Historia Crítica No. 60

N掳 60 路 Abril - junio 2016

Universidad de los Andes 路 Facultad de Ciencias Sociales Departamento de Historia Bogot谩, Colombia

Traducción al inglés · Carol O’Flynn Traducción al portugués · Roanita Dalpiaz Corrección de estilo · Guillermo Díez Equipo Informático · Claudia Vega Diseño de Editorial y Diagramación · Víctor Gómez Imagen de portada y portadillas · Pastiche, 2016. Camilo Andrés Gómez Contreras ca.gomez11@uniandes.edu.co · camiloandresg.c@hotmail.com· Portafolio: https://www.behance.net/Gombou Impresión · Panamericana formas e impresos S.A. La revista tiene todos sus contenidos en acceso abierto a través de su página web. La versión impresa tiene un costo y puede adquirirse en: Distribución · Siglo del Hombre Editores Cra 32 No 25-46 · Bogotá, Colombia · PBX (571) 337 77 00 · www.siglodelhombre.com Suscripciones | Librería Universidad de los Andes · Cra 1a No 19-27 Ed. AU 106 · Bogotá, Colombia Tels. (571) 339 49 49 ext. 2071 – 2099 · http://libreria.uniandes.edu.co Canjes | Facultad de Ciencias Sociales · Universidad de los Andes · Cra. 1a Este No. 18A – 10 Ed. Franco, piso 6, oficina 617 · Bogotá – Colombia · Tel [571] 3394949 Ext.: 3585 publicacionesfaciso@uniandes.edu.co · http://publicacionesfaciso.uniandes.edu.co Páginas del número · 204 pp.

Formato · 19 x 24.5 cm Tiraje · 300 ejemplares Periodicidad · Trimestral ISSN 0121-1617. Min. Gobierno 2107 de 1987 eISSN 1900-6152 Precio · $ 30.000 (Colombia) * Las ideas aquí expuestas son responsabilidad exclusiva de los autores. * El material de esta revista puede ser reproducido sin autorización para uso personal o en el aula de clase, siempre y cuando se mencione la fuente. Para reproducciones con cualquier otro fin es necesario solicitar primero autorización del Comité Editorial de la revista.

Acerca de la revista Historia Crítica es una de las revistas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia). Cumple con sus lectores desde su creación en 1989.

La revista Historia Crítica tiene como objetivo publicar artículos inéditos de autores nacionales y extranjeros, que presenten resultados de investigación histórica o balances historiográficos, así como reflexiones académicas relacionadas con los estudios históricos. La calidad de los artículos se asegura mediante un proceso de evaluación interno y externo, el cual es realizado por pares académicos nacionales e internacionales.

La revista cuenta con la siguiente estructura: un director, un editor, un gestor editorial, un comité editorial y un comité científico, que garantizan la calidad y pertinencia de los contenidos de la revista.

Los miembros de los comités son evaluados anualmente en función de sus publicaciones en otras revistas nacionales e internacionales.

Historia Crítica contribuye al desarrollo de la disciplina histórica en un país que necesita fortalecer el estudio de la Historia y el de todas las Ciencias Sociales, para la mejor comprensión de su entorno social, político, económico y cultural. En este sentido, se ha afianzado como un punto de encuentro para la comunidad académica nacional e internacional, logrando el fortalecimiento de la investigación.

El público de la revista Historia Crítica está compuesto por estudiantes de pregrado y posgrado y por profesionales nacionales y extranjeros, como insumo para sus estudios y sus investigaciones en académicas, así como por personas interesadas en los estudios históricos.

Palabras clave: historia, ciencias sociales, investigación, historiografía.

Las secciones de la revista son las siguientes: La Carta a los lectores y Presentación del Dossier informa sobre el contenido del número y la pertinencia del tema que se está tratando.

La sección de Artículos divulga resultados de investigación y balances historiográficos. Esta sección se divide en tres partes: • El Dossier reúne artículos que giran alrededor de una temática específica, convocada previamente por el Equipo Editorial.

• En Tema abierto se incluyen artículos sobre variados intereses historiográficos, distintos a los que reúne el dossier.

• El Espacio estudiantil publica artículos escritos por estudiantes de pregrado, maestría y doctorado adscritos a diversas universidades. Si el tema del artículo corresponde con el del dossier, se ubica como último artículo del mismo; si no es el caso, se ubica al final del Tema abierto.

• Las Reseñas y los Ensayos bibliográficos ponen en perspectiva publicaciones historiográficas recientes.

• Los Notilibros ofrecen una breve descripción de publicaciones recientes de interés para el investigador.

Adicionalmente, la revista puede evaluar la pertinencia de incluir traducciones de artículos publicados en el extranjero en idiomas distintos a español, inglés o portugués, así como transcripciones de fuentes de archivo con introducción explicativa.

La revista somete todos los artículos que recibe a la herramienta de detección de plagio.

Todos los contenidos de la revista son de libre acceso y se pueden descargar en formato PDF, HTML y en versión e-book en nuestra página web: http://historiacritica.uniandes.edu.co

La revista hace parte de los siguientes catálogos, bases bibliográficas, índices y sistemas de indexación: Publindex - Índice Nacional de Publicaciones Seriadas Científicas y Tecnológicas Colombianas, (Colciencias, Colombia), desde 1998. Actualmente en categoría A1.

Sociological Abstracts y Worldwide Political Science Abstracts (CSA-ProQuest, Estados Unidos), desde 2000.

Ulrich’s Periodicals Directory (CSA-ProQuest, Estados Unidos), desde 2001.

PRISMA - Publicaciones y Revistas Sociales y Humanísticas (CSA-ProQuest, Gran Bretaña), desde 2001.

Historical Abstracts y America: History &Life (EBSCO Information Services, antes ABC-CLIO, Estados Unidos), desde 2001.

HAPI - Hispanic American Periodical Index (UCLA, Estados Unidos), desde 2002.

OCENET (Editorial Oceano, España), desde 2003.

LATINDEX - Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (México), desde 2005.

Fuente Académica, Current Abstracts, EP Smartlink Fulltext, TOC Premier, Academica Search Complete, SocINDEX (EBSCO Information Services, Estados Unidos), desde 2005.

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DOAJ - Directory of Open Access Journal (Lund University Libraries, Suecia), desde 2007.

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Tabla de contenido Carta a los lectores · 8-9

Artículos Tema abierto El pensamiento colombiano en el siglo XIX. Breve guía para un viajero joven · 13-22 Renán Silva, Universidad de los Andes, Colombia Razón y secreto en los registros notariales virreinales. Madrid, Lima y Santiago de Chile (1670-1720) · 23-41 Aude Argouse, Universidad de Chile Religión, guerra y ciudad: clero y gobierno local en Puebla durante la guerra con Estados Unidos (1847-1848) · 43-60 Sergio Rosas Salas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México El espejismo de la República posible. La cuestión de la ciudadanía política y la organización institucional de los Territorios Nacionales en Argentina (siglo XIX) · 61-80 Lisandro Gallucci, Universidad Nacional de San Martín, Argentina Un saber “sudamericano”. La dactiloscopia en el Congreso Científico Latinoamericano, 1901-1909 · 81-101 Mercedes García Ferrari, Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina Relaciones entre civiles y militares durante el Oncenio de Augusto Leguía (Perú, 1919-1930) · 103-122 Carlos Camacho Arango, Universidad Externado de Colombia Los anfitriones del exilio chileno en México, 1973-1993 · 123-140 Claudia Fedora Rojas Mira, Centro de Estudios Avanzados/Universidad de Playa Ancha, Chile

Espacio estudiantil Crecimiento urbano en la configuración del área periférica de San Juan de Girón, 1964-1985 (Santander-Colombia) · 143-161 Ivonne Marcella Duque Estupiñán, Universidad Santo Tomás, Colombia

Reseñas Anónimo. La catástrofe del Itata. Memorias de un sobreviviente. Coquimbo: Ediciones Universitarias Universidad Católica del Norte, 2014 · 165-167 Andrés Bianchetti Saavedra, Universidad San Sebastián, Chile Pérez Benavides, Amada Carolina. Nosotros y los otros. Las representaciones de la nación y sus habitantes 1880-1910. Bogotá: Universidad Javeriana, 2015 · 168-171 Sebastián Vargas Álvarez, Universidad Iberoamericana, México Notilibros · 173-175 Políticas editoriales · 176-181

Table of Contents Letter to readers · 8-9

Articles Open Forum Colombian Thought in the 19th Century: A Brief Guide for a Young Traveler · 13-22 Renán Silva, Universidad de los Andes, Colombia Reason and Secrecy in Viceroyal Notarial Records. Madrid, Lima and Santiago de Chile (1670-1720) · 23-41 Aude Argouse, Universidad de Chile Religion, War and the City: Clergy and Local Government in Puebla during the War with the United States (1847-1848) · 43-60 Sergio Rosas Salas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Mexico The Mirage of the Possible Republic. The Question of Political Citizenship and the Institutional Organization of National Territories in Argentina (19th Century) · 61-80 Lisandro Gallucci, Universidad Nacional de San Martín, Argentina A “South-American” Knowledge. Fingerprinting at the Latin American Scientific Congress, 1901-1909 · 81-101 Mercedes García Ferrari, Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina Relations between Civilians and the Military during the Oncenio of Augusto Leguía (Peru, 1919-1930) · 103-122

Carlos Camacho Arango, Universidad Externado de Colombia The Hosts of Chilean Exiles in Mexico, 1973-1993 · 123-140 Claudia Fedora Rojas Mira, Centro de Estudios Avanzados/Universidad de Playa Ancha, Chile

Student Space Urban Growth in Shaping the Peripheral Area of San Juan de Girón, 1964-1985 (Santander, Colombia) · 143-161 Ivonne Marcella Duque Estupiñán, Universidad Santo Tomás, Colombia

Book Reviews Anónimo. La catástrofe del Itata. Memorias de un sobreviviente. Coquimbo: Ediciones Universitarias Universidad Católica del Norte, 2014 · 165-167 Andrés Bianchetti Saavedra, Universidad San Sebastián, Chile Pérez Benavides, Amada Carolina. Nosotros y los otros. Las representaciones de la nación y sus habitantes 1880-1910. Bogotá: Universidad Javeriana, 2015 · 168-171 Sebastián Vargas Álvarez, Universidad Iberoamericana, Mexico Book Notes · 173-175 Editorial Policies · 182-186

Lista de conteúdos Carta aos leitores · 8-9

Artigos Tema aberto O pensamento colombiano no século XIX. Breve guia para um viajante jovem · 13-22 Renán Silva, Universidad de los Andes, Colômbia Razão e segredo nos registros notariais vice-reais. Madri, Lima e Santiago do Chile (1670-1720) · 23-41 Aude Argouse, Universidad de Chile Religião, guerra e cidade: clero e governo local em Puebla durante a guerra com os Estados Unidos (1847-1848) · 43-60 Sergio Rosas Salas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México A miragem da República possível. A questão da cidadania política e a organização institucional dos Territórios Nacionais na Argentina (século XIX) · 61-80 Lisandro Gallucci, Universidad Nacional de San Martín, Argentina Um saber “sul-americano”. A datiloscopia no Congresso Científico Latino-americano, 1901-1909 · 81-101 Mercedes García Ferrari, Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina Relações entre civis e militares durante o Oncenio de Augusto Leguía (Peru, 1919-1930) · 103-122 Carlos Camacho Arango, Universidad Externado de Colombia Os anfitriões do exílio chileno no México, 1973-1993 · 123-140 Claudia Fedora Rojas Mira, Centro de Estudios Avanzados/Universidad de Playa Ancha, Chile

Espaço estudantil Crescimento urbano na configuração da área periférica de San Juan de Girón, 1964-1985 (Santander-Colômbia) · 143-161 Ivonne Marcella Duque Estupiñán, Universidad Santo Tomás, Colômbia

Resenhas Anónimo. La catástrofe del Itata. Memorias de un sobreviviente. Coquimbo: Ediciones Universitarias Universidad Católica del Norte, 2014 · 165-167 Andrés Bianchetti Saavedra, Universidad San Sebastián, Chile Pérez Benavides, Amada Carolina. Nosotros y los otros. Las representaciones de la nación y sus habitantes 1880-1910. Bogotá: Universidad Javeriana, 2015 · 168-171 Sebastián Vargas Álvarez, Universidad Iberoamericana, México Notilivros · 173-175 Políticas editoriais · 187-192

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Carta a los lectores El Equipo Editorial de Historia Crítica se complace en presentar a sus lectores un nuevo número de Tema abierto, con aportes desde Colombia, Chile, Argentina y México, que leídos en su conjunto dan cuenta de algunos de los problemas, objetos, temas y fuentes que son empleados por los historiadores en las últimas décadas. En esta ocasión se abre el número con un escrito de Renán Silva titulado “El pensamiento colombiano en el siglo XX. Breve guía para un viajero joven”, en memoria de la obra de Jaime Jaramillo Uribe (1917-2015), uno de los historiadores colombianos más reconocidos del siglo XX. Silva tiene como objetivo principal presentar a un público joven de estudiantes de Historia y Ciencias Sociales una de las obras más destacadas de la historiografía en Colombia: El pensamiento colombiano en el siglo XIX, escrita por Jaramillo Uribe entre 1953 y 1956 y publicada en 1964 por la editorial Temis. En este escrito se presentan los elementos que caracterizan el enfoque y el método, el tipo de fuentes que constituyeron el archivo, el contexto académico y cultural en el que se inscribe, y las posibles dificultades que presenta la lectura de esta obra. Pero además se trata de una invitación para acercarse al importante legado investigativo de este historiador, que permitirá a las nuevas generaciones de académicos introducirse en los estudios históricos sobre la sociedad colombiana.

A continuación se incluyen los artículos de Aude Argouse y Sergio Rosas Salas que estudian dos destacados actores históricos: los escribanos de la Monarquía Católica que desempeñaron funciones en Madrid, Lima y Santiago de Chile, y el clero de la ciudad de Puebla (México) en la guerra con Estados Unidos. Argouse se introduce en los autos notariales que permiten el estudio de la cultura escrita, la cultura jurídica, los estudios de administración colonial y la diplomática, a través de las funciones que cumplen los escribanos como mediadores sociales y proveedores de verdad legal. Con este objetivo se analizan tres situaciones que muestran la apropiación particular de la escritura pública: una que tiene por protagonista a Cristóbal Gaona entre el 9 de noviembre de 1671 y el 6 de mayo de 1673; otra, a Antonio Sánchez de Bahamonde entre 1666 y 1678, y, por último, una que trata sobre los escribanos de Lima entre 1691 y 1717. Rosas Salas analiza las estrategias seguidas por el clero de Puebla para mantener protegida a la población, guardar el orden durante la ocupación del Ejército estadounidense y salvaguardar el culto religioso de ciertas imágenes como un elemento de tranquilidad pública. Aquí se muestra el aporte del clero —por ejemplo, del Cabildo Catedral— a la defensa de la ciudad a través de las prédicas de patriotismo y las rogativas de paz, manifestando con ello el poder cohesionador que tenía el catolicismo entre 1847 y 1848.

También contamos con los escritos de Lisandro Gallucci y Mercedes García Ferrari, ubicados en el contexto argentino de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Gallucci trata la cuestión de la ciudadanía política y la organización institucional de los Territorios Nacionales en Argentina.

Con el estudio de los debates parlamentarios del Congreso, el autor establece las representaciones que tenían las élites políticas que diseñaron el orden institucional sobre estos espacios, así como la mirada sobre la población que los habitaba, considerada con un estatus jurídico diferente a la de las provincias al no contar con autonomía política. Así las cosas, los pobladores de los Territorios no podían participar en las elecciones nacionales, como tampoco elegir los gobernados o enviar representantes al Congreso de la recién fundada nación argentina. García Ferrari, por su parte, se ocupa de los encuentros del Congreso Científico Latinoamericano organizados entre 1901 y

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Carta a los lectores

1909 y de la importancia de los intercambios científicos regionales para legitimar la difusión del Sistema Dactiloscópico Argentino, cuyo principal representante era Juan Vucetich. Las actas de los congresos celebrados en Montevideo, Río de Janeiro y Santiago de Chile le permiten a la autora establecer la importancia adquirida por el método dactiloscópico en América Latina, y, con ello, la modernización de las instituciones del Estado. Esta renovación respondía al impulso dado a la nacionalización de los sistemas de identificación y a la mundialización del intercambio de información biométrica y de antecedentes penales.

A propósito de problemáticas políticas se encuentra el artículo de Carlos Camacho Arango, que estudia las relaciones civiles y militares durante el Oncenio de Augusto Leguía en Perú, entre 1919 y 1930. Camacho Arango, empleando los escritos de militares extranjeros residentes en el país —como los agregados norteamericanos y los instructores franceses—, concluye que las Fuerzas Militares peruanas no conformaban un bloque homogéneo, estable u organizado. Desde los estudios de Civil-Military Relations, el autor muestra cómo algunas medidas institucionales del presidente Legía contra el Ejército sirvieron de contexto a las acciones de muchos oficiales (con mando de tropa) en su contra, ocurridas en gran medida en zonas de provincia. Así como la investigación de Claudia Fedora Rojas Mira sobre las relaciones entre los gobiernos de Chile y México antes del golpe de Estado de 1973 y durante el período del exilio en México. Se muestra que, gracias a los vínculos políticos, sociales y culturales establecidos por la izquierda chilena y mexicana —como, por ejemplo, las estancias de Gabriela Mistral y Pablo Neruda—, se dio el ingreso de exiliados políticos al territorio mexicano. Rojas Mira reconstruye algunos de estos importantes vínculos empleando un conjunto de archivos y testimonios orales de personas que vivieron de cerca el ingreso de exiliados chilenos en México entre 1973 y 1993.

Por último, en la sección Tema estudiantil, los invitamos a consultar el artículo de Ivonne Marcella Duque Estupiñán sobre el crecimiento urbano en la configuración del área periférica de San Juan de Girón, en el departamento de Santander (Colombia). Una problemática que ilustra el desarrollo, la ubicación y los proyectos de vivienda en el período 1964-1985, que dieron como resultado la creación de las urbanizaciones industriales Vegas de Villamizar y Chimitá, el barrio Santa Cruz y el barrio El Poblado. Además de dos reseñas: una de Andrés Bianchetti Saavedra sobre el escrito anónimo “La catástrofe del Itata. Memorias de un sobreviviente” y otra de Sebastián Vargas Álvarez acerca de la investigación “Nosotros y los otros. Las representaciones de la nación y sus habitantes 1880-1910”. Como también nuestra habitual sección de “Notilibros”, con novedades editoriales de la Universidad del Rosario, El Colegio de México, Eudeba, Flacso-Ecuador, Universidad de Extremadura, Iberoamericana Vervuert, Edinburgh University Press, Oxford University Press y Harvard University Press.

María Cristina Pérez Editora

Tema abierto

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El pensamiento colombiano en el siglo XIX. Breve guía para un viajero joven❧ Renán Silva

Universidad de los Andes, Colombia doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit60.2016.01

I Las siguientes líneas intentan presentar ante un público joven de estudiantes de Historia y Ciencias Sociales una de las obras más importantes de la historiografía del siglo XX en Colombia: El pensamiento colombiano en el siglo XIX, escrita por Jaime Jaramillo Uribe (1917-2015) entre 1953 y 1956, y publicada por primera vez en 19641. Se trata de una obra que ha sido olvidada en años recientes en la enseñanza universitaria en el país, en buena medida como efecto de la distancia que las nuevas generaciones de profesores universitarios han establecido en Colombia respecto de las tradiciones de análisis anteriores a la forma dominante de interpretación, que ha reinado en las escuelas de Historia desde las dos últimas décadas del siglo XX. El propósito del texto que presento es más informativo que crítico, aunque esa dimensión debe aparecer en algún momento de las reflexiones. Para nuestro propósito entenderemos por presentar una obra sencillamente indicar su contenido (la materia examinada), señalar los elementos principales que caracterizan su enfoque y método, mencionar el tipo de fuentes que constituyen su “archivo”, mostrar la importancia y significación de la obra en referencia por la relación con la cultura historiográfica en que se inscribe, ofrecer algunos ejemplos sobre las posibles dificultades de su lectura y, finalmente, señalar su novedad —en caso de que exista—, con el propósito de invitar a la lectura de la obra de que se trata y tal vez colaborar a subsanar el olvido de un instrumento de trabajo que hoy nos hace mucha falta.

II Señalemos pues, para comenzar sin más rodeos, que el tema central de la obra es el de su título —el pensamiento colombiano en el siglo XIX—, lo que en principio debe sorprender y empezar a poner de presente la novedad de la obra, más hoy (que hace medio siglo), pues las nuevas generaciones de universitarios de Ciencias Sociales han crecido bajo la idea de que nuestra única tradición es la violencia, y que el siglo XIX colombiano es simplemente el de las constantes guerras ❧ A propósito de la obra de Jaime Jaramillo Uribe, El pensamiento colombiano en el siglo XIX (Bogotá: Editorial

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Temis, 1982 [1964]).

La obra aparece firmada en 1956 en Alemania, país en donde Jaramillo Uribe pasaba una temporada de estudios, pero sólo será publicada en 1964 por la editorial Temis, que había hecho ya una primera impresión meses atrás, que el autor consideró impropia por su presentación y sus erratas. Luego tuvo tres ediciones más: una en 1974 y otra en 1996, y la más reciente de la Universidad de los Andes —la tercera edición, publicada por esta Universidad, data de 2001—, que se anuncia como cuarta edición, todas de muy buenas condiciones editoriales.

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El pensamiento colombiano en el siglo XIX. Breve guía para un viajero joven Renán Silva

civiles (una manifestación de nuestra supuesta permanente violencia). Decir entonces, como lo hizo Jaime Jaramillo Uribe, que hay un pensamiento colombiano en el siglo XIX y que vale la pena interesarse por él hace aún más actual la obra, pero hay que advertir que en el título de su obra y en su contenido no hay ninguna forma de reivindicación nacionalista ni una prueba de orgullo nacional.

Se trata simplemente de mostrar la manera como un conjunto de letrados, que en su mayoría se habían convertido en el centro de la vida política del país en formación, comenzaron a participar de la modernidad política occidental y a discutir sobre esas ideas en el marco de sus propios afanes por darle sentido y coherencia a la sociedad postrevolucionaria, aquella posterior a 1810.

De manera mucho más precisa hay que decir que ese tema del pensamiento colombiano en el siglo XIX se especifica en el estudio del liberalismo, dado que el autor considera que se trata de la fuerza por excelencia que modeló desde el siglo XIX las instituciones políticas de lo que en la actualidad llamamos Colombia (aunque esa misma proposición se puede predicar para América Hispana y, desde luego, para Europa, por lo demás “cuna” de la mencionada doctrina). Pero la palabra liberalismo no remite en la obra de Jaramillo Uribe a un partido político determinado, ni se opone de manera sencilla a “conservatismo”. Liberalismo se entiende aquí ante todo como una forma particular de asumir las relaciones entre Sociedad, Estado e Individuo, un sistema de relaciones que desde por lo menos el siglo XVII ha dominado el pensamiento político de Occidente. El libro mostrará, y ésa es una de sus virtudes, todas las combinaciones y todos los matices que son históricamente posibles entre esos tres términos mencionados, y la forma como las sociedades —en su historia concreta— enriquecen ese enunciado, que aquí sólo mencionamos en su generalidad. Para Jaramillo Uribe, el estudio del liberalismo se impone al investigador como producto de la realidad histórica, y no como “preferencia subjetiva del autor”, pues por fuera de la importancia del liberalismo para el advenimiento de la modernidad política, en Colombia y en el continente, se trata de la concepción del Estado dominante, y posiblemente la “única existente” en nuestros países, la única que encontró en el siglo XIX una formulación clara y distinta, al punto que esas ideas constituyeron “parte muy importante del pensamiento político aun de aquellos espíritus tradicionalistas que trataban de oponérsele”2.

Desde el punto de vista del enfoque del libro (la teoría y el método) hay varias cosas por decir.

De manera inicial indiquemos que se trata de aquello que de forma habitual designamos como Historia de las ideas. El autor dirá que su libro “no es una historia erudita” —en el sentido de una crónica completa en términos bibliográficos y documentales, organizada como una exposición cronológica de un proceso lineal— de todo lo que se escribió en Colombia en el siglo XIX sobre el problema. Agregará que se trata más bien de un “ensayo de comprensión” del pensamiento de algunos autores colombianos que, “por la magnitud y calidad de su obra”, en su época tuvieron “considerable influjo sobre la opinión de sus conciudadanos y en alguna medida continúan teniéndolo”. Así pues, no se trata de una “historia completa” de las doctrinas liberales en Colombia, sino más bien de “un ensayo comprensivo” de las ideas que sobre el Estado (y, en general, sobre “la orientación espiritual de la nación” en el siglo XIX) presentaron a la consideración de sus conciudadanos algunos hombres de letras, que fueron figuras públicas de primer orden en ese período tan importante en la historia moderna del país.

2 Jaime Jaramillo Uribe, Prefacio de la primera edición, en El pensamiento colombiano en el siglo XX (Bogotá: Editorial Temis, 1982 [1964]), ix-xi. Advertimos además que el autor mantuvo ese mismo prefacio en todas las ediciones posteriores y nunca intentó ni modificar la obra ni escribir prólogos o introducciones suplementarias.

Hist. Crit. No. 60 · Abril-junio · Pp 13-22 · ISSN 0121-1617 · eISSN 1900-6152 doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit60.2016.01

El autor de la obra señalará enseguida que su trabajo combinará dos valores que no encuentra contradictorios, como sí ha ocurrido en la historiografía de finales del siglo XX. Por un lado, la aspiración a la objetividad “indispensable al historiador”, una aspiración que no es “incompatible con la actitud crítica”, actitud que Jaramillo Uribe entiende aquí como la puesta en relieve de “los obstáculos de carácter lógico” que puede haber en una forma determinada de pensamiento, obstáculos que el análisis histórico simplemente registra como un “hecho”. Y, por otro lado, el “esfuerzo de comprensión”, que no se opone a la objetividad y que busca simplemente hacer presentes, mediante el análisis documentado, las condiciones de posibilidad y de existencia, las funciones sociales y los usos que históricamente pueden reconocerse en ese conjunto de ideas que se analizan. De manera sintética agrega entonces Jaramillo Uribe que la historia de las ideas “ha de ser” (dicho así como ideal y aspiración) “el estudio del desarrollo y estructura interna de las formas de pensamiento […]”, pero no menos el estudio de su “acción sobre la vida y las instituciones de una nación”3.

Nos podemos interrogar ahora sobre cuáles serían en los años de elaboración de un trabajo los materiales documentales a los que podía recurrir el autor para sustentar sus argumentos. Aquí nos referimos de manera particular a las fuentes primarias de su trabajo, al “archivo” que tuvo que construir para ofrecer a los lectores este “ensayo comprensivo”, que a más de medio siglo de su elaboración sigue siendo tan completo. Sobre este punto hay que decir que el autor leyó ―y cita― de manera pertinente al parecer todo lo que en el momento de su investigación y redacción de la obra (aproximadamente, 1950-1956) podía ser consultado y citado. Es una bibliografía que sorprende, no sólo por el conocimiento que Jaramillo Uribe muestra de todo lo que le permitía presentar una versión tan innovadora del problema que estudia, sino también porque indica la forma como la cultura intelectual en el país había venido acumulando en las primeras décadas del siglo XX un patrimonio bibliográfico importante, sin el cual, hay que decirlo, El pensamiento colombiano no hubiera sido posible. Una bibliografía que recuerda además la importancia de la imprenta en el siglo XIX, para la difusión de las ideas de los hombres de letras y la conservación de ese acumulado de polémicas y disputas en las bibliotecas de la ciudad. En cualquier caso, aunque el autor no hubiera querido hacer una “historia erudita”, realizó la más completa posible en su época, lo que hace que el libro siga siendo hasta el presente la mejor guía sobre el tema4.

Desde el punto de vista de las fuentes secundarias —incluidas aquí tanto las obras que estudian problemas similares para el caso europeo e hispanoamericano como aquellas que son ante todo fuente de inspiración para el enfoque y la forma de análisis propuesto— hay que decir que la obra de Jaramillo Uribe se vio favorecida por la renovación de primer orden que tuvo en la historiografía alemana ―desde finales del siglo XIX― la historia de las ideas, y que, para comienzos del siglo XX, se concreta para el caso en la obra de su admirado Ernst Cassirer, que es en gran medida el enfoque que está detrás en la base del trabajo de Jaramillo Uribe. Pero más que ello, lo que hay que resaltar —como lo hizo tantas veces Jaramillo Uribe— es todo lo que su obra debe a las traducciones que del alemán, mucho más que del francés y del inglés, hizo en México el Fondo de Cultura Económica (FCE), como una forma de apoyar y aprovechar el trabajo de los republicanos españoles, que habían llegado a México huyendo de la dictadura fascista del general Francisco Franco. Aunque se citan 3 Jaramillo Uribe, Prefacio de la primera edición, ix-xi.

4 Hoy —pero no ayer— podríamos reclamar al autor de una obra semejante a la de Jaramillo Uribe la búsqueda de todas las huellas que sobre este tema dejó el siglo XIX en las provincias, porque hoy sabemos del importante papel de la imprenta en las pequeñas ciudades y aun en los pequeños pueblos.

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El pensamiento colombiano en el siglo XIX. Breve guía para un viajero joven Renán Silva

obras renovadoras de las tres primeras décadas del siglo XX, no hay duda de que las mayores riquezas bibliográficas tienen que ver con obras editadas en los años cuarenta, momento de una intensa actividad editorial y de traducción del FCE, lo mismo que de renovación del mercado de libros en Colombia, en el ambiente de libertades y de controversia intelectual que favorecía la República Liberal5. No se puede dejar de mencionar, porque es parte central del problema, que esa “biblioteca de fuentes secundarias” constituyó para Jaramillo Uribe el sustituto en papel de un espacio de diálogo, que difícilmente podía encontrar en su propio medio —o en anteriores obras colombianas sobre el tema—, ya que comenzaba a trabajar en un terreno en el que existían importantes ensayos partidistas, debidos a actores del proceso, pero ni una obra de análisis propiamente histórico.

III Podemos preguntarnos ahora por la estructura formal de la obra, tal como se refleja en su “Índice” y como resulta de una lectura cuidadosa. Hay que recordar que se trata de una obra extensa —en todas sus ediciones, el texto se encuentra en promedio por las 450 páginas y algo más—, que practica un tipo de crítica textual, que no solamente se detiene con esmero y cuidado en los textos que interroga y muestra sus relaciones con las fuentes europeas de los que dependen, sino que además —aunque puede que en menor medida— los contextualiza, en función de la situación específica a la que ahora intentan responder esos textos6. Un proyecto tan ambicioso le exigió al autor la redacción de un “texto largo” elaborado durante casi una decena de años de trabajo, un texto que es denso y exigente desde el punto de vista de su lectura, aunque al final el lector tendrá la recompensa de haber encontrado ideas importantes, lo que no es muy habitual, y haber disfrutado de una prosa clara, precisa, sin desbordes innecesarios, hecha siempre con moderación y sin apasionamientos superficiales; una prosa sobre la que, por eso mismo, parece no pasar el tiempo, una cualidad que han reconocido todos los que han hablado de las obras de Jaramillo Uribe.

La obra está organizada también sobre la base de tres grandes “bloques”. El primero, casi un centenar de páginas distribuidas en seis capítulos, aborda el problema de la crítica de la tradición anterior (“La herencia española”) y las primeras discusiones sobre la “orientación espiritual de la nación” —que es, en cierta manera, otra forma de designar el gran tema de la obra—7. El segundo

5 Al respecto, Jaime Jaramillo Uribe, Memorias intelectuales (Bogotá: Taurus/Universidad de los Andes, 2007), que recrea todos estos aspectos, y que además ofrece buena información sobre los años anteriores a la preparación de la obra y sobre la forma como París y Hamburgo enriquecieron lo que la Escuela Normal Superior en Bogotá (Colombia) había empezado a sembrar en el joven autor.

6 Jorge Orlando Melo, en “Los estudios históricos en Colombia”, en Sobre Historia y Política (Medellín: La Carreta, 1979 [1969]), 35-38, señaló las posibles dificultades que planteaban la noción de “influencias” y ciertos descuidos contextuales presentes en El pensamiento colombiano. Muchos años después Jaramillo Uribe dio una breve respuesta a esta crítica, en un tono sereno que reconocía el problema, pero insistiendo en las dificultades de todo análisis sociológico cuando se enfrentaba al campo de las ideas, y en las sin salidas que podría plantear la confrontación entre el análisis lógico y el ideológico en el campo de las ideas. Jaime Jaramillo Uribe, Presentación, en La personalidad histórica de Colombia y otros ensayos (Bogotá: El Áncora Editores, 1994 [1977]), 12-15.

7 Son páginas que dejan en el lector la idea clara de análisis histórico de Jaramillo Uribe, pues bajo el rótulo “balance de la herencia española” no presenta lo que él piensa de tal herencia, sino lo que pensaban sobre ese punto los polemistas políticos del siglo XIX. Sabe que lo que interesa respecto de este problema es el pensamiento de las gentes del siglo XIX, y no lo que piensa el autor del análisis. En caso contrario, habría escrito un ensayo político, pero no una obra de historia política.

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bloque se plantea el problema contrario: el reconocimiento que realiza la tercera generación de republicanos colombianos, de que todo no era condenable en el pasado hispano y que no todos eran problemas resueltos por la doctrina liberal. Es el momento del desencanto (c. 1870-1900) y de la crítica de esos años anteriores de pasión intensa que habían sido los del primer acceso a las doctrinas liberales. Se trata de otro centenar de páginas distribuidas en cinco capítulos, que se cierran sobre las dos primeras décadas del siglo XX. El tercer bloque, la parte más extensa de la obra, puesto que se ocupa del tema central de la investigación, pasa de los dos centenares de páginas; está formada por trece amplios capítulos, y se concentra en el momento de esplendor de las doctrinas liberales (c. 1840-1870), el momento de su formulación y de los intentos de puesta en marcha de tales ideas. Es la parte más erudita y analítica del libro, y son las páginas que mejor permiten comprobar la riqueza y abundancia de ideas y de polémicas en el siglo XIX, lo mismo que el peso que había logrado en esa sociedad su presentación pública bajo forma impresa.

Es un examen equilibrado y sistemático de las ideas liberales en Colombia y de sus modelos europeos de origen, así como un análisis de las formas singulares de su presentación local, y envuelve una crítica explícita y directa de tales ideas, por esa especie de negación que hacían de la propia realidad los liberales del siglo XIX, en su afán de llevar a la práctica política y a la organización del Estado en formación un ideal del que estaban convencidos, pero que en parte suponía una sociedad con niveles mayores de modernidad, desde el punto de vista de sus estructuras sociales y culturales.

La estructura de la obra, es decir, la organización del material y la forma de exposición, puede plantear algunas dificultades sobre las que es bueno advertir al nuevo lector. El texto deja a veces la impresión de que los eslabones que ligan cada una de las partes que constituyen la obra no guardan la suficiente relación. Como si cada uno de los bloques que la componen tuviera una gran coherencia visto por separado, pero mostrara grietas cuando se trata del conjunto. Por un lado, las repeticiones en la obra son constantes, y por el otro lado, si bien no es difícil entender la continuidad entre la primera parte —la crítica de la tradición— y la segunda parte —el acceso al liberalismo, titulada “Estado, Sociedad, Individuo”—, parece no ocurrir lo mismo con la tercera parte, titulada “El pensamiento filosófico”.

Al respecto pueden hacerse varias consideraciones: la primera de ellas es recordar la observación de Jorge Luis Borges de que hasta “el buen Homero se duerme”, máxime si es un conjunto de naturaleza tan compleja sobre el que se trabaja. Dicho esto hay que agregar que esa ausencia de coherencia puede ser en parte tan sólo una apariencia; así, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las articulaciones entre las partes segunda y tercera. Poco a poco el lector se va orientando en esta aparente falta de unidad y descubre que lo que ocurre es que la filosofía fue el lugar por excelencia en el que se planteó “el problema del Estado y la orientación espiritual de la nación”, sobre todo porque el resucitado tradicionalismo del último tercio del siglo XIX volvió a traer a la discusión los “fundamentos divinos del vínculo social”, lo que hacía que las consideraciones metafísicas (sobre el “ser y la esencia”, sobre los “fines últimos” de la vida social) volvieran a recuperar el lugar hace poco perdido.

En cuanto a lo que tiene que ver con las repeticiones, hay que decir que no sólo parecen funcionar, en la mayor parte de los casos, como “ayuda memoria” para el lector —en medio de un material denso y complejo—, sino que provienen de exigencias lógicas en función de las demostraciones. Incluso, muchas veces el autor evita las repeticiones directas acudiendo a la forma “véase infra” o “véase supra”. En realidad, lo que ocurre es que la estructura de la obra es circular y se organiza a la manera de un conjunto de elementos que se reenvían unos a otros, como se advierte cuando se observa el conjunto, ya que todos los problemas que se estudian son considerados a la

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luz de un sistema unificado de preguntas, lo que deja en principio la impresión de repetición. Pero se trata tan sólo de una impresión, la que deja una estructura que se enriquece a medida que avanza la exposición. Ese proceso de enriquecimiento depende de lo que llamaremos renglones más adelante la estructura invisible de la obra. Por lo demás, el lector que por primera vez enfrenta el texto debe saber que está organizado como si se tratara de un conjunto de parágrafos, que atraviesan la división en partes y capítulos, parágrafos distinguidos cada uno con un número arábigo —los parágrafos van del 1 al 113—, lo que ayuda a poner de presente la coherencia de la exposición y es una manera de facilitar al lector la asimilación de los análisis que se le proponen.

La estructura invisible de la obra ―y el lector deberá tenerla en cuenta, pues es además la prueba de la fuerte presencia silenciosa de la historia política nacional en la obra― tiene que ver con la noción de experiencia, y es posiblemente el elemento más valioso del libro. El asunto es que detrás de toda esa narrativa que presenta la obra hay una experiencia histórica concreta, que es el gran cuadro de fondo que permite entender las modificaciones doctrinarias y el cambio de posiciones y actitudes de muchos de los actores y analistas del proceso, y cuyas obras son estudiadas por Jaramillo Uribe, quien evita reducir esos cambios de posiciones y actitudes a traiciones u oportunismos, y los relaciona, por el contrario, con la propia experiencia que atraviesa la sociedad; en este sentido, con las “pruebas y ensayos” que van experimentándose en el siglo XIX, con sus fracasos, y de vez en cuando sus aciertos, con una experiencia que no puede reducirse ni a la psicología de sus personajes ni a sus intenciones, como había sido una forma de explicación repetida, y siguió siéndolo después de Jaramillo Uribe —piénsese, por ejemplo, en el manido tema de la “traición de Núñez” y de las explicaciones simplistas que se siguen ofreciendo de su trayectoria política y sus escritos—.

En realidad, se trata de la historia de tres generaciones de colombianos que han hecho la experiencia inicial del descubrimiento de la modernidad política (la ciudadanía, la organización de la voluntad general —el sufragio—, el régimen representativo), de la modernidad económica y social (los intentos de industrialización, el acceso al mercado internacional, la extensión de la propiedad privada individual, la libre iniciativa de los particulares) y de la modernidad cultural (la libertad de enseñanza y la libertad de imprenta, la libre circulación de conocimientos, la liberalización de los bienes de salvación —la libertad de cultos—), y que han comprobado que la realidad es terca frente a las doctrinas, y que, al igual que en Europa y en Estados Unidos, la conquista de los valores liberales dependía de condiciones de posibilidad que no siempre se encontraban en las sociedades que querían abrirse paso en esa forma de vida. La estructura invisible es la contrapartida de la ausencia de una historia política, social y cultural, que la obra no podía abordar de manera explícita y en su integridad —en gran medida porque esa historia no existía, pero no menos por el enfoque elegido para estudiar el problema—, una ausencia que el buen lector de hoy sabe con facilidad reconocer y superar, complementando la lectura de esta obra, que tiene su propio objeto, con las respectivas obras de historia del siglo XIX, para poder establecer de manera explícita un diálogo que en gran medida está implícito —y a veces es inexistente— en El pensamiento colombiano en el siglo XIX 8.

8 Jaramillo Uribe debía intuir de alguna manera que la obra tenía una carencia mayor frente a los elementos básicos que estructuraban ese mundo de ideas que interrogó en su obra, aunque le parecía que se podría llegar a una visión completa de ese mundo a través de una sumatoria de obras parciales. Es lo que da a entender en el Prefacio a El pensamiento colombiano en el siglo XIX, que ya hemos citado, en donde declara que “el pensamiento” es un intento de análisis de la vida espiritual colombiana, que “espero completar próximamente con estudios sobre el pensamiento religioso, económico y social”. Prefacio de la primera edición, x. Desde luego que las obras prometidas nunca llegaron, aunque sí muchos ensayos que iban en esa dirección.

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El acceso al liberalismo (como sistema de valores que reposa en el individuo, y que hacen de él el centro de toda referencia social) resulta ser pues el examen de una experiencia histórica compleja, como lo ha sido en todas las sociedades que lo han intentado, que pone de presente tanto la dificultad general de la inscripción de una sociedad determinada en un nuevo sistema de valores como los tropiezos que enfrenta ese proceso cuando trata de adelantarlo en un marco social en el que ni la industria, ni la alfabetización, ni la disolución de los viejos lazos de solidaridad y de lealtad que ataban a las gentes al mundo de las jerarquías sociales —y no sólo en el campo— eran una realidad aplastante. Ése es el contenido implícito más preciso de la obra: el análisis de una singular experiencia de reconducción de una sociedad postrevolucionaria hacia un ideario que suponía bases, apoyos, avances y conquistas que eran materia inexistente9.

La lección que deja el libro parece ser la de que, en medio de dificultades mayores —que eran “causa y efecto” del impasse que se vivía—, la gesta de la difusión del liberalismo mereció ser vivida, y como experiencia histórica, por traumática que fuera, por incompleta que fuera, no dejó de ser un paso mayor para la conformación de una nueva sociedad, no sólo, como a veces se dice, desde el punto de vista de las “élites”, sino desde el punto de vista del conjunto de la sociedad; una sociedad que dio pasos grandes para crear condiciones que hacían imposible todo regreso a formas de dominación como las que designamos (grosso modo) de Antiguo Régimen, aunque Jaramillo Uribe no oculte su crítica al utopismo de los liberales del siglo XIX, crítica que es propuesta en términos de la propia sociedad que el autor examina, y no de su presente en los años cincuenta del siglo XX10.

IV El pensamiento colombiano en el siglo XIX, a pesar del paso de los años y de los cambios historiográficos que hemos conocido con posterioridad a su aparición, mantiene en gran parte su vigencia, y es un libro que se sigue leyendo con provecho. En buena medida, su juventud le viene del tipo de análisis que su autor puso en marcha, y que podemos caracterizar por referencia a dos o tres elementos. El primero de ellos tiene que ver con el “descubrimiento de un archivo”, con la atención puesta sobre un conjunto de obras que habían tenido en el siglo XIX, y tenían aún a mediados del siglo XX, la función de instrumentos en la lucha partidista entre liberales y conservadores, y que Jaramillo Uribe fue capaz de transformar en materia de análisis histórico y en fuente de comprensión de la historia de las ideas en una sociedad.

Pero para que ese archivo pudiera ser utilizado como fundamento de un análisis histórico era necesario que el siglo XIX comenzara a ser visto de una manera nueva. No como período de desilusiones y de fracasos —o lo contrario— analizados desde el presente del investigador, sino restituido a su propio tiempo histórico y estudiado en función de las aspiraciones y necesidades de esa sociedad particular. En la obra de Jaramillo Uribe, el problema contextual se resolvió mucho más por 9 Como ejemplo de una sociedad muy diferente a la colombiana y a las europeas, pero que tiene la misma experiencia y encuentra los mismos problemas, en C. A. Bayly, Recovering Liberties. Indian Thought in the Age of Liberalism and Empire (Cambridge: University Press, 2012).

10 Jaime Jaramillo Uribe, “¿Qué nos queda del liberalismo del siglo XIX?”, en De la sociología a la historia, compilado por Gonzalo Cataño (Bogotá: Ediciones Uniandes, 1994 [1989]), 247-253. De manera especial se recomiendan las páginas, 247-248, en donde Jaramillo parece moderar la crítica del liberalismo del siglo XIX que realizó en El pensamiento colombiano y reconoce el papel histórico de las doctrinas liberales en el acceso a la modernidad política de la sociedad colombiana.

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las virtudes de la crítica textual y por la fina sensibilidad del autor hacia el lenguaje, que por una investigación directa sobre el contexto político, social y cultural de la circulación de esas ideas.

Pero hasta donde lo permitía la crítica textual, el resultado fue realmente sorprendente, y se trató de un análisis que evitó con éxito el anacronismo. El libro muestra además una virtud que luego se ha echado de menos en muchas obras posteriores, sobre todo en las que abordan el análisis histórico como una forma de crítica militante al servicio de ideales políticos. Se trata del respeto por los argumentos que se analizan y el intento de que el análisis haga justicia a lo que efectivamente los textos dicen, pues, como se sabe, la historiografía partidista, de ayer y de hoy, se especializa en potenciar los argumentos con los que simpatiza y en hacer una caricatura de aquellos a los que combate. Ni rastros de esta forma de proceder en la obra de Jaramillo Uribe.

Hay que resaltar también que buena parte de esa ecuanimidad en el análisis le vino a Jaramillo Uribe no sólo de su cuidado en no exceder en términos de interpretación los textos que comentaba, y de esta manera poder evitar las formas habituales del anacronismo, sino de su consideración posibilista de la acción histórica, es decir, de la comprensión del hecho de que no hay acción humana que no se encuentre limitada y condicionada. Los dirigentes colombianos del siglo XIX se hallaron siempre, como en todas partes, ante un conjunto limitado de alternativas, que ni el romanticismo voluntarista ni el utopismo social (que a veces llamaron “socialismo cristiano”) podían superar simplemente con decretos, leyes y buenas intenciones. Lo que se designa como la reacción conservadora de finales del siglo XIX fue más bien una prueba de realismo y un reconocimiento de las dificultades de construir una sociedad enteramente a semejanza de la doctrina liberal, y si muchos de los resultados de ese proceso de ajuste no le gustan al comentarista de hoy, ése es un hecho que a la realidad histórica la tiene al parecer sin cuidado. Pero ese realismo de finales de siglo no liquidó simplemente los avances de las ideas liberales: en parte los aplazó, en parte los estrechó, en parte los redefinió, es decir, los descubrió como materia histórica, pero de ninguna manera los liquidó, y en buena medida no lo hizo porque la modernidad liberal era ya una conquista reconocida de una parte de la sociedad.

V Por la propia materia de la que se ocupa —siempre renovable por la simple aparición de nuevas fuentes—, y por los propios avances en los enfoques de los historiadores, sobre todo cuando éstos se encuentran atentos a los cambios en ese conjunto dinámico que conforman el análisis histórico y las ciencias sociales, hay mucho de El pensamiento colombiano en el siglo XIX que ha envejecido.

Es el destino de todas las obras humanas. En el más de medio siglo que nos separa de la primera edición de El pensamiento colombiano en el siglo XIX, la llamada Historia de las ideas se ha modificado sustancialmente, y hoy en día no sólo se ocupa de otra clase de problemas, sino que muchos de los problemas que siguen siendo una constante del análisis, y que Jaramillo Uribe consideró, se plantean de otra manera. Para ofrecer sólo un ejemplo: la idea de “influencias”, fundamental en la obra de Jaramillo Uribe, ya ha perdido toda su importancia, y la realidad a la cual aludía, en la actualidad es abordada en el marco de historias conectadas, de intercambios recíprocos, de circulación de textos y de formas diversas de cosmopolitismo. Lo mismo ocurre con la idea de la migración de textos (políticos o de otros géneros), que viajan de una cultura a otra, problema que hoy es abordado a través de la noción de “apropiaciones diferenciales”, según contextos, situaciones y coyunturas. Otro tanto podemos decir de la idea de analizar la estructura conceptual de las obras

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(su arquitectura), para buscar en su interior sus contradicciones, un punto tan importante en el esquema de análisis de Jaramillo Uribe, y que hoy sencillamente es asunto que se mira con poco escándalo, y más bien como una constante de toda obra de pensamiento.

En cambio, ha aparecido la necesidad de analizar con sumo cuidado los dispositivos retóricos de los textos, pues se reconoce que su función tiene que ver, principalmente —sobre todo en el caso de la política—, con el interés de convencer a un auditorio, antes que con el intento de demostrar la perfección de un argumento. Se puede ir más lejos aún e indicar que las propias nociones de obra y autor, sobre las que descansa en gran medida El pensamiento colombiano en el siglo XIX, se encuentran cuestionadas por lo que desde los años sesenta del siglo pasado se designa como análisis del discurso. En fin, hoy se trata sobre todo de una relectura contextual de los textos políticos y filosóficos, que los piensa como una forma de intervención en una coyuntura determinada, antes que como doctrinas fabricadas en la tranquilidad del gabinete de estudio y que sólo a posteriori ingresan en el ámbito público de las discusiones que les son contemporáneas, pues los textos, que concretan ideas sobre la marcha de una sociedad, son ante todo formas de argumentar en la discusión pública11. El panorama de la llamada historia de las ideas es pues hoy en día otro, y hay que alegrarnos de que en el terreno conceptual las cosas hayan cambiado tanto y para bien, aunque hay que extrañar sí que en la historiografía colombiana pocas consecuencias se hayan sacado de esos cambios12.

Mientras tanto, la obra tan poco leída de Jaramillo Uribe, y que hemos considerado en los renglones anteriores, sigue manteniendo en gran parte su vigencia, incluso cuando, dejando de lado su propia especificidad temporal, nos arriesgamos a avanzar al terreno del anacronismo y la miramos con las formas actuales de hacer historia de las ideas, y ello sucede por varias razones que hay que destacar. Primero, porque en la ciencia social hay un carácter acumulativo en sus obras,

11 La idea convencional de Historia de las ideas crea problemas de análisis insolubles en la obra de Jaramillo Uribe. Por señalar solamente un ejemplo —pero que es una constante en el libro—, su consideración, en la parte tercera de El pensamiento colombiano, de que, por ejemplo, las ideas políticas de Rafael Núñez pueden ser analizadas al margen de lo que fue su actuación política, actuación práctica en la que la obra de Jaramillo Uribe no se interesa, ya que se trata de una historia del pensamiento.

12 Para un ejemplo de la forma más estabilizada del análisis del “pensamiento” en una sociedad, bajo el enfoque de historia de las ideas, Stefan Collini, Richard Whitmore y Brian Young, eds., Economy, Polity and Society. British Intellectual History, 1750-1950 (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), y de los mismos editores, History, Religion and Culture. British Intellectual History, 1750-1950 (Cambridge: Cambridge University Press, 2000).

Buena parte de la reconsideración de la que hablamos en el campo de la Historia de las ideas proviene de la hoy bien conocida obra de Quentin Skinner, Visions of Politics, vol. III (Cambridge: Cambridge University Press, 2002) [hay traducción al castellano de parte de la obra]. Para la forma de estudiar la irrupción de un autor o de un conjunto de autores en una sociedad diferente a aquella que ha servido de contexto para la formación de su obra, por ejemplo: “La reception de Stuart Mill en France. À propos de ‘Considerations sur le Gouvernement Représentatif ”, laviedesidées.fr, de J-S Mill, 18.mai.2010, <http://www.laviedesidees.fr/La-reception-de-StuartMill-en.html>. Para las modificaciones que ha aportado a la Historia de las ideas la perspectiva global, o por lo menos continental, que es la del liberalismo, Samuel Moyn y Andrew Sartori, dir., Global Intellectual History (Nueva York: Columbia University Press, 2013). Para la crítica radical de las nociones de “obra” y “autor” como posibles claves de lectura de los textos, la ya clásica obra de Michel Foucault, Arqueología del saber (México: Siglo XXI, 1970). Las apropiaciones diferenciales de un autor en función de contextos, situaciones y coyunturales temporales y espaciales pueden verse en el caso sorprendente de los usos disímiles de una obra al parecer de sentido unívoco y definido como la “Breve relación de la destrucción de las Indias” del Padre Bartolomé de las Casas. Brevísssima relación de la destruyción de las Indias, editado por Andrés Moreno Mengíbar (Sevilla/Nápoles: Colección GR Textos Clásicos/Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 1991).

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y ésta que consideramos sigue siendo un valioso eslabón de una cadena, que hay que seguir construyendo. Segundo, porque se trata de una obra clásica en la disciplina, por lo menos en el campo del análisis histórico en Colombia. Se trata de una roca, de una piedra fundadora, en el marco de ese gran esfuerzo intelectual colectivo que ha tratado de aclimatar entre nosotros las ciencias sociales en el siglo XX. Tercero, porque muchos de sus análisis concretos no se encuentran tan alejados, como pueden hacer pensar algunos de los renglones anteriores, de lo que hoy en día se hace en el campo de la historia de las ideas y el pensamiento político, pues se trata de una obra que en el campo del análisis logra en muchas de sus páginas desbordar el enfoque sobre el cual se apoya. Y, finalmente, porque su prosa, la moderación de sus análisis, la sensibilidad por el lenguaje de época, el cuidadoso manejo de los textos, siguen siendo virtudes notables. Todo ello hace que la obra sea una de las mejores que se puedan recomendar para una introducción a los estudios históricos sobre la sociedad colombiana.

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Razón y secreto en los registros notariales virreinales.

Madrid, Lima y Santiago de Chile (1670-1720)❧ Aude Argouse

Universidad de Chile doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit60.2016.02

Artículo recibido: 07 de abril de 2015/ Aprobado: 19 de agosto de 2015 / Modificado: 22 de septiembre de 2015

Resumen: ¿Qué se juega en el proceso del registro notarial? Mediante el análisis de tres situaciones ocurridas en la Monarquía Católica entre 1670 y 1720 en los territorios de España, Perú y Chile, este artículo explora diversas tensiones sociales y culturales percibidas en el proceso de consignación de los autos notariales y en la circulación de registros y personas. Aquí se devela un abanico de distancias entre hechos, verdad y justicias.

La escritura surge dialógica: la voluntad de los otorgantes —estrategias individuales o colectivas para decir sentimientos y decisiones— se mezcla con el quehacer de los escribanos, coautores desconocidos de quienes, empero, existen huellas en la documentación.

Palabras clave: escritura, registro de archivo (Thesaurus); Santiago de Chile, Lima, Madrid (palabras clave de autor).

Reason and Secrecy in Viceroyal Notarial Records. Madrid, Lima and Santiago de Chile (1670-1720) Abstract: What was at stake in the process of notarial registration? Through the analysis of three situations that arose during the Catholic Monarchy between 1670 and 1720 in the territories of Spain, Peru and Chile, this article explores diverse social and cultural tensions perceived in the process of recording notarial documents and in the circulation of records and persons. It reveals a range of distances among facts, truth and the administration of justice. The writing appears to be a dialogue: the will of the grantors — either individual or collective strategies to express sentiments and decisions— are mixed with the ink of the clerks who were transcribing, co-authors whose identity is unknown but whose mark can nonetheless be seen in the documentation.

Keywords: Santiago de Chile, Lima, Madrid, writing, registry file (author’s keywords).

Razão e segredo nos registros notariais vice-reais. Madri, Lima e Santiago do Chile (1670-1720) Resumo: O que importa no processo do registro notarial? Mediante a análise de três situações ocorridas na Monarquia Católica entre 1670 e 1720 nos territórios da Espanha, Peru e Chile, este artigo explora diversas tensões sociais e culturais percebidas no processo de prestação dos autos notariais e na circulação de registros e pessoas. Aqui se revela um leque de distâncias entre fatos, verdade e justiças. A escrita surge dialógica: a vontade dos outorgantes —estratégias individuais ou coletivas para dizer sentimentos e decisões— mistura-se com o trabalho dos escrivães, coautores desconhecidos de quem, porém, existem marcas na documentação.

Palavras-chave: Santiago do Chile, escrita (Thesaurus); Lima, Madri, registro de arquivo (autor de palavras-chave). ❧ Este artículo contó con financiación del programa de postdoctorado Fondecyt como parte del proyecto Coni-

cyt/Fondecyt postdoctorado n°3130658, titulado “Promesa y voluntad en las prácticas de intercambio en Santiago de Chile, 1647-ca.1715”. La autora agradece los aportes de Renzo Honores y María Eugenia Albornoz y los comentarios de los evaluadores de Historia Crítica.

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Razón y secreto en los registros notariales virreinales. Madrid, Lima y Santiago de Chile (1670-1720) Aude Argouse

Introducción “These colonial archives were both transparencies on which power relations were inscribed and intricate technologies of rule in themselves” 1.

Ann Laura Stoler

L

a caja de herramientas del historiador para abordar el mundo de los escribanos es amplia. La cultura escrita, la cultura jurídica, los estudios sobre la administración colonial, sus instituciones y la historia de la justicia, los más recientes saberes sobre los archivos o la tradicional diplomática, han acumulado un conjunto contundente de reflexiones que permiten abordar la “cultura notarial” histórica, según cada momento y cada lugar2. Se ha documentado con precisión la formación de los escribanos de la América Hispánica, desde la circulación de los formularios notariales hasta el funcionamiento cotidiano de algunas escribanías, destacando la multiplicidad de funciones del empleo3. Un consenso general entre los historiadores subraya la importancia del escribano, sea notario o actuario de tribunal, en la construcción de una memoria histórica, elaborada a partir de archivos públicos, administrativos y judiciales. Entonces, los documentos notariales son, desde hace más de dos siglos, inagotables pozos de datos no sólo para los genealogistas, sino también

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Ann Laura Stoler, Along the Archival Grain: Epistemic Anxieties and Colonial Common Sense (Princeton/Oxford: Princeton University Press, 2009), 20.

2 En Francia se inventó la notarialogía: disciplina que, según su creador, reúne estos estudios en un saber propio.

Jean-Paul Poisson, Essais de notarialogie (París: Economice, 2002).

3 Sobre la implantación del notariado en América ver: María de los Ángeles Guajardo-Fajardo Carmona, Escribanos en Indias durante la primera mitad del siglo XVI, 2 vols. (Madrid: Colegios Notariales de España 1995); Ivonne Mijares Ramírez, Escribanos y escrituras públicas en el siglo XVI: el caso de la Ciudad de México (México: UNAM/ Instituto de Investigaciones Históricas, 1997); Jenaro Artiles, “The Office or Escribano in Sixteenth-Century Havana”. Hispanic American Historical Review 49, n.° 3 (1969): 489-502, doi: dx.doi.org/10.2307/2511782. Para el desempeño del oficio en diferentes espacios, véanse entre otros: Jorge Luján Muñoz, Los escribanos en las Indias Occidentales y en particular en el Reino de Guatemala (Guatemala: Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial, 1977); Jorge Luján Muñoz, “La literatura notarial en España e Hispanoamérica, 1500-1820”. Anuario de Estudios Americanos n.° 28 (1981): 101-116; Tamar Herzog, Mediación, archivos y ejercicio: los escribanos de Quito (siglo XVII) (Fráncfort: Vittorio Klostermann, 1996); Michael Scardaville, “Justice by Paperwork: A Day in the Life of a Court Scribe in Bourbon Mexico City”. Journal of Social History 36, n.° 4 (2003): 979-1007, doi: dx.doi.org/ 10.1353/jsh.2003.0114; Carolyn Dean, “Beyond Prescription: Notarial Doodles and Other Marks”.

Word & Image 25, n.° 3 (2009): 293-316, doi: dx.doi.org/10.1080/02666280802588722; Kathryn Burns, Into the Archive: Writing and Power in Colonial Peru (Durham: Duke University Press, 2010); Antonio Dougnac, “El escribanato de Santiago de Chile a través de sus visitas en el siglo XVIII”. Revista de Estudios Histórico-Jurídicos n.° 19 (1997): 49-93; Víctor Gayol, Laberintos de justicia. Procuradores, escribanos y oficiales de la Real Audiencia de México, 1750-1812, 2 vols. (Zamora: El Colegio de Michoacán, 2007); Reyes Rojas García, “La literatura notarial castellana durante el siglo XVI y su difusión en América”. Nuevo Mundo, Mundos Nuevos n.° 12 (2012): s/p, doi: dx.doi.org/10.4000/nuevomundo.62407; Michael Zeuske y Orlando García Martínez, “Estado, notarios y esclavos en Cuba. Aspectos de una genealogía legal de la ciudadanía en sociedades esclavistas”. Nuevo Mundo, Mundos Nuevos n.° 8 (2008): s/p; Margarita Gómez Gómez, “Secretarios y escribanos en el gobierno de las Indias. El caso de Juan de Sámano”. Revista de Historia del Derecho n.° 43 (2012): 30-63; Silvia Espelt-Bombín, “Notaries of Color in Colonial Panama: Limpieza de Sangre, Legislation, and Imperial Practices in the Administration of the Spanish Empire”. The Americas 71, n.° 1 (2014): 37-69, doi: dx.doi.org/10.1353/tam.2014.0082

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para la historia económica y social4. Además ofrecen un panorama dinámico de la vivienda, del acceso a la propiedad y de su transmisión, de la circulación del dinero, que permite desarrollar, por ejemplo, una historia del crédito o del mercado5. Al mismo tiempo los escribanos actuaban como proveedores de noticias entre localidades, desde las aldeas más remotas de las colonias hasta la metrópoli; así como nutren a la historia de información, ya que ellos confeccionan contratos de imprenta, listas de obras prohibidas o inventarios de bienes.

Sin embargo, todavía existen numerosas interrogaciones acerca de lo que está en juego cuando se registra la palabra de los otorgantes en diversos espacios de la Monarquía Hispánica. Por lo que acercarse nuevamente al momento notarial permite agudizar la comprensión de los cambios sociales y culturales, la fuerza del derecho, la difusión de una cultura jurídica y el orden administrativo en las sociedades del pasado. En esta perspectiva, este artículo analizará las actuaciones de algunos escribanos y otorgantes entre 1650 y 17206. Aquí, mediante tres casos procedentes de fondos notariales y judiciales ubicados en Lima, Madrid y Santiago de Chile, se destacan las condiciones prácticas del desarrollo y de la apropiación de una cultura notarial americana conectada con los escribanos de la Península. Más allá de la circulación de formularios notariales o del aprendizaje uniformizado del oficio, los individuos forjan los usos sociales de la escritura pública y su propia historia protocolizada en el espacio gráfico del Imperio7.

Aproximarse globalmente al contenido de los archivos de escribanos del mundo hispanoamericano parece una empresa heroica. El gobierno a distancia de los territorios ultramarinos implicaba la estructuración de un imperio administrativo implementado en cada localidad, productora a su vez de una documentación propia. La amplitud numérica de los manuscritos conservados, a veces en mal estado, boicotea el emprendimiento de un estudio práctico y sistemático de la institución notarial a escala continental. A raíz de los aportes de la historiografía social y cultural de los representantes ingleses de la History from below, por una parte, y del resurgimiento de la diplomática y de la archivística (archival turn) en el campo de los estudios historiográficos en Francia, Italia y España, por otra parte, el estudio de los comportamientos ante notario en el mundo hispanoamericano se ha combinado con un acercamiento a la figura del escribano, percibido desde una perspectiva biográfica social y cultural. Su oficio es calificado como “nervio de la república” tanto en la Península como en América8.

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“Un sistema en el que se podían utilizar 49.555 hojas de papel en curso de la visita de un único virrey del Perú no es uno del que se pueda decir que sufría de escasez de datos”. Lewis Hanke, El visitador licenciado Alonso Fernandez de Bonilla y el virrey del Perú, el conde del Villar (1590-1593) (Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1975): 28. Citado por John Huxtable Elliott, “España y América en los siglos XVI y XVII”, en Historia de América Latina. 2. América Latina colonial: Europa y América en los siglos XVII, XVII y XVIII, editado por Leslie Bethell (Barcelona: Editorial Crítica, 1990), 6.

5 Martín Wasserman, “Más allá de las redes: deudas y contratos en Buenos Aires durante el temprano siglo XVII” (tesis de maestría en Investigación Histórica, Universidad de San Andrés, 2012).

6 Sigo la línea trazada por Kathryn Burns para el Cuzco sobre el mismo período. Véase en particular “Notaries, Truth and Consequences”. The American Historical Review 110, n.° 2 (2005): 350-379, doi: dx.doi. org/10.1086/531318. Burns plantea que el documento notarial debe considerarse como “historical artifact” y que “the complexity also lies in the notarial record themselves”, 355. Eso dialoga con la frase de Ann Stoler, destacada aquí.

7 La expresión es de Michael Zeuske y Orlando García Martínez, “Estado, notarios y esclavos”, parágrafos 1 y 2.

8 Enrique Villalba y Emilio Torné, El nervio de la República: el oficio de escribano en el Siglo de Oro (Madrid: Calambur, 2010).

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En consecuencia, a una visión estática del archivo notarial —producto de un “saber hacer” poco cambiante durante más de cuatro siglos— la sustituye una concepción dinámica9, que pretende abarcar las tensiones y los conflictos que generan los archivos, considerados como procesos o lugares10. El examen renovado de la documentación notarial permite vincular el oficio del escribano en América con la historia del procedimiento judicial y de la administración de la justicia. En esta perspectiva, este artículo interroga las condiciones de posibilidad, materiales e intelectuales, de los archivos de las escribanías en diversos contextos de su producción y cuestiona la función de los escribanos en diferentes espacios de América Hispana en cuanto mediadores sociales y proveedores de la verdad legal. El texto contiene tres partes: la primera compara registros notariales originados en Lima y Madrid sobre varios acontecimientos de Chile entre 1670 y 1671; la segunda parte explora prácticas escriturales locales, según los protocolos de un escribano que se desempeñó en Lima y en Santiago de Chile entre 1664 y 1678, para rescatar su “visión escrituraria” de cada ciudad; la tercera parte examina la sacralización, a nivel virreinal, de los registros de escribanos limeños a principios del siglo XVIII. Para interpretar la documentación, el análisis recurre a un doble marco teórico: la historia de la cultura jurídica y administrativa en las sociedades coloniales de Antiguo Régimen, y la antropología de la escritura11. Esta última reveló una paradoja entre el escribano como posible intermediario e intérprete de las voluntades e intenciones de los actores sociales, por un lado, y su poder hegemónico como instrumento de la imposición forzada de una cultura escrita, por el otro. Las escrituras notariales fueron consideradas como exclusividades de la burocracia ciudadana en pleno desarrollo en la Edad Moderna, mientras que las “letras” se orientaron a la confesión del alma, difundidas sobre todo desde el siglo XVIII. Entonces, si bien la ciudad es el refugio de la escritura, el oficio del escribano —hombre de letras pero no siempre letrado— fue reducido a una imagen limitada: la escritura delegada, repetida, pública y masiva. Esta relegación de la escritura ante notario al escalafón inferior de las artes mecánicas de gobierno recuerda los antiguos temores hacia la difusión de los impresos, acusada de propiciar malas prácticas de lectura12.

Pero el bosquejo de una frontera entre cultura erudita letrada y baja cultura mayormente ágrafa hizo del escribano un posible intérprete de los deseos de diversos actores sociales en el campo de la noble cultura escrita13. Las voluntades de numerosos hombres y mujeres se encuentran así traducidas en la gramática jurídica, consignadas y conservadas en los registros de la memoria pública.

9 Burns, Into the Archive.

10 Simona Cerutti, “Histoire pragmatique, ou de la rencontre entre histoire sociale et histoire culturelle”. Tracés 15 (2008): 147-168, doi: dx.doi.org/10.4000/traces.733; Aurore Clavier y Filippo De Vivo, “Cœur de l’état, lieu de tension. Le tournant archivistique vu de Venise (XVe-XVIIe siècle)”. Annales. Histoire, Sciences Sociales 68, n.° 3 (2013): 699-728.

11 Ver Michael Clanchy, From Memory to Written Record: England 1066-1307 (Cambridge: Blackwell, 1993 [1979]); Peter Beal, In Praise of Scribes. Manuscripts and Their Makers in Seventeenth-Century England (Oxford: Clarendon Press, 1998); Beatrice Fraenkel, La signature. Genèse d’un signe (París: Gallimard, 1992): 17-25; Fernando Bouza Álvarez, Del escribano a la biblioteca. La civilización escrita europea en la Alta Edad Moderna (siglo XV-XVII) (Madrid: Editorial Sintesis, 1997); y Natalie Zemon Davis, Fictions in the Archives: Pardon Tales and Their Tellers in Sixteenth-Century France (Stanford: Stanford University Press, 1987).

12 Fernando Bouza Álvarez, “Escritura, propaganda y despacho de gobierno”, en Escribir y leer en el siglo de Cervantes, editado por Antonio Castillo Gómez (Barcelona: Gedisa, 1999): 86.

13 Al respecto, la propuesta de Burns extiende la ciudad letrada. Véase Burns, Into the Archive, 2.

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La historiografía convierte por lo tanto al escribano en un intermediario social, imprescindible auxilio de justicia14. De hecho, la agrafía de algunos otorgantes, la ausencia de su huella material escrita en el cuerpo del documento —no hay firma ni signos visibles—, cuestionan inmediatamente su propia autoría, de manera especial en el mundo colonial, donde viven hombres y mujeres que no hablan el castellano15. El problema historiográfico de la intermediación del escribano en Hispanoamérica aparece entonces doble: la mediación, para pasar de la oralidad a lo escrito, y la interpretación, para pasar de un idioma al otro.

El análisis de la documentación notarial requiere entonces considerar el acceso general de la población a la cultura jurídica y a sus productos escritos, y determinar si los otorgantes se encuentran en efecto en situación de ser engañados cuando se redactan los documentos. Igualmente, importa conocer cómo se maneja el acceso público al registro notarial y a la custodia de los archivos, para evaluar el rol político de los escribanos en un contexto dado. Se visualizan así dos momentos del documento notarial —su consignación y su conservación16—, fundamentales para medir las relaciones establecidas entre escribanos y otorgantes, y captar la capacidad del escribano para reproducir por escrito el momento mismo de la consignación. Si se extiende la mirada hasta prácticas de registro más recientes, como la fotografía, el oficio del escribano refiere a un estatus particular, entre técnica y arte, y plantea la idea del escribano como autor de sus obras, en cuanto corpus monumental17. ¿El instante del documento revela relaciones existentes o hace existir por escrito una relación momentánea?

Para esbozar respuestas a este tipo de interrogantes, este artículo analiza tres situaciones distintas de apropiación particular de la escritura pública —de índole jurídica y judicial—, según un orden cronológico. Aquí surgen entonces varios usos del oficio: político, personal y colectivo, y prácticas notariales que van desde una justicia negociada entre partes articuladas, distinta a la tradicional justicia de jueces, hasta el uso que hace el propio escribano de su oficio.

1. Revocar sin mentir: Lima, 9 de noviembre de 1671-Madrid, 6 de mayo de 1673 Santiago de Chile, fundada en 1541 por Pedro de Valdivia, es capital del Reino de Chile, territorio extendido entre la provincia de La Serena, en el Norte, y el río Biobío, en la frontera al Sur. Tiene la reputación historiográfica de estar alejado y aislado del resto del Imperio hispánico.

Varios historiadores indicaron, en especial para la segunda mitad del siglo XVII, las complejas dinámicas políticas y fuertes tensiones sociales en esta localidad, que a fines del siglo alcanzaba

14 Entre otros, Laurie Nussdorfer, Brokers of Public Trust: Notaries in Early Modern Rome (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2009); Julie Hardwick, The Practice of Patriarchy: Gender and the Politics of Household Authority in Early Modern France (University Park: Pennsylvania State University Press, 1998). Burns habla de ventriloquists, Into the Archive, 14.

15 Contra la visión simplificadora del escribano como agente de las autoridades españolas que gana la confianza de los indios e indias de las urbes americanas, especialmente con el uso del testamento, véanse Burns, Into the Archive; Aude Argouse, “Testamentos de indígenas ¿Una fuente excepcional? La ‘voz del pueblo’ y el escribano.

Cajamarca, Perú, siglo XVII”. Temas Americanistas n.° 29 (2012): 200-221.

16 Jacques Derrida, Mal d’archive. Une impression freudienne (París: Galilée, 2008 [1995]).

17 Renaud Dulong, “La dimension monumentaire du témoignage historique”. Sociétés et Représentations n.° 13 (2002): 179-197, doi: dx.doi.org/10.3917/sr.013.0179

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aproximadamente 12.000 habitantes y albergaba a la Real Audiencia de Chile, fundada en 160918.

Esta Capitanía General, agitada también por las guerras en el Sur, los terremotos, las pestes y las repetidas rebeldías de los indios de guerra, preocupaba a la Corona, que buscó enterarse de las actuaciones de las autoridades locales mediante el Virrey del Perú.

De hecho, el Capitán General y los oidores son acusados frecuentemente por oficiales o obispos de faltar a sus obligaciones y de cometer abusos. Es importante precisar que el Capitán General, que supervisa las operaciones militares durante una parte del año en la ciudad de Concepción (en la frontera sur), es también presidente de la Real Audiencia. Este personaje es absolutamente poderoso y temido por los habitantes del reino. Quizás una excepción notable la constituyeron los obispos de Santiago: Diego de Humanzoro, por ejemplo, amenaza la tranquilidad del gobierno de Juan Henríquez, con el tumultuoso pleito que incentiva contra el oidor Manuel de León a partir de 167119; por su lado, el gobernador Don Francisco Ibáñez de Peralta anota sobre el obispo de Santiago, Francisco González de la Puebla, en un informe dirigido al rey en 1702, que es una persona ejemplar, con dictámenes “demasiado duros y tenaces”20. Pero ocurre que los que testimonian por escrito contra el Capitán General se arrepienten, como le sucede al Capitán Cristóbal de Gaona.

Este último, interrogado el 8 de noviembre de 1671 en Lima por el Virrey del Perú sobre lo que ha visto en el Reino de Chile, donde fue soldado durante más de dieciséis años, responde positivamente a los cargos que pesan sobre las actuaciones del Capitán General Juan Henríquez.

Pero apenas llega a Madrid, corre a solicitar a un escribano, el 6 de mayo de 1673, para hacer una declaración y explicar que lo registrado en Lima sucedió bajo coacción y maniobras por parte del Virrey: “[…] y que echa mi declaración debajo de juramento ante vm y el presste escriuano del numero quede protocoliçada y en toda guarda y custodia para quando llegue el casso de usar de ella y entonces se entregue a la parte del dho Dn Juan Henriquez y a los demas que pudieran tener interes en ella”21.

En su declaración, el Capitán Gaona explica cómo, pese a haber callado que venía de Chile cuando supo que el Virrey buscaba testigos que hubiesen estado allá “en horden a deçir sobre los procedimientos de el gouernador de aquel Reyno”22, fue detenido y desembarcado del navío que lo llevaría a Guayaquil. Fue presentado a escondidas al Conde de Lemos, y un criado del Virrey le entregó un interrogatorio escrito, que debía responderse de la misma manera. Tal como relata en Madrid en 1673, Cristóbal de Gaona se encontró, en la madrugada del 9 de noviembre de 1671, sentado en una posada de Lima, con el interrogatorio de cinco preguntas en la mano, siendo compelido a declarar por escrito en el marco de una información secreta impulsada por el Virrey del Perú contra el Capitán General de Chile. Cuando terminó fue al palacio y entregó el interrogatorio y la declaración al criado del Virrey, Phelipe Romanes. Después del mediodía, según le solicitaron, Gaona regresó al palacio: 18 Armando de Ramón, Santiago de Chile (1541-1991). Historia de una sociedad urbana (Santiago de Chile: Editorial Sudamericana, 2000).

19 Archivo General de Indias (AGI), Sevilla-España, Fondo Audiencia de Chile, leg.103; Archivo Nacional Histórico de Chile (ANHCh), Santiago de Chile-Chile, Fondo Real Audiencia (RA), vol. 2889.

20 AGI, Audiencia de Chile, leg. 103; ANHCh, RA, vol. 2889, s/f, párrafo 37.

21 Madrid, 06 de mayo de 1973, en Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (AHPM), Madrid-España, Protocolo del Escribano Juan de Burgos, f. 331.

22 AHPM, Protocolo del Escribano Juan de Burgos, f. 331.

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“Después llamo el dho D. Phe al escriuano y le metio juntamente con este declarante en una pieça y el se quedo en la antesala y el dho escr° le leyo a este declarante la deposson que el hauia sacado en limpio y en ella añadio sin que este declarante lo ubiese puesto en la memoria escrita de su mano que el dho gobernador hauia puesto en contingencia de que se perdiesse la plaça de valdiuia […] y este declarante no se atrevio a altercar con dho sno esta çircunstancia y adicciones persuadido a que las tendrai consultadas con dho sr virrey y se redujo a firmar aquelle declaracion […]”23.

El declarante enumera razones para, contra su voluntad, ser obligado en esa fecha a declarar por escrito contra el Capitán General de Chile. Afirma ante el escribano madrileño que “visto este declarante el orden preciso que le hauian dado dho sr virrey para que respondiesse a dhas preguntas ni mas ni menos de lo contenido en ellas como se lo tenia mandado y la violencia con que le hauia ehco desembarcar de dho nauio y echar su ropa en tierra y que si no declaraba le hauia de detener prenderle y hazerle otras bejaciones y molestias y recelandose que algunas personas no afectas al dho gobernador como fueron el padre maestro soloaga […]”24. El interrogatorio, que integra los documentos de la información contra el Capitán General que se encuentran en el Consejo de Indias, menciona que en los Reyes, el 9 de noviembre de 1671, comparece el Capitán Don Cristóbal de Gaona: “que vino del reyno de chile del qual por ante mi el escribano fue resiuido juramente y lo hiço por dios nuestro señor y una señal de cruz […] so cargo del qual prometio de deçir verdad y siendo preguntado a tenor de las preguntas del ynterrogatorio dixo lo siguiente […] asi por esta razon lo vido ser y pasar segun y en la forma que se contiene en esta declaracion y esto es lo que saue serca del contenido en el ynterrogatorio pra el juramento fho en que se afirmo y ratifico auiendosele leydo y dijo estar bien escrito esta su dicho y se le encargo el secreto y lo firmo y dho exmo lo rubrico = don xptobal Gaona = ante mi Pedro Perez Landero, escribano público”25.

Estas dos declaraciones, halladas en archivos de Lima y de Madrid, ilustran cómo se usa el oficio de diferentes escribanos para elaborar documentos que dan fe de lo que sucedió ante ellos.

Así, para dar coherencia a su relato, el declarante cuenta en Madrid que el temor lo persigue hasta España, donde —estando en la Corte— se siente quizás protegido de las eventuales consecuencias de una nueva declaración a favor del Capitán General, o, al revés, más expuesto a represalias por parte de aliados de este personaje en Chile. Al mencionar el miedo como un elemento fundamental en su declaración, no queda como mentiroso ni perjuro, y la revocación le permite desacreditar hábilmente su propia palabra sin deshonrar su persona: “con el animo fixo y determinado de rebocarla a su tiempo y protestar la violencia y temor con que auia depuesto quanto antes tubiesse ocasion y libertad para haçerlo no atreuiendosse a executarlo en la ziudad de Lima ni en todo el distrito de su jurisdiccion ni aun fuera de ella en la ciudad de Popayan, Neiba, Honda, Mompo porque no le detuviesse el passo”26.

23 AHPM, Protocolo del Escribano Juan de Burgos, f. 331.

24 AHPM, Protocolo del Escribano Juan de Burgos, f. 331.

25 AGI, Audiencia de Chile, leg.56, pieza 21, f. 4.

26 AGI, Audiencia de Chile, leg.56, pieza 21, f. 4.

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Ahora bien, ¿conoce Pedro Pérez Landero, escribano público de Lima, la maniobra del Virrey?

Este escribano limeño es precisamente el destacado autor de un tratado sobre las prácticas de visitas y de residencia, publicado en Nápoles en 169627, donde desarrolla su quehacer en materia de interrogatorios, luego de casi cuarenta años de práctica. En 1671, en Lima, puso su ministerium al servicio del Virrey28. Pese a la supuesta independencia del escribano en el derecho clásico español29, su presencia junto a una autoridad para apuntar y anotar lo que va sucediendo ante él es frecuente. El carácter secreto de un procedimiento judicial no impide que esté presente un garante de la fe pública, que usa papel sellado destinado al registro público. Sin embargo, con el juego de puertas cerradas y salas de espera, él no tiene por qué enterarse plenamente de lo que está sucediendo. Llamado en la mañana por el Conde de Lemos para “poner en limpio” la declaración de Gaona, el escribano no podía dudar de la autoridad del Virrey. La mención “ante mí”, que figura junto a la firma del escribano, se refiere al momento del otorgamiento del documento, y no necesariamente a lo que precedió. En efecto, el declarante Gaona no protestó y firmó ante el escribano limeño, como lo reconoce en Madrid. El oficio de pluma de Lima registró entonces que “para efecto de declarar […] pareció en presencia del señor Conde de Lemos […] el Capitan don Cristobal Gaona […] el qual por ante mi el ssno fue resiuido juramento […] so cargo del cual prometio decir verdad y siendo preguntado al tenor de las preguntas del ynterrogatorio dijo lo siguiente […]”30.

Así, pues, se puede observar que la declaración realizada en Madrid aporta además precisiones sobre los motivos que, según Gaona, animaron a Juan Henríquez para actuar del modo reprochado por el Virrey. El otorgante declara además que no se atrevió a señalarlas en presencia del Conde de Lemos. Esta situación cuestiona lo que está en juego en el proceso de registro público: remite a una historia de las tensiones sociales que rodean la consignación en el registro y modelan tanto la forma como el contenido de los archivos notariales. La magnitud social, temporal y espacial de los registros notariales explica su importancia en el mantenimiento de tal institución en el espacio imperial.

Aquí lo que parece regir las narrativas contenidas en los dos documentos —el de Lima y el de Madrid— es el interrogatorio de cinco preguntas elaborado por el Virrey y presentado por su criado, en el marco de una información secreta exigida por la Reina31. La inquietud de Gaona —desde Lima hasta Madrid, pasando por Popayán y La Habana— indica la eficiencia de la palabra escrita registrada ante escribano tanto en Lima como en Madrid, y la conciencia de su valor como prueba en el marco de este interrogatorio. Pero también la confesión posterior acerca del “animo fixo y determinado de rebocarla [declaración]”, supuestamente presente desde la primera declaración, muestra el cálculo instantáneo del peso de las palabras escritas en un registro notarial, y la conciencia de la fragilidad de su validez en el tiempo. Entonces, ¿será así en todo el Virreinato durante este período agitado y de poca confianza mutua? ¿Cómo conciliar entonces “verdad” y testimonio?

27 Pedro Pérez Landero Otañez, Práctica de visitas y residencias apropiada á los Reynos del Perú y deducida de lo que en ellos se estila (Nápoles: Nicolas Layno, 1696).

28 Sobre la diferencia entre ministerium y oficium del notario, véase José Bono Huerta, Historia del derecho notarial español, vol. II (Madrid: Junta de Decanos de los Colegios Notariales de España, 1979): 326.

29 Bono Huerta, Historia del derecho, 322-326.

30 AGI, Audiencia de Chile, leg.56, pieza 21, f.3.

31 AGI, Audiencia de Chile, leg.56, pieza 21, f. 2.

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2. Prácticas escriturales en escribanía entre Lima y Santiago: Antonio Sánchez de Bahamonde, 1666-1678 Las tensiones en juego en el momento de escribir la palabra de los otorgantes se deben examinar según diferentes variables: los vínculos entre el escribano y los otorgantes, la personalidad y la carrera del escribano, su producción notarial y escrituraria, y la posible nitidez de la necesidad de dejar constancia. Como se planteó, la producción escrita de un escribano brinda a sus lectores la sensación de una excepción permanente, puesto que la lectura “entre renglones” revela distintas variaciones de estilo. Pese al uso repetitivo del “yo” y de su papel altamente autoritario en la fabricación, validación y autenticación de los autos registrados ante él, en pocas ocasiones se pone a sí mismo en escena. Por lo que la historiografía discute entonces su autoría32. Así, en el Imperio español aparecen los escribanos como personajes (siempre masculinos) ubicados en el centro de los funcionamientos y disfunciones del aparato administrativo33. En al ámbito económico, desde inicios del siglo XVII, los vínculos mercantiles entre Lima y el sur del Virreinato se fortalecen34, y las actividades notariales tanto en Santiago como en Lima reflejan esta intensificación de las comunicaciones en un espacio extendido entre Madrid, Buenos Aires, Portobelo, Lima y la “frontera de arriba” —expresión usada en Chile para referirse al espacio de frontera interna, al sur, comprendido por una zona ubicada entre la plaza fuerte de Valdivia y la provincia de Chiloé—35.

La actividad del escribano Antonio Sánchez de Bahamonde, que tiene la particularidad de haber ejercido su oficio en Lima y en Santiago de Chile (entre 1664 y 1678), refleja en efecto esta tendencia. Como sus contemporáneos, Sánchez de Bahamonde redacta poderes para Huancavelica, Huamanga, Saña, Huánuco y Cusco, pero también para las Provincias de arriba, Guayaquil, Panamá, Salamanca, Madrid, Sevilla, Buenos Aires, Portobelo y Valparaíso. Sus legajos en Lima muestran una relación constante y durable con algunas figuras del comercio transcontinental, como Don Alonso de Palacios, Doña Manuela de Alarcón o el gobernador Don Gaspar de Ahumada. Después de su estadía en Santiago, cuando vuelve a Lima, se sigue reconociéndole una suerte de competencia en materias tocantes a Chile, lo que puede significar un éxito tanto profesional como personal en Santiago36. Sin embargo, su cercanía con el Capitán General de Chile, el 32 Pavel Ouvarov, “Ceux qui sont un peu différents des autres: singularités, ‘déviances’ et normes dans les actes notariés parisiens du XVIe siècle”. Annales. Histoire, économie et société 15, n.° 3 (1996): 439-466, doi: dx.doi. org/10.3406/hes.1996.1884 33 Sólo el Consejo de Indias puede confirmar a los escribanos. En principio, sólo los hombres españoles pueden ejercer como escribanos del Rey. En Santiago de Chile, los Toro Mazote, padre e hijo, probablemente con ascendencia mestiza, supieron borrar de los registros este rasgo infamante. Emma de Ramón, “En el límite de lo admisible: testamentos de Ginés de Toro y Pedro Vélez, escribanos del número de Santiago de Chile”. Temas Americanistas n.° 29 (2012): 256-269.

34 Margarita Gascón, “Comerciantes y redes mercantiles del siglo XVII en la frontera sur del Virreinato del Perú”.

Anuario de Estudios Americanos 57, n.° 2 (2000): 413-448, doi: dx.doi.org/10.3989/aeamer.2000.v57.i2.242 35 Margarita Suárez, Desafíos transatlánticos: mercaderes, banqueros y el estado en el Perú virreinal, 1600-1700 (Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2001). Así, se encuentran en los protocolos varios “residentes de Lima vecinos de Santiago”, la carta de pago del Alférez Juan de Cazares, en Archivo General de la Nación (AGN), Lima-Perú, Fondo Protocolos Notariales, Protocolo 1800, f. 566.

36 “Santiago. El capitán Antonio Sanchez de Bahamonde, en nombre del licenciado don José Gonzalez Manrique”, 1678-1681, en Archivo Arzobispal de Lima (AAL), Lima-Perú, Serie Apelaciones de Chile, (1606-1801), leg. IV, 1677-1685, doc. 5, ff. 88.

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capitán don Juan Henríquez, es denunciada en varias ocasiones; por ejemplo, una carta dirigida al Rey por Antonio Martínez de Vargas el 8 de mayo de 1672 dice que: “El rigor de la oprecion que padesemos los vaçallos de VM de los ministros que gouiernen este reino es intolerable por que ni a servido de exemplar y escarmiento el que mando VM puçiese el conde de lemos en los procedimientos de don francisco de meneses con la visita antes […] asi mismo [ Juan Henriquez] a introducido por escriuano desta audiencia antonio sanchez un escribano que traxo en su compañía sin reparar estar prohibido por ordenansa tengan los ministros semexante union y conformidad porque aqui no se guarda ninguna ni se obedecen las cedulas de Vuestra Merced”37.

Aquí interesa esbozar algunos rasgos de este escribano —Antonio Sánchez de Bahamonde nació en Lima y fue “llevado” a Chile por el Capitán General, aquel contra quien dio testimonio en Lima el capitán Gaona— y ahondar en su personalidad mediante los legajos de sus escrituras notariales. Hijo de Pedro Sánchez de Bahamonde y doña Josefa Durán del Visso, viaja a Santiago, donde permanece cuatro años alejado de su mujer, hasta 167538. Existen dos legajos de sus escrituras en Lima y tres en Santiago de Chile39, pero no todos los cuadernos están completos ni llevan índices de los documentos protocolizados. En el caso chileno, de manera general, la lógica de cada volumen de escritura pública resulta difícil de entender, ya que ni el orden cronológico de los autos ni la procedencia social de los otorgantes parecen haber sido criterios de agrupación final de los documentos, realizada en el siglo XIX. No obstante, las escrituras de Sánchez de Bahamonde permiten delinear las evocaciones de las dos ciudades que surgen bajo su pluma. Al igual que sus colegas, aprendió su oficio siendo escribiente de otro escribano, y, cuando pide su confirmación en 1664, lleva ocho años trabajando como oficial de pluma para el escribano de la contaduría mayor, Gonzalo de Vargas40. De hecho, su experiencia con un Escribano de Cámara explica un mantenimiento claro y limpio de las escrituras protocolizadas y de la presentación general de sus cuadernos: pocas manchas, una escritura firme y legible. Asimismo, los testigos que repetidamente se inscriben en sus autos permiten deducir que de manera muy probable Sánchez de Bahamonde formó al futuro escribano real de Santiago, nacido en Cádiz, Gaspar Valdés41.

37 Santiago de Chile, 08 de mayo de 1672, en AGI, Audiencia de Chile, 56 pieza 16. Véase también. ANHCh, RA, vol. 2889. Entre los argumentos para debilitar las palabras acusatorias está una tentativa de recusación del escribano Sánchez de Bahamonde, a quien el prisionero califica de “odioso y sospechoso”, según la fórmula consagrada, a la que agrega “su peor enemigo”. El vínculo entre ambos proviene de su presencia simultánea en Lima, muchos años antes.

38 Compró un terreno y una casa un poco excéntricos. Armando de Ramón, Santiago de Chile, 190; Carlos Salinas Araneda, “Catálogo de los libros registros del Cedulario chileno, 1573-1727 (III)”. Revista de Estudios Histórico-Jurídicos n.° 17 (1995): 411, doi: dx.doi.org/10.4067/S0716-54551997000100010.

39 AGN, Protocolos Notariales, Protocolos 1800 y 1801; ANHCh, Fondo Escribanos de Santiago (ES), vol. 303-305.

40 En AGI, sig. Lima, 191, núm. 23, El testigo confirma que es mayor de 25 años, es decir, nació antes de 1639.

También aparece como “escribano de su magestad como se nombra fiel y legal y de toda confianza y que despacha el oficio de escribano de cámara de esta ciudad [de Santiago de Chile] […]”, el 21 de octubre de 1673, fé de Geronimo de Ugas et Juan Agurto de Gastañaga. AAL, Apelaciones de Chile, (1606-1801), leg. IV, 1677-1685, doc. 5, f. 242.

41 Gaspar Valdés (1646-1734ca.) es Escribano Real, Escribano Público y de Cabildo, Escribano de Cámara, Coadjutor de Indios, Escribano de la bula de la Santa Cruzada.

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A pesar de su origen foráneo y de las mencionadas denuncias, Sánchez de Bahamonde es integrado a la comunidad urbana de Santiago, sobre todo a la española. Su adaptación a las prácticas de los vecinos, moradores y estantes indica que su comportamiento es semejante al de los escribanos de la ciudad: todos comparten la necesidad de sobrevivir mediante el oficio de pluma y, para ello, acuden a la Audiencia de Santiago —como a la de Lima— para ponerse al servicio de los habitantes que pueden pagar los aranceles42. Su actuación se justifica por las tensiones existentes entre los vecinos de la ciudad: así —más allá del desempeño de su oficio en el marco de pleitos y asuntos administrativos, y de los testamentos, poderes, obligaciones, fianzas, cartas de pago y ventas—, se encuentran asientos, remates y apartamientos, que indican que el escribano responde a una demanda variada y no se especializa en algún tipo de escrituras. Al respecto, un apartamiento es particularmente notable en la segunda mitad del siglo XVII: traduce la habilidad del escribano para ofrecer a los otorgantes la posibilidad de solucionar un conflicto mediante la negociación43. El auto, redactado en el marco de un proceso por estupro, ilustra el tipo de justicia que se encuentra en Santiago en los años 1670: “en este estado la caussa se a tratado por algunas personas de conbenirla y considerando que en ella se auia de gastar mucho tiempo y dinero y que el suseso de los pleitos es ynciertos a conbenido el dho pleito por via de transación parto y conbenio o por aquelle escriptura que mejor aya lugar de derecho […]”44.

Es difícil conocer las circunstancias precisas que llevan a las partes a una transacción, pero es verosímil que el escribano, conocedor de los entresijos de la justicia de la Real Audiencia, haya brindado sus consejos para lograr la conciliación entre las partes, justificándola por la lentitud e ineficacia de los oidores en estas materias. La revisión conjunta de los legajos de Sánchez de Bahamonde revela una actividad similar entre las dos ciudades: una derivada de un quehacer aprendido durante su formación como escribano de Lima, y otra de prácticas diferenciadas procedentes de los comportamientos y necesidades de los habitantes de las ciudades. Así, estos legajos, a falta de datos más precisos sobre un escribano en las Indias a fines del siglo XVII, esbozan algunas características de su persona, como testigos materiales de su propia autoría.

Sin embargo, raramente el escribano aparece como testigo en autos de su propio legajo. Una excepción es el documento redactado por Sánchez de Bahamonde en Lima, en torno a un milagro ocurrido en lo que, muy probablemente, es su vecindario, el 20 de junio de 1678. En un auto titulado en el margen “testimonio de haber llorado la madre de dios de la candelaria”, el escribano narra cómo fue llamado en ocasiones para testificar haber visto una imagen de la Virgen sudando en la casa de Diego Rodriguez, vecino de Lima45. La primera vez, el escribano se sube sobre un bufete para acercarse más a la imagen, pero no ve más que un poco de humedad en el nacimiento del cuello y concluye que, pese a los testimonios de toda la gente de la casa, no está llorando. Llamado por segunda vez, el mismo día en la tarde, se acerca más al rostro de la Virgen, y observa:

42 El precio de los autos no siempre se marca, hay autos que son gratuitos. El precio de un poder o de una venta, tanto en Santiago como en Lima, ante Sánchez de Bahamonde tiene un promedio de 6 reales.

43 No es una novedad para Sánchez de Bahamonde: hay apartamientos hechos por él en Lima.

44 “Apartamiento de Doña Francisca de Godoy y su hija a favor de Lorenzo García”, Santiago de Chile, 27 de febrero de 1674, en ANHCh, ES, vol.304, f. 99.

45 “Vi una imagen de nuestra señora de la candelaria de bulto como de bara y media de alto enbarnisada de al parecer de madera bestida de blanco sobre un bufete y dos luzes de cera encendidas y toda la dicha quadra llena de gente […]”, AGN, Protocolos Notariales, Protocolo 1800, f. 716v.

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“que le tenía humedo i la parte de la frente y megillas con algunas gotas de agua como alfafar i emparticular los ojos llenos de agua mui gruesas y el agua de los ojos parese que de sostenia en elos sobre natural la quel se empeso a derramar y caer desde los ojos por las megillas abajo juntandose alguna porsion en la punta de la barba”46.

El escribano describe entonces con una precisión meticulosa cómo, en compañía de algunos “circunstantes, aunque indignos”, recogieron con algodones unas pocas lágrimas del ojo izquierdo de la Virgen. Agrega más adelante que fue del lado donde él se hallaba “por coger el viso y vislumbre de el rostro repasé en que al parecer broto alguna porsion de agua con rrepeticion”47. La gente, situada al lado derecho de la imagen, también vio brotar lágrimas. Para reforzar su propio testimonio, el escribano menciona la presencia de personas de “calidad”: “todo lo cual fue publico y notorio porque se hallaron presentes otras muchisimas personas de calidad que apenas cauian en la dicha recamara sin otros muchos que se esforzaban a solicitar con violencia la entrada para notar y perseuir de mas serca tamaño milagro”. Por último, consciente de la importancia de su testimonio y de la gravedad del instante, el escribano explica cómo —para “testificarme io el dicho escribano”— limpió la mejilla izquierda de la imagen y “de vista y de tacto, reconosi que tenia alguna humedad i así mismo registre la cabeza y halle estar seca y sin sospecha de humedad y antes si en el medio de la cabeza tenia la sanctisima imagen alguna tierra seca como caida de los techos o paredes”48.

Este testimonio figura en el registro, con la mención “en testimonio de verdad”, dándole importancia con aguda consciencia de que la memoria del instante se iba a convertir en este relato de dos páginas. Así, si su relato contiene elementos de “verdad” por ser su oficio el de escribano público49, el reforzamiento de su testimonio se hace con la presencia de testigos numerosos —de personas de calidad y con una verificación táctil—, un sentido raramente evocado en los registros de la memoria notarial. El escribano no atestigua solamente haber visto y oído el milagro, da fe de bastante más que un otorgante con mente sana: él tocó y verificó las lágrimas de la imagen de la Virgen, y se apunta como testigo de su experiencia en su propio registro.

Este documento confirma entonces la existencia de una distancia, perceptible en el siglo XVII, entre la “verdad de los hechos” y la declaración hecha ante escribano: la fe pública concierne al instante de la “declaración”, oída durante el encuentro con el declarante. Todos deben confiar en que el declarante diga la “verdad”, ya sea compelido por el juramento que hace en justicia, o por el intercambio de voluntad que tiene lugar ante el escribano. Por lo tanto, la razón de ser de los registros notariales radica en la necesidad social de crear y mantener instancias de fijación de los momentos de conciliación y acuerdos. La estadía de Sánchez de Bahamonde en el Reino de Chile, desde 1671, solicitada por el Capitán General, puede explicarse por su habilidad para la implementación de tal instancia, útil en un reino agitado por una década de escándalos públicos y por la capacidad de algunos vecinos de acudir a sus servicios. De hecho, el registro del escribano corresponde a un ritual de apaciguamiento, que al mismo tiempo memoriza los términos de los conflictos. Los documentos representan, así, potenciales brechas futuras, testimonios no sólo de los acuerdos, sino también de las dudas y de las infidelidades. En consecuencia, su manifestación puede resultar problemática.

46 AGN, Protocolos Notariales, Protocolo 1800, f. 717.

47 AGN, Protocolos Notariales, Protocolo 1800, f. 717.

48 AGN, Protocolos Notariales, Protocolo 1800, f. 717.

49 Verdad legal, como lo recuerda Burns, Into the Archive, 4.

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3. El secreto público como garantía de la confianza: Lima, 1691-1717 La reciente historiografía dedicada a la memoria judicial ha (re)introducido un elemento importante en la reflexión sobre las condiciones de posibilidad de la institución notarial, esencialmente basada en su capacidad de constituir las verdades necesarias para la justicia: la palabra escrita resiste difícilmente las injurias del tiempo. Su posible revocación —en el caso de los poderes y testamentos, por ejemplo—, las esperas, los moratorios, las ejecuciones sucesivas de contratos, los diferentes montajes jurídicos para pagar las deudas, los censos, por un lado, así como el fraude, la pérdida o destrucción material de documentos, por el otro, afectan de cierta manera la robustez del archivo notarial como prueba judicial, pero no su calidad de documento histórico50. Asimismo, la conservación de los papeles y documentos es una de las preocupaciones recurrentes de la administración colonial. En 1702, el Capitán General de Chile, Francisco de Ybañez, anota en su informe al Rey el “detraimiento” del archivo de la ciudad (es decir, el archivo del Cabildo) y su voluntad de velar por su seguridad51. Como se dijo, los escribanos son los principales agentes de esta conservación de la memoria institucional (Cabildo, Audiencia, Capitanía General y las propias escribanías).

Cabe recordar sin embargo que, según muestra el registro de Madrid en el caso de la declaración de Gaona, la matriz del documento —el elemento que le confiere su autoría— es la voluntad del otorgante. Esta voluntad no es permanente. Conviene interrogar, por lo tanto, ¿a qué se aplica esta voluntad? ¿A la difusión del contenido para que “sepan cuantos vieren”, como precisa la fórmula de algunos actos notariales? ¿A la protección y conservación de la memoria individual? ¿A una adhesión a mecanismos que garantizan la confianza y el crédito?

Algunas pistas para descifrar ciertos comportamientos ante el escribano aparecen cuando los escribanos defienden los deberes de su quehacer. Están obligados a respetar el secreto de los asuntos y negocios que suceden o pasan ante ellos, y es menester que haya una necesaria confianza en el carácter fehaciente del protocolo notarial, pese a la mala reputación que se les atribuye52. Así, simultáneamente al sello real, que fiscaliza y garantiza la fe de los autos confeccionados ante escribanos, ellos deben respetar y garantizar el secreto de las transacciones registradas, puesto que los registros de los escribanos son objeto de tensiones en cuanto manifestación pública.

En localidades con Cabildo de Indios que mantienen un libro de Cabildo, garantizar el acceso a estos últimos es problemático: los alcaldes y caciques tratan de esconder a las autoridades las transacciones entre indios y de mantener su poder sobre la mano de obra, guardando el control de esta instancia de justicia sumaria53. Pero, al parecer, el fenómeno no es propio de los pueblos de indios: los documentos notariales formulan y formalizan crecientes prácticas de intercambio entre individuos que escapan al control de la administración real. En Lima, dicha situación se evidencia desde la década de 1690, como lo ilustra la demanda de residenciar y visitar las escrituras y los pro50 La distinción entre prueba judicial y prueba histórica es un tema de Carlo Ginzburg, Le juge et l’historien. Considérations en marge du procès Sofri (Lagrasse: Verdier, 1998).

51 “Informe Francisco Ybañez de Peralta”, Santiago de Chile, 17 de mayo de 1702, en AGI, Audiencia de Chile, 103, §150.

52 María Paz Alonso Romero, El proceso penal en Castilla (siglos XIII-XVIII) (Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 1982): 197; Miguel Ángel Extremera Extremera, “El delito en el archivo. De escribanos, falseadores y otras gentes de mal vivir en la Castilla del Antiguo Régimen”. Hispania 65, n.° 220 (2005): 465-484, doi: dx.doi. org/10.3989/hispania.2005.v65.i220.140. Para Hispanoamérica ver Tamar Herzog, Mediación, archivos y ejercicio.

53 Aude Argouse, “Je le dis pour mémoire”. Testaments d’Indiens, lieux d’une justice ordinaire. Cajamarca, Pérou XVIIe siècle (París: Les Indes Savantes, 2016).

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tocolos de todos los escribanos y juzgados de Lima y del Callao, despachada el 18 de junio de 1717 por el licenciado Matheo Ponce de León, oidor de la Real Audiencia local54. Aquí se reprocha a los escribanos de Lima ocultar las alcabalas y componerse por un corto precio con las personas que “ante ellos otorgan escrituras de venta de esclavos y de otros efectos que se debe dicho derecho”.

Por lo tanto, se notifica a todos los escribanos que no otorguen “escrituras de ventas de esclavos, remates, almonedas, declaraciones ni de otras costas y efectos sin que primero lleven las partes otorgantes boleta del administrador que conviene a su cargo la recaudacion y cobranzas de dichas reales alcabalas”55.

Lo anterior significa que todos los autos otorgados ante escribano debían efectuarse después de haberse pagado las reales alcabalas y extendido la boleta correspondiente. La pena para los contraventores es de dos años de suspensión de sus actividades. Así, se quiere reiterar formalmente que los escribanos son responsables del pago de los impuestos reales y deben asegurarse de que los otorgantes lo han entendido y cumplido, antes de otorgar cualquier acto. Por eso, las escrituras pueden hacerse sólo después del pago, “por tener asegurados los derechos de la real alcabala”.

Todos los escribanos de Lima son notificados de esta obligación en un solo día, lo que indica que trabajan en un perímetro reducido.

Cinco años atrás se había exigido cumplir esta medida. En un acto de la Real Audiencia de diciembre de 1720 se afirma que ya en 1712 se les exigió a los escribanos que entreguen los certificados de las ventas registradas. Como la medida no fue respetada, el propio oidor Ponce de León decidió, en junio 1717, conducir él mismo la residencia y visita de los escribanos limeños.

Por tanto, la medida revela la importancia de esta práctica de “ocultación” de escrituras por parte de los escribanos. De hecho, el documento de 1720 precisa que, en realidad, hace casi veintinueve años (desde 1691) que los administradores del Real Derecho de Alcabala obtuvieron un decreto del Virrey para fiscalizar las escrituras de ventas de los escribanos del Virreinato. En aquel entonces se discutía con el Rey el ajuste del derecho de las reales alcabalas y se afirmaba que el entregar los escribanos a los administradores sus protocolos originales era cosa común y corriente. La Real Audiencia, ante la cual dirige una súplica el oidor Ponce de León en 1720, afirma que “las repetidas providencias que en diferentes tiempos y gobiernos por este fin a pedimento del suplicante […] todos han sido ineficaces, y nada se ha conseguido, porque prevalece la negociacion de las partes y el disimulo de los escribanos al gusto respecto de tan superiores mandatos”56.

Por estos motivos, los escribanos de Lima, del Callao y Chancay son obligados a que cada mes “den memorias y relacion jurada de todas las escripturas y contratos que ante ellos pasaren de que se causa alcabala”, bajo pena de 200 pesos y dos años de suspensión. Precisa también “que dentro de un mes se entreguen las boletas de todas las escripturas de ventas, almonedas y remates que hubieren otorgado desde el 28 de mayo de 1711 hasta fines de agosto de 1720”. Para justificar esta obligación, la Real Audiencia recurre al Título XIII, Libro Octavo de la Recopilación de Leyes de Indias, que obliga a los escribanos a dar noticia al receptor, mensualmente, de las almonedas, y de “todo lo que resultare por venta, trueque o cambio, en cualquier forma”. Sin embargo, los escriba54 “Traslado de José de Garazatua, administrador de las Reales rentas de alcabalas de Lima, sobre que los escribanos cumplan con remitir certificaciones de las ventas”, 1722, en AGN, Fondo Superior Gobierno, Procedimientos Civiles (GO-RE) 1, leg.4, cuaderno 27, f.2.

55 “Traslado de José de Garazatua”, AGN, GO-RE 1, leg.4, cuaderno 27, f.2.

56 “Traslado de José de Garazatua”, AGN, GO-RE 1, leg.4, cuaderno 27, f. 19.

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nos en 1720 replican que sin mandato del juez, el escribano sólo puede entregar copias de los autos escritos en su registro, y no los originales, considerándose el protocolo de registros fuera de poder del escribano: “no esta en su sentro como lo esta el pez fuera del mar”57.

El problema, considerado grave y de suma importancia por los escribanos, y que interesa aquí, gira en torno al acceso a sus registros originales por parte de administradores deseosos de cumplir sus regalías. Las palabras usadas en los diferentes autos y la ley mencionada se refieren sucesivamente a entregar boletas de pago del derecho correspondiente; entregar certificados de las ventas registradas; dar “memorias y relación jurada de todas las escripturas y contratos de que se causa alcabala”; dar noticia al receptor, entregar copias de los autos; y, por último, entregar protocolos originales. Mientras que los administradores se refieren de manera continua a un acceso al contenido y a los comprobantes de pago de la Real Alcabala, remitiendo a una prueba judicial y tangible del pago, los escribanos replican que no pueden autorizar el acceso a los originales, evocando la naturaleza sagrada de sus registros. La delicada discusión versa sobre la diferencia entre “manifestar las escrituras” y “entregar los protocolos”. Los escribanos, al reaccionar en conjunto, denuncian el intento del administrador de entender lo resuelto por el auto de la Real Audiencia, “no el que se le ayan de manifestar las dichas escripturas com esta prebenido por derecho, sino que se le an de entregar los protocolos de los registros originales para examinarlos ellos todos los contratos de que pueda resultar dichas alcabalas”. Precisan que “aun quando se disputa el valor del ynstrumento o se necesita de comparar la letra, u otra diligencia jamas se entrega a persona alguna sino al mismo juez que conose de la causa, y siendo asi, nunca pretende con razon dho administrador que se le deban manifestar los registros originales quando esto esta prohibido y nunca se a practicado”58.

El argumento de los escribanos, para no entregar los registros originales, consiste entonces en rescatar el momento en que se recibe su examen ante el Real Acuerdo, “en el que hace cada uno juramento por Dios nuestro señor de guardar secreto a las partes en los instrumentos que se le pidieren sin que en esto aya interpretacion pues su magestad […] les liga a este juramento y desligarlos solo puede el Sumo Pontificie Romano”59. Los escribanos de Lima consideran, por ejemplo, que sus protocolos originales son como lugares sagrados y secretos cuya manifestación no depende de su propia voluntad sino de la del Papa, en razón del secreto de las partes que motiva los autos.

El recurso al secreto que protege los protocolos permite eludir la cuestión de la manifestación de la prueba del pago del derecho de alcabala, en cuanto obligación legal y legítima que se practica comúnmente. En otras palabras, manifestar una nota, relación o copia de algunos autos que dan lugar al derecho de alcabala es legal y legítimo, siempre y cuando el escribano pueda vetarlo según el secreto, pero entregar el original protocolizado sólo se permite al juez que conoce la causa.

Los escribanos recuerdan, así, que el juramento que prestan, o que se supone que han prestado, ante el Real Acuerdo consiste en preservar el secreto de las partes, y que eso, de alguna manera, consiste en una excepción a las regalías. Se ingresa entonces, con los registros de protocolos de escribanos, en un mundo del secreto y de la justicia, opuesto a un mundo público y administrativo, estando este último disponible para toda la comunidad únicamente en nombre del “bien común”.

Esta constatación no tiene nada de evidente, es más bien paradójica, dado que la materia propia

57 “Traslado de José de Garazatua”, AGN, GO-RE 1, leg.4, cuaderno 27, ff. 1-23.

58 “Traslado de José de Garazatua”, AGN, GO-RE 1, leg.4, cuaderno 27, ff. 21-25.

59 “Traslado de José de Garazatua”, AGN, GO-RE 1, leg.4, cuaderno 27, f. 25.

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de los registros de escribanos son las escrituras públicas, expresión también usada por los historiadores de la cultura escrita para diferenciarlas de las escrituras privadas —incluso íntimas—, relevantes de la expresión de un “sí mismo” consecuentemente ausente de las escrituras notariales.

Lo que defienden los escribanos de Lima, también a partir de los años 1690, según el expediente referido, es la idea según la cual lo común y compartido encuentran un límite en el secreto, y el deber de los escribanos es garantizarlo. De allí surge la “múltiple doble cara” del protocolo de registros de escribanos de aquel tiempo, entre secreto y público, íntimo y compartido, prueba y acto de justicia, apariencias y ocultaciones; todas ellas expresiones del ejercicio del poder, o de los poderes, en conflicto. Al respecto, los escribanos de Lima agregan que se proveyó auto ante el escribano de cámara de la Real Audiencia en 1691, en que se mandó poner perpetuo silencio “quanto a la exsibicion de dichas escripturas originales quedando solo a dar razon los escribanos de las escripturas y contratos de que pueden resultar dichas alcabalas”. Ya los escribanos acusaban a los administradores de exceder su mandato y convertirse en “visitador general perpetuo de todos los escribanos exediendose a la costumbre que siempre se ha tenido de darsse razon de las alcaualas, que preseden de los dhos contratos sin querer inculcar los infinitos secretos naturales”60.

Conclusión Las tensiones entre intereses públicos y comunes, representados por los administradores del Virreinato, y los intereses de los particulares e individuales que viven en las tierras americanas producen, literalmente, una parte importante de la documentación notarial disponible en archivos públicos históricos. El recorrido de protocolos de escribanos entre Lima, Madrid y Santiago en el último tercio del siglo XVII permite ver que estos oficiales de pluma se dedican a poner por escrito las voluntades de los otorgantes, a ejercer de actuarios de la administración de justicia y a proteger los intereses económicos de los otorgantes. Las causas se encuentran cosidas en el mismo volumen con las diferentes escrituras que, entre ajustes y compromisos, instrumentalizan el secreto y las regalías en el corazón de la producción notarial de aquel tiempo. Además de las escrituras protocolizadas, se encuentran huellas del mantenimiento de los cuadernos, de las obligaciones de los escribanos hacia el oficio (índices, testimonios, compulsas), borradores —aunque escasos—, a veces cartas originales de otorgantes que saben escribir, entre otros.

Todos ellos son escritos susceptibles de ser preservados, de manera momentánea, por el secreto, lo cual plantea con ello la pregunta sobre la imposible destrucción del archivo. El registro notarial aparece entonces como probable lugar donde se asientan las excepciones al ejercicio de las regalías. Así, Cristóbal Gaona, perseguido por el miedo, afirma haber mentido ante un escribano y un Virrey, pero subraya haberlo hecho sostenido por un “animo fijo”, después de deshacer sus palabras, lo que concreta acudiendo a otro escribano. Antonio Sánchez de Bahamonde —cercano de los criticados hermanos Henríquez: Juan, Capitán General de Chile, y Blas, conocido comerciante de Lima— atestigua con rara precaución un milagro en su vecindario de Lima al recoger las lágrimas de una Virgen que llora. Los escribanos de Lima protegen, como cuerpo, los intereses ambiguos de los comerciantes contra la administración fiscal. Todos son peritos de la escritura pública, capacitados para dejar constancia según una gramática común; pero cada uno, a su manera, levanta un estilo propio para signar y registrar el devenir.

60 “Traslado de José de Garazatua”, AGN, GO-RE 1, leg.4, cuaderno 27, f.25.

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Estos tres casos ilustran cómo la modernidad política y las arcanas imperii se articulan ante el secreto, símbolo tanto del poder absoluto como de la censura católica. Por lo tanto, se espera que, al revelar algunos de estos secretos y razones de ser de los registros, este artículo contribuya a un mejor conocimiento de las escrituras públicas notariales de Antiguo Régimen y sus conexiones en diversos espacios de Hispanoamérica.

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❧ Aude Argouse

Investigadora asociada a la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Doctora en Historia y Civilizaciones por la École des Hautes Études en Sciences Sociales (Francia). Hace parte del grupo de investigación Grupo de Estudios Historia y Justicia e investigadora asociada del laboratorio Mondes Américains (EHESS). Entre sus publicaciones se encuentran: “Je le dis pour mémoire”. Testaments d’Indiens, lieux d’une justice ordinaire, Cajamarca, Pérou, XVIIe siècle (París: Les Indes Savantes, 2016) y “Les Métis en situation coloniale: fiction, silence et interdiction entre le droit du père et le droit d’être soi. Cajamarca, Pérou (XVIIe siècle)”, en Du transfert culturel au métissage. Concepts, acteurs, pratiques (Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2015), 391-404. oddargo@gmail.com

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Religión, guerra y ciudad: clero y gobierno local en Puebla durante la guerra con Estados Unidos (1847-1848)❧ Sergio Rosas Salas

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit60.2016.03

Artículo recibido: 06 de abril de 2015/ Aprobado: 20 de agosto de 2015/ Modificado: 13 de octubre de 2015

Resumen: Este artículo analiza el papel del clero de Puebla (México) en la defensa de la ciudad durante la guerra con Estados Unidos y su capacidad para alcanzar acuerdos con las autoridades civiles, para proteger a la población, guardar el orden a pesar de la ocupación y mantener el culto como un factor de tranquilidad pública. Aquí se argumenta que gracias a la negociación y al acuerdo entre ambas potestades, la práctica devocional se convirtió en un factor fundamental que permitió sostener el orden. La investigación se basa en archivos locales y un conjunto de fuentes editas, que tratan las relaciones entre el Ejército estadounidense y el clero de Pueblo, para concluir que el catolicismo fue un factor de cohesión al defender la ciudad.

Palabras clave: Iglesia, México, Estados Unidos, catolicismo, clero (Thesaurus); guerra (palabras claves del autor).

Religion, War and the City: Clergy and Local Government in Puebla during the War with the United States (1847-1848) Abstract: This article analyzes the role of the clergy in Puebla (Mexico) in defense of the city during the war with the United States, and their ability to reach agreements with civil authorities in order to protect the civilian population, maintain order despite the military occupation, and maintain religious services as a factor of public tranquility. It argues that, thanks to negotiation and agreement between both powers, devotional practice became a fundamental factor in maintaining order. The research was based on local files and a group of published sources dealing with the relations between the U.S. army and the clergy in Puebla, leading to the conclusion that Catholicism was a factor of cohesion in defending the city.

Keywords: Church, Mexico, United States, Catholicism, clergy, war (Thesaurus).

Religião, guerra e cidade: clero e governo local em Puebla durante a guerra com os Estados Unidos (1847-1848) Resumo: Este artigo analisa o papel do clero de Puebla (México) na defesa da cidade durante a guerra com os Estados Unidos e sua capacidade para alcançar acordos com as autoridades civis, para proteger a população, manter a ordem apesar da ocupação e manter o culto como um fator de tranquilidade pública. Aqui se argumenta que, graças à negociação e ao acordo entre ambas as potestades, a prática devocional tornou-se um fator fundamental que permitiu manter a ordem. A pesquisa baseia-se em arquivos locais e num conjunto de fontes editas, que tratam as relações entre os exércitos americanos e o clero de Puebla, para concluir que o catolicismo foi um fator de coesão ao defender a cidade.

Palavras-chave: Igreja, México, catolicismo, guerra (Thesaurus); Estados Unidos, clero (autor de palavras-chave). ❧ Esta investigación es resultado parcial del proyecto de investigación en curso “Francisco Pablo Vázquez: diplo-

mático y eclesiástico mexicano”, realizado entre 2014 y 2015 en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México). La investigación contó con la financiación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública de México, a través del programa Apoyo a la Incorporación de Nuevos Profesores de Tiempo Completo.

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Religión, guerra y ciudad: clero y gobierno local en Puebla durante la guerra con Estados Unidos (1847-1848) Sergio Rosas Salas

Introducción

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l 11 de mayo de 1846, el Gobierno de Estados Unidos declaró la guerra a México. Dos meses después, el 7 de julio, el presidente Mariano Paredes decretó que el país repelería militarmente cualquier agresión. A partir de entonces, el Ejército estadounidense inició una amplia campaña militar para tomar la ciudad de México. En marzo de 1847, por ejemplo, 11.000 soldados bajo el mando de Winfield Scott desembarcaron en el puerto de Veracruz e iniciaron una amplia ofensiva militar, que concluyó en septiembre con la caída de la capital de la República, ante el azoro de los defensores, quienes fueron testigos de la caída de fortificaciones tan imponentes —para utilizar el término de Roa Bárcena— como el convento de Churubusco, el cual cayó el 20 de agosto1. La guerra concluyó con la firma del tratado de Guadalupe Hidalgo, el 2 de febrero de 1848, por el cual México cedía los territorios de la Alta California y Nuevo México a Estados Unidos, a cambio de una indemnización de guerra de 15 millones de pesos2.

La historiografía ha reflexionado acerca del impacto que tuvo esta guerra en los discursos públicos, la política y los cambios sociales del período3. El clero ha recibido una creciente atención en los últimos años. Se ha enfatizado su defensa de los bienes eclesiásticos en 1847 a partir del decreto del 11 de enero —que permitía al Gobierno federal hacerse hasta de 15 millones de pesos, garantizados con la hipoteca de éstos—, y se ha subrayado que la defensa de sus propiedades no implicó la renuncia clerical a la defensa de México frente al Ejército estadounidense4. Así, el interés 1 José María Roa Bárcena, Recuerdos de la invasión norteamericana (1846-1848) por un joven de entonces, tomo II (México: Conaculta, 2003 [1876?]), 447-485. Los esfuerzos de defensa del Ejército mexicano pueden verse en: Ramón Alcaraz et al., Apuntes para la historia de la guerra entre México y los Estados Unidos (México: Conaculta, 2005 [1848]).

2 Josefina Zoraida Vázquez, Dos décadas de desilusiones: en busca de una fórmula adecuada de gobierno (18321854) (México: El Colegio de México/Instituto Mora, 2009), 116; Josefina Zoraida Vázquez, “México y la guerra con los Estados Unidos”, en México al tiempo de su guerra con Estados Unidos (1846-1848), coordinado por Josefina Zoraida Vázquez (México: FCE/El Colegio de México/Secretaría de Relaciones Exteriores, 1997), 1746; Marcello Carmagnani, “El federalismo liberal mexicano”, en Federalismos latinoamericanos: México/Brasil/ Argentina, coordinado por Marcello Carmagnani (México: El Colegio de México/FCE, 1993), 135-179; Erika Pani, Una serie de admirables acontecimientos. México y el mundo en la época de la Reforma 1848-1867 (Puebla: Ediciones de Educación y Cultura/Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2013).

3 Elías José Palti, Introducción a La política del disenso. La “polémica en torno al monarquismo” (México, 18481850)… y las aporías del liberalismo, compilado por Elías José Palti (México: FCE, 1998), 9-20; Luis Fernando Granados, Sueñan las piedras: alzamiento ocurrido en la ciudad de México, 14, 15 y 16 de septiembre de 1847 (México: Ediciones Era/Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2003); Conrado Hernández López, “Entre la guerra exterior y los conflictos internos: las guerrillas en el camino México-Veracruz (1847-1848)”, en Discursos públicos, negociaciones y estrategias de lucha colectiva, coordinado por José Alfredo Rangel Silva y Carlos Rubén Ruiz Medrano (San Luis Potosí: El Colegio de San Luis/AHESLP, 2006), 123-148; Josefina Zoraida Vázquez, coord., México al tiempo de su guerra con Estados Unidos (1846-1848) (México: FCE/El Colegio de México/Secretaría de Relaciones Exteriores, 1997).

4 De las investigaciones de Marta Eugenia García Ugarte, Poder político y religioso. México, siglo XIX, tomo I (México: UNAM/Miguel Ángel Porrúa/Cámara de Diputados/Imdosoc, 2010), 265-346, “El Cabildo de la Catedral y la guerra con Estados Unidos”. Estudios 49 (1999): 49-66. Ver también el trabajo de César Navarro Gallegos, “Una santa alianza: el gobierno duranguense y la jerarquía eclesiástica durante la intervención norteamericana”, en México en guerra (1846-1848), coordinado por Laura Herrera Serna (México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Museo Nacional de las Intervenciones, 1997), 233-251.

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en torno al papel del clero y la jerarquía eclesiástica en este período ha enfatizado la defensa de los bienes eclesiásticos por parte del clero en el contexto bélico5. En un artículo reciente, Peter Guardino propuso estudiar las acciones del clero mexicano durante la guerra con Estados Unidos, enfatizando su papel como predicadores y promotores de la resistencia nacional frente a la presencia de un ejército extranjero6. Por su parte, la historiografía estadounidense ha llamado la atención acerca del anticlericalismo del común de los soldados norteamericanos, quienes estaban formados en una cultura que enfatizaba la identidad nacional como claramente anticatólica, pues dicha Iglesia era opuesta a la tolerancia religiosa y al propio ideal republicano. Esto llevó a que la mayoría de los soldados extranjeros consideraran que llegaban a un país moralmente corrompido por la presencia del catolicismo7. Fue este último aspecto lo que llevó a la expresión de varias actitudes hostiles al catolicismo por parte de la tropa a lo largo de 1847. En este contexto, la reacción mexicana fue enfatizar la religión como un elemento de cohesión ante la invasión.

Para comprender mejor esta problemática, este artículo analiza el papel de la jerarquía y el personal eclesiástico de Puebla en la defensa de aquella ciudad durante la guerra con Estados Unidos, así como la capacidad de las autoridades clericales para buscar y alcanzar acuerdos con las autoridades civiles locales, en aras de proteger a la población, guardar el orden a pesar de la ocupación y mantener el culto católico como un factor de tranquilidad pública. El estudio de caso resulta relevante porque Puebla no sólo era la segunda ciudad en importancia demográfica y económica de México, sino una de las ciudades episcopales con más tradición en el país. Así pues, el peso simbólico de su dominio era muy importante para los actores bélicos. En términos geográficos y estratégicos, Puebla era fundamental porque al estar ubicada entre el puerto de Veracruz y la ciudad de México, tomar la ciudad significaba tener el campo abierto para penetrar en la capital de la República. De hecho, a lo largo de la primera mitad del siglo XIX, la ciudad había vivido varios sitios, pues su dominio permitía tener muchas más posibilidades de dominar México.

En este artículo interesa dilucidar qué papel desempeñó la clerecía en Puebla durante la ocupación militar de la ciudad y subrayar la importancia que el conjunto de los actores políticos otorgaron a la religión como un factor de cohesión, orden y tranquilidad social, ante la presencia del Ejército estadounidense en la ciudad. Al analizar la problemática a partir de esta ciudad se quiere discutir las conclusiones sobre el clero y su papel en la guerra con Estados Unidos desde una perspectiva local, enfoque escasamente explorado en la historiografía que se aboca al clero.

La elección de Puebla no es casual: los aportes de Alicia Tecuanhuey han mostrado que el clero poblano fue acaso uno de los más interesados en la defensa de la ciudad, y las élites locales

5 Véanse los excelentes trabajos desde esta perspectiva de Brian Connaughton, “Agio, clero y bancarrota fiscal, 1846-1847” y, en una perspectiva más amplia, “El ocaso del proyecto de ‘nación católica’. Patronato virtual, préstamos y presiones regionales, 1821-1856”, en Entre la voz de Dios y el llamado de la patria. Religión, identidad y ciudadanía en México, siglo XIX (México: Universidad Autónoma Metropolitana/FCE, 2010), 203-223 y 171-202.

6 Peter Guardino, “La Iglesia mexicana y la guerra con Estados Unidos”, en Dios, religión y patria: intereses, luchas e ideales socioreligiosos en México, siglos XVIII-XIX, coordinado por Brian Connaughton y Carlos Rubén Ruiz Medrano (San Luis Potosí: El Colegio de San Luis, 2010), 237-264.

7 Timothy D. Johnson, A Gallant Little Armey. The Mexico City Campaign, 1847 (Lawrence: University Press of Kansas, 2007), y John C. Pinheiro, Missionaries of Republicanism. A Religious History of the Mexican-American War (Oxford: Oxford University Press, 2014).

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insistieron en el factor religioso para incentivar la defensa de la ciudad8. Este enfoque, además, permite reconstruir en detalle los puntos de encuentro y de desencuentro entre los poderes civil y religioso durante la guerra. En tal sentido, aquí se contribuye a mostrar la forma en que los actores políticos y eclesiásticos locales enfrentaron la invasión y la derrota militar, haciendo énfasis en los factores religiosos.

Este artículo sostiene la hipótesis de que el clero de la ciudad de Puebla contribuyó con una prédica de patriotismo y con rogaciones de paz para la defensa de la ciudad hasta donde fue posible, y aceptó la ocupación sólo cuando era ya un hecho dado, prefiriendo el orden y la tranquilidad que una lucha que no reportaría ningún resultado, al menos desde su perspectiva. Argumento que el clero angelopolitano pasó de una lucha simbólica y religiosa por el bienestar de la ciudad a uno de orden y tranquilidad como un dispositivo de defensa de la ciudad episcopal ante la incapacidad para ofrecer una resistencia militar eficaz. Al hacerlo, sin embargo, coincidieron con las autoridades civiles en considerar la religión como un factor fundamental en la defensa de la ciudad. Uno de los primeros elementos en los que se manifestó esta unidad fue en la defensa de los bienes eclesiásticos a raíz de la ley del 11 de enero. Durante aquel mes, el Ayuntamiento encabezó la defensa de los bienes eclesiásticos, aliándose así con la Iglesia en su rechazo a la ley expedida bajo el argumento de las necesidades de guerra. Ello no implicó acuerdos permanentes.

Por supuesto, había matices entre unos y otros respecto a la forma de permitir el culto. El obispo y el Cabildo Catedral mantuvieron abiertos los templos, convencidos de que la presencia pública del catolicismo en la ciudad garantizaría el orden y sería un factor importante para conservar la paz local hasta donde fuera posible. A pesar del enfrentamiento entre canónigos y regidores en torno a esta temática, la práctica devocional y sacramental se convirtió en el factor fundamental que permitió el sostenimiento del orden en aquella ciudad. Después de la crisis, el poder civil y el poder religioso superaron sus diferencias para privilegiar el acuerdo y el orden como mecanismos para superar regionalmente la derrota, signada con carácter oficial en febrero de 1848. También entonces, la defensa de la religión ocupó un lugar central. En suma, este artículo subraya la importancia de la religión como un elemento de cohesión social en medio de la crisis de mediados de siglo y quiere demostrar que, incluso después de la guerra, la religión fue considerada como un aspecto fundamental para la reconstrucción de la ciudad y del país.

1. Respuestas civiles y devocionales El 13 de enero de 1847, el regidor José María Carreto informó al Ayuntamiento acerca “de las incomodidades que puede producir la ocupación de los bienes eclesiásticos”. El alcalde primero, José Ygnacio Álvarez, sostuvo que la ley era “atentatoria e inconveniente”, pues perjudicaba no sólo a la Iglesia, “si no a multitud de artesanos que también subsisten de esos fondos, ataca directamente la propiedad de un cuerpo respetable”, y al atacar “el juicio religioso del pueblo mejicano”, la paz,

8 Pueden consultarse los trabajos de Alicia Tecuanhuey, “Puebla durante la invasión norteamericana”, en México al tiempo de su guerra con Estados Unidos (1846-1848), editado por Josefina Zoraida Vázquez (México: FCE/El Colegio de México/Secretaría de Relaciones Exteriores, 1997), 381-416, y “La autoridad eclesiástica durante la intervención norteamericana. El debate relativo a la defensa de la Nación”, en La catedral de Puebla en el arte y en la historia, editado por Montserrat Galí Boadella (Puebla: Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla/Arzobispado de Puebla/Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 1999), 192-207.

Hist. Crit. No. 60 · Abril-junio · Pp 43-60 · ISSN 0121-1617 · eISSN 1900-6152 doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit60.2016.03

decía, “se turbará sin duda”9. El Ayuntamiento acordó protestar al gobernador contra el decreto.

Según el testimonio de los regidores, tuvieron a la vista la protesta del Congreso del Estado, documento que hasta el momento no ha podido localizarse. Sin embargo, el texto donde se expresaba la protesta del Ayuntamiento estuvo listo el 16 de enero. En ella, los regidores hacían eco de la “general y pública reprobación” con que, decían, se había recibido la ley en Puebla. Protestaban contra la posibilidad de que se tomaran recursos del clero, pues esto afectaría “enormemente el esplendor y dignidad” de la Iglesia y sus ministros, que se verían reducidos “a la mendicidad y la miseria”10.

Además, la noticia había afectado a la ciudad, donde se había producido una molestia generalizada que amenazaba la paz social, tan necesaria en el contexto de guerra. En suma, decían, la ciudad “no quiere que los bienes eclesiásticos se toquen, ni siquiera para el objeto privilegiado a que se mandan destinar los quince millones”, pues esto afectaría “el depósito sagrado que mantiene el culto esterno, las cándidas vírgenes, el sacerdote austero, el desvalido huérfano y cuantos menesterosos la sociedad obliga”. El 23 de enero de 1847, el Ayuntamiento pidió al gobierno del estado que se le exonerara de los 500 pesos que se le habían exigido el 31 de diciembre de 1846, para el sostenimiento de la guerra: “en atención a lo escaso que se encuentran sus fondos”. En aquella ocasión, el gobernador Ibarra aceptó la petición11.

El 9 de febrero, el regidor José María Tort convocó a un Cabildo extraordinario, pues aquel día se habían tenido noticias en Puebla del decreto del 4 de febrero. Tort consideró la ley “mucho más monstruosa” que el decreto del 11 de enero, pues con ella “desaparecen todas las garantías”, y se pondrían ahora en peligro no sólo los bienes “de manos muertas”, es decir, de la Iglesia, sino también los del Ayuntamiento. Ante ello, se acordó de nuevo elevar una protesta —“respetuosa pero enérgica”— al Congreso del Estado pidiendo que se derogara tal ley12. La exposición, fechada al día siguiente, insistía en que el nuevo decreto ponía en peligro “el orden y la tranquilidad pública”. Ceder poderes extraordinarios era una muestra de que se estaba en la antesala de la “desorganización social”13. El Ayuntamiento proponía como respuesta el respeto a la Constitución recientemente establecida, y el respeto a los bienes de la Iglesia. El documento se envió al Cabildo Catedral. Su secretario, Carlos Mellado, envió una nota al Ayuntamiento el 12 de febrero agradeciendo la protesta14. El Cabildo, decía Mellado, “que conoce y aprecia como es debido la ilustración de esa E. Corporación, su amor a la justicia, al orden y su decisión por el bien público, no debía esperar de S. E. otra cosa que una producción con solidez y energía, como la presente, diera a conocer al público sus íntimas convicciones”15.

9 “Actas de Cabildo”, Puebla, 16 de enero, en Archivo General Municipal de Puebla (AGMP), Puebla-México, Serie Actas de Cabildo, vol. 114, f. 14.

10 Exposición que el Exmo. Ayto. de esta ciudad dirige al Gobierno del Estado para que la eleve al Congreso Extraordinario de la República (Puebla: Imprenta del Valle, 1847), 2.

11 Exposición que el Exmo. Ayto., 2.

12 “Actas de Cabildo”, Puebla, 9 de febrero de 1847, en AGMP, Actas de Cabildo, vol. 114, f. 20.

13 “Actas de Cabildo”, Puebla, 10 de febrero de 1847, en AGMP, Actas de Cabildo, vol. 114, f. 183, anexo, s/f. “Copia de la exposición dirigida al Sr. Gobernador, para que se sirviera elevarla al Superior Conocimiento del H. Congreso”, 10 de febrero de 1847, en Exposición que el Excmo. Ayuntamiento de esta Capital eleva al H. Congreso del Estado (Puebla: s/e, 1847), 4.

14 “Carta de Carlos Mellado, Secretario del Cabildo Eclesiástico de Puebla al Ayuntamiento”, Puebla, 12 de febrero de 1847, en AHAP, Serie Documentos de Cabildo, vol. 114, f. 191.

15 “Carta de Carlos Mellado”, 191.

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Así, los primeros días de febrero de aquel año, el Ayuntamiento y la jerarquía eclesiástica local se habían unido para luchar en defensa de los bienes eclesiásticos. Ambos cuerpos coincidieron en la defensa de la propiedad de las corporaciones eclesiásticas y civiles. Asimismo, subrayaron el lugar privilegiado que debía ocupar la Iglesia en la sociedad, insistiendo en la defensa de la religión como eje y punto central de la sociedad, y en la defensa de la Iglesia como actor fundamental de la economía local. En marzo de 1847, las autoridades de Puebla publicaron algunas proclamas llamando al patriotismo de los poblanos. El gobernador Domingo Ibarra Ramos recordó que el Ejército estadounidense estaba cerca de la capital del estado y convocó a luchar por “la salvación del Estado”16.

El Congreso pidió unidad para luchar contra “el azote de la guerra”17 y el Ayuntamiento llamó a los poblanos a “sacrificar las opiniones a la existencia de la Patria”, pues se debía luchar para que “permanezca intacta la religión sacrosanta de nuestros padres”18. Al mes siguiente, Puebla era ya una ciudad en vísperas de la guerra pues, como apunta Alicia Tecuanhuey, en estos días se impulsó la defensa de la ciudad en torno a la religión y la libertad, así como a la defensa de la patria chica19. Un elemento fundamental fueron los ritos religiosos, considerados por las autoridades civiles y eclesiásticas como actos patrióticos que apelaban a la protección divina. Así, el 22 de marzo, el Ayuntamiento recibió la invitación del Cabildo Catedral para sumarse al triduo que se celebraría “para implorar” la mediación de san Miguel y la ayuda divina “a las presentes necesidades”20.

De hecho, el Cabildo Catedral de Puebla ofreció una respuesta devocional a la ocupación del ejército extranjero, mientras que el ya enfermo obispo Francisco Pablo Vázquez apeló a una respuesta pastoral, que buscó fortalecer el catolicismo como garante de la unidad nacional. Lo anterior ocurrió teniendo al Cabildo civil como la máxima autoridad regional, pues el gobernador había salido de la ciudad de Puebla; así, desde la perspectiva de los propios regidores, el Ayuntamiento era una autoridad “eminentemente popular y la más allegada al pueblo”. Su principal preocupación entonces, por supuesto, era la defensa de la ciudad, de ahí que en la sesión secreta, el 23 de abril había realizado varios acuerdos para cuando la ciudad cayera en manos del ejército extranjero, pues, dado que no había elementos de defensa, “no le queda otro recurso más que esperar con resignación el golpe terrible con que la providencia quiere afligirla y someterse humildemente”. Acordaron reunirse diariamente y nombrar una comisión para que se promoviera “lo que se crea conveniente al bien público”21.

El 28 de abril, el Ayuntamiento acordó con el gobernador atribuirse varias facultades, entre ellas la de dictar bandos de policía y buen gobierno por sí solo, disponer de las rentas públicas y ejercer “todas las facultades gubernativas locales”. Además se protestó a las redacciones del Monitor Republicano y El Republicano, que habían dado la noticia de que se había acordado entregar la ciudad al Ejército estadounidense tan pronto como se aproximara. Esta posición quería, en última instancia, que los poblanos se resintieran lo menos posible de los efectos de la guerra. El 29 de abril, por ejemplo, los regidores enviaron una representación al Comandante General de Puebla, 16 “El Gobernador del Estado Libre y Soberano de Puebla a sus habitantes”, en Biblioteca Palafoxiana, Puebla-México, f. 1.

17 “Actas de Cabildo”, Puebla, 2 de marzo de 1847, en AGMP, Actas de Cabildo, vol. 114, f. 369.

18 “El Ayuntamiento Constitucional de la Capital de Puebla, a sus comitentes”, en Biblioteca Palafoxiana, f. 1.

19 Tecuanhuey, “Puebla durante la invasión”, 404.

20 “Actas de Cabildo”, Puebla, 22 de marzo de 1847, en AGMP, Actas de Cabildo, 114, f. 69.

21 “Actas de Cabildo”, Puebla, 22 de marzo de 1847, en AGMP, Serie Actas de Cabildo, 114, f. 69.

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general Nicolás Bravo, en la que le reclamaban haber prohibido introducir víveres en las poblaciones tomadas por el ejército invasor, pues ello “produciría sus efectos más bien en la gente”.

La preocupación central del Ayuntamiento respecto a la medida era el peligro de hambruna, que amenazaría a la ciudad en caso de perderse el abasto alimenticio. En acuerdo del mismo 29, acordaron pedir al Obispo que en los conventos de la ciudad, “todos los días se disponga un perol de frijol, abas o alverjones para los pobres”, y que se solicitara a los que pudieran hacerlo el reparto de pan. El 30 de abril se tomaron disposiciones para salvaguardar el orden público: se prohibió tronar cohetes o repicar las campanas, así como el voceo de “papeles públicos”.

El 12 de mayo llegó a Puebla la proclama que el general Worth dirigió a los mexicanos desde Xalapa el día anterior. En ella, el militar estadounidense sostenía que Estados Unidos había iniciado la guerra “para el porvenir de la libertad megicana y del sistema republicano”, por lo que la lucha era contra el partido monárquico. Avivando la lucha de meses precedentes por los bienes eclesiásticos, apuntó como la muestra del mal de la nación, “los bienes de la iglesia amenazados y presentados como aliciente para la revolución y la anarquía”, así como el peligro de los bienes de “ricos propietarios”, labradores, artesanos y fabricantes. Apuntó el general Worth: “nosotros no hemos profanado vuestros templos, ni abusado de vuestras mujeres, ni ocupado vuestra propiedad, como os lo quieren hacer creer […] Nosotros adoramos al mismo Dios, y una gran parte de nuestro ejército así como de la población de Estados Unidos, somos católicos”. Al anunciar que marchaba con su ejército hacia Puebla y hacia México, insistió: “el Egército de los Estados Unidos respeta y respetará siempre la propiedad particular de toda clase, y la propiedad de la Iglesia Megicana”22. El general Worth, sin embargo, garantizaba el derecho de la propiedad eclesiástica y el respeto al culto católico.

Pero más que la calma, el documento asentó la incertidumbre en la ciudad, y el Ayuntamiento procedió a preparar el encuentro con el ejército extranjero. El 13 de mayo se conformó una comisión para encontrar al general Worth, formada por tres capitulares23. Esa madrugada se recibió una comunicación por parte de éste, “para el mejor arreglo de varios puntos sobre la ocupación de la plaza por escrito”24. Al día siguiente, el Ayuntamiento se declaró en Cabildo permanente, saliendo la comisión a Amozoc a esperar a los extranjeros. Puebla era para entonces el foco de atención nacional. El 12 de mayo, el presidente Santa Anna llegó a Amozoc, en las afueras de la ciudad, buscando proseguir la defensa. El día 14, el Cabildo Catedral informó de su recibimiento, por lo que el Presidente insistió a los canónigos sobre la necesidad de contar con más dinero, que le fue negado “porque no contando con más, que los escasos diezmos que existían en las colecturías, hoy que las tropas megicanas han tomado los que se hallaban en semillas […] no pueden contar ni aún con ese recurso”25. Santa Anna preparó días después la defensa de la capital de la República: se daba ya por descontado que Puebla caería en manos del Ejército de Estados Unidos.

Y así fue como ocurrieron los hechos. En la noche del 14, “un mozo del pueblo de Amozoc” llevó una carta de Worth, en la que invitaba al Ayuntamiento, de nuevo, a tratar la rendición; éste res22 “El General en Gefe de los Egércitos de los Estados Unidos a la nación mexicana”, Jalapa, 11 de mayo de 1847, en Biblioteca Palafoxiana, f. 1.

23 “Actas de Cabildo”, Puebla, 9 de febrero de 1847, en AGMP, Actas de Cabildo, vol. 114, f. 20.

24 Relación de los sucesos acaecidos en la ciudad de Puebla, del 14 al 27 de mayo de 1847, la publica el Dr. Nicolás León (México: Tipografía de “El Tiempo”, 1901), 7.

25 Archivo del Cabildo Catedral de Puebla (ACCP), Puebla-México, Serie Actas de Cabildo, libro 66, f. 19v.

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pondió que trataría el punto por medio de la comisión que había nombrado26. La comisión sostuvo que durante la ocupación de Puebla se respetarían “inviolablemente la Religión católica, la moral y culto público, las personas y bienes de todo el vecindario”; además, se obtuvo que las autoridades civiles locales seguirían “en el libre ejercicio de sus funciones conforme a las leyes del país”27. Al día siguiente fue tomada la ciudad de Puebla; según una crónica, los militares extranjeros se recostaban “por el excesivo cansancio, a la sombra de la catedral y portales”, mientras los habitantes de la ciudad permanecían encerrados, en señal de luto28. Al día siguiente, el general Worth dio una proclama al público, en la que resumía los puntos acordados con el Ayuntamiento: que las autoridades civiles locales continuarían en el ejercicio de sus funciones y que se garantizaba “una protección inviolable y verdaderamente respetuosa a la Santa Iglesia, al clero y a sus propiedades”29.

La preservación del culto era fundamental, pues las preces de guerra siguieron celebrándose. El 19 de abril, en tal sentido, el Obispo y el Deán acordaron celebrar “un novenario de rogaciones para alcanzar del Señor por la mediación de María Santísima de Guadalupe el triunfo de las armas de esta República contra los invasores del norte”30. En la tarde se acordó que se iniciara aquel mismo día, y que durante él se expusiera el Santísimo, para su “pública adoración”. Asimismo, el 12 de mayo se acordó recibir solemnemente la imagen de Nuestra Señora del Rosario, que debía llegar a la Catedral el 21, cuando concluyera un novenario celebrado en el Convento de Santo Domingo, “a expensas de algunos fieles”. El 11 de agosto el Deán sostuvo que se había dispuesto, “por indicación de algunos señores capitulares”, dirigir “preces a Dios por las graves necesidades en que se halla la República, así por la guerra con el Norteamérica [sic] como por la interior”. Por tanto, se acordó celebrar un novenario “a las sagradas Ymágenes de Jesús Nazareno y María Santísima de la Soledad”. Como se observa, los cleros secular y regular asumieron, acorde con las noticias, una postura en favor del Ejército nacional. Si bien en los primeros meses de 1847 el clero se ocupó del problema de la desamortización de bienes eclesiásticos, en marzo la guerra era el problema más cercano y más urgente.

En este contexto tomaron un lugar protagónico el Ayuntamiento y el Cabildo Catedral, toda vez que ellos impulsaron la respuesta devocional ante la inminencia de la invasión. El 17 de marzo, el deán Ángel Alonso y Pantiga acordó celebrar un triduo a san Miguel, “para poner remedio a la guerra”. El Ayuntamiento aceptó de buen grado participar en “los piadosos actos”.

El 12 de abril, por su parte, Pantiga pidió que “ante el avance del ejército de Estados Unidos” se hicieran nuevas preces por la mediación de María Santísima, y se insistió en que el ejército invasor estaba ya en Veracruz. El obispo Francisco Pablo Vázquez, por su parte, acordó celebrar un novenario y un triduo en la Catedral, y en la iglesia del Espíritu Santo un rosario y pláticas piadosas. Hubo, sin embargo, una discusión respecto a la devoción a la que se debía preferir en estos actos propiciatorios. Algunos capitulares optaban por Guadalupe, y otros, por Nuestra Señora de la Defensa, un culto de añeja tradición local; al final se eligió celebrar el novenario en honor de la primera devoción, y el triduo, en favor de la segunda. En torno a esta discusión, Alicia Tecuanhuey ha sostenido que el Cabildo “pretendía mantener concentrada la atención de sus fieles en la

26 AGMP, Actas de Cabildo, vol. 114, f. 133v. Véase Relación de los sucesos, 7.

27 AGMP, Actas de Cabildo, vol. 114, f. 136.

28 Relación de los sucesos, 11.

29 AGMP, Actas de Cabildo, vol. 114, f. 553.

30 “Actas de Cabildo”, Puebla, 9 de febrero de 1847, en ACCP, Actas de Cabildo, libro. 65, f. 183.

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imagen —símbolo de los mexicanos—”, de modo que la decisión tenía una “dimensión política”31.

En efecto, había una decisión política detrás de la elección de una u otra devoción mariana, pues se trataba de rogaciones por el Ejército de la nación. También había una preocupación por la renovación de la piedad en torno a la devoción, que adquirió un gran peso en un contexto de guerra, de Nuestra Señora de la Defensa32. La respuesta del Cabildo Catedral retomó elementos nacionales y regionales alrededor de este conflicto.

El clero regular también inició las respectivas rogativas; por lo que el 14 de abril, el prior del convento de Santo Domingo invitó al Ayuntamiento a participar en el novenario que se había hecho “para implorar el remedio de las necesidades presentes”33. Como a los actos en la Catedral, el Ayuntamiento resolvió asistir; así, el cuerpo político local suscribía con su presencia la respuesta religiosa ante la invasión extranjera. La defensa a partir de actos religiosos fue el común denominador de una sociedad que otorgaba un valor central al catolicismo como cohesionador social. En suma, las rogaciones, las procesiones y el culto público funcionaron como elementos propiciatorios para enfatizar no sólo el consenso confesional en la ciudad, sino el patriotismo de los poblanos, que se expresaba, claro está, en términos religiosos.

Si en la defensa de la religión y en la respuesta devocional hubo consenso entre los actores políticos y eclesiásticos de la ciudad episcopal, los conflictos entre ambas potestades llegaron con el Ejército de Estados Unidos. La tropa extranjera entró a Puebla el 15 de mayo, y bien pronto se creó un conflicto entre el Ayuntamiento y el Cabildo Catedral. El día 14, el Obispo pidió al Ayuntamiento que se abrieran las iglesias y se celebraran los oficios, tocando las campanas a las horas y con los objetos acostumbrados, pues “los templos no serán profanados, y sí respetados por el Ejército”. El objeto del Obispo era “que en nada se altere ni se perturbe el orden ni las costumbres del pueblo cristiano”34. Sin embargo, a los pocos días el retoque de campanas y la vida litúrgica le parecieron al Ayuntamiento una afrenta, así como otro conjunto de acciones del clero angelopolitano. El 17, el general Worth visitó al obispo Vázquez, quien a su vez visitó los cuarteles. El Ayuntamiento llamó la atención al Cabildo Eclesiástico sobre tal acto35, pero el conflicto central estuvo concentrado de nuevo en el toque de campanas. El 19 de mayo, el Ayuntamiento acordó pedir al Cabildo que se suspendiera toda clase de repiques y, aún más, se cerraran todas las iglesias, permitiéndose el ingreso a los fieles sólo por las sacristías, “para que cumplieran con el sacrificio de la misa, y recibieran los sacramentos”36.

31 Tecuanhuey, “La autoridad eclesiástica”, 200.

32 Nuestra Señora de la Defensa era objeto en aquellos años de una renovación en el culto, motivo del estado bélico. En 1846, el obispo Vázquez adquirió “gran porción de ejemplares de la historia de Nuestra Señora de la Defensa […] reimpresa a espensas de Nuestro Ilustrísimo Prelado”, y fueron otorgados al Cabildo Catedral en julio de 1846, para que se repartieran. El documento era la reimpresión de una obra de Pedro Salgado de Somoza, publicado originalmente en 1683. Véase sobre la donación al Cabildo, ACCP, Actas de Cabildo, libro 65, f. 195.

Y el libro de Pedro Salgado de Somoza, Breve noticia de la devotísima imagen de Nuestra Señora de la Defensa, colocada en el Tabernáculo del suntuoso retablo de la capilla de los Santos Reyes, de la Santa Iglesia Catedral de la ciudad de la Puebla de los Ángeles: con un epítome de la vida del venerable anacoreta Juan Bautista de Jesús, que escribió el Licenciado… (México: Imprenta de Luis Abadiano y Valdés, 1845).

33 “Actas de Cabildo”, Puebla, 14 de abril de 1847, en AGMP, Serie Actas de Cabildo, vol. 114, f. 79v.

34 “Actas de Cabildo”, Puebla, 14 de abril de 1847, en AGMP, Actas de Cabildo, vol. 114, f. 471.

35 Relación de los sucesos, 13.

36 “Actas de Cabildo”, Puebla, 19 de mayo de 1847, en AGMP, Actas de Cabildo, vol. 114, f. 155.

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En su respuesta a los hechos descritos, el Obispo señaló que la entrada del Ejército estadounidense a la ciudad lo cubrió “de luto y amargura”, manteniéndose “en estado de lamentación” hasta el amanecer del día 1637. Sin embargo, cuando el general Worth “ofreció garantías”, “se levantó la prohibición, concediendo se dieran los toques precisamente para solo los oficios del culto, y se abrieran las Iglesias, que hasta hoy no se sabe hayan sido desacatadas, o profanadas por los soldados”. Ahora bien, ¿por qué el Obispo había ordenado abrir los templos si el día anterior se había vestido de luto? Según su propio testimonio, para mantener la calma de los soldados y de los poblanos: por un lado, para los primeros, porque manteniendo su vida sacramental no sentirían el peso de la ocupación tan grande, y, por el otro, para los segundos, porque al ver la ciudad vivir normalmente dejarían de estar alerta. La apertura de templos era, pues, una medida contra “la consternación, el sobresalto y la aflicción en las familias”, que había ayudado a guardar el orden urbano; cerrar los templos sólo causaría “una situación deplorable y peligrosa”.

Por lo tanto, el Cabildo Catedral se negó a suspender los repiques y a cerrar los templos, decretando sólo que las campanas sonaran con discreción, sin volar, “y sólo a mano, y lo más corto posible, y únicamente para los oficios divinos”38.

Si en la Catedral se cumplió con cambios importantes, no ocurrió lo mismo en los conventos de la ciudad. El punto máximo de tensión llegó el 20 de mayo, en la propuesta de disolución del Ayuntamiento, pues —entre otros argumentos para ello— apuntó que su autoridad había sido “vilipendiada” por “muestras de regocijo público” como los repiques de campanas. Tres días después, el Ayuntamiento recibió una petición de las monjas de Santa Clara para repicar a vuelo y echar cohetes, y se pidió permiso para hacer una procesión con el Santo Entierro. A pesar de la prohibición, “las monjas repicaron y hubo cohetes y la procesión salió”39. En la tarde, el general Worth fue a los oficios catedralicios, y se le recibió en las bancas principales, pero además hubo repiques en Santa Clara, La Merced y La Luz. Finalmente, hubo una búsqueda de conciliación: el 28 de mayo, el Obispo acordó que los maitines de Corpus se celebraran a puerta cerrada y que las procesiones se hicieran dentro de la Catedral, a lo que el Cabildo sólo replicó pidiendo que se abriera la puerta cuando se celebraran.

Esto conllevó que las funciones religiosas se suspendieran durante unos meses. En tal sentido, el 23 de julio el Cabildo suspendió las procesiones fuera de la Catedral, por los efectos de la guerra: no se iría a la función del Patriarca Santo Domingo, no se llevaría a Jesús Nazareno y a la Soledad a la fiesta de la Transfiguración, y no se participaría en la fiesta del Patrocinio de la ciudad40. La guerra había alcanzado a la ciudad, y la respuesta devocional, si bien no se canceló, sí se limitó a los templos. Con ello, la Iglesia cedió el espacio público, ahora convertido en campo bélico, y se encerró en los templos. En suma, el lugar privilegiado del catolicismo en Puebla, sin embargo, no era aún puesto en duda: fue uno de los aspectos centrales en la defensa de la ciudad.

37 “Oficio del Gobierno eclesiástico de Puebla al Ayuntamiento de la ciudad”, Puebla, 18 de mayo de 1847, en AGMP, Documentos de Cabildo, vol. 114, f. 472v.

38 “Documentos de Cabildo”, Puebla, mayo de 1847, en AGMP, Documentos de Cabildo, vol. 114, f. 41.

39 “Documentos de Cabildo”, Puebla, 18 de mayo de 1847, en AGMP, Documentos de Cabildo, vol. 114, f. 28.

40 “Actas de Cabildo”, Puebla, 23 de julio de 1847, en ACCP, Actas de Cabildo, libro 66, f. 25v.

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2. Reconstruir la autoridad y el orden Entre mayo y agosto de 1847, la ciudad de Puebla permaneció ocupada. La población intentaba continuar su vida religiosa como una muestra de que se vivía con normalidad. Bajo el amparo de esa calma, una vez que el escenario de la invasión se había trasladado a la ciudad de México, el Ayuntamiento de Puebla intentó sin éxito restaurar su papel central como autoridad local. Tras la caída de la ciudad de México, el 15 de septiembre de 1847, inició un lento proceso que buscó reconstruir la paz y el orden regionales perdidos por la invasión. En este proceso, las autoridades civiles insistieron en la defensa de la religión ante los militares estadounidenses.

Ahora bien, el 11 de agosto de 1847, el Cabildo civil se reinstaló. Entonces, según sostenían los regidores, la situación había cambiado: José Rafael Isunza pudo entrar en funciones, así como el prefecto de la ciudad, Baltazar Furlong, quien fue nombrado el 14 de agosto41. Los nombres de estos dos personajes mostraron que había una voluntad de entendimiento entre los diversos grupos sociales urbanos: el Gobernador era hermano del Secretario del Obispo, y el Prefecto era miembro de una de las familias de mayor tradición en la ciudad. Por tanto, se trató de un proceso que buscó reconstituir la autoridad política de la ciudad a partir de las redes sociales, a pesar de la invasión estadounidense.

Esto, por otra parte, fue posible gracias a la anuencia del Ejército estadounidense, que había cambiado su posición, toda vez que iniciaba su marcha hacia la ciudad de México, y el nuevo gobernador militar de Puebla, Thomas Childs, buscó tranquilizar a la Angelópolis.

Un oficio del regidor José Yldefonso Amable del 18 de agosto muestra que las autoridades públicas locales tomaron conciencia de ello bien pronto: suplicó que se pudieran vender víveres de nuevo en la ciudad, pues ahora que “el enemigo marcha sobre la ciudad de México” había una “relajación de la prohibición”42. El prefecto Furlong concedió rápidamente la petición solicitada, decretando que las tiendas podrían permanecer abiertas hasta las nueve y media de la noche, si lo querían los dueños, salvo aquellas donde se vendiera licor, que debían cerrar a las seis. Por otra parte, la hostilidad hacia los estadounidenses no había cesado por completo: las tiendas no debían, “bajo pretesto alguno”, admitir soldados americanos, “dadas las oraciones de la noche”43.

La siguiente medida fue retomar los cultos, y, tras los enfrentamientos que habían tenido ambos cabildos, correspondió al civil el motivarlos. El 20 de agosto, los regidores acordaron pedir al Cabildo Catedral que se hiciera un triduo a María de Guadalupe, “para implorar la mediación del TodoPoderoso al Triunfo de las armas mejicanas”44. El Cabildo Catedral aceptó la propuesta, pues consideró fundamental “implorar el socorro necesario”45. Para ello, propuso los días 27, 28 y 29 de septiembre, y asumió los gastos, “a pesar de las escaseses de la Iglesia”46. El Ayuntamiento agradeció a los canónigos “haberse dignado obsequiar los deseos de esta Corporación”47. En la 41 “Actas de Cabildo”, Puebla, 14 de agosto de 1847, en AGMP, Actas de Cabildo, vol. 114, f. 214v.

42 “Documentos de Cabildo”, Puebla, 18 de agosto de 1847, en AGMP, Documentos de Cabildo, vol. 114, f. 686v.

43 “Del prefecto Baltazar Furlong a sus habitantes”, Puebla, 18 de agosto de 1847, en AGMP, Documentos de Cabildo, vol. 114, f. 640.

44 “Actas de Cabildo”, Puebla, 22 de agosto de 1847, en ACCP, Actas de Cabildo, vol. 114 f. 222v.

45 “Actas de Cabildo”, Puebla, 21 de agosto de 1847, en ACCP, Actas de Cabildo, libro 66, f. 25v.

46 “Oficio del Cabildo Eclesiástico de Puebla al Ayuntamiento”, Puebla, 23 de agosto de 1847, en AGMP, Documentos de Cabildo, vol. 114, f. 656.

47 “Actas de Cabildo”, Puebla, 22 de agosto de 1847, en AGMP, Actas de Cabildo, vol. 114, f. 225.

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celebración del triduo hay dos elementos cohesionadores: uno local, que buscaba restablecer las relaciones entre las autoridades eclesiásticas y civiles, y uno de mayor alcance, el de unificar al país en torno a una devoción que representaba lo nacional.

Esto no debe hacer perder de vista que el conflicto continuaba. A pesar del intento de retomar la vida devocional y el acuerdo entre autoridades, la presencia del Ejército estadounidense aún marcaba los ritmos de la ciudad. Esto se puede ver el 3 de septiembre, cuando el Cabildo Catedral consideró necesario traer la imagen de san José, que se veneraba en su parroquia, para impetrar su intercesión ante la abundancia de rayos. Sin embargo, debido a que “los peligros de irreverencias que se temen están concentrados en la plazuela de Señor San José y sus inmediaciones a donde está reducido al presente la guarnición del ejército norte Americano”, se acordó que la imagen saliera oculta hasta el convento de Santa Teresa, a mitad del camino. Desde ahí, “se conducirá la Imagen a esta Santa Yglesia con la solemnidad de costumbre”, devolviéndose igual al convento, si lo permitían las circunstancias48.

Esta preocupación respondía a la violencia generalizada en este contexto, además del Ejército extranjero en el territorio. Desde los últimos días de agosto había una guerra de guerrillas en la ciudad, que el Ayuntamiento quería presentar como “guerrilleros que se han introducido a esta ciudad” para saquear casas, hacer fuego desde los balcones contra el ejército invasor y poner en estado de alarma a la población49. Incluso se llegó a un acuerdo que asignó a cada capitular el cuidado de cada uno de los dieciséis cuarteles en que se dividía la ciudad, con la tarea de “disponer de gente de su confianza para la defensa de cada manzana”, y de hacer un padrón de los varones mayores de 18 años que podrían tomar las armas, con el objeto de “cuidar la seguridad y quietud del espacio que se les ha asignado”50.

Las autoridades quedaron expectantes de la situación durante septiembre, cuando el escenario de la guerra era la capital de la República. El 15 de septiembre de 1847, la ciudad de México cayó en manos del Ejército de Estados Unidos: esa noche, según un testigo, había “el contraste más espantoso. Por una parte, los mexicanos, encerrados en sus casas, se entregaban a la consternación y al desaliento, mientras que por otra, la soldadesca triunfante, llena de júbilo, y escitada por licores embriagantes, sentía deslizarse las horas entre la risa y la algazara”51. La derrota trajo de nuevo el vacío de autoridades. La primera reacción institucional regional a la caída de la ciudad de México fue la renuncia del prefecto, Baltazar Furlong, el 18 de septiembre, y su salida hacia Atlixco, donde se encontró con el gobernador Isunza52. La medida fue una respuesta a la posición cada vez más importante e independiente del general Joaquín Rea, quien desde el día 13 de este mes, cuando el Ejército estadounidense atacaba la ciudad de México, inició un sitio con guerrillas al cuartel de San José, donde se habían acuartelado los estadounidenses.

Si bien una comisión convenció a Furlong de volver a su puesto, el Gobierno quedó en manos militares. Antonio López de Santa Anna, General en Jefe del Ejército, nombró a Joaquín Rea como Comandante Militar de la plaza el 23 de septiembre; ese mismo día, éste consideró que la ciudad de 48 “Actas de Cabildo”, Puebla, 3 de septiembre de 1847, en ACCP, Actas de Cabildo, libro 66, f. 29.

49 “Actas de Cabildo”, Puebla, 24 de agosto de 1847, en ACCP, Actas de Cabildo, vol. 114, f. 227-229v.

50 “Actas de Cabildo”, Puebla, 29 de agosto de 1847, en ACCP, Actas de Cabildo, vol. 114, f. 230.

51 “México en los días 14, 15 y 16 de septiembre de 1847”, en Apuntes para la historia de la guerra entre México y los Estados Unidos (México: Siglo XXI, 1999 [1848]), 332-333.

52 “Actas de Cabildo”, Puebla, 18 de septiembre de 1847, en AGMP, Serie Actas de Cabildo, vol. 114, f. 242v.

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Puebla debía declararse en estado de sitio. Con esta decisión, el Ayuntamiento perdió muchas de sus atribuciones, y, aún más, no sólo se sintió desplazado, sino que asumió la guerra de guerrillas de Rea como una amenaza a la ciudad. El 14 de octubre se rompió la situación, cuando Santa Anna partió a Veracruz a continuar una batalla que a todos parecía perdida. Ese día se publicaron dos proclamas: la del prefecto, Baltazar Furlong, y la del Gobernador Civil y Militar de Estados Unidos, el coronel Thomas Childs. El mexicano apuntó que lo fundamental para los poblanos debía ser “la conservación de nuestros intereses y tranquilidad”, y, por lo tanto, se debía buscar la paz. Para impulsar esa postura, Furlong hizo saber que Childs le había ofrecido “respetar la religión santa, las personas y propiedades de los ciudadanos y la quietud pública”. Además, intentar ahora luchar contra el ejército invasor no sería patriotismo, “sino atentado contra la moral”. Concluía con una proclama en favor de la paz: “A los habitantes pacíficos —decía— no les toca la guerra, ni esta se ha de hacer ahora en la ciudad. Dedicaos a vuestras ocupaciones, abrid vuestros talleres y casas de comercio y permaneced tranquilos en vuestras casas”53. Por su parte, Thomas Childs, tras anunciar que al fin reinaban en la ciudad “la paz y el orden”, anunció a los poblanos que haría todo lo posible para mantenerlos. Por ello, “se desea que los ciudadanos habran sus tiendas y almacenes”, con la seguridad de que serían protegidos por un policía54.

Las autoridades civiles se asumían ya como las rectoras de la ciudad, y ante el vacío de poderes, ellas mismas asumieron el control, que pasó por el conflicto, el acuerdo y la negociación entre los distintos cuerpos de la población, además del poder ejercido por el Ejército estadounidense. El 26 de octubre de 1847 se pidió a este ejército que Childs permaneciera, pues había ayudado a consolidar la paz, junto con el cuerpo municipal55. Según mostraban los acontecimientos, el fin último de éste eran la paz y la tranquilidad, antes que cualquier otra consideración. Como se ve, dos de las preocupaciones centrales del cuerpo municipal eran el respeto a la religión y el papel que ésta tenía en el ámbito urbano en medio de la intervención. El gobierno municipal es insistente en señalar el respeto a la Iglesia y sus bienes como central en las negociaciones, con el mismo ahínco con que los habían defendido ante el decreto del gobierno liberal mexicano el 11 de enero. En sus proclamas, los generales estadounidenses insistían en el respeto al clero y a la propiedad eclesiástica como una muestra del respeto hacia la Iglesia.

Ese mismo octubre, el día 17, murió el mitrado Francisco Pablo Vázquez, aquel que había sido nombrado obispo por Gregorio XVI en 1831. El nombramiento de gobernador del Obispado recayó en José María Luciano Becerra, quien a la postre sería el siguiente obispo de la diócesis. El 2 de diciembre de 1847 se emitió el primer mensaje del Cabildo en sede vacante, en el que se denunciaba que se habían “traspasado los límites de la guerra”: en el templo de San Francisco de Tlaxcala se habían robado vasos sagrados, paramentos y alhajas. Pero además, los soldados extranjeros se habían revestido de sacerdotes y habían jugado con los ornamentos de la misa, y habían disparado contra civiles y saqueado casas particulares y conventos. Este testimonio concluyó con un llamado al general Thomas Childs: “Vuestra Excelencia, que protestó en su primera proclama a la nación, respetar su religión y la seguridad, vida y propiedades particulares, no puede ver con indiferencia los hechos indicados, que lejos de influir en la feliz terminación de esta guerra son más propios para irritar los ánimos, y

53 “Del prefecto Baltazar Furlong”, f. 640.

54 “Proclama del Gobierno civil militar”, Puebla, 14 de octubre de 1847, en Biblioteca Palafoxiana, f. 1.

55 “Actas de Cabildo”, Puebla, 26 de octubre de 1847, en AGMP, Actas de Cabildo, vol. 114, f. 253.

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hacen más y más difícil un avenimiento entre las dos naciones. Por lo mismo, yo no dudo esperar de su humanidad, justificación y prudencia que tendrá a bien prevenir a sus tropas, que al entrar en las poblaciones indefensas, no dañen a los habitantes pacíficos en sus personas ni en sus bienes, que consideren y respeten a los ministros, iglesias, ornamentos y vasos que sirven para el culto […]”56.

Becerra fue secundado por el prefecto de Puebla, Baltazar Furlong, quien reclamó que se había “atropellado a los ministros de culto” en Tlaxcala y Puebla. Los soldados estaban “haciendo escarnio de las sagradas vestiduras que sirven a nuestros sacerdotes en sus oficios religiosos, [pues] algunos soldados se presentaron con ellos semejando la burla de un Carnaval”. Furlong exigía al ejército invasor respeto a la religión: “si para ello fuere necesario implorar merced del vencedor, la imploro; tan cara así es para mí la religión”57. Las proclamas de Furlong y Becerra, las máximas autoridades de la ciudad de Puebla, revelan, de entrada, el dolor de la derrota de 1847. Repetían también algunos de los argumentos religiosos más aprovechados por parte de las autoridades para luchar contra la invasión: que la presencia de un ejército no católico no respetaría el culto ni a las personas eclesiásticas58. A este tenor, tanto Becerra como Furlong hicieron hincapié en que el dominio estadounidense era aún más gravoso, porque los soldados extranjeros no respetaban los bienes de la Iglesia católica y hacían escarnio de su culto. En la confluencia de sus postulados es visible que el clero y las autoridades civiles se unificaron en contra de un enemigo común, el Ejército estadounidense, y en defensa de un objetivo compartido: el respeto a la religión católica.

La defensa de la religión en las proclamas respondió, asimismo, a una mayor hostilidad de los soldados estadounidenses. En enero de 1848, el Cabildo eclesiástico de México protestó ante el ejército extranjero por la toma de propiedades eclesiásticas y la falta de respeto al clero59. La derrota obligó al Gobierno mexicano a firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo, el 2 de febrero de 1848. A pesar de la pérdida territorial, México pudo sobrevivir como nación independiente y establecer un gobierno republicano, que buscó restaurar algo del orden perdido60. Mientras que en Puebla el gobierno del estado fue asumido el primero de mayo de 1848 por Juan Múgica y Osorio, industrial harinero y textil. En su primera proclama a los poblanos, el Gobernador señaló que se debía utilizar la “recobrada soberanía e independencia” para recuperar la “prosperidad y fortuna”, que “el castigo de la Providencia” les había arrebatado61. Cuando su gobierno volvió a la ciudad de Puebla, el Ayuntamiento lo recibió y lo acompañó hasta la Catedral, donde se cantó un Te Deum62.

Por su parte, José María Luciano Becerra recibió el 14 de junio una carta del presidente Herrera, en la cual le pedía que se hicieran rogativas públicas, “para lograr el acierto necesario y un éxito

56 “Actas de Cabildo”, Puebla, 2 de diciembre de 1847, en AGMP, Actas de Cabildo, vol. 114, f. 829.

57 “Actas de Cabildo”, Puebla, diciembre de 1847, en AGMP, Actas de Cabildo, vol. 114, f. 20.

58 Guardino, “La Iglesia mexicana”, 257.

59 García Ugarte, Poder político y religioso, 333.

60 García Ugarte, Poder político y religioso, 343, y Vázquez, “México y la guerra”, 43-45. Michael P. Costeloe, “Mariano Arista y la élite de la Ciudad de México, 1851-1852”, en El conservadurismo mexicano en el siglo XIX (18101910), coordinado por Humberto Morales y William Fowler (Puebla: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla/Saint-Andrews University/Secretaría de Cultura de Puebla, 1999), 200.

61 “El Gobernador Juan Múgica y Osorio a los habitantes del Estado libre y soberano de Puebla”, Atlixco, 1 de mayo de 1848, 1, en AHAP, Documentos de Cabildo, vol. 115, f. 141.

62 AGMP, Actas de Cabildo, vol. 115, f. 147v.

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feliz en las deliberaciones del Gobierno”, y el apoyo del clero diocesano para “restablecer por todos los medios la moralidad de los Pueblos; único apoyo seguro que puede asegurar sólidamente la observancia de las leyes, la unión de los mexicanos y los goces de una libertad hermanada con la quietud del país, la justicia y el orden público”. El gobernador de la mitra no sólo acusó recibido, sino que se comprometió a coadyuvar al orden y a la unidad de los mexicanos63.

Así, por último, las élites locales y la jerarquía eclesiástica de Puebla se comprometieron en la restauración del orden republicano después de la derrota. En otras palabras, ambas autoridades buscarían restaurar el orden y la paz tras la guerra. Además de continuar con el proyecto regional de una sociedad moderna, “próspera y rica”, usando los valores de Múgica y Osorio, los poblanos hacían de la catolicidad uno de los consensos de base de la sociedad angelopolitana. En ella descansarían las bases de la reconstrucción y la unidad nacional en los años de la posguerra.

Conclusiones Entre 1847 y 1848, la jerarquía eclesiástica de Puebla defendió sobre todo el orden y la tranquilidad como respuestas a la incapacidad de ofrecer una resistencia activa al Ejército estadounidense que ocupó la ciudad episcopal en mayo de aquel año. Ello no implicó una claudicación o una traición, como llegó a aseverar Anastasio Zerecero unos años después de la derrota de México. Al contrario, de la mano del Ayuntamiento y las élites locales en él representadas, el clero de la ciudad de Puebla contribuyó con una prédica de patriotismo —ligado ampliamente a la religión—64 y con rogaciones de paz para la defensa de la ciudad hasta donde fue posible, y aceptó la ocupación sólo cuando era ya un hecho dado, prefiriendo el orden y la tranquilidad en vez de una lucha que no reportaría ningún resultado, al menos desde su perspectiva.

En conjunto, los actores eclesiásticos y políticos de Puebla consideraban al catolicismo como un elemento inherente a su ciudadanía. De hecho, la religión constituía un lazo de unión fundamental en esta sociedad, más allá de las discusiones que se daban en torno a la posición de la religión en el entramado urbano, en el marco de una derrota bélica. Se podía dudar de la forma en que el clero debía actuar ante la intervención, pero no de su papel cohesionador e inherente a la defensa de Puebla y, por ende, de la República. Esa discusión, por lo demás, estaba condicionada por el problema de la guerra. El conflicto entre los cabildos por las campanas, por ejemplo, reveló una disputa acerca de la reacción que los actores públicos debían tener ante la invasión. Mientras que los regidores argumentaban que continuar la vida sacramental de la ciudad de forma cotidiana era una claudicación, e incluso se llegó a insinuar que era una muestra de gozo ante la invasión, el catedralicio sostenía, por el contrario, que era una forma de mantener algo de paz y tranquilidad entre la población. La discusión puede enunciarse así: ¿el catolicismo debía vestirse de luto y esperar, o debía pregonar su presencia ante la invasión? Para la jerarquía católica, la única respuesta posible frente a la invasión era mantener y expresar el culto, pues así se subrayaba la defensa de la ciudad. La respuesta diferenciada a esta pregunta abrió un espacio de conflicto entre autoridades 63 “Carta de José María Luciano Becerra al Cabildo Eclesiástico de Puebla”, Puebla, 14 de junio de 1848, en ACCP, Comunicaciones oficiales de los Señores obispos, vicarios capitulares y señores capitulares, ff. 1-1v.

64 Como de hecho ocurría desde principios del siglo. Véase Brian Connaughton, Dimensiones de la identidad patriótica. Religión, política y regiones en México. Siglo XIX (México: Universidad Autónoma Metropolitana/Miguel Ángel Porrúa, 2001).

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civiles y eclesiásticas que, sin embargo, se superó en aras del orden y la reconstrucción regional desde finales de 1847.

La vida devocional también debatió el ocupar las calles o resguardarse en los templos. En el seno del Cabildo había también una discusión respecto a las devociones que, llegadas del siglo XVI, en aquellos días tenían ya connotaciones diversas: se utilizó la devoción regional de Nuestra Señora de la Defensa y, al mismo tiempo, la nacional de Guadalupe, que se reforzó cuando el Ejército estadounidense marchaba sobre México. Desprovista de cualquier forma de defensa, la religión fue una de las pocas que podía asumir la sociedad angelopolitana ante el ejército invasor.

La elección de Guadalupe significó en este contexto bélico un llamado a la unidad nacional. El consenso confesional y su manifestación pública fueron algunas de las pocas maneras que tenían los poblanos para responder activamente a la invasión de un ejército extranjero. Subrayar el valor de la catolicidad reafirmó el lugar predominante de la Iglesia en la sociedad angelopolitana. La religión era, así, para el conjunto de los actores políticos, un factor de cohesión, orden y tranquilidad social ante la presencia de un ejército extranjero en la ciudad.

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❧ Sergio Rosas Salas

Profesor-investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México). Licenciado en Historia por esta última universidad, Magíster y Doctor en Ciencias Humanas por El Colegio de Michoacán (México). Entre sus publicaciones más recientes se destacan: “¿Libertad de consciencia o espíritu de partido? La polémica en torno al juramento civil de Clemente de Jesús Munguía, 1851”. Ulúa.

Revista de Historia, Sociedad y Cultura 22 (2013): 71-101, y “Defender la independencia y soberanía de la Iglesia: el perfil del primer episcopado mexicano a través de Francisco Pablo Vázquez y Juan Cayetano Gómez de Portugal”, en Por una Iglesia libre en un mundo liberal. La obra y los tiempos de Clemente de Jesús Munguía (1808-1868), coordinado por Juan Carlos Casas García y Pablo Mijangos y González (México: Universidad Pontificia de México/El Colegio de Michoacán, 2014), 57-78. sergiofrosas@ yahoo.com.mx

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El espejismo de la República posible. La cuestión de la ciudadanía política y la organización institucional de los Territorios Nacionales en Argentina (siglo XIX)❧ Lisandro Gallucci

Universidad Nacional de San Martín, Argentina doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit60.2016.04

Artículo recibido: 06 de abril de 2015/ Aprobado: 11 de septiembre de 2015/ Modificado: 22 de septiembre de 2015.

Resumen: Este artículo muestra que, dada su tardía incorporación al dominio del Estado argentino, los Territorios Nacionales tenían un estatus jurídico diferente al de las provincias, ya que en su calidad de divisiones administrativas no contaban con autonomía política. Los pobladores de los Territorios no podían participar en las elecciones nacionales, como tampoco elegir a los gobernadores de dichos espacios o enviar un representante al Congreso de la Nación. Por lo que aquí se propone analizar el orden institucional diseñado para los Territorios, con el objetivo de determinar si resulta válido entender la situación de los pobladores de esos espacios como expresión de una ciudadanía política restringida. Este estudio se basa en el análisis de los debates desarrollados en el Congreso a propósito de la organización de los Territorios.

Palabras clave: Argentina, Territorio, Nación, Ciudadanía (Thesaurus); Territorios Nacionales (palabras clave autor).

The Mirage of the Possible Republic. The Question of Political Citizenship and the Institutional Organization of National Territories in Argentina (19th Century) Abstract: This article shows how, given their late incorporation into the domain of Argentina as a state, the National Territories had a different legal status from that of the provinces since they did not have political autonomy as administrative divisions. The settlers of the territories could not participate in national elections, nor could they elect their own governors, nor send a representative to the National Congress. It thus proposes an analysis of the institutional order designed for the territories in order to determine whether it is valid to interpret the situation of the settlers of these spaces as an expression of restricted political citizenship. The study is based on an analysis of the debates held in the national congress regarding the organization of the territories.

Keywords: Argentina, nation, citizenship (Thesaurus); territory, nation, citizenship, National Territories (author’s keywords).

A miragem da República possível. A questão da cidadania política e a organização institucional dos Territórios Nacionais na Argentina (século XIX) Resumo: Este artigo mostra que, dada sua tardia incorporação ao domínio do Estado argentino, os Territórios Nacionais tinham um status jurídico diferente do das províncias, já que em sua qualidade de divisões administrativas não contavam com autonomia política. Os residentes dos Territórios não podiam ❧ Este artículo es resultado de la investigación desarrollada en el marco de la tesis doctoral que trata sobre el des-

envolvimiento de la soberanía popular en los Territorios Nacionales entre 1884 y 1943, lo que ha posibilitado renovar las miradas sobre la historia política de dichos espacios de la República Argentina. Para la elaboración de este artículo, en particular, se contó con el financiamiento de una Beca Puente de la Universidad Nacional de San Martín, obtenida en 2014.

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El espejismo de la República posible. La cuestión de la ciudadanía política y la organización institucional Lisandro Gallucci

participar nas eleições nacionais, como também não podiam eleger os governadores desses espaços ou enviar um representante ao Congresso da Nação. Por isso, propõe-se aqui analisar a ordem institucional concebida para os Territórios, com o objetivo de determinar se é válido entender a situação dos residentes desses espaços como expressão de uma cidadania política restrita. Este estudo baseia-se na análise dos debates desenvolvidos no Congresso sobre a organização dos Territórios.

Palavras-chave: Argentina, Nação, Cidadania (Thesaurus); Territórios Nacionais, Território (autor de palavras-chave).

Introducción

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as repúblicas surgidas de los procesos de independencia que afectaron a los dominios americanos de la Corona española enfrentaron desde sus inicios múltiples desafíos, que en más de un caso pusieron en juego la propia subsistencia de aquellas experiencias de gobierno. Uno de esos problemas fue el que tuvo que ver con la definición de la fuente de la soberanía, asunto decisivo por cuanto la existencia de esas nuevas comunidades políticas dependía del éxito que se tuviera en establecer un principio único y exclusivo de legitimidad política. Si bien la figura del pueblo fue tempranamente señalada como origen de la soberanía, no resultó sencillo definir cuál era ese sujeto ni de qué modo se podía alcanzar su representación legítima1. Tampoco estuvo libre de controversia la tarea de delimitar quiénes formaban en efecto parte de ese pueblo y, de manera más específica, quiénes podían participar en los mecanismos formales que se establecieron para dar expresión institucional al principio de la soberanía popular. Las elecciones constituyeron la práctica más relevante en tal sentido. Aunque no se trató de la única a la que apelaron los actores que pretendían esgrimir la representación del pueblo, las elecciones ocuparon desde muy temprano un lugar altamente significativo en la construcción de legitimidad en las nuevas comunidades políticas en formación2. De allí la importancia que adquirió en esas jóvenes repúblicas la definición de la ciudadanía política, no sólo en relación con las facultades asociadas a la condición de ciudadano, sino también en cuanto al alcance de la misma en la población. La cuestión de la ciudadanía política constituyó una dimensión clave en la construcción de las repúblicas hispanoamericanas, razón por la cual una abundante historiografía se ha ocupado de estudiar las formas en que los actores respondieron al problema en diferentes países y distintos períodos3.

Dentro de este cuadro general, la República Argentina definió una ciudadanía política significativamente amplia desde el inicio de su vida institucional4. A diferencia de muchos países del 1 Hilda Sabato, Introducción a Ciudadanía política y formación de las naciones. Perspectivas históricas de América Latina, coordinado por Hilda Sabato (México: FCE, 1999), 1-29.

2 Sobre la historia electoral en la América Latina decimonónica, Antonio Annino, coord., Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX (Buenos Aires: FCE, 1995).

3 Por sólo aludir a algunas de las producciones más recientes, cabe mencionar: Iván Jaksić y Eduardo Posada Carbó, eds., Liberalismo y poder. Latinoamérica en el siglo XIX (Santiago: FCE, 2011), y Pilar González Bernaldo de Quirós, ed., Independencias iberoamericanas. Nuevos problemas y aproximaciones (Buenos Aires: FCE, 2015).

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Marcela Ternavasio, Historia de la Argentina, 1806-1852 (Buenos Aires: Siglo XXI, 2009); Hilda Sabato, Historia de la Argentina, 1852-1890 (Buenos Aires: Siglo XXI, 2012).

Hist. Crit. No. 60 · Abril-junio · Pp 61-80 · ISSN 0121-1617 · eISSN 1900-6152 doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit60.2016.04

mundo occidental, en los que se pusieron en práctica distintas modalidades de calificación del sufragio, en Argentina este último no estuvo limitado por criterios censitarios o educativos. Al menos desde la puesta en vigencia de la Constitución de 1853 —e incluso antes de esa fecha en varias provincias—, el sufragio a nivel federal estuvo condicionado a requisitos tan poco restrictivos como la mayoría de edad y la nacionalidad argentina. En las décadas siguientes, las provincias, que habían adoptado ciertas limitaciones al ejercicio del voto, terminaron por adecuar sus leyes electorales al criterio universalista consagrado en la Constitución nacional. Como algunos estudiosos han señalado, esta notoria amplitud de la ciudadanía política en la República Argentina invita a poner en cuestión la validez de ciertas interpretaciones —sin embargo, todavía no desterradas— que entienden el desenvolvimiento histórico de la ciudadanía en los términos de una secuencia progresiva lineal y acumulativa5.

Con todo, nada de esto debe entenderse como si se tratara de situar a Argentina en una posición de vanguardia en la historia política decimonónica, en la medida que la extensión del sufragio era sustancialmente más amplia que en muchos países europeos y americanos. Según han demostrado varios estudios, el alcance que la ciudadanía política tuvo en Argentina se explica por los rasgos particulares de la sociedad rioplatense, cuyo carácter igualitarista no sólo respondió a la ausencia de divisiones sociales de rigidez comparable a las existentes en otras sociedades hispanoamericanas, sino también a las consecuencias de las guerras de independencia, entre las cuales cabe destacar un temprano involucramiento de los sectores subalternos en la vida política6. Si bien esto motivó ciertas aprensiones hacia algunas de las posibles derivaciones del principio de la soberanía popular —sobre todo después del gobierno de Juan Manuel de Rosas (1829-1852) y de las revoluciones europeas de 1848—, lo cierto es que nada de eso dio lugar a que se restringiera el alcance de la ciudadanía política.

Pero, al mismo tiempo que consagró una ciudadanía política ciertamente amplia, la Constitución de 1853 adoptó una forma federal de organización gracias a la cual fue posible por primera vez reunir las catorce repúblicas provinciales entonces existentes bajo un mismo gobierno nacional7. Esto no significa suponer que la consolidación de una esfera federal capaz de imponer su poderío sobre el conjunto de las provincias resultó un proceso sencillo. Además de la secesión de la poderosa provincia de Buenos Aires por casi una década (1852-1861), ese poder federal debió enfrentar el desafío que implicaron los levantamientos de algunos caudillos en el interior del país, y también esperar hasta 1880 para asegurar la supeditación bonaerense mediante la federalización de la ciudad de Buenos Aires. Más allá de las complejidades de ese proceso, lo que interesa destacar acerca de esas décadas es que en el curso de las mismas se puso en práctica un sistema de representación política basado en dos pilares: la soberanía popular y el régimen federal8. De la combinación de ambos aspectos surgió el sistema de representación política consagrado en la 5

Una crítica a tales enfoques se encuentra en: Hilda Sabato, La política en las calles. Entre el voto y la movilización.

Buenos Aires, 1862-1880 (Bernal: Universidad Nacional de Quilmes, 2004), 15.

6 Tulio Halperín Donghi, Revolución y guerra. Formación de una elite dirigente en la Argentina criolla (Buenos Aires: Siglo XXI, 1972).

7 Natalio Botana, “El federalismo liberal en Argentina: 1852-1930”, en Federalismos latinoamericanos: México/ Brasil/Argentina, editado por Marcello Carmagnani (México: FCE, 1993), 224-259.

8 Hilda Sabato y Marcela Ternavasio, “De las repúblicas rioplatenses a la República Argentina. Debates y dilemas sobre la cuestión republicana en el siglo XIX”, en Independencias iberoamericanas. Nuevos problemas y aproximaciones (Buenos Aires: FCE, 2015), 237-272.

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Constitución de 1853. Con esto no sólo se trata de advertir la importancia que tuvo en el diseño institucional de la República la representación de tipo territorial definida para el Senado de la Nación, gracias a lo cual las provincias —pero también la Capital Federal— contaban con igual representación en dicha Cámara. Además esa combinación tuvo como resultado que las provincias constituyeran las piezas articuladoras de ese régimen de representación, en tanto que la elección de diputados y de miembros del Colegio Electoral se realizaba tomando aquellas unidades como distritos electorales.

Ese diseño institucional no enfrentó mayores desafíos, mientras la extensión territorial de la República permaneció limitada a las catorce provincias. Sin embargo, hacia 1880 Argentina experimentó una notable expansión territorial que dio lugar a que su superficie se viera prácticamente duplicada merced a la incorporación de vastos espacios en el norte y el sur del país, que hasta entonces habían permanecido bajo el dominio de poblaciones indígenas. Esto implicó que por primera vez la República enfrentara el reto de extender el alcance de sus instituciones más allá del ámbito de las provincias. Esos nuevos espacios, a los que se dio el nombre de Territorios Nacionales, fueron organizados de una forma diferente al resto del país. Dado su carácter de meras divisiones administrativas, fueron puestos bajo el control directo del Gobierno Nacional. Se trató de unidades territoriales carentes de autonomía política y a las que tampoco se otorgó representación en el Congreso de la Nación ni en el Colegio Electoral. Esto determinó que, a diferencia de los residentes en las provincias, los habitantes de los Territorios no pudieran participar en las elecciones nacionales ni elegir a los gobernadores de dichos espacios, como tampoco enviar representantes al Parlamento nacional. Esta situación se vio alterada en la década de 1950, no sólo por la introducción de modificaciones en la normativa relativa a los Territorios, sino también por la transformación de la mayoría de ellos en nuevas provincias. Sin embargo, hasta tanto no tuvieron lugar tales cambios, la estructura federal con que la Constitución combinó al principio de la soberanía popular determinó que los Territorios no formaran parte del sistema de representación política.

El reconocimiento de esa particular condición de los Territorios llevó a que la enorme mayoría de las producciones dedicadas a los mismos identificaran la situación de sus habitantes como la de individuos que contaban con una ciudadanía política restringida9. Según esa mirada, el caso de los habitantes de los Territorios expresaba una evidente exclusión, que daba cuenta del carácter restrictivo del régimen político configurado en Argentina hacia 1880. Con base en la imagen canónica de aquel orden como cristalización de la fórmula de la República posible concebida por

9 Entre algunos ejemplos: Orietta Favaro y Marta Morinelli, “La política y lo político en Neuquén: la política territoriana en el marco del desenvolvimiento económico y social de Neuquén (1884-1955)”, en Historia de Neuquén, editado por Susana Bandieri, Orietta Favaro y Marta Morinelli (Buenos Aires: Plus Ultra, 1993), 289-314; Orietta Favaro y Mario Arias Bucciarelli, “El lento y contradictorio proceso de inclusión de los habitantes de los territorios nacionales a la ciudadanía política: un clivaje de los años ’30”. Entrepasados. Revista de Historia n.° 9 (1995): 7-26; Orietta Favaro, “Realidades contrapuestas a los estados provinciales: Los territorios nacionales, 1884-1955”. Realidad Económica n.° 144 (1996): 79-96; María Silvia Leoni, “Los Territorios Nacionales”, en Nueva Historia de la Nación Argentina. La Argentina del siglo XX, editado por Academia Nacional de la Historia VIII (Buenos Aires: Planeta, 2001), 43-76; Martha Ruffini, La pervivencia de la República posible en los territorios nacionales. Poder y ciudadanía en Río Negro (Bernal: Universidad Nacional de Quilmes, 2007); Sebastián Barros, “Anormalidad, inmadurez e historia de los territorios nacionales: el caso de Santa Cruz”. Modernidades 3 (2007): 1; Mario Arias Bucciarelli, “La municipalización de lo político. Controversias y debates en el primer Congreso de territorios nacionales”, en Diez territorios nacionales y catorce provincias. Argentina, 1860/1950, editado por Mario Arias Bucciarelli (Buenos Aires: Prometeo, 2013), 21-42.

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Juan Bautista Alberdi10, según la cual las verdaderas formas republicanas sólo podían tener lugar cuando la sociedad argentina se elevara a la condición exigida por ellas, los estudios dedicados a los Territorios encontraron al régimen establecido sobre éstos como la expresión más cabal de las aprensiones del jurista tucumano11. La propuesta alberdiana de una República de amplias libertades civiles para el conjunto de los habitantes, y de ciudadanía política limitada a sólo una parte de la población, resultó contemplada como en exacta correspondencia con la situación de los individuos residentes en los Territorios, ya que si bien contaban con todos los derechos civiles, no disponían de los derechos políticos en la misma forma que quienes vivían en el resto del país12.

Puesto que la situación de esos habitantes no experimentó cambios hasta la década de 1950, se ha postulado que a esos individuos “la ciudadanía, fundamento democrático en el capitalismo, les fue negada durante más de medio siglo”13. De estas aparentes comprobaciones se nutrió uno de los consensos más firmemente arraigados en la historiografía dedicada a los Territorios, a saber: que los pobladores de esos espacios estaban reducidos a la condición de meros habitantes, porque tenían restringida su ciudadanía política. Para decirlo en menos palabras, que no eran verdaderos ciudadanos.

Ahora bien, ¿la situación de los pobladores de los Territorios daría cuenta de una exclusión que habría permanecido ignorada por la historiografía política argentina, omisión tanto más preocupante por cuanto los desarrollos más recientes de esta última no han dejado de insistir sobre la amplitud que tuvo la ciudadanía política desde el inicio de la vida institucional de la República? ¿O acaso resulta incorrecto entender que los habitantes de los Territorios tenían restringida su ciudadanía política? En definitiva, ¿la figura alberdiana de la República posible ofrece una imagen fidedigna de la situación de los habitantes de los Territorios o no constituye más que un mero espe10 La figura de Alberdi resulta de primer orden en la historia argentina del siglo XIX. Testimonio de esa gravitación es, entre otras cosas, que convencionalmente se lo suele considerar inspirador de la Constitución de 1853, que dio lugar a la creación de la República Argentina.

11 La formulación más rotunda de esa perspectiva es la de Ruffini, para quien la fórmula alberdiana de la República posible constituyó “el germen de la exclusión” padecida por los habitantes de los Territorios. Martha Ruffini, La pervivencia de la República posible, 90. Otros trabajos también han contribuido a alimentar esa interpretación: Orietta Favaro, “Realidades contrapuestas”; Orietta Favaro y Mario Arias Bucciarelli, “El lento y contradictorio proceso”; María Silvia Leoni, “La política en los territorios nacionales argentinos. La inserción de los municipios del Chaco (1884-1951)”. Revista de Historia de América n.° 131 (2002): 189-221.

12 Por el hecho de que no podían ejercer sus derechos políticos como en las provincias, algunos trabajos equiparan a los habitantes de los Territorios con las mujeres, los extranjeros y los indígenas. Entre algunas de las producciones que sostienen tal mirada: Waldo Ansaldi, “¿Un caso de nomenclaturas equivocadas? Los partidos políticos después de la ley Sáenz Peña, 1916-1930”, en Argentina en la paz de las dos guerras, 1914-1945, editado por Waldo Ansaldi, Alfredo Pucciarelli y José C. Villarruel (Buenos Aires: Biblos, 1993), 39; Waldo Ansaldi, “Crear el sufragante: la universalización masculina de la ciudadanía política en Argentina. La reforma electoral de 1912”. Anales. Nueva época n.° 2 (1999): 155-199; Claudia Briones y Walter Delrio, “Patria sí, colonias también. Estrategias diferenciadas de radicación de indígenas en Pampa y Patagonia (1885-1900)”, en Fronteras, ciudades y Estados, editado por Ana Teruel, Mónica Lacarrieu y Omar Jerez (Córdoba: Alción Editora, 2002), 56; Martha Ruffini, La pervivencia de la República posible, 264; Martha Ruffini, “El proceso formativo y de consolidación del Estado argentino en perspectiva histórica. La exclusión política y sus diferentes itinerarios”, en La Revolución en el Bicentenario. Reflexiones sobre emancipación, clases y grupos subalternos, editado por Beatriz Rajland y María Celia Cotarelo (Buenos Aires: Clacso, 2009), 185.

13 Orietta Favaro, “¿Estado nacional o Estado nación? La Argentina a dos velocidades: provincias y territorios nacionales”, en Diez territorios nacionales y catorce provincias. Argentina, 1860/1950, editado por Mario Arias Bucciarelli (Buenos Aires: Prometeo, 2013), 19.

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jismo? A partir de esos interrogantes, el presente artículo se propone explorar la cuestión de la ciudadanía política en relación con los Territorios, para establecer hasta qué punto resulta posible sostener que los habitantes de esos espacios vieron restringida su ciudadanía política. La atención se concentra en la coyuntura de 1884, año en que fue sancionada la ley 1.532, por la cual se dio la misma organización institucional al conjunto de los Territorios. El motivo de este recorte se justifica en que la propia historiografía sobre dichos espacios ha visto en esa normativa la consagración de una concepción restrictiva de la ciudadanía, mediante la cual se privó de derechos políticos a los pobladores de los Territorios.

El recorrido a partir del cual se desarrolla este análisis comienza por indagar las representaciones que sobre aquellos espacios tenían las élites políticas que diseñaron el orden institucional que se definió para los Territorios. En segundo lugar, se busca dar cuenta de la influencia que otros intelectuales argentinos, y no solamente Alberdi, tenían sobre los legisladores que sancionaron la ley 1.532.

En un tercer apartado se exploran los argumentos esgrimidos durante los debates parlamentarios que precedieron a la sanción de esa ley, procurando identificar cuáles eran las miradas que se tenían acerca de la población de los Territorios y en qué medida se ajustan a las prescripciones finalmente establecidas en la normativa. En último lugar se ofrecen las conclusiones resultantes del recorrido descripto, en las que se procura responder a los interrogantes planteados más atrás.

1. Conquistar y civilizar el desierto La Constitución de 1853 habló por primera vez de “territorios nacionales” para hacer referencia a aquellos espacios que eran señalados como parte de la Nación, pero que no pertenecían a ninguna de las provincias. En 1862, la sanción de la ley 28 estableció el dominio del emergente Estado nacional sobre los espacios allende las provincias, aunque los límites de éstas eran todavía poco precisos. A partir de la década de 1870, esas regiones fueron escenario de una serie de cambios de importancia.

Por un lado, en el ámbito chaqueño, la Guerra del Paraguay condujo a un primer avance del Estado nacional argentino sobre aquellas tierras, lo que dio lugar a la creación de la Gobernación del Chaco en 1872. Por otro lado, los espacios pampeano y patagónico comenzaron a ser contemplados como extensiones cuya incorporación era necesaria para el progreso económico del país, sobre todo en un período en el que la economía bonaerense, fuertemente basada en la producción ganadera extensiva, comenzó a enfrentar límites respecto a su crecimiento14. A esto se sumaban las ansiedades que en algunos círculos generaban los diferendos limítrofes con los países vecinos —especialmente con Brasil y Chile—, en los que se veían competidores por los dominios territoriales.

Estos factores, entre otros, condujeron a que, hacia finales de la década de 1870 e inicios de la siguiente, el Estado argentino definiera una política más agresiva con relación a espacios que eran imaginados como parte del territorio de la Nación, pero sobre los que no se tenía gobierno efectivo. Las campañas militares desarrolladas por esos años sobre el ámbito pampeano y patagónico fueron retratadas como la conquista definitiva del desierto, noción que no designaba un determinado ámbito ecológico, sino un vacío demográfico y cultural que marcaba los límites de lo civilizado; en razón de todo lo cual se lo imaginaba como uno de los más poderosos obstáculos 14 Susana Bandieri, “Ampliando las fronteras: la ocupación de la Patagonia”, en Nueva Historia Argentina. El progreso, la modernización y sus límites (1880-1916), editado por Mirta Zaida Lobato (Buenos Aires: Sudamericana, 2000), 119-177.

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al progreso del país y a la definitiva consolidación del Estado nacional15. En el caso del ámbito chaqueño, por ejemplo, las incursiones militares se hicieron más frecuentes a partir de 1885 y no cesarían hasta la segunda década del siglo XX16.

Pero no fue sólo el despliegue militar lo que condujo a la conquista de aquellos espacios, considerados por los actores de la época como expresión de una suerte de “frontera interna”, en el sentido de que se los imaginaba como pertenecientes al dominio territorial del Estado argentino pero que permanecían ajenos a su autoridad, debido al control que sobre los mismos ejercían poblaciones indígenas no subordinadas a esta última17. La apropiación material de esos espacios fue en buena medida posible por estar precedida de su conquista simbólica, operación en la que resultaron decisivas las representaciones que, desde distintas disciplinas científicas, se elaboraron en torno a tales regiones. En particular, las representaciones cartográficas confeccionadas hacia la década de 1870 resultaron importantes, al ofrecer por primera vez una imagen completa de lo que se imaginaba como cuerpo territorial de la Nación18. Hasta esa época, los mapas disponibles —elaborados por cartógrafos europeos— se limitaban a mostrar una extensión formada por las catorce provincias, mientras que las regiones chaqueña y patagónica eran retratadas como espacios vacíos que apenas contenían los nombres de las tribus residentes en ellas. De esta manera, los nuevos mapas elaborados a partir de la década de 1870 fueron importantes en la apropiación simbólica de espacios sobre los que el Estado nacional seguía careciendo de control efectivo, pese a reivindicarlos como propios.

En este contexto, no menos importante fue la contribución que hicieron a esa apropiación simbólica las descripciones elaboradas acerca de esas regiones. Así, pues, por un largo período el conocimiento acerca de esas regiones se basó en las descripciones ofrecidas por viajeros extranjeros que incursionaban en aquéllas. Fue recién hacia la década de 1870 que esas travesías comenzaron a ser emprendidas por exploradores argentinos, por lo general bajo el patrocinio del Estado nacional. La originalidad de las representaciones que elaboraron esos nuevos viajeros radicó menos en el instrumental conceptual al que apelaron para construirlas —basado en el que se tomaba en préstamo de una naciente antropología—, que en la marca nacional que imprimieron

15 La centralidad que dicha noción tenía en el imaginario de las élites políticas e intelectuales argentinas de la segunda mitad del siglo XIX ha sido con todo acierto advertida por Tulio Halperín Donghi al analizar las proyecciones que distintos actores de ese período elaboraron sobre ese desierto. Una nación para el desierto argentino (Buenos Aires: Editores de América Latina, 2004). Por supuesto, esa idea de desierto no era exclusiva de las élites argentinas, sino que hacía parte del repertorio simbólico de una más amplia cultura occidental de la que formaban parte.

16 Nicolás Iñigo Carrera, La violencia como potencia económica: Chaco, 1870-1940. Conflictos y procesos de la Historia Argentina Contemporánea 11 (Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1988).

17 En 1878, en un mensaje al Congreso de la Nación, el entonces ministro de Guerra, Julio Argentino Roca, decía a propósito de los grupos indígenas del ámbito pampeano que “nos impiden ocupar definitivamente, en nombre de la ley del progreso y de nuestra propia seguridad, los territorios más fértiles y ricos de la República”. Citado en Juan Carlos Walther, La conquista del desierto. Síntesis sinóptica de los principales sucesos ocurridos y operaciones militares realizadas en La Pampa y la Patagonia, contra los indios (1527-1885) (Buenos Aires: Eudeba, 1980), 599.

18 Carla Lois, “La Patagonia en el mapa de la Argentina moderna. Política y ‘deseo territorial’ en la cartografía oficial argentina en la segunda mitad del siglo XIX”, en Paisajes del progreso. La resignificación de la Patagonia Norte, 1880-1916, editado por Pedro Navarro Floria (Neuquén: Educo, 2007), 107-134.

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a las primeras19. En efecto, esos nuevos exploradores se adentraron por aquellas lejanas regiones bajo la convicción de estar recorriendo espacios pertenecientes a la Nación argentina, a diferencia de los viajeros extranjeros, que los encontraban ajenos a sus respectivos países.

Aun cuando en esos relatos “criollos” es posible encontrar ciertos matices en relación con los modos de considerar a los indígenas, las representaciones que sobre ellos ofrecían dichos textos eran por lo general fuertemente negativas. A partir de discursos investidos con el valor simbólico de lo científico, esas sociedades fueron retratadas como exponentes de un estadio evolutivo inferior —una suerte de infancia de la humanidad— y como verdaderos fósiles vivientes de un tiempo remoto condenado a desaparecer merced al impulso irrefrenable del progreso20. A través de ese tipo de descripciones, la conquista de las “fronteras internas” aparecía como producto de una necesidad histórica determinada por el avance de la civilización sobre formas de organización social consideradas salvajes21. En cierto sentido, el discurso científico en el que esas representaciones buscaban validación permitió naturalizar las campañas de conquista como un acto que sólo adelantaba la llegada de un resultado inevitable: el de la desaparición de las poblaciones indígenas.

Aunque la mirada de esos exploradores argentinos buscó mostrar las potencialidades que tenían las vastas regiones bajo control indígena para la vida económica del país —preocupación que llevaba a algunos de ellos a cuestionar la caracterización clásica de esos espacios como desiertos—, no deja de ser verdad que esta última noción no dejó de estructurar los imaginarios sociales acerca de esos remotos ámbitos. Hasta la conquista que el Estado nacional hizo de esas “fronteras internas”, las tierras existentes más allá de los efectivos límites provinciales fueron concebidas como espacios desiertos por la carencia que en ellas se encontraba de las formas consideradas propias de la vida civilizada. De este modo, el reconocimiento de la presencia indígena no suponía contradicción alguna con la ya señalada visualización de esos espacios como desiertos que debían ser civilizados a través de su poblamiento con nuevos contingentes demográficos que forzosamente debían venir desde afuera de aquéllos. Esto no implica suponer que la población indígena hubiera desaparecido por completo. Una población que —aunque sometida a severos procesos de desestructuración social, a través de políticas por medio de las cuales se buscó su inclusión subordinada a la sociedad nacional— continuó en buena parte residiendo en los espacios conquistados. Esa presencia indígena era más notoria en la región chaqueña, donde el Estado nacional impuso su dominio más tardíamente que en la pampeana y la patagónica, si bien en estas últimas esa población no fue totalmente eliminada y hasta pudo desarrollar ciertas estrategias de resistencia y adaptación al nuevo orden social al que fue incorporada22.

19 Ernesto Livon-Grosman, Geografías imaginarias. El relato de viaje y la construcción del espacio patagónico (Rosario: Beatriz Viterbo Editora, 2003).

20 Para Francisco P. Moreno, uno de los más influyentes entre esos exploradores argentinos, la observación de las sociedades indígenas se le aparecía como la contemplación directa de “la infancia de la sociabilidad, el principio de la vida intelectual de los pueblos en sus manifestaciones psicológicas, [que] no se encuentran sino allá, en la vida salvaje”. Eduardo V. Moreno, Reminiscencias de Francisco P. Moreno (Buenos Aires: Eudeba, 1979), 125-126.

21 Pedro Navarro Floria, “Ciencia y discurso político sobre la frontera sur argentina en la segunda mitad del siglo XIX”, en Patagonia: ciencia y conquista. La mirada de la primera comunidad científica argentina, editado por Pedro Navarro Floria (General Roca: Educo, 2004), 147-171.

22 Enrique Mases, Estado y cuestión indígena. El destino final de los indios sometidos en el sur del territorio (18781930) (Buenos Aires: Prometeo, 2010); Claudia Salomon Tarquini, Largas noches en La Pampa. Itinerarios y resistencias de la población indígena (1878-1976) (Buenos Aires: Prometeo, 2010).

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No obstante esto, la representación de esos espacios como desiertos no parecía haber perdido nada de su validez hacia 1884, cuando se sancionó la ley 1.532 de organización de los Territorios23. Para los legisladores que tomaron parte en los debates previos a la aprobación de esa normativa, como Ramón J. Cárcano, diputado nacional por Córdoba y miembro informante de la comisión que había producido el despacho sobre el proyecto de ley original, los Territorios estaban “completamente despoblados”24. Esa imagen era compartida incluso por quienes cuestionaban la necesidad de la iniciativa, como el diputado nacional por Mendoza Germán Puebla, quien sostenía que no tenía sentido crear gobernaciones en espacios “donde no hay más habitantes que unos cuantos soldados del ejército que hacen de policía de aquellos parajes”25. También en el Senado se señaló la condición de desierto de esos espacios, para objetar la conveniencia de la legislación que se proponía aprobar. Para Ramón Febre, senador nacional por Entre Ríos, resultaba entonces cuestionable “legislar para territorios que todavía no están en dominio de la Nación”, y, por lo tanto, era reprobable la idea de “crear gobernaciones para territorios absolutamente despoblados”26. Es que fuera de algunas pequeñas y aisladas localidades, y sin contar los asentamientos que en los años inmediatamente anteriores se habían establecido con el avance de las columnas militares, la opinión dominante entre los legisladores era que la única población de esos espacios era la que habría de llegar en el futuro, procedente ya fuera del extranjero o de las provincias argentinas. Según expresaba Juan Serú, diputado nacional por Mendoza, la aprobación de la ley era desde todo punto de vista necesaria en razón del “porvenir que es de esperarse tendrá la República Argentina después de que se haga efectiva la ocupación de todos aquellos desiertos”27. Esa seguridad en cuanto a que los Territorios creados en 1884 eran desiertos invita a reconsiderar la idea de que la ley 1.532 contenía una inspiración restrictiva, puesto que para aquellos legisladores no existía todavía siquiera la población a la que se habría buscado privar de derechos políticos. Esto no implicaba que los legisladores ignoraran la existencia de indígenas en aquellos espacios, pero éstos no eran considerados pobladores por cuanto, al mantener su modo de vida tradicional, no contaban con residencia legal y fija28.

23 Mediante esa ley se crearon los Territorios Nacionales de Formosa, Chaco, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. La ley también regía para el Territorio Nacional de Misiones, si bien éste había sido creado en 1881. En 1900 se creó además el Territorio Nacional de Los Andes, en la Puna de Atacama, aunque resultó disuelto en 1943 a favor de las provincias limítrofes de Jujuy, Salta y Catamarca.

24 República Argentina, Congreso Nacional, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados. Año 1884, t. I (Buenos Aires: Stiller & Laass, 1885), 1.211.

25 República Argentina, Congreso Nacional, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, t. I, 1.091.

26 República Argentina, Congreso Nacional, Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores (Buenos Aires: Imprenta y Litografía ‘La Tribuna Nacional’, 1884), 748.

27 República Argentina, Congreso Nacional, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, t. I, 1.192.

28 Sería equivocado ver en esto una discriminación étnico-racial. El indígena no era considerado poblador cuando permanecía en su modo de vida tradicional, pero sí se lo veía como tal cuando se hallaba incorporado a la sociedad argentina, haciéndose así abstracción de su origen étnico. Véase: Mónica Quijada, “Nación y territorio: la dimensión simbólica del espacio en la construcción nacional argentina. Siglo XIX”. Revista de Indias LX, n.° 219 (2000): 394, doi: dx.org/10.3989/revindias.2000.i219.511; Hernán Otero, Estadística y Nación. Una historia conceptual del pensamiento censal de la Argentina moderna, 1869-1914 (Buenos Aires: Prometeo, 2006), 345.

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2. Las tradiciones republicanas en el Congreso Según una interpretación muy extendida en la historiografía sobre los Territorios, la organización institucional que se dio a estos espacios habría respondido a cierta lectura de la convulsionada trayectoria política mostrada por el país en las décadas anteriores. Así, la dependencia de los Territorios con respecto al Gobierno Nacional revelaría no sólo la fuerte centralización que atravesaba el régimen federal hacia 1884, sino también la voluntad de los sectores dominantes de impedir la reaparición de intentos autonomistas que pudieran poner en riesgo los progresos acumulados y, todavía más, los que imaginaban próximos a llegar. De esta manera, se ha entendido que con la sujeción de los Territorios al Gobierno Nacional se buscaba controlar el desarrollo político y hasta ideológico de los mismos, impidiendo que emergiera en ellos cualquier capacidad de contestación a los poderes de la Nación. Esta preocupación se habría hecho patente, entre otras cosas, en la decisión de hacer que todas las autoridades territoriales fueran designadas por el Gobierno Nacional, negando cualquier mecanismo de participación a la población de aquellas gobernaciones.

Esta forma de entender el diseño institucional que se dio a Territorios supone que la legislación adoptada para estos espacios constituyó una expresión clara y coherente de un único consenso dominante entre las élites políticas de la década de 1880. En especial, desde esas miradas se ha señalado una correspondencia directa entre el modelo institucional establecido con la ley 1.532 y el pensamiento de Alberdi, imaginado como una suerte de sustrato ideológico firmemente asumido por las élites políticas de la segunda mitad del siglo XIX. Es conocido que uno de los aspectos más frecuentemente señalados acerca del pensamiento de Alberdi es el de la distinción entre dos formas del orden republicano que se traducían en sendas fórmulas políticas: sin ser abandonada como horizonte del bien político, la República “verdadera”, entendida como instancia de realización de los valores republicanos y de pleno acceso de los ciudadanos a las instituciones representativas, debía ser temporalmente reemplazada por una República “posible”, que se consideraba mejor ajustada a las características de la sociedad argentina29. La concentración de poder en el Ejecutivo nacional y la diferenciación entre derechos civiles y políticos, de disfrute universal los primeros y de acceso restringido los segundos, habrían constituido los rasgos más salientes de la República “posible”. Según una imagen convencional, esta última figura habría gozado de un amplio y sólido respaldo de las élites políticas en la segunda mitad del siglo XIX, que llegó a constituir una especie de columna vertebral del orden político inaugurado en 188030.

Pero resulta exagerado entender que el pensamiento de Alberdi fue el único que inspiró las argumentaciones vertidas por los legisladores durante el tratamiento de la ley 1.532. Aun sin negar la relevancia que su figura revestía para diversos sectores de las élites de la época, no fue menos importante el lugar que tenía una tradición diferente republicana entre las referencias intelectuales de dichos sectores. En particular, la expresada por Domingo F. Sarmiento31, más visiblemente

29 Natalio Botana, La tradición republicana. Alberdi, Sarmiento y las ideas políticas de su tiempo (Buenos Aires: Sudamericana, 1997).

30 Oscar Terán, Historia de las ideas en la Argentina. Diez lecciones iniciales, 1810-1980 (Buenos Aires: Siglo XXI, 2008), 102.

31 Sarmiento constituye otra figura central en la historia política e intelectual de la Argentina decimonónica. Además de su pensamiento agudo y provocador, expresado por ejemplo en su libro Facundo, tuvo un gran protagonismo político que, entre otros, lo llevó al cargo de Presidente entre 1868 y 1874.

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preocupada por la construcción de un orden democrático, formó también parte de las que estaban presentes entre los legisladores de 1884. Si para Alberdi los derechos políticos debían ser reconocidos con base en un criterio capacitario, la reflexión de Sarmiento apuntaba menos a limitar que a propiciar la participación en la comunidad política. Claro que esa participación iba ligada a la educación política que consideraba necesaria para que no diera lugar al surgimiento de los despotismos que podían nacer de la voluntad popular, como el gobierno de Rosas parecía haber confirmado en el ámbito rioplatense. La faceta más conocida de esa preocupación demopédica, es decir, motivada en la creencia de que el pueblo podía ser objeto de educación política, se advierte en la concepción de la educación pública como herramienta decisiva en la construcción del ciudadano. El sistema de educación primaria gratuita y obligatoria que se estableció también en 1884, mucho más cerca de la política educativa auspiciada por Sarmiento que la de Alberdi, da cuenta de que para los legisladores de esos años la influencia de este último estaba bastante lejos de ser absoluta.

Pero la educación política no se agotaba para Sarmiento en la que podía impartirse a través de las instituciones pedagógicas. No menos importante en el aprendizaje de la ciudadanía era la participación activa de los individuos en la comunidad política. La experiencia estadounidense y la influencia tocquevilliana en el modo de entenderla condujeron a Sarmiento a concebir al municipio como un espacio de especial potencialidad para promover esa educación política32. La participación de los vecinos en el gobierno de lo propio constituía, desde esa mirada, un medio eficaz para promover el involucramiento de aquéllos en los asuntos públicos, ya que no sólo los introducía en el tratamiento de los problemas comunes, sino que además la búsqueda de soluciones a éstos los obligaba a asociarse entre sí. El municipio era concebido como una escuela de democracia en la que era necesario introducir a los individuos para promover su educación política y hacer finalmente posible la construcción de una República de verdaderos ciudadanos. En otros términos, el municipio representaba para Sarmiento una institución clave para realizar en la práctica el programa de hacer de Argentina una democracia como la que había observado durante sus viajes por Estados Unidos.

Uno de los rasgos característicos del orden institucional que en 1884 se fijó para los Territorios radicó precisamente en un régimen municipal considerablemente amplio. Es menester advertir que aun frente a lo que los legisladores identificaban como inexistencia de población y, por lo tanto, de cualquier jerarquía social que pudiera moderar los efectos de la democracia municipal, la ley 1.532 marcó una apuesta muy clara por la concepción del gobierno local autónomo como escuela de virtud cívica y, en definitiva, de formación del ciudadano. Como afirmaba el diputado Cárcano, al brindar su apreciación sobre el valor demopédico de la institución municipal para la pedagogía política del pueblo, en una mirada que sin duda era compartida por muchos más legisladores: “los habitantes de los territorios que empiecen educándose en esta escuela, que enseña con la experiencia y la observación práctica de los hechos, sabrán prepararse tranquilamente para la vida democrática, en la que más tarde manifestarán su actividad”33.

De acuerdo con la normativa, toda localidad que alcanzara al menos un millar de habitantes dentro de su ejido podría constituir un Concejo Municipal, integrado por cinco ediles que serían elegidos por la votación directa de los vecinos. El Concejo debía renovarse por mitades cada año, 32 Marcela Ternavasio, “Municipio y política. Un vínculo histórico conflictivo” (tesis de maestría en Ciencias Sociales, Flacso, 1991), 28.

33 República Argentina, Congreso Nacional, Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, 748; República Argentina, Congreso Nacional, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, t. I, 1.070.

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debido a que la duración de los cargos era de sólo dos años, aunque los ediles podían ser reelegidos sin límite de mandatos sucesivos. Los únicos requisitos que la ley establecía para ser elegible al cargo de concejal eran ser mayor de edad y estar domiciliado en el distrito, condiciones sin duda poco restrictivas. Menos aún lo eran las establecidas para participar en las elecciones municipales, ya que sólo era necesario tener más de dieciocho años, estar domiciliado en el distrito y, por supuesto, estar inscripto en el padrón electoral. La ley 1.532 no definió ningún tipo de calificación del sufragio, ni siquiera alguna basada en la condición de contribuyente. A todo esto cabe añadir que la misma ley establecía que la justicia de paz sería electiva en todas las localidades donde hubiera un Concejo Municipal.

Podría decirse que esa amplitud obedecía a que el municipio constituía una institución de un carácter muy específico y que no giraba en torno a la figura del ciudadano, sino a la más concreta del vecino. Sin embargo, cuando se extiende la mirada más allá del ámbito municipal se advierte que la ley 1.532 tampoco mostraba un rostro más restrictivo. Según la misma normativa, cuando un Territorio alcanzara la cantidad de treinta mil habitantes podría contar con una legislatura propia, cuyos miembros debían surgir del voto popular. Para ser elegible a una banca en dicho cuerpo legislativo, los requisitos previstos en la ley eran ser mayor de edad, tener un mínimo de un año de residencia en el Territorio y no contar con ningún empleo en la Gobernación. En cuanto a la participación electoral, la ley era todavía más escueta: apenas establecía que podrían votar todos los ciudadanos que se encontraran registrados en el padrón territorial, al que debían incorporarse en forma voluntaria. Los mandatos de los legisladores territoriales serían de tres años y debían renovarse por tercios cada año. Si se tiene en cuenta que los Concejos Municipales debían ser parcialmente renovados cada año, se advierte que los legisladores de 1884 pensaban en un ritmo electoral bastante intenso para los futuros habitantes de los Territorios. Esto no era casual. Por el contrario, la práctica electoral era concebida como un ejercicio que, a través de su repetición, impulsaría la educación política de esas poblaciones. Pero vale la pena insistir sobre un punto: esa preocupación por la educación política de los habitantes de los Territorios no respondía tanto a una concepción de la ciudadanía fundada en las capacidades según los términos planteados por Alberdi, como sí, en cambio, a otra tradición republicana interesada por hacer que una República de meros habitantes fuera convertida en una de verdaderos ciudadanos.

3. Las puertas a la autonomía La perspectiva antes descripta orientó también la definición de las condiciones necesarias para la futura incorporación de los Territorios al régimen federal en calidad de provincias. La gradualidad con la que fue concebido ese trayecto en la ley 1.532 no remitía a ninguna evaluación de la capacidad política de los pobladores de los Territorios. Así como se previó que las legislaturas podían ser instaladas una vez que un Territorio alcanzara los treinta mil habitantes, se dictó que el otorgamiento de autonomía política dependía de que se duplicara esa población. En otros términos, una fórmula puramente demográfica fue la que los legisladores establecieron para conducir de manera gradual a los Territorios hacia su transformación en provincias. Esto sólo fue posible porque los futuros pobladores de los Territorios nunca fueron imaginados como individuos carentes de capacidad política. Si los legisladores tenían cierta preocupación por la educación política de esa población no se debía a ninguna pretensión restrictiva ni a ninguna consideración de esos pobladores como cualitativamente distintos a los del resto del país, sino a una concepción deci-

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didamente optimista de la evolución política de los Territorios, según la cual las instancias de la educación política del pueblo dispuestas por la propia ley asegurarían que esos espacios accedieran a su autonomía sin atravesar las turbulencias experimentadas por las provincias hasta entonces existentes. Como señalaba el diputado Cárcano, la ley aspiraba a preparar a los Territorios “para la vida política autónoma y libre, sin haber sufrido las descomposiciones de la anarquía, las arbitrariedades del absolutismo ni los azotes de los procónsules militares, que tantas veces han sentido los estados de la República, por la naturaleza de sus elementos orgánicos, por el personalismo del caudillaje y por su falta de educación republicana”34.

De esta manera, la educación política de la población territorial no apuntaba a producir alguna mutación en las capacidades de los individuos que la conformaban, sino más bien a hacer posible la emergencia de entidades políticas capaces de asegurar el funcionamiento estable y regular de los gobiernos autónomos a los que debían acceder en el futuro. Como afirmaba al respecto el diputado Puebla, “es una buena tendencia la de educar al pueblo en la vida constitucional y libre”, para que de esta manera “cuando estos territorios tengan sesenta mil habitantes y se conviertan en provincias, posean una educación política suficiente, que esta misma ley se habrá encargado de dar a los ciudadanos que las habiten”35. También Nicolás Calvo, diputado nacional por la Capital Federal y una destacada figura en los estudios constitucionales, entendía que al favorecerse así la educación política de la población de los Territorios sería posible lograr que no fueran “el juguete de los caudillejos, gobernantes vitalicios, de las oligarquías de familia que crecen y se arraigan en su seno, ni tampoco los instrumentos de las voluntades del gobierno nacional”36. Además de una profunda confianza en la ley como instrumento de ingeniería social, esas palabras permiten observar que la educación política de la población territorial no era tanto un requisito que debía comprobarse de forma previa a la transformación de un Territorio en una nueva provincia, sino algo cuya existencia se daba por descontada para cuando la población de uno de esos espacios alcanzara la cifra de sesenta mil habitantes. A esto se limitaba el planteo de legisladores como Rafael Igarzábal, senador por San Juan, quien señalaba como un mandato constitucional que “el Gobierno general prepare a esos territorios, para que en oportunidad sean provincias con todos los derechos de las demás de la República”37.

Es además necesario tener en cuenta que una fórmula puramente demográfica como la que finalmente consagró la ley 1.532 no era la que estaba prevista en el proyecto original, que había elaborado el poder ejecutivo en 1883. De acuerdo con esa propuesta, los Territorios debían ser elevados a la condición de provincias cuando contaran con una población mínima de sesenta mil habitantes, y siempre que “sus recursos cubran el presupuesto de gastos”38. La razón que había conducido a los autores del proyecto inicial —el ministro del Interior, Bernardo de Irigoyen, y su secretario, Federico Pinedo— a incluir esa cláusula relativa a la capacidad económica derivaba de cierto diagnóstico acerca del régimen federal argentino. En particular, el argumento expresado por varios legisladores que apoyaron la iniciativa partía de reconocer que la crónica carestía de recursos que mostraban algunas provincias tendía a desnaturalizar aquel sistema, ya que las 34 República Argentina, Congreso Nacional, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, t. I, 1.070.

35 República Argentina, Congreso Nacional, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, t. I, 1.199.

36 República Argentina, Congreso Nacional, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, t. I, 1.126.

37 República Argentina, Congreso Nacional, Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, 750.

38 República Argentina, Congreso Nacional, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados. Año 1883, t. I (Buenos Aires: Imprenta ‘La Universidad’, 1884), 795-796.

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obligaba a postrar su autonomía frente al Estado federal, con cuyo auxilio podían solventar sus administraciones, o encarar el desarrollo de obras públicas cuyos costes no podían afrontar por sí solas. No se trataba de un juicio limitado al ámbito parlamentario, sino que destacadas figuras del derecho constitucional también suscribían esa lectura de las relaciones entre las provincias y el Estado federal39. La propuesta relativa a los recursos fiscales de los Territorios apuntaba, así, a impedir que se otorgara autonomía a aquellos que no hubieran alcanzado el grado de progreso necesario para sostener materialmente esa condición. Algunos legisladores apoyaron la propuesta del proyecto original40. La moción más arriesgada en esa dirección llegó a proponer un determinado monto de pesos de renta fiscal como condición adicional a la cantidad de población, para el acceso de un Territorio a la autonomía política41.

Aun cuando esos argumentos podían persuadir a algunos legisladores sobre la conveniencia de incluir alguna cláusula relativa a las capacidades económicas de los Territorios, la idea fue rechazada por la mayoría de los miembros de ambas cámaras parlamentarias. Para el diputado Puebla resultaba “altamente inconveniente establecer en la ley, que hasta que estos territorios no puedan costear su presupuesto de gastos, permanecerán en la condición de territorios”42. En el mismo sentido, Delfín Gallo, diputado por Tucumán, cuestionaba la conveniencia de establecer un requisito semejante, porque ello suponía sujetar la autonomía futura de los Territorios a un criterio necesariamente variable como era el relativo al presupuesto y la renta. En su opinión, más recomendable resultaba mantener sólo el criterio demográfico, puesto que significaba la adopción de una “regla fija, obligatoria por parte del Congreso, para determinar cuál es el momento en que un territorio nacional debe ser convertido en provincia argentina”43. Por su parte, Juan Serú, diputado por Mendoza, preguntaba a sus pares: “¿podríamos convenir en que ese territorio, con sesenta mil habitantes, por razón de faltarle diez mil pesos en su renta no debiera pasar a la categoría de provincia?”44. Desde este punto de vista, el criterio de la capaci39 Por ejemplo, un destacado exponente del derecho constitucional argentino en la década de 1880 como José Manuel Estrada no dudaba en afirmar que “si una provincia necesita subsidios, no tiene capacidad financiera; y en el terreno de la doctrina, es indudable que una agrupación tal de personas no se puede llamar provincia”.

José Manuel Estrada, Curso de derecho constitucional, federal y administrativo. Conferencias dadas en la Universidad de Buenos Aires en los años 1877, 1878 y 1880 (Buenos Aires: Compañía Sud-Americana de billetes de banco, 1895), 469.

40 Para Abel Ortiz, diputado por Salta, la propuesta era plausible porque evitaría que el Territorio que fuera elevado a provincia “dependiera del Poder Ejecutivo [nacional], en cuanto al cálculo de sus recursos, en cuanto á sus gastos, en una palabra, en cuanto al mantenimiento de sus autoridades”. República Argentina, Congreso Nacional, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, t. I, 1.188. Para José Miguel Olmedo, diputado por la Capital Federal, el propósito de establecer una previsión semejante consistía en evitar que las nuevas provincias se desenvolvieran “sin las contingencias ni los inconvenientes que los estados demasiado pobres tienen que soportar y sin los peligros á que esa misma pobreza los espone respecto de sus libertades políticas, de sus derechos, como estados independientes en el mecanismo de nuestras instituciones”. República Argentina, Congreso Nacional, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, t. I, 1.190.

41 Ésa fue la propuesta del diputado Olmedo, quien sugirió que la autonomía política sólo fuese otorgada a los Territorios que contasen con más de sesenta mil habitantes, pero siempre y cuando “sus recursos alcancen a noventa mil pesos de renta”. República Argentina, Congreso Nacional, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, t. I, 1.190.

42 República Argentina, Congreso Nacional, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, t. I, 1.187.

43 República Argentina, Congreso Nacional, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, t. I, 1.187.

44 República Argentina, Congreso Nacional, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, t. I, 1.190.

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dad económica no aparecía como algo razonable, sino como un requisito arbitrario que podría obstaculizar la futura transformación de los Territorios en provincias.

El rechazo de las propuestas relativas a la estimación de las capacidades económicas de un Territorio implicó que el único requisito fijado en la ley 1.532 fuera la cantidad de población, sin ninguna especificación en torno a las cualidades de esta última. De esta manera, aquella ley definió un camino de gradual autonomía para los Territorios sobre la base de un criterio puramente demográfico y sin ningún tipo de referencia a las capacidades de sus habitantes como una condición previa necesaria para permitir la provincialización de las gobernaciones federales. Aunque algunas interpretaciones postulan que los legisladores que sancionaron dicha ley pensaban en otorgar derechos políticos a los habitantes de los Territorios “en la medida que fueran demostrando capacidades cívicas que los hicieran merecedores de una incorporación plena a la nación”45, lo cierto es que dicha ley no sólo no estableció ningún mecanismo para estimar el desarrollo de esas capacidades cívicas, sino que ni siquiera aludía a ellas en toda la extensión de su texto. Ni la formación de las legislaturas ni la posibilidad de la provincialización quedaron sujetas a las capacidades cívicas de los pobladores de las gobernaciones. La cantidad de población fue el único requisito que la ley estableció al respecto. Ni la nacionalidad, ni el género, ni la edad, ni el grado de instrucción de esa población, ni ningún otro posible signo de capacidad fueron objeto de atención para los legisladores que sancionaron aquella ley. En otros términos, la normativa de Territorios no expresaba ninguna imputación de incapacidad hacia los habitantes de esos espacios, a quienes los legisladores imaginaban en 1884 más bien como una población futura que, procedente del resto del país y del extranjero también, iría a establecerse en lo que hasta entonces continuaban imaginando como un desierto.

Conclusiones Como se ha podido comprobar, en el camino gradual a la autonomía política que la ley 1.532 estableció para los Territorios, las únicas condiciones fueron de índole estrictamente demográfica: al alcanzar los treinta mil habitantes, una gobernación federal podía formar su legislatura, mientras que al duplicar esa población, la ley preveía la posibilidad de elevarla a la condición de provincia.

La cantidad de población a secas, sin distinción de nacionalidad, origen étnico, género o edad, alfabetización o renta personal, constituía el único requisito legal para promover el avance de un Territorio por aquellos estadios de gradual autonomía. En ninguno de los artículos de dicha ley es posible encontrar referencia alguna a las capacidades de los pobladores de los Territorios —hacia 1884, más futuros que presentes—, y menos aún pueden hallarse en esa normativa los mecanismos que habrían permitido evaluar el desarrollo de esas capacidades políticas. Resulta elocuente que quienes han querido identificar en la ley 1.532 la impronta de una concepción restrictiva de la ciudadanía política consideren una “paradoja normativa” el hecho de que los legisladores de 1884 instituyeran un criterio puramente demográfico como el que fijaron46.

45 Martha Ruffini, “Ciudadanía y territorios nacionales: la consolidación inconclusa del Estado argentino”, en Perfilar la nación cívica en la Argentina. Figuraciones y marcas en los relatos inaugurales, editado por Susana Villavicencio y María Inés Pacecca (Buenos Aires: Editores del Puerto, 2008), 144.

46 Martha Ruffini y Luis Pravato, “Estado, ciudadanía y representación durante la etapa territorial rionegrina (1884-1955). Perspectivas históricas y jurídicas”, en Estado y sociedad en Río Negro hasta 1980, editado por José Antonio Gomiz Gomiz y Hugo Villca (Viedma: Uno Editorial, 2010), 144.

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Establecer la mera cantidad de población como único requisito para otorgar autonomía a los Territorios contradecía los propios términos del pensamiento alberdiano, en el que se ha supuesto estaba inspirado el orden institucional diseñado para aquellos espacios. De ahí que en unos apuntes acerca de la democracia escritos hacia 1869, Alberdi señalaba que el sufragio no podía ser universal allí donde la población no tuviera las capacidades necesarias para ejercerlo en un sentido verdadero. De allí concluía que “una multitud incapaz no tiene, no puede tener voto propio”, porque “esas multitudes soberanas eligen como eligen las mujeres y los menores de edad: lo que se les hace elegir”47. ¿Era posible, entonces, desde una concepción restrictiva fundada en las capacidades, como la que cierta historiografía ha creído encontrar en el régimen de los Territorios, otorgar el gobierno propio a una multitud compuesta de sesenta mil incapaces sólo porque habían llegado a acumularse en tal número? El contraste entre aquella visión de la política y las precisiones de la ley de Territorios pone de manifiesto una notoria incongruencia entre ambos aspectos. Si fue posible establecer que la existencia de sesenta mil habitantes bastaba para permitir la formación de un gobierno autónomo, era precisamente porque aquéllos no eran de ningún modo considerados como portadores de incapacidad política.

A propósito del caso francés, Pierre Rosanvallon ha mostrado que la aceptación como legítimas de ciertas limitaciones a la ciudadanía política descansó siempre en la naturaleza asignada a los sujetos jurídicos reales, como, por ejemplo, ocurría con las mujeres, los niños o los insanos48. Que los derechos políticos no se hicieran extensivos hasta esas categorías sociales obedecía a que los miembros de éstas eran vistos, debido a su propia constitución, como incapaces de ejercerlos de manera consciente y autónoma. El mismo punto ha sido también señalado por Joan Scott, en su estudio sobre la condición de las mujeres en relación con el sufragio en Francia49. Por otro lado, los intentos de restringir la ciudadanía política en forma censitaria resultaron allí muy vulnerables ante la persistente ficción de la igualdad política, sin contar el hecho de que los umbrales de tal franquicia estuvieron muchas veces lejos de ser prohibitivos, cosa que no sólo ocurrió en la Francia decimonónica, sino también, como diversos estudios han mostrado, en varias de las repúblicas hispanoamericanas.

Cabe insistir sobre este punto: allí donde se pusieron en práctica distintas formas de restricción de la ciudadanía política, fue a partir de la identificación de ciertos sectores de la población como sujetos a un estado de capacidad política disminuida en razón de sus rasgos particulares. Según fueran estos últimos permanentes o temporales, resultaba asimismo permanente o temporal la incapacidad política que se les atribuía. Pero nada de esto ocurría en el caso de los habitantes de los Territorios. No sólo porque el derecho de sufragio no se ajustó allí a ninguna fórmula calificada, sino porque los pobladores de aquellos espacios no eran contemplados como poseedores de ninguna naturaleza específica. La condición natural atribuida a ciertas categorías sociales hacía que los sujetos pertenecientes a alguna de ellas no pudieran contar con acceso a la ciudadanía política. Esa situación podía ser permanente —como era en el caso de las mujeres— o sólo temporaria —como sucedía con los niños—. Pero nada de esto tenía que ver con los ciudadanos que se encontraban en los Territorios. Lejos de ser portadores de alguna condición 47 Juan Bautista Alberdi, Escritos póstumos, t. VII (Buenos Aires: Imp. Alberto Monkes, 1899), 378-379.

48 Pierre Rosanvallon, La consagración del ciudadano. Historia del sufragio universal en Francia (México: Instituto Mora, 1999), 66.

49 Joan Scott, Las mujeres y los derechos del hombre. Feminismo y sufragio en Francia, 1789-1944 (Buenos Aires: Siglo XXI, 2012).

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natural específica —que por ser tal habrían llevado consigo dondequiera que fuesen—, los ciudadanos de los Territorios podían abandonar por su sola voluntad la presunta incapacidad de la que la interpretación canónica los ha imaginado víctimas.

En realidad, bastaba con que el ciudadano habitante de un Territorio radicara su domicilio en alguna de las provincias o en la Capital Federal, para encontrarse en las mismas condiciones que cualquier otro ciudadano para ejercer sus derechos políticos. Que hubiera nacido o no en un Territorio era completamente irrelevante a tales efectos. El ciudadano que habitaba en un Territorio nunca había dejado de serlo, sino que se encontraba en un espacio que, debido a su particular y reciente origen, no contaba como distrito electoral en el régimen representativo y federal de la República Argentina. Es evidente que una incapacidad cuyo portador podía abandonar por su propia voluntad —radicando su domicilio legal en otro distrito, aun cuando no siempre viviera allí— estaba muy lejos de ser tal. El punto crítico es que el estatus jurídico de los Territorios, concebidos desde su origen como simples unidades administrativas de la Nación, no debe ser confundido con un régimen de ciudadanía política restringida. De hecho, la ley 1.532 no estableció ninguna fórmula restrictiva sobre la ciudadanía de los pobladores de los Territorios. Por el contrario, estableció que en cuanto éstos alcanzaran la condición de provincia —para lo que no planteaba requisitos prohibitivos—, los ciudadanos residentes en esos espacios podrían ejercer sus derechos políticos en la misma forma que quienes vivían en otros distritos del país.

La idea de que el régimen de gobierno establecido sobre los Territorios determinaba que sus habitantes tenían restringida su ciudadanía política, y que esto se justificaba en la atribución de incapacidad política a esos pobladores, merece ser revisada por su evidente inconsistencia, no sólo con la abundante historiografía que ha demostrado la amplitud que la ciudadanía política nunca dejó de tener en la Argentina decimonónica, sino además con las propias disposiciones de la ley 1.532, entre las que resulta en vano buscar evidencias que den sustento a aquella interpretación tradicional. Que la idea de una ciudadanía política restringida se encuentre tan extendida en la historiografía sobre Territorios, al punto de que hay quienes la creen parte de un consenso definitivamente establecido sobre la materia, no significa, por supuesto, que deba ser tomada por correcta y que no pueda ser puesta en cuestión. Como se ha demostrado en este artículo, el orden institucional fijado por la ley 1.532 no impuso ninguna ciudadanía política restringida ni se fundó en ninguna consideración acerca de la capacidad política de los habitantes de las gobernaciones, con lo que resulta equivocado sostener que esa normativa constituyó una perfecta condensación de la República “posible”.

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❧ Lisandro Gallucci

Profesor de la Universidad Nacional de San Martín (Argentina). Profesor en Historia por la Universidad Nacional del Comahue (Argentina), Doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín y Becario posdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la República Argentina. Entre sus últimas publicaciones se encuentran: “El precio de la autonomía. Los debates sobre los impuestos y la representación política en los Territorios Nacionales (1907-1930)”, en Los costos de la política. El financiamiento partidario en la Argentina (1910-1955), compilado por Leandro Lijtmacher y Diego Mauro (Buenos Aires: Imago Mundi, 2013), 1-19, y “El pueblo, la ley y sus servidores. Sociedad y cultura legal en los Territorios Nacionales (Neuquén, 1900-1940)”, en Los estados del Estado. Instituciones y agentes estatales en la Patagonia. 1880-1940, editado por Fernando Casullo, Lisandro Gallucci y Joaquín Perren (Rosario: Prohistoria, 2013), 95-145. lisandrogallucci@gmail.com

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Un saber “sudamericano”. La dactiloscopia en el Congreso Científico Latinoamericano, 1901-1909❧ Mercedes García Ferrari

Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit60.2016.05

Artículo recibido: 06 de abril de 2015/ Aprobado: 20 de agosto de 2015/ Modificado: 16 de octubre de 2015

Resumen: A fines del siglo XIX, Juan Vucetich creó un sistema de identificación a través de las impresiones digitales que se difundió en América Latina, Europa y Asia. A partir del estudio de las actas de tres encuentros del Congreso Científico Latinoamericano (1901, 1905 y 1908/1909), este artículo indaga sobre la importancia que tuvieron estos intercambios científicos regionales para la legitimación y difusión del Sistema Dactiloscópico Argentino. Si bien no constituyeron el único espacio de consolidación del nuevo método, en estas reuniones la dactiloscopia argentina adquirió contenidos simbólicos que favorecieron su adopción en América Latina. Se concluye aquí que el método dactiloscópico adquirió un conjunto de sentidos asociados al éxito de la ciencia latinoamericana, las ambiciones de progreso de las élites regionales y la modernización de las instituciones del Estado.

Palabras clave: Historia de las ciencias, América Latina, policía (Thesaurus); Congreso Científico Latinoamericano, dactiloscopia (palabras claves del autor).

A “South-American” Knowledge. Fingerprinting at the Latin American Scientific Congress, 1901-1909 Abstract: Towards the end of the 19th century Juan Vucetich created a system of identification by means of fingerprinting that spread throughout Latin America, Europe and Asia. Based on a study of the minutes of three meetings of the Latin American Scientific Congress (1901, 1905 and 1908/1909), the article inquires into the importance of these regional scientific exchanges for legitimizing and disseminating the Argentine fingerprinting system. Although it was not the only space in which the new method was consolidated, in these meetings Argentinean fingerprinting methods did take on symbolic contents that favored its adoption throughout Latin America. It concludes that fingerprinting acquired a set of meanings associated with the success of Latin American science, the regional elites’ dreams of progress, and the modernization of government institutions.

Keywords: History of Science, Latin American History, Police (Thesaurus); Latin American Scientific Congress, Dactyloscopy (author’s keywords).

Um saber “sul-americano”. A datiloscopia no Congresso Científico Latino-americano, 1901-1909 Resumo: No final do século XIX, Juan Vucetich criou um sistema de identificação por meio das impressões digitais que se difundiu na América Latina, Europa e Ásia. A partir do estudo das atas de três encontros do Congresso Científico Latino-americano (1901, 1905, 1908 e 1909), este artigo indaga sobre a importância ❧ Este artículo es producto de la investigación doctoral en Historia “Juan Vucetich y el surgimiento transnacio-

nal de la dactiloscopia, 1888-1913” (Tesis de Doctorado en Historia, Universidad de San Andrés, 2013), que contó para su realización con la beca inicial de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (Argentina), PhD Research Grant del South-South Exchange Programme for Research on the History of Development, International Institute of Social History (Países Bajos), y beca de estadía de investigación del Instituto Iberoamericano de Berlín (Alemania).

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que esses intercâmbios científicos regionais tiveram para a legitimação e difusão do Sistema Datiloscópico Argentino. Embora não tenham constituído o único espaço de consolidação do novo método, nessas reuniões, a datiloscopia argentina adquiriu conteúdos simbólicos que favoreceram sua adoção na América Latina. Conclui-se aqui que o método datiloscópico adquiriu um conjunto de sentidos associados ao sucesso da ciência latino-americana, às ambições de progresso das elites regionais e à modernização das instituições do Estado.

Palavras-chave: História das ciências, América Latina, polícia (Thesaurus); Congresso Científico Latinoamericano, datiloscopia (autor de palavras-chave).

Introducción

L

a huella digital es en la actualidad el símbolo más difundido de la identidad individual. Estos dibujos filigranados, que se encuentran en cada una de las yemas de los dedos de ambas manos, permiten relacionar el cuerpo de los individuos con registros conservados en archivos estatales (o privados), y sus usos no dejan de multiplicarse. Sin embargo, el vínculo entre huella digital e identificación es relativamente reciente. Durante la segunda mitad del siglo XIX, y más particularmente en su último tercio, surgió en distintos países la preocupación por la reincidencia. El aumento en las recién creadas estadísticas del crimen fue atribuido a la existencia de algunos individuos que reiteraban sus delitos. De manera progresiva, la mirada de los departamentos de Policía en plena modernización se centró en estos individuos, y una serie de discursos médicos y legales se desplegaron para definirlos y prescribir formas especiales de tratamiento diferenciado. Surgieron, además, diversos sistemas de identificación humana1. Si bien muchas veces se interpreta la historia de estas tecnologías como una sucesión de métodos cada vez más precisos y exitosos —en un primer momento, la fotografía, superada por la antropometría, superada a su vez por la dactiloscopia o fingerprinting—, lo cierto es que su aparición fue casi simultánea. La fotografía se utilizaba en los departamentos de Policía de manera sistemática desde la década de 1860, pero fue Alphonse Bertillon —funcionario policial francés creador del sistema antropométrico conocido como bertillonage— quien definió las características de un nuevo tipo de retrato estandarizado con dos imágenes de frente y de perfil, que continúan formando parte de las prácticas policiales hasta el día de hoy.

El sistema antropométrico comenzó a desarrollarse en los primeros años de la década de 1880 en la Prefectura de Policía de París (Francia) y se difundió por el mundo, de manera especial en la década de 1890. Se trataba de un método biométrico basado en tres elementos: la toma precisa de una serie de medidas corporales, la descripción física en lenguaje estandarizado y la fotografía métrica de frente y de perfil2. A su vez, la asociación entre las impresiones digitales y la individualidad humana tiene una larga historia, aunque recién en el siglo XIX se multiplicaron las

1 La bibliografía sobre el tema es extensa, véase: Lila Caimari, Apenas un delincuente. Crimen, castigo y cultura en la Argentina, 1880-1845 (Buenos Aires: Siglo XXI, 2004).

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Martine Kaluszynski, “Alphonse Bertillon et l’anthropométrie”, en Maintien de l’ordre et polices en France et en Europe au XIX e siècle, editado por Philippe Vigier (París: Créahphi, 1987), 269-285. Acerca de la difusión internacional del bertillonage, véase Pierre Piazza, “Bertillonnage: savoirs, technologies, pratiques et diffusion internationale de l’identification judiciaire”. Criminocorpus. Revue Hypermédia (2011), doi: dx.doi.org/10.4000/criminocorpus.347

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investigaciones sobre sus posibles usos para la identificación. De manera paralela, Juan Vucetich, en la Policía de la provincia de Buenos Aires (Argentina), y Edward Richard Henry, en la Policía bengalí (India), comenzaron a indagar, a partir del inicio de la década de 1890, sobre los posibles usos de las impresiones digitales para la identificación criminal. Ambos arribaron a soluciones exitosas y crearon sistemas de clasificación y archivo de impresiones digitales que se expandieron también alrededor del mundo.

El circuito que permitió la rápida expansión del fingerprinting correspondió a interacciones recíprocas entre metrópolis y colonias, y ha sido bien estudiado por distintos investigadores3. El Sistema Dactiloscópico Argentino ha recibido menor atención, aunque constituye un caso excepcionalmente rico, que permite cuestionar modelos de difusión unidireccional de ideas científicas, tecnologías y prácticas policiales desde un centro emisor creativo hacia la periferia receptora pasiva4. Vucetich participó en las discusiones internacionales sobre identificación como un interlocutor privilegiado, y su nombre fue una referencia obligada en todas las publicaciones que se realizaron sobre el tema en los primeros años del siglo XX. En otros trabajos se ha indagado acerca de los vínculos que estableció Vucetich con funcionarios policiales e investigadores europeos5 y con diversos departamentos de Policía regionales6. En este artículo el objetivo ahora es analizar la importancia que tuvieron las reuniones del Congreso Científico Latinoamericano para la legitimación y difusión el nuevo método. Entre 1901 y 1909 Vucetich participó en estos encuentros y, a través de las recomendaciones votadas por los congresales, su sistema ganó creciente legitimidad. Si bien las relaciones entre departamentos de Policía de países vecinos transitaron también otros canales, en estas reuniones se afianzaron los proyectos comunes y se buscaron apoyos más amplios a las propuestas institucionales. En el caso de los países más alejados geográficamente o poco conectados con los circuitos de circulación que se estaban estableciendo entre algunas capitales sudamericanas, estos congresos fueron la ocasión para hacer conocer las nuevas técnicas de identificación que se venían desarrollando en Argentina.

3 Véase Chandak Sengoopta, Imprint of the Raj: How Fingerprinting Was Born in Colonial India (Londres: Macmillan, 2003); Simon Cole, Suspected Identities. A History of Fingerprinting and Criminal Identification (Cambridge/Londres: Harvard University Press, 2002).

4 La creación de un sistema de clasificación y archivo de impresiones digitales en Argentina ha sido abordada en el marco de investigaciones sobre medicina y criminología a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Véanse Julia Rodríguez, “South Atlantic Crossings: Fingerprints, Science, and the State in Turn-of-the-Century Argentina”. The American Historical Review 109, n.° 2 (2004): 387-416, doi: dx.doi.org/10.1086/530337; Kristin Ruggiero, “Fingerprinting and the Argentine Plan for Universal Identification in the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries”, en Documenting Individual Identity. The Development of State Practices in the Modern World, editado por Jane Caplan y John Torpey (Princeton: Princeton University Press, 2001), 184-196; Jorge Salessi, “Identificaciones científicas y resistencias políticas”, en Las culturas de fin de siglo en América Latina, compilado por Josefina Ludmer (Rosario: Beatriz Viterbo, 1994), 80-90.

5 Mercedes García Ferrari, “El rol de Juan Vucetich en el surgimiento transnacional de tecnologías de identificación biométricas a principios del siglo XX”. Nuevo Mundo, Mundos Nuevos (2014), doi: dx.doi.org/10.4000/ nuevomundo.66277 6 Diego Galeano y Mercedes García Ferrari, “Cartografía del bertillonage. Circuitos de difusión, usos y resistencias al sistema antropométrico en América Latina”, en Delincuentes, policías y justicias en América Latina, siglos XIX y XX, editado por Daniel Palma Alvarado (Santiago de Chile: Ediciones de la Universidad Alberto Hurtado, 2015): 279-311; Mercedes García Ferrari, Ladrones conocidos/sospechosos reservados. Identificación policial en Buenos Aires, 1880-1905 (Buenos Aires: Prometeo, 2010).

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Aunque resulta indudable que la dactiloscopia fue adoptada como parte de las políticas desplegadas por los Estados latinoamericanos para controlar aquello que percibían como nuevas amenazas —movilidad transatlántica e intrarregional de sujetos clasificados como “peligrosos”, aumento en las estadísticas del delito dentro de las fronteras nacionales, fortalecimiento de la protesta obrera, creciente anonimato en las grandes ciudades—, la velocidad y la fuerza con que se expandió la dactiloscopia en los primeros años del siglo XX y las pasiones que despertó su defensa frente al sistema “francés” o bertillonage hacen imprescindible ampliar el análisis más allá de los usos como herramienta de control social. El estudio de las actas de los congresos celebrados en Montevideo (1901), Río de Janeiro (1905) y Santiago de Chile (1908-1909) permite explorar los contenidos simbólicos que adquirió la dactiloscopia en América Latina, fundamentales para explicar su rápida expansión. Estos documentos muestran que el método dactiloscópico adquirió en estos encuentros científicos sentidos asociados al éxito de la ciencia latinoamericana, las ambiciones de progreso de las élites regionales y la modernización de las instituciones del Estado.

1. Los congresos científicos en América Latina Entre 1898 y 1916 se realizaron en América cinco congresos científicos. Los tres primeros fueron denominados “Congreso Científico Latinoamericano” y se reunieron sucesivamente en las ciudades de Buenos Aires (1898), Montevideo (1901) y Río de Janeiro (1905). Luego de estos encuentros en las capitales de lo que podemos denominar “espacio atlántico sudamericano” se realizó en Santiago de Chile el Cuarto Congreso Científico y Primero Panamericano (1908-1909). Finalmente se dejaron de lado tanto la denominación “latinoamericana” como la filiación con los encuentros realizados en Sudamérica, y se realizó en Washington el Segundo Congreso Científico Panamericano (1915-1916).

No es el objetivo de este artículo realizar un análisis de los congresos científicos cuyas actas constituyen, en palabras de Gregorio Weinberg, una “formidable documentación” para el estudio de la historia de la ciencia en América Latina7. El volumen y la riqueza de estas fuentes ameritan, sin duda, investigaciones de largo alcance. De todos modos, aunque no es un campo muy explorado, varios trabajos han puesto el foco en estas reuniones de profesionales, funcionarios y diplomáticos, nodales para la creación de redes de cooperación en América Latina, analizándolas a la vez como parte de la historia de la ciencia y de las relaciones internacionales en la región8.

Al igual que en el caso específico de la identificación, los flujos transatlánticos de teorías científicas y tecnologías han recibido mayor atención de los historiadores que los intercambios

7 Gregorio Weinberg, “La ciencia y la idea de progreso en América Latina, 1860-1930”, en Historia social de las ciencias en América Latina, editado por Juan José Saldaña (México: UNAM, 1996), 360.

8 Véanse, Óscar Calvo Isaza, “Conocimiento desinteresado y ciencia americana. El Congreso Científico (18981916)”. Historia Crítica n.° 45 (2011): 86-113, doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit45.2011.05; Marta de Almeida, “Circuito aberto: idéias e intercambios médico-científicos na América Latina”. História, Ciências, Saúde-Manguinhos 13, n.° 3 (2006): 733-757, doi: dx.doi.org/10.1590/S0104-59702006000300010; Hugo Rogélio Suppo, “Ciência e relações internacionais. O congresso de 1905”. Revista da SBHC n.° 1 (2003): 6-20; Leoncio LópezOcón, “La formación de un espacio público para la ciencia en América Latina en el siglo XIX”. Asclepio 50, n.° 2 (1998): 205-225, doi: dx.doi.org/10.3989/asclepio.1998.v50.i2.343; Francisco R. Sagasti y Alejandra Pavez, “Ciencia y tecnología en América Latina a principios del siglo XX: Primer congreso científico panamericano”.

Quipu 6, n.° 2 (1989): 189-216.

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regionales9. Si bien hasta el momento las investigaciones realizadas son de carácter exploratorio o abordan parcialmente algún congreso particular, coinciden en afirmar que a principios del siglo XX tuvo lugar un importante intercambio entre científicos de países latinoamericanos que no puede ser considerado un mero reflejo de los circuitos que se establecieron a fines del siglo XIX en Europa y Estados Unidos. Una densa trama de intercambios da cuenta del surgimiento de circuitos regionales relativamente independientes: fluida correspondencia entre científicos; intercambio de publicaciones, folletos y revistas especializadas; visitas a laboratorios, museos e instituciones estatales; investigaciones de alcance regional o comparativo. Los congresos latinoamericanos, tanto científicos como médicos, fueron entonces nodales para articular estos intercambios y conectarlos con las agendas estatales. Hacia 1910 los vínculos de cooperación científica latinoamericana eran intensos, y se había consolidado una agenda común de temas de discusión interpretados por sus organizadores como particularmente relevantes para América Latina10.

Los gobiernos nacionales y sus cuerpos diplomáticos constituyeron actores protagónicos en estas reuniones: el Estado anfitrión financiaba el encuentro y aprovechaba el evento para difundir entre los delegados de otras naciones sus progresos y exhibir su poder en el contexto regional. De todos modos, sería un error vincular estos congresos de manera exclusiva a las relaciones internacionales entre países latinoamericanos. Los actores que participaron en ellos fueron diversos: delegados oficiales, instituciones científicas, asociaciones profesionales, organismos públicos e individuos. Las discusiones tenían lugar en las distintas secciones donde, luego de escuchar y debatir cada ponencia, se votaban las propuestas del orador. Las conclusiones aprobadas en cada sección eran elevadas a una sesión plenaria de la que emanaban las recomendaciones a los Estados, consensuadas por todos los miembros del congreso. En los tres primeros encuentros, el peso de los adherentes individuales fue considerable, y relativamente reducida la influencia de las negociaciones oficiales en la elaboración de las conclusiones.

Así, pues, a medida que avanzó la postura panamericanista con la inclusión de una delegación estadounidense en el congreso de Chile (1908-1909) y, finalmente, con la realización del congreso en Washington (1915-1916), estas reuniones tomaron un carácter decididamente oficial. Se conformó un nuevo escenario para los intercambios entre países de América, condicionado por la dinámica de las relaciones internacionales y la creciente influencia de Estados Unidos en la región.

El Sistema Dactiloscópico Argentino encontró, entonces, nuevas vías para su difusión, pero rápidamente también un límite. En el contexto de la creciente competencia mundial entre sistemas de identificación a través de las impresiones digitales, Estados Unidos se alineó con la adopción del sistema Henry, que se difundió en el Imperio británico en los últimos años del siglo XIX y fue adoptado en Gran Bretaña para la identificación criminal en 190111. En el Segundo Congreso Científico Panamericano (Washington, 1915-1916) estuvieron ausentes Vucetich, su sistema y las discusiones sobre identificación.

9 Rodríguez, “South Atlantic Crossings”, 387-416.

10 Acerca del “latinoamericanismo” y el “panamericanismo” sobre el tema: Adriana Arpini, “Posiciones en conflicto: latinoamericanismo-panamericanismo”, en El pensamiento alternativo en la Argentina del siglo XX, t. I: Identidad, utopía, integración (1900-1930), dirigido por Hugo E. Biagini y Arturo A. Roig (Buenos Aires: Biblos, 2004): 31-50.

11 Sengoopta, The Imprint of the Raj, 53-200.

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2. Inicio de la difusión del Sistema Dactiloscópico Argentino. Segundo Congreso Científico Latinoamericano de Montevideo, 1901 Entre el 20 y el 31 de marzo de 1901 tuvo lugar en Montevideo el Segundo Congreso Científico Latinoamericano, donde se presentó por primera vez el Sistema Dactiloscópico y recibió los primeros avales científicos. Aunque en 1898 se había realizado en Buenos Aires el Primer Congreso Científico Latino Americano, la identificación no formó parte de los temas de debate en ese encuentro. Pero, además de la relevancia de este congreso para la historia de la identificación en América Latina, este segundo encuentro de científicos, académicos, profesionales y funcionarios latinoamericanos permitió afianzar los vínculos personales e institucionales en el Cono Sur. Si bien varios países de América Latina respondieron a la invitación que el Ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay hizo llegar a distintos gobiernos en nombre del Presidente de la República, una mirada más detallada de los participantes muestra un escenario diferente. Los Estados que adhirieron oficialmente fueron once: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela. Sin embargo, las diferencias en la designación de delegados oficiales fueron notorias: Argentina envió treinta y cuatro, Chile cuatro, y el resto de los países, uno o ninguno.

Por otro lado, Brasil no participó oficialmente en el encuentro, aunque tuvo una presencia muy significativa. Si se presta atención a las adhesiones institucionales se revela un panorama algo distinto del congreso: únicamente los países del Cono Sur estuvieron representados a este nivel12. Entre los adherentes personales, la abrumadora mayoría provenía de Uruguay (los países anfitriones generalmente congregaron la mayor parte de las participaciones individuales) y de Argentina, con algunas adhesiones de Chile y, en menor medida, de Brasil. Por último, con una presencia de entre uno y seis individuos, participaron Perú, Paraguay, Ecuador, México, Honduras y Guatemala.

Las adhesiones al congreso, tanto gubernamentales como institucionales y personales, muestran las vías de construcción de circuitos de intercambio para la ciencia en América Latina. La experiencia reunida por los organizadores argentinos en el Congreso de 1898 fue transmitida a sus pares uruguayos. La red de contactos, con sus datos y direcciones postales, era un capital acumulado que se iba incrementando de reunión en reunión. La invitación a participar fue enviada en nombre del “Señor Presidente de la República” por el Ministro del Exterior, dirigida a sus pares.

Los vínculos entre cuerpos diplomáticos y el establecimiento de relaciones regulares entre los nacientes Estados latinoamericanos se afianzaron a fines del XIX, y los congresos utilizaron esta plataforma para difundir sus convocatorias13. Sin embargo, la respuesta fue desigual: en el caso mexicano, estas invitaciones se extraviaron, en el peruano fueron abiertamente ignoradas, mientras que en Chile, por ejemplo, las bases del congreso fueron publicadas en el Diario Oficial, y en Bolivia se distribuyeron ochenta ejemplares entre médicos y “notables”. Para asegurar una mayor difusión se enviaron también invitaciones en forma directa a las “corporaciones científicas”, lo que puso en evidencia la existencia de circuitos de circulación muy diferenciados en América Latina:

12 Congreso Científico Latinoamericano, Organización y resultados generales del Congreso, t. I de Segunda reunión del Congreso Científico Latino Americano. Celebrada en Montevideo del 20 al 31 de marzo de 1901 (Montevideo: Tip. y Enc. “Al Libro Inglés”, 1901), 18-21.

13 Véanse: José R. Sanchís Muñoz, Historia diplomática argentina (Buenos Aires: Eudeba, 2010); Carlos Escudé y Andrés Cisneros, Historia de las relaciones exteriores argentinas, t. VII: La Argentina frente a América del Sur, 1881-1930 (Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, 1999).

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“Es en casos como éste que se llega a lamentar el aislamiento en que viven entre sí los países latino americanos. Toda buena voluntad se estrella contra las dificultades materiales. Para Venezuela, Colombia, América Central y Méjico hay que dirigir la correspondencia por vía de Europa y New York, y es difícil obtener datos sobre corporaciones y personas a quienes se debe invitar y sólo por casualidad se tiene conocimiento de alguna institución o de algún nombre ilustre. Esto explica la adhesión al Congreso de numerosas instituciones científicas del Río de la Plata, Chile, Bolivia y de varias del Brasil y la ausencia de otros países”14.

Los organizadores del congreso ventilaron con profusión en las Actas los graves problemas organizativos que enfrentaron. Uno de ellos aludía a la no existencia de una red consolidada que permitiera fluidos intercambios en toda América Latina, ni aún en el elemental nivel de las comunicaciones postales. Además, un sinnúmero de detalles debían ser sorteados para que la reunión pudiera concretarse con éxito, y muchas de estas dificultades fueron atribuidas a la falta de “cultura” de congresos de los adherentes y la tendencia a la improvisación propia del “carácter sudamericano”. Comunicaciones admitidas fuera de término, pagos en los que no se consignaba el nombre del adherente, o que eran enviados erráticamente a otras dependencias, confusión acerca de las características de las ponencias, o la creencia de que sólo podían ser presentados descubrimientos científicos o investigaciones originales. Todo atentaba contra el reclutamiento de adherentes y la formulación de un programa en conjunto. Pero además muchos desconfiaban de la viabilidad de realizar congresos científicos únicamente con participantes de la región. Imposibilidad que se entendía de manera doble: tanto por la falta de producción original vernácula como por la incapacidad organizativa de los latinoamericanos.

En conclusión, poco antes de la fecha estipulada para la inauguración del evento todo estaba todavía en el aire. El campo científico en Uruguay, pequeño y en formación, encontró graves dificultades para llevar adelante esta empresa internacional, que requería una cierta maduración: experiencia organizativa, diversificación disciplinar e inserción en redes personales, institucionales y diplomáticas. De todos modos, al acercarse la fecha de inicio, “la sugestión que naturalmente ejercen la novedad, la presencia de sabios del exterior, las reuniones, las fiestas” hicieron que los organizadores se vieran desbordados y que el congreso se desarrollara con éxito15.

A pesar de esto, el acto de apertura fue un evento nacional. Se realizó en el Teatro Solís, principal teatro de Montevideo, y el público se arremolinó en sus alrededores para ver descender de los carruajes a los congresales extranjeros, las damas de la alta sociedad montevideana y los funcionarios gubernamentales. Luego de entonar el Himno Nacional uruguayo, las primeras palabras del ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Herrero y Espinosa, delinearon el sentido que se adjudicaba a estos congresos en la construcción de una identidad latinoamericana frente a la europea: “No puede ser indiferente, señores, para el mundo civilizado, esta congregación de hombres de pensamiento, hijos de un continente que abarca todas las zonas y latitudes del planeta, representantes de cincuenta millones de seres que viven regidos por las mismas instituciones políticas, que hablando idiomas semejantes y que, reconociendo un origen común, persiguen idénticos ideales de grandeza […] pocos imaginaban, y los de afuera menos, que en medio de nuestras luchas continuas, donde sólo parecía posible una selección retrógrada, se hubiera venido elaborando silenciosamente una generación de pensadores”16.

14 Congreso Científico Latinoamericano, Segunda reunión, VII-VIII. 15 Congreso Científico Latinoamericano, Segunda reunión, VIII-XV. 16 Congreso Científico Latinoamericano, Segunda reunión, 57.

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Lejos de las luchas que caracterizaron al siglo XIX, los congresos científicos permitían ofrecer una nueva imagen de América Latina como lugar de innovación, vitalidad, y además, como una unidad geográfica, demográfica y cultural en la que no se incluía a Estados Unidos. Por ejemplo, en 1901 la dactiloscopia fue presentada en el Segundo Congreso Científico Latinoamericano de Montevideo: por primera vez, el sistema era explicado a un público que excedía el ámbito de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Vucetich expuso su trabajo en la “Sección VII, Ciencias Sociales y Políticas”, que sesionó entre el 21 y el 30 de marzo en el salón de Actos Públicos de la Universidad de la República. Si bien no es posible conocer con certeza quiénes presenciaron las distintas ponencias, se conoce que la sección estuvo compuesta mayoritariamente por argentinos y uruguayos. Entre los veintidós trabajos presentados, sólo hubo una presentación mexicana, una brasilera y una chilena (aunque esta última fue leída en ausencia del autor). Presidía la sección el Dr. Manoel Alvaro de Sousa Sá Vianna, delegado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Río de Janeiro, que disertó sobre los tratados de arbitraje. Participó también en la sección el Dr. Emilio Pimentel, delegado oficial del Gobierno de México. En principio, el trabajo de Vucetich llegó al menos a Brasil y México a través del contacto directo con su presentación en el congreso. Si bien en el caso de Pimentel no hay registros de correspondencia posteriores al evento, el encuentro con Sá Vianna inició un vínculo epistolar que se puede rastrear hasta 191117.

Aunque en el congreso no se presentaron otros trabajos sobre identificación, se organizó una visita a la Cárcel de la calle Miguelete de Montevideo, donde se ubicaba la Oficina Antropométrica, dirigida, desde su creación —en la sede del Consejo Penitenciario en 1898—, por el Dr. Alfredo Giribaldi. Esta institución había adherido oficialmente al evento, y una importante delegación visitó el establecimiento penal. En la imagen 1 se puede ver a Giribaldi brindando una explicación sobre las ventajas del uso de la antropometría para la administración de justicia18.

Imagen 1. En la oficina Antropométrica, Montevideo, 1901

Fuente: “En la penitenciaría”, Rojo y Negro, 31 de marzo de 1901, 349.

17 Véanse: Correspondencia Brasil, desde P hasta Z, en Museo Policial de la Provincia de Buenos Aires “Inspector Mayor Dr. Constantino Vesiroglos”, La Plata-Argentina, Fondo Particular de Juan Vucetich (FPJV), caja 12, carpeta S; Correspondencia Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Norte América, Panamá, Perú, Santo Domingo, Carpeta México, desde A hasta Z, en Museo Policial de la Provincia de Buenos Aires “Inspector Mayor Dr. Constantino Vesiroglos”, FPJV, caja 33.

18 “En la penitenciaría”, Rojo y Negro, 31 de marzo, 1901, 349. El autor agradece esta referencia a Nicolás Duffau.

Hist. Crit. No. 60 · Abril-junio · Pp 81-101 · ISSN 0121-1617 · eISSN 1900-6152 doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit60.2016.05

En la sección de Ciencias Sociales y Políticas se discutieron varios trabajos sobre criminología, y, particularmente, estuvo presente el tema de la coordinación internacional. El problema del canje de antecedentes penales e información de identidad de condenados formaba parte, a inicios del siglo XX, de las preocupaciones de las élites estatales en distintos países de la región. A diferencia de lo ocurrido en el Primer Congreso Científico Latinoamericano, realizado en Buenos Aires en 1898, en 1901 la comprobación de la reincidencia y la coordinación internacional entre fuerzas de seguridad constituían claramente un objeto de discusión en este foro científico.

El trabajo del “Doctor” Vucetich —como fue nombrado sostenidamente en las actas, aunque no había realizado ningún estudio universitario— fue una de las últimas presentaciones. La expectativa acerca de los resultados de su ponencia era alta: “Mi trabajo ha despertado mucho interés de manera que no es extraño que pase a estudio de una comisión para que dictamine respecto a su utilidad y conveniencia de su adopción en toda la América del Sud y así proclamarlo sistema internacional”, comentaba por carta a su hija19. Las conclusiones que sometió a discusión eran ambiciosas: “La Sección de Ciencias Sociales y Políticas del Segundo Congreso Científico Latino Americano declara que vería con placer la adaptación en todos los países latino-americanos del sistema dactiloscópico como medio de identificación personal”20. Como no podía ser de otra manera, no fueron aprobadas en este sentido tan amplio. Giribaldi intervino elogiando el nuevo sistema, pero a continuación realizó una defensa del bertillonage y propuso modificar de la siguiente manera las conclusiones: “1ª La sección de Ciencias Sociales del Segundo Congreso Científico Latino Americano, ha oído complacida la exposición del señor Vucetich y declara que la dactiloscopia, obedeciendo á la clave ideada por aquel Congresal, es un complemento útil para la identificación de las personas y sumamente práctico en la identificación de cadáveres.

2ª La Sección de Ciencias Sociales del Segundo Congreso Científico Latino Americano emite un voto para que las naciones americanas ibero-latinas, internacionalicen el servicio de identificación de criminales y una comisión delegada de los gobiernos de cada país estudie el procedimiento que mejor armonice las exigencias de la identificación científica con las necesidades locales de su criminalidad respectiva y la aptitud de sus servicios policiales”21.

Ante esta propuesta de Giribaldi, Vucetich decidió retirar sus conclusiones. Se trataba de una primera legitimación, aunque acotada, que reconocía el valor del sistema y lo consideraba compatible con el bertillonage e incluso superior para la identificación de cadáveres (las impresiones digitales se mantienen inalteradas hasta la descomposición cadavérica, mientras que las medidas del cuerpo se modificaban rápidamente luego de la muerte). En segundo lugar, se planteaba la necesidad de internacionalizar la identificación de criminales y se abría la posibilidad de someter a debate cuál debía ser el método utilizado para este fin.

En suma, los discursos de cierre del congreso de Montevideo permiten vislumbrar las razones por las que la dactiloscopia se transformaría en gran protagonista del encuentro de 1905.

En la sesión plena de clausura del congreso de 1901, el Ministro de Fomento planteó la impor19 “Carta de Juan Vucetich a María Teresa Vucetich”, Montevideo, 25 de marzo de 1901, en Museo Policial de la Provincia de Buenos Aires “Inspector Mayor Dr. Constantino Vesiroglos”, FPJV, caja 70, leg. 130.

20 Congreso Científico Latinoamericano, Segunda reunión, 146.

21 Congreso Científico Latinoamericano, Segunda reunión, 146.

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tancia que esperaba tendrían las conclusiones del congreso: “Sociólogos y juristas distinguidos, médicos e higienistas eminentes, notables matemáticos e ingenieros, eruditos educacionistas, naturalistas y químicos de renombre, muchos de los cuales han logrado ya, por el poder de su sabiduría, salvar las fronteras de sus patrias e interesar con sus observaciones y descubrimientos a los sabios de Europa, han hecho sentir su elocuencia nutrida y convincente, en las variadas secciones de este Congreso, algunas de cuyas conclusiones serán aceptadas en todo el orbe”22.

Generar conocimiento latinoamericano que llamara la atención en Europa y, en definitiva, se difundiera globalmente era una pretensión muy ambiciosa a la que no muchas innovaciones pudieron aspirar. Sin duda, la dactiloscopia iba a resultar el invento ideal para calzarse este sayo y cumplir con creces estas ambiciones.

3. Un sistema sudamericano. Tercer Congreso Científico Latinoamericano de Río de Janeiro, 1905 El Tercer Congreso Científico Latinoamericano tuvo lugar en Río de Janeiro entre el 6 y el 16 de agosto de 1905. Se trató del primer encuentro en el que Brasil participó oficialmente, y lo hizo sin escatimar en lujos para los invitados. Este evento se destacó por el extenso programa de paseos y festejos establecido por los organizadores, para mostrar a los estudiosos y diplomáticos extranjeros el progreso de Brasil. La participación de delegaciones oficiales fue mayor que en el congreso anterior; estuvieron representadas trece naciones, además de la anfitriona, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Sin embargo, si se observa la composición de estas delegaciones, las diferencias son notorias con respecto al congreso de 1901: la cantidad de delegados que envió Argentina disminuyó casi dos tercios; se designaron sólo ocho uruguayos; las delegaciones de Bolivia, Chile, Paraguay y Perú también se redujeron. En este congreso, más del 30% de los delegados provenía de países del norte de Sudamérica, de América Central, el Caribe y México. Las repúblicas de Ecuador, Venezuela, Colombia, Nicaragua, Guatemala, Cuba y México enviaron cada una de ellas entre uno y cuatro delegados.

También la composición de los miembros adherentes se transformó. Como era habitual en estos encuentros, la abrumadora mayoría de las participaciones personales provino del país anfitrión (68%), seguido muy de lejos por Uruguay (11,5%) y Argentina (10,6%). Pero, más allá de estos tres países, hubo una gran diversidad entre los miembros adherentes: aunque con muy baja participación en cada uno de los casos, hubo asistentes de Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela23. A pesar de esta mayor diversidad en las delegaciones oficiales y las participaciones personales, la convocatoria institucional fue nuevamente escasa. Sólo hubo adhesiones de Argentina, Brasil, Chile, Haití, Paraguay y Uruguay, y, salvo en el caso de Brasil y Paraguay, las mismas disminuyeron con respecto a 1901. Si bien en este congreso la cantidad total de delegados oficiales se redujo, su composición regional se diversificó, al igual que las adhesiones personales.

22 Congreso Científico Latinoamericano, Segunda reunión, 198.

23 Antonio de Paula Freitas, Trabalhos preliminares e inauguração do Congresso, t. I de Terceira reunião do Congresso scientifico latino-americano celebrada na cidade do Rio de Janeiro em 6 a 16 de agosto de 1905: Relatorio geral (Río de Janeiro: Imprensa Nacional, 1906), 55-126. Las traducciones del portugués son del autor.

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La tercera reunión del congreso fue también muy diferente de la segunda en sus aspectos organizativos. Ya sea por la inconmensurable dimensión de los campos científicos de Brasil y Uruguay, de sus economías y estructuras de gobierno, o por la acumulación de experiencia de congresos anteriores, en 1905 el despliegue organizativo fue muy diferente. En los aspectos más estrictamente académicos, las características de los trabajos, la fecha límite para la presentación de los mismos, la distribución de resúmenes entre los participantes, estaban claramente especificadas.

También había sido planeado de manera detallada el programa del congreso, que alternaba sesiones de discusión con visitas y excursiones.

Los discursos de inauguración del congreso tuvieron algunos puntos en común con aquellos desplegados en Montevideo, pero profundizaron el latinoamericanismo y le dieron un nuevo contenido. En un contexto de creciente competencia imperialista entre las naciones europeas y de ascenso del poder de Estados Unidos en la región, la unión latinoamericana adoptó un nuevo sentido24. El presidente del congreso, el escritor, político y diplomático uruguayo Eduardo Acevedo, esperaba que los congresos permitieran a los países latinoamericanos “fortalecerse para defender su autonomía y construir una fuerza respetable frente a los principios del derecho internacional público”25. Su propuesta era diluir, en la medida de lo posible, las diferencias entre países latinoamericanos y, de este modo, generar el surgimiento de un bloque regional con algún peso económico y político en un contexto internacional conflictivo. A tal fin, resultaba central que en estos encuentros científicos se tendiera a homogeneizar legislaciones, remover trabas arancelarias, facilitar las comunicaciones, extender el ferrocarril; en otras palabras, hacer realidad que “cada hombre se considerare en su propio país, sea cual fuera el suelo americano que pise”26.

En los discursos de los distintos diplomáticos que hablaron en el acto de apertura se nombraba de una y otra forma esta nueva unidad a la que se aspiraba: “la causa de la confraternidad internacional americana”, “la inteligencia americana”, “nuestra América Latina”. Los científicos y los intelectuales eran la prueba tangible de que la época de luchas políticas intestinas había quedado atrás y una nueva “inteligencia” americana se empezaba a hacer presente en el contexto internacional. Si las memorias del congreso de 1901 habían revelado una fuerte desconfianza en las posibilidades de producir conocimiento original en América Latina, en 1905 estos documentos rebosaban optimismo: “Todo ahora cambió. Nuestra palabra comienza a llegar a todas las alturas y empiezan a oírse, en el coro de las voces universales, algunos ecos que nos llegan de esas remotas tierras. Ya Europa escribe nombres sudamericanos en el libro de oro de la ciencia y del trabajo. […] ¿Qué fue lo que pasó? Fuimos, entramos y trabajamos en todas las oficinas, vimos cómo se formaba el pensamiento, sorprendimos a todos los grandes luchadores en la acción y experimentamos en su nobilísimo imperio; […] comprendimos que teníamos un cerebro capaz de todas las ideas y una voluntad capaz de todos los esfuerzos; en otros términos: tomamos posesión de nosotros mismos, adquiriendo conciencia de la fuerza, sin la cual nada hay en la ciencia sino fracasos. Y trabajamos, y hablamos, y los viejos arúspices se dignaban algunas veces escucharnos… Esos hechos externos, tan auspiciosos, corresponden a una revolución interior tan feliz como profunda”27.

24 Véase: Leandro Morgenfeld, Vecinos en conflicto. Argentina y Estados Unidos en las Conferencias Panamericanas (1880-1955) (Buenos Aires: Continente, 2011).

25 Paula Freitas, Trabalhos preliminares, 171.

26 Paula Freitas, Trabalhos preliminares, 174.

27 Paula Freitas, Trabalhos preliminares, 196.

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Se señalaba que en pocos años había tenido lugar un gran cambio. De una posición pasiva, del rol del inexperto alumno que concurría a los centros europeos a absorber todas las novedades y las modernas formas de trabajo, se había pasado al rol activo de productores de conocimiento. El tiempo del aprendizaje había concluido y América Latina lo tenía todo para integrar el “coro de las voces universales”. La vitalidad y juventud de las nuevas naciones se expresaban en el surgimiento de ideas nuevas y nuevos ramos del saber. Era el momento del “ascenso hacia la ciencia propia, hacia el trabajo creador, hacia la investigación original”. El rol que se asignaba a los congresos era el de coronar este ascenso y, en este mismo movimiento, resguardar la autonomía de América Latina frente a las potencias mundiales: “Los pueblos que no saben serán vencidos, serán absorbidos, serán aniquilados, rodarán por el despeñadero de las razas muertas”28.

El sistema de identificación dactiloscópica ideado por Vucetich, que en este nuevo contexto cambió su nombre por “sistema Sud-Americano”, simbolizaba todas las aspiraciones expresadas.

Era una creación original, respondía a un problema universal, había surgido de las instituciones estatales, competía con el sistema francés, abría un nuevo campo de estudios, permitía la homogeneización de prácticas policiales, servía para atravesar las fronteras, superar la multiplicidad de prácticas locales y, a la vez, defender el territorio latinoamericano frente a la llegada de “mala inmigración” europea. La discusión entre dactiloscopia y antropometría tuvo un rol protagónico en este congreso, y no resulta extraño que su éxito haya sido arrollador.

Al iniciar Vucetich su presentación en la Sección de Ciencias Jurídicas y Sociales, planteó: “De lo que tengo que hablar es de la evolución de la dactiloscopia, de sus triunfos rápidos y de sus esperanzas invaluables”. En el cuestionario consensuado por los organizadores del congreso se habían establecido cinco preguntas que serían discutidas en el congreso pleno, y 36 en el grupo más reducido de la sección. Entre las cinco preguntas más generales, dos estaban vinculadas a la cuestión criminal y policial: “1º ¿Es posible obtener de la Policía de los diversos países uniformidad de acción, a fin de constituirse en una verdadera institución preventiva de la criminalidad? 2º ¿Es útil y posible organizar una estadística penal internacional?”. Se agregaba una pregunta específica sobre sistemas de identificación que sería resuelta en el seno de la Sección de Ciencias Jurídicas y Sociales: “4º ¿Cuál es el sistema preferible en materia de identificación, el sistema antropométrico de Bertillon o el sistema dactiloscópico de Vucetich?”29.

Vucetich presentó dos trabajos, uno destinado a consolidar la legitimación de su sistema y otro que constituía el resultado de su investigación sobre la Policía en Sudamérica, realizada a pedido del jefe de la Policía de la provincia de Buenos Aires, Luis Doyhenard, y redactada por Alberto Cortina30. De este modo, con sus ponencias respondió a la primera pregunta para el congreso pleno y a la cuarta de la sección. La segunda pregunta para el congreso pleno fue abordada por el jefe de la Oficina de Identificación de Río de Janeiro, Félix Pacheco, aunque el proyecto que

28 Paula Freitas, Trabalhos preliminares, 202.

29 Congreso Científico Latinoamericano, “Questionario Geral e Regulamentos”, en Terceiro Congresso Scientifico Latino-Americano (Río de Janeiro: Imprensa Nacional, 1905), 9-10.

30 Alberto Cortina y Juan Vucetich, La Policía en Sud-América. Primer estudio general realizado por iniciativa del señor Luis M. Doyhenard (La Plata: Talleres gráficos “La Popular”, 1905); Juan Vucetich, “A Policia Argentina e a Policia Brasileira”, en Terceiro Congreso Scientifico Latino-Americano (Río de Janeiro: Imprensa Nacional, 1905), 55.

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presentó no era de su autoría sino que había sido planteado por Vucetich en el Congreso de 190131.

Para esta ocasión, Vucetich presentó una ponencia titulada “El problema de la identificación”, en la que insertaba sus trabajos en una rica tradición de investigaciones cuyo máximo exponente, aunque no único, era Francis Galton.

La lista de apellidos extranjeros mencionados era extensísima, pero en ella ocupaban un lugar central los académicos franceses de la escuela de Lyon, discípulos del médico y criminólogo Alexandre Lacassagne. La escuela de Lacassagne, que tuvo gran importancia en Francia a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, asignó central importancia al ambiente para explicar las conductas delictivas, en oposición a las ideas del criminólogo italiano Cesare Lombroso, que priorizaba los factores biológicos. Entre los discípulos de Lacassagne se encontraban Edmond Locard —principal referente de la nueva ciencia criminalística durante la primera mitad del siglo XX— y el médico Alfred Yvert —que en 1904 defendió una tesis sobre identificación en la Universidad de Lyon, bajo la dirección de Lacassagne y Locard—32. Este trabajo, que fue ampliamente difundido en América Latina gracias a una traducción realizada por la Policía de la provincia de Buenos Aires, concluía: “Las impresiones digitales ofrecen una seguridad absoluta desde el punto de vista de la identificación. La dactiloscopia nos parece destinada a reemplazar a la antropometría, como base suficiente y necesaria de clasificación de las pruebas de identidad./ De todos los métodos de clasificación empleados, el que presenta mayores ventajas es el del señor Vucetich”33.

Esta definición de la ciencia francesa favorable a su sistema era para Vucetich la demostración más cabal de su superioridad. El triunfo científico en el congreso latinoamericano no se apoyó en una fina discusión técnica acerca de la validez de ambos métodos. No hubo un debate sobre los márgenes de error posibles en la clasificación de ciertos tipos de impresiones dudosas, o sobre la mayor frecuencia de algunas combinaciones de dibujos en la población, sino que el hilo argumental se centró en los abrumadores apoyos externos recibidos y en el éxito de su aplicación práctica en las oficinas locales. En Brasil, el 5 de febrero de 1903, el Gobierno había establecido que la identificación se subordinaría a la clasificación dactiloscópica. En Chile, el Jefe de Policía de Santiago era un adepto convencido de la dactiloscopia. En Uruguay se acababa de crear un gabinete de identificación dactiloscópica en la Policía de Montevideo, y en la ciudad de Buenos Aires, el Comisario de investigaciones Agustín Rossi también había adoptado su sistema. Por lo que las conclusiones propuestas por Vucetich fueron aprobadas en la sección y refrendadas, con mínimas modificaciones, por la sesión plenaria del congreso. Planteaban la absoluta supremacía de su método: “El sistema que más conviene adoptar es el ‘Dactiloscópico Sud-Americano’, como lo bautizaran los Dres. Lacassagne, Locard e Yvert, de la universidad de Lyon.

31 Véase: Juan Vucetich, “El sistema dactiloscópico”, Revista del Ateneo julio-octubre (1901): 426-427; Juan Vucetich, Conferencia sobre el Sistema Dactiloscópico dada en la Biblioteca Pública de La Plata por Juan Vucetich Jefe de las Oficinas de Estadística é Identificación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires el día 8 de septiembre de 1901, La Plata, 1901 [folleto].

32 Véase, sobre este punto, Martine Kaluszynski, La République à l’épreuve du crime. La construction du crime comme objet politique, 1880-1920 (París: IGDJ, 2002), 21-75.

33 Vucetich, “A Policia Argentina”, 6-7.

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La operación es simple, rápida y certera, permitiendo encontrar con seguridad y rapidez la individual dactiloscópica archivada en el registro […]

En el sistema dactiloscópico, la certeza no depende en absoluto del operador, cualquier impresión repetida el número de veces que se quiera es siempre igual […]

El dibujo digital es inmutable desde los últimos meses de vida intrauterina hasta la descomposición cadavérica […]

Sería muy ventajoso sustituir todos los antiguos sistemas por la aplicación pura y simple de la impresión digital, susceptible de ser empleada con la máxima utilidad en los actos de la vida civil, comercial, militar, etc. […]

La antropometría, por sí sola, NO IDENTIFICA […], al tiempo que la individual dactiloscópica, por sí sola, determina la identidad de la persona, asegurando que todas las Policías del mundo podrán leer una misma individual, cualquiera sea la clasificación que adopten, convirtiéndose así el ‘Sistema Dactiloscópico’ en un verdadero lenguaje universal”34.

El éxito del ahora llamado “Sistema Sud-Americano” —que adopta la denominación francesa— fue completo. El nombre mismo simbolizaba la concreción de los anhelos expresados por los distintos oradores en la inauguración del congreso: indicaba claramente que una innovación surgida de América Latina había sido reconocida por el mayor centro científico del mundo como producto de la ciencia regional. Simple, rápido, certero, seguro, económico, de fácil difusión, independiente de la capacidad de los operadores, ideal para identificar cadáveres y menores, para su uso forense, la identificación criminal, civil, comercial y militar, y, definitivamente, superior a la antropometría y susceptible de instrumentar los intercambios de información de identidades entre todas las Policías del mundo. Así definió el Tercer Congreso Científico Latinoamericano la dactiloscopia. Un éxito absoluto, como comunicaría eufórico Vucetich a María Teresa: “Permíteme mi hija que te diga, ha sido un éxito colosal […] muchas cosas tendría que decirte y son tantas que necesitaría algunas resmas de papel”35.

Pero en este congreso no se consagró únicamente el éxito del sistema dactiloscópico, sino también el de otro proyecto de largo aliento de Vucetich: la creación de gabinetes intercontinentales para el intercambio internacional de individuales dactiloscópicas. Ubicados en tres puntos, uno en América del Sur, otro en América del Norte (con incumbencia en América Central y el Caribe), y el último en una capital Europea, permitirían controlar los movimientos transatlánticos de individuos definidos como peligrosos. La propuesta fue presentada por Félix Pacheco, y sus conclusiones fueron aprobadas, con una pequeña modificación que agregaba un cuarto gabinete en América Central36. Por último, se aprobaron también conclusiones que recomendaban la creación de un Congreso Policial Americano, para uniformizar los modos de funcionamiento de distintas Policías en América Latina y facilitar una acción mancomunada que tendiera a la formación de la

34 Congreso Científico Latinoamericano, “Anexo 4. Secção de Sciencias Juridicas e Sociaes”, en Os Eleitos da Morte – Sessão plenaria – Concluções Votadas – Encerramento do Congresso, t. VII de Terceira Reuniäo do Congresso Scientífico Latino-Americano celebrada na cidade do Rio de Janeiro de ó a 16 de agosto de 1905: Relatorio geral (Río de Janeiro: Imprensa Nacional, 1907), 55-57. Las itálicas y las mayúsculas son del original.

35 “Carta de Juan Vucetich a María Teresa Vucetich”, 12 de agosto de 1905, en Museo Policial de la Provincia de Buenos Aires “Inspector Mayor Dr. Constantino Vesiroglos”, FPJV, Documentación suelta.

36 Congreso Científico Latinoamericano, “Anexo 4. Secção de Sciencias Juridicas e Sociaes”, 57.

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“Policía Internacional”. Si bien este congreso nunca se realizó, el Convenio Internacional de Policía que se firmó en Buenos Aires en octubre de 1905 fue la concreción posible de este proyecto37.

El Tercer Congreso Científico Latinoamericano de Río de Janeiro constituyó el punto máximo de la afirmación de una identidad latinoamericana independiente, tanto de Europa como de Estados Unidos. Los organizadores del siguiente encuentro, en Chile, decidirían incluir a la potencia del norte y cambiar la denominación por la de Congreso Científico Panamericano. Pero en 1905, el Sistema Dactiloscópico Argentino se transformó en Sistema Sud-Americano y fue respaldado por la ciencia latinoamericana de la manera más amplia y efusiva.

4. Identificación civil, nacional, e internacional. Cuarto Congreso Científico y Primero Panamericano de Santiago de Chile, 1908-1909 El Cuarto Congreso Científico (Primero Panamericano) se reunió en Santiago de Chile entre el 25 de diciembre de 1908 y el 5 de enero de 1909. Fue, en términos organizativos, el más importante realizado hasta el momento. La cantidad de países participantes se expandió a diecisiete, los delegados enviados por instituciones se duplicaron y las adhesiones personales se triplicaron en relación con el congreso de 1905. La envergadura del evento era difícil de comparar con los encuentros anteriores38. Cerca de 2.000 adherentes personales y 1.000 ponencias presentadas. Las actas fueron publicadas en veintidós volúmenes a lo largo de seis años, una diferencia notoria si se tiene en cuenta que Uruguay sólo había podido publicar un único volumen. La participación de Estados Unidos, lejos de ser tangencial, tuvo un peso muy significativo. Tanto en la cantidad de delegados oficiales como institucionales enviados, se ubicó en segundo lugar luego de Argentina (y, por supuesto, del país anfitrión). En cuanto a los adherentes personales, ocupó el tercer puesto siguiendo a Argentina y Perú. En las actas tiene también un lugar central, superado sólo por Argentina entre los países visitantes en el número de ponencias publicadas.

Pero, además de esta verdadera explosión en las dimensiones del evento, en Chile también se expandió notablemente la diversidad disciplinar. Si bien la cantidad de secciones del congreso fue semejante en 1901, 1905 y 1908-190939, en esta última reunión cada una de ellas se diversificó

37 En octubre de 1905 se reunieron en el Departamento de Policía de la Capital (Buenos Aires, Argentina) representantes de las Policías de la ciudad de Buenos Aires (Argentina), la provincia de Buenos Aires (Argentina), Montevideo (Uruguay), Río de Janeiro (Brasil) y Santiago de Chile. Acordaron el canje sistemático de antecedentes, la homogeneización de instrumentos burocráticos y el uso del sistema creado por Vucetich. Véase: Diego Galeano, “Inter-Urban Policing Networks. The Rise of South American Police Cooperation, 1905-1920” (ponencia presentada en el Congreso de la Latin American Studies Association, Toronto, Canadá, octubre 6-9, 2010); García Ferrari, Ladrones conocidos, 155-185.

38 Congreso Científico Latinoamericano, “Boletín I. Bases, programa y cuestionario general”, en Cuarto Congreso Científico (1º Pan-Americano) que se reunirá en Santiago de Chile el 25 de diciembre de 1908 (Santiago de Chile: Imprenta Cervantes, 1908).

39 Las siguientes secciones integraron los distintos congresos: 1901 -Ciencias Exactas, Ciencias Físico-Químicas, Ciencias Naturales, Ingeniería, Agronomía y Zootecnia, Ciencias Médicas, Ciencias Sociales y Políticas, Ciencias Pedagógicas, Ciencias Antropológicas; 1905 -Matemáticas Puras y Aplicadas, Ciencias Físicas, Ciencias Naturales, Ingeniería, Ciencias Médicas y Quirúrgicas, Medicina Pública, Ciencias Antropológicas, Ciencias Jurídicas y Sociales, Ciencias Pedagógicas, Agronomía y Zootecnia; 1908/1909 -Matemáticas Puras y Aplicadas, Ciencias Físicas, Ciencias Naturales, Antropológicas y Etnográficas, Ingeniería, Ciencias Médicas e Higiene, Ciencias Jurídicas, Ciencias Sociales, Ciencias Pedagógicas y Filosofía, Agronomía y Zootecnia.

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en subsecciones. El caso de las Ciencias Sociales fue el más notable, ya que se dividió en doce especialidades, algunas de las cuales incluyeron un tercer nivel temático: tanto Policía como Criminología constituyeron subsecciones de Ciencias Sociales.

En este congreso, Vucetich estuvo acompañado de quien fue su principal discípulo: el abogado Luis Reyna Almandos. El vínculo entre ambos se había iniciado cuando, en 1908, Vucetich solicitó el título de Perito en Identificación de la provincia de Buenos Aires, y el doctor Almandos fue designado por el gobierno provincial para realizar un estudio sobre el que basar la decisión40. Las ponencias que presentaron ambos en el congreso dejaban atrás las cuestiones discutidas en congresos anteriores: ya no se trataba de explicar una inédita novedad como en 1901, ni de legitimar científicamente el nuevo sistema, desbancar al bertillonage y generar mecanismos de intercambio policial entre ciertas ciudades como en 1905, sino de lograr la homogeneización de las nuevas prácticas a nivel nacional, extender la identificación a la esfera civil e implementar mecanismos de canje internacional o “universal”. Vucetich presentó tres trabajos: “Necesidad de Crear en cada país una oficina central de identificación”, “Estadísticas de criminalidad” y “Ficha o cédula informativa de canje universal”41.

El primer paso para lograr la universalización del sistema residía, para Vucetich, en centralizar los archivos en el nivel nacional. La enorme heterogeneidad de prácticas y la falta de coordinación entre oficinas dentro de las fronteras eran, sin duda, un obstáculo para cualquier intento de coordinación sistemática entre Estados42. En esta presentación, Vucetich planteaba además, con todas las letras, algo que se venía insinuado: la posibilidad de utilizar la dactiloscopia para los más diversos usos en la vida civil y comercial de las personas. Ésta constituía una vieja idea que se puede rastrear hasta el siglo XIX, no sólo en Vucetich sino también en Francis Galton o en Henry de Varigny, biólogo y divulgador científico francés cuyos trabajos introdujeron a Vucetich en el conocimiento de las impresiones digitales43. La identificación civil no era nueva, y algunos departamentos de Policía ya expedían Cédulas de Identidad, aunque este documento no era obligatorio. El planteo de 1908 era sustantivamente diferente: todos los habitantes de un territorio nacional, sin excepción, debían ser identificados por el Estado, y sus datos biométricos conservados en archivos centrales intercomunicados con sus pares de otros países.

Lejos de presentar este proyecto como parte de una estrategia de control estatal sobre las poblaciones, Vucetich se refería a él como un “servicio público”, ya que, “¿quién no se siente mortificado 40 “Solicitud de Juan Vucetich dirigida al Ministro de Gobierno Doctor Emilio Carranza”, 16 de julio de 1916, en Museo Policial de la Provincia de Buenos Aires “Inspector Mayor Dr. Constantino Vesiroglos”, FPJV; Luis Reyna Almandos, “Identificación de las personas. Extensión del Sistema Dactiloscópico Argentino. Su historia”, La Plata, 25 de octubre de 1908, en Museo Policial de la Provincia de Buenos Aires “Inspector Mayor Dr. Constantino Vesiroglos”, FPJV. 41 Al respecto: Julio Philippi, “Trabajos de la VII Sección Ciencias Económicas y Sociales”, t. II, y Trabajos del Cuarto Congreso Científico (1º Pan-Americano) celebrado en Santiago de Chile del 25 de Diciembre al 5 de Enero de 1908, vol. IX (Santiago de Chile: Barcelona, 1911).

42 En la historia de la identificación, la extensión de estos sistemas no fue en absoluto homogénea, sino que se produjo en principio entre los departamentos de Policía de ciertas capitales, y mucho después en todo el territorio nacional.

43 Antes de abrir su gabinete de identificación en 1891 en la ciudad de La Plata, Vucetich leyó un artículo de Henry de Varigny que explicaba, para un público amplio, las ideas de Galton. Este hecho fue decisivo para que comenzara a tomar las diez impresiones digitales de los detenidos a partir del primer día de funcionamiento de su oficina. Henry de Varigny, “Anthropologie. Les empreintes digitales, d’aprés M. F. Galton”. Revue Scientifique 47, n.° 18 (1891): 557-562.

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al ver que se investiga su origen y que se trata de comprobar si es ó nó delincuente?”44. Formulaba un argumento que hasta hoy está ampliamente extendido tanto entre la población como en los discursos de quienes impulsan la ampliación de sistemas de identificación, que sostiene que quien no tiene nada que ocultar se beneficia con la creación de amplios archivos que permitan identificar a los “malos”, distinguirlos de los “buenos” y evitar molestias innecesarias a estos últimos45. Las soluciones propuestas en sus distintas ponencias consistían en crear Oficinas Nacionales de Identificación, Carteras de identidad obligatorias para toda la población, y organizar el canje continuo de antecedentes penales “en todos los países de la tierra”. Para ello, presentó el proyecto de “Ficha de canje universal”, que articulaba las distintas escalas para abarcar la totalidad: intercontinental, internacional, interprovincial.

Este tipo de proyectos de coordinación global entre policías (organizada de modo sistemático y extendido a todos los antecedentes penales y fichas dactiloscópicas que se produjeran en todos los países del mundo), que en 1908 formaba parte de las discusiones internacionales sobre identificación, es aún hoy una utopía de control policial. Pero en los años previos al inicio de la Primera Guerra Mundial hubo quienes imaginaron la construcción de archivos globales, que permitieran identificar a todos los individuos del planeta que en alguna ocasión hubieran sido sometidos a un proceso penal.

Consideraciones finales Entre 1901 y 1909, la dactiloscopia encontró en el Congreso Científico Latinoamericano un ámbito propicio para su legitimación científica. El congreso fue una vía de difusión, pero su rol central consistió en instalar el debate acerca de los sistemas de identificación en un lugar privilegiado dentro de las ciencias sociales latinoamericanas y legitimar las prácticas, los discursos e iniciativas producidos desde distintas instituciones policiales y penitenciarias. Indisociables de la construcción de sistemas de identificación en América Latina, todos los momentos relevantes en la implementación de la dactiloscopia se pueden vincular a alguno de estos congresos. En 1901 se presentó por primera vez en público el nuevo método, que marcó el inicio de la difusión del denominado Sistema Dactiloscópico Argentino. En 1905, de igual forma, la dactiloscopia fue legitimada científicamente en este foro otorgándole un respaldo que facilitó su adopción oficial en la ciudad de Buenos Aires y la firma del Convenio Internacional de Policía entre Santiago de Chile, Buenos Aires, La Plata, Río de Janeiro y Montevideo. Bolivia y Paraguay se incorporaron al Convenio en el transcurso de 190646.

En 1908, la propuesta de conceptualizar la identificación como un nuevo “servicio público”, impulsar la nacionalización de los sistemas de identificación y mundializar el intercambio de información biométrica y de antecedentes penales tuvo un impacto más dispar. En efecto, alrededor

44 Philippi, “Trabajos de la VII Sección”, 313.

45 Véase Daniel J. Solove, “‘I’ve Got Nothing to Hide’ and Other Misunderstandings of Privacy”. San Diego Law Review 44 (2007): 745-772.

46 “De todo el mundo. Convenio Internacional de Policía. La Policía paraguaya”, Revista de Policía, 15 de enero, 1906, 12. En Uruguay, la firma del convenio estuvo sujeta al dictamen de la Sociedad Médica. Augusto Turenne y Bernardo Etcheparre, “Identificación. Antropometría y dactiloscopia”. Revista Médica del Uruguay 9, n.° 11 (1906): 101-126.

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de 1910, la identificación civil comenzó a expandirse en muchas naciones. En el caso de Uruguay y Cuba, por ejemplo, se crearon oficinas nacionales de identificación en 1912. En Argentina, los archivos militares incorporaron las impresiones digitales y se creó una nueva Libreta de Enrolamiento que incluía la huella del pulgar derecho y era de uso obligatorio para los varones argentinos mayores de edad. Este documento fue utilizado, además, en 1912 para demostrar la identidad en las primeras elecciones que se realizaron con voto secreto, obligatorio y universal para todos los ciudadanos varones mayores de 18 años de edad. La mundialización de la cooperación policial quedó, sin embargo, barrida rápidamente por la alta conflictividad del escenario internacional, y todo intento fue suspendido hasta después de la Primera Guerra Mundial47. En 1916, cuando se realizó el Segundo Congreso Panamericano en Washington (Estados Unidos), los sistemas de identificación no formaron parte de las discusiones relevantes. Estados Unidos tenía (y continúa teniendo) una aproximación sumamente distinta a este problema, muy alejada de las propuestas de extender la identificación a todos los habitantes, subordinar la independencia de los estados federales a una única oficina de alcance nacional, o intercambiar información penal de ciudadanos estadounidenses (aun criminales) con todos los países del globo.

Como se ha visto en este artículo, la rápida y entusiasta legitimación del sistema dactiloscópico “Vucetich”, “Argentino” o, finalmente, “Sudamericano” no puede ser interpretada únicamente como parte de las estrategias de los nuevos Estados para lidiar con los aspectos indeseados de la modernización y con los problemas que les planteó su inserción en flujos internacionales de personas (tanto transatlánticos como regionales). La dactiloscopia fue, en estos primeros años del siglo XX, una innovación excepcional que aunó ventajas prácticas y simbólicas. Sirvió como hilo conductor para estrechar vínculos entre instituciones policiales, pero además para ratificar las expectativas que las élites sudamericanas ambicionaban para la región. El caso de la dactiloscopia permitía afirmar que América Latina había logrado ponerse a la cabeza de la ciencia internacional.

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Un saber “sudamericano”. La dactiloscopia en el Congreso Científico Latinoamericano, 1901-1909 Mercedes García Ferrari

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Mercedes García Ferrari Investigadora-docente del área de Historia del Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de General Sarmiento (Argentina). Licenciada en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Nacional de Quilmes (Argentina), Magíster en Investigación Histórica y Doctora en Historia de la Universidad de San Andrés (Argentina). Integra los grupos de investigación Política y cultura en Argentina, siglos XIX y XX y Crimen y Sociedad. Entre sus últimas publicaciones se encuentran: “Una aproximación a las relaciones entre identificación y justicia en la Argentina, 1886-1933”. Estudios Sociales 25, n.° 48 (2015): 39-58; y, en coautoría con Diego Galeano, “Cartografía del bertillonage. Circuitos de difusión, usos y resistencias al sistema antropométrico en América Latina”, en Delincuentes, policías y justicias en América Latina, siglos XIX y XX, editado por Daniel Palma Alvarado (Santiago de Chile: Ediciones de la Universidad Alberto Hurtado, 2015), 279-311. mferrari@ungs.edu.ar

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Relaciones entre civiles y militares durante el Oncenio de Augusto Leguía (Perú, 1919-1930)❧ Carlos Camacho Arango

Universidad Externado de Colombia doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit60.2016.06

Artículo recibido: 02 de marzo de 2015/ Aprobado: 19 de agosto de 2015 / Modificado: 09 de septiembre de 2015

Resumen: Por medio del análisis de fuentes militares foráneas inéditas, este artículo examina las conflictivas relaciones entre civiles y militares peruanos durante un gobierno civil: el Oncenio de Augusto Leguía (19191930). La pregunta clásica sobre los militares suramericanos —¿por qué daban golpes de Estado con tanta frecuencia?— es sustituida por otra más amplia: ¿cómo funcionaban políticamente? Al empezar los años veinte, el Ejército peruano estaba fragmentado: algunos oficiales apoyaban el gobierno central y otros se le oponían. Los que sostenían el régimen eran recompensados, mientras que los que pasaban a la acción en su contra lo hacían por fuera de Lima, frecuentemente de la mano de líderes civiles, guiados por oficiales del grado de teniente coronel hacia abajo, y, probablemente, como reacción a medidas tomadas por el presidente Leguía contra el Ejército como institución o contra algunos oficiales en particular.

Palabras clave: fuerzas armadas, gobierno central, Perú (Thesaurus); relaciones entre civiles y militares (palabras clave de autor).

Relations between Civilians and the Military during the Oncenio of Augusto Leguía (Peru, 1919-1930) Abstract: Through an analysis of unpublished foreign military sources, this article examines the conflictive relations between Peruvian civilians and members of the military during a civil government: the Oncenio of Augusto Leguía (1919-1930). The classic question about South American military forces —Why they carry out coups d’etat so often?— is substituted by another, much broader one: How did they function politically?

In the early 1920s, the Peruvian army was fragmented: some officers supported the central government and others opposed it. Those that supported the regime were rewarded, while those who took action against it did so outside of Lima, frequently hand-in-hand with civilian leaders, guided by officers of the rank of lieutenant coronel and below, and probably in reaction to measures taken by president Leguía against the army as an institution or against specific officers.

Keywords: armed forces, central government, Peru (Thesaurus); relations between civilians and the military (author’s keywords).

Relações entre civis e militares durante o Oncenio de Augusto Leguía (Peru, 1919-1930) Resumo: Por meio da análise de fontes militares estrangeiras inéditas, este artigo examina as conflitivas relações entre civis e militares peruanos durante um governo civil: o Oncenio de Augusto Leguía (19191930). A pergunta clássica sobre os militares sul-americanos —por que davam golpes de Estado com tanta ❧ Este artículo es la versión en español modificada de una parte del texto: Carlos Camacho Arango, Le Conflit

de Leticia (1932-1933) et les armées du Pérou et de la Colombie: histoire-récit, histoire comparée, histoire croisée (tesis doctorado en Historia, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 2013). Esta investigación se financió con las becas otorgadas por el Centre d’études d’histoire de la défense (CEHD), del Ministerio de Defensa de Francia, y el Institut français d’études andines (IFEA, Perú).

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Relaciones entre civiles y militares durante el Oncenio de Augusto Leguía (Perú, 1919-1930) Carlos Camacho Arango

frequência? — é substituída por outra mais ampla: como funcionavam politicamente? No início dos anos 20, o Exército peruano estava fragmentado: alguns oficiais apoiavam o governo central e outros se opunham.

Os que apoiavam o regime eram recompensados, enquanto que aqueles que entraram em ação contra ele, faziam-no fora de Lima, frequentemente acompanhados de líderes civis, guiados por oficiais de patente de tenente-coronel para baixo, e, provavelmente, como reação a medidas tomadas pelo presidente Leguía contra o Exército como instituição ou contra alguns oficiais em particular.

Palavras-chave: Peru (Thesaurus); forças armadas, governo central, relações entre civis e militares (autor de palavras-chave).

Introducción

E

n los primeros decenios del siglo XX, las relaciones entre civiles y militares se transformaron con gran velocidad en toda Suramérica. Las reformas que se hicieron a los ejércitos desde finales del siglo XIX, de la mano de misiones militares europeas, pueden ser vistas en términos políticos como intentos por evitar que el liderazgo militar y político siguiera concentrado en una misma persona. Se puede empezar a hablar entonces de profesionalización de los militares y también, en contraste, de profesionalización de los políticos. Sin embargo, estos procesos no marcaron el fin de los problemas entre unos y otros: sólo modificaron su naturaleza. En Perú, espacio de este estudio, pese al trabajo continuo de instructores franceses, algunos oficiales entraron de lleno en el escenario político en 1914 con el golpe de Estado que tumbó al presidente Guillermo Billinghurst. Luego llegaron al poder por otros medios —además del golpe de 1930, del que se hablará más adelante—: junta de transición (1931), elección popular (el mismo año) y designación —inconstitucional— del Congreso (1933). Las relaciones entre civiles y militares suramericanos siguieron evolucionando, y en la segunda mitad del siglo XX los problemas se presentaron con una fuerza desconocida hasta ese momento. Científicos sociales norteamericanos, suramericanos y europeos les prestaron mucha atención. Sus investigaciones pronto se agruparon bajo la etiqueta de Civil-Military Relations. Su objetivo fue develar las razones de los ejércitos para poner en marcha soluciones militares a problemas nacionales: ¿por qué los militares suramericanos daban golpes de Estado con tanta frecuencia? Las respuestas a esta pregunta pueden clasificarse, a grandes rasgos, en tres grupos.

El primero de ellos se enfoca en tradiciones culturales, al hacer énfasis en la permanencia de ciertas ideas y prácticas políticas, heredadas del medioevo ibérico o de los caudillos criollos del siglo XIX (hipótesis culturalista o esencialista). El segundo grupo amplía el marco geográfico — no el cronológico—, al comparar las naciones suramericanas con las que surgieron en la segunda mitad del siglo XX, gracias a la descolonización de África y Asia: la razón de tantos golpes sincronizados estaría en el subdesarrollo compartido, del cual los oficiales serían el antídoto —hipótesis de la modernización por medio del ejército—. El último grupo convierte a los militares en simples instrumentos para hacer la voluntad de terceros: externos, como Washington, o internos, como “la oligarquía” (hipótesis instrumentalista). Pese a los méritos de cada uno, estos modelos explicativos son ahistóricos y demasiado generales en el mejor de los casos, y, en el peor, terminan por justificar las dictaduras. El principal obstáculo analítico común radica en lo que ocultan: las

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peculiaridades nacionales, la naturaleza de los aparatos militares y, sobre todo, los protagonistas de esta historia —sus valores, el lugar que ocupan en la nación, o las tensiones entre ellos—. Para empezar a resolver estos problemas, este artículo retoma la propuesta del politólogo francés Alain Rouquié de llevar a cabo un análisis “realista y empírico” del poder militar. En él es necesario tener en cuenta tanto a las fuerzas políticas como a las instituciones militares, insertándolas al mismo tiempo en el Estado y en la sociedad a los que pertenecen. La pregunta clásica sobre los ejércitos suramericanos —¿por qué daban golpes de Estado con tanta frecuencia?— es reemplazada en este contexto por otra: ¿cómo funcionaban políticamente?1 Esta investigación se centra entonces en el Perú del Oncenio (1919-1930): los años en que Augusto Leguía fue su presidente casi todopoderoso. El caso analizado es interesante, por varias razones: está situado en la primera mitad del siglo XX, período al que se han consagrado muy pocos estudios de Civil-Military Relations; el poder político está en manos de un civil; y, por último, si bien es cierto que Leguía cayó finalmente debido a un golpe de Estado liderado por militares, no debe olvidarse que había debelado con mucha eficiencia varios intentos anteriores.

Más que las variables propias del golpe victorioso en 1930, interesa aquí buscar las constantes en las actuaciones políticas de los militares2 en los años 1920. Para lograr este propósito se utiliza un tipo de fuente inédita hasta el momento: los escritos de militares extranjeros residentes en Perú, como los agregados norteamericanos y los instructores franceses.

1. El legado de Benavides y Pardo A primera vista, la característica principal del Oncenio en términos militares fue la proliferación de intentos de oficiales por adueñarse del poder político. Así, pues, Augusto Leguía llegó a la Presidencia y salió de ella por medio de golpes en los que participaron oficiales del Ejército. Entre el principio y el fin de sus gobiernos, los intentos de golpe se multiplicaron —en especial entre 1919 y 1924—, pero estas interferencias de militares en la vida política de Perú no llegaron solas. Al examinar con detenimiento el Oncenio resulta evidente que Leguía trató por varios medios de debilitar el Ejército; por tanto, los golpes y los intentos de golpe forman sólo la mitad de la historia: fueron la contraparte de las interferencias de políticos, de distinta naturaleza, en la vida militar peruana. No se trata aquí de determinar quién pegó primero —la pelea había empezado antes de 1919—; más interesante es tratar de saber qué llevó a militares y políticos a la acción y cómo se agruparon cuando actuaron. Para lograrlo es necesario ampliar el marco cronológico y retroceder al menos hasta 1914.

El cuatro de febrero de ese año, una parte del Ejército ayudó a derrocar al presidente Guillermo Billinghurst. La iniciativa del golpe vino de un grupo de políticos —diputados, con el apoyo de la

1

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2 En este artículo la palabra “militares” sólo se refiere a los oficiales del Ejército.

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familia Prado3—, y los militares que entraron en acción —un grupo de oficiales encabezado por el coronel Oscar Benavides— lo hicieron sólo en Lima. Sus razones para actuar fueron varias, entre ellas el recorte del presupuesto de guerra hecho por un presidente que ha sido visto en la historiografía como un “precursor” del populismo latinoamericano, por sus coqueteos con el pueblo en plena República Aristocrática (1899-1919). Billinghurst habría reducido el porcentaje destinado a los militares de 24,75 a 21,60, y la diferencia habría ido a parar a ministerios relacionados con el desarrollo nacional4. Otro factor importante fue el rumor de que el problema de Tacna y Arica, heredado de la Guerra con Chile, sería solucionado mediante la venta de las provincias a este país, y no por el referendo estipulado al final del conflicto. Pero los episodios que le dieron el impulso definitivo al golpe fueron el intento de disolución del Congreso al empezar 1914 y la creación de una milicia popular el tres de febrero: la entrega de pistolas a civiles fue un gesto insoportable para muchos oficiales. Después del golpe, el Congreso nombró una junta de gobierno parlamentaria, y en mayo, además, nombró a Benavides presidente provisorio5.

El año 1914 marcó un quiebre en la historia, que se podría llamar “moderna”, del Ejército peruano, cuya cronología empieza con la llegada de la primera misión militar francesa, en 1896. Uno de los principales logros de los instructores franceses en sus primeros años había sido alejar a los oficiales peruanos de la tentación del poder político. Sin embargo, su éxito fue de corta duración pues aun antes de regresar a Europa a morir por su patria en 1914 vieron cómo sus enseñanzas caían en el olvido. La carrera de oficial se había establecido en Perú sobre bases firmes, pero esto no había bastado para ahuyentar los fantasmas del siglo precedente. Los oficiales del Ejército volvieron a ser decisivos en la política interna del país, y las tensiones que habían existido entre ellos hasta 1913, y que las misiones francesas habían podido controlar, se convirtieron en grietas.

El golpe fue nocivo para algunos oficiales. El ejemplo más sobresaliente es el del ministro de Guerra, general Enrique Varela, excombatiente de la Guerra con Chile y oficial respetado, asesinado mientras dormía en el cuartel de Santa Catalina por un grupo de sublevados. Pese a que no se conocen las razones precisas de este asesinato6, no es absurdo pensar en una retaliación por trabajar con el odiado Billinghurst y también en una manera de despejar el camino de Benavides a la Presidencia. Es difícil creer que los altos oficiales que colaboraban de cerca con el general Varela hayan aceptado el nuevo régimen de buena gana. Tal vez se contaron entre los oficiales que fueron retirados del servicio después del golpe; otros más, por el contrario, resultaron beneficiados. Benavides fue, desde luego, el primero. A la fama que había ganado tres años atrás al derrotar a tropas colombianas en el pequeño combate de La Pedrera, a orillas del río Caquetá7 —pues era el único jefe militar peruano en servicio activo que había vencido a huestes extranjeras—, se unía ahora el prestigio de ser también jefe del Estado —Benavides se ascendió a sí mismo, además, al grado de General de Brigada, en octubre de 1914—. El único oficial del Ejército que podía comparársele era el general Andrés Avelino Cáceres, héroe de la Guerra con Chile y expresidente. Pero 3 Lucie Bullick, Pouvoir militaire, 72-73.

4 Víctor Villanueva, El militarismo en el Perú (Lima: T. Scheuch, 1962), 38-39.

5 Peter Blanchard, “A Populist Precursor: Guillermo Billinghurst”. Journal of Latin American Studies 9, n.° 2 (1977): 270-271, doi: dx.doi.org/10.1017/S0022216X00020605; Franklin Pease, Breve historia contemporánea del Perú (México: FCE, 1995), 157.

6 Franklin Pease, Breve historia, 158.

7 El Mariscal Benavides, su vida y su obra (Lima: Atlántida, 1976), 174-193.

Hist. Crit. No. 60 · Abril-junio · Pp 103-122 · ISSN 0121-1617 · eISSN 1900-6152 doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit60.2016.06

Cáceres había visto disminuir su renombre al perder el poder a manos de civiles en 1895. Y con 78 años, y en situación de retiro en el momento del golpe, sus días estaban contados. Benavides tenía cuarenta años menos8, lo que aumentaba su poder de atracción.

El autonombramiento de Benavides como General fue el caso más notorio de ascenso irregular ordenado por el nuevo gobierno pero no fue el único. En ese momento se instituyó un sistema de premios y castigos paralelo al sistema fijado por las misiones francesas. Los ascensos en la jerarquía y los retiros del servicio activo debían hacerse en función del tiempo cumplido en un grado y de las capacidades profesionales de cada oficial probadas en exámenes. Benavides recompensó a los oficiales cuya actuación había sido decisiva en la toma del poder mientras castigaba a otros. Le importaron más la fidelidad y valentía de un subgrupo de oficiales —el suyo, desde luego— que el sentido de pertenencia al Ejército en su conjunto y las capacidades profesionales desarrolladas por el estudio y los años de servicio. Lo que muestra este caso es que la cohesión del Ejército peruano empezó a disminuir rápidamente.

Los premios y castigos irregulares continuaron durante la presidencia de José Pardo y Barreda (1915-1919), sucesor de Benavides y miembro del Partido Civil: dos alzas de salarios y un número de ascensos no visto desde 1895 —el año previo a la llegada de la primera misión francesa— pero también arrestos de oficiales9. El nuevo gobierno sintió pronto las consecuencias de la dispersión creciente del cuerpo de oficiales. En agosto de 1915, una rebelión militar en Huaraz fue reprimida, mientras que tres años después el mayor Armando Patiño Zamudio se sublevó en el Batallón Ancón de ingenieros militares, confiado en el apoyo prometido por seguidores del expresidente Augusto Leguía (1908-1912) y miembros del Partido Constitucional (seguidores del general Cáceres). Los planes fallaron, y Patiño se rindió sin luchar; entre tanto, doce oficiales terminaron en la cárcel10. También durante el gobierno de Pardo regresó de su exilio en Chile uno de los oficiales retirados del servicio activo por Benavides en 1914, el mayor Teodomiro Gutiérrez Cuevas.

Gutiérrez organizó milicias para luchar contra algunos hacendados en Puno y tomó el nombre de guerra Rumi Maqui (mano de piedra). Su compromiso con los indígenas había nacido a principios de siglo: siendo subprefecto de la provincia de Chucuito, departamento de Puno, había prohibido los trabajos gratuitos, lo que le había valido el retiro del cargo por presiones de los propietarios locales. Durante el gobierno de Billinghurst había sido enviado a Puno para investigar abusos cometidos contra la población indígena. Sobre este acontecimiento elevó un informe amplio al Presidente, quien intentó buscar soluciones. Pero el golpe de 1914 interrumpió todo. De regreso a Puno, Gutiérrez estuvo al mando de un grupo armado hasta que el ataque y saqueo a una hacienda desataron la persecución por parte de tropas regulares. Después de la derrota militar fue enviado a la cárcel, donde desapareció en 1917. De inmediato Rumi Maqui se convirtió en un personaje de leyenda11. Lo más importante para este artículo es la eliminación de otro oficial notorio, después del general Varela, en circunstancias misteriosas.

El Ejército peruano no formaba una unidad compacta en los años que precedieron el inicio del Oncenio. Esto lo sabía muy bien el candidato a la Presidencia Augusto Leguía. Como queda 8 Ministerio de Guerra y Marina, Escalafón general del ejército: actividad, disponibilidad y retiro (Lima: Imprenta Americana, 1919), 5, 49.

9 Lucie Bullick, Pouvoir militaire, 74.

10 Allen Gerlach, “Civil-Military Relations in Peru: 1914-1945” (tesis doctorado en Historia, University of New Mexico, 1973), 105, 111-114.

11 Franklin Pease, Breve historia, 159-160.

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dicho, él mismo había tratado de sacar provecho de las rupturas prometiendo apoyo al mayor Patiño Zamudio en contra de Pardo, en 1918. Pese al fracaso de esta rebelión, su estrategia siguió siendo la misma. Así, en las elecciones de 1919 intentó ganar las simpatías de oficiales para su movimiento político manteniendo la alianza con el Partido Constitucional, cuyo líder —el general Cáceres— era el único militar capaz de rivalizar con Benavides en prestigio y, por lo tanto, en fuerza de atracción de los demás militares. Su fórmula para la Vicepresidencia fue el general César Canevaro, dirigente del Partido Constitucional, muy cercano a Cáceres12. Leguía ganó en las urnas pero aseguró por la fuerza su ascenso al poder ante la posibilidad de que el gobierno de turno no reconociera su victoria y le impidiera tomar posesión del cargo.

En el golpe del cuatro de julio de 1919 participaron oficiales del Ejército, pero los más importantes de ellos no estaban en actividad: el mayor Florentino Bustamante, líder de la rebelión del Primer Regimiento de Policía, estaba en situación de retiro, y el coronel Gerardo Álvarez, cabeza del ataque a palacio, había pedido su paso a la disponibilidad transitoria el 15 de diciembre de 1915, pocos meses después del inicio del gobierno de Pardo13. Por el contrario, muchos oficiales en actividad conectados directamente con este gobierno salieron de sus cargos. El coronel Pedro Pablo Martínez, jefe del Estado Mayor General; el coronel Samuel del Alcázar, jefe del Quinto Batallón de Infantería en la guarnición de Guadalupe, y el teniente coronel Ernesto Montagne, director de la Escuela Militar, intentaron en vano oponer resistencia al golpe. Estos militares presentaron luego renuncia al Ejército, junto a otros altos oficiales, entre ellos el general Manuel Ponce, jefe del Gabinete Militar, y el coronel José Luis Salmón, director del Servicio de Artillería del Ejército.

Las cartas de renuncia fueron publicadas por el diario El Comercio14. Esta actitud llamó la atención del agregado militar de Estados Unidos en Lima: “It appears that the idea of these men is that they were personal servants and not servants of the State, and they appear to feel that they are in honor bound to resign from service on account of the deposition of their chief ”15.

El agregado tenía razón: en los cinco años transcurridos desde 1914 —los mismos en que no hubo misión militar francesa—, muchos altos oficiales habían establecido relaciones personales estrechas con Pardo. El Ejército era entonces un factor de desequilibrio, más que de equilibrio, para el nuevo presidente. Pese a que el apoyo del héroe Cáceres hacía pensar que el asunto de Tacna y Arica no tendría necesariamente una solución diplomática, el nuevo presidente continuó en el Oncenio la política exterior que había tenido en su primer gobierno: dar a su país unos límites definitivos sin recurrir a la fuerza, lo que reducía al mínimo el rol del Ejército. En cuanto a su papel de garante del orden público, otras fuerzas, no necesariamente militares, podrían cumplirlo.

Debilitar el Ejército fue entonces el objetivo principal de Leguía en asuntos militares. Su estrategia de sacar provecho de las rupturas había dado resultados. Una vez en el poder, la complementaría con otras medidas, que pueden clasificarse en individuales e institucionales, según el nivel al que estuvieron dirigidas.

12 Gerlach, Civil-Military Relations, 117.

13 Ministerio de Guerra y Marina, Escalafón 1919, 25, 54.

14 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 1 de agosto de 1919, en National Archives and Records Administration (NARA), Washington D.C-Estados Unidos, Record Group (RG) 165, 2033, doc.15. 1; Gerlach, Civil-Military Relations, 125-126.

15 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 17 de julio de 1919, en NARA, RG 165, 2033, doc. 9.

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2. Medidas individuales a favor y en contra de oficiales del Ejército Leguía interfirió de principio a fin de sus gobiernos en la evolución de la carrera de cada uno de los oficiales más importantes del Ejército, y de muchos más, premiando o castigando su comportamiento en función de la confianza que le inspiraran. Los mecanismos para premiarlos caso por caso fueron los ascensos y nombramientos por fuera de las normas fijadas por las misiones francesas, siguiendo el ejemplo de Benavides y Pardo. Pero lo primero que hizo Leguía fue reintegrar a algunos oficiales que se habían quedado por fuera del Ejército antes de 1919. Los casos más notorios fueron los de los coroneles Manuel Rivera y Hurtado y Gerardo Álvarez, el mayor César Landázuri y los oficiales de la frustrada rebelión del Batallón Ancón, en 1918: Rivera y Hurtado pasó de la prisión donde lo había mandado Pardo —al rebelarse contra él en 1915— a la Prefectura de Lima16; Álvarez fue nombrado jefe del Estado Mayor General en reemplazo del coronel Martínez, por un decreto que agradecía sus acciones del cuatro de julio, día del golpe; a Landázuri se le reconoció antigüedad desde el cuatro de febrero de 1914, día del golpe de Benavides —lo que hace pensar que había salido del Ejército ese día—, y fue nombrado jefe provisional de la Casa Militar del Presidente17; y los sublevados de Ancón fueron restaurados en sus grados por medio de argucias legales18. De acuerdo con la investigadora Lucie Bullick, en 1919 “El número de militares a los que se concede la antigüedad sin tener derecho es seis o siete veces más elevado que el normal”19.

Antes de terminar el año, los ascensos se habían acelerado y multiplicado. El líder de la rebelión de Ancón, mayor Armando Patiño Zamudio, fue ascendido a Teniente Coronel después de salir de prisión20. El ya mencionado coronel Álvarez recibió el grado de General, al igual que el coronel Antonio Castro, quien se había encargado de mantener bajo control las tropas del norte del país el cuatro de julio. En ese momento, Castro estaba en situación de retiro, era senador por el departamento de La Libertad y uno de los líderes del Partido Constitucionalista21. La cabeza de este partido, el general Cáceres, también recibió su premio bajo la forma de un ascenso: fue nombrado Mariscal, grado que no existía en la jerarquía militar heredada de las misiones francesas. Tan insólito como el grado alcanzado fue la fecha en que lo alcanzó: el diez de noviembre de 1919, día de su cumpleaños número 83. Para Leguía, ése era el mejor regalo para el amigo fiel que había asegurado su llegada al poder, organizando el Ejército —al menos una parte de él— para la elección22.

16 Gerlach, Civil-Military Relations, 126-127.

17 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 1 de agosto de 1919, en NARA, RG 165, 2033, doc.15.

18 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 1 de agosto de 1919, en NARA, RG 165, 2033, doc.19.

19 “Le nombre de militaires auxquels on accorde l’ancienneté sans qu’il y aient droit est six ou sept fois plus élevé que normalement”, Lucie Bullick, Pouvoir militaire, 78.

20 Gerlach, Civil-Military Relations, 114.

21 “Jefe de la misión naval de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia naval”, Washington, 15 de abril de 1925, en NARA, RG 38, C-10-A/17531.

22 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 14 de noviembre de 1919, en NARA, RG 165, 2033, doc. 27; Ministerio de Guerra, Escalafón general del ejército: actividad, disponibilidad, retiro, reserva (Lima: Imprenta Americana, 1923), 15.

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Las medidas individuales servían para premiar a los oficiales leales, pero también para castigar a los que no lo eran y prevenir deslealtades futuras. Los mecanismos en estos casos eran diversos.

Los más comunes eran los retrasos deliberados de ascensos —reverso de los ascensos acelerados— y los traslados de un lugar a otro del Perú —reverso de los puestos estables en la capital—. Por ejemplo, tan pronto regresó a Perú una misión militar francesa, su comandante constató los “constantes cambios de asignación de los oficiales superiores y subalternos, que hacen absolutamente imposible cualquier trabajo serio y continuo”. La fecha temprana del informe (1920) hace pensar que este tipo de traslados no había sido inventado por Leguía. Cuatro años más tarde, poco antes de regresar a casa la última misión francesa, su comandante explicó las causas de esta anormalidad.

Bastaba cualquier desacuerdo con el prefecto, subprefecto, senador, diputado o cualquiera de los numerosos agentes del Estado —léase del presidente—, para que un oficial fuera trasladado por simple solicitud de un funcionario: “No es raro ver a un oficial moverse así cinco o seis veces el mismo año”. Los militares ya sabían lo que les esperaba, por eso preferían quedarse en Lima23.

El servicio regional —encargado de hacer todo el trabajo de reclutamiento sobre el terreno— se convirtió en un mecanismo para deshacerse de muchos oficiales, al enviarlos a los lugares más remotos, en condiciones de trabajo deplorables y sin mando de tropa. Un oficial francés escribía al respecto, en español: “No hay amor por el trabajo ni temor por la responsabilidad ante el fracaso de una guerra, debido a que no existe la estabilidad más o menos larga en los puestos (lo que da margen al no establecimiento de la responsabilidad, en las deficiencias, omisiones e incumplimiento de sus funciones)”. Mencionaba además las “influencias” de los oficiales (diputado, senador u “otro compañero”) “para que los saquen del puesto”24. Las relaciones con civiles poderosos en el nivel local, regional o nacional determinaban entonces el destino de muchos oficiales, de acuerdo con su voluntad pero también en contra de ella.

El caso del coronel Enrique Ballesteros ilustra los traslados forzados de oficiales en los primeros años del Oncenio. Un año después del golpe de 1919, Ballesteros fue relevado de la comandancia de la Tercera Región militar (Arequipa), acusado de intentar conspirar. Antes de irse publicó una carta en El Heraldo de Arequipa, en la que a su vez acusaba de intrigante al Ministro de Guerra y también al Coronel que lo reemplazó en el cargo y antiguo comandante de la Segunda Región (Lima). El agregado norteamericano pensaba que las declaraciones de Ballesteros eran “largely correct” y que el Ejército estaba “entirely engaged too much in politics”25. Después de la destitución de Ballesteros, un grupo de oficiales ofreció un desayuno en su honor. La lista mostraría, según el agregado, los oficiales que no estaban “in simpathy with the present regime”: coroneles Sarmiento, Soyer, Pardo, Torres, Salmón, Martínez, Del Alcázar, Arenas, Díaz, Bonilla; tenientes coroneles Miró Quesada, Del Solar, Ramos, Bernales, Vallejos, Ibarra, Nalvarte; y mayores Fernando Melgar y Lizardo Franco26.

23 General Vassal, “Rapport”, “Perpétuels changements d’affectation des Officiers supérieurs et subalternes, qui rendent absolument impossible tout travail sérieux et continu”, Lima, 26 de enero de 1920, en Service Historique de la Défense, Département de l’Armée de Terre (SHD), Vincennes-Francia, subserie 7N, caja 3380, f. 6; General Pellegrin, “Étude”, Lima, 8 de julio de 1924, en SHD, 7N, caja 3412, f. 26.

24 General Vassal, “Memoria al coronel ministro de guerra”, Lima, 1920, en SHD, 7N, caja 3380, f. 22.

25 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 20 de agosto de 1920, en NARA, RG 165, 2033, doc. 44.

26 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 20 de septiembre de 1920, en NARA, RG 165, 2033, doc. 45.

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Los banquetes con invitados selectos tenían sus réplicas en el Gobierno. Para celebrar el cuarto aniversario en el poder, el Regimiento Guardia Republicana de la Gendarmería ofreció uno al que fueron invitados todos los que habían ayudado a dar el golpe del cuatro de julio, civiles y militares —Leguía declaró día cívico en honor de la independencia de Estados Unidos—27.

El año siguiente, el Presidente y su Ministro de Guerra (y primo), Alfredo Piedra, ofrecieron otro festín a 580 oficiales de Ejército, Marina y Policía de todos los grados para celebrar el centenario de la batalla de Junín. Al agregado norteamericano le pareció que el verdadero objetivo había sido apelar al patriotismo de los oficiales y “build up their loyalty and esprit”, pues el Gobierno no confiaba del todo en ellos28.

La trayectoria del pariente de Leguía durante el Oncenio deja entrever los mecanismos por los cuales se podía ganar o perder la confianza del Presidente. Piedra, por ejemplo, había participado activamente en el golpe de 1919 y había sido nombrado Jefe de la Policía Secreta. Según el agregado norteamericano, allí había: “gathered around him a large following of second class politicians, army officers of junior grades and government officials of secondary importance”.

En mayo de 1924 fue nombrado Ministro de Guerra como “fill-in”. Durante su permanencia en el cargo contribuyó bastante a indisciplinar el Ejército: “fomenting espionage and talebearing and receiving manifestations and services especially among the subalterns”. Al iniciar su segundo gobierno, en octubre Leguía lo confirmó en el cargo; sin embargo Piedra renunció el mes siguiente. Al parecer fue presionado a hacerlo por haber acumulado demasiado poder29.

Es evidente entonces que el sistema de vigilancia y denuncia de oficiales no contaba sólo con funcionarios civiles, lo que confirma la verosimilitud de las acusaciones del coronel Ballesteros contra sus colegas: los oficiales se vigilaban y delataban entre sí impulsados por funcionarios como Piedra. Sin embargo, ni siquiera estos funcionarios tenían asegurado su cargo, aun siendo primos del Presidente. Sólo Leguía era inamovible.

La aceleración y el retraso en los ascensos de oficiales, y los cambios de lugar y de cargo, contribuyeron a que el Presidente se afianzara en el poder, pero no llamaron tanto la atención de los civiles. La prisión y el destierro fueron, en cambio, las medidas individuales más notorias y a las cuales Leguía debe en gran parte su triste celebridad, sin duda porque afectaron tanto a militares como a civiles. Estas medidas fueron desde luego punitivas —contra los oficiales que participaron en los intentos de golpe—, pero también fueron preventivas: bastaba un rumor para proceder en contra de los supuestos conjurados. Al regresar de Italia, donde había sido enviado extraordinario y Ministro Plenipotenciario, el general Benavides fue detenido el tres de mayo de 1921 y deportado en el vapor Paita una semana después30. En julio de 1922, los coroneles Samuel del Alcázar y Fernando Sarmiento fueron puestos en el barco Ebro con destino a Nueva York31. Antes

27 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 13 de julio de 1923, en NARA, RG 165, 2657N, 316-2.

28 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 26 de agosto de 1924, en NARA, RG 165, 2033, doc.108.

29 “Jefe de la misión naval de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia naval, Washington”, en NARA, RG 38, C-10-A, 17531.

30 El mariscal Benavides, 319-320.

31 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 2 de agosto de 1922, en NARA, RG 165, 2657N, 242-2.

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de terminar el año, el teniente coronel Del Solar tuvo que tomar el Essequibo, acusado de complot contra el Gobierno32; el general Benjamín Puente, el coronel Edgardo Arenas —prefecto de Lima bajo Pardo—33 y el capitán Cavero fueron arrestados34. Al empezar el año siguiente le tocó el turno a los coroneles Martínez y Salmón, al teniente coronel Beingolea, y a los capitanes Demaison y Raunelli35. Entre los generales y coroneles mencionados, al menos Alcázar, Martínez y Salmón habían presentado renuncia a sus cargos en 1919 —al parecer no les fue aceptada—, pero todos sin excepción habían desayunado con el coronel Ballesteros en Arequipa el año siguiente.

Las medidas individuales del Oncenio en contra de los oficiales del Ejército alcanzaron su punto más alto —o más bajo, según se le mire— en noviembre de 1924, pocos meses después de la primera reelección de Leguía. Después de cinco años de ascensos retrasados, de cambios constantes de lugar y cargo, y de encarcelamientos y destierros, dos oficiales fueron fusilados en la plaza de Chota (departamento de Cajamarca) por tropas de la Primera Región provenientes de Lambayeque. Se trataba del ya mencionado coronel Del Alcázar y del teniente Carlos Barreda: ambos habían sido desterrados por el régimen. Después de regresar de incógnitos al Perú se habían alzado en armas en la ciudad de Cajamarca y sus alrededores con el apoyo de algunos civiles, en lo que llamaron “Revolución de Restauración”. Su movimiento fue debelado, al igual que otros movimientos anteriores de la misma naturaleza, aunque esta vez el castigo fue mucho más fuerte y espectacular que antes. Si la intención del Presidente era amedrentar a los oficiales y disuadirlos de actuar en su contra, todo indica que tuvo éxito.

En los cinco años siguientes no se registraron más levantamientos liderados por oficiales del Ejército. Es verdad que regresaron al final de los años veinte con nuevos bríos, pero no es menos cierto que Leguía —al empezar su segunda presidencia consecutiva— parecía haber alcanzado el objetivo de debilitar el Ejército mucho más allá de sus expectativas de 1919. Los oficiales que ese año hubieran podido liderar una rebelión estaban muertos, desterrados, en prisión, o se habían convertido al credo de Leguía. De acuerdo con el agregado norteamericano, una dictadura militar en Perú ya no era probable. No existía un partido puramente militar, ni agrupaciones de oficiales de ningún grado36. Sin duda tenía en mente al Partido Constitucional, cuyos líderes (veteranos de Chile) fueron muriendo uno a uno: el general Canevaro, en 1922; el general Juan Norberto Eléspuru y el propio Cáceres, en 1923, y el general Augusto Erón Bedoya, en 192637.

Los oficiales que quedaban en el Ejército no formaban un cuerpo, o si lo hacían, éste era un cuerpo fracturado. La fractura estaba diagnosticada con precisión: pasaba entre los grados de Mayor y Teniente Coronel. Hasta el grado de Mayor, los ascensos se hacían por decreto supremo 32 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 20 de noviembre de 1922, en NARA, RG 165, 2657N, 242-5.

33 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 30 de diciembre de 1922, en NARA, RG 165, 2657N, 284.

34 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 14 de noviembre de 1922, en NARA, RG 165, 2657N, 274; 13 de enero de 1923, en NARA, RG 165, 2657N, 290.

35 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 6 de febrero de 1923, en NARA, RG 165, 2657N, 242-8.

36 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 30 de abril de 1926, en NARA, RG 165, 2033, doc. 119.

37 Iván Millones, “Los caceristas de la República Aristocrática: composición social, intereses y principios del Partido Constitucional (1895-1919)”. Histórica 28, n.° 2 (2004): 154.

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del Presidente, con base en la recomendación del Ministerio de Guerra —“by selection”, en el lenguaje militar anglosajón—. La política intervenía pero se podía ascender por mérito. A partir del grado de Teniente Coronel, los ascensos en razón exclusiva de méritos eran imposibles, sólo podían obtenerse “by special law of congress, on recommendation, as a rule, of the executive, and are personal, no vacancies existing upon separation from the service”38.

Antes de dejar Perú, el último jefe de la misión militar francesa ponía sus esperanzas en los oficiales de estado mayor del grado de Teniente Coronel hacia abajo. De este grado (incluido) hacia arriba lo único que importaba era tener el favor del Gobierno, o mejor, de Leguía, pues las cámaras y los ministros estaban a su “completa devoción”. Mientras más subiera el oficial, más vigilado estaría y menos autoridad real tendría. Su valía profesional contaba poco, lo que importaba era que el Presidente pudiera confiar en él pues temía una revolución. Los oficiales sospechosos de “tibieza” no ascendían, eran enviados lejos de Lima y privados de comando de tropa —al ser nombrados jefes provinciales, por ejemplo—. Los que mostraban ser leales eran ascendidos: “Como ejemplo típico de esta mentalidad citaría, entre muchos otros, el caso de un mayor que fue nombrado teniente coronel en las últimas promociones sólo porque hizo llegar al gobierno una carta de uno de los generales deportados en la que le preguntaba si podía contar con él para organizar un movimiento revolucionario”. Los oficiales ya conocían los mecanismos, y la mayoría utilizaba “todos los medios para congraciarse” con Leguía y su séquito: prefectos, senadores, “agentes electorales conocidos o por conocer”. La conclusión era clara aun antes del fusilamiento de Del Alcázar y de Barreda: “el alto mando del ejército peruano no existe”. Al finalizar 1923 había diecisiete generales, incluidos los que estaban en retiro, en el Congreso o deportados, “y que, de acuerdo con las leyes vigentes, siguen siendo considerados en actividad”. En realidad, sólo tres estaban en servicio activo. En Lima los generales hacían parte de un Consejo, “especie de tribunal supremo de la justicia militar […] un areópago que no hace mayor cosa”39.

En 1926, la mayoría de coroneles no tenía posiciones acordes con su rango, sólo ocho de los veintidós en actividad ocupaban cargos que en realidad debían ocupar generales: los cinco comandos de división, la jefatura del Estado Mayor General, del Gabinete Militar, y el puesto de Intendente General. Los tenientes coroneles subían con impulso, pero eran detenidos en su grado, y tenían que ocupar los puestos que correspondían a los coroneles, es decir, los más importantes y de mayor responsabilidad40. Además de la fractura, como puede verse en este artículo, había también un desfase. Los observadores militares extranjeros no veían con claridad quién pudiese comandar el Ejército peruano en caso de guerra.

38 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 13 de enero de 1923, en NARA, RG 165, 2033, doc.85.

39 “Comme exemple typique de cet état d’esprit je citerais, entre beaucoup d’autres, le cas de ce Commandant qui a été nommé Lieutenant Colonel aux dernières promotions uniquement parce qu’il a communiqué au Gouvernement une lettre d’un des Généraux déportés qui s’adressait à lui pour savoir s’il pourrait compter sur lui pour organiser un mouvement révolutionnaire […]”; “tous les moyens pour se mettre dans les bonnes grâces”; “agents électoraux connus ou secrets”; “le haut commandement péruvien n’existe pas”, “et qui, aux termes de la loi de situation continuent à être considérés comme en activité”, general Pellegrin, “Étude”, Lima, 8 de julio de 1924, en SHD, 7N, caja 3412, ff. 10, 20-22.

40 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 1 de octubre de 1926, en NARA, RG 165, 2033, doc.100-4.

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3. Medidas institucionales contra el Ejército y a favor de las otras Fuerzas Armadas El éxito de Leguía en su lucha contra el Ejército no se debió sólo a las medidas individuales citadas, sino también a las medidas institucionales que las acompañaron desde el principio del Oncenio.

No se trataba ya de acciones en contra de oficiales con nombre propio en un momento dado, sino de acciones de consecuencias duraderas en contra del Ejército en su conjunto o a favor de las otras Fuerzas Armadas del Estado. Todo indica que la mayor parte de las medidas institucionales en contra del Ejército fueron continuación de las que habían tomado Benavides y Pardo desde el golpe de 1914. Leguía jugó, por ejemplo, con el número máximo de oficiales, ampliándolo o reduciéndolo según sus necesidades. En una resolución ministerial del 20 de septiembre de 1919 se declaró un número de vacantes. Un artículo anónimo traducido por el agregado norteamericano criticaba esta medida: se consideraba que el número era exagerado y no tenía justificación, pues había muchos hombres en puestos fluctuantes en el Ministerio de Guerra. Tal vez lo más interesante era la raíz del problema para el autor velado, quien decía tener más de treinta años de experiencia militar: “The army is still suffering from the sad consequences of the revolution of the 4th February, 1914, that brought in its train the development of so many harmful ambitions”41.

Otra medida institucional importante fue el traslado de unidades enteras del Ejército. Como en el nivel individual, estos movimientos podían tener carácter preventivo o punitivo. Sólo tres meses después de su llegada al poder, Leguía ordenó pasar de Lima a Moquegua, en la frontera con Chile, a unidades sospechosas de conspirar en su contra, para reducir las posibilidades de éxito en caso de insubordinación. El desplazamiento se hizo en el mayor sigilo42. Tres años más tarde, después de una rebelión en Cuzco en el mes de agosto, varias unidades tuvieron que salir de esta capital, según recomendaciones de un coronel y del prefecto43. Y en 1924, como consecuencia de un motín en Arequipa, al sur de Lima, el Undécimo Regimiento de Infantería intercambió ciudad con el Quinto, en Lambayeque, al norte —lo mismo se haría en un futuro cercano con los de Caballería de ambas ciudades—44.

La tercera y última medida institucional identificada fue la manera en que Leguía utilizó las misiones militares francesas que regresaron a Perú pocos meses después del inicio de su gobierno, tras la pausa forzada de la Gran Guerra. Los oficiales franceses de mayor antigüedad fueron nombrados en los más altos cargos del Ejército. Lo mismo pasó con el general alemán Wilhelm Faupel, en la segunda presidencia consecutiva de Leguía (1924-1929). Los altos oficiales peruanos quedaron automáticamente excluidos de los cargos más importantes del Ejército, mientras estos estuvieron ocupados por oficiales foráneos. Esto no era, sin embargo, una novedad: lo mismo habían hecho los predecesores de Leguía desde Piérola, autor de la reforma militar que llevó a Perú las misiones militares al final del siglo XIX. La verdadera innovación en medidas institucionales en contra del Ejército llegó en 1924, cuando el Presidente decidió no renovar el contrato de 41 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 13 de octubre de 1919, en NARA, RG 165, 2033, doc.26.

42 Gerlach, Civil-Military Relations, 145.

43 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 7 de noviembre de 1922, en NARA, RG 165, 2033, doc.82.

44 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 23 de septiembre de 1924, en NARA, RG 165, 2033, doc.109.

Hist. Crit. No. 60 · Abril-junio · Pp 103-122 · ISSN 0121-1617 · eISSN 1900-6152 doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit60.2016.06

la misión francesa, interrumpiendo así una relación militar transoceánica tan estrecha como la de Chile y Argentina con Alemania, pero más duradera y mucho menos estudiada. Sin las exigencias constantes de los franceses de hacer del Ejército peruano una organización más profesional, el camino quedó libre para hacer de él cualquier otra cosa.

Mientras que en las medidas institucionales en contra del Ejército hubo continuidad, las que Leguía concibió para favorecer a la Armada y a la Policía fueron en conjunto mucho más innovadoras. Aquí puede verse con mayor nitidez una ruptura en la historia de las Fuerzas Armadas estatales peruanas. La Armada ganó una independencia con la que habían soñado mucho tiempo sus oficiales, pues dependía administrativamente del Ministerio de Guerra. A pesar de los orígenes sociales más elevados de sus oficiales y de su mayor grado de preparación técnica con relación a sus colegas del Ejército, la Armada pesaba mucho menos dentro del Ministerio. Esto se debía a la diferencia de tamaño entre los cuerpos de oficiales y tropas de ambas fuerzas y a la mayor cobertura geográfica del Ejército. Una de las primeras medidas del Oncenio fue separar administrativamente Armada y Ejército mediante la creación del Ministerio de Marina. En adelante, los oficiales navales no tendrían nada que ver con los oficiales del Ejército en su relación con el poder civil: un ministro propio serviría de intermediario. El primero fue el capitán Juan Manuel Ontañeda, nombrado como retribución por haber neutralizado la flota en el Callao durante el golpe del 4 de julio.

Los marinos tendrían además su propia fuerza aérea y, sobre todo, su propio presupuesto: con partidas propias, la Armada no tendría que disputarle porcentajes al Ejército. Sin embargo, el presupuesto anual ordinario de la Marina fue mucho menor hasta el final del Oncenio: un poco más de 675.000 libras peruanas en 1929, contra un poco más de 1.680.000 para el Ejército, una diferencia de más de un millón de libras45. La preferencia de Leguía por la Armada se reflejó más bien en la contratación de una misión naval y aérea norteamericana —que tuvo durante el Oncenio la continuidad que no tuvieron las misiones militares francesas—, en las compras de destructores, submarinos e hidroplanos por intermedio de la nueva misión, y en la modernización de los equipos disponibles46. El nuevo poderío implicaba mayor responsabilidad en caso de guerra y, por lo tanto, disminución de la importancia estratégica del Ejército.

Leguía quiso hacer de la Policía Nacional —no había policía departamental ni municipal— una fuerza capaz de ayudar al Ejército en caso de guerra en las fronteras, pero, sobre todo, capaz de contrarrestarlo en caso de problemas internos47. Esta prioridad se veía muy bien en la distribución de las grandes unidades de policía sobre el territorio nacional. Las comandancias —así se llamaban— no coincidían con las divisiones o regiones militares, grandes unidades en que estaba partido el Ejército.

En el espacio correspondiente a la Segunda División, alrededor de Lima, estaban las dos primeras comandancias: el Gobierno central quería tener cerca de él dos unidades de policía por una del Ejército. Lo contrario ocurría en el sur del país, lejos de la capital, en límites con Chile y Bolivia. Allí estaban destacadas las divisiones tercera y cuarta, pero sólo había una comandancia, la tercera48.

45 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 9 de abril de 1929, en NARA, RG 165, 2033, doc.140-3.

46 Gerlach, Civil-Military Relations, 153-156.

47 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 17 de marzo de 1924, en NARA, RG 165, 2033, doc. 96-2.

48 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 30 de abril de 1926, en NARA, RG 165, 2033, doc. 96-4.

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Para lograr el fortalecimiento de esta segunda fuerza armada, el Presidente tomó varias medidas. Una de las más importantes fue aumentar sus recursos. La Policía no le disputaba en principio ningún porcentaje al Ejército o a la Armada, pues su presupuesto dependía de un tercer ministerio: el de Gobierno y Policía. Pero, a diferencia del presupuesto de Marina, el de Policía sí se acercaba bastante al del Ejército. En 1924, por ejemplo, la partida anual para esta fuerza era de un poco más de un millón de libras peruanas, mientras que la Policía se llevaba casi 800.000. La diferencia, pequeña, se hace menor si se tiene en cuenta que la Policía no tenía en ese momento gastos por concepto de retiros, pensiones u hospitales49 y que, aun dos años después, el número de oficiales del Ejército (938) era más del doble del número de oficiales de policía (414) —el número total de hombres era casi igual: 6.391 en Ejército y 6.440 en Policía—50. En 1930, el último año de Leguía en el poder, el presupuesto de Policía llegó a 14’366.989.33 soles oro, después de un aumento de 2’621.891.59 con relación al año anterior. En ese mismo lapso, el presupuesto del Ejército se redujo en 576.123.67 soles oro51. Se ignora, por el momento, si lo que se quitó a una fuerza se le dio a la otra. Es posible que haya sido así, y, en cualquier caso, es probable que así lo hayan interpretado muchos oficiales del Ejército, entre ellos el teniente coronel Luis Sánchez Cerro, como se verá adelante.

Otro cambio institucional importante fue la creación de una carrera de oficial de policía con la ayuda directa de misiones europeas y de acuerdo con patrones de ese continente. Desde 1919, Leguía hizo en la Policía lo que Piérola había hecho en el Ejército al final del siglo anterior. Tan sólo un mes después del golpe, el nuevo Presidente ordenó crear una escuela de oficiales de policía, y antes de terminar el año, el Ministerio de Gobierno y Policía pidió a la Cancillería hacer las gestiones necesarias para traer una misión española. El acuerdo diplomático por el cual fue contratada esta misión se firmó en Madrid dos años después. Sus miembros fueron un teniente coronel, un capitán, un teniente y un sargento. Llegó a Lima al final de 1921, y después de un año de labores inauguró la Escuela de Oficiales, haciendo realidad el sueño de Leguía. Su contrato fue renovado dos veces: en 1926 y a fines del decenio de los veinte52.

Además de su labor educativa, la misión española empezó a regular la carrera de los egresados de su Escuela y de los oficiales del Ejército, que pedían traspaso porque sus carreras estaban frenadas. En la Policía, los ascensos se hacían con base en los años de servicio, y los salarios eran mejores —al menos desde 1926—53. Eran tantas las solicitudes en 1924 que el Ministro de Guerra pidió al Presidente un decreto supremo para regularlas54. Entre los suboficiales pasaba algo pare49 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 17 de marzo de 1924, en NARA, RG 165, 2033, doc.96-2.

50 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 30 de abril de 1926, en NARA, RG 165, 2033, doc.117.

51 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 18 de junio de 1930, en NARA, RG 165, 2033, doc. 145-3.

52 Ascensión Martínez, “Las relaciones el Perú-España 1919-1939. Temas clave y líneas de trabajo”. Boletín Americanista n.° 48 (1998): 163-164.

53 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 30 de abril de 1926, en NARA, RG 165, 2033, doc.117; “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 12 de septiembre de 1930, en NARA, RG 165, 2033, doc. 100-7; capitán Ronin, “Plan de renseignements”, Lima, 1931, en SHD, 7N, caja 3411, f. 134.

54 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 18 de marzo de 1924, en NARA, RG 165, 2033, doc.102.

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cido: ya en 1924 eran pocos los soldados que querían reengancharse en el Ejército al finalizar su servicio militar, pues ganaban sólo 1.300 libras peruanas mensuales como cabos. En la Policía se alcanzaba el mismo grado apenas con seis meses de estudio y el salario mensual era de diez libras peruanas, además de raciones y uniformes55. La Policía empezó a drenar el personal del Ejército tanto en el nivel de los oficiales como en el de los suboficiales.

En pocos años, las diferencias empezaron a notarse. Los agregados norteamericanos informaban sobre el contraste entre los uniformes, equipos y cuarteles de una fuerza y otra, y sobre la moral mucho más elevada de las nuevas unidades de policía56. Uno de ellos fue invitado a observar unas maniobras del Ejército en las afueras de Lima, bajo la dirección del general alemán Wilhelm Faupel, al empezar la tercera presidencia consecutiva de Leguía (1929). Los oficiales le parecieron no sólo confundidos sino también sucios. Al menos un cuarto de los soldados tenían la misma apariencia y andaban casi descalzos, debido al estado de sus zapatos. La culpa no era toda de los oficiales. En los dos años precedentes, el Ejército había sido descuidado: “Practically no money has reached the proper sources”, decía el oficial diplomático, mientras que el personal, el equipo y la moral de la Policía parecían muy superiores57. Un mes antes de su caída, Leguía favoreció de nuevo a la Policía en detrimento del Ejército, al comprar tanques para el Batallón de Ametralladoras del Ministerio de Gobierno: prueba de que la crisis económica no golpeaba a todas las Fuerzas Armadas con el mismo rigor. El agregado norteamericano hizo de inmediato el diagnóstico de la enfermedad: “There is a growing feeling in the army against the President, and the people are beginning to become restless”58.

4. Acciones de oficiales del Ejército contra Leguía Las medidas individuales e institucionales de Leguía contra el Ejército —lo que se ha llamado en la primera parte de este artículo interferencias de políticos en la vida militar peruana— sirven de contexto a las acciones de muchos oficiales en contra del Presidente: las interferencias de militares en la vida política. El primer levantamiento de importancia durante el Oncenio fue el del capitán Guillermo Cervantes en Iquitos en 1921, y el último, el de Sánchez Cerro en Arequipa, nueve años después —del que se hablará de nuevo—. Como se dijo atrás, la represión sangrienta de la “Revolución de Restauración” de Del Alcázar y de Barreda en la plaza de Chota, en noviembre de 1924, frenó este tipo de movimientos durante cinco años. A continuación se analizarán las más importantes interferencias de militares, en busca de sus características comunes y de las razones que los llevaron a actuar de ese modo.

El primer rasgo que llama la atención se encuentra en la cronología: las principales rebeliones contra Leguía fueron precedidas de cerca por medidas del Presidente contra oficiales o por anuncios de su permanencia en el poder. El levantamiento de Iquitos en 1921 ocurrió tres meses 55 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 8 de febrero de 1924, en NARA, RG 165, 2033, doc.101.

56 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 30 de abril de 1926, en NARA, RG 165, 2033, doc.117; “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 21 de junio de 1930, en NARA, RG 165, 2033, doc.146-1.

57 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 12 de septiembre de 1929, en NARA, RG 165, 2033, doc.126-6.

58 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 19 de julio de 1930, en NARA, RG 165, 2033, doc.126-8.

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después del encarcelamiento y destierro del general Benavides. La acción de Cuzco en 1922 tuvo lugar poco después de conocerse la posibilidad de que Leguía fuera reelegido. En fin, los inicios de la segunda (1924) y tercera presidencia consecutivas (1929) fueron seguidos por nuevos levantamientos o intentos de levantamiento. La sucesión de acontecimientos en el tiempo no equivale a una relación de causa y efecto, desde luego. Pero no debe descartarse la hipótesis de que las acciones más importantes de los oficiales en contra de Leguía tuvieron mucho de reacción.

El segundo rasgo que compartieron estos actos fue geográfico: todos ocurrieron en provincia.

Las medidas de Leguía para neutralizar a los oficiales que pudieran causar problemas dieron resultado en la capital y sus alrededores, donde había destacado dos comandancias de policía: la mayor parte de los oficiales arrestados estaba en Lima en el momento de su detención. En cuanto a las rebeliones que pudieron estallar a pesar del trabajo constante de la Policía Secreta, dos lo hicieron en Arequipa, una en Iquitos, otra en Cuzco y otra más en Cajamarca, ciudades en las que el peso del Ejército era mayor. En las dos primeras, las reivindicaciones de los oficiales se unieron a las de sectores civiles regionales, que se sentían olvidados por Lima y criticaban el centralismo del Oncenio. José Luis Bustamante y Rivero —reconocido abogado arequipeño, luego ministro de Sánchez Cerro y presidente del Perú entre 1945 y 1948—, por ejemplo, escribió el borrador que sirvió de base al manifiesto definitivo de la rebelión de 1930, redactado por todos los oficiales que participaron en el movimiento en sus reuniones secretas semanales, incluido desde luego Sánchez Cerro59.

La tercera característica común tuvo que ver con los protagonistas. Así, pues, excepto el coronel Del Alcázar, los demás líderes de rebeliones fueron oficiales con mando de tropa que no rebasaban el grado de Teniente Coronel: Cervantes, en Iquitos, en 1921; Sánchez Cerro y Jiménez en Cuzco, el año siguiente; en 1924, los del Quinto Regimiento de Caballería en Arequipa, y Barreda, en Chota; y en 1930, de nuevo Sánchez Cerro, esta vez en Arequipa. Entre ellos, al menos los dos primeros estaban unidos al general Benavides por lazos afectivos fuertes: bajo sus órdenes, Cervantes había desalojado a los colombianos de La Pedrera en 1911 y había sentido la misma frustración que su superior, al tener que abandonar el lugar por instrucciones de Leguía en su primera presidencia (1908-1912); Sánchez Cerro, por su parte, había participado activamente en el golpe que llevó al poder a Benavides en 1914 y había visto retribuidos sus servicios, como se verá adelante. La metáfora utilizada por Víctor Villanueva —historiador del Ejército peruano y en ese entonces oficial del mismo—, según la cual Benavides había manejado a Cervantes en Iquitos y a Sánchez Cerro en Cuzco “a control remoto”60, parece exagerada. A pesar de esto, no puede descartarse la hipótesis de que este prestigioso oficial incitara desde el destierro a sus antiguos subordinados a sublevarse contra Leguía: los destinatarios de cartas que invitaban a la rebelión no siempre delataban a los remitentes.

En estas condiciones, es necesario rechazar las explicaciones de las rebeliones de oficiales en función de la disminución del presupuesto destinado a guerra61. Desde 1919 hasta 1929, según el agregado norteamericano, el presupuesto de Guerra aumentó cada año en términos absolutos y pasó del 10,5 al 13,37% del total del presupuesto estatal. Hay que anotar, sin embargo, que entre 1922 y 59 Steven Stein, Populism in Peru. The Emergence of the Masses and the Politics of Social Control (Madison: The University of Wisconsin Press, 1980), 238 (nota 13).

60 Víctor Villanueva, Así cayó Leguía (Lima: Retama, 1977), 151. A Sánchez Cerro lo habría manejado hasta 1930, cuando “se arriesgó a jugar sus propias cartas”, Víctor Villanueva, El APRA en busca del poder (Lima: Horizonte, 1975), 32.

61 Villanueva, El militarismo, 52.

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1926 este porcentaje bajó de 14,6 a 11,77. Si se tiene en cuenta que la primera gran rebelión del Oncenio tuvo lugar en 1921, es posible que los recortes fueran más una consecuencia que una causa del problema que interesa aquí. El historiador Allen Gerlach, por su parte, no encuentra una correlación clara entre la situación económica y la inestabilidad de las relaciones entre militares y políticos62.

El dinero aparece entonces como una variable más en una ecuación, que incluye medidas contra el Ejército como institución; medidas a favor de las demás Fuerzas Armadas; medidas individuales en contra de algunos oficiales; intentos del Presidente de perpetuarse en el poder; y también una red de lealtades entre oficiales que había empezado a tejerse en el golpe a Billinghurst en 1914, o en la derrota propinada a tropas colombianas en 1911 en Puerto Córdoba/La Pedrera, o antes tal vez.

La trayectoria de Sánchez Cerro en el Ejército sintetiza toda la problemática de este artículo. En 1914 participó en el derrocamiento de Billinghurst, lo que le valió el ascenso a Capitán, “con apenas cuatro años de servicios como oficial”63. Luego fue nombrado Agregado Militar en Washington, un cargo con el que soñaban muchos oficiales, no sólo peruanos. Al llegar al poder Leguía en 1919, Sánchez Cerro hizo público su descontento con el nuevo gobierno en Iquitos, donde estaba destacado ya con el grado de Mayor. Permaneció en el Ejército, y en agosto de 1922 se levantó en armas en Cuzco en protesta por el encarcelamiento preventivo de su superior inmediato, sospechoso de rebelión. Fue encarcelado pero pudo fugarse y comandar de inmediato una segunda acción, esta vez acompañado del mayor Gustavo Jiménez. El movimiento fue aplastado por tropas leales. Jiménez fue desterrado y se exilió en Bolivia. Sánchez Cerro salió herido de gravedad y fue encarcelado, juzgado por una corte marcial, hallado culpable y enviado a la prisión de Taquila (en el lago Titicaca) hasta principios de 1923.

El año siguiente pudo regresar al servicio activo gracias a su antigua amistad con Alfredo Piedra, en ese momento ministro de Guerra, y en 1925 viajó a Italia y Francia en un destierro diplomático64.

De vuelta a Perú hizo gestiones, exitosas, para tener de nuevo mando de tropa. Su regreso al servicio activo después de haberse rebelado muestra que las medidas tomadas por el Gobierno durante el Oncenio no eran irreversibles. Lo único que salvaba a un oficial caído en desgracia era convencer al Presidente de que era digno de confianza. Esto no era fácil pero tampoco imposible, como lo muestra el caso del coronel Pedro Pablo Martínez, uno de los primeros oficiales en renunciar a su cargo al subir Leguía. Martínez fue encarcelado por sospechas de rebelión en abril de 1922; un año después fue liberado y en septiembre de 1923 nombrado prefecto de Lima; luego fue director de la Policía65. Como queda dicho en esta investigación, algunos oficiales entregaron al Gobierno las cartas en que los invitaban a rebelarse; entre tanto, otros enviaron telegramas de felicitación para ganar la gracia perdida: “Procedente de Arequipa. Presidente República. Lima.

Hónrome expresar especial congratulación jefes y oficiales batallón mi mando inauguración nuevo período presidencial que significa mismo rumbo progreso y engrandecimiento nacional. Respetuosamente Mayor Sánchez Cerro”66.

62 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 24 de abril de 1930, en NARA, RG 165, 2033, doc.145-2; Gerlach, Civil-Military Relations, 229.

63 Villanueva, Así cayó Leguía, 151.

64 Pedro Ugarteche, Sánchez Cerro. Papeles y recuerdos de un presidente del Perú, t. I (Lima: Universitaria, 1969), 10-73; Gerlach, Civil-Military Relations, 227-228.

65 Gerlach, Civil-Military Relations, 198-199.

66 José Vallejo, Conflicto Peru-colombiano. Charlas militares (Lima: Talleres gráficos del Diario La Tarde, 1934), 98. Enviado sin duda en julio de 1929.

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Un año después el mismo oficial, ahora con el grado de Teniente Coronel otorgado el primero de febrero de 193067 por un Congreso a merced de Leguía, cambió el “rumbo de progreso” y detuvo el “engrandecimiento nacional” con su golpe en Arequipa. La Armada no le sirvió de mucho al Presidente. Lo máximo que logró de ella fue enviar en avión a Arequipa a uno de los oficiales de la misión naval norteamericana, para disuadir a los sublevados con volantes y también con una bomba: fue capturado, juzgado y al final absuelto de los cargos en su contra —quizá por intercesión de la embajada de su país—68. La Policía tampoco ayudó ni controló los desmanes del pueblo. Esto se debió, según el agregado francés, a la deserción de su comandante, el general Gil de León, quien siguió en el cargo a pesar del cambio de régimen69. Los oficiales de policía abandonaron a sus hombres y quedaron sin estatus definido después del golpe. En el manifiesto de Arequipa, el 22 de agosto, Sánchez Cerro dejó claro que no quería a esta fuerza, pues veía en ella el instrumento con el que el régimen odiado pretendía reemplazar el Ejército70. En el mismo documento pidió también alejar el Ejército de la política71. Once años atrás (septiembre de 1919), Leguía y el jefe del Estado Mayor General se habían reunido con doscientos oficiales en el Palacio Presidencial y habían mencionado la necesidad de tener oficiales apolíticos72. En estos discursos, la palabra política era sinónimo de Pardo para Leguía y sinónimo de Leguía para Sánchez Cerro.

Conclusión El caso del Oncenio es interesante para los estudios de Civil-Military Relations, pues muestra las insuficiencias de sus principales modelos explicativos: el hecho de que el presidente Leguía tuviera como principal bandera de sus gobiernos el progreso material y que viera en Estados Unidos el socio ideal para alcanzarlo73 anula de entrada hipótesis como la “modernización por medio del Ejército” o la instrumentalista: la agitación militar de los años 1920 no se debió a que los oficiales fueran los adalides del desarrollo ni los títeres de Washington —no fueron una cosa ni la otra—.

Si bien es cierto que interfirieron en política, junto a líderes civiles de provincia, tampoco puede pensarse que fueran los guardaespaldas de “la oligarquía”74.

La evidencia empírica analizada, procedente en su mayoría de archivos militares foráneos, muestra que en Perú, en los años 1920, los militares no formaban políticamente un monolito: las grietas eran la regla, no la excepción. Es muy probable que sus interferencias en la vida política fueran reacciones a acciones del Gobierno central contra algunos de ellos o contra el Ejército

67 Ministerio de Guerra, Escalafón general del ejército. Primera parte: actividad y disponibilidad (Lima: Imprenta y librería del gabinete militar, 1931), 40.

68 Gerlach, Civil-Military Relations, 238-239.

69 Capitán Ronin, “Plan de renseignements”, Lima, 1931, en SHD, 7N, caja 3411, f. 134.

70 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 12 de septiembre de 1930, en NARA, RG 165, 2033, doc.100-7.

71 “Agregado militar de Estados Unidos, Lima, al director de inteligencia militar, Washington”, 4 de septiembre de 1930, en NARA, RG 165, 2657N, 327-8.

72 Gerlach, Civil-Military Relations, 144-145.

73 Juan Luis Orrego, El Perú del siglo XX (Lima: PUCP, 2014), 34-39.

74 La explicación por atavismos ibéricos (culturalista o esencialista) ya estaba desprestigiada cuando Roquié hizo el balance resumido en la introducción. No es imposible, sin embargo, que vuelva a ser tenida en cuenta algún día.

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como institución: desde 1919, el presidente Leguía fijó entre sus principales objetivos debilitar el Ejército para contrarrestar su peso político, y tomó medidas en consecuencia. Por último, cuando algunos militares interfirieron en política, lo hicieron de la mano de civiles y en contra de otros militares y civiles: si las relaciones entre civiles y militares van a concebirse en dos campos opuestos, cada uno de ellos debe contener tanto a unos como a otros. La vieja etiqueta Civil-Military Relations, o su traducción al español —relaciones entre civiles y militares—, es suficientemente amplia para cubrir estos nuevos enfoques y hallazgos.

La vieja problemática histórica de las relaciones entre civiles y militares, todavía tiene mucho que decir en países como Perú —y Colombia—, siempre y cuando los marcos cronológicos no se limiten a la segunda mitad del siglo XX, o a momentos en que los oficiales estén en el poder; los cuestionarios heredados de los años 1960 y 1970 se renueven, y se busquen respuestas en archivos inexplorados: ése es el camino que aspira a abrir esta investigación. La etiqueta Civil-Military Relations es suficientemente amplia para cubrir estos nuevos enfoques y hallazgos.

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❧ Carlos Camacho Arango

Docente-investigador del Centro de Estudios en Historia (CEHIS) de la Universidad Externado de Colombia. Historiador de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y Doctor en Historia de la Université Paris I Panthéon-Sorbonne (Francia). Entre sus últimas publicaciones se encuentran: “Colombia en el Mundo”, en América Latina en la historia contemporánea. Colombia. Tomo 4, 1930-1960. Mirando hacia adentro, editado por Malcolm Deas (Madrid: Fundación MAPFRE-Penguin Random House, 2015), 81-148, y “El regreso de los cañones franceses a Perú (1930-1933). Intermediarios y contingencias”. Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 42 n. ° 2 (2015): 267-298. camachoarango@gmail.com

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Los anfitriones del exilio chileno en México, 1973-1993❧ Claudia Fedora Rojas Mira

Centro de Estudios Avanzados/Universidad de Playa Ancha, Chile doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit60.2016.07

Artículo recibido: 07 de abril de 2015/ Aprobado: 11 de septiembre de 2015 / Modificado: 07 de octubre de 2015

Resumen: Este artículo busca explicar el carácter de las relaciones entre los gobiernos de Chile y de México antes del golpe de Estado de 1973 y durante el período que duró el exilio en México. El objetivo es adentrarse en la experiencia de exilio de los militantes de la izquierda chilena en México, a partir de su instalación en el país de acogida, revisando sus antecedentes y los actores principales del país receptor. Se concluye que, como resultado de las relaciones que se establecieron entre personalidades chilenas y mexicanas antes del golpe de Estado, fue posible la reproducción política, económica, social y cultural del exilio chileno en México.

Para ello se realizó una indagación de tipo documental —bibliografía y archivos—, que se confrontó con la información obtenida de entrevistas a personajes que estuvieron en el exilio o relacionados con el mismo.

Palabras clave: historia contemporánea, historia política, Chile, México, exiliado (Thesaurus).

The Hosts of Chilean Exiles in Mexico, 1973-1993 Abstract: This article seeks to explain the nature of the relations between the government of Chile and that of Mexico before the coup d’état of 1973 and throughout the entire period of Chilean exile in Mexico. The objective is to delve into the experience of exile of Chile’s leftist militants who took refuge in Mexico, by studying their background and that of their main sponsors in the country that received them. It concludes that as a result of the relations established between distinguished Chilean and Mexican personalities before the coup, the political, economic, social and cultural reproduction of Chilean exile in Mexico was made possible.

For this purpose, a documentary type of study was done —by reviewing bibliography and archives— which was then cross-referenced with information obtained from interviews of important figures who were either in exile or were related to those who were.

Keywords: contemporary history, Chile, Mexico, exile (Thesaurus); political history (author’s keywords).

Os anfitriões do exílio chileno no México, 1973-1993 Resumo: Este artigo procura explicar o caráter das relações entre os governos do Chile e do México antes do golpe de Estado de 1973 e durante o período que durou o exílio no México. O objetivo é adentrar-se na experiência de exílio dos militantes da esquerda chilena no México, a partir de sua instalação no país de acolhida, revisando seus antecedentes e os atores principais do país receptor. Conclui-se que, como resultado das relações que se estabeleceram entre personalidades chilenas e mexicanas antes do golpe de Estado, foi possível a reprodução política, econômica, social e cultural do exílio chileno no México. Para isso, realizou-se uma indagação de tipo documental —bibliografia e arquivos—, que se confrontou com a informação obtida de entrevistas a personagens que estiveram no exílio ou relacionados com este.

Palavras-chave: história contemporânea, Chile, México (Thesaurus); história política exilado (autor de palavras-chave). ❧ Este artículo está vinculado al proyecto CONICYT + FONDECYT/Postdoctorado 2016 + 3160229, titulado

“El exilio político chileno en Venezuela: coincidencias históricas y lecciones políticas (1973-1989)”.

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Introducción

A

raíz del golpe militar de 1973 que derrocó a Salvador Allende (1970-1973) y la consiguiente instauración de la dictadura cívico-militar (1973-1990), fueron muchos los Estados de los cinco continentes que acogieron perseguidos políticos chilenos. Amnistía Internacional estimó que, para junio de 1974, alrededor de ciento cincuenta mil chilenos salieron del país por razones políticas1 —la mayoría militantes y simpatizantes de la Unidad Popular (UP)2—. Esta apertura e inserción mundial trajeron consigo aprendizajes significativos, tanto individuales como colectivos, en diversos ámbitos: educativo, político, social y cultural, por mencionar algunos. Sólo en el campo político se evidencia una serie de influencias recíprocas entre los exiliados chilenos y los protagonistas de los países que acogieron a dicho exilio, y que recientemente están siendo abordadas en los estudios académicos. Desde la historia y las ciencias sociales prevalecen los estudios que se han centrado en aspectos sociales, culturales y/o jurídicos del fenómeno, y hacen falta más investigaciones que aborden su dimensión política, en el más amplio sentido.

El Gobierno de México fue, entre los gobiernos latinoamericanos, uno de los que desplegó una política de solidaridad notable con el exilio chileno de los años setenta. En este caso hubo, por una parte, razones históricas, políticas, culturales y académicas, y por otra, alianzas y relaciones personales que desempeñaron un papel determinante en ese apoyo que brindó México al exilio. El enorme prestigio de Salvador Allende, su muerte y los acontecimientos del 11 de septiembre de 1973 conmovieron fuertemente a la sociedad mexicana y contribuyeron a la notable solidaridad que se desplegó hacia los chilenos y al fuerte rechazo a la Junta Militar. Además, si bien es cierto que el refugio en la nación azteca no fue masivo, las autoridades mexicanas refrendaron su tradicional política de asilo y protección a perseguidos por razones ideológicas. En ese contexto se fundó la Casa de Chile en México, el 11 de septiembre de 1974; surgió por una iniciativa de Pedro Vuskovic Bravo —exministro de Salvador Allende—, que fue respaldada por un grupo de destacados intelectuales y personalidades mexicanos. Pero la decisión política fue del Gobierno mexicano, que encabezaba Luis Echeverría Álvarez (1970-1976). En este espacio concreto fue donde el exilio chileno actuó y construyó una plataforma política de organización y gestión de la causa del exilio tanto local como internacional.

Como se analiza en este artículo, se trata de un fenómeno que presenta varias dimensiones.

Para comprenderlo será necesario reparar en las relaciones previas al golpe de Estado en Chile entre el Gobierno mexicano, encabezado por el presidente Luis Echeverría, y el gobierno chileno de la UP, presidido por Salvador Allende; se describirán y analizarán las relaciones que se establecieron con algunas de las personalidades mexicanas más relevantes en el contexto institucional, y cuya influencia fue importante para la recepción de los migrantes políticos chilenos

1 Archivo Digital Casa de Chile en México (CCHM1), Olmué-Chile, caja 1, carpeta 3. Archivo privado conservado por la última subdirectora de la Casa de Chile en México (Sonia Daza Sepúlveda) y actualmente custodiado por la autora.

2 Coalición de centro-izquierda formada por la Acción Popular Independiente (API), el Partido Comunista (PC), el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), el Partido Radical (PR), el Partido Socialista (PS) y el Partido Social Demócrata de Chile (PSDCH). En 1971 se unió a la UP el Partido Izquierda Cristiana (IC).

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que aterrizaron en México. Para conseguir lo anterior se confrontó la información documental con la obtenida en entrevistas realizadas a un conjunto de sujetos que estuvieron en dicho exilio o relacionados con éste. Desde esta perspectiva es que la comprensión de los procesos sociales se enriquece con la mirada individual; a través de ella se pueden descubrir las diversas percepciones de los actores sociales sobre lo que conocemos como historia. Para terminar, nuestro enfoque en este estudio se propone contribuir a establecer el lugar del exilio político en la Historia de Chile y de México y, con ello, ampliar la visión de la historia política y social de América Latina, desde lo nacional a lo transnacional.

1. La Revolución Chilena en la “vocación revolucionaria” del régimen mexicano En 1973, año del golpe militar en Chile, gobernaba en México Luis Echeverría Álvarez (19701976), quien había sido el candidato por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Se debe señalar que el sistema político mexicano fue uno de los más estables de América Latina durante todo el siglo pasado —con el predominio de un solo partido hasta el año 2000—, con un fuerte énfasis en la figura presidencial. El PRI ejerció el monopolio sobre la Presidencia de la República desde su fundación en 1946 y mantuvo una estrecha vinculación con el aparato estatal3. Además, la relación corporativa entre sindicatos y Gobierno le permitió al PRI mantener esa hegemonía en el poder. Esto era reflejo también de una sociedad donde la célula básica era la familia patriarcal, controlada férreamente por el padre y por los miembros masculinos de ésta4.

Aunque existían otros partidos, como el Partido Popular Socialista (PPS) y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), su influencia era menor. En ese sentido, se diferenciaba del sistema político chileno, donde había un sistema multipartidista de transacciones y coaliciones.

Predominaba en México, como ya se afirmó, un gran partido hegemónico integrado por sectores heterogéneos que negociaban y consensuaban entre ellos, nombrándose a sí mismos como la “familia revolucionaria”, y que acataban incondicionalmente los liderazgos que se generaban en su interior5. De ahí que se hayan realizado numerosas caracterizaciones del sistema político mexicano, y en particular del período en que gobernó Echeverría. Por ejemplo, para el historiador y ensayista mexicano Salvador Novo se trataba más de un modelo de tipo aristocrático o cortesano, que de uno democrático6. Por su parte, el escritor mexicano José Agustín evalúa así la figura de Echeverría: “Luis Echeverría Álvarez, significativamente, fue el primer mandatario de México que jamás pasó por un puesto de elección popular, y su carrera más bien se desarrolló en los laberintos burocráticos. Era un experto del ‘control’, después de doce años muy intensos como subsecretario y secretario de Gobernación. Conocía muy bien las entrañas del sistema y se dispuso a utilizar al máximo el sacrosanto poder presidencial”7.

3 Soledad Loaeza, “El tripartidismo mexicano: el largo camino hacia la democracia”, en El asedio a la política.

Los partidos latinoamericanos en la era neoliberal, editado por Marcelo Cavarozzi y Juan Manuel Abal Medina (Rosario: Homo Sapiens, 2002), 1-17.

4 Oscar Lewis, Los hijos de Sánchez (México: FCE, 1965), 534.

5 Larissa Adler Lomnitz y Ana Melnick, La cultura política chilena y los partidos de centro (Santiago de Chile: FCE, 1998).

6 Salvador Novo, La vida en México en el periodo presidencial de Luis Echeverría (México: Conaculta, 2000), 119.

7 José Agustín, Tragicomedia mexicana. 2. La vida en México de 1970 a 1982 (México: Planeta, 2007), 18.

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Los trágicos acontecimientos de 1968 impactaron profundamente en la política interna del régimen mexicano y en su inserción en el mundo. Así, en lo económico, “El milagro mexicano” llegó a un tope e inició su declive. Aunque en términos del tiempo que toman los procesos históricos, el declive y el deterioro fueron lentos y, a veces, imperceptibles para algunos sectores de la sociedad. Se debe recordar que Echeverría, quien entró al poder en 1971, fue secretario de Gobernación (ministro del Interior) y uno de los responsables de la masacre de Tlatelolco, en 1968. Ya en la Presidencia, liberó a la mayor parte de los dirigentes del movimiento estudiantil, a cambio de exiliarlos en el extranjero, y proclamó su política de “apertura democrática”8.

Luis Echeverría, en particular, hizo esfuerzos denodados por vivificar la fallecida Revolución Mexicana. Por eso, los actos y gestos del presidente mexicano y de sus seguidores deben ser comprendidos bajo ese telón de fondo. En lo interno, su proyecto contuvo políticas populistas, y su política exterior estuvo orientada hacia la apertura, la participación y la consolidación de un liderazgo entre los llamados países del Tercer Mundo. Así lo recordó Gonzalo Martínez Corbalá, embajador de México en Chile durante el gobierno de la UP: “[…] Se presentaba en aquel momento una coyuntura muy propicia para adelantar los proyectos entre México y Chile. Desde mi punto de vista, si lo lográbamos, sería a favor de ambos países por igual, ya que, en donde intentaba realizarse el proyecto más ambicioso del mundo progresista, México se veía obligado a mantenerse en la vanguardia para reafirmar su vocación revolucionaria en lo internacional y lo nacional […]”9.

Para entender el carácter de la recepción que tuvo el exilio chileno en el mundo, y específicamente en México, es imperioso conocer cómo manejaron la UP y el propio presidente Allende sus relaciones exteriores. Lo primero que habría que decir es que esta política se delineó desde la Cancillería, pero con la participación activa del Presidente. Fue una política que inteligentemente publicitó los principales principios a los que adhería el gobierno de la UP en materia internacional y que respetaría en esa materia: el socialismo, la democracia, el pluralismo ideológico, la libertad, la legalidad y el Estado de Derecho. Asimismo se agregaron otros como el antiimperialismo, sustentado fuertemente por el Partido Comunista chileno (PC); y la vocación latinoamericanista y nacionalista del Partido Socialista (PS). Para ello contó con dos calificados cancilleres, Clodomiro Almeyda y Orlando Letelier, y con un grupo de embajadores elegido hábilmente para representar un gobierno socialista en las distintas realidades del mundo. Al respecto hay que decir que el Partido Radical (PR) había ganado un espacio importante en la administración pública chilena, y esto se reflejó también en el cuerpo diplomático. Dicha política se caracterizó además por mantener un ideal equilibrio entre la continuidad y el cambio, que obviamente tendría que traer consigo un régimen socialista. Todo este despliegue diplomático facilitó las relaciones internacionales del régimen de la UP, que logró mantener relaciones de mayor o menor cercanía, dependiendo de los alineamientos ideológicos de los distintos países, pero la mayor parte de las veces estas relaciones fueron exitosas y cercanas.

Los vínculos entre Chile y México en el siglo XX se manifiestan con los intercambios culturales, por ejemplo, las estancias de Gabriela Mistral y Pablo Neruda en México y la visita de José Vasconcelos a Chile. Sin embargo, estos vínculos se hicieron relevantes, para las respectivas políticas internas, con las visitas en 1972 de Luis Echeverría a Santiago de Chile y de Salvador Allende 8 Gabriela Díaz Prieto, “México frente a Chile: tiempos de ruptura y de exilio, 1973-1990” (tesis de pregrado, Instituto Tecnológico Autónomo de México, 1998), 125.

9 Gonzalo Martínez Corbalá, La historia que viví (México: La Jornada/El Colegio Mexiquense, s/a.), 145.

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a varias ciudades mexicanas. El Gobierno mexicano había iniciado una política de acercamiento hacia Chile —que respondía también a un cambio en la política exterior mexicana, que contempló la ampliación de sus relaciones internacionales—10, primero, con el envío de ayuda humanitaria por el terremoto que asoló a Chile en 1971; segundo, en el contexto de la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que se realizó en Santiago en 1972; y tercero, otorgando una significativa ayuda económica11. La relación que se estableció entre ambos presidentes repercutió en la posterior acogida de los exiliados en México.

El Gobierno mexicano valoraba el proceso chileno porque éste se definía como nacionalista, antiimperialista, constitucionalista y respetuoso del pluralismo ideológico; y porque tenía algunas coincidencias con los nuevos lineamientos de la política exterior mexicana, caracterizada como sigue por el investigador Carlos Rico: “[…] Énfasis en las temáticas de índole económica; diversificación de los mercados; tercermundismo; atención prioritaria a la diplomacia multilateral; búsqueda, a ese nivel, de aliados en la negociación; salida del hemisferio occidental como campo de acción privilegiado de la diplomacia mexicana; pluralismo ideológico; ampliación de relaciones diplomáticas; diversificación de las relaciones políticas; dosis significativa de ‘diplomacia presidencial’ directa […]”12. La cuestión chilena sirvió al debate político interno de México, y, de alguna manera, el PRI comparó la Revolución Mexicana con la Revolución Chilena: nacionalista, democrática, dentro del marco legal, y que cumplía el orden jurídico.

Haciendo una lectura socialdemócrata del gobierno de la UP, se evidenció el interés político de México por la experiencia chilena, generándose una mutua admiración. La visita de Echeverría a Chile ayudó a la legitimación continental del régimen de la UP, y, por su parte, la visita de Allende a México legitimó al gobierno de Echeverría en su propio país13. Este último manifestó abiertamente su admiración por Allende. Además, hay que agregar algunos aspectos que ambos compartieron y que contribuyeron a la relación, como lo relató Hugo Gutiérrez Vega14 —afamado poeta, ensayista, actor y diplomático mexicano—, que fuera presidente del Comité Mexicano de Apoyo a la Unidad Popular Chilena: “Tenía —Echeverría— una amistad personal con Allende. Habían sido miembros […] de la masonería. La masonería es muy importante, en el caso de Allende y en el caso de Echeverría.

Y Echeverría coqueteaba con las ideas socialistas, hablaba del ‘Tercer Mundo’ […] la visita de Allende fue clamorosa, fue extraordinaria, miles de gentes; Allende parecía candidato a algo. Yo nunca había visto tantos estudiantes en la calle, como cuando vino Allende a México. Entonces había muchas razones que explicaban el entusiasmo de Echeverría y María Esther, por Salvador; por el presidente y por Tencha. Que además había una amistad personal”15.

10 Carlos Rico, “Hacia la globalización”, en México y el mundo. Historia de sus relaciones exteriores, editado por Blanca Torres, t. VIII (México: El Colegio de México/Centro de Estudios Internacionales, 2010), 22.

11 Novo, La vida en México.

12 Rico, “Hacia la globalización”, 33-34.

13 Joaquín Fermandois, Chile y el mundo 1970-1973. La política exterior del gobierno de la Unidad Popular y el sistema internacional (Santiago de Chile: Universidad Católica de Chile, 1985), 137-142.

14 Hasta 2015, año de su muerte, fue director del suplemento “La Jornada Semanal” del periódico La Jornada, en México D.F. 15 Hugo Gutiérrez Vega (abogado, poeta, escritor, actor, catedrático, diplomático y académico), en discusión con el autor, 10 de febrero de 2011.

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La histórica visita del presidente chileno a México fue importantísima y bastante difundida por los medios de comunicación de la época. Desde entonces, en México se aludió con frecuencia al discurso pronunciado por Salvador Allende en la Universidad de Guadalajara. Para el escritor Salvador Novo: “[…] Con la visita de Allende, Echeverría terminó de ubicarse en una aterrorizante posición izquierdista, que si bien enfatizaba la independencia mexicana en las relaciones internacionales, puso en guardia a Estados Unidos e indignó a las derechas del país […].

No obstante, Echeverría apoyó hasta donde pudo al gobierno socialista de Allende. Le facilitó petróleo y créditos […]”16. No fue un respaldo sólo gubernamental. Con dicha visita se pusieron de manifiesto, también, la gran empatía y el apoyo que suscitó el gobierno de Allende entre los estudiantes, los círculos académicos y universitarios, los jóvenes en general y amplios sectores progresistas de la sociedad mexicana17.

En este apoyo tuvo un rol central un potente grupo de intelectuales mexicanos, porque para ellos el programa de la UP y la construcción del socialismo por una vía pacífica hicieron un contrapunto respecto de la Revolución Cubana. Para el mismo Hugo Gutiérrez Vega, que a su vez era hijo de refugiados españoles republicanos, se trató de: “[…] una experiencia formidable dentro del pensamiento democrático de izquierda […]. Lo que significó un gobierno que dentro de la ley cumplió su programa. Si usted analiza el programa de Allende se fue cumpliendo, pero puntualmente y sin romper las leyes. Dentro de la legalidad, dentro del orden constitucional, ese es caso único, no se ha presentado en otros países […]

Entonces, aprendimos, porque les preguntábamos mucho: ‘¿Cómo es posible que hayan hecho esto […] sin salirse del orden constitucional […]?’ Entonces a mí esto me parece admirable […] dentro de los anales de la democracia mundial, ya no sólo latinoamericana. Me parece un ejemplo notable. Se puede comparar a Olof Palme, en Suecia, que también siempre dentro de la ley hizo una serie de reformas; al Estado de Bienestar inglés, pero eso es Europa. El caso de América, el caso chileno es único […] en los anales de la historia de la democracia”18.

En tiempos de la UP ya se habían consolidado instituciones de carácter internacional que tenían sede en Santiago, tales como la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (Ilpes)19. En estas instancias, intelectuales y académicos mexicanos y latinoamericanos, entre otros, estrecharon vínculos con intelectuales y académicos chilenos, expresión de una voluntad de acercamiento y articulación de redes y equipos de trabajo, que el contexto del momento propició, con problemáticas tales como las estrategias de desarrollo para el Tercer Mundo20. En el caso de los mexicanos, y a modo de ejemplo, estuvo la relación entre Pablo González Casanova —exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)— y Pedro Vuskovic —exfuncionario de la Cepal y exministro de Economía del 16 Novo, La vida en México, 313-314.

17 Martínez Corbalá, La historia que viví.

18 Gutiérrez Vega, entrevista.

19 Rolando Franco, La Flacso clásica (1957-1973). Vicisitudes de las Ciencias Sociales latinoamericanas (Santiago de Chile: Catalonia, 2007).

20 Eduardo Deves, “Los cientistas económico sociales chilenos en los largos 60 y su inserción en las redes internacionales: la reunión del foro tercer mundo en Santiago en abril de 1973”. Universum 21, n.° 1 (2006): 138-167.

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gobierno de Salvador Allende21—. Hugo Miranda —militante del PR y director de la Casa de Chile en México— lo rememoró así: “[…] el exrector de la UNAM Pablo González Casanova va a Chile, tiene vinculación con la Universidad de Chile, dicta conferencias, tiene reuniones con el mundo intelectual y todo eso va concitando una amistad y un vínculo muy estrecho entre México y Chile.

Entonces hay, sin duda, el espíritu o el deseo de México de traerse el mayor número de intelectuales y académicos a su país. Así se logra y así se explica, por ejemplo, la permanencia de Pedro Vuskovic que sin duda fue un académico notable en Chile y en México”22.

En la misma línea, dichas instituciones formaron a intelectuales, científicos sociales y economistas mexicanos que tuvieron participación en el PRI, que gobernó México durante varias décadas. La Cepal desarrolló una importante labor de docencia a través del Ilpes, recibiendo a estudiantes de toda América Latina y, por supuesto, de México, quienes en su estadía estrecharon lazos con profesores e investigadores de la Cepal. Tales vínculos hicieron posible la apertura de las instituciones universitarias mexicanas para los intelectuales, investigadores y académicos chilenos que se exiliaron en México. Un caso emblemático es el de Rodolfo Stavenhagen23, destacado investigador mexicano, quien facilitó la entrada a El Colegio de México (Colmex) a algunos exiliados chilenos con los que ya había tenido relaciones de carácter académico, y a quien se debe también la fundación del Centro de Estudios Sociológicos del Colmex, en 1973, y de la Flacso (sede México), en 1975. Rodolfo Stavenhagen conversó personalmente con el presidente Luis Echeverría acerca de la necesidad de abrir la Flacso en México, debido al cerco de la dictadura chilena sobre dicha institución en Santiago. Con él negoció, por ejemplo, la cesión de terrenos federales para la instalación de la sede en Ciudad de México. Por lo tanto, la Flacso México se fundó como resultado de los acontecimientos de Chile, y en torno a ella se creó y preservó un espacio académico que potenció los estudios latinoamericanos y cobijó a un conjunto de intelectuales y académicos que llegaron exiliados a México huyendo de las dictaduras militares instauradas en varios países de América Latina durante ese período. En el ámbito académico, entonces, hubo una coyuntura favorable para la inserción de un número significativo de intelectuales latinoamericanos que ampliaron el quehacer académico de México e integraron la perspectiva latinoamericana en los estudios, que aún no ha sido suficientemente examinada24.

Ahora bien, la crisis de legitimidad del gobierno de Echeverría se debió en parte al drama de 1968; para paliar esta situación, otorgó una especial atención a los intelectuales y al desarrollo de la cultura dentro de los marcos institucionales del Estado. Ésta se expresó, por ejemplo, cuando

21 Ruth Vuskovic (diseñadora textil y antropóloga), en discusión con el autor, 28 de octubre de 2010.

22 Hugo Miranda Ramírez (abogado, político y diplomático chileno, diputado, senador y dirigente del Partido Radical), en discusión con el autor, 13 de febrero de 2009.

23 “[…] Académico sobresaliente, investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México. Especialista en sociología agraria, minorías étnicas, derechos humanos, conflicto étnico, pueblos indígenas y desarrollo social, es uno de los más importantes estudiosos del entorno agrario en México. En 2001, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU lo designó como Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas. Ha sido consultor, además, para prácticamente todas las agencias multinacionales ocupadas en asuntos de Derechos Humanos, cuestión indígena, discriminación y marginación […]”. En “Rodolfo Stavenhagen”, Consejo Consultivo de Ciencias, <http://www.ccc.gob.mx/es/semblanzas/137-stavenhagen-rodolfo.html>. Además, fue miembro del Patronato de la Casa de Chile en México.

24 Rodolfo Stavenhagen (sociólogo y defensor de los derechos humanos de los pueblos indígenas, profesor e investigador en El Colegio de México), en discusión con el autor, 8 de febrero de 2011.

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se hacía acompañar de ellos en memorables actos políticos. Y también fue significativo que la Presidencia se constituyera en una real benefactora de las artes, las ciencias y las letras. En su agenda política dio notable importancia a todo acto relacionado con el ámbito de la cultura y los intelectuales. Por lo que se hizo rodear de un número importante de intelectuales, entre los que destacó el escritor Carlos Fuentes. José Agustín, escritor mexicano, lo narra así en su libro Tragicomedia mexicana: “Echeverría […] comprendió que en el nuevo contexto post 68 la alta inteligencia del arte, el pensamiento y la investigación vestirían muy bien a su gobierno, y la cultivó. Uno de los primeros éxitos del presidente en este terreno fue la conquista fácil de Carlos Fuentes, quien no sólo se adhirió al nuevo mandatario sino que incluso hizo un gran proselitismo a su favor al compás del lema ‘Echeverría o el fascismo’. El escritor organizó una reunión entre Echeverría y lo más destacado de la intelectualidad de Nueva York, y, como premio, obtuvo el puesto de embajador de México en París; éste era uno de los sueños de los viejos intelectuales latinoamericanos, y ponía a Fuentes a la par de Pablo Neruda, Alejo Carpentier o Miguel Ángel Asturias”25.

El Gobierno mexicano, conocedor de la simpatía que expresaban los intelectuales, científicos, académicos y escritores mexicanos al proceso chileno, brindó su apoyo al gobierno de la UP y su repudio al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. La experiencia del gobierno de la UP caló hondo en la sociedad mexicana, y esto se reflejó en el potente grupo de intelectuales ya señalado, que se fascinó con la vía chilena hacia el socialismo y la emblemática figura de Salvador Allende. Hugo Gutiérrez Vega, quien fuera presidente del Comité Mexicano de Apoyo a la Unidad Popular Chilena, lo evocó así: “[…] Después de la visita del presidente Allende a México y después del excelente discurso que pronunció en el auditorio, que ahora lleva su nombre, de la Universidad de Guadalajara, sobre las universidades y la política, un grupo de escritores y de académicos formamos un comité de apoyo a la Unidad Popular chilena, que se llamó ‘Comité Mexicano de Apoyo a la Unidad Popular Chilena’. El primer presidente del comité fue un psiquiatra […] muy inteligente, muy valioso: el doctor Ignacio Millán. Y el segundo presidente del comité fui yo, que tomé posesión de la presidencia del comité dos meses antes del Golpe […]. La mayor parte éramos profesores de la UNAM y escritores […]. Nos enviaban —desde Chile— mucho material informativo, que nosotros convertíamos en boletines para los periódicos, dábamos conferencias en las distintas facultades de la UNAM, y de las otras universidades, estábamos muy en contacto con el que era el embajador de Chile, el radical Hugo Vigorena. Hugo Vigorena, que fue muy amigo mío.

Con él tuvimos muchísimas actividades […]”26.

Otro actor relevante de la solidaridad con el exilio chileno fue el embajador de México en Chile Gonzalo Martínez Corbalá, un hombre de la línea “progresista” dentro del PRI. Martínez Corbalá estableció vínculos cercanos con los dirigentes de la UP y se relacionó cotidianamente con éstos —en reuniones formales y en comidas más informales—, y también con el cuerpo diplomático de otras embajadas amigas y proclives al gobierno de la UP, que estuvieron alertas al acontecer de

25 Agustín, Tragicomedia mexicana 2, 20-21.

26 Gutiérrez Vega, entrevista.

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Chile. Estos contactos hicieron que, por ejemplo, los militantes del PR fueran especialmente invitados por las autoridades mexicanas de ese entonces a pasar su exilio en México. Éste fue el caso de Anselmo Sule y Hugo Miranda, que habían llegado en un principio a Venezuela27.

En los intercambios del embajador mexicano con su gobierno ya circulaban los nombres de políticos y personalidades mexicanos que más tarde desempeñaron un papel importante en relación con el exilio político que llegó a México. En ese entonces, tanto Juan José Bremer, secretario particular de Echeverría, como Horacio Flores de la Peña, secretario del Patrimonio Nacional y presidente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex)28, desarrollaron gestiones políticas y administrativas de apoyo al gobierno de Allende.

Otro grupo que tuvo un significativo papel de contención y solidaridad con el exilio político chileno, y que aún ha sido poco investigado, es el de los hijos de los “refugiados” republicanos españoles que llegaron a México tras la Guerra Civil de 1936 y de otros refugiados que arribaron a México huyendo de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Algunos llegaron siendo niños y otros nacieron en México, pero todos crecieron escuchando las historias de sus padres y conocieron íntimamente los avatares de los exiliados políticos. Casos emblemáticos de esta solidaridad son los de Hugo Gutiérrez Vega, hijo de españoles, y Rodolfo Stavenhagen, hijo de alemanes. Entre los gestos de los españoles republicanos vale la pena mencionar que abrieron a los niños del exilio chileno las puertas de las escuelas primarias y secundarias fundadas por el exilio español, tales como el Colegio Madrid, que becó a muchos de ellos. Un militante comunista, que vivió en carne propia la solidaridad del exilio español, la reconstruyó así: “[…] aquí en México funcionaban varias instituciones que ayudaban a los exiliados, especialmente de los españoles refugiados […] prestaban ayuda con gran delicadeza y sensibilidad a los corazones destrozados que llegaban […] pusieron toda su humanidad […] uno llega muy raído […] con la personalidad descompuesta […] me llevaron al sanatorio español, me revisaron y me dieron medicinas […] también, llegaban con ropa y alimentos […] lo hicieron conmigo y con todos los chilenos que llegamos mal de salud […] yo tenía úlcera, asma bronquial […] recolectaban ropa, porque salimos con lo puesto […] me vine sin un veinte […] trabajaron muchísimo para ayudar a los chilenos […]”29.

Cuando sobrevino el golpe de Estado en Chile, la noticia conmocionó a muchos países, cuyos ciudadanos manifestaron su repudio al golpe en las calles y plazas de las principales capitales y ciudades del mundo. En México, la reacción de la sociedad fue inmediata. Hugo Gutiérrez Vega, testigo y protagonista directo de los hechos relatados, lo revivió así: “[…] de repente se viene el Golpe, me acuerdo perfectamente que estaba yo en la Facultad, cuando nos informaron de la […] del bombardeo a La Moneda y la muerte del presidente Allende.

De inmediato nos comunicamos con Vigorena —el embajador de Chile en México— y nos trasladamos a la embajada de Chile. Convocamos rapidísimamente a una manifestación; no hubo necesidad de demasiada publicidad, sino que fue de boca en boca en la Universidad Nacional. De oído en oído. Y llenamos las calles de la ciudad de México […] de Reforma. Nos paramos frente a la embajada de Estados Unidos, pues, para darles su recordatorio. Como diríamos los mexicanos, su ‘recordatorio de progenitores a los señores yankees’, y seguimos hacia el Hemiciclo, a Juárez.

27 Miranda Ramírez, entrevista.

28 Martínez Corbalá, La historia que viví. Tanto Bremer como Flores de la Peña fueron miembros del Patronato de la Casa de Chile en México.

29 Claudio Alemany González (profesor), en discusión con el autor, 27 de febrero de 1997.

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Ahí, yo creo que reunimos unas 40.000 gentes. En cosa de segundos, de minutos […]. Fue muy impresionante […]. Hubo solamente dos discursos […] el mío, como presidente del Comité de Apoyo a Chile, me acuerdo muy bien haber utilizado una metáfora de García Lorca, para referirme a los carabineros. En el caso de García Lorca: la ‘guardia civil’, que les llamaba ‘jorobados y nocturnos’. Entonces ya informamos a la gente de lo que había pasado […] convocamos al apoyo, al Comité. Teníamos ya un pequeño local en la avenida Insurgentes, que pagaba el doctor Millán, de su […] de su propia bolsa. Era una pequeña oficina, entonces ampliamos; conseguimos una oficina vecina y las juntamos las dos. Tuvimos una oficina mayor. Y empezamos a trabajar. Nuestro trabajo, en buena medida, era en combinación con la Secretaría de Gobernación. Difícil, pues la mayor parte éramos gente de oposición al Gobierno mexicano. Sin embargo, el gobierno de Echeverría, debo decirle que se portó muy bien. Echeverría, en lo personal, y María Esther, su esposa, se portaron admirablemente. No voy a hacer el balance de la personalidad política, sino referirme exclusivamente al caso chileno”30.

El embajador Gonzalo Martínez Corbalá, desde las primeras horas del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, buscó personalmente a la familia de Salvador Allende, y les ofreció asilo, así como a sus colaboradores más cercanos (altos funcionarios y legisladores, militantes y dirigentes intermedios). Esta apertura a la familia del presidente depuesto y a las autoridades políticas de distinta jerarquía dentro del gobierno de la UP dejó abierta, al menos por un tiempo, la posibilidad para que otros, en su mayoría militantes de los partidos de la UP, pudieran asilarse en las instalaciones de la Embajada31. En noviembre de 1974, el Gobierno mexicano rompió relaciones diplomáticas con la Junta Militar, encabezada por Augusto Pinochet.

2. El ingreso de exiliados políticos al territorio mexicano Los militantes de los partidos de la UP llegaron a Ciudad de México a través de dos vías principales: por un lado, el asilo diplomático en la Embajada de México en Santiago, y, por el otro, la expulsión del país después de permanecer durante un lapso variable en la cárcel y/o en campos de concentración. En 1978 fueron liberados los últimos prisioneros políticos, y mediante decreto administrativo o conmutación de pena, muchos terminaron siendo expulsados del país hacia destinos diversos. El escritor mexicano José Agustín lo detalla así: “[…] cuando tuvo lugar el golpe de Estado de Pinochet, y Allende fue asesinado en el Palacio de la Moneda, —Echeverría— dio instrucciones al embajador Gonzalo Martínez Corbalá para que abriera las puertas de la representación mexicana a los allendistas y envió un avión para rescatar a Hortensia Bussi, la viuda de Allende, y a otras personalidades de la izquierda chilena. Por último, para rematar su emulación de Cárdenas, rompió relaciones con la dictadura militar chilena. También como Cárdenas, Echeverría admitió y protegió a numerosos exiliados chilenos […]. A partir de ese momento, Echeverría más que nunca se sintió el nuevo Cárdenas”32.

30 Gutiérrez Vega, entrevista.

31 La institución del asilo no había sido ratificada por el Senado de Chile, lo cual ignoraba la Junta Militar encabezada por Pinochet, que dio el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Martínez Corbalá, La historia que viví, 225.

32 Agustín, Tragicomedia mexicana 2, 40-41.

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Los ministros de Estado del gobierno de la UP y otros dirigentes que ocuparon cargos en el Congreso Nacional fueron recibidos al más alto nivel por el Gobierno de México; ése fue el caso, pero no el único, de Pedro Vuskovic y su familia. Así lo recapituló su hija, Ruth Vuskovic: “[…] Lo que pasa es que nosotros llegamos cuando era presidente Echeverría […]. O sea, nada que ver con lo que era ese gobierno, del que se quejan todos los mexicanos. Tan diferente adentro, para ellos, y tan distinto hacia fuera, porque ese gobierno fue sumamente solidario con Chile, con el gobierno de la Unidad Popular […]. Y entonces, por lo tanto, mi papá fue recibido a ese nivel […] obvio. Recibido como ministro de Estado, como quien dice, con todas las atenciones, no oficiales, pero las atenciones afectivas […] muy delicadas […] como son los mexicanos: especiales […] cuando llegó mi papá, porque yo viví con mi madre, acuérdate que Alberto —hijo de Luis Corvalán, secretario general del PC chileno— no estaba. No sé si sabes que Alberto estuvo preso un año. Pero yo me fui al exilio a petición de él y de mi padre. Y entonces me voy, y Alberto se queda preso […] en Chacabuco, y entonces llego con mi hijo, y mi madre ya estaba allá. Mi mamá ya tenía trabajo […] y vivíamos con una tía, que tenía trabajo también. Y entonces, bueno, yo estaba cuidando al bebé, y de pronto, entonces, llega mi padre, en mayo […] y nos cambiamos a un departamento que ‘lo alhajaron’, entre comillas ‘alhajar’, porque es de una manera muy sencilla, pero era un departamento listo para llegar, entrar y vivir, y eso era producto del gobierno. O sea, era un gesto”33.

También Luis Corvalán —secretario general del PC chileno— fue recibido en México en calidad de visitante en 1977, con honores de Estado, y la Universidad de Puebla le confirió el grado de Doctor Honoris Causa34. Hubo un trato preferencial para los altos dignatarios de los partidos de la izquierda chilena, pero a su vez el régimen mexicano vigiló atentamente los movimientos de los militantes del Partido Comunista de Chile exiliados en México y de todos los asilados políticos chilenos: “[…] Cabe señalar que Ramón Cortés González pertenece al Partido Comunista chileno y estuvo alojado en el hotel ‘Versalles’ en los cuartos 210 y 108, siendo trasladado el 26 de junio último a la Unidad Modelo, Torre ‘D’ 4-201, en donde vive en compañía de Hernán González Wood y Mario Rebolledo Arellano […] —firma— El Director Federal de Seguridad, Cap. Luis de la Barreda Moreno”35.

También fue el caso del militante comunista Claudio Alemany, cuya correspondencia fue intervenida por los servicios de inteligencia del Gobierno de México. Se encuentra, por ejemplo, la siguiente descripción en el Archivo General de la Nación (AGN) de México: “Asilados políticos chilenos.- Claudio Alemany González y Gonzalo Vásquez Enríquez, asilados políticos chilenos, que ocupan las habitaciones Nos.- 108 y 301, respectivamente, en el Hotel Versalles de esta capital y miembros del Comité Cristiano Mexicano de Apoyo a los Perseguidos en Chile, con Apartado Postal No. 5-344, México 5, D.F., han enviado a personas de religión católica y funcionarios de la Iglesia en Chile, cuyos nombres se mencionan más adelante, diversa propaganda conteniendo lo siguiente: […] ―firma― El Director Federal de Seguridad, Cap. Luis de la Barreda Moreno”36.

La llegada de los exiliados políticos chilenos a Ciudad de México reanimó e intensificó la 33 Ruth Vuskovic, entrevista.

34 Archivo Visual Casa de Chile en México (AVCCHM), Olmué-Chile.

35 México D.F., 15 de agosto de 1974, en Archivo General de la Nación (AGN), Ciudad de México-México, Sección Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, Galería 2, cajas 2517, 2796, 2837 y 2848.

36 México D.F., 30 de junio de 1975, en AGN, Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, Galería 2, cajas 2721, 2753, 2756 y 2785.

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escena política mexicana y movilizó a sus actores principales. La izquierda mexicana fortaleció sus ideales y reeditó su solidaridad con los pueblos en lucha contra el imperialismo. El Estado mexicano implementó diversas acciones para acoger a los migrantes políticos que llegaron a Cuidad de México. El Comité Mexicano de Apoyo a la Unidad Popular Chilena contó con el total respaldo del PRI. El Comité centró sus actividades en la denuncia de las consecuencias del golpe para la población civil y en las urgentes labores de solidaridad con el pueblo de Chile; asimismo coordinó la ayuda que prestaron varios partidos políticos mexicanos y fue depositario de la ayuda de otras personas e instituciones fuera de México. Así lo expresó Hugo Gutiérrez Vega, quien integró el Comité: “[…] el trabajo nuestro consistía, por un lado, en publicitar todos los horrores que la dictadura estaba cometiendo […] El Comité en ese momento lo ampliamos, y llamamos a los partidos, no sólo los de izquierda; por supuesto los de derecha no, pero los de izquierda, los de centro.

Entonces, nos mandaban representantes […] el presidente del PRI era, en esa época, Jesús Reyes Heroles. Inclusive tuvimos varias reuniones en el local del PRI. Ninguno de nosotros éramos del PRI, al contrario, pero el PRI tenía instrucciones de Echeverría, y además Reyes Heroles, por convicción, nos apoyó. No sólo por instrucciones de Echeverría. Reyes Heroles era un hombre democrático y decente. Entonces empezamos a recibir ayuda de los partidos, para poder pagar la renta, para poder enviar propaganda a todos lados, y de repente recibimos ayudas rarísimas. Me acuerdo, llega una orden bancaria de [Edward] Ted Kennedy para el Comité; como no había en Estados Unidos Comité, el Comité más cercano: México. Me acuerdo exactamente: 25.000 dólares. Que era mucho dinero. Entonces en una de las sesiones, no Valentín [Campa], sino alguien del Partido Comunista que estaba ahí, nos acusó de recibir dinero de Estados Unidos. ‘Efectivamente señor, aquí está la orden. Es el senador Kennedy’. ‘La mala conciencia americana’.

‘Hay gente decente también en los Estados Unidos que no están de acuerdo con Kissinger ni con la ITT’. Y que de alguna manera apoyaban a la democracia chilena. Entonces sí, ‘¿qué quieren ustedes, que no recibamos ese dinero?’. ‘No, no tanto como eso, no’. ‘Porque lo que la embajada soviética nos da es simpatía y apoyo moral, y la embajada china: libros rojos de Mao. Con eso yo no pago la renta’. Teníamos problemas […] Ted Kennedy hizo tres envíos: 75.000 dólares […] con eso pagábamos la renta. Además nuestro trabajo consistía en buena medida, también de acuerdo con la Secretaría de Gobernación y con una oficina que abrió María Esther Zuno de Echeverría, para las casas de los exiliados. Se les […] ya le habrán dicho, que se les dieron casas del Infonavit; casas de nuestro sistema de seguridad social”37.

Durante el sexenio de Echeverría se instalaron los migrantes políticos chilenos y se dispuso una política de acogida específica para ellos, que tuvo continuidad en los sexenios posteriores. La duración de la dictadura en Chile implicó que el exilio político transitara por cuatro sexenios presidenciales: Luis Echeverría Álvarez (1970-1976); José López Portillo (1976-1982); Miguel de La Madrid (1982-1988) y Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). Si bien el sexenio de Echeverría fue la “época de oro” para los perseguidos políticos chilenos, éstos siguieron contando con el apoyo del régimen mexicano y, especialmente, del PRI. Ruth Vuskovic, militante comunista, hija de Pedro Vuskovic y nuera de Luis Corvalán, da testimonio de esa generosidad:

37 Gutiérrez Vega, entrevista.

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“[…] Y nos abrieron sus espacios los mexicanos, nos dieron trabajo, ¡nos inventaron trabajo!

Bueno, a mí me tocó, tal vez por mis conexiones familiares, mucho apoyo […] mucho abrir puertas, mucho respeto hacia lo que habían sido nuestras cosas, nuestras luchas, nuestras organizaciones, por lo tanto, decir que uno había sido comunista, o decir que yo era la nuera de Corvalán, todas esas cosas implicaban un respeto tremendo, o sea, no era hablar de cualquier Partido Comunista. ¡No! ¡No era hablar de cualquier Partido Comunista! Era hablar del principal Partido Comunista de Latinoamérica. O sea, no sé, eran cosas muy grandes, muy diferente a como es ahora. Nos daba, nos dio mucho, una identidad, nos dio una pertenencia muy grande, nos dio un sentirnos muy enteros”38.

Este recibimiento y otros aspectos propios del estilo de gobierno de Echeverría han sido interpretados por algunos intelectuales, como el escritor José Agustín, como un deseo de emular lo que había sido la política de Estado del presidente Lázaro Cárdenas: “[…] Desde un principio, Echeverría enarboló como modelo a Lázaro Cárdenas. Por tanto, para mitigar la nostalgia de los tiempos en que estuvieron de moda la ropa, las artesanías indígenas y todo lo ‘mexicano’, dispuso que en las comidas y celebraciones presidenciales en vez de vino y licores ‘extranjerizantes’ se sirvieran aguas de chía, de horchata o de jamaica, y en Los Pinos se colocaron muebles mexicanos y equipales para los invitados. La esposa del presidente, María Esther Zuno, aparecía en las fiestas ataviada con trajes de tehuana, en la más pura tradición de los años treinta, sólo que en 1971 la gente no recordó a Frida Kahlo sino a las meseras de los restoranes Sanborns, que solían vestir trajes autóctonos y que, a partir de ese momento, se les conoció como ‘las esthercitas’. Por cierto, a la ‘primera dama’ le gustaba que le dijeran, al estilo revolucionario, ‘la compañera Esther’, y ella, a su vez, llamaba a su esposo y presidente por el apellido, ‘Echeverría’. Doña Esther no tenía intenciones, como sus antecesoras, de pasar como abnegada madrecita mexicana; ella también venía en plan de lucha y dispuesta a llamar la atención”39.

Los gobiernos de José López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari continuaron con la política de apoyo hacia el exilio chileno. Esto se debía a una antigua política estructurada en tres aspectos: de “no intervención”, de activismo en el Tercer Mundo y de identificación con los países “no alineados”. El Gobierno mexicano mantenía relaciones con los movimientos de izquierda de los países de América Latina, para de este modo controlar la influencia de estos grupos en la política mexicana, ya que su apoyo a tales sectores estaba condicionado a que éstos no intervinieran en la política interna de México. Por ejemplo, la política mexicana de apoyo a la Revolución Cubana era sustancialmente de carácter diplomático, con base en principios jurídicos, por lo que no se tradujo en solidaridad económica ni ideológica, restando cualquier proselitismo en apoyo a sus puntos de vista y máximas40. También presionaron a dictaduras como la de Argentina, cuando recibieron a Mario Eduardo Firmenich41 y a otros dirigentes “montoneros” con honores casi a la altura de un jefe de Estado.

38 Vuskovic, entrevista.

39 Agustín, Tragicomedia mexicana 2, 18-19.

40 Rico, “Hacia la globalización”, 13.

41 Exjefe guerrillero argentino, uno de los fundadores de la organización guerrillera Montoneros.

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Por su parte, para el PRI, la atención hacia el exilio chileno representaba la continuidad de una política de asilo de larga duración y de la cual se beneficiaron diferentes contingentes migratorios.

Después del golpe de Estado en Chile llegó incluso a hacerse un paralelo entre los presidentes Salvador Allende y Francisco Madero. Este último, político de ideas liberales, se opuso a la reelección del dictador Porfirio Díaz e impulsó el lema “sufragio efectivo, no reelección”. Fue elegido presidente de México en 1911, y llevó adelante reformas democráticas que no satisficieron las demandas revolucionarias de cambio. La intensidad del momento político no contuvo las conspiraciones reaccionarias y conservadoras, que fueron apoyadas por el embajador de Estados Unidos en México, y Francisco Madero fue asesinado tras un golpe de Estado, en 191342. No fue cualquier analogía, ni cualquier figura política de la Revolución Mexicana la que se comparó con el proceso chileno, sino aquella que más acomodó al régimen mexicano para su política interna.

No fue sólo la continuidad de una política de Estado, sino que el PRI se hizo eco de un contexto social favorable en relación con la causa chilena. Había una sensibilidad respecto de lo que había ocurrido en Chile, y los movimientos sociales que bullían en ese momento en México tomaron como bandera de lucha, también, la figura de Salvador Allende y lo que él representaba43. Esto último trajo consigo dificultades para el exilio chileno con las autoridades de gobierno. Para evitar la efervescencia social que provocaba su presencia en actos y manifestaciones masivos en las calles de Ciudad de México, el régimen los prohibió y optó por permitirlos en recintos cerrados: “[…] El día de hoy a las 21:00 hrs. en el local del STEUNAM —Sindicato de Trabajadores de la Educación de la UNAM— se llevará a cabo una asamblea de Delegados en la que se propondrán tres puntos principales. 1.-Darle asilo político a todas las personas que lo soliciten de la República de Chile.

2.-A los investigadores y profesores que soliciten asilo político a parte de concederlo otorgarles una cátedra dentro de la Universidad para que sigan trabajando. 3.-Organizar la resistencia recolectando dinero para la compra de armas que serán enviadas a Chile […]”44.

Respecto del texto anterior, hubo otras versiones; de parte de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), en donde sólo se reportó sobre las intenciones de organizar la resistencia, pero no se mencionaron las armas. Probablemente la intensidad de las circunstancias hizo que los servicios de seguridad mexicanos sobreestimaran algunas declaraciones del momento. Sobre la solidaridad del pueblo mexicano, el siguiente testimonio de Ernesto Navarro Guzmán, exiliado chileno en México y actualmente presidente de la Comunal México del Partido Socialista de Chile, explica algunos de sus principales componentes: “[…] también había, esto hay que mencionarlo, una acogida del pueblo mexicano. Es decir: es un pueblo muy generoso, incluyente, entonces […] y la causa chilena caló hondo en este pueblo. Yo diría que el pueblo mexicano es ‘allendista’, hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, eso que expresaba en una acogida en cualquier lugar de México, ¿no?, con colaboraciones, no sólo con afecto, sino que también en concreto, ¿no?: en financiamientos, en, por ejemplo, La Casa de Chile, ¿no?; escuelas, incluyendo escuelas e institutos privados, por ejemplo, daban

42 Berta Ulloa, “La lucha armada (1911-1920)”, en Historia general de México, editado por el Centro de Estudios Históricos, El Colegio de México, t. 2 (México: Harla/El Colegio de México, 1988), 1073-1182.

43 México D.F., 30 de junio de 1975, en AGN, Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, Galería 2, cajas 2721, 2753, 2756 y 2785.

44 México D.F., 19 de septiembre de 1973, en AGN, Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, Galería 2, caja 1154.

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matrícula a los hijos de exiliados, ¿no?; en fin. Entonces aquí hubo una amplia acogida, y sin discriminar si eras comunista, socialista, MAPU, etcétera, etcétera. Bastaba ser chileno, ya era una muy buena carta de presentación”45.

Además de las relaciones con el PRI se establecieron vínculos con el viejo Partido Comunista mexicano, el Partido Socialista de los Trabajadores y otras agrupaciones, pero no eran relaciones significativas. Fue el PRI quien financió la Casa de Chile; en este contexto se estrecharon las relaciones con el ala izquierda del PRI. Aparte de las personalidades de renombre como el exembajador de México en Chile, Gonzalo Martínez Corbalá, y ministros de Estado, las vinculaciones se realizaron con familias completas, como la de Adolfo Aguilar Zínser,46 que ha sido una familia poderosa dentro del PRI. Con Jesús Reyes Heroles, presidente del PRI; Horacio Labastida, diputado federal del PRI y académico; Socorro Díaz, periodista, diputada y senadora del PRI; Silvia Hernández, senadora y líder del sector popular del PRI; y Porfirio Muñoz Ledo, presidente del PRI, entre otros. El PRI representaba a una gran familia mexicana, la “familia revolucionaria”, y dentro de ella había tendencias y corrientes; el exilio chileno tuvo que relacionarse con varios personeros del régimen; de manera más directa, con los altos funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior), por ejemplo, con el político mexicano Fernando Gutiérrez Barrios47 y con el mismo presidente Luis Echeverría48.

Del “ala izquierda” del PRI salió, más tarde, el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

La crisis económica de los ochenta (1982) empeoró la crisis de legitimidad que venía registrando 45 Ernesto Navarro Guzmán (profesor-investigador), en discusión con el autor, 18 de enero de 2011.

46 “[…] Formó parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el periodo 1972-1976. En ese periodo fungió como rector del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo (CEESTEM) en 1975, que en los años 80 se convertiría en el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), donde dirigió el Programa de Estudios de Centroamérica. Fue voz especializada sobre las relaciones políticas y económicas de México con EEUU. Experto también en seguridad nacional, frontera Sur, refugiados y transición democrática […] hizo además una amplia carrera política: diputado federal en las listas de candidatos externos del PRD; luego formó el grupo de Diputados Ciudadanos Independientes, de 1994 a 1997. Fue senador de la República como candidato independiente en las listas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), de 1997 al 2000 […]. Desde 1991 participó en diversas iniciativas ciudadanas, asociaciones no partidistas y grupos no gubernamentales de defensa de derechos políticos, humanos, observación electoral y protección del medio ambiente. Fue miembro de la asociación Acuerdo Nacional para la Democracia, en 1991; miembro del Grupo San Ángel de análisis político, en 1993. Entre sus actividades políticas destacó el haber sido coordinador de Información y Prensa, y vocero de la campaña a la Presidencia de Cuauhtémoc Cárdenas […] En la administración pública se desempeñó como coordinador de Asuntos Internacionales del Equipo de Transición del presidente electo Vicente Fox, de julio a diciembre del 2000. Fue consejero de Seguridad Nacional del presidente Fox, de diciembre del año 2000 a enero del 2002. Y de esta fecha a octubre de 2003 fue embajador de México ante la ONU. De este cargo fue separado por el presidente Fox, luego de que mencionó, en una conferencia en el ITAM, a propósito de la guerra en Irak, que México ‘seguía siendo el patio trasero de los Estados Unidos’. Además se desempeñó como comisionado de Orden y Respeto”. En “Reseña biográfica”, Fundación Derechos Económicos, Sociales y Culturales (23 de septiembre de 2012), <http://informeguatemala.org/articulo/Resena_biografica___-2207/?print>.

47 Egresado del Colegio Militar en 1947, se retiró en 1959 con el grado de capitán. En 1952 se incorporó a la administración pública federal como jefe de Control e Información de la Dirección Federal de Seguridad, organismo del Gobierno mexicano dedicado a la seguridad nacional y los servicios de inteligencia, de los que llegó a ser titular de 1964 a 1970, durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. En 1950 se incorporó al PRI. De diciembre de 1970 a 1976 fue subsecretario de Gobernación, cargo que le fue ratificado en diciembre de 1976 durante la gestión del presidente Luis Echeverría Álvarez, que desempeñó hasta el 30 de noviembre de 1982 (doce años duró en el cargo).

48 Vuskovic, entrevista.

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el régimen político mexicano. Dentro del PRI también se manifestó el descontento y cristalizó la Corriente Democrática, representada por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano (hijo de Lázaro Cárdenas), Ifigenia Martínez Hernández y Porfirio Muñoz Ledo, quienes cuestionaron, entre otros temas, el poder del Ejecutivo en la elección del candidato a la Presidencia. El PRD se fundó después de las elecciones de 198849. Pero lo crucial fue la amistad que tuvo el exilio chileno en México con el presidente de la República, cuyo poder era decisivo. Así lo revivieron un militante de la izquierda chilena, Ernesto Navarro, militante socialista, y Ruth Vuskovic, militante comunista. El primero expone: “[…] el Gobierno mexicano fue extremadamente generoso. Concretamente, Luis Echeverría, el presidente Luis Echeverría, con su partido, el PRI; un partido que ya gobernaba por sesenta o setenta años este país, un partido disciplinado, ¿no?, disciplinado y […] y gobernando con mano férrea, ¿no? Yo diría que el presidente de México tenía más poder que Pinochet.

Entonces, lo que el presidente ordenaba se hacía. Y por lo tanto, la colaboración del Gobierno era amplia; porque así lo había decidido el Presidente”50.

Por su parte, Beatriz Allende desde Cuba, en una carta que dirigió a su hermana Isabel y al Dr. Bartulin, con fecha 27 de diciembre de 1975, escribió: “[…] sé que Tencha va a conversar con Echeverría, cuando llegue […] a solicitud de él y le dijo por teléfono ‘úsenme en el tiempo que me queda, pídanme cosas’ […] pienso ustedes lo saben pero ténganlo presente por lo que respecta a la ayuda que el gobierno puede dar al Boletín —Chile Informativo—. Que Tencha le lleve una colección de boletines para que Echeverría los conozca […]”51. De igual modo, cabe resaltar que entre la Casa de Chile en México y Los Pinos52 había una comunicación fluida; el Presidente y su esposa eran invitados de honor en muchas de las actividades políticas, sociales y culturales realizadas por el exilio chileno. La esposa del Presidente solía firmar sus telegramas de respuesta a los exiliados chilenos como la “compañera María Esther Zuno”.

Finalmente, otro ejemplo interesante de esta gran apertura y sensibilidad a la causa chilena, de parte del régimen político mexicano, fue un hecho que, si bien no se gestó en este territorio, da cuenta de dicho compromiso y de la importancia, el prestigio y credibilidad que tenía la resistencia chilena en México. Se trata de la edición por parte del Fondo de Cultura Económica (FCE), editorial estatal, de las memorias apócrifas del general Carlos Prats González. Luego de su asesinato en Buenos Aires, el PC chileno, a sabiendas de que el desaparecido oficial de Ejército había estado escribiendo sus memorias, decidió escribir unas falsas. Así, esta tarea le fue encomendada al periodista y escritor Eduardo Labarca Goddard, quien décadas más tarde develó el verdadero origen de tales memorias. El FCE editó cien mil ejemplares del apócrifo texto y los distribuyó por el mundo entero. Además, el libro fue presentado formalmente en la Casa de Chile en México el 12 de febrero de 1977, con el título Una vida por la legalidad, del ya citado general53. Lo anterior da cuenta de la confianza que existía respecto del exilio político chileno, cuyo aval lo constituía la dirigencia de la Casa de Chile, que no hizo dudar al FCE de la veracidad de dichas memorias.

49 Loaeza, “El tripartidismo mexicano”, 1-17.

50 Navarro, entrevista.

51 “Correspondencia personal y confidencial por Beatriz Allende Bussi”, 1975-1977, en ADCCHM1, Carpeta 2.

52 Residencia oficial de los presidentes de México.

53 Carlos Prats, Una vida por la legalidad (México: FCE, 1976).

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Conclusión Tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 se inician la emigración política más grande que ha tenido Chile en su historia y una potente solidaridad internacional con la causa chilena. La dimensión que alcanzó dicha solidaridad fue excepcional; no se había visto un despliegue de fuerzas tan amplio y diverso que incluyera a gobiernos, partidos, sindicatos, iglesias, organizaciones internacionales y sociedad civil. No hubo otros casos en que la solidaridad se extendiera a tantos países en todos los continentes. La pluralidad de escenarios políticos mundiales obligó al exilio chileno a adaptarse y comprender realidades tan complejas y diferentes como la de México. En lo que respecta a México, lo peculiar fue el compromiso directo del presidente Echeverría y de su gobierno con la situación del exilio. Esto quedó expresado en la creación de la Casa de Chile, institución única en su tipo, debido a la particularidad de su origen, marcado por el patrocinio permanente del Estado y su primer mandatario y el vínculo personal que éste y, en particular, su esposa, María Esther Zuno, establecieron con la Casa de Chile. Esta institución, que se inició en 1974 con la llegada de los primeros exiliados, se prolongó hasta 1993, es decir, más allá del fin de la dictadura en Chile.

Lo que dio mayores garantías al exilio fueron los contactos intraélite que ya existían antes del golpe de Estado y que se profundizaron en México. Así como la adhesión mayoritaria tanto de la opinión pública como de la mayor parte de los partidos políticos, y por supuesto del PRI, al proyecto de la UP, que provocó gran empatía y cercanía con la sociedad mexicana. Si bien Chile no tenía un sistema de partidos políticos análogo al sistema mexicano, existía gran afinidad entre el PR y el PRI. Esto facilitó muchísimo las relaciones políticas, sociales y culturales del exilio chileno en México. Los radicales fueron interlocutores muy aceptados por los políticos mexicanos. Puede decirse que fue una experiencia única, y que en pocos países los exiliados chilenos contaron con un apoyo de esa naturaleza.

Bibliografía Fuentes primarias Archivos: 1.

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Archivo Digital Casa de Chile en México 1 (CCHM1), Olmué-Chile.

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Entrevistas 4.

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Alemany González, Claudio. En discusión con el autor. 27 de febrero de 1997.

Gutiérrez Vega, Hugo. En discusión con el autor. 10 de febrero de 2011.

Miranda Ramírez, Hugo. En discusión con el autor. 13 de febrero de 2009.

Navarro Guzmán, Ernesto. En discusión con el autor. 18 de enero de 2011.

Stavenhagen, Rodolfo. En discusión con el autor. 8 de febrero de 2011.

Vuskovic, Ruth. En discusión con el autor. 28 de octubre de 2010.

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❧ Claudia Fedora Rojas Mira Profesora-investigadora del Centro de Estudios Avanzados (CEA) de la Universidad Playa Ancha, sede Valparaíso (Chile). Licenciada en Educación (con mención en Historia y Geografía) de la Universidad de Santiago de Chile; Magíster en Historia de la Universidad Autónoma Metropolitana, sede Iztapalapa (México), y Doctora en Estudios Americanos (especialidad Historia) de la Universidad de Santiago de Chile. Entre sus publicaciones se encuentran: “Exilios sudamericanos en México: los casos argentino y chileno”. Pacarina del Sur 5, n.° 19 (2014): s/p., y en coautoría con Alessandro Santoni, “Geografía política del exilio chileno: Los diferentes rostros de la solidaridad”. Perfiles Latinoamericanos 21, n.° 41 (2013): 123-142. claudia.fedora@upla.cl/claudiafedora@gmail.com

Espacio estudiantil

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Crecimiento urbano en la configuración del área periférica de San Juan de Girón, 1964-1985 (Santander-Colombia)❧ Ivonne Marcella Duque Estupiñán Universidad Santo Tomás, Colombia

doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit60.2016.08

Artículo recibido: 06 de abril de 2015/ Aprobado: 20 de agosto de 2015/ Modificado: 21 de septiembre de 2015

Resumen: El propósito de este artículo es exponer el proceso histórico de crecimiento urbano que vivió San Juan de Girón (Santander) entre 1964 y 1985 a partir de la configuración territorial que se dio en el área periférica de la ciudad. Aquí se estudia la periferia teniendo en cuenta una documentación que ilustra el desarrollo, la ubicación y los proyectos de vivienda, obteniendo una aproximación morfológica y tipológica de esta problemática. Además de lo anterior, se realiza una lectura histórica y física del nuevo territorio, que se conformó rompiendo los viejos parámetros urbanos que regían la ciudad y el contexto regional. Lo que permitió establecer tres momentos puntuales dentro de la configuración de la periferia e identificar los principales agentes urbanos que promovieron diversos proyectos públicos y privados como solución a la demanda habitacional que se generó en aquella época.

Palabras clave: ciudad, Colombia, vivienda (Thesaurus); crecimiento urbano, periferia urbana, Santander (palabras clave autor).

Urban Growth in Shaping the Peripheral Area of San Juan de Girón, 1964-1985 (Santander, Colombia) Abstract: The purpose of this article is to present the history of the urban growth of San Juan de Girón (Santander) between 1964 and 1985, based on the territorial development that took place in the area surrounding the city. In studying the periphery, it takes account of documentation illustrating development, location and housing projects, thus obtaining a morphological and typological approach to the problem. In addition to this, it undertakes a historical and physical reading of the new territory, which made it possible to break down the old urban schemes that governed both the city and the regional context. This made it possible to establish three exact moments in the configuration of the periphery and to identify the main urban agents that promoted diverse public and private projects as a solution to the demand for housing that arose in that era.

Keywords: housing, Colombia (Thesaurus); city, urban growth, urban periphery, Santander (author’s keywords).

Crescimento urbano na configuração da área periférica de San Juan de Girón, 19641985 (Santander-Colômbia) Resumo: O propósito deste artigo é expor o processo histórico de crescimento urbano que viveu San Juan de Girón (Santander) entre 1964 e 1985 a partir da configuração territorial que se deu na área periférica da cidade. Aqui se estuda a periferia tendo em conta uma documentação que ilustra o desenvolvimento, a localização e os projetos de moradia, obtendo uma aproximação morfológica e tipológica dessa problemática. ❧ Este artículo forma parte de la investigación titulada “Crecimiento urbano de San Juan de Girón: configuración

del área periférica de la ciudad entre 1964 y 1985”, presentada como tesis de grado en el programa de la Maestría en Historia de la Universidad Industrial de Santander (UIS) en 2016. Esta investigación no contó con financiación para su desarrollo.

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Além disso, realiza-se uma leitura histórica e física do novo território, que se formou quebrando os velhos parâmetros urbanos que regiam a cidade e o contexto regional. O que permitiu estabelecer três momentos pontuais dentro da configuração da periferia e identificar os principais agentes urbanos que promoveram diversos projetos públicos e privados como solução para a demanda habitacional que se gerou naquela época.

Palavras-chave: cidade, crescimento urbano, periferia urbana, Colômbia (Thesaurus); moradia, Santander (autor de palavras-chave).

Introducción: el contexto histórico

L

a década de los años sesenta del siglo XX marcó un punto importante dentro de los procesos de crecimiento urbano en diferentes partes del mundo. Puede decirse que fue un período de adaptación y consolidación de los parámetros modernos de planificación y construcción de ciudades, así como de las soluciones de vivienda más rentables y saludables para la población de bajos ingresos y sectores medios. Pero la zona latinoamericana se movía a otro ritmo, ingresando de manera tardía —o mejor, lentamente— a los paradigmas de lo urbano, con décadas de diferencia en comparación con Europa e incluso Estados Unidos, que habían implementado y ensayado muchas de las propuestas emanadas de los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna (CIAM), en cuyas ediciones se dieron cita los mejores arquitectos y urbanistas con la única finalidad de pensar la ciudad y sus problemáticas. Es por ello que en América Latina se adaptaron más los planes a las propias necesidades y particularidades físicas y sociales de los territorios —o al menos eso se intentó—, aprendiendo de las problemáticas que ya se habían detectado en otras ciudades del mundo.

En el caso colombiano, las primeras ciudades que se examinaron bajo estos parámetros fueron las principales capitales del país, quedando rezagadas las ciudades intermedias y pequeñas, muchas de las cuales cobraron importancia dentro de las dinámicas de formación de los nuevos procesos urbanos de crecimiento y densificación de carácter regional. Sin embargo, tanto unas como otras experimentaron un crecimiento urbano notable a partir del aumento poblacional, que, según Jacques Aprile-Gniset, coincidió con la fase histórica de la “urbanización intensiva y acelerada” entre los años cuarenta y sesenta del siglo pasado1. Si bien estos procesos se estaban gestando en todo el mundo —incluida Latinoamérica desde los años treinta del siglo XX2—, en Colombia va a tener un matiz particular. En tanto que en otras latitudes el papel que cumplió la industrialización fue directo e indiscutible, en el territorio nacional fue mucho más contundente la migración del campo hacia las ciudades, guiada no por la atracción que ejercían las industrias sino por una expulsión originada en los procesos de violencia que se vivieron por aquel entonces3.

1 Jacques Aprile-Gniset resalta en sus investigaciones la variable poblacional como prioritaria, mas no la única que influyó en el proceso que se describe. La ciudad colombiana, siglo XX (Bogotá: Colcultura/Banco Popular, 1992), 552.

2 José Luis Romero, Latinoamérica: las ciudades y las ideas (Buenos Aires: Siglo XXI, 1976), 328.

3 Aprile-Gniset es enfático en ello, y sugiere separar en un primer momento los dos elementos: industrialización y acumulación demográfica urbana, aunque más adelante será inminente en el proceso su combinación, en aras de plantear una explicación mucho más completa. La ciudad colombiana, 555.

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En lo que sí coincidieron las ciudades colombianas y latinoamericanas es en que los nuevos habitantes llegaron a ocupar principalmente las periferias y los barrios suburbanos, asegurando la continuidad de las mismas pero trayendo consigo nuevas problemáticas que repercutieron en sus estructuras urbanas, donde sobresalió la crisis del alojamiento, que representó enormes desafíos a las diferentes administraciones de gobierno locales. Esto llevó a Aprile-Gniset a afirmar que la vivienda y la construcción periférica se volvieron el modo de crecimiento físico de las ciudades, donde la casa se convirtió en el principal motor de la expansión territorial urbana4. Ante este panorama, los programas de vivienda se tornaron imprescindibles dentro de los planes de desarrollo estatales de Colombia, convirtiéndose en sus primeras etapas en los líderes del proceso de crecimiento urbano, de manera especial a través de programas de viviendas de interés social, que partieron de los lineamientos que consideraban la inversión en desarrollo urbano y vivienda como partes fundamentales para el desarrollo económico y social5. Sin embargo, la oferta privada siempre trabajó de forma paralela con el Estado, e incluso lo supero en épocas posteriores.

Fue entonces durante los años sesenta que se creó en Colombia la última institución de carácter oficial destinada al manejo de la vivienda —el Fondo Nacional del Ahorro (1968)—, y otras con más trayectoria, como el Instituto de Crédito Territorial (ICT), aún seguían vigentes. Pero tal vez lo más importante en este período fue la creación del Banco de Ahorro y Vivienda, las Asociaciones Mutuarias de Ahorro y Préstamo y las cajas y secciones de ahorro de los bancos comerciales, que fueron determinantes dentro de los procesos de adquisición de vivienda en el país6. Esto repercutió en la década de los setenta, cuando los sistemas de financiamiento de vivienda dieron un cambio radical, debido a la constitución de las corporaciones privadas de ahorro y vivienda, que entraron a operar dentro del sistema de las Unidades de Poder Adquisitivo Constante (UPAC). Dichas corporaciones, junto con las grandes urbanizadoras y constructoras, se convirtieron en las líderes del mercado de la vivienda en el país7.

Así, pues, no es de extrañar que ante tantos actores y actuaciones posibles dentro del competitivo campo de la urbanización, el Gobierno nacional entrara a proponer una Ley de Reforma Urbana en 19718, que permitiera regular la actividad constructora y evitara la especulación urbana, en un afán por velar por el bienestar de sus ciudadanos, mientras que se buscaba controlar el crecimiento de las principales ciudades del país. Todo ello trajo consigo una serie de debates nacionales y locales en torno al problema de la vivienda. Desde el ámbito nacional, por ejemplo, los partidos políticos opinaban sobre los puntos fuertes de la Reforma y los que en su concepto definitivamente debían replantearse; la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) expuso las dificultades que estaba viviendo el sector de la construcción durante 1972, debido a factores como la incertidumbre generada por la Ley de Reforma Urbana, la reducción de fondos del Banco Central Hipotecario (BCH), la falta de recursos del Ministerio de Obras Públicas, las dificultades que estaba presentando el ICT y la falta de seriedad de las entidades contratantes con las empresas del sector constructor, debido a que se creía que este sector se había generado a partir de un auge específico que pronto pasaría9.

4 Aprile-Gniset, La ciudad colombiana, 597.

5 Inurbe, Medio siglo de vivienda en Colombia 1939-1989 (Bogotá: Ministerio de Desarrollo-Inurbe, 1995), 42.

6 Inurbe, Medio siglo de vivienda, 42.

7 Inurbe, Medio siglo de vivienda, 43.

8 Alfonso Cardozo, “Al Congreso la reforma urbana”, Vanguardia Liberal, Bucaramanga, 04 de agosto, 1971, 1.

9 Carlos Gómez, “No hay política de vivienda”, Vanguardia Liberal, Bucaramanga, 04 de junio, 1972, 1.

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Por su parte, en el entorno local estudiado en este artículo, las nuevas corporaciones de ahorro y vivienda llegaron con fuerza a la ciudad de Bucaramanga —capital del departamento de Santander— y a los municipios aledaños a partir de 1973, manteniéndose en un tipo de auge comercial hasta 1975, aproximadamente10. Pero paradójicamente, mientras que las corporaciones de ahorro y vivienda realizaban alianzas con las urbanizadoras de la ciudad y el ICT para poner en marcha varios proyectos urbanísticos, la industria de la construcción presentó episodios de crisis referentes a los altos costes y escasez de materiales11 y mano de obra12, creando un vaivén en el mercado.

Estas dificultades provocaron que la demanda superara la oferta y que, a pesar de sus alianzas, las corporaciones, urbanizadoras, y hasta el mismo ICT, manifestaran la falta de apoyo del Gobierno nacional para llevar a cabo sus proyectos13.

Pero tal vez el año más importante fue 1976, ya que en este contexto se empezó a debatir uno de los temas que guiarían el futuro de Bucaramanga y las ciudades vecinas: la creación del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMAB)14. El primer antecedente de esta agrupación se dio en 1975, cuando se creó la Asociación de Municipios del Área de Bucaramanga, que reunió a esta última con Floridablanca, Girón, Piedecuesta, Lebrija y Tona15. La AMAB encontró también apoyo en instituciones reconocidas como el Fondo Nacional de Planeación y la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), a fin de llevar a cabo los estudios técnicos necesarios para promover obras de infraestructura conjunta, así como programas para preservar el medioambiente.

En tal sentido, lo que buscaba la AMAB era planificar el ordenamiento físico de los municipios integrantes, para llevar a cabo un uso racional del suelo rural y urbano que permitiera una optimización de los recursos existentes y una integración de los servicios públicos, regulando el crecimiento urbano de los municipios y disminuyendo los costos sociales de dicho proceso. Pero en realidad la asociación tuvo que sortear varios obstáculos como la falta de dinero y la demora en la creación de un código de urbanismo, que diera a conocer los lineamientos a seguir por los municipios en materia de construcción. Este código, de más de quinientas normas, sólo vio la luz hasta 1982, después de muchos debates16.

Por último, es dentro de este complejo escenario urbano donde se circunscribe el actual estudio del crecimiento de la ciudad de San Juan de Girón, y específicamente, la configuración de su área periférica. La hipótesis principal que se maneja es que después de un largo proceso de estancamiento durante la primera mitad del siglo XX, la ciudad experimentó el comienzo de un nuevo desarrollo urbano, respondiendo a las nuevas dinámicas económicas y sociales que trajo consigo 10 Varios artículos del periódico Vanguardia Liberal, Bucaramanga, enero de 1973-diciembre de 1975.

11 Jairo León García, “Hay UPACS pero no hay ladrillos”, Vanguardia Liberal, Bucaramanga, 18 de mayo, 1973, 1; Gabriel Gallo Pérez, “La ciudad ante una nueva escasez de cemento”, Vanguardia Liberal, Bucaramanga, 01 de noviembre, 1976, 1.

12 “Se va la mano de obra”, Vanguardia Liberal, Bucaramanga, 28 de julio, 1977, 1.

13 “La falta de fuentes de financiación ha paralizado la industria constructora”, Vanguardia Liberal, 13 de octubre, 1979, 5B; “Para mejorar vivienda: urge una integración urbana”, Vanguardia Liberal, 01 de marzo, 1980, 1.

14 Editorial, “El Área Metropolitana”, Vanguardia Liberal, Bucaramanga, 19 de enero, 1976, 4.

15 Teresa Castillo, “La AMAB planifica el desarrollo urbanístico”, Vanguardia Liberal, Bucaramanga, 05 de diciembre, 1979, 7.

16 Departamento Administrativo de Planeación Metropolitana, Código de urbanismo: área metropolitana de Bucaramanga, Floridablanca y Girón (Bucaramanga: s/e., 1982).

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la implantación de industrias sobre su zona de influencia, pero: ¿Hasta qué punto la consolidación de Girón como corredor industrial fue determinante en el crecimiento urbano de la ciudad? ¿O dicho crecimiento respondió a otras causas? ¿Cómo se configuró el área periférica? ¿Qué modelo o modelos de crecimiento se presentaron? ¿Qué papel tuvo la topografía en dicha configuración? ¿Qué agentes urbanos intervinieron en el proceso? ¿Qué papel cumplieron los barrios en el proceso de configuración de la periferia?

Estas inquietudes esperan ser resueltas dentro del presente artículo, el cual —después de una introducción que da cuenta del contexto histórico de la ciudad— expone en el primer apartado el proceso de configuración de la periferia de San Juan de Girón; en el segundo plantea el papel que tiene la morfología urbana como opción teórica y metodológica para estudiar el crecimiento de las ciudades, tomando como base las características morfológicas y tipológicas de Girón; y, por último, el tercer apartado presenta los principales proyectos urbanísticos que se desarrollaron durante el período de estudio.

1. Configuración del área periférica de San Juan de Girón La ciudad de San Juan de Girón está ubicada a 9 km de Bucaramanga, la capital del departamento de Santander (Colombia). Limita al norte con los municipios de Sabana de Torres, Rionegro y Lebrija; al oriente con los municipios de Floridablanca, Piedecuesta y Bucaramanga; al occidente con el municipio de Betulia y al sur con los municipios de Los Santos y Zapatoca. Se encuentra asentada sobre la margen occidental del valle del río de Oro, el cual ejerce una acción de fractura sobre el territorio, que a su vez es bordeado por otros afluentes como el río Frío, la quebrada La Iglesia y la Quebrada de Las Nieves, esta última ubicada al sur de la ciudad, y la atraviesa de occidente a oriente. Los orígenes de su poblamiento se remontan a 1636, cuando el español Francisco Mantilla de los Ríos la fundó por primera vez, en el sitio conocido como Pujamanes. Después de algunas disputas legales por su jurisdicción con las ciudades vecinas de Vélez y Pamplona y el traslado del primer poblado, se concluyó su establecimiento en el sitio de Macaregua, junto al margen izquierdo del río de Oro, en 1638, sitio donde se encuentra en la actualidad17. Al ser creada legalmente como ciudad18, gozó de todas las preeminencias de una ciudad colonial española, y a lo largo del siglo XVII se consolidó su núcleo urbano, el cual fue creciendo alrededor de la plaza principal, donde se hallaban concentrados los poderes político, económico y social.

El núcleo inicial de Girón se caracterizó por la casi perfecta conjunción entre el valle plano del río de Oro y la trama ortogonal implantada por los españoles, quienes sortearon el obstáculo natural que les representó la quebrada de Las Nieves con la construcción de puentes de calicanto y piedra, que le dieron un poco más de continuidad al tejido urbano hacia la parte sur de la ciudad19. Sin embargo, el río de Oro fue la gran barrera natural que condicionó la expansión de la misma, conteniéndola durante los siglos XVII y XVIII, a pesar de la importancia política e incluso económica que ostentó 17 Armando Martínez Garnica y Amado Guerrero Rincón, La provincia de Soto: orígenes de sus poblamientos urbanos (Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander, 1995), 43.

18 Girón es considerada una fundación de ciudad tardía, si se tienen en cuenta otras fundaciones como la de Vélez (1539) o Pamplona (1555), establecidas durante el siglo XVI. 19 Ángela Inés Guzmán Calle, Poblamiento y urbanismo colonial en Santander (Bogotá: Universidad Nacional, 1987), 121.

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durante aquella época20. Ya para el siglo XIX, las condiciones de desarrollo cambiaron; las guerras de independencia, los nuevos ciclos económicos y las guerras civiles fueron decisivos para el establecimiento de un nuevo orden político, económico y social en el país. Y ahí es cuando algunas ciudades que habían vivido su máximo esplendor durante la Colonia como Vélez, Pamplona, Ocaña y Honda pasaron a un segundo plano. En el caso de Girón, se vio relegada en gran medida gracias a la rápida expansión que experimentó la vecina ciudad de Bucaramanga, que se posicionó como la capital del departamento de Santander y como el nuevo centro económico y político de la región21.

En el último cuarto del siglo XIX, los límites urbanos de Girón no se habían expandido de manera significativa, y la ciudad estaba conformada por treinta manzanas aproximadamente, articuladas por medio de un sistema de calles amplias y empedradas y pequeñas callejuelas que se conservaban de la época colonial. El centro del área urbana seguía siendo la plaza principal, aunque también se reconocen la capilla de Las Nieves y la plazoleta que lleva el mismo nombre como puntos importantes dentro de la organización espacial de Girón durante aquellos años22.

Si bien el ascenso de Bucaramanga la mantuvo apartada de la escena regional durante la primera mitad del siglo XX ―factor que, junto con la contención natural que ejerció el río de Oro, permitieron que urbanísticamente no se alteraran los patrones coloniales―, fue la relación con la capital departamental la que le permitió integrarse a los nuevos procesos de desarrollo a lo largo de la segunda mitad del mismo siglo23.

En este caso, la ciudad de San Juan de Girón no estuvo exenta de los vaivenes que trajo consigo el desarrollo urbano que vivió el país a partir de la década del sesenta. Girón se benefició de grandes proyectos liderados tanto por el sector oficial como por el privado, donde se destacan los proyectos urbanísticos de Santa Cruz y El Poblado, que abrieron las puertas a otras obras modestas pero no menos importantes, dinamizando por completo el mercado inmobiliario de la ciudad.

Con ellos se buscó dar solución al problema de vivienda que empezó a evidenciar la ciudad, debido al aumento paulatino de la población24. Este aumento poblacional coincidió también con la llegada 20 Entre los siglos XVII y XVIII Girón experimentó un importante ciclo de prosperidad, en gran medida gracias al comercio de productos como el cacao, las mantas y los sombreros, así como su rol de población de paso entre la capital del Nuevo Reino de Granada y otras zonas al norte como Pamplona u Ocaña.

21 Jaime Álvarez Fuentes y Néstor Rueda Gómez, Historia urbana de Bucaramanga 1900-1930 (Bucaramanga: SIC Editorial, 2001), 26.

22 Ivonne Marcella Duque Estupiñán, “Compra-ventas de tierra rural y urbana, Girón 1886-1905” (tesis pregrado en Historia, Universidad Industrial de Santander, 2009), 20-21.

23 Aprile-Gniset señala que “numerosas ciudades antiguas […] parecen definitivamente condenadas: presentan un estancamiento notable y continuo”, “[…] Girón no se salva y sólo repunta convertida en satélite de una metrópoli, es decir en barrio dormitorio y suburbano de Bucaramanga”. La ciudad colombiana, 576.

24 Según los censos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la población de San Juan de Girón pasó de 17.247 habitantes en 1964 a 23.145 habitantes en 1973, alcanzando los 50.570 habitantes para 1985. Si se compara con la capital, Bucaramanga, y los otros dos municipios que conforman el área metropolitana —Floridablanca y Piedecuesta—, se observa que mantienen un índice de crecimiento estable, sólo superado por Floridablanca, el cual presenta hacia el final del período una tasa elevada de crecimiento poblacional, al pasar de 14.720 habitantes en 1964 a 143.824 habitantes en 1985. Esta información se sintetiza a partir de los datos encontrados en: DANE, XVIII Censo de población y II de Edificios y viviendas, Santander (Bogotá: Imprenta Nacional, 1970); DANE, XIV Censo nacional de población y III de vivienda, Santander (Bogotá: Imprenta Nacional, 1973) <ftp://ftp.colombiestad.gov.co/books/LB_801_1964.pdf>; DANE, XV Censo nacional de población y IV censo de vivienda, Colombia (Bogotá: Editorial Printer Colombiana Ltda., 1986) <ftp://ftp.colombiestad.gov. co/books/LB_771_1985_V_1.pdf>.

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de industrias a la zona periférica de la ciudad de Girón, en especial las de tipo metalmecánico y de autopartes, como se identifica en la tabla 1.

Tabla 1. Principales industrias en Girón, 1965-1970 Año de traslado a Girón

Producción

1945

Km 2, vía BucaramangaGirón

1965

Puentes y estructuras metálicas, tuberías de presión, torres de transmisión, mallas metálicas, montaje de estructuras

Trefilco S. A.

1962

Zona sur, Girón

1962

Trefilado y galvanización de alambres

Forjas de Colombia S. A.

1961

Carretera Café Madrid-Palenque, km 3

1961

Forja y maquinado de rodajes para tractores, piezas para la industria automotriz, brida, válvulas y otras piezas

Funimaq Fundiciones y máquinas S. A.

-

Vía BucaramangaGirón

1967

Fundición y maquinado

Talleres Hakspiel

1907

Vía BucaramangaGirón

1967

Desfibradoras para fique, trapiches para caña, fundición y maquinado

Incubadora Santander Ltda.

-

Vía BucaramangaGirón, km 6

1970

Planta de incubación de pollos

Fundiciones Cinca S. A.

-

Km 2, vía BucaramangaGirón

-

Fundiciones y maquinado

Año de fundación

Ubicación

Construcciones Metálicas S. A.

Nombre

Fuente: elaboración propia a partir de los datos encontrados en Vanguardia Liberal entre 1965-1970.

Estas industrias fueron atraídas por tres factores claves: la adecuación y consolidación de los servicios públicos; la posición privilegiada de la ciudad, ya que ésta favorecía la salida y circulación de los productos, conectándose rápidamente con el centro, oriente y norte del país; y las facilidades e incluso exenciones en el pago de impuestos de industria y comercio, prediales y de mercancía extranjera, por asentarse en el espacio de influencia de la ciudad25. Lo anterior promovido desde el Gobierno municipal y encabezado por el alcalde de la época —el señor Carlos Pradilla Peña—, quien decidió impulsar ambiciosos proyectos de infraestructura “para hacer de la villa un emporio industrial armónicamente desarrollado que enlace las bellezas naturales con las reliquias históricas”26.

Ahora bien, las industrias debían cumplir con unos requisitos para hacerse acreedoras de los beneficios, siendo el más determinante para el desarrollo urbano de Girón, el artículo 8 del Acuerdo municipal número 001 de enero 10 de 1968: “Art. 8° Las empresas estarán obligadas a contratar personal residente en Girón en un 40% del total del personal, siendo de anotar que el porcentaje a que se hace referencia debe ser tanto más alto si se trata de personal que para ingresar a las empresas no necesita ser calificado, ya que para tener derecho a este beneficio se debe

25 “Exoneran de impuestos de Industria y Comercio en Girón”, Vanguardia Liberal, Bucaramanga, 08 de marzo, 1968, 11.

26 “Ambiciosos proyectos para el progreso general de Girón”, Vanguardia Liberal, Bucaramanga, 03 de enero, 1967, 1.

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dar estricto cumplimiento a lo que aquí se establece”27. De esta forma, los nuevos habitantes no podían ser acogidos por el centro de la ciudad, cuya antigua infraestructura urbana estaba ocupada y no podía transformarse para darles cabida, debido a la protección que le otorgó la ley al incluirla dentro de la lista de Monumentos Nacionales, mediante el decreto nacional 264 de 196328.

Es así como las autoridades municipales se concentraron en conservar el casco antiguo y restaurar importantes edificaciones coloniales, buscando con ello el apoyo de arquitectos e instituciones como la Corporación Nacional de Turismo29, mientras se empezaba a delimitar lo que se ha denominado las primeras periferias de la ciudad (ver la imagen 1)30.

Imagen 1. Delimitación de las periferias urbanas

Fuente: plano ubicado en Néstor José Rueda, “La formación del área metropolitana de Bucaramanga: el papel de la vivienda del Instituto de Crédito Territorial como elemento clave en su configuración” (tesis de doctorado en Régimen Jurídico y Ordenación del Territorio, Universidad Politécnica de Valencia, 2012), 474, modificado por la autora.

27 “Exoneran de impuestos de Industria”, 11.

28 Copia fiel del decreto nacional 264 de 1963, publicado originalmente en el Diario Oficial 31025, en Archivo Oficina de Planeación Municipal (AOPM), Girón-Colombia, Sección Varios, carpeta 2010.

29 “Restauración de joyas coloniales realizará Girón”, Vanguardia Liberal, Bucaramanga, 10 de octubre, 1969, 5.

30 Para la delimitación de las periferias de la ciudad se parte de los escenarios de análisis territorial, que identifica el historiador Néstor José Rueda en su tesis doctoral: “La formación del área metropolitana de Bucaramanga”, 473.

Hist. Crit. No. 60 · Abril-junio · Pp 143-161 · ISSN 0121-1617 · eISSN 1900-6152 doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit60.2016.08

Dentro del período de estudio se pueden identificar tres periferias, así: la primera periferia (pp) se inició en 1966 y se extendió hasta 1973, y la conformaron dos proyectos de vivienda: el barrio Santa Cruz (primera periferia sur) y el barrio El Poblado (primera periferia norte), y un proyecto urbano industrial llamado Vegas de Villamizar (primera periferia noreste). La segunda periferia (sp) se inició entre 1972 y 1973, se consolidó hasta 1979 y se caracterizó por la ocupación de los terrenos inmediatamente siguientes al casco antiguo de la población (en sentido oeste), específicamente en la zona conocida como barrio Eloy Valenzuela. En su mayoría se trataba de fincas privadas que, atraídas por la demanda de vivienda, se dieron a la tarea de conseguir permisos para lotear, urbanizar y vender los predios ya demarcados, para su posterior edificación particular. Éste es el sector que presentó la mayor dinámica de crecimiento de la ciudad durante el período estudiado (exceptuando los grandes proyectos urbanísticos)31. La tercera periferia (tp) se inició en 1979 y se extendió hasta 1985. La conformaron el proyecto de vivienda El Rincón de Girón, ubicado en la zona este de la ciudad (tercera periferia este), y otros pequeños y variados proyectos, en especial en la zona oeste, dentro del sector Eloy Valenzuela o muy cerca de este barrio (tercera periferia oeste). Por la proliferación de proyectos se ha decidido llamarlo el boom de las urbanizaciones32. Las periferias se constituyeron a partir de proyectos urbanísticos dirigidos a sectores medios, de obreros y empleados del sector oficial33.

Resulta interesante aquí que la única mención clara y directa de un proyecto de vivienda higiénica pensado desde la Alcaldía municipal para sus empleados aparezca concretada en 1984 (Urbanización Primero de Mayo)34, cuarenta años después que los primeros lineamientos nacionales se dictaran sobre el particular35 y sesenta años después de que los más famosos arquitectos y urbanistas reflexionaran al respecto en los primeros encuentros del CIAM36.

Ahora bien, la identificación de las periferias permite estudiar el crecimiento urbano de la ciudad de San Juan de Girón desde dos ámbitos: el del barrio y el de la vivienda. Entre 1964 y 1985, el crecimiento urbano de la ciudad se caracterizó por la construcción de barrios gestionados y financiados en su mayoría desde el sector privado, como El Poblado y El Rincón de Girón; sin

31 Dicha información es el resultado de un análisis estadístico basado en un consolidado de datos extraídos de los protocolos notariales del municipio de Girón, específicamente escrituras de compra-venta de predios urbanos entre 1964 y 1985.

32 Las urbanizaciones creadas en el municipio de Girón entre 1979-1985 son: en 1979, La Campiña; en 1980, El Carrizal, Río de Oro II y El Angulito; en 1981, La Villa, Giraluz, Rincón de Girón, Campiña II, La Arboleda y Rincón de Girón II; en 1982, Rincón de Girón III y Rincón de Girón IV; en 1983, Rincón de Girón IV (casas económicas), La Arboleda II, La Rinconada, La Rivera y El Carrizal III; en 1984, El Tejar, Torres del Rincón, Giraluz II, Conjunto Residencial San Juan y Corviandi; en 1985, El Portal, Altos del Rincón de Girón, Río de Oro III, La Hacienda (Rincón de Girón) y Primero de Mayo. La información anterior fue obtenida a partir de la revisión del periódico Vanguardia Liberal y los protocolos notariales de compra-ventas de inmuebles ubicados en el municipio de Girón entre 1964-1985, encontrados en: Archivo de la Notaría Única de Girón (ANUG) Girón-Colombia, 1964-1985; Archivo de la Notaría Primera (ANPB), 1975-1985; Notaría Segunda (ANSB), 1973-1985, y Notaría Tercera (ANTB), 1964-1985, Bucaramanga-Colombia; Archivo Histórico Regional de la Universidad Industrial de Santander (AHR-UIS), Bucaramanga-Colombia, Fondos Notaría Primera de Bucaramanga 1964-1974 y Notaría Segunda de Bucaramanga 1964-1972.

33 “Elegante urbanización adelanta Trefilco”, Vanguardia Liberal, Bucaramanga, 04 de junio, 1966, 1.

34 “Protocolización plano del loteo de la urbanización Primero de Mayo”, 15 de agosto de 1984, en ANUG, Sección Protocolos notariales, Escritura pública 293, f. 548.

35 Inurbe, Medio siglo de vivienda, 36.

36 Inurbe, Medio siglo de vivienda, 30.

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embargo la actuación estatal a través del ICT fue importante en barrios como Santa Cruz, Río de Oro y El Palenque, y llegó a realizar alianzas con la firma urbanizadora Urbanas S. A. para financiar algunas etapas iniciales de El Poblado37. Pero además, durante los setenta ―y gracias al mencionado auge de las corporaciones de ahorro y vivienda, junto a la aparición de nuevas y pequeñas constructoras y urbanizadoras privadas― se llevó a cabo la construcción de proyectos modestos, en comparación con los anteriores, como La Campiña, Giraluz, El Angulito y El Carrizal.

En tal sentido, aproximadamente el 60% de los proyectos tanto públicos como privados ofertaron casas totalmente construidas, mientras que el 40% restante eran lotes destinados a la autoconstrucción y el desarrollo progresivo de las viviendas. En el caso de la ocupación del sector Eloy Valenzuela, la situación fue diferente porque más del 70% de la operaciones inmobiliarias que se gestionaron fueron destinadas a la compra-venta de lotes urbanizados con miras a la edificación posterior a cargo de los propietarios, es decir, fue un sector donde predominó la autoconstrucción particular38. Así, pues, el crecimiento urbano de San Juan de Girón fue tomando formas diversas, un tanto desordenadas, y fue apenas controlado por las autoridades municipales. La ciudad no tuvo una oficina de planeación que vigilara de manera eficaz todas las actividades referentes a su desarrollo urbanístico39; dichas gestiones eran autorizadas y reguladas por la Personería Municipal40, y sólo cuando las obras de infraestructura lo requirieron se acudió a la Oficina de Planeación Departamental, y ya para finales de la década del setenta, con la creación de la AMAB, algunos asuntos empezaron a tratarse con la Oficina de Planeación Metropolitana41.

2. La morfología urbana: una opción teórica y metodológica para el estudio del crecimiento urbano En una investigación como la realizada para la ciudad de Girón, en donde los documentos oficiales que dan cuenta del desarrollo urbano y la planificación antes de 1990 son pocos o están muy dispersos, y donde las fuentes más completas son los archivos notariales y la cartografía, se hace necesario

37 “Urbanas entregó plan P-3 en El Poblado”, Vanguardia Liberal, Bucaramanga, 06 de agosto, 1967, 1.

38 Los porcentajes presentados fueron calculados teniendo en cuenta el rastreo realizado por la autora sobre los protocolos notariales de compra y venta de predios urbanos para el municipio de San Juan de Girón entre 1964 y 1985.

39 Al no tener la ciudad una única oficina que gestionase todo lo referente a la planificación y el desarrollo urbano, la información es escasa y dispersa. Más si se tiene en cuenta que los archivos de la Oficina de Planeación Municipal empiezan a sistematizarse a comienzos de los años noventa del siglo XX, y que la documentación existente anterior a dichos años se encuentra en diferentes dependencias municipales, así como en las primeras Notarías de Bucaramanga y Notaría Única de Girón, principalmente.

40 “Disposiciones sobre urbanizaciones”, Girón, 10 de febrero de 1981, Archivo Consejo Municipal (ACM), Sección Actas y acuerdos, Acuerdo 12 de 1981, t. 1981, f. 7. Es importante señalar que el 01 de septiembre de 1977 ocurrió un incendió en la ciudad de San Juan de Girón, el cual consumió gran parte del Palacio Municipal de la época, y con ello, varios archivos oficiales, de manera especial todos los archivos del Concejo Municipal entre 1920 y 1977. Gracias a la gestión de Lucila González Aranda y Gloria Zea, al trabajo incansable de Fray Lee (experto en documentación antigua de Colcultura) y el voluntario Víctor Manuel Sánchez, así como al apoyo de las autoridades locales, se logró la recuperación, catalogación y microfilmación en la ciudad de Bogotá de folios que databan, los más antiguos, del siglo XVII. A su regreso, los documentos entraron en custodia de la Universidad Industrial de Santander (Colombia), y formaron parte del entonces Centro de Documentación e Investigación Histórica Regional (CDHIR), en la actualidad el Archivo Histórico Regional UIS. 41 Olga Lucía Hernández (Topógrafa), en discusión con la autora, 20 de marzo de 2014.

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recurrir a otras herramientas poco convencionales dentro de los estudios históricos más tradicionales, en este caso, al estudio de la morfología espacial y la tipología edificatoria, estableciendo las posibles relaciones entre éstas y los agentes que las producen. Partiendo de ello, uno de los procesos vitales que experimentan las ciudades es el crecimiento, entendido como “la progresión en el tiempo y en el espacio geográfico del hecho urbano”42, que puede darse de varias formas, según los elementos que se tomen en consideración, y que a grandes rasgos pueden ser continuos, discontinuos o lineales43. El estudio del crecimiento histórico de la ciudad puede llevar entonces a reconstruir los procesos de expansión urbana desde los núcleos iniciales hasta épocas bastante posteriores, permitiendo comprobar el papel que cumplen las barreras y los límites —ya sean naturales o artificiales—, así como la intervención de los agentes urbanos, que son los que finalmente construyen la ciudad y los responsables de su organización general, de los usos del suelo y, en definitiva, de la morfología44.

Dicha conexión entre formas, agentes y causas del crecimiento urbano es lo que da soporte a los estudios realizados dentro de la corriente de la morfología urbana, que se ha desarrollado desde la arquitectura, la geografía y, en menor medida, la historia. En el caso de la presente investigación se tuvieron en cuenta los planteamientos de los autores españoles Horacio Capel y Manuel de Sola-Morales, siendo este último el que estableció una relación básica para el estudio de la construcción de ciudad, a saber: parcelación + urbanización + edificación; etapas que no se dan simultáneamente, y donde las diferentes combinaciones que surgen en cada momento histórico son las que alimentan la diversidad morfológica de cada ciudad.

Por otro lado, como eje central del estudio aparece el término periferia, utilizado de manera específica para referirse a aquellos espacios urbanos que se localizan una vez finalizado el núcleo continuo de la ciudad y que, por lo tanto, forman parte de ella, esto independientemente de si los proyectos de vivienda son de carácter formal o informal. En el caso de Girón, las tierras más inmediatas al centro —es decir, pasando el río de Oro— habían sido de extracción agrícola hasta mediados del siglo XX, situación que cambió drásticamente. En tanto, dentro de la dinámica de configuración de la periferia, los barrios se tomaron como núcleos urbanos relativamente homogéneos, y para estudiar sus características morfológicas se utilizaron, en un primer momento, dos escalas de análisis, que permitieron hacer una aproximación en lo sucesivo, y que son planteadas por Doris Tarchópulos: ciudad y barrio45. En la escala de la ciudad se identificaron las conexiones entre el barrio y el sistema vial en general, a fin de determinar la accesibilidad desde y hacia ellos. Estas conexiones han sido clasificadas por Doris Tarchópulos en acceso único aislado, acceso único en ramal, acceso ramal doble a una vía arteria, acceso tangencial, acceso doble ramal y tangencial a dos vías arterias y acceso ramal doble a dos vías arterias46.

Ahora bien, en la escala barrial se identificaron los factores morfológicos y su integración funcional y/o espacial, es decir, las conexiones viales dentro del barrio y los tipos de trazados, 42 Grupo Aduar, Diccionario de geografía urbana, urbanismo y ordenación del territorio (Barcelona: Editorial Ariel, 2000), 111-112.

43 Philippe Panerai, Elementos del análisis urbano (Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local, 1983).

44 Horacio Capel, La morfología de las ciudades. I. Sociedad, cultura y paisaje urbano (Barcelona: Ediciones del Serbal, 2002), 34.

45 Doris Tarchópulos Sierra y Olga Lucía Ceballos Ramos, Patrones urbanísticos y arquitectónicos en la vivienda dirigida a sectores de bajos recursos en Bogotá (Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2005), 53.

46 Tarchópulos Sierra y Ceballos Ramos, Patrones urbanísticos, 54.

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elementos que pueden variar según el origen del barrio. Éstos, al igual que la ciudad, pueden presentar diversas formas de crecimiento, que para el caso específico de los barrios periféricos en Colombia, algunos autores han establecido en cuatro formas (ver la tabla 2).

Tabla 2. Formas de crecimiento urbano de los barrios periféricos Forma de crecimiento Barraca o proliferación tugurial: ocupación directa de vivienda de bajos estándares de calidad, sin que exista un proceso previo de urbanización y parcelación Desarrollo progresivo por invasión: se inicia con la edificación, seguida de la parcelación hasta la urbanización, donde se trazan vías y se construyen las redes de servicios públicos, una vez se legaliza el barrio Desarrollo progresivo tradicional: se inicia con la parcelación, seguida de la edificación, a la cual se le realizarán diferentes ampliaciones y mejoras por parte del propietario hasta culminar la urbanización Desarrollo progresivo según patrón de normas mínimas: se inicia con la urbanización, seguida de la parcelación y la construcción definitiva de las viviendas

Combinaciones (según referente de SolaMorales) E

E+P+U

P+E+U

U+P+E

Fuente: Luis Armando Ortiz Álvarez, Ocaña y sus formas de crecimiento urbano, análisis multiescalar: región-ciudad-arquitectura (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2009), 27-28.

Para el caso de análisis de los barrios, y gracias a similitudes tipológicas encontradas, se utilizó la clasificación desarrollada por la arquitecta Adriana Hidalgo, quien con base en sus propias observaciones en la ciudad de Tunja y las teorías italianas sobre morfología y tipología urbana más importantes establece las siguientes familias tipológicas: crecimiento popular espontáneo de viviendas unifamiliares en manzanas abiertas, polígonos multifamiliares de bloque abierto, enclaves cerrados de vivienda unifamiliar aislada o adosada en conjuntos cerrados, polígonos de vivienda unifamiliar adosada y/o loteos para su desarrollo, equipamientos en bloque abierto, polígonos industriales, vivienda unifamiliar semi rural y vivienda en manzana abierta de uso mixto y comercial47.

Por último, se puede plantear que la forma urbana es tomada como una herramienta de análisis, donde la arquitectura y la ciudad se acoplan en un mismo punto, con la intención de conocer qué actores y procesos han intervenido en el crecimiento de la ciudad, asumiendo las formas como elementos dinámicos de una realidad histórica que se transmuta periódicamente, y que, más allá de las transformaciones de lo construido, se convierten en huellas históricas de la complejidad y la diversidad espaciales.

2.1. Morfología y tipología edificatoria de la periferia urbana de San Juan de Girón, 1964-1985 El crecimiento urbano que presentó la ciudad de San Juan de Girón durante este período fue discontinuo, específicamente sobre la primera periferia sur, por la acción en gran medida de la fractura territorial que ejerció el río de Oro sobre las áreas circundantes de la ciudad; ello aunado 47 Adriana Hidalgo Guerrero, “Morfología y actores urbanos, formas de crecimiento en la periferia urbana. El caso de Tunja, Boyacá, Colombia” (tesis de doctorado en Periferias Sostenibilidad y Vitalidad Urbana, Universidad Politécnica de Madrid, 2010), 67.

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a otros dos límites físicos como el río Frío y la quebrada de Las Nieves, que pasan directamente sobre el plano de la ciudad. Estos factores naturales fueron los principales elementos físicos que contuvieron el crecimiento de San Juan de Girón. Pero además, hacia el noreste se constituyeron nuevos fragmentos discontinuos, representados en las instalaciones industriales (primera periferia noreste), siendo la más importante la urbanización industrial Vegas de Villamizar, gestionada por Urbanas S. A., que creció de manera lineal a un costado de la vía Bucaramanga-Girón. Mientras que en el sur, el barrio Santa Cruz surgió como un nuevo enclave, jalonado por la fábrica Trefilco, con un trazado diferente al del núcleo urbano primigenio y unido a éste por una vía que atravesaba el río de Oro. En contraste, en la primera periferia norte se produjo un crecimiento continuo, gracias a la cercanía con las manzanas preexistentes, ligeramente separado del trazado colonial y unido a éste por una vía principal que atravesaba la ciudad por su centro.

Ahora, una de las formas de crecimiento que se dio durante el período es el crecimiento suburbano (U + P + E), en el cual las obras de urbanismo son básicas, originadas en actuaciones puntuales que optan por localizaciones separadas del tejido urbano existente, como el caso de la urbanización industrial Vegas de Villamizar. El otro tipo de crecimiento que se encontró es el de ciudad jardín (UP + E)48, en donde los proyectos se materializaron a través de la práctica del loteo y con obras de urbanismo básicas gestionadas por un mismo agente; entre tanto, en la última etapa de edificación quedó en manos del propietario, como son los casos de los barrios Santa Cruz y El Poblado, en sus primeras etapas, que corresponden ambos a desarrollos progresivos según patrón de normas mínimas (U + P + E).

Dentro de la segunda y tercera periferias de la ciudad, los tipos de crecimiento que se dieron fueron variados. Por una parte, aparecieron las viviendas unifamiliares en conjuntos abiertos, donde los promotores se encargaron de las etapas de parcelación y urbanización, mientras que el propietario edificó su vivienda, bien sea siguiendo un plano tipo o no49, como es el caso de la conformación del llamado barrio Eloy Valenzuela, principal eje de expansión urbano sobre la segunda periferia. Por otra parte, surgieron los polígonos de vivienda unifamiliar50, donde todas las etapas (U + P + E) se llevaron a cabo por parte de un agente público o privado en la mayoría de los casos, donde resaltan las viviendas del tipo adosadas, que mantenían una coherencia visual dentro del entorno —como en el caso de los barrios Rincón de Girón, Giraluz, El Carrizal y La Campiña—.

3. Principales proyectos urbanísticos A continuación se presentan tres proyectos urbanísticos relevantes del período 1964-1985 en la ciudad de San Juan de Girón, analizados a partir de los lineamientos de la Morfología urbana expuestos anteriormente.

3.1. Urbanizaciones industriales Vegas de Villamizar y Chimitá En un primer momento, y atraída por el impulso que tomó el sector industrial en la zona gironesa, la constructora Urbanas S. A. hizo presencia con un proyecto llamado Vegas de Villamizar51, 48 Hidalgo Guerrero, “Morfología y actores urbanos”, 84.

49 Hidalgo Guerrero, “Morfología y actores urbanos”, 93.

50 Hidalgo Guerrero, “Morfología y actores urbanos”, 95.

51 “Publicidad Urbanas sobre el proyecto Vegas de Villamizar”, Vanguardia Liberal, Bucaramanga, 02 de septiembre, 1965, 7.

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urbanización industrial con servicios básicos que se ubicaba en la vía que de Bucaramanga conducía a Girón, y también con otra urbanización de tipo industrial llamada Chimitá, sobre el sector del Café Madrid52. Ambas urbanizaciones industriales estaban ubicadas en la primera periferia noreste: Vegas de Villamizar, con acceso tangencial a la autopista que comunicaba Bucaramanga-Girón, y Chimitá, con acceso tangencial sobre los dos costados de la vía GirónCafé Madrid. Las dos urbanizaciones se localizaron a pocos minutos de la intersección vial más importante de la zona, que comunicaba las ciudades antes mencionadas con la vía a la costa Atlántica hacia el norte, y por la prolongación de la misma hacia el sur, con el anillo vial GirónFloridablanca y el centro del país. Los proyectos fueron llevados a cabo por la urbanizadora Urbanas S. A. durante los años sesenta, logrando posicionar lotes de aproximadamente 800 m2 con red matriz de acueducto, alcantarillado sanitario, red eléctrica de alta tensión, calles pavimentadas y andén, desde los $50.000, para uso industrial exclusivo53.

3.2. Barrio Santa Cruz El primero en consolidar un proyecto habitacional en San Juan de Girón fue el ICT, con un escaso margen de meses frente a Urbanas S. A. Es muy probable que ambos hayan comprado terrenos, gestionado permisos y empezado a urbanizar al mismo tiempo, aunque con enfoques y planes diferentes. El ICT lideró la construcción del barrio Santa Cruz en 1966, mediante el programa de autoconstrucción y la modalidad del esfuerzo propio, por medio del cual los propietarios se comprometían, entre otras cosas, a “aceptar su inclusión en el grupo dentro de la manzana que señálase la dirección del programa”, además de “aportar la mano de obra en trabajo personal y en dinero en efectivo para la construcción de la vivienda, en un plazo máximo de dos meses”54.

Es importante señalar que el barrio Santa Cruz fue financiado por la empresa Trefilco S. A., con una inversión de $4.000.000, porque el objetivo era adjudicar las viviendas —que tendrían un valor unitario de $45.000 para los trabajadores de la fábrica— que se encontraban situadas al costado sur de la ciudad, por donde pasa el río de Oro; el barrio justo se ubica a un costado de la misma. Asimismo, más allá de la inversión directa para la construcción de las viviendas, la fábrica tenía interés en realizar dos obras de infraestructura de gran envergadura: un muro de contención de aproximadamente kilómetro y medio de largo, para separar el río de la zona verde, que limitara de un modo directo con el barrio y la canalización técnica del río de Oro55.

El barrio fue situado sobre la primera periferia sur, cuya topografía plana está formada por un valle aluvial, lo que se convirtió en el primer obstáculo que debieron sortear los urbanizadores, ya que construir en cotas inundables representa grandes riesgos, originados por el desbordamiento de los ríos en épocas de lluvias intensas —en este caso, del río de Oro—. El barrio limita por el costado norte y oeste con esta fuente hídrica, que lo separa del casco antiguo de la ciudad, a la cual está conectado por medio de un acceso tangencial a la única vía principal, que se proyecta en dos 52 Urbanas, Urbanizadora David Puyana S. A. 40 años de empresa privada al servicio del desarrollo urbanístico y habitacional de una ciudad (Bucaramanga: Publicación conmemorativa empresarial, 1964), 22.

53 “Compra-venta de tierra”, 31 de diciembre de 1968, en AHR UIS, Notaría Primera de Bucaramanga, t. 5, año 1968, Escritura pública 2186, ff. 341-352.

54 Protocolización del loteo y reglamento de construcción del barrio Santa Cruz, 16 de abril de 1968, en AHR UIS, Notaría Segunda de Bucaramanga, t. 3, año 1968, Escritura pública 1179, ff. 428-431.

55 “Elegante urbanización”, 1.

Hist. Crit. No. 60 · Abril-junio · Pp 143-161 · ISSN 0121-1617 · eISSN 1900-6152 doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit60.2016.08

sentidos. Al norte, hacia el centro de la ciudad, desembocando en uno de los costados de la plaza principal, que seguía albergando las instituciones político-administrativas, sociales y culturales de la zona. Y al sur conduce al sitio de Badohondo y Zapatoca. Puede afirmarse que el barrio Santa Cruz corresponde a un proyecto de loteo para edificación de vivienda unifamiliar, en donde las dos primeras etapas de urbanización y loteo estuvieron a cargo del ICT, y la edificación, de los propietarios, siguiendo los parámetros establecidos por el Instituto con plano tipo, siendo “una forma sencilla y rápida de construir suelo urbano, pero de lenta consolidación”56.

El barrio tenía un trazado composicional constituido por doce manzanas —en su mayoría rectangulares, aunque no homogéneas—; algunas presentaban ligeras modificaciones en la forma, divididas a su vez en 315 lotes dispuestos en hileras (con un estándar de 150 m2), lo que representaba un área importante para ser edificada y con posibilidad de ampliación posterior de la vivienda, siendo de tipo unifamiliar (algunas de dos plantas), y cada una con acceso vehicular. La propuesta del barrio era dotar el área de equipamientos básicos, tales como la escuela de niños57, una iglesia58 contigua al Centro cívico y amplias zonas verdes, que permitieran el adecuado esparcimiento de la población que iba a residir allí. Estos equipamientos estaban situados en el centro del área como elementos articuladores del espacio, y era precisamente en aquel centro donde desembocaba el sistema vial del barrio, compuesto por cinco calles de acceso desde la única vía principal, que se encontraba al costado este. Las calles eran sinuosas, con poca continuidad, mientras que las pocas vías peatonales no estaban conectadas entre sí.

3.3. Barrio El Poblado Urbanas S. A., por su parte, compró algunos terrenos en el costado norte de la ciudad, en el sector comprendido entre el puente del Palenque y el sector antiguo de la misma, con el fin de adelantar un ambicioso proyecto de mil viviendas de tipo medio económico59, construidas en seis etapas entre 1966 y 1977, y que recibieron el nombre de El Poblado. La primera etapa inició en 1966 con la venta de noventa viviendas, por medio del plan de terceras partes (P3)60, con una importante participación del ICT61. Cada una de las viviendas tenía un valor total de $42.990, por lo que el monto que debía aportar el interesado era de $13.750, con un saldo pagadero a diez años62. Esta primera etapa del barrio El Poblado fue entregada a sus propietarios en agosto de 1967 completamente terminada63.

56 Hidalgo Guerrero, “Morfología y actores urbanos”, 93.

57 “Concentraciones escolares en barrios El Poblado y Santa Cruz”, Vanguardia Liberal, Bucaramanga, 06 de abril, 1970, 6.

58 Cristina Peña, “Santa Cruz progresa”, Vanguardia Liberal, Bucaramanga, 19 de marzo, 1975, 7.

59 Urbanas, Urbanizadora David Puyana S. A. 22.

60 Sistema de terceras partes: este programa consistía en la financiación de la vivienda con tres fuentes diferentes: un tercio del costo total con cargo a recursos propios del beneficiario; un porcentaje igual, financiado por los bancos o por la empresa constructora, y con el mismo porcentaje apoyaba el ICT. Olga Lucía Ceballos Ramos, ed., Vivienda social en Colombia. Una mirada desde su legislación, 1918-2005 (Bogotá: Editorial Pontifica Universidad Javeriana, 2008), 101.

61 Inurbe, Medio siglo de vivienda, 230.

62 “Publicidad Urbanas proyecto El Poblado”, Vanguardia Liberal, Bucaramanga, 15 de julio, 1966, 10.

63 “Urbanas entrego plan P3 en El Poblado”, Vanguardia Liberal, Bucaramanga, 06 de agosto, 1967, 1.

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Para comienzos de ese mismo año, Urbanas S. A. ya había iniciado la promoción de la siguiente etapa del proyecto, poniendo en venta lotes y casas terminadas, con facilidades de pago e incluso incentivos de tipo monetario para quienes compraran en el barrio, como tres sorteos con premios de $25.000 cada uno64. La firma ofrecía una urbanización con todos los servicios: alumbrado público, acueducto, alcantarillado, pavimentación, sardineles, fuerza eléctrica y parques, además de tener “el mejor clima del país, mercado abundante y barato, escuela, comercio, iglesias y todas las facilidades existentes en Girón”. Para 1968 seguía ofreciendo lotes por valor de $975 de cuota inicial y un pago mensual de $25565, incentivando esta vez no a compradores sino a los propietarios que estuvieran a paz y salvo con sus pagos, con la posibilidad de ganarse un lote dentro del barrio66. Para el mes de diciembre de 1968 se empezaron a promocionar “casas económicas” por $5.999 iniciales y $352 mensuales por cinco años.

En este caso, la urbanizadora entregaba las casas en una especie de etapa inicial, construidas en ladrillo en un lote de 7 x 17,50 metros, con dos habitaciones, baños, instalaciones, servicios, alumbrado público y pavimentación. Lo anterior con la posibilidad de ampliar la vivienda como y cuando lo deseara el propietario, facilitándose por la urbanizadora un plano de la vivienda67.

El barrio fue ubicado sobre la primera periferia norte y, al igual que el barrio Santa Cruz, debió sortear las cotas inundables del río de Oro, que lo bordea en sus costados norte y este. Al sur limita con la ciudad colonial, vinculado a ésta por medio de dos vías que finalizaban dentro del barrio, pero proyectadas hacia el sur: una terminaba en la ciudad, y la principal, la carrera 26, se proyectaba hacia Santa Cruz. Al oeste se encontraba con la vía principal que comunicaba Bucaramanga con Girón y Barrancabermeja, unida mediante un acceso único en ramal. El Poblado también corresponde a un proyecto de loteo para edificación de vivienda unifamiliar, en donde los procesos de urbanización y loteo estuvieron a cargo de la Urbanizadora David Puyana S. A. (posteriormente Urbanas S. A.), y la edificación, a cargo de los propietarios, aunque en algunas etapas la misma constructora ofertó viviendas completamente terminadas.

El barrio tenía un trazado reticular en dos sentidos, constituido por 39 manzanas rectangulares perfectamente alineadas, para lograr un máximo aprovechamiento de toda el área disponible para urbanizar. A su vez, dichas manzanas estaban divididas en poco más de 1.088 lotes aptos para la construcción. El barrio no tenía una centralidad sólida, un equipamiento que pudiera articular todo lo demás; así mismo, carecía de zonas verdes, y los únicos equipamientos que se proyectaron fueron un colegio y unas canchas públicas a manera de sede deportiva, ubicados a escasos metros del río de Oro, sobre el costado norte del barrio. Lo anterior sugiere que lo que se buscaba con el diseño del proyecto era aprovechar el espacio a expensas de zonas abiertas que hubiesen servido para flexibilizar el mismo y aportar áreas públicas para el esparcimiento de los residentes, pero que hubieran requerido un área considerable de terreno que se prefirió utilizar para urbanizar y construir viviendas. Al interior, el sistema vial desembocaba en el centro del barrio, representado en una pequeña glorieta; contaba con tres vías de acceso, dos desde la ciudad y una desde la carretera que comunica Girón con Bucaramanga y Barrancabermeja. Las calles rectas tienen continuidad, y las intersecciones disponibles permiten una circulación precisa dentro del barrio.

64 “Publicidad Urbanas proyecto El Poblado”, Vanguardia Liberal, Bucaramanga, 01 de mayo, 1967, 10.

65 “Publicidad Urbanas proyecto El Poblado”, Vanguardia Liberal, Bucaramanga, 19 de enero, 1968, 10.

66 “Rifan lote en El Poblado”, Vanguardia Liberal, Bucaramanga, 22 de abril, 1968.

67 “Publicidad Urbanas proyecto El Poblado”, Vanguardia Liberal, Bucaramanga, 01 de diciembre, 1968, 10.

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Conclusiones La presente investigación sobre el crecimiento urbano de la ciudad de San Juan de Girón entre 1964 y 1985 permitió identificar las características más importantes del proceso de configuración de la periferia en el departamento de Santander (Colombia), llegando a establecer tres momentos puntuales dentro del mismo: primera periferia (1966-1973), segunda periferia (1972-1979) y tercera periferia (1979-1985). Se trataría de momentos caracterizados por una serie de intervenciones tanto de agentes urbanos privados como públicos, los cuales debieron sortear las particularidades físicas de la zona, siendo la más importante de ellas el sistema hídrico que baña el valle donde se ubica la ciudad. Estos agentes promovieron diversos proyectos de vivienda como solución a la demanda habitacional que se estaba generando en aquella época, debido a tres puntos clave: la llegada de industrias a la zona de influencia de Girón, el aumento poblacional generado por la oferta laboral de las nuevas fábricas y la imposibilidad de acoger a los nuevos habitantes en el núcleo antiguo de la ciudad, que ya se encontraba ocupado y no podía modificar su estructura urbana al encontrarse clasificado como Monumento Nacional.

Así, pues, los nuevos proyectos rompieron los antiguos lineamientos urbanísticos coloniales para darles paso a otras formas de ocupar el territorio. El crecimiento que evidenció Girón fue de tipo discontinuo hacia el sur y oriente, básicamente por la presencia del río de Oro, y continuo hacia el norte y occidente gracias a la prolongación del sistema vial existente. Los nuevos barrios dejaron atrás las grandes manzanas cuadradas para dar paso a las manzanas rectangulares dispuestas en hileras, buscando la optimización de las tierras urbanizables. Y las antiguas casas coloniales de tapia se sustituyeron por modernas casas unifamiliares.

Por último, se puede concluir que, gracias a las herramientas proporcionadas por la morfología urbana, se pudo sacar máximo provecho a la información visual recopilada de las aerofotografías, los planos de los proyectos y la cartografía en general, que, utilizada en conjunto con otras fuentes primarias —como los protocolos notariales, estadísticas, informes y periódicos—, permitieron una lectura eficaz de un proceso histórico ligado al crecimiento urbano de una ciudad colombiana.

Varios centros urbanos pasaron del esplendor colonial al estancamiento urbano entre los siglos XIX y comienzos del XX, hasta incorporarse de nuevo a las dinámicas regionales después de la segunda mitad del siglo XX como un territorio complementario a la capital departamental y determinante dentro del Área metropolitana de la misma.

No obstante, se hace necesario que más estudios urbanos den cuenta de los procesos de crecimiento de ciudades pequeñas articuladas dentro de una red regional, así como de las ciudades intermedias que tienen un futuro tan promisorio dentro del panorama nacional, buscando con ello obtener unos resultados que permitan establecer generalidades y aclarar dudas sobre el proceso de urbanización colombiano, que se inició en el siglo XX y que llega hasta la actualidad, tan compleja y cambiante.

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Crecimiento urbano en la configuración del área periférica de San Juan de Girón Ivonne Marcella Duque Estupiñán

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❧ Ivonne Marcella Duque Estupiñán

Docente del Área de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Santo Tomás (Colombia). Historiadora y candidata a Magíster en Historia en la Universidad Industrial de Santander (Colombia). duque.ivonne@gmail.com

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Rese単as

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Anónimo. La catástrofe del Itata. Memorias de un sobreviviente.

Coquimbo: Ediciones Universitarias Universidad Católica del Norte, 2014, 127 pp.

Andrés Bianchetti Saavedra Universidad San Sebastián, Chile

doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit60.2016.09

Las catástrofes han sido temáticas recurrentes en los estudios de memoria colectiva desde la historia oral. Pareciera que la nitidez con que se expresan los recuerdos transforma estas situaciones en fenómenos atractivos para los investigadores que han abordado su estudio. Más aún cuando la significancia que han tenido tales sucesos en las vidas de los protagonistas parece haber quedado fijada para siempre en sus recuerdos1. Es así como muchas veces las catástrofes pasan a ser parte de un fenómeno identitario común para quienes directa o indirectamente vivenciaron los acontecimientos. Y desde allí también se suma otra razón para convertirlas en una temática atractiva para los antropólogos, historiadores, sociólogos, entre otros investigadores, que busquen constatar de qué manera la memoria colectiva es una aproximación válida hacia la reconstitución de la historia reciente o del tiempo presente2.

La catástrofe del Itata. Memorias de un sobreviviente es un libro escrito en 1922 por un periodista anónimo en Chile. De su relato sólo era posible encontrar algunos escasos ejemplares en algunos museos, sin embargo un proyecto financiado por el Consejo de la Cultura y las Artes del Gobierno de Chile, a través del Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura, permitió la reedición del texto en 2014, con el fin de conservar y difundir parte del patrimonio inmaterial de la región de Coquimbo y del país. Así, pues, como lo señala el profesor y Magíster en Educación Pedro Álvarez Pavez, en el prólogo de la segunda edición del libro, el vapor Itata era un barco mercante que se usaba de manera especial para el transporte de municiones, tropas y animales, que utilizó el Ejército chileno durante la Guerra del Pacífico, un conflicto bélico que involucró a Chile y sus países vecinos de Perú y Bolivia entre 1879 y 1883 (p. 7). Sin embargo, no sería ésta la única trascendencia histórica de aquel buque, por cuanto tuvo un papel importante en la Guerra Civil de 1891 en Chile, al intentar llevar a cabo el transporte de armas desde Estados Unidos para ser puestas a disposición de los revolucionarios contrarios al presidente Balmaceda; un intento

1 Sobre este tema, puede consultarse: Jaime Hernández, 1960: memorias de un desastre (Valdivia: Imprenta América, 2011), y Alejandro Retamal, “A 50 años del terremoto y tsunami de 1960: testimonios de sucesos, sensaciones y experiencias vividas en la localidad de Maullín, región de Los Lagos, Chile”. Nadir: rev.Electron. geogr. austral 3, n. º 2 (2011): 1-12.

2 Véase: Andrea Aravena, “El rol de la memoria colectiva y de la memoria individual en la conversión identitaria mapuche”. Estudios Atacameños 26 (2003): 89-96, doi: dx.doi.org/10.4067/S0718-10432003002600010; Nilda Bermudez y Marisol Rodríguez, “La fuente oral en la reconstrucción de la memoria histórica: aporte al documental Memorias del Zulia Petrolero”. Revista de Ciencias Sociales 15, n.º 2 (2009): 317-328; Raúl Molina, “Marcas memorables en los relatos Collas de Atacama”. Chungará 46, n.º 4 (2014): 669-680, doi: dx.doi.org/10.4067/ S0717-73562014000400009

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Anónimo. La catástrofe del Itata. Memorias de un sobreviviente.

Andrés Bianchetti Saavedra

que finalmente resultaría frustrado (p. 9). Posteriormente, el buque fue destinado a cumplir funciones de vapor caletero, llegando así al fatídico lunes 22 de agosto de 1922, cuando naufraga en mar chileno, donde fallecieron cerca de 375 personas y sólo 26 lograron finalmente salvar sus vidas (pp. 9-10). Uno de aquellos sobrevivientes que plasmó la historia de aquel naufragio es entonces el autor anónimo del escrito reseñado aquí.

El relato de la reedición del libro conserva el lenguaje original del autor. Aunque fueron agregadas algunas ilustraciones realizadas por el dibujante coquimbano Carlos Carvajal, como también los prólogos del Dr. Jaime Meruane Zumelzu, vicerrector de la sede de Coquimbo de la Universidad Católica del Norte, y del profesor Pedro Álvarez. El resto del libro rescata varios elementos de la primera edición, donde destaca el estilo narrativo del anónimo autor, tanto por el dinamismo como por la variedad que expresa en el lenguaje de la narración. Sin embargo, muchas palabras del español —debido a los cambios culturales y de contexto histórico— han caído en desuso, y en la actualidad no es posible encontrarlas en las conversaciones cotidianas ni tampoco en las tertulias académicas. En el libro se narra la historia del naufragio en detalle, logrando cautivar al lector, por cuanto su texto es dinámico y, más que narrar una tragedia, rescata detalles de reacciones humanas, sucesos e imágenes que convierten su libro en una etnografía del acontecimiento. La capacidad de observación del autor queda expresada de manera clara en sus descripciones: realiza interpretaciones del comportamiento de los pasajeros, marineros, y, sobre todo, es capaz de exponer sensaciones y emociones tanto por la cercanía de quien vive la tragedia como por la distancia necesaria para que un lector externo logre comprenderlas.

La segunda parte del libro expone una serie de entrevistas realizadas en los días posteriores al naufragio, que fueron publicadas tanto en el diario La Unión, que circulaba en la época, como en periódicos locales de la ciudad de Coquimbo (Chile). Estos últimos no son identificados por el autor en su obra. Pero los testimonios de Froilán Vásquez; Bernardo Águila; del sobrecargo Arriagada; del contramaestre Rufino Jordán; del fogonero Ernesto Cancino; de Ismael Ojeda; Zenón Cerda, y Miguel Obrega sí quedan plasmados en esta parte del texto, en la que el lector puede “triangular” las experiencias de los sobrevivientes y comprender las diferentes emociones desde la subjetividad con que cada uno vivenció este drama humano, desde el rol que a cada quien le correspondió asumir en el momento del naufragio. Un tercer apartado expone el modo en que se vivió el duelo en el país.

El autor narra cómo en las ciudades de Valparaíso, La Serena y Coquimbo hubo un especial recogimiento fúnebre ante la tragedia y la posterior recepción de los cuerpos que fue posible rescatar.

Por último, en el libro se exponen los documentos oficiales de las comunicaciones que sostuvieron autoridades de la época, principalmente en cuanto a las órdenes que se impartieron durante la tragedia; en este apartado se destaca la polémica en relación con la tardía reacción de auxilio del crucero Chacabuco respecto a los posibles sobrevivientes del naufragio. Por último, el autor reflexiona sobre la importancia histórica del Itata en el contexto de la Guerra Civil de 1891; después de lo cual el lector podría suponer que la historia del buque en sí es también muy interesante de conocer e investigar, por más que el texto profundice y desarrolle, principalmente, el episodio de la tragedia.

Lo anterior, dado el activo rol que tuvo el vapor Itata en el intento de internación de armas desde Estados Unidos, para ser puestas a disposición del grupo opositor al expresidente Balmaceda; operación que finalmente resultó frustrada, debido a las gestiones realizadas por el Gobierno chileno ante las autoridades norteamericanas destinadas a que el Itata fuera obligado a retornar a Estados Unidos, y a desembarcar en este último país las armas que conformaban su carga, con las que había fondeado en el puerto chileno de Iquique. El lector puede apreciar además en la publicación un cablegrama de

Hist. Crit. No. 60 · Abril-junio · Pp 165-167 · ISSN 0121-1617 · eISSN 1900-6152 doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit60.2016.09

Balmaceda dirigido al ministro Lazcano, en el que exige la detención del buque, que en ese momento había sido tomado por los revolucionarios y que logró llegar con armas hasta las costas chilenas. También es posible contar con algunos datos del itinerario del buque en esta travesía y de la composición del cargamento de armas y municiones con el que zarpó desde Norteamérica.

Es necesario advertir que a lo largo del libro el lector se encuentra con un relato en el que su autor no expone demasiadas cifras. Curiosamente, son escasas las descripciones de la estructura y composición física del buque en sí. El autor se concentra más bien en las características “medioambientales” del momento, que en detalles físicos significativos del buque o de sus tripulantes, y en algunos pasajes de la narración, el foco de la temática narrada se vuelve difuso. El uso de algunos chilenismos podría desconcertar en ciertos momentos al lector extranjero, aun cuando en términos generales es posible que durante la lectura logre una comprensión global del texto. Más que datos, cifras o detalles —que para más de un investigador pueden resultar importantes—, el texto aporta vivencias y sensaciones del momento de un tiempo pasado revivenciándolas para el lector del presente.

Por otro lado, La catástrofe del Itata. Memorias de un sobreviviente puede considerarse un texto etnográfico de importante valor histórico. Sobre todo si se tiene en cuenta que el año en que fue escrito transforma al anónimo autor en una fuente única. En este sentido, es necesario destacarlo como una referencia relevante para quienes se encuentren interesados en lo que se ha denominado “etnografía retrospectiva”, método en el que convergen la Historia y la Antropología Cultural en una relación estrecha y recíproca3. Según las propuestas teóricas de Charles Tilly4, la etnografía retrospectiva supone reconstruir un espacio de vida en el pasado, buscando las mejores equivalencias históricas con respecto a las observaciones que realiza un etnógrafo, para luego utilizar este espacio reconstruido de vida como un contexto para la explicación de una acción colectiva. En el caso de La catástrofe del Itata. Memorias de un sobreviviente estas equivalencias están dadas tanto por el relato del anónimo sobreviviente autor del libro como por las entrevistas que se publican en el texto, convirtiéndolos así en fuentes históricas y etnográficas interesantes, si se considera que los testimonios del pasado no sólo remiten a documentos formales u oficiales, sino también a vivencias cercanas y directas que por uno u otro motivo quedaron escritas para dejar testimonio y nutrir a la investigación académica de información valiosa y confiable.

❧ Andrés Felipe Bianchetti Saavedra

Profesor asistente de la Universidad San Sebastián (Chile). Antropólogo de la Universidad Austral de Chile y Magíster en Educación (mención en Pedagogía y Gestión Universitaria) de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (Chile). Autor de las reseñas de libros: Javiera Cornejo Rojas, Pablo Gaete Villegas y Luis Aguirre España, Feria de Lota: memoria viva de un mercado popular. Concepción, 2014, 183 pp. Alpha n.° 41 (2015): 305-310, doi: dx.doi.org/10.4067/ S0718-22012015000200021, y Marta Silva, La ciencia de maravillarse. Valdivia: Ediciones Kultrun, 2008, 77 pp. Revista de Humanidades n.° 27 (2013): 251-255. abianchettis@docente.uss.cl 3 Daniel Quiroz. “Balleneros en la niebla: una mirada para etnográfica de la caza de ballenas en Chile”. Chungará 47, n.° 2 (2015): 319-330, doi: dx.doi.org/10.4067/S0717-73562015005000025 4 Charles Tilly, “Anthropology, History and the Annales”. Review n.° 1 (1978): 207-213.

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Pérez Benavides, Amada Carolina. Nosotros y los otros.

Las representaciones de la nación y sus habitantes 1880-1910.

Bogotá: Universidad Javeriana, 2015, 327 pp.

Sebastián Vargas Álvarez

Universidad Iberoamericana, México doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit60.2016.10

El conflicto interno armado de las últimas décadas (con sus altas cuotas de muertos, desaparecidos, desplazados y secuestrados), la desigualdad en el ingreso y en el acceso a los recursos públicos, y la discriminación, marginación y hasta aniquilamiento de sujetos y colectivos considerados como “otros” (desde el punto de vista político, cultural, ideológico o étnico) son problemáticas que han llevado a las ciencias sociales, y en particular a la historia, a repensar la manera en que se han llevado a cabo en Colombia los procesos de construcción del Estado-nación, con todo y sus silencios y violencias, durante los últimos dos siglos. Con esta reflexión comienza el libro Nosotros y los otros. Las representaciones de la nación y sus habitantes 1880-1910 de la profesora Amada Carolina Pérez Benavides, cuyo objetivo es “analizar y comparar algunas de las representaciones sobre los pobladores del territorio nacional producidas por letrados y misioneros, teniendo en cuenta las características específicas de los lugares institucionales desde los cuales se elaboraron, su relación con ciertas prácticas y, en la medida de lo posible, su circulación a través de diferentes tipos de impresos” (p. 27). En este sentido, el texto se inscribe dentro una corriente de estudios recientes sobre la configuración del imaginario geográfico y racial de la nación colombiana durante el siglo XIX; se presenta como un nuevo esfuerzo, riguroso y creativo, por demás, por decodificar las “genealogías de la colombianidad” mediante las cuales se diseñaron proyectos de sociedad a futuro que hoy constituyen en buena medida el presente1.

Para acometer el objetivo de su investigación, la autora explora tres artefactos culturales que constituyen tres niveles diferenciados de la representación de la nación y sus pobladores para el período de estudio, que abarca desde finales del siglo XIX hasta comienzos del XX: el Papel Periódico Ilustrado, una de las publicaciones periódicas impresas más importantes de la época; el Museo Nacional de Colombia, con sus particulares formas de organizar, dar materialidad y narrar la nación; y la misión evangélica como una estrategia mediante la cual el Estado delegó a órdenes religiosas la “reducción” de tribus errantes y sus territorios (en muchos casos, ubicados en zonas 1 Cristina Rojas, Civilización y violencia. La búsqueda de la identidad en la Colombia del siglo XIX (Bogotá/Barcelona: Norma, 2001); Alfonso Múnera, Fronteras imaginadas: la construcción de las razas y de la geografía en el siglo XIX colombiano (Bogotá: Planeta, 2005); Julio Arias, Nación y diferencia en el siglo XIX colombiano. Orden nacional, racialismo y taxonomías poblacionales (Bogotá: Universidad de los Andes, 2005); Margarita Serje, El revés de la nación: territorios salvajes, fronteras y tierras de nadie (Bogotá: Universidad de los Andes, 2005).

Véase también la obra colectiva: Santiago Castro-Gómez y Eduardo Restrepo, eds., Genealogías de la colombianidad. Formaciones discursivas y tecnologías de gobierno en los siglos XIX y XX (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2008).

Hist. Crit. No. 60 · Abril-junio · Pp 168-171 · ISSN 0121-1617 · eISSN 1900-6152 doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit60.2016.10

de disputa fronteriza con otros países), para su integración a la “civilización” y el Estado nacional.

La selección de estos tres niveles permite la comparación y el contraste de las diversas representaciones escritas, visuales y objetuales que hacían parte de un horizonte cultural compartido por las élites (con todo y sus pliegues y fisuras), a la vez que se establece “un contrapunteo entre las representaciones producidas en el centro de la nación y aquellas elaboradas desde los márgenes [provenientes de las áreas de misión]” (p. 24).

En el primer capítulo se examinan textos y grabados aparecidos en el Papel Periódico Ilustrado entre 1881 y 1888, que contribuyeron a la consagración en la memoria nacional de un “álbum de notabilidades” —desde los conquistadores hasta los letrados contemporáneos, pasando por los próceres de la Independencia—, que contrastaba radicalmente con la descripción de “tipos sociales” como “el recluta”, “el orejano”, “los leñadores” o “las lavanderas”, representantes de un pueblo pensado como pasivo: un obstáculo para al desarrollo del país. De esta manera, el quincenario fue configurando la noción de un nosotros (el de las élites que lo producían y mayoritariamente lo consumían), que tomaba distancia de unos otros a los que habría que gobernar, trayéndolos al presente de la civilización nacional. La autora además destaca la casi total ausencia en esta publicación de la representación de las mujeres, los afrodescendientes e indígenas.

Los siguientes dos capítulos están dedicados al Museo Nacional de Colombia. En el primero de ellos Pérez explica cómo el museo se consolidó como espacio institucional privilegiado para la representación de la nación, sus territorios y su historia, y analiza el proceso de conformación de sus colecciones públicas, a partir del examen cuidadoso de 543 piezas que ingresaron al museo entre 1880 y 1912. Las personas e instituciones que remitieron o donaron dichas piezas buscaban “hacer visibles ante la nación las regiones de las cuales provenían los objetos, a la vez que hacerse visibles a ellos mismos como individuos ante la red de notables que se conformaba alrededor de dicha institución” (p. 147). El segundo, por su parte, aborda las prácticas de catalogación y exhibición para representar la nación y sus habitantes en el espacio museal, tomando como fuente los catálogos y guías elaborados por los diversos conservadores del museo en 1881, 1886, 1907 y 1912. A lo largo de estos años, los objetos de historia natural —fundamentales durante la fundación del museo, más de medio siglo atrás— fueron pasando a un segundo plano, al darles los directores mayor relevancia a los objetos de historia patria, elevados al estatus de reliquias que testimoniaban los momentos fundacionales de la comunidad imaginada (principalmente, del período de la Independencia, y en menor medida, de la Conquista), mientras que los objetos indígenas fueron considerados como curiosidades o antigüedades desconectadas del continuum histórico de la nación.

La tercera parte del libro, dedicada a las misiones, consta de cuatro capítulos. Según la autora, el fin perseguido por las misiones fue “la civilización de los indígenas y la integración y explotación de los territorios por ellos habitados”, de tal manera que “civilización, comercio y comunicación fueron tres de los ejes articuladores de la labor de los misioneros en Colombia y, por tanto, se constituyeron en los prismas a través de los cuales los frailes representaron a los pobladores y articularon prácticas específicas sobre ellos” (p. 195). En estos capítulos las fuentes privilegiadas son los informes de misión, los relatos de viaje y la fotografía. En un primer momento Pérez ofrece un panorama contextual sobre las misiones en Colombia en el siglo XIX, enfocándose de manera especial en el marco legislativo que hizo posible su reactivación y financiación durante el período de la Regeneración: el Concordato de 1887; la Resolución sobre Misiones y Colonias Agrícolas y la Ley 89 de 1890; y el Convenio de Misiones entre el Estado y la Santa Sede, firmado en 1902. Los siguientes tres capítulos abordan la representación de los

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Pérez Benavides, Amada Carolina. Nosotros y los otros. Las representaciones de la nación y sus habitantes 1880-1910 Sebastián Vargas Álvarez

indígenas y de las tierras salvajes, que debían someterse e integrarse a la “vida civilizada” —así como la autorrepresentación de misioneros y miembros de las élites regionales como agentes del proyecto civilizatorio— en lugares específicos: por un lado, los Llanos Orientales, La Guajira y la Sierra Nevada; por otro, Chocó, Caquetá y Putumayo, que se encontraban bajo la jurisdicción, en ese entonces, del departamento del Cauca.

En cuanto a la apuesta conceptual y metodológica, dos elementos innovadores, entre muchos otros, merecen destacarse en la obra: el uso de las imágenes como documento histórico y la particular atención prestada a los espacios de producción, circulación y consumo de las representaciones, así como a la estrecha relación entre prácticas y representaciones. Sobre lo primero cabe mencionar que el lugar de la imagen en esta investigación trasciende el mero uso ilustrativo o descriptivo y posibilita penetrar en el mundo de las representaciones y prácticas pasadas2. Además de fuentes primarias como grabados, pinturas y fotografías, el libro es rico en gráficos, tablas y mapas (a cargo del geógrafo Camilo Correa), que le otorgan un lugar fundamental a lo visual en la propuesta narrativa y explicativa. Sobre el segundo punto, es claro que a lo largo del libro se encuentra patente una preocupación por historizar las representaciones: entenderlas a partir de su propia materialidad e historicidad —formato, lugar de enunciación, espacios y formas de circulación—, de tal modo que, hasta donde las fuentes lo permitan, se puede entender “la manera como fueron recibidas y reinterpretadas por las mismas élites y, quizás, por otros sectores sociales” (p.

43). Esto lleva a la autora a entender las representaciones como fabricaciones articuladas a prácticas específicas (escritura, pintura, grabado, coleccionismo, oralidad) realizadas por individuos o colectividades concretos en contextos concretos, y apropiadas, contestadas o resistidas también por otros sujetos o grupos3.

Aquí, las nociones contrapuestas de estrategias (organizadas por el principio de un poder) y tácticas (las artes del débil) tomadas de Michel de Certeau resultan fundamentales para comprender que en las representaciones y los regímenes de poder que se pretendió implantar sobre los otros de la nación quedaron “hilos sueltos, pequeños indicios que nos permiten —como historiadoras e historiadores contemporáneos— aproximarnos a las tácticas que estos grupos utilizaron para evadir el poder, para negociar con él o para reinterpretarlo, y variar el guion de la evangelización y la civilización que se les quería imponer” (p. 313). Tal es la apuesta intelectual y política del libro: revisar el proceso por medio del cual se ha creado una imagen del país y de nosotros mismos a través del distanciamiento y la marginación de unos otros; cuestionar los silencios, las exclusiones y violencias del pasado (que se hacen presentes), y, en palabras de la autora, “dejar abiertas preguntas sobre el mundo social y sobre la posibilidad de construir otros mundos” (p. 314).

2 Tal como lo sugiere en su ensayo Tomas Pérez Vejo, “¿Se puede escribir historia con imágenes? El historiador y las fuentes icónicas”. Memoria y Sociedad 16, n.° 32 (2012): 28.

3 Lo cual está bastante cercano a la propuesta de Roger Chartier de entender la cultura como apropiación. Sociedad y escritura en la Edad Moderna. La cultura como apropiación (México: Instituto Mora, 1995), especialmente el capítulo final: “‘Cultura popular’. Retorno a un concepto historiográfico”, 121-138.

Hist. Crit. No. 60 · Abril-junio · Pp 168-171 · ISSN 0121-1617 · eISSN 1900-6152 doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit60.2016.10

Sebastián Vargas Álvarez Estudiante del Doctorado en Historia y profesor de asignatura del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana (México). Historiador y Magíster en Estudios Culturales de la Pontifica Universidad Javeriana (Colombia). Hace parte del grupo de investigación Imaginarios, representaciones y prácticas culturales (Categoría A1 en Colciencias). Pueden destacarse entre sus publicaciones los artículos: “Stuart Hall y el oficio de historiador. Categorías teóricas y prácticas intelectuales”. Intervenciones en Estudios Culturales 2 (2015): 183-195, y “La investigación sobre las conmemoraciones rituales en Colombia (siglos XIX-XXI): balance historiográfico”. Anos 90 42 (2015): 207-245. legionesdeclio@gmail.com

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Los árbitros de este número de la revista fueron: Sergio Angeli, Universidad de Buenos Aires, Argentina

Alan Angell, University of Oxford, Reino Unido João Paulo Bachur, Universidade de Brasília, Brasil Alejandro Benedetti, Universidad de Buenos Aires, Argentina João Abreu de Faria Bilhim, Universidade de Lisboa, Portugal Miguel Maria Carvalho Lira, ISCAC, Portugal David Díaz Arias, Universidad de Costa Rica Carlos Domínguez Ávila, Centro Universitário Unieuro, Brasil Bertha Georgina Flores Mercado, Universidad Nacional Autónoma de México Cristina Gómez Álvarez, Universidad Nacional Autónoma de México María Paula González, Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina Peter Guardino, Indiana University Boomington, Estados Unidos Margarita Ibáñez Tarín, Universitat de València, España Silvia Analía Levín, Universidad Nacional de Rosario, Argentina Alejandra Mailhe, Universidad Nacional de La Plata, Argentina Félix Raúl Martínez Cleves, Universidad del Tolima, Colombia María Victoria Montoya, Universidad Carlos III de Madrid, España Rogério da Palma, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Brasil Manuel Peña Díaz, Universidad de Córdoba, España Gimena Perret, Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina Ivonne Pini, Universidad de los Andes, Colombia Fermín del Pino Díaz, CSIC, España Adrián Ravier, Universidad Nacional de La Pampa, Argentina Julio Prada Rodríguez, Universidad de Vigo, España Alba Nubia Rodríguez, Universidad del Valle, Colombia Federmán A. Rodríguez, Universidad del Rosario, Colombia Mauricio Fernando Rojas Gómez, Universidad de Concepción, Chile Boris Salazar, Universidad del Valle, Colombia Valentina Salvi, Universidad de Buenos Aires, Argentina Teresa Maria e Sousa Nunes, Universidade de Lisboa, Portugal Laura Liliana Vargas, Universidad Nacional de Colombia Raúl Velasco Morgado, Hospital Clínico Universitario de Valladolid, España

Notilibros

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Camacho, Jorge. Miedo negro, poder blanco en la Cuba colonial.

Madrid/Frankfurt: Iberoamericana Vervuert, 2015, 272pp.

ISBN: 978-848-489-799-6

El miedo al negro en Cuba causó, durante la mayor parte del siglo XIX, un enorme desasosiego entre la población blanca, atemorizada ante la posibilidad de que los miles de esclavos africanos que había en la isla se sublevaran y acabaran con ellos, tal y como había sucedido durante la Revolución Haitiana (1791-1804) en la vecina isla de Saint-Domingue, que supuso la abolición de la esclavitud y la proclamación de la República de Haití. Este libro destaca como, junto con el temor de que se produjera una rebelión de esclavos semejante a la de Haití, se originaron otras fobias en Cuba que incidieron en la manera en que los letrados se refirieron a la esclavitud, a la raza africana y a la cultura criolla en general. Tales temores sirvieron como concepto básico para construir la nación, en la medida en que estos letrados fueron excluyendo rasgos en la cultura criolla que se distanciaban de la de los negros y el África “salvaje”, y se originaron con el proceso de modernización de la industria azucarera cubana, donde, junto con la mezcla racial, aparecen conceptos básicos como la higiene, la medicina y las leyes que regulaban la convivencia de ambas razas.

Cooke, Anthony. A History of Drinking. The Scottish Pub since 1700.

Edinburgh: Edinburgh University Press, 2015, 228pp.

ISBN: 978-147-440-762-5

What did Samuel Johnson, James Boswell, Dorothy Wordsworth, James Hogg and Robert Southey have in common? They all toured Scotland and left accounts of their experiences in Scottish inns, ale houses, taverns and hotels. Similarly, poets and writers from Robert Burns and Walter Scott to Ian Rankin and Irvine Welsh have left vivid descriptions of the pleasures and pains of Scottish drinking places. Pubs also provided public spaces for occupational groups to meet, for commercial transactions, for literary and cultural activities and for everyday life and work rituals such as births, marriages and deaths and events linked with the agricultural year. These and other historical issues such as temperance, together with contemporary issues, like the liberalization of licensing laws and the changing nature of Scottish pubs, are discussed in this fascinating book.

Yates, Alexia M. Selling Paris. Property and Commercial Culture in the Fin-de-siècle Capital. Cambridge: Harvard University Press, 2015, 368pp.

ISBN: 978-067-408-821-4

In 1871 Paris was a city in crisis. Besieged during the Franco-Prussian War, its buildings and boulevards were damaged, its finances mired in debt, and its new government untested. But if Parisian authorities balked at the challenges facing them, entrepreneurs and businessmen did not. Selling Paris chronicles the people, practices, and politics that spurred the largest building boom of the nineteenth century, turning city-making into big business in the French capital. Alexia Yates traces the emergence of a commercial Parisian housing market, as private property owners, architects, speculative developers, and credit-lending institutions combined to finance, build, and sell apartments and buildings. Real estate agents and their innovative advertising strategies fed these new residential spaces into a burgeoning marketplace. Corporations built empires with tens of thousands of apartments under management for the benefit of shareholders. By the end of the nineteenth century, the Parisian housing market caught the attention of the wider public as newspapers began reporting its ups and downs.

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Notilibros

Garciadiego, Javier.

Autores, editoriales, instituciones y libros.

Estudios de historia intelectual. México D.F.: El Colegio de México, 2015, 407pp.

ISBN: 978-852-681-276-5

Este libro recoge once ensayos cuyo denominador común es el abordaje de pasajes de la historia intelectual del siglo XX mexicano. A través de sus páginas, el lector verá pasar a multitud de intelectuales, desde Justo Sierra y Ezequiel Chávez hasta José Emilio Pacheco, pasando por Félix Palavicini, José Vasconcelos, Martín Luis Guzmán, Daniel Cosío Villegas y Carlos Fuentes, entre muchos más, con una atención especial en Alfonso Reyes y en la presencia de los intelectuales españoles exiliados en México a partir de finales de los años treinta. Su lectura llevará también al lector a seguir los procesos de construcción de instituciones educativas y culturales como la Secretaría de Educación Pública, La Casa de España y El Colegio de México, así como al recuerdo de gestas culturales ahora legendarias, como las campañas educadoras de Vasconcelos en los años veinte. Algunos inéditos, otros publicados en revistas o como capítulos de libros, estos once textos hoy se presentan juntos con el fin de hacer accesibles unos y rescatar otros.

Gómez López, Augusto Javier. Pioneros, colonos y pueblos. Memoria y testimonio de los procesos de colonización y urbanización de la Amazonia colombiana.

Bogotá: Editorial UR, 2015, 406pp.

ISBN: 978-958-738-596-0

Pioneros, colonos y pueblos es un largo peregrinaje histórico, descriptivo y analítico, relativo al surgimiento, trasformación y consolidación de importantes núcleos de población en la Amazonia, que fueron adquiriendo la condición de centros urbanos y, más tarde, de municipios; muchos de ellos convertidos en capitales de las antiguas intendencias y comisarías y, posteriormente, en capitales de los departamentos amazónicos. Lo esencial de este trabajo es, precisamente, que el mapa de las estructuras de los asentamientos humanos de la Amazonia colombiana —configurado a lo largo del siglo XX y de los años que han transcurrido del siglo XXI— demuestra no sólo el avance y la consolidación del proceso de urbanización de la selva oriental colombiana, sino además que la selva amazónica colombiana está en la actualidad cercada por centros urbanos, lo cual suscita importantes interrogantes y preocupaciones frente al futuro de la selva amazónica misma.

Provéndola, Juan Ignacio. Rockpolitik. 50 años del rock nacional y sus vínculos con el poder político argentino.

Buenos Aires: UEDEBA, 2015, 232pp.

ISBN: 978-950-232-511-8

Cuenta una historia de contraste y tensión: la relación que fueron tejiendo el rock y el poder político durante medio siglo, a través de sus acercamientos y contradicciones. Son relatos de desencuentros, encandilamientos, asociaciones y rupturas. El libro abarca con las primeras manifestaciones del rock en Argentina, en tiempos en que la política optaba por inspeccionarlo y perseguirlo. Luego, los sesenta dan pie a los setenta, a los primeros acercamientos formales en días agitados, a la retirada militar y la vuelta de Perón, y un interregno democrático que culmina en la última dictadura (que arrancó con represión y listas negras y terminó en el festival por Malvinas) y el regreso definitivo de la democracia, con legitimaciones que hoy no dejan de profundizarse. El autor va más allá de los preceptos que observan cierta claudicación del rock frente a sus mandatos contraculturales fundantes, para plantear en cambio la idea de una evolución a lo largo de esta historia, acompañando la evolución de la política (como práctica militante y como ejercicio del poder), de la propia sociedad, su cultura y las construcciones simbólicas que se tejen e imperan.

Notilibros

Prieto, Mercedes.

Estado y colonialidad.

Mujeres y familias quichuas de la Sierra del Ecuador, 19251975. Quito: FLACSOEcuador, 2015, 272pp.

ISBN: 978-997-867-445-1

En muchos estudios se considera que la formación de los estados andinos ha sido un proceso fallido e inacabado. La autora de este libro propone una entrada novedosa y conclusiones distintas. Para ello explora las relaciones entre el Estado y las mujeres quichuas de la Sierra ecuatoriana en comunidades alejadas de las ciudades, entre 1925 y 1975. Enlaza este período con la creación de mecanismos de protección social a la población indígena, marcados por relaciones coloniales de dominación.

A medida que estudia varios escenarios (escritos de pensadores, juicios y peticiones, narrativas y campañas de integración así como prácticas de desarrollo comunitario), en los cuales las indígenas se dejan ver y oír, Mercedes Prieto discute el proceso de formación del estado. Para ello, elabora una cronología sobre las maneras de entender la protección social e indaga los procedimientos de la intervención estatal para concluir que se sustentaron en lo que llama eventos estatales, la creación de un habitus estatal y un modus vivendi político. Todo esto alude a formas delegadas y descentradas de formación del estado. Finalmente, sugiere la aparición de sujetos coloniales parcialmente estatales.

Urbach, Karina. GoBetweens for Hitler.

Nueva York: Oxford University Press, 2015, 352pp.

ISBN: 978-019-870-366-2

This is the untold story of how some of Germany’s top aristocrats contributed to Hitler’s secret diplomacy during the Third Reich, providing a direct line to their influential contacts and relations across Europe — especially in Britain—, where their contacts included the press baron and Daily Mail owner Lord Rothermere and the future King Edward VIII. Using previously unexplored sources from Britain, Germany, the Netherlands, the Czech Republic, and the USA, Karina Urbach unravels the story of top-level go-betweens such as the Duke of Coburg, grandson of Queen Victoria, and the seductive Stephanie von Hohenlohe, who rose from a life of poverty in Vienna to become a princess and an intimate of Adolf Hitler. As Urbach shows, Coburg and other senior aristocrats were tasked with some of Germany’s most secret foreign policy missions from the First World War onwards, culminating in their role as Hitler’s trusted go-betweens, as he readied Germany for conflict during the 1930s and later, in the Second World War. Tracing what became of these high-level go-betweens in the years after the Nazi collapse in 1945 —from prominent media careers to sunny retirements in Marbella— the book concludes with an assessment of their overall significance in the foreign policy of the Third Reich.

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Políticas editoriales

Normas para los autores Tipo de artículos, fechas y modalidad de recepción

• Historia Crítica publica artículos inéditos que presenten resultados de investigación histórica, innovaciones teóricas sobre debates en interpretación histórica o balances historiográficos completos.

• Se publican textos en español, inglés y portugués, pero se acepta recibir la versión inicial de los textos en otros idiomas (francés e italiano). En caso de ser aprobado, el autor se encargará de entregar la versión definitiva traducida al español, ya que Historia Crítica no ofrece ayuda para este efecto.

• Las fechas de recepción de artículos de Tema abierto y para los Dossiers se informan en las respectivas convocatorias.

• Los artículos deben ser remitidos por medio del enlace previsto para este efecto en el sitio web de la revista http://historiacritica.uniandes.edu.co o enviados al correo electrónico hcritica@uniandes.edu.co • Los demás textos (reseñas, ensayos bibliográficos, entrevistas, etc.) deben ser enviados al correo electrónico hcritica@uniandes.edu.co • Los artículos enviados a Historia Crítica para ser evaluados no pueden estar simultáneamente en proceso de evaluación en otra publicación.

• La revista somete todos los artículos que recibe en sus convocatorias a la herramienta de detección de plagio. Cuando se detecta total o parcialmente (sin la citación correspondiente) plagio, el texto no se envía a evaluación y se notifica al autor el motivo del rechazo.

• Todos los artículos publicados cuentan con un número de identificación DOI, que de acuerdo con las políticas editoriales internacionales, debe ser citado por los autores que utilizan los contenidos, al igual que el título abreviado de la revista: hist.crit.

Evaluación de los artículos y proceso editorial

A la recepción de un artículo, el Equipo Editorial evalúa si cumple con los requisitos básicos exigidos por la revista (normas de citación y presentación formal), así como su pertinencia para figurar en una

publicación de carácter histórico (objetivo, marco teórico, metodología, conclusiones y bibliografía).

Posteriormente, toda contribución es sometida a la evaluación de dos árbitros internacionales y al concepto del Equipo Editorial. El resultado de las evaluaciones será comunicado al autor en un período inferior a seis meses a partir de la recepción del artículo. Las observaciones de los evaluadores internacionales, así como las del Equipo Editorial, deberán ser tomadas en cuenta por el autor, quien hará los ajustes solicitados. Estas modificaciones y correcciones al manuscrito deberán ser realizadas por el autor en el plazo que le será indicado por el editor de la revista (aprox. 15 días). Luego de recibir el artículo modificado, se le informará al autor acerca de su aprobación. El Equipo Editorial se reserva la última palabra sobre la publicación de los artículos y el número en el cual se publicarán. Esa fecha se cumplirá siempre y cuando el autor haga llegar toda la documentación que le es solicitada en el plazo indicado.

La revista se reserva el derecho de hacer correcciones menores de estilo. Durante el proceso de edición, los autores podrán ser consultados por los editores para resolver las inquietudes existentes. Tanto en el proceso de evaluación como en el proceso de edición, el correo electrónico constituye el medio de comunicación privilegiado con los autores.

Procedimiento con las reseñas y los ensayos bibliográficos

Historia Crítica procede de dos formas para conseguir reseñas. Por un lado, los autores pueden remitir sus reseñas al correo electrónico de la revista. Lo mismo se aplica a los ensayos bibliográficos. Por otro lado, la revista recibe libros a su dirección postal (Cra 1a N° 18A-12, of GB-417, Bogotá, Colombia) previo aviso por correo electrónico, indicando nombres de posibles reseñadores. En este caso, la revista buscará conseguir una reseña del libro remitido.

Las reseñas deben ser críticas y versar sobre libros pertinentes para la disciplina histórica que hayan sido publicados en los cinco últimos años. Los ensayos bibliográficos deben discutir críticamente una, dos o más obras. Las reseñas y los ensayos bibliográficos son sometidos a revisión y, de ser aprobados, a eventuales modificaciones.

Políticas Editoriales

Indicaciones para los autores de textos aceptados para publicación (artículos, reseñas, ensayos bibliográficos y entrevistas)

• Los autores recibirán dos ejemplares del número en el que participaron.

• Los autores de los textos aceptados autorizan, mediante la firma del ‘Documento de autorización de uso de derechos de propiedad intelectual’, la utilización de los derechos patrimoniales de autor (reproducción, comunicación pública, transformación y distribución) a la Universidad de los Andes, para incluir el texto en la revista Historia Crítica (versión impresa y versión electrónica). En este mismo documento los autores confirman que el texto es de su autoría y que en el mismo se respetan los derechos de propiedad intelectual de terceros.

• En caso de que un artículo quisiera incluirse posteriormente en otra publicación, deberán señalarse claramente los datos de la publicación original en Historia Crítica, previa autorización solicitada al Equipo Editorial de la revista.

Presentación general de los artículos

Los artículos no deben tener más de once mil palabras (18-22 páginas) incluyendo resumen, notas de pie de página, bibliografía, cuadros, gráficas, ilustraciones, fotografías y mapas: • Letra Times New Roman tamaño 12, a espacio sencillo, con márgenes de 3 cm, paginado y en papel tamaño carta.

• Las notas irán a pie de página, en letra Times New Roman tamaño 10 y a espacio sencillo.

• En la primera página, debe figurar un resumen en español de máximo 100 palabras. El resumen debe ser analítico (presentar los objetivos del artículo, su contenido y sus resultados).

• Luego del resumen, se debe adjuntar un listado de tres a seis palabras clave, que se eligen preferiblemente en el Thesaurus de la Unesco (http:// databases.unesco.org/thessp/) o, en su defecto, en otro thesaurus reconocido cuyo nombre informará a la revista. Cuando una palabra no se encuentre normalizada en Thesaurus, debe señalarse.

• El resumen, las palabras clave y el título deben presentarse también en inglés.

• El nombre del autor no debe figurar en el artículo.

• Los datos del autor deben entregarse en un documento adjunto e incluir nombre, dirección, teléfono, dirección electrónica, títulos académicos, afiliación institucional, cargos actuales, estudios en curso y publicaciones en libros y revistas.

• En esta hoja, también es necesario indicar de qué investigación es el artículo y cómo se financió.

• Cuando los contenidos utilizados tengan un número de identificación DOI, éste debe incluirse en el listado de referencias.

Presentación general de las reseñas y de los ensayos bibliográficos

Las reseñas y los ensayos bibliográficos deben presentarse a espacio sencillo, en letra Times New Roman tamaño 12, con márgenes de 3 cm y en papel tamaño carta. Las obras citadas en el texto deberán ser referenciadas a pie de página. Las reseñas deben constar de máximo tres páginas y los ensayos bibliográficos tendrán entre 8 y 12 páginas.

Reglas de edición

• Las subdivisiones en el cuerpo del texto (capítulos, subcapítulos, etc.) deben ir numeradas en números arábigos, excepto la introducción y la conclusión que no se numeran.

• Los términos en latín y las palabras extranjeras deberán figurar en letra itálica.

• La primera vez que se use una abreviatura, ésta deberá ir entre paréntesis después de la fórmula completa; las siguientes veces se usará únicamente la abreviatura.

• Las citas textuales que sobrepasen cuatro renglones deben colocarse en formato de cita larga, entre comillas, a espacio sencillo, tamaño de letra 11 y márgenes reducidos.

• Debe haber un espacio entre cada uno de los párrafos; estos irán sin sangrado.

• Los cuadros, gráficas, ilustraciones, fotografías y mapas deben aparecer referenciados y explicados en el texto. Deben estar, asimismo, titulados, numerados secuencialmente y acompañados por sus respectivos pies de imagen y fuente(s). Se ubican enseguida del párrafo donde se anuncian. Las imágenes se entregarán en formato digital (jpg o tiff 300 y 240 dpi). Es responsabilidad del autor conseguir y entregar a la revista el permiso para la publicación de las imágenes que lo requieran.

• Las notas de pie de página deberán aparecer en números arábigos.

• Al final del artículo deberá ubicarse la bibliografía, escrita en letra Times New Roman tamaño 11, a espacio sencillo y con numeración. Se organizará en fuentes primarias y secundarias, presentando en las primeras las siguientes partes: archivo, publicaciones periódicas, libros. En la bibliografía deben presentarse en orden alfabético las referencias completas de todas las obras utilizadas en el artículo, sin incluir títulos que no estén referenciados en los pies de página.

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Políticas Editoriales

Referencias

Historia Crítica utiliza Chicago Manual of Style, en su edición número 16, versión Humanities Style. A continuación se utilizaran tres abreviaturas que permiten ver las diferencias entre la forma de citar en las notas a pie de página (N), nota abreviada (NA) y en la bibliografía (B):

Libros o partes de libros: De un solo autor N Nombre Apellido(s), Título completo (Ciudad: Editorial, año), páginas consultadas.

NA Apellido(s), Título resumido, páginas consultadas B Apellido(s), Nombre. Título completo. Ciudad: Editorial, año.

Dos o tres autores N Nombre Apellido(s) y Nombre Apellido(s), Título completo (Ciudad: Editorial, año), páginas consultadas.

NA Apellido(s) y apellido(s), Título resumido, páginas consultadas B Apellido(s), Nombre, y Nombre Apellido(s).

Título completo. Ciudad: Editorial, año.

Cuatro o más autores N Nombre Apellido(s) et al., Título completo (Ciudad: Editorial, año), páginas consultadas.

NA Apellido et al, Título resumido, páginas consultadas B Apellido(s), Nombre, Nombre Apellido(s), Nombre Apellido(s) y Nombre Apellido(s).

Título completo. Ciudad: Editorial, año.

Capítulos de libros N Nombre Apellido(s), “Título artículo”, en Título completo, editado/compilado/coordinado por Nombre Apellido(s) y Nombre Apellido(s) (Ciudad: Editorial, año), páginas consultadas.

NA Apellido(s), “Título (resumido) del capítulo”, páginas consultadas.

B Apellido(s), Nombre. “Título artículo”. En Título completo, editado/compilado/coordinado por Nombre Apellido(s) y Nombre Apellido(s).

Ciudad: Editorial, año, páginas consultadas.

Introducciones, prefacios o presentaciones N Nombre Apellido(s), Introducción/Prefacio/ Presentaciones a Título Completo (Ciudad: editorial, año), páginas consultadas.

NA Apellido(s), Introducción/Prefacio/Presentaciones a Título resumido, páginas consultadas.

B Apellido(s), Nombre. Introducción/Prefacio/ Presentaciones a Título Completo, de Nombre Apellido, intervalo de páginas. Ciudad: Editorial, año.

Compilaciones (editor, traductor o compilador además del autor) N Nombre Apellido(s), Título completo, ed./ comp./trad. Nombre y Apellido del compilador (Ciudad: Editorial, año), páginas consultadas.

NA Apellido(s), Título resumido, páginas consultadas.

B Apellido(s), Nombre. Título Completo. Compilado/editado/traducido por Nombre y Apellido. Ciudad: Editorial, año.

Artículos de revista, prensa y tesis Artículo de revistas académicas N Nombre Apellido(s), “Título artículo”. Título revista volumen, n° número (año): páginas consultadas, doi.

NA Apellido(s), “Título (resumido) del artículo”, páginas consultadas.

B Apellido(s), Nombre. “Título artículo”. Título revista volumen, n° número (año): páginas consultadas, doi.

Número especiales de revistas N Nombre Apellido(s), “Título artículo”, en “Título número especial o dossier revista”, ed., Nombre Apellido(s), dossier o número especial, Título dossier o número especial volumen, n.° número (año): páginas consultadas, doi.

NA Apellido(s), “Título (resumido) del artículo”, páginas consultadas.

B Apellido(s), Nombre. “Título artículo”. Dossier o Número especial, revista volumen, n.° número (año).

Artículo de prensa (con autor o sin él) N Nombre Apellido(s), “Título artículo”, Título periódico, día y mes, año, páginas consultadas [URL, si se toma referencia de internet].

NA Apellido(s), “Título (resumido) del artículo”, páginas consultadas.

B Título periódico. Ciudad, año.

Tesis N Nombre Apellido(s), “Título tesis” (Tesis de pregrado/maestría/doctorado, Institución, año), páginas consultadas.

NA Apellido(s), “Título (resumido) de tesis”, páginas consultadas.

B Apellido(s), Nombre. “Título tesis”. Tesis pregrado/maestría/doctorado, Institución, año.

Entrevistas y comunicaciones personales Personal N Nombre Apellido(s) entrevistado (profesión), en discusión con el autor, día mes año.

NA Apellido(s) entrevistado, discusión, entrevista.

Políticas Editoriales

B

Apellido(s) Nombre entrevistado. En discusión con el autor. Día mes año.

Publicada N “Título entrevista”, por Nombre Apellido(s), nombre publicación, fecha de consulta (día mes año), URL o doi.

NA Título (resumido) entrevista.

B “Título entrevista”, por Nombre Apellido(s).

Nombre publicación, fecha de consulta (día mes año), URL o doi. URL o doi.

Correo electrónico N Nombre Apellido(s), correo electrónico al autor, fecha de consulta (día mes año), URL o doi.

NA Apellido(s), correo.

B Nombre Apellido(s), correo electrónico al autor.

Fecha de consulta (día mes año) URL o doi.

Referencias tomadas de internet Si un libro/artículo está disponible en más de un formato, se cita la versión que fue consultada. Para libros se referencia el URL y para artículos el DOI (Digital Object Identifier) o en su defecto el URL. Libros digitales N Nombre Apellido(s) y Nombre Apellido(s), eds., Título completo (Ciudad: Editorial, año), páginas consultadas, doi, URL, Kindle edition, PDF e-book, Microsof Reader e-book (según sea el caso).

NA Apellido(s), Título (resumido) del libro, páginas consultadas.

B Apellido(s), Nombre, y Nombre Apellido(s), eds. Título completo. Ciudad: Editorial, año, doi, URL, Kindle edition, PDF e-book, Microsof Reader e-book (según sea el caso).

Artículo de revistas académicas en línea N Nombre Apellido(s), “Título artículo”. Título revista Vol: No (año): 45, volumen, n.° número (año): páginas consultadas, URL o doi.

NA Apellido(s), “Título (resumido) del artículo”, páginas consultadas.

B Apellido(s), Nombre. “Título artículo”. Título revista volumen, n.° número (año): páginas consultadas, URL o doi.

Páginas de internet Se hace referencia a una colección de documentos (páginas) o de un individuo o de una organización, disponible en una localización específica de la world wide web.

N “Título de la página”, Titulo del sitio virtual, fecha de consulta (día mes año), URL o doi.

NA “Título (resumido) de la página”.

B “Título de la página”. Titulo del sitio virtual, URL o doi.

Fuentes de archivo N

Nombre Apellido(s) (si aplica), “Título del documento”, lugar y fecha (si aplica), en Siglas del archivo, Sección, Fondo, vol./leg./t., f. o ff. La primera vez se cita el nombre completo del archivo, la abreviatura entre paréntesis y, enseguida, ciudad-país.

NA Apellido(s), “Título del documento”, fólios o páginas consultadas.

B Nombre completo del archivo (sigla), Ciudad-País. Sección, Fondo (según corresponda al artículo).

Nota: Luego de la primera citación se procede así: Apellido, dos o tres palabras del título, 45-90. No se utiliza Ibid., ibidem, cfr. ni op. cit.

Políticas éticas Publicación y autoría:

La revista Historia Crítica hace parte de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes (Bogotá-Colombia) encargada del soporte financiero de la publicación. Se encuentra ubicada en el Edificio Franco, Of. GB-417. La dirección electrónica de la revista es http://historiacritica.uniandes.edu.co y su correo hcritica@uniandes.edu.co El teléfono de contacto es el 3394949, extensiones 3716 y 5526.

Cuenta con la siguiente estructura: un director, un editor, un asistente editorial, un comité editorial y un comité científico que garantizan la calidad y pertinencia de los contenidos de la revista. Los miembros de los comités son evaluados anualmente en función de su reconocimiento en el área y de su producción académica, visible en otras revistas nacionales e internacionales.

Los artículos presentados a la revista deben ser originales e inéditos y éstos no deben estar simultáneamente en proceso de evaluación ni tener compromisos editoriales con ninguna otra publicación. Si el manuscrito es aceptado, los editores esperan que su aparición anteceda a cualquier otra publicación total o parcial del artículo. Si el autor de un artículo quisiera incluirlo posteriormente en otra publicación, la revista donde se publique deberá señalar claramente los datos de la publicación original, previa autorización solicitada al editor de la revista.

Asimismo, cuando la revista tiene interés en publicar un artículo que ya ha sido previamente publicado se compromete a pedir la autorización correspondiente a la editorial que realizó la primera publicación.

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Políticas Editoriales

Responsabilidades del Autor:

Los autores deben remitir sus artículos a través del enlace habilitado en la página web de la revista o enviarlo al siguiente correo electrónico: hcritica@uniandes.edu.co en las fechas establecidas por la revista para la recepción de los artículos.

La revista tiene normas de acceso público para los autores en español, inglés y portugués, que contienen las pautas para la presentación de los artículos y reseñas, así como las reglas de edición. Se puede consultar en: http://historiacritica.uniandes.edu. co/page.php?c=Normas+para+los+autores y en la versión impresa de la revista.

Si bien los equipos editoriales aprueban los artículos con base en criterios de calidad, rigurosidad investigativa y teniendo en cuenta la evaluación realizada por pares, los autores son los responsables de las ideas allí expresadas, así como de la idoneidad ética del artículo.

Los autores tienen que hacer explícito que el texto es de su autoría y que en el mismo se respetan los derechos de propiedad intelectual de terceros.

Si se utiliza material que no sea de propiedad de los autores, es responsabilidad de los mismos asegurarse de tener las autorizaciones para el uso, reproducción y publicación de cuadros, gráficas, mapas, diagramas, fotografías, entre otros.

También aceptan someter sus textos a las evaluaciones de pares externos y se comprometen a tener en cuenta las observaciones de los evaluadores, así como las del Equipo Editorial, para la realización de los ajustes solicitados. Estas modificaciones y correcciones al manuscrito deberán ser realizadas por el autor en el plazo que le sea indicado por el editor de la revista. Luego que la revista reciba el artículo modificado, se le informará al autor acerca de su completa aprobación.

Cuando los textos sometidos a consideración de la revista no sean aceptados para publicación, el editor enviará una notificación escrita al autor explicándole los motivos por los cuales su texto no será publicado en la revista. Durante el proceso de edición, los autores podrán ser consultados por los editores para resolver las inquietudes existentes. Tanto en el proceso de evaluación como en el proceso de edición, el correo electrónico constituye el medio de comunicación privilegiado con los autores.

El Equipo Editorial se reserva la última palabra sobre la publicación de los artículos y el número en el cual se publicarán. Esa fecha se cumplirá siempre y cuando el autor haga llegar toda la documentación que le es solicitada en el plazo indicado. La revista se reserva el derecho de hacer correcciones menores de estilo.

Los autores de los textos aceptados autorizan, mediante la firma del “Documento de autorización de uso de derechos de propiedad intelectual”,

la utilización de los derechos patrimoniales de autor (reproducción, comunicación pública, transformación y distribución) a la Universidad de los Andes, para incluir el texto en la revista (versión impresa y versión electrónica). En este mismo documento los autores confirman que el texto es de su autoría y se respetan los derechos de propiedad intelectual de terceros.

Revisión por pares/responsabilidad de los evaluadores: A la recepción de un artículo, el equipo editorial evalúa si cumple con los requisitos básicos exigidos por la revista. El equipo editorial establece el primer filtro, teniendo en cuenta formato, calidad (objetivo, marco teórico, metodología, conclusiones y bibliografía). Después de esta primera revisión, se definen los artículos que iniciarán el proceso de arbitraje.

Los textos son, en esta instancia, sometidos a la evaluación de pares académicos internacionales y al concepto del equipo editorial, quien se reserva la última palabra de los contenidos a publicar. El resultado será comunicado al autor en un período de hasta seis meses a partir de la recepción del artículo.

Cuando el proceso de evaluación exceda este plazo, el editor deberá informar al autor dicha situación.

Todos los artículos que pasen el primer filtro de revisión serán sometidos a un proceso de arbitraje a cargo de evaluadores internacionales, quienes podrán formular sugerencias al autor, señalando referencias significativas que no hayan sido incluidas en el trabajo. Estos lectores son, en su mayoría, externos a la institución y en su elección se busca que no tengan conflictos de interés con las temáticas sobre las que deben conceptuar. Ante cualquier duda se procederá a un remplazo del evaluador.

La revista cuenta con un formato que contiene preguntas con criterios cuidadosamente definidos, que el evaluador debe responder sobre el artículo objeto de evaluación. A su vez, tiene la responsabilidad de aceptar, rechazar o aprobar con modificaciones el artículo arbitrado. Durante la evaluación, tanto los nombres de los autores como de los evaluadores serán mantenidos en completo anonimato.

Responsabilidades editoriales:

El Equipo Editorial de la revista, con la participación de los comités editorial y científico, es responsable de definir las políticas editoriales para que la revista cumpla con los estándares que permiten su posicionamiento como una reconocida publicación académica. La revisión continua de estos parámetros asegura que la revista mejore y llene las expectativas de la comunidad académica.

Así como se publican normas editoriales, que la revista espera sean cumplidas en su totalidad, tam-

Políticas Editoriales

bién deberá publicar correcciones, aclaraciones, rectificaciones y dar justificaciones cuando la situación lo amerite. El Equipo es responsable, previa evaluación, de la escogencia de los mejores artículos para ser publicados. Esta selección estará siempre basada en la calidad y relevancia del artículo, en su originalidad y contribuciones al conocimiento social. En este mismo sentido, cuando un artículo es rechazado la justificación que se le da al autor deberá orientarse hacia estos aspectos.

El editor es responsable del proceso de todos los artículos que se postulan a la revista, y debe desarrollar mecanismos de confidencialidad mientras dura el proceso de evaluación por pares hasta su publicación o rechazo. Cuando la revista recibe quejas de cualquier tipo, el Equipo debe responder

prontamente de acuerdo a las normas establecidas por la publicación, y en caso de que el reclamo lo amerite, debe asegurarse de que se lleve a cabo la adecuada investigación tendiente a la resolución del problema.

Cuando se reconozca falta de exactitud en un contenido publicado, se consultará al Equipo Editorial, y se harán las correcciones y/o aclaraciones en la página web de la revista. Tan pronto un número de la revista salga publicado el editor tiene la responsabilidad de su difusión y distribución a los colaboradores, evaluadores y a las entidades con las que se hayan establecido acuerdos de intercambio, así como a los repositorios y sistemas de indexación nacionales e internacionales.

Igualmente, el editor se ocupará del envío de la revista a los suscriptores activos.

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Editorial Policies

Instructions for authors Type of Articles, Submission Dates and Guidelines

• Historia Crítica prints previously unpublished articles which present the results of historical investigations, innovations regarding debates on historical interpretation or complete historiographical reviews.

• The Journal publishes articles in Spanish, English and Portuguese, but also accepts drafts in other languages (French, and Italian). If the article is approved, the author responsibility to submit the final version in Spanish, as Historia Crítica does not offer assistance in this regard.

• Submission deadlines for open topic articles and issue-specific topics will be provided in the corresponding calls for papers.

• The articles must be submitted through the link provided in the journal’s website http://historiacritica.uniandes.edu.co or by e-mail to: hcritica@ uniandes.edu.co.

• All articles submitted to Historia Crítica in ists calls for paper undergo a plagiarism detection process.

When partial (i.e., without the corresponding citation) or total plagiarism is detected, the text will not be considered for evaluation and the author will be notified of the reason for rejection.

• Other articles (reviews, bibliographical essays, interviews, etc.) must be sent by e-mail to hcritica@uniandes.edu.co.

• The articles sent to Historia Crítica for evaluation cannot be simultaneously in the process of being evaluated by another publication.

• All articles published have a DOI identification number which, according to international editorial policies, must be cited by the authors who use the contents, along with the abbreviated title of the journal: hist.crit.

Editorial Policy

Upon receipt of an article, the Editorial Team evaluates it to determine whether it fulfills the basic requirements established by the journal (rules for citation and formal presentation), as well as its rele-

vance for appearing in a publication in the field of history (objective, theoretical framework, methodology, conclusions and bibliography). Afterwards, all contributions are submitted for evaluation to two international peer reviews and the Editorial Committee. The results of these evaluations will be reported to the author no later than six months from the date the article was received. The observations of the evaluators, as well as those of the Editorial Team, must be taken into account by the author, who will make the requested adjustments. Said modifications and corrections to the manuscript must be submitted by the author within the time set by the editor of the Journal (approx. 15 days). After receiving the modified article, the author will notified if it has been approved or not. The Editorial Team reserves the final word on the publication of articles and the issue in which said articles will be published. This decision will be informed to the author as soon as it is known, provided that the author has submitted all requested documentation within the set times.

The Journal reserves the right copy edit the text for minor errors. During the editing process, authors may be consulted by the editors to resolve certain questions. Both during the evaluation and editing processes, e-mail will be the most used means of communication with the author.

Procedure for Reviews and Bibliographical Essays

Historia Crítica has two means of obtaining reviews.

In one, authors send in their reviews, and also bibliographical essays, to the journal’s e-mail. In the other, the journal receives books by post (Cra. 1 No. 18A12, Building Roberto Franco, of. GB-417, Bogotá, Colombia), having previously received notice via e-mail indicating potential reviewers, when possible. In this case, the journal will attempt to find a review of the book.

All reviews must be critical and focus on books which are relevant to historical disciplines and which have been published for no more than five years. Bibliographical essays must critically analyze one, two, or more works. Both reviews and bibliographical essays are reviewed and, if accepted, may be subjected to modifications.

Editorial Policies

Directions for Authors Whose Articles Have Been Accepted for Publication

• Each author will receive two copies of the issue which includes their article.

• By signing the “Intellectual Property Rights Authorization of Use Form”, the authors of accepted texts give the to Universidad de los Andes authorization to make use of the proprietary copyright (reproduction, public communication, transformation, and distribution) and include the text in Historia Crítica (electronic and print version). In this document, authors also confirm the authorship of the article and certify that in writing it they have observed copyright laws.

• If an author wishes to include their article in another journal or book in the future, they must request authorization from the director of Historia Crítica, and the article’s original publication in Historia Crítica must be clearly referenced.

General Presentation of Articles

Articles should not have more than eleven thousand word (18-22 pages) with short, footnotes and bibliography page which meet the following specifications.

• Articles must not exceed 11.000 words, including abstract, footnotes and bibliography.

• Times New Roman, 12 points must be used, and text must be single-spaced, with margins at 3 x 3 x 3 x 3 cm, page-numbered, and in letter- sized paper.

• Notes must be footnotes, in Times New Roman, 10 point, and single-spaced.

• On the first page there must be an abstract, in Spanish, of at most 100 words. The abstract must be analytical (present the objectives of the article, its content, and its results).

• After the abstract, a list of three to six keywords must be included.

• Summary, keywords, and title must also be submitted in English.

• The name of the author must not appear in the article.

• Author information must be included in an additional document and must include name, address, phone number, e-mail, academic titles, institutional affiliation, current position, current studies, and publications in books and journals.

• Said page must also indicate what investigation the article is a result of and how it was funded.

• When the contents used have a DOI identification number, it should be included in the list of references.

General Presentation of Reviews and Bibliographical Essays

Reviews must be at most three pages long, single-spaced, using Times New Roman, 12 points, with 3 cm margins and letter-sized paper. Bibliographical essays must be 8-12 long, using Times New Roman, 12 points, with 3 cm margins and letter-sized paper.

Editing Rules

• Subdivisions of the body of the text (chapters, subsections, etc.) must be numbered using Arabic numerals, except the Introduction and the Conclusion, which are not numbered.

• Terms in Latin and foreign words must be written in italics.

• The first time an abbreviation is used, it must be placed in parenthesis after the text being abbreviated; afterwards, only the abbreviation must be used.

• Quotations over four lines long must be placed in long form, between quotation marks, single-spaced, in 11 point font and with reduced margins.

• There must be a space between each paragraph of the text; these must not be indented.

• Tables, graphs, illustrations, photographs, and maps must be referenced and explained in the text. They must also be titled, numbered sequentially and accompanied by their respective image notes and source(s). They must be placed immediately after the paragraph where they are announced. Images must be submitted in high quality digital format (jpg o tiff 300 y 240 dpi).

Obtaining the publication authorization of figures which require it is responsibility of the author.

• Footnotes must be numbered using Arabic numbers.

• The bibliography of the article must be placed at the end, in Times New Roman, 11 points, single-spaced and with a hanging indentation. It must be organized separating primary and secondary sources. Primary sources must include: files, periodicals, books. Titles must be presented in alphabetic order. The bibliography must contain complete references to all words used in the article, without including titles that are not referenced in the footnotes.

References:

Historia Crítica uses an the Chicago Manual of Style, 16th ed., Humanities Style. Below three abbreviations will be used in order to show the differences between the quotation style in footnotes (N), style shorten in footnotes (NA) and in the bibliography (B).

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Editorial Policies

Book: Single Author N First Name Last Name(s), Complete Title (City: Publisher, Year), consulted page.

NA Last Name, Short Title, consulted page.

B Last Name(s), First Name. Complete Title.

City: Publisher, Year.

Two Authors N First Name Last Name(s) and First Name Last Name(s), Complete Title (City: Publisher, Year), consulted page.

NA Last Name(s) and Last Name(s), Short Title, consulted page.

B Last Name(s), First Name, and First Name Last Name(s). Complete Title. City: Publisher, Year.

Four or more authors N First Name Last Name(s) et al., Complete Title (City: Publisher, Year), consulted page.

NA Last Name(s) and Last Name(s), Last Name(s), Last Name(s), Short Title, consulted page.

B Last Name(s), First Name, First Name Last Name(s), First Name Last Name(s) and First Name Last Name(s). Complete Title. City: Publisher, Year.

Book Chapters N First Name Last Name(s), “Article Name”, in Complete Title, edited, compiled, coordinated

by First Name Last Name(s) and First Name Last Name(s) (City: Publisher, Year), consulted page.

NA Last Name(s), “Short Article Name”, consulted page.

B Last Name(s), First Name. “Article Name.” In Complete Title, edited, compiled, and coordinated by First Name Last Name(s) and First Name Last Name(s). City: Publisher, Year, consulted page.

Introductions, Prefaces or Presentations N First Name Last Name(s), Introductions, Prefaces or Presentations to Complete Title (City: Publisher, Year), consulted page.

NA Last Name(s), Introductions, Prefaces or Presentations a Short Title, consulted page.

B Last Name(s), First Name. Introductions, Prefaces or Presentations to Complete Title. City: Publisher, Year, consulted page.

Compilations (editor, translator or compiler in addition to author) N First Name Last Name(s), Complete Title, ed./ comp./trad. First Name and Last Name compiler (City: Publisher, Year), consulted page.

NA Last Name(s), Short Title, consulted page.

B Last Name(s), First Name. Complete Title.

Compiled/edited/translated by First Name and Last Name(s). City: Publisher, Year.

Article in Journal, Press and Theses Article in Journal N First Name Last Name(s), “Article Name,” Journal Name, Vol: No (Year): consulted page.

NA Last Name(s), “Short Article Name”, consulted page.

B Last Name(s), First Name. “Article Name.”Journal Name, Vol: No (Year): consulted page.

Press N First Name Last Name(s), “Article Name,”Newspaper Name, City, Day and Month, Year, consulted page.

NA Last Name(s), “Article (summary) Name,” consulted page.

B Newspaper Name. City, Year.

Thesis: N First Name Last Name(s), “Thesis Title” (Undergraduate/Master’s/PhD thesis in, University, Year), consulted page.

NA Last Name(s), “Title (summary) Thesis,” consulted page.

B Last Name(s), First Name. “Thesis Title.”

Undergraduate/Master’s/PhD thesis in, University, Year.

Interviews and personal communications Personal N First Name Last Name(s), person interviewed (profession), in discussion whit the author, Day and Month, Year.

NA Last Name(s), discussion.

B Last Name(s), First Name person interviewed.

In discussion whit the author, Day and Month, Year.

Published N- “Title interview,” by First Name Last Name(s), publication name, date of consultation (day month year), url o doi.

NA “Title (summary) interview.”

B “Title interview,” by First Name Last Name(s).

Publication name, date of consultation (day month year), url o doi.

Electronic mailing list N First Name Last Name(s), email the author, date of consultation (day month year), url o doi.

NA Last Name(s), email.

B Last Name(s), First Name. Email the author, date of consultation (day month year), url o doi.

Editorial Policies

Internet Publications Electronic Book N First Name Last Name(s), Complete Title (City: Publisher, Year), consulted page, doi, url, Kindle edition, PDF e-book, Microsof Reader e-book.

NA Last Name, Short Title, consulted page.

B Last Name(s), First Name. Complete Title.

City: Publisher, Year, doi, url, Kindle edition, PDF e-book, Microsof Reader e-book.

Electronic journal article N First Name Last Name(s), “Article Name,”Journal Name, Vol: No (Year): consulted page, url o doi.

NA Last Name(s), “Short Article Name,”consulted page.

B Last Name(s), First Name. “Article Name.”

Journal Name, Vol: No (Year): consulted page, url o doi.

Internet Publications N “Page title”, Title virtual site, consultation date (day month year), url o doi.

NA “Title (summarized) of the page.”

B “Page title”. Title virtual site, url o doi.

Archive Source N

B

“Document Name”, place, date, and other pertinent data (if applicable), in Archive Abbreviation, Section, Fund, vol./leg./t., f. o ff. The first time it is quoted the full name of the Archive is mentioned followed by the abbreviation in parenthesis, followed by City-Country.

Full name of the Archive (abbreviation), City-Country, Section(s), Fund(s).

Note: After the first quotation, proceed as follows: Last Name, two or three words of the title, 45-90. Do not use Ibid., ibidem, cfr. or op.cit.

Consult the “Instructions for authors” in Spanish, English and Portuguese on http://historiacritica.uniandes.edu.co

Ethic Guidelines of the Journal Publication and authorship:

Historia Crítica is the journal of the Faculty of Social Sciences at Universidad de los Andes who (Bogotá-Colombia) finances the publication. It is located in the Franco Building, Of. GB-417. The web page of the journal is http://historiacritica.uniandes.edu.

co and its e-mail address hcritica@uniandes.edu.co Contact telephone is 3394999, extension 3716.

The structure of its organization is as follows: a director, an editor, an assistant editor, an editorial committee and a scientific committee who guarantee the quality and relevance of the contents of the journal. The members are evaluated annually in relation to their academic production in other national and international journals.

The articles submitted to the journal must be original and unpublished and must not be in an evaluation process or have an editorial commitment to any other publication. If the manuscript is accepted, the editors expect that its appearance will precede republication of the essay, or any significant part thereof, in another work. If the author of an article wants to include it in another publication, the details of the original publication must be clearly stated by the journal where it will be published and must be authorized by the editor of the journal.

In the same way when the journal is interested in publishing an article that has been previously published it will ask for permission from the editorial charged of the first publication.

Author responsibilities:

Authors must submit their articles through the following link and send them to the following addresses: hcritica@uniandes.edu.co within the dates set by the magazine for their submission.

The magazine has instructions of public access for the authors that contain the guidelines for the presentation of the articles and reviews, as well as editorial procedures which can be accessed in: http://historiacritica.uniandes.edu.co/page.php?c=Normas+para+los+autores and in all the printed versions of the journal.

Although the articles approved by editorial teams take into account criteria of quality, research rigor and the evaluation by international peers. The responsibility for the ideas expressed in the article rest upon the authors, as well as his ethical level.

The authors must specifically make clear that the essay written by them respects the intellectual property rights of third parties. If they use material which is not their property it is their responsibility to obtain due permission for their use in publication, be it illustrations, maps diagrams, photographs, etc.

They also agree to submit their texts to evaluation by two international external peers and must take into account their observations as well as those made by the Editorial Team. These should be noted by the author to make the necessary adjustments. The author, in the time limit indicated by the journal editor, must carry out the modifications and corrections of the manuscript. Once the modified article is submitted, the author will be notified of its complete approval.

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Editorial Policies

When the manuscripts submitted to the journal are not accepted for publication the editor will notify the author in writing, explaining the reasons why it will not be published.

During the editing process, editors may consult the authors to clarify any doubts. Both in the process of evaluation and edition any communication with the authors will be by electronic means preferably.

The editorial team will reserve rights regarding the publication of the articles and the issue in which they will be published. The publication date will be observed once the author submits the required documentation within the time frame previously indicated. The journal reserves the right to make minor corrections of style.

The authors of approved manuscripts authorize the use of intellectual property rights by signing the â&#x20AC;&#x2DC;Document of authorization of intellectual property rights useâ&#x20AC;&#x2122; and the usage of the authorâ&#x20AC;&#x2122;s patrimonial rights (reproduction, public communication, transformation and distribution) to the Universidad de los Andes, in order to include the text in the journal (both printed and electronic versions). In this same document the authors confirm that they are the authors of the text and that intellectual property rights of third parties are respected in the text.

Peer review / responsibility for the reviewers:

Upon receipt of an article, the editorial team evaluates it to see whether it meets the basic requirements stipulated by the journal. The editorial team establishes the first filter, taking into account both format and quality (objective, theoretical framework, methodology, conclusions and bibliography). After this first review, it is decided which articles will begin the arbitration process. At this point, the texts are subjected to international peer review, as well as to assessment by the editorial team, which has the last word regarding which contents will be published. The results will be communicated to the author within a period of six months from the date of receipt of the article. When the evaluation process exceeds this time limit, the editor must inform the author of said situation.

All articles that pass the first revision filter will be submitted to an evaluation process by international peer reviewers, who can make suggestions to the author, pointing out possibly significant references to the author which have not been included in the essay. These readers are generally externalto the institution and are chosen taking into account they

do not have interests that might conflict with the topics they are evaluating. If there are any doubts the evaluator will be replaced.

The journal uses a format that contains questions with carefully defined criteria that must be answered by the evaluator about the article. He or she has the responsibility of accepting or refusing the article or approving modifications to it. During this process the journal will under no circumstances reveal the name of the author of the article being evaluated. In the same way the journal protects the identity of reviewers.

During the evaluation both the names of the authors as well as those of the reviewers will not be disclosed.

Editorial responsibilities:

The editorial board of the journal composed of scientific and editorial teams, is responsible for defining the editorial policies so that the journal sustains the standards of a renowned academic publication. These guidelines are constantly reviewed to improve the journal and fulfill the expectations of the academic community.

Just as the journal expects editorial norms be to be observed, it must also publish corrections, clarifications, retractions and apologies when needed.

The team is responsible for the choice of the best articles to be published after evaluation.This selection will always be based on the quality and relevance of the article, as well as its originality and contributions to the social knowledge. In the same way, when an article is refused, the justification given to the author must take these aspects into consideration.

The editor is responsible for the procedure of all the articles submitted to the magazine, and must develop confidential mechanisms during the evaluation process that leads to its publication or refusal.

When the magazine receives complaints of any kind the team must answer promptly according to the norms established for publication, and in case the complaint is justified it must make sure the necessary investigation is carried out to solve the problem.

When there is a mistake in a published content it must be promptly corrected and announced in the Web site of the journal.

As soon as a volume of the journal is published the editor has the responsibility of its diffusion and distribution to contributors, reviewers and institutions with whom exchange agreements have been established, as well as national and international repositories and indexation systems. In the same way the editor will be in charge of sending the journal to active subscribers.

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Políticas editoriais

Normas para os autores Tipo de artigos, datas e modalidade de recepção

• Historia Crítica publica artigos inéditos que apresentem resultados de pesquisa histórica, inovações teóricas sobre debates em interpretação histórica ou balanços historiográficos completos.

• Publicam-se textos em espanhol, inglês e português; contudo, aceita-se receber a versão inicial dos textos em outros idiomas como o francês e o italiano. No caso de ser aprovado, o autor se encarregará de entregar a versão definitiva traduzida ao espanhol, já que Historia Crítica não oferece ajuda para esse fim.

• As datas de recepção de artigos de tema livre e para os Dossiês são informadas nos respectivos editais.

• Os artigos devem ser enviados por meio do link designado para tanto na website da revista http://historiacritica.uniandes.edu.co ou enviados ao e-mail hcritica@uniandes.edu.co .

• Os demais textos (resenhas, ensaios bibliográficos, entrevistas etc.) devem ser enviados ao e-mail hcritica@uniandes.edu.co.

• A revista sumete todos os artigos que recebe em seus editais á ferramenta de detecção de plágio.

Quando se detecta que um texto foi usado sem a citação correspondente (total ou parcialmente), este não é enviado á avaliação e o autor é notificado sobre o motivo da recusa.

• Os artigos enviados à Historia Crítica para serem avaliados não podem estar simultaneamente em processo de avaliação em outra publicação.

• Todos os artigos publicados contam com um número de identificação DOI, que, de acordo com as políticas editoriais internacionais, deve ser citado pelos autores que utilizam os conteúdos, assim como o título abreviado da revista: hist.crit.

Avaliação dos artigos e processo editorial

Ao receber um artigo, a Equipe Editorial avalia se ele cumpre com os requisitos básicos exigidos pela revista (normas de citação e apresentação formal),

bem como sua pertinência para figurar numa publicação de caráter histórico (objetivo, referencial teórico, metodologia, conclusões e bibliografia).

As observações dos avaliadores internacionais, bem como as da Equipe Editorial, deverão ser levadas em consideração pelo autor, que fará os ajustes solicitados. Essas modificações e correções no manuscrito deverão ser realizadas pelo autor no prazo que será indicado pelo editor da revista (aproximadamente 15 dias). Depois de ter recebido o artigo modificado, o autor será informado sobre sua aprovação.

O Equipe Editorial se reserva a última palavra sobre a publicação dos artigos e o número no qual se publicarão, decisão que será comunicada ao autor assim que se tornar conhecida. Essa data se cumprirá sempre que o autor fizer chegar toda a documentação que lhe foi solicitada no prazo indicado. A revista se reserva o direito de fazer correções menores de estilo.

Durante o processo de edição, os autores poderão ser consultados pelos editores para resolver dúvidas existentes. Tanto no processo de avaliação quanto no de edição, o correio eletrônico constitui o meio de comunicação privilegiado com os autores.

Procedimento com as resenhas e os ensaios bibliográficos

Historia Crítica procede de duas formas para o recebimento de resenhas. Por um lado, os autores podem remetê-las ao e-mail da revista. O mesmo procedimento se aplica aos ensaios bibliográficos. Por outro lado, a revista recebe livros no seu endereço postal (Cra. 1 n. 18A- 12, Edifício Roberto Franco, of.

GB-417, Bogotá, Colômbia) com aviso prévio por e-mail, de preferência indicando nomes de possíveis resenhistas. Nesse caso, a revista tentará contatá-los ou contatar algum acadêmico interessado em fazer a resenha do livro enviado.

As resenhas devem ser críticas e versar sobre livros pertinentes à disciplina histórica que tenham sido publicados nos últimos cinco anos. Os ensaios bibliográficos devem discutir criticamente uma, duas ou mais obras. As resenhas e os ensaios bibliográficos são submetidos à análise de conteúdo e, sendo aprovados, a eventuais modificações.

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Políticas Editoriais

Indicações para os autores de textos aceitos para publicação (artigos, resenhas, ensaios bibliográficos e entrevistas)

• Os autores receberão dois exemplares do número do qual participaram.

• Os autores dos artigos aceitos autorizam, por meio da assinatura do “Documento de autorização de uso de direitos de propriedade intelectual”, a utilização dos direitos patrimoniais de autor (reprodução, comunicação pública, transformação e distribuição) à Universidad de los Andes para incluir o artigo na revista Historia Crítica (versão impressa e versão eletrônica).

• Caso um artigo queira ser incluído posteriormente em outra publicação, deverão ser citados os dados da publicação original na Historia Crítica, com autorização prévia solicitada à direção da revista.

Apresentação geral dos artigos

• Os artigos não devem ter mais de 11 mil palavras (18 a 22 páginas) contando resumo, as notas de rodapé e a bibliografia, quadros, gráficos, ilustrações, fotografias e mapas.

• Deverão estar em letra Times New Roman, tamanho 12, entrelinhas simples, com margens de 3 cm, paginado e em papel tamanho carta.

• As notas de rodapé deverão estar em letra Times New Roman, tamanho 10 e entrelinhas simples.

• Na primeira página, deve conter um resumo em espanhol de no máximo 100 palavras. O resumo deve ser analítico (apresentando os objetivos do artigo, seu conteúdo e seus resultados).

• Após o resumo, deve-se inserir uma lista de três a seis palavras-chave, escolhidas preferivelmente no Tesauro da Unesco (http:// databases.unesco.org/thessp/) ou, na sua falta, em outro tesauro reconhecido, cujo nome será informado à revista. Quando uma palavra não se encontrar normalizada num tesauro, deve ser indicado.

• Depois do resumo, deve-se anexar uma lista de três a seis palavras-chaves.

• O resumo, as palavras-chaves e o título devem estar também em inglês.

• O nome do autor não deve figurar no artigo.

• Os dados do autor devem ser entregues em um documento anexo e incluir nome, endereço, telefone, e-mail, títulos acadêmicos, afiliação institucional, cargos atuais, estudos em curso e publicações em livros e revistas.

• Nesta folha, também é necessário indicar de que pesquisa o artigo é resultado e como se financiou.

• Quando o conteúdo usado para ter um número de identificação de DOI, deve ser incluído na lista de referências.

Apresentação geral das resenhas e dos ensaios bibliográficos

As resenhas e os ensaios bibliográficos devem ser apresentados no formato Word para Windows, com entrelinhas simples, letra Times New Roman 12, margens de 3 cm e no tamanho carta. As obras citadas no texto deverão ser referenciadas em notas de rodapé. As resenhas devem constar de no máximo três páginas, e os ensaios, entre 8 e 12 páginas.

Regras de edição

• As subdivisões no corpo do texto (capítulos, subcapítulos etc.) devem ir enumeradas com números arábicos, exceto a introdução e a conclusão que não se enumeram.

• Os termos em latim e as palavras estrangeiras devem estar em itálico.

• Na primeira vez em que se usar uma abreviatura, esta deverá ir entre parênteses depois da fórmula completa; nas seguintes menções, será usada unicamente a abreviatura.

• As citações textuais que ultrapassem quatro linhas devem ser colocadas no formato de citação longa, entre aspas, entrelinhas simples, tamanho de letra 11 e margens reduzidas.

• Deve haver um espaço entre os parágrafos e estes deverão estar sem tabulação.

• Os quadros, gráficos, ilustrações, fotografias e mapas devem aparecer referenciados e explicados no texto. Devem estar, da mesma forma, com títulos, enumerados sequencialmente e acompanhados por suas respectivas legendas e fonte(s). Localizam-se logo após o parágrafo de onde se anunciam. As imagens serão entregues em formato digital ( jpg o tiff 300 y 240 dpi). É responsabilidade do autor conseguir a autorização para a publicação de imagens.

• As notas de rodapé deverão aparecer em números arábicos.

• Ao final do artigo, deverão estar as referências, escritas em letra Times New Roman, tamanho 11, entrelinhas simples e com e numerada. Serão organizadas em fontes primárias e secundária, apresentando nas primeiras as seguintes partes: arquivo, publicações periódicas, livros. Os títulos devem ser apresentados em ordem alfabética.

Nas referências, devem aparecer todas as obras utilizadas no artigo, sem incluir títulos que não estejam referenciados nas notas de rodapé.

Referências Historia Crítica utiliza Chicago Manual of Style, edição número 16, Humanities Style. À continuação se utilizarão duas abreviaturas que permitem ver as diferenças entre a forma de citar nas notas de rodapé

Políticas Editoriais

(N), cita abreviada nas notas de rodapé (NA) e nas referências (B):

Livro o parte do livro: De um só autor N Nome Sobrenome(s), Título completo (Cidade: Editora, ano), páginas consultadas.

NA Sobrenome(s), Título resumido, página consultado.

B Sobrenome(s), Nome. Título completo.

Cidade: Editora, ano.

Dois o três autores N Nome Sobrenome(s) e Nome Sobrenome(s), Título completo (Cidade: Editora, ano), páginas consultadas.

NA Sobrenome(s), Título resumido, página consultado.

B Sobrenome(s), Nome, e Nome Sobrenome(s).

Título completo. Cidade: Editora, ano.

Quatro ou mais autores N Nome Sobrenome(s) et al., Título completo (Cidade: Editora, ano), páginas consultadas.

NA Sobrenome(s) et al, Título resumido, página consultadas.

B Sobrenome(s), Nome, Nome Sobrenome(s), Nome Sobrenome(s) e Nome Sobrenome(s).

Título completo. Cidade: Editora, ano.

Capítulo em livro N Nome Sobrenome(s), “Título artigo”, em Título completo, editor/compilador/coordenada pela Nome Sobrenome(s) e Nome Sobrenome(s) (Cidade: Editora, ano), páginas consultadas.

NA Sobrenome(s), “Título (resumido) do capítulo”, página consultadas.

B Sobrenome(s), Nome. “Título artigo”. Em Título completo, editado por Nome Sobrenome(s) e Nome Sobrenome(s). Cidade: Editora, ano, 45-90.

Introdução/Prefácio/Apresentações N Nome Sobrenome(s), Introdução/Prefácio/ Apresentações Título completo (Cidade: Editora, ano), páginas consultadas.

NA Sobrenome(s), Introdução/Prefácio/Apresentações Título resumido, páginas consultadas.

B Sobrenome(s), Nome. Introdução/Prefácio/ Apresentações. Cidade: Editora, ano.

Compilação (editor/tradutor ou compilador ademais do autor) N Nome Sobrenome(s), Título completo, ed./ comp./trad. Nome Sobrenome(s), do compilador (Cidade: Editora, ano), páginas consultadas.

NA- Sobrenome(s), Título resumido, páginas consultadas.

B- Sobrenome(s), Nome. Título Completo. Compilado/editado/traduzido por Nome Sobrenome(s). Cidade: Editora, ano.

Artigo da revista, impresa e tese Artigo da revisto N Nome Sobrenome(s), “Título artigo”, Título revista, Volume, n.° número (ano): páginas consultadas, doi.

NA Sobrenome(s), “Título (resumido) do artigo”, páginas consultadas.

B Sobrenome(s), Nome. “Título artigo”. Título revista, Volume, n.° número (ano): páginas consultadas, doi.

Número especial das revistas N Nome Sobrenome(s), “Título artigo”, em “Título número especiais o dossiê revista”, ed., Nome Sobrenome(s), dossiê o número especiais, Título revista, volume, n.° número (ano): páginas consultadas, doi.

NA Sobrenome(s), “Título (resumido) do artigo”, páginas consultadas.

B Nome Sobrenome(s). “Título artigo”. Dossiê o Número especiais, Título dossiê o número especiais volume, n.° número (ano).

Artigo de imprensa (com ou sem autor) N Nome Sobrenome(s), “Título artigo”, Título periódico/jornal, Cidade, dia y mês, ano, páginas consultadas [se a referência é tomada de internet].

NA Sobrenome(s), “Título (resumido) do artigo”, páginas consultadas.

B Título periódico/jornal. Cidade, ano.

Tese N Nome Sobrenome(s), “Título tese” (tese graduação/PhD/Mestrado, Universidade, ano), páginas consultadas.

NA Sobrenome(s), “Título (resumido) da tese”, páginas consultadas.

B Sobrenome(s), Nome. “Título tese”. Tese graduação/PhD/Mestrado, Universidade, ano.

Entrevista e comunicações pessoais Perssoal N Nome Sobrenome(s), entrevistado (profissão), em discussão com autor, dia mês ano.

NA Sobrenome(s), entrevistado, discussão, entrevista.

B Sobrenome(s), Nome entrevistado. Em discussão com o autor. Dia mês ano.

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Políticas Editoriais

Publicado N “Título entrevista publicada”, Nome da publicação, data completa (dia mês ano), url o doi.

NA “Título (resumido) entrevista”.

B “Título entrevista publicada”. Nome da publicação, data completa (dia mês ano) url o doi.

Correio eletrônico N Nome Sobrenome(s), correio eletrônico o autor, data completa (dia mês ano), url o doi.

NA Sobrenome(s), correio.

B Sobrenome(s), Nome. Correio eletrônico o autor. Data completa(dia mês ano) url o doi.

Publicações na internet Livro N

Nome Sobrenome(s), Título completo (Cidade: Editora, ano), páginas consultadas, doi, url, Kindle edition, PDF e-book, Microsof Reader e-book (conforme o caso).

NA Sobrenome(s), Título resumido, página consultado.

B Sobrenome(s), Nome. Título completo.

Cidade: Editora, ano. , doi, url, Kindle edition, PDF e-book, Microsof Reader e-book (conforme o caso).

Artigo das revistas N Nome Sobrenome(s), “Título artigo”, Título revista Volume, n.° número (ano): páginas consultadas, url ou doi.

NA Sobrenome(s), “Título (resumido) do artigo”, páginas consultadas.

B Sobrenome(s), Nome. “Título artigo”. Título revista Volume, n.° número (ano): páginas consultadas, url ou doi.

Publicações na internet N- “Título da página”, Título site virtual, data de consulta (dia mês ano), url o doi.

NA “Título (resumido) da página”.

B “Título da página”. Título site virtual, url o doi.

Fontes de arquivo N

B

“Título documento”, lugar y data, e outros dados pertinentes (se aplicável), em Siglas do arquivo, Seção, Fundo, vol./leg./t., f. ou ff. Na primeira vez se cita o nome completo do arquivo e a abreviatura entre parêntesis, e Cidade-País.

Nome completo do arquivo (sigla), Cidade-País, Seção, Fundo (s).

Nota: Logo após a primeira citação, procede-se assim: Nome Sobrenome, duas ou três palavras do título, 45-90. Não se utiliza nem Ibid., ibidem, cfr. ou op. cit.

Consulte as “Normas para os autores” em espanhol, inglês e português em http://historiacritica. uniandes.edu.co

Guia Políticas éticas da revista Publicação e autoria

A revista Historia Crítica faz parte da Faculdade de Ciências Sociais da Universidad de los Andes (Bogotá-Colombia), encarregada do suporte financeiro da publicação. Sua sede se encontra no Edifício Franco, escritório GB-417. A página da revista http://historiacritica.uniandes.edu.co, e seu e-mail é hcritica@ uniandes.edu.co. O telefone para contato é (57 1) 339-4999, ramais 3716.

Conta com a seguinte estrutura: um diretor, um editor, um assistente editorial, um comitê editorial e um comitê científico, os quais garantem a qualidade e pertinência dos conteúdos da revista. Os membros são avaliados anualmente em função de seu reconhecimento na área e de sua produção acadêmica, visíveis em outras revistas nacionais e internacionais.

Os artigos apresentados à revista devem ser originais e inéditos e não devem estar simultaneamente em processo de avaliação nem ter compromissos editoriais com nenhuma outra publicação. Se o texto for aceito, os editores esperam que seu aparecimento anteceda a qualquer outra publicação total ou parcial do artigo. Se o autor de um artigo quiser incluí-lo posteriormente em outra publicação, a revista na qual se pretende publicar deverá indicar claramente os dados da publicação original e possuir prévia autorização solicitada ao editor da revista.

Do mesmo modo, quando a revista tiver interesse em publicar um artigo já publicado previamente, compromete-se a pedir a autorização correspondente à editora que realizou a primeira publicação.

Responsabilidades do Autor

Os autores devem remeter seus artigos pelo link habilitado na página web e enviá-los aos seguintes correios eletrônicos: hcritica@uniandes.edu.co nas datas estabelecidas pela revista para a recepção dos artigos. A revista possui normas para os autores de acesso público que contêm as pautas para a apresentação dos artigos e resenhas, bem como as regras de edição. Elas podem ser con-

Políticas Editoriais

sultadas em: http://historiacritica.uniandes.edu. co/page.php?c=Normas+para+los+autores e na versão impressa da revista.

Ainda que as equipes editoriais aprovem os artigos com base em critérios de qualidade, rigorosidade investigativa e considerem a avaliação realizada por pares internacionais, são os autores os responsáveis pelas ideias expressas no texto bem como pela idoneidade ética dele.

Os autores devem deixar explícito que o texto é de sua autoria e que nele se respeitam os direitos de propriedade intelectual de terceiros. Se for utilizado material que não seja de propriedade dos autores, é responsabilidade deles se assegurarem de ter as autorizações para o uso, reprodução e publicação de quadros, gráficos, mapas, diagramas, fotografias etc.

Além disso, os autores aceitam submeter seus textos às avaliações de pares externos e se comprometem a considerar as observações dos avaliadores internacionais bem como as do Equipo Editorial para a realização dos ajustes solicitados. Essas modificações e correções do texto deverão ser realizadas pelo autor no prazo que o editor da revista indicar. Assim que a revista receber o artigo modificado, será informado ao autor sobre sua completa aprovação.

Quando os textos submetidos à revista não forem aceitos para publicação, o editor enviará uma notificação escrita ao autor na qual se explicarão os motivos pelos quais seu texto não será publicado pela revista.Durante o processo de edição, os autores poderão ser consultados pelos editores para resolver dúvidas. Tanto no processo de avaliação quanto no de edição, o correio eletrônico constitui o meio de comunicação privilegiado com os autores.

O Equipo Editorial tem a última palavra sobre a publicação dos artigos e sobre o número no qual serão publicados. Essa data se cumprirá sempre que o autor tiver enviado toda a documentação que lhe foi solicitada no prazo indicado. A revista tem o direito de fazer revisões menores de estilo.

Os autores dos textos aceitos autorizam, mediante a assinatura do “Documento de autorização de uso de direitos de propriedade intelectual”, a utilização dos direitos patrimoniais do autor (reprodução, comunicação pública, transformação e distribuição) pela Universidad de los Andes, para incluir o texto na revista (versão impressa e eletrônica). Nesse mesmo documento, os autores confirmam que o texto é de sua autoria e se respeitam os direitos de propriedade intelectual de terceiros.

Revisão por pares/responsabilidade dos avaliadores

Ao receber um artigo, a equipe editorial avalia se este cumpre com os requisitos básicos exigidos pela revista. Além disso, estabelece-se o primeiro filtro e leva-se em consideração formato, qualidade e pertinência; depois desta primeira revisão, definem-se os artigos que iniciarão o processo de arbitragem. Os textos são, neste primeiro momento, submetidos à avaliação de pares acadêmicos internacionais e ao conceito da equipe editorial. O resultado será comunicado ao autor em um período de até seis meses a partir do recebimento do artigo. Quando o processo de avaliação exceder esse prazo, o editor deverá informar ao autor a situação.

Todos os artigos que passarem pelo primeiro filtro de revisão serão submetidos a um processo de arbitragem a cargo de pares avaliadores internacionais, os quais poderão formular sugestões ao autor e indicar referências significativas que não tenham sido incluídas no trabalho. Esses leitores são, em sua maioria, externos à instituição e, em sua eleição, busca-se que não tenham conflitos de interesse com as temáticas sobre as quais devem conceituar. Diante de qualquer dúvida, uma substituição do avaliador será realizada.

A revista conta com um formato que contém perguntas com critérios cuidadosamente definidos que o avaliador deve responder sobre o artigo objeto de avaliação. Ele tem a responsabilidade de aceitar, rejeitar ou aprovar com modificações o artigo arbitrado. Durante a avaliação, tanto os nomes dos autores quanto o dos avaliadores serão mantidos em completo anonimato.

Responsabilidades editoriais

A equipe editorial da revista, com a participação dos comitês editorial e científico, é responsável pela definição das políticas editoriais para que a revista cumpra com os padrões que permitem seu posicionamento como uma reconhecida publicação acadêmica. A revisão contínua desses parâmetros garante que a revista melhore e cumpra com as expectativas da comunidade acadêmica.

Assim como se publicam normas editoriais que a revista espera que sejam cumpridas em sua totalidade, ela também deverá publicar correções, esclarecimentos, retificações e dar justificativas quando necessário.

A equipe é responsável, sob prévia avaliação, da escolha dos melhores artigos para publicação.

Essa seleção estará sempre baseada na qualidade e

191

192

Políticas Editoriais

relevância do artigo, em sua originalidade e contribuições para o conhecimento social. Nesse sentido, quando um artigo é rejeitado, a justificativa dada ao autor deverá ser orientada a esses aspectos.

O editor é responsável pelo processo de todos os artigos que se postulam à revista e deve desenvolver mecanismos de confidencialidade enquanto durar o processo de avaliação por pares até sua publicação ou recusa.

Quando a revista receber reclamações de qualquer tipo, a equipe deve responder brevemente de acordo com as normas estabelecidas pela publicação e, caso a reclamação seja coerente, ela deve garantir

que se realize a adequada investigação a fim de resolver o problema.

Quando se reconhecer falta de exatidão em um conteúdo publicado, a Equipe Editorial será consultada e serão feitas as correções e/ou esclarecimentos na página web da revista. Assim que um número da revista for publicado, o editor tem a responsabilidade de sua difusão e distribuição aos colaboradores, avaliadores e às entidades com as quais se tenham estabelecido acordos de intercâmbio, bem como aos repositórios e sistemas de indexação nacionais e internacionais. Além disso, o editor se responsabilizará pelo envio da revista aos assinantes ativos.

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Geografía Departamento de Historia Universidad de los Andes · Facultad de Ciencias Sociales Carrera 1 # 18 A - 12 / Tel: 339 49 49 Ext. 2525 http://historia.uniandes.edu.co

volumen

20 •2 julio diciembre

2015 :

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En este volumen: ➻

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d a n i e l a v á s q u e z p i n o : “Los yndios infieles han quebrantado la paz”.

Negociaciones entre agentes europeos, chocoes y cunas en el Darién, 1739-1789 M a r í a c r i s t i n a n a v a r r e t e : De reyes, reinas y capitanes: los dirigentes

de los palenques de las sierras de María, siglos xvi y xvii

➻

s a n t i a g o r o b l e d o p á e z : Eclesiásticos letrados: estudio preliminar sobre

la actividad de productores de textos neogranadinos (1650-1750)

➻

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➻

c l a u d i a m a r c e l a v a n e g a s d u r á n : Los pueblos de indios y el abasto de leña de las ciudades de Tunja y Santafé, siglos xvi y xvii h e r a c l i o b o n i l l a y m a r c o m a n u e l f o r e r o p o l o : El problema de la “ida y vuelta” y la explotación de la mano de obra nativa del Nuevo Reino de Granada en el siglo xvii j u l i a c o s t i l l a : “Guarda y custodia” en la Ciudad de los Reyes: la construcción

colectiva del culto al Señor de los Milagros (Lima, siglos xvii y xviii) ➻

h é c t o r c u e v a s a r e n a s : Los indios y lo político: una revisión historiográfica sobre dos espacios andinos coloniales (norte de Charcas y sierra norte de Quito), siglos xvii y xviii

fronterasdelahistoria@gmail.com www.icanh.gov.co/Publicaciones www.facebook.com/FronterasDeLaHistoria www.twitter.com/FrontHistoria

e Historia (icanh) Librería: Calle 12 n.° 2 - 41 Bogotá, Colombia Teléfono: (571) 444 0544 ext. 118 Principales librerías colombianas

Colombia Internacional ISSN 0121-5612 · eISSN 1900-6004

86

Enero-abril 2016

U N I V E R S I D A D D E L O S A N D E S • F A C U LTA D D E C I E N C I A S S O C I A L E S R E V I S TA D E L D E PA R TA M E N T O D E C I E N C I A P O L Í T I C A

Editorial Carta a los lectores

13-14

Tema libre The Politics of Accountability: Indigenous Participation in Colombian and Ecuadorian Oil and Gas Policies Guillaume Fontaine, FLACSO (Ecuador), Esther Sánchez, Consultora independiente, Marco Córdova y Susan Velasco, FLACSO (Ecuador) El perfil del votante anulista en la elección federal de 2009 en México: independencia partidista y movilidad cognitiva Gerardo Isaac Cisneros, Instituto Electoral del Distrito Federal (México) Intención de voto y simpatía partidista en Bogotá María Camila Angulo Amaya, Universidad de los Andes (Colombia) Del peronismo nacional-popular al peronismo neoliberal: transformaciones de las identidades políticas en la Argentina menemista Hernán Fair, Universidad Nacional de Quilmes (Argentina) Neomubarakismo: al-Sisi y la nueva cara del autoritarismo en Egipto Rafat Ghotme, Universidad Militar Nueva Granada (Colombia) y Nadia García Sicard, Universidad Santo Tomás (Colombia)

17-50

51-80 81-106

107-136 137-162

Documentos Las cláusulas de integración en las constituciones de Suramérica: 200 años después de la Carta de Jamaica Juan Camilo Herrera, Universitat Pompeu Fabra Barcelona (España)

165-192

Subjetivación y pensamiento global. A propósito de la obra de Michel Wieviorka, Retour au sens. Pour en finir avec le déclinisme (2015) Eguzki Urteaga, Universidad del País Vasco

193-200

http://colombiainternacional.uniandes.edu.co

Contenido 7

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Presentación Equipo editorial

Dossier

11 30 49 73 94

107 128 140 157 174

Tramas entre paramilitarismo y palmicultura en Colombia Flor Edilma Osorio Pérez Agroindustria azucarera y finca tradicional en el norte plano del Cauca (Colombia). Perspectivas históricas y claves etnográficas Jefferson Jaramillo Marín, Natalia Londoño Ortiz, Gina Sánchez González Espacios, campesinos y subjetividades ambientales en el Guaviare Carlos Del Cairo, Iván Montenegro-Perini Geopolítica de los conflictos socioambientales: resistencia a la expansión minera Aída Quiñones Torres Conflictos ambientales y movimientos sociales: el caso del movimiento embera katío en respuesta a la construcción de la represa Urrá (1994-2008) Yeimmy Rocío Leguizamón Castillo Historizar el lugar para resistir el desplazamiento por minería de carbón: una aproximación teórica al caso de la comunidad de Boquerón en el Cesar Ximena González, Diego Melo El debate público sobre la minería en Colombia: el rol de los expertos en controversias socioambientales Edisson Aguilar Torres Quina, territorio y conflicto empresarial. Santander 1878-1882 Luis Rubén Pérez Pinzón Espacialidad de la provincia de Tunja en el siglo XIX: representaciones políticas y geográficas Daniel Roberto Vega Torres El territorio moderno y la geografía (colonial) del capital.

Una arqueología mínima Horacio Machado Aráoz

Reseñas

192

196 203 206

Arango, Mariano. La tierra en la historia de Colombia. Bogotá: Ediciones Aurora, Academia Colombiana de Ciencias Económica, 2014. 192 pp.

Aurelio Suárez Montoya Toro, Catalina, Julio Fierro, Sergio Coronado, Tatiana Roa, eds.

Minería, territorio y conflicto en Colombia. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2012. 510 pp.

Francisco Ramírez Cuellar La ruta del venado. Minería trasnacional, rituales ancestrales y movilización socioambiental. Vílchez, Hernán, dir. Huicholes. Los últimos guardianes del peyote. Argentina-México: Kabopro Films, 2014. 128 minutos.

Sebastián Vargas Álvarez Basteiro, Lluís y Lidia Serreno, coord. Negocios insaciables: estados, transnacionales, derechos humanos y agua. España: Solidaridad en Acción (APY), Enginyeria y Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID). 2015. 152 pp.

Luis Álvaro Pardo B.

41 www.revistaprocesos.ec enero-junio 2015 ISBN: 1390-0099

CONTENIDO Dossier: Amazonía Transfronteriza, siglos XVII-XX Las Guyanas holandesas en América Latina (1600-1814) LODEWIJK A. H. C. HULSMAN La expedición de límites de 1750 en la Guayana española: los logros de una tarea que nunca comenzó MIGUEL ÁNGEL PERERA Resistencia india, conciliación y estrategia militar en Quixos durante la primera mitad del siglo XVIII SEBASTIÁN GÓMEZ GONZÁLEZ Comercio, conflictos y alianzas en la frontera luso-española: Capitanía de Río Negro y provincia de Maynas, 1780-1820 CARLOS AUGUSTO BASTOS Y SIMÉIA DE NAZARÉ LOPES Diplomacia transfronteriza en tiempos de revolución:el Alto Río Negro iberoamericano, 1815-1820 ADILSON J. I. BRITO Ferrocarriles hacia el Oriente. Articulación del territorio y construcción nacional a inicios del siglo XX en el Ecuador NATÀLIA ESVERTIT COBES La emergencia del intelectual en América Latina y el espacio público: el caso de Alfonso Reyes, 1927-1939 AIMER GRANADOS DIALOGO CRÍTICO - RESEÑAS - REFERENCIAS - EVENTOS SUSCRIPCIONES

CORPORACIÓN EDITORA NACIONAL Roca E9-59 y Tamayo Quito - Ecuador cen@cenlibrosecuador.org Tel.: (593 2) 255358, fax: Ext. 12 Ecuador: USD 25,76; América: USD 66,08 Europa: USD 78,40; Resto del mundo: USD 96,32

CANJE

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR, SEDE ECUADOR (Centro de Información) Toledo N22-80 (Plaza Brasilia) Quito - Ecuador biblioteca@uasb.edu.ec Tel.: (593 2) 3228085 Fax: (593 2) 3228426

Vol. 42, n.o 2 julio-diciembre, 2015

issn: 0120-2456 (impreso) · 2256-5647 (en línea)

Editorial: A propósito de la Primera Guerra Mundial

MAX S. HERING TORRES

A R T Í C U L O S

/

C O L O M B I A

Cerdos y control social de pobres en la provincia de Antioquia, siglo xviii

MAURICIO ALEJANDRO GÓMEZ GÓMEZ

Un vistazo a la cartografía virreinal: Descripción geográfica del Virreinato de la Nueva Granada de 1781

S A N T I AG O P É R E Z Z A PATA

Hombres de letras en la provincia. Producción y comercio de libros en la República de Colombia, 1821-1874

R A F A E L E . A C E V E D O P.

Manejo estatal de baldíos: factor de crecimiento en el Departamento del Valle del Cauca, 1910-1920

JUAN CARL OS QUEJADA CAMACHO

Nos debemos a la tierra. El Campesino y la creación de una voz para el campo, 1958-1962

MARÍA JOSÉ ACEVEDO RUÍZ

Y S O R AYA M A I T E Y I E G A R Z Ó N

Sexualidades marginalizadas: un acercamiento a la Zona de Tolerancia en Cali, 1960-1970

DIANA CAROLINA GUTIéRREZ RAMíREZ Y JOSEPH RODRIGO MEJÍA AMA

Bolivia: de la crisis económica al “ciclo rebelde”, 2000-2005

DARÍO I. RESTREPO BOTERO

A R T Í C U L O S

/

A M É R I C A

L A T I N A

Un edificio diseñado para castigar: la utopía penitenciaria en Paraná, Brasil, siglo xix

CLÓVIS GRUNER

Fantasmas de rojo y azul. Los saqueos de las tropas chilenas en la guerra del Pacífico

PAT R I C I O R I V E R A O L G U Í N

A R T Í C U L O S

/

D E B A T E S

Historia y crítica en la transformación ética de los sujetos. Michel Foucault, 1926–1984

ALBERTO CASTRILLÓN

Tiempo histórico y representación en la Histórica de Reinhart Koselleck

MARCELA URIBE PÉREZ

La historia ambiental urbana: contexto de surgimiento y contribuciones para el análisis histórico de la ciudad

FRANK MOLANO CAMARGO

R E S E Ñ A S

www.anuariohistoria.unal.edu.co ACHSC_43_1(Pauta)12feb2016.indd 3

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