron el ideario indoamericano y antiimperialista e importantes “cajas de resonancia” del aprismo en el continente. Mario Oliva, “En torno a la historia de Repertorio Americano”, en Revistas en América Latina, 63-87.

53 Huidobro tenía una amplia trayectoria como poeta vanguardista ligado al mundo juvenil. En 1925 ensayó una poética “candidatura de la juventud” a la Presidencia de la República, en medio de la crisis política del desprestigiado sistema oligárquico. María Paz Mira, “La vanguardia política en Vicente Huidobro: el paso de una postura estética hacia la militancia política”, Revista de historia y patrimonio 1: 1 (2008): 45.

54 “Unidad Estudiantil Antiimperialista”, Consigna, Santiago, 2 de octubre, 1937, 4. Sánchez, intelectual y literato aprista; desde 1934, y por varias décadas, vivió exiliado en Chile. Fue autor, director y traductor de la editorial Ercilla, cultivó amistad con una gran parte de la intelectualidad local que dejó plasmada en sus memorias. Luis Alberto Sánchez, Visto y vivido en Chile, Bitácora Chilena, 1930-1970 (Lima: Editoriales Unidas S. A. 1974).

55 “El Congreso de Estudiantes Latinoamericanos”, La Opinión, Santiago, 24 de septiembre, 1937, 1.

56 “Adhiere el Congreso de Estudiantes Latino-americano”, La Opinión, Santiago, 30 de septiembre, 1937, 1; Juan Manuel Rebeco. “La influencia del apra en el Partido Socialista de Chile”, en Vida y obra. Víctor Raúl Haya de la Torre, ii Congreso Latinoamericano de Ensayo (Lima: Ed. Instituto Víctor Raúl Haya de la Torre, 2006), 76-77.

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Un extenso artículo de Ercilla, a estas alturas la revista chilena que expresaba más claramente la política de propaganda y alianzas a nivel latinoamericano que ensayaba el apra, señaló lo que para ellos debía ser un Congreso estudiantil de estas características. Según la publicación, los principales puntos que se debatieron en el Congreso fueron: 1) la presencia del imperialismo como obstáculo para el desarrollo y democracia en Indoamérica; 2) la unidad de todo el pueblo tras la formación de un Frente Único de “clases medias, campesinado e incipiente proletariado, para la defensa común de los avances imperialistas, respaldados por las oligarquías criollas”; 3)

la concepción del estudiante y las universidades como “instrumentos puestos al servicio del progreso y de la liberación de los pueblos americanos”; y 4) el reconocimiento de Haya de la Torre como “maestro de la juventud y ciudadano de América”57.

Consigna fue más específica e incluyó en sus páginas el programa completo que comprendía el “problema social” en el que trataba a obreros, campesinos, indígenas y la “posición del estudiantado en la lucha social”. El evento tenía planificado tratar todos los niveles de la educación y los temas clásicos de la Reforma Universitaria. En cuanto a la “posición y organización estudiantil”, pretendía tratar las relaciones de los estudiantes de Indoamérica y el mundo y la “Paz, soberanía y libertad de los pueblos”58.

La primera sesión de trabajo se realizó en el Salón de Conferencias de la Casa América.

Después de los discursos inaugurales y los saludos de rigor, se crearon las comisiones de trabajo que fueron integradas por delegados de distintos países, cuyas nacionalidades no hemos podido identificar totalmente. “Problema imperialista” fue integrada por Arduz y N. Chávez (bolivianos), Egui, Andrade Garay, Fuentes Ugarte, Juarbe (puertorriqueño), Raúl Agudo Freitas (venezolano), Mejía, Alejandro Bermúdez (nicaragüense), Grieve (aprista, peruano) y Barcheli. En “Problema social” participaron Guevara, Santiago Muñoz Piedrahita (colombiano), Camacho, Silva, Javier Franco (panameño). En “Problema educacional” estuvieron Manuel Elías (boliviano), Chávez, Rosales, María Guevara, Coto Conde (costarricense), Blanco (líder de la bsu), Rojas (comunista, chileno), Roberto Alvarado Fuentes (guatemalteco), Abigail, Salgado, Nury, Barcheli y Liendo (aprista peruano). Finalmente “Posición y organización estudiantil” fue integrada por Hernán (boliviano), Muñoz, Rosales, Coto Conde, Amaya Garay, Salgado, Luis A. Bermúdez (colombiano), Alejandro Nery y Jorge Téllez (socialista, ex presidente de la fech)59.

Cuando finalizó la sesión los delegados manifestaron sus sentimientos latinoamericanistas. Cada uno leyó los resultados desde su propia perspectiva histórica y política. Julio Notta,

57 “Satisfecho de su congreso los jóvenes delegados estudiantiles”, Ercilla, Santiago, 8 de octubre, 1937, 9.

58 “Unidad Estudiantil Antiimperialista”, Consigna, Santiago, 2 de octubre, 1937, 4.

59 “Con éxito sigue actuando Congreso Estudiantil Latino-Americano”, La Opinión, Santiago, 1 de octubre, 1937, 1.

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representante argentino y militante comunista, señaló que el evento se había ganado “un puesto destacado en la historia del movimiento estudiantil reformista” y que había llegado a dos resoluciones fundamentales: haber logrado la “unificación de las ideas del problema social que constituye la realidad de los países latinoamericanos” y haber desechado los extremismos que se adelantaban a la realidad, para centrarse en la opresión imperialista como “obstáculo que se opone al desenvolvimiento democrático de nuestros pueblos”60. Además, fijó el “papel del estudiante en la lucha antiimperialista” con estas tareas: “Hacer de nuestros centros de estudios, instrumentos puestos al servicio del progreso y de la liberación de los pueblos americanos, es un aspecto importante de la lucha contra el imperialismo y las oligarquías criollas.

Se le restituye con ello al movimiento estudiantil, la raíz universitaria y cultural que es la única que puede darle vida constantemente renovada”61.

Los bolivianos, comandados por Manuel Elías, destacaron el objetivo de “coordinar un ideario y directivas comunes de acción para las nuevas generaciones indoamericanas”; adhirieron a la idea de un “Frente único de clases medias, campesinado e incipiente proletariado” para la lucha antiimperialista y antioligárquica. Respecto de los intereses propios, lograron un voto por la paz de América a propósito del conflicto del Chaco (entre Bolivia y Paraguay), la caducidad de las concesiones petrolíferas en Bolivia, y lo tocante a la “solución equitativa de la cuestión portuaria”62. Además, Elías destacó la Reforma Universitaria, tradicionalmente concebida como “la conquista de la Universidad por la nueva generación”, que redefinió su finalidad mediata como la “vasta y compleja acción de carácter social” en que se fundaba el movimiento.

Héctor Gómez de la Torre, estudiante aprista, sostuvo: “Podemos afirmar, por otra parte que las conclusiones del Congreso, no son meras declaraciones como las que se han estilado en anteriores congresos, sino que constituyen esta vez,

imperativos de acción que nos marcan un camino: La unión de todas las clases oprimidas por el imperialismo y sus cómplices; y una meta: el Estado antiimperialista”63.

60 Aparte de Notta, la delegación argentina estaba compuesta por Horacio Riente y Carlos Santos, todos, procedentes de Buenos Aires. “Con éxito sigue actuando”, 1.

61 “Satisfechos de su congreso”, 9.

62 “Congreso Estudiantil Latino-Americano”, La Opinión, Santiago, 30 de septiembre, 1937, 1. La Guerra del Chaco (19321935) enfrentó a Paraguay y Bolivia por la posesión de los llanos del Chaco, y fue impulsada por los intereses petroleros norteamericanos. La “cuestión portuaria” era una solicitud del Estado boliviano ante los Estados chileno y peruano, efectuada en 1910, para tener un puerto en el océano Pacífico, por Arica (antes territorio peruano). Sergio Carrasco, Historia de las relaciones chileno-bolivianas (Santiago: Editorial Universitaria, 1991), 197-373.

63 “Congreso Estudiantil Latino-Americano”, 1.

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El debate de estos temas equivalía a que los estudiantes latinoamericanos pusieran en práctica dos de los postulados centrales de la reflexión de Haya y del aprismo en general64. El peruano se congratuló de que las conclusiones del evento “hayan coincidido en muchos aspectos con las tesis fundamentales del Aprismo”; se mostró complacido por el “reconocimiento y adhesión expresa a la Federación Aprista Juvenil del Perú y Cuba” y por haberse declarado el 23 de mayo, ―fecha en que se “selló con la sangre del estudiante Alacén Vidalón y del obrero Ponce el Frente único de trabajadores manuales e intelectuales― como el día del estudiante antiimperialista”65.

Otros votos fueron aprobados, entre ellos uno resultó unánime: el de saludo a los gobiernos de Colombia y México, representados por sus presidentes Alfonso López y Lázaro Cárdenas, a la vez que los recomendaba “a los demás gobiernos de América Latina como ejemplos de democracia”66. Entretanto, los delegados de Nicaragua y Guatemala presentaron una moción condenando la actitud de Estados Unidos hacia el pueblo puertorriqueño, “que lucha titánicamente por su emancipación económica, social y política”, y se acordó la adhesión al doctor Pedro Albizú Campos “por su destacada acción en lucha por la liberación de Puerto Rico”67.

Walter Andrade, presidente de la delegación ecuatoriana, manifestó la “solidaridad del estudiante con la voluntad de lucha señalada en la acción de los grandes líderes del continente: Raúl Haya de la Torre, Lázaro Cárdenas, Carlos Prestes, Larrea Alba y Marmaduque Grove”. Mientras que el dirigente del movimiento nacionalista puertorriqueño, Juarbe y Juarbe, “en una emocionante alocución, pintó la tragedia que vive el pueblo y la juventud de Puerto Rico bajo el despotismo norteamericano”68.

64 La obra teórica central de Haya El antimperialismo y el apra, tuvo en la época tres masivas ediciones en Chile bajo el sello editorial de Ercilla (dos en 1935 y una en 1936), con un total de quince mil ejemplares.

65 “Congreso Estudiantil Latino-Americano”, 1. En 1923 el presidente peruano Augusto B. Leguía intentó consagrar al Perú al Sagrado Corazón de Jesús, sin embargo fue repudiado por muchos sectores, especialmente de obreros y de la izquierda de la época. Haya de la Torre convocó a una manifestación el 23 de mayo. La protesta terminó con cinco muertos: el estudiante Manuel Alarcón Vidalón, el obrero Salomón Ponce y tres policías. Vidalón y Ponce fueron elevados a la categoría de mártires del aprismo y Haya adquirió fama de líder no sólo estudiantil, sino también de los obreros organizados del Perú.

66 Hay muchas coincidencias entre los gobiernos de López y Cárdenas. La fundamental es que ambos impulsaron cambios vistos como “revolucionarios” en sus respectivos países como la reforma agraria (en México mediante la expropiacion de grandes terrenos incultos), y una cercanía política con los cambios efectuados por la Segunda República Española (1930-1939).

67 Albizú Campos era un líder independentista puertorriqueño educado en Vermont y Harvard, elegido presidente del Partido Nacionalista de Puerto Rico en 1930. En 1932 se presentó a las elecciones legislativas, pero sólo obtuvo unos cinco mil sufragios. Posteriormente, acordó no concurrir más a elecciones coloniales y no acatar el servicio militar obligatorio. Pasó a la lucha revolucionaria, fue condenado en 1936 por conspirar para derrocar el Gobierno de Estados Unidos. Liberado y de regreso a su tierra, retomó la lucha armada; en 1947 fue acusado de atentar contra el presidente de los Estados Unidos Harry S. Truman. Encarcelado nuevamente, se lo sometió a experimentos de radiación, por lo que recibió múltiples quemaduras y su salud mental se resintió. Falleció el 21 de abril de 1965.

68 “Congreso Estudiantil Latino-Americano”, 1.

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Walter Blanco, presidente de la delegación chilena y jefe de la bsu, manifestó:

“Nuestra América foco interminable de tiranías, de dictadores que son simples marionetas

de los imperialismos y fascismos, se debate también en un caos de reacción y barbarie. El destino histórico del continente está decidiéndose. Esta decisión necesita nuestra acción y es por esto que yo, en este instante solemne, determinante en el futuro de Indoamérica, invoco a ustedes hermanos de pueblo, la sinceridad, la esperanza, la fe en el mañana…

Nosotros tenemos, en fin, la responsabilidad histórica de nuestro continente… Solo las

juventudes populares unificadas en un enorme frente americano podrán detener la guerra fratricida. Defendámonos unidos, y que este sea el primer grito de redención, y por la paz la cultura y la justicia de Indoamérica”69.

El 29 de septiembre, las delegaciones de estudiantes latinoamericanos al Congreso asistieron en romería a visitar la tumba del poeta José Domingo Gómez Rojas, héroe de la Federación de 1920, quien murió transtornado y enfermo después de haber sido sometido a abusos policiales y judiciales70. En la sesión de clausura, realizada el 5 de octubre, se presentaron los informes de relativos a los “problemas social y educacional” y de “organización estudiantil”. También se aprobaron una serie de votos políticos: uno en apoyo a la libertad de Luis Carlos Prestes; otro que reconocía a los luchadores de los movimientos estudiantiles del continente; un tercero ―aprobado por aclamación― promovió una salida al mar para Bolivia. También condenaron los procedimientos dictatoriales del gobierno de Páez en Ecuador, y denunciaron, tanto a este gobernante como al peruano Benavidez, por empujar a sus pueblos a una “guerra fratricida”; además, distintas delegaciones visitaron a Pérez Treviño, embajador de México, y le llevaron saludos al gobierno de Cárdenas. Pero las resoluciones fueron más allá e intentaron establecer puentes con acciones que los acercaran al internacionalismo comunista: aprobaron el envío de los delegados Rojas por Chile y Seribens por el Perú, para que fueran a España y llevaran “el saludo fervoroso de la juventud americana y su adhesión al pueblo español”71.

El Primer Congreso de Estudiantes Latinoamericanos de Santiago fue clausurado con el discurso de Alberto Grieve, quien “en representación del Centro Peruano felicitó al Congreso por las actividades desarrolladas y especialmente a la comisión organizadora que trabajó

69 Walter Blanco, “Las tareas de la Juventud revolucionaria”, Barricada, Santiago, 1.ª quincena de octubre, 1937, 2.

70 Una biografía y la recopilación de su obra en: Fabio Moraga y Carlos Vega, José Domingo Gómez Rojas, vida y obra (Punta Arenas: Atelí, 1997); “Durante el día de ayer se siguió trabajando en comisiones en el Congreso Latinoamericano de Estudiantes”, La Opinión, Santiago, 30 de septiembre, 1937, 3.

71 “Ayer se clausuró el Congreso Estudiantil Latinoamericano”, La Opinión, Santiago, 6 de octubre, 1937, 3.

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largos meses en la preparación de ese torneo”72. Los medios que cubrieron el congreso destacaron que los delegados latinoamericanos “en su posición ideológica mantuvieron siempre sus puntos de vista; pero, que al emitirse los informes unificaron los pareceres concluyendo en un mismo objetivo”73. ¿Cuál fue la importancia de estos eventos en el debate ideológico de la época? Lo más patente fue el debate ideológico que se produjo en los medios de prensa socialistas, aparte del que llevaba a cabo la revista Ercilla, en la que escribían numerosos exiliados peruanos militantes del apra.

Para fines de la década, el tratamiento de temas continentales y en especial indoamericanos se incrementó en los debates teóricos y en artículos de las revistas y periódicos socialistas, sobre todo en los medios juveniles de propaganda. Por ejemplo, en septiembre de 1939 Humberto Tejera escribió en Rumbo un elogioso artículo sobre Haya al que tituló “Constructores de América”; un año después la revista Barreto, de la fjs, incluyó en su número de agosto un extenso artículo firmado por el fundador del aprismo que analizaba el Estado antimperialista74. Al año siguiente del Congreso Latinoamericano, el líder de la bsu, Walter Blanco, fue electo presidente de la fech para el período 1938-1939, pero como representante del fpu, junto a comunistas y radicales.

Blanco se convirtió en un dirigente estudiantil muy cercano al aprismo: un año después del evento escribió en Barricada, el órgano de la fjs, un artículo en que declaraba “maestros de la juventud” al líder socialista chileno Óscar Schnake y al aprista Haya de la Torre75.

Empero, el internacionalismo también tuvo espacio cuando se trató la Guerra Civil Española.

Pese a la importancia que el indoamericanismo y el antiimperialismo tuvieron en el Congreso, la inminencia de la guerra los desplazó de las preocupaciones estudiantiles. En abril de 1938 el comité ejecutivo de la fech acordó convocar a “todas las organizaciones juveniles, cualesquiera sea su ideología”, para formar el Comité Pro Congreso Mundial de la Juventud por la Paz, la Libertad y la Cultura, que se realizaría siguiendo las instrucciones de los comités de Nueva York y París. La organización acordó solicitar la postergación del Segundo Congreso Latinoamericano de Estudiantes convocado por la fech y el Congreso Latinoamericano de Santiago, para que coincidiera con el regreso de los delegados al evento en Estados Unidos76.

72 “Congreso Estudiantil Latino-americano”, 1, y “Ayer se clausuró el Congreso Estudiantil Latinoamericano”, 1 y 3.

73 “Ayer se clausuró el Congreso Estudiantil Latinoamericano”, 3.

74 Humberto Tejera, “Constructores de América. Haya de la Torre”, Rumbo, Santiago, septiembre, 1939, 4; y Haya de la Torre, “El estado antiimperialista”, Barreto, Santiago, agosto, 1940, 6.

75 “Maestros de juventud”, Barricada, Santiago, 2.a quincena de agosto, 1938, 2.

76 “Congreso de Nueva York y Congreso de Bogotá”, La Opinión, Santiago, 10 de abril, 1938, 3. De hecho a él asistió una numerosa delegación compuesta por Ricardo Fonseca (secretario general del pc), Volodia Teitelboim y Mario Rojas, comunistas; Raúl Ampuero y Lautaro Ojeda, socialistas; el escritor Fernando Alegría, Óscar Hormazábal y el nicaragüense Alejandro Bermúdez. Luis Corvalán, De lo vivido, 37-38.

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Eran los momentos previos al estallido de la Guerra Mundial, la reunión en Estados Unidos, auspicida por Eleanor Roosevelt (esposa del presidente de los Estados Unidos), se realizó y Walter Blanco asistió como delegado, pero la cita de París fue postergada por la invasión nazi a Francia.

La sombra del águila bicéfala y la cruz gamada se cernían peligrosamente sobre el mundo democrático y sobre las posibilidades de articular coherente y armoniosamente un antiimperialismo que conjugara los elementos del indoamericanismo con la lelatad a las causas internacionales en la política estudiantil practicada por la izquierda chilena de la época.

Conclusiones

El latinoamericanismo y su expresión más radical, el indoamericanismo, fueron corrientes extrañas al sistema político e ideológico chileno hasta la década de 1930. Entonces los universitarios chilenos, fundamentalmente de la izquierda socialista, recibieron a una serie de estudiantes exiliados y no sólo los albergaron materialmente, sino que también les abrieron espacio en sus propias organizaciones y se hicieron partícipes de sus ideas. Este reconocimiento e inclusión hacia sus congéneres extranjeros fue una práctica acorde con una definición ideológica que articulaba una política tendiente a fortalecer una izquierda no comunista en el continente.

A esta estrategia correspondió la realización de una serie de congresos estudiantiles en el continente. Pero organizaciones de más largo aliento o de mayores proyecciones, como la misma ceada, no fructificaron, a tal punto que el Congreso de Estudiantes Latinoamericanos de Santiago no pudo proyectar ninguna organización de este tipo y, al igual que en 1914, tuvo que postergar la decisión de continuar con estos eventos ante la inminencia de una nueva guerra mundial.

El Congreso de Estudiantiles Latinoamericanos de 1937 fue uno de los muchos eventos que tenían una larga historia entre los movimientos estudiantiles latinoamericanos. Si los primeros habían servido para construir la plataforma política de la Reforma Universitaria que estalló en 1918, los siguientes, desarrollados en la década de 1920, no tuvieron gran repercusión e influencia por la oposición de los gobiernos y regímenes autoritarios que se extendieron por el continente.

Pero a partir de 1930 las organizaciones estudiantiles estaban de regreso con propuestas mucho más radicales que las del arielismo de los primeros años del siglo xx. Las nuevas posturas estaban inspiradas en el antimperialismo, ya fuese de corte indoamericanista, fundamentado por el aprismo, o de corte internacionalista, sostenido por la Comintern.

Sin embargo, estos eventos no se realizaron sin conflictos políticos e ideológicos entre los actores juveniles y estudiantiles del continente. Unos y otros adscribían al enfrentamiento ideológico entre el internacionalismo proletario, auspiciados por los partidos comunistas de la región, en contra del internacionalisno indoamericanista, promovido por el aprismo en sus diversas variantes organizativas e ideológicas. No obstante, dentro de los límites del austral país el debate se produjo en los momentos en que se organizaba el Frente Popular chileno, uno de los

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tres en el mundo que llegaron al poder por medio de votaciones democráticas. Para la izquierda de la época, esta agrupación ofreció una alternativa de unidad en torno a la posibilidad concreta de llegar al poder. Ello constituyó una barrera en el enfrentamiento entre democracia y fascismo, que fue un poderoso imán para las voluntades políticas de unos y otros.

El Congreso Latinoamericano fue un espacio en que estos enfrentamientos políticos e ideológicos desplegaron sus propias potencialidades para los estudiantes del continente. En él convergieron las estrategias del variado campo ideológico de los movimientos estudiantiles de

la región, desde el reformismo argentino y uruguayo, el indoamericanismo peruano, el socialismo chileno, la mediterraneidad boliviana, el pacifismo ecuatoriano, hasta el nacionalismo puertorriqueño. Esta diversidad de propuestas obligaban al indoamericanismo y al socialismo estudiantil chileno a incluirlas dentro de sus análisis, o al menos pronunciarse ante ellas, lo que constituyó un enriquecimiento del abanico ideológico de la época.

La “generación de 1930”, ante el avance de los Estados Unidos en la región y la creciente beligerancia entre los países vecinos, trasladó el pacifismo a este continente e hizo del antiimperialismo su doctrina. No por ello dejó de solidarizar con problemas “internacionalistas” como la Guerra Civil Española. Así, en el marco del avance del fascismo y la gestación de la Segunda Guerra Mundial, el indoamericanismo y el antiimperialismo aprista debieron competir con el internacionalismo proletario que ahora había agregado a la Revolución Rusa el apoyo al republicanismo español. Los partidos de izquierda chilena, y en especial los jóvenes socialistas, parecen haber conjugado ambas propuestas sin grandes problemas, pero ¿la aceptarían de la misma manera los apristas peruanos con quienes convivían ideológicamente? Frente a estos desafíos, las lealtades compartidas de los jóvenes chilenos parecen haber servido sólo para el debate en estos eventos; una vez terminados, debieron alinear sus políticas estudiantiles con las directrices del ps y la unidad antifascista con los comunistas en el Frente Popular.

Más allá de las disputas, la realización del Primer Congreso Latinoamericano contribuyó a que el movimiento estudiantil chileno rompiera con el aislamiento continental al que había sido sometido por los distintos gobiernos, para que ampliara su abanico ideológico y se nutriera de las distintas reivindicaciones emanadas desde movimientos similares, al menos por un tiempo. El desarrollo de la Segunda Guerra Mundial cambiaría sin duda este universo ideológico y político.

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Reseñas Schmitt, Jean-Claude. La raison des gestes dans l’Occident médiéval.

París: Gallimard, 2008, 432pp. doi: 10.7440/histcrit47.2012.11

Renán Silva

Profesor del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia). Doctor en Historia por la Universidad de París i, Panthéon-sorbonne (París, Francia). Miembro del grupo de investigación Sociedad, Historia y Cultura (Categoría A en Colciencias). rj.silva33@uniandes.edu.co

Publicado por primera vez en 1990, reuniendo una reflexión que venía de algunos años atrás, La raison des gestes dans l’Occident médiéval es un libro ejemplar, considerado en cualquiera de sus catorce capítulos o en su conjunto, no sólo por la riqueza de sus análisis, sino por su propio enfoque, por el método puesto en marcha y por la forma cumplida que tiene como ejercicio de “interdisciplinariedad”, un ideal repetido en exceso a finales del siglo xx, pero que terminó siendo, en esa nueva aparición, más una oferta fallida que una práctica realizada, cuando no fue la ocasión de equívocas tentativas de análisis que finalmente produjeron lo que alguno de sus propagandistas había llamado la “aspiración a la confusión de géneros”.

Antes de entrar en materia puede señalarse brevemente quién es, como historiador, el autor, ya que en castellano no existen más que unos pocos artículos disponibles, pero no se ha traducido ninguna de sus obras mayores —a diferencia de lo que ha ocurrido en alemán, italiano e inglés—, aunque sí dos de sus más importantes compilaciones. Una realizada junto a su maestro Jacques Le Goff —el Diccionario razonado del Occidente medieval— y una Historia de los jóvenes en dos volúmenes, el primero dedicado a la Antigüedad y el segundo a la época moderna y contemporánea, obra que realizó en compañía de Giovanni Levy1.

Jean-Claude Schmitt —profesor en la Escuela de Altos Estudios Sociales en París— es hoy en día uno de los principales estudiosos de la civilización medieval. Alumno reconocido de Jacques Le Goff, con quien trabajó muchos años y a quien debe muchos de sus grandes temas de interrogación, es autor de libros considerados de primer orden para la comprensión de la Edad Media, en particular en lo que se refiere a la herejía, la superstición, los cultos de santos, el vagabundaje, y de manera mucho más reciente y global, la cultura visual, el cuerpo, las formas tempranas de la autobiografía y la historiografía actual de la sociedad medieval.

Siguiendo desde el inicio de sus trabajos de investigación la orientación acogida por Le Goff acerca de la importancia que para el medievalista, en búsqueda de “otra Edad Media”, tenía la

1 Jacques Le Goff y Jean-Claude Schmitt, eds., Diccionario razonado del Occidente medieval (Madrid: Akal, 2003 [1999]), y Giovanni Ley y Jean-Claude Schmitt, dirs., Historia de los jóvenes, 2 vols. (Madrid: Taurus, 1996 [1994]).

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etnología, recibida bajo el rótulo de “antropología histórica”, Schmitt se dirigió desde muy temprano a procesos y dimensiones del acontecer social que iban más allá del análisis económico, del estudio elemental de las técnicas de trabajo, o de los aspectos más visibles de la cultura clerical, y el papel de la religión y la Iglesia en esa sociedad (cuyos límites extremos Schmitt señala como yendo del siglo iii hasta el siglo xiii, cuando los procesos de secularización, el avance de las culturas laicas urbanas y los procesos de centralización del emergente Estado moderno son visibles, lo mismo que la pérdida de peso relativo de la Iglesia y el papado en el conjunto de la sociedad).

Antropología histórica en el caso de Schmitt (y de algunos otros) quiere decir olvido de toda concepción de la acción social que separa de manera radical hechos e interpretaciones y que imagina la “cultura” como una esfera separada del acontecer social. Antropología histórica quiere decir entonces fina atención prestada a las dimensiones simbólicas y rituales de la sociedad, pero no consideradas éstas como una especie de “superestructura” que se agregaría a los procesos materiales, que serían anteriores y determinantes en cuanto a causalidad, sino como dos elementos constitutivos de la acción humana, que deben ser estudiados al mismo tiempo en relación con su propia autonomía —es decir, como prácticas específicas que pueden mostrar su propia eficacia simbólica, como dice Schmitt recogiendo la conocida expresión de Lévi-Strauss— y sus formas de conexión y de condicionamiento con el conjunto de los procesos sociales, lo que deja fuera de lugar toda tentativa de estudios de la imagen, del símbolo, del ritual y del lenguaje como si fueran realidades separadas del funcionamiento social.

Esa idea de antropología social es la que recorre todos sus trabajos y la que ahora, después de más de cuatro décadas de actividad, se expresa en trabajos de síntesis de un gran refinamiento y de un conocimiento muy afirmado, muy alejado ya de la monografía puntual y que comienza a dar las muestras de una “sociología general” de las formas sociales básicas de la civilización que los historiadores designan como “medieval”, sin que el análisis se separe de dimensiones espaciales y temporales bien definidas y del universo empírico-documental que hace posible tales análisis de síntesis.

En el caso particular de La raison des gestes dans l’Occident médiéval, desde las primeras páginas JeanClaude Schmitt, vuelve a repetir que en el origen del proyecto se encuentran los análisis memorables, y olvidados por más de medio siglo, que Marc Bloch había realizado a principios del siglo xx en Los reyes taumaturgos, cuando se interrogó sobre los poderes simbólicos del soberano y su eficacia curativa, estudiando el ritual del “toque real” —se creía que la puesta de las manos del soberano sobre los vasallos era una cura efectiva de las escrófulas—, una creencia que, según mostró Bloch, recorre un largo período de la historia política europea y pone de presente que el análisis de un sistema político es imposible de separar de una antropología de la creencia y de la fe2.

2 Marc Bloch, Los reyes taumaturgos (México: fce, 2006 [1924]).

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Retomando el problema por su cuenta y sin aceptar de forma irrestricta las ideas de Bloch sobre los hechos que determinaban la fuerza incomparable del gesto en la sociedad medieval (según Bloch, el hecho obedece al peso de la palabra, al extendido analfabetismo y al monopolio que de la escritura ejercían los clérigos), Schmitt define el gesto de manera inicialmente simple como una forma de movimiento del cuerpo, y se dedica en los diversos capítulos del libro a mostrar su presencia omnipresente, como la de la imagen, en esa sociedad, en cada una de sus esferas, trátese de los acontecimientos extraordinarios presentes en la vida social o en

los actos repetidos de la vida cotidiana; trátese de las esferas domésticas o de las actividades de poder y dominio que hoy designaríamos —con una palabra equívoca— como “públicas”.

El proyecto de Schmitt no es sin embargo la construcción de una morfología de gestos del cuerpo, ni la realización de un inventario de cierta clase de gestualidad, o la construcción de dicotomías que separen gestos de clérigos de gestos de laicos, o gestos de gentes de nacientes medios urbanos de gestos de gentes campesinas. El impulso general del libro viene dado en otro registro: por una parte, se trata de una perspectiva de historia social que no separa al gesto del ritual, y al ritual, de sus contextos de realización, lo que permite superar los tradicionales inventarios de gestos, que desembocan siempre en diccionarios más bien inútiles —como uno que en el caso colombiano produjo hace unos años el Instituto Caro y Cuervo y que nunca ha podido ser utilizado con provecho en la investigación—.

Por otra parte, se trata de preguntarse, de manera general (aunque no esencialista), qué significa en esa sociedad hacer un gesto: cuándo, cómo y por qué se hacen gestos, es decir, movimientos del cuerpo, altamente significativos, que quieren expresar una conducta, mostrar una actitud, ofrecer un reconocimiento, dar prueba de una creencia, es decir, la razón del gesto, que es exactamente a lo que se refiere el título del libro.

Schmitt, sin embargo, agrega una pregunta más, pregunta que, a la postre, puede ser la más significativa de su trabajo en términos de una sociología general. El autor se pregunta si hubo en esa sociedad una teoría del gesto, no sólo una percepción de él, sino una verdadera reflexión sobre el gesto, y muestra cómo a partir de esa doble interrogación es posible acercarse a las actitudes sociales y morales sobre el cuerpo, a la concepción misma de las relaciones sociales, a los modelos culturales más extendidos (pero también a su cuestionamiento); en una palabra, a la lógica de funcionamiento de ese tipo de sociedad. Desde este punto de vista hay que decir que la originalidad del trabajo de Schmitt no se encuentra principalmente en el tema (el gesto, el cuerpo, el ritual), sino ante todo en el tratamiento, en la inscripción del gesto en el interior mismo de las relaciones sociales y la dinámica social.

En relación con la afirmación anterior, hay que poner de presente que el trabajo de Schmitt no es “antropologizante”, en el sentido de que aspire a constituir en esencias las formas sociales que analiza, o a descubrir una especie de “universalidad humana” detrás del gesto. Para Schmitt

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toda sociedad es productora de ese tipo de “movimientos culturales” (no reflejos) del cuerpo, que designamos como gestos. Pero esos gestos se encuentran definidos en el marco de su especificidad social, analizados en términos de significado, por la relación con su contexto, y adscritos de manera precisa a concepciones generales de la sociedad y el mundo (de hecho, los gestos del cuerpo y las concepciones referidas a ello en la sociedad medieval no se pueden separar de la forma como en esa sociedad se concibe la dualidad alma/cuerpo, como se piensan las relaciones entre lo visible y lo invisible, lo exterior y lo interior).

No se trata pues de un discurso general sobre el cuerpo, sino de un análisis de gestos y rituales inscritos en una estructura social a la que le dan vida y color, estudiados en superficies sociales precisas (la Iglesia, el trabajo, el mundo de los laicos…), para desembocar en el último capítulo de la obra en la pregunta acerca de la eficacia simbólica del gesto en esa sociedad y el papel de tales gestos y rituales en las formas de transmisión de la cultura y del poder.

El texto se acompaña además de dos elementos que lo hacen aun más valioso. Por un lado, algunas pistas de método, sobre las que vale la pena detenerse y que se encuentran puestas en marcha en cada uno de sus capítulos; por otro lado, una reflexión sobre el “gesto hoy” (el gesto en nuestra sociedad).

En cuanto a lo primero, hay que decir que, contra lo que se podría pensar, la imagen no es el único lugar de existencia del gesto como fuente histórica. Como ya lo había indicado Le Goff en su análisis del ritual del vasallaje —ritual que puede seguirse, por ejemplo, en el género de la parodia, en el Quijote de la Mancha—, los rituales pueden ser leídos en muchos textos de la época, cuando la lectura se transforma en “lectura etnográfica” y el historiador deja de someterse a la dictadura del “contenido” del texto, y la mirada se vuelca sobre el “decorado”, sobre el cuerpo, sobre las formas mismas de la acción social que se relata, es decir, cuando la mirada del historiador se apropia de la perspectiva del etnógrafo.

Pero contra todo empirismo de la descripción, Schmitt insiste, desde la propia Introducción del libro, en que todo relato de un gesto, de un ritual, de un conjunto de acciones, es, desde el principio, una interpretación, que no sólo no hay que ver como un obstáculo en el acceso a los pretendidos “hechos puros”, que como se sabe no existen, sino que hay que ver como una forma privilegiada de acercarse a las “maneras de pensar” que se vinculan siempre con las “formas de hacer”.

La superficie escrita no niega la importancia de la imagen —particularmente, en esa sociedad— como fuente para el estudio de los gestos y rituales —y en general, para el estudio del cuerpo y sus movimientos—, pero contra toda alegría ingenua sobre la imagen como fuente, Schmitt advierte sobre sus dificultades. La primera de ellas, desde luego, el hecho de que la imagen, por lo menos antes del cine —como repetía Walter Benjamin—, es estática, lo que quiere decir que las formas mismas del movimiento tal como se condensan en el gesto no se entregan de manera inmediata a la consideración del analista, sino que deben ser restituidas por un esfuerzo de análisis. A continuación, el problema de la conquista histórica de la perspectiva por diferentes sociedades. Como sabemos, la conquista de la perspectiva —un hecho relativamente reciente— alteró de manera fundamental la

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reproducción del cuerpo humano y de su entorno, lo que hace que ni en este caso, ni en el caso de los egipcios, ni en el de los “antiguos mexicanos”, etc., nos encontremos frente a una superficie visible que reproduce las formas actuales bajo las que nosotros contemplamos las imágenes. La conjunción del texto y de la imagen parece pues una necesidad en el trabajo de los historiadores. Las imágenes no hablan por sí mismas, ni su lenguaje es unívoco, por más ilusiones que se hagan los defensores de la imagen como fuente, y la conjunción de la imagen y del texto —sus diferentes formas de articulación, según tipos de imágenes— es una de las claves de lectura de imágenes que son, por lo demás, no un

documento, sino una representación, es decir, un jeroglífico que debe ser interpretado.

El libro de Schmitt se cierra con una reflexión sobre la eficacia simbólica del gesto, que puede ser vinculada con la reflexión que realiza en las páginas iniciales en torno a la actualidad de la investigación sobre gesto-ritual-cuerpo. El autor, que desde luego cita a Marcel Mauss en su texto precursor “Las técnicas del cuerpo”, no deja de llamar la atención sobre la importancia del gesto y la manera a través de la cual investigadores como Erwing Goffman —y otros— han abordado su análisis, recordando además tres hechos de primera importancia para plantearse el problema.

El primero de ellos tiene que ver con la pregunta de si el gesto tiene tanta importancia en la sociedad de hoy como en la vieja sociedad medieval —una sociedad desde muchos puntos de vista tan cercana a la nuestra, y desde otros, tan lejana—. Esa seguirá siendo siempre una cuestión abierta. De todas maneras, la idea de la omnipresencia del gesto en el Medioevo y la afirmación de que, como lo pensaba Bloch, la existencia generalizada de la escritura —como en el caso del derecho, por ejemplo— restó importancia en la sociedad moderna a los gestos parecen ser ciertas, por lo menos en parte, aunque no sea trasparente nuestra conciencia de la manera como nuestros gestos están presentes en la sociedad.

El segundo hecho tiene que ver con la forma notable como muchos de los gestos de la sociedad medieval pasaron a la sociedad moderna, aunque muchos de sus viejos significados puedan haber variado —desde luego— en función del contexto. Schmitt cita, entre muchos ejemplos, la retirada del sombrero de la cabeza en las formas de saludo —un ejemplo que ya había sido ofrecido en sus análisis del habitus por Panofsky—. Desde luego que el significado se ha renovado, pero no hay duda de que por lo menos parte del viejo significado permanece. Al respecto, Schmitt escribe: “Para nosotros la Edad Media está bien próxima, tanto más cuanto ella ‘inventó’ ciertos gestos que nos siguen siendo hoy familiares: descubrirse la cabeza o retirar el guante de la mano para saludar, juntar las manos para orar, levantar la mano para prestar juramento…”.

El tercer hecho tiene que ver de manera más precisa con lo que se puede llamar la “actualidad del gesto”, o el gesto hoy. No hay ninguna duda de que nuestra sociedad es altamente gestual, a pesar de toda la batalla que contra el gesto y el contacto del cuerpo libró la urbanidad en el momento de la emergencia del mundo moderno, tal como lo mostró Norbert Elias en su análisis del proceso de civilización, aunque habría que agregar que, antes que la superación del gesto, se

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trataba más bien de la introducción de nuevos usos del cuerpo en el marco del funcionamiento moral de una sociedad de individuos. En cualquier caso, la sociedad de hoy sigue siendo extremadamente gestual, entre otras cosas porque el gesto ha terminado articulado a las formas actuales de distinción, ya que, como lo había señalado Elias, la sociedad moderna es una sociedad en que el rango pasa siempre por la forma, y no hay forma social que no se exprese en un gesto.

En cualquier caso, y en un medio como el nuestro, tan escaso en investigaciones sobre el tema —aunque tan rico en rudimentarias especulaciones alejadas de cualquier rigurosa

reconstrucción empírica—, hay que decir que el libro de Schmitt, en buena hora reeditado, es una prueba excelente de las posibilidades de análisis de temas que entre nosotros permanecen más bien intocados o sometidos a la lógica de la especulación y al régimen del comentario profesoral, tan alejado casi siempre de la investigación histórica cuidadosa. Hay que quitarse el sombrero y hacer una reverencia frente a este libro sabio.

Böttcher, Nikolaus, Bernd Hausberger y Max. S. Hering Torres, coordinadores.

El peso de la sangre. Limpios, mestizos y nobles en el mundo hispánico.

México: El Colegio de México, 2011, 320 pp. doi: 10.7440/histcrit47.2012.12

Óscar Barrera

Doctorando en Historia en el El Colegio de México (México). Antropólogo de la Universidad Nacional (Bogotá, Colombia). Pertenece a los grupos de investigación Políticas culturales, imaginarios y representaciones (Categoría A1 en Colciencias), y Antropología e historia de la antropología en América Latina (Categoría D en Colciencias). ojbarrera@colmex.mx

A inicios de los años sesenta del siglo xx, connotados historiadores se reunieron en Estocolmo y Barcelona con la intención de discutir en torno al problema del mestizaje. Tal vez el principal ―y único― consenso al que llegaron en ambas ocasiones fue el de considerar que el proceso había facilitado la movilidad social y la afirmación de la conciencia nacional en los países hispanoamericanos1. Hoy reconocemos que la investigación sobre un tema tan importante no solamente continúa reuniendo a expertos, sino que sigue proporcionando miradas alternativas. Fue precisamente el interés por el peso de la sangre en el mundo hispánico el motivo de un coloquio adelantado en diciembre de 2007 en El Colegio de México. Buena parte de las propuestas presentadas en ese entonces ―junto a contribuciones de autores invitados con posterioridad― fueron recogidas por Nikolaus Böttcher, Bernd Hausberger y Max Hering en el libro que tenemos la oportunidad de

1 En 1960 la ciudad de Estocolmo sirvió de escenario al coloquio “El mestizaje en la historia de Ibero-América”, cuyos resultados fueron recogidos en la Revista de Historia de América 53-54 (1962): 127-218. Al poco tiempo otros trabajos fueron publicados en España dentro del dossier “Estudio sobre el mestizaje en América”, en Revista de Indias xxiv: 95-96 (1964).

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reseñar. No hay lugar a dudas de que su principal novedad radica en ofrecer una perspectiva transatlántica para el estudio de los usos dados al imaginario de la limpieza de sangre.

Diez artículos componen esta obra que abre con “Limpieza de sangre en España”. Aquí Max Hering aborda el tema a través de tres categorías analíticas compenetradas. Así, propone que inicialmente la limpieza de sangre funcionó como una categoría normativa que empleó los estigmas socio-religiosos contra los judeoconversos. En tanto que con el tiempo sirvió también para obstruir y alcanzar la movilidad, considera que el fenómeno también operó como categoría social.

Adicionalmente, sugiere que fue una categoría discursiva que ―a través de la hermenéutica teológica― ayudó a legitimar la realidad resultante de la normatividad de la limpieza.

El segundo texto, “La nobleza ibérica y su impacto en la América española”, propone involucrar la experiencia española en el análisis de la movilidad social producida en Hispanoamérica. Se trata de un comentario de Óscar Mazín a algunos artículos de Adeline Rucquoi, Antonio Manuel Hespanha y Jean-Paul Zúñiga, relativos a la nobleza y pureza de sangre en la Península Ibérica. El comentarista resalta que tanto el acceso a la nobleza como los criterios de clasificación social fueron fluidos y mutantes en la España del Antiguo Régimen. Este hecho habría contribuido a que la discriminación en las sociedades virreinales americanas fuera todavía más flexible, lo que a su vez podría haberse recrudecido con la movilidad auspiciada por el mestizaje. Gracias al estudio presentado por Bernd Hausberger (“Limpieza de sangre y construcción étnica de los vascos en el imperio español”), podemos encontrar tal flexibilidad en la manera como los vascos emplearon la limpieza de sangre para construirse a sí mismos como una minoría privilegiada dentro de la población hispánica a ambos lados del Atlántico entre los siglos xvi y xviii.

En su artículo “La limpieza de sangre en Nueva España, entre la rutina y la formalidad”, Javier Sanchiz encara la limpieza de sangre en Nueva España como mecanismo ideado por las autoridades peninsulares para impedir a nativos, criollos y africanos el acceso a las instituciones eclesiásticas, civiles y militares. Del análisis se desprenden dos conclusiones principales: por una parte, que la limpieza de sangre se aplicó de acuerdo con los intereses de cada institución; por otra, que el tráfico de influencias y la construcción de genealogías fraudulentas fueron prácticas comunes para ingresar o evitar la expulsión de las corporaciones. Esa casuística y manipulación en la aplicación del procedimiento es la que enriquece Alexandre Coello de la Rosa en “Pureza, prestigio y letras en Lima colonial”. Éste constituye un acercamiento a la práctica de la limpieza de sangre en un colegio real y uno jesuita de la Lima colonial, lugares a los que se trasladó la disputa entre criollos y peninsulares por el acceso a los cargos de mayor rango en la administración.

Los casos de Melchor Juárez y el padre fray Francisco Pareja (bajo el título de “La limpieza de sangre: de las normas a las prácticas”) sirven a la historiadora Solange Alberro para mostrar que en Nueva España las disposiciones de limpieza eran acatadas, aunque se modificaban notablemente en su puesta en práctica. Concluye que el procedimiento resultaba bastante

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inconveniente para una sociedad que ―ante la escasez de élites nobles― prefería no cuestionarse por los orígenes de las personas. Asimismo, las solicitudes para obtener cargos públicos estudiadas por el Santo Oficio en Nueva España permiten que Nikolaus Böttcher ―en “Inquisición y limpieza de sangre en Nueva España”― caracterice la limpieza de sangre como una estrategia que buscaba la integración o exclusión social, dependiendo de las personas involucradas en cada caso. Por ejemplo, así como sirvió para perseguir a los portugueses (criptojudíos) por sus supuestas complicidades, también fue empleada por los no españoles para inventar genealo-

gías y limpiar sus orígenes con la finalidad de ascender en la escala social.

En “Informaciones y probanzas de limpieza de sangre”, Norma Angélica Castillo Palma estudió las probanzas de limpieza presentadas para ingresar al seminario tridentino de San Pablo (Puebla) durante los primeros años de la conquista de almas. Uno de los principales hallazgos de la investigación es que los requisitos requeridos fueron flexibilizados para poder contar con párrocos indios ―de origen no noble― que pudieran transmitir el evangelio en lenguas nativas. Este interés por los últimos años del siglo xvi y los primeros del xvii también es compartido por la antropóloga Marta Zambrano. El lugar del género y la sexualidad en la definición de la posición social de las personas mestizas de Santa Fe de Bogotá (Nueva Granada) es el principal aporte de su ensayo “Ilegitimidad, cruce de sangres y desigualdad”. Este enfoque le permite identificar las estrategias diferenciales para lograr un lugar social, adelantadas por parte de los varones mestizos de la primera generación y de las propias madres indias de mestizos y mestizas una generación después.

Guillermo Zermeño cierra el libro con el artículo “Del mestizo al mestizaje: arqueología de un concepto”, que propone comprender el concepto de mestizaje como una de las invenciones modernas (1850-1950) ideadas para articular la identidad nacional en México. En un ejercicio arqueológico que va descendiendo, se sumerge cada vez más profundamente a través de capas en busca de comprensión; el autor va desentrañando la manera como el mestizaje es erigido por políticos e intelectuales mexicanos como una solución a la búsqueda de singularidad de la nueva nación. A través del texto el lector puede acercarse a los encuentros y desencuentros que la alternativa del mestizaje tuvo con las ideas raciales que europeos y norteamericanos emplearon para explicar la evolución de las sociedades.

Como puede apreciarse, el principal aporte de El peso de la sangre radica en las variadas alternativas metodológicas ofrecidas, lo que se configura como una invitación para que futuros investigadores las enriquezcan mediante exploraciones en otros contextos del mundo hispanoamericano. Dentro de tales posibilidades interpretativas resaltamos dos: en primer lugar, aquella que considera la “raza” como una construcción con variados contenidos significativos a lo largo de la historia y a lo ancho de la geografía. Esta perspectiva adicionalmente asume que la “raza” se adapta a las diferentes concepciones de verdad y moral, con la finalidad de cumplir con su función de diferenciar y segregar a los individuos de acuerdo con los intereses sociales imperantes. Así, en su artículo Max Hering defiende

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que la impureza en la España del siglo xvii fue “biologizada” a través de planteamientos teológicos, aristotélicos y patológico-humorales. Aquí la limpieza de sangre tendría un carácter racista proveniente de su función naturalizadora de las diferencias, esta vez sostenida por los defensores de la Sentencia-Estatuto de 1449 para excluir a los judeoconversos (pp. 54-55 y 59-60). Por su parte, Bernd Hausberger sostiene que ―en la medida que suponía la contaminación mediante mezcla biológica o sexual y que operó como un mecanismo de exclusión social― la exaltación del linaje limpio por parte de los vascos es una anticipación del imaginario de la “raza pura” que va tomando forma desde

el siglo xvi (p. 78). Asimismo, Norma Castillo opina que, ante el avance del mestizaje, en el siglo xviii puede observarse una tendencia a que las corporaciones criollas exijan probanzas de limpieza que ya no están basadas en el argumento religioso, sino en diferencias fenotípicas (fenómeno que ella considera como una “racialización”) (pp. 231-232, 239 y 244). Con todo, cabe aclarar que la “raza” en ninguno de estos artículos es empleada como una categoría global de la modernidad ideada para ordenar de forma jerarquizada la diversidad humana, sino todo lo contrario: sus autores persiguen reconstruir sus significados en diferentes contextos históricos.

En segundo lugar, entre las perspectivas exploradas sobresale la consideración de las diferencias establecidas entre personas en tanto que calidades, es decir, posiciones determinadas por rasgos sociales ―como la residencia, el lenguaje, la vestimenta o la moral―, que son valorados de acuerdo con principios políticos como el de cuerpo público, entre otros. Alexandre Coello de la Rosa, por ejemplo, considera que el ingreso al colegio de San Felipe y San Marcos respondió menos a un criterio de “raza” ―en el sentido moderno del término― que a razonamientos teológicomorales interpretados por las autoridades a discreción propia (p. 140). Por su parte, y aunque el punto no es desarrollado ampliamente, Marta Zambrano duda de la pertinencia de las apreciaciones biológicas para comprender la situación de los hijos procreados por india y español2 (p. 269).

Adicionalmente, Guillermo Zermeño establece una distinción importante para el caso mexicano a partir de la historia conceptual. Propone que en el período virreinal los elementos culturales (entre ellos la fama, la religión y la moral) pesaron más que los raciales cuando la pureza de sangre fue empleada para incluir o excluir. En su opinión, fue hasta mediados del siglo xix cuando el mestizaje se amarró a una filosofía del progreso secularizada —que emplea criterios científicos para clasificar a las poblaciones en razas progresistas y atrasadas— con la pretensión de integrar en una sola nación la diversidad de pueblos desperdigados por el territorio mexicano (pp. 306-310).

2 A propósito, recientemente Tadashi Obara-Saeki ha señalado que para la experiencia colonial chiapaneca es inadecuado hablar de mestizaje debido a que los hijos de indias y españoles, en lugar de ser considerados como un producto mezclado, eran inscritos dentro del grupo materno o paterno. Por esta razón, prefiere referirse a las uniones exogámicas ―y no al mestizaje―, porque son las que mejor caracterizan las relaciones sociales que se produjeron. Ladinización sin mestizaje. Historia demográfica del Área Chiapaneca 1748-1813 (Tuxtla Gutiérrez: Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, 2010), 33.

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No está de más recalcar que, si bien hacen énfasis en algunos conceptos, para los diferentes autores raza, calidad y pureza son principios que se articulan en un mismo universo excluyente.

No hay duda de que El peso de la sangre es una lectura estimulante para aquel que esté interesado en conocer las adaptaciones y manipulaciones que el imaginario de la limpieza sufrió en manos de quienes deseaban conservar el orden jerárquico excluyendo y de quienes buscaban superar el desequilibrio social integrándose.

Palacios, Marco. ¿De quién es la tierra? Propiedad, politización y protesta campesina en la década de 1930.

Bogotá: fce/Universidad de los Andes, 2011, 255 pp. doi: 10.7440/histcrit47.2012.13

Julio César Zuluaga

Estudiante del Doctorado en Administración de la Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia). Historiador de la Universidad del Valle (Cali, Colombia). Miembro de los grupos de investigación Historia y Empresariado (Categoría A en Colciencias) y Gestión Pública (Categoría B en Colciencias). juliocesarzuluaga83@yahoo.com

El último libro del profesor Marco Palacios es oportuno en el contexto actual de debate nacional sobre la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y el proyecto de Ley de Desarrollo Rural, pues esta investigación constituye una mirada de largo aliento que, además de mejorar nuestro conocimiento de la realidad histórica, ilumina la problemática que afronta el país en materia de derechos de propiedad agraria. El diagnóstico realizado por Palacios de los efectos de la Ley de Tierras de 1936 y la Ley 165 de 1961 es contundente: el problema “de quién es la tierra” es un interrogante aún no resuelto, que incluso no ha sido seriamente planteado por las clases dirigentes.

En ¿De quién es la tierra? Palacios nos ofrece un análisis de la lucha política e ideológica alrededor de la asignación de los derechos de propiedad sobre la tierra en Colombia, enfocando el estudio en el terreno de las ideas, prácticas y comportamientos de los actores involucrados en este proceso (Estado, liberales, conservadores, socialistas, comunistas, terratenientes, campesinos colonos, aparceros y arrendatarios). Así constituye su eje de análisis a partir de la configuración de los derechos de propiedad privada sobre la tierra, desde la óptica de las formas de politización rural (que incluyen a campesinos, terratenientes, liberales y comunistas) y las acciones del Estado desde los niveles central, departamental y municipal.

Su línea de argumentación tiene varias dimensiones, alrededor de las cuales articula la historiografía de la configuración de los derechos de propiedad agraria: el papel de los colonos y arrendatarios y las revueltas campesinas; el papel de liberales y comunistas; el proceso de apropiación de baldíos; y los conflictos alrededor de la formulación de la Ley 200 de 1936 —además

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de sus efectos—, en un período que va más allá de los años treinta del siglo xx y que abarca cronológicamente las décadas de 1920 a 1940 con una perspectiva de larga duración —mediados del siglo xix hasta la década de 1960—. Además complementa su análisis con elementos tomados de la teoría institucional y jurídica, y contextualiza el problema con los debates de la sociología e historiografía agraria latinoamericanas de las décadas de 1950 y 1980 —al tiempo que revisa algunos planteamientos convencionales—.

La investigación de Palacios revisa y expande la historiografía sobre la configuración de la

moderna propiedad agraria. El libro, que consta de ocho capítulos y un epílogo, tiene una estructura que facilita su lectura. El primer capítulo introduce el tema, presenta el enfoque analítico, el objeto y el problema de investigación. El segundo delimita conceptualmente su universo de estudio al definir los diferentes tipos de campesinos, el concepto de propiedad y mentalidad propietaria en contextos agrarios y las expresiones de movilizaciones agrarias en Colombia, esto a la luz de una revisión sobre la literatura internacional de los “Estudios Campesinos”.

El tercer capítulo adelanta el grueso de los argumentos al plantear un esbozo histórico de la propiedad de la tierra en Colombia. Destaca el “individualismo agrario colombiano” y acentúa dos hechos importantes para entender la configuración de los derechos de propiedad sobre la tierra: primero, la desamortización de bienes y censos eclesiásticos en 1821, 1827, 1851, 1861; y segundo, la Ley de Tierras de 1936 (y su homóloga, la Ley 165 de 1961).

En esta sección —dedicada a las décadas de 1920 hasta 1940— Palacios centra todo su análisis del conflicto en torno a la pregunta: ¿de quién es la tierra? Así muestra las tensiones generadas entre el Código Civil y el Fiscal a medida que crecían los conflictos entre colonosarrendatarios y terratenientes, y aumentaba la presión sobre los baldíos. Para el autor esto originó la parcelación de haciendas (Colonia Agrícola del Sumapaz) y la “colonización dirigida” durante el último período de lo que se conoce como la hegemonía conservadora. En el período liberal, la respuesta de los gobernantes en dicha coyuntura, nos indica Palacios, fue la construcción de una visión de la propiedad de la tierra ligada a su función social: “[…] la tierra es del Estado que la concede a particulares, o de quien pueda probar ante el Estado que la explota económicamente” (p. 74).

En los siguientes capítulos —cuarto al séptimo— se analizan los siguientes temas: 1) la “cuestión campesina” en el contexto de cambio de régimen político y la crisis de los años treinta, donde en palabras del autor, el “Estado liberal oligárquico” afrontó el problema de encontrar una salida institucional al creciente conflicto entre el latifundio y la pequeña propiedad campesina; 2) las acciones del “Estado Liberal Intervencionista” con relación a los conflictos laborales en las haciendas cafeteras, y los conflictos entre arrendatarios y terratenientes por los títulos de propiedad de la tierra; 3) la disputa ideológica y política entre liberales y socialistas-comunistas por la dirección, influencia y control del “campesinado inconforme”, en el que destaca el papel de Gaitán y el pcc y

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las complejas relaciones entre los niveles de política nacional, departamental y local en la movilización campesina; y 4) los pensamientos y acciones de liberales y comunistas a través del análisis de prensa escrita, en el que plantea que el campesinado fue cooptado electoralmente por parte de los liberales, lo que significó que este pragmatismo electoral se impusiera a los deseos iniciales reformistas de los liberales (p. 185). Para Palacios lo que interesaba en el fondo a los liberales era “que la legislación ‘antifeudal’ tuviera efecto en las votaciones” (p. 184), sustentado en el hecho que “la misma masa que un día formaba una importante marcha campesina antilatifundista, al día siguiente se transformaba en agresiva muchedumbre electoral” (p. 187).

El capítulo final es el más denso e interesante. Concentra todo el análisis en la “compostura” de la Ley 200 de 1936 y señala las complejidades de agencia y estructura que le dieron forma, al tiempo que determina los efectos de corto y mediano plazo. Igualmente, evidencia las tensiones políticas e ideológicas en torno a la formulación del proyecto de ley. El capítulo finaliza afirmando que “estas fueron leyes de titulación limitada de baldíos que no resolvieron tampoco el problema del ager publicus que hoy día es, en muchas latitudes colombianas, res nullius” (p. 212).

Finalmente, en el epílogo realiza unas interesantes reflexiones sobre la vigencia que aún tiene en nuestro país el problema de la tierra.

El libro contiene un buen balance entre fuentes primarias y secundarias. Entre las primarias se encuentran documentos de las haciendas cafeteras, de instituciones estatales (la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Gobierno, la Cámara de representantes, el Congreso y la Oficina General del Trabajo), además de evidencia construida a partir de la revisión de fuentes notariales, prensa escrita, revistas y gacetas. Esta pluralidad de fuentes empíricas brinda a las hipótesis del libro solidez y consistencia. En relación con las fuentes secundarias, destacan las referencias a debates internacionales que enmarcan el problema de investigación en un marco amplio y general. No obstante, aunque tal vez la intención de Palacios no era ir más allá del debate historiográfico nacional, las hipótesis que desarrolla para el caso colombiano pudieron haber sido mejor explotadas al relacionarlas y contrastarlas con hipótesis para el contexto latinoamericano, e incluso internacional. ¿De quién es la tierra? es un documento importante para las ciencias sociales colombianas por dos razones. En primer lugar, contextualiza para el caso colombiano un debate clásico: el papel de la configuración del derecho de propiedad moderno en el desarrollo económico, político y social1. En segundo lugar, las implicaciones para la política pública son pertinentes al eviden-

1 Ningún estudio ha abordado explícitamente este problema para Colombia, como lo sustenta Palacios (p. 26). No obstante, Kalmanovitz ha intentado ofrecer una visión histórica del desarrollo económico del país desde los planteamientos de la economía neoinstitucional. Salomón Kalmanovitz, Las instituciones, la ley y el desarrollo económico (Bogotá: Norma, 1997).

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ciar “el fracaso histórico de las clases dirigentes y del Estado en la pacificación de la sociedad colombiana”, que radica en “haber desechado la reforma política y la reforma agraria, y haber incomprendido o, peor aún, haber hecho invisible el nexo de las dos reformas” (p. 30). A lo largo del libro Palacios nos muestra cómo detrás de la concentración acelerada de la tierra desde la década de 1940 en Colombia “hay derechos de propiedad de tipo ‘oligárquico’ que alimentan el conflicto, abierto o soterrado, violento o legal” (p. 215). De esta manera brinda importantes avances en el análisis empírico sobre los efectos de la configuración de reglas de juego, incen-

tivos y estructura de los derechos de propiedad. Además, más que darnos respuestas, plantea preguntas relevantes para la historiografía colombiana, acerca de los efectos de la configuración y evolución institucional sobre el desarrollo económico del país.

Dos ideas desarrolladas en el libro resultan especialmente interesantes. Palacios sostiene que La Ley de Tierras de 1936 legalizó y legitimó un modelo agrario rentista de gran concentración y desigualdad que tuvo dos consecuencias. En primer lugar, dada la baja tributación, en Colombia se premió el atesoramiento de la tierra, visto como un medio de “hacer patria” haciendo patrimonio. Así, la Ley 200 de 1936 configuró una estructura de incentivos y derechos de propiedad que ha moldeado un comportamiento de los empresarios basado en conductas económicas rentistas. En segundo lugar, se fomentó la violencia rural al desatarse una febril carrera empresarial por acaparar baldíos en zonas geográficas con poca protección legal (p. 213). Con esto, no sólo “las transacciones de los reformadores de esta época [década de 1930-1960] contribuyeron a fijar un norte a la historia agraria, sindical y política de Colombia” (p. 213), sino también a configurar la violenta evolución económica que ha caracterizado al país. Si Palacios está en lo correcto, una parte de las preguntas y explicaciones del presente histórico de Colombia deben abordarse atendiendo sus dimensiones institucionales.

En este sentido, el libro señala varias líneas de investigación para avanzar en la construcción de una historia económica y social de la propiedad desde una perspectiva de largo plazo. Por ejemplo, ¿conducen los derechos oligárquicos al aumento de la productividad económica general, a la transición del feudalismo al capitalismo que se predica en el caso inglés?, o ¿incrementan las rentas y el control político territorial de los latifundistas sin que aumente la productividad, en desmedro de la sociedad y el Estado? (p. 31). Para encontrar algunas hipótesis sería útil realizar investigaciones sobre la historia de la legalización de la pequeña propiedad rural, las formas de organización empresarial en el sector agrícola, las consecuencias del paso de campesino a propietario, el papel de la politización partidista en la dinámica de clases y raza en las zonas de colonización, y sobre el papel del Código Civil en el fortalecimiento de la mentalidad propietaria individualista del campesinado colombiano, entre otras.

Asimismo, ¿De quién es la tierra? sugiere líneas de investigación histórica centradas en el análisis de los efectos de la configuración y evolución de las instituciones sobre el desarrollo

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económico y social. Esta línea, enunciada inicialmente por el joven Marx2 y desarrollada por otras vías por North y Thomas3, ha sido empíricamente poco explorada para el contexto colombiano. En particular, un enfoque prometedor en relación con los hallazgos y planteamientos de Palacios es el de Baumol4, que analiza la influencia de los marcos institucionales en el desarrollo económico —entendidos como “reglas de juego” formales e informales, estructura de incentivos y estructura de derechos de propiedad—, a través de su sus efectos en el comportamiento empresarial. La hipótesis desarrollada desde la perspectiva de un análisis histórico es que en

cada período los diferenciales en los procesos de configuración y evolución institucional favorecen o desfavorecen funciones empresariales productivas, improductivas o destructivas, que a su vez, ejercen un efecto directo sobre el desarrollo económico.

Otra línea de investigación que los hallazgos del libro sugieren es el problema de los efectos del cumplimiento (enforcement) del marco jurídico e institucional del país. Por ejemplo, Palacios argumenta que “en las instituciones políticas y legales de esa Colombia había mucho de ficción y fachada; de intento y de esperanza” (p. 85). Según la Teoría Neoinstitucionalista y la Teoría de Costos de Transacción, el elemento importante de las reglas de juego no es solamente su correcta especificación, de manera que se asegure que los beneficios sociales sean mayores que los privados, sino que exista además un mecanismo efectivo para asegurar el cumplimiento de dichas reglas de juego. Aunque este tema no se encuentra desarrollado por Palacios, la tensión que produjo este problema en la configuración institucional del país (y sus efectos sobre el desarrollo agrario) se encuentra a lo largo del libro. A futuro éste es un problema de investigación que podría enriquecer el panorama construido en ¿De quién es la tierra?

Para finalizar, nos preguntamos ¿qué sentido tiene comentar la aparición de un nuevo libro sobre la “cuestión agraria”? Aunque es evidente que la historiografía agraria en el país goza de gran atención, también es evidente que, hasta la actualidad, las clases dirigentes y los académicos no han podido (o no han querido) develar muchos de los problemas del mundo rural. Pareciera ser que los únicos que conocen las preguntas y respuestas adecuadas son los propios dolientes, los campesinos. En todo caso, el mérito de ¿De quién es la tierra? reside precisamente en que ayuda a reactualizar y esclarecer este importante problema, al mismo tiempo que perfila preguntas de investigación relevantes e hipótesis provisionales sobre esa caja negra que es el campo colombiano.

2 Karl Marx, Los debates de la Dieta Renana (Barcelona: Gedisa, 2007). Ver también T. H. Aston y C. H. E Philpin, editores, El debate Brenner. Estructura de clases agraria y desarrollo económico en la Europa Preindustrial (Barcelona: Crítica, 1988).

3 Douglas North y Robert Paúl Thomas, El nacimiento del mundo occidental, Una nueva historia económica (900-1700) (México: Siglo xxi Editores, 1978).

4 William J. Baumol, “Entrepreneurship: Productive, Unproductive, and Destructive”, Journal of Political Economy 98: 5 (1990): 893-921.

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Notilibros

Sección a cargo de Laura Paola Avila Quiroga y Luz Angela Núñez Wilde, Guillermo, compilador. Saberes de la conversión. Jesuitas, indígenas e imperios coloniales

la tecnología naval española, a partir de la cual numerosas fuentes manuscritas —muchas de ellas todavía desconocidas— son comprendidas en su dimensión política, administrativa y militar. En particular, se aborda en detalle la dimensión administrativa y financiera de los astilleros estatales, tanto en la Península Ibérica como en las posesiones americanas. Así, esta obra ofrece un modelo interpretativo, rigurosamente fundamentado, para comprender la incidencia de factores políticos y militares en la evolución técnica de la construcción naval española durante el período clásico de la navegación a vela.

en las fronteras de la cristiandad. Buenos Aires: Editorial sb, 2011, 589 pp. isbn: 978-987-1256-93-8.

La Compañía de Jesús ocupó un rol fundamental en la expansión del cristianismo de la contrarreforma, impulsando la evangelización en las regiones más apartadas de los dominios coloniales.

Los emprendimientos misionales de los jesuitas inmediatamente se extendieron y consolidaron por todo el mundo, y conformaron una verdadera red de conexiones interregionales y continentales basada en la fluida circulación de personas, objetos y textos. A su vez, las interacciones que se produjeron entre los sacerdotes jesuitas y los nativos en las Américas, Asia y África, produjeron transformaciones en el discurso cristiano y en las tradiciones religiosas, culturales y políticas locales. Este libro presenta un recorrido exhaustivo por aspectos relevantes de la acción de los jesuitas en el mundo colonial, contemplando también las respuestas que dicha acción tuvo en los mundos indígenas. Se incluyen contribuciones de los especialistas más reconocidos en el campo de los estudios jesuíticos misionales, brindando al lector una visión interdisciplinaria y un panorama de los debates que atravesaron a la Europa moderna en la época de su primera globalización.

Ternavasio, Marcela y Antonio Annino, coordinadores. El laboratorio constitucional iberoamericano: 1807/1808-1830. Madrid: Iberoamericana Vervuert, 2012, 264 pp. isbn: 978-848-48-9655-5.

Valdez-Bubnov, Iván. Poder naval y modernización del Estado: política de construcción naval española (siglos xvi-xviii). México: unam, Instituto de Investigaciones Históricas/Bonilla Artigas/Iberoamericana, 2011, 516 pp. isbn: 978-607-02-2649-6.

La presente obra es el resultado de una década de investigación en archivos de distintos países, así como de un exhaustivo análisis de la historiografía antigua y contemporánea sobre el sistema naval hispánico. En sus páginas, el lector encontrará una síntesis razonada del conocimiento sobre los principales aspectos de la historia de

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El propósito de este volumen es presentar una reflexión de conjunto sobre el primer constitucionalismo iberoamericano desplegado en las décadas iniciales del siglo xix. No se trata de una “historia constitucional”, sino, más bien, de una historia política de las disputas que provocaron las crisis de las monarquías ibéricas y de las respuestas constitucionales sucedidas en las diversas regiones del orbe iberoamericano. Los “casos” tratados se concentran en tres nudos problemáticos fundamentales: soberanía, representación política y territorio. A partir de estos ejes y de las diversas articulaciones que expresan en el campo constitucional, los autores rescatan las evidentes y significativas transformaciones ocurridas en los idiomas políticos y constitucionales, así como las asimilaciones, superposiciones y tensiones entre conceptos y nuevos y viejos principios. El resultado refleja el formidable dinamismo que asumió ese gran laboratorio de experimentación constitucional conformado por los dos grandes conglomerados territoriales bioceánicos (lusitano e hispánico) a comienzos del siglo xix.

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Notilibros

Escanilla Huerta, Silvia, Daniel Morán y Alina Silveira. Plebe, sociabilidad y revolución. El Perú y el Río de la Plata en el contexto de las guerras de independencia. Lima: Grupo Gráfico del Piero, 2012.

99 pp. isbn: 978-612-00-0826-3.

Este libro reúne cuatro estudios referente a la participación de los sectores populares en las guerras de independencia en el Perú y el Río de la Plata. Mientras Daniel Morán analiza el discurso del desenfreno del populacho que construyó la prensa de Lima en la coyuntura de la experiencia reformista de las Cortes de Cádiz, Silvia Escanilla Huerta profundiza en las prácticas políticas que bandoleros y guerrilleros sostuvieron en plena guerra de recursos entre 1820-1821 en el Perú. Por su parte, Alina Silveira intenta mostrar la inmigración y la inserción de nuevos actores foráneos en el escenario social, comercial y político de Buenos Aires entre la Revolución de Mayo y la caída de Rosas.

Finalmente, Daniel Morán reflexiona acerca de las imágenes y representaciones que la prensa porteña difundió sobre el bello sexo y el papel que éstas cumplieron en el teatro de la guerra y la lucha revolucionaria.

Cueto, Marcos y Adrian Lerner. Indiferencias, tensiones y hechizos: medio siglo de relaciones diplomáticas entre Perú y Brasil, 1889-1945. Lima: iep, 2012, 113 pp. isbn: 978-9972-51-333-6.

La historia de la política exterior de las naciones latinoamericanas ha definido los límites que dan forma a los Estados, ha afectado la vida de poblaciones enteras y ha llegado a convertirse en un elemento clave para moldear el sentido de las identidades nacionales. Este libro es un trabajo exploratorio que contribuye al conocimiento de las relaciones diplomáticas entre Perú y Brasil. La construcción de nacionalismos moderados o estridentes en ambos países se relacionó, por lo tanto, con la definición de sus perfiles territoriales. A la vez, las negociaciones diplomáticas, realizadas por profesionales, comenzaron a ser más sofisticadas, en un contexto en el que ambos Estados mostraron

un marcado interés por la región amazónica. Es una de las pocas obras monográficas dedicadas a organizar el conocimiento existente acerca un periodo clave de la historia de las relaciones diplomáticas de estos dos países, que se inició con el establecimiento de la República Vieja brasileña y la República Aristocrática peruana (que coincidieron con el auge del panamericanismo moderno) y terminó con el desenlace de la Segunda Guerra Mundial y el establecimiento de un orden bipolar con el inicio de la Guerra Fría hacia 1947.

Alvarez Llanos, Jaime. ¡Rojos por dentro! La oposición liberal a la hegemonía conservadora en el Atlántico 1905-1930. Barranquilla: Editorial Universitaria de la Costa educosta/Corporación Universitaria de la Costa cuc, 2011, 340 pp. isbn: 978-958-8710-31-0.

Este libro explica el devenir del partido liberal en las tres primeras décadas del siglo xx, desde su rol de oposición al régimen político de la hegemonía conservadora, haciendo énfasis en las dinámicas partidistas y electorales que marcaron el desarrollo del Departamento del Atlántico. El autor da cuenta de cómo se asocia en el ámbito subregional, el estancamiento del sistema político, con el carácter premoderno de los partidos y el arraigo de una cultura política antidemocrática, permeada profundamente por el caciquismo y el clientelismo.

Pisano, Pietro. Liderazgo político «negro» en Colombia 1943-1964. Bogotá: Universidad Nacional, 2012, 260 pp. isbn: 978-958-761-157-1.

Este libro se propone contribuir a llenar el vacío historiográfico que existe sobre la gente negra colombiana, analizando la actividad y el pensamiento de algunos políticos chocoanos y nortecaucanos que, tras haber protagonizado el primer intento de crear un movimiento negro en el país, concretado en la fundación del Club Negro de Colombia (1943) y del Centro de Estudios Afrocolombianos (1947), desarrollaron una fructífera actividad política local

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Notilibros

que los llevó a ser elegidos como congresistas. En un contexto dominado por la ideología supuestamente igualitaria del mestizaje, que negaba a la gente negra la posibilidad de proponer reivindicaciones como elemento específico de la sociedad, la política representó un importante medio para intentar mejorar las condiciones de la gente negra. El estudio muestra la importancia que tuvo el estudio de la cuestión racial en la actividad de políticos como Diego Luis Córdoba, Natanael Díaz, Arquímides Viveros y Marino Viveros, y la manera peculiar como ellos trataron, articulando la "raza" con cuestiones como la clase, el estímulo de la educación y la búsqueda de autonomía del Chocó y del norte del Cauca.

puestas heterodoxas en teoría económica. La triada economía, política y sociedad es el eje de los artículos, y se desarrolla en diferentes aspectos de la realidad histórica: fiscal, política sectorial, seguridad social e interacción con organismos internacionales.

Noiriel, Gérard. Introducción a la sociohistoria.

Madrid: Siglo xxi Editores, 2011, 159 pp. isbn: 97884-323-1468-1.

La sociohistoria es una corriente de investigación que se ha desarrollado durante los últimos quince años y que combina los principios fundadores de la historia y de la sociología.

Esta monografía rastrea la génesis de las relaciones, largamente tumultuosas, entre estas dos disciplinas, evoca la dimensión histórica de la obra de los grandes sociólogos —desde Émile Durkheim a Pierre Bourdieu, pasando por Max Weber y Norbert Elias— y destaca la contribución hecha por los historiadores al conocimiento del mundo social, siguiendo la estela de la Escuela de los Annales.

Rodríguez Salazar, Óscar y Decsi Arévalo, editores.

Propuestas y debates en historia económica, tomo 1. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia/Centro de Investigaciones para el Desarrollo (cid), 2011, 508 pp. isbn: 978-958-761-104-5.

En las últimas décadas se ha observado un paulatino distanciamiento entre los historiadores y los economistas, motivado por el interés de los primeros en la historia cultural y el de los segundos en la modelización del pasado. Con el propósito de renovar el contacto entre economistas e historiadores, este libro retoma las discusiones teórico-metodológicas involucradas en la historia económica y presenta un conjunto de investigaciones que ilustran los caminos para generar conexiones simbióticas en ambos campos del conocimiento. Por ello en la primera parte del libro se sintetizan los puntos de debate entre la teoría económica e historia y el papel de la cuantificación en el análisis histórico, asunto este sobre el cual es importante, como se muestra en uno de los artículos, considerar de la manera en que las sociedades construyen la información —los datos— que se utiliza en el análisis. Las cinco investigaciones que componen la segunda parte del libro tienen como elemento común la aplicación de los enfoques más comprensivos del pasado, logrados a través de un mejor contacto con los avances de la disciplina histórica y de las pro-

Sánchez Ayala, Luis, coompilador. Geografía Humana: Conceptos básicos y aplicaciones. Bogotá: Ediciones Uniandes, 2012, 193 pp. isbn: 978-958-695-713-7.

Hist. Crit. No. 47, Bogotá, mayo-agosto 2012, 248 pp. ISSN 0121-1617 pp 229-231

Este libro presenta algunos de los campos de estudio y conceptos básicos dentro de la geografía humana enfocada en el estudio de los factores, fenómenos y eventos relacionados con el ser humano. El texto es una invitación a quienes empiezan este recorrido por la geografía, y su aporte contribuye a mejorar la interpretación de nuestro planeta. La destreza geográfica implica pensar espacialmente, es decir, tener la habilidad de comprender y contextualizar las distribuciones y variaciones que existe en nuestro entorno para lograr el desarrollo y aplicación de un pensamiento que tome en cuenta las interconexiones que caracterizan al mundo moderno.

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Acerca de la Revista

Acerca de la revista Historia Crítica es la revista del Departamento

de Historia de la Universidad de los Andes (Bogotá,

Colombia). Cumple con sus lectores desde su creación en 1989.

La revista Historia Crítica tiene como objetivo

publicar artículos inéditos de autores nacionales y extranjeros, que presenten resultados de inves-

personas interesadas en los estudios históricos.

Las secciones de la revista son las siguientes:

La Carta a los Lectores o Presentación del

Dossier informa sobre el contenido del número y la pertinencia del tema que se está tratando.

La sección de Artículos divulga resultados de

tigación histórica o balances historiográficos, así

investigación y balances historiográficos. Esta sec-

estudios históricos. La calidad de los artículos se

•

como reflexiones académicas relacionadas con los

asegura mediante un proceso de evaluación interno

y externo, el cual es realizado por pares académicos nacionales e internacionales.

La revista cuenta con la siguiente estructura:

un director, un editor, dos asistentes editoriales,

un comité editorial y un comité científico, que garantizan la calidad y pertinencia de los con-

tenidos de la revista, son evaluados anualmente en función de sus publicaciones en otras revistas nacionales e internacionales.

Historia Crítica contribuye al desarrollo de la dis-

ciplina histórica en un país que necesita fortalecer

ción se divide en tres partes:

•

•

El Dossier reúne artículos que giran alrededor

de una temática específica, convocada previamente por el Comité Editorial.

En Tema Abierto se incluyen artículos sobre variados intereses historiográficos, distintos a los que reúne el dossier.

El Espacio Estudiantil publica artículos escritos por estudiantes de pregrado o maestría

adscritos a diversas universidades. Si el tema del artículo corresponde con el del dossier, se ubica como último artículo del mismo; si no es el caso, se ubica al final del Tema abierto.

Las Reseñas y los Ensayos bibliográficos

el estudio de la Historia y el de todas las Ciencias

ponen en perspectiva publicaciones historiográ-

social, político, económico y cultural. En este sen-

Los Notilibros y los Notired ofrecen una breve

Sociales para la mejor comprensión de su entorno tido, se ha afianzado como un punto de encuentro

para la comunidad académica nacional e internacional, logrando el fortalecimiento de la investigación.

El público de la revista Historia Crítica está com-

ficas recientes.

descripción de publicaciones recientes y de páginas Web de interés para el historiador.

Adicionalmente, la revista puede evaluar la

puesto por estudiantes de pregrado y postgrado y

pertinencia de incluir traducciones de artículos

insumo para sus estudios y sus investigaciones

español, inglés o portugués, así como transcripciones

por profesionales nacionales y extranjeros, como en Historia y en Ciencias Sociales, así como por

publicados en el extranjero en idiomas distintos del de fuentes de archivo con introducción explicativa.

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Normas para los autores Versión enero de 2012 Tipo de artículos, fechas y modalidad de recepción • Historia Crítica publica artículos inéditos que presenten resultados de investigación histórica, innovaciones teóricas sobre debates en interpretación histórica o balances historiográficos completos.

• Se publican textos en español, inglés y portugués, pero se acepta recibir la versión inicial de los textos en otros idiomas (francés e italiano). En caso de ser aprobado, el autor se encargará de entregar la versión definitiva traducida al español, ya que Historia Crítica no ofrece ayuda para este efecto.

• Las fechas de recepción de artículos de tema libre y para los Dossiers se informan en las respectivas convocatorias.

• Los artículos deben ser remitidos por medio del enlace previsto para este efecto en el sitio web de la revista http://historiacritica.uniandes.edu.co o enviados al correo electrónico hcritica@uniandes.edu.co • Los demás textos (reseñas, ensayos bibliográficos, entrevistas, etc.) deben ser enviados al correo electrónico hcritica@uniandes.edu.co • Los artículos enviados a Historia Crítica para ser evaluados no pueden estar simultáneamente en proceso de evaluación en otra publicación.

Evaluación de los artículos y proceso editorial A la recepción de un artículo, el Comité editorial evalúa si cumple con los requisitos básicos exigidos por la revista, así como su pertinencia para figurar en una publicación de carácter histórico. Posteriormente, toda contribución es sometida a la evaluación de dos árbitros anónimos y al concepto del Comité Editorial. El resultado será comunicado al autor en un período inferior a seis meses a partir de la recepción del artículo.

Las observaciones de los evaluadores, así como las del Comité editorial, deberán ser tomadas en cuenta por el autor, quien hará los ajustes solicitados. Estas modificaciones

y correcciones al manuscrito deberán ser realizadas por el autor en el plazo que le será indicado por el editor de la revista (aprox. 15 días). Luego de recibir el artículo modificado, se le informará al autor acerca de su aprobación.

El Comité editorial se reserva la última palabra sobre la publicación de los artículos y el número en el cual se publicarán. Esa fecha se cumplirá siempre y cuando el autor haga llegar toda la documentación que le es solicitada en el plazo indicado. La revista se reserva el derecho de hacer correcciones menores de estilo.

Durante el proceso de edición, los autores podrán ser consultados por los editores para resolver las inquietudes existentes. Tanto en el proceso de evaluación como en el proceso de edición, el correo electrónico constituye el medio de comunicación privilegiado con los autores.

Procedimiento con las reseñas y los ensayos bibliográficos Historia Crítica procede de dos formas para conseguir reseñas. Por un lado, los autores pueden remitir espontáneamente sus reseñas al correo electrónico de la revista. Lo mismo se aplica a los ensayos bibliográficos. Por otro lado, la revista recibe libros a su dirección postal (Cra 1 No. 18 A 10, Edificio Roberto Franco, of. G-421, Bogotá, colombia) previo aviso por correo electrónico, ojala indicando nombres de posibles reseñadores. En este caso, la revista buscará conseguir una reseña del libro remitido.

Las reseñas deben ser críticas y versar sobre libros pertinentes para la disciplina histórica que hayan sido publicados en los cinco últimos años. Los ensayos bibliográficos deben discutir críticamente una, dos o más obras.

Las reseñas y los ensayos bibliográficos son sometidos a revisión y, de ser aprobados, a eventuales modificaciones.

Indicaciones para los autores de textos aceptados para publicación (artículos, reseñas, ensayos bibliográficos y entrevistas) • Los autores recibirán dos ejemplares del número en el que participaron.

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Los autores de los textos aceptados autorizan, mediante la firma del ‘Documento de autorización de uso de derechos de propiedad intelectual’, la utilización de los derechos patrimoniales de autor (reproducción, comunicación pública, transformación y distribución) a la Universidad de los Andes Departamento de Historia, para incluir el texto en la Revista Historia Crítica (versión impresa y versión electrónica). En este mismo documento los autores confirman que el texto es de su autoría y que en el mismo se respetan los derechos de propiedad intelectual de terceros.

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Es responsabilidad del autor conseguir y entregar a la revista el permiso para la publicación de lasimágenes que lo requieran.

• Las notas de pie de página deberán aparecer en números arábigos.

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Referencias Historia Crítica utiliza una adaptación del Chicago Manual of Style, en su edición número 15, versión Humanities Style. A continuación se utilizaran dos abreviaturas que permiten ver las diferencias entre la forma de citar en las notas a pie de página (N) y en la bibliografía (B): Libro De un solo autor: N Nombre Apellido(s), Título completo (Ciudad: Editorial, año), 45.

B Apellido(s), Nombre. Título completo. Ciudad: Editorial, año.

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Cuatro o más autores: N Nombre Apellido(s) et al., Título completo (Ciudad: Editorial, año), 45-90.

B Apellido(s), Nombre, Nombre Apellido(s), Nombre Apellido(s) y Nombre Apellido(s). Título completo. Ciudad: Editorial, año.

Artículo en libro N Nombre Apellido(s), "Título artículo", en Título completo, eds. Nombre Apellido(s) y Nombre Apellido(s) (Ciudad: Editorial, año), 45-50.

B Apellido(s), Nombre. "Título artículo". En Título completo, editado por Nombre Apellido(s) y Nombre Apellido(s). Ciudad: Editorial, año, 45-90.

Artículo en revista N Nombre Apellido(s), "Título artículo", Título revista Vol: No (año): 45.

B Apellido(s), Nombre. "Título artículo". Título revista Vol: No (año): 45-90.

Artículo de prensa N Nombre Apellido(s), "Título artículo", Título periódico, Ciudad, día y mes, año, 45.

B Apellido(s), Nombre. "Título artículo". Título periódico, Ciudad, día y mes, año.

Tesis N Nombre Apellido(s), "Título tesis" (Tesis pregrado/ PhD/Maestría, Universidad, año), 45-50, 90.

B Apellido(s), Nombre. "Título tesis". Tesis, Universidad, año.

Fuentes de archivo N “Título del documento”, (lugar y fecha, si aplica), en siglas del archivo, Sección, Fondo, vol./leg./t., f. o ff. La primera vez se cita el nombre completo del archivo y la abreviatura entre paréntesis.

B Nombre completo del archivo (sigla), Ciudad-País, Sección(es), Fondo(s).

Entrevistas Entrevista a Apellido(s), Nombre, Ciudad, fecha completa.

Publicaciones en Internet N Nombre Apellido(s) y Nombre Apellido(s). Título completo (Ciudad: Editorial, año), información del DOI o URL (fecha de consulta) B Apellido(s), Nombre, y Nombre Apellido(s), eds. Título completo. Ciudad: Editorial, año. Información del DOI o URL Después de la primera citación se procede así: Nombre Apellido, dos o tres palabras del título, 45-90.

No se utiliza Ibid, ibidem, cfr ni op. cit.

Consulte las “Normas para los autores” en inglés y portugués en http://historiacritica.uniandes.edu.co

Hist. Crit. No. 47, Bogotá, mayo-agosto 2012, 248 pp. ISSN 0121-1617 pp 233-235

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Dossier: Construcción estatal y respuestas sociales en América Latina, siglo xix Luz Angela Núñez Espinel, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia Presentación del dossier “Construcción estatal y respuestas sociales en América Latina, siglo xix” Gabriel Cid, Universidad Diego Portales, Santiago, Chile Ritos para una nueva legitimidad: ceremoniales constitucionales y republicanismo en Chile (1812-1833) Juan Carlos Vélez Rendón, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia “Desconductadas costumbres” y “semillas de la discordia”. Prácticas de oposición y resistencia a los jefes políticos en el nordeste de Antioquia (1821-1843) María Lucrecia Johansson, ises-conicet, San Miguel de Tucumán, Argentina Paraguay contra el monstruo antirrepublicano. El discurso periodístico paraguayo durante la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870) Yolanda de Paz Trueba, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Tandil, Argentina Alimento, techo, educación y… ¿maltrato? La preocupación por los niños y niñas pobres en el centro bonaerense a finales del siglo xix y principios del xx Espacio estudiantil Wilson Ferney Jiménez Hernández, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia El Papel Periódico Ilustrado y la configuración del proyecto de la Regeneración (1881-1888) Tema Abierto Manolo Florentino, Universidad de Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Uma lógica demográfica elástica: o abolicionismo britânico e a plantation escravista no Brasil (1789-1850) Adrián Serna Dimas, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia, y Diana Gómez Navas, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia El Carmelo: Historia de una antigua barriada bogotana en la cuenca del río Arzobispo (1900-1934) Fabio Moraga Valle, cela-unam, México d.f., México El Congreso de Estudiantes Latinoamericanos de Santiago. Antiimperialismo e indoamericanismo en el movimiento estudiantil chileno (1935-1940) Reseñas

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