Historia Crítica No. 62

Tema abierto

Universidad de los Andes · Facultad de Ciencias Sociales Departamento de Historia ISSN 0121-1617 · e-ISSN 1900-6152 Bogotá, Colombia

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Octubre – diciembre 2016

N° 62 · Octubre – diciembre 2016

Universidad de los Andes · Facultad de Ciencias Sociales Departamento de Historia Bogotá, Colombia

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Formato · 19 x 24.5 cm Tiraje · 300 ejemplares Periodicidad · Trimestral ISSN 0121-1617. Min. Gobierno 2107 de 1987 eISSN 1900-6152 Precio · $ 30.000 (Colombia) * Las ideas aquí expuestas son responsabilidad exclusiva de los autores. * El material de esta revista puede ser reproducido sin autorización para uso personal o en el aula de clase, siempre y cuando se mencione la fuente. Para reproducciones con cualquier otro fin es necesario solicitar primero autorización del Comité Editorial de la revista.

Acerca de la revista Historia Crítica tiene como objetivo publicar artículos inéditos (en español, inglés y portugués) de autores nacionales y extranjeros que contribuyan al estudio de la Historia y al de las Ciencias Sociales y Humanas, para una mejor comprensión de los entornos sociales, políticos, económicos y culturales del pasado y del presente. En este sentido, busca fortalecer la investigación histórica, la reflexión académica y la elaboración de balances actualizados, que permitan construir diálogos en la comunidad académica nacional e internacional. La Revista es una publicación trimestral, (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre) que se publica al inicio de cada período señalado, creada en 1989 y financiada por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes (Colombia).

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Reseñas y Ensayos bibliográficos ponen en perspectiva publicaciones historiográficas recientes.

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Notilibros ofrece una breve descripción de publicaciones recientes de interés para la comunidad académica.

La Revista cambia la estructura de presentación de sus secciones en los números que son exclusivos de Tema abierto, donde no aparece la sección de Dossier. Historia Crítica en algunas ediciones incluye la sección Traducción que contiene artículos publicados en idiomas distintos al español, inglés y portugués.

Palabras clave: historia, ciencias sociales, ciencias humanas, investigación, historiografía, balances historiográficos.

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Tabla de contenido Carta a los lectores · 9-10

Artículos tema abierto ¿En defensa de la Doctrina Monroe? Los desencuentros en América Latina entre España y Estados Unidos (1880-1890) · 13-33 Andrés Sánchez Padilla, Investigador independiente, España Trabajo y vejez en el período prejubilatorio. Hipótesis y análisis de fuentes históricas sobre el caso argentino, 1850-1950 · 35-55 Hernán Otero, Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales, CONICET, Argentina La militarización del Estado durante la última dictadura militar argentina. Un estudio de los gabinetes del Poder Ejecutivo Nacional entre 1976 y 1983 · 57-75 Paula Canelo, Universidad Nacional de San Martín/CONICET, Argentina Iglesia liberadora, rearticulación de la política y protesta social en Chile (1973-1989) · 77-96 Viviana Bravo Vargas, Universidad Nacional Autónoma de México Los comienzos de la terapia ocupacional en Estados Unidos: una perspectiva feminista desde los estudios de Ciencia, Tecnología y Género (siglo XIX y XX) · 97-117 Rodolfo Morrison Jara, Universidad de Chile/Universidad Bernardo O’Higgins, Chile Neoliberalismo y crisis económica: políticas estatales, mercado y agricultores en Chile, 1973-1985 · 119-139 Fabián Almonacid Zapata, Universidad Austral de Chile

Espacio estudiantil De lo artesanal a lo industrial. La consolidación de la industria de medicamentos en Cali (Colombia, 1876-1944) · 143-163 María Fernanda Erazo Obando, Universidad de Buenos Aires, Argentina

Reseñas Womack, John. El trabajo en la Cervecería Moctezuma, 1908. Ciudad de México/Xalapa: El Colegio de México/Fideicomiso Historia de las Américas/H. Congreso del Estado de Veracruz, 2012 · 166-168 Eder Antonio de Jesús Gallegos Ruiz, Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, España Annino, Antonio. Silencios y disputas en la historia de Hispanoamérica. Bogotá: Taurus/Universidad Externado de Colombia, 2014 · 169-174 Francisco A. Ortega, Universidad Nacional de Colombia Silva, Renán. Lugar de dudas: sobre la práctica del análisis histórico. Breviario de inseguridades. Bogotá: Universidad de los Andes, 2015 · 175-177 Hermes Osorio Cossio, Universidad Nacional de Colombia Eulalia Hernández Ciro, Universidad Nacional de Colombia Políticas editoriales

Table of Contents Letter to readers · 9-10

Articles Open Forum In Defense of the Monroe Doctrine? The Disagreements between Spain and the United States in Latin America (1880-1890) · 13-33 Andrés Sánchez Padilla, Independent Researcher, Spain Work and Old Age in the período prejubilatorio. Hypothesis and Analysis of Historical Sources Regarding the Argentine Case, 1850-1950 · 35-55 Hernán Otero, Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales, CONICET, Argentina Militarization of the State during the Last Argentine Military Dictatorship: A Study of the National Executive Power Cabinets between 1976 and 1983 · 57-75 Paula Canelo, Universidad Nacional de San Martín/CONICET, Argentina A Liberating Church, Rearticulation of Politics and Social Protest in Chile (1973-1989) · 77-96 Viviana Bravo Vargas, Universidad Nacional Autónoma de México The Beginnings of Occupational Therapy in the United States: A Feminist Perspective from Studies of Science, Technology and Gender (19th and 20th Century) · 97-117 Rodolfo Morrison Jara, Universidad de Chile/Universidad Bernardo O’Higgins, Chile Neoliberalism and Economic Crisis: State Policies, Market and Farmers in Chile, 1973-1985 · 119-139 Fabián Almonacid Zapata, Universidad Austral de Chile

Student Space From the Artesan to the Industrial: The Consolidation of the Medicine Industry in Cali (Colombia, 1876-1944) · 143-163 María Fernanda Erazo Obando, Universidad de Buenos Aires, Argentina

Book Reviews Womack, John. El trabajo en la Cervecería Moctezuma, 1908. Ciudad de México/Xalapa: El Colegio de México/Fideicomiso Historia de las Américas/H. Congreso del Estado de Veracruz, 2012 · 165-167 Eder Antonio de Jesús Gallegos Ruiz, Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, Spain Annino, Antonio. Silencios y disputas en la historia de Hispanoamérica. Bogotá: Taurus/Universidad Externado de Colombia, 2014 · 169-174 Francisco A. Ortega, Universidad Nacional de Colombia Silva, Renán. Lugar de dudas: sobre la práctica del análisis histórico. Breviario de inseguridades. Bogotá: Universidad de los Andes, 2015 · 175-177 Hermes Osorio Cossio, Universidad Nacional de Colombia Eulalia Hernández Ciro, Universidad Nacional de Colombia Editorial Policies

Lista de conteúdos Carta aos leitores · 9-10

Artigos Tema aberto Em defesa da Doutrina Monroe? Os desencontros na América Latina entre a Espanha e os Estados Unidos (1880-1890) · 13-33 Andrés Sánchez Padilla, Pesquisador independente, Espanha Trabalho e velhice no período pré-aposentadoria. Hipótese e análise de fontes históricas sobre o caso argentino, 1850-1950 · 35-55 Hernán Otero, Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales, CONICET, Argentina A militarização do Estado durante a última ditadura militar argentina. Um estudo dos gabinetes do Poder Executivo Nacional entre 1976 e 1983 · 57-75 Paula Canelo, Universidad Nacional de San Martín/CONICET, Argentina Igreja libertadora, rearticulação da política e protesto social no Chile (1973-1989) · 77-96 Viviana Bravo Vargas, Universidad Nacional Autónoma de México Os começos da terapia ocupacional nos Estados Unidos: uma perspectiva feminista a partir dos estudos de Ciência, Tecnologia e Gênero (século XIX e XX) · 97-117 Rodolfo Morrison Jara, Universidad de Chile/Universidad Bernardo O’Higgins, Chile Neoliberalismo e crise econômica: políticas estatais, mercado e agricultores no Chile, 1973-1985 · 119-139 Fabián Almonacid Zapata, Universidad Austral de Chile

Espaço estudantil Do artesanal ao industrial. A consolidação da indústria de medicamentos em Cali, 1876-1944.

(Colômbia, 1876-1944) · 143-163 María Fernanda Erazo Obando, Universidad de Buenos Aires, Argentina

Resenhas Womack, John. El trabajo en la Cervecería Moctezuma, 1908. Ciudad de México/Xalapa: El Colegio de México/Fideicomiso Historia de las Américas/H. Congreso del Estado de Veracruz, 2012 ·165-167 Eder Antonio de Jesús Gallegos Ruiz, Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, Espanha Annino, Antonio. Silencios y disputas en la historia de Hispanoamérica. Bogotá: Taurus/Universidad Externado de Colombia, 2014 · 169-174 Francisco A. Ortega, Universidad Nacional de Colombia Silva, Renán. Lugar de dudas: sobre la práctica del análisis histórico. Breviario de inseguridades. Bogotá: Universidad de los Andes, 2015 · 175-177 Hermes Osorio Cossio, Universidad Nacional de Colombia Eulalia Hernández Ciro, Universidad Nacional de Colombia Políticas editoriais

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Carta a los lectores La historia de la política exterior, la reflexión sobre los Estados autoritarios latinoamericanos, el estudio de las políticas neoliberales, el análisis histórico de la vejez, la historia de las empresas y de los empresarios, el estudio de la ciencia desde una perspectiva feminista y la Iglesia como un actor político resultan ser algunas de las problemáticas que contempla este número de Tema abierto que presentamos a nuestros lectores. Se trata de un conjunto de contenidos que, desde una serie de fuentes gubernamentales, diplomáticas, seriadas, periodísticas, eclesiásticas, civiles, privadas o empresariales, han ocupado la atención de los historiadores en las últimas décadas. Contenidos que se presentan a través de renovadas preguntas de investigación, con el propósito de aportar a los debates actuales de la historiografía hispanoamericana, inscribiéndose en lugares de producción académica como Argentina, España, Estados Unidos, Chile, México y Colombia.

Este número inicia con los artículos de Andrés Sánchez Padilla y Hernán Otero. En el primero, Sánchez Padilla estudia la Doctrina Monroe en América Latina a través de los desencuentros entre España y Estados Unidos a finales del siglo XIX. Las disputas fronterizas y los intentos de mediación de la diplomacia española son estudiados en el contexto de la reconquista y de lo que se denominó el hispanoamericanismo o tutelaje de España en los territorios independientes de su dominio; junto con la política exterior norteamericana en América Latina, que se movía de acuerdo con las divisiones internas, o lo que el autor denomina factores domésticos vividos en Estados Unidos. El artículo trata acerca de los procesos limítrofes entre Colombia y Costa Rica, los debates sobre la propuesta de reunir una Confederación de Estados Americanos y las polémicas sobre la neutralidad del canal interoceánico, donde resulta claro el interés de Estados Unidos por proteger sus intereses políticos y económicos sobre el istmo de Panamá. En el segundo, Otero presenta una serie de hipótesis acerca del trabajo y la vejez en el período prejubilatorio en Argentina entre 1850 y 1950. El autor, además de ofrecer conclusiones claves para entender las cuestiones laborales y el sistema jubilatorio —al reseñar que este sistema estaba determinado (antes de la propia universalidad de la jubilación) por la riqueza personal o familiar y el nivel de salud, y la baja en la actividad laboral de la población mayor producto de una mejora social general—, analiza de manera cualitativa y cuantitativa las fuentes que resultan esenciales para establecer parámetros generales (en algunos casos particulares) de la situación laboral en Argentina.

Se continúa con los textos de Paula Canelo y Viviana Bravo Vargas, centrados en el ámbito político y social de las dictaduras establecidas en Argentina y Chile, respectivamente, que se unen a los trabajos de varios historiadores en el Cono Sur. Canelo se cuestiona por uno de los principales órganos del Estado dictatorial argentino: el gabinete de ministros del Poder Ejecutivo Nacional, al ser un objeto privilegiado para conocer el poder estatal. En este artículo resultan de gran importancia la identificación de los criterios de distribución y jerarquización de carteras, la designación del poder estatal y las consideraciones de distribución de los ministerios, para conocer las relaciones que establecía el Gobierno con su sociedad y el propio proceso de militarización del Estado en la elección de ministros pertenecientes a la élite —algunos de corte militar y otros de corte civil— que ocuparon los gabinetes del poder ejecutivo entre 1976 y 1983. Entretanto, en este mismo corte temporal, pero para el caso chileno, Bravo Vargas se ocupa de describir y reconstruir el papel que asumió la Iglesia católica durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. La autora destaca las políticas asumidas por la Iglesia liberadora, que cuestionaba el sistema de dominación capitalista,

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Carta a los lectores

y del grupo Cristianos comprometidos, procedente de esta institución —compuesta por sacerdotes, religiosas y laicos—, que recibió a perseguidos por el régimen dictatorial y actuó de manera activa en las jornadas de protesta social nacionales, constituyéndose por demás en una importante red que aminoró las políticas dictatoriales en numerosas zonas del país.

A estos artículos se unen los aportes de Rodolfo Morrison Jara y Fabián Almonacid Zapata.

Morrison Jara reconstruye los inicios de la terapia ocupacional en Estados Unidos, en la que las mujeres tuvieron un rol protagónico en alianza con grupos de médicos varones, quienes fortalecieron esta disciplina independiente de la medicina entre los siglos XIX y XX. Con este objetivo se estudian las acciones de varias mujeres como Julia Lathrop, Susan Tracy y Susan Cox Johnson, y se describe en breves líneas la participación de otro conjunto de mujeres como ayudantes en la rehabilitación de los hombres en combate durante la Primera Guerra Mundial. Para el autor, estos elementos ayudan a reconstruir el escenario histórico en el que las mujeres son protagonistas y en el que subyacen los aportes realizados a los estudios de la ciencia, que generalmente han sido asociados al rol desempeñado por los hombres. Por otro lado, Almonacid Zapata trata el impacto de las políticas neoliberales en Chile que empeoraron la situación de la agricultura tradicional, y analiza las desavenencias generadas entre los agricultores sureños que buscaron cambiarlas en varias ocasiones, quienes cuestionaron las políticas que impactaron áreas económicas como la ganadería y el cultivo del trigo. El autor reconstruye los acontecimientos, discusiones y protestas que se prolongaron desde 1973 hasta 1985, detallando las posturas del Gobierno y de sus ministros, y su contraparte, en organizaciones como la Confederación de Productores Agrícolas (CPA) y el Consorcio Agrícola del Sur (CAS).

Por último, este número contiene el artículo de María Fernanda Erazo Obando, en la sección Tema estudiantil, quien analiza, entre 1876-1944, la transformación de un almacén de comercio de medicamentos —que se constituye de manera artesanal y con la iniciativa de un comerciante, y posteriormente de su familia— en una de las industrias farmacéuticas más destacadas del Suroccidente de Colombia. Desde la historia empresarial, y retomando investigaciones de largo alcance elaboradas en América Latina, la autora realiza un recorrido que muestra la creación de una botica por iniciativa de Enrique Garcés Velasco, que se convierte en farmacia y que se constituye posteriormente en un laboratorio industrial a cargo de su hijo, Jorge Enrique Garcés Borrero. Se trata de un proceso que puede seguirse paso a paso a través del estudio de los materiales, los medicamentos, los artefactos, el almacén, las ventas, la publicidad y los consumidores.

Además, invitamos a nuestros lectores a revisar las reseñas que se incluyen en esta edición sobre las obras de John Womack, El trabajo en la Cervecería Moctezuma, 1908; Antonio Annino, Silencios y disputas en la historia de Hispanoamérica, y Renán Silva, Lugar de dudas: sobre la práctica del análisis histórico. Breviario de inseguridades, que aportan al estudio del trabajo, las independencias y el papel de los historiadores en la actualidad. También invitamos a nuestros lectores a visitar nuestra página web y acceder a los índices cronológicos, temáticos y de autores de los números publicados en 2016.

María Cristina Pérez Editora

Tema abierto

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¿En defensa de la Doctrina Monroe? Los desencuentros en América Latina entre España y Estados Unidos (1880-1890)❧ Andrés Sánchez Padilla

Investigador independiente, España doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit62.2016.01

Artículo recibido: 06 de abril de 2015/Aprobado: 19 de agosto de 2015/Modificado: 08 de septiembre de 2015

Resumen: Este artículo analiza el rol desempeñado por la Doctrina Monroe en los desencuentros que tuvieron lugar en América Latina entre España y Estados Unidos durante los años ochenta del siglo XIX. Basado en fuentes diplomáticas custodiadas en los archivos norteamericanos y españoles, el artículo argumenta que estos incidentes aparentemente periféricos revelan que la Doctrina Monroe fue un duradero, aunque flexible, principio de la política exterior norteamericana en América Latina. Específicamente, la evidencia sugiere que el motor detrás de la evolución de la doctrina fue la política doméstica norteamericana.

Palabras clave: España, Estados Unidos, América Latina, derecho internacional, arbitraje, cooperación regional (Thesaurus).

In Defense of the Monroe Doctrine? The Disagreements between Spain and the United States in Latin America (1880-1890) Abstract: This article analyzes the role played by the Monroe Doctrine in the disagreements that took place between Spain and the United States in Latin America during the 1880s. Based on diplomatic sources preserved in archives in the United States and Spain, the article argues that these apparently peripheral incidents reveal that the Monroe Doctrine was a lasting, although flexible, principle of U.S. foreign policy in Latin America. Sspecifically, the evidence suggests that the motor behind the evolution of the doctrine was U.S. domestic policy.

Keywords: Spain, United States, Latin America, international law, arbitration, regional cooperation (Thesaurus).

Em defesa da Doutrina Monroe? Os desencontros na América Latina entre a Espanha e os Estados Unidos (1880-1890) Resumo: Este artigo analisa o papel desempenhado pela Doutrina Monroe nos desencontros que aconteceram na América Latina entre a Espanha e os Estados Unidos durante os anos oitenta do século XIX. Baseado em fontes diplomáticas guardadas nos arquivos norte-americanos e espanhóis, o artigo argumenta que esses incidentes aparentemente periféricos revelam que a Doutrina Monroe foi um duradouro, ainda que flexível, princípio da política exterior norte-americana na América Latina. Especificamente, a evidência sugere que a força motriz por trás da evolução da doutrina foi a política doméstica norte-americana.

Palavras-chave: Espanha, Estados Unidos, América Latina, direito internacional, arbitragem, cooperação regional (Thesaurus). ❧ Este artículo es una versión revisada de una parte del capítulo cuatro de la tesis doctoral del autor, titulada “Las

relaciones entre España y Estados Unidos (1865-1898): problemas coloniales, diplomacia económica y cooperación cultural”. La investigación fue posible gracias a la ayuda para Formación del Profesorado Universitario del Ministerio de Educación de España, referencia AP2008-00283 (2009-2013).

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¿En defensa de la Doctrina Monroe? Los desencuentros en América Latina entre España y Estados Unidos (1880-1890) Andrés Sánchez Padilla

Introducción La Doctrina Monroe es un objeto de estudio recurrente de la historia de la política exterior de Estados Unidos en América Latina. Aunque el papel de la doctrina en el siglo XX no ha dejado de suscitar atención, los historiadores se han concentrado en estudiar su evolución en el siglo XIX. Este interés historiográfico está justificado, puesto que la Doctrina Monroe fue una de las escasas constantes en la política exterior norteamericana de esa centuria, caracterizada a menudo por la improvisación y la ausencia de consenso interno. Las interpretaciones de esta doctrina, sin embargo, varían considerablemente. Aunque el mensaje original del presidente James Monroe (en 1823) se había limitado a manifestar la oposición norteamericana a la colonización europea de territorios del Nuevo Mundo, existe un amplio consenso historiográfico en que la doctrina no ha tenido nunca un significado unívoco. Por el contrario, se ha utilizado para justificar fines tan diversos como evitar las intervenciones europeas en la región, proteger el orden y la estabilidad en áreas sensibles a los intereses de Estados Unidos, y asegurar el acceso sin obstáculos de los productos estadounidenses a los mercados latinoamericanos. Asimismo, también parece existir un amplio acuerdo en que hasta finales del siglo XIX, la aplicación de la doctrina fue generalmente moderada y restringida, pero que desde 1895 en adelante se invocó para justificar políticas cada vez más intervencionistas y agresivas en los países latinoamericanos1. Las diferencias entre los historiadores han surgido a la hora de intentar explicar la permanencia de la doctrina hasta el final de la Guerra Fría: mientras que para los primeros especialistas en historia diplomática se trató fundamentalmente de un instrumento de seguridad2, los historiadores revisionistas han enfatizado en su lugar los diferentes intereses económicos a los que ha servido3.

Por su parte, los autores más recientes han estudiado la doctrina como un dogma ideológico condicionado por factores domésticos. Se ha argumentado de manera específica que tanto el significado como la utilización de esta doctrina variaron de manera importante en función de las divisiones políticas dentro de los propios Estados Unidos4. Sobre la base de estos trabajos, este artículo argumenta que la Doctrina Monroe orientó la política exterior norteamericana en América Latina durante las últimas décadas del siglo XIX, pero que su aplicación varió considerablemente

1 Mark T. Gilderhus, “The Monroe Doctrine: Meanings and Implications”. Political Studies Quarterly 36, n.° 1 (2006): 5-16, doi: dx.doi.org/10.1111/j.1741-5705.2006.00282.x. Para una interpretación desde la ciencia política: Kenneth M. Coleman, “The Political Mythology of the Monroe Doctrine: Reflections on the Social Psychology of Hegemony”, en Latin America, The United States, and the Inter-American System, editado por John D. Martz y Lars Schoultz (Boulder: Westview Press, 1980), 95-114.

2 Ver: Dexter Perkins, “Europe, Spanish America, and the Monroe Doctrine”. The Hispanic American Historical Review 27, n.° 1 (1922): 207-218, doi: dx.doi.org/10.2307/1836154; The Monroe Doctrine, 1823-1826 (Cambridge: Harvard University Press, 1927); The Monroe Doctrine, 1826-1867 (Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1933); The Monroe Doctrine, 1867-1907 (Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1937).

3 Walter LaFeber, “The Evolution of the Monroe Doctrine from Monroe to Reagan”, en Redefining the Past: Essays in Diplomatic History in Honor of William Appleman Williams, editado por Lloyd C. Gardner (Corvallis: Oregon State University Press, 1986), 121-141.

4 Stephen J. Valone, “‘Weakness Offers Temptation’: William H. Seward and the Reassertion of the Monroe Doctrine”. Diplomatic History 19, n.° 4 (1995): 583-599, doi: dx.doi.org/10.1111/j.1467-7709.1995.tb00666.x; Gretchen Murphy, Hemispheric Imaginings: The Monroe Doctrine and Narratives of U.S. Empire (Charleston: Duke University Press, 2005); Jay Sexton, The Monroe Doctrine: Empire and Nation in Nineteenth-Century America (Nueva York: Hill and Wang, 2011).

Hist. Crit. No. 62 · Octubre-diciembre · Pp 13-33 · ISSN 0121-1617 · e-ISSN 1900-6152 doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit62.2016.01

como consecuencia de dichas divisiones internas en una época de extrema polarización política.

Para demostrarlo se examinará el papel de la Doctrina Monroe en los desencuentros en América Latina entre España y Estados Unidos durante la década de 1880: en primer lugar se analizará el arbitraje en la cuestión de límites entre Colombia y Costa Rica; en segundo lugar se estudiará la asistencia a la Conferencia Panamericana de Washington, y en tercer lugar se examinará la polémica sobre la neutralidad del canal interoceánico proyectado en el estrecho de Panamá. Al estudiarse conjuntamente estos incidentes, aparentemente inconexos, se revela el cambiante rol de la Doctrina Monroe en la política exterior finisecular de Estados Unidos en América Latina.

1. La cuestión de límites entre Colombia y Costa Rica El primer incidente hispano-norteamericano surgió a causa de la mediación en la disputa fronteriza entre Colombia y Costa Rica. Después de la guerra de independencia en Cuba contra las fuerzas españolas conocida como Guerra de los Diez Años (1868-1878), la diplomacia española había sustituido los sueños de reconquista y tutelaje de América Latina por el hispanoamericanismo, una política paternalista poco definida que aspiraba a incrementar los lazos comunes entre las repúblicas latinoamericanas y España. Inicialmente, el hispanoamericanismo también surgió para proteger las posesiones coloniales españolas en el Caribe y contrarrestar el creciente poder norteamericano en la región. Una de sus primeras manifestaciones fue el interés de España en mediar en los conflictos entre países latinoamericanos.

En especial, en uno de los conflictos más prolongados en la región, que enfrentaba a Colombia y Costa Rica. Ambos países habían discutido los límites exactos de su frontera desde el momento de la Independencia sin llegar a ningún acuerdo. Después de que las diferencias deterioraran seriamente sus relaciones bilaterales, Estados Unidos de Colombia y Costa Rica consiguieron firmar la Convención de San José (25 de diciembre de 1880), por la que sometían la cuestión de límites al arbitraje del Rey de los Belgas o, en caso de que declinase la proposición, al Rey de España.

Ciertamente, en la mayoría de los casos, los límites de las repúblicas latinoamericanas seguían las demarcaciones de los antiguos virreinatos españoles5. Sin embargo, la iniciativa de escoger al Rey de España como árbitro era inusual. Según el ministro norteamericano en Centroamérica, la iniciativa había partido de Colombia —algo sorprendente, dado que no tenía relaciones diplomáticas con Madrid en el momento de la firma de la Convención, debido a que el Congreso colombiano había rechazado su establecimiento sólo un año antes—6.

La diplomacia estadounidense tardó varios meses en conocer los términos de ese arbitraje7, pero, una vez que Washington estuvo al tanto de la convención, saltaron las alarmas. A diferencia de otras disputas territoriales hispanoamericanas, el conflicto entre Colombia y Costa Rica 5

Su indeterminación se debía a la vaguedad de la cartografía de numerosos territorios que la Monarquía Hispánica nunca había controlado efectivamente, y a que las propias denominaciones geográficas habían cambiado con el paso del tiempo.

6 “Instrucción Nº 162 de William M. Evarts a James R. Lowell”, Washington D.C., 9 de junio de 1879, en National Archives and Records Administration (NARA), College Park, Maryland-Estados Unidos, Record Group (RG) 59, General Records of the Department of State, 1763-2002 (GRDS), Serie Diplomatic Instructions, 1785-1906, File Unit Spain, 1833-1906, vol. 18.

7 David M. Pletcher, The Awkward Years: American Foreign Relations under Garfield and Arthur (Columbia: University of Missouri Press, 1962), 30-31.

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¿En defensa de la Doctrina Monroe? Los desencuentros en América Latina entre España y Estados Unidos (1880-1890) Andrés Sánchez Padilla

surcaba intereses norteamericanos. La frontera en disputa entre ambos países estaba en la región del Istmo de Panamá, una de las posibles localizaciones de un futuro canal interoceánico. Aunque desde mediados de los años setenta del siglo XIX la ruta preferida en Estados Unidos era la de Nicaragua8, el Tratado de Paz, Amistad, Navegación y Comercio, firmado el 12 de diciembre de 1846 entre la entonces República de Nueva Granada y Estados Unidos —conocido como Tratado Bidlack-Mallarino—, establecía en su artículo 35 el compromiso de garantizar la neutralidad del Istmo y la soberanía colombiana sobre ese territorio9.

Razón por la cual la administración norteamericana se enfureció cuando conoció el contenido de la Convención de San José10. Todo parece indicar que el hecho de que ni Colombia ni Costa Rica hubiesen buscado la mediación de Estados Unidos, y que ni siquiera hubiesen consultado su parecer, irritó mucho a Washington. La administración de Rutherford B. Hayes (1877-1881) había intentado negociar previamente, sin éxito, la modificación del tratado de 1846 y temía que si se rompía la alianza, Colombia buscara la garantía de su frágil soberanía sobre el Istmo en alguna potencia europea11. El nuevo secretario de Estado, James G. Blaine, escribió en junio a su ministro en Madrid, Lucius Fairchild (1881-1882), para saber si el Gobierno español tenía intención de aceptar el arbitraje12. En ese caso, debía recordar al Ejecutivo de Madrid que Estados Unidos no reconocería de antemano un laudo arbitral para el que no habían sido consultados, lo que equivalía a su veto en la práctica, dados los compromisos de Washington con Bogotá13.

Fairchild se reunió con el ministro de Estado español, Antonio Aguilar y Correa, marqués de la Vega de Armijo, el 19 de julio para preguntarle si Su Majestad, Alfonso XII, había recibido la invitación para ejercer de árbitro entre Colombia y Costa Rica. El Marqués negó que el Gobierno español hubiera recibido ninguna invitación y ofreció una respuesta evasiva cuando Fairchild le sugirió que le comunicase la recepción de esa invitación en el futuro14. En agosto, Blaine informó a Fairchild de que el Rey de los Belgas había rechazado la invitación de Colombia y Costa Rica15.

8 David M. Pletcher, The Diplomacy of Trade and Investment: American Economic Expansion in the Hemisphere, 1865-1900 (Columbia: University of Missouri Press, 1998), 114-147.

9 William M. Malloy, Garfield Charles y Denys P. Myers, Treaties, Conventions, International Acts, Protocols, and Agreements between the United States of America and Other Powers, v. 1 (Washington: Government Printing Office, 1910), 302-312.

10 El texto de la convención (en inglés), “Despacho Nº 145 de Cornelius A. Logan a William M. Evarts, Ciudad de Guatemala”, Foreign Relations of the United States, 25 de enero, 1881, 99-101. El representante de Estados Unidos en Centroamérica también señalaba que el plenipotenciario colombiano había sido el responsable de la selección de árbitros y que dicha elección no manifestaba un sentimiento favorable a Estados Unidos.

11 Pletcher, The Awkward Years, 28-30.

12 En mayo ya había ordenado a su ministro en Centroamérica, Cornelius A. Logan, que enviase el mismo mensaje a Costa Rica de manera informal, “Instrucción Nº 148 de James G. Blaine a Cornelius A. Logan, Washington D. C.”, Foreign Relations of the United States, 26 de mayo, 1881, 105-106. El Gobierno costarricense se sintió indignado por la respuesta estadounidense, “Despacho Nº 2 de Frank H. Titus a James G. Blaine, Ciudad de Guatemala”, Foreign Relations of the United States, 22 de agosto, 1881, 111-113.

13 “Instrucción Nº 148 de James G. Blaine a Lucius Fairchild, Washington D. C.”, Foreign Relations of the United States, 25 de junio, 1881, 1057-1058.

14 “Despacho Nº 179 de Lucius Fairchild a James G. Blaine, Madrid”, Foreign Relations of the United States, 22 de julio, 1881, 1062-1063.

15 “Instrucción Nº 165 de James G. Blaine a Lucius Fairchild”, Washington D. C., 5 de agosto de 1881, en NARA, RG 59, GRDS, Diplomatic Instructions, File Unit Spain, vol. 18.

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El secretario de la Legación en Madrid, Dwight T. Reed, se reunió entonces con el subsecretario del Ministerio de Estado, Felipe Méndez de Vigo, para volver a preguntarle si Alfonso XII había aceptado la invitación de Colombia y Costa Rica. Méndez de Vigo volvió a responder con evasivas, mientras que Reed le entregó una copia de la instrucción 148 del Secretario de Estado donde vetaba el arbitraje16. Lo cierto es que el Gobierno español deseaba ejercer como árbitro en esta disputa, pero no estaba dispuesto a enfrentarse diplomáticamente a Estados Unidos, que era lo que ocurriría si decidía ignorar el veto de Blaine. Siguiendo el procedimiento tradicional en esos casos, la diplomacia española decidió demorar la cuestión.

En noviembre de 1881 el presidente de Costa Rica, Tomás Guardia, visitó España dentro de su gira europea. La legación norteamericana temía que su viaje estuviera relacionado con el arbitraje de la disputa en el Istmo de Panamá17. El ministro Fairchild decidió aprovechar la ocasión para reunirse con el representante costarricense en Madrid, Manuel de Peralta. El diplomático norteamericano quería saber si su gobierno había seguido gestionando el arbitraje del Gobierno español, después incluso de conocer la posición estadounidense. Peralta respondió que su gobierno había detenido sus esfuerzos desde que conoció las objeciones estadounidenses, pero que esperaba que cuando los representantes costarricenses en Washington discutiesen la cuestión con el Departamento de Estado se desvaneciesen todos los temores norteamericanos. Fairchild interpretó que la iniciativa no seguía adelante y que, en caso de que se reiniciase, las dos repúblicas latinoamericanas hablarían primero con Estados Unidos18.

Un año después, el ministro colombiano en Madrid, Carlos Holguín, se reunió con el nuevo representante de Estados Unidos en la capital española, Hannibal Hamlin (1882-1883). En ese momento Colombia no sólo mantenía un conflicto limítrofe con Costa Rica: también disputaba la extensa frontera que tenía con Venezuela. El conflicto entre las dos grandes repúblicas les había llevado a interrumpir sus relaciones durante más de una década, pero en 1881 acordaron remitir su caso al arbitraje del Rey de España. Sin embargo, después de presenciar la irritación estadounidense un año atrás, la diplomacia colombiana quería obtener de antemano la buena disposición estadounidense para dirimir este caso. Holguín habló con Hamlin para explicarle que el Rey de España era el árbitro idóneo para resolver esa cuestión de límites y que estaba seguro de que el Gobierno español aceptaría emitir el arbitraje si Estados Unidos daba su visto bueno. También advertía de que no conocía otro árbitro posible para su disputa y de que si se obstaculizaba ese arbitraje existía un gran riesgo de que Colombia y Venezuela acabasen recurriendo a las armas para solucionar el conflicto19.

El Departamento de Estado examinó el arbitraje de las diferencias entre Colombia y Venezuela con otros ojos. El nuevo secretario de Estado, Frederick T. Frelinghuysen (1881-1885), escribió a 16 “Despacho Nº 80 de Dwight T. Reed a James G. Blaine, Madrid”, Foreign Relations of the United States, 20 de agosto, 1881, 1063.

17 “Despacho Nº 193 de Lucius Fairchild a James G. Blaine”, Madrid, 6 de octubre de 1881, en NARA, RG 59, GRDS, Series Despatches from Diplomatic Officers, 1789-1906 (Despatches), File Unit Despatches from United States Ministers to Spain, 1792-1906, vol. 102.

18 “Despacho Nº 223 de Lucius Fairchild a James G. Blaine, Madrid”, Foreign Relations of the United States, 23 de noviembre, 1881, 1067.

19 “Despacho Nº 97 ‘Confidencial’ de Hannibal Hamlin a Frederick T. Frelinghuysen”, Madrid, 11 de noviembre de 1882, en NARA, Record Group (RG) 84, Records of the Foreign Service Posts of the Department of State, 1788ca. 1991 (RFSPDS), Series United States Diplomatic Records for Spain, 1801-1935, File Unit Foreign Service Post (FSP) Madrid, vol. 34.

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Reed para manifestarle que Washington no tenía objeciones al arbitraje del Rey de España, puesto que en este caso, a diferencia de lo que ocurría con la disputa entre Colombia y Costa Rica, no había intereses norteamericanos en juego: la frontera entre Colombia y Venezuela no afectaba al Istmo de Panamá, y el arbitraje español era lógico en una cuestión referente a los antiguos virreinatos hispánicos. No obstante, el Secretario de Estado estaba satisfecho de que la enérgica oposición mostrada un año antes —ya expuesta a la luz pública en la colección de documentación diplomática del Gobierno de Estados Unidos, Foreign Relations of the United States, y en el mensaje anual del presidente Chester A. Arthur20— en la cuestión de límites con Costa Rica fuese la responsable de que Colombia entendiese la necesidad de consultar a Washington antes de discutir problemas territoriales con otras potencias. Sin embargo, advertía del peligro de que esta mediación española se convirtiera en un precedente para el futuro: “this government cannot but feel that the decision of American questions pertains to America itself, and it would hesitate […] to set on record an approval of a resort to European arbitration”21.

Unos meses después, los periódicos de Madrid publicaron que Alfonso XII había aceptado ejercer el arbitraje de la disputa entre Colombia y Venezuela. Reed se acercó al Ministro colombiano en Madrid para confirmar o desmentir la noticia durante una recepción al cuerpo diplomático por parte de la exreina Isabel II, madre de Alfonso XII. Holguín confirmó que la noticia era cierta, pero quiso saber el parecer del Gobierno estadounidense. El Secretario de la Legación norteamericana le comunicó que el Departamento de Estado no se oponía al arbitraje español22. Reed y Holguín también aprovecharon para hablar de un asunto mucho más irritante para Washington.

A principios de marzo el Departamento de Estado había recibido noticias de que España estaba presionando para que Colombia denunciase el tratado de 184623. Reed preguntó al diplomático colombiano por la veracidad de esos rumores. Holguín negó que los rumores tuvieran el menor fundamento y añadió que aun cuando España hubiera insinuado una proposición semejante, el Gobierno colombiano la habría rechazado24.

Sin embargo, unos días antes de esta entrevista, el presidente de Colombia había anunciado ante el Congreso de esa República que el Rey de España no sólo había aceptado ejercer como árbitro en la disputa territorial con Venezuela, sino que también lo había hecho en la cuestión de límites con Costa Rica. El Departamento de Estado ordenó inmediatamente a Reed

20 Chester A. Arthur, “Message of the President of the United States, Washington D. C.”, Foreign Relations of the United States, 6 de diciembre, 1881, VI-VII. 21 “Instrucción Nº 123 ‘Confidencial’ de Frederick T. Frelinghuysen a Dwight T. Reed”, Washington, D. C., 4 de enero de 1883, en NARA, RG 59, GRDS, Diplomatic Instructions, File Unit Spain, vol. 19.

22 “Despacho Nº 184 de Dwight T. Reed a Frederick T. Frelinghuysen”, Madrid, 28 de marzo de 1883, en NARA, RG 84, RFSPDS, United States Diplomatic Records for Spain, 1801-1935, FSP Madrid, vol. 34.

23 “Instrucción Nº 141 ‘Confidential’ de Frederick T. Frelinghuysen a Dwight T. Reed”, Washington, D. C., 2 de marzo de 1883, en NARA, RG 59, GRDS, Diplomatic Instructions, File Unit Spain, vol. 19. Sin embargo, según el encargado de negocios español en Colombia, la idea de denunciar el tratado era del propio Gobierno colombiano, “Despacho Nº 62 de Bernardo Jacinto de Cólogan a Antonio Aguilar y Correa”, Bogotá, 5 de noviembre de 1882, en Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores (AMAE), Madrid-España, Sección Tratados, Fondo Tratados, Serie Arbitrajes, leg. TR 470.

24 “Despacho Nº 185 de Dwight T. Reed a Frederick T. Frelinghuysen”, Madrid, 28 de marzo de 1883, en NARA, RG 84, RFSPDS, United States Diplomatic Records for Spain, 1801-1935, FSP Madrid, vol. 34.

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que confirmase la veracidad de ese anuncio25. Reed se reunió de nuevo con el subsecretario del Ministerio de Estado: Méndez de Vigo sólo le confirmó que el Gobierno español había aceptado arbitrar la disputa entre Colombia y Venezuela, pero que el arbitraje con Costa Rica todavía no había sido aceptado, debido a la delicadeza del asunto. El diplomático norteamericano concluyó que la presión norteamericana había intimidado al Gobierno español y que su arbitraje no tendría lugar26. John W. Foster, ministro estadounidense en Madrid desde junio de 1883, informó además en diciembre de ese año de que el representante de Costa Rica, Peralta —a punto de abandonar Madrid para representar a su país en Washington—, había hablado con él sobre el arbitraje de la cuestión de límites con Colombia. Peralta ya no esperaba que el Rey de España aceptase ejercer esa función y creía que ambos países deberían recurrir al tercer árbitro mencionado en la Convención de San José, el presidente de la Confederación Argentina. No obstante, volvió a reiterar ante Foster que las objeciones estadounidenses eran infundadas y que los derechos de Estados Unidos, según el tratado de 1846, no corrían ningún peligro, fuese cual fuese el resultado del arbitraje27.

El asunto siguió postergado durante un año. Pero en diciembre de 1884 los periódicos de Madrid volvieron a publicar que Colombia y Costa Rica habían elegido al Rey de España como el árbitro en su cuestión de límites. Foster se encontraba de vuelta en Washington, pero Reed se entrevistó con el subsecretario del Ministerio del Estado, Rafael Ferraz, y con el propio ministro de Estado, José Elduayen, para conocer si el Gobierno español tenía intención de ejercer ese arbitraje y para recordar la oposición del Gobierno estadounidense. De manera sorprendente, tanto Ferraz como Elduayen pretendieron desconocer el veto norteamericano de 1881. El Ministro de Estado le preguntó incluso cuál sería la opinión de Estados Unidos si el Gobierno español aceptase el arbitraje, dando a entender al diplomático norteamericano que todavía no se había tomado una decisión. Reed se cuidó de reiterar la censura de Washington28.

A pesar de esto, el nuevo representante de Costa Rica en Madrid, León Fernández, volvió a reunirse con Foster en la primavera de 1885 para intentar que Estados Unidos modificase su posición. Fernández argumentó que su país estaba mucho más interesado que Colombia en la solución arbitral, puesto que las diferencias con esa república podían desembocar en un conflicto bélico si no se resolvían pronto. Apelando al interés de Washington en la estabilidad de Centroamérica, también añadió que un conflicto abierto conduciría al desmembramiento territorial del país. Pero su argumento principal fue la oferta de que, en caso de que el arbitraje concediese alguna parte del territorio colombiano a Costa Rica, su país estaría dispuesto a conceder a Estados Unidos las mismas garantías que le había otorgado Colombia en el tratado de 1846: “As to the second point, he informed me that he was prepared, in the name of his Government, to estipulate that should any of the territory, now or at any time since the celebration of the

25 “Instrucción Nº 144 de Frederick T. Frelinghuysen a Dwight T. Reed”, Washington, D. C., 24 de marzo de 1883, en NARA, RG 59, GRDS, Diplomatic Instructions, File Unit Spain, vol. 19.

26 “Despacho Nº 191 de Dwight T. Reed a Frederick T. Frelinghuysen”, Madrid, 14 de abril de 1883, en NARA, RG 59, GRDS, Despatches, File Unit Despatches from United States Ministers to Spain, 1792-1906, vol. 105.

27 “Despacho Nº 116 de John W. Foster a Frederick T. Frelinghuysen”, Madrid, 10 de diciembre de 1883, en NARA, RG 59, GRDS, Despatches, File Unit Despatches from United States Ministers to Spain, 1792-1906, vol. 107.

28 “Despacho Nº 273 de Dwight T. Reed a Frederick T. Frelinghuysen”, Madrid, 19 de diciembre de 1884, en NARA, RG 59, Despatches, File Unit Despatches from United States Ministers to Spain, 1792-1906, vol. 112.

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treaty of 1846 in the possession of Colombia, be awarded by the arbitration to Costa Rica, this latter country would concede to the United States the same guarantee of said territory as the treaty of 1846”29.

Por consejo de Foster, Fernández buscó la colaboración del ministro colombiano en la capital, Carlos Holguín, quien reiteró ante Foster que su país no creía haber incumplido ninguna de las obligaciones del tratado de 1846 por dar concluida la Convención de San José sin consultar al Gobierno de Estados Unidos. Entre otras cosas, argumentó que el territorio en disputa era muy pequeño y estaba muy alejado del Istmo. Foster dio cuenta a Washington de la irritación de Colombia y Costa Rica por la oposición estadounidense al arbitraje de España, y sugería que Washington podía aumentar su influencia en la región si rectificaba su posición: “And if […] you can find a way by which the proposed arbitration can be carried out without prejudice to any of the rights and interests of the United States you will render a service to the two neighboring republics which will tend to strengthen their attachment to our Government and people”30.

Costa Rica, al igual que otras repúblicas centroamericanas, competía por la influencia norteamericana31. El mismo Fernández expresó a Foster la decepción de su gobierno al no ser incluido en el Tratado Frelinghuysen-Zavala de 1884 —el acuerdo entre Estados Unidos y Nicaragua para la construcción de un canal interoceánico en el territorio de esta república—, a pesar de que el emplazamiento elegido para el canal hacía frontera con su país. Según sus propias palabras, Costa Rica deseaba un tratado similar. A pesar del interés costarricense por la atención de Estados Unidos32, Washington tardó mucho en responder y expresar su posición sobre este asunto.

La administración demócrata de Grover Cleveland, en el poder desde marzo de 1885, no estaba muy interesada en América Latina33. Es posible que ese desinterés llevase a los representantes de Colombia y Costa Rica en Washington a la conclusión de que la nueva administración podía levantar su veto al arbitraje español, puesto que en el otoño de 1885 se acercaron al Departamento de Estado para ofrecer garantías de que el arbitraje de la cuestión de límites no amenazaba intereses norteamericanos. En noviembre, el secretario de Estado, Thomas F. Bayard, respondió aceptando las garantías y levantando el veto establecido en 1881.

Con esta seguridad, los representantes de Colombia y Costa Rica se reunieron y firmaron el Convenio de París (20 de enero de 1886), que formalizaba por escrito las garantías verbales de Washington y elegía a la Reina Regente de España —María Cristina de Habsburgo (en sustitución

29 “Despacho Nº 308 ‘Confidential’ de John W. Foster a Thomas F. Bayard”, Madrid, 21 de mayo de 1885, en NARA, RG 59, GRDS, Despatches, File Unit Despatches from United States Ministers to Spain, 1792-1906, vol. 113.

30 “Despacho Nº 309 de John W. Foster a Frederick T. Frelinghuysen”, Madrid, 22 de mayo de 1885, en NARA, RG 59, GRDS, Despatches, File Unit Despatches from United States Ministers to Spain, 1792-1906, vol. 113.

31 Thomas M. Leonard, Central America and the United States: The Search for Stability (Atenas: The University of Georgia Press, 1991), 35-47.

32 Fernández volvió a pedir una respuesta en diciembre, “Carta de León Fernández a John W. Foster”, Madrid, 1 de diciembre de 1885, en NARA, RG 84, RFSPDS, United States Diplomatic Records for Spain, 1801-1935, FSP Madrid, vol. 482.

33 Sin embargo, sería precisamente la segunda administración Cleveland (1893-1897) la que promovería una interpretación mucho más agresiva de la Doctrina Monroe por razones electorales, a partir de 1895, Sexton, The Monroe Doctrine, 201-211.

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de Alfonso XII, fallecido el 28 de noviembre de 1885)— como árbitro de su disputa limítrofe34.

Bayard aceptó, con algunas reservas, el texto del convenio después de que los representantes de ambas repúblicas se lo comunicasen de manera oficial. En mayo escribió al ministro norteamericano en Madrid, J.L.M. Curry, para que notificase al Gobierno español que Estados Unidos había retirado sus objeciones35. Curry no tardó en transmitir las opiniones de su gobierno36.

Sin embargo, el Gobierno español nunca llegó a arbitrar la cuestión de límites entre Colombia y Costa Rica. El gabinete de Práxedes Mateo-Sagasta prefirió priorizar el arbitraje, todavía pendiente, de la cuestión de límites entre Colombia y Venezuela, cuyo laudo se emitió en marzo de 189137. Para entonces ya había pendiente otra sentencia en el conflicto limítrofe entre Ecuador y Perú. El evidente desinterés del Gobierno español llevó a Colombia y Costa Rica a renunciar al arbitraje de la Reina Regente y solicitar los servicios del Presidente de la República Francesa por el Convenio de Bogotá de 4 de noviembre de 189638.

2. La Conferencia Panamericana de Washington La idea de reunir una Conferencia de Estados Americanos en Washington nació en 1881, pero la controversia que generó en Estados Unidos retrasó su celebración hasta 188939. Desde el primer momento, la diplomacia española atribuyó a la Conferencia Panamericana una trascendencia crucial para la influencia de España en América Latina y trató de disuadir de su asistencia a todas las repúblicas hispanoamericanas con las que mantenía relaciones. No era la primera vez que España había intentado sabotear clandestinamente la influencia de Washington en el continente. En 1881, por ejemplo, el Gobierno español ofreció asistencia militar a México en su controversia limítrofe con Guatemala, a cambio de rechazar la mediación estadounidense40. En 1882, como ya se indicó, España había intentado que Colombia denunciase su alianza con Estados Unidos. Pero, a diferencia de estas intrigas ocasionales, la Conferencia Panamericana fue una iniciativa que preocupó a la

34 Héctor Gros, España y la solución pacífica de los conflictos limítrofes en Hispano-América (Madrid: Civitas, 1984), 44-45.

35 “Instrucción Nº 63 de Thomas F. Bayard a J.L.M. Curry”, Washington, D. C., 26 de mayo de 1886, en NARA, RG 59, GRDS, Diplomatic Instructions, File Unit Spain, vol. 20.

36 “Despacho Nº 70 de J.L.M. Curry a Thomas F. Bayard”, Madrid, 28 de junio de 1886, en NARA, RG 59, GRDS, Despatches, File Unit Despatches from United States Ministers to Spain, 1792-1906, vol. 115.

37 “Arbitraje en la cuestión de límites entre las Repúblicas de Colombia y Venezuela”, Libro Rojo, 1891, 95-99; Gros, España y la solución, 53-66.

38 El presidente Poincaré emitió su laudo arbitral el 11 de septiembre de 1900, pero Costa Rica no quedó satisfecha. Después de nuevas negociaciones entre Costa Rica y el nuevo Estado de Panamá —independizado de la República de Colombia en 1903 con el apoyo de Estados Unidos— se acordó apelar al Presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos por el Tratado de 17 de marzo de 1910. El magistrado norteamericano emitió su laudo en 1914, Gros, España y la solución, 35, 44-45, 93-94.

39 A. Curtis Wilgus, “James G. Blaine and the Pan American Movement”. The Hispanic American Historical Review 5, n.° 4 (1922): 662-708, doi: dx.doi.org/10.2307/2506064; Walter LaFeber, The New Empire: An Interpretation of American Expansion, 1860-1898 (Ithaca: Cornell University Press, 1963), 112-121; Tom E. Terrill, The Tariff, Politics, and American Foreign Policy, 1874-1901 (Westport: Greenwood Press, 1973), 144-158; Pletcher, The Diplomacy of Trade, 239-242.

40 Estados Unidos no llegó a conocer esa oferta, Antonia Pi-Suñer y Andrés Agustín Sánchez, Una historia de encuentros y desencuentros: México y España en el siglo XIX (México: Secretaría de Relaciones Exteriores, 2001), 264-278.

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diplomacia española durante el resto de la década41. Los orígenes de la Conferencia Panamericana se remontaban a los años de la emancipación de las repúblicas latinoamericanas, siendo el Congreso de Panamá de 1826 el primer intento fallido de organizar una reunión de todos los Estados americanos. Posteriormente, las repúblicas hispanoamericanas celebraron encuentros regionales en 1847, 1856 y 186442, pero sólo con el estallido de la Guerra del Pacífico (1879-1883) —que enfrentó a Chile con Bolivia y Perú— reavivaron las iniciativas de cooperación regional.

En 1880 Colombia propuso, sin mucho éxito, una nueva reunión hispanoamericana en Panamá, para arbitrar pacíficamente los conflictos en la región43. En este contexto, el 29 de noviembre de 1881, el secretario de Estado norteamericano, James Blaine, convocó un congreso interamericano en Washington para estrechar los lazos entre las repúblicas americanas y establecer un sistema de arbitraje que evitase el estallido de futuras guerras en el todavía denominado Nuevo Mundo. En ese momento, la Guerra del Pacífico aún no había terminado, de tal manera que el Congreso podía ser la ocasión para negociar la paz. Sin embargo, Blaine se apresuró a desmentir que el Congreso pudiese tratar controversias abiertas. Su misión sería crear mecanismos para evitar el estallido de nuevas guerras en el futuro. La reunión se programó para el 24 de noviembre de 1882, casi un año después, y de la invitación fueron excluidos los dominios de las potencias europeas en América, como Canadá, Cuba y Puerto Rico44.

Con todo, a comienzos de 1882, el sucesor de Blaine, Frederick T. Frelinghuysen, solicitó reconsiderar la decisión sobre el congreso interamericano por motivos internos. La iniciativa terminó de deshacerse en la primavera, cuando la nueva administración solicitó la opinión del Congreso, lo que sirvió de ocasión para que los demócratas manifestasen su oposición y asociasen el proyecto con los escándalos de corrupción en los que estaba implicado Blaine. En agosto, el Secretario de Estado retiró discretamente las invitaciones al Congreso. Frelinghuysen explicó al chairman del Comité de Relaciones Exteriores del Senado que las condiciones de América Latina no eran las idóneas para celebrar un congreso de paz, pero que estaba dispuesto a retomar el proyecto en el futuro45.

La diplomacia española había reaccionado a la invitación de noviembre de 1881 con la celeridad que permitían las comunicaciones de la época. En febrero de 1882 se había enviado una circular a las nueve representaciones españolas en América Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, México, Perú, Uruguay y Venezuela) con el objetivo de que disuadiesen de asistir a esa reunión a los gobiernos ante los que estaban acreditadas, con el argumento de que era “la tendencia de los Estados Unidos en este asunto, como en otros recientemente planteados, anular o debilitar, cuando menos, la natural influencia de Europa en las Naciones de raza 41 El panamericanismo se inspiraba en la Doctrina Monroe, pero se diferenciaba de ella en su multilateralismo. Sin embargo, la diplomacia española nunca distinguió entre uno y otra, LaFeber, “The Evolution of the Monroe”, 129.

42 Samuel G. Inman, Inter-American Conferences, 1826-1954: History and Problems (Washington: University Press, 1965), 20-31.

43 La conferencia se inauguró en Panamá el 1 de diciembre de 1881, pero sólo asistieron a ella cuatro países (Colombia, Costa Rica, El Salvador y Guatemala), y se disolvió al poco tiempo, Pletcher, The Awkward Years, 84-85.

44 El texto de la invitación en “Instrucción Nº 156 de James G. Blaine a Thomas O. Osborn, Washington D. C.”, Foreign Relations of the United States, 29 de noviembre, 1881, 13-15. Russell H. Bastert, “A New Approach to the Origins of Blaine’s Pan American Policy”. The Hispanic American Historical Review 39, n.° 3 (1959): 375-412, doi: dx.doi.org/10.2307/2510229; Pletcher, The Awkward Years, 76-79.

45 Pletcher, The Awkward Years, 85-86.

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latina que pueblan la América central y la del sur”46. Los diplomáticos españoles en la región fracasaron rotundamente en su misión disuasoria. De los nueve gobiernos a los que se acercaron los representantes españoles, tres no se molestaron en responder —Argentina, Brasil y Uruguay—, cinco confirmaron su asistencia a la reunión de Washington —Bolivia, Guatemala, México, Perú y Venezuela— y sólo uno —Colombia— declaró que no tenía intención de aceptar la invitación norteamericana. Pero, en realidad, el fracaso diplomático español quedó disimulado cuando la administración norteamericana retiró la invitación a la conferencia.

Algunos de los diplomáticos españoles sobre el terreno intentaron explicar el problema a Madrid. El ministro de España en México, Guillermo Crespo, por ejemplo, reveló que el Gobierno mexicano no mantenía buenas relaciones con Washington en ese momento, debido a la cuestión de límites pendiente con Guatemala. México creía que Washington no era neutral y estaba favoreciendo a los guatemaltecos. No obstante, iba a aceptar la invitación porque no deseaba irritar a Estados Unidos, pues a pesar de su desconfianza seguía necesitando el visto bueno de Washington para la resolución de sus diferencias con la república centroamericana47. Cuatro años después de estos acontecimientos, la diplomacia española volvió a ser presa del pánico a causa de la conferencia. Desde que en 1882 la administración Arthur había renunciado a la idea del Congreso Panamericano, varios aliados políticos de Blaine habían presentado iniciativas legislativas —sin éxito, debido a la oposición demócrata— para autorizar al Presidente a invitar a las repúblicas latinoamericanas a una reunión en Washington.

En enero de 1886, el senador Frye resucitó el proyecto introduciendo un bill en el Senado que autorizaba al Presidente a invitar a los Estados hispanoamericanos a un congreso en Washington para decidir sobre varias cuestiones de interés mutuo: la promoción de la paz, la idea de una unión aduanera interamericana y de un sistema uniforme de regulaciones arancelarias; el establecimiento de líneas de vapor entre los puertos del continente, la adopción de un sistema uniforme de pesos y medidas; la protección de patentes, marcas registradas y derechos de autor, y la formulación de un sistema de arbitraje común. El proyecto asignaba cien mil dólares para gastos. Lo más significativo de la iniciativa de Frye era que desplazaba el objeto de la reunión del arbitraje de conflictos regionales —que podía traducirse en peligrosos compromisos políticos— a la discusión detallada de medidas para estrechar los lazos comerciales dentro de las Américas.

De esa manera, la gravedad del congreso aumentaba a ojos de la diplomacia española. Si la reunión tenía éxito, Cuba y Puerto Rico serían excluidas de cualquier tipo de acuerdo comercial regional y, con toda seguridad, perderían el acceso al mercado estadounidense. Por eso, el ministro de Estado español, Segismundo Moret, escribió al representante español en Washington, Emilio de Muruaga, ordenándole coordinar la oposición latinoamericana al congreso. Lo verdaderamente sorprendente fue que Moret ordenó a Muruaga que invocase la Doctrina Monroe con el objetivo de argumentar que España no podía ser excluida de ningún proyecto de cooperación regional: “Y bajo este punto de vista dos ideas igualmente importantes, habrán de merecer la atención especial de V. E. —La primera es la que se refiere a la doctrina Monroe: ‘La América para los

46 “A los representantes de España en Montevideo, Buenos Aires, Brasil, Venezuela, Perú, Colombia, Bolivia, México y al Cónsul General en Guatemala”, Madrid, 18 de febrero de 1882, en AMAE, Sección Archivo Histórico, Fondo Política, Serie Política Exterior, leg. H 2412.

47 “Despacho Nº 19 ‘Reservado’ de Guillermo Crespo a Antonio Aguilar y Correa”, México D. F., 4 de diciembre de 1882, en AMAE, Archivo Histórico, Política, Política Exterior, leg. H 2412.

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americanos’ porque dentro de su doctrina España pretende y afirma ser una Nación americana, no sólo por sus posesiones en el Golfo de Méjico sino por sus conexiones íntimas y fraternales con las Repúblicas Sud americanas. La consecuencia de este aserto es, en primer término, la de sostener que nada se ha de decidir ni aun iniciar en la América del Sur sin que España sea oída y escuchada y después que aun para la política general americana en cuanto puede referirse al desenvolvimiento de la doctrina Monroe, España tenga voz y participación”48.

Sin embargo, la diplomacia española no tuvo que volver a entrar en acción, porque el bill de Frye no salió adelante, como se esperó en algún momento. Aunque el Comité de Relaciones Exteriores del Senado lo aprobó en mayo y la Cámara alta hizo lo propio en junio, la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, enterró la iniciativa49. A pesar de que el bill de Frye había recibido más apoyo que iniciativas anteriores, los demócratas, al frente de la Cámara y del Ejecutivo, seguían sin estar interesados. No sólo se rechazó el proyecto de un Congreso Panamericano, sino que no se ratificaron varios tratados comerciales pendientes con naciones del continente. El ministro de México en Washington, Matías Romero, manifestó su irritación a Muruaga diciendo que la iniciativa de un Congreso Panamericano en Washington le parecía “ridícula”, sobre todo después de que Estados Unidos rechazase ratificar los tratados comerciales que habían firmado con su país y con otras naciones iberoamericanas como Brasil, Colombia y Venezuela50.

A pesar de semejantes precedentes, después de 1886 la idea de una reunión de todos los Estados americanos ganó apoyo progresivamente entre los legisladores de ambos partidos. Al finalizar la Guerra del Pacífico, los conflictos interamericanos habían perdido su intensidad, haciendo más factibles los proyectos de integración regional. Por otro lado, las iniciativas en Latinoamérica de las administraciones Garfield y Arthur habían despertado el interés público por las relaciones comerciales con la región. Por último, la idea de un Congreso Panamericano perdió gran parte de la controversia causada por su asociación con la polémica figura de Blaine. Como resultado, los legisladores republicanos fueron imponiendo sus puntos de vista a sus colegas demócratas.

El desacuerdo principal estribaba en los asuntos que trataría este congreso. La mayoría de los demócratas seguían desconfiando de la iniciativa, porque sus objetivos eran demasiado amplios y podían comprometer directamente a Estados Unidos. Después de muchas discusiones, a principios de 1888, una conferencia bicameral llegó a un acuerdo entre los proyectos del congresista demócrata McCreary y del senador republicano Frye. La reunión daría prioridad a la discusión de medidas concretas para estrechar las relaciones comerciales con el continente, por encima del establecimiento de sistemas para la solución pacífica de conflictos. El evento dejó de ser un congreso y se degradó a conferencia —probablemente para complacer a los demócratas—, llamada a reunirse en 1889, coincidiendo con el centenario de la elección de Washington como presidente.

El presidente Cleveland mostró su escaso entusiasmo por la idea dejando que la proposición del congreso se convirtiese en ley sin su firma, el 24 de mayo de 1888.

48 “Instrucción Nº 45 de Segismundo Moret a Emilio de Muruaga, Madrid, 9 de marzo de 1886”, en Ana Navarro, “La correspondencia diplomática de Valera desde Francfort, Lisboa, Washington y Bruselas. X: Estados Unidos (1884-1886)”. Cuadernos para Investigación de la Literatura Hispánica n.° 31 (2006): 255.

49 Wilgus, “James G. Blaine”, 688.

50 “Carta de Matías Romero a Emilio de Muruaga”, Washington D. C., 20 de junio de 1886, en AMAE, Sección Archivo Histórico, Fondo Correspondencia, Serie Correspondencia con Embajadas y Legaciones leg. H 1480.

Hist. Crit. No. 62 · Octubre-diciembre · Pp 13-33 · ISSN 0121-1617 · e-ISSN 1900-6152 doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit62.2016.01

La diplomacia española volvió a reaccionar con frenesí al proyecto de conferencia. El 23 de febrero de 1888, el Ministro de Estado escribió a Muruaga para reiterar las instrucciones de 1886. Moret sospechaba que en realidad el propósito de Estados Unidos era boicotear el congreso de asuntos comerciales y políticos con los Estados sudamericanos que España se proponía convocar para esas mismas fechas. Por eso había que emplear todos los esfuerzos, una vez más, para disuadir a las repúblicas latinoamericanas de caer en la tentación de aceptar la invitación de Washington51. El gobierno Sagasta nunca llegaría a celebrar ese congreso hispanoamericano, pero no cesó de reiterar las mismas instrucciones a todos sus representantes en América Latina52. En abril, Moret comunicó al Presidente del Consejo de Ministros su particular análisis de la situación. En su opinión, la Conferencia Panamericana era la culminación de una década de esfuerzos de James Blaine. Su objetivo principal era anular el proyecto español para celebrar el Cuarto Centenario del Descubrimiento de América, puesto que el propósito de España era que la celebración sirviese para unir a todos los Estados hispanoamericanos contra la influencia de Estados Unidos53.

No obstante, y a pesar del frenesí de Madrid, enseguida fue evidente que los esfuerzos de España no tenían sentido. Repúblicas como Chile o Perú seguían sintiéndose más amenazadas por España que por Estados Unidos­, como consecuencia del recuerdo de las intervenciones militares isabelinas54. Moret no se resignó y recurrió a medidas desesperadas. Aprovechó su estrecha relación con el ministro estadounidense en la capital, J.L.M. Curry, para hacerle saber de manera confidencial que el Gobierno español deseaba ser invitado a la conferencia de Washington, pero no se atrevía a solicitarlo oficialmente. Curry intentó defender la petición española en Washington con varios argumentos: el Gobierno español quería asistir a la conferencia, ante todo, por el interés de Cuba y Puerto Rico, cuyas relaciones comerciales eran mucho más estrechas con Estados Unidos que con su metrópoli; la evolución política de esas colonias conducía a la emancipación en un futuro indeterminado y convenía establecer vínculos con ese futuro en mente; por último, cualquiera de las medidas que se adoptasen en la conferencia perdería parte de su eficacia sin la participación de las Antillas españolas55.

Pero los argumentos de Curry no convencieron a Washington. La administración Cleveland no tenía mucho interés en la conferencia, había aceptado la iniciativa del congreso a regañadientes y no tenía intención de librar una batalla política para incluir a una monarquía europea en la reunión. El secretario de Estado, Bayard, manifestó a Curry que la legislación de mayo de 1888 sólo autorizaba al Presidente a invitar a los países expresamente mencionados, es decir, los Estados independientes del continente. Existían otros dominios europeos que tenían incluso una importancia comercial superior para Estados Unidos (como Canadá) 51 “Instrucción Nº 2 de Segismundo Moret a Emilio de Muruaga”, Madrid, 23 de febrero de 1888, en Archivo General de la Administración (AGA), Alcalá de Henares-España, Sección Asuntos Exteriores, caja 54-8009.

52 “A los representantes de España en América”, Madrid, 12 de abril de 1888, en AMAE, Archivo Histórico, Política, Política Exterior, leg. H 2413.

53 “Carta de Segismundo Moret a Práxedes Mateo-Sagasta”, Madrid, 16 de abril de 1888, en AGA, Sección Presidencia de gobierno, caja 51-3613.

54 “Nota de la Legación Dominicana en México”, México D. F., 23 de junio de 1888, en AMAE, Archivo Histórico, Correspondencia, Correspondencia con Embajadas y Legaciones, leg. H 1480.

55 “Despacho Nº 321 ‘Confidencial’ de J.L.M. Curry a Thomas F. Bayard”, Madrid, 19 de mayo de 1888, en NARA, RG 84, RFSPDS, United States Diplomatic Records for Spain, 1801-1935, FSP Madrid, vol. vol. 41.

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y que tampoco habían sido invitados. Por último, el Secretario de Estado contradecía la opinión general al señalar los problemas políticos —reservados de manera exclusiva a Estados independientes—, y no los comerciales, como los asuntos más importantes por discutir. No obstante, dejaba abierta la posibilidad de que los acuerdos comerciales de la conferencia se ampliasen a países y territorios no invitados: “[…] the results of the Conference may admit, if not directly invite, the accession of the principal mercantile colonies of foreign powers in America to a share in their practical working”56.

El 13 de julio de 1888, Bayard envió las invitaciones a todas las repúblicas del Centro y del Sur de América, incluidas Haití (que no había sido invitada en 1881) y Santo Domingo. Se cuidó de reiterar que la conferencia sólo tenía carácter consultivo y que sus acuerdos no tenían fuerza para obligar a ninguna de las partes. El Departamento de Estado deseaba tener en cuenta los asuntos que los gobiernos hispanoamericanos estuviesen más interesados en discutir en Washington y ordenó a los diplomáticos encargados de entregar las invitaciones que informasen sobre ello57. De manera sorprendente, las gestiones españolas no terminaron entonces. El marqués de la Vega de Armijo, que había sustituido a Moret como ministro de Estado en junio, envió otra circular a los representantes en América en el otoño de 1888. Este ministro reconocía que la asistencia a Washington de casi todas las naciones hispanoamericanas era un hecho consumado, pero sostenía —fundándose en la actitud reservada de varios de los gobiernos invitados— que era posible una acción oficiosa y prudente de los agentes españoles para estimular a los gobiernos hispanoamericanos a hacer fracasar la conferencia mediante una resistencia mancomunada a las proposiciones que presentase Estados Unidos58.

Como era de esperar, los resultados de los diplomáticos españoles en América Latina fueron tan poco efectivos como en ocasiones precedentes. La mayoría de los gobiernos sondeados respondió cortésmente y siguió con sus asuntos. Sólo hubo tres países solícitos a las ideas españolas, pero no debido a la influencia de los diplomáticos peninsulares. El primero era el Gobierno de Colombia, que todavía estaba resentido por los conflictos bilaterales entablados durante esa década59 y ordenó al Ministro colombiano en Washington ponerse en comunicación con el Ministro español en esa capital para cualquier iniciativa común60. El segundo, Chile, aún guardaba rencor por el apoyo que prestó Estados Unidos a sus enemigos en la Guerra del Pacífico, así que nombró a dos delegados nacionalistas y limitó su participación a la “solución de los problemas comerciales y económicos” del continente61. El tercero, 56 “Instrucción Nº 299 de Thomas F. Bayard a J.L.M. Curry”, Washington D. C., 12 de junio de 1888, NARA, RG 59, GRDS, Diplomatic Instructions, File Unit Spain, vol. 20.

57 “Circular Nº 1129 de Thomas F. Bayard, Washington D. C.”, Foreign Relations of the United States, 13 de julio, 1888, 1658-1659.

58 “Circular confidencial y reservada del Ministro de Estado á los representantes de S.M. en Montevideo”, Madrid, 30 de octubre de 1888, en AGA, Sección Asuntos Exteriores, caja 54-8009.

59 Stephen J. Randall, Colombia and the United States: Hegemony and Interdependence (Atenas: The University of Georgia Press, 1992), 61-71.

60 “Despacho Nº 1 de Bernardo Jacinto de Cólogan a Emilio de Muruaga”, Bogotá, 20 de diciembre de 1888, en AGA, Asuntos Exteriores, caja 54-7986.

61 “Despacho Nº 16 de Enrique Vallés a Emilio de Muruaga”, Santiago de Chile, 24 de mayo de 1889, en AGA, Asuntos Exteriores, caja 54-7986; “Despacho Nº 24 de Enrique Vallés a Emilio de Muruaga”, Santiago de Chile, 31 de agosto de 1889, en AGA, Asuntos Exteriores, caja 54-7986.

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la República Dominicana, fue el único país que rechazó la invitación de Washington, como represalia por la no ratificación del tratado de comercio firmado en 188462.

La Conferencia Panamericana de Washington, celebrada finalmente entre octubre de 1889 y abril de 1890, tuvo unas consecuencias mucho más modestas de lo que había temido la diplomacia española. Las iniciativas más ambiciosas de Estados Unidos no recibieron apoyo mayoritario, siendo Argentina el país más hostil a las propuestas norteamericanas. Los acuerdos finales no dieron lugar a ninguna clase de Zollverein panamericano. Ni siquiera iniciaron el proceso de unión política del continente. De hecho, el propio Gobierno español abrazó inmediatamente las resoluciones más inocuas de la conferencia63. Con el paso del tiempo, el resultado más duradero del encuentro fue la creación del Bureau of American Republics, antecedente de la actual Organización de los Estados Americanos (OEA)64.

3. La polémica sobre la neutralidad del canal interoceánico La controversia entre España y Estados Unidos acerca de la neutralidad del canal interoceánico recibió mayor atención pública que sus otros desencuentros en Latinoamérica, pero su importancia real fue muy inferior: sólo sirvió para manifestar en público la persistencia de la tensión política entre ambos países tras la Guerra de los Diez Años65. Sin embargo, esta cuestión no fue un problema exclusivamente bilateral, debido a que también afectó a las grandes potencias europeas.

Aunque el origen del problema está íntimamente relacionado con el arbitraje de la cuestión de límites entre Colombia y Costa Rica —el área en litigio estaba cerca de la posible ubicación del canal interoceánico—, su desarrollo fue independiente66.

El problema del canal interoceánico estaba regulado por el Tratado Clayton-Bulwer del 19 de abril de 185067, un acuerdo bilateral entre Gran Bretaña y Estados Unidos que estipulaba que ambos países renunciaban a obtener o mantener el control exclusivo sobre cualquier canal interoceánico en el Istmo de Panamá, y que se comprometían a garantizar la neutralidad de esa vía de comunicación. Además ambas potencias se obligaban a ofrecer sus buenos oficios en caso de que surgiesen diferencias territoriales entre los países atravesados por el canal que impidiesen su construcción68. No obstante, cuando a finales de la década de 1870 surgió un proyecto europeo para construir el canal en Panamá, bajo la dirección del ingeniero francés Ferdinand de Lesseps (responsable del Canal de Suez), el Gobierno norteamericano manifestó primero su 62 “Despacho Nº 59 ‘Reservado’ de Andrés Gómez y Pintado a Emilio de Muruaga”, Santo Domingo, 16 de julio de 1889, en AGA, Asuntos Exteriores, caja 54-7986.

63 “Instrucción Nº 11 de James G. Blaine a E. Burd Grubb”, Washington D. C., 13 de diciembre de 1890, en NARA, RG 59, GRDS, Diplomatic Instructions, File Unit Spain, vol. 20.

64 Pletcher, The Diplomacy of Trade, 243-250.

65 Pletcher, The Awkward Years, 31-33, 63-67; Agustín Alberto Martínez Rivera, “Panamá y la construcción de un canal interoceánico en las relaciones exteriores de España en el siglo XIX (1845-1904)” (tesis de doctorado, Universidad Complutense de Madrid, 1990), 161-240; David Healy, James G. Blaine and Latin America (Columbia: University of Missouri Press, 2001), 40-53.

66 Pletcher, The Diplomacy of Trade, 280-298.

67 Kinley J. Brauer, “1821-1860: Economics and the Diplomacy of American Expansionism”, en Economics and World Power, editado por William H. Becker y Samuel F. Wells (Nueva York: Columbia University Press, 1984), 55-118.

68 Malloy et al., Treaties, Conventions, 659-663.

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oposición y después su interés en abolir el Tratado Clayton-Bulwer para construir un canal bajo su exclusivo control en Nicaragua69. A pesar del tour publicitario en Estados Unidos que realizó Lesseps para demostrar que no había intereses políticos detrás de su empresa, la derogación del Tratado Clayton-Bulwer se convirtió en una de las prioridades de la administración Garfield cuando llegó al poder, en 1881.

La polémica sobre el canal se originó en las negociaciones entre Colombia y Estados Unidos para modificar el tratado de 1846, que precedieron a la Convención de San José de diciembre de 1880.

Washington estaba intentando obtener algún beneficio de la garantía que había concedido a Colombia en el Istmo, como la aprobación de concesiones sobre el futuro canal o un permiso para construir fortificaciones permanentes (estadounidenses o compartidas) en Panamá. Pero el Gobierno colombiano se sintió ultrajado por esas proposiciones y por las amenazas del Ministro norteamericano en Bogotá durante las negociaciones. Después de meses de fricción, la Legación norteamericana en Bogotá recibió noticias de que Colombia había invitado a Gran Bretaña, Francia, Alemania, España e Italia a unirse para garantizar la soberanía de Colombia en el Istmo y la neutralidad del canal70.

El Departamento de Estado recibió la información en mayo de 1881. El 24 de junio, Blaine escribió una circular a todas las legaciones en Europa advirtiendo que Estados Unidos consideraría cualquier esfuerzo europeo para prestar esa garantía como un acto hostil, en función del artículo 35 del tratado de 1846. Su argumento no difería demasiado del empleado por el presidente Hayes un año atrás al manifestar su oposición al proyecto de Lesseps: el tráfico del canal interoceánico estaba destinado a ser controlado por Estados Unidos, y, por tanto, el canal era vital para su seguridad. Blaine señalaba que no se oponía a la inversión europea en el canal, sino a su control político o a su uso militar por parte de esas potencias. En definitiva, cualquier tentativa de garantía europea sería considerada una alianza contra Estados Unidos. Era una reafirmación de la Doctrina Monroe: al igual que Estados Unidos no se entrometía en intereses exclusivamente europeos, Europa no debía entrometerse en intereses exclusivamente americanos. Lo más grave de la nota era que ignoraba el Tratado ClaytonBulwer, una omisión que daría lugar a la reacción británica a su debido tiempo71.

Cuando el ministro estadounidense en Madrid, Lucius Fairchild, recibió la circular del Secretario de Estado, la Corte española ya se había marchado a veranear al palacio de La Granja de San Ildefonso, en la provincia de Segovia, al noroeste de Madrid. Fairchild se desplazó a la residencia real para entregar la circular al Ministro de Estado. El marqués de la Vega de Armijo desmintió que el gobierno de Su Majestad hubiese recibido ninguna invitación de Colombia para unirse a otras potencias en un tratado que garantizase la neutralidad del canal interoceánico, pero aseguró que si esa invitación se recibía, el Gobierno tendría muy en cuenta las opiniones de Estados Unidos72. En noviembre, el Gobierno británico respondió a Blaine reafirmando la vigencia del Tra69 Joseph Smith, “The Special Message of Rutherfor B. Hayes, 8 March 1880, and the ‘American’ Canal Policy”, en Frontiers and Boundaries in U.S. History, editado por Cornelis A. Van Minnen y Sylvia L. Hilton (Ámsterdam: VU University Press, 2004), 117-126.

70 Pletcher, The Awkward Years, 29-31.

71 “Instrucción Nº 187 de James G. Blaine a James R. Lowell, Washington D. C.”, Foreign Relations of the United States, 24 de junio, 1881, 537-540. La nota de Blaine fue traducida y publicada por el gobierno español en el Libro Rojo, 1882, 1-5. Las instrucciones a Madrid, en “Instrucción Nº 147 de James G. Blaine a Lucius Fairchild”, Washington D. C., 25 de junio de 1881, en NARA, RG 59, GRDS, Diplomatic Instructions, File Unit Spain, vol. 18.

72 “Despacho Nº 178 de Lucius Fairchild a James G. Blaine, Madrid”, Foreign Relations of the United States, 22 de julio, 1881, 1061-1062.

Hist. Crit. No. 62 · Octubre-diciembre · Pp 13-33 · ISSN 0121-1617 · e-ISSN 1900-6152 doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit62.2016.01

tado Clayton-Bulwer. Antes de recibir las opiniones del Foreign Secretary, Lord Granville, Blaine ya había notificado a Gran Bretaña los deseos estadounidenses de modificar o rescindir el Tratado Clayton-Bulwer, con la intención de que Estados Unidos pudiera fortificar y controlar el futuro canal interoceánico. Para entonces ya se había filtrado a la prensa la circular norteamericana del 24 de junio. El propio Blaine tenía los días contados en el gobierno tras la muerte del presidente Garfield, el 19 de septiembre. De hecho, algunos autores han argumentado que el único objetivo del Secretario de Estado era dejar una declaración de intenciones para el futuro73.

El gobierno de Su Majestad Británica no se tomó muy en serio las declaraciones norteamericanas: en su respuesta, el Foreign Secretary rectificó las inexactitudes históricas que había utilizado el Secretario de Estado para justificar sus peticiones y afirmó que, aunque el Tratado ClaytonBulwer no pudiera deshacerse, sí podía resultar conveniente su ampliación para incluir a otras potencias europeas. Washington no respondió a la sugerencia de Lord Granville. El asunto fue comentado por toda la prensa europea, incluida la de España. La torpeza diplomática norteamericana irritó a los periódicos españoles, que exigieron una respuesta al desafío norteamericano. En las Cortes, el marqués de Seoane solicitó al Ministro de Estado garantías de que los intereses de España serían defendidos, a fin de evitar complicaciones internacionales. El marqués de la Vega de Armijo rechazó dar explicaciones sobre una cuestión internacional pendiente74.

Sin embargo, el Gobierno español tardó mucho tiempo en responder oficialmente a la circular norteamericana del 24 de junio. Obviamente, la diplomacia española se sentía tan ofendida por la arrogancia estadounidense como la de Whitehall, pero el Gobierno español no disponía de un instrumento como la Royal Navy para contestar a Estados Unidos. El aislamiento español en Europa tampoco dejaba mucho margen para buscar la solidaridad europea. Así que, como en otras ocasiones, el Gobierno español decidió demorar su respuesta hasta un momento más conveniente. Por otro lado, todavía no está claro si Colombia llegó a enviar alguna vez esa invitación a las potencias europeas. Ninguna de las potencias concernidas confirmó su existencia, ni España intercambió notas con ninguna de ellas al respecto. Por tanto, es razonable pensar que la neutralidad del canal interoceánico no se convirtió en ningún momento en una cuestión europea. La cuestión del canal tampoco sobrevivió a la dimisión de Blaine como secretario de Estado, en diciembre de 1881. El único punto tangible de las amenazas estadounidenses había sido su deseo de rescindir el Tratado Clayton-Bulwer. Este acuerdo era el único obstáculo real al control estadounidense del canal, debido a que estipulaba la inspección y la neutralización compartida de éste por parte de Estados Unidos y Gran Bretaña.

Pero la diplomacia española se había sentido ofendida por Estados Unidos y entendía que el honor de España exigía una respuesta a la altura de la circular del Secretario de Estado: arrogante, pero sin consecuencias reales. El Gobierno español se sentía especialmente ofendido por el cuestionamiento implícito en la nota de Blaine de la soberanía española sobre Cuba y Puerto Rico: el Secretario de Estado había tratado a España como otra potencia europea sin intereses vitales en el continente americano. Cuando el marqués de la Vega de Armijo decidió responder a Estados Unidos, en marzo de 1882, ya hacía tiempo que James Blaine no dirigía la política exterior norteamericana y que la respuesta británica a sus amenazas había sido publicada en la 73 Pletcher, The Awkward Years, 63-67.

74 “Despacho Nº 219 de Lucius Fairchild a James G. Blaine, Madrid”, Foreign Relations of the United States, 19 de noviembre, 1881, 1066-1067.

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colección anual de documentos diplomáticos del Gobierno de Estados Unidos, Foreign Relations of the United States. La cuestión del canal había desaparecido de la agenda de todas las potencias.

Por eso el Ministro de Estado de Su Majestad se podía permitir responder con la seguridad de hablar sólo para el consumo interno75.

En su nota, Vega de Armijo, si bien sostenía desconocer el pensamiento de otros gobiernos, se negaba a reconocer los derechos de exclusividad que invocaba Estados Unidos, utilizando exactamente los mismos argumentos que había empleado Gran Bretaña. Según el Ministro de Estado, ni el tratado de 1846 otorgaba un derecho exclusivo de garantía a Estados Unidos, ni esta república podía hacer caso omiso del Tratado Clayton-Bulwer, que no sólo dividía cualquier inspección política del canal entre Washington y Londres, sino que invitaba a todas las potencias interesadas a adherirse a él. El jefe de la diplomacia española no perdía la ocasión de desautorizar, sin mencionarla expresamente, la Doctrina Monroe. Concluía defendiendo la conveniencia de una garantía común de la neutralidad del canal interoceánico76. Estados Unidos no se tomó la molestia de responder a la nota española.

Conclusiones Los desencuentros en América Latina entre España y Estados Unidos sugieren varias conclusiones sobre el papel de la Doctrina Monroe en la política exterior norteamericana. En primer lugar, a pesar de la ausencia de menciones explícitas a ésta por parte de Estados Unidos, es evidente que la doctrina permeó sus acciones en la región. Estados Unidos no podía sentirse objetivamente amenazado por ninguna de las iniciativas de una potencia tan secundaria en la escena internacional como la España de la Restauración, pero no deseaba sentar un precedente permitiendo la intervención de una potencia europea en disputas relacionadas con el futuro canal interoceánico o en conferencias políticas regionales. Por su parte, España no dudó en agrupar todas las acciones norteamericanas bajo el paraguas de la Doctrina Monroe.

Sin embargo, la aplicación de la doctrina fue flexible. Washington mostró una oposición duradera a la mediación española en la cuestión de límites entre Colombia y Costa Rica, pero no protestó por su participación en la resolución del conflicto entre Colombia y Venezuela. La alarma norteamericana, por tanto, sólo se encendía en relación con el canal interoceánico. Igualmente, aunque no admitiese la participación de España en la Conferencia Panamericana, la administración Cleveland llegó a considerar la ampliación de los acuerdos comerciales que se alcanzasen en la conferencia a las colonias españolas de Cuba y Puerto Rico. Por último, el Gobierno de Estados Unidos ni siquiera se molestó en rebatir el cuestionamiento público de la doctrina por parte de España en 1882. Por otro lado, la flexibilidad de la doctrina también se manifiesta en la utilización que hizo España de ella: si en 1882 denunció públicamente su unilateralismo, en 1888 no dudó en invocarla de manera confidencial para justificar su participación en la Conferencia Panamericana.

Por último, la aplicación de la Doctrina Monroe estuvo determinada por la política doméstica norteamericana. En la cuestión de límites entre Colombia y Costa Rica, las administraciones republicanas mostraron una oposición inflexible a la mediación española, mientras que la admi-

75 “Sagasta’s Foreign Policy”, The New York Herald, 11 de enero, 1883, 7.

76 “Instrucción Nº 2 de Antonio Aguilar y Correa a Francisco Barca”, Libro Rojo, 15 de marzo, 1882, 5-9.

Hist. Crit. No. 62 · Octubre-diciembre · Pp 13-33 · ISSN 0121-1617 · e-ISSN 1900-6152 doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit62.2016.01

nistración demócrata adoptó una posición mucho más pragmática. Por su parte, la Conferencia Panamericana fue una iniciativa republicana que la oposición demócrata obstaculizó durante años. La propia controversia sobre la neutralidad del canal interoceánico puede interpretarse como una maniobra política de James G. Blaine para robustecer su imagen frente a sus rivales republicanos y demócratas.

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¿En defensa de la Doctrina Monroe? Los desencuentros en América Latina entre España y Estados Unidos (1880-1890) Andrés Sánchez Padilla

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❧ Andrés Sánchez Padilla Investigador independiente. Licenciado en Historia por la Universidad de Alcalá (España), maestría y doctorado en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid (España). Sus investigaciones giran en torno al estudio de las relaciones transatlánticas de finales del siglo XIX y principios del XX en America Latina. Entre sus últimas publicaciones [en prensa] están el artículo: “La política exterior de los Estados Unidos en el último tercio del siglo XIX: una revisión historiográfica”.

Revista Complutense de Historia de América, y el libro Enemigos íntimos. España y los Estados Unidos antes de la Guerra de Cuba (1865-1898) (Valencia: Universitat de València). aspadilla84@gmail.com

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Trabajo y vejez en el período prejubilatorio.

Hipótesis y análisis de fuentes históricas sobre el caso argentino, 1850-1950❧ Hernán Otero

Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales, CONICET, Argentina doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit62.2016.02

Artículo recibido: 24 de marzo de 2015/Aprobado: 19 de agosto de 2015/Modificado: 31 de agosto de 2015

Resumen: Este artículo caracteriza el trabajo durante la vejez en la etapa previa a la difusión de la jubilación. A partir de información cualitativa y de los censos de población se analiza la actividad laboral de esa clase etaria según sexo, origen, radicación y alfabetismo en el contexto argentino de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Los resultados de esta investigación muestran que la reducción del trabajo estuvo influenciada por el tipo de actividad, que por demás fue más precoz en la ciudad y en los extranjeros y comenzó antes de la generalización de las jubilaciones, gracias al aumento de largo plazo de los niveles de vida y de ahorro de la población.

Palabras clave: vejez, jubilación, trabajo, Argentina (Thesaurus); fuentes históricas, siglos XIX y XX (palabras clave de autor).

Work and Old Age in the período prejubilatorio. Hypothesis and Analysis of Historical Sources Regarding the Argentine Case, 1850-1950 Abstract: This article characterizes work during old age in the stage before the diffusion of retirement pensions. Based on qualitative information and population census data, it analyzes the labor activity of this age class by sex, origin, place of residence, and literacy in the Argentine context in the late 19th and early 20th century. The results of this research show that the reduction of work was influenced by the type of activity, que por demás which was also earlier in the cities and en los extranjeros among foreigners and began before the generalization of retirement pensions, thanks to the long-term increase in the standards of living and savings among the population.

Keywords: old age, Argentina (Thesaurus); retirement pension, work, historical sources, 19th and 20th centuries (author’s keywords).

Trabalho e velhice no período pré-aposentadoria. Hipótese e análise de fontes históricas sobre o caso argentino, 1850-1950 Resumo: Este artigo caracteriza o trabalho durante a velhice na etapa prévia à difusão da aposentadoria. A partir de informação qualitativa e dos censos de população, analisa-se a atividade laboral dessa faixa etária de acordo com o sexo, a origem, a radicação e o alfabetismo no contexto argentino do final do século XIX e início do século XX. Os resultados desta pesquisa mostram que a redução do trabalho esteve influenciada pelo tipo de atividade, além disso, foi mais precoce na cidade e nos estrangeiros e começou antes da generalização das aposentadorias, graças ao aumento do longo prazo dos níveis de vida e da economia da população.

Palavras-chave: velhice, aposentadoria, Argentina, fontes históricas (Thesaurus); trabalho, séculos XIX e XX (palavras-chave autor). ❧ El artículo forma parte del proyecto realizado por el autor titulado “La vejez antes del envejecimiento demográ-

fico. El caso argentino, 1850-1950” y financiado por el CONICET (2014-2016).

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Trabajo y vejez en el período prejubilatorio. Hipótesis y análisis de fuentes históricas sobre el caso argentino, 1850-1950 Hernán Otero

Introducción Junto a la salud, el trabajo constituye uno de los aspectos centrales del estudio histórico de la vejez durante el período previo a la universalización del sistema jubilatorio, a mediados del siglo XX. La inexistencia de sistemas de cobertura jubilatoria a gran escala obliga a preguntarse cómo obtuvieron las personas los bienes y servicios necesarios para garantizar niveles básicos de existencia y bienestar. Desde el punto de vista teórico, los mecanismos de satisfacción de necesidades de las personas mayores son en principio los mismos que los de la población activa, a saber: 1) la disponibilidad de rentas, ahorros o capitales acumulados o heredados a lo largo de la vida activa que permitan vivir sin trabajar, pero se trata de un mecanismo limitado a sectores minoritarios de altos recursos; 2) en el caso de los pobres, el socorro de instituciones específicas, estatales o religiosas, o de la población en general; 3) la ayuda proveniente de la familia, en particular los hijos; y 4) el trabajo personal. Al igual que en otros aspectos de la vejez, lo que caracteriza al período previo a la jubilación no es la existencia de estos mecanismos, que continúan vigentes en la sociedad actual a pesar del concepto —parcialmente ficcional de población pasiva—, sino su intensidad al coexistir con grados variables de preeminencia según cada período histórico.

No obstante, la producción histórica sobre estos temas es muy escasa para el caso argentino de manera especial en relación con los dos últimos mecanismos1. Partiendo de este contexto, este texto se concentra en el último de ellos e intenta responder a las siguientes preguntas: ¿hasta qué momento del ciclo vital se trabajaba en sociedades en las que no existía la jubilación?, ¿qué proporciones asumía el trabajo en la población de adultos mayores?, ¿cuáles fueron las variaciones espaciales de los niveles de actividad?, ¿qué efectos tenían las ocupaciones sobre el envejecimiento de las personas y sobre los niveles de actividad? En función del vacío historiográfico mencionado y de la escasez de fuentes históricas pertinentes para abordar esta problemática, se toman como punto de partida los datos del cuarto censo nacional de 1947, que incorpora categorías relevantes en las características económicas de la población que incluyen categorías relevantes como las de jubilados y pensionados. Estos datos serán completados con los censos precedentes de 1869, 1895 y 1914, en particular las muestras que proceden de los dos primeros.

En segundo lugar, se propone un análisis exploratorio con base en fuentes cualitativas, cuyo objetivo central es incorporar una tipología de los efectos del trabajo sobre la forma de envejecimiento de las personas. En este caso, se presta atención a los límites y ventajas de los enfoques cuantitativos y cualitativos, a su necesaria triangulación y a las variaciones temporales, regionales y de género.

De ahí que el límite temporal remita a la universalización de la jubilación a mediados del siglo XX, proceso de decisiva importancia en la historia de la vejez al suponer una ruptura en el ciclo de vida, del que devino una suerte de rito de pasaje; garantizó niveles mínimos de subsistencia y alteró las representaciones y prácticas tanto de la población mayor como de la sociedad en su conjunto.

1 Para conocer la problemática general ver: David Reher, “Vejez y envejecimiento en perspectiva histórica: retos de un campo en auge”. Política y Sociedad n.° 26 (1997): 63-71 y Francisco García González, “Vejez, envejecimiento e historia. La edad como objeto de investigación”, en Vejez, envejecimiento y sociedad en España, siglos XVI-XXI, editado por Francisco García González (Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2005), 11-34. Sobre los mecanismos de transferencia intergeneracional, Ronald Lee, “Una perspectiva transcultural de las transferencias intergeneracionales”. Pensamiento Iberoamericano n.° 28 (1995): 311-362.

Sobre la asistencia institucional en Argentina, José Luis Moreno, Éramos tan pobres… De la caridad colonial a la Fundación Eva Perón (Buenos Aires: Sudamericana, 2009).

Hist. Crit. No. 62 · Octubre-diciembre · Pp 35-55 · ISSN 0121-1617 · e-ISSN 1900-6152 doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit62.2016.02

Es necesario tener en cuenta que las primeras jubilaciones comenzaron a principios del siglo XX, en el marco del reformismo liberal, pero se limitaron a grupos específicos como los empleados civiles del Estado (1904) y los ferroviarios (1915). Una ley jubilatoria de alcance más amplio (11.289 de 1923) fue impulsada por los presidentes radicales Hipólito Yrigoyen (1916-1922) y Marcelo T. de Alvear (1922-1928), pero debió ser abandonada ante la fuerte resistencia de las asociaciones patronales y obreras. A pesar de la creación de nuevas cajas jubilatorias —como las de los trabajadores de servicios públicos, bancarios, marina mercante, aeronáutica civil, gráficos y periodistas—, durante las décadas del veinte y del treinta la cobertura jubilatoria alcanzaba apenas al 7% de la población económicamente activa (PEA) en 1944. La universalización del sistema jubilatorio fue obra de los dos primeros gobiernos de Juan Domingo Perón (1946-1955), durante los cuales se expandió la cobertura jubilatoria a los trabajadores del comercio, la industria, autónomos, rurales y profesionales. Además, en 1954 se creó el Instituto Nacional de Previsión Social con el fin de centralizar el sistema y se dictó la Ley 14.370, que estableció el sistema de reparto, en lugar de la lógica de capitalización individual dominante hasta ese entonces2.

1. Enfoque estadístico: niveles de actividad y jubilación El análisis de las fuentes estadísticas resulta esencial para fijar parámetros generales y razonablemente representativos de la situación laboral de las personas en el contexto argentino. Ello supone abordar las tasas de actividad, que remiten a la proporción de la PEA en el total de población de cada grupo de edad considerado, y la incidencia de la jubilación, dos fenómenos que guardan entre sí una relación evidente pero no automática. La información disponible sobre el primer indicador (gráfico 1) permite observar que las tasas de actividad tuvieron una moderada y continua tendencia al descenso, por lo que el grupo de 10 años y más pasó en los hombres del 86 al 82% entre 1869 y 1947, para caer al 78,7% en 1960. Lo mismo ocurrió, pero de manera más notoria, con las tasas femeninas del mismo intervalo etario, que pasaron del 58,8% en 1869 a 26% en 1947, y a 21,6% en 1960.

A diferencia de los hombres, la evolución de las mujeres conoce un punto de inflexión en 1895-1914, lo que ha dado lugar a la hipótesis conocida como curva en U. Según esta hipótesis — cuyo análisis escapa a los objetivos del presente artículo—, la participación laboral femenina habría experimentado una evolución curvilineal de tres fases: a) alta participación en un primer período caracterizado por el predominio del sector agrícola; b) baja de la participación (pronunciada entre 1869 y 1914; moderada entre 1914 y 1947; cuasi estabilidad entre 1947 y 1960), asociada sobre todo al desarrollo de la gran industria; y c) nueva etapa de alza estimulada por la expansión del sector servicios y el desarrollo en general. Estas tres fases expresan variaciones en los niveles de participación laboral, diferencias en los sectores de actividad (del sector doméstico al mercantil), y en la relación con el mercado de trabajo (de no remunerada a salarial)3. A pesar de esto, los problemas de capta2 El sistema jubilatorio ha sido estudiado por Ernesto Isuani, Los orígenes conflictivos de la seguridad social argentina (Buenos Aires: CEAL, 1985); Eduardo Basualdo, La evolución del sistema previsional argentino (Buenos Aires: Cifra, 2009), y Luciana Anapios, “La ley de jubilaciones de 1924 y la posición del anarquismo en la Argentina”. Revista de Historia del Derecho n.° 46 (2013): 27-43.

3 Para una exposición de la teoría consultar Zulma Recchini de Lattes y Catalina Wainerman, “Empleo femenino y desarrollo económico: algunas evidencias”. Desarrollo Económico 17, n.° 66 (1977): 301-317, y, en clave crítica, Elisabeth Quay Hutchinson, “La historia detrás de las cifras: la evolución del censo chileno y la representación del trabajo femenino, 1895-1930”. Historia n.° 33 (2000): 417-434, doi: dx.doi.org/10.4067/S0717-71942000003300009

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Trabajo y vejez en el período prejubilatorio. Hipótesis y análisis de fuentes históricas sobre el caso argentino, 1850-1950 Hernán Otero

ción estadística del trabajo femenino obligan a centrarse en el trabajo masculino, mejor cubierto por las fuentes consultadas. En sentido análogo, la universalización del sistema jubilatorio como punto final del período justifica la atención otorgada a la población masculina.

Dejando de lado el primer grupo de edad, puede observarse que las tasas masculinas se incrementan a partir de los 15-19 años hasta alcanzar valores del orden del 90% en 1869, del 80% en 1895 y del 75% en 1914 y 1960. Conforme a la típica curva en U invertida de las tasas de actividad, los valores más altos (entre 95% y 100%) se alcanzan en casi todos los censos entre los 25 y 49 años, para comenzar a descender con intensidad variable en los intervalos siguientes. Las curvas no tienen un único punto de ruptura: si se fija por ejemplo un umbral del 90%, las tasas caen por debajo de ese nivel a los 65-69 años en 1869; a los 60-64 años en 1895, 1914 y 1947, y a los 55-59 en 1960. A pesar de su caída, las tasas casi nunca descienden por debajo del 60%, con la única excepción de los hombres de 70 años y más en 1947, que, de todos modos, ostentan proporciones del 54,8% y 31,7% en los intervalos de 70-74 y 75 años y más, respectivamente. En el grupo de 60-64 años, por ejemplo, al que los censistas caracterizaron como el del pasaje a la vida improductiva, no menos del 85% de los varones censados en 1947 se mantenía en actividad4. Los propios censistas fueron conscientes de ello; así, a diferencia del inicio de la vida activa, las Instrucciones a los Empadronadores5 no establecían ninguna edad límite para formular la pregunta sobre ocupación, pregunta que se mantuvo estable en todos los censos del período considerado. La situación cambió de modo notorio hacia 1960, cuyo censo muestra ya el impacto de la jubilación a gran escala, a pesar de lo cual un muy significativo 47,1% se mantiene todavía activo a los 65-69 años.

Otra forma de ver el problema es tratar de percibir líneas de corte dentro de las tasas de actividad de la población mayor. Si se fija un umbral de 75% de actividad como paso a menores niveles de trabajo, la edad de corte pasa de los 75 años (1869-1895) a los 70 en 1914, los 65 en 1947 y los 60 en 1960. Si se utiliza un umbral de 50% (más lleno de significación, ya que representa una proporción del entorno laboral más claramente perceptible por los actores sociales), no existe un corte en los tres primeros censos; se sitúa en los 75 años en 1947 y baja a 65 años en 1960. En suma, más de la mitad de los hombres del período 1869-1914 continuó trabajando durante la vejez, cualquiera sea el umbral de edad con que se defina su inicio6. La situación cambió apenas en 1947 (la tasa de actividad bajó del 50% recién en el intervalo 75 años y más) y, sobre todo, en 1960, en el que esa proporción se alcanza mucho más temprano —a partir del intervalo 65-69 años—, conforme al impacto del retiro jubilatorio.

Como se ha mencionado, los valores fueron considerablemente más bajos del lado femenino, pero aun así se observan en 1869 proporciones iguales o superiores al 50% para los grupos de edad entre 59 y 74 años y algo inferiores para el grupo de 75 años y más (44,8%). La situación es similar en 1895, ya que 4 de cada 10 mujeres entre 60 y 69 años figuraban en actividad, proporción que bajó apenas un punto en los intervalos siguientes. Conforme a la hipótesis de la curva en U, las tasas fueron sensiblemente más bajas en 1947, con valores inferiores al 10% a partir de los 65 y 60 años en 1947 y 1960.

4 Hernán Otero, “Representaciones estadísticas de la vejez. Argentina, 1869-1947”. Revista Latinoamericana de Población 7, n.° 13 (2013): 5-28.

5 Primer Censo de la República Argentina (Buenos Aires: Imprenta del Porvenir, 1872), 726-727.

6 Estos datos son superiores a los de Europa. En Francia, por ejemplo, la tasa de actividad de los hombres de 65 años y más era levemente superior al 50% en 1890 y se mantuvo estable hasta la segunda mitad de la década de 1920, France Meslé, Laurent Toulemon y Jacques Véron, Dictionnaire de Démographie et des Sciences de la Population (París: Armand Collin, 2011), 416.

Hist. Crit. No. 62 · Octubre-diciembre · Pp 35-55 · ISSN 0121-1617 · e-ISSN 1900-6152 doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit62.2016.02

Gráfico 1. Tasas de actividad por sexo y edad. Argentina, 1869-1960 Hombres

120

Mujeres

70 60

100

50

80 % 60

%

40

40 30

10

1869

1895

1914

1947

1960

10

0

a 15 13 a 25 19 a 25 24 a 30 29 a 35 34 a 40 39 a 45 44 a 50 49 a 55 54 a 60 59 a 65 64 a 70 69 a 75 74 y+

10

0

a1 15 3 a1 25 9 a2 25 4 a2 30 9 a3 35 4 a3 40 9 a4 45 4 a4 50 9 a5 55 4 a5 60 9 a6 65 4 a6 70 9 a7 75 4 y+

20

20

1869

1895

1947

1960

Fuente: elaboración propia con base en Zulma Recchini de Lattes y Alfredo Lattes, La población de la Argentina (Buenos Aires: Indec, 1975), 153. No existen datos para las mujeres en 1914.

Entre otras novedades relevantes, el censo de 1947 incorporó las categorías de jubilados y pensionados entre las características económicas de la población, otra señal de la importancia acordada al sistema jubilatorio y a los derechos de la vejez durante el peronismo. A pesar de ello, la presentación censal tiene problemas que afectan la interpretación de los resultados, entre los que se destacan el escaso número de intervalos de edad utilizados (edad desconocida; 14-17; 18-29; 30-49; 50 años y más)7, y que el último de ellos no coincide con la edad jubilatoria y resulta muy amplio, lo que subestima la proporción de jubilados. Por estas razones, la primera impresión que sugieren los resultados (cuadro 1) es que la proporción de jubilados y pensionados es muy baja, tanto en el total de la población (1,1%) como en la subpoblación de referencia más pertinente, es decir, el grupo de 50 años y más (4,4%). Se trata sin embargo de fenómenos que, por su impacto marginal (en el sentido numérico), no deben ser analizados a partir de su proporción en el total de población, sino considerados por separado, como una subpoblación de interés en sí misma.

Ahora bien, sobre 117.673 personas contabilizadas en el censo, los jubilados (88.434) superan a los pensionados (29.239) en proporción de 3 a 1. Esta diferencia obedece en parte a la edad, ya que los jubilados pertenecen sobre todo al grupo de 50 años y más, mientras que los pensionados tienen una distribución mucho menos concentrada. Con todo, la diferencia central radica en el sexo, puesto que los jubilados son básicamente hombres (su incidencia en la población de 50 años y más es de 5,5% en los hombres y de apenas 1,1 en las mujeres), mientras que los pensionados tienen mayor incidencia en la población femenina (el 72,6% de las personas que se definen como pensionadas son mujeres). Los tipos de pensión existentes por invalidez (más característica de los hombres, como lo sugiere la proporción de incapacitados por sexo) y por viudez (claramente más femenina, en razón de las diferencias de mortalidad por sexo) tienen un papel de primer orden en esa distribución. La proporción de jubilados aumenta naturalmente con la edad al pasar de un 7 Si bien algunos indicios (como la mayor incidencia de la incapacidad, la desocupación y la jubilación) sugieren que la población de edad desconocida remite sobre todo a edades elevadas, ésta no será incluida en los análisis, debido a su muy escaso peso (0,6% del total de población).

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Trabajo y vejez en el período prejubilatorio. Hipótesis y análisis de fuentes históricas sobre el caso argentino, 1850-1950 Hernán Otero

escaso 0,2% en el grupo de 30-49 años a 3,4% en el de 50 años y más, aunque, como se ha descrito, la amplitud del grupo final induce una ruptura artificial en una evolución que debió ser más suave.

Además de masculina, la jubilación aparece también como un hecho básicamente urbano, puesto que su incidencia en la población de 50 años y más pasa del 4,7% en las ciudades a solo 0,6% en el área rural. Más claro aún, el 95% de los jubilados presente en el censo de 1947 vivía en el medio urbano, proporción muy superior a la distribución urbano-rural de la población total del país en ese año (62%). El neto predominio urbano es evidente también en la subpoblación de pensionados (92%). Las peores condiciones en el medio rural, entre las que se incluían menor vigencia de los derechos laborales y el tipo y fuerza de los sindicatos existentes en cada ámbito, entre otros, constituyen elementos explicativos de las diferencias observadas.

Cuadro 1. Proporción de jubilados, pensionados e incapacitados por grupos de edad, sexo y localización.

Argentina, 1947 Circunscripción

Grupos de edad 14-17

18-29

30-49

50 y más

Desc.

Total

Población

744860

2177097

2934369

1616651

28575

7501552

Jubilados

0

0

0,3

4,7

0,6

1,1

Pensionados Incapacitados

0

0,1

0,2

1,3

0,3

0,4

0,2

0,3

0,4

1,2

2,3

0,5

Urbana

Rural Población

517003

1216480

1348981

698509

36371

3817344

Jubilados

0

0

0

0,6

0,1

0,1

Pensionados

0

0

0

0,3

0,0

0,1

Incapacitados

0,1

0,1

0,2

0,5

0,7

0,2

Varones Población

634172

1701560

2236531

1229509

26950

5828722

Jubilados

0

0

0,2

5,5

0,4

1,2

Pensionados

0,0

0,0

0,1

0,5

0,1

0,1

Incapacitados

0,2

0,3

0,5

1,3

1,5

0,6

Mujeres Población

627691

1692017

2046819

1085651

37996

5490174

Jubilados

0

0

0,2

1,1

0,2

0,3

Pensionados

0

0,1

0,2

1,5

0,2

0,4

Incapacitados

0,1

0,1

0,3

0,7

1,3

0,3

Población

1261863

3393577

4283350

2315160

64946

11318896

Jubilados

0

0

0,2

3,4

0,3

0,8

Población total

Pensionados

0

0

0,1

1

0,1

0,3

Incapacitados

0,2

0,2

0,4

1

1,4

0,4

Fuente: elaboración propia con base en IV Censo General de la Nación año 1947. Características económicas de la población. Cuadros inéditos (Buenos Aires: Indec/Serie Información Demográfica 2, s/a), 54-57.

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De igual forma, la geografía de la jubilación (mapa 1) se caracteriza por su continuidad espacial y su carácter centrípeto. Los valores más altos se encuentran en Capital Federal y los partidos del Gran Buenos Aires (GBA), que, dado su mayor peso demográfico, definen el promedio nacional.

En segundo lugar, se destacan Santa Fe y el resto de la provincia de Buenos Aires. En tercer término, Entre Ríos, Córdoba, Tucumán, La Rioja, Catamarca, San Luis, Mendoza y, por último, el resto del país. De modo previsible, se trata de una geografía que guarda semejanza con la de las tasas de actividad de la población mayor de 60 años. Si bien no miden exactamente las mismas cosas, la asociación entre las tasas de actividad de hombres de 60 años y más, y la proporción de jubilados de ambos sexos (de 50 años y más) alcanza un significativo -0,91. Asociación no significa desde luego causalidad pues el impacto de la jubilación no explica por sí solo las diferencias observadas en las tasas de actividad.

Mapa 1. Proporción de jubilados. Población de ambos sexos de 50 años y más. Argentina, 1947 1,7

N W

Salta 1,6

Jujuy E

0,9 Formosa

S Catamarca 2,3 La Rioja 2,3

Misiones 1,1

0,7 Chaco

Tucumán 2,5 Sgo. del Estero 1,6

Corrientes 1,3 Santa Fe

San Juan 1,4

3,4 Córdoba

Entre Ríos 2,3

2,4 San Luis 2,8

Mendoza 2,4

5,1 Buenos Aires 3,7

5 Capital Federal GBA

La Pampa 1,1

Neuquén 1,5

Río Negro 0,9

Chubut 1

Referencias Santa Cruz

Proporción Jubilados por Provincias 0-1,99%

0,3

2-2,99% 3 y Más%

Tierra del Fuego 1,4

0

120 240

480

720

960 Km

Fuente: elaboración propia con base en IV Censo General de la Nación, 54-155.

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Trabajo y vejez en el período prejubilatorio. Hipótesis y análisis de fuentes históricas sobre el caso argentino, 1850-1950 Hernán Otero

2. Diferenciales espaciales: urbano-rurales y ocupacionales Las tasas de actividad nacionales son la resultante de variaciones regionales que permiten formular hipótesis relevantes. Los datos disponibles para 1947 (mapa 2) muestran diferencias provinciales significativas, debido a que las tasas de actividad masculinas del grupo de 60 años y más variaban entre un mínimo de 61% en Capital Federal y Santa Fe y un máximo de 90% en Santa Cruz, siendo el promedio del país de 69,4%. La distribución observada constituye, en cierto modo, un buen resumen de los niveles de modernización y riqueza de cada provincia, no sólo porque mide el grado de actividad laboral de los adultos mayores —indicativo en sí mismo de las condiciones de vida—, sino también por su correlación con otros indicadores que ratifican esa pertinencia; por ejemplo el compound de capacidad económica total elaborado por el economista Alejandro Bunge (1880-1943), para mediados de la década de 1930, con el que tiene una significativa correlación de -0,78. Se trata de una geografía que recuerda a otras del período, sobre todo por la continuidad espacial de zonas. Así, a una primera zona con bajos valores que reúne a Buenos Aires (provincia y ciudad) y Santa Fe, la sucede una zona intermedia (Córdoba y Mendoza y, en menor medida, Entre Ríos, San Luis, Tucumán y Santiago), y, por último, hacia la periferia geográfica, el resto de las provincias, con valores superiores al 80%, sobre todo en el Noreste y la Patagonia.

Datos más desagregados para la provincia de Buenos Aires muestran otros diferenciales de interés, ya que las tasas de actividad de los hombres de 60 años y más variaron desde aproximadamente 61% en la Capital Federal (61,5%) y el Área Metropolitana de Buenos Aires (60,9%) a 74,8% en el resto de la provincia de Buenos Aires (es decir, la provincia menos los partidos que integran el llamado Gran Buenos Aires, que ostenta un 59,8%). Estos datos sugieren claramente que los niveles de actividad de la población mayor guardan una relación bastante estrecha con la ruralidad y con el tipo de actividad económica dominante en cada espacio. La correlación entre los indicadores respectivos (tasa de actividad de la población de 60 años y más y proporción de población rural de cada provincia) trepa a un significativo índice de Pearson de +0,77, que aumenta levemente (+0,79%) en la población de 65 años y más. De manera independiente de eventuales sesgos de captación, la información sugiere de modo consistente que la actividad laboral era más prolongada a lo largo del ciclo de vida en el ámbito rural que en el urbano, hecho explicable, sólo en parte, por la mayor cobertura jubilatoria observada en las ciudades. Elementos tales como la disponibilidad de ahorros y/o de ayuda familiar, la influencia de factores culturales en la relación con el trabajo, las expectativas sobre el uso del tiempo libre, el tipo de tareas desempeñadas, las relaciones con los empleadores, entre otros factores, debieron cumplir también un papel destacado, pero sobre el que no existen estudios sistemáticos.

Los más altos niveles de actividad de los adultos mayores del ámbito rural en 1947 deberían ser más perceptibles aún para épocas más tempranas. Si bien los tres primeros censos no permiten efectuar ese cruce, se dispone afortunadamente de las muestras de los censos de 1869 y 1895 elaboradas por Jorge Somoza y Alfredo Lattes (cuadro 2)9. Una vez más, la información es deficitaria pues la “ocupación o medio de vida de las personas” no fue completado de modo sistemático por los empadronadores. De manera previsible, sin embargo, la proporción con dato “desconocido” 8 Alejandro Bunge, Una nueva Argentina (Buenos Aires: Hyspamerica, 1984 [1940]), 223.

9 Jorge Somoza y Alfredo Lattes, Muestras de los dos primeros Censos Nacionales de población, 1869-1895 (Buenos Aires: Instituto Torcuato Di Tella, 1967).

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Mapa 2. Tasas de actividad por provincias. Hombres de 60 años y más. Argentina, 1947 85,3

N W

Jujuy

Salta 83,3

E

88,3 Formosa

S Catamarca 81,2

Tucumán 77 Sgo. del Estero 79,2

La Rioja 80,8

Misiones 86,1

86,7 Chaco Corrientes 83,1 Santa Fe

San Juan 82,4

61,4 Córdoba

Entre Ríos 75,3

70,9 San Luis 76,8

Mendoza 71,9

61,5

Capital Federal

Buenos Aires 69,3 La Pampa 8,3

Neuquén 86,3

Río Negro 87,4

Chubut 88,6

Referencias Santa Cruz

Tasa de Actividad por provincias <70%

89,9

70-74,9% 75-79,9% 80-84,9% 85 y Más%

Tierra del Fuego 80

0

120 240

480

720

960 Km

Fuente: elaboración propia con base en Sonia Mychaszula, Rosa Geldstein y Carlos Grushka, Datos para el estudio de la participación de la población en actividad económica. Argentina, 1947-1980 (Buenos Aires: Cenep, 1989), 9-22.

es muy alta para los menores de 20 años, desciende a un dígito porcentual a partir de esa edad y vuelve a ascender a dos dígitos a partir de los 60 años en los hombres rurales y de los 70 años en los urbanos. En el caso de las mujeres, conforme a lo analizado en la sección anterior, la proporción de casos con ocupación desconocida aumenta de modo significativo entre 1869 y 1895, sobre todo en las nativas del ámbito rural. Cabe destacar asimismo que el medio urbano ostenta proporciones más elevadas de hombres de 60 años y más sin información de ocupación, tanto en 1869 como en 1895, hecho coherente con los mayores niveles de actividad de la población rural observados para 1947.

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Trabajo y vejez en el período prejubilatorio. Hipótesis y análisis de fuentes históricas sobre el caso argentino, 1850-1950 Hernán Otero

Cuadro 2. Proporciones de actividad de la población de 60 años y más por sexo, residencia y origen. Argentina, 1869 y 1895

Casos

Prop. s/datos

Proporción I

1869

1895

1869

1895

Variación

Urbana

510

666

17,6

16,2

-1,4

Rural

1119

1195

9,9

10,4

No nativos

335

791

16,4

Nativos

1294

1070

11,3

1869

Proporción II

1895

Variación

1869

1895

Variación

91

84,8

-6,2

74,9

71

-3,9

0,5

97,7

96

-1,7

88

86

-2

12,9

-3,5

93,9

90,4

-3,5

78,5

78,8

0,3

12,1

0,8

96,2

93,4

-2,8

85,3

82,1

-3,2

Hombres

Mujeres Urbana

710

796

54,9

59,8

4,9

84,7

65,3

-19,4

38,2

26,3

-11,9

Rural

1135

1044

32,9

45,7

12,8

96,1

91

-5,1

64,5

49,4

-15,1

No nativos

142

488

51,4

62,7

11,3

82,6

71,4

-11,2

40,1

26,6

-13,5

Nativos

1703

1352

40,5

47,9

7,4

93,4

84,4

-9

55,5

44

-11,5

Proporción I: calculada con base en casos con datos completos de condición de actividad.

Proporción II: calculada sobre total de casos.

Fuente: elaboración propia con base en Somoza y Lattes, Muestras de los dos, tablas 7 y 8.

Si bien no puede postularse que las personas con dato desconocido no trabajaban, tampoco es posible diferenciar entre las que sí lo hacían pero no lo declaraban y las que no ejercían ocupación alguna. Para salvar el inconveniente se han calculado las tasas de dos maneras: a partir de los datos con información de ocupación (lo que implica suponer que los datos desconocidos se distribuyen del mismo modo que los conocidos), por un lado, y considerando que los desconocidos corresponden en todos los casos a no activos, por el otro. Por las razones expuestas, ninguna de las dos hipótesis es totalmente razonable, pero resultan fundamentales para fijar límites máximos y mínimos de actividad, respectivamente.

En cualquiera de los dos escenarios, los resultados son concluyentes y sistemáticos, puesto que las tasas de actividad de la población masculina de 60 años y más son mayores en el medio rural que en el urbano en ambas fechas censales. Más interesante aún, la diferencia entre ambos espacios se acentúa en los 26 años del período intercensal: mientras que la proporción de activos de 60 y más pasa del 91 al 84,8% en el ámbito urbano (caída de 6,2%), las proporciones del ámbito rural descienden mucho más lentamente, al pasar del 97,7% al 96% (caída del 1,7%). Conforme a ello, la diferencia entre las tasas de actividad de ambos espacios aumenta de 6,7% al 11,2% entre 1869 y 1895. La situación es parecida en las mujeres de más de 60 años, en las que también se observan mayores niveles de actividad rurales en ambas fechas censales en un contexto de niveles también decrecientes. La diferencia con los hombres estriba ante todo en la mayor brecha que separa los espacios urbanos y rurales. En lo que atañe al origen de la población, los niveles de actividad experimentan una evolución a la baja entre ambos censos y son sistemáticamente mayores en los nativos que en los extranjeros, resultado en parte asociable al mayor nivel de ruralidad de los primeros.

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Puede conjeturarse asimismo que los niveles de actividad debieron variar en función del tipo de actividad económica desempeñada, algo razonable a priori pero sobre lo que no se dispone hasta el momento de evidencias estadísticas contundentes en el nivel macro. El censo de 1947, sin embargo, permite análisis interesantes en esa dirección al suministrar información de la población ocupada, clasificada por rama de actividad, edad y sexo. El cuadro 3 permite observar en tal sentido que la población de 50 años y más se halla claramente sobrerrepresentada en la Producción Básica, situación que es mucho más notable en las mujeres. Dado que esa categoría incluye las ramas agropecuaria, forestal, extractiva y caza y pesca, estos resultados son consistentes con la mayor actividad observada en los ancianos rurales. Lo contrario ocurre en la Producción Secundaria, en la que los hombres y mujeres de 50 años y más tienen menos peso que el que ostentan en la población total. Los Servicios, en razón de su alto peso relativo en el total de la PEA, presentan la misma distribución que la población total.

Cuadro 3. Población ocupada según ramas de actividad, edad y sexo. Argentina, 1947 Grupos de edad 14-17

18-29

30-49

50 y +

Total

Hombres Producción básica

10,8

29,9

37,4

21,9

100

Producción secundaria

7,8

32,1

43,3

16,8

100

Servicios

5,2

28,1

47,4

19,3

100

Total

7,8

29,8

43,0

19,4

100

Mujeres Producción básica

19,2

29,5

27,9

23,4

100

Producción secundaria

11,4

46,4

34,0

8,3

100

Servicios

12,6

40,3

36,0

11,2

100

Total

12,6

41,6

34,7

11,1

100

Población total Producción básica

11,3

29,8

36,9

22,0

100

Producción secundaria

8,6

35,3

41,2

14,9

100

Servicios

7,2

31,4

44,3

17,1

100

Total

8,7

32,1

41,3

17,8

100

Fuente: elaboración propia con base en IV Censo General de la Nación, 156.

El análisis de la proporción de personas de 50 años y más en profesiones seleccionadas sugiere asimismo que hay ramas de actividad con mayor presencia de jóvenes, otras más equilibradas en su composición etaria y otras en las que los mayores tienen un peso algo mayor, aspectos que se modulan asimismo en función del sexo. Entre otras situaciones, merece destacarse la mayor presencia proporcional de hombres de 50 años y más en la confección, el servicio doméstico (rubros con abrumadora mayoría de mujeres) y las profesiones liberales (lo mismo ocurre en este caso con las mujeres), lo que sugiere que esos nichos laborales permitían trabajar hasta edades más tardías.

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Trabajo y vejez en el período prejubilatorio. Hipótesis y análisis de fuentes históricas sobre el caso argentino, 1850-1950 Hernán Otero

A este se suma un aspecto relevante de las teorías que postulan que la evolución de las sociedades occidentales implicó un retroceso del estatus de la población mayor, debido a la obsolescencia laboral.

Según este concepto, la creciente complejidad de las sociedades modernas margina laboralmente a la población mayor, que no puede competir con las habilidades técnicas que poseen los trabajadores más jóvenes. La variedad de aspectos incluidos en este tema es enorme y de muy difícil traducción estadística, al menos en las poblaciones históricas. La única variable incluida en los censos del período —más o menos pertinente a este respecto— es el nivel de alfabetismo, pero éste no constituye un buen proxy de las capacidades técnicas y laborales, elemento central del concepto de obsolescencia.

La comparación de las tasas de analfabetismo por grupos de edad del censo de 1947 con las reconstruidas para 1869 muestra que el analfabetismo es mucho mayor en 1869 que en 1947, resultado por cierto obvio, pero también que las tasas de analfabetismo son mayores a medida que aumenta la edad, algo también esperable; ya que, conforme a los avances educativos, las generaciones más jóvenes gozan de mayores oportunidades que sus predecesores. Menos evidente, sin embargo, es que los diferenciales entre grupos de edad son más pronunciados en 1947 que en 1869, puesto que la relación entre las tasas de analfabetismo de la población de 50 y más y la de 30-49 años pasa de 1 a 2 entre el primero y el cuarto censo nacional10. A ello contribuye ciertamente la historia de la alfabetización en Argentina: incipiente en 1869, lo que debería reducir las diferencias por edad, y muy avanzada en 1947, lo que debería aumentarlas. Más allá de las causas que provocan la distribución en cada fecha, resulta claro que la diferencia de calificación educativa (debe quedar claro, una vez más, que no es necesariamente laboral) es mayor hacia mediados del siglo XX, lo que sugiere —siempre en clave exploratoria— que hacia la época de generalización del sistema jubilatorio podrían haber existido indicios de obsolescencia laboral de la población de mayor edad, sobre todo en aquellos nichos laborales en los que las credenciales educativas fueran relevantes. Ceteris paribus, los razonamientos precedentes también podrían explicar parcialmente las sistemáticas diferencias de actividad entre el ámbito rural y el urbano, dadas la complejidad y competitividad laborales mayores de este último espacio.

3. Enfoque cualitativo. El trabajo en la vejez: un punto ciego A pesar de sus ventajas, como la mayor precisión y representatividad, el enfoque estadístico presenta problemas derivados de la forma de captación censal, entre los que se destacan el subregistro de los niveles de actividad, la no inclusión de la pluriactividad laboral y, sin duda más relevante, los sesgos de género. Si bien estos inconvenientes son comunes a todas las edades, se puede plantear la hipótesis de que debieron ser más importantes en las edades avanzadas, a causa de los estereotipos sociales, internalizados por empadronadores y propios declarantes, que asocian la vejez con la inactividad.

Otro problema, que se abordará en esta sección, remite a la heterogeneidad que presentan las poblaciones definidas a partir de criterios etarios, aspecto que una vez más es general a todos los grupos de edades pero que se acentúa en las edades avanzadas, no sólo porque incluyen a individuos con diferente nivel socioeconómico (nivel que es definitivo en la mayoría de los casos, ya que se ha recorrido la mayor parte del ciclo laboral), sino también de salud, dimensión que en parte es independiente del mundo del trabajo y en parte también depende del tipo de trabajo ejercido por los individuos.

10 Las proporciones de analfabetos en los grupos de 14-29 años, 30-49 años y 50 años y más eran en 1869 de 69,5%, 71,5% y 77,3%, respectivamente. Para 1947, los valores se redujeron a 8,3%, 12,4% y 25,1%, respectivamente.

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Dado que no existen datos estadísticos que permitan efectuar el cruce entre edad, estado de salud y ocupación, el enfoque por adoptar debe ser forzosamente cualitativo, estrategia que a su vez presenta nuevas dificultades como el carácter indiciario de los resultados. Con todo, el problema central del estudio de la vejez a partir de las fuentes históricas radica en su no percepción como una clase de edad de contornos claros, ya que, como lo advirtió Simone de Beauvoir, los ancianos tienden a ser identificados con el conjunto de los adultos11. Por ello, cuando las fuentes cualitativas se refieren a los ancianos lo hacen, por lo general, a partir de criterios puramente estéticos, como la apariencia física, o para ilustrar situaciones límites —positivas o negativas— para el observador, como niveles extremos de pobreza o precariedad notable de su estado de salud. De ahí que los mayores de 60 años que no ostentan características particulares en esos planos —es decir, la ancianidad “normal” a los ojos del observador— tienden a ser subsumidos en el mundo adulto, del que, desde luego, formaban parte.

Pocos autores ilustran mejor lo dicho que Juan Bialet Massé (1846-1907), cuyo fascinante y monumental Informe sobre el estado de la clase obrera argentina (1904) tiene, entre muchas otras, la virtud de haberse consagrado de modo sistemático a la situación de los trabajadores a partir de un recorrido en profundidad de las principales zonas productivas de Argentina12. El Informe, encargado por Joaquín V. González, ministro del Interior de la segunda presidencia de Julio A. Roca (1898-1904), tenía por objetivo suministrar un diagnóstico de las condiciones laborales y proponer alternativas legales para su mejoramiento, en un contexto de creciente conflictividad obrera.

Así, pues, y siempre en relación con el tema que ocupa esta investigación, lo primero que salta a la vista es la sistemática focalización de Bialet Massé en el “trabajo de las mujeres y los niños” (esto es, una categoría de género que no distingue edad y otra de edad que no distingue género), por un lado, y el mundo de los hombres en general, en el que muy raramente se distingue un límite de edad superior. La misma tríada perceptiva —hombres, mujeres y niños— se encuentra en otros textos del período, como el conocido tratado del científico francés Martín de Moussy (1810-1869), y en la numerosa producción de los viajeros que recorrieron el país13. Dejando de lado a los niños y a las mujeres, Bialet Massé califica a la población a partir de categorías generales como las de trabajadores y obreros, distinguidos según su origen —extranjeros y nativos, con alguna atención a los indios en este último caso—, pero no hay referencias a la población de edad avanzada, de modo que los viejos representan una especie de no lugar.

Lejos de constituir un rasgo personal del observador, la identificación de los ancianos con el mundo de trabajadores adultos, común a todos los textos del período, es en sí misma un signo cargado de implicancias y sugiere que los ancianos continuaban trabajando en proporción similar a los trabajadores adultos, lo que hacía innecesaria su diferenciación, como lo demuestran las tasas de actividad analizadas en la sección precedente. Idéntica conclusión sugiere la preocupación de Bialet Massé por la limitación del trabajo infantil y por la consecuente definición de edades mínimas de inicio de las actividades laborales, preocupación que no iba acompañada de ninguna reflexión sobre el límite superior de 11 Simone de Beauvoir, La vejez (Buenos Aires: Debolsillo, 2011 [1970]), 108-111.

12 Juan Bialet Massé, Informe sobre el estado de la clase obrera argentina (Madrid: Hyspamerica, 1985 [1904]).

Sobre Bialet Massé, exiliado republicano catalán de prolífica actuación política e intelectual en el país, y otros autores mencionados en el texto como Alfredo Palacios y Augusto Bunge, ver Horacio Tarcus, Diccionario biográfico de la izquierda argentina (Buenos Aires: Emecé, 2007).

13 Víctor Martín de Moussy, Descripción geográfica y estadística de la Confederación Argentina, t. II, editado por Beatriz Bosch y traducido por Víctor Bouilly y Saúl Karsz (Buenos Aires: Academia Nacional de la Historia, 2005 [1860-1869]), 604-615. La obra, un hito de la producción científica del período, fue realizada por encargo del presidente de la Confederación Argentina, Justo José de Urquiza.

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Trabajo y vejez en el período prejubilatorio. Hipótesis y análisis de fuentes históricas sobre el caso argentino, 1850-1950 Hernán Otero

la vida activa. Así, por ejemplo, en su argumentación sobre la mejor manera de calcular la duración de una “jornada racional” de trabajo, postulaba que ésta debía ser válida para el “obrero fuerte como para el débil, para el torpe como para el hábil, para el viejo como para el joven”14. Partiendo de la idea de que la jornada laboral “no puede ser igual en todos los trabajadores”, este autor propuso un máximo de siete horas para la mujer y de seis para el niño, pero no sugirió variaciones para las edades mayores, es decir que, pasada la infancia, la edad fue considerada como una constante.

La inexistencia de la vejez como una clase de edad explícita para la descripción del paisaje laboral no supone desde luego ausencia de preocupaciones en ese sentido, ya que Bialet Massé tomó nota de los tímidos avances de la jubilación y de los establecimientos que contaban con algún sistema de pensión o seguro para la vejez. Así, el Ingenio Esperanza, en la provincia de Tucumán, otorgaba pensión por inutilidad derivada de accidente laboral y por vejez, aunque, como lo ilustra la siguiente cita, ello no suponía necesariamente el paso a la inactividad laboral: “al que cumple los 60 años de edad, habiendo servido en la casa más de quince años, se le da pensión, sin perjuicio de que se le dé colocación compatible con sus fuerzas”15.

Más interesante aún es que la argumentación de Bialet incluía de modo sistemático una preocupación por el bienestar físico de los trabajadores, cuya fuerza laboral midió minuciosamente con base en el uso de dinamómetros, determinado a su vez por factores tales como el origen (extranjero o nativo), la alimentación, el peso, el clima y, sobre todo, el tipo de tareas por realizar y la duración de la jornada laboral, pero no la edad (que sólo es distinguida en los trabajadores jóvenes). Es claro asimismo que este autor operaba mediante una comparación implícita entre las condiciones físicas de los trabajadores observados y las de un trabajador normal, operación que le permitía observar, ceteris paribus, grados variables de desgaste según las actividades laborales realizadas16.

4. El trabajo como factor de vejez A pesar de sus problemas, las fuentes cualitativas presentan ventajas claves sobre el registro estadístico al permitir la elaboración de un enfoque tipológico atento a distinguir la heterogeneidad laboral de los ancianos, tomando como criterio de demarcación los efectos del tipo de trabajo desempeñado sobre el envejecimiento de los trabajadores. Como lo ha destacado Nogueira Magalhaes, el tipo de actividades y los niveles de vida asociados a éstas afectan la edad biológica de las personas acelerando o retrasando el envejecimiento personal, sin duda uno de los puntos ciegos de los enfoques que reducen la vejez a la edad cronológica. La aplicación al análisis histórico de las categorías propuestas por ese autor permite distinguir en principio dos tipos ideales contrapuestos17.

14 Bialet Massé, Informe sobre el estado, 577.

15 Bialet Massé, Informe sobre el estado, 224.

16 Casi dos décadas después del Informe de Bialet Massé, el intelectual, dirigente y primer diputado socialista de América Latina, Alfredo Palacios (1878-1965), pionero de la legislación laboral argentina, realizó mediciones sobre el rendimiento de los trabajadores, basándose en “hombres jóvenes y robustos, sometidos a un régimen de ocho horas”, pero considerando también que el intervalo de 25 a 35 años remitía en los obreros a la etapa de “plenitud de sus fuerzas”, es decir, asumiendo un retroceso con la edad. Alfredo Palacios, La fatiga y sus proyecciones sociales (Buenos Aires: Talleres Gráficos Argentinos de L.J. Rosso y Cía, 1922), 13 y 275.

17 Dirceu Nogueira Magalhaes, L’invention sociale de la vieillesse (París: Éditions Rennes, 1987), 16 y siguientes. Este autor describe un tercer modelo (la vejez excluida, producida por la muerte social por aislamiento, sobre todo en las clases medias urbanas), propio de contextos actuales de alta institucionalización de ancianos.

Hist. Crit. No. 62 · Octubre-diciembre · Pp 35-55 · ISSN 0121-1617 · e-ISSN 1900-6152 doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit62.2016.02

Por un lado, Vejez prematura. Las condiciones laborales extremas, asociadas a condiciones de vida precarias, o a formas de “marginalidad social anticipada”, en los términos de Nogueira Magalhaes, suponen el envejecimiento precoz. Una vez más, Bialet suministra ejemplos elocuentes sobre el particular, como el trabajo en los bosques del nordeste argentino, donde la explotación forestal “genera fortunas” que van “dejando una masa de hombres extenuados y envejecidos, por un trabajo tan malamente explotado”, o el envejecimiento prematuro de los niños en Tucumán.

Situaciones análogas se encontraban en los estibadores del puerto de Colastiné: “Ninguno tiene cincuenta años, y a los cuarenta presentan signos de una vejez prematura”18. De modo previsible, el caso límite de esta escala de desgaste laboral lo constituía el trabajo minero. A título de ejemplo, en la provincia de La Rioja, el trabajo en las minas estaba monopolizado por jóvenes, “porque allí [se refiere a la mina San Pedro] no hay hombres ni menos viejos; a los cuarenta años el minero está agotado y viejo”. Lo mismo ocurría en la célebre mina La Mejicana, en la que los trabajadores eran en “la mayor parte de 18 a 25 años; que pocos hay de 30 a 40, y solo tres pasan de esa edad; lo que quiere decir que los hombres se agotan rápidamente, quedan inservibles en la flor de la edad”19. En sentido análogo, el propio Alfredo Palacios refiere a la vejez prematura al citar las impresiones del escritor y dirigente socialista Augusto Bunge (1877-1943) en su viaje de 1906: “visitando las usinas metalúrgicas, llama la atención la relativa juventud de la mayoría, e inversamente entre los ‘puddelers’, etc. inválidos por la edad, en Alemania, he recibido la impresión de que la mayoría de los ‘ancianos’ que declaran haber sido ‘puddelers’, con todas las apariencias de la edad provecta y el duro pulso de la arterioesclerosis, no tiene más de cincuenta y cinco a sesenta años, y han tenido que retirarse del trabajo a los cincuenta”20.

Casos similares podrían multiplicarse fácilmente, pero —tanto por razones de espacio como por la lógica de las fuentes cualitativas (la multiplicación de ejemplos, aunque ilustrativa, no supone necesariamente un aumento del nivel de prueba)— es necesario detenerse en la argumentación según la cual la dureza del tipo de trabajo produce formas diferenciales de envejecimiento de los trabajadores. En los casos extremos, como el minero, es esa misma dureza la que define nichos ocupacionales de población joven pues los viejos quedan excluidos, aunque un nicho laboral joven puede derivar también del tipo de cualidades requeridas.

Por el otro, Pseudo vejez. Las élites urbanas de clases medias y altas ilustran el extremo opuesto a la vejez prematura, como lo sugiere cuantitativamente la composición etaria de las profesiones liberales del censo de 1947. Los trabajadores ancianos eran frecuentes también en otras ocupaciones, como los trenes, en los que “hay obreros de muchos años”, o en otras menos remuneradas como la policía, oficio en el que “hay muchos viejos e inservibles”21. Las biografías y autobiografías, fuentes que —salvo rarísima excepción— remiten casi siempre al mundo burgués, apuntan en

18 Bialet Massé, Informe sobre el estado, 195 y 393.

19 Bialet Massé, Informe sobre el estado, 288 y 294. Cabe destacar que Bialet Massé utiliza en al menos seis ocasiones el término vejez prematura asociado a la morbi-mortalidad laboral, como lo atestigua el siguiente pasaje: “Un sujeto que no debe trabajar más que ocho horas al día, le hacemos trabajar nueve y lo soporta, pero ese exceso le come la vida y se la acorta, produciendo una vejez prematura y una muerte temprana”. Bialet Massé, Informe sobre el estado, 594.

20 Augusto Bunge, Las conquistas de la higiene social (Buenos Aires: Coni, 1910), 30, citado por Palacios, La fatiga, 293.

21 Bialet Massé, Informe sobre el estado, 427 y 845.

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la misma dirección, como lo ilustra, entre muchos otros, el caso del periodista, escritor e intelectual Alfred Ebelot (1837-1912), quien, luego de su regreso definitivo a Toulouse en 1908, siguió trabajando como corresponsal del diario La Nación hasta su muerte, a los 74 años22.

Los trabajos no manuales permitían asimismo una continuidad laboral en la que la vejez, aunque inevitable en el plano biológico, se retrasaba en el plano estético, y en la consideración social de los otros. El ámbito educativo es un claro ejemplo de ello, como lo muestra el caso del doctor José Agüero (1790-1864), inmortalizado por el escritor y diplomático de la Generación del 80 Miguel Cané (1851-1905), en su célebre Juvenilia. Agüero, que “estaba ya muy viejo; bueno y cariñoso”, se desempeñó como rector del Colegio Nacional hasta poco antes de su muerte23. Los ejemplos de educadores reconocidos de mucha edad son particularmente numerosos. Sin la consideración social del caso precedente, algunas ocupaciones no manuales permitían también la continuidad laboral, como ocurría con los porteros, también presentes en el recuerdo de Cané, los vendedores ambulantes o los músicos, estos dos últimos retratados con frecuencia por la pintura del período24.

Los dos tipos esbozados, la vejez prematura y la pseudo vejez, no remiten linealmente a la edad final del período laboral, puesto que, como lo ilustran las tasas de actividad, dicha edad fue por regla general alta y debió obedecer también a la condición socioeconómica de las personas, a los niveles de ahorro personal o familiar y a la declinación del estado de salud. Con todo, puede imaginarse que la vejez prematura, al menos en sus casos extremos, debió favorecer un final laboral anticipado o, cuanto menos, la reconversión de los trabajadores que padecían ese tipo de tareas hacia actividades laborales menos brutales.

Conclusiones A pesar de las enormes dificultades heurísticas reseñadas, vinculadas con el hecho de que los viejos no constituían una categoría perceptiva en las fuentes históricas, los desarrollos realizados permiten establecer un conjunto de proposiciones con disímil nivel de prueba, pero convergentes en un plano interpretativo más general. En primer lugar, debe destacarse que el final de la vida laboral de la población mayor antes de la generalización de los sistemas de jubilación (e incluso después de ellos) debe ser visto en términos graduales y siguiendo una evolución influenciada por dos factores: el nivel de riqueza personal o familiar y los niveles de salud. Como postulan algunos autores

22 Sobre la vida de Ebelot, ver: Pauline Raquillet, Alfred Ebelot. Le parcours migratoire d’un Français en Argentine au XIXe siècle (París: L’Harmattan, 2011). En un nivel más acotado, autobiografías de notables locales evidencian la continuidad de la vida pública y laboral de los sectores acomodados mucho más allá de los 60 años. A título de ejemplo, puede consultarse: Manuel Suárez Martínez, Manuel Suárez Martínez. Paladín del orden y gestor del progreso del Partido de Lobería (Tandil: Edición del autor, 1993 [1942]).

23 Miguel Cané, Juvenilia (Buenos Aires: Arte Gráfico Editorial Argentino, 2011 [1884]), 39.

24 La pintura es otra fuente posible pero extremadamente imprecisa. Esa imprecisión nace tanto de la imposibilidad de identificar quiénes son viejos en los cuadros a partir de la simple apariencia estética, especialmente cuando son trabajadores pobres, pero sobre todo de la dificultad de distinguir —desde el punto de vista estadístico— entre lo normal y lo excepcional (por ejemplo, aquello que fue elegido como objeto de representación precisamente por su carácter atípico). Con todo, suministra imágenes de interés que ilustran la presencia de viejos en numerosos trabajos urbanos (por ejemplo, El escobero, de Benjamín Franklin Rawson, 1865) y, sobre todo, rurales. En este último caso, piénsese en obras como Apartando (Ángel Della Valle, ca. 1900-1903) o en las composiciones de Florencio Molina Campos en los Almanaques Alpargatas de las décadas de 1930 y 1940.

Hist. Crit. No. 62 · Octubre-diciembre · Pp 35-55 · ISSN 0121-1617 · e-ISSN 1900-6152 doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit62.2016.02

para el caso español25 —pero que sin duda es generalizable a muchas otras poblaciones—, la gran mayoría de la gente debió continuar trabajando mientras las posibilidades físicas lo permitían. Esa afirmación es coherente con los puntos de ruptura detectados en la evolución de las tasas de actividad, que, en líneas generales, coinciden con el paso de la tercera a la cuarta edad de Laslett o de viejo-joven a viejo-viejo de Neugarten, para retomar conceptualizaciones posteriores al período considerado en este artículo26. Desde luego, el mantenerse activo en una determinada ocupación puede implicar asimismo cambios importantes en el tipo de trabajo realizado y/o en la intensidad (física u horaria) de la jornada laboral, aspectos que —una vez más— resultan muy difíciles de abordar a partir de las fuentes disponibles para el historiador.

De manera inversa, dada la ausencia de datos históricos de morbilidad en las edades avanzadas, las tasas de actividad pueden constituir un indicador sustituto de los calendarios de transición de las personas hacia mayores niveles de fragilidad física y dependencia funcional. Como lo sugieren las fuentes cualitativas, la edad de finalización de las tareas laborales estuvo asimismo vinculada con el trabajo ejercido y con los efectos que éste tuvo en el estado físico de los trabajadores, en un contexto de notable heterogeneidad que relativiza cualquier consideración de la vejez como una clase de edad homogénea. Si bien no puede verificarse la existencia de procesos de obsolescencia técnica y educativa de los trabajadores más viejos, al menos a gran escala, como ocurrirá en períodos posteriores, es claro que existe una obsolescencia física diferencial inducida por la inserción en el mundo del trabajo.

En segundo lugar, se concluye que los niveles de actividad laboral de la población mayor bajaron de manera clara en el siglo que separa al primer y al cuarto censos nacionales. Esa evolución no fue uniforme, al variar según las subpoblaciones consideradas: en primer lugar, las tasas de actividad fueron menores en los extranjeros que en los nativos, hecho coherente con su inserción social más exitosa, sus mayores niveles de ahorro, y acaso también con pautas culturales específicas de la cultura migratoria; en segundo término, fueron menores en el ámbito urbano que en el rural en todos los puntos temporales para los que se dispone de datos. Puede conjeturarse a este respecto que las ciudades debieron suponer una competencia más dura para los trabajadores de mayor edad, ya sea porque constituían el espacio natural de un proceso de industrialización que no favorecía la contratación de personas más viejas y con menor fortaleza física, como propone Alain Pilon27, o bien porque recibían fuertes contingentes migratorios de jóvenes, dos fenómenos que fueron además complementarios.

Visto en clave espacial, el proceso mencionado delineó una distribución provincial estrechamente asociada con otras geografías del período, desde luego con la de la incipiente cobertura jubilatoria pero sobre todo con indicadores más generales de riqueza y desarrollo económico. Como se ha visto, la progresiva menor actividad de las personas mayores no puede ser explicada exclusivamente por el avance de las jubilaciones, cuyo impacto global hacia 1947 —básicamente urbano y masculino— era aún muy escaso. Sin descartar cambios en la percepción social del trabajo por parte de los empadro25 Reher, “Vejez y envejecimiento”, 64-65; García González, “Vejez, envejecimiento e historia”, 27.

26 Peter Laslett, A Fresh Map of Life: The Emergence of the Third Age (Nueva Heavn: Harvard University Press, 1991); Bernice Neugarten, “Age Groups in American Society and the Rise of the Young Old”. Annals of the American Academy of Political and Social Science n.° 415 (1974): 187-198, doi: dx.doi.org/10.1177/000271627441500114 27 Alain Pilon, “La vieillesse: reflet d’une construction sociale du monde”. Nouvelles Pratiques Sociales 3, n.° 2 (1990): 141-146, doi: dx.doi.org/10.7202/301095ar

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nadores y de la población (la pregunta censal, por el contrario, se mantuvo constante), la baja de la actividad laboral de los adultos mayores sólo puede explicarse por una mejora de largo plazo en el nivel de vida y en los niveles de ahorro de las personas y/o las familias que generaron las condiciones para que fuera posible dejar de trabajar a edades más tempranas28. Una vez más, ello es congruente con los diferenciales observados entre nativos y extranjeros y entre el campo y la ciudad, dos variables que además se sobredeterminan en el sentido esperado.

Esta evolución general es compatible con aspectos parciales de la teoría de la modernización de Donald Cowgill29, según la cual la evolución social de largo plazo supone una disminución del peso social de los ancianos, hecho que en este artículo sólo puede ser observado de manera indirecta, y con las limitaciones señaladas, para la actividad laboral. La disminución del prestigio de los viejos, sin duda el elemento definitorio y más controversial de esa teoría, no puede ser verificada ni refutada a la luz de los datos presentados en esta investigación, pero permanece como una hipótesis relevante para futuros estudios, dada la estrecha vinculación existente entre el trabajo, el poder y el prestigio. La importancia dada al aumento de la esperanza de vida, la industrialización, la urbanización, y la educación de masas, es decir, los cuatro motores de la teoría de Cowgill, delimita, en efecto, una evolución sugerente para la agenda de investigación.

Cualquiera sea el caso, la reducción del trabajo de los mayores fue el producto de una mejora social general que puede asociarse con dos procesos convergentes. En primer lugar, el aumento de la esperanza de vida, tanto al nacer como a edades específicas. La primera pasó de 32,9 años (ambos sexos reunidos) en 1869-1895 a 61,1 años en 1946-1948. Por su parte, la esperanza de vida a los 25 años, según el clásico indicador propuesto por Peter Laslett, tuvo una evolución menos pronunciada al pasar de 32 años en 1869-1895 a 34,9 en 1895-1914 y 43,7 en 1946-194830. En segundo lugar, el aumento del ahorro, aspecto vinculado con el anterior, ya que, como lo destacó Peter Laslett31, debió ser más importante y generalizado cuando la esperanza de vida se hizo más larga (en términos micro, cuando los trabajadores prevén que pueden llegar a viejos). A juzgar por la expectativa de vida a los 25 años, dicho proceso comenzó de manera muy tímida a fines del siglo XIX y principios del siguiente, para hacerse más notorio durante la primera mitad del siglo XX. A ello cabría agregar, probablemente con mayor impacto, los ahorros provocados por la reducción del número de niños por hogar, iniciada a fines del siglo XIX, y muy clara desde 1930.

En suma, la retracción de la participación laboral de los mayores no resultó independiente del decisivo proceso de transición demográfica. La relación entre mortalidad y trabajo adulto también

28 Si, como sostiene Bialet Massé, los salarios no permitían “ahorrar para la vejez” a principios del siglo XX, la situación debió mejorar en el medio siglo siguiente. Bialet Massé, Informe sobre el estado, 536-537 y 972973. Ceteris paribus, el razonamiento es compatible con la hipótesis curvilinear, ya que la reducción de la participación de la mujer en el mercado de trabajo formal debió ser posible gracias a una mayor disponibilidad de ahorro de las familias.

29 Donald Cowgill, “Aging and Modernization: A Revision of the Theory”, en Late Life: Communities and Environmental Policy, editado por Jaber F. Gubrium (Springfield: Charles C. Thomas Publisher, 1974), 123-145.

30 Los datos de mortalidad provienen de Jorge Somoza, La mortalidad en la Argentina entre 1869 y 1960 (Buenos Aires: ITDT/CELADE, 1971). Cabe destacar que Argentina no realizó censos nacionales de población entre 1914 y 1947, lo que impide contar con tablas de mortalidad para ese largo intervalo.

31 Peter Laslett, “Necessary Knowledge: Age and Aging in the Societies of the Past”, en Aging in the Past: Demography, Society and Old Age, editado por David Kertzer y Peter Laslett (Berkeley: The University of California Press, Scholarship Editions, 1995), 4-77.

Hist. Crit. No. 62 · Octubre-diciembre · Pp 35-55 · ISSN 0121-1617 · e-ISSN 1900-6152 doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit62.2016.02

puede ser vista en el sentido inverso, al conjeturarse que la reducción del período laboral y la de las formas más duras del trabajo manual debieron favorecer las posibilidades de sobrevida, hecho sobre el que parece haber prestado más atención la literatura de la época32 que la literatura posterior sobre mortalidad, que otorga poco peso a las variables laborales. Por último, es importante enfatizar que el proceso de reducción laboral ocurrió antes de la generalización de la cobertura jubilatoria. Dicho de otro modo, la universalización de este sistema de transferencia de recursos a la población mayor tuvo lugar tras un proceso en el que la transferencia fue garantizada, principalmente, por las familias y/o los propios individuos.

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32 El argumento es de Palacios, La fatiga, 264.

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❧ Hernán Otero Director e investigador principal del Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales del CONICET (Argentina). Licenciado en Historia por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Argentina) y Doctor en Demografía y Ciencias Sociales por la École des Hautes Études en Sciences Sociales (Francia). Sus líneas de investigación se encuentran relacionadas con el caso argentino, e incluyen la historia de la inmigración europea, la historia del sistema estadístico y de las categorías de población y la historia de la vejez. Entre sus publicaciones recientes se encuentran: “Grados de libertad. Soldados de la Argentina en la Gran Guerra, 1914-1918”, en Guerras de la historia argentina, editado por Federico Lorenz (Buenos Aires: Ariel, 2015), 269-285; “La historia global y la historia de la población”. Nuevos Mundos, Mundos Nuevos n.° 14 (2014): s/p.; y, como director, Población, ambiente y territorio, tomo I. Historia de la Provincia de Buenos Aires (Buenos Aires: Edhasa, 2012). hernan.otero@conicet.gov.ar

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La militarización del Estado durante la última dictadura militar argentina. Un estudio de los gabinetes del Poder Ejecutivo Nacional entre 1976 y 1983❧ Paula Canelo

Universidad Nacional de San Martín, CONICET, Argentina doi:dx.doi.org/10.7440/histcrit62.2016.03

Artículo recibido: 27 de marzo de 2015/ Aprobado: 19 de agosto de 2015/ Modificado: 08 de septiembre de 2015

Resumen: Este artículo analiza el proceso de militarización del Estado llevado adelante por la última dictadura militar argentina, a través del estudio empírico de los perfiles de los ministros y de los ministerios que integraron los gabinetes del Poder Ejecutivo Nacional entre 1976 y 1983. Por un lado, se reconstruyen el perfil educativo, profesional y social de la élite ministerial, y la alta especialización que presentaron los “ministerios civiles” frente a los ocupados por las Fuerzas Armadas. Por otro lado, se analizan los determinantes del proceso de militarización: la desigual distribución del poder entre las tres Fuerzas Armadas, la importancia relativa de cada ministerio en la realización de los objetivos, tanto de la dictadura en general como de cada fuerza en particular, y la progresiva necesidad de ampliar los apoyos civiles. Finalmente, se identifica una “jerarquía ministerial” distintiva de esta dictadura, encabezada por los ministerios del Interior, de Trabajo y de Economía.

Palabras clave: Fuerzas Armadas, dictadura, Gobierno, Estado, Argentina (Thesaurus); ministerios (palabras clave de autor).

Militarization of the State during the Last Argentine Military Dictatorship: A Study of the National Executive Power Cabinets between 1976 and 1983 Abstract: This article analyzes the process of militarization of the state carried out by the last military dictatorship in Argentina, through an empirical study of the profiles of ministers and ministries that formed the National Executive Power cabinets between 1976 and 1983. On the one hand, it reconstructs the educational, professional and social profile of the ministerial elite, and the high degree of specialization among the “civilian ministries” as compared to those occupied by the Armed Forces. On the other hand, it analyzes the determining factors in the process of militarization: the unequal distribution of power among the three Armed Forces, the relative importance of each ministry in the achievement of the objectives, of both the dictatorship in general and of each forcé in particular, and the progressive need to broaden civilian support. Finally, it identifies a distinctive “ministerial hierarchy” orship within said dictatorship, headed by the Ministry of the Interior, of Labor, and of the Economy.

Keywords: ministries, Armed Forces, dictatorship, government, state, Argentina (Thesaurus).

❧ Este artículo presenta conclusiones parciales de las investigaciones más amplias que lleva adelante la autora

como Investigadora del CONICET y Profesora-investigadora de la Universidad Nacional de San Martín (Argentina). La autora agradece de manera especial los comentarios que realizaron a este trabajo los referees anónimos y los miembros del Núcleo de Historia Reciente del IDAES-UNSAM.

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La militarización del Estado durante la última dictadura militar argentina Paula Canelo

A militarização do Estado durante a última ditadura militar argentina. Um estudo dos gabinetes do Poder Executivo Nacional entre 1976 e 1983 Resumo: Este artigo analisa o processo de militarização do Estado realizado pela última ditadura militar argentina, por meio do estudo empírico dos perfis dos ministros e dos ministérios que integraram os gabinetes do Poder Executivo Nacional entre 1976 e 1983. Por um lado, reconstrói-se o perfil educacional, profissional e social da elite ministerial, e a alta especialização que apresentaram os “ministérios civis” em comparação com os ocupados pelas Forças Armadas. Por outro lado, analisam-se os determinantes do processo de militarização: a desigual distribuição do poder entre as três Forças Armadas, a importância relativa de cada ministério na realização dos objetivos, tanto da ditadura em geral quanto de cada força em particular, e a progressiva necessidade de ampliar os apoios civis. Finalmente, identifica-se uma “hierarquia ministerial” distintiva dessa ditadura, encabeçada pelos ministérios do Interior, do Trabalho e da Economia.

Palavras-chave: ministérios, ditadura, Governo, Estado, Argentina (Thesaurus); Forças Armadas (palavraschave autor).

Introducción Tras el eclipse de interrogantes propios de la teoría de la modernización y de las corrientes estructuralistas predominantes durante los años sesenta y setenta, las ciencias sociales latinoamericanas asisten a una renovada preocupación por el Estado, sus instituciones y actores. En este nuevo marco, diferentes líneas de análisis han colaborado en el estudio de problemas variados, como las transformaciones de los vínculos entre Estado y sociedad, el diseño y la orientación de las políticas públicas, la creciente complejización de las agencias estatales, la pertenencia social, trayectoria o formación de los cuerpos de profesionales del Estado, entre otros1. Sin embargo, es relativamente escasa la literatura histórica y sociológica comprometida con el análisis de los Estados autoritarios latinoamericanos, objetos que, en términos generales, han permanecido sujetos a interpretaciones de larga data, vinculadas con los paradigmas propios de los años sesenta y setenta, y a análisis poco sistemáticos, especialmente desde el punto de vista empírico. Es evidente la ausencia de estudios preocupados por el Estado durante la última dictadura militar argentina, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), en parte debido a la carencia de información pública sistemática, a la política deliberada de destrucción y ocultamiento de registros y archivos llevada adelante por ésta dictadura y por otras dictaduras y sus protagonistas, o a los vaivenes de las agendas políticas y académicas de la región.

En este artículo se analiza un órgano fundamental del Estado dictatorial: el gabinete de ministros del Poder Ejecutivo Nacional. Los gabinetes han sido destacados por la literatura especializada como un objeto privilegiado para la comprensión del poder estatal, por lo que los criterios de distribución o jerarquización de carteras, o la designación de determinados ministros, son considerados valiosos indicadores para comprender los objetivos estratégicos de los gobiernos; para identificar las pugnas, negociaciones, compensaciones, y los equilibrios de poder involucrados, para determinar los grados de apertura o clausura de los gobiernos a la sociedad, y, en términos más amplios, para ilustrar dinámicas fundamentales del poder político. Asimismo, ha sido subra1 Sobre este renovado panorama de interrogantes, consultar, entre otros, Ernesto Bohoslavsky y Germán Soprano, eds., Un Estado con rostro humano. Funcionarios e instituciones estatales en Argentina (desde 1880 a la actualidad) (Buenos Aires: Prometeo/Universidad Nacional de General Sarmiento, 2010).

Hist. Crit. No. 62 · Octubre-diciembre · Pp 57-75 · ISSN 0121-1617 · e-ISSN 1900-6152 doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit62.2016.03

yado que el estudio de los perfiles de los ministros y de las tendencias del reclutamiento ministerial permite comprender la configuración y las transformaciones de las élites estatales, sus vínculos con las élites sociales y otros actores, las dinámicas de construcción de las carreras burocráticas y políticas, los grados de especialización y profesionalización del funcionariado estatal, entre otros2.

Poco se conoce aún en la historiografía sobre el aparato estatal y la estructura gubernamental durante esta última dictadura, aunque la problemática ministerial estuvo en el centro de las preocupaciones de sus funcionarios e ideólogos. En mayo de 1977, por ejemplo, el entonces ministro de Planeamiento, general Ramón Genaro Díaz Bessone, advertía en un documento reservado que “la distribución de áreas de responsabilidad en ministerios y provincias a cargo de cada una de las Fuerzas, en vez de otorgarle libertad de acción al jefe del Ejecutivo, atenta contra la eficacia y el dinamismo necesarios […]”3. En el documento reservado Plan Nueva República, el general Jorge Olivera Rovere, secretario general del Ejército, afirmaba que “la legislación actual marca en su aplicación práctica concentraciones desmedidas en responsabilidad de funciones, volumen de personal y ejecución operativa en dos ministerios, a saber: -ECONOMÍA -BIENESTAR SOCIAL”, advirtiendo sobre la “inconveniencia de una estructura rígida de la Administración nacional”4. La necesidad de sancionar una Ley de Ministerios que reemplazara la del gobierno peronista (19731976) fue un tema que ocupó persistentemente la agenda de la Junta Militar, máximo órgano soberano del gobierno dictatorial: comenzó a ser debatido en mayo de 19775, y entró en estudio recién en julio de 19806. Finalmente, el Proceso sancionó su primera Ley de Ministerios en 1981, durante el gobierno del general Roberto Viola7.

En este artículo se estudia el proceso de militarización del Estado llevado adelante por la última dictadura militar argentina, a través del estudio empírico8 de los ministros y ministerios que integraron los gabinetes del Poder Ejecutivo Nacional entre 1976 y 1983. Para ello, se propone un doble registro metodológico. Por un lado, analizar el perfil de los cuarenta y nueve individuos,

2 Esta literatura es muy vasta. Un panorama actualizado puede ser consultado en el dossier “Ministros del Presidente”, presentado por Marcelo Camerlo. América Latina Hoy n.° 64 (2013).

3 Documento reservado, Proyecto Nacional, Ministerio de Planeamiento, 25 de mayo de 1977, 349, en Archivo personal de la autora (APA), Buenos Aires-Argentina.

4 Documento reservado, Plan Nueva República, Secretaría General del Estado Mayor General del Ejército, mayo de 1977, 2-3, en APA [mayúsculas del documento original].

5 Sobre las tensiones de la estructura de gobierno del Proceso y la dinámica interna de la Junta Militar, consultar: Paula Canelo, La política secreta de la última dictadura argentina 1976-1983 (Buenos Aires: Edhasa, 2016); “Junta Militar, Acta Nº 25. Buenos Aires, 26 de mayo de 1977”, en Actas de la Dictadura: documentos de la Junta Militar encontrados en el edificio Cóndor, t. 1 (Buenos Aires: Ministerio de Defensa, 2014), 122.

6 “Junta Militar, Acta Nº 141. Buenos Aires, 8 de julio de 1980”, en Actas de la Dictadura: documentos de la Junta Militar encontrados en el edificio Cóndor, t. 4 (Buenos Aires: Ministerio de Defensa, 2014), 96.

7 Ley Nº 22.450”, Boletín Oficial de la República Argentina, 1 de abril, 1981.

8 Las fuentes consultadas incluyen documentos reservados y secretos del período estudiado, publicaciones y bases de datos oficiales, prensa de tirada nacional y local y bibliografía especializada, que forman parte del Archivo del Programa de Estudios sobre las Elites argentinas, CONICET-Instituto de Altos Estudios Sociales de la UNSAM, Buenos Aires-Argentina.

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civiles y militares, que se desempeñaron como ministros nacionales entre 1976 y 19839. Para lo cual se han formulado los siguientes interrogantes: ¿Cuáles fueron las credenciales educativas y profesionales más valoradas en su designación? ¿En qué medida el régimen militar conservó o modificó las tendencias históricas del reclutamiento de ministros en Argentina?10 ¿Cuáles fueron los ministros más estables? 11.

Por otro lado, el artículo se interroga sobre los espacios institucionales ocupados por esos individuos: los ministerios de Interior, Trabajo, Bienestar Social/Acción Social, Salud Pública/ Salud Pública y Medio Ambiente, Relaciones Exteriores/Relaciones Exteriores y Culto, Defensa, Planeamiento, Justicia, Educación/Cultura y Educación, Economía, Obras y Servicios Públicos/ Obras Públicas, Industria y Minería, Agricultura y Ganadería, y Comercio e Intereses Marítimos.

Se indaga sobre los siguientes aspectos: ¿Cómo se repartieron las Fuerzas Armadas y sus aliados civiles estas carteras?12 ¿Cuáles fueron las más militarizadas y a qué respondió este proceso de militarización?13 ¿Qué carteras tuvieron mayor permanencia dentro de las sucesivas estructuras del gabinete y cuáles tuvieron una existencia más efímera? ¿Es posible identificar algún tipo de jerarquía ministerial y a qué responde?14

1. Los “ministerios militares” Tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la dictadura argentina estableció un “esquema de poder” característico que determinaba, como una de sus reglas fundamentales, el reparto tripartito del poder entre las tres fuerzas: el Ejército (tierra), la Armada (mar) y la Fuerza Aérea (aire). El objetivo era lograr un completo involucramiento institucional y un control mutuo en 9 Los individuos que ocuparon más de una vez el cargo de ministro en cualquiera de las áreas en períodos diferentes fueron registrados cuantas veces hubieran ocupado el cargo (por ejemplo, ministros Amadeo Frúgoli, Horacio Tomás Liendo y Llamil Reston); los individuos que fueron ministros interinos mientras se desempeñaban simultáneamente como ministros en otra área fueron considerados sólo en el cargo principal (como lo fueron Norberto Couto, Albano Harguindeguy y Carlos Alberto Lacoste); y no fueron incluidos en el análisis los interventores y delegados designados por la Junta Militar en los ministerios en el momento del golpe y por un breve período.

10 En este artículo se hace referencia a las tendencias del reclutamiento de ministros en todas las áreas del gabinete nacional entre 1854 y 2011 identificadas por Guido Giorgi, “Ministros y ministerios de la Nación: un aporte prosopográfico para el estudio del gabinete nacional” (ponencia presentada en las X Jornadas de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 1-6 de julio, 2013).

11 Para establecer la estabilidad o inestabilidad de los ministros de la dictadura se consideraron las tendencias de largo plazo durante el período 1930-2006, que fueron identificadas por Mariana Gené, “Al interior de la política.

Trayectorias, legitimidades y modos de hacer política en el Ministerio del Interior (Argentina, 1983-2007)” (tesis de doctorado, Universidad de Buenos Aires/École des Hautes Études en Sciences Sociales, 2014).

12 Se incluyen en esta investigación todos los ministerios que integraron los sucesivos gabinetes de las presidencias de los generales Jorge Rafael Videla (1976-1981), Roberto Viola (1981), Leopoldo Galtieri (1981-1982) y Reynaldo Bignone (1982-1983).

13 La distinción realizada entre “ministerios militares” y “ministerios civiles” responde a la procedencia civil o militar del ministro y de los niveles superiores del personal de la Administración Central, hasta el nivel de Dirección General en cada cartera. Para este último se recuperaron los datos de Marta Castiglione, La militarización del Estado en la Argentina (1976-1981) (Buenos Aires: CEAL, 1992).

14 Las fuentes disponibles no permiten identificar el peso presupuestario de cada ministerio ni su evolución. La organización de las diferentes categorías “Finalidad” de los sucesivos Presupuestos Nacionales argentinos del período no distingue entre carteras.

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el ejercicio del gobierno. Aunque con resultados variables y en muchos casos en beneficio del Ejército, los máximos órganos gubernamentales y estatales fueron repartidos de acuerdo con un criterio de 33% para cada una de las tres Fuerzas Armadas. El gabinete de ministros fue escenario de una aguda balcanización15. La primera distribución de carteras destinó —de un total de ocho ministerios (estructura “tradicional” en Argentina)— dos para cada Fuerza Armada y dos para los civiles, procurando conservar el equilibrio entre las diferentes fuerzas integrantes de la alianza gubernamental. Por tanto, el Ejército obtuvo Interior y Trabajo; la Armada, Relaciones Exteriores y Bienestar Social; la Fuerza Aérea, Defensa y Justicia, y los civiles, Educación y Economía.

El Ejército, la fuerza con mayor peso cuantitativo16, territorial y político, ocupó el Ministerio del Interior, considerada la “cartera política” del gabinete nacional argentino, que, entre otras funciones fundamentales (como el mantenimiento de la seguridad interior y el control poblacional), articulaba las relaciones con la dirigencia política y los gobernadores provinciales17. Este ministerio presentó un perfil distintivo durante la dictadura, en relación con otras áreas del gabinete y con sus características históricas. Durante el período estudiado, el Interior fue la única cartera del gabinete nacional que sólo estuvo en manos de ministros militares, más específicamente de generales (los más altos oficiales del Ejército), que quebró la tendencia de reclutamiento de largo plazo, también característica de otros gobiernos de facto, por la cual el cargo les era cedido a los civiles, generalmente abogados o políticos profesionales.

Para ocupar el cargo de ministro fue seleccionada una homogénea élite de generales de carrera: Albano Harguindeguy (1976-1981)18, Horacio Liendo (1981), Alfredo Saint-Jean (1981-1982) y Llamil Reston (1982-1983), todos generales que compartían atributos distintivos. Primero, la pertenencia a las mismas promociones y armas del Colegio Militar de la Nación (instituto educativo donde se forman los oficiales del Ejército), en especial, a la promoción Nº 76 y al arma de Infantería; segundo, el ejercicio previo de muy altos cargos castrenses (en torno a los organismos militares de los Comandos de Cuerpo, el Comando en Jefe y el Estado Mayor del Ejército); tercero, una estrecha relación de confianza con el Presidente de la Nación, atributo que ha regido históricamente el reclutamiento del Ministro del Interior en Argentina19, asociado con la necesidad de los mandatarios de mantener “el control” sobre el área de referencia20. Finalmente, los ministros del Interior de la dictadura poseían experiencia en el ejercicio de dos cargos políticos centrales:

15 Paula Canelo, “Los efectos del poder tripartito: La balcanización del gabinete nacional durante la última dictadura militar argentina”. Prohistoria n.° 17 (2012): 129-150.

16 Durante el período 1977-1979 el Ejército argentino poseía, sobre un total promedio de 154.262 efectivos militares en actividad y retirados, el 62,59%, mientras que la Armada poseía el 25,28%, y la Fuerza Aérea el 12,13%; Centro de Estudios Nueva Mayoría, “Evolución de los efectivos de las Fuerzas Armadas (1858-1997)”, cuaderno nº 262 (Buenos Aires: CENM, 1997).

17 Paula Canelo, “Represión, consenso y diálogo político. El Ministerio del Interior durante la última dictadura militar argentina”. Política. Revista de Ciencia Política 52, n.º 2 (2014): 217-239, doi: dx,doi.org/10.5354/07195338.2014.36157; Mariana Gené, “Negociación política y confianza. El Ministerio del Interior y los hombres fuertes del Poder Ejecutivo”. PolHis 5, n.° 9 (2012): 301-308.

18 Los años o períodos colocados entre paréntesis indican el período en que el individuo ocupó el cargo de referencia.

19 Gené, “Negociación política”, 304.

20 Julia Pomares, et al., “Los caballeros de la mesa chica. La lógica de designación de los gabinetes desde 1983”, en Documento de Políticas Públicas, análisis n° 139 (Buenos Aires: CIPPEC, 2014), 1.

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el de jefe del Estado Mayor Conjunto —organismo creado para dirigir el planeamiento militar conjunto pero muy involucrado durante la dictadura en el análisis estratégico de la “lucha contra la subversión”— y el de Ministro de Trabajo21. A pesar de que el cargo de Ministro del Interior ha sido tradicionalmente uno de los más inestables del gabinete22, esta cerrada élite de generales gozó durante el Proceso de una importante estabilidad: mientras que sólo cuatro individuos ocuparon la posición durante toda la dictadura (uno por cada presidente), el primer ministro del Interior, Harguindeguy (1976-1981), fue uno de los dos ministros más perdurables de toda la dictadura, al ocupar su cargo durante cinco años consecutivos23.

Otra estratégica cartera ocupada por el Ejército en 1976 fue el Ministerio de Trabajo, área del gabinete destinada a la mediación de las relaciones entre el capital y las organizaciones laborales, protagonistas fundamentales de la elevada conflictividad política, que había caracterizado las décadas previas y que la dictadura había identificado como uno de los principales blancos de su feroz política represiva. De manera especial, desde esta cartera, y durante los primeros meses del gobierno militar, se instrumentó un férreo disciplinamiento del movimiento obrero a través de la sanción de diversas leyes que suspendían la actividad sindical, ilegalizaban las centrales gremiales, perseguían a sus dirigentes y anulaban numerosas conquistas laborales, entre otras medidas.

El Ministerio de Trabajo presentó un conjunto de particularidades que revelan su gran importancia para el gobierno de la dictadura. Primero, presentó el grado de militarización más alto de toda la Administración Central: hacia 1976 los niveles superiores de su personal presentaban un 83,3% de personal militar, 50% del cual se encontraba en actividad, lo que nos habla de la voluntad de las Fuerzas Armadas de mantener un férreo control sobre la cartera24. Segundo, y a pesar de tratarse de una de las posiciones más inestables de los gabinetes argentinos en el largo plazo, sólo cuatro individuos ocuparon el cargo de Ministro de Trabajo entre 1976 y 1983. Tres de ellos fueron militares, lo cual interrumpió la tendencia histórica de colocar esta cartera en manos de civiles, generalmente abogados. Por el Ejército fueron designados los generales Liendo (1976-1979) y Reston (1979-1981), ambos también ministros del Interior y jefes del Estado Mayor Conjunto del Proceso; y por la Fuerza Aérea, el brigadier Julio César Porcile (1981-1982). El control militar de la cartera fue prolongado, y los civiles llegaron a Trabajo recién durante la presidencia del general Bignone, cuando fue designado ministro Héctor Villaveirán (1982-1983), abogado titulado en la Universidad de Buenos Aires (UBA). El reclutamiento de funcionarios en el área mantuvo un rasgo reiterado en el largo plazo: la valoración de credenciales y experiencias adquiridas en el “mundo del trabajo”, que trascendió la pertenencia civil o militar del funcionario, homogeneizando al grupo de ministros. Mientras que el militar Porcile había sido interventor en la Confederación General del Trabajo, la principal central obrera del país, en 1976, el civil Villaveirán había sido director nacional del Servicio de Empleo (1952-1955) y subsecretario de Trabajo durante la dictadura de la Revolución Argentina (1966-1973).

21 Canelo, “Represión, consenso”, 226.

22 Entre 1930 y 2006 los ministros nacionales más cambiados fueron los de Hacienda/Economía (10 veces), Interior (8 veces), Trabajo y Justicia (6 veces cada uno), Agricultura/Agricultura y Ganadería (5 veces), Relaciones Exteriores y Obras Públicas (4 veces cada uno); Gené, “Al interior de la política”, s/p.

23 El otro ministro fue el de Economía, por entonces el civil José Alfredo Martínez de Hoz. 24 Castiglione, La militarización del Estado, 59.

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El Ministerio de Bienestar Social (luego bautizado “de Acción Social”), área del gabinete argentino tradicionalmente relacionada con la asistencia, la gobernabilidad y la “llegada directa” a los sectores populares25, fue otra de las carteras más militarizadas por la dictadura. La dependencia fue controlada por la Armada entre 1976 y 1982, período durante el cual tres de los cuatro ministros fueron marinos. Durante las décadas anteriores, diversas cristalizaciones institucionales de la asistencia habían catapultado a importantes figuras de la política argentina: entre otros, el coronel Juan Domingo Perón, y su esposa Eva Duarte (“Evita”). Las funciones asistenciales de este ministerio fueron muy apreciadas por la fuerza de mar como instrumentos de acumulación de poder político-electoral para su comandante en jefe, el almirante Emilio Eduardo Massera, que tenía ambiciones presidenciales26. Por otro lado, Bienestar Social, tradicionalmente una cartera de existencia residual e intermitente en la estructura del gabinete, cuyos ministros habían presentado un perfil general errático27, fue jerarquizada por el Proceso, y gozó de una importante estabilidad. El Ministerio permaneció dentro de la estructura del gabinete (con una leve modificación nominal) entre 1976 y 1983, y el perfil de sus ministros fue considerablemente homogéneo.

Si bien ninguno de los individuos que ocuparon el cargo tenía experiencia en el área asistencial, en su reclutamiento primaron la confianza y la cercanía personal con altos funcionarios del Proceso: los contralmirantes Julio Bardi (1976-1978) y Jorge Fraga (1978-1981) y el vicealmirante Carlos Alberto Lacoste (1981-1982) eran hombres cercanos a Massera, y Lacoste, además, era familiar de los sucesivos presidentes Videla y Galtieri, y había sido titular del Ente Autárquico Mundial ‘78 (1976-1978) y vicepresidente de la FIFA (1980). La pérdida de poder político de la Armada dentro del gobierno militar a partir de la separación de Massera de la Comandancia de la fuerza y de la Junta Militar provocó el progresivo distanciamiento de los marinos de la cartera.

En 1982 asumió como ministro el civil Adolfo Navajas Artaza (1982-1983), propietario de la gran empresa yerbatera Las Marías, miembro del núcleo de grandes empresarios conocido como Consejo Empresario Argentino (CEA)28, y político profesional del Partido Demócrata Progresista de la provincia de Corrientes.

Del seno del Ministerio de Bienestar Social surgió en 1981 el Ministerio de Salud Pública (luego “de Salud Pública y Medio Ambiente”), tras haber permanecido como una secretaría dependiente de aquella cartera. A su frente se desempeñaron el brigadier (RE)29 Amílcar Argüelles y el civil Horacio Rodríguez Castells. Continuando con la tradición del área30, ambos tenían formación específica en salud: Argüelles era Doctor en Medicina, y Rodríguez Castells era médico y Doctor 25 Luisina Perelmiter, “La constitución de una autoridad plebeya. El ministerio ‘de la pobreza’ en la Argentina reciente”. PolHis 5, n.° 9 (2012): 309-318.

26 Paula Canelo, El proceso en su laberinto. La interna militar de Videla a Bignone (Buenos Aires: Prometeo, 2008).

27 Giorgi, “Ministros y ministerios”, s/p; Perelmiter, “La constitución”, 310.

28 El CEA era un núcleo de alrededor de treinta titulares de grandes empresas con posiciones liberales y aperturistas que operaba por fuera de los circuitos corporativos tradicionales, con fuerte presencia pública. Aníbal Viguera, La trama política de la apertura económica en la Argentina (1987-1996) (Buenos Aires: FLACSO/Universidad Nacional de La Plata/Al Margen, 2000).

29 El RE, hace referencia a “retirado”.

30 Karina Inés Ramacciotti, “Administración sanitaria: reformas y resultados obtenidos, Argentina (1946-1955)”, en Un Estado con rostro humano. Funcionarios e instituciones estatales en Argentina (desde 1880 a la actualidad), editado por Ernesto Bohoslavsky y Germán Soprano (Buenos Aires: Prometeo/Universidad Nacional de General Sarmiento, 2010), 181-212.

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en Fisiología. Además ambos habían ocupado cargos en el área: el primero al frente de la Dirección General de Sanidad de Aeronáutica (en 1959 y en 1962), y el segundo como ministro de Salud (1963) y como secretario de Salud Pública (1970-1971). Lejos de la estabilidad que alcanzaron los ministerios de Interior, Trabajo y Bienestar Social, el Ministerio de Relaciones Exteriores (luego “de Relaciones Exteriores y Culto”) fue un área convulsionada durante la dictadura. A la preocupación tradicional de los gobiernos autoritarios por el reconocimiento de la comunidad internacional sobre su legitimidad se sumaron otros delicados temas de política exterior, como la defensa de la imagen externa de Argentina, opacada por la implementación del terrorismo de Estado, el problema de la “campaña antiargentina” que, afirmaban los voceros del régimen, orquestaban los enemigos “subversivos” exiliados y refugiados en varios países centrales, las conflictivas relaciones establecidas con la administración norteamericana de Jimmy Carter, el diferendo limítrofe con el Gobierno chileno por el canal del Beagle en 1978, y, de manera especial, la guerra de Malvinas contra Gran Bretaña, desatada en 1982.

El cargo de Ministro de Relaciones Exteriores presentó una marcada inestabilidad, y a su frente se sucedieron seis funcionarios. A pesar del tradicional predominio de ministros civiles en el área, la cartera sufrió una considerable militarización durante los primeros años de la dictadura, que alcanzó un 66,7% de los niveles superiores del personal en 1976, un 50% de ellos en actividad. Este ministerio fue bastión de la Armada hasta 1978, cuando —como parte del mismo proceso de deterioro del poder de los marinos que los había distanciado de Bienestar Social— pasó a manos de la Fuerza Aérea, y en 1981, a las de los civiles. El perfil y reclutamiento de los ministros militares fueron heterogéneos. El contralmirante César Augusto Guzzetti (1976-1977) había sido delegado de la Junta Militar en el Ministerio de Educación luego del golpe de Estado.

El vicealmirante (RE) Oscar Montes (1977-1978) era el único que poseía formación en el área, ya que era licenciado en Diplomacia y Administración; además desde 1976 era jefe del Grupo de Tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada, uno de los más importantes centros clandestinos de detención de la dictadura. Finalmente, entre las credenciales del brigadier mayor (RE) Carlos Washington Pastor (1978-1981) sólo se destacaba su condición de cuñado del presidente Videla.

Los ministros civiles sí respondieron al perfil tradicional de los cancilleres argentinos. Oscar Camilión, Nicanor Costa Méndez y Juan Ramón Aguirre Lanari, que se sucedieron entre 1981 y 1983, tenían títulos en Derecho y poseían experiencia previa como embajadores en Brasil, Chile y Venezuela, respectivamente.

El Ministerio de Defensa puede ser considerado la cartera más específica de las Fuerzas Armadas: su función principal es asistir al Presidente de la Nación en todo lo relacionado con la defensa nacional, y con la dirección, la administración y el control de los militares, actor central de la política argentina durante largas décadas. En otro trabajo se mostró que durante la última dictadura, Defensa fue una cartera con poca relevancia31. En la distribución de ministerios inicial le fue asignada a la Fuerza Aérea, la fuerza más joven, menos numerosa y con menor influencia política. Además los niveles superiores del personal del Ministerio presentaron el porcentaje más alto de militares retirados de toda la Administración Central (47%), lo que sugiere que no era una prioridad para las Fuerzas Armadas mantener un control estrecho sobre la dependencia.

Tanto la relativa estabilidad histórica del cargo de ministro como la tendencia a ser espacio de 31 Paula Canelo, “‘Un ministerio de tercera línea’. Transformaciones en el reclutamiento y las trayectorias de los Ministros de Defensa argentinos”. PolHis 5, n.° 9 (2012): 319-329.

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funcionarios civiles (al menos desde 1958) fueron revertidas durante la dictadura. Como ministros de Defensa se sucedieron seis funcionarios, lo cual la transformó en una de las posiciones más inestables del gabinete, y el cargo fue ocupado indistintamente por funcionarios de las tres fuerzas y también por civiles.

Al igual que en Relaciones Exteriores, el perfil de los ministros militares fue marcadamente heterogéneo. El brigadier José María Klix (1976-1978) se había desempeñado como presidente de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas (1971-1973) y como subcomandante de la Fuerza Aérea (1973); el contralmirante David de la Riva (1978-1981) era compañero de la promoción Nº 73 de la Escuela Naval Militar del almirante Massera; el contralmirante Norberto Couto (1981) había sido subsecretario de la Marina Mercante (1978); y el general Juan Carlos Camblor (1983) pertenecía a la misma promoción del Colegio Militar (Nº 76) que los presidentes Bignone y Viola. Los ministros civiles conservaron varios rasgos tradicionales del área: inserción en redes militares, político-partidarias y vinculadas con el mundo del derecho, y sin experiencia ni formación especializada, rasgos distintivos de los ministros de Defensa argentinos durante la historia reciente32.

Amadeo Frúgoli (1981), político profesional del Partido Demócrata de la provincia de Mendoza, había ocupado importantes cargos políticos, como ministro de Bienestar Social (1970), senador Nacional (1973-1976) y ministro de Justicia (1978-1981); y Julio Martínez Vivot (1982), que había sido profesor en el Colegio Militar, era especialista en Derecho Laboral.

El Ministerio de Planeamiento fue, de los “ministerios militares” del Proceso, el de existencia más efímera. Pensado como un “gran coordinador” de la estructura ministerial, fue creado en octubre de 1976 por Ley Nº 21.43133, y generó importantes conflictos en el seno del gobierno militar34. Esta cartera fue, al igual que la de Interior, territorio exclusivo del Ejército. Así, como ministros fueron designados generales con importantes carreras profesionales, y con posiciones clave dentro de la estructura represiva. El general Ramón Genaro Díaz Bessone (1976-1977) pertenecía a la fracción de generales “duros” al frente de las operaciones “antisubversivas” en los Cuerpos de Ejército35 y había ocupado cargos en el área específica de Planeamiento durante la Revolución Argentina. Su sucesor, el general Carlos Enrique Laidlaw (1978) había sido 2º Comandante del Cuerpo de Ejército I (1975), Director de Gendarmería Nacional (1975-1976) y titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (1977-1978). Esta cartera, sin embargo, no sobrevivió a la reforma del gabinete realizada por el gobierno de Videla en octubre de 1978, mediante la que fueron desplazados todos los ministros, menos los de Interior, Trabajo y Economía36. Tras esta reforma, Planeamiento fue degradado a Secretaría dependiente de la Presidencia de la Nación, y permaneció en manos militares hasta el final de la dictadura.

32 Canelo, “‘Un ministerio de tercera”, 328-329.

33 “Ley Nº 21.431”, Boletín Oficial de la República Argentina, 7 de octubre, 1976.

34 Paula Canelo, “Los desarrollistas de la ‘dictadura liberal’. La experiencia del Ministerio de Planeamiento durante el Proceso de Reorganización Nacional en la Argentina”. Anos 90 19, n.° 35 (2012): 165-186.

35 Canelo, “Los desarrollistas”, 165-186.

36 Canelo, El proceso en su laberinto, 107.

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2. Los “ministerios civiles” Si hubo un “superministerio” civil durante la dictadura fue el de Economía37, ocupado siempre por ministros civiles, y con un 81,9% de civiles entre los niveles superiores de su personal. A pesar de que la posición del ministro económico puede ser considerada la más inestable de los gabinetes argentinos en el largo plazo38, durante la dictadura mantuvo una sorprendente estabilidad, de manera especial durante las presidencias del general Videla (1976-1981). Esta estabilidad contrastó con la inestabilidad crónica tanto del cargo como con la de los ministros de Economía designados por el gobierno peronista, y con la de otras posiciones de ministro durante el Proceso.

Al igual que en el área de Interior, los perfiles de los ministros de Economía de la dictadura muestran una llamativa consistencia y una alta especialización, frente a la heterogeneidad de otros perfiles ministeriales. En cuanto al perfil educativo, predominaron los graduados en Derecho y en disciplinas económicas (Licenciado en Economía y Contador Público Nacional), y la generalizada posesión de posgrados, en el país y en el extranjero. José Alfredo Martínez de Hoz (1976-1981) era abogado de la UBA y Doctor en Derecho y Ciencias Sociales; Lorenzo Sigaut (1981) era Licenciado en Economía y Doctor en Economía de la UBA; Roberto Alemann (1981-1982) era abogado y Doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la UBA; José María Dagnino Pastore (1982) era contador público nacional y Doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Magíster en Economía por la Universidad de California y Doctor en Economía por la Universidad de Harvard; y Jorge Wehbe (1982-1983) era abogado y Doctor en Derecho de la UBA. En su mayoría, estos funcionarios habían ocupado previamente la posición de Ministro de Economía en el nivel provincial o nacional, habían desempeñado altos cargos en el sector público, en distintos organismos, bancos y empresas, y se hallaban muy vinculados internacionalmente. Entre otros cargos, Martínez de Hoz había ocupado los de ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas de la provincia de Salta (1956), vicepresidente y presidente de la Junta Nacional de Granos (1957) y ministro de Economía (1963). Sigaut había sido director nacional de Política Económica y Financiera del Ministerio de Economía y Trabajo (1968-1969) y director de Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina (1968-1971). Alemann se había desempeñado como ministro de Economía (1961-1962) y como embajador argentino en Estados Unidos (1962-1963). Dagnino Pastore había sido ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires (1966), ministro de Economía y Trabajo (19691970) y representante financiero en Europa (1976-1978). Finalmente, Wehbe había sido ministro de Economía y Hacienda de la provincia de Buenos Aires (1960-1961), secretario de Hacienda (1961-1962), ministro de Economía (1962) y ministro de Hacienda y Finanzas (1972-1973).

Otro rasgo común entre los ministros económicos del Proceso era su estrecha vinculación con grandes empresas privadas. En el caso de Martínez de Hoz, con La Buenos Aires Cía. Argentina de Seguros, la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad S.A. y Acindar Industria Argentina de Aceros S.A.; en el caso de Sigaut, con la automotriz FIAT. Alemann estaba vinculado con la multinacional suiza Motor Columbus, con la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad S.A. y con la sociedad bancaria y financiera UBS S.A. (Unión de Bancos Suizos), y Dagnino Pastore con la industrial Pirelli S.A.I.C. Todos estos funcionarios pertenecían a redes cercanas al “mundo de la

37 Canelo, El proceso en su laberinto, 72.

38 Gené, “Al interior de la política”, s/p.

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gran empresa”, integradas por diferentes fundaciones, institutos de estudios o investigaciones económicas, generalmente de orientación liberal39, organismos internacionales, entre otros. Martínez de Hoz, Sigaut, Alemann y Dagnino Pastore pertenecían a la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), mientras que otras instituciones de afiliación frecuente entre estos ministros económicos, a las que también pertenecían ministros de otras áreas, eran el CEA, el Grupo Azcuénaga40, el Instituto para el Desarrollo Empresarial, la Fundación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales.

El Ministerio de Justicia fue un engranaje fundamental de la represión, dado que se trató de la cartera específica desde la cual la dictadura desmanteló la autonomía del poder judicial argentino para allanar el ejercicio del terrorismo de Estado. Fue inicialmente ocupado por la Fuerza Aérea, pero tras los años más feroces de la represión, la cartera comenzó a desmilitarizarse para transformarse en una de las más civiles de la dictadura, presentando hacia 1980 un 88,9% de civiles entre los niveles superiores de su personal. A pesar de su histórica inestabilidad, el cargo de Ministro de Justicia fue ocupado sólo por cuatro funcionarios durante toda la dictadura. Y el perfil ministerial presentó una considerable homogeneidad, conservando tendencias históricas de reclutamiento en el área. Por un lado, la experiencia en el “mundo judicial” y en el ejercicio de cargos en el poder judicial, provincial o municipal fue una credencial fundamental en el reclutamiento, de manera independiente de la procedencia civil o militar del ministro. El brigadier auditor Julio Arnaldo Gómez (1976-1978) había sido asesor jurídico de la Fuerza Aérea durante el gobierno militar de la Revolución Libertadora (1955-1958) e interventor en el Ministerio de Justicia (1976). Todos sus sucesores civiles eran abogados de la UBA, lo cual confirma la fuerte asociación entre perfil educativo (formación en Derecho) y cargo en el gabinete, que había sido un rasgo característico del área. Alberto Rodríguez Varela (1978-1981) había sido secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires (1976-1978) —entre 1981 y 1982 se desempeñó como rector de la UBA—. Amadeo Frúgoli (1981), como se indicó, era un dirigente del Partido Demócrata de Mendoza, que había sido asesor jurídico de la Gobernación de la provincia de Mendoza (1965), y luego ocupó importantes cargos políticos, entre ellos, el de ministro de Defensa de la dictadura. Lucas Jaime Lennon (1981-1983) había sido miembro del Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia de Buenos Aires (1977), conjuez de la Corte Suprema de Justicia (1978), decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA y luego rector de esa universidad (1978-1981), al igual que Rodríguez Varela.

Además los ministros de Justicia civiles pertenecían a redes vinculadas con el “mundo educativo”, entre ellas las redes católicas: por ejemplo, Lennon y Rodríguez Varela habían ocupado altos cargos en gestión universitaria, y además eran miembros de la Corporación de Abogados Católicos San Alfonso María de Ligorio (a la que también pertenecía, por ejemplo, el ministro de Educación Llerena Amadeo). Esta filiación común los asociaba estrechamente con distintos espacios del área educativa, denotando un fuerte vínculo entre las áreas de Justicia y Educación,

39 Sergio Morresi, “El liberalismo conservador y la ideología del Proceso de Reorganización Nacional”.

Sociohistórica n.° 27 (2010): 103-135.

40 El Grupo Azcuénaga era un núcleo de intelectuales civiles de orientación liberal-conservadora, organizado en torno a la figura de Jaime Perriaux y considerado el principal sostén civil de la dictadura argentina: Martín Vicente, “Los intelectuales liberal-conservadores argentinos y la última dictadura. El caso del Grupo Azcuénaga”. Kairos 16, n.° 29 (2012): 1-17.

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relación de larga data que había alcanzado a cristalizarse en los gabinetes argentinos bajo las sucesivas fórmulas de “Ministerio de Justicia e Instrucción Pública” —durante los años treinta— o de “Educación y Justicia” —durante los años sesenta—.

El Ministerio de Educación (luego “de Cultura y Educación”) fue una de las dos carteras netamente civiles de la dictadura (además de Economía), tanto en lo relativo a la procedencia de los niveles superiores del personal como a la de los ministros. Pero a diferencia de su par de Economía, el cargo de Ministro de Educación fue durante el Proceso una de las posiciones más inestables del gabinete, aunque no se tratara de un rasgo característico en el largo plazo. La heterogeneidad en el reclutamiento fue el rasgo fundamental del área durante la dictadura. Por un lado, fueron seleccionados ministros especializados, con experiencia en altos cargos en gestión universitaria (como decanos o rectores), o en carteras educativas provinciales o nacionales (como subsecretarios o secretarios). Ricardo Pedro Bruera (1976-1977) había sido ministro de Educación de la provincia de Santa Fe (1970-1973) y secretario del Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Educación (1972-1973); Juan Rafael Llerena Amadeo (1978-1981) había sido subsecretario de Educación (1967-1969) y secretario académico de la Facultad de Derecho de la UBA (1976-1978); y Carlos Burundarena (1981) había sido interventor del Consejo Nacional de Educación Técnica (1976-1981) y rector de la Universidad Tecnológica Nacional (1980). Pero también ocuparon el cargo de Ministro de Educación individuos que no pertenecían al “mundo educativo”, sino al área técnica o económica: tales eran los casos de Juan José Catalán (19771978), ministro de Economía de la provincia de Tucumán (1967-1968); y de Cayetano Licciardo (1981-1983), ministro de Hacienda y Finanzas (1971-1972) y director del Banco Nacional de Desarrollo (1976) (su único cargo en el área educativa había sido el de Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, en 1978).

Las credenciales educativas de estos ministros también fueron heterogéneas, a pesar de tratarse de un área que habitualmente había reclutado funcionarios con títulos “tradicionales”, como abogado o médico. Mientras que Catalán y Llerena Amadeo eran abogados de la Universidad Nacional de Tucumán y de la UBA, respectivamente, Bruera era licenciado en Letras de la Universidad del Litoral, Burundarena era ingeniero en Telecomunicaciones de la UBA, y Licciardo era contador público de la UNLP. Estos altos funcionarios compartían un rasgo que también los vinculaba con sus pares de Justicia: la pertenencia a redes católicas, en grupos más conservadores o más nacionalistas41, una de las regularidades de largo plazo en el área. Tanto Llerena Amadeo como Licciardo eran militantes de Acción Católica, mientras que el primero era además secretario de la Corporación de Abogados Católicos San Alfonso María de Ligorio, a la que también pertenecían los ministros de Justicia Lennon y Rodríguez Varela. Burundarena era militante de agrupaciones nacionalistas y miembro de la Fundación Vasco Argentina Juan de Garay. Finalmente, Catalán también militaba en el catolicismo y era miembro de la Fundación para el Avance de la Educación, y pertenecía asimismo a la Sociedad de Estudios y Acción Ciudadana (SEA)42 y al Grupo Azcuénaga (junto a varios ministros del área económica). El año 1981 marcó el inicio del ascenso de los civiles 41 Laura Graciela Rodríguez, Católicos, nacionalistas y políticas educativas en la última dictadura (1976-1983) (Rosario: Prohistoria Ediciones, 2011).

42 La Sociedad de Estudios y Acción Ciudadana había sido creada por Perriaux, y era financiada por empresarios y banqueros. Con más de mil miembros en todo el país, tenía como objetivo asesorar al régimen mediante la redacción de “planes de acción política y cultural”. Sergio Morresi, “El liberalismo conservador”, 103-135.

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en el gabinete, al acompañar una decidida ampliación de la estructura ministerial. En abril, por Ley Nº 22.45043, el presidente Viola aumentó las carteras de ocho a trece, buscando un doble objetivo: desactivar el poder del Ministerio de Economía fragmentando el área económica y concretar o profundizar alianzas con distintos sectores civiles y militares44.

La restitución en la estructura del gabinete del Ministerio de Obras y Servicios Públicos (luego “de Obras Públicas”) mostró la intención del gobierno de Viola de consolidar los apoyos de la “fracción industrialista” del Ejército y sus aliados civiles45. De manera independiente de su procedencia civil o militar, los ministros designados presentaron un perfil homogéneo y especializado: formación en ingeniería, experiencia en altos cargos en grandes organismos públicos y en grandes empresas públicas y/o privadas, y pertenencia a las academias profesionales, conservando algunas tendencias históricas del reclutamiento en el área. El general Diego Uricarriet (1981) era ingeniero militar y había desempeñado altos cargos en el complejo industrial de la Dirección General de Fabricaciones Militares, en la empresa estatal Hierro Patagónico Sociedad Anónima, en la Petroquímica Bahía Blanca y en el complejo industrial Atanor S.A.; además era titular de la Academia de Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires. El civil Sergio Martini (1981-1982), ingeniero del Instituto Politécnico Rensselaer de Nueva York, había sido presidente de la Petroquímica Cabot Petroleum (1966-1980) y de la tabacalera Massalin & Celasco (1976-1980), y venía de desempeñarse como administrador general de la empresa estatal Gas del Estado (1980-1981); era miembro del Instituto para el Desarrollo Empresarial (IDEA), de FIEL y del CEA. El ingeniero civil de la UNLP Conrado Ernesto Bauer (1982-1983) había sido ministro de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires (1966-1968) y ministro de Bienestar Social (1968-1969); al igual que Uricarriet, era miembro de la Academia de Ingeniería de la provincia de Buenos Aires.

La reedición del Ministerio de Industria y Minería buscó un acercamiento con las corporaciones empresariales del sector industrial, especialmente con la Unión Industrial Argentina. El perfil de los ministros también era homogéneo y especializado: Eduardo Oxenford (1981) y Livio Kühl (1981), ambos ingenieros de la UBA, poseían experiencia en la dirección de grandes organismos públicos en el área, el primero como director de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (1978-1979), y el segundo como director del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (1976). Ambos estaban vinculados con el “mundo de la gran empresa”, al igual que sus pares del área económica: Oxenford, con la textil Alpargatas S.A.I.C. y con La Buenos Aires Cía. Argentina de Seguros, y Kühl, con Papel Prensa S.A. (1973); Oxenford era miembro del CEA y había sido interventor en la Unión Industrial Argentina, y Kühl era titular de IDEA (1977-1979).

Finalmente, el nuevo panorama ministerial de 1981 se completaba con un Ministerio de Agricultura y Ganadería, que profundizaba los vínculos con las corporaciones agrarias mediante la designación de Jorge Aguado, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y la Pampa (1974-1978) y titular de Confederaciones Rurales Argentinas (1979); y con un 43 La Ley Nº 22.450 agregaba a los ministerios existentes los de Obras y Servicios Públicos, Industria y Minería, Agricultura y Ganadería, Comercio e Intereses Marítimos y Salud Pública y Medio Ambiente. “Ley Nº 22.450”, Boletín Oficial de la República Argentina, 1 de abril, 1981.

44 Canelo, El proceso en su laberinto, 169; y Marcos Novaro y Vicente Palermo, La dictadura militar 1976/1983 (Buenos Aires: Paidós, 2003), 357.

45 Canelo, El proceso en su laberinto, 123.

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Ministerio de Comercio e Intereses Marítimos, donde fue designado el economista Carlos García Martínez, exjefe de asesores del Ministerio de Economía y exembajador ante el Comité Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, vinculado con FIEL y el Grupo Azcuénaga.

Durante las presidencias de los generales Galtieri y Bignone, la estructura ministerial fue mantenida en diez carteras (Acción Social, Salud Pública y Medio Ambiente, Cultura y Educación, Defensa, Economía, Justicia, Relaciones Exteriores, Trabajo, Interior y Obras Públicas)46, conservándose esta configuración hasta la entrega del poder a los civiles en 1983.

Conclusiones La última dictadura militar argentina seleccionó una élite para conducir sus ministerios, netamente integrada por hombres que en el momento de asumir el cargo tenían un promedio de 54 años de edad, que conservaba el perfil educativo “tradicional” de las élites políticas argentinas: dotada de una vasta experiencia en el ejercicio de altos cargos públicos y privados, y con una importante participación en redes sociales de diverso tipo. Pero además el conjunto de los ministros del Proceso presentó un alto grado de militarización en relación con regímenes militares anteriores47. Mientras que los civiles eran poco más de la mitad (55%) del total, los miembros del Ejército representaron un 21%, los marinos un 14% y los de la Fuerza Aérea un 10%. El 45% del total de ministros poseía formación militar como subteniente, alférez o guardiamarina, mientras que el 29% eran abogados, el 10% ingenieros y el 8% graduados en disciplinas económicas (contadores públicos o licenciados en Economía); títulos como el de médico o licenciado en Filosofía tenían una presencia residual en el conjunto (4%)48. Los ministros civiles se habían titulado mayormente (37%) en la UBA, que, junto con otras universidades argentinas consideradas “tradicionales”, como la Universidad de Córdoba, era la institución de educación superior donde más frecuentemente se formaban las élites argentinas.

Al igual que entre otros grupos de la élite política argentina49, entre los ministros civiles de la dictadura se confirma la preeminencia de la Abogacía como titulación “tradicional” de los grupos gobernantes. Sin embargo, sobresalen dos rasgos distintivos: la escasa presencia de los médicos, mucho más frecuente entre otras posiciones de élite50, y el peso ganado por los ingenieros y por los graduados en Ciencias Económicas, formaciones “técnicas” en ascenso entre las preferencias de los

46 La Ley Nº 22.520 proponía la reunificación de los ministerios de Industria y Minería, Agricultura y Ganadería y Comercio e Intereses Marítimos en una sola cartera, la de Economía. “Ley Nº 22.520”, Boletín Oficial de la República Argentina, 23 de diciembre, 1981.

47 Entre 1966 y 1970, durante la Revolución Argentina, sólo uno de los diecisiete ministros nacionales había sido militar de carrera, mientras que durante la Revolución Libertadora sólo seis de los treinta y seis ministros habían sido militares; Guido Giorgi y Fortunato Mallimaci, “Catolicismos, nacionalismos y comunitarismos en política social. Redes católicas en la creación del Ministerio de Bienestar Social de Argentina (1966-1970)”. Cultura y Religión VI, n.° 1 (2012): 141. El único gobierno militar argentino que superó al Proceso en el nivel de militarización del gabinete fue el del general Pedro Ramírez (1943-1944), que designó militares al frente de todas las carteras, con la excepción del Ministerio de Hacienda, del de Justicia e Instrucción Pública, y del de Educación.

48 No hay datos disponibles sobre la formación de grado de los ministros Adolfo Navajas Artaza y Jorge Aguado, aunque de acuerdo con sus perfiles es plausible que ninguno haya poseído título de grado.

49 José Luis De Imaz, Los que mandan (Buenos Aires: Eudeba, 1964), 23.

50 De Imaz, Los que mandan, 27.

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grupos gobernantes, y con fuertes afinidades con la profesión militar. En cuanto a la titulación de posgrado, el 26% de los ministros del Proceso poseía título de maestría o de doctorado, en el país o en el extranjero. Entre ellos, más de la mitad (54%) era Doctor en Derecho o Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, credenciales asociadas con el cursus honorum educativo de los abogados. Otras titulaciones frecuentes eran los posgrados en Ciencias Económicas (Doctorado en Ciencias Económicas o en Economía, Magíster en Economía o Master of Business Administration) o en Ciencias Médicas (Doctor en Medicina o en Fisiología). Todos los ministros que habían obtenido posgrados en Argentina los habían recibido en la UBA, mientras que los que los habían recibido en el exterior se habían graduado en universidades de Estados Unidos (California, Harvard o Columbia).

Los ministros de la dictadura tenían experiencia en el ejercicio de altos cargos, tanto en el sector privado, en grandes empresas, como en el sector público, en importantes organismos, bancos y empresas estatales, independientemente del área del gabinete y de su procedencia civil o militar.

Además muestran una importante participación en redes sociales de diverso tipo, entre las que persisten algunas que habían permeado ya a otros gabinetes, como agrupaciones civiles o cívico-militares de orientación católica, conservadora o liberal, corporaciones y asociaciones empresariales, academias profesionales, entre otras. Pero en el caso bajo estudio cobran vida, además, redes más novedosas, formadas por fundaciones e institutos de estudios e investigaciones económicas distintos, vinculados con el “mundo de la gran empresa” o con organismos internacionales. Finalmente, entre los ministros de la dictadura retrocede notablemente una filiación muy arraigada entre otros equipos ministeriales y entre otras posiciones de élite política: la pertenencia partidaria.

El Proceso parece haber sido un escalón más en el amplio y creciente proceso de especialización del alto personal estatal, que será profundizado a partir del retorno de la democracia en 1983, cuando comenzará a advertirse con mayor claridad la creciente presencia del funcionariado “experto” (con formación y/o experiencia pública y privada relacionadas con el área de desempeño) en las estructuras del Estado51. Esta tendencia a la especialización presenta algunos matices al vincularla con el grado de militarización de cada cartera. Durante la dictadura argentina los ministerios civiles parecen presentar mayor especialización que sus pares militares, en términos de posesión de credenciales educativas y profesionales acordes al cargo por parte de los ministros.

Así, aquellas carteras que tendieron a estar más ocupadas por civiles mostraron asociaciones más estrechas entre perfiles educativos y profesionales y el cargo ocupado en el gabinete. Históricamente, el área donde esta asociación se presentaba con mayor fuerza había sido el Ministerio de Justicia, pero durante la dictadura también estuvo muy presente en otros “ministerios civiles”, como Economía, Industria y Minería, y Obras Públicas.

En contraste con esta mayor especialización de los civiles, las Fuerzas Armadas tendieron a “desbordar” su área de pertinencia profesional. En efecto, además de ocupar decididamente las áreas del gabinete que podrían ser consideradas “tradicionalmente” militares, como Interior, Planeamiento, Defensa o Relaciones Exteriores, los militares se involucraron en el manejo de áreas de intervención para las que no estaban “naturalmente” acreditados. Este desborde no resultaba de todas formas novedoso, teniendo en cuenta el proceso de acumulación de funciones y roles extrainstitucionales desarrollado por las Fuerzas Armadas durante el largo ciclo argentino de alternancia cívico-militar. Pero es interesante destacar que durante la dictadura, los ejemplos más 51 Marcelo Camerlo, “Gabinetes de partido único y democracias presidenciales. Indagaciones a partir del caso argentino”. América Latina Hoy 64 (2013): 130.

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evidentes de este desborde hacia espacios de gestión ministerial que excedían el área de especialización profesional fueron, no casualmente, dos áreas políticamente estratégicas: las carteras de Trabajo y Bienestar Social.

La militarización del gabinete fue selectiva y estratégica, y respondió a una pluralidad de factores. En primer lugar, a la distribución del poder entre las tres Fuerzas Armadas y a los cambios que reconoció esta distribución entre 1976 y 1983. Ya es posible observar en el reparto de carteras realizado en 1976, tras el pretendido equilibrio del 33%, una distribución marcadamente desigual, acorde con el peso relativo de cada fuerza armada dentro del conjunto militar. El Ejército, la fuerza más poderosa, retuvo las estratégicas carteras de Interior y Trabajo, mientras que la Fuerza Aérea, socia menor de la experiencia autoritaria, conservó los menos importantes ministerios de Justicia y Defensa. Una mirada de largo plazo sobre los vaivenes de ese reparto entre 1976 y 1983 revela, asimismo, tendencias claras en la evolución del poder relativo de cada fuerza armada: un claro predominio del Ejército, una pérdida progresiva de poder por parte de la Armada y un paralelo avance de la Fuerza Aérea.

En segundo lugar, la militarización fue orientada por la importancia que cada ministerio presentó para la realización de los objetivos, o bien los de la dictadura en su conjunto, o bien los de cada fuerza por separado. Ministerios más militarizados en el largo plazo, como Bienestar Social, lo fueron porque resultaron fundamentales para los planes institucionales de la Armada y para las ambiciones personales de su Comandante; o Trabajo e Interior, ocupados largamente por el Ejército, que tradujo la primacía que disfrutaba en la interna interfuerza en un prolongado control de los ministerios políticamente más relevantes. Y también hubo carteras que inicialmente estuvieron bajo control de las Fuerzas Armadas, como Relaciones Exteriores o Justicia, y que luego de los primeros años fueron cedidas de manera progresiva a los civiles, de acuerdo con los vaivenes coyunturales de las agendas más amplias del gobierno militar.

Por último, el proceso de militarización parece haber respondido al manejo de los cambiantes “soportes de gobernabilidad”52 del régimen militar. Así, el decisivo proceso de desmilitarización del gabinete emprendido en 1981 durante el gobierno del general Viola, creciente hasta 1983, respondió al agotamiento del gobierno militar y a su necesidad de resolver el dilema entre “mantener el control o sumar apoyos”53 a favor de este último término, buscando acercamientos con actores “externos” al Proceso.

Parte de la literatura especializada reconoce, observando la experiencia de otros países, la existencia de un “núcleo duro” de carteras, integrado generalmente por los ministerios de Economía, Relaciones Exteriores, Interior y Defensa54. ¿Es posible identificar durante la dictadura argentina un “núcleo duro” equivalente o específico, que permita reconocer una “jerarquía ministerial” distintiva de esta paradigmática experiencia?

En este artículo se identificó una estrecha asociación entre la homogeneidad del perfil del ministro y la relevancia del área para el gobierno del Proceso. Este rasgo resulta especialmente evidente en los poderosos ministerios de Interior y Economía, y también en carteras más efímeras pero coyunturalmente decisivas, como Planeamiento, Obras Públicas e Industria y Minería. Por el 52 Camerlo, “Gabinetes de partido”, 123.

53 Julia Pomares, et al., “Los caballeros de la mesa”, 1.

54 Daniel Chasquetti, Daniel Buquet y Antonio Cardarello, “La designación de gabinetes en Uruguay: estrategia legislativa, jerarquía de los ministerios y afiliación partidaria de los ministros”. América Latina Hoy 64 (2013): 22.

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contrario, aquellas carteras menos relevantes, como Defensa, presentaron patrones heterogéneos y erráticos de reclutamiento ministerial. También se mostró la alta asociación existente entre la estabilidad alcanzada por el funcionario y la importancia estratégica del ministerio. Los ministros más importantes fueron dotados de una extendida permanencia en el cargo (tales los casos paradigmáticos, de nuevo, de Interior y Economía), generalmente contraria a las tendencias históricas propias de las áreas respectivas. Sugerentemente, aquellos ministros más inestables históricamente pero estratégicos para la dictadura (los de Economía, Interior, Trabajo y Justicia) alcanzaron una notable estabilidad, mientras que otros, históricamente más estables, como el ministro de Educación, estuvieron sometidos a reemplazos permanentes55.

La “jerarquía ministerial” específica de la dictadura argentina estuvo determinada por el vínculo entre las funciones específicas de cada cartera y los objetivos refundacionales del régimen militar. El “núcleo duro” estuvo integrado por los “superministerios” de Interior, Trabajo y Economía, que, como muestra la evidencia desplegada en este trabajo, presentaron durante el período un perfil distintivo respecto al resto de las carteras. Los tres mantuvieron un reclutamiento ministerial ordenado por estrictos y homogéneos criterios de selección, fueron los más estables de la dictadura a pesar de su inestabilidad histórica, y sus titulares sobrevivieron a las más conflictivas coyunturas, como la profunda reorganización del gabinete realizada en 1978.

Su importancia radicó sobre todo en que eran las carteras más vinculadas con los objetivos refundacionales del Proceso. Los ministerios de Interior y de Trabajo referían directamente al corazón del terrorismo de Estado, al mantenimiento del orden interno, al control territorial y a la zonificación represiva, y al manejo de las fuerzas de seguridad que apoyaban a las Fuerzas Armadas en la “lucha antisubversiva”, entre otros objetivos. Pero además, eran los principales canales de relación del gobierno militar con las organizaciones de representación de intereses de la sociedad civil, blanco fundamental de la refundación política: los partidos políticos y las organizaciones sindicales56. Por su parte, el Ministerio de Economía, cartera que progresivamente se transformó en la agenda excluyente del régimen militar, fue el instrumento fundamental de los objetivos de reforma económica, inseparables y complementarios de los de la política represiva y la refundación política57. Todos ellos objetivos estratégicos que buscaron plasmarse persistentemente entre 1976 y 1983 en el seno mismo del aparato estatal argentino.

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Viguera, Aníbal. La trama política de la apertura económica en la Argentina (1987-1996). Buenos Aires: FLACSO/Universidad Nacional de La Plata/Al Margen, 2000.

❧ Paula Canelo Investigadora Adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET, Argentina), profesora-investigadora de la Universidad Nacional de San Martín (Argentina) y de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Socióloga de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencia Política de la Universidad Nacional de San Martín y doctora en Ciencias Sociales por la FLACSO (Argentina). Coordinadora del “Programa de ‘Investigaciones sobre las dictaduras del Cono Sur’” y del “Programa de Estudios sobre las élites argentinas”, en el Instituto de Altos Estudios Sociales (Argentina). Ha publicado recientemente el libro La política secreta de la última dictadura argentina (1976-1983). A 40 años del golpe de Estado (Buenos Aires: Edhasa, 2016); y los artículos “La importancia del nivel municipal para la última dictadura militar argentina. Un estudio a través de sus documentos reservados y secretos”. Historia (Santiago) 48, n.° 2 (2015): 405-434, doi: dx.doi.org/10.4067/S071771942015000200001, y “Represión, consenso y diálogo político. El Ministerio del Interior durante la última dictadura militar argentina”. Política. Revista de Ciencia Política 52, n.° 2 (2014): 219-241, doi: dx.doi.org/10.5354/0719-5338.2014.36157. pvcanelo@yahoo.com

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Iglesia liberadora, rearticulación de la política y protesta social en Chile (1973-1989)❧ Viviana Bravo Vargas

Universidad Nacional Autónoma de México doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit62.2016.04

Artículo recibido: 06 de abril de 2015/ Aprobado: 11 de septiembre de 2015/ Modificado: 13 de octubre 2015

Resumen: El propósito de este artículo es reconstruir y analizar el singular papel que asumió la Iglesia católica, en cuanto espacio y actor político, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile. Por una parte, aborda el trabajo que los Cristianos comprometidos realizaron durante las jornadas nacionales de protesta iniciadas masivamente desde mayo de 1983; y, por la otra, destaca la riqueza de sus archivos para comprender la protesta social chilena que sorteó la censura de la época. Con este objetivo, el artículo se apoya en entrevistas realizadas a agentes de las comunidades eclesiásticas, militantes de izquierda, y también en documentos, fotografías e informes albergados en su acervo documental. Por último, concluye que las diversas iniciativas emprendidas para defender los derechos humanos y regenerar el tejido social ofrecieron un sólido marco institucional para romper la censura y articular las prácticas políticas populares durante el período de estudio.

Palabras clave: Chile, comunidad religiosa, dictadura, movimiento de protesta, censura (Thesaurus); Iglesia católica (palabras clave de autor).

A Liberating Church, Rearticulation of Politics and Social Protest in Chile (1973-1989) Abstract: The purpose of this article is to reconstruct and analyze the singular role the Catholic Church assumed both as a space and as a political actor during the military dictatorship of Augusto Pinochet in Chile.

On the one hand, it examines the work of the Committed Christians during the national protest days initiated on a massive scale in May of 1983; and, on the other, it highlights the wealth of its archives for understanding the Chilean social protest that circumvented the censorship of the time. With this objective, the article presents information obtained through interviews of agents of ecclesiastic communities and leftist militants, as well documents, photos and reports conserved in its document archives. Finally, it concludes that the diverse initiatives undertaken to defend human rights and to regenerate the social fabric offered a solid institutional framework to break through the censorship and to articulate grassroots political practices during the period studied.

Keywords: Chile, dictatorship, protest movement, censorship (Thesaurus); religious community, Catholic Church (author’s keywords).

Igreja libertadora, rearticulação da política e protesto social no Chile (1973-1989) Resumo: O propósito deste artigo é reconstruir e analisar o singular papel que a Igreja Católica assumiu, na qualidade de espaço e de ator político, durante a ditadura militar de Augusto Pinochet no Chile. Por uma parte, aborda o trabalho que os Cristão comprometidos realizaram durante as jornadas nacionais de protestos iniciados massivamente a partir de maio de 1983; e, por outra, destaca a riqueza de seus arquivos para compreender o protesto social chileno que contornou a censura da época. Com esse objetivo, o artigo

❧ Este artículo contó con el apoyo de Becas Posdoctorales de la Universidad Nacional Autónoma de México, Coor-

dinación de Humanidades-Centro de Investigaciones Interdisciplinares en Ciencias y Humanidades, 2013-2015.

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apoia-se em entrevistas realizadas a agentes das comunidades eclesiásticas, militantes de esquerda, e também em documentos, fotografias e relatórios guardados em seu acervo documental. Por último, conclui que as diversas iniciativas empreendidas para defender os direitos humanos e regenerar o tecido social ofereceram um sólido âmbito institucional para romper a censura e articular as práticas políticas populares durante o período de estudo.

Palavras-chave: Chile, comunidade religiosa, Igreja Católica, ditadura, censura (Thesaurus); movimento de protesto (palavras-chave autor).

Introducción El 4 de septiembre de 1970, el socialista Salvador Allende y la coalición de gobierno llamada Unidad Popular (UP) triunfaron apretadamente en las mesas electorales presidenciales en Chile1. Bajo los marcos de la institucionalidad vigente se propusieron concretar un ambicioso programa de gobierno, que contemplaba profundizar en la reforma agraria, nacionalizar la industria del cobre, la banca, e intervenir en áreas económicas estratégicas para redistribuir los beneficios en favor de las clases más desposeídas. Mil días más tarde —el 11 de septiembre de 1973—, el golpe de Estado encabezado por el general Augusto Pinochet puso fin a la llamada vía chilena o vía pacífica al socialismo.

A través de un fuerte dispositivo represivo fueron perseguidos y asesinados militantes de partidos políticos, y prohibidas organizaciones de trabajadores, estudiantiles y territoriales. El mundo de izquierda debió refugiarse en la clandestinidad e intentar sobrevivir física y orgánicamente2.

Si bien desde un comienzo se esperó de la jerarquía católica un enérgico repudio al golpe, su actitud fue bastante ambigua sobre los hechos que se estaban viviendo3. No obstante, con el transcurrir del tiempo, la Iglesia chilena se fue comprometiendo en forma creciente con la defensa de los derechos humanos, la rearticulación del tejido social y la reconstrucción de la cultura democrática proscrita. Ello ha servido de inspiración a una fuerte reflexión de corte politológico, sociológico e histórico que ha indagado sobre la relación entre Iglesia y política, abordando tres episodios fundamentales: la intensa discusión desarrollada desde la segunda mitad del siglo XX a través de la recepción y las discusiones del Concilio Vaticano II —las Conferencias Latinoamericanas de Medellín y Puebla— y los postulados de la Teología de la Liberación4; la experiencia de los cristianos durante la Unidad Popular5, y, por último, la labor desarrollada por los grupos católicos

1 La UP fue conformada por el Partido Socialista, Partido Comunista, Partido Radical, Movimiento de Acción Popular Unitario, Partido de Izquierda Radical, Acción Popular Independiente, la Izquierda Cristiana y Mapu Obrero Campesino. Allende obtuvo en las elecciones el 36,6% de los votos.

2 Sobre algunos de los principales eventos ocurridos durante el gobierno de Salvador Allende, en: Julio Pinto, coord., Cuando hicimos historia. La experiencia de la Unidad Popular (Santiago de Chile: LOM, 2005).

3 Gonzalo Arroyo, “Nota sobre la Iglesia y los Cristianos de Izquierda a la hora del putsch en Chile”. Latin American Perspectives 2, n.° 1 (1975): 88-99, y Roberto Bolton, Testigo soy: memorias del Rvdo. Roberto Bolton García. 1919-2009 (Santiago de Chile: IGD, 2010).

4 Jaime Escobar M., Teología de la liberación en Chile. Trayectorias y consideraciones generales (Santiago de Chile: s/e, 1984), s/a; Phillip Berryman, Teología de la liberación (México: Siglo XXI, 1998 [1989]).

5 Véase: Marlen Velásquez Almonacid, Episcopado chileno y Unidad Popular (Santiago de Chile: Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez, 2003), y Mario Amorós, “La Iglesia que nace del pueblo: relevancia histórica del movimiento Cristianos por el socialismo”, en Cuando hicimos historia. La experiencia de la Unidad Popular, editado por Julio Pinto (Santiago de Chile: LOM, 2005).

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durante el régimen militar6. En dichas indagaciones se ha destacado la paulatina fuerza alcanzada dentro del clero por la llamada Iglesia liberadora, argumentando el compromiso con “los pobres, los oprimidos y perseguidos”, a partir de la crítica al sistema de dominación capitalista y la voluntad de ser un espacio y un actor político clave especialmente durante la dictadura7.

En efecto, si tras el golpe la mayoría de la jerarquía titubeó, los denominados Cristianos comprometidos actuaron tempranamente. Se trataba de la base institucional del clero, compuesta por sacerdotes, religiosas y laicos que abrieron las puertas de las parroquias para recibir a los perseguidos, les brindaron su red de apoyo para refugiarlos y denunciaron lo que sucedía en el país8. A nivel institucional, una importante iniciativa fue la creación en 1976 de la Vicaría de la Solidaridad, impulsada por el cardenal Silva Henríquez para cubrir labores de defensa de las víctimas de la represión; además del apoyo a la subsistencia y el fortalecimiento de las organizaciones sociales9.

Cuando las reuniones estaban prohibidas, fue en las parroquias y los pasillos de la Vicaría donde comenzaron la paulatina recomposición de vínculos militantes y la activación de canales solidarios. Entre las organizaciones que se agruparon al alero de la Vicaría se encontraba la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de Ejecutados Políticos.

No obstante, existe un capítulo fundamental de la historia social de la Iglesia católica que no ha sido analizado con detenimiento y que será el objetivo central de este artículo: el papel que los Cristianos comprometidos desempeñaron durante las jornadas nacionales de protesta, un ciclo de rebelión popular iniciado masivamente desde mayo de 1983 y desarrollado hasta finalizar el régimen. En este grupo, un contingente de sacerdotes, monjas y laicos prestó apoyo en equipos de salud, denunció la represión en los barrios marginales y brindó ayuda a los afectados por las represalias, que seguían como correlato a la movilización, exponiendo muchas veces sus vidas. Pero además de esto, la temprana preocupación por registrar los atropellos, censuras y asesinatos hizo posible que en Chile exista un archivo de cientos de casos de violación a los derechos humanos por parte de agentes del Estado, que en el contexto de la transición democrática fue presentado como testimonio de lo acontecido en el territorio chileno10. El Archivo Documental de la Vicaría 6 Ver, por ejemplo, Hugo Cancino, “La Iglesia católica y su contribución a la reconstrucción de la democracia en Chile. 1973-1989”. Revista del CESLA n.° 2 (2001): 303; Veit Strassner, “La Iglesia chilena desde 1973 a 1993: de buenos samaritanos, antiguos contrahentes y nuevos aliados. Un análisis politológico”. Teología y Vida 47, n.° 1 (2006): 76-94; Mario Garcés y Nancy Nicholls, Para una historia de los DD. HH. en Chile. Historia institucional de la fundación de ayuda social de las iglesias cristianas FASIC 1975-1991 (Santiago de Chile: LOM/ FASIC, 2005); David Fernández, La “Iglesia” que resistió a Pinochet. Historia desde la fuente oral del Chile que no puede olvidarse (Madrid: Iepala, 1996); Carlos Camus, “La experiencia de la Iglesia chilena en la defensa de los Derechos Humanos”, en Represión política y defensa de los Derechos Humanos, editado por Hugo Frühling (Santiago de Chile: Ediciones Chile-América, 1986); Jesús Rodríguez Iglesias, Un misionero español en Chile.

Miradas desde el pueblo (Santiago de Chile: Tiberíades, 2008).

7 Fernando Castillo L., Iglesia liberadora y política (Santiago de Chile: ECO, 1986), 29.

8 Bolton, Testigo soy: memorias; Garcés y Nicholls, Para una historia de los DD. HH. 9 A este respecto: Vicaría de la Solidaridad. Historia de su trabajo social (Santiago de Chile: Ediciones Paulinas, 1991); Cristian Precht, En la huella del buen samaritano. Breve historia de la Vicaría de la Solidaridad (Santiago de Chile: Tiberíades, 1998); Juan Ignacio Gutiérrez Fuente, Chile. La Vicaría de la Solidaridad (Madrid: Alianza Editorial, 1986); y Apolonia Ramírez, Comprando juntos frente al hambre (Santiago de Chile: PET, 1986); Luis Razeto et al., Las organizaciones económicas populares. 1973-1990 (Santiago de Chile: Ediciones PET, 1983).

10 Se hace referencia al primer y segundo informes de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura (Comisión Valech) (Santiago de Chile: Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, 2004 y 2010), y de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, “Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación” (Informe Rettig) (Santiago de Chile: Andros Impresores, 1991).

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resguarda además fuentes menos consultadas, fundamentales para comprender la protesta social chilena. Se trata de testimonios, investigaciones y fotografías que permiten explorar los entramados territoriales y emocionales que tejieron la cultura política comunitaria, que sostuvo la rebeldía popular. El registro de asambleas, barricadas, marchas, enfrentamientos estudiantiles, huelgas, boletines, y de la organización callejera de las acciones directas, es parte del frondoso legado.

A partir de lo anterior, el presente artículo recorrerá dos vías que se entrelazan: por una parte, se dará cuenta del quehacer de la Iglesia liberadora como espacio y actor político clave durante las jornadas de protesta; por otra, se indagará sobre sus registros para adentrarse en esta etapa crucial de la historia social y política chilena que sorteó la censura y los silencios oficiales. Por tal motivo, se apoyará en una serie de entrevistas realizadas a profesionales de la Vicaría, agentes de las comunidades eclesiásticas territoriales, militantes de izquierda, testimonios y memorias de religiosos, y también en documentos albergados en su archivo.

1. Los están matando: ¡Hay que salvar gente!

Después del bombardeo a La Moneda, la Conferencia Episcopal guardó silencio. Fue hasta el 13 de septiembre de 1973 que la institución se pronunció: “Nos duele inmensamente y nos oprime la sangre que ha enrojecido nuestras calles, nuestras poblaciones y nuestras fábricas […] Pedimos respeto por los caídos en la lucha y, en primer lugar, por el que hasta el martes 11 de septiembre fue el Presidente de la República”11. Según confiesa el obispo Carlos Camus, lo que primó en un principio fue la incredulidad entre el clero chileno. La jerarquía estaba convencida de que los militares volverían a los cuarteles en pocos meses, y no era un secreto que algunos obispos apoyaban la intervención militar. Pero sin importar si los militares se irían en pocos meses o en años, para los curas que cruzaban diariamente campos o avenidas populares, el horror fue inmediato. Para Damián Acuña, a quien durante el gobierno de Allende le exasperaba la intranquilidad reinante, era claro que tras la llegada del general Pinochet el panorama había cambiado: “A los dos o tres días comencé a saber de tantas víctimas. Viajando a Santiago por la carretera vi tres cadáveres junto a las paredes del Cementerio Metropolitano […] Al día siguiente, había otros dos cadáveres que, incluso, quedaron insepultos hasta la tarde […] Al asentamiento 24 de Abril, donde vivían unas 20 familias, llegaron tipo 4 de la mañana a buscar a la gente en un camión de barandas altas. Los llamaban con nombres y apellidos y los hacían subir al camión […] Nunca más se supo de ellos”12.

De ese estupor comenzaron la indignación y politización del padre Acuña contra la dictadura, en especial en el momento de hacerse cargo de la Vicaría de la populosa Zona Norte de Santiago, cuando pobladores del territorio empezaron a ser asesinados, torturados y desaparecidos por militares. Entre la noche del 18 y 19 de septiembre también corrió la voz que el sacerdote catalán Juan Alsina había sido asesinado, y su cadáver rescatado de las aguas del río Mapocho. Esto mostraba de nuevo que la muerte alcanzaba a la Iglesia. Alsina había llegado como presbítero en los años 11 Raúl Silva Henríquez et al., “Declaración del Señor Cardenal Raúl Silva Henríquez y del Comité permanente del Episcopado chileno sobre el 11 de septiembre” (Santiago de Chile: Centro de Estudios “Miguel Enríquez” (CEME)/Archivo Chile, 1973).

12 Politzer, Miedo en Chile (Santiago de Chile: Cesoc/Ediciones Chile y América, 1985), 229.

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sesenta a Chile, y, negándose a vivir de las homilías en un templo, trabajaba como obrero en el Hospital San Juan de Dios. Hubo otros casos, como los descritos por Pablo Richard, de al menos 120 sacerdotes católicos, 30 pastores protestantes, 35 religiosos y 200 laicos, personas que, como Juan Alsina, pertenecían a Cristianos por el Socialismo y que fueron expulsados de Chile, gran parte de ellos después de ser detenidos y torturados, mientras que al menos 32 fueron asesinados13.

Ante estos hechos, desde diversos lugares, los Cristianos comprometidos reaccionaban. El reverendo Roberto Bolton se reunía con el obispo Fernando Ariztía y el padre Mariano Puga para analizar los hechos e intentar aportar en lo posible. El cardenal Raúl Silva Henríquez recolectaba percepciones y testimonios en las distintas zonas de la Arquidiócesis de Santiago. En tanto, monseñor Fernando Ariztía, obispo auxiliar de Santiago, fue uno de los primeros que denunció públicamente lo que estaba pasando, dedicándose a dejar registro escrito de los acontecimientos, con lo que se buscaba recolectar evidencias que pudieran usarse luego como defensa, en tanto gestaba la idea de crear un organismo de ayuda a los perseguidos, que le propondría ejecutar al cardenal Silva Henríquez.

En efecto, el 6 de octubre de 1973 nació formalmente el Comité de Cooperación para la Paz en Chile, con la misión de prestar asistencia legal y social a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos. De carácter ecuménico, fue presidido por el obispo Ariztía, de la Iglesia católica; el obispo Helmut Frenz, de la Iglesia evangélica luterana, y el sacerdote jesuita Fernando Salas, como Secretario Ejecutivo. Comenzó reclutando a un pequeño número de personas de confianza, entre ellas la asistente social Argentina Valenzuela. El 16 de octubre de 1973, Valenzuela encontró reunido a un equipo de profesionales y religiosos dispuestos a ayudar en lo que se necesitara, tal como relata: “Esa etapa del Comité fue súper linda, terrible pero linda, éramos un equipo que efectivamente era amplio, pluralista, muy unido”14. Al poco tiempo, el equipo necesitó más espacio, y se trasladaron a su sede oficial en calle Santa Mónica 2338, una breve dirección que circuló en papelitos doblados o murmullos clandestinos entre quienes buscaban ayuda.

Para prestar servicio médico a las víctimas de la represión, el 1 de mayo de 1974 este grupo inauguró el Centro Médico. La doctora Gilda Guerra, una de sus fundadoras, relata el desafío emocional que significó para sus profesionales: “Debíamos conjugar la atención física y sicológica de las personas. Era una realidad para la cual nunca nos habían preparado, era una medicina de guerra. No éramos médicos que supiéramos cómo atender a un torturado”15. El trabajo público del Comité Pro Paz se enlazaba con otro trabajo subterráneo. Alguna pista esboza el padre Cristian Precht, secretario ejecutivo desde septiembre de 1974 y Vicario de la Solidaridad entre 1976-1979, al reconstruir la historia de esta entidad: “Desde sus primeros días el Comité realizó un importante trabajo a través de su Departamento de Reubicación, nombre oficial que designaba a un valeroso y abnegado grupo de sacerdotes, religiosas y laicos que ayudaban directamente a quienes eran perseguidos y a los que padecían de mayor necesidad.

Este solo departamento daría para escribir un libro lleno de heroísmo”16.

Todo empezó abriendo las puertas de las parroquias y capillas para recibir secretamente a los perseguidos. Pero ¿qué pasaría con ellos? Aunque no se sabe quién empezó la tarea ni cuál fue la

13 Amorós, “La Iglesia que nace”, 124.

14 Argentina Valenzuela (asistente social), en discusión con el autor, 29 de junio de 2010.

15 Vicaría de la Solidaridad, 14.

16 Precht, En la huella del buen, 20.

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primera embajada que abrió sus puertas, sí se conoce que alrededor del 20 de septiembre de 1973 existían diversos grupos en plena faena de salvamento. En el caso del padre Bolton, la iniciativa operativa comenzó junto a dos amigos laicos, Rodolfo Valenzuela y Horacio Rivera. El cuartel central fue un salón del Colegio de los Padres Franceses en la Alameda, donde estaba la oficina de Rafael Maroto, vicario episcopal de la Zona Centro. A pesar de la inexperiencia en tácticas de seguridad y trabajo clandestino, el cuartel central operó bastante bien. Así pues, connotados fueron los casos de las embajadas de Suecia, Francia e Italia, cuyos amplios jardines y expansivas murallas facilitaban especialmente la tarea pastoral de salvataje, según rememora Bolton: “teníamos bien precisados los puntos de esta muralla que ofrecían más facilidades y menos peligro para ser escalados. Era relativamente sencillo, la muralla era de ladrillo y en varias partes faltaba uno”.

La operación se realizaba con cronómetro en mano para coincidir con el momento preciso en que el policía que vigilaba la zona se encontraba por el lado contrario de la cuadra: “La persona que trepaba era empujada en su primer impulso por los que quedábamos abajo y luego cuando llegaba a la parte alta de la muralla, debía descolgarse o saltar hasta el jardín”17.

Junto con la defensa y protección comenzó la labor de información y denuncia. El Comité sistematizó las innumerables pruebas que había reunido, y el 29 de marzo de 1974 presentó el primer recurso de amparo masivo por el arresto y desaparición de 131 personas, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 17 de marzo de 1974. No hubo respuesta de los tribunales, ni la habría en los años siguientes en que se presentaron cientos de ellos, pero los profesionales persistieron en su labor. Pronto comenzó el hostigamiento: por ejemplo, en octubre de 1975 fue prohibido el ingreso a Chile de Helmut Frenz. Un mes más tarde fueron encarcelados José Zalaquett, jefe del Departamento Jurídico, y varios sacerdotes, entre ellos Rafael Maroto, Patricio Cariola, Fernando Salas y Gerardo Whelan, sacerdote norteamericano de la Santa Cruz, por prestar ayuda a militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) que huían de un enfrentamiento con la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), uno de los cuales se encontraba junto a su esposa, asilado en la Nunciatura Apostólica. La suerte del Comité se selló el 11 de noviembre de 1975, cuando Pinochet le expresó por escrito al Cardenal: “Hemos considerado que el mencionado organismo es un medio del cual se valen los marxistas-leninistas para crear problemas que alteran la tranquilidad ciudadana y la necesaria quietud. Será pues, un positivo paso para evitar males mayores, el disolver el mencionado Comité”18.

2. La Vicaría de la Solidaridad: encuentro y rearticulación social de la política Pero lo que Augusto Pinochet no sospechó fue que Silva Henríquez crearía una instancia de mayor envergadura, con más recursos, trabajadores, y lo más importante: blindada del acoso directo de los militares. La Vicaría de la Solidaridad, a diferencia del Comité Pro Paz, dependió de manera directa del Arzobispado de Santiago, terreno legal y arbitrio de la Iglesia católica. Esta entidad comenzó a funcionar el 1 de enero de 1976, a un costado de la Catedral, en plena Plaza de Armas A través de su Departamento Jurídico cubrió labores de defensa, denuncia y protección de miles de detenidos y presos políticos; atendió a exiliados y relegados; formuló denuncias en favor de las víc-

17 Bolton, Testigo soy: memorias, 256.

18 Vicaría de la Solidaridad, 53.

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timas de tortura, secuestros y homicidios ejecutados por agentes del Estado. Con estos objetivos, en la antesala del Departamento, un grupo de trabajadoras sociales recibía a quienes llegaban a pedir ayuda y entregar su testimonio. En esas habitaciones se resguardaba además el contundente y delicado archivo de informaciones e investigación que respaldaba las denuncias que la Vicaría presentó rigurosamente al Presidente de la Corte Suprema a comienzos de cada año judicial.

Por otro lado, para velar por la organización y defensa de los trabajadores se conformaron el Departamento Laboral —que desde 1977 pasó a convertirse en la Vicaría de Pastoral Obrera—; el Departamento Campesino, que funcionó hasta 1982, y el Departamento de Publicaciones, desde donde se editó quincenalmente la revista Solidaridad. Entre 1976 y 1990, la revista logró romper la censura e informar sobre acontecimientos internacionales, nacionales y procesos que desarrollaban las organizaciones sociales de base. Además se imprimieron otras publicaciones, entre las que destacaba la serie ¿Dónde Están?, que recopilaba las fichas personales de detenidos desaparecidos.

Parte fundamental de su labor fue el trabajo territorial en los sectores periféricos. Para cubrirlo, la Vicaría aprovechó la inserción que los Cristianos comprometidos desarrollaron cotidianamente junto a los más pobres desde la década de 1960 en las seis zonas pastorales de la Arquidiócesis de Santiago (Centro, Norte, Oeste, Oriente, Sur, Rural-Costa). De acuerdo con las necesidades de cada territorio se gestionaron programas de apoyo a la subsistencia, tales como “Ollas Comunes” o los “Comprando juntos”, que abarataban el costo de los abarrotes; talleres artesanales, comedores infantiles y de ancianos. Sólo en Santiago hubo más de trecientos comedores que durante diez años aseguraron a los niños una comida diaria; también se conformaron talleres de capacitación; recreación educativa, y siete policlínicas que ofrecieron sus servicios a los más pobres. La asistente social Juanita Alvarado, coordinadora de la Zona Sur, explica la mirada profesional bajo la cual se insertó su trabajo: “Nosotras llegamos a trabajar a la Vicaría con una perspectiva de trabajo social muy política, en el sentido de lograr participación, de fortalecer la organización. En ese sentido, la Vicaría fue una instancia súper interesante de elaboración, de creación, para que todos estos programas, que podían aparentemente aparecer tan asistenciales, tuvieran también un perfil de transformación y de hacer conciencia en las personas”19.

Cuando las reuniones estaban prohibidas por la dictadura, los pasillos de la Vicaría y las parroquias entregaron el único espacio seguro para volver a tejer los vínculos orgánicos y comunitarios.

Alentadas por agentes de pastoral, se propiciaron la organización y transmisión de experiencias: “Se fueron creando instancias de ‘formación cívica’. Los sucesos que la prensa censurada no informaba; las leyes, casi siempre injustas, que dictaba la justicia militar; las disposiciones de aquellos gobernantes. Estos grupos minoritarios informándose ellos, trasmitían luego lo que sabían en las conversaciones habituales al resto de los vecinos. Se invitaba a expertos de la Vicaría Pastoral Obrera, y de Solidaridad. También a personas con experiencia sindical, abogados y otros especialistas”20.

Fueron cientos de militantes los que retomaron vínculos al alero de la Iglesia, y mucho más aún los niños que crecieron con ganas de sumarse a la resistencia y que fueron contactados en una parroquia por partidos políticos. Fue el caso del cantautor Francisco Villa, reconocido por su

19 Juanita Alvarado (asistente social), en discusión con el autor, 29 de junio de 2010.

20 Rodríguez Iglesias, Un misionero español, 29.

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participación en actos culturales de la época: “yo pasé de la Juventud Franciscana a las Juventudes Comunistas [risas], me reclutaron en una parroquia”21. También fue el caso de Raúl Canales, dirigente del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) en la población La Pintana: “Participábamos en actividades en la Iglesia, con los curas como más revolucionarios de la Iglesia; eran unos tipos muy progresistas, apoyaban las Ollas Comunes, apoyaban las huelgas de hambre; los curas fueron quienes nos abrieron los ojos, quien lo hizo a uno tomar conciencia y mirar el país de otra manera; dentro de la iglesia se hablaba que habían desaparecidos, se hablaba que habían muertos; ahí nace esa cosa de querer hacer cosas por el otro”22.

Si bien trabajarán muchas veces en conjunto, aún más al calor de las Jornadas Nacionales de Protesta, uno de los puntos de mayor conflictividad entre la Iglesia liberadora y los jóvenes militantes versó sobre la utilización de la violencia como forma válida de lucha. Es importante tener en cuenta que durante los años ochenta existía una importante población politizada, preferentemente de jóvenes que querían enfrentar la dictadura con otros medios y que encontraron eco en la política llamada “Rebelión Popular de Masas”, impulsada por el Partido Comunista23. Por su parte, los curas que promovían la “no violencia activa” no apoyaron la utilización de “todas las formas de lucha”, y puertas adentro amonestaron a sus vecinos revoltosos, y no obstante se encargaban de explicar a la opinión pública el contexto cotidiano desde donde surgía la furia.

Fue el caso del jesuita Ignacio Gutiérrez, Vicario de la Solidaridad entre diciembre de 1983 y noviembre de 1984, quien apuntó en sus memorias: “¡Qué distinto es ver las cosas desde dentro cuando uno ve el sufrir de la gente que no son números, sino rostros, vidas concretas que uno conoce!”. De nacionalidad española, Gutiérrez se sentía parte de esa realidad chilena que conocía desde adentro. Continúa: “La situación que en ese entonces imperaba en el país era atroz. El fracaso del modelo económico era total […] socialmente se percibía un desencanto en los medios populares. Había cansancio […] La inutilidad de la protesta pacífica y la rabia impotente se mezclaban entre sí. Muchos, sobre todo jóvenes, querían pasar a la violencia […] En muchas poblaciones estaba fresca la muerte de sus vecinos”24.

Los Cristianos comprometidos aprovecharon diversos espacios para hacer claridad con respecto a su opción política y pastoral. Así, por ejemplo, el referenciado padre Damián Acuña explicó: “Se nos acusa de estar promoviendo las protestas, ¡de ninguna manera! Lo que si hacemos es promover a la gente... esto se resume en una sola frase: reconoce tu dignidad, tu derecho humano; no te dejes aplastar, no agaches la cabeza”25. De muchas maneras, la protesta había sido originada en esos espacios, y era fundamental el trabajo cotidiano de este actor político, trabajo contenido en la insistencia de los párrocos y religiosas en enarbolar la dignidad, fomentar la organización y recuperar el sentido de lo político en su amplia dimensión comunitaria.

21 Francisco Villa (cantautor), en discusión con el autor, 21 de octubre de 2010.

22 Raúl Canales (dirigente social), en discusión con el autor, 7 de julio de 2010.

23 Viviana Bravo Vargas, ¡Con la razón y la fuerza, venceremos! La Rebelión Popular y la subjetividad comunista en los ‘80 (Santiago de Chile: Ariadna Ediciones, 2010).

24 Gutiérrez Fuente, Chile. La Vicaría de la Solidaridad, 30-31.

25 Politzer, Miedo en Chile, 239-240.

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3. Protestas nacionales: registro, denuncia y clínicas clandestinas Lo que resulta claro hasta aquí es que desde el 11 de mayo de 1983, la oposición se tomó las calles, las plazas públicas, las universidades, los muros y las páginas de la prensa. Ya no se trataba de las acciones fugaces que encabezaba un grupo de opositores, sino que, tal como señaló el Informe de la Vicaría: “Llega mayo y la primera protesta, y la participación popular llega a extremos antes no imaginados”26. En la Primera Jornada, respondiendo a una convocatoria de la Confederación de Trabajadores del Cobre —una organización con credibilidad y peso histórico en la tradición obrera—, se protestó masiva y coordinadamente en las calles de Santiago. Después de diez años de resistencia clandestina e intramuros, del lenguaje cifrado y el pequeño formato clandestino, la oposición al pinochetismo habló en forma bulliciosa y directa27.

El instructivo que emitieron los trabajadores —que serviría de matriz para los que vendrían— daba más opciones que el paro o la huelga para que cada quien, sin compromisos necesariamente orgánicos, se manifestara según sus posibilidades. Ese día, en algunos lugares de trabajo, hubo paros parciales, asambleas, los comedores se vieron desocupados y el trabajo fue más lento. Según los organizadores, el ausentismo escolar superó el 70% como promedio, bajaron las ventas del comercio y disminuyó la locomoción colectiva. También hubo asambleas, actos culturales y manifestaciones combativas en campus universitarios, donde comenzaron las primeras manifestaciones y los primeros arrestos masivos. Hubo incidentes en el Palacio de Tribunales, encabezados por abogados y estudiantes de leyes, mientras que en otro punto de la ciudad fueron detenidos 35 seminaristas de la Congregación del Santísimo Redentor, que marchaban silenciosamente bajo un cartel que sólo indicaba un signo de interrogación. A las 20 horas se escuchó un ensordecedor ruido de cacerolas que emanaba tanto de barrios residenciales de clase alta como de los barrios populares, en tanto en el centro de Santiago, según la prensa oficialista, “decenas de manifestantes en grupos organizados actuaron simultáneamente gritando consignas políticas y dando origen a enfrentamientos con la policía uniformada”28. Pero lo que acaparó el asombro de la opinión pública fue el cinturón de fuego que se dibujó en la periferia santiaguina: barricadas y fogatas comunitarias defendidas por los pobladores hasta altas horas de la madrugada.

A partir de entonces, el sonido de las cacerolas y de las piedras, las consignas, los rayados, los panfletos y el fuego de las barricadas transformaron el espacio urbano. Según datos recolectados por la Vicaría, sólo en la Primera Jornada, la actuación de las fuerzas del orden cobró la muerte de dos jóvenes, decenas de heridos y alrededor de 500 detenidos, de la mano con masivos allanamientos en más de seis mil hogares de la Zona Sur de Santiago. Bajo la mira de las metralletas, pobladores de distintas comunas periféricas fueron obligados a salir de sus casas con las manos en alto, para ser conducidos a parques cercanos a su población y permanecer hasta catorce horas de pie, en espera de que se verificaran sus antecedentes. El testimonio redactado por un sacerdote de la población João Goulart nos recrea el ambiente vivido en aquel momento: 26 Unidad de Procesamiento Informativo, Vicaría de la Solidaridad, “Represión en 1983: Realidad Ineludible”, Santiago de Chile, enero, 1984, en Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad (FDAVS), Santiago de Chile-Chile Sub Fondo Jurídico, caja “Protestas”, n.° 3.

27 Sobre este tema véase: Viviana Bravo Vargas, “La voz de los ‘80: protesta popular y neoliberalismo en América Latina. El caso de la resistencia subalterna en Chile (1983-1997)” (tesis de Doctorado, Universidad Nacional Autónoma de México, 2012); Gonzalo de la Maza y Mario Garcés, La explosión de las mayorías. Protesta Nacional 1983-1984 (Santiago de Chile: ECO, 1985).

28 “Dos muertos y 150 detenidos en disturbios”, El Mercurio, 12 de mayo, 1983, A10.

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“La escena del parque tenía algo de campo de concentración. En el horizonte, en la bruma, se divisaban las siluetas de los soldados del ejército que rodeaban el parque. Custodiando más de cerca esta multitud estaban los carabineros también fuertemente armados. Unos y otros con cascos y metralletas. Buses, camiones y autos circulaban en diversas direcciones. En el centro del enorme círculo de hombres apiñados, iluminados por los focos, personal de civil de ambos sexos trabajaba en el chequeo de la gente”29.

Luego de escuchar los testimonios de religiosos y de las víctimas que llegaron a ampararse en las oficinas de la Vicaría de la Solidaridad, monseñor Manuel Camilo Vial, obispo auxiliar de Santiago y Vicario Episcopal de la Zona Sur, alzó la voz en el mes de mayo para interrogar a las autoridades: “¿Es necesario seguir humillando a pobladores que ya han sufrido atropellos, postergaciones, pobreza y malos tratos, por el solo hecho de ser marginados de una sociedad tan injusta como en la que vivimos? […] Detrás de estos hechos, vislumbro una represalia y un amedrentamiento. Denuncio una incitación y una provocación que llevará, sin duda, a una espiral de violencia que nadie desea”30. El Obispo intuyó acertadamente lo que vendría: la represión fue una estrategia que poco sirvió para calmar los ánimos.

La Segunda Protesta fue aún más aguerrida: la falta de libertades, aunada a la pobreza que se agudizó con la instauración de las políticas neoliberales y la crisis financiera internacional de los años ochenta, eran una importante fuerza propulsora de estos movimientos. Los sectores populares vivían una situación desesperada; la baja en los salarios vino acompañada del aumento del precio de los alimentos. Entre marzo de 1982 y marzo de 1983, el pan —alimento esencial para la familia chilena— subió en un 47,2%, y el pasaje de microbús, en un 59,7%31. Pero en realidad lo más difícil de la crisis fue la cesantía, que se acrecentó con las quiebras de empresas. El desempleo efectivo estuvo sobre el 24% durante cuatro años consecutivos (1982-1985) y alcanzó un nivel máximo de 31,3% en 1983. El salario real promedio se redujo casi un 20% y estuvo deprimido por un largo período, y el ingreso mínimo líquido se redujo en un 40%32. Ante esta situación, las organizaciones de trabajadores denunciaban un aumento de la explotación: “Los trabajadores viven una realidad no sólo de angustia sino de mayor intensidad del trabajo, aceptada con resignación ante el temor de perder el empleo”33.

En este contexto, la Vicaría confirmó su capacidad orgánica para proteger a los reprimidos, reunir información, romper la censura y hacerse escuchar como actor político ante una dictadura que rechazaba cualquier tipo de interlocución con los sectores opositores. Para conocer de primera fuente lo que sucedía en los territorios, esta institución organizó una amplia red de seguimiento, sustentada en un cuantioso contingente de informantes pertenecientes a comi-

29 Arzobispado de Santiago, Vicaría de la Solidaridad, Informe Mensual, mayo 1983 (Santiago de Chile: Vicaría de la Solidaridad, 1983), 21.

30 Arzobispado de Santiago, Informe Mensual, mayo 1983, 24.

31 Confederación de Empleados Particulares de Chile, “Anexo a la memoria. 1981-1983, 2 años más de frustración sindical. 2° Congreso Nacional Ordinario de CEPCH”, Camping de Reñaca, 8 al 11 de diciembre de 1983, en Archivo personal del dirigente sindical don Luis Fuentealba (APLF), Santiago de Chile-Chile, 11.

32 Patricio Meller, Un siglo de economía política chilena 1890-1990 (Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello, 1996).

33 Coordinadora Nacional Sindical, “Informe de Discusión Interna Coordinadora Nacional Sindical (CNS)”, Santiago de Chile, 1985, en APLF.

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tés de derechos humanos, integrantes de comunidades de base, sacerdotes, religiosas y laicos, y que dependía de las características de cada zona. Tanto en los días previos y posteriores, así como durante las jornadas de protesta, la red se encargaba de registrar cada una de las situaciones ocurridas. La tarea era facilitada por una ficha previamente diagramada que indagaba sobre las actividades de protesta, tales como la ubicación de barricadas, cortes de luz y de rutas, marchas y actos políticos; hasta cuestiones subjetivas como el estado de ánimo, los niveles de participación, además de los mecanismos y efectos de la represión, como lanzamiento de lacrimógenas, allanamientos y otros tratos crueles, e incluían las listas de muertos, heridos y detenidos, además de datos personales de las víctimas. Ello constituyó un significativo sistema de contrainteligencia.

Sobre cómo se fueron adaptando las respuestas de los Cristianos comprometidos de la Zona Sur a las necesidades logísticas del momento político, explica Juanita Alvarado: “En la primera protesta no había nadie, y el cuidador no hallaba que hacer con su señora; tenían gente golpeada, herida, entonces para la otra protesta ya nos organizamos, siempre nos quedábamos con las monjas; recuerdo especialmente a las Hermanitas de Jesús, las Marianistas y del Amor Misericordioso. Nos quedábamos ahí toda la noche, escuchando las informaciones, recibiendo a la gente, pero también haciendo reflexiones políticas y de fe”34. El caso de la Zona Centro tenía una dinámica similar, aunque su particularidad radicaba en que las acciones de su cuadrante eran protagonizadas por sectores sindicales, universitarios y estudiantes de la secundaria. En aquellos años, Argentina Valenzuela era la asistente social responsable de la zona: “Nosotros teníamos colaboradores como corresponsales, que manejaban nuestros teléfonos, y nosotros los de ellos; igualmente hacíamos turnos en la Vicaría para que siempre hubiese alguien, y teníamos que tener clara la información que debía darse a la gente sobre qué pasos tenían que dar ellos frente a cualquier situación represiva”35.

Al día siguiente de la protesta, el coordinador de Zona canalizaba todo el material recopilado y lo hacía llegar a la Vicaría central, donde se sistematizaba y registraba la información, se hacía seguimiento de los casos y organizaba la ayuda a los afectados. Ante los nuevos desafíos, los funcionarios debieron redoblar esfuerzos. Por lo que se duplicaron turnos, hubo que acondicionar clínicas populares y capacitar a pobladores en primeros auxilios; se necesitaron más máquinas de escribir y fotocopiadoras para difundir cartillas educativas, manuales e instructivos sobre los derechos de las personas. En ese año, la cantidad de detenciones aumentó entre cuatro a siete veces respecto a las registradas en 1982, en tanto que las atenciones del servicio médico aumentaron cinco veces más. Pero los cambios no sólo fueron cuantitativos, también las modalidades de censura se transformaron. En contraste con la represión estrictamente individual —que siguió subsistiendo—, se abrieron la represión masiva, los allanamientos y la salida de las FF. AA. a la calle, que afectaron en mayor medida a jóvenes entre 18 y 22 años. También se volvió más popular: se proletariza, dice el Informe En 1983, el porcentaje más alto de reprimidos lo tenían los obreros con o sin trabajo, seguidos por estudiantes de enseñanza media y universitaria: “En ambos sectores por lo demás, la represión, por violenta que sea, no produce necesariamente el efecto de amedrentamiento generalizado que antes podía esperarse. Por el contrario, en no pocas ocasiones

34 Alvarado, entrevista.

35 Valenzuela, entrevista.

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desata el efecto inverso [...] El miedo o el temor, que en los años previos acompañaba inseparablemente a casi todos los fenómenos represivos, ha ido cediendo paso a una actitud distinta”36.

A nivel territorial, para responder a las necesidades provocadas por la represión se conformaron equipos de salud o de primeros auxilios que se organizaban generalmente en las capillas o casas parroquiales de cada sector. En ellas destacaban las religiosas, que cumplían largos turnos, como en el caso de Elena Chaín, Odile o Blanca Rengifo, entre muchas otras, y un equipo de médicos que, a bordo del pequeño coche (“la citroneta”) con que contaba la Vicaría, se trasladaban a distintas zonas de Santiago. Su presencia fue cada vez más necesaria para atender heridos por balines, golpeados, asfixiados por las bombas lacrimógenas, entre otros casos de complejidad.

Entre la Segunda y Tercera Jornada comenzaron a llegar recursos médicos para hacer curaciones y se impulsaron programas para capacitar a las voluntarias. En una de esas clínicas clandestinas colaboraba la señora Alicia Cáceres, participante activa de su parroquia en la población La Victoria, en donde los espacios se apropiaban y resignificaban de manera continua: “La capilla se transformaba en una clínica que preparábamos antes, se tapaba todo con nailon negro para que no saliera olor para afuera, como camillas teníamos unas bancas largas, poníamos dos y le poníamos un nailon, una frazada. Teníamos harta capacitación, una enfermera universitaria nos enseñó mucho de todo lo que es el cuerpo humano”37.

Las cuestiones operativas que asumía la comunidad pastoral, incluso contemplaban el resguardo de los reporteros de oposición que cubrían las jornadas; mientras la prensa oficialista reporteaba cerca del área protegida por carabineros, y había fotoperiodistas de confianza a los que se les invitaba a captar el movimiento de la población. En esas jornadas, el fotógrafo de la Vicaría, Nelson Muñoz, recuerda que se registraba ante el encargado de seguridad, que regularmente era una religiosa: “Les dejábamos un listado con todos los que habíamos entrado, entonces cuando terminaba la manifestación pasábamos a reportarnos, que estaba todo ok y que ya nos íbamos, incluso a veces le llamábamos por teléfono de nuestras casas, diciéndole: ‘Hermana, sabe que estamos todos bien’, y ella chequeaba, de repente le faltaban dos; te llamaba y te decía: ‘Falta este de la agencia France Press o de la agencia Reuters’, y empezábamos a tratar de rastrear qué había pasado con él. Si nos pasaba algo, si tenías una herida, ellas nos curaban”38.

Las imágenes que captaba Nelson Muñoz eran publicadas en la revista Solidaridad. En sus páginas, trabajadores, jóvenes pobladores y dueñas de casa explicaron sus motivaciones a la hora de protestar y denunciaron el cuadro represivo al que se enfrentaban.

4. Las represalias: hostigamiento y muerte Mes a mes, la Vicaría preparó un voluminoso informe sobre las situaciones registradas en Santiago y regiones del país. Gracias a ello, la institución pudo presentar con solidez innumerables recursos ante los tribunales y redactar diversos documentos de denuncia contra la dictadura de Pinochet. Por ejemplo, en el marco de la actividad Chile defiende la vida, coordinada por el

36 Unidad de Procesamiento Informativo, Vicaría de la Solidaridad, “Represión en 1983: Realidad Ineludible”.

37 Alicia Cáceres (dirigente comunitaria), en discusión con el autor, 6 de julio de 2010.

38 Nelson Muñoz (fotógrafo), en discusión con el autor, 12 de octubre de 2010.

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cardenal Silva Henríquez durante el mes de agosto de 1984, el Vicario de la Solidaridad, Ignacio Gutiérrez, redactó un escrito titulado “Por una cultura de la vida, basta de muerte”, que detallaba las muertes ocurridas desde la Primera Jornada hasta el 11 de mayo de 1984. Habían transcurrido nueve protestas masivas más cientos de manifestaciones opositoras, y durante ese tiempo —explicaba el Vicario— murieron 100 personas, 75 de ellas durante las protestas, y principalmente por acción de carabineros. La mayoría eran obreros —seguidos por estudiantes— y tenían menos de 25 años de edad39.

Vinculados e identificados con las luchas populares, los Cristianos comprometidos dieron otro paso en el proceso de intervención política y comenzaron a irrumpir en el espacio público con manifestaciones de no violencia activa. Además de participar en marchas y actos opositores, desde septiembre de 1983, un grupo de sacerdotes, religiosas y laicos conformaron el Movimiento Contra la Tortura, que más tarde fue llamado Sebastián Acevedo, en recuerdo del obrero que murió inmolado frente a la Catedral de Concepción cuando exigía la liberación de sus dos hijos40.

El grupo solía ubicarse fuera de recintos de detención y tortura con pancartas, volantes y cantos que denunciaban las prácticas contra los derechos humanos (imagen 1).

Imagen 1. Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo. Santiago, 24 de noviembre de 1983

Fuente: “Acto contra la tortura”, en FDAVS, Sub Fondo Iconográfico, Catálogo protestas y manifestaciones, caja S-93.

39 Juan Ignacio Gutiérrez Fuente, Por una cultura de vida, basta de muerte. Informe del Vicario de la Solidaridad a los agentes pastorales de la iglesia de Santiago (Santiago de Chile: Vicaría de la Solidaridad, 1984).

40 Ver: Hernán Vidal, El Movimiento Contra La Tortura Sebastián Acevedo. Derechos Humanos y la producción de símbolos nacionales bajo el fascismo chileno (Santiago de Chile: Mosquito Editores, 1997).

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Las actividades programadas no eran aceptadas por el régimen, por lo que los hostigamientos a la Iglesia fueron reiterativos: expulsión de sacerdotes y religiosos extranjeros, incendio de capillas, escritos amenazantes en muros y campañas de desprestigio41. De ahí que en una homilía realizada en la Catedral el 20 de marzo de 1983, el cardenal Silva Henríquez denunció: “Estamos buscando y defendiendo los derechos del pobre. Y por eso estamos siendo perseguidos. No por otra cosa”42.

También lo hacía Juan de Castro, entonces Vicario de la Solidaridad: “Nos ha sucedido en carne propia lo que hemos venido reclamando por la gente que no puede defenderse. Igual como le ha sucedido a miles de chilenos”43. Por su parte, el Gobierno justificaba las expulsiones de los rebeldes, dentro del llamado “receso político”: “En más de una ocasión alguno de ellos hubo de ser detenido en manifestaciones políticas en la vía pública, o fue sorprendido repartiendo volantes de contenido político o facilitó recintos eclesiásticos para reuniones de connotación política no autorizada o instigando a una multiplicidad de actos igualmente violatorios del receso citado, llegando incluso a instar en ceremonias religiosas, a resistir el cumplimiento de las órdenes de la autoridad”44.

El clima de tensión entre la Iglesia y el Gobierno se agravó con las fallidas negociaciones en el llamado “caso Nunciatura”, suscitado el 16 de enero de 1984, cuando cuatro militantes del MIR se refugiaron en la sede diplomática del Vaticano. El Gobierno hasta entonces se negaba a otorgar los salvoconductos que solicitaba el papa Juan Pablo II para sacarlos del país. También se añadían a los temas de debate las declaraciones del padre Rafael Maroto, que públicamente asumía la vocería de dicho movimiento. Y la acusación contra un grupo de sacerdotes de la Región Austral durante el llamado “Puntarenazo” (protesta en la ciudad de Punta Arenas), iniciado cuando un piquete de manifestantes interrumpió con pifias un acto encabezado por el general Pinochet, buscando refugio en una parroquia cercana.

Entre tanto, en los barrios marginales acosados en los días previos a las jornadas, los sacerdotes intentaban defender a los pobladores y apaciguar los ánimos. Reconocidos por estas labores fueron el padre Guido Peters, en La Legua; Gerald Wheelan, en Lo Hermida; Hernán Correa, en La Granja; Roberto Bolton, en la Villa Francia, y Pierre Dubois, en la población La Victoria, entre muchos otros. Esta última población vivió una situación sumamente difícil, cuando durante la protesta del 4 de septiembre de 1984 fue asesinado el sacerdote de origen francés André Jarlan. La bala que asesinó a Jarlan había sido disparada por carabineros contra un grupo de manifestantes y periodistas que arrancaban desde una barricada en dirección a la casa parroquial. Lo aleatorio de los disparos fue lo que más impactó a su compañero Dubois: “La bala no apuntaba ni a André, ni a mí, ni a la casa. Pero era una bala que apuntaba a la población […] Encuentro mucho más grave que hayan disparado al azar […] Disparar balas en una población como la nuestra es un crimen […] El peor crimen es despreciar la vida de los pobres”45. Cuando se supo la noticia, la comunidad “enar41 Jaime Escobar M., Persecución a la Iglesia en Chile: martirologio, 1973-1986 (Santiago de Chile: Terranova Editores, 1986).

42 Arzobispado de Santiago, Vicaría de la Solidaridad, Informe Mensual, marzo 1983 (Santiago de Chile: Vicaría de la Solidaridad, 1983), 21.

43 Arzobispado de Santiago, Informe Mensual, marzo 1983, 26.

44 Arzobispado de Santiago, Informe Mensual, marzo 1983, 14.

45 “Pierre Dubois. Cura de mi población”, Compartir, Boletín Vicaría Zona Oriente, noviembre, 1984, 9.

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deció”; esa fue la palabra que utilizaron los testigos de lo ocurrido. Así lo vivió Gilberto Palacios, periodista de Fortín Mapocho: “Había gente que quería asaltar el retén. Todos lloraban y en las calles gritaban ‘Los pacos en su locura, mataron a nuestro cura’. Se juntaron alrededor de 500 personas en la iglesia y ahí llegaron nuevamente los carabineros. Los encandilaban con las luces de los furgones. La gente estaba histérica y yo trataba de calmarlos, cuando me cayó una bomba lacrimógena por el costado. Casi me asfixié. Vino la arremetida y la gente se escondió en la iglesia. Se tiraron al suelo y rezaban”46.

Las campanas de la iglesia resonaron durante varios minutos. Entonces se observó una procesión de hombres, mujeres y jóvenes que venían desde poblaciones cercanas con velas encendidas.

Algunos pusieron banderas a media asta, y otro tanto colocó crespones negros en sus casas. Los vecinos amanecieron junto a las barricadas y se turnaron para vigilar el acceso a la población. El segundo día de protesta estuvo sostenido en el impacto que provocó la muerte de André Jarlan.

Fue un día complicado. El gremio de autobuseros denunciaba que cinco unidades habían sido quemadas; otras cincuenta resultaron con vidrios rotos, mientras que unas doscientas sufrieron los estragos de la cuantiosa siembra de miguelitos47 lanzados con profusión en las principales arterias.

La ausencia de escolares, especialmente durante la tarde, superó el 70%, y en algunos establecimientos fue absoluta. Un grupo de personas amaneció protestando, mientras que el número de detenidos en Santiago se elevó al parecer a 34048.

El día 5 de septiembre despuntó entre una gran cantidad de hogueras aún humeantes; quienes querían llegar a sus trabajos debieron caminar, montarse en sus bicicletas o esperar pacientemente la escasa locomoción colectiva, que sólo se reanudó tímidamente hacia el mediodía, mientras decenas de trabajadores municipales eran enviados a levantar los escombros. Fueron muy pocos los niños que se prepararon para ir a la escuela, y los comerciantes cerraron las puertas de sus locales después de las 15 horas. Desde la tarde, las informaciones llegaban hasta la Vicaría intentando romper el cerco informativo que había sancionado la declaración de zona en Estado de Emergencia: “Las manifestaciones tales como barricadas, marchas y otras rebrotan hacia la tarde y noche con mayor extensión y energía que en el día precedente. La represión se hace más intensa. La zona sur, y dentro de ella la población La Victoria es escenario nuevamente de incidentes de magnitud, con decenas de heridos y contusos. En distintos grados, lo propio ocurre en numerosas poblaciones populares de Santiago”49.

En fotografías, relatos y memorias quedó inscrita la procesión del viernes 7 de septiembre, cuando una columna de quince mil pobladores entró al centro de Santiago para despedir a Jarlan (imagen 2). El féretro fue escoltado por el Vicario de la Zona Sur, Felipe Barriga, el Vicario de la pastoral Obrera, Alfonso Baeza, y el párroco Pierre Dubois, junto a más de treinta sacerdotes.

46 Patricia Collyer, “Las balas fueron de carabineros”, Análisis, 11 de septiembre, 1984, 7.

47 Este término hace referencia a un clavo de tres puntas arrojado en el pavimento con el fin de desinflar neumáticos y detener el tránsito.

48 La emergencia sanitaria llegó a tal punto que el Servicio Único de Ambulancias (SUA) declaró que había sido requerido en centenares de oportunidades; no obstante, no pudo acudir a todos los llamados, ya que al menos treinta de sus unidades fueron inutilizadas por apedreos y pinchazos de neumáticos. Arzobispado de Santiago, Vicaría de la Solidaridad, Informe Mensual, septiembre 1984 (Santiago de Chile: Vicaría de la Solidaridad, 1984).

49 Arzobispado de Santiago, Vicaría de la Solidaridad, “La Protesta del 4 y 5 de septiembre”, Santiago de Chile, 6 de septiembre de 1984, en FDAVS, Jurídico, caja “Protestas”, n.° 3.

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La gente caminó junto al féretro más de 15 kilómetros, y varias horas del reloj. Eran las cinco de la tarde cuando llegaron a la Plaza de Armas: “En medio de una lluvia de papel picado que caía desde los céntricos edificios, la gruesa columna se abría paso dificultosamente para llegar hasta las puertas de la Catedral. […] Con la cruz en alto cargada desde la parroquia de La Victoria, por un muchacho, ‘de esos que al padre André quiso tanto’, los pobladores llegaron hasta el templo”50.

Imagen 2. Despedida a André Jarlan, 7 de septiembre de 1984, Santiago de Chile

Fuente: Juan Carlos Cáceres, “Funerales del sacerdote francés André Jarlan”, septiembre de 1984, en Imágenes de la Resistencia, Archivo personal del fotógrafo Juan Carlos Cáceres, 1983-1989, n.° fn­_0160, <www.imagenesdelaresistencia.cl>.

Pero los ánimos no parecían decaer. La organización de un movimiento ascendente quedó demostrada al mes siguiente durante la protesta de octubre, con amplio apoyo popular. En este contexto de movilización ascendente, el general Pinochet declaró el estado de sitio, apuntando hacia una nueva pacificación de Chile: “Las protestas, arma política de esta desobediencia que tantos daños humanos y materiales han ocasionado a la nación, están calculadamente realizadas para provocar un ambiente de desorden progresivamente ingobernable, que altere decisivamente la vida nacional […]

Chile no volverá a la situación existente hasta el 10 de septiembre de 1973”51. La medida se concretó durante ocho meses de represión. Según la Vicaría, sólo en noviembre de 1984 prestó atención a casi mil cuatrocientos detenidos, aunque, según advirtió, fueron arrestadas más de cinco mil quinientas personas. La represión incluyó allanamientos masivos en poblaciones, redadas policiales y detención

50 “André Jarlan: Eres parte de nuestra esperanza”. Solidaridad, segunda quincena de septiembre, 1984, 19.

51 “Categórica afirmación de S.E.: No habrá cambio en el itinerario político”, El Mercurio, 30 de octubre, 1984, C2.

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de infractores del toque de queda. Se contabilizaron más de cuatrocientos presos políticos en el campamento nortino de Pisagua; fueron allanadas y destrozadas sedes sociales, sindicales y políticas; se suspendieron medios de comunicación y hubo expresas prohibiciones en toda la prensa —incluida la oficialista— de informar sobre las actividades opositoras.

Además de los elementos descritos, un duro golpe para la Iglesia fue la prohibición de ingresar al país al Vicario de la Solidaridad, Ignacio Gutiérrez, que se encontraba en Europa. Si bien en junio de 1985 fue levantado el estado de sitio, el régimen lanzó una cruda advertencia; se trató del secuestro y degollamiento de tres profesionales comunistas: el sociólogo y funcionario de la Vicaría de la Solidaridad Manuel Parada, el profesor Manuel Guerrero y el publicista Santiago Nattino. Entre otras ejecuciones, el mismo día fueron asesinados los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo, reconocidos pobladores de la Villa Francia, militantes del MIR e hijos de Manuel Vergara, funcionario de la Vicaría, y Luisa Toledo, de activa participación en la comunidad eclesiástica.

En general, las jornadas que siguieron al estado de sitio ya no fueron las mismas. Salvo las protestas del 2 y 3 de julio de 1986 y todas las conmemoraciones del 11 de Septiembre, no lo fueron en términos unitarios ni en la réplica mensual que acostumbraban, pero continuaron, junto a otras expresiones de protesta social, tales como concentraciones masivas, marchas, actos culturales, enfrentamientos en universidades y tomas de liceos, encabezados por una generación de adolescentes que se tomaron las calles en esta nueva etapa. En abril de 1987, en los actos multitudinarios organizados por la visita del papa Juan Pablo II, los sectores populares aprovecharon la instancia para romper el guión oficial, denunciaron su situación y protagonizaron enfrentamientos con carabineros, ante el estupor del Pontífice. “Santo Padre, en Chile se tortura”, decían algunas pancartas.

Consideraciones finales En marzo de 1990, el general Augusto Pinochet entregó el mando al líder de la Concertación de Partidos por la Democracia, Patricio Aylwin. Comenzaba la llamada transición a la democracia, cuando el último día de 1992, la Vicaría de la Solidaridad fue disuelta. Durante muchos años, en una sociedad sumida en el silencio y el terror, la Iglesia fue la única voz disidente en el escenario público, y asumió —cree este artículo que de manera exitosa— la tarea de defender a los perseguidos, regenerar el tejido social orgánico y comunitario, y ofrecer un sólido marco institucional para potenciar y articular las prácticas políticas populares. Ello se confirmó y complejizó con la irrupción de las protestas nacionales y el amplio dispositivo de contrainteligencia, seguimiento y seguridad que emprendieron los Cristianos comprometidos.

Pero la tarea no concluyó ahí. Entre las políticas de reparación del nuevo ciclo de gobierno, se creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, con la misión de esclarecer las principales violaciones de los derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, y cuyo informe, entregado un año más tarde, reunió información proveniente de los millones de expedientes resguardados en la Vicaría. El acervo volvería a prestar servicio cuando en septiembre de 2003, el presidente Ricardo Lagos le solicitó a monseñor Sergio Valech encabezar la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. El informe entregó el testimonio de 28 mil víctimas (40.018, según la actualización de agosto de 2011, que además cifró en 3.065 los muertos y desaparecidos) y dio cuenta de casi 1.200 recintos de detención.

Pero el acervo de la Vicaría rebasa la información sobre las violaciones a los derechos humanos; así, quien se acerque a sus salones encontrará estantes colmados con el registro y las huellas que

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dejaron los Cristianos comprometidos y sus compañeros de ruta: Ollas Comunes, campamentos infantiles, tomas de terreno, marchas y barricadas; documentos e imágenes que muestran los rostros, banderas, calles y territorios populares tantas veces condenados a las sombras y la criminalización de la mirada oficial. Gracias a su mirada, ya no son sombras, tienen nombres, familia, ocupación, lugares de residencia, por tratarse de testimonios necesarios para escribir y comprender las vidas anónimas y acciones clandestinas que durante diecisiete años se tejieron entre la complicidad y la rebeldía de laicos y religiosos.

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Los comienzos de la terapia ocupacional en Estados Unidos: una perspectiva feminista desde los estudios de Ciencia, Tecnología y Género (siglos XIX y XX)❧ Rodolfo Morrison Jara

Universidad de Chile/Universidad Bernardo O’Higgins, Chile doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit62.2016.05

Artículo recibido: 06 de abril de 2015/Aprobado: 20 de agosto de 2015/Modificado: 14 de septiembre de 2015

Resumen: El presente artículo corresponde a una reconstrucción histórica de los inicios de la terapia ocupacional en Estados Unidos, un espacio en donde las mujeres toman un rol protagónico durante el siglo XX. Se realiza una revisión de los procesos, interrelaciones y principales estrategias, como vínculos con círculos de mujeres y alianzas con médicos varones, empleadas empleados para posicionar la terapia ocupacional como una disciplina independiente de la medicina. Además, se exploran la vida y obra de tres importantes mujeres en la profesión: Julia Lathrop, Susan Tracy y Susan Cox Johnson. La metodología consistió en el análisis documental de fuentes primarias desde un enfoque de género. Como conclusión se señala la relevancia de reconocer la posición de las mujeres en la historia de la terapia ocupacional como pilares fundamentales en su edificación.

Palabras clave: Terapia ocupacional, historia de la ciencia, mujer, feminismo, Estados Unidos (Thesaurus).

The Beginnings of Occupational Therapy in the United States: A Feminist Perspective from Studies of Science, Technology and Gender (19th and 20th Century) Abstract: This article corresponds to a historical reconstruction of the beginnings of occupational therapy in the United States, a space where women assumed a leading role during the 20th century. It reviews the processes, interrelations and main strategies, as links to women’s circles and alliances with male doctors, employed to position occupational therapy as an independent discipline of medicine. Furthermore, it explores the life and work of three important women in the profession: Julia Lathrop, Susan Tracy and Susan Cox Johnson. The methodology consisted of the documentary analysis of primary sources from a gender perspective. As a conclusión it points out the relevance of recognizing the position of women in the history of occupational therapy as fundamental pillars its construction.

Keywords: Occupational therapy, history of science, feminism, United States (Thesaurus); woman (author’s keywords).

❧ Este artículo es parte de la tesis doctoral “La filosofía pragmatista en la terapia ocupacional de Eleanor Clarke

Slagle: antecedentes epistemológicos e históricos desde los estudios feministas sobre la ciencia”, defendida en octubre de 2014 en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. La tesis fue dirigida por Eulalia Pérez Sedeño, y parte de la investigación se financió gracias al programa Becas Chile de CONICYT.

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Los comienzos de la terapia ocupacional en Estados Unidos Rodolfo Morrison Jara

Os começos da terapia ocupacional nos Estados Unidos: uma perspectiva feminista a partir dos estudos de Ciência, Tecnologia e Gênero (século XIX e XX) Resumo: O presente artigo corresponde a uma reconstrução histórica dos inícios da terapia ocupacional nos Estados Unidos, um espaço onde as mulheres assumem um papel de liderança durante o século XX. Realizase uma revisão dos processos, inter-relações e principais estratégias, como vínculos com círculos de mulheres e alianças com médicos homens, empregadas para posicionar a terapia ocupacional como uma disciplina independente da medicina. Além disso, explora-se a vida e obra de três importantes mulheres na profissão Julia Lathrop, Susan Tracy e Susan Cox Johnson. A metodologia consistiu na análise documental de fontes primárias a partir de uma abordagem de gênero. Como conclusão, indica-se a relevância de reconhecer a posição das mulheres na história da terapia ocupacional como pilares fundamentais em sua edificação.

Palavras-chave: Terapia ocupacional, mulher, feminismo, Estados Unidos (Thesaurus); história da ciência (palavras-chave autor).

Introducción La crítica feminista respecto a la ausencia de mujeres en la historia ha sido extensamente estudiada y difundida1. Sin embargo, desde la terapia ocupacional no existen muchas investigaciones que aborden esta temática2, por lo que, aunque existen diferentes versiones de la historia de la terapia ocupacional en Estados Unidos, en general éstas tienen en común la concepción de la figura del hombre como principal y, con frecuencia, único protagonista3. Estas versiones de la historia hablan de “varones fundadores de la profesión”, y son mencionados como las grandes figuras de la terapia ocupacional, lo que —desde los estudios de Ciencia Tecnología y Género4— se relaciona con una manera de concebir la historia y el desarrollo de la civilización desde “genialidades individuales de grandes pensadores” abstraídos de los procesos sociales. En estas historias no se perciben grandes variaciones en relación con “las historias” que se acostumbra a escuchar, aquellas sobre cómo grandes hombres pioneros han fundado el conocimiento gracias a un intelecto superior y a una actitud vanguardista.

1 Una autora que se destaca en estas temáticas es Eulalia Pérez Sedeño, quien ha trabajado en el “rescate” y reconocimiento de mujeres olvidadas en la historia de la ciencia. Ver, por ejemplo, “Las mujeres en la historia de la ciencia”. Revista Quark. Ciencia, Medicina, Comunicación y Cultura n.° 27 (2003); “Sexos, géneros y otras especies: diferencias sin desigualdades”, en El segundo escalón. Desequilibrios de Género en Ciencia y Tecnología, editado por Catalina Lara (Sevilla: Arcibel, 2006); Buscadoras de estrellas... y con la cabeza bien alta (Barcelona: Universitat de Barcelona, 2007); y “Mitos, creencias, valores: cómo hacer más ‘científica’ la ciencia; cómo hacer la ‘realidad’ más real”. ISEGORÍA. Revista de Filosofía Moral y Política n.° 38 (2008): 77-100.

2 Se pueden encontrar, en algunas bases de datos, artículos en inglés como el de Gelya Frank, “Opening Feminist Histories of Occupational Therapy”. American Journal of Occupational Therapy 46, n.° 11 (1992): 989-999, doi: dx.doi.org/10.5014/ajot.46.11.989; y, en español, Rodolfo Morrison Jara, “(Re)conociendo a las fundadoras y ‘madres’ de la terapia ocupacional. Una aproximación desde los estudios feministas sobre la ciencia”. Revista Terapia Ocupacional Galicia 8, n.° 14 (2011).

3 Ver: Jennifer Creek, ed., Occupational Therapy and Mental Health (Londres: Churchill Livingstone: 2002); Elizabeth Crepeau, Ellen Cohn y Barbara Schell, Willard & Spackman: Terapia Ocupacional (Buenos Aires: Médica Panamericana, 2003); Don Gordon, “Therapeutics and Science in the History of Occupational Therapy” (tesis de doctorado, University of Southern California, 2002); Moses Ikiugu, “The Philosophy and Culture of Occupational Therapy” (tesis de doctoral, Texas Woman’s University, 2001); Gary Kielhofner, Conceptual Foundations of Occupational Therapy Practice (Filadelfia: F. A. Davis, 2009).

4 Marta González y Eulalia Pérez Sedeño, “Ciencia, Tecnología y Género”. Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación n.° 2 (2002): s/p.

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Es por ello que el presente artículo propone una versión “alternativa” de la historia “oficial” de la terapia ocupacional haciendo hincapié en los aportes de las mujeres en su desarrollo. Esta interpretación alternativa de la historia de la disciplina, en donde se destaca a las mujeres y el contexto en el que se desarrolla la profesión, es una manera de exponer su labor frente a los sesgos de género que han ocultado su protagonismo. Así, aunque este intento de reconstrucción es un esbozo de muchas posibles historias de la terapia ocupacional, podrá considerarse relevante por cuanto se manifiesta en contra de las diferencias de género (lo que es particularmente significativo por ser una profesión principalmente ejercida por mujeres). Con este objetivo, primero se realiza una aproximación general al proceso de profesionalización del trabajo de las mujeres en Estados Unidos; luego se reconoce a una de las mujeres pioneras en la aplicación de las ocupaciones como tratamiento médico en la Hull House, Julia Lathrop; para posteriormente destacar a dos importantes figuras en el desarrollo de la disciplina: Susan Tracy y Susan Cox Johnson. Por último se señala en breves líneas el rol de las mujeres terapeutas ocupacionales durante la Primera Guerra Mundial, en el período conocido como la “era de la reconstrucción”.

1. El feminismo y el rol profesional de las mujeres Las acciones de mujeres como Jane Addams5, Ellen Gates Starr6 y tantas otras se gestaron como parte de la culminación de un proceso feminista generado desde el siglo XIX. Durante todo ese siglo, sus antecesoras —como Catharine Beecher (1800-1878), Mary Lyon (1797-1849) o Emma Willard (1787-1870)— iniciaron una reforma en la educación que impactó toda la sociedad. Argumentaron a favor del rol crucial de las mujeres en la formación de los niños y niñas, de manera que se convirtiesen en ciudadanos/as responsables y cristianas/os virtuosas/os, mediante la realización de seminarios en los que participaban cientos de mujeres que deseaban ser parte de la primera generación de educadoras en Estados Unidos. Entre 1860 y 1890, estas mujeres se organizaron en las escuelas promoviendo valores como el servicio y el altruismo7. Muchas mujeres educadas bajo este paradigma rechazaron el matrimonio y dedicaron su vida a la enfermería, a la enseñanza o al

5 Jane Addams ha sido reconocida como una gran figura en diversos campos disciplinares como el trabajo social, y más recientemente en la terapia ocupacional. Fue la primera mujer del continente americano en ganar el Premio Nobel de la Paz, en 1931 (que compartió con Nicholas Murray Butler), y es reconocida como una de las cien mujeres más influyentes de todos los tiempos, al desarrollar una política social fundamentada en el pragmatismo y en la igualdad de género. Kathleen Kuiper, The 100 Most Influential Women of all Time (Nueva York: Britannica Educational Publishing, 2010); Louise Knight, Citizen: Jane Addams and the Struggle for Democracy (Chicago: The University of Chicago Press, 2005); Erik Schneiderhan, “Pragmatism and Empirical Sociology: The Case of Jane Addams and Hull-House, 1889-1895”. Theory and Society n.° 40 (2011): 589-617, doi: dx.doi.org/10.1007/ s11186-011-9156-2; Robert Danisch, “Jane Addams, Pragmatism and Rhetorical Citizenship in Multicultural Democracies”, en Boundaries. Dichotomies of Keeping In and Keeping Out, editado por Julian Chapple (Oxford: Inter-Disciplinary Press, 2010), 1-11; Mary J. Deegan, “Jane Addams on Citizenship in a Democracy”. Journal of Classical Sociology n.° 10 (2010): 217-238, doi: dx.doi.org/10.1177/1468795X10371714; Maurice Hamington, ed., Feminist Interpretation of Jane Addams (University Park: Penn State University Press, 2010).

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Ellen Gates Starr, quien fue pareja amorosa de Addams durante muchos años, fue cofundadora de la Hull House y tuvo una importante injerencia en las políticas públicas en Estados Unidos. Knight, Citizen: Jane Addams.

7 Virginia A. M. Quiroga, Occupational Therapy: The First Thirty Years, 1900-1930 (Bethesda: American Occupational Therapy Association, 1995).

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Los comienzos de la terapia ocupacional en Estados Unidos Rodolfo Morrison Jara

trabajo social. Otras, aunque casadas, pertenecían a las legiones y los grupos de caridad y de otro tipo de ayuda social8. En este sentido, numerosas mujeres comenzaron, por primera vez, a tener referentes femeninos en otras esferas sociales públicas9.

Esta reivindicación femenina se acentuó a mediados de siglo, cuando las mujeres de clase media empiezan a realizar una serie de actividades públicas, lo que las separaba poco a poco de sus roles tradicionales10. Este proceso se gesta junto al desarrollo de la Era industrial, y a medida que comienza a reemplazarse la Era rural cristiana11. Así, muchas estadounidenses interiorizaron la mayor parte de la ideología cristiana sobre las virtudes de “piedad, pureza, domesticidad y sumisión […] [en el] hogar, la familia, la iglesia, el mercado y […] [alejadas de] la política”12. La iglesia fue uno de los lugares en los que, paulatinamente, comenzaron a reivindicar su imagen, centrando sus “cualidades naturales” y su “moral superior” en algo más que la familia y el hogar. Asimismo, incorporaban la noción cristiana de autosacrificio, a fin de servir a otros y buscar en los espacios públicos un lugar para visibilizar su importancia en la sociedad. Los argumentos empleados por estas mujeres eran que los valores cristianos y “femeninos” tenían un rol relevante, más allá del mundo privado y oculto del hogar, y que mediante éstos podían contribuir al cambio social13.

Es por esta razón que los primeros movimientos en los que participaron estas mujeres fueron los vinculados a la iglesia y a la búsqueda del cambio moral de la sociedad, desde diversas instituciones de caridad que buscaban ayudar a otras mujeres y a los niños y niñas. Estas organizaciones fueron “fundadas, sostenidas y completamente puestas en marcha por mujeres, con poca o ninguna participación de hombres”14, como fue el caso de la Hull House. Así, el objetivo de estas mujeres, entre las que se destacan Addams y Lathrop, fue aminorar la situación de pobreza y sufrimiento en aquella “pecaminosa sociedad urbana industrial”15. De esta manera, la Escuela de Cívica y Filantropía de Chicago, que fue sostenida por un grupo de mujeres pertenecientes a uno de los 8 Algunas de estas agrupaciones fueron: The Children’s Aid Society, The General Federation of Women’s Club, The National Association of Colored Women, The National Consumers’ League y The Young Women’s Christian Association, entre otras. Esto mostraba que nunca antes en la historia las mujeres se habían organizado a ese nivel. Quiroga, Occupational Therapy, 37.

9 Una de las figuras inspiradoras de Jane Addams fue su maestra Caroline Potter, quien le demostró cómo las mujeres podían conseguir lo que se propusieran desarrollando sus habilidades intelectuales. De ella, Addams aprendió especialmente la retórica y la literatura como maneras de expresar sus ideas. Probablemente, Lathrop también tuvo estas influencias, además de las de sus padres. Esto demuestra cómo las mujeres que han tenido referentes femeninos importantes interiorizan posibilidades diferentes para actuar en la sociedad. Como Addams y Lathrop, que fueron modelos a seguir para Slagle. Rodolfo Morrison Jara, “La filosofía pragmatista en la terapia ocupacional de Eleanor Clarke Slagle: antecedentes epistemológicos e históricos desde los estudios feministas sobre la ciencia” (tesis de doctorado, Universidad de Salamanca, 2014).

10 Quiroga, Occupational Therapy, 35.

11 La Era rural cristiana se caracterizó por el uso de herramientas, por medio de la destreza y habilidad manual, para la confección de diferentes productos y trabajos. En cambio, la Era industrial transformó las condiciones de producción, desarrollando motores mecánicos, junto con la búsqueda de otras formas de energía que provocaron una modificación radical de los estilos de vida de las personas. Virginia A. M. Quiroga, “Eleanor Clarke Slagle and Susan E. Tracy: Personal and Professional Identity and Development of Occupational Therapy in Progressive Era America”. Nursing History Review n.° 8 (2000): 39-70.

12 Quiroga, Occupational Therapy, 36.

13 Quiroga, “Eleanor Clarke Slagle”, 50.

14 Quiroga, Occupational Therapy, 36.

15 Quiroga, Occupational Therapy, 37.

Hist. Crit. No. 62 · Octubre-diciembre · Pp 97-117 · ISSN 0121-1617 · e-ISSN 1900-6152 doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit62.2016.05

asentamientos sociales más influyentes de su época, la Hull House, estuvo a cargo de Addams y Starr. En este lugar participaban muchas mujeres jóvenes, impulsadas principalmente por el movimiento feminista16. Aquí, Eleanor Clarke Slagle, una de las fundadoras de la terapia ocupacional, estableció el primer programa de la profesión, en 191517. Éste es un hito importante en la terapia ocupacional pero no el único en el que las mujeres son las protagonistas. Addams, Starr, Slagle y Julia Lathrop pertenecieron a la generación de mujeres que cambiaron el “voluntariado” por el trabajo profesional, es decir, las mujeres que trabajaban en empleos no remunerados comenzaron a salir de sus hogares y lograron validar su actividad laboral y darle un lugar en la sociedad. Este proceso fue el inicio de la denominada segunda ola del feminismo, comprendida entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX18. En este período, las acciones políticas se dirigían hacia algo más que la consecución del derecho al voto femenino: se buscaba el cambio de la legislación, la economía y la sociedad en sí misma19.

De este modo, las mujeres perseguían la emancipación del yugo masculino y, con ello, la supresión de la desigualdad entre los roles.

En tal sentido, la fundación de la Hull House, asentamiento social que fue considerado “el corazón de la reforma de mujeres en Chicago”20, contribuyó a la formación política, profesional y laboral de muchas mujeres, además de brindar apoyo a cientos de familias —principalmente inmigrantes— en el contexto de la era industrial21. A la vez, ayudó a crear un lazo entre estas mujeres y algunos varones progresistas de clase media, y con grupos de personas pobres e inmigrantes, quienes formaban parte de la industrializada ciudad de Chicago22. Si desde el androcentrismo la historia de la terapia ocupacional inicia con el tratamiento moral23, desde el feminismo se podría señalar que fue el movimiento de los asentamientos sociales lo que permitió que muchas mujeres se inspiraran y comenzaran a trabajar en la sociedad. Por primera vez, las mujeres empezaron a observar maneras alternativas de participación social, alejándose de las tradicionales formas asociadas al matrimonio y a la familia.

A cargo de Addams, la Hull House lideró el movimiento de los asentamientos sociales en Estados Unidos y expandió el dominio de “lo femenino”, redefiniendo con ello nuevos roles para cientos de mujeres, quienes comenzaban a salir cada vez más de sus hogares24. En 1911 existían 215

16 Jane Addams, Twenty Years at Hull House with Autobiographical Notes (Nueva York: The Mcmillan Company, 1912).

17 Eleanor C. Slagle, “The Occupational Therapy Programme in the State of New York”. The British Journal of Psychiatry n.° 80 (1934): 639-649.

18 Estelle Freedman, No Turning Back: The History of Feminism and the Future of Women (Nueva York: Ballantine Books, 2003).

19 Miguel Miranda, “El compromiso con la ciencia. Conocimiento y técnica en el trabajo social”. Revista Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades, SOCIOTAM XVII, n.° 2 (2007): 9-28.

20 Quiroga, Occupational Therapy, 37.

21 Addams, Twenty Years at Hull, 42; Jane Addams, The Long Road of Woman’s Memory (Urbana: University of Illinois Press, 2002 [1916]).

22 Addams, Twenty Years at Hull, 60.

23 Ver Morrison Jara, “(Re)conociendo a las fundadoras”, 3.

24 Louise Wade, “Settlement Houses”, en The Electronic Encyclopedia of Chicago, editado por Janice Reiff, Ann Keating y James Grossman (Chicago: Chicago Historical Society, 2005), s/p.

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asentamientos sociales, y sólo el 53% eran de dominio femenino25. Esto motivaba a muchas mujeres a tomar nuevas funciones y empoderarse frente a las nuevas reformas sociales del país. Además, el aporte intelectual fue crucial. Las mujeres de la Hull House estudiaron las condiciones y circunstancias en las que vivían sus vecinos, lo que se traducía, por un lado, en ayuda física inmediata, y por el otro, en la elaboración de teorías al respecto, tarea que compartían con la Universidad de Chicago26. De esta manera, mujeres profesionales pensaban que empleando métodos científicos para analizar las condiciones sociales, de salud, educacionales y económicas, se podría educar al respecto, aumentando el interés por las reformas y logrando cambios para mejorar la comunidad27.

Más aún, el trabajo de las mujeres se expandió en todas direcciones: desde la academia hasta el trabajo de mujeres obreras. Estas últimas fueron apoyadas por las intelectuales y activistas, abriendo centros diurnos para sus hijos o participando en las políticas públicas de la ciudad28.

Las mujeres líderes de Chicago procuraron ser estrategas para luchar por los derechos de la clase obrera trabajadora, por ejemplo, tendiendo puentes entre ellas y los varones más influyentes del Estado29. También entablaron fuertes lazos con los Clubes de Mujeres, los que financiaban diferentes proyectos como jardines infantiles para niños en situación de pobreza y puestos de empleo para mujeres de la clase obrera30. Junto a esto, el pragmatismo31 fue una ideología importante y constituyente de la Hull House y de todo el movimiento progresista que fundaría la terapia ocupacional.

El movimiento feminista y sus objetivos de reivindicación de la mujeres encontraban un sustento teórico en el pragmatismo, que promovía la reflexión constante sobre las nociones de verdad; a su vez, el pragmatismo encontraba en la Hull House la “puesta en marcha” de muchas de sus ideas sobre la transformación social. Muchos pragmatistas de la Universidad de Chicago, entre ellos John Dewey y George Mead32, llevaban a la práctica sus ideas sobre el cambio social y las reformas en esta institución, gracias a Addams o Lathrop.

A su vez, la Hull House, además de ser el principal centro de operaciones del pragmatismo, fue un punto de encuentro para otras ideologías y movimientos que desembocarían en lo que en la actualidad se conoce como terapia ocupacional. En 1897, por ejemplo, fue fundada la Sociedad de Artes y Oficios de Chicago, donde el rabino Emil Gustave Hirsch y Julia Lathro organizaron y crearon un curso de entrenamiento en ocupaciones curativas, en respuesta a las enfermedades generadas por la

25 Quiroga, Occupational Therapy, 38.

26 Quiroga, “Eleanor Clarke Slagle”, 52; Miranda, “El compromiso con la ciencia”, 11.

27 Miranda, “El compromiso con la ciencia”; 12; Quiroga, Occupational Therapy, 39-40.

28 Quiroga, Occupational Therapy, 38.

29 Knight, Citizen: Jane Addams, 218.

30 Quiroga, Occupational Therapy, 40.

31 El pragmatismo es una corriente filosófica nacida a fines del siglo XIX en Estados Unidos. Su principal característica se relaciona con la concepción de verdad, la cual estaría bajo constantes cambios, de acuerdo con la utilidad que las “ideas verdaderas” tengan en la sociedad. William James, El significado de la verdad (Buenos Aires: Aguilar, 1974 [1909]).

32 Dewey y Mead son considerados como dos grandes exponentes del pragmatismo clásico. En su trabajo, que no solamente fue teórico, lograron hacer alianzas con muchas instituciones, entre ellas, la Hull House fue una de las más connotadas. Louis Menand, El club de los metafísicos. Historia de las ideas en los Estados Unidos (Barcelona: Destino, 2002).

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Revolución Industrial33. Desde entonces, comenzaron a estudiarse una serie de oficios artísticos y artesanales como manera de resistirse a la era industrial, buscando alcanzar uno de los objetivos de la Sociedad: recrear el ideal de los/as artesanos/as34. El movimiento de artes y oficios buscaba reposicionar el valor del trabajo artesanal en la época industrializada a principios del siglo XX35, valoraba fehacientemente el trabajo humanizado y las actividades realizadas por trabajadores y trabajadoras.

Además, las activistas sociales aseguraban que la ocupación era un medio para promover y restaurar la salud36, por lo que se abrieron en la comunidad muchos talleres en áreas específicas, como cerámica, metal, vidrio, madera y productos textiles. El trabajo artesanal proveería así oportunidades para que la clase trabajadora pudiese vivenciar actividades productivas y significativas, previniendo la alienación generada por la era industrial y la vida moderna y luchando contra ella37.

Addams y Lathrop, así como John Dewey y otros pragmatistas38, creían, siguiendo estos postulados, que la educación era esencial para cambiar las situaciones sociales o de desigualdad, por lo que fundaron en la Hull House un museo para instruir y educar a diferentes ciudadanas sobre la importancia del trabajo artesanal —en oposición al trabajo industrial—; de este modo se favorecería “una continua reconstrucción de la experiencia”.

De ahí que Julia Lathrop, quien además de pertenecer a la Hull House trabajó en artes y oficios, fuera una de las primeras en relacionar este movimiento con la Higiene Mental. Lathrop sostuvo que era necesario reformar los tratamientos para personas con enfermedades psiquiátricas, por lo que sus lazos con el Director de la Escuela de Cívica y Filantropía de Chicago desembocaron en diferentes cursos sobre oficios, ocupaciones y salud mental. Desde esta perspectiva, lejos de ser sólo una “influencia”, el movimiento de artes y oficios resultó crucial para el desarrollo de la terapia ocupacional, principalmente por sus acciones políticas. Como se mostrará a continuación.

2. Julia Lathrop y las ocupaciones como tratamiento También desde la perspectiva androcéntrica, el tratamiento moral fue una de las bases de la terapia ocupacional, junto con la “inspiración” que brindó el movimiento de artes y oficios. En cambio, desde la perspectiva feminista, el movimiento de artes y oficios y el de los asentamientos sociales fueron centrales para el desarrollo científico de la terapia ocupacional, y el tratamiento moral fue un aporte, junto con otros movimientos como la higiene mental, el pragmatismo y algunos movimientos religiosos39. Pero además el movimiento de artes y oficios fue una contestación política a la industrializada ciudad de Chicago, por lo que —desde esta óptica— también es posible com33 Estelle Breines, Origins and Adaptations: A Philosophy of Practice (Lebanon: Geri-Rehab, 1986); Estelle Breines, “Rabbi Emil Gustave Hirsch: Ethical Philosopher and Founding Figure of Occupational Therapy”. The Israel Journal of Occupational Therapy 1, n.° 1 (1992); Quiroga, “Eleanor Clarke Slagle”, 50-51.

34 Quiroga, Occupational Therapy, 33.

35 Helen Hopkins y Helen Smith, Willard & Spackman Terapia Ocupacional (Madrid: Médica Panamericana, 1998).

36 Breines, Origins and Adaptations, 42.

37 Quiroga, Occupational Therapy, 40.

38 Muchos varones y mujeres pragmatistas tenían la convicción de que sus ideales teóricos podían materializarse en acciones concretas hacia la sociedad, a fin de superar las injusticias sociales y potenciar la democracia. Morrison Jara, “La filosofía pragmatista”, 345-346.

39 Breines, Origins and Adaptations, 77-79; Morrison Jara, “La filosofía pragmatista”, 345.

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prender las bases de la terapia ocupacional desde una mirada política. Así, la política y feminista Julia Lathrop fue una de las principales mujeres que inspiraron el desarrollo de la profesión.

Lathrop nació en 1858 en Rockford (Illinois, Estados Unidos); era la mayor de cinco hermanos y fue criada bajo la convicción de sus padres de que mujeres y hombres debían ser formados de la misma manera y tener las mismas oportunidades. Por tanto, Lathrop fue criada en un ambiente que favorecía la participación en diferentes grupos sociales, conociendo diversas realidades, y donde se valoraba su opinión. Así, en contacto con las injusticias sociales, desarrolló su objetivo principal: defender —y crear— los derechos de las mujeres y los niños. Además, trabajó a favor de los jóvenes que delinquían y de las personas con enfermedades mentales y fue una de las primeras en incorporarse a la Hull House40. Sus antecesores fueron pioneros en el movimiento abolicionista, y primeros y primeras pobladores de Rockford. Además sus progenitores fueron políticos activos: su padre era abogado y amigo del presidente Abraham Lincoln, además de miembro del Congreso entre 1877 y 1879. Fue parte de la primera comisión que buscaba incorporar a las mujeres en la abogacía. Su madre luchó por el sufragio femenino y participaba en las reformas sociales desde la Iglesia41.

Lathrop se graduó en Rockford High School en 1876; estuvo un año más en el Seminario Rockford, y luego asistió a Vassar College, donde se graduó en 1880. Posteriormente regresó al Seminario para trabajar en el despacho de abogados de su padre. Entre 1880 y 1890 estudió Derecho con su apoyo. En 1890 comienza a trabajar en la Hull House, ya que conocía a Addams y Starr desde el Seminario. Trabajando juntas, fundaron el grupo de discusión filosófica Platón, compuesto principalmente por varones mayores y que contaba con la colaboración de John Dewey42.

Dos años más tarde, en 1892, el gobernador de Illinois la nombró integrante de la State Board of Charities, por manifestar un amplio conocimiento de la vida de los residentes de Chicago. De esta experiencia aparece la publicación Hull-House Maps and Papers, que publicó en 1895 junto con Addams43. En 1899 estableció el primer tribunal juvenil para menores de 16 años de Estados Unidos, buscando la libertad condicional de menores infractores de ley, y no su encarcelamiento, lo cual fue un modelo para el resto del país. También estableció una clínica psiquiátrica para menores infractores. Fue una integrante activa del Club de Mujeres de Chicago y miembro de la Liga de Protección de los Inmigrantes, además de pertenecer a la Liga Nacional de Mujeres Votantes44.

En 1912 se traslada a Washington y funda el Comité Nacional de Enfermedades Mentales, asimismo en 1918 se convierte en la segunda mujer presidenta de la National Conference of Social Work, siguiendo a Jane Addams. Entre 1912 y 1922 fue la primera presidenta de la U. S. Children’s Bureau, designada por el Presidente de Estados Unidos, donde, como jefa, organizó estudios sobre la mortalidad infantil, identificando como principales causas las condiciones insalubres, la falta de atención en salud y la extrema pobreza. Como resultado de este estudio, Lathrop lanzó un programa educativo para disminuir la mortalidad infantil y luchó por erradicar la condena a muerte de menores de edad. Falleció a los 73 años, en 193245.

40 Jane Addams, My Friend Julia Lathrop (Nueva York: Macmillan, 1935).

41 Addams, My Friend Julia, 10.

42 Breines, Origins and Adaptations, 60-70.

43 Jane Addams, ed., Hull House Maps and Papers (Nueva York: T.Y. Crowell & Co., 1895).

44 Addams, My Friend Julia, 59-60.

45 Addams, My Friend Julia, 145.

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2.1. Lathrop y la terapia ocupacional Junto con Addams, Lathrop puede ser considerada como una de las figuras femeninas más desconocidas de la historia oficial de la terapia ocupacional. En la Hull House, gracias a los aportes de Lathrop46 y Addams47, la terapia ocupacional comenzó a desarrollarse, lo que tomó especial fuerza cuando se integró Eleanor Clarke Slagle48. Durante la denominada Progressive Era (18901920), bajo un enfoque político y revolucionario, la disciplina comienza a tomar fuerza gracias a que sus fundadores y fundadoras se vincularon con esta institución49. Addams, Lathrop, Adolf Meyer50 y Slagle trabajaron inicialmente en las reformas del tratamiento de personas con enfermedad mental, y una de sus creencias fue que las deplorables condiciones urbanas de pobreza podrían ser una causa que mantenía las enfermedades. En 1893, Lathrop conoce a Meyer y lo invita a integrarse en la Hull House y apoyar sus causas sociales. Éste, que entonces tenía 26 años de edad, queda muy sorprendido al conocer a Jane Addams. Lathrop y Meyer forman una fuerte alianza para responder a las críticas de la época sobre la ausencia de “ciencia” en los “nuevos métodos” empleados en psiquiatría publicando algunos artículos51.

Entre 1907 y 1909, Lathrop colaboró con Cliffird W. Beers para establecer el Comité Nacional de Higiene Mental52; además, continuó trabajando con Addams, Dewey y otras/os integrantes de la Escuela de Cívica y Filantropía de Chicago, donde se ofrecía un programa de trabajo social que duraba dos años y que presidía Graham Taylor (1851-1938) —también contó con la influencia de Clifford Beers—. Fue así como Lathrop y Hirsch introdujeron un curso de entrenamiento en ocupaciones, como se señaló con anterioridad. Taylor, director de la Escuela y muy cercano a Lathrop y Addams53, convenció al hospital estatal para que financiase el curso especial de Ocupaciones curativas y recreativas, que estaba dirigido a enfermeras y personal vinculado al área de la salud. Una de las innovaciones de este curso, además de la metodología, era el abandono del término custodia, concepto empleado durante largos años hacia los pacientes, y proponía uno nuevo: educación54.

46 Addams, My Friend Julia, 108.

47 Breines, Origins and Adaptations, 79.

48 Quiroga, Occupational Therapy, 36.

49 Nick Pollard, Diakaios Sakellariou y Frank Kronenberg, A Political Practice of Occupational Therapy (Filadelfia: Elsevier, 2009).

50 Adolf Meyer fue un psiquiatra muy relevante en la historia de la terapia ocupacional. Gary Kielhofner, Conceptual Foundations, 18. Junto a Slagle desarrollaron varios de los conceptos teóricos de la terapia ocupacional que tienen vigencia hasta nuestros días. Por ejemplo: Adolf Meyer, “The Philosophy of Occupational Therapy”.

Archives of Occupational Therapy 1, n.° 1 (1922): 1-10; Eleanor C. Slagle, “Training Aides for Mental Patients”.

Archives of Occupational Therapy 1, n.° 1 (1922): 11-18.

51 Debido a la colaboración de Lathrop, que generalmente es obviada por la historiografía que trata el tema, en 1896 a Meyer se le ofrece un puesto en State Lunatic Hospital en Worcester (Massachusetts), donde realiza diferentes estudios e intervenciones innovadoras con pacientes. Tras los siete años que estuvo allí, en 1902, se muda a Manhattan para coordinar los tratamientos de salud mental de trece hospitales en Nueva York, transformando los “manicomios” en hospitales de salud mental. En 1908 comienza a trabajar en un hospital psiquiátrico privado —Johns Hopkins University— como director, donde posteriormente conocería a Slagle. Addams, My Friend Julia, 115; Pollard, Sakellariou y Kronenberg, A Political Practice, 16.

52 Pollard, Sakellariou y Kronenberg, A Political Practice, 16.

53 Mary J. Deegan, Jane Addams and the Men of the Chicago School: 1892-1918 (Nueva Brunswick: Transaction Books, 2005).

54 Quiroga, Occupational Therapy, 63.

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En 1910, Meyer pregunta a Lathrop si conoce a alguna trabajadora social que se pudiera incorporar al hospital que él presidía ( Johns Hopkins), para trabajar con pacientes con enfermedad mental55. Lathrop persuade a Slagle para que acepte el cargo, y ésta finalmente acepta. Tras dos años de trabajo conjunto, Meyer señalaría que Slagle fue un modelo en el servicio de la terapia ocupacional y a la vez un gran aporte en su propio desarrollo profesional56. Luego de esa experiencia, Slagle regresó a Chicago para fundar la primera escuela de terapia ocupacional. Esto explica, en parte, por qué Addams y Lathrop fueron dos mujeres ejemplares para muchas terapeutas ocupacionales que siguieron su ejemplo, que observaron que sí existían modelos femeninos que podían influir en las políticas públicas, contribuir a las reformas sociales y realizar desarrollos teóricos en diferentes áreas del conocimiento.

Desde esta perspectiva, el movimiento de artes y oficios a cargo de las mujeres de Chicago cumple un rol central en el desarrollo de las ocupaciones terapéuticas. Las primeras terapeutas atendían a muchísimos pacientes con neurastenia —enfermedad caracterizada por un cansancio inexplicable, sintomatología depresiva e inestabilidad emocional—, cuyo tratamiento ocupacional estaba vinculado a las artes y oficios. Así, al fundamentarse científicamente, las ocupaciones comenzaron a entenderse como “terapia”, y no sólo como “tratamiento”57. Junto con las publicaciones de los varones médicos, las mujeres pragmatistas, trabajadoras sociales, enfermeras y educadoras fueron las encargadas de expandir la terapia ocupacional por todo el país, lo que tiene un auge exponencial al desencadenarse la Primera Guerra Mundial (1914-1918). La influencia de la guerra en la terapia ocupacional derivó en la formación de las Ayudantes de la reconstrucción, pero antes de hacer alusión a ellas es necesario centrarse en la expansión de la terapia ocupacional gracias a dos mujeres más: Susan Tracy y Susan Cox Johnson.

3. Las mujeres y la expansión de la terapia ocupacional Para las primeras terapeutas ocupacionales, las principales dificultades en el desarrollo de la disciplina se centraron en dos aspectos: primero, tomar posición dentro del campo de la medicina, y segundo, que fuese considerada una profesión de mujeres58. En otras palabras, el neopositivismo lógico, en el que se comenzaba a cobijar la medicina y que se expresaba en el modelo biomédico y la construcción social de los roles de género, producto de los diferentes roles y funciones, como

55 Pollard, Sakellariou y Kronenberg, A Political Practice, 20.

56 Adolf Meyer, “Address in Honor of Eleanor Clarke Slagle. Testimonial Banquet in Honor of Eleanor Clarke Slagle at Atlantic City”. Occupational Therapy in Mental Health 5, n.° 3 (1985 [1937]): 109-113.

57 Principalmente, porque significó una estrategia y una sistematización en la forma de emplear la ocupación.

En el tratamiento moral se emplearon ocupaciones para los pacientes de acuerdo con las necesidades del hospital (comercialización de productos); así, el trabajo por sí solo se entendía como beneficioso, por lo que no necesariamente precisaba una graduación o guía. Con el movimiento de artes y oficios se agregó la perspectiva de interés por parte de los pacientes. Pero con la terapia ocupacional se integró la fundamentación científica que validaba las ocupaciones como un tratamiento rehabilitador, centrándose en ellas como un medio, y no como un fin. Gordon, “Therapeutics and Science”, 92-93; Jennifer Laws, “Crackpots and Basket-cases: A History of Therapeutic Work and Occupation”. History of the Human Sciences 24, n.° 2 (2011): 65-81, doi: dx.doi. org/10.1177/0952695111399677 58 Quiroga, Occupational Therapy, 32; Ann Wilcock, An Occupational Perspective of Health (Thorofare: Slack Inc., 2006).

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principales inconvenientes para la validación y expansión de la disciplina59. Hábilmente, las primeras mujeres terapeutas ocupacionales, al observar y estudiar este panorama, emplearon diferentes estrategias para validar la profesión. Conocían sus impedimentos, derivados de los sesgos de género, debido a que el rol de las mujeres estaba limitado al mundo privado dentro del hogar y al cuidado de los hijos, o bien, como alternativa, fueron asistentes del médico brindando cuidados de enfermería60, y fue precisamente eso lo que pusieron en práctica para introducir la terapia ocupacional como una disciplina profesional.

Desde sus inicios, la terapia ocupacional fue catalogada como “una nueva profesión para mujeres”61, y para poder legitimarse como una disciplina profesional fue necesario realizar una alianza con los médicos varones, para así obtener un explícito apoyo a la incipiente terapia ocupacional, dentro de un paradigma y momento histórico en que la ciencia neopositivista y el paradigma androcéntrico eran dominantes. No obstante, el contexto ideológico y cultural de las mujeres estadounidenses de clase media-alta hacía que buscaran “ese” otro lugar fuera del mundo privado.

Como se indicó, este cambio constante ―por un lado, desde el mundo rural al urbano, y, por el otro, desde la agricultura a la industria― implicó que la conciencia social de las mujeres se enlazase a aspiraciones profesionales, que se dirigían a los problemas vinculados a las escuelas, los barrios (que comenzaban a estar cada vez más habitados por inmigrantes), los hospitales y los asentamientos sociales.

Poco a poco, las mujeres empezaron a desarrollar sus aspiraciones gracias a las redes sociales y a la alianza estratégica con los varones que poseían autoridad. El rol de los varones dentro del mundo visible de la medicina, y el de las mujeres desde la invisibilidad de las redes de caridad62, fueron los mecanismos empleados por la primera generación de terapeutas ocupacionales. Los varones eran quienes “aparecían” formalmente, mientras que las mujeres eran quienes expandían la profesión.

La cooperación femenina fue crucial para el desarrollo de la terapia ocupacional. Así, gracias a las múltiples redes de mujeres, la terapia ocupacional logró expandirse y adquirir un grado de autonomía fuera del exclusivo dominio masculino-médico. De esta manera, para la terapia ocupacional fue esencial que las mujeres orquestaran desde sus roles de género sus habilidades para moverse invisiblemente, mientras que —en alianza con los varones— ellos eran los encargados de escribir formalmente sobre esta nueva terapia, aunque eso no es del todo cierto.

Las primeras mujeres consideradas terapeutas ocupacionales, Eleanor Clarke Slagle, Susan Cox Jonhson y Susan Elizabeth Tracy, discrepaban de la autoridad médica, pero sólo lo necesario63. Analizando su actitud, podrían ser consideradas grandes estrategas a la hora de posicionar la profesión, lo que consiguieron apoyadas por los círculos de caridad de redes de mujeres en sus propias instituciones. Gracias a todos los aportes de estas mujeres, la disciplina comenzó a tomar mayor valor en el campo del conocimiento; sin embargo, no se pudo preservar la herencia del pragmatismo, debido a que las estrategias de las principales líderes consistían en hacer que pareciese que los varones eran realmente los fundadores, quienes producían los documentos 59 Morrison Jara, “La filosofía pragmatista”, 233.

60 Quiroga, Occupational Therapy, 47.

61 Quiroga, “Eleanor Clarke Slagle”, 39.

62 Quiroga, Occupational Therapy, 37.

63 Breines, Origins and Adaptations, 99; Morrison Jara, “La filosofía pragmatista”, 222; Quiroga, Occupational Therapy, 15.

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científicos y exponían sus teorías dentro del mundo de la medicina64. Sin embargo, no todos los escritos fueron firmados por varones, ya que las mujeres también escribieron y publicaron artículos y textos sobre esta disciplina.

3.1. Susan Tracy. La enfermera ocupacional Susan Elizabeth Tracy (1878-1928) es reconocida como la primera profesional en dictar un curso de formación en terapia ocupacional65. Desde su juventud estuvo interesada en crear proyectos y tomar cursos de artes y oficios en la Universidad de Columbia66. Obtuvo una formación inicial en Enfermería; se graduó en 1898 del Massachusetts Homeopathic Hospital Nursing School y es considerada la primera terapeuta ocupacional67. Tracy impartió el curso “Ocupación para inválidos”, dirigido a enfermeras68, fundamentando y aplicando los principios del tratamiento moral69, del movimiento de artes y oficios70, del pragmatismo en la educación71 y de la ocupación como una manera de reestructurar las rutinas de los enfermos, lo que era muy beneficioso para su tratamiento. Estas ideas fueron editadas en su libro Studies in Invalid Occupations de 191072, el primer texto de terapia ocupacional73.

Tracy sostenía que sólo las enfermeras, debidamente formadas podían utilizar la ocupación con fines terapéuticos. Durante el inicio de su trabajo prescribió ocupaciones al igual que fármacos, sosteniendo que diferentes actividades tendrían efectos determinados y específicos en los pacientes: fue una de las primeras en hacerlo74. Junto con Eleanor Clarke Slagle comenzó la aplicación de la terapia ocupacional en salas de hospitales como tratamiento de rehabilitación física y psiquiátrica, además de llevar la intervención a los hogares de sus pacientes75.

Susan Tracy perteneció a la primera generación de mujeres profesionales en Estados Unidos76, y sus aportes a la enfermería y a la terapia ocupacional se reconocen como parte del movimiento feminista de la época. Más aún si se tiene en cuenta que desde 1904 empezó a dictar cursos para 64 Morrison Jara, “La filosofía pragmatista”, 233.

65 Su aporte no ocupa más de una línea o dos en los manuales de formación en español para terapeutas ocupacionales. Ver: Marta Heredia Torres, “Terapia Ocupacional”, en Libro blanco de la diplomatura en terapia ocupacional, editado por Conferencia Nacional de Directores de Escuelas Universitarias de Terapia Ocupacional de España (Zaragoza: CNDEUTO, 2004), 13; Silvia Gómez, Cuaderno de Terapia Ocupacional (Santiago de Chile: Universidad de Chile, 1994); Creek, Occupational Therapy and Mental, 7; Annie Turner, Marg Foster y Sybil Johnson, Terapia ocupacional y disfunción física. Principios, técnicas y práctica (Madrid: Elsevier, 2003), 5.

66 Akiko Suzuki, “History of Japanese Occupational Therapy Education, 1963-1981” (tesis de doctorado, Wayne State University, 1982).

67 Quiroga, Occupational Therapy, 65.

68 Turner, Foster y Johnson, Terapia ocupacional y disfunción, 3.

69 Gómez, Cuaderno de Terapia, 15.

70 Hopkins y Smith, Willard & Spackman, 6.

71 Estelle Breines, “Pragmatism, a Philosophical Foundation of Occupational Therapy, 1900-1922 and 1968-1985” (tesis de doctorado, New York University, 1986).

72 Susan Tracy, Studies in Invalid Occupation. A Manual for Nurses and Attendants (Boston: Whitcome & Barrow, 1910).

73 Breines, “Pragmatism, a Philosophical”, 26.

74 Robert Bing, “Occupational Therapy Revisited: A Paraphrastic Journey”. American Journal of Occupational Therapy 35, n.° 8 (1981): 499-518, doi: dx.doi.org/10.5014/ajot.35.8.499; Suzuki, “History of Japanese”, 30.

75 Quiroga, Occupational Therapy, 56; Turner, Foster y Johnson, Terapia ocupacional y disfunción, 8.

76 Quiroga, Occupational Therapy, 51.

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estudiantes y creó el término “enfermeras ocupacionales” como una especialización77. Tracy no se limitó a la formación de enfermeras en terapia ocupacional, sino que también fue una de las pioneras en promover la desinstitucionalización de los pacientes psiquiátricos, al favorecer las ocupaciones en sus hogares. Sin embargo, sus convicciones sobre la terapia ocupacional como una subespecialización de la enfermería no fueron ampliamente aceptadas, ya que parte de las fundadoras —entre las que se encontraban Slagle y Johnson— argumentaban que la terapia ocupacional necesitaba el aporte de otras disciplinas como la sociología y la antropología, ya que la mirada de la ocupación era mucho más amplia, es decir, era holística78.

Así, Tracy argumentó continuamente sobre el poder de la ocupación, ya que su trabajo comenzó con personas que sufrían graves limitaciones en su desempeño, producto de la neurastenia, donde su trabajo consistió en otorgar un ambiente propicio para el descubrimiento de nuevas ocupaciones en los pacientes logrando una mejora en su tratamiento. Sus descubrimientos hicieron que durante siete años dirigiera una escuela de enfermeras, haciéndose cargo de diferentes posgrados sobre ocupaciones terapéuticas79. También empleó los principios del tratamiento moral. A la vez, deseaba incluir más conocimiento científico en las ocupaciones para personas con “invalidez”80, por lo que publicó diferentes test que evaluaban el “juicio, […] coordinación y ritmo, diferenciación de forma y tamaño, y propósito en la relación”81. A pesar de ser fundamental en la edificación de la disciplina, Tracy no participó en la fundación de la profesión82, lo que probablemente se debió a dos motivos: el primero, sus convicciones diferentes respecto a quiénes debían ser formados como terapeutas ocupacionales; y el segundo debido a su rol de mujer. Este segundo punto es interesante, ya que, según Quiroga, Tracy internalizó un rol diferente al de Slagle al preferir no aceptar un rol protagónico y dedicarse sólo a la clínica83.

Al reflexionar sobre lo anterior, no resulta extraño suponer que las primeras personas formadas en terapia ocupacional fueran mujeres. Un grupo de mujeres, conocidas como las enfermeras ocupacionales84 —lideradas por Tracy, y posteriormente por Slagle—, fue reconocido como el primer grupo de profesionales formadas en terapia ocupacional al aplicar la ocupación como un tratamiento. La ocupación, entendida como actividades con propósito y significado para los pacientes, era la principal herramienta de esta manera de hacer terapia. Los lugares en los que se aplicaba la terapia ocupacional eran principalmente hospitales psiquiátricos y centros de rehabilitación física, que tuvieron un auge impensado después de la Segunda Guerra Mundial. Las enfermeras ocupacionales lograron extender la práctica de la terapia ocupacional a diferentes zonas de Estados Unidos, con el argumento de que la ocupación era “observablemente” una terapia por sí misma. Todo ello, sumado a la actitud “bondadosa” de estas enfermeras ocupacionales, marcó un verdadero hito en el desarrollo de la terapia ocupacional85.

77 Bing, “Occupational Therapy: Revisited”, 50.

78 Quiroga, Occupational Therapy, 56.

79 Quiroga, “Eleanor Clarke Slagle”, 60.

80 Bing, “Occupational Therapy Revisited”, 502.

81 Suzuki, “History of Japanese”, 36.

82 Miguel Ángel Talavera, “El legado de Barton”, en Terapia ocupacional: una perspectiva histórica. 90 años después de su creación, compilado por Pedro Moruno y Miguel Ángel Talavera (La Coruña: APGTO, 2007), 161-209.

83 Quiroga, Occupational Therapy, 57.

84 Gómez, Cuaderno de Terapia Ocupacional, 20.

85 Morrison Jara, “(Re)conociendo a las fundadoras”, 8.

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Con respecto a las ideas de Tracy, en su texto de 1910 sistematiza una serie de estudios realizados en el Training School for Nurses of the Addams Nervine Asylum, Jamaica Plain, (Massachusetts) desde 1904, en los cuales incluye las artes y los oficios como tratamientos86. En este libro mantiene que las ocupaciones no habían sido muy utilizadas para personas enfermas y alertaba sobre la necesidad de un cambio al respecto, debido a que gracias a la ocupación se desarrollan aspectos psicológicos y físicos. Además, señalaba que las ocupaciones deberían considerarse como prescripciones de remedios, pues están vinculadas a diferentes aspectos de la salud87. También considera que la enseñanza de ocupaciones para enfermeras proviene del “entrenamiento manual”, pero con nuevas orientaciones y adaptaciones clínicas; y que en el trabajo con pacientes se debe mantener un equilibrio en el ritmo de trabajo, que será más rápido o lento dependiendo de su condición.

Según Tracy, se pueden observar ritmos irregulares en las ocupaciones, ya que algunas personas pueden tardar horas, y otras, minutos, y que, sin embargo, hay que respetar lo que sea mejor para cada persona. Mantiene que el problema real de las enfermeras es encontrar significados en las ocupaciones que ellas proponen para todos/as sus pacientes: deben poseer características que les permitan trabajar tanto con “jóvenes o viejos/as, ricos o pobres, hombres, mujeres o niños/ as”88. En este texto cita a Dewey para indicar que las ocupaciones no significan cualquier trabajo que permita estar ocupado o ejercicios que cansen a las/os niñas/os, para que mantengan un buen comportamiento sentadas/os en la sala de clases. Por el contrario, Dewey y Tracy defienden que las ocupaciones son formas de actividad que reproducen, de alguna manera, formas de trabajo o de actividad en la vida social; y que uno de sus principales puntos es que mantienen un equilibrio entre las fases intelectuales y prácticas de la experiencia.

En lo que respecto al trato con pacientes, Tracy sugiere no centrarse en su invalidez, sino en sus necesidades actuales, pues esto mantiene el respeto por sí mismos/as y fomenta sus expectativas.

Los efectos de las enfermedades pueden ser variados, por lo que las enfermeras ocupacionales deben minimizar los períodos de inactividad, discapacidad e improductividad, desarrollando las habilidades de sus pacientes. Frente a las posibles frustraciones de los pacientes cuando se preguntan “¿qué puedo hacer?, la respuesta consiste en hacer algo con él y no [en hacer algo] por él”89. Solo mediante la constante observación de muchos ejemplos y tipos de actividades, y tras considerar una amplia variedad de materiales, la enfermera podrá determinar cuál es la ocupación más adecuada para el paciente con quien trata. La selección de una ocupación requiere mucha educación, conocimiento de diversas enfermedades, de desórdenes nerviosos, y diferencias de temperamento, y, sobre todo, apreciar la individualidad. Para ello se necesita mucho conocimiento científico, además de experiencia en trabajos manuales.

Sumado a lo anterior, Tracy mantiene que al trabajar con ocupaciones se deben conocer varias posibilidades, ya que las ocupaciones pueden tener diferentes efectos, de acuerdo con las características de los pacientes. La cura del trabajo (work cure) se considera como un tratamiento farmacológico en cuanto a sus efectos90. El trabajo constante permitirá a las personas con

86 Suzuki, “History of Japanese”, 35.

87 Tracy, Studies in Invalid Occupation, 170.

88 Tracy, Studies in Invalid Occupation, 13.

89 Tracy, Studies in Invalid Occupation, 172. Cursivas del original.

90 Susan Tracy, Rake Knitting and Its Special Adaptation to Invalid Workers (Boston: Whitcomb & Barrows, 1916).

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algún grado de invalidez recuperar sus intereses normales. La tarea es resumida por Tracy con la siguiente metáfora: “El gran Goliat fue muerto por cinco piedras lisas del arroyo, […] el pequeño David sabía cómo usarlas: si la gigante Desesperación se sienta con la [fuerza de la] gravedad […] dentro de habitación de nuestro enfermo, su estancia prevista necesariamente se acortará si hemos aprendido cómo utiliza nuestras piedras”91. Así, pues, Tracy fue una pionera en el uso de las ocupaciones como tratamiento y una de las primeras en sistematizar sus reflexiones. Además de ella, otra importante mujer, Susan Cox Johnson, se destacó en el desarrollo de la terapia ocupacional.

3.2. Susan Cox Johnson y la educación en ocupaciones Susan Cox Johnson estudió Enfermería y Artes y Letras en Berkeley (California) y trabajó en las Islas Filipinas como profesora de Artes y Oficios en 1912. Pretendía probar que las ocupaciones podían mejorar la condición mental y física de las y los pacientes, ya que había comprobado que mejoraban su autosuficiencia. Trabajó con George Barton92, quien quedó impresionado con su labor señalando: “ella tiene todas las probabilidades de […] [desempeñar el] trabajo más importante en el mundo, junto con una cabeza muy clara, una aguda percepción, buena experiencia y un enorme interés en el lado terapéutico”93, y junto a William Rush Dunton94 la invitaron a formar parte de la Sociedad Nacional para la Promoción de la Terapia Ocupacional. Enseñó terapia ocupacional en la Universidad de Columbia en Nueva York, poco después de que Estados Unidos entraran en la Guerra, y, durante el tiempo en que John Dewey trabajó allí95, fue directora de Occupations for the City of New York y de terapia ocupacional en Montefiore Hospital, en esta misma ciudad, desde 191696. En 1921 fue la presidenta del Comité de Educación de la Asociación Americana de Terapia Ocupacional e hizo hincapié en los estándares mínimos para ser terapeuta ocupacional, ya que tenía la convicción de que las terapeutas debían ser diferentes a las enfermeras, porque sus funciones eran distintas a la vez que complementarias para las y los pacientes97, pues debían tener un adecuado entrenamiento en artes y oficios, y, a la vez, ser capaces de realizar actividades educativas. Johnson falleció de pulmonía en 1932.

Con respecto a sus ideas teóricas, su enfoque se centraba en el aspecto reeducativo de la ocupación, lo que concordaba con su formación inicial como educadora. Razón por la cual adecuaba su “programa ocupacional” a las necesidades específicas de los pacientes, considerando la utilidad de continuar con el tratamiento en su propio hogar98. Pensaba entonces que en la formación profe91 Tracy, Studies in Invalid Occupation ”, 172.

92 George Barton, fue un arquitecto que, luego de una grave enfermedad que lo dejó hemipléjico, fundó un centro llamado Consolation House, donde promovió la terapia ocupacional. Él tuvo contacto con varios personajes relevantes como Slagle, Meyer y Johnson. Talavera, “El legado de Barton”, 51-52.

93 Suzuki, “History of Japanese, 36.

94 William Rush Dunton fue un psiquiatra que desarrolló la terapia ocupacional, y es considerado otro de los fundadores de la profesión. Heredia Torres, “Terapia Ocupacional”, 12. Además, fue muy cercano a Slagle y trabajaron juntos en la fundación oficial de la disciplina en 1917. Morrison Jara, “(Re)conociendo a las fundadoras”, 15.

95 Breines, “Pragmatism, a Philosophical”, 32; Suzanne Peloquin, “Ideas directrices de los fundadores de la sociedad nacional para la promoción de la terapia ocupacional”, en Terapia ocupacional: una perspectiva histórica. 90 años después de su creación, compilado por Pedro Moruno y Miguel Ángel Talavera (La Coruña: APGTO, 2007), 135-160.

96 Suzuki, “History of Japanese”, 23; Breines, Origins and Adaptations, 33.

97 Suzuki, “History of Japanese”, 24.

98 Peloquin, “Ideas directrices”, 149-150.

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sional de terapeutas ocupacionales era necesario hacer énfasis en diferentes aspectos dependiendo del ejercicio profesional del futuro profesional. De esta manera, quienes trabajasen en hospitales necesitarían desarrollar más comprensión en el manejo de personas con enfermedades, mientras que los demás profesionales que trabajasen en contextos fuera de este espacio necesitarían herramientas más pedagógicas99. Según sus propias palabras, “la terapia ocupacional sería un punto intermedio entre la enfermería y los aspectos educativos”100, por lo que era importante no perder ni el enfoque de los cuidados en salud provenientes de enfermería, ni tampoco el trabajo de enseñar que aportaba la educación.

Johnson comprendía la existencia de diversas preguntas respecto a qué ocupaciones enseñar a las futuras terapeutas ocupacionales, puesto que era consciente de las diferencias entre las problemáticas de los distintos tipos hospitales —hospitales militares o civiles—. Por ello defendía que la ocupación siempre debía ser terapéutica y que los tipos de ocupación pueden cambiar101. En la misma línea, destacó la importancia de formar profesionales específicamente como terapeutas ocupacionales, y que no sólo el personal médico se encargase de desempeñar esta función. La gran demanda de profesionales formados en ocupaciones sobrepasaba las capacidades laborales de las enfermeras, por lo que sería necesaria una formación especializada de un grupo determinado fuera del hospital.

En su momento, Johnson identificó dos objetivos generales del uso de ocupaciones en hospitales.

El primero se refería a “invalid occupations”, es decir, al desarrollo de ocupaciones para personas con graves problemas de salud y discapacidad, que tendría claros propósitos terapéuticos rehabilitadores; y el segundo, formación en ocupaciones formales con fines morales y educativos, además de terapéuticos para otros tipos de pacientes. Según Johnson, “el sexo, la edad, la historia social e industrial, y el diagnóstico y pronóstico, como también la personalidad del/a paciente son factores que es necesario considerar”102 en la planificación e instrucción de cualquier programa de tratamiento.

Todos estos planteamientos de posguerra derivaron del gran auge de la disciplina durante la Primera Guerra Mundial, en donde fue crucial el rol de las Ayudantes de la Reconstrucción.

4. Las ayudantes de la reconstrucción Si bien la Primera Guerra Mundial comenzó en 1914, Estados Unidos no formó parte de ella hasta 1917, coincidiendo con la fundación de la terapia ocupacional. Las consecuencias de la guerra en ese país derivadas de las lesiones y discapacidad de los soldados, los avances en las técnicas médicas y quirúrgicas, y el aumento del personal médico, fueron acompañadas de la capacitación en rehabilitación y reorientación vocacional, por lo que la terapia ocupacional supuso un apoyo esencial103. Este período se conoció como la Reconstrucción y ocurrió en diferentes países de Europa y América. Este movimiento generó que las mujeres se integraran más en la vida social, que comen99 Susan C. Johnson, “Occupational Therapy, Vocational Re-education and Industrial Rehabilitation”. Modern Hospital n.° 12 (1919): 221-223.

100 Johnson, “Occupational Therapy, Vocational”, 223.

101 Johnson, “Occupational Therapy, Vocational”, 222.

102 Johnson, “Occupational Therapy, Vocational”, 221.

103 Patricia Sanz, Cristina Rubio y María Ángeles Pastor, “La influencia de las ayudantes de reconstrucción en la historia de la terapia ocupacional”. Revista Terapia Ocupacional Galicia 10, n.° 18 (2013): 1-21.

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zaron a trasladarse a los hospitales para atender a los soldados heridos. Muchas provenían de familias preocupadas por su educación y, debido a que se solicitaba que la edad mínima para entrar como ayudantes fuera de 25 años, ya habían estudiado alguna carrera, generalmente Enfermería, o pertenecían a sociedades con fines sociales. Muchas fueron, por demás, feministas104.

Al percatarse del interés femenino, el Sargento General del Ejército de Estados Unidos reclutó exclusivamente a mujeres como ayudantes de la reconstrucción, con el argumento de que éstas podían promover la “moral y la motivación de los hombres incapacitados”105. Ahora bien, aunque las ocupaciones terapéuticas para soldados heridos fueron dirigidas principalmente por mujeres, estaban bajo la supervisión de un médico varón. Los objetivos de la rehabilitación eran la incorporación de los hombres al combate o su inserción en un empleo. Así, pues, se conformó un equipo liderado por traumatólogos y conformado por terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas y reeducadoras vocacionales. Principalmente, las ayudantes de la reconstrucción trabajaron con soldados con lesiones traumatológicas y trastornos neuropsiquiátricos: este modelo de reconstrucción se basó en el modelo inglés de Robert Jones para rehabilitar a los soldados que habían adquirido discapacidad106.

Estas ayudantes fueron muy importantes para el auge de la terapia ocupacional, ya que promovían su eficiencia y eficacia107. Durante este período la disciplina se alió con la U. S. Military y la American Medical Association, dos de las más poderosas y también conservadoras instituciones del país108. Uno de sus principales líderes, Thomas Kidner, tenía experiencia en el área, lo que favoreció los aspectos de formación profesional; Herbert Hall, otro de los fundadores, también trabajó en el diseño de los programas para las ayudantes de la reconstrucción109. Por su parte, Slagle, quien formó a cientos de terapeutas, se refirió a las mujeres reclutadas de la siguiente manera: “las solicitantes durante la Primera Guerra Mundial estaban influidas por un espíritu de patriotismo y sacrificio, mientras que las candidatas de la postguerra entraron en el campo exclusivamente para obtener un medio de vida”110. Así, esta nueva terapia ocupacional, bajo el ala de la medicina y del dominio femenino, siguió posicionándose en el mundo clínico y académico, y gracias a la Segunda Guerra Mundial, las mujeres tomarían un protagonismo jamás antes visto111. Los militares de la época aceptarían y, sobre todo, validarían las “características particulares” de las mujeres para el cuidado y la puesta en práctica de la ocupación, por lo que se habrían requerido sus servicios. Esto se tradujo en un espectacular auge en el desarrollo de la terapia ocupacional.

Conclusiones La terapia ocupacional ha presentado una versión oficial de la historia que se ha reproducido en muchos de sus textos, donde se ha suprimido el protagonismo de las mujeres en la disciplina. Por 104 María Ángeles Pastor, Patricia Sanz y Cristina Rubio, “La figura profesional de las ayudantes de reconstrucción de terapia ocupacional”. Revista Terapia Ocupacional Galicia 10, n.° 18 (2013): 1-31.

105 Frank, “Opening Feminist Histories”, 990.

106 Sanz, Rubio y Pastor, “La influencia de las ayudantes”, 3.

107 Suzuki, “History of Japanese”, 30.

108 Pollard, Sakellariou y Kronenberg, A Political Practice, 16.

109 Pastor, Sanz y Rubio, “La figura profesional”, 15.

110 Pastor, Sanz y Rubio, “La figura profesional”, 16.

111 Peloquin, “Ideas directrices”, 151.

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ello es necesaria la reivindicación de cientos de mujeres que participaron en la construcción de una profesión y que muchas veces quedaron a un lado frente a la mayor cantidad de registros históricos de varones, quienes sin duda han realizado grandes aportes a la historia, pero no fueron los únicos protagonistas. Además, el rescate feminista de las mujeres que aportaron de forma significativa a la profesión es fundamental para tener la posibilidad de apreciar la historia desde un nuevo punto de vista. Así, también, la perspectiva feminista de la historia entrega herramientas para develar lo oculto o destacar lo que pasa desapercibido, permitiendo romper los cánones tradicionales del género, donde las mujeres ocupan un segundo lugar.

Finalmente, releer la historia nos permite encontrar un nuevo punto de vista. Esto es lo que este escrito quiso aportar: la reflexión crítica que posiciona a las mujeres en la historia de la disciplina como pilares fundamentales en su edificación. Sin lugar a dudas, hay muchísimas mujeres más que han aportado en (o a) la profesión, y es por ello que está pendiente como tarea de la terapia ocupacional rescatar a aquellas que han permitido que la disciplina se fortalezca y desarrolle día a día, (re)escribiendo sus historias, en algunas ocasiones olvidadas o ignoradas.

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❧ Rodolfo Morrison Jara Académico y coordinador del área de Investigación del Departamento de Terapia Ocupacional y Ciencia de la Ocupación de la Universidad de Chile, e investigador adjunto de la Escuela de Terapia Ocupacional de la Universidad Bernardo O’Higgins (Chile). Licenciado en Ciencias de la Ocupación y Terapeuta Ocupacional por la Universidad Austral de Chile y Doctor en Lógica y Filosofía de la Ciencia por la Universidad de Salamanca (España). Entre sus publicaciones recientes se encuentran “Pragmatismo: una antigua epistemología para el actual Paradigma Social de la Ocupación”. Revista Terapia Ocupacional Galicia 12, n.° 21 (2015): 1-26, y “¿Por qué puede ser difícil comprender qué es la T.O.? Una propuesta teórica desde cuatro perspectivas”. Revista Chilena de Terapia Ocupacional 15, n.° 1 (2015): 123-134. morrison.rodolfo@gmail.com

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Neoliberalismo y crisis económica: políticas estatales, mercado y agricultores en Chile, 1973-1985❧ Fabián Almonacid Zapata Universidad Austral de Chile

doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit62.2016.06

Artículo recibido: 11 de marzo de 2015/ Aprobado: 30 de noviembre de 2015/ Modificado: 02 de diciembre de 2015

Resumen: Este artículo trata del impacto negativo de las políticas neoliberales en la agricultura tradicional chilena y las demandas de los agricultores sureños al Gobierno para cambiar esas políticas. Del malestar inicial, las organizaciones de agricultores pasaron a la acción, llegando a un conflicto frontal con el Gobierno, principalmente tras el inicio de la crisis económica en 1982. Se muestra cómo las exigencias de los agricultores llevaron a corregir el dogma neoliberal imperante entre 1983 y 1985. Mediante la definición de bandas de precios y un poder comprador, entre otras medidas, la agricultura tradicional logró salir de la bancarrota. El artículo se basa en una exhaustiva revisión de fuentes gubernamentales y prensa regional.

Palabras clave: Chile, Economía de mercado, producción agrícola, política agraria, recesión económica, dictadura (Thesaurus).

Neoliberalism and Economic Crisis: State Policies, Market and Farmers in Chile, 1973-1985 Abstract: This article deals with neoliberal policies in traditional agriculture in Chile and the southern farmers’ demands that the government change these policies. From an initial state of discontent, the farmers’ organizations moved on to action, eventually coming into frontal conflict with the government, mainly with the start of the economic crisis in 1982. It shows how the farmers’ demands led to correction of the predominant neoliberal dogmas between 1983 and 1985. By means of the definition of price bands and a purchasing power, among other measures, traditional agriculture managed to get out of bankruptcy. The article is based on an exhaustive review of governmental sources and regional press.

Keywords: Chile, market economy, agricultural production, economic recession, dictatorship (Thesaurus); agrarian policy (author’s keywords).

Neoliberalismo e crise econômica: políticas estatais, mercado e agricultores no Chile, 1973-1985 Resumo: Este artigo trata do impacto negativo das políticas neoliberais na agricultura tradicional chilena e as exigências dos agricultores do sul ao governo para mudar essas políticas. Do mal-estar inicial, as organizações de agricultores passaram à ação, chegando a um conflito direto com o governo, principalmente depois do início da crise econômica em 1982. Mostram-se como as exigências dos agricultores levaram a corrigir o dogma neoliberal imperante, entre 1983 e 1985. Mediante a definição de faixas de preços e um poder de compra, entre outras medidas, a agricultura tradicional conseguiu sair da bancarrota. O artigo baseia-se numa exaustiva revisão de fontes governamentais e imprensa regional.

Palavras-chave: Chile, Economia de mercado, política agrária, recessão econômica, ditadura (Thesaurus); produção agrícola (palavras-chave autor). ❧ Este artículo es resultado del proyecto de investigación Fondecyt N° 1130239, titulado “Transformaciones y

continuidades de la economía silvoagropecuaria del sur de Chile bajo el neoliberalismo, 1973-2010”, desarrollado entre 2013-2016.

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Neoliberalismo y crisis económica: políticas estatales, mercado y agricultores en Chile, 1973-1985 Fabián Almonacid Zapata

Introducción El enfrentamiento de los agricultores sureños a las políticas neoliberales en las décadas de los setenta y ochenta permite comprender parte de la conflictividad que generó la instalación del modelo neoliberal en Chile. Se trataba de un sistema que no contó con la aprobación de los sectores asalariados —lo que es bastante evidente—, y que tampoco tuvo el respaldo de todos los sectores empresariales y propietarios agrícolas. Sin contar la resistencia que hubo en la propia derecha pinochetista, gremialista, y en las Fuerzas Armadas. La reacción de los agricultores sureños fue parte de una arremetida general de los empresarios, durante la crisis económica de los ochenta, contra las políticas neoliberales dogmáticas o radicales. Guillermo Campero fue uno de los primeros en estudiar cómo las asociaciones empresariales participaron activamente en el proceso político nacional desde 1970 en adelante. Durante la dictadura militar, estos grupos respaldaron la definición de políticas neoliberales, así como hicieron ver su oposición cuando fueron afectados.

Durante la crisis económica de los ochenta, los sectores empresariales más perjudicados —entre ellos los agricultores— entraron en conflicto con el Gobierno, demandando y negociando a través de las principales organizaciones empresariales cambios concretos a la política económica1.

Por su parte, Eduardo Silva afirma que durante esa crisis los grandes empresarios pidieron al Gobierno modificar sus políticas, manteniendo un estrecho vínculo con los funcionarios estatales a la hora de definir las nuevas orientaciones2. Sin embargo, Silva otorga reconocimiento exclusivo a la Confederación de la Producción y el Comercio, que habría aglutinado las demandas empresariales, incluidas las de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), que representaba los intereses de los empresarios agrícolas de la zona central. Por otro lado, Patricio Silva, Jorge Echenique y Sergio Gómez han estudiado las relaciones de los agricultores con el Estado y las políticas neoliberales3. En 1 Guillermo Campero, Los gremios empresariales en el periodo 1970-1983. Comportamiento político y orientaciones ideológicas (Santiago: ILET, 1984), y “La relación entre el Gobierno y los grupos de presión: el proceso de la acción de bloques a la segmentada”. Revista de Ciencia Política XXIII, n.° 2 (2003): 159-176, doi: dx.doi. org/10.4067/S0718-090X2003000200008 2 De Eduardo Silva se pueden consultar los siguientes trabajos: “Capitalist Coalitions, the State, and Neoliberal Economic Restructuring: Chile, 1973-88”. World Politics 45, n.° 4 (1993): 526-559, doi: dx.doi. org/10.2307/2950708; The State and Capital in Chile: Business Elites, Technocrats, and Market Economics (Boulder: Westview Press, 1996); “From Dictatorship to Democracy: The Business-State Nexus in Chile’s Economic Transformation, 1975-1994”. Comparative Politics 28, n.° 3 (1996): 299-320, doi: dx.doi.org/10.2307/422209; “Business Association, Neoliberal Economic Restructuring, and Redemocratization in Chile”, en Organized Business, Economic Change, and Democracy in Latin America, editado por Francisco Durán y Eduardo Silva (Miami: North South Center Press, 1999); “El Estado y el capital en Chile: la construcción social de las instituciones para la formulación de políticas económicas”, en Innovación y construcción institucional: Latinoamérica y el Este de Asia, editado por Richard Doner (Barcelona: Icaria Editorial, 2008), 75-90.

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general, se produjo entre los agricultores una creciente oposición al neoliberalismo. Con diferencias sectoriales —de acuerdo al efecto que tenían las políticas en sus actividades— comenzaron a surgir quejas y peticiones, que llegaron a su apogeo con la crisis económica de los años ochenta. Sin embargo, excepto el estudio de Campero sobre los gremios empresariales, donde trata la oposición de la Confederación de Productores Agrícolas (CPA), del Consorcio Agrícola del Sur (CAS) y de agrupaciones de trigueros y remolacheros a las políticas económicas durante la crisis económica de los ochenta, y el de Gómez, sobre las demandas de los agricultores entre 1976 y 1982, falta una consideración especial sobre el protagonismo asumido por los agricultores sureños en esta materia durante la crisis económica4.

Es claro entonces que el Estado no es una entidad social autónoma; por el contrario, se encuentra relacionada, controlada, incluso intervenida, por los capitalistas. Para Peter Evans, se puede hablar de una “autonomía enraizada” (por los vínculos, raíces, que unen a los funcionarios estatales con los empresarios)5. En esta línea, el nexo de los empresarios chilenos señalado por Silva es permanente con el Estado. Por el contrario, en este artículo se cree que los agricultores sureños, si bien participaron en la redefinición de las políticas neoliberales, lo hicieron sólo en la coyuntura de la crisis, de un modo irregular, sin lograr insertarse en los niveles permanentes de vinculación entre empresarios y Estado. En ese sentido, se plantea que su posición en el campo de relaciones estatales fue marginal, por lo que sus conexiones fueron débiles, esporádicas y de corta duración.

Además, estos agricultores, fuertemente afectados por las políticas económicas neoliberales, se convirtieron en críticos del gobierno militar, de Pinochet y los neoliberales, pero sin dejar de ser —en su mayoría— partidarios leales del gobierno militar y del propio dictador.

1. Definición y efectos de la política económica neoliberal La crisis económica mundial de 1973 —seguida por la de 1978— produjo grandes efectos en la economía chilena, generando inestabilidad en el crecimiento, lo que perduraría en la década de los ochenta. La dictadura militar, desde 1973, enfrentó esta coyuntura y avanzó hacia la definición de un Estado, una economía y una sociedad nuevos. Después de políticas restrictivas del gasto público, orientadas a desestatizar la economía, con un enfoque economicista —pro empresarial, productivista y de vinculación a la economía internacional—, desde comienzos de 1975 se asume una política neoliberal como un cuerpo doctrinario, homogéneo y capaz de resolver los problemas de la economía.

4 Campero, Los gremios empresariales, 244-272, y Gómez, “Polémicas recientes”, 5-41.

5 Peter Evans, Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation (Princeton: Princeton University Press, 1995); Ben Ross, “Las relaciones entre el Estado y las empresas y sus consecuencias para el desarrollo: una revisión de la literatura reciente”. Desarrollo Económico 39, n.° 153 (1999): 45-78; y Andrés Sanfuentes, “Los grupos económicos: control y políticas”. Colección de Estudios Cieplan n.° 15 (1984), 131-170.

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Uno de los sectores más afectados por estas políticas neoliberales fue la agricultura6. Estructurada por el mercado, con un Estado que se aleja de la intervención directa en los precios, producción, distribución y comercialización de los productos silvoagropecuarios (cereales, leche, carne bovina, en lo fundamental), sujeta a los precios internacionales y a la competencia de las importaciones, que generalmente recibían subsidios en sus países de origen, la agricultura nacional comenzó una caída sistemática de su rentabilidad. Ya a fines de 1977 estalló un conflicto entre los ganaderos y el Gobierno, ya que una drástica reducción de los aranceles de importación hizo caer el precio interno de la leche. El Gobierno acusó a los afectados de ser los únicos responsables de sus problemas, por no ser capaces de adaptarse al nuevo escenario. Incluso un funcionario del Ministerio de Economía llegó a decirles, ante la dificultad de competir con la leche importada, que se “coman las vacas”7.

A pesar de la oposición del Ministerio de Economía, el Gobierno finalmente resolvió, en octubre de 1977, fijar un arancel específico para catorce productos lácteos, favoreciendo al sector en su competencia con las importaciones y para poder continuar desarrollándose8. Esto fue el resultado de la presión del CAS y de la CPA, dirigida por Domingo Durán. La SNA apoyó las demandas, pero fue desplazada del protagonismo como representante de los intereses gremiales de los agricultores. Además, entre 1974 y 1982 hubo un desplome de la superficie nacional sembrada con cereales y cultivos industriales, mientras se incrementó la siembra de cultivos de leguminosas, papas y frutales. La superficie de cereales se redujo un 33%, y la de cultivos industriales (maravilla, colza y remolacha azucarera) un 64% durante esos años. Por su parte, la superficie sembrada de leguminosas, papas y frutales aumentó cerca de un 50%9.

Las plantaciones frutales y las forestales aumentaron como resultado de una política de incentivos iniciada por la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) en los años sesenta y fortalecida por la dictadura militar10. A su vez, aumentó la exportación de vinos. Por su lado, el sector pecuario 6 Para esta parte, Gómez y Echenique, La agricultura chilena; Gómez, “El rol del sector”; Gómez, “Grupos sociales, organizaciones”; Gómez, “Organizaciones empresariales rurales”, 46-47 y 67-86; Belfor Portilla, “La política agrícola en Chile. Lecciones de tres décadas”. Cepal, Serie Desarrollo Productivo n.° 68 (2000): 1-83; Cristóbal Kay, “Chile’s Neoliberal Agrarian Transformation and the Peasantry”. Journal of Agrarian Change 2, n.° 4 (2002): 464-501, doi: dx.doi.org/10.1111/1471-0366.00043. Sobre los efectos en la agricultura latinoamericana, Eduardo Gudynas, “Un análisis preliminar de las transformaciones recientes en la agricultura latinoamericana”. Economía Crítica y Desarrollo 3, n.° 5 (2008): 167-191. Respecto al impacto ambiental de estas políticas en Chile, Miguel Altieri y Alejandro Rojas, “Ecological Impacts of Chile’s Neoliberal Policies, with Special Emphasis on Agroecosytems”. Environment, Development and Sustainability 1, n.° 1 (1999): 55-72, doi: dx.doi. org/10.1023/A:1010063724280 7 Gómez y Echenique, La agricultura chilena, 215-219; y Patricio Silva, Estado, neoliberalismo y política agraria en Chile, 1973-1981 (Ámsterdam: Cedla, 1987), 281-285. Sobre otros conflictos entre Gobierno y productores, Roberto Santana, Agricultura chilena en el siglo XX: contextos, actores y espacios agrícolas (Santiago: Dibam/ Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2006), 248-268.

8 Departamento de Economía Agraria, Pontificia Universidad Católica de Chile, “Perspectivas del sector lechero”. Panorama Económico de la Agricultura n.° 8 (1980): 3-7.

9

Banco Central de Chile, Indicadores económicos y sociales de Chile, 1960-2000 (Santiago: Banco Central de Chile, 2001), 97-114.

10 Pablo Camus, “Innovación agroproductiva y ordenamiento del territorio. El caso del desarrollo forestal chileno”. Scripta Nova 69, n.° 85 (2000); y Warwick Murray, “La globalización de la fruta, los cambios locales y el desigual desarrollo rural en América Latina: un análisis crítico del complejo de exportación de fruta chilena”.

Revista Eure XXV, n.° 75 (1999): 77-102.

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tuvo mejores condiciones de desarrollo desde 1975, con precios más altos para la carne y tras resolverse el problema lechero descrito. Eran los años previos a la crisis económica de 1982, cuando el modelo neoliberal había sido sancionado por la mayoría de los sectores empresariales como la única alternativa para el país. El “modelo” se había convertido en exitoso, en términos macroeconómicos, y era considerado un dogma por la mayoría de los partidarios del Gobierno. La excepción la constituían los agricultores de productos tradicionales, especialmente del sur11.

2. La crisis económica y la reacción de los agricultores Excluyendo los productos forestales, vinos y frutas, favorecidos por la apertura de la economía nacional al mercado mundial, la mayoría de los cultivos, leche y carne bovina cayeron en su producción en 1982-1983 a los peores niveles del siglo XX. No es extraño entonces que la principal oposición a las políticas neoliberales estuviera en el sur de Chile, principal zona productora de cultivos tradicionales, además de producción de leche y carne bovina, como lo era la Región de Los Lagos (de Valdivia a Chiloé), donde se generó en 1981 el 65% de la producción nacional de leche12. Junto a una alta producción nacional hubo una considerable importación, lo que provocó una caída del precio de la leche puesta en planta. En tal sentido, el precio de la leche pagada por la Cooperativa Agrícola y Lechera de Osorno (Calo) cayó de 7,52 pesos en 1975 a 5,20 pesos en 1978 —su momento más bajo— subiendo en 1979, para volver a caer en 1980, llegando a 6,85 pesos. Por tanto, sumando producción nacional e importaciones, hubo en 1981 unos 300 millones de litros de leche más de lo requerido por el consumo nacional, lo que provocó una fuerte caída de la producción nacional en el corto plazo.

Desde fines de 1980, la Asociación Nacional de Productores de Trigo (ANPT), liderada por Carlos Podlech (con sede en Temuco), comenzó una crítica directa a las políticas estatales; en diciembre envió una carta al ministro de Agricultura, Alfonso Márquez de la Plata, culpándolo de la quiebra de los agricultores13. En febrero de 1981, la Asociación se reunió en Santiago con el nuevo ministro de Agricultura, José Luis Toro, pues los asociados notaban una incoherencia entre una política estatal de promoción del cultivo del trigo y una política general de libre mercado en los últimos años. En este encuentro se demostró que los productores de trigo produjeron más, pero terminaron descapitalizados y endeudados. Ante esto, el Ministro de Agricultura prometió apoyar la formación de una entidad que comprara trigo a un precio adecuado y regulara el mercado a través del denominado poder comprador privado, organizada por los propios productores, así como crear una comisión nacional del trigo14. Además, recomendó al Presidente de la República, en junio de 1981, atender la queja de los productores sobre los productos importados subsidiados, ya que los bajos precios inter11 En los primeros meses de 1979, la SNA discrepaba de la CPA y el CAS por el daño que provocaban las políticas económicas en la agricultura tradicional. La SNA apoyó al Gobierno. Ver Campero, Los gremios empresariales, 200-209.

12 Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno (Sago), “Memorándum Comisión Leche”, Osorno, 17 diciembre de 1981, Archivo Nacional de la Administración (ARNAD), Santiago-Chile, Fondo Ministerio de Agricultura (MA), Documentos reservados recibidos, vol. 2.466.

13 “Polémica del trigo: Ministro-agricultores”, El Diario Austral, 23 de diciembre, 1980, 3.

14 Ney Faure Fernández, “Comunicación secretario general de la Asociación Nacional de Productores de Trigo al ministro de Agricultura, José Luis Toro”, Temuco, 24 de febrero de 1981, y Asociación Nacional de Productores de Trigo, “Comisión Nacional del Trigo”, en ARNAD, MA, Antecedentes varios, vol. 2.410; y “Trigo: Abrirán poder comprador en Victoria”, El Diario Austral, 24 de febrero, 1981, 5.

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nos les impedían pagar sus créditos. Asimismo, destacaba en su comunicación la crisis que vivían los agricultores de cultivos tradicionales del centro y sur del país15. Sin embargo, la solución propuesta por el Ministro era un reforzamiento de la política económica neoliberal.

Con el paso del tiempo, los agricultores del sur perdían la paciencia y ya no aceptaban las promesas de los funcionarios del Gobierno. A pesar de que se les pedía eficiencia, no había ninguna estabilidad ni lógica en las decisiones gubernamentales: precios bajos y estancados, falta de mercados, preferencia por los productos importados, créditos caros, entre otros. Como resultado de esto, en septiembre, las asociaciones agrícolas de todo el país plantearon al Gobierno su rechazo a la política económica, de manera especial por la llegada de importaciones de productos agropecuarios a bajo precio16. En octubre, en su tradicional exposición anual, el presidente de la SNA, Germán Riesco, reconocía la difícil situación agrícola y solicitaba algunas medidas correctivas, tales como mayor intervención estatal en el comercio de trigo, créditos e inversión estatal17.

Durante este último mes, el Ministerio de Economía también comunicaba al de Agricultura que no atendería peticiones hechas por dirigentes agrarios, respecto a controlar prácticas monopólicas por la falta de un poder comprador estatal de cultivos, y terminar con la competencia de los productos importados subsidiados. El Ministerio de Economía no reconocía ninguna necesidad de regular estas situaciones, pues: “[…] la política imperante consiste en liberalizar los mercados de todas las trabas existentes […]”18. Entretanto, en noviembre de 1981, el Presidente de la República recibió un documento de los agricultores del sur sobre el bajísimo precio que se les pagaba por la leche —4 pesos por litro al productor—, mientras que el precio al público era de 16 pesos. En Europa, en comparación con lo vivido en Chile, a un mismo precio de venta al público, el agricultor recibía 10 pesos por litro19.

Por último, en diciembre de 1981, la Sago organizó una Comisión Leche, compuesta por los dirigentes de la sociedad y representantes de cuatro plantas lecheras, con el fin de plantear al gobernador de la provincia el problema que vivía el sector y las soluciones requeridas20. Se planteaba que había una producción interna que cubría el 86% del consumo nacional; a la vez, una importación excesiva de leche en polvo, que provocaba un exceso de productos y una caída, incluso cierre, de la compra de leche a los productores nacionales. Por tanto, pedían que el Estado controlara las importaciones, a través de un memorándum que llegó a las autoridades regionales y al Gobierno central. La Oficina de Planificación Agrícola (Odepa) regional comentaba al Ministro de Agricultura que ese documento proponía una serie de medidas que: “[…] no se encuadran a los lineamientos de la actual política económica del gobierno”21. Sin embargo, el mismo informe de la Odepa daba la razón a los agricultores, destacando la caída de los precios de la leche y la reducción 15 José Luis Toro, “Memorándum reservado del ministro de Agricultura al presidente de la república”, Santiago, 22 de junio de 1981, en ARNAD, MA, Antecedentes varios, vol. 2.417.

16 “Agricultores sureños a la pelea: el CAS se reúne con ministro de Agricultura”, La Prensa, 7 de enero, 1982, 5.

17 Campero, Los gremios empresariales, 238-239.

18 Pedro Pizarro, “Oficio del subsecretario de Economía, Fomento y Reconstrucción al subsecretario de Agricultura”, Santiago, 6 de octubre de 1981, en ARNAD, MA, Antecedentes varios, vol. 2.415.

19 Alejandro Espejo, “Oficio del jefe de gabinete del subsecretario de Agricultura al secretario regional ministerial de Agricultura X región”, Santiago, 30 de noviembre de 1981, en ARNAD, MA, Antecedentes varios, vol. 2.418.

20 Sago, “Memorándum Comisión Leche”, Osorno, 17 diciembre de 1981, ARNAD, MA, Documentos reservados recibidos, vol. 2.466.

21 Oficina de Planificación Agrícola Xma. Región, “Informe coyuntural sector agrícola Xma. Región”, Puerto Montt, diciembre de 1981, en ARNAD, MA, Documentos reservados recibidos, vol. 2.466.

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de superficie sembrada con cultivos tradicionales. Esto mostraba, por tanto, que los agricultores, los funcionarios y las autoridades del Gobierno coincidían en el diagnóstico de la situación agrícola, pero estaban lejos de tener las mismas soluciones para estos problemas. Más aún si se tiene en cuenta que el Gobierno no abandonaba la receta neoliberal.

Esto conllevó que en los últimos meses de 1981 y comienzos de 1982, las organizaciones agrícolas del sur asumieran una crítica activa a la política económica. Con este propósito, a principios de enero de 1982 los dirigentes del CAS visitaron al Ministro de Agricultura para plantearle los problemas del agro sureño22, pero sus demandas no fueron atendidas. En ese momento, el Gobierno planteó la visita de un experto internacional, para que una voz independiente informara sobre la realidad de la agricultura. Finalmente, tras el acuerdo entre la SNA y el Gobierno, se contrató al experto norteamericano Clifford Hardin, quien fue acompañado por Clarence Palmby para analizar la situación agrícola nacional, en enero de 1982. Según escribía Cristián Huneeus, escritor y agricultor, en febrero de 1982: “Mucha gente se ha reído de la iniciativa: por decirlo de una vez, nadie entiende que deba apelarse a un extranjero para dar cuenta de algo conocido aquí por todos, como es la bancarrota de la agricultura a consecuencia de la aplicación liviana y juvenil de un modelo económico que no la estima necesaria (pues parte del principio engañadoramente inobjetable de que todo producto de la tierra puede traerse desde fuera)”23.

El informe de Hardin estaba de acuerdo con lo planteado por los agricultores, respecto a la rigidez con que se había aplicado el modelo. Heriberto Schilling, presidente de la Asociación de Agricultores de Llanquihue (Agro Llanquihue), señaló por esa fecha en Puerto Varas —a propósito de la visita de Hardin— que los problemas del agro eran comprendidos pero no asumidos, pues los economistas hablaban un lenguaje diferente al del agro. Schilling señaló que aunque apoyaban al gobierno militar, no comprendían por qué no se le daba un trato especial a la agricultura; pero a su vez confiaba en que el presidente Pinochet, como en el caso del alza del arancel de la leche años antes, terminaría atendiendo sus peticiones. También destacaba que el mandatario había dado instrucciones para que se renegociaran los créditos agrícolas en el Banco del Estado. El propio José Toribio Merino, miembro de la Junta de Gobierno, estaba sorprendido por la difícil situación de los productores lecheros del sur, por lo que en enero de 1982 le pidió al Ministro de Economía atender el efecto que provocaban las importaciones lácteas en la baja del precio interno de la leche y el consiguiente daño a los productores24.

A fines de enero, Clifford Hardin también estuvo en Osorno, invitado por la Sago y el CAS25.

Domingo Durán, presidente de la CPA, se alegró de que el informe de Hardin coincidiera con lo planteado por los agricultores, pues Hardin consideraba que el mejor agricultor, con la mejor 22 “A productores del sur recibirá hoy ministro”, La Prensa, 8 de enero, 1982, 1; “Piden soluciones de emergencia para agricultores sureños”, La Prensa, 9 de enero, 1982, 1; y “Poco optimistas volvieron los productores agrícolas”, La Prensa, 12 de enero, 1982, 1.

23 Publicado en La Tercera de la Hora, 2 de febrero de 1982, en Daniel Huneeus y Manuel Vicuña, Cristián Huneeus. Artículos de prensa (1969-1985) (Santiago: Dibam/Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2001), 97.

24 José Toribio Merino, “Oficio de José Toribio Merino, almirante, comandante en jefe de la Armada y miembro de la Junta de Gobierno al ministro de Economía”, Santiago, 4 de enero de 1982, en ARNAD, MA, Leche, vol. 2.476.

25 “Experto agrícola de EE. UU. conocerá situación del sur”, La Prensa, 30 de enero, 1982, 3.

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tecnología, quebraría en Chile en las actuales circunstancias26. A pesar de estos informes, y ante la falta de soluciones concretas, a comienzos de febrero, la ANPT, reunida en Chillán, solicitó que el Estado interviniera en la comercialización del trigo, amenazando con no pagar sus compromisos bancarios si ello no se hacía27. Por su parte, Agro Llanquihue realizó una asamblea en Puerto Varas, en la que concluyó que de no haber renegociación a bajo interés de la deuda bancaria, la agricultura iba directo a la quiebra28. Mientras que, a mediados de ese mismo mes, Pinochet estuvo de visita en el sur, señalando en Temuco su rechazo a dictar medidas que favorecieran a un sector por sobre otros29. En Osorno fue mucho más claro, al plantear que lo que hiciera el Gobierno de ningún modo implicaba alterar la estrategia de desarrollo económico30. En conclusión, planteaba que las propuestas que estudiaban la SNA y otras organizaciones debían ser asumidas por los propios agricultores, pues para Pinochet los problemas de la agricultura provenían de la economía internacional y debían ser enfrentados por los agricultores, con su iniciativa y capacidad creadora.

Ante esto, el presidente de la Sago, Hernán Follert, manifestó a los ministros que acompañaban al Presidente el daño provocado en la región por la importación de productos agropecuarios (leche y carne) y las altas tasas de interés de los créditos31. El Gobierno no estaba dispuesto a variar la política económica, lo que señaló claramente Pinochet en su visita a Temuco y Osorno, y fue reiterado a principios de marzo por Fernando Léniz, exministro de economía32. Detrás de este rechazo estaba la convicción de que el Estado no debía tener ningún papel regulador, a pesar de que esta afincada creencia neoliberal sólo provocaría una profundización de la crisis33. La alarmante situación de los agricultores tuvo expresión en un altísimo endeudamiento; de ahí que en la Región de Los Lagos los bancos tenían otorgados créditos por 15 mil millones de pesos, el 40% de ellos a agricultores34.

A nivel nacional, en 1981 los créditos bancarios eran equivalentes al 56% del Producto Geográfico Bruto (PGB), mientras que en 1982 llegarían a ser el 75%35; además, las tasas de interés nominales habían pasado de 13,1% en 1980, a 39% en 1981 y a 36,5% en 198236. Por estas razones, en Osorno y Llanquihue hubo reprogramación de deudas37, pues la SNA se reunió con los bancos, y la CPA creó una comisión para negociar a nombre de los agricultores nacionales. La situación 26 “Informe de los agricultores y de experto Hardin, son coincidentes”, La Prensa, 18 de febrero, 1982, 1.

27 Campero, Los gremios empresariales, 248-249.

28 “Agro Llanquihue se pronuncia sobre problemas agropecuarios”, La Prensa, 23 de febrero, 1982, 3.

29 “S.E. anunció medidas en favor de la agricultura”, La Prensa, 15 de febrero, 1982, 1.

30 “El gobierno ha dispuesto medidas para solucionar caso agricultura”, La Prensa, 19 de febrero, 1982, 1.

31 Hernán Follert, “Creemos que la reunión con los ministros fue positiva”, La Prensa, 20 de febrero, 1982, 5.

32 “Existe madurez entre los agricultores para reaccionar frente a los problemas”, La Prensa, 4 de marzo, 1982, 5.

33 Alejandro Foxley, “Cinco lecciones de la crisis actual”. Colección de Estudios Cieplan n.° 8 (1982): 167.

34 Juan Bastidas, “Cartera vencida y controversia bancos-productores agrícolas”, La Prensa, 7 de marzo, 1982, 5.

35 José Pablo Arellano, “Crisis y recuperación económica en Chile en los años 80”. Colección de Estudios Cieplan n.° 24 (1988): 81.

36 Ignacio Valenzuela, “Costo real del crédito en 1984”. Serie de Estudios Económicos n.° 24 (1985): 12.

37 “Renegociadas todas las deudas agrícolas en Banco del Estado”, La Prensa, 17 de marzo, 1982, 1; “Renegociación de deuda harán los agricultores”, La Prensa, 18 de marzo, 1982, 1; “Riesco: positiva reacción de los bancos con el agro”, La Prensa, 19 de marzo, 1982, 1; ‘“Comisión no busca enfrentamiento con los bancos privados’: Jorge Albornoz”, La Prensa, 21 de marzo, 1982, 1; e “Interesados agricultores en renegociar sus deudas”, La Prensa, 24 de marzo, 1982, 1.

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de los pequeños agricultores no era mejor: hacia julio de 1982, un 22% de los créditos entregados en 1981 por el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (Indap) estaban impagos38; por otro lado, a fines de 1982 la cartera vencida de Indap llegaría al 29,8%39. Del total adeudado, un 31% correspondía a los pequeños agricultores del sur.

Esto conllevó que a comienzos de abril de 1982, la SNA se reuniera de nuevo con el Gobierno.

Germán Riesco, presidente de la SNA, afirmó que buena parte de las soluciones para enfrentar los problemas del agro eran responsabilidad de los propios agricultores40. No obstante, en este punto no había una opinión común entre los agricultores: la Sago compartía la opinión de la SNA, pero las demás organizaciones de agricultores eran más críticas con el Gobierno y demandaban un rol más activo del Estado. Por ejemplo, Domingo Durán, presidente de la CPA, estuvo a fines de abril en Puerto Varas y Osorno, donde se reunió con agricultores41, destacando la importancia del informe de Hardin, que confirmaba lo que ellos pedían al Gobierno: que la política económica era la responsable de los problemas agrarios.

A fines de abril, Jorge Prado fue nombrado ministro de Agricultura, después de haber sido vicepresidente de la SNA42, generando cierto optimismo en el sur43. Sin embargo, pronto vino la desilusión, al comprobar los agricultores que el Ministro mantenía el principio de no intervención estatal en la economía. Para esa fecha, la SNA tuvo dos reuniones de trabajo con el Presidente de la República, a la que asistieron varios ministros44, con el propósito de que él viera la fuerte caída de la superficie cultivada en los últimos años. Otro tanto ocurría con la ganadería, y se sumaban el endeudamiento agrícola —de más de dos mil millones de dólares—, el ingreso de productos agrícolas subsidiados, mercados agrícolas poco transparentes y no competitivos, con el consiguiente bajo precio pagado a los productores, y altos precios finales a consumidores. Señalaban que esto tenía principalmente su origen en el modelo económico, por lo que solicitaban renegociar deudas, créditos más baratos y con plazos mayores, mercados más competitivos para los productores agropecuarios, e impedir el ingreso de productos importados subsidiados.

Por su parte, Carlos Podlech, presidente de la ANPT, a comienzos de mayo solicitó al nuevo Ministro de Agricultura que actuara con el trigo tal como se había hecho con la remolacha azucarera, a la que se había asegurado un precio por tonelada, y se había definido que la Industria Azucarera Nacional (Iansa) sería poder comprador45. Los primeros días de mayo, la Confederación de Asociaciones y Federaciones Gremiales de Agricultores de Chile fue recibida por el Ministro de 38 Sergio Bezanilla Ferres, “Evaluación de resultados contables y económicos-financieros del Indap”, Santiago, 14 de julio de 1982, en ARNAD, MA, Documentos reservados recibidos vol. 2.464, 39 División Finanzas, “Informes Generales de Crédito año 1982”, Santiago, en ARNAD, MA, Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), vol. 2.467.

40 “S.E. analiza problemas del agro con los dirigentes”, La Prensa, 2 de abril, 1982, 1.

41 Juan Bastidas, “A colihuazo limpio y por la nuca”, La Prensa, 22 de abril, 1982, 5.

42 “Agricultores de Llanquihue y el nuevo ministro Prado”, La Prensa, 26 de abril, 1982, 8.

43 Hernán Follert, “Telegrama de Hernán Follert, presidente de Sago, al ministro de Agricultura”, Osorno, 28 de abril de 1982, en ARNAD, MA, Antecedentes varios, vol. 2.468.

44 Germán Riesco, “Carta de Germán Riesco, presidente de la SNA, a los socios de la SNA”, Santiago, 12 de mayo de 1982, en ARNAD, MA, Antecedentes varios, vol. 2.468; y “SNA pide adopción de medidas correctivas para agricultura”, La Prensa, 24 de mayo, 1982, 11.

45 Carlos Podlech, “Carta de Carlos Podlech, presidente de la ANPT, al ministro de Agricultura”, Lautaro, 3 de mayo de 1982, en ARNAD, MA, Antecedentes varios, vol. 2.468.

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Agricultura. Estos grupos plantearon su preocupación por el endeudamiento y el escaso acceso a nuevos créditos, por la baja en siembras de cereales y leguminosas, y la comercialización de productos. Asimismo, insistieron en su interés de reunirse con el Presidente de la República, como regularmente hacían otras organizaciones, mientras que ellos no habían tenido esa oportunidad46.

3. Agudización de la crisis y el distanciamiento entre los agricultores y el Gobierno El momento determinante de la crisis económica se produjo en junio de 1982, cuando el peso fue devaluado, subiendo su relación con el dólar de 39 a 46 pesos, alterando el valor que había tenido desde 1979. Además, junto a la devaluación estaban el endeudamiento privado y estatal, la reducción de las exportaciones, la falta de divisas, entre otros. Como en un efecto dominó, toda la economía se desplomó en los meses siguientes, con la quiebra masiva de empresas e industrias, una caída dramática de la producción, crisis bancaria y cesantía generalizada47. Esto hizo que en julio de 1982 se reunieran en Santiago 84 representantes de organizaciones agrícolas desde Arica hasta Puerto Montt, integrantes de la CPA, para tratar la situación agrícola nacional48. Se planteó que el bajo precio del dólar, la apertura a la economía mundial, créditos caros y desprotección de los productores nacionales, generaron una importación masiva, consumismo desenfrenado, la ruina de los agricultores y sus cultivos, quiebras industriales, endeudamiento y cesantía. Pero además, a comienzos de agosto, los dirigentes agrícolas del país fueron invitados a una reunión con el Presidente de la República49. Una ocasión en la que Heriberto Schilling, de Agro Llanquihue, destacó la abrupta caída de los precios de la leche y la carne entre 1979 y 1982, con valores reales cercanos al 50%. Ante las críticas de los dirigentes, los ministros de Agricultura y Hacienda desmintieron lo planteado y afirmaron que se mantendrían los aranceles de importación y las tasas de interés, que venían definidas desde afuera. Finalmente, Pinochet planteó que, si bien estudiaría los planteamientos, no prometía nada. Como puede verse en el cuadro 1, la economía nacional inició una profunda crisis económica, cuyos peores años fueron 1982 y 1983; entre tanto, recién en 1985 puede considerarse que el país comenzó a remontar la caída.

Ahora bien, el 6 de agosto de 1982, el Banco Central dispuso la libertad cambiaria del dólar50.

Ello tendría efecto directo en el aumento de las deudas, tomadas en dólares, así como en el valor de los insumos. Ese mismo mes, los productores lecheros de Osorno, motivados por la Sago, retomaron la Comisión de la Leche, que se encargaría de negociar mejores precios para los pro46 Adolfo Larraín, “Carta de Adolfo Larraín, director Confederación de Asociaciones y Federaciones Gremiales de Agricultores de Chile, al ministro de Agricultura”, Santiago, 8 de mayo de 1982, en ARNAD, MA, Antecedentes varios, vol. 2.468.

47 Ver Patricio Meller, Un siglo de economía política chilena (1890-1990) (Santiago: Editorial Andrés Bello, 1998), 198-284; Ricardo Ffrench-Davis, Entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad. Tres décadas de política económica en Chile (Santiago: Dolmen Ediciones, 2001); Manuel Gárate, La revolución capitalista de Chile (19732003) (Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2014), 283-307; y Juan Andrés Fontaine, “Economía chilena en los 80: ajuste y recuperación”. Serie de Estudios Económicos n.° 34 (1987).

48 Confederación de Productores Agrícolas de Chile, “Agricultores: urgente acción para superar la emergencia”, 24 Horas, 3 de agosto, 1982, 7.

49 “Presidente escuchó, pero no prometió”, 24 Horas, Osorno, 5 de agosto, 1982, 16.

50 Banco Central de Chile, Indicadores económicos, 394; “Dólar quedó libre”, 24 Horas, Osorno, 6, 7 y 13 de agosto, 1982, 9.

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ductores lecheros51. La iniciativa tuvo un decidido apoyo entre los productores, pues los precios y la producción seguían a la baja, mientras las importaciones se mantenían altas. Por último, los productores lecheros crearon una comisión gremial-comercial para demandar un mercado más competitivo. Por su parte, un grupo de dirigentes mapuche de Temuco, representantes de la Asociación de Pequeños Agricultores y Artesanos, opositores a la dictadura militar, dieron a conocer públicamente en Santiago un documento entregado al Gobierno el 6 de agosto, en el que destacaban la pésima situación económica de las comunidades mapuche, pidiendo condonación de las deudas contraídas con el Estado y privados, devolución de tierras, mayor asistencia técnica y créditos del Estado y rechazo a la legislación que promovía desde 1979 la división de la comunidades52.

Cuadro 1. La crisis económica de los años ochenta, 1981-1985 Indicadores

1981

1982

1983

1984

1985

386.611

334.078

324.717

343.828

350.596

Variación del Producto Interno Bruto (%)

6,2

-13,6

-2,8

5,9

2,0

Índice de precios al consumidor (base 1998)

9,5

20,7

23,1

23,0

26,7

Tipo de cambio dólar, promedio anual (pesos)

39,0

50,91

78,79

98,48

160,86

Tasa desocupación (%)

11,3

19,6

14,6

13,9

12,0

Tasa interés bancario real (%)

28,72

22,41

3,94

2,34

4,12

Deuda externa (millones de dólares)

15.542

17.153

17.431

18.877

19.444

Exportaciones (millones de dólares)

5.008

4.641

4.628

4.315

4.497

Producto Interno Bruto (millones de pesos de 1977)

Fuente: elaboración del autor, a partir de Banco Central de Chile, Indicadores económicos, 19, 23, 366, 394, 520, 707, 708, 783, 784 y 793.

51 ‘“Comisión de la Leche’ moviliza a productores”, La Prensa, 14 de agosto, 1982, 1; “Por fin se unen los productores lecheros”, La Prensa, 19 de agosto, 1982, 1; “Sesenta millones de litros maneja Comisión de la Leche”, La Prensa, 29 de agosto, 1982, 1; Tito Geisser, “Productores lecheros osorninos: ‘tomarán el rábano por las hojas’”, 24 Horas, Valdivia, 25 de agosto, 1982, 5.

52 Jefe de Departamento de Seguridad del Agro, “Informe enviado al subsecretario de Agricultura”, Santiago, 12 agosto de 1982, en ARNAD, MA, Documentos reservados recibidos, vol. 2.466; “Petitorio mapuche a las autoridades”, El Mercurio, 18 de agosto, 1982; “Mapuches tocan la trutruca”, Las Últimas Noticias, 18 de agosto, 1982; y “Agricultores mapuches piden entrevista con Jefe de Estado”, La Nación, recortes de prensa, en ARNAD, MA, Indap, vol. 2467. Los decretos leyes 2.568 y 2.570 de marzo y julio de 1979 habían dispuesto la división de las comunidades. Véase: Ministerio de Agricultura, “Modifica Ley n° 17.729, sobre protección de indígenas, y radica funciones del Instituto de Desarrollo Indígena en el Instituto de Desarrollo Agropecuario”, Santiago, 28 de marzo de 1979, en Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN), Santiago-Chile, Leyes y decretos, <http://bcn.cl/1uwam>; y Ministerio de Minería, “Rebaja el monto de la patente minera que ampara pertenencias constituidas en salares”, Santiago, 30 de marzo de 1979, en BCN, Leyes y decretos, <http://bcn. cl/1xf2q>.

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Neoliberalismo y crisis económica: políticas estatales, mercado y agricultores en Chile, 1973-1985 Fabián Almonacid Zapata

A mediados de agosto, Pinochet dio una entrevista a la revista Qué Pasa, en la que afirmaba, respecto a cómo el Gobierno enfrentaba la situación económica, que: “[…] las medidas adoptadas procuran neutralizar los efectos de la crisis, reactivar la economía sin apartarnos del modelo”53. Para Pinochet, la crisis tenía un origen internacional y de larga data, pero en ningún caso era responsabilidad de las políticas internas de su gobierno. Respecto al rubro lechero, en septiembre se supo que el Servicio Nacional de Salud (SNS) realizaría una licitación para adquirir leche en polvo para los programas de alimentación estatal, y las plantas lecheras podrían postular utilizando leche argentina, de precio más bajo que la nacional. Ante el rechazo de la SNA, Sago y Agro Llanquihue, el Ministerio de Agricultura se reunió con productores y representantes de todas las plantas lecheras, suspendiendo finalmente esa licitación54.

Un paso más en la defensa de sus intereses se dio en septiembre de 1982, con la creación de la Asociación Gremial de Productores Lecheros de Osorno55. Por otro lado, desde enero de 1982 los agricultores habían estado reprogramando sus deudas con el Banco del Estado, de ahí que en la Araucanía casi un 58% de los créditos existentes habían sido renegociados hacia fines de septiembre56. El 5 de octubre de 1982, Durán, en una reunión donde se trataron los problemas agrícolas, propuso al biministro de Economía y Hacienda, Rolf Lüders, que hubiera una entidad compradora de trigo para regular el mercado57. Además, pidió utilizar la infraestructura de la Empresa de Comercialización Agrícola (ECA) para ese fin58. El Gobierno respondió en noviembre apoyando la creación de una entidad compradora privada, dirigida por la Confederación Nacional de Cooperativas Agrícolas (Copagro).

En octubre, el Jefe del Departamento de Seguridad le comunicó al Ministro de Agricultura que en la provincia de Llanquihue había malestar por el endeudamiento y la tasa de interés, y que pedían licitaciones de leche por parte del SNS programadas e informadas con anticipación y mejores precios para el ganado bovino y remolacha azucarera59. Miguel Loayza, de la Asociación de Productores Lecheros de Osorno, estuvo en Santiago solicitando una restricción de la

53 Olga Kliwadenko, “Sin apartarnos del modelo, forjaremos una sociedad libre”, 24 Horas, 20 de agosto, 1982, 7.

Cursivas del autor.

54 Heriberto Schilling, “Carta del presidente de Agro Llanquihue, al ministro de Agricultura”, Puerto Montt, 22 de septiembre de 1982, en ARNAD, MA, Antecedentes varios, vol. 2.468; y “Min. de Salud llama a propuesta internacional para comprar leche”, 24 Horas, Osorno, 13 de septiembre, 1982, 7; “Productores piden evitar venta de leche importada”, 24 Horas, Osorno, 15 de septiembre, 1982, 9; “Autoridades ordenaron suspender licitación internacional de leche”, 24 Horas, Osorno, 16 de septiembre, 1982, 16; y “Mercado lechero”, 24 Horas, Osorno, 17 de septiembre, 1982, 3.

55 “Lecheros eligieron integrantes asociación gremial productiva”, 24 Horas, Osorno, 21 de septiembre, 1982.

56 Gerente general del Banco del Estado, “Carta al jefe de gabinete del Ministerio de Agricultura”, Santiago, 11 de octubre de 1982, en ARNAD, MA, Antecedentes varios, vol. 2.474; y Gerente General del Banco del Estado, “Comunicado a agentes, gerentes y subgerentes regionales”, Santiago, 22 de enero de 1982, en ARNAD, MA, Antecedentes varios, vol. 2.474.

57 “Agricultores: créditos con el aval del Estado”, 24 Horas, Osorno, 6 de octubre, 1982, 7; y “Poder comprador de trigo”, Diario Austral, 3 de noviembre, 1982, 2.

58 En 1979, el Estado había eliminado las bandas de precios y la ECA. Iica, Apoyo a la ejecución del programa de desarrollo rural de la VI región de Chile (San José: Iica, 1983), 9-10.

59 Jefe del Departamento de Seguridad del Agro, “Oficio al subsecretario de Agricultura”, Santiago, 7 de octubre de 1982, en ARNAD, MA, Documentos reservados y despachos clasificados, vol. 2.502.

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importación de leche en polvo, a propósito de la licitación que estaba por hacer el SNS60. La licitación finalmente tuvo la participación de cinco empresas, sólo una de ellas extranjera. A mediados de este mes se reunieron en Temuco representantes agrícolas del sur de Chile, quienes plantearon que, ante el grave endeudamiento agrario, sólo cabía una moratoria en los pagos, debiendo pagarse sólo el capital adeudado. El ministro de Agricultura, Jorge Prado, les indicó que frente al escenario de mayor competencia internacional, sólo cabían mejoras productivas. En el caso de la comercialización del trigo, el Estado entregaría a Copagro los silos y lugares de acopio de la ECA y créditos para una entidad compradora de granos61.

Asimismo, el Presidente del Banco Central informó de las dificultades monetarias que el país estaba enfrentando, de manera particular el déficit que se presentaba en las cuentas nacionales, hablando también abiertamente de la crisis que vivía el país: concluía que la recuperación sería lenta, restándole responsabilidad al Estado en su solución y centrándola en la economía mundial62. El 23 de octubre, por ejemplo, en Valdivia, una reunión de gremios de la producción y el comercio local hizo un llamado al Gobierno para resolver la destrucción de la producción agrícola e industrial nacional. Para Campero, esta declaración marcó un punto de quiebre en la oposición empresarial al Gobierno63.

A fines de octubre se realizó en Santiago la tradicional feria de la SNA, con la asistencia del Presidente de la República, Junta de Gobierno y ministros. Frente a ellos, Germán Riesco, presidente de la SNA, señaló los tres principales problemas del agro: endeudamiento, desprotección frente a las importaciones subsidiadas y comercialización imperfecta en el mercado nacional. Destacó que: “Los agricultores no pretendemos reimplantar un esquema ya superado de sustitución de importaciones, vía aranceles diferenciados que sólo introducen distorsiones en la asignación de recursos, pero sí creemos que es absurdo que se dejen de producir cientos de millones de dólares en alimentos (trigo, maíz, oleaginosas, azúcar, leche, etc.) con el consecuente efectivo negativo en la generación de empleo y de actividades anexas, sólo debido a la obstinación y/o dejación de la autoridad económica en el perfeccionamiento de los mercados internos”64.

Por supuesto, Riesco recordó al Gobierno que eran sus férreos partidarios y confiaban en que se enfrentaría a tiempo esta grave situación. Rolf Lüders, biministro de Economía y Hacienda, indicaba en una reunión con dirigentes de empresarios valdivianos cómo se pretendía salir de la crisis: estímulo a las exportaciones, aumento del empleo, reducción de los salarios, pues la mano de obra barata era una ventaja comparativa nacional; al mismo tiempo que intereses superiores a los internacionales, para atraer inversión extranjera, y renegociación de deudas en dólares y pesos65.

En fin, el Biministro tampoco reconocía responsabilidad de las políticas neoliberales implantadas por el Estado, como se decía en la prensa de Osorno, a propósito de los problemas económicos: “Al biministro le preocupan, a los productores nos arruinan”66.

60 “Productores esperan nuevo trato en la licitación de leche”, 24 Horas, Osorno, 7 de octubre, 1982, 9; y “Servicio de Salud comprará 10 mil toneladas de leche”, 24 Horas, Osorno, 14 de octubre, 1982, 7.

61 “Modernización para competir con los mercados externos”, 24 Horas, Osorno, 17 de octubre, 1982, 6.

62 “Plan monetario: única vía para superar la crisis”, 24 Horas, Osorno, 20 de octubre, 1982, 6.

63 Campero, Los gremios empresariales, 263-265.

64 “Problemas del sector agrario abordó Germán Riesco en Fisa”, 24 Horas, Osorno, 28 de octubre, 1982, 7.

65 “Lüders dejó abiertas puertas del Ministerio”, 24 Horas, Osorno, 29 de octubre, 1982, 10.

66 Francisco Hernández, “Frente a nuestros problemas; la fuerza y la cordura” 24 Horas, Osorno, 7 de noviembre, 1982, 2.

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A mediados de noviembre, Lüders explicaba, también en la reunión de Enade 1982, que la política de reactivación no alteraría el modelo, respetando los principios de propiedad privada, libertad de funcionamiento de los mercados, apertura al comercio exterior y rol subsidiario del Estado67. Ante esta situación, en Osorno los productores de diferentes sectores de la economía buscaban enfrentar unidos las dificultades y hacer peticiones conjuntas al Gobierno68; así, el 17 de noviembre estuvieron reunidos con representantes del Banco Central y Superintendencia para pedir un mejor trato crediticio. A pesar de esto, en noviembre y diciembre se agudizaron las movilizaciones de agricultores a nivel nacional. De tal forma, la Federación de Productores Agrícolas de Cachapoal publicó en la prensa nacional la “Declaración de Rancagua”, reclamando por el embargo por deudas de predios agrícolas y llamando a no participar en los remates de esas propiedades. Por su parte, hubo otras manifestaciones similares en San Carlos, Curicó y Chillán69.

La práctica de impedir los remates, al parecer, fue acordada a nivel nacional. En Temuco, por ejemplo, el 23 de noviembre, Carlos Podlech y treinta agricultores más impidieron que se realizara un remate judicial; además algunos comerciantes cerraron sus tiendas en solidaridad con los agricultores. El 26 hubo otra manifestación de agricultores contra un remate, y recibieron apoyo del gremio de transportistas e industriales de la zona. Asimismo, en los primeros días de diciembre se reunieron en Osorno las principales organizaciones agrícolas nacionales (SNA, CAS, CPA y Sago), siendo la primera vez después de diez años que se reunían70. En Temuco, por su parte, la Policía impidió la realización de una reunión de productores trigueros convocada por Carlos Podlech, presidente de la ANPT, el 3 de diciembre, en un recinto de la Sofo, a la que llegaron cerca de 150 agricultores, y hubo 19 personas detenidas, entre ellas varios dirigentes agrícolas y el propio Carlos Podlech71. Sin importar esto, se emitió la llamada “Declaración de Temuco”, por dirigentes gremiales nacionales y regionales, en la que pedían un plan de emergencia nacional, intervención de la banca chilena, amnistía a los que hubieran emitido cheques sin fondos y renegociación de deudas y moratoria.

El 4 de diciembre, todos los detenidos fueron liberados, excepto Podlech, que fue enviado al día siguiente al exilio, a Brasil72. El dirigente, sorprendido por su expulsión del país, manifestaba desde Río de Janeiro: “Yo soy agricultor y lucho por solucionar mis problemas y los de mi gremio. Con esta medida entiendo que, entonces, deberían echar del país a millones de chilenos”73. La medida adoptada por el Gobierno contra Podlech era la conclusión de un distanciamiento que se había producido a lo largo de los dos años anteriores, pues ya en julio de 1981

67 “Así será la reactivación”, 24 Horas, Osorno, 17 de noviembre, 1982, 8. Enade, Encuentro Nacional de Empresarial, es el principio foro empresarial en Chile.

68 Roberto Silva, “Unidad regional para proyectar el futuro”, 24 Horas, Osorno, 4 de noviembre, 1982, 5; Roberto Silva, “La hora de la solidaridad”, 24 Horas, Osorno, 7 de noviembre, 1982, 5; “La voz de los gremios en la región”, 24 Horas, Osorno, 14 de noviembre, 1982, 2; y “Contacto directo es muy positivo”, 24 Horas, Osorno, 18 de noviembre, 1982, 12-13.

69 Campero, Los gremios empresariales, 266-272.

70 Alfonso Sanhueza, “Asamblea de dirigentes gremiales en Osorno”, 24 Horas, Osorno, 30 de noviembre, 1982, 9; Roberto Silva, ‘“Cumbre’ del agro”, Campo Lindo, año 1, Nº 5, 16 diciembre, 1982, 1.

71 “Policía impidió reunión”, 24 Horas, Osorno, 4 de diciembre, 1982, 14.

72 David Maldonado, “Los agricultores no provocamos violencia”, 24 Horas, Osorno, 5 de diciembre, 1982, 4.

73 Carlos Podlech, “Jamás renunciaré a mi patria”, 24 Horas, Osorno, 6 de diciembre, 1982, 14.

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el gobierno regional calificaba a Podlech como uno de sus mayores críticos en el sur74. A pesar de su expulsión, Podlech siguió siendo partidario del gobierno militar, aunque era cercano a la línea del general Mathei, que planteaba que se habían cometido errores en política económica.

Por la prensa, Podlech envió un mensaje de aliento a sus compañeros dirigentes sureños para que siguieran luchando por convencer al Gobierno de su error de mantener el modelo económico. Extrañeza y preocupación causó entre los agricultores y empresarios de Santiago y sureños la expulsión de Podlech, que consideraron este acto como una señal de que cualquiera que siguiera demandando cambios sería tratado de similar manera.

De igual forma, el 6 de diciembre se reunieron en Puerto Montt las asociaciones agrícolas de la Región de Los Lagos (Saval, Sago, Agro Llanquihue y Federación de Empleadores Agrícolas).

Aquí plantearon que el “golpe de autoridad” contra Podlech no favorecía la relaciones entre el sector y el Gobierno, y solicitaron se reconsiderara la expulsión de Podlech; además crearon la Asociación Gremial Regional de Productores Lecheros y respaldaron la Declaración de Valdivia, hecha un tiempo antes, que planteaba una renegociación de las deudas de los agricultores. Por su parte, la Sofo hizo en Temuco una declaración pública pidiendo al Gobierno reconsiderar la expulsión de Podlech, y reafirmando su voluntad de seguir planteando con firmeza los problemas que afligían al sector.

Según comunicado del Ministerio del Interior, Podlech había sido expulsado porque la reunión que organizó tenía claras connotaciones político-partidistas, y también porque aprovechaba su condición de dirigente gremial para “desarrollar una activa campaña de rebeldía frente a la autoridad, aprovechando para exigir soluciones inmediatas y demagógicas, en la actual situación económica, dañando con ello los valores e intereses que dice pretende resguardar”75. Pero, en realidad, Heriberto Schilling, presidente de Agro Llanquihue, que se definía juntista como Podlech, consideraba grave lo sucedido y creía que había un diálogo de sordos con el Gobierno. Pinochet respondió desde Angol a los agricultores, el 7 de diciembre, señalando que el Gobierno tenía claro su accionar y no iba a variar porque se lo pidieran; que los deudores debían asumir su responsabilidad y resolver sus problemas particulares, ya que el Gobierno no los resolvería. Por último, el mandatario destacó que Podlech fue expulsado por desconocer la autoridad76.

No obstante, lo que muestran las fuentes es que Podlech, más que rechazar la autoridad, se oponía al modelo económico. Como dijera en marzo de 1982, rechazando el calificativo de “economía social de mercado”: “Esta es una economía que el jefe de gobierno cree social de mercado, pero es una economía destinada a favorecer a ciertos grupos económicos y nada más”77. El 10 de diciembre se reunió el CAS en Temuco con representantes desde Biobío hasta Llanquihue78, acordando solicitar una reunión al Presidente de la República y que se revirtiera la expulsión de Podlech, aclarando que las acciones del CAS eran estrictamente gremiales y no estaban influidas por ninguna corriente 74 Jaime Alcalde, “Oficio del secretario regional ministerial Xma. Región al ministro de Agricultura”, Temuco, 29 de julio de 1981, en ARNAD, MA, Antecedentes varios, vol. 2.413.

75 Declaración del Ministerio del Interior citada en “Podlech fue expulsado de Chile”, 24 Horas, Osorno, 7 de diciembre, 1982, 11.

76 “El Gobierno no se abrirá para nadie”, 24 Horas, Osorno, 8 de diciembre, 1982, 8.

77 “Informe Especial: el caso Podlech a fondo”, 24 Horas, Osorno, 12 de diciembre, 1982, 11.

78 “Agricultores de Bío-Bío a Llanquihue pedirán audiencia al presidente”, 24 Horas, Osorno, 10 de diciembre, 1982, 4; y “CAS no está influido por ninguna corriente político-partidista”, 24 Horas, Osorno, 11 de diciembre, 1982, 4.

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político-partidista. El 17 de diciembre se realizó una importante reunión de organizaciones agrarias nacionales y regionales en Osorno79, que demandaron renegociación de las deudas y reactivación de la economía; normalización de la actividad financiera, con intervención estatal si fuese necesario; mejor comercialización del trigo y otros productos, con la intervención del Estado; y reconsideración de la expulsión de Podlech y una entrevista con el Presidente de la República.

4. La respuesta del Gobierno a las demandas de los agricultores La pésima cosecha del período 1982-1983 no hizo más que agravar los problemas de los agricultores y acrecentar sus exigencias al Estado, sobre todo porque la crisis económica siguió profundizándose en 1983. En enero de 1983, el Gobierno intervino cinco bancos, liquidó otros tres y puso bajo supervisión dos más, que representaban el 45% del capital y reservas del sistema financiero80. A esto se suma que el 18 de febrero de 1983, Pinochet firmó en Puerto Montt el decreto que permitió el regreso de Podlech, mientras que en febrero también se reabrió la planta Iansa de Rapaco, cerrada hacía siete meses. En ese mismo mes, el Gobierno realizó un cambio significativo al nombrar nuevos ministros de Hacienda y de Economía —a Carlos Cáceres y Manuel Martin, respectivamente—, lo que inició un acercamiento del Gobierno con los gremios empresariales y sus demandas81.

A las exigencias de los agricultores y empresarios en general se sumaría durante 1983 una oposición política popular de carácter nacional, que rechazaba tanto la represión como las políticas económicas de la dictadura, lo que tuvo una influencia decisiva en un proceso de apertura política y en modificaciones en el equipo económico y las políticas neoliberales. Los sectores de derecha, opositores a las políticas gubernamentales, se sumaron a estas iniciativas82. Ante todo porque la crisis económica no era únicamente un efecto de la crisis mundial, ni una responsabilidad de los empresarios y grupos económicos, ni el resultado de una dogmática y errada implementación de políticas neoliberales, sino fundamentalmente una evidencia palmaria del fracaso del llamado “modelo económico”83. Por demás, el Gobierno seguía sin dar una completa respuesta a las peticiones de los agricultores del sur; así, en junio de 1983, la situación de los agricultores era muy complicada entre Cautín y Puerto Montt84.

79 “Agricultores buscan un planteamiento nacional”, 24 Horas, Osorno, 17 de diciembre, 1982, 10-11; “El agro se declaró en reunión permanente”, 24 Horas, Osorno, 18 de diciembre, 1982, 12-13; y “El Estado debe asumir una actitud dinámica”, 24 Horas, Osorno, 19 de diciembre, 1982, 12-13. Ogana era la Organización Agrícola y Ganadera Austral, de Aysén, en el extremo sur de Chile.

80 José Pablo Arellano, “De la liberalización a la intervención: el mercado de capitales en Chile, 1974-1983”. Colección de Estudios Cieplan n.° 11 (1983): 8; y Ffrench-Davis, Entre el neoliberalismo, 217.

81 Campero, Los gremios empresariales, 272-277.

82 Ver Francisco Zapata, “Crisis y movilización en Chile”. Foro Internacional 26, n.° 2 (1985): 214-228; Manuel Bastías, Sociedad civil en dictadura. Relaciones transnacionales, organizaciones y socialización política en Chile (Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2013), 204-260; y Pablo Rubio, Los civiles de Pinochet. La derecha en el régimen militar chileno, 1983-1990 (Santiago: Dibam/Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2013), 102-117. Respecto a las relaciones entre economía y política, Oscar Muñoz, “Chile: el colapso de un experimento económico y sus efectos políticos”. Colección de Estudios Cieplan n.° 16 (1985): 103-122.

83 Patricio Meller, “Una reflexión crítica en torno al modelo económico chileno”. Colección de Estudios Cieplan n.° 10 (1983): 125-136.

84 Jefe del Departamento de Seguridad del Agro, “Oficio al ministro de Agricultura”, Santiago, 1 de junio de 1983, en ARNAD, MA, Leche, vol. 2.476.

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A petición de la SNA, en mayo y septiembre de 1983 se subieron los aranceles a diferentes productos lácteos importados, para favorecer a los productores nacionales. En septiembre también se creó la Comisión Nacional de la Leche con productores, industriales y comerciantes del sector lechero, para definir políticas estatales con los agentes del rubro85. En el caso del trigo, por ejemplo, desde 1980 se había eliminado el control del precio, así como el poder comprador del Estado, provocando la caída de la producción triguera86. Finalmente, tras la convicción de los agricultores y el Gobierno de que los mercados agropecuarios funcionaban de forma imperfecta, en diciembre de 1982 comenzó a funcionar un poder comprador privado de trigo, con financiamiento e infraestructura estatal, por parte de Copagro, en el centro y sur del país (hasta Osorno). Además, en abril de 1983 se definió un precio de referencia para el trigo, y en diciembre se fijó una banda de precios, comenzando por el trigo, y siguiendo con el azúcar y aceites vegetales comestibles en 1984, aunque el sistema recién fue organizado por ley en 198687.

En 1984, el gobierno militar definió una política más comprometida con los problemas económicos. En la agricultura, ello significó fijar aranceles favorables para fortalecer los precios de referencia fijados a algunos productos agrícolas, como en el caso del trigo, o para permitir la competencia nacional con el valor de los bienes importados, como ocurría con la leche. Esto se complementó con un poder comprador privado para el trigo, arroz y maíz —Copagro, hasta 1985, y desde 1986 existió para el trigo la Comercializadora de Trigo S.A., Cotrisa— y uno estatal para la remolacha (Iansa)88. A juicio de una misión del Banco Mundial que visitó el país en mayo de 1984, todas estas decisiones eran el resultado de las demandas hechas al Gobierno por agricultores y agroindustriales, pues el Gobierno compartía con ellos que una excesiva apertura del país a las importaciones había sido la causa principal de la crisis económica89.

Por otro lado, hubo un apoyo estatal directo para la recuperación de la industria lechera, como en el caso de la reapertura de la Cooperativa Agrícola y Lechera de Frutillar (Cafra), a fines de

85 La Comisión Nacional de la Leche había existido en 1977. Una nueva se creó el 29 de septiembre de 1983, que propuso un plan de fomento lechero. Comisión Nacional de la Leche, “Acta sesión Nº 7”, Santiago, 4 de mayo de 1984; Samuel Infante, “Carta al ministro de Agricultura”, Santiago, 14 de enero de 1984; Odepa, “Situación del mercado internacional de productos lácteos y sus efectos en el mercado interno”, 31 de agosto de 1983; y Odepa, “Reunión efectuada con representantes del sector de la industria y los productores lecheros”, 24 de septiembre de 1983. Esstos documentos en ARNAD, MA, Leche, vol. 2.476.

86 Verónica Chacra y Guillermo Jorquera, “Bandas de precios de productos agrícolas básicos: la experiencia de Chile durante el periodo 1983-1991”. Serie Estudios Económicos n.° 36 (1991); y Portilla, “La política agrícola”, 23.

87 José Lyon, “Carta del presidente de Copagro al ministro de Agricultura”, Santiago, 25 de agosto de 1982; “Opera poder comprador”, El Sur, 10 de enero de 1982; y “El poder comprador hizo mejorar el precio del trigo”, El Mercurio, 19 de enero de 1983, recortes de prensa. Todos los documentos en ARNAD, MA, Trigo, vol. 2.477; Andrés Subercaseux, “Oficio del director de la Odepa al ministro de Agricultura”, Santiago, 1 de febrero de 1983, en ARNAD, MA, Odepa, vol. 2.475; Eduardo Frindt, Gilberto Mendoza y Rodrigo Urzúa, “Evaluación del programa de comercialización de trigo de Copagro temporada 1982-1983”, Santiago, 31 de mayo de 1983, ARNAD, MA, Trigo, vol. 2.478. Chile se comprometió en 2003, tras mandato de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a eliminar banda de precios para el trigo en 2014.

88 Cotrisa fue un organismo creado por la Corfo. Jorge Echenique, Política de ajuste en Chile y sus consecuencias (Santiago: Agraria-Iica, 1992).

89 Misión de Evaluación del Sector Agrícola, Banco Mundial, “Cuestiones de política principal, precios e instituciones”, 20 de agosto de 1984, en ARNAD, MA, Documentos reservados recibidos, vol. 2.475.

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198490; asimismo se favoreció la producción láctea nacional mediante la adquisición preferentemente de leche en polvo nacional por parte del SNS. Todo ello impactaba de manera especial en el sur: en 1984, el 91,5% de la leche nacional se procesaba entre Concepción y Chiloé91. Nada de ello significó una variación significativa de las convicciones y políticas neoliberales, aunque el Gobierno estuvo algo más atento a las demandas de los agricultores sureños. A saber, el Ministerio de Agricultura integró a los productores en diferentes comisiones (Comisión Nacional de la Leche y otra similar del trigo), y hubo un contacto frecuente con organizaciones de agricultores92. La crisis económica dejó una importante lección al Gobierno: era conveniente mantener una estrecha relación con los agricultores, lo que no significaba que éstos obtuvieran todo lo que requerían.

Conclusión Este artículo mostró cómo tras la implementación de bandas de precios, mayores aranceles y un poder comprador, hubo una recuperación de la producción de trigo y otros cultivos protegidos.

Esto también contribuyó a la eliminación de aranceles favorables a la importación de productos agrícolas, en 1984, aunque no ocurrió lo mismo con la producción lechera y de carne bovina, pues en 1985 todavía se producía menos que en 1981. Sin embargo, la tierra dedicada a cultivos anuales hacia 1985-1986 no era superior a la explotada en 1972, siendo principalmente evidente en los cereales. Eso sí, hubo mayor rendimiento, lo que generó que con mucho menos suelo explotado se produjo más.

En paralelo al establecimiento de bandas de precios y poder comprador, hubo una reducción de importaciones agropecuarias provocada por el aumento de los precios internacionales y la reducción de las divisas, lo que hizo caer significativamente la competencia que ejercían los productos importados sobre los nacionales, favoreciendo una recuperación general de la producción nacional destinada al consumo interno. De este modo, en parte como resultado de las demandas y acciones de los agricultores del sur, el Gobierno modificó algunos aspectos de su política económica, dejando de lado una aplicación dogmática del neoliberalismo, que no atendía los intereses empresariales. En todo caso, la influencia de los sureños en la definición de políticas económicas fue puntual y no significó una consideración permanente y plena de sus demandas.

A pesar de una recuperación productiva, las asociaciones de agricultores del sur siguieron entre 1983 y 1985 demandando al Estado mayores medidas y una política efectiva de apoyo a la agricultura. Sin dejar de ser partidarios del gobierno militar, los agricultores mantuvieron su crítica a la política económica, y de manera clara fueron críticos del neoliberalismo pero leales a la acción 90 Domingo Urzúa, “Memorándum de Cafra al ministro de Agricultura”, Frutillar, 26 de diciembre de 1984; Gerencia de Fomento de Corfo, “Minuta Solicitud de crédito de Cafra”, 12 diciembre de 1984; y Alberto Hechenleitner, “Carta de presidente de Cafra al presidente del Banco del Estado de Chile”, Frutillar, 6 de agosto de 1984. Estos documentos en ARNAD, MA, Leche, vol. 2.476.

91 CAS, “Informe Industria lechera Xa. Región”, sin más datos; Winston Chinchón, “Oficio del ministro de Salud al ministro de Agricultura”, Santiago, 21 de agosto de 1984; y Manuel Valdés y Raúl García, “Carta de la SNA al ministro de Salud”, Santiago, 20 de octubre de 1983. Estos documentos en ARNAD, MA, Leche, vol. 2.476.

92 Ministerio de Agricultura, “Informe para el discurso de S.E. el presidente de la república el día 11 de septiembre de 1984”, sin más datos; y Alejandro Espejo, “Oficios del director de Odepa al ministro de Agricultura”, Santiago, 23 de febrero y 27 de marzo de 1984. Todos los documentos en ARNAD, MA, Odepa, vol. 2.475; y Comisión Nacional de la Leche, “Actas, sesiones Nº 7 y Nº 10”, 4 de mayo y 9 de octubre de 1984, en ARNAD, MA, Leche, vol. 2.476.

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general de la dictadura. No debe olvidarse además que el endeudamiento y la descapitalización permanecían como los principales obstáculos para la actividad agraria. Por su parte, los campesinos quedaron en una posición mucho más rezagada que los medianos y grandes propietarios, ya que no experimentaron una recuperación significativa después de la crisis de 1982-1985; mientras que los agricultores incrementaron su producción, con lo que los campesinos perdieron importancia relativa dentro de la producción agropecuaria nacional.

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De lo artesanal a lo industrial. La consolidación de la industria de medicamentos en Cali (Colombia, 1876-1944)❧ María Fernanda Erazo Obando Universidad de Buenos Aires, Argentina

doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit62.2016.07

Artículo recibido: 06 de abril de 2015/Aprobado: 11 de septiembre de 2015/ Modificado: 09 de octubre de 2015

Resumen: Este artículo tiene como objetivo analizar la transformación de un local de comercio de medicamentos hasta llegar a la apertura de una industria farmacéutica. Para ello se tendrá en cuenta el proceso de constitución y funcionamiento de Laboratorios J.G.B., propiedad de Jorge Garcés Borrero, desde sus orígenes en Cali (Colombia) como establecimiento artesanal (1876); pasando por su conversión en laboratorio industrial (1931); y finalizando con su desenvolvimiento comercial (1944). La hipótesis de esta investigación sigue la idea de que los empresarios locales en Colombia fueron capaces de adaptarse a las coyunturas del desarrollo capitalista durante la primera mitad del siglo XX, pero, sobre todo, que para su éxito lograron conjugar diversos factores que iban desde la innovación hasta la acumulación de capitales, diversificación de productos, compra de maquinaria industrial y venta al detal.

Palabras clave: comercio, farmacia, laboratorio, industria, medicamento (Thesaurus); Cali (palabras clave de autor).

From the Artesan to the Industrial: The Consolidation of the Medicine Industry in Cali (Colombia) 1876-1944) Abstract: The objective of this article is to analyze the transformation of a local pharmacy into the beginnings of a pharmaceutical industry. For this reason, it considers the process of the constitution and functioning of Laboratorio J.G.B., the property of Jorge Garcés Borrero, from its origins in Cali (Colombia) as an artesan establishment (1876); passing through its conversion into an industrial laboratory (1931); and culminating in its commercial development (1944). The hypothesis underlying this study stems from the idea that the local entrepreneurs in Colombia were capable of adapting to the conjunctures of capitalist development during the first half of the 20th century, and above all, in order to succeed they managed to conjugate a variety of factors ranging from innovation, accumulation of capital, diversification of products, purchase of industrial machinery, and retail sale.

Keywords: pharmacy, laboratory, industry, medicine (Thesaurus); Cali, commerce (author’s keywords).

❧ Este artículo presenta los resultados de la monografía de grado realizada para obtener el título de Licenciada

en Historia, denominada “Los caminos al ascenso empresarial en Cali: el caso de Jorge Garcés Borrero, 19001944”, Universidad del Valle (Colombia) en 2013. A su vez, ésta se inscribió en el macroproyecto denominado “Buscando el crecimiento económico: factores de mercado, industrialización y desarrollo económico en Cali 1900-1950”, el cual recibió financiación por parte de esta misma Universidad. La autora agradece las correcciones y los aportes del profesor Hugues R. Sánchez Mejía.

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De lo artesanal a lo industrial. La consolidación de la industria de medicamentos en Cali (Colombia, 1876-1944) María Fernanda Erazo Obando

Do artesanal ao industrial. A consolidação da indústria de medicamentos em Cali (Colômbia, 1876-1944) Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar a transformação de um local de comércio de medicamentos para a abertura de uma indústria farmacêutica. Para isso, será levado em consideração o processo de constituição e funcionamento do Laboratório J.G.B, propriedade de Jorge Garcés Borrero, a partir de suas origens em Cali (Colômbia) como estabelecimento artesanal (1876); passando por sua conversão em laboratório industrial (1931); e finalizando com seu desenvolvimento comercial (1944). A hipótese desta pesquisa segue a ideia de que os empresários locais na Colômbia foram capazes de adaptar-se às conjunturas do desenvolvimento capitalista durante a primeira metade do século XX, mas, acima de tudo, que para seu sucesso conseguiram conjugar diversos fatores que iam desde a inovação, acumulação de capitais, diversificação de produtos, compra de maquinaria industrial e varejo.

Palavras-chave: comércio, farmácia, laboratório, indústria (Thesaurus); Cali, medicamento (palavras-chave autor).

Introducción En el desarrollo de la historia empresarial en América Latina y Colombia han participado diferentes disciplinas como la historia, la economía, la sociología, la administración de empresas y la ingeniería industrial1. Pero son los avances presentados en los estudios sobre la historia económica —en su variante empresarial— los que presentan rasgos de particular interés para los propósitos de esta investigación. Los estudios de este corte historiográfico han pasado por el uso de metodologías y teorías específicas, temáticas puntuales, cronologías diversas, y, de manera particular, se han concentrado en el estudio de la historia de empresas y de los empresarios2. Por lo tanto, es a partir de las particularidades actuales de la historia empresarial que en este artículo se presentará la transformación de una botica con características artesanales en una empresa de tipo industrial.

En cuanto a investigaciones específicas encaminadas al estudio de empresas en Colombia, la historiografía muestra una importante compilación realizada por Carlos Dávila3, donde analiza algunas empresas constituidas durante los siglos XIX y XX. Dicha compilación incluye un total de diez estudios de caso en establecimientos de diferentes sectores, de los cuales tres pertenecen

1 En el caso argentino ver: Claudio Belini y Marcelo Rougier, El Estado empresario en la industria argentina: conformación y crisis (Buenos Aires: Manantial, 2008); para Brasil: Fernando Cardoso, Empresário industrial e desenvolvimiento económico no Brasil (São Paulo: Difel, 1964); en relación con México: Mario Cerutti, Propietarios, empresarios y empresas en el norte de México (México: Siglo XXI Editores, 2000); para países como Chile: Gestión Ltda., El gran salto de Chile: la historia económica y empresarial vista por estrategia (Santiago de Chile: Editorial Gestión, 1998); y, finalmente, para Uruguay: Benjamín Nahum, Empresas públicas uruguayas: origen y gestión (Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, 1993).

2 Carlos Dávila, “El empresariado colombiano (1850-2010) ¿Microcosmos del empresario latinoamericano? Una aproximación a sus características”. Revista Apuntes Ciencias Sociales 39, n.° 70 (2012): 35.

3 Carlos Dávila, comp., Empresas y empresarios en la historia de Colombia: siglos XIX y XX (Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2002).

Hist. Crit. No. 62 · Octubre-diciembre · Pp 143-163 · ISSN 0121-1617 · e-ISSN 1900-6152 doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit62.2016.07

a compañías de tipo industrial4, ubicadas en Subachoque5, Cartagena6 y San José de Suaita7; por otra parte, en este mismo compendio se identifica un estudio más amplio enfocado en el análisis del sector textil en Antioquia, que muestra de esta manera el desarrollo de algunas fábricas dedicadas a esta actividad8.

Del mismo modo, sobresalen otras investigaciones basadas en el desarrollo de empresas con características industriales, entre las que se destacan, para la región de Antioquia, las realizadas por Gabriel Poveda9, donde se analiza el proceso llevado a cabo desde 1938 por la empresa denominada Simesa, líder en el sector siderúrgico en el país. También se encuentra el estudio realizado por Carlos Londoño10, quien presenta una investigación a nivel general de la industria textil en Colombia, centrándose específicamente en la región antioqueña. En esta misma línea se identifica el análisis realizado por Luz Arango11, un estudio sobre la relación entre mujer, religión e industria en una de las fábricas antioqueñas del sector textil. Por otro lado, en regiones como la Costa Caribe se encuentran investigaciones como las de Sergio Solano12 y Jorge Conde13, las cuales se basan en el estudio de empresas de tipo industrial constituidas en Barranquilla a finales del siglo XIX y principios del XX. Pero además se encuentra una investigación para la zona cundiboyacense, realizada por Tatiana Mächler14, en la que se elabora un estudio de caso de la Ferrería de Pacho, fábrica que obtuvo un importante desarrollo industrial gracias a la participación de vínculos extranjeros. Por 4 Entre algunos estudios a nivel latinoamericano se encuentran: María Camou, “Desempeño económico y relaciones de trabajo en la industria uruguaya: la empresa Campomar: 1900-1960”. Revista ALHE 19, n.° 1 (2012): 67-97; Luz Uhthoff, “La industria del petróleo en México, 1911-1938: del auge exportador al abastecimiento del mercado interno. Una aproximación a su estudio”. Revista ALHE 17, n.° 1 (2010): 5-30; Mario Raccanello, “Industrias aeronáuticas y mecánicas del Estado y la lógica de la política económica peronista”. Revista ALHE 19, n.° 1 (2012): 177-221; Elisabeth Von der Weid, “La industria textil en Brasil. Estudio de caso de una empresa en Río de Janeiro. Las fuentes documentales”. Revista ALHE 2, n.° 4 (1995): 47-58.

5 En esta región se identifica la evolución de la ferrería La Pradera; para mayor información ver: Edgar Valero, “Heroísmo empresarial y fomento estatal en la siderurgia del siglo XIX colombiano (1881-1893)”, en Carlos Dávila, comp., Empresas y empresarios en la historia de Colombia: siglos XIX y XX (Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2002), 595-631.

6 A principios de 1900, José Vicente Mogollón instaló en Cartagena un taller para la encuadernación de libros; varios años después, dicho establecimiento inició su producción industrial. Véase: Rodolfo Segovia y Claudia Navarro, “J. V. Mogollón & Cía. (1900-1930) ‘Rayando papel’”, en Carlos Dávila, comp., Empresas y empresarios en la historia de Colombia: siglos XIX y XX (Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2002), 705-736.

7 En San José de Suaita (Santander) se desarrolló una fábrica de hilados, la cual desapareció a finales del siglo pasado; véase: Pierre Raymond, “De la utopía a la agonía: Historia del fracaso de una inversión industrial pionera en Santander (1907-1980)”, en Carlos Dávila, comp., Empresas y empresarios en la historia de Colombia: siglos XIX y XX (Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2002), 771-806.

8 Véase: María Claudia Saavedra, “Empresas y empresarios: el caso de la producción textil en Antioquia (19001930)”, en Carlos Dávila, comp., Empresas y empresarios en la historia de Colombia: siglos XIX y XX (Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2002), 1215-1248.

9 Gabriel Poveda, Simesa: medio siglo de siderurgia colombiana (Medellín: Simesa, 1988).

10 Carlos Londoño, Origen y desarrollo de la industria textil en Colombia y Antioquia (Medellín: Lealón, 1983).

11 Luz Gabriela Arango, Mujer, religión e industria: Fabricato 1923-1982 (Medellín: Universidad de Antioquia, 1991).

12 Sergio Solano, “Familia empresarial y desarrollo industrial en el Caribe colombiano. El caso de la fábrica de tejidos Obregón”. Revista Historia y Cultura 1, n.° 1 (1993): 35-65.

13 Jorge Conde, “Industria en Barranquilla para el siglo XIX”. Boletín Cultural y Bibliográfico 28, n.° 26 (1991): 41-56.

14 Tatiana Mächler, “La ferrería de Pacho: una ventana de aproximación”. Cuadernos de Economía 6, n.° 7 (1984): 107-131.

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De lo artesanal a lo industrial. La consolidación de la industria de medicamentos en Cali (Colombia, 1876-1944) María Fernanda Erazo Obando

último, otra de las regiones que sobresalió por su desarrollo industrial fue la del Valle del Cauca; sin embargo, a pesar de la gran cantidad de empresas de este tipo constituidas durante el período señalado, es difícil encontrar producción historiográfica en relación con ellas, aunque se identifican estudios como el de Luis Ordóñez15, sobre la fábrica de tejidos La Garantía, y el de Jaime Londoño16, con su investigación sobre la empresa de baterías MAC. El presente artículo se suscribe en este tipo de historiografía, retomando de estas investigaciones conceptos como empresa y empresario. En este sentido, pretende además contribuir a estas discusiones, enmarcadas por demás en la historia empresarial y la historia industrial, con el análisis de una de las primeras empresas nacionales de tipo industrial, encargada de la elaboración de medicamentos. Para este caso, la investigación tiene como objetivo analizar la transformación de un local de comercio —especializado en la venta de medicamentos— hasta llegar la apertura de una industria farmacéutica líder en su producción. Para ello se tendrá en cuenta el proceso de constitución y funcionamiento de Laboratorios J.G.B., desde sus orígenes en la ciudad de Cali —como establecimiento de tipo artesanal desde 1876—; pasando por su conversión en laboratorio farmacéutico industrial en 1931; y finalizando con su desenvolvimiento comercial hasta 1944, año en el que su fundador fallece. Paralelo a esto, y con el estudio del contexto, se mostrarán las razones que conllevaron que tardíamente esta empresa se trasformara en una destacada industria de tipo farmacéutico. Finalmente se analizará el papel que dicha empresa tuvo no sólo en la economía local, sino también en la economía del Suroccidente de Colombia, al destacarse su participación dentro del proceso de industrialización a nivel regional.

Para efectos metodológicos, por un lado, esta investigación se apoya en documentos, tales como poderes generales, sucesiones y constitución de sociedades comerciales, que reposan en el Archivo Histórico Municipal de Cali (AHMC). Por el otro, se tendrá en cuenta la publicidad de la empresa J.G.B. en algunos periódicos, ubicados en el centro de documentación de la Biblioteca Luis Ángel Arango; y, por último, se analizarán algunas revistas editadas por los Laboratorios J.G.B., que se resguardan en la Biblioteca Nacional de Colombia. El artículo se divide entonces en tres apartados: en primer lugar, se explican las características de los primeros laboratorios farmacéuticos latinoamericanos, presentando especial interés en los construidos en Colombia, más específicamente, el creado en ciudades como Cali; en segundo lugar se analiza la transición que presentó el laboratorio artesanal —anexo a la farmacia de Jorge Garcés Borrero— hacia un laboratorio farmacéutico de tipo industrial; y en tercer lugar se examinan algunas particularidades que el laboratorio presentó a través de sus etapas y procesos de transformación.

1. Antecedentes históricos de los laboratorios Al analizar el proceso de formación de los primeros laboratorios farmacéuticos en América Latina se puede identificar que la mayoría de éstos surgen a finales del siglo XIX y principios del XX, a partir de dos características básicas: la primera, tiene que ver con las casas comerciales, cuyas actividades principales se basaban en la importación de productos —en especial de medicamentos— y en el saber/hacer de algunos boticarios o farmaceutas. La combinación de estas dos 15 Luis Ordóñez, Antonio Dishington: empresario pionero fundador de La Garantía (Cali: Universidad del Valle, s/a).

16 Jaime Londoño, MAC: empresa y familia, medio siglo de energía (Cali: Editorial Norma, 2007).

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actividades fue común en la mayoría de los orígenes de los laboratorios, es decir, se encuentran casos de establecimientos que inician como droguerías, pasan a ser farmacias y posteriormente llegan a ser laboratorios farmacéuticos de tipo industrial17. Otra característica se relaciona con la conformación directa de nuevos laboratorios a comienzos del siglo XX, los cuales, con poca o nula experiencia en la elaboración de medicamentos y un considerable capital, logran producir a gran escala diferentes productos medicinales para mercados locales y nacionales18. Frente a este desarrollo farmacéutico local, autores como Fernando Pedrão señalan que las industrias y manufacturas regionales dependieron de los mercados de sus regiones y debieron generar sus propios financiamientos para encontrar salidas concretas a su formación de capital19.

En el caso colombiano, a finales del siglo XIX y principios del XX, como en la mayoría de los países latinoamericanos, varias regiones contaban con boticas que con el tiempo —algunas de éstas— se fueron transformando en droguerías y farmacias. Un ejemplo de lo anterior se encuentra en Cartagena con la Botica Román, constituida en 1835, propiedad del farmaceuta español Manuel Román y Picón, quien arribó a esa ciudad un año antes de inaugurar su negocio, con el ánimo de comerciar con quina en toda la región20. Del mismo modo, el inmigrante Hugo Biester, proveniente de Hamburgo, después de llegar a Colombia inició su actividad comercial distribuyendo quina en el entonces estado de Santander, y luego, en 1863, crea en Bucaramanga la Botica Alemana21. Ya en 1876, el médico colombiano Enrique Garcés crea en Cali una botica —conocida con su mismo nombre— que con el tiempo logró combinar las labores de elaboración de medicamentos con la venta de productos medicinales importados. No obstante, por aquellas épocas no era la única empresa que existía en esta ciudad dedicada a esta distribución, ya que los señores Pedro Scarpetta, Evaristo García, Francisco Cruz y Mario de Caycedo también habían constituido este tipo de negocios22. A pesar de los ejemplos, que son muestra del número de boticas fundadas para la época y de su importancia regional, muy pocas trascendieron, se convirtieron y combinaron las labores de droguería, farmacia y, posteriormente, laboratorio farmacéutico. De hecho, los pocos establecimientos de los que se tiene referencia hasta el momento con este tipo de características son los tres relacionados hasta aquí.

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que, al dedicarse estos comerciantes pioneros a la elaboración de fórmulas artesanales, buscaban también participar con su oferta en la demanda 17 Algunos laboratorios con estas características son: Laboratorios Casasco (Argentina, 1881); Laboratorio de la Calle Palacios (Perú, 1898); Laboratorio Chile (Chile, 1896); Laboratorios Dr. A. Bjarner C.A. (Ecuador, 1925); Organización Comercial Belloso (Venezuela, 1910); Laboratorios Grisi (México, 1863); Laboratorios Inti (Bolivia, 1950); Laboratorios Athena (Uruguay, 1930); Laboratorios Lasca (Paraguay, 1935); Laboratorios Zambon (Brasil, 1920); Laboratorios Ancalmo (El Salvador, 1938); Laboratorio Raven S.A. (Costa Rica, 1949), entre otros.

18 Entre algunos laboratorios que presentaron formación inicial a gran escala pueden destacarse: Grupo Sidus (Argentina, 1938); Laboratorios Rider (Chile, 1950); Laboratorios Life (Ecuador, 1940); Laboratorios Giempi, C.A. (Venezuela, 1944); Laboratorios Manuell S.A. (México, 1929); Laboratorios Gautier (Uruguay, 1917); Unidad Química Farmacéutica Nacional S.A. (Brasil, 1936); Laboratorios López (El Salvador, 1936); Laboratorios Laprin (Guatemala, 1938); Grupo ANCLA (Costa Rica, 1927); Laboratorios Infarma (Honduras, 1952), entre otros.

19 Fernando Pedrão, “Industrialización y desindustrialización en Latinoamérica”. Revista ALHE 1, n.° 2 (1994): 79-92.

20 Maryelis Rivero, Laboratorio Román: origen de la industria farmacéutica en Colombia 1835-1900 (Cartagena: Ediciones Tecnológicas de Bolívar, 2005), 10.

21 Hugo Sotomayor et al., El medicamento en la historia de Colombia (Bogotá: Laboratorios Schering-Plough, 1997), 126.

22 Luis Aurelio Ordóñez, Industrias y empresarios pioneros. Cali 1910-1945 (Cali: Universidad del Valle, 1998), 143.

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local de medicamentos, es decir, desarrollaban actividades de producción hacia un mercado interno; y de la misma manera, buscaban que sus clientes adquirieran medicamentos a un costo menor, en comparación con los productos importados. Aquí es claro además que algunos comerciantes empezaron a requerir un lugar donde elaborar sus fórmulas medicinales, y por lo tanto, los propietarios de este tipo de negocios —no sólo los de Colombia, sino también los de todo el territorio latinoamericano— preparaban sus productos en un espacio dentro de las denominadas “boticas”23.

Por consiguiente, se evidencia que estos comerciantes constituyeron muy tempranamente laboratorios farmacéuticos con técnicas y tecnologías muy comunes para la época, siendo los talleres y la unidad familiar los centros de difusión más importantes del conocimiento y la experiencia en la elaboración de medicinas24. Estos personajes, en medio de las limitaciones propias de la época, lograron desarrollar métodos y técnicas para la producción de fórmulas medicinales que presentaban una fuerte demanda en la población. Fueron entonces el impulso por continuar produciendo medicamentos nacionales a gran escala, y la importante acogida que recibían sus productos, los que llevaron a que las boticas de Román, Biester y Garcés fueran las grandes impulsoras de importantes empresas industriales que aportaron al desarrollo de la economía colombiana durante gran parte del siglo XX. Ahora bien, de estos tres importantes negocios constituidos en diferentes regiones de Colombia, este artículo se concentrará en la empresa creada por el caleño Enrique Garcés Velasco, ya que su botica fue fundamental para dar el primer paso a la industria farmacéutica en el Valle del Cauca y en el Suroccidente colombiano.

2. De botica a farmacia y de farmacia a laboratorio industrial Enrique Garcés Velasco fundó su botica en Cali en 1876 y al poco tiempo vio la necesidad de incluir dentro del surtido que ofrecía a sus clientes mercancía importada; pero además este establecimiento comercial acondicionó un espacio con el fin de producir medicamentos preparados a través de un Codex25, cuya información suministraba datos sobre la materia prima exacta para elaborar fórmulas medicinales. La demanda en el mercado de medicamentos y el espíritu innovador de Enrique Garcés fueron entonces las razones que lograron llevar al éxito a su botica y droguería, pues a lo largo y ancho del territorio nacional, para finales del siglo XIX, este establecimiento ya gozaba de importante reconocimiento. No obstante, tras el fallecimiento de su

23 Botica, farmacia y droguería, aparentemente pueden dar a entender lo mismo, presentándose con ello algunas confusiones, sin embargo, “botica” era el lugar donde preparaban medicamentos; “farmacia” es tanto ciencia como profesión de esta ciencia, cuyo fin es prevenir, aliviar y vencer la enfermedad; y finalmente “droguería” se diferencia del resto de establecimientos de venta de medicamentos porque sus dueños eran comerciantes importadores de todo tipo de productos. Para un análisis más amplio ver: Víctor García, Remedios secretos y drogas heroicas. Historia de los medicamentos en Antioquia 1900-1940 (Medellín: La Carreta Editores, 2008), 206; Maryelis Rivero, “La farmacia en Colombia: Sociedad de Farmacéuticos y Revista Farmacéutica 18951914”. Colombia Grafía n.° 6 (2008): 5.

24 Sergio Solano, “El mundo del trabajo urbano en el Caribe colombiano durante el siglo XIX”, en Historia social del Caribe colombiano. Territorio, indígenas, trabajadores, cultura, memoria e historia, editado por José Acuña y Sergio Solano (Cartagena: La Carreta Editores, 2001), 89.

25 Los Codex eran libros de recetas con fórmulas prescritas, siendo utilizados por boticarios, farmaceutas y médicos durante el siglo XIX y XX. Víctor García, Remedios secretos y drogas, 128.

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fundador en 1899, dicho negocio pasó a ser parte de su esposa e hijos26, siendo el cuarto de ellos, Jorge Enrique Garcés Borrero27, quien continuó el legado de su padre, comprando a sus otros hermanos el valor total de este negocio.

La botica y droguería, ahora al mando de su hijo Jorge Enrique Garcés Borrero, continuó realizando las actividades de importación y elaboración de medicamentos, actividades que su padre había incluido como objetivo principal. En cuanto al pequeño laboratorio de tipo artesanal que se había creado en este establecimiento, se evidencia que seguía funcionando gracias a las enseñanzas que Enrique Garcés había impartido a sus hijos. Sin embargo, aquella actividad de fórmulas medicinales elaboradas en la primera década del siglo XX, al parecer no fue tan sobresaliente, si se le compara con la venta de medicamentos importados. Lo anterior se daba principalmente por tres razones: en primer lugar, debido a que la adquisición de tecnología para fabricar medicamentos por parte de los empresarios colombianos fue lenta; en segundo lugar, competían con laboratorios norteamericanos y europeos que se instalaron rápidamente en el mercado farmacéutico latinoamericano; y, en tercer lugar, debido a que, en este caso, el dueño de este negocio —a pesar de haber aprendido de su padre algunas lecciones de cómo elaborar fórmulas medicinales— no se encontraba profesional y técnicamente preparado para realizar dicha función.

Es por lo anterior que Jorge Enrique Garcés Borrero decide viajar a Londres en 1905 con el propósito de conocer sobre los mercados mayoristas, las fábricas de medicamentos y los nuevos productos que salían al mercado. Este viaje, según se detalla en las fuentes consultadas, lo acercó no sólo al tema del negocio de medicamentos, sino también a todo lo relacionado con la industria en general; al identificar los posibles riesgos y beneficios que una fábrica de este tipo podría generar a la hora de invertir o no una suma importante de capital en el país. Esta era una cuestión difícil en la Colombia de principios del siglo XX, donde el proceso de industrialización apenas despuntaba, y, en términos prácticos, era muy arriesgado para un empresario invertir en el desarrollo fabril sus escasos capitales28. Así, se observa que, luego de regresar de Londres en 1908, Garcés Borrero no introdujo cambios importantes o innovadores en la administración de su empresa.

Razón por la cual, si bien se puede suponer que el viaje a Europa llevaría a Garcés a establecer en Cali la producción de medicamentos a nivel industrial en poco tiempo, la realidad es que durante las dos primeras décadas del siglo XX no hay indicios de que éste haya intentado posicionar su negocio como un laboratorio farmacéutico industrial.

En este caso se tiene una cuestión bien particular: Jorge Garcés nuevamente viaja a Londres en 1921, pero esta vez para radicarse durante más tiempo (catorce años en total). Durante ese período su hermano Manuel tomó las riendas de sus negocios en Colombia, a través de un 26 Para identificar la herencia dejada por Enrique Garcés ver: “Juicio de sucesión”, Cali, 21 de noviembre de 1900, en Archivo Histórico Municipal de Cali (AHMC), Cali-Colombia, Fondo Escribanos-notarial, serie Notaría Primera, Escritura Nº 216, t. 105, f.173.

27 Enrique Garcés Velasco se casó con Joaquina Borrero en 1877, unión en la cual concibieron a sus hijos Manuel (1879), Soledad (1881), Rosa (1883), Jorge (1884), Juana (1887), Luis (1888) y Gabriel Garcés Borrero (1890).

Para ampliar la información véase: María Fernanda Erazo, “Los caminos del ascenso empresarial en Cali 19001944: el caso de Jorge Garcés Borrero” (tesis de doctorado, Universidad del Valle, 2013).

28 Jesús Antonio Bejarano, El régimen agrario de la economía exportadora a la economía industrial (Bogotá: La Carreta, 1978); Fernando Botero, La industrialización en Antioquia: génesis y consolidación, 1900-1930 (Medellín: Hombre Nuevo, 2003); José Antonio Ocampo y Santiago Montenegro, Crisis mundial, protección e industrialización (Bogotá: Editorial Norma, 2007).

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poder presentado por el mismo Jorge Enrique Garcés Borrero, donde indicaba que: “[…] para el caso de que llegue a ausentarse del país y mientras dure esa ausencia, confiere poder general con amplia facultad al señor Manuel María Garcés B […] para que haga la representación de este en todos los actos o negocios en que éste tenga interés, a fin de que en ningún caso quede sin representación […]”29.

A pesar de su estancia en Londres, Jorge Garcés nunca se desconectó de su negocio en Cali. Muestra de ello fue el avance cada vez más sobresaliente que la droguería y la farmacia iban adquiriendo; además se observa que en 1924 se da un importante cambio en términos de innovación, pues la empresa pasa de vender medicamentos importados y recetas artesanales a producir fórmulas medicinales a cargo de farmaceutas profesionales. Por ejemplo, en una de las pautas de publicidad de este establecimiento en 1924 se indicaba que éste era “[…] el único en Cali que tiene un departamento especial para el despacho de fórmulas, bajo la vigilancia inmediata de un farmacéutico titulado, doctor Enrique Rohden (Alemán), donde sólo emplean drogas de absoluta pureza, aunque sus precios son nacionales”30. Es necesario anotar que aun cuando se habían incorporado profesionales especializados al trabajo en la droguería y farmacia con el fin de que empezaran a elaborar medicamentos —en especial, jarabes para combatir enfermedades tropicales—, hasta bien entrada la segunda década del siglo XX no se presentaban características que la identificaran con una empresa de tipo industrial31. Esto quizás respondería al alto riesgo o a la falta de capitales que inhibían a algunos empresarios para dar el paso a la tecnificación de sus actividades comerciales32.

Por otro lado, se tiene conocimiento que Jorge Enrique Garcés Borrero para este momento ya tenía los conocimientos del mercado, producía de manera artesanal algunos productos y había acumulado algún capital, pero decidió retrasar el momento de invertir en la creación de un laboratorio de tipo industrial. Esto responde a una problemática más amplia. Es posible plantear que muchos empresarios, a pesar de tener estudios de mercadeo y conocimiento, esperaron el momento oportuno para invertir en fábricas o industrias modernas; no debe olvidarse que el riesgo en la toma de decisiones pesaba mucho a la hora de dar un paso tan importante. Por tanto, Garcés Borrero esperó pacientemente a la hora de tomar esta decisión, como se verá más adelante.

Por ello, contrario a lo que indican autores como Luis Aurelio Ordóñez33, Edgar Vásquez34 y Jairo 29 “Poder general”, Cali, 12 de agosto de 1921, en AHMC, Fondo Escribanos-notarial, serie Notaría Segunda, Escritura Nº 532, t. 16, f. 95.

30 El Relator, Cali, 2 de julio, 1924, 7.

31 Para un análisis sobre la transformación de la farmacia en países como México: Rogelio Godínez y Patricia Aceves Pastrana, Proyectos, realidades y utopías: la transformación de la Farmacia en México (1919-1940) (México: Universidad Autónoma Metropolitana, 2014).

32 Varios estudiosos señalan una multiplicidad de factores que influyeron para la época en las actitudes de los empresarios locales, desde la mínima voluntad de asumir riesgos, la falta de capitales, el precario apoyo estatal, hasta la dificultad para hacerse a maquinaria y tecnología; por ello, muchos empresarios esperaron la maduración del proceso de industrialización para transitar al cambio de sus unidades productivas. Julio César Zuluaga, “Emprendimiento e Historia Empresarial. Apuntes para un diálogo interdisciplinario en América Latina”, presentado en 2° Congreso Latinoamericano de Historia Económica y 2° Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de Historia Económica, México, 3 y 5 de febrero del 2010, 3.

33 Luis Aurelio Ordóñez, Industrias y empresarios pioneros.

34 Edgar Vásquez, Historia de Cali en el siglo XX. Sociedad, economía, cultura y espacio (Cali: Universidad del Valle, 2001).

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Candamil35, Jorge Enrique Garcés Borrero no constituyó su laboratorio de tipo industrial en 1925, cuestión que se corrobora en los documentos revisados, como por ejemplo, escrituras notariales, prensa y boletines estadísticos a nivel regional y local, que no dan cuenta de algo parecido a un cambio tecnológico en la droguería y la farmacia.

No obstante, ya para la década del treinta Colombia avanzaba hacia una industrialización de sus principales ciudades, entre las que se encontraba, de manera especial, Cali. Ello debido al aumento en la demanda local, sobre todo en las zonas productoras de café, a las cuales tenían acceso los empresarios asentados en la capital del Valle del Cauca; y también a que en ese momento los empresarios e industriales habían adquirido experiencia en el manejo de los negocios, y ya se estaba formando mano de obra calificada en el manejo de técnicas, utilización de maquinaria y conocimientos precisos en lo que respecta a cada sector industrial36. En esta tónica, era tal la confianza de los empresarios, que personajes como Jorge Enrique Garcés Borrero decidieron tomar el riesgo de crear industrias, debido por demás a la configuración de un conjunto de elementos que a nivel nacional e internacional se iban presentando, como por ejemplo, la bonanza en los precios del café. Así como a unas políticas del Estado encaminadas a la protección de la industria nacional y al aumento de demográfico en las ciudades, lo que generó mano de obra suficiente para las nacientes industrias y el desarrollo de una infraestructura vial, que sirvió para romper las fronteras que incomunicaban a diferentes regiones de Colombia.

Fue entonces debido a este conjunto de elementos, y a la propia decisión de tomar el riesgo37 de invertir en una industria farmacéutica, que el empresario Garcés Borrero transforma su laboratorio artesanal en uno industrial; así, en 1931 se constituye en Cali Laboratorios J.G.B., una industria pionera en el Valle del Cauca y una de las primeras en Colombia en la producción de medicamentos de forma industrial. De esto dio cuenta en 1935 el órgano de publicidad de dicho establecimiento, cuando se celebraban en sus páginas cuatro años de creación del laboratorio farmacéutico: “Cuando hace ya cuatro años, el espíritu lúcido, patriota y emprendedor de don Jorge Garcés B. determinó romper en Colombia el grillete que nos ataba a la farmacéutica extranjera y fundó en Cali sus grandes Laboratorios J.G.B. sabía que hallaría no pocos tropiezos […]”38.

Como se observa aquí, a pesar de que Garcés Borrero ya tenía un laboratorio de tipo artesanal en su droguería y farmacia, durante un tiempo analizó el mercado y adquirió el capital necesario para constituir un establecimiento de tipo industrial. Estos años de análisis y de previa acumulación de capital hicieron que este empresario reflexionara sobre el riesgo y la incertidumbre que un negocio acarrea con el tiempo. Por lo cual, según planteamientos de autores como Frank Knight39, empresarios como éste asumieron el riesgo, caracterizado como “la aleatoriedad de los resultados con probabilidades conocidas”, es decir, tras haber realizado estudios de mercado, este empresario poseía los conocimientos requeridos de la situación. También teniéndose que enfrentar a la incertidumbre, en donde se presenta “una aleatoriedad de los resultados con probabilidades des35 Jairo Candamil, “El empresario Jorge Garcés Borrero, la empresa J.G.B. y su entorno. Cali-Valle del Cauca 19251980” (tesis de doctorado, Universidad del Valle, 1997).

36 Luis Ospina, Industria y protección en Colombia 1810-1930 (Medellín: Oveja Negra, 1974), 499.

37 Para una historia del riesgo en Colombia ver: Rubí Mejía, El riesgo y la historia empresarial antioqueña: tres casos de estudio (Medellín: Fondo Editorial Universidad Eafit, 2011).

38 Revista Lamparilla del Hogar 1, n.° 5 (1935): 1.

39 Frank Knight, Risk, Uncertainty and Profit (Nueva York: Dover, 2006), 264.

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conocidas”. Esto, porque no le bastaba con haber realizado análisis profundos del mercado, pues la incertidumbre en la inversión de un capital siempre va a estar presente, y lo que trae con ella, sin duda, será desconocido. Por ejemplo, Garcés Borrero no podía estar seguro de que sus consumidores aceptarían favorablemente sus productos, por lo que debía estar alerta ante cualquier circunstancia que fuese desconocida para él y su empresa.

A pesar de esto, este comerciante tomó el riesgo de crear la primera empresa de industria farmacéutica en el Valle del Cauca desde Londres, cuestión que no fue impedimento para fundar Laboratorios J.G.B. Se debe señalar, que esta decisión se tomó dentro de un marco proteccionista y con unas políticas del Estado encaminadas hacia un nacionalismo, que incentivaba el consumo de productos elaborados en Colombia40. Pero ¿a qué se debió que Jorge Enrique Garcés Borrero haya tomado el riesgo de constituir su laboratorio industrial en la década del treinta y no en la década del veinte del siglo XX, momento en el que surgieron destacadas empresas en el país? Como indican Ocampo y Montenegro, el acelerado crecimiento industrial que vivió Colombia durante los años treinta se relaciona con tres explicaciones básicas y puede ayudar a comprender la apuesta de este empresario: la primera de ellas es que solamente a finales de los años veinte se habían dado las condiciones de fortalecimiento del mercado interno, que, jalonado por los ingresos de la exportación de café, se expandía y fortalecía la demanda de productos manufacturados; en la segunda es claro que la industria encontró un ambiente favorable en materia de política económica y proteccionismo; y finalmente, consideran que el comportamiento del sector externo fue favorable para el desarrollo industrial, unido a los cambios en la composición de las importaciones, las cuales permitieron que la industria manufacturera pudiera incrementar su capacidad productiva e importar las materias primas necesarias para su expansión41.

Además de lo anterior, volviendo a la trasformación de un laboratorio artesanal a uno industrial, se debe señalar que dentro de las escrituras notariales, para 1931 no se encuentra la creación de una sociedad con el nombre de laboratorio, lo que lleva a concluir que dicha empresa continuó con la misma razón social con la cual se había constituido la droguería y farmacia. Pero es a partir de 1937 que se encuentra un documento que describe la constitución de la sociedad “Jorge Garcés B. e hijos”, siendo su principal accionista el empresario Jorge Enrique Garcés Borrero, y sus cuatro hijos varones Álvaro, Armando, Diego y Jorge Garcés Giraldo42; dicha compañía se constituyó con un capital de $100.000 y su objeto general se basaba en “Comprar y vender drogas nacionales y extranjeras, especialidades farmacéuticas de toda clase y procedencia, producirlas y transformarlas, y en general todos los negocios del ramo de la farmacia sin limitaciones alguna […]”43.

Esta escritura muestra las labores del negocio comercial de la droguería y farmacia, indicando que se centrarán en comprar y vender medicamentos, como también en las funciones propias del laborato40 Para un análisis sobre la intervención económica del Estado ver: Bernardo Tovar, La intervención económica del Estado en Colombia, 1914-1936 (Bogotá: Banco Popular, 1984).

41 Ocampo y Montenegro, Crisis mundial, protección, 114-115. Dentro de esta misma tónica ver: José Antonio Ocampo, “Un siglo de desarrollo pausado e inequitativo: la economía colombiana 1910-2010”, en Colombia 1910-2010, editado por María Teresa Calderón e Isabela Restrepo (Bogotá: Taurus, 2010), 119-196.

42 Jorge Garcés Borrero se casó con Emma Giraldo Pineda el 10 de abril de 1910 en la ciudad de Cali; de dicha relación nacieron cinco hijos: Armando, Álvaro, Diego, Jorge y Julia Emma Garcés Giraldo, véase: María Fernanda Erazo, “Los caminos del ascenso”.

43 “Constitución de Sociedad”, Cali, 28 de junio de 1937, en AHMC, Escribanos-notarial, Notaría Primera, Escritura Nº 536, t. 8, f. 1.

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rio industrial, basándose en la transformación de éstos. De esta manera, los dos negocios se manejarían bajo dicha concepción, hasta que en 1941 se constituyen otras sociedades, logrando separar tanto capitales como funciones en lo que respecta al negocio comercial (droguería) y el industrial (laboratorio farmacéutico). La tabla 1 muestra los principales aspectos de estas sociedades comerciales.

Tabla 1. Datos de constitución Droguería Jorge Garcés B. y Laboratorios J.G.B (1941) Nombre

Socios

Capital

Objeto

Droguería Jorge Garcés B. Ltda.

Jorge Garcés Borrero, Armando, Álvaro, Diego y Jorge Garcés Giraldo.

$1.200.000 Jorge Garcés aportó $800.000 y el resto de socios $100.000 c/u.

Compra de drogas y productos farmacéuticos nacionales y extranjeros, al por mayor y detal; y la introducción de estos mismos productos.

$360.000 Jorge Garcés aportó $160.000 y el resto de socios $50.000 c/u.

Fabricación y venta de productos medicinales y especialidades farmacéuticas por cuenta propia; la compra y transformación de materias primas nacionales o extranjeras; la representación y agencias de casa comerciales, nacionales o extranjeras y en los mismos u otros ramos de negocios

Laboratorios J.G.B. Ltda.

Jorge Garcés Borrero, Armando, Álvaro, Diego y Jorge Garcés Giraldo.

Fuente: elaboración propia a partir de “Escrituras notariales”, Cali 14 de octubre de 1941, en AHMC, Escribanos-notarial, Notaría Primera, Escritura Nº 1281, t. 16, f. 264, y Cali 29 de octubre de 1941, en AHMC, Escribanos-notarial, Notaría Primera, Escritura Nº 1356, t. 17, f. 250.

En esta tabla se evidencian algunos aspectos principales de la constitución de estas dos sociedades, resultando clara la separación que se da entre el negocio comercial y el industrial, dividiendo así sus funciones y capitales. Pero algo que llama la atención es lo relacionado con este último aspecto, pues la inversión de capitales presentada en la sociedad denominada Droguería Jorge Garcés B. Ltda. es mucho más elevada que la inversión de capitales en la sociedad Laboratorios J.G.B. Ltda. Esto se debe precisamente a la división de capital en las once sucursales de la droguería —cuatro en Cali, dos en Bogotá y una en Palmira, Barranquilla, Medellín, Honda y Pasto—, las cuales fueron distribuidas en todo el territorio nacional durante las dos primeras décadas del siglo XX. Es por ello entonces que se evidencia un valor mucho más alto, en comparación con la inversión en el laboratorio. Una vez creado dicho laboratorio se empezaron a notar diferentes aspectos característicos en su transformación. Las particularidades de esta evolución se señalarán a continuación.

2.1. De la botica al layout44 fabril: su dimensión espacio-temporal En cuanto al laboratorio de tipo artesanal, se puede indicar que se inició adjunto a la Droguería y Farmacia Garcés, que se ubicaba desde sus orígenes en la esquina occidental de la carrera cuarta con calle once (Cali). Sin embargo, cuando se establece el laboratorio de tipo industrial ―por las condiciones de producción, consecución de nuevas técnicas, importación de tecnología, aumento de mano de obra, 44 Término común en la lengua inglesa y que no forma parte del diccionario de la Real Academia Española; dicho concepto puede traducirse como disposición o plan y tiene su uso extendido en el ámbito de la tecnología. Julián Pérez y Ana Gardey, “Definición de layout”, Definiciones.de, 11 de septiembre del 2016, <http://definicion.de/layout/>.

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entre otros aspectos―, tuvo que ser acondicionado un lugar de mayor tamaño con el fin de posicionar en la ciudad una empresa farmacéutica de tipo industrial. Pero además, escrituras notariales dan cuenta de que Jorge Garcés compró un terreno en el barrio San Nicolás, donde se construiría el edificio para que funcionaran los Laboratorios J.G.B., cuyas delimitaciones eran las siguientes: “[…] por el norte la carrera 5, por el oriente con la avenida Miguel López Muñoz, por el sur con el lote de la propiedad de los hermanos maristas y por el occidente la calle 23 al medio con el lote de los señores Garcés & Cía. con carrera 6 en el punto que la intercepta la calle 23 ya dicha, con el lote del doctor Pedro Pablo Scarpetta”45.

Por otro lado, ya en su parte interior, el laboratorio de tipo industrial se encontraba dividido en varias secciones: sección de elaboración, un sitio que albergaba la maquinaria; sección de comprimidos, salón donde reposaban los hornos, que servían para el proceso de secado; sección de envase, donde estaban las máquinas para envasar los medicamentos; sección de empaque, en la planta baja del laboratorio, donde los productos elaborados esperaban para el empaque y colocación de los marbetes exteriores; sección de depósito, espacio donde se encontraban estantes con los productos listos para ser distribuidos; sección de inyectables, donde se aplicaban los medicamentos líquidos producidos por el laboratorio; y sección administrativa, donde estaban las oficinas de funcionarios como el gerente, los administradores, secretarias, entre otros46.

Pero además, en este laboratorio artesanal —que empezó junto con la droguería y farmacia desde finales del siglo XIX, debido a los impulsos comerciales de Enrique Garcés Velasco— se dieron pequeñas innovaciones, de manera especial en lo que se refiere a las técnicas de elaboración de medicamentos. Se encuentra aquí la combinación de saberes antiguos con la utilización de productos de los reinos vegetal, animal y mineral, y con la introducción de nuevos saberes basados en los conocimientos farmacéuticos más industrializados. Así, pues, alrededor de 1931 se comienzan a evidenciar ciertos cambios en sus técnicas, partiendo desde la incorporación de profesionales en la rama de la farmacia hasta la formulación de métodos novedosos para la elaboración de medicamentos, entre los que se encuentran, por un lado, las técnicas de extractos fluidos, es decir, formas farmacéuticas de consistencia líquida que eran secadas al aire y finalmente pulverizadas47; por el otro, las técnicas de extractos granulados, una moderna forma farmacéutica de transformar el azúcar en productos medicinales.

En cuanto al proceso tecnológico establecido en sus inicios, según las diferentes fuentes consultadas, no se encuentra referencia de la introducción de equipos hasta que el nuevo propietario de la droguería y farmacia decide transformar el laboratorio en una industria farmacéutica, cuando es clara la utilización de maquinaria importada, tal como lo relata el órgano propagandístico del laboratorio en 1937: “Debido a la gran demanda y al éxito creciente de los productos J.G.B., ha sido preciso importar maquinarias cada día más completas y eficientes; pues si bien desde un principio montaron equipos de primer orden, éstos resultaron bien pronto deficientes y se hizo imprescindible adquirir otros de último modelo y de rendimiento más rápido”48.

45 “Compra”, Cali, 18 de octubre de 1937, en AHMC, Escribanos-notarial, Notaría Primera, Escritura Nº 882, t. 10, f. 166.

46 Revista Lamparilla 3, n.° 11, 12 y 13 (1937): 29.

47 Revista Lamparilla 1, n.° 2 (1935): 25.

48 Revista Lamparilla 3, n.° 22 (1937): 16.

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La importación de máquinas más modernas conllevó que los Laboratorios J.G.B. fueran una de las empresas más innovadoras en la producción de medicamentos. Se trata de una afirmación que era conocida por la mayoría de habitantes de la ciudad, pues la prensa local reconocía esta labor de la siguiente manera: “Entre las energías industriales instaladas en Cali ocupan lugar muy destacado los laboratorios de propiedad de don Jorge Garcés B., montados en locales magníficos, con la dotación de máquinas modernísimas, completas, que dirigen y manejan hombres de capacidad técnica”49. Así, pues, por la implementación de técnicas y tecnologías modernas en esta industria, el empresario Jorge Garcés y Laboratorios J.G.B. fueron identificados por sus contemporáneos como unos agentes de innovación, al introducir un método de producción y creación de nuevas combinaciones de factores productivos50.

2.2. De materia prima a insumos de manufactura En sus inicios, la materia prima por excelencia para la elaboración de medicamentos fueron elementos de origen vegetal, que eran mezclados con otros productos químicos importados. Posteriormente, cuando el laboratorio presenta su transformación, toda la materia prima era obtenida en el mercado nacional: “La mayor parte de nuestras materias primas son originarias de nuestro país, en efecto, en nuestro suelo contamos con casi todos los elementos de farmacopea, todo nos lo regala la madre naturaleza”51. No obstante, esta industria también realizaba importaciones de diferentes artículos químicos, con el fin de mezclarlos con las materias primas nacionales y obtener un producto óptimo. El problema de comprar insumos —como por ejemplo la glucosa— eran los altos gravámenes que el Gobierno nacional cobraba por su importación. Los impuestos hacían que los productos de fabricación nacional tuvieran un costo muy elevado, casi imposible de comprar por parte de los consumidores colombianos. Por esta razón, varios empresarios, incluido el señor Jorge Enrique Garcés Borrero, intentaban negociar con el Gobierno diferentes propuestas que beneficiaran tanto a los empresarios como a los consumidores y la nación en general. Frente a ello, para 1935, el órgano de publicidad de estos laboratorios indica que: “La industria farmacéutica nacional […] necesita la rebaja de algunas materias primas […] cuyo valor es de centavos por kilo […] estas tarifas arancelarias son excesivamente caras, de ahí la razón para que muchos artículos de fabricación colombiana salgan un tanto recargados en sus precios de venta […] para que la Industria Farmacéutica Nacional prospere es necesario que el gobierno reconsidere ciertos renglones del arancel vigente”52.

Lo anterior se presentaba por el conjunto de reformas proteccionistas que el Gobierno introdujo en 1918, 1927, 1931 y 1935. Pero fue tras las consecuencias de la deflación de 1929-1931 que se elevó el efecto protector de las tarifas, a lo cual contribuyó la reforma arancelaria de 1931. Por ejemplo, dicha reforma se destacó por el proteccionismo en el caso de los alimentos, las industrias de tejidos de lana y la fabricación de cemento y cerveza. Posteriormente, la devaluación de 1933-1935 erosionó fuertemente el efecto protector de la tarifa, y, de esta manera, 49 El Relator, Cali, 15 de agosto, 1935, 6.

50 Joseph Schumpeter, The Theory of Economic Development. An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle (Cambridge: Harvard University Press, 1959), 66.

51 La Razón, 1 de abril, 1937, citado por Revista Lamparilla 3, n.° 15 (1937): 5.

52 Revista Lamparilla 1, n.° 2 (1935): 2.

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los aranceles ad valorem retornaron a niveles moderados, excepto en el caso de los alimentos53.

Por último, a pesar de todas las reformas proteccionistas impulsadas por el Gobierno, se desvirtúa la bondad política arancelaria en la promoción del desarrollo industrial en esta década. Sin embargo, empresarios como Garcés Borrero trataron de sobrellevar dicha situación, intentando importar la menor cantidad de productos químicos extranjeros y sustituyéndolos poco a poco con la mercancía producida en el país.

2.3. De boticarios a farmaceutas y la aparición de obreros industriales En el laboratorio artesanal, la principal mano de obra fue familiar, por ejemplo, Enrique Garcés era el encargado de elaborar algunos de los medicamentos, luego dos de sus hijos (Manuel y Jorge) y su esposa, Joaquina Borrero, ayudaron en distintas labores en este local de comercio. Pero sería su hijo Jorge, como se indicó, quien continuaría las actividades de elaboración artesanal, pero al no tener los conocimientos suficientes en el tema de la farmacia o medicina —después de comprar este establecimiento a su madre—, decide contratar diferentes profesionales en el ramo farmacéutico con el fin de continuar la elaboración de productos medicinales, tradicionalmente elaborados por este negocio. Fue entonces durante 1920 que la Droguería y Farmacia Jorge Garcés B. y sus sucursales iniciaron la contratación de nuevo personal especializado en la farmacia.

Más adelante, con la transformación en laboratorio industrial, la mano de obra en las droguerías pasó a cumplir la función de vender los productos ofrecidos en éstas. No obstante, a la fábrica farmacéutica ingresa una gran cantidad de obreros, los cuales deben centrarse en el funcionamiento de la moderna maquinaria importada; también se encuentra el ingreso de técnicos extranjeros, profesional farmacéutico, enfermeras y personal administrativo. Por lo tanto, para 1935, el número de personas que laboraban en Laboratorios J.G.B. ascendía a un total de 300 trabajadores54.

Además de los elementos señalados, fue fundamental la publicidad de este establecimiento, que se presentó principalmente en la prensa local desde inicios del siglo XIX. Se observa que, en principio, las propagandas se basan en anuncios que dan a conocer a la población la llegada de un producto del exterior o la nueva elaboración de medicamentos, por ejemplo: “Atención vinos blancos y tintos, superior calidad, de venta en Farmacia de Enrique Garcés”55. En una segunda etapa de la droguería y la farmacia se presenta una variada publicidad en la prensa local, en relación con los medicamentos importados; no obstante, es casi nula la publicidad de productos elaborados en el laboratorio artesanal. Esto bien podía responder a que dichos medicamentos eran realizados con fórmulas secretas; así, un anuncio publicitario de “Vermífugo Tropical”, elaborado por este establecimiento, permite ilustrar este punto, donde se indica: “el cual está compuesto por sustancias medicinales rigurosamente losadas y en proporciones terapéuticas”56.

Finalmente, en una tercera etapa, en la que el laboratorio se transforma en un establecimiento industrial, se evidencian estrategias publicitarias llamativas para los consumidores de los productos J.G.B.; entre éstas se encuentran propaganda gratuita, con las revistas denominadas Cotizaciones 53 Santiago Montenegro, “La política arancelaria en la primera fase de la industrialización”, en Crisis mundial, protección e industrialización, editado por José Ocampo y Santiago Montenegro (Bogotá: Editorial Norma, 2007), 332.

54 Revista Lamparilla 1, n.° 5 (1935): 20.

55 Ferrocarril, Cali, 13 de julio, 1894, 3.

56 El Relator, Cali, 2 de febrero, 1925, 2.

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Farmacia y Droguería Jorge Garcés B. y Lamparilla del Hogar, distribuidas por todo el territorio nacional, y por último, propaganda en prensa local, que se basa en la publicación de anuncios, principalmente de productos fabricados en el laboratorio.

2.4. Competencia: ausencia de locales y presencia de foráneos Se identifica que a partir de la segunda mitad del siglo XIX, varios de los médicos con formación profesional optaron por establecer boticas, pero eran pocos los que se dedicaban a la elaboración de medicamentos, y sus locales de comercio se enfocaban en la venta de mercancía de tipo medicinal. De ahí que, durante los primeros años de este establecimiento, no se presentó una fuerte competencia en relación con laboratorios de este tipo. Pues, en realidad, la principal competencia recaía sobre los grandes laboratorios de Estados Unidos, Francia, Alemania e Inglaterra, que surtían una considerable cantidad de medicamentos ofrecidos en las droguerías colombianas.

Esto hizo que empresarios como Jorge Enrique Garcés Borrero vieran la necesidad de constituir una industria farmacéutica nacional capaz de competir con los laboratorios extranjeros, intentando así reproducir medicamentos que éstos elaboraban. Cabe destacar que para la década de los treinta ya se encontraban en el país importantes laboratorios farmacéuticos57, muchos creados por emigrantes extranjeros —especialmente los de la Costa— y por profesionales colombianos ubicados en el centro del país. Fueron varias las industrias farmacéuticas que a nivel nacional generaron competencia a Laboratorios J.G.B.; adicional a esto, en el Valle del Cauca también surgieron otros establecimientos de este mismo tipo; no obstante, son creados después de la década del cuarenta58, y no tuvieron la importancia de los laboratorios constituidos por Garcés Borrero.

Ahora bien, en sus inicios como laboratorio artesanal, es difícil identificar los productos que se elaboraban —con los que se haría frente a esta industrial internacional—, al no promocionarse en la prensa u otros medios de difusión, por lo que la única mercancía conocida ante sus consumidores eran los productos importados ofrecidos en la droguería. Pero desde 1931 se da la difusión propagandística con la apertura de todos los medicamentos y productos ofrecidos por el laboratorio. Al ampliarse la producción, y con ella, la introducción de nuevos medicamentos, se reemplazan automáticamente los productos importados de Estados Unidos y Europa. Por ejemplo, los productos ofrecidos en la Droguería y Farmacia Jorge Garcés B. durante 1932 continuaban siendo de carácter importado, con un 49%; les seguían los nacionales, con un 27%, y, por último, los elaborados por el laboratorio de Garcés Borrero, con un 24%. Lo anterior significa que si se unieran los productos realizados a escala local y nacional se obtendría un total de 51% —sobrepasando a los de escala importada—, lo cual demuestra un gran avance en la sustitución de productos importados y el incentivo del desarrollo de un mercado interno.

Luego de la transformación industrial del laboratorio se empieza a identificar durante este mismo contexto la aparición de una gran variedad de medicamentos, que abarcaban la cura o prevención de todas las enfermedades que se presentaban en los consumidores59. Al mismo tiempo 57 Algunos de ellos son los laboratorios Román, LaFrancol, Gómez Plata, Escovar, Samper Martínez, Kiuham, Uribe Ángel, Lafont, Tecnoquímicas, Gerco, entre otros.

58 Entre éstos se hallan los laboratorios Universal Farmacéutico, Pedro Marín, Standard Brand Inc. y Uribe Ángel.

59 Entre algunos productos elaborados anualmente por Laboratorios J.G.B. durante la década de los treinta encontramos: Citronel, Jarabe Yodotánico, Fosfato de Hierro (1932); Tónico de Vida, Insecticida Satanás (1933); Tónico Ovárico, Jarabe de Gualanday, Ferrosan, Tricosan (1934); Emulsión J.G.B., Bronquisol J.G.B., Vermífugo del Valle, Kola Granulada J.G.B., Sal de Frutas J.G.B., Sedocratol J.G.B. (1935); Zarzaparrilla J.G.B., Sedatona J.G.B., Lustrol J.G.B., Bismoquina J.G.B., Sueros J.G.B. y Ovaril (1936); Digestivosa y Bromoformina (1937).

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se observa la cantidad de mercancía, que daba cuenta del rango de acción que se desarrolló en Laboratorios J.G.B., cuyo fin principal se centraba en la expansión de la oferta. En el gráfico 1 se pueden observar las cantidades de productos elaborados durante la década del treinta, que eran introducidos al mercado cada año por Laboratorios J.G.B. Gráfico 1. Productos elaborados anualmente por Laboratorios J.G.B. durante la década del treinta

# De Productos J.G.B

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1933

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Fuente: Gráfico basado en la publicidad de Revista Cotizaciones (varios números) Revista Lamparilla del Hogar (varios números); El Relator (varios números) y El Heraldo Industrial (varios números).

Además se muestra la cantidad de productos farmacéuticos introducidos al mercado entre 1932 y 1937. Por otro lado, cabe aclarar que durante el año de creación de Laboratorios J.G.B. (1931) no se observan en la publicidad productos elaborados por este laboratorio, sino que se continúa promocionando la mercancía importada que ofrecía la Droguería Jorge Garcés B. Ya para 1932 se da la introducción de nuevos medicamentos —nueve en total—, basados en insumos como hierro, calcio y yodo. En 1933 y 1934 se identifica una disminución en la introducción de nuevos productos al mercado, en comparación con la cantidad presentada en el año inmediatamente anterior. En tanto, entre 1936 y 1937 son claves para esta empresa, pues lanzan un total de veintisiete productos al mercado colombiano, una cantidad importante que después no pudo ser superada, pues a partir de aquellos años se redujo la introducción de nueva mercancía hacia los consumidores, por ejemplo, se encuentra que para 1937 se incluyen sólo dos nuevos productos. Del mismo modo, ya para la década de los cuarenta se observa —a través de diferentes fuentes— que no se realiza ninguna introducción de nuevos productos, pues durante este período se continuaba promocionando la mercancía producida durante la década inmediatamente anterior.

Finalmente, se puede indicar que existió una gran oferta de productos por parte de Laboratorios J.G.B., que cubría la gran demanda de enfermedades características de la época. Además, dichos productos no sólo estaban especializados en curar algunos padecimientos, sino que también

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se relacionaban con la prevención de futuras enfermedades en el organismo de las personas. Por otra parte, es importante indicar que productos elaborados por grandes laboratorios extranjeros, y que fueron tan famosos en el mercado mundial como Emulsión de Scott, Kola Granulada o Sal de Frutas, fueron productos que los colombianos pudieron consumir en la década de los treinta gracias a la producción de Laboratorios J.G.B. No obstante, con la competencia que se presentó —después de la segunda década del siglo XX—, muchos de estos productos elaborados por este laboratorio salieron del mercado. Sin embargo, existe un producto que aún se sigue consumiendo en el país, conocido como Kola Granulada J.G.B., o como comúnmente lo recuerdan los colombianos: “Tarrito Rojo J.G.B.”.

Consideraciones finales En este artículo se mostró cómo desde los primeros años de funcionamiento de su empresa, Jorge Enrique Garcés Borrero vio factible la conformación de una industria farmacéutica en Colombia; sin embargo, dicha idea de transformar su laboratorio artesanal en uno industrial es tardía. Esto debido a que el empresario decidió no tomar el riesgo de invertir en un posible negocio que podía llevarlo al fracaso. Esta incertidumbre de no saber qué podía pasar en el futuro hizo que el empresario investigara en el mercado mundial todo lo relacionado con la industria farmacéutica, logrando así prever los más mínimos riesgos que traería consigo la constitución de una empresa de tipo industrial60.

Cuando Garcés Borrero tomó el riesgo de realizar la transformación, creó nuevas combinaciones de factores productivos dentro de su empresa, es decir, este individuo se convirtió en un agente de la innovación. Dicha innovación se basa en lo que Schumpeter llamaba “la introducción de un nuevo bien o una nueva calidad de un bien”61, pues esta empresa incluyó en el mercado nuevos productos medicinales. Por otra parte, se dio “la introducción de un nuevo método de producción”, utilizando métodos para la elaboración de fluidos líquidos y granulados. Del mismo modo, gracias a la importante producción de medicamentos de J.G.B., se da la “apertura de un nuevo mercado”, abasteciendo de esta manera distintas ciudades —como Bogotá, Barranquilla, Pasto, Medellín, Honda, Bucaramanga, todas las del Valle del Cauca, entre otras— gracias a las sucursales que la droguería presentaba o a los distribuidores que el laboratorio contrataba. Finalmente, se identifica también “la aparición de una nueva organización”, pues Laboratorios J.G.B. logró establecer un orden empresarial, iniciando desde su parte administrativa, al incluir a personas especialistas en el tema de la administración o de la farmacia en los cargos de gerencia y presidencia. Luego pasando por los técnicos y farmaceutas encargados del mantenimiento de la maquinaria, en el caso de los primeros, y de proporcionar los componentes necesarios que cada medicamento requería, en el caso de los segundos. También se encontraban las enfermeras, encargadas de aplicar los medicamentos inyectables a los clientes, y finalmente se encuentran los obreros, que se enfocaban en el manejo de la maquinaria, manufactura, empaque, transporte, entre otros.

Estos logros fueron conquistados por Jorge Enrique Garcés Borrero debido a la innovación y al esfuerzo; sin embargo, en 1944, tras su fallecimiento, continuaron a cargo sus hijos y esposa

60 Ludwig Von Mises, La acción humana. Tratado de economía (Madrid: Unión Editorial, 2001), 308.

61 Joseph Schumpeter, The Theory, 66.

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con el legado de una industria farmacéutica que inició en 1931. A pesar de que la temporalidad de esta investigación termina en 1944, es importante resaltar que este laboratorio farmacéutico siguió teniendo éxito a través de los años; muestra de ello es su permanencia hasta la fecha en el mercado nacional. De hecho, en 2012 un especial presentado por el diario El País de Cali identificó a dicha compañía como una de las más importantes de la región indicando que: “Laboratorios J.G.B. es un legado para la región, considerándose así, como una empresa ‘emblemática’, las cuales son empresas que se fundaron en el departamento y que se han consolidado por décadas en el imaginario de los vallecaucanos por la calidad de los productos, por sus servicios eficaces, por la innovación que han traído a la región y que en el ámbito nacional dan brillo al Valle”62.

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Zuluaga, Julio César. “Emprendimiento e Historia Empresarial. Apuntes para un diálogo interdisciplinario en América Latina”. Presentado en 2° Congreso Latinoamericano de Historia Económica y 2° Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de Historia Económica, México, 3-5 de febrero del 2010.

Hist. Crit. No. 62 · Octubre-diciembre · Pp 143-163 · ISSN 0121-1617 · e-ISSN 1900-6152 doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit62.2016.07

❧ María Fernanda Erazo Obando Estudiante de la Maestría en Historia Económica y de las Políticas Económicas de la Universidad de Buenos Aires (Argentina) y licenciada en Historia de la Universidad del Valle (Colombia). Integrante del grupo de investigación Asociación: Centro de Estudios Regionales (Categoría A en Colciencias). Entre sus publicaciones se destaca “Palpitando la modernidad: el negocio de bienes raíces en Cali (Colombia) a partir del caso de Jorge Garcés Borrero, 1900-1944”. Revista de Historia Local y Regional HISTORELO 6, n.° 12 (2014): 125-170, doi: dx.doi.org/10.15446/historelo.v6n12.42068. mafeerazoobando@hotmail.com

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ReseĂąas

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Womack, John. El trabajo en la Cervecería Moctezuma, 1908.

Ciudad de México/Xalapa: El Colegio de México/Fideicomiso Historia de las Américas/H. Congreso del Estado de Veracruz, 2012, 123 pp.

Eder Antonio de Jesús Gallegos Ruiz Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, España doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit62.2016.08

El mundo del trabajo engloba todo un universo de experiencias (sensoriales, sociales y culturales), y son justamente éstas las que toman parte en este libro, una serie de palabras clave para su lectura. Desafíos materiales y organizacionales a los que hay que esforzarse para vencer y cuyo resultado tiene consecuencias, porque es evaluado, o más bien probado, literalmente, en un frío tarro cervecero. Así, pues, el objeto de este libro se enmarca en un espacio de tres hectáreas: la fábrica de cerveza Moctezuma —con sede en la ciudad de Orizaba—, donde se entrecruzan procesos tecnológicos y biológicos con la pericia de los maestros cerveceros. Así, el carácter material de la producción toma lugar en disposiciones de inmuebles, una caravana de maquinaria y herramientas, que se encuentran presentes a lo largo de 123 páginas de detalladas explicaciones técnicas de los quince departamentos de producción; aunque se observa una escasa referencia al mundo social, y más aún en aquellos asuntos en los que deberían resaltarse las colaboraciones técnicas. De hecho, son las etapas productivas lo único que, a modo de subtítulos, implícitamente organiza el libro1.

Es de resaltar que, aunque el enfoque de la obra es de carácter material, no es un texto que se centre de manera exclusiva en el materialismo, pues resulta ser una obra de cualidad humanística, en el sentido, incluso, de otra palabra clave: creatividad. Se muestra, por demás, que los problemas industriales son básicamente sólo posibles de resolver con la creatividad humana industrialmente organizada. Otra palabra clave para la lectura de la obra de Womack es agencia; aquí se plasma como una función subordinada la del agente que trabaja para el patrón y en su nombre, lo que también implica el poder de actuar o la ejecución de su poder. En palabras del autor: “de una potencia motriz” (p. 14). Pero en este punto habría que preguntarse: ¿Cuáles son las fuentes que dan cuenta de ello? Por una parte, una rica cantidad de datos provinieron de archivos públicos como el Archivo General de la Nación, el Archivo Histórico de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y el Archivo Municipal de Orizaba. Además de la consulta en archivos privados, en particular del propio Archivo de la Cervecería Moctezuma. En el marco general de esta 1

Es necesario resaltar que dentro de la obra, lo social en la historia no significa lo mismo que lo colectivo, pues esto último puede suponer “relaciones técnicas” entre sí, en las que no necesariamente saben unos de otros. Aunque bien pueden las relaciones técnicas devenir en relaciones sociales, el trabajo colectivo no necesariamente puede abordarse sólo desde los enfoques sociales que muchas disciplinas han intentado para dilucidarlo. Es decir, éste, sin la prueba técnica colectiva, no puede ser explicado sólo por su dimensión sociocultural y mucho menos por las cuantificaciones de la economía dura.

Hist. Crit. No. 62 · Octubre-diciembre · Pp 165-167 · ISSN 0121-1617 · e-ISSN 1900-6152 doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit62.2016.08

investigación existe el sustento crítico de una profusa bibliografía anglosajona sobre la producción de la cerveza en Occidente —es de resaltar la consulta de manuales técnicos como el American Handy-Book of the Brewing, The Cooperage Handbook y el Mechanical and Refrigerating Engineers’ Handboook— y un marco particular delimitado por un puntual uso de la producción historiográfica local sobre Orizaba. En cuanto a su aparato crítico, en publicaciones seriadas se destaca su amplia revisión de revistas como The Brewer’s Journal y periódicos como El Reproductor, complementadas con entrevistas a personajes como Jorge Fleischmann (miembro fundador) que dotan de cariz vivencial a este escrito.

En este punto es importante recordar que los trabajadores no son el punto focal de la obra, sino el trabajo industrial, entendido como relaciones de “cooperación étnica”; he allí donde radica una de las novedades historiográficas que resaltan de la investigación de Womack. En tanto, permite esclarecer ciertas zonas de la historia de la tecnología y de las clases trabajadoras modernas desde una línea en la que pareciera está poco acompañado, pero firmemente plantado: la “posición estratégica”2. Es precisamente a partir de la comprensión del trabajo industrial, en un océano de historiografía donde lo que menos aparecía era el trabajo mismo, como Womack ha dilucidado de manera acertada una clara vía para reconstruir la historia de las clases modernas. Ahora bien, este enfoque no pretende abordar las clases de modo jerarquizado, sino en sus interdependencias, en función de la producción y su articulación local e internacional, de la que depende la tan valiosa “posición” dentro de la cadena técnica. Desde esta línea se puede suponer que tal vez esta parcela de estudio bien podría ser un acercamiento desde la llamada “microhistoria”, que refleja un proceso más grande de efervescencia política y cambio social entre 1880-1950 en México (p.

21). Lo anterior, por supuesto, guardando las debidas proporciones que deben tenerse en este tipo de indagaciones, pues el autor en la dimensión espacial sólo se enmarca en esta fábrica o en sitios específicos —como su patio rodeado de muros, o sus cuartos calientes y fríos—; por lo que a ratos el lector siente que está viviendo un fragmento representativo de toda la experiencia de ser un trabajador mexicano de ese período de transición de los albores del siglo XX. Es además necesario destacar que el autor ha colocado en medio de la obra una selección de imágenes particulares: un cartel publicitario, fotografías de los edificios, de los aparatos industriales, de los espacios donde se está trabajando in fraganti o se está posando, ricos planos de la fábrica, de su maquinaria. ¿Es mera didáctica? En realidad, un lector podría suponer que su uso se encuentra relacionado más bien con la intención de Womack de transferir la experiencia tecnológica colectiva, a pesar de que las imágenes no son tratadas como fuentes históricas para fundamentar sus argumentos3. Otro efecto de la realidad no sólo es la espacialidad, sino el tiempo, que parece como si estuviera detenido. ¿Por qué este efecto? Es precisamente la experiencia tecnológica la que justifica que sólo aparezca en el título el año de 19084, pues si bien el libro permite ver una modificación técnica del proceso productivo cervecero —que supuso el cambio de una simple 2 Véase, también de este autor: John Womack, Posición estratégica y fuerza obrera. Hacia una nueva historia de los movimientos obreros (México: Fondo de Cultura Económica/Fideicomiso Historia de las Américas/El Colegio de México), 2007.

3 Las imágenes pretenden dar sentido de totalidad y resaltar la singularidad ante una construcción historiográfica que es más compleja de lo que parece.

4 Para entonces la producción había crecido gracias a la necesidad de abastecer las demandas de sus asiduos clientes (los servicios urbanos), lo que la hacía producir prácticamente todo el año y ensanchar sus necesidades logísticas.

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Womack, John. El trabajo en la Cervecería Moctezuma, 1908 Eder Antonio de Jesús Gallegos Ruiz

organización del trabajo a una organización industrial, que fue más allá de un simple año (todo en aras de producir 114.096 barriles de cerveza)—, a lo largo de las refinadas explicaciones técnicas queda la sensación, de nuevo, de que el tiempo se ha subsumido dentro del trabajo colectivo. Lo anterior también parece tener una explicación: Womack, para poder realizar una comprensión del proceso industrial cervecero, ha partido desde el estudio de un “fragmento” que daría cuenta de la experiencia de lo que lo haría una gran historia totalizante; no debe desconocerse en este punto que entender la totalidad de una realidad experimentada es en sí una aporía; quizás en ello subyace su decisión de no crear una historia general del trabajo industrial en Veracruz, sino una serie de historias que se correlacionan dentro de marcos amplios5.

Finalmente, la Cervecería representa sólo una parte de una serie de estudios del mismo autor, por lo que —para enriquecer cualquier reseña sobre este tipo de problemáticas— sería sumamente importante darle seguimiento a este libro, junto al resto de las investigaciones que están por publicarse o que se encuentran en su fase investigativa. Sin duda, muchos historiadores esperaran con ansias, entre los que me incluyo, nuevas obras, pues es claro que se trata de un trabajo de largo alcance. Esto explica por qué Womack no puntualiza una conclusión sobre el tema ni hace un epílogo respecto a esta parte de la historia del trabajo industrial en Veracruz, esperando que sea un ejercicio académico holístico que incluya nuevos espacios.

❧ Eder Antonio de Jesús Gallegos Ruiz Estudios de maestría en Historia de América Latina por la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla (España) y licenciado en Historia por la Universidad Veracruzana (México). Integrante del grupo de investigación CSG-Red Imperial. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran: “La producción de artillería de bronce en Acapulco (1601-1616), un elemento del sistema defensivo del Pacífico”. Red de Estudios Superiores Asia-Pacífico 2, n.° 3 (2016): 39-59, y “La artillería novohispana ante el fantasma de invasión naval, 1762-1808”. Revista Tiempo y Espacio XXXIII, n.° 64 (2015): 192-216. goseder@gmail.com

5 Un fragmento es un constante deseo de presencia (ante la ausencia), que se desvanece. Fundamento epistemológico de fragmento como dispositivo que da presencialidad. En sintonía con otras obras que, dentro de diferentes corrientes, dan cuenta del mismo giro historiográfico, véase: Han Ulrich Gumbrecht, 1926, viviendo al borde del tiempo (México: Universidad Iberoamericana, 2004).

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Annino, Antonio. Silencios y disputas en la historia de Hispanoamérica. Bogotá: Taurus/Universidad Externado de Colombia, 2014, 455 pp.

Francisco A. Ortega

Universidad Nacional de Colombia doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit62.2016.09

Silencios y disputas, los dos términos claves de este título, pueden resultar enigmáticos, incluso vagos, en una primera lectura, pero apuntan a una tensión formal sobre la cual el autor regresa en varios momentos en el libro. Silencios, eventos silenciosos o silenciados, cuya lógica y especificidad no logran ser descifradas por los modelos explicativos vigentes; disputas, método de indagación y debate que permite examinar los méritos de los modelos explicativos y someterlos a revisión, en caso de que sea necesario. Son silencios, entonces, aquellas omisiones, deliberadas o producto de la costumbre, que velan la comprensión o motivan la desatención que se les puede prestar a ciertas coyunturas, en este caso, la temprana historia hispanoamericana del siglo XIX; disputas, por su parte, son la confrontación de aquellos consensos o paradigmas historiográficos que contribuyen a esos silencios, invisibilizan o distorsionan los procesos políticos que dieron pie a la llamada modernidad hispanoamericana. El que reseño es, por lo tanto, un libro que se mueve en dos direcciones diversas: disputa ciertas historiografías aún vigentes y hurga entre los silencios de la historia.

Antonio Annino von Dusek, catedrático de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad de Florencia (Italia), y actualmente vinculado a la Universidad Externado de Colombia, ha sido una de las figuras más destacadas de la renovación de la historiografía política en español, en particular en todo lo que tiene que ver con las independencias hispanoamericanas y el surgimiento del liberalismo en la región. Aunque en sus inicios (durante la década de los setenta y ochenta) se interesó más en temas contemporáneos, como la Revolución Cubana y la democracia en la región, su producción más reciente está asociada al revisionismo que se ha llevado a cabo en los últimos veinte años sobre el siglo XIX iberoamericano. De hecho, su nombre aparece como coordinador de algunos de los libros más importantes en esa renovación: Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX (1995) y La revolución novohispana, 1808-1821 (2010); y como co-coordinador de libros igualmente significativos: De los imperios a las naciones: Iberoamérica (con Luis Castro Leiva y François-Xavier Guerra, 1994); Inventando la nación: Iberoamérica, siglo XIX (junto a François-Xavier Guerra, 2003); La Independencia. Los libros de la patria (con Rafael Rojas, 2008); y El laboratorio constitucional iberoamericano: 1807/1808-1830 (con Marcela Ternavasio, 2012).

En Silencios y disputas en la historia de Hispanoamérica, Annino pone a disposición del lector un conjunto de textos sugerentes (el primero de los cuales fue publicado en 1991), que hasta la fecha permanecían dispersos en las dos orillas del Atlántico. El libro está organizado en tres partes: “Las disputas en torno a la América Hispánica”, “La cuestión imperial” y “Definir una revolución: el caso mexicano”. Cada parte agrupa entre tres y cuatro ensayos que elaboran una temática que

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Annino, Antonio. Silencios y disputas en la historia de Hispanoamérica Francisco A. Ortega

busca “definir un campo de investigación y reflexión conectados entre sí” (p. 11). El punto de partida de los ensayos retoma —para enriquecer el análisis— una de las conclusiones a las que llegó el muy recordado François-Xavier Guerra sobre las independencias americanas: éstas constituyen un tercer polo de revoluciones atlánticas, que no resultan comprensibles a la luz de las categorías que las otras (en particular la francesa y las angloamericanas) han generado. Aunque los ensayos están claramente vinculados, no existe una relación de estricta continuidad argumental entre ellos. Más bien, como corresponde a ensayos publicados en circunstancias muy diversas y a lo largo de un gran período, cada ensayo se puede leer de manera independiente.

La breve introducción traza el recorrido que dio paso a “una verdadera revolución copernicana en la historiografía de las independencias americanas” (p. 9), entre las conmemoraciones del quinto centenario del llamado Descubrimiento (1992) y los bicentenarios de las independencias americanas (2010). En el curso de esas dos décadas, recuenta Annino, se pasa de tener la certeza que las independencias americanas derribaron la Monarquía hispánica a considerar como más probable lo opuesto, es decir, que la terrible crisis de la Monarquía, “desencadenada por las noches de Bayona en marzo de 1808 la entrega de la monarquía a Napoleón”, quebró el imperio y dio lugar a las independencias. Las independencias son, por lo tanto, consecuencia de unas lógicas político-constitucionales que hasta el momento han sido muy poco estudiadas.

La primera parte del libro impugna la visión tradicional del siglo XIX hispanoamericano como una práctica política pobre, calco de la experiencia europea, desviada, retrasada, corrupta e irremediablemente fracasada. Esa mirada, señala Annino, es en buena medida el resultado de un paradigma historiográfico que examina el liberalismo decimonónico a través de las categorías democráticas del siglo XX y, en parte, el resultado de una actitud no crítica ante el carácter pretendidamente modélico de las experiencias noratlánticas. En los dos primeros ensayos, Annino sitúa la invención y consolidación de ese paradigma durante las entreguerras europeas e identifica las consecuencias para la historia política euroamericana. El siglo XIX se ha diluido y, hasta muy recientemente, parecía legible sólo a través de las categorías políticas del siglo XX noratlántico. Eso mismo sugiere, según Annino, la posibilidad de que una lectura atenta de la historia política de Hispanoamérica se convierta en punto de partida privilegiado para cuestionar la vigencia normativa de ese paradigma.

La primera parte cierra con una mirada a la historia electoral local, la cual ha sido, por lo general, desestimada como corrupta y desastrosa. Pero, señala Annino, volver sobre esa experiencia con las categorías de los protagonistas evidencia que, lejos de ser una experiencia de fracasos palpables, la del voto en América Latina es “una práctica cultural que articula instituciones de diferente tipo, políticas y no políticas, corporativas, comunitarias, territoriales, económicas, etc., que no necesariamente operan en contra de las normas sino paralelamente” (p. 96). Aparece de ese modo una experiencia política fuerte y con matices muy propios, un liberalismo, por ejemplo, rural, corporativo, comunitario y territorializado. Esta primera parte desbroza el campo a partir del cual ha surgido un conjunto de nuevas preguntas e inquietudes aún sin respuestas.

Los siguientes cuatro ensayos, publicados entre 2003 y 2014, componen lo que Annino ha designado “La cuestión imperial”. De manera personal, lo considero el conjunto de ensayos más sustanciosos y que más aportan a sus lectores colombianos e hispanoamericanos. Los dos primeros ensayos parten del supuesto que el orbe hispánico es susceptible de ser descrito en dos registros muy diferentes: el de la “Monarquía católica” y el del “Imperio español”. La asimilación en la historiografía contemporánea de un término al otro ha impedido comprender la dimensión

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propiamente constitucional que llevó a la disgregación de la Monarquía. Annino extrae dos conclusiones de esta premisa. En primer lugar, resulta evidente que la independencia es el fruto del colapso —o de la insuficiencia jurídico-política para dar paso a las nuevas demandas constitucionales— de la Monarquía: las “lógicas de los procesos que deshicieron el orbe hispánico tuvieron muy poco de imperial y mucho de jurídico constitucional” (p. 118). Esto resulta decisivo para comprender la gran crisis que se desató en Bayona en 1808 y las lógicas políticas que sucedieron hasta más allá de las independencias y por buena parte del siglo XIX. Una segunda conclusión tiene que ver con el lugar ambiguo que ocupan las provincias americanas. Si bien es cierto que las revoluciones hispánicas tienen su origen en la crisis de Bayona, ellas fueron policéntricas y globales. Los diferentes caminos que la crisis cursó en la Península y las provincias americanas —y que terminaron con las independencias— tienen mucho que ver con ese lugar ambiguo. Annino lo detecta incluso en ese famoso decreto del 22 de enero de 1809 de la Junta Central, por medio del cual se señalaba que los “vastos y preciosos dominios que la España posee en las Indias no son propiamente colonias o factorías”, sino una “parte esencial e integrante de la monarquía” (p. 117). Si bien, señala Annino de manera muy certera, el decreto aclara qué no son las Indias, jamás se especifica lo que sí son: “Lo que América era quedó ambiguo; una communitas perfecta ocupada por otra communitas perfecta, algo no muy aceptado para el jus gentium” (p. 117).

Los otros dos ensayos retoman la crisis en su dimensión duradera de “ruptura profunda y en cierto sentido silenciosa que se consumó lejos de los escenarios importantes pero que afectó al 80% de la población” (p. 203). Esa ruptura hizo más difícil los equilibrios durante buena parte del siglo XIX. La respuesta de todos los estamentos a las abdicaciones de Bayona a ambos lados del Atlántico puso en evidencia la dificultad de transferir la soberanía del Rey a las nuevas instituciones interinas y, posteriormente, a las instituciones republicanas representativas. Más que encontrar un heredero legítimo de la soberanía de la Corona, la consecuencia de la crisis fue la extensión de la acefalia hasta el último pueblo que se emancipaba de su capital. En otras palabras, las consecuencias de la crisis no sólo fueron del orden horizontal (que eventualmente culminarían con las independencias), sino también vertical (y que llevarían a una profundización del autonomismo de las provincias frente a los centros virreinales), y abrieron de ese modo una crisis de gobernabilidad que duró buena parte del siglo XIX. Si en la primera parte Annino identificó unas disputas historiográficas que velaban la especificidad hispanoamericana, y en la segunda parte abordó las lógicas constitucionales que se pusieron en marcha con las abdicaciones ilegales e ilegítimas de Bayona, en esta tercera parte Annino las retoma para analizar el escenario novohispano. Más allá de valorar la novedad de sus afirmaciones para la historiografía mexicana, me interesa destacar al menos dos modos en que estos cuatro ensayos, publicados entre 2008 y 2012, resultan sugerentes para los lectores hispanoamericanos. En los dos primeros ensayos, Annino retoma los valiosos aportes del grupo de “Historia del Constitucionalismo Español”, (HICOES), que poco a poco han ido produciendo una nueva mirada del ordenamiento constitucional católico monárquico y de la crisis constitucional de 1808. Central entre sus aportes figura la idea del antiguo régimen jurisdiccional, “es decir, un sistema de poder muy articulado y disperso cuyo objeto principal es la defensa un orden jurídico ya dado, y en el que las instituciones son indistintas, hechas solo por jueces, no por jueces y administradores” (pp. 257-258).

Con la retroversión de la soberanía, ese régimen jurisdiccional se habría instalado en los pueblos y habría entrado en tensión con la soberanía abstracta de la nación, una singularidad

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Annino, Antonio. Silencios y disputas en la historia de Hispanoamérica Francisco A. Ortega

de las revoluciones hispánicas. A “diferencia de las demás revoluciones de la época, las que empezaron en el orbe hispánico ubicaron la soberanía ‘popular’ en la esfera de la justicia y no en la esfera de la representación” (p. 263). Estos ensayos demuestran la utilidad de tomar seriamente la especificidad de la historia legal del período, algo que con frecuencia ha sido renuente.

Los dos últimos son textos ya bien conocidos, donde Annino desarrolla las consecuencias de la constitucionalización de los municipios rurales y los cabildos indígenas promovida por la carta gaditana en México. Esa ruralización de lo político ofreció un amplio escenario en el que persistió el orden jurisdiccional, incluso mucho después de la instauración de la República. Si bien Annino sugiere la posibilidad de pensar ese mismo proceso como factor explicativo para todo el siglo XIX hispanoamericano, la ausencia de investigaciones locales y trabajos comparativos impide llegar a conclusiones más enfáticas.

El trabajo de Annino, tradicionalmente, ha ejemplificado la especificidad, la sensibilidad y el método de lo que se puede llamar la historia intelectual de lo político, nombre descriptivo y poco elegante —pero más bien exacto— en el que converge la invitación que hace Pierre Rosanvallon o Reinhardt Koselleck a “regresar a los conceptos básicos” que identificaron el conjunto del orbe hispánico (p. 137) y que libera de las “prisiones historiográficas” como, desde otra perspectiva, señalaría Germán Colmenares, para recuperar la autonomía y potencia de nuestro siglo XIX. Sus textos evidencian una práctica interpretativa en la que términos como continuidad y ruptura —o constitución formal y material— aparecen, no como polos opuestos, sino como linderos que abren una paleta de posibilidades dentro de las cuales resulta tan importante destacar tanto los matices como los contrastes.

En conjunto, estos ensayos nos devuelven un siglo XIX menos poblado de certezas, en el que lo político se revela como un escenario de construcción de posibilidades imprevisibles, y abren sugerentes líneas de investigación a futuro: el papel de los grupos populares y las élites en el período republicano; la naturaleza y el curso de las profundas mutaciones en las diferentes provincias y regiones; el problema del localismo, federalismo y autonomismo; y, finalmente, la persistente continuidad de una noción de soberanía asociada a la justicia que parece haber dificultado —o, por lo menos, le dio un color particular aún por comprender— el papel de la representación nacional.

Es grato saber que estos artículos se encuentran ahora reunidos en un volumen. Pero el autor tomó una decisión riesgosa al “dejar los textos en sus versiones originales para no quitar a la obra su originaria naturaleza de work in progress” (p. 11). ¿Qué le aporta al lector conocer el carácter inconcluso del trabajo en cuestión (y ¿no es acaso, toda investigación siempre un work in progress?), cuando el autor podría haberse servido de esta oportunidad para elaborar de modo más unificado, orgánico, robusto y contundente los argumentos del libro? Aún más, en su estado actual, el libro aparece lastrado por las repeticiones frecuentes, la aparición desigual de desarrollos teóricos, variaciones en juicios sobre fenómenos y procesos históricos, e incluso afirmaciones diversas que generan confusión. Mucho de eso se hace evidente en relación con la breve reflexión final, que insiste en la necesidad de pensar históricamente, aun en un momento en que la historia ha perdido peso en las ciencias sociales y relevancia en la cotidianidad. Si bien sugerente, resulta algo incongruente y queda flotando más como una reflexión sobre el futuro de la disciplina, que como conclusión o expresión de los temas desarrollados.

Una reescritura (o incluso una simple reactualización de esos textos) le hubiera igualmente permitido explorar algunas caracterizaciones que quedaron en el aire y precisar más exactamente de qué manera su argumento cobra vigencia fuera de la región mexicana. El mismo autor identifica

Hist. Crit. No. 62 · Octubre-diciembre · Pp 169-174 · ISSN 0121-1617 · e-ISSN 1900-6152 doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit62.2016.09

la dirección en la que esas profundizaciones hubieran podido llevarse a cabo en el contexto de una reescritura: “el autonomismo radical estuvo circunscrito al área rioplatense y a la neogranadina” (p. 191). Pero la afirmación queda ahí, y Annino apenas la matiza indicando que parte de la Nueva Granada también pasó la experiencia gaditana y que, en todo caso, lo importante es el principio constitucional que fungió como rector de los desarrollos políticos posteriores. Mucho, y de gran beneficio para la compleja historia del federalismo colombiano, podría seguirse si el autor hubiera aprovechado su estancia en el país para desarrollar esta intuición e inquietud.

Por otro lado, es importante señalar un segundo límite de este conjunto de ensayos. Muy ocupado en rescatar la autonomía y especificidad de lo político, es apenas entendible que Annino sea cauteloso a la hora de entrar en polémicas con la historia social y económica del período. Tal vez eso permite explicar la ausencia de referencias a los importantes trabajos contemporáneos de Josep Fradera, Juan Carlos Garavaglia o Carlos Marichal, entre muchos otros. Sin embargo, la autonomía de lo político no sólo presupone la autonomía de otras lógicas sociales, sino la necesidad de entablar diálogo con ellas, pues, de otro modo, se puede caer en el equívoco de que cada lógica funciona de modo aislado o, aún peor, puede llevar a pensar que se propone una subordinación de otras lógicas sociales a lo político. Una interlocución con éstos y otros trabajos podría, por ejemplo, abrir una reflexión que aparece apenas sugerida en el argumento de Annino, pero que resulta complementaria y, yo diría, absolutamente necesaria. Me refiero a la observación sagaz que identifica la lógica constitucional —lógica que, en palabras de Annino, migra desde la periferia hacia el centro— como la que permite comprender el curso de buena parte de los eventos posteriores a 1808. Sin embargo, lo que queda de lado en esta discusión es el papel que tienen los factores económicos y sociales, por ejemplo, en el otro registro que Annino identifica: el imperial. Y si bien es precisamente el protagonismo exclusivo de estos factores lo que ha hecho difícil desarrollar una historia de lo político en la región, eliminarlos tajantemente de la ecuación resulta tan insatisfactorio como lo será desde ahora en adelante leer un libro de historia económica o social del período que ignore la especificidad de lo político.

A modo de conclusión, para quien no conoce la obra de Annino, este libro ofrece un conjunto de ensayos sugerentes y sólidos, ineludibles para comprender las profundas mutaciones que dieron paso a las repúblicas, y que han contribuido a la importante renovación de la historia política hispanoamericana. Para quien ya conoce su trabajo, Silencios y disputas no ofrece mayores novedades, excepto la comodidad de tener sus artículos más significativos recopilados en un solo volumen. Este lector mantendrá la expectativa de que el autor desarrolle con la consistencia y el alcance propios de un libro de investigación, las reflexiones consignadas en estos ensayos y con las cuales ya ha contribuido de manera significativa a transformar nuestra comprensión del siglo XIX. Finalmente, y como un llamado de atención a las editoriales académicas del país, no quiero dejar pasar un comentario sobre el aspecto más formal de la publicación. La ausencia de un índice analítico y de una bibliografía integrada disminuyen en mucho la ventaja de tener reunidos en un solo volumen los ensayos aquí publicados. Habría sido deseable una edición más cuidadosa, algo que sin duda merecen tanto el libro como el autor.

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Annino, Antonio. Silencios y disputas en la historia de Hispanoamérica Francisco A. Ortega

❧ Francisco A. Ortega Profesor asociado del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Doctor en Literatura Comparada de la University of Chicago (Estados Unidos). Miembro del grupo de investigación Imaginarios, prácticas culturales y representaciones (Categoría A1 en Colciencias). Entre sus publicaciones más recientes se encuentran los artículos “Los entramados de lo público: república, plebe, publicidad y población”. Revista Colombiana de Antropología 51: 1 (2015): 191-216, y “República, tiempo incierto y moral en la primera mitad del siglo XIX neogranadino”. Almanack Braziliense 10 (2015): 335-349. fortega@unal.edu.co

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Silva, Renán. Lugar de dudas: sobre la práctica del análisis histórico. Breviario de inseguridades. Bogotá: Universidad de los Andes, 2015, 228 pp.

Hermes Osorio Cossio

Universidad Nacional de Colombia

Eulalia Hernández Ciro

Universidad Nacional de Colombia

doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit62.2016.10

“Solo existe la historia ‘revisada y corregida’” Michel de Certeau1

La lectura de este pequeño libro cayó como un rayo de luz que ilumina el horizonte y enciende el ánimo y el pensamiento. Parece redundante, pero es urgente —justo ahora que el país se apresta para una eventual firma de la paz— que alguien nos recuerde que la historia debe mantenerse en la perspectiva de un saber crítico. De modo desprevenido, podría preguntarse: ¿por qué después de más de dos siglos de historia académica hay que seguir reafirmando que esta disciplina está soportada en un saber crítico, no prescriptivo ni reivindicativo? La coyuntura de los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP en La Habana trae aparejada la pugna entre la memoria y la historia. El predominio y promoción de la memoria en los últimos años en Colombia, al amparo de una ley de víctimas, amenazan el pensamiento y la vida en sociedad. Ante la necesidad de que desde la academia se hagan sentir las voces que alerten e incidan en el decurso de los acontecimientos, el libro de Renán Silva es una valiosa hoja de ruta para quienes desde la escritura de la historia —como en su momento lo hiciera Heródoto— pretenden trascender el papel de simples observadores de su tiempo.

Es un lugar común en la enseñanza-aprendizaje de la historia separar a los historiadores en dos orillas. Por un lado están aquellos que enfatizan, para la construcción de la prueba, los hallazgos del archivo; y por el otro lado están los que privilegian una teoría para la interpretación del pasado. En una clasificación artificiosa y burda podría suponerse que se trata de la clásica división entre teoría y práctica o entre racionalistas y empiristas; o, en el lenguaje de pasillo universitario, entre filósofos de la historia y archivistas, entre especuladores y coleccionistas de datos. La lectura atenta y abierta de este libro tal vez pueda persuadir al lector de que esta aparente separación es, además de tendenciosa, nociva y que la tarea de ligar teorías, modelos e hipótesis con trabajo empírico sigue siendo el principal reto de la investigación histórica desde una perspectiva crítica.

Las rápidas reimpresiones, tres en menos de un año2, indican que el libro ha circulado. El comentario del autor en la nota de reimpresión confirma que su contenido no ha pasado desa1 Michel de Certeau, La fábula mística, siglos XVI-XVII (México: Universidad Iberoamericana, 2010), 277.

2 El tiraje de la primera edición, en abril de 2014, fue de 200 ejemplares. En el mes de julio del mismo año se realizó la primera reimpresión, con 200 ejemplares, y la segunda reimpresión, de 300, en marzo de 2015.

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Silva, Renán. Lugar de dudas: sobre la práctica del análisis histórico. Breviario de inseguridades Hermes Osorio Cossio | Eulalia Hernández Ciro

percibido para sus lectores3. El libro puede ser leído, por historiadores o no, como una iniciación a las complejidades del oficio. Aquellos que visitan ocasionalmente estas tierras encontrarán una descripción precisa de los accidentes, valles, grietas, caídas y flujos de su geografía. Para sus habitantes, en cambio, es una interpelación directa. Pues desde una pequeña atalaya, Renán Silva se dirige a los agentes que participan en el campo académico, de manera específica a sus colegas, a los jóvenes investigadores y a los estudiantes de historia. A los primeros los invita a salir del estado de certeza, a una suerte de “desintoxicación” a través de una crítica sobre el modo de practicar el oficio, y a los últimos los prepara para el quehacer, advirtiéndoles de los problemas y obstáculos presentes en el análisis histórico.

A pesar de que el estilo y el tipo de texto requieren un lector bien informado, Lugar de dudas no es un libro más cuyo alcance se reduce a unos pocos especialistas. Desde el inicio, Renán Silva tiene en la mira de su análisis a la sociedad colombiana inmersa en la coyuntura de los diálogos de paz y de la realidad que vive el país en la actualidad. Sus reflexiones pretenden incidir en la sociedad a través del cuestionamiento del papel de las ciencias sociales e invitar —específicamente a los historiadores— a hacer frente a los embates de la memoria y a las urgencias políticas de cada época, que reemplazan el análisis histórico riguroso por informes reivindicativos de los distintos grupos en contienda.

De su estilo de escritura se pueden inferir la gran erudición acumulada en su carrera como docente e investigador, la ironía propia de una mente brillante y el humor cáustico con el que zanja algunas discusiones espinosas4. Lugar de dudas es la síntesis de un trabajo de reflexión de largo aliento sobre el oficio, alimentado con sus conferencias y artículos5, su práctica docente, el diálogo con sus pares y, principalmente, con su quehacer como investigador. La ausencia de reflexiones derivadas de la práctica (de lo que este libro es un claro ejemplo de cómo se podría hacer) es un síntoma de la pérdida de autonomía del conocimiento histórico ante los embates de la política, lo que conduce a una historia acrítica con los intereses políticos y evidencia la experiencia empobrecida del presente de los historiadores.

La causa de los anteriores males, que amenazan con desestructurar el oficio del historiador en el diagnóstico que hace Renán Silva, no es otra que los efectos nocivos del posmodernismo en el pensamiento. El avance logrado por lo que el autor denomina “el corto veranillo” de la nueva historia colombiana fue desplazado por la avalancha de los distintos giros provenientes de la academia estadounidense, que dejaron a los historiadores de la siguiente generación en las arenas movedizas del posmodernismo; atados, por demás, a las banderas de la memoria, 3 “[…] algunas personas del oficio, en varias instituciones universitarias en que hay departamentos de historia, se han molestado con su contenido y han visto en este librito un ataque contra los que practican el oficio de una manera diferente a la mía”, Renán Silva, Lugar de dudas. Sobre la práctica del análisis histórico: breviario de inseguridades (Bogotá: Universidad de los Andes, 2015), 11.

4 El título del apartado seis es ya de por sí un divertido sarcasmo: “La causa suma, consuela, otorga prestigio, da patente de superioridad moral y nos permite tener una buena consciencia frente al prójimo”, pero más adelante es aún más ácido con los objetores de consciencia o defensores de las minorías: “No creo que sea la simpatía enamorada por un grupo social determinado lo que nos ayude en este camino —tampoco la antipatía—. No basta declararse a favor de alguien o de algo para producirse el ‘milagro’ de un buen análisis, y debería además considerarse la hipótesis de que estar a favor de alguien o de algo puede convertirse en un obstáculo para el análisis”, 130. Cursivas del original.

5 Entre sus numerosas publicaciones en esta materia se destaca el libro A la sombra de Clío. Ensayos sobre historia e historiografía (Medellín: La Carreta Editores, 2007).

Hist. Crit. No. 62 · Octubre-diciembre · Pp 175-177 · ISSN 0121-1617 · e-ISSN 1900-6152 doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit62.2016.10

lo étnico, lo ancestral, las minorías o las víctimas, como uno de los tantos nuevos trajes del nacionalismo histórico criollo. Pero el libro no es un inventario de quejas. Entrelazado con este diagnóstico, Renán Silva postula una serie de acciones que servirían de antídoto, entre ellas: contar la historia apartada del odio, el estereotipo, el prejuicio y el lugar común; reconocer el carácter específico con el que una sociedad nombra y clasifica sus objetos; entrar en contacto con la diversidad humana; abordar el conocimiento y el análisis histórico como una aventura que implica “[…] estar dispuestos a asumir la intranquilidad y el descontento como un estilo de vida, al precio, desde luego, de una cierta soledad” (p. 42).

En líneas generales, el libro encierra una consigna: cambiar el lugar de la certeza y el confort por un lugar incierto, de tránsito… un lugar de dudas. Es una invitación a superar el estado actual de los análisis históricos promedio, de los cuales la gran mayoría “no supera la reproducción sabia y a veces documentada de un sentido común extendido”, que consolida y conduce a “abrazar pronto la visión de una existencia colectiva desgraciada como única tradición posible” (p. 75-76). Es comprensible que con declaraciones como éstas, algunos se molestaran con el contenido del libro y hasta con el autor. Por nuestra parte, celebramos la elección política que adoptó al ocuparse de la coyuntura actual del país, urgente para todos los colombianos, sin sacrificar la crítica y el rigor académico, mostrando que es posible ser contemporáneo desde la historia y que ocuparse de los problemas del “gran público” no implica banalizar el saber ni frivolizar el trabajo académico, dejando en claro por qué el oficio del historiador no es una práctica espontánea.

❧ Hermes Osorio Cossio Psicólogo y Magíster en Lingüística de la Universidad de Antioquia (Colombia). Candidato a Doctor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. Miembro del grupo de investigación EDUSALUD (Categoría C en Colciencias). Entre sus publicaciones más recientes se destacan: “Un velo para la muerte. Las fotografías post mortem de niños en Medellín, 1898-1932”. Transhumante. Revista Americana de Historia Social n.° 8 (2016): 324-337; “Representaciones sociales de La Educación para la Salud: Docentes Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia”. Revista Facultad Nacional de Salud Pública 33, n.° 1 (2015): 85-92. heosorioco@unal.edu.co

Eulalia Hernández Ciro

Historiadora de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, Magíster en Estudios Socioespaciales del Instituto de Estudios Regionales-INER de la Universidad de Antioquia (Colombia) y candidata a Doctora en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Integrante del grupo de investigación Estudios del Territorio GET (Categoría A en Colciencias). Entre sus principales publicaciones se encuentran el libro Palabras de amor: vida erótica en fragmentos de papel. De la escritura y los relatos populares en el Archivo Histórico Judicial de Medellín, 1900-1950 (Medellín: Sílaba Editores, 2015), y el artículo “Microhistoria italiana, antropología y archivos judiciales”. Revista Historia y Sociedad n.° 30 (2016): 75-104, doi: dx.doi.org/10.15446/hys. eulaliaciro@gmail.com

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Los árbitros de este número de la revista fueron: Patricia Elena Aceves Pastrana, UAM-X, México Olga Yanet Acuña Rodríguez, UTPC, Colombia Francisco Albizú Labbé, Universite du Sud Toulon Var, Francia Emmanuelle Barozet, Universidad de Chile Ricardo Betancourt Vélez, Pontificia Universidad Javeriana, Colombia Marcelo Borrelli, Universidad de Buenos Aires, Argentina Carlos Choque Mariño, Universidad de Tarapacá, Chile Hélène Combes, SciencesPO, Francia Juan Santiago Correa Restrepo, CESA, Colombia Alexandrine de la Taille Urrutia, Universidad de los Andes, Chile Juan Carlos Eslava, Universidad Nacional de Colombia Guido Ignacio Giorgi, CONICET, Argentina Jose Rubens Lima Jardilino, Universidade Federal de Ouro Preto, Brasil Marisa Moroni, Universidad Nacional de la Pampa, Argentina María Julieta Oddone, Universidad de Buenos Aires, Argentina Ana María Otero-Cleves, Universidad de los Andes, Colombia Pilar Parra Contreras, Universidad Complutense de Madrid, España Elisabet Prudant Soto, Universidade de São Paulo, Brasil Fernando Purcell, Pontificia Universidad Católica de Chile Karina Ramacciotti, Universidad de Buenos Aires, Argentina Steinar Andreas Sætherk, University of Oslo, Noruega Franco Savarino, Instituto de Antropología e Historia, México Renán Silva, Universidad de los Andes, Colombia Mario Sznajder, Universidad Hebrea de Jerusalén, Israel Ellen Fensterseifer Woortmann, Universidade de Brasília, Brasil

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Políticas editoriales

Normas para los autores Tipo de artículos, fechas y modalidad de recepción

Historia Crítica tiene como objetivo publicar artículos inéditos de autores nacionales y extranjeros, que contribuyan al estudio de la Historia y al de las Ciencias Sociales y Humanas, para una mejor comprensión de los entornos sociales, políticos, económicos y culturales del pasado y del presente. En este sentido, busca fortalecer la investigación histórica, la reflexión y la elaboración de balances historiográficos actualizados, que permitan construir diálogos en la comunidad académica nacional e internacional. La Revista es una publicación trimestral (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre), que se publica al inicio de cada período señalado, creada en 1989 y financiada por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes (Colombia).

La Revista publica artículos en español, inglés y portugués, también recibe la versión inicial a evaluar en idiomas como francés, italiano y alemán.

Los artículos aprobados en estos idiomas deben ser traducidos por el autor a una de las tres lenguas declaradas por la Revista. Los artículos publicados cuentan con un número de identificación DOI, que de acuerdo con las políticas editoriales internacionales, debe ser citado por los autores que utilizan los contenidos, al igual que el título abreviado de la Revista: Hist. Crit.

• Las fechas de recepción de artículos de Tema libre y para los Dossiers se informan en las respectivas convocatorias.

• Los artículos deben ser remitidos por medio del enlace previsto para este efecto en el sitio web de la revista https://historiacritica.uniandes.edu.co o enviados al correo electrónico hcritica@uniandes.edu.co • Otros contenidos (reseñas, ensayos bibliográficos, entrevistas, etcétera) deben ser remitidos al correo electrónico hcritica@uniandes.edu.co • Los artículos enviados a Historia Crítica no pueden estar simultáneamente en proceso de evaluación en otra publicación.

• La Revista somete todos los artículos que recibe en sus convocatorias a la herramienta de

detección de plagio. Cuando se detecta total o parcialmente plagio (sin la citación correspondiente), el texto no se envía a evaluación y se notifica al autor el motivo del rechazo.

• Teniendo en cuenta la cantidad de artículos que recibe Historia Crítica en cada convocatoria, no se publican artículos de un mismo autor en un período de dos años.

Evaluación de los artículos y proceso editorial

A la recepción de un artículo, el Equipo Editorial evalúa si cumple con los requisitos básicos exigidos (normas de citación y presentación formal), así como su pertinencia para figurar en una publicación de carácter histórico (objetivo, marco teórico, metodología, conclusiones y bibliografía). A continuación, los artículos se someten a la evaluación de dos árbitros anónimos, nacionales e internacionales (al menos el 50% con afiliación internacional) y al concepto del Equipo Editorial. Durante la evaluación, tanto los nombres de los autores como los de los evaluadores se mantienen en el anonimato. Los resultados de la evaluación se informan a los autores en un plazo máximo de seis meses a partir de la recepción del artículo, en caso de superar este tiempo la Revista se comunica con los autores. La decisión final de publicar o rechazar los artículos se notifica por medio de un concepto escrito emitido por el Equipo Editorial.

Los autores deben realizar los ajustes solicitados por los evaluadores y el Equipo Editorial en el plazo que se le señale. Luego de recibir el artículo modificado, se les informa a los autores acerca de su aprobación. La Revista se reserva la última palabra sobre la publicación de los artículos y el número en el cual se incluye, lo que depende del cumplimiento en la entrega de la documentación solicitada. La revista Historia Crítica no cobra a los autores los costos de los procesos editoriales.

Durante el proceso de edición, los autores pueden ser consultados por el Equipo Editorial para resolver las inquietudes existentes. No obstante, la Revista se reserva el derecho de hacer correcciones menores de estilo. En el proceso de evaluación y de edición, el correo electrónico constituye el medio de comunicación privilegiado con los autores.

Políticas Editoriales

Los autores de los textos aceptados autorizan a la Universidad de los Andes, mediante la firma del ‘Documento de autorización de uso de derechos de propiedad intelectual’, la utilización de los derechos patrimoniales de autor (reproducción, comunicación pública, transformación y distribución), para incluir el texto en Historia Crítica (versión impresa y versión electrónica). En este mismo documento los autores confirman que el texto es de su autoría, inédito, y que en el mismo se respetan los derechos de propiedad intelectual de terceros.

Los autores reciben dos ejemplares del número en el que participan.

Procedimiento con las reseñas y los ensayos bibliográficos

Historia Crítica procede de dos formas para conseguir reseñas. Por un lado, los autores pueden remitir sus reseñas al correo electrónico de la Revista. Lo mismo se aplica a los ensayos bibliográficos. Por otro lado, la Revista recibe libros a su dirección postal (Cra. 1 No. 18 A- 10, Edificio Roberto Franco, of. GB-417, Bogotá, Colombia) previo aviso por correo electrónico e indicando nombres de posibles reseñadores.

Las reseñas deben ser críticas y versar sobre libros pertinentes para la disciplina histórica, las ciencias sociales y humanas que hayan sido publicados en los cinco últimos años. Los ensayos bibliográficos deben discutir críticamente una, dos o más obras. Las reseñas y los ensayos bibliográficos son sometidos a revisión del Equipo Editorial y, de ser aprobados, a eventuales modificaciones.

Presentación general de los artículos

• Los artículos no deben tener más de once mil palabras (18-22 páginas) incluyendo resumen, notas de pie de página, bibliografía, cuadros, gráficas, ilustraciones, fotografías y mapas.

• Letra Times New Roman tamaño 12, a espacio sencillo, con márgenes de 3 cm, paginado y en papel tamaño carta.

• Las notas van a pie de página, en letra Times New Roman tamaño 10 y a espacio sencillo.

• En la primera página, debe figurar un resumen en español de máximo 100 palabras. El resumen debe ser analítico (presentar los objetivos del artículo, su contenido y sus resultados).

• El resumen, las palabras clave y el título deben presentarse también en inglés.

• Luego del resumen, se debe adjuntar un listado de tres a seis palabras clave, que se eligen preferiblemente en el Thesaurus de la Unesco (http:// databases.unesco.org/thessp/) o, en su defecto, en otro thesaurus reconocido cuyo nombre debe informarse a la Revista. Cuando una palabra no

• •

• •

se encuentre normalizada en Thesaurus, debe señalarse.

El nombre del autor no debe figurar en el artículo.

Los datos del autor deben entregarse en un documento adjunto e incluir nombre, dirección, teléfono, dirección electrónica, grupo o líneas de investigación (si aplica), títulos académicos, afiliación institucional, cargos actuales y publicaciones en libros y revistas.

Es necesario indicar de qué investigación es resultado el artículo y si contó o no con financiación.

Cuando los contenidos utilizados tengan un número de identificación DOI, éste debe incluirse en el listado de referencias.

Presentación general de las reseñas y de los ensayos bibliográficos

Las reseñas y los ensayos bibliográficos deben presentarse a espacio sencillo, en letra Times New Roman tamaño 12, con márgenes de 3 cm y en papel tamaño carta. Las obras citadas en el texto deberán ser referenciadas a pie de página. La extensión de las reseñas es de hasta tres páginas y los ensayos bibliográficos entre 8 y 12 páginas.

Reglas de edición

• Las subdivisiones en el cuerpo del texto (capítulos, subcapítulos, etcétera) deben ir en números arábigos, excepto la introducción y la conclusión que no se numeran.

• Los términos en latín y las palabras en idiomas diferentes al del artículo deben figurar en letra itálica.

• La primera vez que se use una abreviatura, debe ir entre paréntesis después de la fórmula completa; las siguientes veces se usa únicamente la abreviatura.

• Las citas textuales que sobrepasen cuatro renglones deben colocarse en formato de cita larga, entre comillas, a espacio sencillo, tamaño de letra 11 y márgenes reducidos.

• Los párrafos deben ir sin sangría y con espacio entre uno y otro.

• Los cuadros, gráficas, ilustraciones, fotografías y mapas deben aparecer referenciados y explicados en el texto. Deben estar, asimismo, titulados, numerados secuencialmente y acompañados por sus respectivos pies de imagen y fuente(s). Se ubican enseguida del párrafo donde se anuncian.

Las imágenes se entregan en formato digital (jpg o tiff 300 y 240 dpi) en alta resolución. En caso de no cumplir con la calidad solicitada, Historia Crítica no se compromete con su publicación. Es responsabilidad del autor entregar a la Revista el permiso para la publicación de las imágenes que lo requieran.

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Políticas Editoriales

• Las notas a pie de página deben aparecer en números arábigos.

• Al final del artículo debe ubicarse la bibliografía, escrita en letra Times New Roman tamaño 11, a espacio sencillo y numerada. Se organizan en fuentes primarias (archivo, publicaciones periódicas, documentación primaria impresa, entrevistas, etcétera) y secundarias. En la bibliografía deben presentarse en orden alfabético las referencias completas de todas las obras utilizadas en el artículo, que no estén referenciados en las notas a pie.

Referencias

Historia Crítica utiliza Chicago Manual of Style, en su última edición, versión Notes and bibliografhy. A continuación se utilizaran tres abreviaturas que permiten ver las diferencias entre la forma de citar en las notas a pie de página (N), nota abreviada (NA) y en la bibliografía (B):

Libros o partes de libros: De un solo autor N Nombre Apellido(s), Título completo (Ciudad: Editorial, año), páginas consultadas.

NA Apellido(s), Título resumido, páginas consultadas B Apellido(s), Nombre. Título completo. Ciudad: Editorial, año.

Dos o tres autores N Nombre Apellido(s) y Nombre Apellido(s), Título completo (Ciudad: Editorial, año), páginas consultadas.

NA Apellido(s) y apellido(s), Título resumido, páginas consultadas B Apellido(s), Nombre, y Nombre Apellido(s).

Título completo. Ciudad: Editorial, año.

Cuatro o más autores N Nombre Apellido(s) et al., Título completo (Ciudad: Editorial, año), páginas consultadas.

NA Apellido et al, Título resumido, páginas consultadas B Apellido(s), Nombre, Nombre Apellido(s), Nombre Apellido(s) y Nombre Apellido(s).

Título completo. Ciudad: Editorial, año.

Capítulos de libros N Nombre Apellido(s), “Título artículo”, en Título completo, editado/compilado/coordinado por Nombre Apellido(s) y Nombre Apellido(s) (Ciudad: Editorial, año), páginas consultadas.

NA Apellido(s), “Título (resumido) del capítulo”, páginas consultadas.

B

Apellido(s), Nombre. “Título artículo”. En Título completo, editado/compilado/coordinado por Nombre Apellido(s) y Nombre Apellido(s). Ciudad: Editorial, año, páginas consultadas.

Artículo dentro de la compilación N Nombre Apellido(s), Título, editado, compilado o traducido por Nombre Apellido, vols.

(Ciudad: Editorial, año), páginas consultadas.

NA Nombre Apellido(s), Título, páginas consultadas.

B Apellido(s), Nombre. Título, editado, compilado o traducido por Nombre Apellido, volumen(es). Ciudad: Editorial, año.

Introducciones, prefacios o presentaciones N Nombre Apellido(s), Introducción/Prefacio/ Presentaciones a Título Completo (Ciudad: editorial, año), páginas consultadas.

NA Apellido(s), Introducción/Prefacio/Presentaciones a Título resumido, páginas consultadas.

B Apellido(s), Nombre. Introducción/Prefacio/ Presentaciones a Título Completo, de Nombre Apellido, intervalo de páginas. Ciudad: Editorial, año.

Introducciones, prefacios o presentaciones (diferente al autor principal) N Nombre Apellido(s), Introducción/Prefacios/Presentaciones a Título Completo, de Nombre Autor (Ciudad: editorial, año), páginas consultadas.

NA Apellido(s), Introducción/Prefacios/Presentaciones a Título resumido, páginas consultadas.

B Apellido(s), Nombre. Introducción/Prefacios/Presentaciones a Título Completo, de Nombre Apellido, intervalo de páginas.

Ciudad: Editorial, año.

Compilaciones (editor, traductor o compilador además del autor) N Nombre Apellido(s), Título completo, ed./ comp./trad. Nombre y Apellido del compilador (Ciudad: Editorial, año), páginas consultadas.

NA Apellido(s), Título resumido, páginas consultadas.

B Apellido(s), Nombre. Título Completo. Compilado/editado/traducido por Nombre y Apellido. Ciudad: Editorial, año.

Artículos de revista, prensa y tesis Artículo de revistas académicas N Nombre Apellido(s), “Título artículo”. Título revista volumen, n° número (año): páginas consultadas, doi.

Políticas Editoriales

NA Apellido(s), “Título (resumido) del artículo”, páginas consultadas.

B Apellido(s), Nombre. “Título artículo”. Título revista volumen, n° número (año): páginas consultadas, doi.

NA Apellido(s), correo.

B Nombre Apellido(s), correo electrónico al autor.

Fecha de consulta (día mes año) URL o doi.

Número especiales de revistas N Nombre Apellido(s), “Título artículo”, en “Título número especial o dossier revista”, ed., Nombre Apellido(s), dossier o número especial, Título dossier o número especial volumen, n.° número (año): páginas consultadas, doi.

NA Apellido(s), “Título (resumido) del artículo”, páginas consultadas.

B Apellido(s), Nombre. “Título artículo”. Dossier o Número especial, revista volumen, n.° número (año).

Si un libro/artículo está disponible en más de un formato, se cita la versión que fue consultada. Para libros se referencia el URL y para artículos el DOI (Digital Object Identifier) o en su defecto el URL. Cuando sea URL se debe poner así .

Artículo de prensa (con autor o sin él): N Nombre Apellido(s), “Título artículo”, Título periódico, día y mes, año, páginas consultadas [URL, si se toma referencia de internet].

NA Apellido(s), “Título (resumido) del artículo”, páginas consultadas.

B Título periódico. Ciudad, año.

Tesis: N Nombre Apellido(s), “Título tesis” (Tesis de pregrado/maestría/doctorado, Institución, año), páginas consultadas.

NA Apellido(s), “Título (resumido) de tesis”, páginas consultadas.

B Apellido(s), Nombre. “Título tesis”. Tesis pregrado/maestría/doctorado, Institución, año).

Entrevistas y comunicaciones personales Personal N Nombre Apellido(s) entrevistado (profesión), en discusión con el autor, día mes año.

NA Apellido(s) entrevistado, discusión, entrevista.

B Apellido(s) Nombre entrevistado. En discusión con el autor. Día mes año.

Publicada N “Título entrevista”, por Nombre Apellido(s), nombre publicación, fecha de consulta (día mes año), URL o doi.

NA Título (resumido) entrevista.

B “Título entrevista”, por Nombre Apellido(s).

Nombre publicación, fecha de consulta (día mes año), URL o doi. URL o doi.

Correo electrónico N Nombre Apellido(s), correo electrónico al autor, fecha de consulta (día mes año), URL o doi.

Referencias tomadas de internet

Libros digitales N Nombre Apellido(s) y Nombre Apellido(s), eds., Título completo (Ciudad: Editorial, año), páginas consultadas, doi, URL, Kindle edition, PDF e-book, Microsof Reader e-book (según sea el caso).

NA Apellido(s), Título (resumido) del libro, páginas consultadas.

B Apellido(s), Nombre, y Nombre Apellido(s), eds. Título completo. Ciudad: Editorial, año, doi, URL, Kindle edition, PDF e-book, Microsof Reader e-book (según sea el caso).

Artículo de revistas académicas en línea N Nombre Apellido(s), “Título artículo”. Título revista Vol: No (año): 45, volumen, n.° número (año): páginas consultadas, URL o doi.

NA Apellido(s), “Título (resumido) del artículo”, páginas consultadas.

B Apellido(s), Nombre. “Título artículo”. Título revista volumen, n.° número (año): páginas consultadas, URL o doi.

Páginas de internet Se hace referencia a una colección de documentos (páginas) o de un individuo o de una organización, disponible en una localización específica de la world wide web.

N “Título de la página”, Título del sitio virtual, fecha de consulta (día mes año), URL o doi.

NA “Título (resumido) de la página”.

B “Título de la página”. Título del sitio virtual, URL o doi.

Fuentes de archivo N

Nombre Apellido(s) (si aplica), “Título del documento”, lugar y fecha (si aplica), en Siglas del archivo, Sección, Fondo, vol./leg./t., f. o ff. La primera vez se cita el nombre completo del archivo, la abreviatura entre paréntesis y, enseguida, ciudad-país.

NA Apellido(s), “Título del documento”, fólios o páginas consultadas.

B Nombre completo del archivo (sigla), Ciudad-País.

Sección, Fondo (según corresponda al artículo).

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Políticas Editoriales

Nota: Luego de la primera citación se procede así: Apellido, dos o tres palabras del título, 45-90. No se utiliza Ibid., ibidem, cfr. ni op. cit.

Políticas éticas Publicación y autoría:

La revista Historia Crítica es financiada por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes (Colombia). La oficina de la Revista está ubicada en el Edificio Franco (GB-417). La dirección de la página web es https://historiacritica.uniandes.edu.co, el correo electrónico hcritica@uniandes.edu.co y el teléfono de contacto 3394949, extensión 3716.

La Revista tiene la siguiente estructura: Equipo Editorial —compuesto por el Director del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes (Colombia), Editor y Gestor Editorial—, Consejo Editorial (Comité Editorial y Comité Científico), Comité de Revistas de la Facultad y equipo de soporte administrativo y técnico. Los miembros del Consejo Editorial son evaluados bianualmente en función de su prestigio en la disciplina y producción académica.

Los artículos presentados a Historia Crítica deben ser originales e inéditos y no deben estar simultáneamente en proceso de evaluación ni tener compromisos editoriales con ninguna otra publicación. Si el autor de un artículo publicado en Historia Crítica quiere incluirlo posteriormente en otra publicación (revista, compilación o libro) debe contar con la autorización del Editor señalar los datos de la publicación original. Asimismo, cuando la Revista tenga interés en reproducir un artículo previamente publicado, se compromete a pedir la autorización correspondiente a la editorial donde apareció por primera vez.

Responsabilidades de los autores:

Los autores deben remitir los artículos a través del enlace disponible en la página web de la Revista y/o enviarlo al siguiente correo electrónico: hcritica@uniandes.edu.co en las fechas establecidas en cada convocatoria. La Revista tiene normas para los autores, de acceso público, con los requisitos para la presentación de artículos, reseñas y ensayos bibliográficos, así como las reglas de edición. Pueden consultarse en: Política Editorial o al final de la versión impresa de la Revista.

Aunque el Equipo Editorial es responsable de aprobar los artículos con base en criterios de calidad, rigurosidad investigativa y teniendo en cuenta

las evaluaciones realizada por dos pares académicos, nacionales e internacionales, los autores son los responsables de las ideas allí expresadas, así como de la idoneidad ética del artículo. Los autores tienen que hacer explícito que el texto es de su autoría y que en el mismo se respetan los derechos de propiedad intelectual de terceros. También es responsabilidad de los autores asegurarse de tener las autorizaciones para usar, reproducir e imprimir el material que no sea de su propiedad/autoría (cuadros, gráficas, mapas, diagramas, fotografías, etcétera).

Los autores aceptan someter los textos a la evaluación de pares externos y se comprometen a tener en cuenta sus observaciones así como las del Equipo Editorial, al momento de revisar el documento. Estas modificaciones deben realizarse en el plazo que el Editor indique. Luego que la Revista reciba el artículo modificado, se les informa a los autores acerca de su aprobación definitiva. Cuando los textos sometidos a Historia Crítica no son aceptados para publicación, el Equipo Editorial envía una notificación a los autores explicando los motivos de esta decisión. Durante el proceso de edición, el Equipo Editorial puede consultar a los autores para resolver inquietudes, pero se reserva el derecho de hacer correcciones menores de estilo al documento antes de la publicación. En el proceso de evaluación y de edición, el correo electrónico es el medio de comunicación privilegiado entre la Revista y los autores.

El Equipo Editorial se reserva la última palabra sobre la publicación de los artículos y el número en el cual se publica. Esa fecha se cumple siempre y cuando los autores entreguen toda la documentación solicitada en el plazo indicado. Los autores de los textos aceptados deben autorizar a la Universidad de los Andes a usar los derechos patrimoniales de autor (reproducción, comunicación pública, transformación y distribución), mediante la firma del “Documento de autorización de uso de derechos de propiedad intelectual”, para incluir el texto en Historia Crítica (versión electrónica e impresa). En este mismo documento los autores confirman que el texto es de su autoría y que respetan los derechos de propiedad intelectual de terceros.

Revisión por pares/responsabilidades de los evaluadores:

Cuando se recibe un artículo, el Equipo Editorial evalúa si cumple con los requisitos básicos exigidos por la Revista, teniendo en cuenta formato, calidad (objetivo, marco teórico, metodología, conclusiones y bibliografía) y pertinencia del documento. Después de esta primera revisión, se definen los artículos que inician el proceso de arbitraje. Los textos son, en esta instancia, sometidos a la evaluación de dos pares

Políticas Editoriales

académicos, nacionales e internacionales (al menos el 50% con afiliación internacional) y al concepto del Equipo Editorial, quien se reserva la última palabra de los contenidos a publicar. El resultado se comunica a los autores en un período de máximo seis meses a partir de la recepción del artículo. Cuando el proceso de evaluación exceda este plazo, el Equipo Editorial informa a los autores. Los evaluadores deben declarar en el formato de evaluación que no tienen conflicto de interés con los autores y con los temas sobre los que van a conceptuar. Ante cualquier duda se reemplaza al evaluador.

La Revista tiene un formato de evaluación que incluye preguntas con criterios cuidadosamente definidos. Los evaluadores tienen la responsabilidad de sugerir la aceptación, rechazo o aprobación con modificación del artículo arbitrado. Durante la evaluación, los nombres de los autores y de los evaluadores son mantenidos en anonimato.

Responsabilidades editoriales:

El Equipo Editorial, junto con el Consejo Editorial, es responsable de definir las políticas editoriales para que la Revista cumpla con los estándares que permitan su posicionamiento como una publicación académica de reconocida calidad internacional. La revisión continua de estos parámetros asegura que la Revista mejore y satisfaga las expectativas de la comunidad académica.

Así como la Revista publica normas editoriales, que se espera sean cumplidas, también se compromete a publicar correcciones, aclaraciones, rectificaciones y dar justificaciones cuando la situación lo amerite. El Equipo Editorial es respon-

sable de seleccionar los mejores artículos para la publicación. Esta selección se hace con base en las recomendaciones derivadas del proceso de evaluación y revisión editorial del artículo, en el que se tienen en cuenta criterios de calidad, relevancia, originalidad y contribución a la disciplina. En este mismo sentido, cuando un artículo es rechazado la justificación que se le da a los autores debe orientarse hacia estos aspectos.

El Equipo Editorial es responsable de vigilar el proceso de los artículos que se postulan a la Revista, y debe desarrollar mecanismos de confidencialidad durante el proceso de evaluación por pares hasta su publicación o rechazo.

Cuando la Revista recibe quejas de cualquier tipo, el Equipo Editorial debe responder prontamente de acuerdo a las normas establecidas por la publicación; en caso de que el reclamo lo amerite, debe asegurarse de que se lleve a cabo la adecuada investigación tendiente a la resolución del problema.

Cuando se reconozca falta de exactitud en un contenido publicado, se hace las correcciones y/o aclaraciones en la página web de la Revista.

Tan pronto un número de la Revista es publicado el Equipo Editorial y el Equipo de Publicaciones son responsables de la difusión y distribución entre los colaboradores, evaluadores, y las entidades con las que se hayan establecido acuerdos de intercambio, así como a los repositorios y sistemas de indexación nacionales e internacionales, y de hacer los envíos a los suscriptores activos.

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Editorial Policies

Instructions for authors Type of article, dates and form of reception

The objective of Historia Crítica is to publish previously unpublished articles written by national and international authors that will contribute to the study of History and the Social and Human Sciences, for a better understanding of the social, political, economic and cultural environment of the past and the present.

In this sense, it seeks to strengthen historical research, academic reflection and the elaboration of updated balances that will make it possible to construct dialogues within the national and international academic community. The journal is a quarterly publication ( January-March, April-June, July-September and October-December) that comes out at the beginning of each of the periods indicated, created in 1989 and funded by the School of Social Sciences of the Universidad de los Andes (Colombia).

The journal publishes articles in Spanish, English and Portuguese, and it also receives initial versions for evaluation in languages such as French, Italian and German. Articles approved in these languages must subsequently be translated by the author into one of the three languages used by the journal. All articles published have a DOI identification number that, in accordance with international editorial policies, must be cited by authors who use the contents, along with the abbreviated title of the journal: Hist. Crit.

• The dates of reception for Open Theme articles and articles for the Dossiers are announced in the respective calls for articles.

• Articles should be submitted via the link established for this effect on the journal’s web site http://historiacritica.uniandes.edu.co or sent to our email address hcritica@uniandes.edu.co • Other contents (reviews, bibliographical essays, interviews, etc.) should be sent to our email address hcritica@uniandes.edu.co .

• Articles sent to Historia Crítica must not be simultaneously undergoing any process of evaluation for another publication.

• The journal subjects all the articles it receives in response to its calls for articles to a plagiarism detection test. When total or partial plagiarism (i.e., without the corresponding citation) is detected, the text is not sent for evaluation and the author is notified of the reason for the rejection.

• Considering the number of articles that Historia Crítica receives in response to each call for articles, no more than one article by the same author will be published within a two-year period.

Evaluation of articles and the editorial process

Upon receiving an article, the Editorial Team evaluates whether it fulfills the basic established requirements (norms for citation and formal presentation), as well as its relevance for appearing in a publication in the field of history (objective, theoretical framework, methodology, conclusions and bibliography). The articles are then subjected to evaluation by two anonymous arbiters, national and international (at least 50% with international affiliation) and to the opinion of the Editorial Team.

During the evaluation, the names of the authors and of the evaluators are kept anonymous. Authors are informed of the results of the evaluation within a maximum period of six months from the date of receipt of the article, and if the process exceeds this time limit, the journal communicates with the authors. Authors are informed of the final decision to publish or reject their articles by means of a written notification issued by the Editorial Team.

Authors must make the changes requested by the evaluators and the Editorial Team within the indicated time limit. After the modified article has been received and reviewed, the author is informed regarding its approval. The journal reserves the last word on the publication of articles and the issue in which they are to be included, which depends on the author’s compliance in delivering the documentation requested. Historia Crítica does not charge the authors for the costs of the editorial processes.

During the publishing process, the authors may be consulted by the Editorial Team to solve any concerns regarding their articles. Nonetheless, the journal reserves the right to make minor corrections of style. Email is the preferred means of communication with the authors throughout the process of evaluating and editing each issue.

The authors of the texts that are accepted must authorize the Universidad de los Andes, by signing the ‘Document of Authorization of Use of Intellectual Property Rights,’ to use the author’s economic rights (reproduction, public communication, trans-

Editorial Policies

formation and distribution), to include the text in Historia Crítica (print version and electronic version). In the same document the authors confirm the fact that the text is of their own authorship, unpublished, and that the intellectual property rights of third parties are respected in it.

The authors receive two copies of the issue in which they participate.

(if applicable), academic degrees, institutional affiliation, current posts and publications in books and journals.

• It is necessary to indicate what research gave rise to the article, and whether or not it received funding.

• When the contents used have a DOI identification number, it must be included in the list of references.

Procedure with reviews and bibliographical essays

General presentation of reviews and bibliographical essays

Historia Crítica proceeds to obtain reviews in two different ways. On the one hand, authors may remit their reviews to the journal’s email address.

The same applies to bibliographical essays. On the other hand, the journal receives books at its postal address (Cra.1 No. 18 A- 10, Roberto Franco Building, Off. GB-417, Bogota, Colombia) following notification by email indicating the names of possible reviewers.

Reviews should be critical and deal with books relevant to the discipline of history, social sciences and human sciences that have been published within the past five years. The bibliographical essays should critically discuss one, two, or more works.

The reviews are subjected to review by the Editorial Team and, if approved, to possible modifications.

General presentation of articles

Articles should be not exceed eleven thousand words in length (18-22 pages) including the abstract, footnotes, bibliography, charts, diagrams, illustrations, photographs and maps.

• Times New Roman font, type size 12, single-spaced, with 3 cm margins, paginated and on letter size paper.

• The notes go at the foot of the page, in Times New Roman font, type size 10 and single-spaced.

• On the first page, there should be an abstract in Spanish of no more than 100 words. The abstract should be analytical (presenting the objectives of the article, its content and results).

• The abstract, keywords and title should be presented in English as well as Spanish.

• Following the abstract, a list of three to six keywords should be added, preferably chosen from the UNESCO Thesaurus (http://databases.unesco.org/thessp/) or, if not, from another recognized thesaurus the name of which should be noted for the journal. When a word is not found normalized in Thesaurus, this fact should be pointed out.

• The author’s name should not appear in the article.

• The author’s data should be delivered in an attached document and include the name, address, telephone number, email address, research group

Reviews and bibliographical essays should be presented single-spaced, in Times New Roman font, type size 12, with 3 cm margins on letter size paper.

The works cited in the text should be referenced at the foot of the page. The reviews should be no more than three pages long and the bibliographical between 8 and 12 pages long.

Editing rules

• The subdivisions within the body of the text (chapters, subchapters, etc.) should be numbered with Arabic numerals, except for the introduction and the conclusion, which are not numbered.

• Terms in Latin and words from languages other than the language in which the article is written should appear in italics.

• The first time an abbreviation is used, it should be placed in parenthesis after the complete form; the abbreviation is used alone on subsequent occasions.

• Quotations that are more than four lines long should be placed in the format for long quotations, with quotation marks, single-spaced, type size 11 and reduced margins.

• Paragraphs should not be indented, but space should be left between them.

• Charts, diagrams, illustrations, photographs and maps should be referenced and explained in the text. They should also be titled, sequentially numbered and accompanied by their respective captions and source(s). They are placed immediately after the paragraph in which they are announced. Images should be presented in high-resolution digital format (jpg or tiff 300 and 240 dpi). If an item does not meet the standards of quality requested, Historia Crítica does not commit itself to publishing it. The author is responsible for delivering permission to publish the images that require it to the journal.

• Footnotes should be numbered with Arabic numerals.

• The bibliography should appear at the end of the article, written in Times New Roman font, type size 11, single-spaced and numbered. References are subdivided into primary sources (archives, perio-

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Editorial Policies

dical publications, primary printed documentation, interviews, etc.) and secondary sources. The complete references for all the works used in the article that are not referenced in the footnotes must be presented in alphabetical order in the bibliography.

References

Historia Crítica uses the Notes-Bibliography style of referencing as outlined in the latest edition of the Chicago Manual of Style. In what follows, three abbreviations will be used that make it possible to see the differences between the form of citation in footnotes (N), abbreviated notes (NA), and in the bibliography (B).

Book: Single Author N First Name Last Name(s), Complete Title (City: Publisher, Year), consulted page.

NA Last Name, Short Title, consulted page.

B Last Name(s), First Name. Complete Title.

City: Publisher, Year.

Two Authors N First Name Last Name(s) and First Name Last Name(s), Complete Title (City: Publisher, Year), consulted page.

NA Last Name(s) and Last Name(s), Short Title, consulted page.

B Last Name(s), First Name, and First Name Last Name(s). Complete Title. City: Publisher, Year.

Four or more authors N First Name Last Name(s) et al., Complete Title (City: Publisher, Year), consulted page.

NA Last Name(s) and Last Name(s), Last Name(s), Last Name(s), Short Title, consulted page.

B Last Name(s), First Name, First Name Last Name(s), First Name Last Name(s) and First Name Last Name(s). Complete Title. City: Publisher, Year.

Book Chapters N First Name Last Name(s), “Article Name”, in Complete Title, edited, compiled, coordinated

by First Name Last Name(s) and First Name Last Name(s) (City: Publisher, Year), consulted page.

NA Last Name(s), “Short Article Name”, consulted page.

B Last Name(s), First Name. “Article Name.” In Complete Title, edited, compiled, and coordinated

by First Name Last Name(s) and First Name Last Name(s). City: Publisher, Year, consulted page.

Introductions, Prefaces or Presentations N First Name Last Name(s), Introductions, Prefaces or Presentations to Complete Title (City: Publisher, Year), consulted page.

NA Last Name(s), Introductions, Prefaces or Presentations a Short Title, consulted page.

B Last Name(s), First Name. Introductions, Prefaces or Presentations to Complete Title. City: Publisher, Year, consulted page.

Compilations (editor, translator or compiler in addition to author) N First Name Last Name(s), Complete Title, ed./ comp./trad. First Name and Last Name compiler (City: Publisher, Year), consulted page.

NA Last Name(s), Short Title, consulted page.

B Last Name(s), First Name. Complete Title.

Compiled/edited /translated by First Name and Last Name(s). City: Publisher, Year.

Article in Journal, Press and Theses Article in Journal N

First Name Last Name(s), “Article Name,” Journal Name, Vol: No (Year): consulted page.

NA Last Name(s), “Short Article Name”, consulted page.

B Last Name(s), First Name. “Article Name.”Journal Name, Vol: No (Year): consulted page.

Press N First Name Last Name(s), “Article Name,” Newspaper Name, City, Day and Month, Year, consulted page.

NA Last Name(s), “Article (summary) Name,” consulted page.

B Newspaper Name. City, Year.

Thesis: N First Name Last Name(s), “Thesis Title” (Undergraduate/Master’s/PhD thesis in, University, Year), consulted page.

NA Last Name(s), “Title (summary) Thesis,” consulted page.

B Last Name(s), First Name. “Thesis Title.”

Undergraduate/Master’s/PhD thesis in, University, Year.

Interviews and personal communications Personal N First Name Last Name(s), person interviewed (profession), in discussion whit the author, Day and Month, Year.

NA Last Name(s), discussion.

B Last Name(s), First Name person interviewed. In discussion whit the author, Day and Month, Year.

Published N “Title interview,” by First Name Last Name(s), publication name, date of consultation (day month year), url o doi.

Editorial Policies

NA “Title (summary) interview.”

B “Title interview,” by First Name Last Name(s).

Publication name, date of consultation (day month year), url o doi.

Electronic mailing list N First Name Last Name(s), email the author, date of consultation (day month year), url o doi.

NA Last Name(s), email.

B Last Name(s), First Name. Email the author, date of consultation (day month year), url o doi.

Internet Publications Electronic Book N First Name Last Name(s), Complete Title (City: Publisher, Year), consulted page, doi, url, Kindle edition, PDF e-book, Microsof Reader e-book.

NA Last Name, Short Title, consulted page.

B Last Name(s), First Name. Complete Title.

City: Publisher, Year, doi, url, Kindle edition, PDF e-book, Microsof Reader e-book.

Electronic journal article N First Name Last Name(s), “Article Name,”Journal Name, Vol: No (Year): consulted page, url o doi.

NA Last Name(s), “Short Article Name,”consulted page.

B Last Name(s), First Name. “Article Name.”

Journal Name, Vol: No (Year): consulted page, url o doi.

Internet Publications N “Page title”, Title virtual site, consultation date (day month year), url o doi.

NA “Title (summarized) of the page.”

B “Page title”. Title virtual site, url o doi.

Archive Source N “Document Name”, place, date, and other pertinent data (if applicable), in Archive Abbreviation, Section, Fund, vol./leg./t., f. o ff. The first time it is quoted the full name of the Archive is mentioned followed by the abbreviation in parenthesis, followed by City-Country.

B Full name of the Archive (abbreviation), City-Country, Section(s), Fund(s).

Note: After the first quotation, proceed as follows: Last Name, two or three words of the title, 45-90. Do not use Ibid., ibidem, cfr. or op.cit.

Consult the “Instructions for authors” in Spanish, English and Portuguese on http://historiacritica. uniandes.edu.co

Ethic Guidelines of the Journal Publication and authorship

Historia Crítica was created in 1989 and funded by the School of Social Sciences of the Universidad de los Andes (Colombia). The office of the journal is located in the Franco Building, Off. GB-417; the web page is http://historiacritica.uniandes.edu.co ; the email address is hcritica@uniandes.edu.co ; and the telephone number is 339 4999, extension 3716.

The journal has the following structure: Editorial Team —composed of the Director, the of History Department the Universidad de los Andes (Colombia), the Editor and the Editorial Manager—, Editorial Council (Editorial Committee and Scientific Committee), Board of Journals of the School of Social Sciences and the Administrative and Technical Support Team. The members of the Editorial Council are evaluated biannually with respect to their prestige within the discipline and their academic production.

Articles presented to the Historia Crítica must be original and unpublished and must not be simultaneously undergoing a process of evaluation or have editorial commitments with any other publication. If the authors of an article published in the journal wish to include it in another publication at a later date (journal, compilation or book) they must obtain the authorization of the editor and indicate the data of the original publication.

In the same way, when the journal has an interest in reproducing a previously published article, it is committed to requesting the corresponding authorization from the original publisher.

Responsibilities of the authors

The authors should remit their articles through the link available on the journal’s web page and/or send it to the email address: hcritica@uniandes.edu.co within the time limits established in each call for articles. The journal has publicly accessible norms for authors, with the requirements for the presentation of articles, as well as the editing rules that can be consulted through: Política Editorial on the web page or at the end of the printed version of the journal.

Even though the Editorial Team is responsible for approving articles based on criteria of quality and investigative excellence and taking into account the evaluations done by two academic peers, national and international, the authors are responsible for the ideas expressed in them, as well as for its ethical standards. The authors must explicitly state that the text is of their own authorship and that the intellectual property rights of third parties are respected in it. It is also the responsibility of the authors to make sure to have the authorizations to use, reproduce and print the material that is not their property or

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Editorial Policies

of their own authorship (charts, graphs, maps, diagrams, photographs, etc.).

The authors agree to submit their texts to evaluation by external peers and commit themselves to taking the evaluators’ observations into account, as well as those made by the Editorial Team in reviewing the document. These modifications must be made within the time period indicated by the Editorial Team. After the journal receives the modified article, the authors are informed of its final approval. When texts submitted to the Historia Crítica are not accepted for publication, the Editorial Team notifies the authors and explains the reasons for the decision. During the editing process, the Editorial Team may consult the authors to resolve concerns regarding the articles. In the process of evaluation and editing, email is the preferred means of communication between the journal and the authors.

The Editorial Team reserves the last word regarding the publication of articles and the issues in which they are to be published. The publication date will be respected as long as the authors deliver all the requested documentation within the indicated time limit. The journal reserves the right to make minor corrections of style before the document is published.

The authors of texts that are accepted must authorize the Universidad de los Andes to use the author’s economic rights (reproduction, public communication, transformation and distribution), by signing the “Document of Authorization of Use of Intellectual Property Rights,” to include the text in the Historia Crítica (electronic and printed version). In the same document the authors must confirm the fact that the text is of their own authorship and that the intellectual property rights of third parties are respected in it.

Peer review/responsibilities of the evaluators When an article is received, the Editorial Team checks to see if it fulfills the basic requirements established by the journal, taking into account the format, quality (objective, theoretical framework, methodology, conclusions and bibliography) and relevance of the document. After this first review, the articles that will begin the arbitration process are selected. In this stage the texts are subjected to evaluation by two academic peers, national and international (at least 50% with international affiliation) and to the opinion of the Editorial Team, which reserves the last word regarding which contents are to be published. The results are communicated to the authors within a maximum period of six months from the date of receipt of the article. When the process of evaluation exceeds this time limit, the Editorial Team must inform the authors. The evaluators must declare on the evaluation format that they have no conflict of interest

with the authors or with the topics on which they are going to render judgment. When there is any doubt, the evaluator is replaced.

The journal has an evaluation format that includes questions with carefully defined criteria. The evaluators have the responsibility of suggesting the acceptance, rejection, or approval with modification of the arbitrated article. During the evaluation, the names of the authors and of the evaluators are kept anonymous.

Editorial responsibilities

The Editorial Team, together with the Editorial Council, is responsible for defining the editorial policies so that the journal meets the standards that will make it possible to position it as an academic publication of internationally recognized quality.

The continual revision of these parameters ensures that the journal will continue to improve and fulfill the expectations of the academic community.

Just as the journal publishes the editorial norms that it expects the authors to comply with, it is also committed to publishing corrections, clarifications, rectifications and to justifying its decisions when the situation warrants it. The Editorial Team is responsible for selecting the best articles for publication. The selection is done on the basis of the recommendations derived from the process of evaluation and editorial review of the article, in which the criteria of quality, relevance, originality and contribution to the discipline are taken into account. In this same sense, when an article is rejected, the explanation given to the authors should be oriented towards these aspects.

The Editorial Team is responsible for overseeing the editorial process of all the articles submitted to the journal, and it must develop mechanisms for ensuring confidentiality during the process from the time of evaluation by peers until its approval for publication or rejection.

When the journal receives complaints of any type, the Editorial Team must respond promptly, in accordance with the norms it has established and, when warranted, it must ensure that the case is investigated properly so as to bring about a rapid resolution of the problem. When a lack of precision or an error in a published content is recognized, the corrections and/or clarifications are made on the journal’s web page.

As soon as an issue of the journal is published, the Editorial Team and the Publications Team take charge of its dissemination and distribution among collaborators, evaluators, and entities with which exchange agreements have been established, and national and international repositories and indexation systems, as well as the mailings to active subscribers.

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Políticas editoriais

Normas para os autores Tipo de artigos, datas e modalidade de recepção

A revista Historia Crítica tem como objetivo publicar artigos inéditos de autores nacionais e internacionais que contribuam para o estudo da história e das ciências sociais e humanas para uma melhor compreensão dos contextos sociais, políticos, econômicos e culturais do passado e do presente. Nesse sentido, a Revista busca fortalecer a pesquisa histórica, a reflexão acadêmica e a elaboração de balanços historiográficos atualizados que permitam construir diálogos na comunidade acadêmica nacional e internacional. Trata-se de uma publicação trimestral (janeiro-março, abril-junho, julho-setembro e outubro-dezembro), que se publica no início de cada período mencionado. Criada em 1989 e financiada pela Faculdade de Ciências Sociais da Universidad de Los Andes (Colômbia).

A Revista publica artigos em espanhol, inglês e português; também recebe a versão inicial para avaliar de artigos em francês, italiano e alemão, os quais, se aprovados, devem ser traduzidos pelos autores a uma das três línguas declaradas pela Revista. Os artigos publicados contam com um número de identificação DOI, que, de acordo com as políticas editoriais internacionais, deve ser citado pelos autores que utilizam os conteúdos, assim como o título abreviado da Revista: Hist. Crit.

• As datas de recepção de artigos de Tema libre e para o Dossiê são informadas nos respectivos editais.

• Os artigos devem ser enviados por meio do link http://historiacritica.uniandes.edu.co ou enviados ao e-mail hcritica@uniandes.edu.co.

• Outros conteúdos (resenhas, ensaios bibliográficos, entrevistas etc.) devem ser enviados ao e-mail hcritica@uniandes.edu.co.

• Os artigos enviados à Historia Crítica não podem estar em processo simultâneo de avaliação em outro periódico.

• A Revista submete todos os artigos recebidos em seus editais à ferramenta de detecção de plágio.

Quando este for detectado total ou parcialmente (sem a citação correspondente, por exemplo), o texto não se envia à avaliação e notifica-se o autor do motivo da recusa.

• Considerando a quantidade de artigos que a revista Historia Crítica recebe em cada edital, não se publicam artigos de um mesmo autor durante um período de dois anos.

Parecer de artigos e processo editorial

Ao receber um artigo, a Equipe Editorial confere se este cumpre com os requisitos básicos exigidos (normas de citação e apresentação formal) e sua pertinência para estar numa publicação de caráter histórico (objetivo, referencial teórico, metodologia, conclusões e bibliografia). Em seguida, os artigos são submetidos ao parecer de dois árbitros, nacionais e internacionais (com, pelo menos, 50% de afiliação internacional) e ao conceito da Equipe Editorial. Durante a avaliação, tanto os nomes dos autores quanto os dos pareceristas são mantidos no anonimato. O parecer é informado aos autores num prazo máximo de seis meses a partir da recepção do artigo. Caso se ultrapasse esse tempo, a Revista se comunica com os autores. A decisão final de publicar ou recusar um artigo é notificada por meio de um conceito escrito emitido pela Equipe Editorial.

Os autores devem realizar os ajustes solicitados pelos pareceristas e pela Equipe Editorial no prazo que lhe for indicado. Após receber o artigo modificado, a Revista informa os autores da sua aprovação. A Historia Crítica tem a última palavra sobre a publicação dos artigos e o número no qual serão incluídos, o que depende do cumprimento na entrega da documentação solicitada. A Revista não cobra dos autores pelos custos dos processos editoriais.

Durante o processo de edição, os autores poderão ser consultados pela Equipe Editorial para resolver dúvidas existentes. No entanto, a Revista se reserva o direito de fazer correções de forma e adaptações ao seu perfil gráfico. No processo de avaliação e edição, a comunicação com os autores será feita por e-mail.

Os autores dos textos aceitos autorizam à Universidad de Los Andes, por meio da assinatura do

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Políticas Editoriais

“Documento de autorização de uso de direitos de propriedade intelectual”, a utilização dos direitos patrimoniais de autor (reprodução, comunicação pública, transformação e distribuição) para incluir o texto na Historia Crítica (versão impressa e eletrônica). Nesse mesmo documento, os autores confirmam que o texto é de sua autoria, inédito e que respeitam os direitos de propriedade intelectual de terreiros.

Os autores receberão dois exemplares do número do qual participaram.

Procedimento com as resenhas e os ensaios bibliográficos

Historia Crítica procede de duas formas para conseguir resenhas. Por um lado, os autores podem enviar suas resenhas ao e-mail da Revista. Isso também se aplica aos ensaios bibliográficos. Por outro lado, a Revista recebe livros em seu endereço postal (Cra. 1, n. 18 A-10, Edifício Roberto Franco, GB-417, Bogotá, Colômbia), contanto que se avise previamente a Revista por e-mail, no qual se indiquem os nomes de possíveis resenhistas.

As resenhas devem ser críticas e tratar sobre livros pertinentes para a disciplina histórica, as ciências sociais e humanas, que tenham sido publicados nos últimos cinco anos. Os ensaios bibliográficos devem discutir criticamente uma, duas ou mais obras. As resenhas e o ensaios bibliográficos são submetidos ao parecer da Equipe Editorial e, se forem aprovados, a eventuais modificações.

Apresentação geral dos artigos

• Os artigos não devem ter mais de 11 mil palavras (18-22 laudas), o que inclui resumo, notas de rodapé, bibliografia, quadros, gráficos, ilustrações, fotografias e mapas.

• O documento deve ser apresentado em Word, fonte Times New Roman, corpo 12, espaço de entrelinhas simples, margens de 3 cm, paginado e em papel tamanho carta.

• As notas vão em rodapé, em fonte Times New Roman, corpo 10 e espaço de entrelinhas simples.

• Na primeira página, deve aparecer um resumo em espanhole português de no máximo 100 palavras. O resumo deve ser analítico (apresentar os objetivos do artigo, seu conteúdo e resultados).

• O resumo, as palavras-chave e o título devem ser apresentados também em inglês.

• Depois do resumo, deve-se anexar uma lista de três a seis palavras-chave, que são escolhidas de preferência no Tesauro da Unesco (http://databases.unesco.org/thessp/) ou em algum outro tesauro reconhecido, cujo nome deve ser informado à Revista. Quando uma palavra não estiver normalizada no Tesauro, deve ser indicada.

• O nome dos autores não deve aparecer no artigo.

Os dados deles devem ser entregues numa folha de rosto (nome completo, endereço postal e eletrônico, telefone, grupo de pesquisa —se for o caso—, títulos acadêmicos, afiliação institucional, cargo atual e publicações em livros e revistas).

• É necessário indicar se o artigo é resultado de pesquisa e se esta contou ou não com financiamento.

• Quando os conteúdos utilizados tiverem um número de identificação DOI, este deve ser incluído na lista de referências.

Apresentação das resenhas e dos ensaios bibliográficos

As resenhas e os ensaios bibliográficos devem ser apresentados em documento Word, com espaço de entrelinhas simples, em Times New Roman, corpo 12, com margens de 3 cm e papel tamanho carta.

As obras citadas no texto deverão ser referenciadas em nota de rodapé. A extensão das resenhas é de até três páginas; a dos ensaios bibliográficos, entre 8 e 12 páginas.

Regras de edição

• As subdivisões no corpo do texto (capítulos, subcapítulos, subtítulos primários etc.) devem estar em números arábicos, exceto a introdução e a conclusão.

• Os termos em latim e as palavras estrangeiras devem estar em itálico.

• Quando forem usadas siglas, explicá-las na primeira vez que surgirem. Nas seguintes menções, usar somente a sigla ou a abreviatura.

• As citações textuais que ultrapassarem quatro linhas devem ser colocadas como citação longa, com espaço entrelinhas simples, corpo 11 e margens reduzidas.

• Os parágrafos devem ser tabulados e com espaço entre um e outro.

• Quadros, gráficos, ilustrações, fotografias e mapas devem estar referenciados e explicados no corpo do texto. Além disso, devem conter títulos, estar numerados na sequência e acompanhados por suas respectivas legenda e fonte. Localizam-se logo após o parágrafo em que forem mencionados. As imagens devem ser entregues em formato digital (jpg ou tiff 300 e 240 dpi) em alta resolução. Caso não se cumpra com a qualidade solicitada, a Historia Crítica não se compromete com sua publicação. É responsabilidade do autor entregar à Revista a autorização para a publicação das imagens que assim exigirem.

• As notas de rodapé devem estar em números arábicos.

• No final do artigo, deve estar a lista de bibliografia, escrita em Times New Roman, corpo 11, espaço

Políticas Editoriais

de entrelinhas simples e numerada. Organizam-se em fontes primárias (arquivos, publicações periódicas, documentação impressa, entrevistas etc.) e secundárias. Na bibliografia, devem ser apresentadas em ordem alfabética as referências completas das obras utilizadas no artigo que não estiverem em notas de rodapé.

Referências

A Historia Crítica utiliza o sistema Chicago Manual of Style, última edição, versão Notes and bibliografhy. A seguir, utilizaram-se três abreviaturas que permitem ver as diferenças entre a forma de citar nas notas de rodapé (N), nota abreviada (NA) e nas referências (B):

Livro o parte do livro: De um só autor N Nome Sobrenome(s), Título completo (Cidade: Editora, ano), páginas consultadas.

NA Sobrenome(s), Título resumido, página consultado.

B Sobrenome(s), Nome. Título completo.

Cidade: Editora, ano.

Dois o três autores N Nome Sobrenome(s) e Nome Sobrenome(s), Título completo (Cidade: Editora, ano), páginas consultadas.

NA Sobrenome(s), Título resumido, página consultado.

B Sobrenome(s), Nome, e Nome Sobrenome(s).

Título completo. Cidade: Editora, ano.

Quatro ou mais autores N Nome Sobrenome(s) et al., Título completo (Cidade: Editora, ano), páginas consultadas.

NA Sobrenome(s) et al, Título resumido, página consultadas.

B Sobrenome(s), Nome, Nome Sobrenome(s), Nome Sobrenome(s) e Nome Sobrenome(s).

Título completo. Cidade: Editora, ano.

Capítulo em livro N Nome Sobrenome(s), “Título artigo”, em Título completo, editor/compilador/coordenada pela Nome Sobrenome(s) e Nome Sobrenome(s) (Cidade: Editora, ano), páginas consultadas.

NA Sobrenome(s), “Título (resumido) do capítulo”, página consultadas.

B Sobrenome(s), Nome. “Título artigo”. Em Título completo, editado por Nome Sobrenome(s) e Nome Sobrenome(s). Cidade: Editora, ano, 45-90.

Introdução/Prefácio/Apresentações N Nome Sobrenome(s), Introdução/Prefácio/ Apresentações Título completo (Cidade: Editora, ano), páginas consultadas.

NA Sobrenome(s), Introdução/Prefácio/ Apresentações Título resumido, páginas consultadas.

B Sobrenome(s), Nome. Introdução/Prefácio/ Apresentações. Cidade: Editora, ano.

Compilação (editor/tradutor ou compilador ademais do autor) N Nome Sobrenome(s), Título completo, ed./ comp./trad. Nome Sobrenome(s), do compilador (Cidade: Editora, ano), páginas consultadas.

NA Sobrenome(s), Título resumido, páginas consultadas.

B Sobrenome(s), Nome. Título Completo.

Compilado/editado/traduzido por Nome Sobrenome(s). Cidade: Editora, ano.

Artigo da revista, impresa e tese Artigo da revisto N Nome Sobrenome(s), “Título artigo”, Título revista, Volume, n.° número (ano): páginas consultadas, doi.

NA Sobrenome(s), “Título (resumido) do artigo”, páginas consultadas.

B Sobrenome(s), Nome. “Título artigo”. Título revista, Volume, n.° número (ano): páginas consultadas, doi.

Número especial das revistas N Nome Sobrenome(s), “Título artigo”, em “Título número especiais o dossiê revista”, ed., Nome Sobrenome(s), dossiê o número especiais, Título revista, volume, n.° número (ano): páginas consultadas, doi.

NA Sobrenome(s), “Título (resumido) do artigo”, páginas consultadas.

B Nome Sobrenome(s). “Título artigo”. Dossiê o Número especiais, Título dossiê o número especiais volume, n.° número (ano).

Artigo de imprensa (com ou sem autor) N Nome Sobrenome(s), “Título artigo”, Título periódico/jornal, Cidade, dia y mês, ano, páginas consultadas [se a referência é tomada de internet].

NA Sobrenome(s), “Título (resumido) do artigo”, páginas consultadas.

B Título periódico/jornal. Cidade, ano.

Tese N Nome Sobrenome(s), “Título tese” (tese graduação/PhD/Mestrado, Universidade, ano), páginas consultadas.

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Políticas Editoriais

NA Sobrenome(s), “Título (resumido) da tese”, páginas consultadas.

B Sobrenome(s), Nome. “Título tese”. Tese graduação/PhD/Mestrado, Universidade, ano.

Entrevista e comunicações pessoais Perssoal N Nome Sobrenome(s), entrevistado (profissão), em discussão com autor, dia mês ano.

NA Sobrenome(s), entrevistado, discussão, entrevista.

B Sobrenome(s), Nome entrevistado. Em discussão com o autor. Dia mês ano.

Publicado N “Título entrevista publicada”, Nome da publicação, data completa (dia mês ano), url o doi.

NA “Título (resumido) entrevista”.

B “Título entrevista publicada”. Nome da publicação, data completa (dia mês ano) url o doi.

Correio eletrônico N Nome Sobrenome(s), correio eletrônico o autor, data completa (dia mês ano), url o doi.

NA Sobrenome(s), correio.

B Sobrenome(s), Nome. Correio eletrônico o autor. Data completa(dia mês ano) url o doi.

Publicações na internet Livro N Nome Sobrenome(s), Título completo (Cidade: Editora, ano), páginas consultadas, doi, url, Kindle edition, PDF e-book, Microsof Reader e-book (conforme o caso).

NA Sobrenome(s), Título resumido, página consultado.

B Sobrenome(s), Nome. Título completo.

Cidade: Editora, ano. , doi, url, Kindle edition, PDF e-book, Microsof Reader e-book (conforme o caso).

Artigo das revistas N Nome Sobrenome(s), “Título artigo”, Título revista Volume, n.° número (ano): páginas consultadas, url ou doi.

NA Sobrenome(s), “Título (resumido) do artigo”, páginas consultadas.

B Sobrenome(s), Nome. “Título artigo”. Título revista Volume, n.° número (ano): páginas consultadas, url ou doi.

Publicações na internet N “Título da página”, Título site virtual, data de consulta (dia mês ano), url o doi.

NA “Título (resumido) da página”.

B “Título da página”. Título site virtual, url o doi.

Fontes de arquivo N “Título documento”, lugar y data, e outros dados pertinentes (se aplicável), em Siglas do arquivo, Seção, Fundo, vol./leg./t., f. ou ff. Na primeira vez se cita o nome completo do arquivo e a abreviatura entre parêntesis, e Cidade-País.

B Nome completo do arquivo (sigla), Cidade-País, Seção, Fundo (s).

Nota: Logo após a primeira citação, procede-se assim: Sobrenome, duas ou três palavras do título, 45-90.

Não se utiliza nem Ibid., ibidem, cfr. ou op. cit.

Consulte as “Normas para os autores” em espanhol, inglês e português em http://historiacritica.uniandes.edu.co

Guia Políticas éticas da Revista Publicação e autoria

Historia Crítica faz parte da Faculdade de Ciências Sociais da Universidad de los Andes (Bogotá-Colombia), encarregada do suporte financeiro da publicação. Sua sede se encontra no Edifício Franco, escritório GB-417; página web http://historiacritica.uniandes.edu.co; o e seu e-mail é hcritica@ uniandes.edu.co; o e telefone para contato é (57 1) 339-4999, ramais 3716.

A Revista tem a seguinte estrutura: Equipe Editorial —composta pelo Diretor, Departamento de História do Universidad de los Andes (Colômbia), Editor e Gestor Editorial—, Conselho Editorial —Comissão Editorial e Comissão Científica—, Comissão de Revistas da Faculdade e Equipe de Suporte Administrativo e Técnico.

Os membros do Conselho Editorial são avaliados bianualmente em função de seu prestígio na disciplina e produção acadêmica.

Os artigos apresentados à Historia Crítica devem ser originais e inéditos e não devem estar em processo simultâneo de avaliação nem ter compromissos editoriais com outro periódico. Se os autores de um artigo publicado na Revista querem incluí-lo depois em outra publicação (revista, compilação ou livro), devem contar com a autorização do Editor e indicar os dados da publicação original. Da mesma forma, quando a Revista tiver interesse em reproduzir um artigo já publicado, compromete-se em pedir a autorização correspondente à editora onde ele apareceu pela primeira vez.

Políticas Editoriais

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A Revista tem instruções aos autores, de acesso público, com os requisitos para a apresentação de artigos, bem como as regras de edição, que podem ser consultadas em Políticas editoriais ou no final da versão impressa da Revista.

Embora a Equipe Editorial seja responsável pela aprovação dos artigos com base em critérios de qualidade, rigorosidade investigativa e considere a avaliação dos pareceristas, nacionais e internacionais, os autores são os responsáveis pelas ideias expressas no texto, bem como pela idoneidade ética do artigo. Os autores têm que deixar explícito que o texto é de sua autoria e que respeitam os direitos de propriedade intelectual de terceiros. Também é responsabilidade dos autores garantirem as autorizações para usar, reproduzir e imprimir o material que não for de sua propriedade ou autoria (quadros, gráficos, mapas, ilustrações, fotografias etc.).

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Avaliação por pares/responsabilidades dos pareceristas

Quando a Equipe Editorial recebe um artigo, avalia se este cumpre com os requisitos básicos exigidos pela Revista, considerando o formato, a qualidade (objetivo, referencial teórico, metodologia, conclusões e bibliografia) e a pertinência do trabalho.

Depois dessa primeira conferência, selecionam-se os artigos que iniciam o processo de arbitragem. Os textos são, nesse momento, submetidos ao parecer de dois pares acadêmicos, nacionais e internacionais (com, pelo menos, 50% de afiliação internacional), e ao conceito da Equipe Editorial, que tem a última palavra dos conteúdos a publicar. O resultado é comunicado aos autores num período máximo de seis meses a partir da recepção do artigo. Quando o processo de avaliação ultrapassar esse prazo, a Equipe Editorial deve informar os autores. Os pareceristas devem declarar, no formulário de avaliação, que não têm conflito de interesse com os autores e com os temas sobre os quais emitirão o parecer. Diante de qualquer dúvida, a Revista substituirá o(s) parecerista(s).

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A revisão contínua desses parâmetros garante que ela melhore e satisfaça as expectativas da comunidade acadêmica.

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A Equipe Editorial é responsável por zelar pelo processo editorial de todos os artigos que são sub-

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Políticas Editoriais

metidos à Revista e deve desenvolver mecanismos de confidencialidade durante o processo de avaliação por pares até sua publicação ou recusa.

Quando a Revista receber reclamações de qualquer tipo, a Equipe Editorial deve responder com prontidão, de acordo com as normas estabelecidas por ela; caso a reclamação exigir, deve assegurar-se de realizar a adequada investigação com vistas à rápida resolução do problema. Quando se reconhece uma falta de exatidão ou um erro num conteúdo

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Carta a los lectores · 9-10

Artículos tema abierto ¿En defensa de la Doctrina Monroe? Los desencuentros en América Latina entre España y Estados Unidos (1880-1890) · 13-33 Andrés Sánchez Padilla, Investigador independiente, España

Trabajo y vejez en el período prejubilatorio. Hipótesis y análisis de fuentes históricas sobre el caso argentino, 1850-1950 · 35-55 Hernán Otero, Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales, CONICET, Argentina

La militarización del Estado durante la última dictadura militar argentina. Un estudio de los gabinetes del Poder Ejecutivo Nacional entre 1976 y 1983 · 57-75 Paula Canelo, Universidad Nacional de San Martín/CONICET, Argentina

Iglesia liberadora, rearticulación de la política y protesta social en Chile (1973-1989) · 77-96 Viviana Bravo Vargas, Universidad Nacional Autónoma de México

Los comienzos de la terapia ocupacional en Estados Unidos: una perspectiva feminista desde los estudios de Ciencia, Tecnología y Género (siglo XIX y XX) · 97-117 Rodolfo Morrison Jara, Universidad de Chile/Universidad Bernardo O’Higgins, Chile

Neoliberalismo y crisis económica: políticas estatales, mercado y agricultores en Chile, 1973-1985 · 119-139 Fabián Almonacid Zapata, Universidad Austral de Chile

Espacio estudiantil De lo artesanal a lo industrial. La consolidación de la industria de medicamentos en Cali (Colombia, 1876-1944) · 143-163 María Fernanda Erazo Obando, Universidad de Buenos Aires, Argentina

Reseñas Womack, John. El trabajo en la Cervecería Moctezuma, 1908. Ciudad de México/Xalapa: El Colegio de México/Fideicomiso Historia de las Américas/H. Congreso del Estado de Veracruz, 2012 · 166-168 Eder Antonio de Jesús Gallegos Ruiz, Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, España

Annino, Antonio. Silencios y disputas en la historia de Hispanoamérica. Bogotá: Taurus/Universidad Externado de Colombia, 2014 · 169-174 Francisco A. Ortega, Universidad Nacional de Colombia

Silva, Renán. Lugar de dudas: sobre la práctica del análisis histórico. Breviario de inseguridades.

Bogotá: Universidad de los Andes, 2015 · 175-177 Hermes Osorio Cossio, Universidad Nacional de Colombia Eulalia Hernández Ciro, Universidad Nacional de Colombia

Publicaciones · Facultad de Ciencias Sociales · Universidad de los Andes Carrera 1 No. 18A-12 Bogotá, D.C., Colombia Tels: +571 339 4999 Ext 5567 Fax: +57(1) 332 4539 http://publicacionesfaciso.uniandes.edu.co publicacionesfaciso@uniandes.edu.co