Historia Crítica No. 63

Tema abierto

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Facultad de Ciencias Sociales · Departamento de Historia ISSN 0121-1617 · e-ISSN 1900-6152

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Enero – marzo 2017

N° 63 · Enero – marzo 2017

Universidad de los Andes · Facultad de Ciencias Sociales Departamento de Historia Bogotá, Colombia

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.

Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.

Traducción al inglés · Carol O’Flynn Traducción al portugués · Roanita Dalpiaz Corrección de estilo · Guillermo Díez Equipo Informático · Claudia Vega Diseño de Arte y Diagramación · Lorena Morales Imagen de portada · Entretejidos, 2017. Lorena Morales Impresión · Panamericana formas e impresos S.A. La revista tiene todos sus contenidos en acceso abierto a través de su página web. La versión impresa tiene un costo y puede adquirirse en: Suscripciones | Librería Universidad de los Andes · Cra 1a No 19-27 Ed. AU 106 · Bogotá, Colombia Tels. (571) 339 49 49 ext. 2071 – 2099 · http://libreria.uniandes.edu.co Canjes | Facultad de Ciencias Sociales · Universidad de los Andes · Cra. 1a Este No. 18A – 10 Ed. Franco, piso 6, oficina 617 · Bogotá – Colombia · Tel [571] 3394949 Ext.: 3318 publicacionesfaciso@uniandes.edu.co · http://publicacionesfaciso.uniandes.edu.co Páginas del número · 208 pp.

Formato · 19 x 24.5 cm Tiraje · 100 ejemplares Periodicidad · Trimestral ISSN 0121-1617. Min. Gobierno 2107 de 1987 eISSN 1900-6152 Precio · $ 30.000 (Colombia) * Las ideas aquí expuestas son responsabilidad exclusiva de los autores. * El material de esta revista puede ser reproducido sin autorización para uso personal o en el aula de clase, siempre y cuando se mencione la fuente. Para reproducciones con cualquier otro fin es necesario solicitar primero autorización del Comité Editorial de la revista.

Acerca de la revista Historia Crítica tiene como objetivo publicar artículos inéditos (en español, inglés y portugués) de autores nacionales y extranjeros que contribuyan al estudio de la Historia y al de las Ciencias Sociales y Humanas, para una mejor comprensión de los entornos sociales, políticos, económicos y culturales del pasado y del presente. En este sentido, busca fortalecer la investigación histórica, la reflexión académica y la elaboración de balances actualizados, que permitan construir diálogos en la comunidad académica nacional e internacional. La Revista es una publicación trimestral, (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre) que se publica al inicio de cada período señalado, creada en 1989 y financiada por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes (Colombia).

Las secciones de la Revista son las siguientes: •

Carta a los lectores o Presentación del Dossier informa sobre el contenido del número y la pertinencia de los temas tratados.

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Dossier reúne artículos que giran alrededor de una temática específica, convocada previamente por el Equipo Editorial.

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Tema abierto incluye artículos sobre variados intereses historiográficos, distintos a los que reúne el dossier.

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Reseñas y Ensayos bibliográficos ponen en perspectiva publicaciones historiográficas recientes.

La Revista cambia la estructura de presentación de sus secciones en los números que son exclusivos de Tema abierto, donde no aparece la sección de Dossier. Historia Crítica en algunas ediciones incluye la sección Traducción que contiene artículos publicados en idiomas distintos al español, inglés y portugués.

Palabras clave: historia, ciencias sociales, ciencias humanas, investigación, historiografía, balances historiográficos.

Historia Crítica declara que, todos los artículos que se reciben son sometidos a la herramienta de detección de plagio; los contenidos que se publican en la versión digital son de libre acceso y se pueden descargar en formato PDF, HTML y en versión e-book; los autores deben manifestar que el texto es de su autoría, inédito, y que respetan los derechos de propiedad intelectual de terceros; en cuanto a los evaluadores, deben señalar en el formato de evaluación que no tienen conflicto de interés con los autores y temas sobre los que van a conceptuar.

La revista hace parte de los siguientes catálogos, bases bibliográficas, índices y sistemas de indexación: Publindex - Índice Nacional de Publicaciones Seriadas Científicas y Tecnológicas Colombianas, (Colciencias, Colombia), desde 1998. Actualmente en categoría A1.

Sociological Abstracts y Worldwide Political Science Abstracts (CSA-ProQuest, Estados Unidos), desde 2000.

Ulrich’s Periodicals Directory (CSA-ProQuest, Estados Unidos), desde 2001.

PRISMA - Publicaciones y Revistas Sociales y Humanísticas (CSA-ProQuest, Gran Bretaña), desde 2001.

Historical Abstracts y America: History &Life (EBSCO Information Services, antes ABC-CLIO, Estados Unidos), desde 2001.

HAPI - Hispanic American Periodical Index (UCLA, Estados Unidos), desde 2002.

OCENET (Editorial Oceano, España), desde 2003.

LATINDEX - Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (México), desde 2005.

Fuente Académica, Current Abstracts, EP Smartlink Fulltext, TOC Premier, Academica Search Complete, SocINDEX (EBSCO Information Services, Estados Unidos), desde 2005.

RedALyC - Red de Revistas Científicas de América Latina y El Caribe, España y Portugal (UAEM, México), desde 2007.

DOAJ - Directory of Open Access Journal (Lund University Libraries, Suecia), desde 2007.

Informe académico y Académica onefile (Estados Unidos), desde 2007.

CLASE - Citas latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades (UNAM, México), desde 2007.

DIALNET - Difusión de Alertas en la Red (Universidad de La Rioja, España), desde 2007.

CIBERA - Biblioteca Virtual Iberoamericana/España/Portugal (German Institute of Global and Area Studies, Alemania), desde 2007.

SciELO - Scientific Electronic Library Online (Colombia), desde 2007.

CREDI - Centro de Recursos Documentales e Informáticos (Organización de Estados Iberoamericanos, España), desde 2008.

HLAS - Handbook of Latin American Studies (Library of Congress, Estados Unidos), desde 2008.

LAPTOC - Latin American Periodicals Tables of Contents (University of Pittsburgh, Estados Unidos), desde 2008.

Social Sciences Citation Index - Arts and Humanities Citation Index (ISI-Thomson Reuters, Estados Unidos), desde 2008.

SCOPUS - Database of abstracts and citations for scholarly journal articles (Elsevier, Países Bajos), desde 2008.

LatAm -Estudios Latinamericanos (International Information Services, Estados Unidos), desde el 2009.

SciELO Citation Index (Thomson Reuters–SciELO), desde 2013.

Portales Web: http://www.lablaa.org/listado_revistas.htm (Biblioteca Luis Angel Arango, Colombia), desde 2001. http://www.cervantesvirtual.com/portales/ (Quórum Portal de Revistas, Universidad de Alcalá, España), desde 2007. http://sala.clacso.org.ar/biblioteca/Members/lenlaces (Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO, Argentina), desde 2007. http://www.historiadoresonline.com (Historiadores OnLine - HOL, Argentina), desde 2007. https://uniandes.academia.edu/REVISTAHISTORIACRITICA (Academia.edu- Share research), desde 2016.

Tabla de contenido Carta a los lectores · 9-10

Artículos tema abierto Traducir, editar, evangelizar: el discurso jesuita del “siglo cristiano en Japón” desde la perspectiva de la modernidad-colonialidad (siglo XVI) · 13-32 Paula Hoyos Hattori · Pablo Gavirati Miyashir, Universidad de Buenos Aires, Argentina Veintiuna líneas que cambiaron la Historia de la Ciencia en Nueva Granada y su relación con la Metrópoli. Análisis de la descripción de la Flora de Bogotá de Francisco Antonio Zea a Antonio José Cavanilles · 33-52 José Antonio Amaya · Julián Rendón Acosta, Universidad Nacional de Colombia Administración y materialidad: una etnografía del Juzgado del Crimen del Rosario (Argentina, segunda mitad del siglo XIX) · 53-74 Carolina Andrea Piazzi, Universidad Nacional de Rosario, Argentina Clemencia condicional después del Golpe de Melo de 1854: constitucionalismo y tradición en la joven república de Colombia · 75-96 Joshua M. Rosenthal, Western Connecticut State University, Estados Unidos “Y serán desplayados”. Recorrido histórico sobre los bienes comunes, pescadores artesanales y control legal del litoral en Chile · 97-116 Pablo Camus Gayan · Rodrigo Hidalgo Dattwyler, Pontificia Universidad Católica de Chile ¿Conveniencia o necesidad? La formación de la clase obrera en las Universidades Laborales franquistas (1955-1978) · 117-136 Patricia Delgado-Granados · Gonzalo Ramírez-Macías, Universidad de Sevilla, España El movimiento estudiantil mexicano de 1968 en clave latinoamericana: aproximación a las nociones de educación y transformación social · 137-157 Andrés Donoso Romo, Universidad de la Playa Ancha, Chile Conflictos campesinos e indígenas en el sur de Chile (la provincia de Cautín, 1967-1973) · 159-179 Jesús-Ángel Redondo Cardeñoso, Universidad de Santiago de Chile

Reseñas Preciado, Bibiana. Canalizar para industrializar. La domesticación del río Medellín en la primera mitad del siglo XX. Bogotá: Uniandes, 2015 · 183-186 Vladimir Sánchez-Calderón, Universidad del Rosario/Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA), Colombia Palacios, Marco, coordinador. Negocios, empresarios y entornos políticos en México 1827-1958. México: El Colegio de México, 2015 · 187-190 Julio César Zuluaga, Pontificia Universidad Javeriana, Cali, Colombia Políticas editoriales

Table of Contents Letter to readers · 9-10

Articles Open Forum Translate, Edit, Evangelize: Jesuit Discourse of the “Christian Century in Japan” from the Perspective of Modernity-Coloniality (16th Century) · 13-32 Paula Hoyos Hattori · Pablo Gavirati Miyashiro, Universidad de Buenos Aires, Argentina Twenty-one Lines that Changed the History of Science in Nueva Granada and Its Relation to the Metropolis. Analysis of the Description of the Flora de Bogotá by Francisco Antonio Zea to Antonio José Cavanilles · 33-52 José Antonio Amaya · Julián Rendón Acosta, Universidad Nacional de Colombia Administration and Materiality: An Ethnography of the Criminal Court of Rosario (Argentina, Second Half of the 19th Century) · 53-74 Carolina Andrea Piazzi, Universidad Nacional de Rosario, Argentina Conditional Clemency after the Golpe de Melo of 1854: Constitutionalism and Tradition in Early Republican Colombia · 75-96 Joshua M. Rosenthal, Western Connecticut State University, United States “And They Will Be Deprived of Beaches.” A Historical Review of the Commons, Artisanal Fishermen, and Legal Control of the Coast in Chile · 97-116 Pablo Camus Gayan · Rodrigo Hidalgo Dattwyler, Pontificia Universidad Católica de Chile Convenience or Necessity? The Formation of the Working Class in the Universidades Laborales of Franco’s Spain (1955-1978) · 117-136 Patricia Delgado-Granados · Gonzalo Ramírez-Macías, Universidad de Sevilla, Spain The Mexican Student Movement of 1968 in Latin American Code: An Approach to the Notions of Education and Social Transformation · 137-157 Andrés Donoso Romo, Universidad de la Playa Ancha, Chile Campesino-Indigenous Conflicts in Southern Chile (Cautín Province, 1967-1973) · 159-179 Jesús-Ángel Redondo Cardeñoso, Universidad de Santiago de Chile

Book Reviews Preciado, Bibiana. Canalizar para industrializar. La domesticación del río Medellín en la primera mitad del siglo XX. Bogotá: Uniandes, 2015 · 183-186 Vladimir Sánchez-Calderón, Universidad del Rosario/Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA), Colombia Palacios, Marco, coordinator. Negocios, empresarios y entornos políticos en México 1827-1958. México: El Colegio de México, 2015 · 187-190 Julio César Zuluaga, Pontificia Universidad Javeriana, Cali, Colombia Editorial Policies

Lista de conteúdos Carta aos leitores · 9-10

Artigos Tema aberto Traduzir, editar, evangelizar: o discurso jesuíta do “século cristão no Japão” sob a perspectiva da modernidade-colonialidade (século XVI) · 13-32 Paula Hoyos Hattori · Pablo Gavirati Miyashiro, Universidad de Buenos Aires, Argentina Vinte e uma linhas que mudaram a história da ciência na Nova Granada e sua relação com a metrópole.

Análise da descrição da Flora de Bogotá, de Francisco Antonio Zea a Antonio José Cavanilles · 33-52 José Antonio Amaya · Julián Rendón Acosta, Universidad Nacional de Colombia Administração e materialidade: uma etnografia da Vara Criminal do Rosario (Argentina, segunda metade do século XIX) · 53-74 Carolina Andrea Piazzi, Universidad Nacional de Rosario, Argentina Clemência Condicional após o Golpe de Melo de 1854: constitucionalismo e tradição no início da Colômbia Republicana · 75-96 Joshua M. Rosenthal, Western Connecticut State University, Estados Unidos “E serão despraiados”. Percorrido histórico sobre bens comuns, pescadores artesãos e controle legal do litoral no Chile · 97-116 Pablo Camus Gayan, Pontificia Universidad Católica de Chile, e, Rodrigo Hidalgo Dattwyler, Pontificia Universidad Católica de Chile Conveniência ou necessidade? A formação da classe operária nas universidades trabalhistas franquistas (1955-1978) · 117-136 Patricia Delgado-Granados · Gonzalo Ramírez-Macías, Universidad de Sevilla, Espanha O movimento estudantil mexicano de 1968 sob uma perspectiva latino-americana: aproximação às noções de educação e transformação social · 137-157 Andrés Donoso Romo, Universidad de la Playa Ancha, Chile Conflitos camponeses e indígenas no sul do Chile (a província de Cautín, 1967-1973) · 159-179 Jesús-Ángel Redondo Cardeñoso, Universidad de Santiago de Chile

Resenhas Preciado, Bibiana. Canalizar para industrializar. La domesticación del río Medellín en la primera mitad del siglo XX. Bogotá: Uniandes, 2015 · 183-186 Vladimir Sánchez-Calderón, Universidad del Rosario/Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA), Colômbia Palacios, Marco, coordenador. Negocios, empresarios y entornos políticos en México 1827-1958. México: El Colegio de México, 2015 · 187-190 Julio César Zuluaga, Pontificia Universidad Javeriana, Cali, Colômbia Políticas editoriais

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Carta a los lectores El número de Tema abierto que el lector tiene en sus manos reúne ocho artículos y dos reseñas que abordan problemáticas históricas de gran relevancia para las ciencias sociales en América Latina.

Con el artículo de Paula Hoyos Hattori y Pablo Gavirati Miyashiro se estudia la misión jesuita portuguesa en Japón a través del análisis discursivo de un epistolario publicado en 1598, que permite ver procesos de traducción, edición, circulación, apropiación y evangelización. Una investigación que se enmarca, en gran medida, en la denominada primera modernidad, que presenta la cristiandad como un sustento de la conquista y la colonización en los distintos enclaves coloniales de los imperios ibéricos —lo colonial, sin desconocer que se trata de un concepto ampliamente discutido por la historiografía en las últimas décadas—. Los autores dedican un espacio para explicar los encuentros de los jesuitas en Japón, mostrar el papel de los seglares como enunciadores y demarcar las redes de información que se habían construido a nivel mundial.

A continuación se encuentra el artículo de José Antonio Amaya y Julián Rendón Acosta, que reflexiona sobre la relación que estableció el neogranadino Francisco Antonio de Zea con el español Antonio José Cavanilles, director del Jardín Botánico de Madrid, a finales del siglo XVIII. A través de esta relación, que se resume en un interés mutuo por la exploración científica, se dieron a conocer los aportes de José Celestino Mutis a la botánica de la Nueva Granada y la relación que se tenía con el conocimiento que se desarrollaba desde la metrópoli. Cavanilles dio una descripción especial de la Flora de Bogotá, en su artículo “Materiales para la historia de la botánica” (1800), publicado en Anales de Historia Natural —primera revista española dedicada a las ciencias—, difundiendo entre sus contemporáneos la obra de Mutis. También incluimos el aporte de Carolina Andrea Piazzi sobre la actividad administrativa del Estado en Argentina, por medio de una etnografía elaborada sobre el Juzgado del Crimen del Rosario en la segunda mitad del siglo XIX. La autora dedica un espacio al estudio de los agentes y sus actividades cotidianas, los espacios de trabajo (edificios, salones y oficinas) y los gastos propios de cada juzgado, además de los tiempos judiciales, que incorporan las distancias como función explicativa y los relatos que son archivados para convertirse en parte de la memoria que albergan estos espacios. Así, pues, Piazzi estudia aquellos agentes e instituciones que producen los documentos que serán consultados luego por los historiadores.

Otro de los textos que contiene este número es el Joshua M. Rosenthal, que trata sobre los indultos dados en la Nueva Granada tras el Golpe de Melo en 1854, en un contexto político marcado por una serie de guerras civiles que moldeaban continuamente la naciente república. Los indultos, que en principio se habían emitido durante la guerra por todos los bandos buscando que el soldado enemigo desertara, adquieren, tras este golpe, nuevos significados que responden al interés de los rebeldes por ser perdonados (una oleada de peticiones individuales) y a las múltiples contradicciones que se vivían dentro de la república constitucional. Luego se encuentra el artículo de Pablo Camus Gayan y Rodrigo Hidalgo Dattwyler, que estudia la relación conflictiva entre los propietarios litorales, pescadores artesanales y las autoridades sobre los denominados “bienes comunes” en Chile. Los autores, que inician su estudio a finales del siglo XVIII y el siglo XIX, muestran las condiciones de las zonas costeras que permitieron a los pescadores exigir sus derechos, alternar estrategias de sobrevivencia y mantener protegidos los espacios de uso común.

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Carta a los lectores

A estos artículos se suman los de Patricia Delgado-Granados y Gonzalo Ramírez-Macías, y el de Andrés Donoso Romo. Delgado Granados y Ramírez-Macías reflexionan sobre las políticas educativas franquistas que pretendían moldear la formación de la clase obrera, creando Universidades Labores en veintiuna ciudades españolas. Se trataba de macroinstituciones, inspiradas en establecimientos de tendencia socialista europeos, equipadas con talleres, laboratorios, gimnasios, enfermerías, piscinas y polideportivos; que además poseían una enseñanza dirigida a la formación de profesionales o técnicos, y contaban con la impartición del Bachillerato Laboral y, más tarde, del Bachillerato Universitario Polivalente. Donoso Romo, por otro lado, estudia el papel protagónico que tuvo la educación en el movimiento estudiantil mexicano de 1968, a la vez que compara sus intereses y repercusiones con otros alzamientos estudiantiles acaecidos en América Latina.

Para el autor es claro que la reivindicación que se concretaba en una serie de demandas —resguardar las libertades democráticas, preservar la autonomía universitaria, construir una universidad militante y aumentar la participación popular— pretendía conseguir transformaciones sociales estructurales en los gobiernos de toda la región.

Este número cierra con el texto de Jesús-Ángel Redondo Cardeñoso y las reseñas de Vladimir Sánchez-Calderón y Julio César Zuluaga. Redondo Cardeñoso realiza un estudio sobre los conflictos campesinos e indígenas mapuches en la provincia de Cautín (Chile) entre 1967 y 1973.

Tomando distancia de la historiografía tradicional sobre este tema, basándose en El Diario Austral y documentación del gobierno provincial, el autor aborda acciones de rebeldía campesina (bandolerismo y cuatrerismo), expresiones del conflicto rural, las formas de movilización colectiva (sindicalismo campesino), las ocupaciones ilegales de la tierra y las huelgas agrarias. Sánchez-Calderón reseña el libro de Bibiana Preciado Canalizar para industrializar. La domesticación del río Medellín en la primera mitad del siglo XX, acerca de las transformaciones que vivió el río Medellín por la industrialización y la urbanización de la ciudad de Medellín, y Zuluaga, la compilación de Marco Palacios Negocios, empresarios y entornos políticos en México 1827-1958, que es el resultado de un trabajo final de estudiantes de Historia sobre las actividades empresariales desarrolladas en México por cinco empresarios, un gerente y una empresaria de diversas nacionalidades.

Por último, el equipo editorial da la bienvenida a dos nuevos miembros que fortalecerán el Consejo Editorial: el profesor Rafael E. Acevedo Pullo de la Universidad de Cartagena (Colombia) y la profesora Stefania Gallini de la Universidad Nacional de Colombia. También invita a nuestros lectores a consultar otros números de la Revista en su página web.

María Cristina Pérez Editora

Tema abierto

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Traducir, editar, evangelizar: el discurso jesuita del “siglo cristiano en Japón” desde la perspectiva de la modernidad-colonialidad (siglo XVI)❧ Paula Hoyos Hattori

Universidad de Buenos Aires, Argentina

Pablo Gavirati Miyashiro

Universidad de Buenos Aires, Argentina

doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit63.2017.01

Artículo recibido: 28 de marzo de 2016/ Aprobado: 26 de agosto de 2016/ Modificado: 14 de septiembre de 2016

Resumen: En 1549 comenzó la misión jesuita en Japón, experiencia histórica que adquiere progresiva relevancia en la investigación académica. Este artículo la analiza en vínculo con la conformación del sistemamundo en la modernidad temprana. Mediante el análisis discursivo se indaga el epistolario jesuita editado en Évora en 1598 desde una doble perspectiva. Primero se partirá de la concepción de la traducción como gramática productiva del discurso jesuita de evangelización en Japón. Luego se interpretará la edición como gramática de reconocimiento de la información llegada desde Japón para la sociedad europea. Por último se concluirá en el concepto de circulación para destacar la productividad semiótica de la red jesuita.

Palabras clave: misión religiosa, Japón, Portugal, traducción, edición de textos (Thesaurus).

Translate, Edit, Evangelize: Jesuit Discourse of the “Christian Century in Japan” from the Perspective of Modernity-Coloniality (16th Century) Abstract: The Jesuit mission in Japan began in 1549. It was a historic experience that is becoming increasingly important in academic research. This article uses discourse analysis to analyze it in connection with the formation of the world-system in early modernity by studying the Jesuit Epistolario published in Évora in 1598 from a double perspective. First, it synthesizes translation as the productive grammar of the Jesuit discourse of evangelization in Japan. Then it interprets the edition as the grammar of recognition of the information that had arrived from Japan for European society. Finally, it concludes with the concept of circulation in order to highlight the semiotic productivity of the Jesuit network.

Keywords: religious mission, Japan, Portugal, translation, text editing (Thesaurus).

Traduzir, editar, evangelizar: o discurso jesuíta do “século cristão no Japão” sob a perspectiva da modernidade-colonialidade (século XVI) Resumo: Em 1549, começou a missão jesuíta no Japão, experiência histórica que ganha progressiva relevância na pesquisa acadêmica. Neste artigo, analisa-se, com relação à conformação do sistema-mundo na modernidade precoce, pois, mediante a análise discursiva, indaga-se o epistolário jesuíta editado em Évora em 1598 sob uma dupla perspectiva. Primeiro, sintetiza-se a tradução como gramática produtiva do discurso jesuíta de evangelização no Japão. Em seguida, interpreta-se a edição como gramática de reconhecimento da informação chegada do Japão para a sociedade europeia. Por último, conclui-se sobre o conceito de circulação para destacar a produtividade semiótica da rede jesuíta.

Palavras-chave: edição de textos, missão religiosa (Autor); Japão, Portugal, tradução (Thesaurus). ❧ El presente artículo se enmarca en las investigaciones que cada uno de los autores realiza con financiamiento

del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina (beca posdoctoral 2015-17 de Gavirati Miyashiro; beca doctoral 2012-17 de Hoyos Hattori).

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Traducir, editar, evangelizar: el discurso jesuita del “siglo cristiano en Japón” Paula Hoyos Hattori | Pablo Gavirati Miyashiro

Introducción “[Han] dividido entre ustedes esta misión, embarcándose uno, y quedándose en esta tierra el otro [...] para seguir la misma conquista con un mismo espíritu y con un mismo celo para la salvación de las almas”1.

Con estas palabras, Teotônio de Bragança dedicaba a Francisco Xavier (1506-1552) y a Simón Rodrigues (1510-1579) dos volúmenes de cartas jesuitas, impresos en la ciudad de Évora (Portugal) en 1598. El primero se embarcaba hacia un lejano apostolado en Asia, mientras que el segundo se quedaba en Europa. Ambas vías, a través de procedimientos disímiles, apuntaban a un idéntico objetivo: la evangelización de las sociedades paganas de ultramar, entre ellas, Japón. La experiencia jesuita en terreno nipón comenzó en 1549, con el arribo de Francisco Xavier, Cosme de Torres (1510-1570) y Juan Fernández (1526-1567) a la provincia de Satsuma —en la actualidad, Kagoshima—. Estos viajes se enmarcaban en la política de expansión ultramarina que la Corona lusa había iniciado en los tiempos del Infante Enrique (1394-1460) y que, tras la división del mundo legitimada por el tratado de Tordesillas (1494), direccionaba las áreas de influencia portuguesa hacia el Este de Europa. La carrera por arribar a la Especiería enfrentaba a las dos coronas ibéricas en una competencia que motivó la iniciativa lusa de apropiarse discursiva y políticamente del “descubrimiento” de Japón.

Este artículo se inscribe en los actuales estudios historiográficos que ubican la experiencia de las misiones jesuitas en América y Asia como un antecedente de los procesos actuales de globalización. Los encuentros culturales que protagonizaron los misioneros ya durante el siglo XVI, los colocaron a la cabeza de experiencias de diálogo y traducción intercultural sin precedentes2. Pero además, en las últimas décadas, los estudios sobre la Compañía de Jesús han proliferado en sintonía con el desarrollo de perspectivas históricas renovadas acerca de la “temprana modernidad”, entendida como primera fase de un proceso extenso y que continúa en el mundo contemporáneo, en los que también se enmarca la presente investigación.

Dentro de este marco, la propuesta de este artículo consiste en concebir el “siglo cristiano en Japón”3 dentro del primer sistema-mundo moderno, cuya constitución descansa en la jerarquía “esencial” entre centro y periferia, base de las relaciones coloniales4. El intento de evangelizar el 1 Cartas que os padres e irmãos da Companhia de Iesus escreuerão dos Reynos de Iapão & China aos da mesma Companhia da India, & Europa, des do anno de 1549 atè o de 1580, t. I (Maia: Castoliva Editora 1997 [1598]).

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Peter Burke y Ronnie Po-chia Hsia señalan que la “traducción cultural” debe ser abordada desde una perspectiva histórica, que apunte el carácter transitorio y “construido” de las supuestas equivalencias interlingüísticas. Esta idea va en la misma línea del enfoque semiótico que se desarrollará infra. Peter Burke y Ronnie Po-chia Hsia, Introducción a La traducción cultural en la Europa Moderna (Madrid: Akal, 2010), 5-8. Burke, por su parte, también ha analizado la actividad específica de la Compañía de Jesús como traductora en: Peter Burke, “The Jesuits and the Art of Translation in Early Modern Europe”, en The Jesuits II. Cultures, Sciences and the Arts, 1540-1773, editado por John O’Malley, et al. (Toronto: University of Toronto Press, 2006), 24-31.

3 Charles Boxer, The Christian Century in Japan: 1549-1650 (Berkeley: University of California Press, 1951).

4 Aníbal Quijano, “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”, en La colonialidad del saber, editado por Edgardo Lander (Buenos Aires: CICCUS, 2011), 219-264.

Hist. Crit. No. 63 · Enero-marzo · Pp 13-32 · ISSN 0121-1617 · e-ISSN 1900-6152 doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit63.2017.01

archipiélago nipón, proceso complejo de expansión ideológica, se desarrolló gracias a dos vías paralelas, mutuamente dependientes y sistemáticas: por un lado, la labor concreta en la misión, y, por el otro, el trabajo intelectual desde el Viejo Mundo —esa doble vía explicitada por Teotônio de Bragança—. Aquí se debatirá si estas vías pueden interpretarse como el posicionamiento de Portugal-centro y Japón-periferia, y si el objetivo común de la evangelización puede entenderse dentro de los procesos de colonización durante la primera modernidad. En este marco surgen varios interrogantes: ¿qué estrategias llevaron a cabo los jesuitas en la periferia?, ¿y cuáles en el centro?, ¿hubo procedimientos distintivos de uno y otro espacios?

Este artículo comienza con una breve introducción de corte teórico acerca de la teoría de la modernidad-colonialidad. Luego se estudian categorías metodológicas acudiendo a las herramientas del análisis semiótico, que permitirán abordar los discursos jesuitas en y sobre Japón. A continuación se indagan dos procedimientos propios de cada experiencia: la edición en el centro y la traducción en la periferia. Por último se plantean algunas estrategias globales que vinculaban ambos procedimientos, para finalmente presentar las conclusiones del recorrido.

1. Los jesuitas en el inicio de la modernidad-colonialidad Es fundamental comenzar por concebir la modernidad, no como un determinado “contenido”, como en las interpretaciones, iniciadas en el siglo XIX, que la vinculan a las ideas de secularización, racionalización o emergencia de la subjetividad individual. Estos enfoques, que han leído al Renacimiento como un período compacto durante el que tuvieron origen la subjetividad individual, secular, racional y consciente del tiempo histórico, se remontan a la obra de Jacob Burckhardt La cultura del Renacimiento en Italia, publicada por primera vez en 1860. La crítica a esa definición fue realizada por numerosos historiadores. Entre ellos, Wolfgang Reinhard ha señalado que la naturalizada sistematización del período en tres etapas (Reforma, Contrarreforma, Absolutismos) debe ser revisada, por cuanto no se condice con los complejos procesos que dieron lugar a lo que el autor denomina “confesionalización” de Europa5.

En contraste, aquí se concibe la modernidad como el lugar de enunciación de un falso universal, es decir, la postulación de un singular como universal, pues tal noción se forjó en la Europa de los siglos XV y XVI con base en nociones de humanidad y civilización tributarias de los viajes de exploración ultramarina. En primer lugar, la reflexión teórica acerca de la condición humana de los habitantes de los “nuevos mundos”, así como la concreción de su conquista, resultan estar imbricadas bajo el mismo presupuesto, esto es, un lugar de enunciación-acción que (auto)legitimaba una determinada noción de civilización y la proyectaba sobre toda la humanidad. En un movimiento direccionado desde el centro del sistema-mundo hacia sus novedosas periferias, los viajeros europeos asumieron como deber la tarea civilizatoria, es decir, la expansión de los propios modos políticos, religiosos o sociales hacia las otras culturas “descubiertas”. Estos procesos proselitistas fueron múltiples, variando tanto su contenido ideológico como sus estrategias, en lo que Walter

5 Wolfgang Reinhard, “Reformation, Counter-Reformation and the Early Modern State. A Reassessment”. The Catholic Historical Review 75, n.° 3 (1989): 383-404. Para un estado de la cuestión sobre estudios renacentistas, ver: Martín Ciordia, “Perspectivas de investigación en los estudios renacentistas”, en Perspectivas actuales de la investigación literaria, editado por Martín Ciordia, et al. (Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, 2011), 7-43.

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Traducir, editar, evangelizar: el discurso jesuita del “siglo cristiano en Japón” Paula Hoyos Hattori | Pablo Gavirati Miyashiro

Mignolo concibe como las tres fases del sistema-mundo moderno, que se corresponden con las tres etapas del proceso de “globalización”, según lo definen Banchoff y Casanova6.

En la primera modernidad, el paradigma civilizatorio se fundó en la idea de cristiandad, que sustentó la conquista y colonización de América y otros enclaves coloniales de los imperios ibéricos. En palabras de John Hale, con los viajes del siglo XVI emergió una “conciencia común de diferencia y superioridad”7 en los europeos en cuanto cristianos, de modo que la propia experiencia de la conquista ultramarina fue el paso necesario para que Europa se autolegitimara como centro del naciente sistema-mundo. Se debe entender la fundación de la Compañía de Jesús, en 1540, en este contexto. Por un lado, tal como la describe Charles Boxer, la Compañía encontraba su base en “la movilidad y la actividad misional”8, y por el otro, puertas adentro del Viejo Mundo, la institución se erigió en “guardia pretoriana de la Contrarreforma”9, con especial atención a la formación del clero y la renovación del catolicismo frente al avance de los “reformados”, a través de instituciones educativas como el Colegio Romano. En su conjunto, los procesos de expansión del cristianismo en la periferia no europea y el fortalecimiento del catolicismo en el centro europeo dieron lugar a una naciente red jesuita a nivel mundial, de la que Roma constituía el nodo principal. Así, los jesuitas, en las periferias de Asia y América, contribuyeron a construir la imagen de la civilización occidental como centro de un mundo cada vez más interconectado10.

2. El Asia portuguesa y Japón en los tiempos de la misión jesuita En 1540, el rey portugués João III recibió en la Corte lisboeta a los jesuitas Simón Rodrigues y Francisco Xavier. Este primer encuentro fundó la alianza estratégica entre el reino de Portugal y la Compañía de Jesús, pues para el monarca luso era indispensable convertir a los habitantes de sus nuevos dominios. La iniciativa colonialista portuguesa había comenzado más de un siglo antes, con las campañas encabezadas por el infante Enrique “el Navegante” bajo el reinado de João I (1502-1557). La costa africana ya constituía un espacio de exploración exclusivamente luso, y, por último, con el logro de la circunvalación del continente en 1487, se abría la vía portuguesa al Asia. En 1498, Vasco da Gama arribó a Calcuta, con lo que la presencia en el océano Índico inició una sostenida consolidación que desembocó en la toma de enclaves portuarios estratégicos como

6 La primera, con el liderazgo de España y Portugal, abarcó los procesos de expansión ultramarina europea de los siglos XVI y XVII; la segunda se centró en el período imperialista del siglo XIX, que continúa hasta las guerras mundiales, con el predominio de Inglaterra y Francia; y la tercera comenzó en 1945 hasta la actualidad, con la nueva hegemonía mundial de Estados Unidos. Walter Mignolo, The Darker Side of Western Modernity (Durham: Duke University Press, 2011), 7; Thomas Banchoff y José Casanova, Introducción a The Jesuits and Globalization.

Historical Legacies and Contemporary Challenges (Washington: Georgetown University Press, 2016), 4.

7 John Hale, La civilización del Renacimiento en Europa 1450-1620 (Barcelona: Crítica, 1996), 47.

8 Boxer, The Christian Century, 46.

9 Lothar Knauth, Confrontación transpacífica. El Japón y el nuevo mundo hispánico, 1542-1639 (México: UNAM, 1973), 89.

10 Walter Mignolo, “La colonialidad a lo largo y a lo ancho”, en La colonialidad del saber, editado por Edgardo Lander (Buenos Aires: CICCUS, 2011), 74, y Ana Hosne, The Jesuit Missions to China and Peru, 1570-1610 (Londres/Nueva York: Routledge, 2013), 7.

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Goa (1510), Malaca (1511) y Ormuz (1515)11. Se sentaban así las bases del “Imperio portugués en Asia”12, y fue en este contexto donde tuvo lugar la llegada de dos portugueses a la isla nipona de Tanegashima en 154313. Esos viajeros llevaron a India la noticia de la existencia del archipiélago, y fue entonces cuando Francisco Xavier decidió embarcarse hacia Japón.

En aquel momento, el territorio que hoy se conoce como Japón atravesaba un período de inestabilidad política, denominado sengoku jidai (“Época de los Estados en guerra”). En aquel tiempo, numerosas “unidades políticas autónomas que constituían estados de facto”14 se disputaban los territorios en sucesivas guerras desde 1467. La etapa final de este período comenzó con la emergencia del primero de tres reunificadores, Oda Nobunaga15 (1534-1582), y su ocupación de la ciudad capital en 156816. En ese mismo año, Oda recibió en la Corte de Kioto al jesuita Luís Fróis (1532-1597). Este gesto de bienvenida a la religión extranjera puede leerse en el marco del enfrentamiento de Oda con la escuela budista “aristocrática” de Tendai y la más “popular” de Verdadera Tierra Pura17. El segundo unificador, Toyotomi Hideyoshi (1536-1598), cambió la bienvenida por una tibia tolerancia hacia los jesuitas, pues comenzó a verlos como emisarios de un poder extranjero que podría devenir fuerza disruptiva. También fue él quien decretó el primer edicto de expulsión contra los jesuitas, en 1587. Finalmente, el tercer unificador, Tokugawa Ieyasu (1542-1616), prohibió la religión europea e inició una violenta persecución contra todo cristiano desde 161418. Desde 1639, el shogunato Tokugawa impuso la política de cerramiento, dando inicio a la época del “país encadenado” (sakoku jidai), con la suspensión casi total de toda relación con el extranjero19.

Esta política de Estado se debió a lo que Hideyoshi ya había vislumbrado: la vinculación de los religiosos y los comerciantes extranjeros con la posibilidad de un avance colonialista europeo sobre territorio japonés. Como analiza Lothar Knauth, a finales del siglo XVI ocurrieron incidentes entre Hideyoshi y misioneros y autoridades españolas. En 1592, el líder japonés envió una carta al 11 Para un análisis detallado de este proceso de expansión portugués, ver: Jorge Manuel Flores, “Macau: os anos da ‘gestação’”, en De Macau à Periferia, vol. 1 de História dos portugueses no Extremo Oriente, editado por A. Oliveira Marques (Lisboa: Fundação Oriente, 2000), 151-176; John Parry, Europa y la expansión del mundo (1415-1715) (México: FCE, 1975), 37-57.

12 Sanjay Subrahmanyam, The Portuguese Empire in Asia, 1500-1700 (Londres: John Wiley, 2012).

13 Olof Lidin, Tanegashima. The Arrival of Europe in Japan (Copenhague: Nordic Institute of Asian Studies, 2002), 1-26.

14 Michiko Tanaka, Historia mínima de Japón (México: El Colegio de México, 2011), 119.

15 Para los tres unificadores de Japón se antepone el nombre de familia al nombre de pila, por ser esa la usanza nipona.

16 Distintos historiadores sitúan el fin de sengoku jidai en fechas alternativas, que van desde 1568 hasta 1603. Aquí se sigue el criterio de Michiko Tanaka.

17 La escuela Tendai se instituyó en la Época Heian (794-1185), articulada con la élite cortesana establecida en Kioto, capital imperial. Poseía la potestad de ordenar monjes budistas y representaba los intereses de los clanes cortesanos, estrato distinto del de los samurái. La escuela de la Verdadera Tierra Pura, por otra parte, emergió hacia fines del mismo período y tuvo especial acogida entre los campesinos. Durante la Época de los Estados en guerra, ante la ausencia de un poder político centralizado, algunas comunidades se declararon autónomas bajo el auspicio de esta escuela. Ver: John W. Hall, El Imperio japonés (México: Siglo XXI, 1988), y Hitoshi Oshima, El pensamiento japonés (Buenos Aires: Eudeba, 1987).

18 Ver: Valdemar Coutinho, O fim da presença portugesa no Japão (Lisboa: Sociedade Histórica da Independência de Portugal, 1999).

19 La isla de Dejima, en Nagasaki, constituyó una de las excepciones, y el comercio con la Compañía Holandesa de Indias estaba autorizado.

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gobernador de Filipinas, en la que le advertía que “aunque estas partes sean remotas y distantes, si hubiera quien vaya contra mi mandato, enviaré allá mis excelentes capitanes a que los castiguen”20.

Para Serge Gruzinski, esta referencia demuestra que también entre los gobernantes nipones se habían arraigado “sueños de dominio universal” de “alcance planetario”; en otras palabras, una “visión del mundo” propia de la modernidad21. Por otra parte, el contacto con los ibéricos dio inicio a lo que la historia japonesa ha llamado también “temprana modernidad”22.

3. Los jesuitas como enunciadores Nacida en los pasillos de la Universidad de París, la Compañía de Jesús se preocupó desde sus inicios tanto por la expansión del cristianismo más allá de Europa como por afianzar el catolicismo frente a los Reformados23. Tal como se verá más adelante, ciertas estrategias de conversión fueron propias del espacio-periferia de ultramar ( Japón, en particular), mientras que otras estrategias discursivas fueron específicas del espacio-centro europeo (Roma y otras ciudades fundamentales de la red jesuita).

Siguiendo los postulados de Michel de Certeau, un rasgo distintivo de la Compañía fue la demarcación entre un “nosotros” y un “ellos”, que determinó los modos de verse a sí mismos de los jesuitas como colectivo, así como los modos de ver a los pueblos que intentaron convertir24; de esta manera, saber ver la alteridad fue requisito para saber cómo evangelizarla. Así, el De procuranda Indorum salute (1588) de José de Acosta diferenciaba tres categorías para las sociedades paganas, a las que les correspondía una determinada forma de conversión: i) aquellas carentes de toda cultura literaria-escrita, que debían ser forzadas a ingresar a la fe cristiana; ii) aquellas con “letras rudimentarias” y cierto nivel de organización, en cuya conversión se debían combinar “fuerza y persuasión”; y por último, iii) aquellas altamente desarrolladas, sólo plausibles de bautizar a través de argumentos racionales, a la manera de los cristianos primitivos en Roma25.

A fin de profundizar el análisis propuesto por De Certeau, es posible acudir a herramientas de la semiótica para analizar con categorías precisas los discursos construidos por jesuitas sobre Japón. En particular, se hace referencia a los aportes de la teoría enunciativa, trabajados en el nivel metodológico por la teoría de los discursos sociales. Para Oscar Steinberg, se define lo enunciativo como “el efecto de sentido de los procesos de semiotización por los que en un texto se construye una situación comunicacional”26. Así, cuando el “texto” se analiza en relación con la red 20 Knauth, Confrontación transpacífica, 133.

21 Serge Gruzinski, Las cuatro partes del mundo. Historia de una mundialización (México: FCE, 2010), 84.

22 La temprana modernidad nipona (kinsei) comenzó con el shogunato Edo (1603-1868), que mantuvo el aislamiento como política de Estado. Se trató de una decisión estratégica en defensa de la autonomía nipona.

El cristianismo pudo regresar al archipiélago recién en la Época Meiji (1868-1912), con la reapertura del país realizada por presión militar de Estados Unidos en 1853, coincidente con la segunda etapa del sistema-mundo moderno.

23 Ver: John H. Elliott, “Catolicismo y represión”, en La Europa dividida 1559-1598 (Buenos Aires: Siglo XXI, 1973), 144-174.

24 Michel de Certeau, El lugar del otro. Historia religiosa y mística (Buenos Aires: Katz, 2007), 171.

25 Ines Zupanov, Disputed Missions. Jesuit Experiments and Brahmanical Knowledge in Seventeenth Century India (Nueva Delhi: Oxford University Press, 2001), 24.

26 Oscar Steinberg, Semiótica de los medios masivos (Buenos Aires: Atuel, 1993), 48.

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de producción social del sentido, es llamado “discurso”. Como discute José Luis Fernández, la entrada enunciativa permite dirimir la contraposición entre un análisis “macro”, de corte sociológico, y uno “micro”, con foco particular en un autor o una obra27. Para Eliseo Verón, también la enunciación es una “modelización abstracta” que busca encontrar el núcleo invariante de un campo discursivo que, al mismo tiempo, presenta un sistema de variaciones regulado por el mismo núcleo. Este se asocia a ciertas condiciones de producción, como las estructuras institucionales.

En este caso particular, la Compañía de Jesús funciona como centro regulador del discurso jesuita, aunque este se construya a partir de múltiples emisores o receptores en particular.

Así como se pasa de un “texto” a un “discurso”, también se cambia el estudio de emisores y receptores de un texto concreto por el análisis de enunciador y enunciatario como figuras discursivas de corte abstracto28. Siguiendo a Verón, estas dos figuras pertenecen al plano de la enunciación (el decir), oponible al del enunciado (lo dicho), y pueden ser caracterizadas como sujeto y objeto del discurso, respectivamente. En el plano del enunciado se debe atender a lo que el mismo teórico denomina colectivos, que son formas de construcción de entidades discursivas como, en el caso que se observa aquí, los japoneses o los jesuitas. Por otra parte, los componentes o modalidades de enunciación se refieren al vínculo que se establece, a través del enunciado, entre enunciador y enunciatario. Esta relación puede ser simétrica —si ambas entidades tienen una relación de poder equilibrada— o, en caso contrario, complementaria29.

Entonces, a esta nueva luz, la distinción de Acosta resulta reveladora, no sólo por cuanto diferencia entre enunciatarios de la evangelización, sino, sobre todo, porque en el mismo acto de enunciación construye un determinado perfil para el enunciador-evangelizador. Al clasificar las sociedades paganas y establecer un método acorde a cada una, el jesuita se distingue por su capacidad de distinguir. Delinea para sí una figura de misionero erudito, adaptado a los usos locales, traductor; mientras que para aludir a los colectivos de la enunciación dentro del “nosotros-cristianos” aparecen distinciones: los jesuitas se diferencian de las órdenes mendicantes, y también de las incipientes identidades nacionales de los portugueses y los españoles30.

Por último, se hace referencia a las modalidades de enunciación del objeto de esta investigación.

Un rasgo distintivo, desde la perspectiva de los jesuitas, marcaba una línea divisoria entre ellos, en cuanto enunciadores, y los japoneses, en cuanto enunciatarios. Alessandro Valignano (1539-1606), nombrado visitador de la misión en tres ocasiones, explicaba, en 1583, por qué esa misión debía ser mantenida únicamente por jesuitas: “Y si ahora fuesen otras religiones con diversos hábitos, diverso modo de proceder y diversas opiniones, aunque no sea en las cosas que son de fe, como los japoneses no sepan hacer tanta distinción, [ante] cualquier contrariedad que entre otros religiosos y nosotros hubiese, sin duda creerían que somos de distintas sectas”31. Los japoneses, incapaces de reconocer como irrelevantes las diferencias en el aspecto exterior o el modo de organizarse de 27 José Luis Fernández, Los lenguajes de radio (Buenos Aires: Atuel, 1999), 60-78.

28 En este sentido, más adelante, a partir textos de distintos misioneros se caracterizará al enunciador jesuita en Japón.

29 Eliseo Verón, “La palabra adversativa. Observaciones sobre la enunciación política”, en El discurso político.

Lenguajes y acontecimientos, compilado por Eliseo Verón (Buenos Aires: Hachette, 1987), 11-26.

30 Entre los colectivos religiosos y los laicos, pronto se desplegaron alianzas estratégicas: frente a la sociedad lusojesuita asomó el “partido” hispano-mendicante. Ver: Emilio Sola, Historia de un desencuentro. España y Japón, 1580-1614 (Madrid: Archivo de la Frontera, 2012), 27.

31 Alessandro Valignano, Sumario de las cosas de Japón (Tokio: Sophia Daigaku, 1954 [1583]), 144. Cursivas de los autores.

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los cristianos, creerían estar ante dos “sectas” distintas, con el consecuente perjuicio para la conversión de Japón.

Ahora bien, la capacidad de reconocer la verdadera religión resulta ser la característica que diferencia europeos y japoneses, entre quienes se establece una relación de enunciación necesariamente asimétrica. Distinción, por otra parte, fundamentalmente moderna, pues no es otra cosa que la postulación de un particular como universal. En cuanto portavoces de este lugar de enunciación durante la expansión ultramarina europea, los jesuitas se contaron entre los primeros modernos32.

4. Red jesuita En este contexto, la conformación de una red jesuita de informaciones a nivel mundial se volvió condición necesaria para la expansión de la verdadera religión. Dentro de esa red, la división moderna entre quienes podían distinguir la verdad y quienes no se volvió estructural y se universalizó, tal como se verá. Aquí se analizará esa red a partir de una serie de atributos tomados de Eliseo Verón y Bruno Latour: por un lado, extensión y distribución; y por el otro, productividad y circulación33. Desde las Constituciones de la Compañía de Jesús (1552), Ignacio de Loyola alertó sobre la necesidad de que cada jesuita elevara por escrito informes periódicos a su superior34. La obediencia a este precepto pronto dio como resultado la conformación de una “red de información jesuita”35 sin precedentes, que vinculaba las lejanas misiones de Japón, China y Perú con los puntos nodales de actividad jesuita en el Viejo Mundo, con Roma como centro. En el caso de Japón, el transporte material de las epístolas firmadas por los misioneros sólo era posible gracias a los barcos portugueses que periódicamente visitaban los puertos de la isla de Kyushu. Se llamará distribución a este proceso, que da cuenta de manera específica de la dimensión geopolítica de la red36.

Además, las misivas contaban con múltiples lectores: dentro de los lindes de la Compañía se hallan, por un lado, los jóvenes jesuitas en formación en Coímbra, Lisboa, Goa, entre otros, que podían “edificarse” y fortalecer su vocación apostólica, y, por el otro, los superiores en Europa, que eran consultados ante determinados problemas misionales (como en el caso japonés, la par32 En contrapartida, tres siglos antes, el viajero medieval Marco Polo señalaba que para Kublai Khan había en el mundo cuatro profetas ( Jesús, Moisés, Mahoma y Sogomombar-kan) y que él honraba e invocaba “a cualquiera de ellos que en efecto reine el cielo”. Polo agregaba: “por la forma como actuaba su majestad hacia ellos, es evidente que consideraba la fe de los cristianos como la más verdadera”, Benedict Anderson, Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo, traducido por Eduardo L. Suárez (México: FCE, 1993), 36.

33 El término distribución se utiliza tanto desde la perspectiva de una economía política de la comunicación como en los estudios culturales, pues hace referencia a la fase intermedia entre la producción y el consumo, que concierne a la dimensión material del discurso, en este caso, el propio traslado de las cartas. Por su parte, el concepto circulación, según lo elabora Eliseo Verón, tiene un sentido preciso en el estudio de las diferencias entre las gramáticas de producción y las de recepción del discurso. Eliseo Verón, La semiosis social (México: Gedisa, 2004), 129 y ss.

34 Ignacio de Loyola, Obras (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1997), 600 y ss.

35 Paul Nelles, “Chancillería en colegio. La producción y circulación de papeles jesuitas en el siglo XVI”. Cuadernos de Historia Moderna XIII (2014): 52.

36 La conformación de “redes extensas”, para Bruno Latour, es un atributo específico de los actores modernos.

Bruno Latour, Nunca fuimos modernos (Buenos Aires: Siglo XXI, 2007), 137-188.

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ticipación en el comercio de la seda)37. Otras cartas, directamente dirigidas al Papa o al Rey luso, procuraban fortalecer vínculos de orden político y religioso, en el marco de una cristiandad quinientista en crisis. Y también las epístolas, en algunos casos, fueron editadas y transformadas en libros europeos, concebidos para un público lector mucho mayor38. Por otra parte, desde el siglo XVI proliferaron catecismos pensados para cada sociedad pagana, como el de José de Acosta para Perú (1584-5), el de Valignano para Japón (1586) o el de Matteo Ricci para China (1603)39. Estos modos de leer, que evidencian la productividad semiótica de la red, aquí se llamarán circulación del discurso jesuita.

En ambas vías de la evangelización —desde el centro o desde la periferia, aquellas enunciadas por Teotônio de Bragança en la dedicatoria a las Cartas de Évora— se desarrollaron estrategias discursivas peculiares, complementarias en su conjunto, en las que es preciso detenerse para comprender cómo funcionaba esta red. Se tratará, primero, la traducción como estrategia privilegiada del trabajo en la periferia; y luego, la edición como procedimiento propio del centro. Para ello se trabajará a partir de la noción de circulación antes mencionada, que también señala la conexión del análisis discursivo con el histórico. Pues la producción semiótica sólo puede entenderse como reconocimiento, y, en el mismo sentido, es necesariamente histórica: la interacción de un discurso con otros, así como su distribución a lo largo de la historia, condicionan la producción de nuevos discursos. De esta manera, en los dos apartados que siguen se tomará como corpus de trabajo un epistolario —las ya mencionadas Cartas de Évora— editado en el centro de la red; su estudio permitirá indagar la circulación de los discursos de los misioneros y su productividad. Esta edición, impresa en portugués por impulso del Arzobispo de Évora en 1598, será considerada como fuente en dos sentidos precisos, que Verón denomina producción y reconocimiento40.

Así, sobre la producción del discurso jesuita sobre (y en) Japón, las Cartas de Évora permiten reconstruir las estrategias elaboradas en la misión —como por ejemplo, las formas de traducción al o del japonés—. En este sentido, se evidencian allí las condiciones propias de la misión, que estipularon la producción de las misivas. Vale aclarar que en este nivel del análisis, si bien se entiende que las cartas tenían tanto emisores como destinatarios miembros de la Compañía de Jesús, es preciso contemplar la noción de enunciatario en un sentido amplio, comprendiendo más bien a los japoneses —en cuanto colectivo-enunciatario de la evangelización—. Así, se debe considerar a los misioneros en la periferia como enunciadores que se diferencian, por un lado, de sus enunciatarios paganos y, por el otro, de sus correligionarios en terreno europeo.

37 Federico Palomo, “Corregir letras para unir espíritus. Los jesuitas y las cartas edificantes en el Portugal del siglo XVI”. Cuadernos de Historia Moderna IV (2005): 57-81.

38 A modo de ejemplo pueden mencionarse los epistolarios impresos en Coímbra en 1555, 1570, 1575; en Évora, en 1598; en Lisboa, en 1588, 1589, 1593. Jose Manuel García, “Apresentação”, 11-43.

39 Para un análisis del catequismo de Valignano, titulado Catechismus cristianae fidei, in quo veritas nostrae religiones ostenditur, et sectas japonenses confutantur, ver: Jacques Proust, L’Europe au prisme du Japon (París: Michel Albin, 1997), 34-45. Para un análisis comparativo de las obras de Acosta y Ricci, ver: Hosne, The Jesuit Missions.

40 En palabras de Eliseo Verón: “Las relaciones de los discursos con sus condiciones de producción, por una parte, y con sus condiciones de reconocimiento por la otra, deben poder representarse de forma sistemática; debemos tener en cuenta reglas de generación y reglas de lectura: en el primer caso se habla de gramáticas de producción y en el segundo, de gramáticas de reconocimiento”. Verón, La semiosis social, 129.

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Entretanto, sobre el reconocimiento del discurso de los jesuitas acerca de Japón, las cartas resultan interesante por la forma en que fueron leídas y circularon en el Viejo Mundo. Para ello, se indaga la conformación, en el centro, de una gramática de recepción de los textos producidos en la periferia. La principal operación con la que se cuenta aquí es la edición de las cartas en el soporte del libro impreso, por lo que para ello es necesario remitir a condiciones de recepción de esta textualidad, como el carácter institucional de la Compañía en el marco de la Iglesia católica en Europa o su vínculo con el Imperio portugués.

4.1. Estrategias en la periferia: formas de traducir La traducción, entonces, constituyó una estrategia discursiva distintiva de los jesuitas en Japón.

Para cumplir con el objetivo general de la evangelización, la Compañía de Jesús le dio importancia fundamental al conocimiento de la lengua de los “otros”, por lo cual los jesuitas fueron conocidos como grandes traductores41. Se entiende aquí por traducción, primeramente, una operación interlingüística, por la cual un término de un lenguaje se asocia con un término de otro lenguaje. En palabras de George Steiner: “[…] el modelo esquemático de la traducción es el de un mensaje proveniente de una lengua-fuente que pasa a través de una lengua receptor, luego de haber sufrido un proceso de transformación. El escollo reside en el hecho evidente de que una lengua difiere de otra, y para que el mensaje logre ‛pasar’ es necesario que se dé esa transformación interpretativa”42.

En esta “transformación interpretativa”, la traducción adquiere un alcance mayor, no únicamente lingüístico, sino también cultural, al implicar la puesta en marcha de procedimientos de comprensión y heurística que parten de determinados supuestos sobre la cultura de origen y la receptora. En este sentido específico, aquí se propone leer la relevancia de la traducción en los procesos evangelizadores de la temprana modernidad, por cuanto traducir fue un paso necesario para transmitir la doctrina cristiana, considerada como signo de una concepción religiosa más amplia.

La traducción así concebida, como acto de interpretación cultural, debe ser puesta en relación con el contexto del sistema-mundo moderno, mientras que la traducción como práctica concreta constituyó una estrategia discursiva solidaria con la construcción del pagano en cuanto colectivo enunciatario del discurso evangelizador, y, en el mismo movimiento, el jesuita legitimó su lugar en cuanto enunciador. En el caso japonés, estos vínculos se vuelven evidentes al analizar las transformaciones de las prácticas de la traducción, que en los primeros años de experiencia misional mutaron radicalmente, como se verá a continuación.

Respecto a los primeros seis años de misión jesuita en Japón se han diferenciado tres concepciones consecutivas sobre la lengua del otro: un primer estadio, en el que se suponía la traductibilidad de la religión cristiana al japonés; un segundo momento de transición, en el que se comprendió 41 Sobre este punto, Gaune enfoca en el rol histórico de los jesuitas como traductores entre dos sociedades. Rafael Gaune, “El jesuita como traductor. Organización, circulación y dinámicas de la Compañía de Jesús en Santiago de Chile, 1593-1598”. Historia Crítica n.° 50 (2013): 13-36, doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit50.2013.01. Por su parte, Fermín del Pino-Díaz, retomando la obra de Wolfgang Reinhard sobre la materia, enfatiza la importancia que le otorgaron los jesuitas a la traducción, por la cual se encuentran entre los autores de gramáticas pioneras de los idiomas “nativos”, tanto de América como de Asia. Fermín del Pino-Díaz, “El poder material en la estrategia religiosa jesuita. A propósito de un centenario”. Relectiones n.º 3 (2016): 1-23.

42 George Steiner, Después de Babel. Aspectos del lenguaje y la traducción (México: FCE, 2001), 49-50.

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la compleja polisemia de los kanji43; y un tercer y último período, en el que la lengua japonesa se entendió como “falsa” para expresar el cristianismo. Esta transformación, producto de las experiencias de los misioneros como traductores y sus estudios del japonés, se detallará a través de una serie de ejemplos. Sobre el primer punto, al arribar a Kagoshima en 1549, Francisco Xavier, Juan Fernández y Cosme de Torres entraron en contacto por primera vez con los sonidos de la lengua de Satsuma44. Para cumplir con este objetivo contaban con la ayuda invaluable de un mediador, el japonés converso Anjiro, a quien Francisco había conocido antes de emprender el viaje al archipiélago y que oficiaba de intérprete en las conversaciones entre los jesuitas y los locales. En Goa, Anjiro había glosado la vida del Buda histórico para Cosme de Torres y Nicolao Lancilotto; este último firmó un texto en italiano basado en los dichos del nipón, que se difundió en Europa y que será retomado hacia el final de este análisis45. En una célebre carta fechada el 5 de noviembre de 1549, Francisco Xavier menciona a Anjiro bajo su nombre cristiano, Paulo de Santa Fe, y señala: “[…] este invierno nos ocuparemos de hacer una declaración sobre los Artículos de la fe en lengua de Japón, un poco extensa, para hacerla imprimir, pues toda la gente importante sabe leer y escribir; para que [así] se entienda nuestra santa fe, y se extienda por muchas partes, dado que a todas no podremos acudir. Paulo nuestro queridísimo hermano traducirá en su lengua fielmente todo”46.

Para este año, la forma idónea de suplir la escasez de misioneros descansaba en la escritura: para que la doctrina se “extendiera” sobre territorio nipón era necesario imprimirla en la lengua local. Este privilegio de la impresión como estrategia proselitista era, en la Europa de la Contrarreforma, moneda corriente47, pero aquí interesa marcar que el fundamento de esta estrategia era una total confianza en la versatilidad del japonés para expresar “fielmente” las nociones cristianas.

La lengua concebida como simple instrumento para la expansión de la fe. Por otra parte, en el segundo punto, cuando en 1551 Francisco Xavier partió rumbo a China, asignó como Superior de la misión japonesa a Cosme de Torres. En una epístola del 29 de septiembre de 1551, este jesuita valenciano narra: “El padre Maestro Francisco [Xavier] escribió muy largamente el año que llegó aquí sobre todas las cosas que pasamos por el camino, y muchas cosas que había en esta tierra,

43 Los kanji son caracteres japoneses, de origen chino, cuyas lecturas y cuyos significados pueden variar según el contexto de uso.

44 En el momento de la llegada de la Compañía convivían en el archipiélago nipón una multiplicidad de “dialectos” regionales. Hasta la Época Meiji (1868-1912) no es correcto hablar del japonés como una lengua nacional oficial.

Sin olvidar esta característica, se hace referencia de forma genérica al “japonés” como la lengua pagana.

45 Juan Ruiz-de-Medina, Documentos del Japón 1547-1557 (Roma: Instituto Histórico de la Compañía de Jesús, 1990), 44-69.

46 En portugués, “este inverno nos occuparemos em fazer hua declaração sobre os Artigos da fé em lingoa de Iapam, algum tanto copiosa, para a fazer imprimir, pois toda a gente principal sabe ler & escrever, para que se entenda nossa santa fê, & se estenda por muitas partes, pois a todas não podemos acudir. Paulo nosso caríssimo irmão tresladará em sua lingoa fielmente tudo”. Cartas que os padres e irmãos da Companhia, 15r. Cursivas de los autores.

47 Anderson, Comunidades imaginadas, 65-66.

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aunque entonces teníamos de todo esto poca experiencia; después, hemos entendido alguna cosa sobre la lengua, y se descubrieron grandes laberintos”48.

En 1551, el idioma japonés ya no es concebido como un instrumento de propagación de la fe europea, sino que comienza a ser vislumbrado en su complejidad: la lengua pasa a ser signo del alto nivel de la civilidad nipona. Se evidencia aquí el posicionamiento de los misioneros como agentes de la evangelización en la periferia de la red, territorio sobre el que adquieren la experiencia necesaria para advertir a los jesuitas del centro sobre las dificultades de la empresa. Cuatro años después, a propósito del tercer punto antes anunciado, el jesuita portugués Baltasar Gago explica en una epístola ciertas particularidades de la lengua japonesa que pasaron a la historia de la misión como “reforma de Gago”49: “tienen estos japoneses algunas palabras con las que les predicábamos la verdad desde hace mucho tiempo, las cuales ellos usaban en sus sectas. Estas palabras, en cuanto me di cuenta, las cambié, porque por querer tratar la verdad con palabras de engaño y mentira, ellos entendían falsamente. De manera que en todas las palabras que veo que les resultan perjudiciales, les enseño las nuestras porque […] las suyas son muy diferentes en el corazón de lo que nosotros pretendemos […] sus palabras son falsas para tratar las cosas de Dios”50.

En ruptura definitiva con la mirada de Francisco en 1549, la descripción que brinda Gago sobre la lengua japonesa supone que ya no es posible traducir la doctrina cristiana. En cambio, será necesario intervenir la lengua del otro con las palabras “nuestras” para evitar malentendidos (“entendían falsamente”) y poder expresar “el corazón de lo que nosotros pretendemos”. En continuidad con la idea de Torres de la complejidad de la lengua japonesa, Gago agrega la certeza de que esta lengua no puede vehiculizar la palabra de Dios51.

En su conjunto, las tres cartas muestran una progresiva complejización de la mirada jesuita sobre la lengua nipona, sólo posible tras el trabajo misional en el territorio del otro. Más allá de las diferencias entre las tres concepciones sobre la lengua nipona, es posible reconocer un núcleo invariable, que da cuenta de la conformación de una gramática jesuita de producción. En primer lugar, hay una asociación entre lenguaje escrito y estatus cultural-civilizatorio de la sociedad por convertir, que corresponde a la visión ideológica general de la Compañía, expresada por Acosta.

En segundo lugar, en el mismo trasfondo se encuentra la necesidad de traducir, aunque aquí existe el debate interno sobre cómo hacerlo, que es particular de la misión japonesa. De la combinación 48 “O padre mestre Francisco escreveo mui largo o anno que chegou aquí, todas as cousas que passamos polo camingo, & muitas cousas que avia na terra, ainda que então tinhamos disso pouca experiencia: despois para cá temos entendido algua cousa da lingoa, & se descobrirão grandes laberintos”. Cartas que os padres e irmãos da Companhia, 16v.

49 Adriana Boscaro, Ventura e sventura dei gesuiti nel Giappone (Milán: Cafoscarina, 2008), 8.

50 “Tem estes Japões alguas palavras por onde lhes pregavamos a verdade muito tempo, as quaes elles usão nas suas seitas: nas quaes depois que cai, logo as mudei, porque [por] querer tratar a verdade com palavras de engano, & mentira, fazião elles entendimento falso. De maneira que em todas as palavras que vejo que lhe são perjudiciaes, lhes ensino as nossas mesmas porque […] são as suas muito differentes no coração do que nos pretendemos […] as suas palavras são falsas pera tratar as cousas de Deos”. Cartas que os padres e irmãos da Companhia, 41r.

51 Gago explica este punto a través del ejemplo de 魂 (tamashii), que “quiere decir alma, [pero] también quiere decir demonio”, Cartas que os padres e irmãos da Companhia, 41r. El término funciona como una sinécdoque, en suma, de la lengua nipona, que parece emponzoñada por el demonio que “está arraigado en esta tierra”.

Cartas que os padres e irmãos da Companhia, 40v.

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de ambos niveles es producto la gramática jesuita usada por excelencia en Japón: la acomodación a las costumbres locales como método idóneo para la conversión de los nipones. Fue Valignano quien sistematizó el método durante su primera estadía en Japón (1579-1581) y luego lo llevó a la misión china52. La acomodación como gramática, entonces, no debe pensarse como ahistórica, sino, por el contrario, como resultado de la utilización de las experiencias previas en materia de traducción para la evangelización53.

4.2. Estrategias en el centro: formas de editar Este apartado se centrará en lo que los jesuitas del centro europeo llevaban a cabo para perseguir la “misma conquista” evangelizadora. Sus estrategias, realizadas en el Viejo Mundo, contribuyeron a la formación de una “gramática de reconocimiento”, entendida como la sistematización de las condiciones de reconocimiento de un discurso. En este caso, esta alude a las formas en que comenzaron a editarse (y leerse más allá de los lindes de la Compañía) las cartas que conforman el corpus documental de esta investigación.

Desde la segunda mitad del siglo XVI, los libros de epístolas jesuitas comenzaron a proliferar en toda Europa, y en Portugal en particular54. Esta notoria distribución de textos de autores jesuitas era posible sólo gracias a la utilización sistemática de la imprenta, tecnología que durante todo el siglo XVI europeo contribuyó en especial a la divulgación de textos religiosos. Por un lado, el uso estratégico de la imprenta marcó la división de la Reforma; pero por el otro, se observa que dentro de la Europa católica los libros constituyeron también “instrumentos de propaganda” utilizados por determinadas facciones, ya fueran nacionales o religiosas. Concretamente, es posible pensar en la impresión de epistolarios jesuitas como “estrategia editorial” dentro de una contienda que enfrentaba a los ignacianos con las órdenes mendicantes, a partir de 1580, por la exclusividad de la labor misional en Japón55.

En este marco es posible retomar la red jesuita de informaciones a nivel mundial esbozada al comienzo del artículo. Una vez llegadas a Europa, las cartas de los misioneros en Japón eran copiadas y eventualmente editadas para su circulación en los distintos colegios y casas de la Compañía.

Como señala Federico Palomo, toda misiva debía pasar por el “tamiz romano”56, es decir, por la acuciosa lectura y selección de fragmentos “edificantes” para su divulgación entre jesuitas. Todo aquello que no fuera conveniente para la imagen del instituto ignaciano no debía ser copiado. Este mismo sistema de control institucional y puesta en circulación funcionaba en el momento de editar e imprimir los epistolarios, es decir, cuando la Compañía pensaba en un público lector ampliado.

Se entiende que este proceso no se agotaba en la selección de algunos fragmentos y censura de otros, sino que esto era apenas una etapa dentro de un sistema editorial complejo, que se puede 52 Hosne, The Jesuit Missions, 82-85.

53 Schloesser realiza una discusión sobre la acomodación como retórica de lo singular en el siglo XVI, que contrastaría con la pretensión universalista adoptada en el siglo XVII. Al mismo tiempo, la reivindica como antecedente de las actuales discusiones posmodernas. Stephen Schloesser, “Accommodation as a Rhetorical Principle. Twenty Years after John O’Malley’s The First Jesuits (1993)”. Journal of Jesuit Studies 1, n.° 3 (2014): 347-372, doi: dx.doi.org/10.1163/22141332-00103001 54 João P. Ferro, “A epistolografía no quotidiano dos missionários jesuítas”. Lusitania Sacra V, 2ª serie (1993): 153.

55 Ana Fernandes Pinto, Uma imagem do Japão. A aristocracia guerreira nipónica nas cartas jesuítas de Évora (1598) (Macao: Fundação Oriente, 2004), 20-21.

56 Palomo, “Corregir letras para unir espíritus”, 66.

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conceptualizar como la conformación de una “gramática de reconocimiento”. Como explica Verón: “una gramática de producción define un campo de efectos de sentido posibles: pero la cuestión de saber cuál es, concretamente, la gramática de reconocimiento aplicada a un texto en un momento dado, sigue siendo insoluble a la sola luz de las reglas de producción: sólo puede resolverse en relación con la historia de los textos”57. En otras palabras, aun cuando un texto tiene múltiples interpretaciones posibles, lo que aquí interesa es de qué modo la Compañía sistematizó y legitimó una determinada manera de entenderlos. Este proceso de construcción jesuita de una gramática de reconocimiento de los textos escritos desde Japón se valió de diversas estrategias: la selección de fragmentos del “tamiz romano”, la traducción de las misivas a determinadas lenguas vernáculas, la jerarquización de algunos textos por sobre otros, la lectura sistemática de las epístolas en las casas de la Compañía.

Como muestra de este proceso, resulta útil retomar el derrotero editorial de un texto ya mencionado, en el que el jesuita Nicolao Lancilotto puso por escrito las informaciones que, en Goa, le dio el informante japonés Anjiro/Paulo de Santa Fe. Si bien este “Informe” fue incluido en distintas compilaciones europeas no jesuitas del siglo XVI, no fue publicado por la Compañía de Jesús sino hasta el siglo XX58. Desde el instituto ignaciano, Valignano reprobó duramente su temprana aparición en las prensas europeas: “En una información que anda impressa en italiano y se envió de Goa […] andan otras cosas que, o por Pablo ser malentendido en Goa o por ellos [los escritores jesuitas] las contar mal, queriendo acomodar las cosas de Japón a las nuestras, muchas van exageradas”59.

Esta reflexión de Valignano demuestra que la gramática de reconocimiento de los textos jesuitas sobre Japón se consolidó progresivamente, y siguiendo criterios deliberados. ¿Por qué la Compañía no avaló la publicación del texto de Lancilotto? La razón radica en las permanentes comparaciones que el “Informe” establece entre la vida de Cristo y la de Shakyamuni, el Buda histórico, allí llamado “Sciacca”60. El jesuita italiano equipara ambas figuras y compara la trinidad cristiana con una representación de la deidad nipona con tres rostros61. En su rol como visitador, Valignano mantenía la visión estratégica que emanaba desde el centro jesuita en Europa. En este sentido, la difusión de esta equiparación explícita entre cristianismo y budismo era contraproducente, y era preciso evitarla. Hay que vincular además esta apreciación con aquella otra de Valignano, antes citada, sobre el rechazo a la llegada de misioneros de otras órdenes.

Por otra parte, el uso que hace el jesuita italiano del término secta remite al centro y a cómo las experiencias de la expansión ultramarina europea del siglo XVI se resignificaban y apropiaban en el contexto de la Contrarreforma. Al consultar el Diccionario de Autoridades de la Real Academia Española de 1749, la entrada “secta” en su segunda acepción es definida como el “errór, ù falsa Religión, diversa, ò separada de la verdadera y Cathólica Christiana enseñanza por algun Maestro famoso: como la Secta de Lutéro, Calvino, Mahoma, &c.”62. Desde nuestro

57 Verón, La semiosis social, 130. Cursivas del original.

58 Fue publicado por Ruiz-de-Medina, Documentos del Japón, 44-69.

59 Ruiz-de-Medina, Documentos del Japón, 48.

60 Ver: Edward Conze, El budismo, su esencia y desarrollo (México: FCE, 2013).

61 Ruiz-de-Medina, Documentos del Japón, 53-54.

62 Diccionario de Autoridades (Madrid: Real Academia Española, 1749), <http://web.frl.es/DA.html>.

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punto de vista, a esta cadena significante bien podría añadirse el Buda histórico, como iniciador de otra “falsa religión”. Este punto se consolidó dentro de la gramática de reconocimiento para la cultura japonesa. El budismo fue finalmente entendido por la Compañía como un cuerpo doctrinario “demoníaco”, según las propias palabras de los misioneros, cuyo diálogo o permeabilidad con el cristianismo estaban vedados. Este proceso guarda relación con la experiencia en China, en donde los jesuitas terminaron privilegiando el diálogo con el confucianismo antes que con el budismo63.

La gramática de recepción del discurso jesuita en Japón puede entenderse, así, como un antecedente relevante en el llamado “japonismo”, comprendido como la construcción discursiva occidental sobre Japón, vinculado con la crítica al orientalismo propuesta por Edward Said64.

Ahora bien, en el caso particular de Japón, los misioneros jesuitas ya distinguían claramente la realidad propia de la India (y “Medio Oriente”), de aquella en Japón (y “Extremo Oriente”), como explicita la cita de Acosta. La idea principal que subyace es que se trata de los más civilizados entre los no-civilizados, tensión constitutiva del vínculo de Europa con el Asia del Este.

4.3. Productividad de la red jesuita En este cuarto apartado se parte de la noción de red jesuita para ahondar separadamente en las estrategias propias de su centro y de su periferia. Ahora bien, es necesario recuperar una visión global sobre ambas para lograr vislumbrar la productividad semiótica de la red, esto es, su capacidad de generar conocimiento, ordenarlo en una determinada jerarquía y configurar el saber base del sistema-mundo moderno. Para ello se acudirá a un último caso de análisis: la carta que el jesuita Luis de Almeida envió desde Yokoseura el 25 de octubre de 1562 a sus cofrades en Europa.

Almeida narra allí los viajes que había llevado a cabo por distintas comunidades cristianas de la isla de Kyushu. La misiva, editada y corregida, fue incluida en las Cartas de Évora de 1598. El fragmento más significativo que fue omitido en tal edición remite a la visita de Almeida a una pequeña aldea cristiana de Kagoshima, en donde tiene lugar la siguiente escena:

63 Como ha sido bien estudiado, los ignacianos en China, con Mateo Ricci (1552-1610) a la cabeza, primero se vistieron como bonzos budistas y luego como intelectuales confucianos, en sus intentos por adaptarse a los usos locales en pos del éxito de la evangelización. El cambio de vestimentas puede vincularse con el hecho de que los bonzos no constituían un colectivo social con peso político en el marco cortesano de la ciudad capital. Sobre este tema, la literatura académica es muy abundante, de modo que los lectores pueden remitirse a los siguientes trabajos recientes: Hosne, The Jesuit Missions; Ronnie Po-chia Hsia “The Jesuit Encounter with Buddhism in Ming China”, en Christianity and Culture. Japan and China in Comparison, 1543-1644, editado por Antoni Üceler (Roma: Institutum Historicum Societatis Iesu, 2009), 19-43; Nicolas Standaert, “Christianity Shaped by the Chinese”, en The Cambridge History of Christianity. Reform and Expansion 1500-1660, editado por Ronnie Po-chia Hsia (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), 558-575. Por otra parte, el hecho de borrar la dimensión “religiosa” del confucianismo y su adscripción a la filosofía puede leerse como una interpretación jesuita, como algo no dado en el complejo cultural chino, y que se encuentra actualmente en discusión. Hosne, The Jesuit Missions, 89.

64 Edward Said, Orientalismo (Barcelona: Random House Mondadori, 2002 [1978]). También puede consultarse a: Ines Zupanov, “Jesuit Orientalism. Correspondence between Tomas Pereira and Fernão de Queiros”, en Tomás Pereira S.J. (1646-1708). Life, Work and World, editado por Luis Barreto (Lisboa: Centro Cultural e Científico de Macau, 2010), 43-74.

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“Comenzando a predicarles sobre las cosas de Dios […] me preguntaron si Dainichi era Dios. Ese Dainichi es una de sus deidades. Yo les di muchas razones por las que no era [Dios], con las que quedaron satisfechos. Y me preguntaron por qué el padre Maestro Francisco [Xavier] les había predicado que Dainichi era Dios y que lo adorasen. Y fue por estar mal informado de las leyes de Japón”65.

Desde el punto de vista de la gramática de producción en la periferia de la red, este fragmento indica que las misiones cambiaron la forma de presentar su religión. Si, en una primera instancia, Francisco tentó la homologación del Dios cristiano con Dainichi, tras entrevistarse en Yamaguchi con monjes budistas ordenó dejar a un lado esa terminología. Esta decisión del apóstol forma parte del proceso de sistematización sobre las traducciones y el uso de la lengua nativa para expresar (o no) la doctrina cristiana, que se ha explorado en detalle en el apartado 4.1. Por otra parte, considerando la gramática de recepción en el centro de la red, la eliminación de este fragmento de la carta con vistas a su publicación manifiesta la voluntad de la Compañía de construir una determinada imagen de su accionar en las misiones de ultramar. Es decir, que existe una preocupación consciente por presentarse como eficientes evangelizadores en la propia Europa (tal y como se ha detallado en el apartado 4.2).

Si se consideran por separado, en cada caso se puede identificar un objetivo específico de esta misma operación semiótica. En la periferia, la traducción de Dios aspiraba a la evangelización de los japoneses, y en el centro, la edición del epistolario apuntaba a consolidar el poder jesuita en Europa. Ahora bien, recuperando el carácter global de la red, aquí se puede tomar el caso de la distinción entre Dios y Dainichi como un ejemplo paradigmático de la productividad propia de la red jesuita. Es decir, regresando a los postulados iniciales, se trata de la concepción de la modernidad como un lugar de enunciación —el de aquellos que pueden distinguir mediante el conocimiento—.

Aquí, distinguen entre lo que es (verdadera) religión y lo que no, pues el abandono del término “Dainichi” se debió a que Francisco Xavier comprendió en Yamaguchi que los jesuitas “eran identificados como ‘hombres de Tenjiku’, la tierra madre del budismo”66, es decir, que eran decodificados como una nueva escuela dentro de la misma religión nipona y que los japoneses eran incapaces de verlos como portadores de una nueva (y “verdadera”) fe. Por otra parte, la exclusión deliberada del fragmento de Almeida en la publicación de cartas para su circulación en Europa procura ocultar esa iniciativa de traducción, luego tenida como un error y muestra de la inicial falta de conocimientos de los jesuitas sobre Japón.

En este sentido, recuperar la importancia de la productividad semiótica de la red permite poner en perspectiva el posicionamiento de los jesuitas —y de Europa— en el centro del sistema-mundo moderno. Se puede cuestionar así lo expresado por Dussel67, quien considera que Europa se mantuvo como periferia desde el siglo XVI hasta el XIX porque no poseía una producción económica considerable, si se toman como indicadores los datos del comercio con China. Desde nuestra per65 “Comensando-lhes a pregar das cousas de Deos [...] me preguntarão se Daniche era Deos. O qual Daniche hé hum seu pagode. Eu lhe dei muitas razoes que ho não era, de que se satisfacerão. He isto me preguntarão porque o padre Mestre Francisco lhes avia pregado que Daniche era Deos e que o adorasem. E foi por estar mal emformado das leis de Japão, polas quais têm os japões que o Daniche he o criador e primeiro princípio das cousas.”

Ruiz-de-Medina, Documentos del Japón, 547.

66 Urs App, The Cult of Emptiness (Kioto: UniversityMedia, 2012), 14.

67 Enrique Dussel, “Sistema-mundo y ‘transmodernidad’”, en Modernidades coloniales, coordinado por Saurabh Dube, et al. (México: El Colegio de México, 2004), 261-286.

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spectiva, el criterio allí sostenido por Dussel —el factor económico-comercial— resulta adecuado para pensar la modernidad-mundo en su segunda etapa, de carácter marcadamente mercantil, pero no para reflexionar sobre la primera modernidad, que aquí se estudia, pues la expansión ultramarina europea del siglo XVI se legitima, más que en el manejo privilegiado de las rutas comerciales interoceánicas, en una determinada idea de civilidad.

Conclusiones En este artículo se ha estudiado el llamado “siglo cristiano en Japón” haciendo especial foco en sus primeros años. Desde la perspectiva del análisis del discurso se abordó la construcción de una red de información a nivel mundial por parte de la Compañía de Jesús, institución que se volvió enunciadora de una determinada visión sobre la modernidad-mundo. El acto de enunciación, materializado en la construcción de una red semiótica jesuita, devino cimiento del sistema-mundo moderno. En este sentido, la “verdad” de la religión cristiana se constituyó como parámetro de este nuevo orden.

Así, el debate interno de los primeros años de la Compañía sobre el carácter de los japoneses contemplaba su lugar dentro del mundo cristiano, es decir, su cercanía con la posibilidad de alcanzar esa religión. La controversia específica sobre las formas de traducción corresponde también a este asunto más general. Por otra parte, desde el punto de vista de Europa, el conocimiento acerca de Japón se vinculaba al lugar que este adoptaba dentro del sistema-mundo emergente.

A pesar de la definitiva expulsión de los misioneros y la persecución contra los cristianos conversos desde finales del siglo XVI, entonces, la misión no puede considerarse un fracaso68. Por el contrario, la productividad de la red jesuita de información a nivel global se evidenció en diversos niveles. Por ejemplo, en el plano de la evangelización en las periferias de ultramar, la rápida circulación de las noticias de los mártires en Japón devino material de edificación espiritual tanto para las misiones americanas como para la comunidad cristiana europea69. Luego, en el caso específico de las misiones asiáticas, la experiencia nipona funcionó como “laboratorio” de las estrategias de traducción y adaptación, que luego se siguieron desarrollando en la misión china. Por último, la productividad de la red también se materializó en el Viejo Mundo, en forma de libros que nutrieron el imaginario europeo no sólo sobre el archipiélago nipón sino también sobre sí mismo, constituyéndose como un antecedente del discurso “orientalista”.

Así, este artículo busca contribuir a las perspectivas que critican la noción de modernidad como secularización. En este sentido, deja ver de qué manera los misioneros jesuitas contribuyeron a la configuración del mundo moderno marcadamente centrado en Europa y con una serie de diversas periferias sobre las cuales expandirse militar o ideológicamente. La labor de los jesuitas en Japón, según se ha analizado, puede sistematizarse según el territorio de acción, con estrategias específicas en cada caso: la traducción en la periferia; la edición en el centro.

68 Esta lectura ha sido sugerida, por ejemplo, por Antonio Cabezas García, cuando señala que esta experiencia fue “la historia del fracaso de este país para aceptar las formas de vida mejores que se le ofrecían desde Europa”.

Antonio Cabezas García, El siglo ibérico de Japón (Sevilla: Universidad de Valladolid, 1995), 582.

69 Sobre la proliferación de ediciones acerca de los mártires de Japón, ver: Ana Fernandes Pinto, “‘Tragédia mais gloriosa que dolorosa’: o discurso missionário sobre a perseguição aos cristãos no regime Tokugawa na imprensa europeia (1598-1652)” (tesis de doctorado, Universidade Nova de Lisboa, 2014).

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Traducir, editar, evangelizar: el discurso jesuita del “siglo cristiano en Japón” Paula Hoyos Hattori | Pablo Gavirati Miyashiro

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❧ Paula Hoyos Hattori Profesora de la cátedra de Literatura Europea del Renacimiento de la Universidad de Buenos Aires (Argentina) y becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET). Licenciada y Profesora de enseñanza media y superior en Letras por esta misma universidad. Actualmente desarrolla su tesis acerca de epístolas jesuitas redactadas desde Japón entre 1549 y 1590. Ha publicado “Políticas editoriales en las cartas jesuitas de Japón”. Anuario de la Escuela de Historia Virtual n° 8 (2015): 90-109. paulahoyosh@gmail.com

Pablo Gavirati Miyashiro

Docente de la materia “China, Corea y Japón: una mirada histórica, política, económica y cultural del Este Asiático” de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Doctor en Ciencias Sociales por esta misma universidad. Becario posdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET). Integrante del Grupo de Estudios del Este Asiático. Entre sus publicaciones recientes se encuentra: “El discurso diplomático. Notas sobre la expresión de la politicidad en la era planetaria”. Avatares de la Comunicación y la Cultura n° 8 (2014): 1-16. pablogavirati@gmail.com

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Veintiuna líneas que cambiaron la Historia de la Ciencia en Nueva Granada y su relación con la Metrópoli. Análisis de la descripción de la Flora de Bogotá de Francisco Antonio Zea a Antonio José Cavanilles❧ José Antonio Amaya

Universidad Nacional de Colombia

Julián Rendón Acosta

Universidad Nacional de Colombia

doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit63.2017.02

Artículo recibido: 14 de marzo de 2016/ Aprobado: 26 de agosto de 2016/ Modificado: 13 de septiembre de 2016

Resumen: Este artículo analiza el discurso que Antonio José Cavanilles (1745-1804) dio a una descripción de Francisco Antonio Zea (1766-1822) de la Flora de Bogotá (1798), en “Materiales para la historia de la botánica” (1800) —Anales de Historia Natural, primera revista española dedicada a las ciencias—. Esta representación contribuyó a magnificar la imagen de José Celestino Mutis (1732-1808) y su obra, y convirtió la botánica de Nueva Granada en lugar de honor de España, tras cuarenta años de marginación. Su impacto en la Península durante más de quince años la impuso como referente para trasladar manu militari el gabinete de la Expedición Botánica a Madrid (1817).

Palabras clave: Expedición científica, botánica, flora, Colombia, España (Thesaurus); siglo XIX, representación (Autores).

Twenty-one Lines that Changed the History of Science in Nueva Granada and Its Relation to the Metropolis. Analysis of the Description of the Flora de Bogotá by Francisco Antonio Zea to Antonio José Cavanilles Abstract: This article analyzes the discourse that Antonio José Cavanilles (1745-1804) gave to a description

by Francisco Antonio Zea (1766-1822) of the Flora de Bogotá (1798), en “Materiales para la historia de la botánica” (1800) —Anales de Historia Natural, the first Spanish journal dedicated to the sciences. This representation contributed to magnifying the image of José Celestino Mutis (1732-1808) and his work, and gave the botany of Nueva Granada a place of honor in Spain after forty years of marginalization. Its impact in the Iberian Peninsula during more than fifteen years imposed it as a reference point for moving manu militari the cabinet of the Botanical Expedition to Madrid (1817).

Keywords: scientific expedition, botany, flora, Colombia, Spain (Thesaurus); representation, 19th century, (Authors’).

❧ El presente artículo es el segundo avance del proyecto “Ciencia y Representación: Francisco Antonio Zea

(1766-1822): sus noticias acerca del gabinete de Mutis y su proyecto de trasladarlo a Madrid (1798-1804)”, investigación financiada por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH, Colombia), en la Convocatoria para Investigación en Historia Colonial, edición 2015. Su contenido se socializó en: Seminario Permanente del Grupo de Estudios Sociales de la Ciencia, la Tecnología y la Medicina (GESCTM), Bogotá, 2 de marzo, 2015; XVII Congreso de Historia de Colombia, Bogotá, 5-10 de octubre, 2015; Seminario internacional “Las Restauraciones monárquicas entre Europa y América”, Bogotá, 17-18 de noviembre, 2015; Ier Seminario Internacional “Colombia y Chile: ciencia, pensamiento y comunicación en lengua española”, Moscú, 20 de noviembre, 2015. Los autores agradecen la colaboración de Monsieur Michel Lille, investigador independiente.

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Veintiuna líneas que cambiaron la Historia de la Ciencia en Nueva Granada y su relación con la Metrópoli José Antonio Amaya | Julián Rendón Acosta

Vinte e uma linhas que mudaram a história da ciência na Nova Granada e sua relação com a metrópole. Análise da descrição da Flora de Bogotá, de Francisco Antonio Zea a Antonio José Cavanilles Resumo: Este artigo analisa o discurso que Antonio José Cavanilles (1745-1804) deu a uma descrição de Francisco Antonio Zea (1766-1822) da Flora de Bogotá (1798), em “Materiales para la historia de la botánica” (1800) —Anales de Historia Natural, primeira revista espanhola dedicada às ciências—. Essa representação contribuiu para magnificar a imagem de José Celestino Mutis (1732-1808) e sua obra, e converteu a botânica da Nova Granada em lugar de honra da Espanha, após quarenta anos de marginalidade. Seu impacto na Península durante mais de quinze anos a impôs como referente para transferir manu militari o gabinete da Expedição Botânica a Madri (1817).

Palavras-chave: botânica, Colômbia, Espanha, expedição científica, flora (Thesaurus); representação, século XIX (Autores).

Introducción Bachiller en Filosofía, Francisco Antonio Zea abandonó Popayán en 1786, para iniciar estudios de jurisprudencia en el Colegio Mayor de San Bartolomé en Santafé1. Tras publicar las dos primeras entregas de “Avisos de Hebephilo” en el Papel Periódico de la Ciudad de Santafé de Bogotá, el 1º y el 8 de abril de 1791, fue blanco de la censura por “algunos sujetos encargados de la enseñanza publica”2. El 11 de noviembre siguiente fue integrado como Segundo Agregado de la Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada (1783-1816), dirigida por José Celestino Mutis3. En agosto de 1793, con motivo de su frecuentación del Arcano Sublime de la Filantropía, tertulia dirigida por Antonio Nariño (1765-1823), donde se leían obras prohibidas relacionadas con los filósofos ilustrados y las revoluciones americana y francesa, Mutis lo envió a realizar excursiones botánicas en Fusagasugá.

Las sospechas que Mutis albergaba de que Zea iría al “presidio y quién sabe qué más”, por sus tratos con Nariño4, se confirmaron cuando en septiembre de 17945 “prendieron a Don Francisco Zea en Fusagasugá”6. Igual suerte corrieron en Santafé, por aquellos días, Nariño, Louis de Rieux, Sinforoso Mutis (1773-1822), José María Cabal (1770-1816) y Enrique Umaña (1771-1854), entre 1 Diana Soto Arango, Francisco Antonio Zea. Un criollo ilustrado (Madrid: Doce Calles, 2000), 23.

2 Manuel del Socorro Rodríguez, “Suplemento”, Santafé de Bogotá, 8 de abril de 1791, en Papel Periódico de la Ciudad de Santafé de Bogotá (Bogotá: Banco de la República, 1978), nº 9, 1 [Edición facsímil].

3 Virrey José Manuel de Ezpeleta (1739-1823) a Mutis, Santafé, 11 de noviembre de 1791, en Archivo epistolar del sabio naturalista don José Celestino Mutis, compilado por Guillermo Hernández de Alba, t.3 (Bogotá: Editorial Kelly, 1975), 268.

4 Mutis a Ignacia Consuegra, Santafé, 21 de abril de 1794, en Archivo epistolar del sabio naturalista don José Celestino Mutis, compilado por Guillermo Hernández de Alba, t.2 (Bogotá: Editorial Kelly, 1968), 100.

5 Soto Arango, Francisco Antonio Zea, 73.

6 Sebastián José López Ruiz (1741-1832) al virrey Antonio Amar y Borbón (1742-1819), Santafé, 12 de enero de 1804, en Historia documental de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada después de la muerte de su Director Don José Celestino Mutis 1808-1852, compilado y editado por Guillermo Hernández de Alba (Bogotá: Fundación Segunda Expedición Botánica/Instituto de Cultura Hispánica, 1986), 125.

Hist. Crit. No. 63 · Enero-marzo · Pp 33-52 · ISSN 0121-1617 · e-ISSN 1900-6152 doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit63.2017.02

otros. Sindicado de “sedición”7, a Zea le suspendieron el sueldo, fue destituido de su cargo8 y “le embargaron varios papeles y libros y los consignaron como pertenecientes a la [Casa] Botánica”9.

Un año después fue desterrado a Cádiz, donde se le encerró en la prisión política del Castillo de San Sebastián, asignándosele luego la ciudad por cárcel10.

Desde allí, Zea entabló relación epistolar con el botánico valenciano Antonio José Cavanilles, domiciliado en Madrid y antagonista de Casimiro Gómez Ortega (1741-1818), director del Real Jardín Botánico de Madrid (RJB). La carta fechada el 27 de diciembre de 1798 contiene información inédita en la época sobre la Flora de Bogotá de Mutis: “Me complace sobremanera el pensamiento de elogiar al Señor Mutis, llamando la atención de Europa sobre [su] FLORA DE BOGOTÁ. – De esta obra que está para publicarse, hay sobre tres mil láminas de colores y otras tantas en negro. […] A la descripción de las plantas acreditadas en aquel reino [de la Nueva Granada] precede la historia de su descubrimiento y aplicaciones, despreciando unas, adoptando otras, que él mismo ha comprobado, e indicando algunas nuevas que pudieran hacerse. […] Los botánicos encontrarán en ella fructificaciones singulares y aún partes desconocidas en las plantas, a que ha sido preciso dar nuevos nombres.

Sus prolijas observaciones sobre el sueño y poligamia de las plantas, sobre sus fructificaciones y otras partes, sobre las fecundaciones recíprocas y las especies híbridas o mestizas, etc., darán a la ciencia luces inesperadas. […] Me olvidaba de advertir que la obra en mi tiempo [como Segundo Agregado de la Expedición Botánica (1791-1794)] pasaba de treinta volúmenes de a cien láminas, pero en el día creo que llegue a cuarenta, porque se han añadido muchas láminas, cuyo total no bajará de cuatro mil”11.

El crédito que Cavanilles le reservó a esta descripción se relaciona sin duda alguna con su estrategia de posicionarse a la cabeza del RJB. Considerando la posición de Zea como agregado durante tres años, infirió la objetividad incuestionable de sus noticias. Para Cavanilles, la relación de Zea con la Flora de Bogotá —o como diría Roger Chartier, con la “realidad sensible”12 de la obra— suponía el estudio de la botánica y el aprendizaje del oficio bajo la dirección de Mutis. Ello incluía 7 Sergio Elías Ortiz, “Francisco Antonio Zea y sus actividades científicas en la conmemoración del Centenario de su nacimiento (1766-1966)”. Boletín Cultural y Bibliográfico 9, nº 5 (1966): 841.

8 “Si no logro algunas ventajas más, no me contento con el empleo que tenía y en que se me restablece”, Zea a Cavanilles, Cádiz, agosto, 1799, en el archivo del Real Jardín Botánico (RJB), Madrid-España, Fondo “Cavanilles” (1765-1818), carpeta 4, leg. 24, f.2v. Cursivas de los autores.

9 López Ruiz a Amar y Borbón, Santafé, 12 de enero de 1804, en Historia documental, 125. El grueso de estos papeles no se conserva al parecer en el Fondo “Real Expedición Botánica al Nuevo Reino de Granada. Mutis”, que guarda el archivo del RJB desde 1817. Sobre los libros confiscados, ver el primer avance de esta investigación, José Antonio Amaya y Julián Rendón Acosta, “La formación de Hebephilo naturalista, 1791-1794”. Fronteras de la Historia 21, n°. 2 (2016): 104-31, doi: dx.doi.org/10.22380/2027468897. Cuadro 2 con sus comentarios.

10 Ortiz, “Francisco Antonio Zea”, 842.

11 Zea a Cavanilles, Cádiz, 27 de diciembre de 1798, en el archivo del RJB, “Cavanilles” (1765-1818), carpeta 4, leg.

24, passim ff.1r-2r. Además de la citada descripción, esta carta incluye una prolija relación de la “Quinología de Bogotá”, de “láminas y descripciones en crecido número de aves, insectos, y algunos cuadrúpedos”; tratados sobre las “mareas atmosféricas”; una “teoría de la tierra”; el “movimiento de la tierra”; mineralogía y agricultura del Nuevo Reino de Granada, entre otros tópicos.

12 Roger Chartier, El mundo como representación. Historia cultural: entre práctica y representación (Barcelona: Gedisa, 1992), 74.

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lecturas, exploraciones, descripciones, formación de herbarios, etc., todo destinado a la citada flora. A este conjunto de experiencia pertenecen desde luego las vivencias de Zea en la sede de la Expedición, donde vivió como pensionado bajo el mismo techo que Mutis, sin olvidar el recuerdo que guardaba de todo aquello. Las teorías de la representación de Louis Marin, Roger Chartier y Pierre Bourdieu ayudan a entender cómo construyó Cavanilles su relato de la Flora en su artículo “Materiales para la historia de la botánica”13, destinado a persuadir a la Corona y al público ilustrado de que lo puesto en impreso denotaba la materialidad de la obra14.

La representación fluye en ondas sucesivas. En la primera se despliega la experiencia de Zea, real o supuesta, y se condensa en la descripción citada. Luego Cavanilles transforma estas ideas, ratificando y amplificando la realidad sensible que él mismo detentaba: los materiales del Caryocar amigdaliferum publicados en 1797-179815. A partir de una resignificación lingüística de la nueva información, organiza su propia representación narrativa16 (“Materiales”), cuya realidad textual genera sentido: efecto de sustitución o efecto de presencia17; de tal manera que a través de la descripción detallada, la Flora ausente se torna efectivamente presente allí18. Justo por ello se convierte en lugar de paso obligado para el conocimiento de la Flora de Bogotá, en concordancia con la potencia movilizadora que le comunica la naturaleza simbólica de la descripción de Zea. Esta representación narrativa está condicionada por el lugar de enunciación, por las autoridades que la diseminan y por los signos que se emplean para exponerla.

El análisis de esta representación incluye, claro está, la observación de sus efectos19. La dispersión de la información que sobre la Flora detentaban España y Europa corrió pareja con la renovada focalización de la Corona sobre la botánica continental y ultramarina. La lectura de la representación hizo que todos los sujetos alrededor de la botánica quedaran sometidos a una presión a la inferencia, es decir, ante la voluntad reformista ahora efectiva, todos debieron reaccionar para evitar ser excluidos de los cambios administrativos concomitantes20. Como podrá observarse a través de este estudio, la representación no opera necesariamente sobre la base de un conocimiento científicamente comprobado. Su pretensión de comunicar la verdad no dependió del sustrato material que la fundamentaba, sino de la debilidad de la imaginación21 de los científicos europeos, que se hallaban en la imposibilidad de cotejar con materiales de la obra de Mutis las informaciones difundidas. Las palabras consignadas en la descripción de Zea, y las plasmadas ulteriormente por Cavanilles, se enlazaron a los objetos que supuestamente las acompañaban, 13 Antonio José Cavanilles, “Materiales para la historia de la botánica”, en Anales de Historia Natural 1799-1804, estudio preliminar y edición facsímil de Joaquín Fernández Pérez, t. 2, n° 4 (Madrid: Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología/Doce Calles, 1993), 3-57.

14 Louis Marin, “Poder, representación, imagen”. Prismas 13, n° 2 (2009): 139; Chartier, El mundo como representación, 51.

15 Antonio José Cavanilles, Icones et descriptiones plantarum, quae aut sponte in Hispania crescunt, aut in hortis hospitantur, t. 4 (Madrid: Imprenta Real, 1797-1798), 37-42, Tab. 361 y 362.

16 Marin, “Poder, representación, imagen”, 139.

17 Louis Marin, Politiques de la représentation (París: Kimé, 2005), 72.

18 Marin, “Poder, representación, imagen”, 139.

19 Pierre Bourdieu, Cosas dichas (Barcelona: Gedisa, 2000), 141.

20 Martín Mora, “La teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici”. Athenea Digital 2 (2002): 1-25, doi: dx.doi.org/10.5565/rev/athenead/v1n2.55 21 Chartier, El mundo como representación, 57-58.

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confiriéndoles un poder inusitado a los signos lingüísticos de Zea, que inauguran la senda que conducirá al traslado del gabinete de Mutis a la metrópoli22.

1. La Flora de Bogotá, compañera de prisión Con su arresto, la formación botánica de Zea, iniciada al lado de Mutis desde noviembre de 1791, se interrumpió en 1794, cuando todavía era un aprendiz23. Es posible que lo haya seguido siendo, a pesar del contacto que tuvo con profesores de la talla de Cavanilles, Antoine-Laurent de Jussieu (1748-1836) y Étienne-Pierre Ventenat (1757-1808)24, aunque no se han documentado cursos formales seguidos por Zea al lado de estos profesores. La botánica no parecía ser su fuerte, tenía talento sobresaliente en el manejo de la palabra: “Su conversación era espiritual y su imaginación brillante”25. Baste un ejemplo: en 1798-1799 le declaraba a Cavanilles su intención de redactar un opúsculo titulado “La Corneja”, destinado a desprestigiar la obra de Gómez Ortega26. Careciendo de argumentos, se vio precisado a solicitarle a Cavanilles “algunas luces sobre los errores más notables” de Gómez Ortega: “[r]uego a vuesamerced me comunique cuantas noticias pueda”; “[h]aré de modo que por ningún término se conozca la fuente”27. Zea pretendía instalar las consideraciones de Cavanilles en una retórica seguramente más pugnaz; aunque el asunto de “La Corneja” atraviesa esta correspondencia, el libelo nunca vio la luz, quizá porque en vísperas de viajar a Madrid, Zea temía enemistarse con Gómez Ortega28.

Los rumores y la sindicación no lograron comprometer la relación de Mutis con el prisionero29.

A pesar de la decisión la Real Audiencia de trasladar el expediente al Consejo de Indias (Madrid) y extrañar al sindicado30—, el presbítero Mutis asistió epistolarmente a Zea, convencido de que la 22 La descripción con palabras hace las cosas. Bourdieu, Cosas dichas, 141.

23 Amaya y Rendón, “La formación de Hebephilo”, 117-118.

24 Aubin-Louis Millin, “Notice sur quelques savans botanistes espagnols”, en Magasin encyclopédique, ou Journal des sciences, des lettres et des arts, año 6, tomo 6, (1801): 113, <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4241360/ f112.image>.

25 Aimé Bonpland, “ZÉA (Don Francesco-Antonio)”, en Biographie universelle ancienne et moderne (París: Chez L-G. Michaud, Libraire-Editeur, 1828), 174, <https://archive.org/stream/biographieuniver52michuoft#page/174/ mode/2up>.

26 Zea a Cavanilles, Cádiz, 28 de agosto de 1798, en RJB, “Cavanilles” (1765-1818), carpeta 4, leg. 24, f.1v. “La Corneja tenía como objeto desprestigiar científicamente a Ortega; demostrar sus errores en las descripciones botánicas; el incorrecto método que utilizaba en el curso de botánica que impartía en el Real Jardín Botánico de Madrid y poner en evidencia los daños que sufría el país al ocupar los principales cargos botánicos el señor Ortega”, Diana Soto Arango, “Cavanilles y Zea: una amistad político-científica”. Asclepio 47, n° 1 (1995): 175 [nota 40], doi: dx.doi.org/10.3989/Asclepio.1995.v47.i1.457 27 Zea a Cavanilles, Cádiz, 14 de septiembre de 1798, en RJB, “Cavanilles” (1765-1818), carpeta 4, leg. 24, f.2r.

28 “[…] dentro de veinte días saldr[é] para Madrid. […] no me atrevo todavía a chocar de frente con él [Gómez Ortega]. Esta ha sido la razón de haber suspendido la Corneja”. Zea a Cavanilles, Cádiz, 2 de enero de 1800, en RJB, “Cavanilles” (1765-1818), carpeta 4, leg. 24, f.2r-v.

29 “De allí [Fusagasugá] fue a sacarme la calumnia de algunos enemigos, que algunas distinciones obtenidas en la universidad [beca (1786), cátedra de gramática (1788) y de filosofía (1789)] y la que debí a Mutis, en competencia de muchos pretendientes me habrán conciliado […] Entre tanto, tengo la satisfacción de que las tramas de mis enemigos no me hayan privado de la amistad del Doctor Mutis, por más que lo intentaron”. Zea a Cavanilles, Cádiz, 20 de junio de 1798, en RJB, “Cavanilles” (1765-1818), carpeta 4, leg. 24, f.4v.

30 Soto, Francisco Antonio Zea, 83.

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intriga sería neutralizada y el discípulo reintegrado a la Expedición31. Por su lado, durante la cárcel y el destierro, Zea no dudó de que tras ser liberado sería rehabilitado: “Volveré inmediatamente a América, a donde no tanto me llaman los intereses de mi casa, cuanto mi afición a la botánica”32. El respeto por su protector permanecía intacto todavía: en sus cartas a Cavanilles desde Cádiz, cita a Mutis tres veces sobre cuatro precedido del “Don”, “Doctor” o “Señor”. Sin embargo, el paréntesis gaditano terminó distanciándolo para siempre del maestro. En el momento de la liberación, ya era otro hombre. Aunque continuaba honrando a Mutis, la carta que comunica la nueva a Cavanilles concluye: “[…] no participo a vuesamerced el plan que me propongo para mi expedición botánica. Porque teniendo bastantes recursos para trabajar por separado, estoy en ánimo de despedirme de la expedición de Santafé, y tratar de manejarme por mí mismo. Si no logro algunas ventajas más, no me contento con el empleo que tenía y en que se me restablece”33.

La última frase sugiere que para 1799, tras haber sido declarado por el Consejo de Indias “en libertad, […] sin nota alguna y como si no se hubiera procedido contra” él34, Zea se mostraba seguro de querer regresar a América. Sin embargo, Mutis se opuso al retorno inmediato: “Como yo había escrito [a Mutis] que […] me volvería prontamente, se manifiesta afligido de mi resolución”. Parecía que Mutis era el verdadero interesado en la permanencia de Zea en la Expedición, para compartir con él la edición de la Flora y, llegado el momento, transferirle la responsabilidad.

Para el regreso, Zea contaba quizá con el pago inminente de los sueldos suspendidos, y que sólo percibirá años más tarde35. El dilema era saber si su destino, que asociaba con la explotación de las quinas36, lo conduciría a Santafé o a Antioquia, su provincia natal.

Antes del encarcelamiento, nadie había contemplado la posibilidad de un viaje de estudios de Zea a Europa. Para Mutis, la “Divina providencia” había convertido “la desgracia” de su segundo “en beneficio” de la Expedición37. Constreñirá a Zea a “permanecer dos años en Madrid […] para seguir, de acuerdo con Cavanilles, el plan que [Mutis le] propone”, esto es, perfeccionarse en botánica. Aunque Zea “no pued[e] resolver[se] a tan larga detención, […] deseoso de complacerle, [s] e detendr[á] lo bastante a llenar sus principales ideas”. Desprovisto probablemente de recursos diferentes a los que Mutis le suministraba, tendrá que someterse y anunciarle a Cavanilles su arribo inminente para cumplir la prometida visita, “llevar los buenos libros que encuentre” y tener “la satisfacción […] de participar de [sus] luces”38. De esta enseñanza se conoce poco y nada, aunque algún grado de similitud debió tener con la que Cavanilles dispensará como Primer Profesor del 31 “El D.r Mutis […] no cesa de exhortarme a continuar [la carrera botánica], creyendo […] que puedo en ella valer alguna cosa”. Zea a Cavanilles, Cádiz, 20 de junio de 1798, f.1r.

32 Zea a Cavanilles, Cádiz, 14 de noviembre de 1798, en RJB, “Cavanilles” (1765-1818), carpeta 4, leg. 24, f.1v.

33 Zea a Cavanilles, Cádiz, agosto, 1799, f.2v.

34 Ortiz, “Francisco Antonio Zea”, 842.

35 “Tan bienquisto estaba Zea por la corte que se ordenó […] que se le liquidasen los sueldos había dejado de percibir, […] calculado en total en nueve años, cuatro meses y diez días, o sea la suma de 4.777 pesos”. Ortiz, “Francisco Antonio Zea”, 848, [nota 12].

36 Amaya y Rendón, “La formación de Hebephilo”, 118-119.

37 Mutis a Cavanilles, Santafé, 19 de julio de 1802, en Archivo epistolar de Mutis, t. 2, 185-186.

38 Zea a Cavanilles, Cádiz, 26 de septiembre de 1799, en RJB, “Cavanilles” (1765-1818), carpeta 4, leg. 24, f.2r.

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RJB en 180139. Mutis luchará hasta 1803 por estos objetivos, cuando el discípulo será colocado en el Jardín de Madrid. “Lo siento, pues además de la falta que hará [Zea] a vuesamerced actualmente, ésta será mayor después de sus días”, le comentaba al respecto a Mutis José Ignacio de Pombo (1761-1815), su apoderado comercial en Cartagena40. Este pasaje indica que Mutis veía en Zea a su sucesor, conforme se había legalizado en 1791. Sin embargo, aquellas mismas autoridades fueron las que determinaron retirar a Zea de la Casa Botánica: “[…] fue remitido [a España] […], no tanto por lo que resultaba contra él en la causa seguida por supuesta sublevación, como porque siendo muy hábil y travieso, creyó la Audiencia no convenía su residencia” en Santafé41.

Poco más de dos años después del arribo a Cádiz, Zea todavía se hallaba desprovisto de “algún libro de botánica”42. Su conocimiento de España se circunscribía a aquella ciudad portuaria asentada sobre un diminuto archipiélago de piedra erosionada: aquí “no se encuentra un herbario, apenas hay un libro, y las pocas plantas del que llaman jardín botánico [del Colegio de Cirugía] son conocidísimas”; y lo “aflige el hallar[s]e en lugar y circunstancias de no poder emprender algún trabajo útil”43. Esta “falta de libros elementales y otras proporciones”44, le hizo tomar conciencia de lo excepcional que era la Expedición Botánica, comparada con cuanto había tenido oportunidad de conocer. Su deseo vehemente de regresar a América le impedía considerar un viaje por Europa.

El apoyo de su jefe y los recuerdos del gabinete, todo conspiraba a magnificar su representación de Mutis y su empresa. Así, para él, la Flora de Bogotá superaba las contribuciones más autorizadas en la materia. Por todo ello, colaborará procurándole libros al maestro, que consultaba antes de enviar. Un motivo quizá más imperioso aceleraba sus gestiones: la publicación de la Flora peruviana et chilensis45 anunciada desde 1794 en el Pródromo de la obra: “El S. Mutis me encarga que sin reparar en el dinero le remita cuanto antes las obras que en estos últimos años se hayan publicado sobre plantas americanas y todo cuanto me parezca convenir a la perfección de su flora”46.

Fue el impredecible mercado del libro botánico47 lo que orientó a Zea hacia Cavanilles, naturalista independiente con protectores en la Corte. En la primera carta del 20 de junio de 1798 se había presentado como discípulo, sucesor y continuador de las obras de Mutis, tratando de seducir la vocación magisterial de Cavanilles: “[…] mi afición a la botánica […] disculpará mi atrevimiento en solicitar sus luces para adelantar mis conocimientos. […] Puede ser que vuesamerced no pierda del todo su trabajo, y que si logro 39 Antonio José Cavanilles, Descripcion de las plantas que D. Antonio Josef Cavanilles demostró en las lecciones públicas del año 1801, precedida de los principios elementales de la Botánica (Madrid: Imprenta Real, 1802).

40 Pombo a Mutis, Cartagena, 10 de junio de 1803, en Archivo epistolar del sabio naturalista don José Celestino Mutis, compilado por Guillermo Hernández de Alba, t. 4 (Bogotá: Editorial Kelly, 1975), 109.

41 Mariano Luis de Urquijo (1768-1817), ministro de Estado, a José Antonio Caballero (1754-1821), ministro de Gracia y Justicia de Indias, Madrid, 10 de julio de 1800, Ortiz, “Francisco Antonio Zea”, 842.

42 Zea a Cavanilles, Cádiz, 20 de junio de 1798, f.2r.

43 Zea a Cavanilles, Cádiz, 30 de julio de 1798, en RJB, “Cavanilles” (1765-1818), carpeta 4, leg. 24, f.1v.

44 Zea a Cavanilles, Cádiz, 28 de agosto de 1798, f.2r.

45 Hipólito Ruiz y José Pavón, Flora peruviana, et chilensis, sive Descriptiones, et icones plantarum peruvianarum, et chilensium: secundum systema Linnaeanum digestae, cum characteribus pluriumgenerum evulgatorum reformatis (Madrid: Imprenta de Sancha, t. 1-3, 1798-1802).

46 Zea a Cavanilles, Cádiz, 5 de octubre de 1798, en RJB, “Cavanilles” (1765-1818), carpeta 4, leg. 24, f.1r.

47 “A la verdad no sabía lo que era tratar con comerciantes en asuntos de libros”. Zea a Cavanilles, Cádiz, 12 de octubre de 1798, en RJB, “Cavanilles” (1765-1818), carpeta 4, leg. 24, f.1r.

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volver a mi país, [la provincia de Antioquia, al noroeste del Nuevo Reino de Granada], a quien Mutis llama la Capital de Flora, tenga vuesamerced un corresponsal formado de su mano, que seguramente se esmerará en manifestar su reconocimiento”48.

Le aseguraba que “todos los dependientes del Señor Mutis” lo apoyaban en la lucha contra Gómez Ortega49. Establecía las demarcaciones de rigor calificando el Pródromo de la Flora Peruana, de “una producción informe que no da honor a la botánica española”. En aquella primera carta figura un pasaje que debió retener la atención de Cavanilles: “Mientras no se escriba una obra fundamental sobre la botánica americana, o se publique para modelo la Flora de Bogotá, serán inevitables los yerros en la determinación de especies y variedades y aún en la de los géneros algunas veces, por más hábil que sea el observador. Es necesario mucho conocimiento de los diversos temperamentos de la América, de su varia fecundidad y otras circunstancias locales que influyen en las plantas más de lo que se cree, para no multiplicar especies que muchas veces no son más que variedades”50.

Se trata de los primeros elementos de una descripción “por entregas” sobre los trabajos preparados por Mutis desde 1760, principalmente la Flora de Bogotá. En este fragmento, Zea reivindicaba para la Flora de Bogotá un lugar fundador en el campo de la botánica americana. Para Cavanilles, este testimonio tenía un significado peculiar: aunque Mutis era responsable de una “Expedición Botánica”, no por ello era un mero “colector”51, sino un “botánico”, tal como lo había consignado Linneo en el Supplementum: “Americes summi Botanici”52. Es indudable que Cavanilles conocía representaciones de la obra de Mutis aparecidas en libros de Linneo padre (1707-1778) e hijo (1741-1783) y de James Edward Smith (1759-1828)53. Su interés por las contribuciones españolas al estudio de la flora americana era tanto mayor cuanto que carecía de acceso a los materiales de las expediciones: de Límites54, al

48 Zea a Cavanilles, Cádiz, 20 de junio de 1798, ff.1r.-v.

49 Zea a Cavanilles, Cádiz, 4 de diciembre de 1798, en RJB, “Cavanilles” (1765-1818), carpeta 4, leg. 24, f.2v.

50 Zea a Cavanilles, Cádiz, 20 de junio de 1798, ff.1v.-2r.

51 “No es autor el que coge plantas y semillas y las envia sin el debido examen: y aquel solo es el verdadero autor de una planta, que la hizo conocer al público, […] No es lo mismo ser viajante que Botánico; ni ver plantas y ser Juez competente para determinar la fructificación, género y especie”. Antonio José Cavanilles, Colección de papeles sobre controversias botánicas (Madrid: Imprenta Real, 1796) 12.

52 “El más eminente botánico de las Américas”, en José Antonio Amaya, Mutis, apóstol de Linneo. Historia de la botánica en el virreinato de Nueva Granada (1760-1783), t. 1 (Bogotá: ICANH, 2005), 39.

53 Antonio José Cavanilles, “Materiales”, 29. Se refiere a Carl von Linné, Mantissa plantarum altera generum editionis VI. & specierum editionis II (Holmiae [Estocolmo]: Laurentii Salvii, 1771); Carl von Linné fil., ed., Supplementum plantarum “Systematis vegetabilium” editionis decimae tertiae, “Generum plantarum” editionis sextae et “Specierum plantarum” editionis secundae [quod opus partim C. a Linné, partim F. Ehrhart curaverunt], editum a Carolo a Linné [fil.] (Brunsvigae [Brunswick]: Impensis Orphanotrophei, 1781) y James Edward Smith, Plantarum icones hactenus ineditae: plerumque ad plantas in herbario linneano conservatas delineatae (Londini [Londres]: Typis J. Davis, 1789-1791). Más información sobre las colecciones de Mutis a Linneo padre e hijo, sobre las plantas publicadas en sus obras y en las de Smith, en Amaya, Mutis, apóstol de Linneo, t. 1, 261263, 272-278, 302-309 y 331-340; t. 2, 149-462.

54 Más información sobre los trabajos botánicos de Pehr Löfling (1729-1756) en España (1751-1754) y en la Expedición de Límites (1754-1761), en Amaya, Mutis, apóstol de Linneo, t. 1, 127-200.

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Perú y Chile (1777-1788), y de Nueva España (1787-1803), sin olvidar la consabida negativa de Mutis a enviarle colecciones55.

Si en 1795 Cavanilles se había rehusado a preconizar la inocencia de Zea en la Corte, como Mutis se lo había suplicado56, al recibir esta carta, a principios de julio de 1798, se hallaba convencido de que el criollo sería declarado libre de toda sospecha. Considerando estratégica la información comunicada, decidió cultivar con Zea un vínculo epistolar sin intermediario. La relación se estableció con una carta mensual en promedio, y las gestiones para conseguir bibliografía llegaron a ser el tópico preponderante. Aunque Zea fuera consciente de las informaciones que transmitía en cada misiva, le escapa la lectura global de su propia correspondencia, no así a Cavanilles.

Las observaciones de Mutis eran todo, menos puntuales en el tiempo. Residenciado en el trópico cerca de cuarenta años, había adquirido una familiaridad sin parangón con la flora de su país de adopción en sus ciclos estacionales y crecimiento. Su trabajo de gabinete nada tenía en común con el de botánicos sin mayor experiencia sensible de aquellos países. Lamentaba Zea que la flora americana se hubiera venido trabajando con información libresca o levantando “descripciones […] por plantas secas”, decoloradas, malogradas con frecuencia durante el transporte y separadas de “su propio suelo”. Cuando estos botánicos se jactaban de haber utilizado ejemplares vivos, se referían a plantas aclimatadas, “degeneradas en los jardines”57, que conservaban un vago parecido con las vivas en su sitio natal. Mutis y sus pintores trabajaban sobre plantas al natural; por ello, el resultado de sus investigaciones se le revelaba a Zea incomparablemente superior a cuanto se había publicado en historia natural americana, tanto más que “todos los colores con que están dibujadas [las láminas], son tomados de las mismas plantas”58. Tal punto de vista sería ratificado seis meses después: “Tengo entendido que [Mutis] piensa reunir en un tratado las leyes que ha deducido de sus observaciones, las excepciones que padecen muchas de las de Linneo y algunas ideas suyas para facilitar la práctica botánica; […] entendí que tiene trabajado un curso de botánica americana”59.

55 “Puede ser que el S. Mutis no haya prevenido a vuesamerced tenerle destinado un herbario de todas las plantas de su flora para remitírselo a proporción que las vaya publicando”. Zea a Cavanilles, Cádiz, 5 de octubre de 1798, ff.1r.-v. Cursiva de los autores. Se desconocen detalles acerca de la eventual preparación de este herbario que en todo caso nunca recibió Cavanilles. En cuanto a su publicación en Santafé, Zea escribía: “Dentro de un año comenzará a publicarse Flora de Bogotá. Ya estaba la imprenta cerca de Santafé”, rectificando tres semanas más tarde: “La Flora y Quinología vendrán impresas de Santafé, pero las láminas se grabarán acá [en España]”. Zea a Cavanilles, Cádiz, 4 de diciembre de 1798, f.2r., y 27 de diciembre de 1798, f.4v.

56 Desde Santafé, el 19 de enero de 1795, Mutis le participaba a Cavanilles los conocidos acontecimientos de Santafé en 1794: “[…] los disgustos […] ocasionados por la inconsiderada precipitación de estos ministros [de la Real Audiencia de Santafé], que nos hicieron creer alborotos intestinos de la mayor consideración, y últimamente nos hemos desengañado de la falsedad de aquel concepto. […] Por allá [en la Corte de Madrid] habrá sonado demasiado este acontecimiento y sería razón desengañar […] las personas de alto carácter, con quienes tenga vuesamerced alguna amistad […] Más debemos temer en las actuales circunstancias de todo el mundo revuelto [la Revolución Francesa], de los imprudentísimos procedimientos de estos deslumbrados ministros, por su notoria pasión contra los patricios, que de la sospechada infidencia americana. Aquí, ciertamente, nada se ha tramado [en contra del rey]”, en Archivo epistolar de Mutis, t. 2, 112-113. Entre las personas influyentes que Cavanilles frecuentaba pueden citarse a Manuel Godoy (1767-1851), primer ministro de Carlos IV (1748-1819), y a Pedro de Alcántara Álvarez de Toledo (1768-1841), Duque del Infantado, que no parecen haber intervenido en favor de los criollos sindicados.

57 Zea a Cavanilles, Cádiz, 20 de junio de 1798, f.2v.

58 Zea a Cavanilles, Cádiz, 27 de diciembre de 1798, f.2r.

59 Zea a Cavanilles, Cádiz, 27 de diciembre de 1798, f.2r. Se trata quizá de la única referencia que se conoce sobre este “curso de botánica americana” de Mutis.

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2. Libertad y vientos de reforma Esta relación epistolar se correspondió con el ascenso de Mariano Luis de Urquijo (1769-1817) a la Secretaría de Estado en agosto de 1798, en plena crisis económica. Siguiendo la política esbozada por su antecesor Francisco Saavedra (1746-1819), propuso una reforma de la botánica, comenzando por cambiar la cabeza del edificio. Con este objetivo, solicitó a Cavanilles —y no a Gómez Ortega— un informe acerca del actual estado: “de la Botánica en España, y el del Real Jardín de Madrid. Asimismo una razón de todos los establecimientos y empresas que se han proyectado o formado en este ramo. Causas que pueden haber retardado sus proyectos, medios de determinarlas; plan que se podría adoptar para unir aquellos [establecimientos] a la prudente economía haciendo útil la enseñanza, y que los fondos destinados a este fin produjesen lo que debía esperarse de tantos gastos. […] También deseo saber los sabios que más particularmente se han distinguido en España y América en este ramo [...]”60.

En sus informes, Cavanilles preconizó la necesidad de colocar bajo una misma tutela el conjunto de establecimientos de historia natural, metropolitanos y coloniales, para coordinar su desempeño y disminuir costos. La rentabilización de los descubrimientos hechos o adaptados en estos centros parecía resolverse con el auxilio de la química, que sería aplicada a la mineralogía y después a la botánica, con el propósito de perfeccionar la agricultura. Se abstuvo de “presentar el plan orgánico del ramo de la Botánica, por saber que existe uno completo y solamente adviert[e] cómo este estudio es el más costoso y el de mayor extensión, el que merece el mayor cuidado en lo científico y económico”61.

Se percibe cuán desconocidos le eran los trabajos en historia natural adelantados en Lima y en México; en cuanto a Manila, Louis Née (1734-1803) le había noticiado las fracasadas experiencias62. De este modo, las informaciones recuperadas no le permitían hablar del RJB, y tampoco de los resultados de casi ninguna de las expediciones. En pocas palabras, del conjunto de la botánica imperial, sólo podía echar mano del “establecimiento botánico” de Santafé, bajo la dirección de Mutis, cuyas aspiraciones reformistas había descartado la Corona en 1764, en beneficio de Miguel Barnades (1708-1771), y en 1771, de Gómez Ortega. Fue en esta coyuntura que Cavanilles vinculó a Zea a las reflexiones solicitadas por Urquijo. Apremiado de una descripción del gabinete de Santafé, Cavanilles le recordó al criollo una de sus promesas: “En otra ocasión daré a vuesamerced por mayor una idea de las producciones vegetales de aquel país, tan rico en estas preciosidades, y de la flora que ha de inmortalizar” a Mutis63.

Hay que recordar que no es la Flora de Bogotá en ninguna de sus formas sensibles lo que aquí interesa, sino los signos que movilizó Cavanilles para editar la descripción aportada por Zea. Es su representación lo que hace el objeto del presente análisis, la construcción de una metáfora, de un 60 En Antonio González Bueno, Antonio José Cavanilles (1745-1804). La pasión por la ciencia (Madrid: Doce Calles, 2002), 291 [nota 348].

61 Cavanilles, “Reflexiones para mejorar y organizar las enseñanzas de las ciencias naturales sin los gastos inútiles que hoy ocasionan”, en González, Antonio José Cavanilles, 292 [nota 355].

62 González, Antonio José Cavanilles, 267-270, 291-293, se citan y comentan los informes de Cavanilles a la Secretaría de Estado sobre este tópico, fechados entre 1799 y 1801.

63 Zea a Cavanilles, Cádiz, 20 de junio de 1798, ff.4r.-v.

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delegado suyo64. El propósito de Cavanilles es claro: trazar una historia de la botánica y de los diferentes sistemas de clasificación desde la Antigüedad. Abordó la dimensión internacional del asunto citando exploradores destacados en la publicación de floras exóticas: Adanson (Senegal), Hasselquist (Palestina), Forsskål (Arabia), Gunner (Noruega) y Koenig (Indias Orientales). Enseguida desplegó a los botánicos viajeros a las Américas: Plumier, Feuillé, Joseph de Jussieu, Löfling, Kalm y Aublet. En esta galería ubicó a Mutis y su Flora, tras las líneas dedicadas a la obra plural de Jacquin: “Émulo de Jacquin para disputarse los primeros honores de la Botánica es D. Joseph Celestino Mutis, que nació en Cádiz, y pasó á Santa Fe en 1760. Dotado de un talento superior, y de una aplicación sin límites, ha ilustrado la Medicina, Matemáticas, Física y la Historia natural en todos sus ramos”65.

Esta integración de Mutis a la historia de la botánica occidental rehabilitaba su obra tras cuarenta años de ocultamiento en España. Ahora, en el ocaso de la carrera de Gómez Ortega, a quien Cavanilles y sus protectores denunciaban como responsable de las reiteradas negativas de Mutis a enviar colecciones, se esperaba que este reconocimiento disiparía sus temores y la metrópoli dispondría, por fin, de colecciones del Virreinato de la Nueva Granada. Aunque Zea acababa de ser “restituido en sus honores”66 y se hallaba instalado en Madrid desde principios de 1800, los agradecimientos omitieron su nombre: “Sin la dichosa casualidad de haber tratado á uno de sus discípulos y confidentes [de Mutis], nada sabríamos de quanto queda expuesto”. Lo que sugiere una ratificación presencial en Madrid de lo escrito desde Cádiz.

La edición es crítica porque coteja y complementa la información aportada con fuentes publicadas y manuscritas: “Si ambos Linneos, como igualmente Smith, no hubieran enriquecido sus obras con las plantas, dibuxos y descripciones que Mutis les comunicaba, apenas conocería el público su zelo é instrucción”67. Hasta la publicación por Smith de Plantarum icones, los trabajos de Mutis se conocían a través de la Mantissa de Linneo, y el Supplementum editado por su hijo. Mantissa contiene cinco géneros y siete especies enviados por Mutis en forma de descripciones resumidas por Linneo. El Supplementum presenta cerca de cincuenta plantas de la “Primera” colección enviada por Mutis en 1773, alrededor de veinte de la “Segunda”, de 1777, y dos plantas enviadas en 1778 a Linneo hijo. Smith había adquirido el gabinete de Linneo a finales de 1784, y desde entonces intentó sin éxito entablar correspondencia con Mutis. En 1788, emprendió su obra Plantarum icones con grabados monocromáticos de una veintena de plantas de Mutis remitidas a Linneo, consultando dibujos realizados en Santafé. Se trataba de “antiguas láminas”, elaboradas años antes de la creación de la Expedición. Smith desconocía que desde su fundación, este centro había adoptado el formato gran folio (54,5 x 38 cm) para la iconografía botánica, ahora iluminada68.

La forma escueta de citar, “ambos Linneos” y “Smith”, indica que estos autores, y por ende las plantas de Mutis por ellos publicadas, formaban parte del bagaje botánico de la época. Se ratifica que Mutis enviaba a Suecia “plantas, dibuxos y descripciones”, recayendo sobre los autores/ 64 Louis Marin, La critique du discours sur la “logique de Port-Royal” et les “Pensées” de Pascal (París: Minuit, 1975), 120, 202; Marin, “Poder, representación, imagen”, 53.

65 Cavanilles, “Materiales”, 27-28.

66 Soto, Francisco Antonio Zea, 88.

67 Cavanilles, “Materiales”, 6, 8, 24, 26, 29.

68 Amaya, Mutis, apóstol de Linneo, t. 1, 274, 249, 302, 304 y 333-340.

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editores la responsabilidad de la determinación, que, en los casos en que hubo propuestas del colector, podían resultar ratificadas o modificadas. Era evidente que la primera parte de la obra de Mutis (1760-1783) era mejor conocida en el extranjero. La dependencia de España con respecto a representaciones forjadas en Suecia e Inglaterra hubiera podido superarse con la diligencia de Real Gabinete de Historia Natural de Madrid, para publicar la colección de Mutis recibida en 1777 y que constaba de 86 especies diferentes y 43 dibujos de plantas, entre otros materiales69.

No es arriesgado pensar que Cavanilles se proponía ocupar el lugar de los Linneo cuando determinó entablar correspondencia con Mutis en 1786. El epistolario resultante se prolongó hasta 1803 y contiene no menos de ocho solicitudes y requerimientos de materiales nunca satisfechos70. Todavía en 1800 continuaba resuelto a conocer las plantas de la Flora de Bogotá, actuando ahora con la certeza de su nombramiento inminente en el RJB. Mutis, Botánico del Rey, se había obligado motu proprio a coordinar en América la totalidad de un proceso que iba desde la recolección hasta la construcción y publicación del hecho científico, pasando por la disección, la conservación, la descripción, el dibujo, la clasificación, la redacción de notas eruditas, usos medicinales y alimenticios, por lo principal. Gómez Ortega se opuso desde 1783, con razón, a esta estrategia y, viéndose impotente para impedirla, dejó que el gaditano procediera a su guisa71.

Se entiende que, desde la creación de la Expedición, Mutis no podía satisfacer requerimientos de plantas consideradas inéditas. Incluso en 1785, ante el regreso a Francia del naturalista Joseph Dombey (1742-1794) con ricas colecciones de la Expedición al Perú y Chile, y para asegurar sus descubrimientos, Mutis propuso publicar un pródromo de su Flora bajo los auspicios de la Academia de Ciencias de Estocolmo. El virrey Antonio Caballero y Góngora (1723-1796) se rehusó a extender el permiso72, negativa que dejó intacta la posición de Mutis frente a Madrid. Por lo demás, Zea le advirtió a Cavanilles que sólo recibiría plantas después que Mutis las publicara por cuenta propia.

Para contribuir al prestigio de Mutis, Cavanilles no dudó en ir más allá del testimonio de Zea, asegurando que el gaditano “ha logrado, en fin, después de quarenta años de tareas, completar la Flora de la Nueva-Granada, que consta hoy día de quatro mil dibuxos, y de otras tantas descripciones”73. Tal y como ocurrió con Zea, omitió referirse al herbario y a las esperables novedades genéricas y específicas de la Flora de Bogotá, dos informaciones indispensables para anunciar la novedad/utilidad de este tipo de obra. Justificaba que ningún volumen se hallaba todavía a disposición del público, asegurando que “la modestia y la desconfianza que como á sabio tiene Mutis de sí mismo, le hace diferir la publicación de sus obras, que lima y perfecciona después de concluidas”74.

69 Amaya, Mutis, apóstol de Linneo, t. 1, 268-272; t. 2, 526-545.

70 Ver cartas de Cavanilles a Mutis en Archivo epistolar de Mutis, t. 3, 200-215. Ver cartas de Mutis a Cavanilles en Archivo epistolar de Mutis, t. 2, 105-107, 112-113, 184-187, 200-202, 202-204.

71 José Antonio Amaya y James Vladimir Torres Moreno, “La Expedición Botánica a la luz de las cifras, 1783-1816”, en Ensamblando estados, t. 1 Proyecto Ensamblado en Colombia, editado por Olga Restrepo (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Centro de Estudios Sociales [CES], 2013), 48-49.

72 Amaya, Mutis, apóstol de Linneo, t. 1, 314-315; t. 2, 517-520.

73 “Este atributo cuantitativo inédito en el mundo de aquel entonces abrumó y continúa abrumando”. Amaya y Rendón, “La formación de Hebephilo”, 109.

74 Cavanilles, “Materiales”, 28-29.

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A semejanza de Linneo y de Gómez Ortega, Cavanilles denunció el lujo excesivo de algunas obras por considerarlo incompatible con la “pobreza, fiel compañera de los literatos”, que impide que lleguen “á las manos de los que sacrifican su talento y fuerzas para extender los límites de la Botánica”. No obstante, no dudó en reconocerle a Mutis “la hermosura, verdad y colorido de […] dibuxos [que] compiten con las obras de Smith; que sus descripciones son completas, y que sus observaciones botánicas, médicas y económicas son de la mayor importancia”75. Se guardó, eso sí, de mencionar el formato “gran folio” imperial elegido por Mutis, impublicable en España por razones técnicas y económicas.

Concluye esta sección transcribiendo al pie de la letra los dos primeros párrafos de la comunicación de Zea sobre la Quinología de Mutis, aunque aquel le había avisado en la misma carta: “Tengo a mano los números del [Papel] Periódico de [la ciudad de] Santafé, en que se publicó gran parte de este tratado76, para extender en el reino su práctica. A veces he pensado en remitir a la [Real] Academia Médica [de Madrid] un extracto, o publicarlo […]. Espero el dictamen de vuesamerced sobre hacer o no el extracto indicado”77.

Finalmente, Cavanilles dará su aval. En septiembre de 1800, en el número 5 de Anales, Zea publicará la “Memoria sobre la quina”78, donde se resumen las investigaciones de Mutis y se defienden las quinas santafereñas de ataques consignados en el tomo 2º de la Flora peruviana (1799).

Esta representación narrativa le indicaba al mundo ilustrado cómo “el más eminente botánico de las Américas” se había transformado en un naturalista consumado, de saber enciclopédico, con capacidad de trabajo excepcional, que adelantaba en una colonia una obra mayor de historia natural, en particular una Flora, donde “verán algún día los Botánicos fructificaciones singulares, y aún partes desconocidas en las plantas”79. Aunque Cavanilles sea reconocido como un ilustre discípulo de la botánica parisina80, sus afirmaciones no dejan de sorprender, tanto más que para los naturalistas de la época, el estado decadente del RJB, y consecuentemente del conjunto de la botánica española, era notorio, conforme al diagnóstico de Cavanilles a Urquijo en 179981.

Como acaba de verse, Cavanilles no se limitó a reproducir la descripción de Zea, sino que la desinstaló de su ecosistema original, esto es, una correspondencia privada, y la complementó con

75 Cavanilles, “Materiales”, 23, 29.

76 Se refiere a José Celestino Mutis, “El Arcano de la Quina, revelado a beneficio de la Humanidad”, que vio la luz en Papel Periódico de Santafé desde el 10 de mayo de 1793 (nº 89) hasta el 7 de febrero de 1794 (nº 128).

77 Zea a Cavanilles, Cádiz, 27 de diciembre de 1798, ff.3v.-4r.

78 Francisco Antonio Zea, “Memoria sobre la quina según los principios del Sr. Mutis por D. Francisco Antonio Zea, Botánico de la expedición de Santa Fe, y discípulo del mismo Sr. Mutis, Director de ella”. Anales de Historia Natural 1799-1804, estudio preliminar y edición facsímil de Joaquín Fernández Pérez, t. 2, n° 5 (Madrid: Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología/Doce Calles, 1993), 196-235.

79 Cavanilles, “Materiales”, 28.

80 Cavanilles se formó en París en el Jardin du roi, desde 1793 Muséum National d’Histoire Naturelle, dirigido por Georges-Louis Leclerc de Buffon (1707-1788), y donde trabajaban además André Thouin (1747-1824), Antoine-Laurent de Jussieu y Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829). Francisco Tomás Vert, “Botànic Cavanilles per sempre”, en Antonio José Cavanilles (1745-1804). Segundo centenario de la muerte de un gran botánico (Valencia: Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia, 2004), 6.

81 En el informe “Qual es el estado actual de la Botánica en España?”, en González, Antonio José Cavanilles, 269270; 292 [notas 364-366].

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información diseminada en diversos lugares de esta. Luego la reinstaló en el relato de su artículo, lo que implicó múltiples operaciones de selección, reorganización, síntesis, ornato, magnificación y verificación del espacio de intertextualidad propuesto por Zea, y construcción de uno nuevo; cotejo con la experiencia sensible; gestión de lo que convenía y no convenía decir, y crítica. Por este camino, transformó la información de Zea hasta convertirla en lugar de honor de la nación, en arma contra Gómez Ortega, en recurso de su estrategia para acceder al RJB, todo lo cual rebasaba la erudición de Zea, su solvencia política y proyectos de carrera. Como herramienta indirecta, las representaciones organizan el mundo en categorías controladas82, en que confluyen y se coproducen la percepción social y la conceptualización de la realidad83.

En 1801, el Magasin encyclopédique de París publica una “Noticia sobre algunos botánicos españoles”. En la sección dedicada a Mutis, basada en “Materiales” y nuevas precisiones aportadas por Zea84, se hacen afirmaciones que equivalen a denegaciones, y que en todo caso plantean dudas de envergadura, como ocurre en el siguiente pasaje: “Don Joseph-Celestino MUTIS, director de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada […] nunca ha publicado nada, aunque tiene casi concluida la Flora de Granada (sic), que incluirá algunos miles de plantas y un gran número de géneros nuevos con descripciones completas”85. ¿Cómo era posible que en una colonia española, tras cuarenta años de permanencia, un expedicionario hubiese sido capaz de “casi” concluir una flora en el territorio de sus exploraciones y que a la altura de 1801 no hubiese “publicado nada”? Sería la primera vez que las competencias se habrían desplazado: la colonia editando miles de especies y “un gran número de géneros nuevos” ratificados con bibliografía especializada, y Europa reducida a la impresión, el grabado, iluminado, encuadernación y difusión. El asunto no podía dejar de generar sorpresa en París, capital de la ciencia del mundo ilustrado, donde se conocían los costos humanos y financieros que exige el establecimiento del hecho científico más modesto. Otro detalle acrecentó la perplejidad: “Don F. A. Cea, discípulo predilecto de Mutis, se halla en París, donde se instruye bajo la dirección de Jussieu, Ventenat, etc., en los nuevos descubrimientos que ilustran la ciencia”86. ¿No era acaso Zea, en la ocurrencia, quien debía ilustrar a los botánicos europeos en aquello a lo que aspiraban desde hacía tanto tiempo? En pocas palabras, para alguien medianamente lúcido, aquella representación se revelaba imprecisa y exacerbadamente nacionalista.

En España las cosas transcurrían de otro modo. Si la representación ofrecida por Cavanilles del gabinete de Mutis y su Flora de Bogotá valorizaba la historia natural emprendida en Nueva Granada, destacando la Casa Botánica de Santafé como el único establecimiento colonial que merecía la atención del ministerio, no era menos cierto que dejaba al descubierto la incompetencia de Gómez Ortega y los perjuicios que su desempeño habría ocasionado y continuaba

82 Marin, “Poder, representación, imagen”, 136; Mora, “La teoría de las representaciones”, 7.

83 Mora, “La teoría de las representaciones”, 18; Bourdieu, Cosas dichas, 134.

84 Por ejemplo: “Les planches de cet ouvrage […] ont toutes été faites par des artistes du pays, formés par Mutis” (“Todas las planchas de esta obra […] han sido elaboradas por artistas del país, formados por Mutis”). Millin, “Notice”, 113. Traducción de los autores.

85 Millin, “Notice”, 112.

86 Millin, “Notice”, 112-113.

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ocasionando a la botánica española87. Los veintinueve años de la dirección de Gómez Ortega carecen de lugar en el artículo de Cavanilles, eclipsados de algún modo por la ciencia de Mutis, distanciado de Madrid durante los últimos cuarenta años. Esta eliminación textual de Gómez Ortega prefigura la jubilación forzosa que le reservó Carlos IV, quien llamará a Cavanilles para reemplazarlo como Director y Primer Profesor del RJB, el 16 de junio de 180188. Desde antes de la aparición de “Materiales”, Cavanilles y sus protectores le acordaron crédito a Zea, no sólo por sus noticias de la Flora de Bogotá, sino también por el conjunto de informaciones que brindó sobre los restantes trabajos de Mutis. Les parecía evidente que el centro santafereño contaba con numerosos descubrimientos que sólo esperaban ser explotados, como ya ocurría con las quinas.

Aunque consideradas todavía como un conocimiento precientífico, las representaciones también operan en las comunidades científicas. En ellas, como en cualquier otro espacio social, surten un efecto de dirección en el comportamiento de los individuos y determinan las concentraciones de poder89. De este modo, estabilizan las pugnas entre los grupos sociales, actuando como fábrica de respeto y sumisión. Se trata de un instrumento de coacción interiorizado que reemplaza el uso de la fuerza bruta —sin descartar por ello despliegues de violencia90—.

En esta dinámica de intercambios fue cuajando la idea de un viaje de Zea a París. ¿Viaje de estudios? Sí, aunque no en el sentido que Mutis lo planeaba. Zea debía inspirarse en lo que se estaba haciendo en el recién creado (1795) Institut de France y preparar un proyecto que le permitiera a Madrid tomar las riendas de la Expedición Botánica, conforme a las directrices de Urquijo.

“Zea no percibió sueldo durante su estancia en París de 1801 a 1802”91. La misión asignada por la Secretaría de Estado a través de Cavanilles se desplegó en secreto. Ni los protectores de Mutis en Santafé, menos aún el propio Mutis, podían penetrar los planes del Gobierno para el centro santafereño. Llegado el momento, se le informaría por decreto administrativo: “Las miras del Gobierno se dirigen a formar una nueva agricultura, y dar al comercio fuerte impulso”92. Zea y Cavanilles desaparecerían de la escena y se reducirían a su papel en la administración de la nueva política, a fin de proteger las óptimas relaciones que estaban conociendo Madrid y Santafé.

Se entiende que a Zea se le confiara esta misión, por su conocimiento del territorio neogranadino y su posición en la Casa Botánica. Lo que sorprende es la prontitud con que se le asignaron encargos de la más alta responsabilidad. Su partida hacia la capital francesa se produjo a mediados

87 A lo largo de las 55 páginas de “Materiales”, el apellido Gómez Ortega figura siempre peyorativamente. A propósito de la obra de Francisco Hernández (1514[7]?-1578), Opera, cum edita, tum inedita, ad autographi fidem et integritatem expressa, impensa et jussu regio (Madrid: Herederos de Ibarra, 1790), el juicio contra su editor, Gómez Ortega, es inapelable: “Esta obra, como las escritas en su siglo [XVI], ni tiene descripciones científicas, ni los caracteres indispensables para reconocer las plantas”. Cavanilles, “Materiales”, 5 [nota 2].

Cuando se refiere a sus Decades (Madrid 1797-1798), una publicación con especies procedentes de Cuba cultivadas en el RJB, Cavanilles puntualizaba haber “publicado muchas [de ellas] en mis tomos de Icones”.

“Materiales”, 55.

88 Cavanilles, Descripcion de las plantas, Prólogo, III. 89 Mora, “La teoría de las representaciones”, 7.

90 Chartier, El mundo como representación, 74.

91 Oficio del Ministerio de Estado, 8 de abril de 1805, en Soto, Francisco Antonio Zea, 136 [nota 59].

92 Diego Mendoza Pérez, ed., “La Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada”. Revista Contemporánea 2, n° 7 (1917): 23.

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de octubre de 180093, quince meses después de haber sido liberado y tras permanecer en Madrid sólo ocho meses. Estas constataciones incitan a reconocer la seguridad y el interés que inspiraba Zea entre los miembros del círculo de Cavanilles94, incluido el ministro Urquijo, quien intervino personalmente para que el antioqueño fuera liberado95. Sus nuevos protectores sabían que desde su arribo a Cádiz, y a pesar de las amarguras de su situación, Zea no había cesado de servir a la Corona, esforzándose por proveer de libros a Mutis, y a Cavanilles, de noticias de Santafé.

Los rumores de la muerte inminente de Mutis debieron acelerar el viaje. Ya en 1798, Zea evocaba a su jefe, de 66 años, “asaltado de diversos males, lleno de obstrucciones, hinchado y sin esperanza de conservar mucho tiempo su vida preciosa”96. Los replanteamientos existenciales y de carrera de Zea que necesariamente se produjeron en Madrid, con motivo de su renacimiento a la vida en libertad, también contribuyeron en este sentido. Declarado inocente y tenido por tal desde siempre por tirios y troyanos de la comunidad científica97; rehabilitado en su cargo e invitado a participar en un proyecto gubernamental, Zea no tardó en percatarse de que estaba destinado a grandes cosas. La confianza con que adhirió a todo aquello nacía además del clima afrancesado en el círculo de Cavanilles, que recuerda la atmósfera clandestina que se respiraba en la Tertulia de Nariño. La historiografía ha insistido en presentar a los “presuntos sediciosos” de 1794 como patriotas irreductibles. Lo que aquí acaba de mostrarse es cómo la clemencia del rey y las diversas reparaciones recibidas convirtieron a muchos de los “descarriados” en leales funcionarios de la monarquía, como ocurrió con Enrique Umaña, para citar otro ejemplo98. Sin embargo, a diferencia de Umaña, Zea se mantuvo fiel a los afrancesados. De este modo, Cavanilles pudo disponer, por fin, de un agente idóneo para introducir su política en Nueva Granada.

Zea permanecerá en París unos dieciocho meses99, encargado de dos misiones incompatibles: una de Mutis y otra de la Secretaría de Estado. Ambas debía cumplir, porque ambas le eran vitales.

Seguro de que con los nuevos conocimientos de Zea nada podría oponerse a la edición en Santafé de la Flora de Bogotá, Mutis lo sostenía, y Zea viajaba para convertirse en la pieza maestra de su

93 “[…] viéndome a las puertas de Francia y sin poder entrar”. Zea a Cavanilles, Irún, 7 de noviembre de 1800, en RJB, “Cavanilles” (1765-1818), carpeta 4, leg. 24, f.1r.

94 De regreso a Madrid en 1789, después de doce años de residencia en París, Cavanilles mantenía intacta su admiración por la cultura francesa. Instalado en la casa del Duque del Infantado, sostuvo provechosas relaciones con reconocidos afrancesados como la duquesa de Montijo (1754-1808), Manuel Godoy, Pedro Cevallos Guerra (1759-1839), entre otros. González Bueno, Antonio José Cavanilles, 258.

95 “Carta donde Zea con otros sindicados agradecen a Urquijo la intervención para su liberación”, Cádiz, 29 de agosto de 1799, en Soto, Francisco Antonio Zea, 86.

96 Zea a Cavanilles, Cádiz, 27 de diciembre de 1798, f.3v.

97 “Hace casi dos años [1796] que un pedante [se refiere a Pedro Gutiérrez Bueno (1745-1826), ‘boticario del puerto de S[an]ta María en Cádiz’] quiso hacerme creer [que yo] lograría […] ver pronta y felizmente terminados mis asuntos [relacionados con el expediente por sedición] mediante la protección de los señores [Gómez] Ortega [e] [Hipólito] Ruiz”. Zea a Cavanilles, Cádiz, 30 de julio de 1798, ff.4r.-v. y 28 de agosto de 1798, f.1v. Entre los seguidores de Cavanilles puede citarse a Francisco Arjona, catedrático de botánica en el Hospital Real de Cádiz.

98 José Antonio Amaya, “Enrique Umaña Barragán (1771-1854): Su conversión de presunto sedicioso en leal funcionario del rey (1794-1809)”. Revista Historia de la Educación Latinoamericana 16, nº 23 (2014): 63-78, doi:dx.doi.org/10.19053/01227238.3062 99 La primera carta de Zea a Cavanilles enviada desde París está fechada el 29 de diciembre de 1800, y la última, el 14 de junio de 1802, donde informa: “Mi viaje [de regreso a Madrid] se verificará dentro de diez días”. Zea a Cavanilles, París, 14 de junio de 1802, en RJB, “Cavanilles” (1765-1818), carpeta 4, leg. 24, f.1v.

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política autonomista. Los encargos que llevaba para Cavanilles ―promover los Anales de Historia Natural (Anales de Ciencias Naturales desde enero de 1801), establecer intercambios de materiales entre el Muséum National d’Histoire Naturelle y el RJB, y contribuir al enriquecimiento de la biblioteca de este último centro― le permitían adelantar discretamente la investigación sobre el Institut, más precisamente sobre el Muséum, en plena reorganización. Así las cosas, Mutis creía estar invirtiendo en el futuro de su institución, la Secretaría de Estado esperaba proyectos para rentabilizar sus inversiones, y Zea, por su lado, preparaba una reforma de la Expedición Botánica que, conforme a sus sueños, le permitiría asumir el liderazgo de la historia natural del Nuevo Reino y enriquecerse con la venta de quinas y otros vegetales.

Consideraciones finales En estas páginas se han establecido las circunstancias, el desarrollo y los primeros efectos de la representación de la Flora de Bogotá, publicada por Cavanilles movilizando informaciones de Zea. Aunque es indudable que el interés del valenciano por los trabajos de Mutis nacía de la carencia que experimentaba de plantas americanas, aquello que lo movía verdaderamente era el anhelo de dirigir el RJB. Un par de páginas ubicadas en la parte central de “Materiales para la historia de la botánica” ofrecen un panorama de la historia natural desarrollada en Santafé; allí se rehabilita a Mutis en el ámbito de la botánica española tras cuarenta años de marginación. La cantidad y calidad de la obra anunciada, y lo grandioso de los trabajos adelantados fuera del control de Madrid, denuncian la incuria reinante en la dirección de la botánica imperial confiada al antagonista Gómez Ortega desde hacía tres décadas. Esta representación magnificada contribuyó a salvar el honor botánico español y se impondrá en el mundo científico y político peninsular durante más de quince años, hasta convertirse en referencia obligada de los fautores del traslado del gabinete de la Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada a Madrid en 1817.

Cavanilles, reconocido botánico, supo explotar las circunstancias del momento: la información procedía del segundo de Mutis. Europa seducida por las plantas de Mutis, publicadas por Linneo padre e hijo, por Smith, y sobre todo por Cavanilles, esperaba impaciente una nutrida cosecha de novedades que imaginaba contenidas en la obra. La debilidad de la imaginación de la Corona y de la República de las Letras, desprovistas de materiales e inventarios del gabinete, y por ello incapaces de verificar lo anunciado. Por orgullo o por negligencia, la administración optó por ignorar las alertas objetivas recibidas desde 1789-1790 sobre el atraso de la obra, más aún, sobre la inexistencia del texto científico en 1793100. De la misma manera, aunque en este caso por ambición, Cavanilles decidió ignorar que las plantas de Mutis no estaban determinadas, dado que aquel le solicitaba las últimas obras publicadas sobre plantas americanas. En todo este asunto se perciben complicidades sordas entre los concernidos: los unos anhelan ser promovidos, los otros temen desengañar.

Todo lo anterior mitigó el sentido de realidad de la ciencia española, reforzando y acrecentando el poder de la representación de Cavanilles. Zea se vio investido de una autoridad que nunca había detentado: debía investigar en París cómo rentabilizar los descubrimientos de Mutis. Cavanilles accedió a la dirección del RJB. Los sucesores de Mutis, Sinforoso y Francisco José de Caldas (1768-1816), quedarán desconcertados al heredar en 1809 un acervo de manuscritos y dibujos

100 Amaya y Rendón, “La formación de Hebephilo”, 108-109.

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inexplotables en las circunstancias de su tiempo y lugar. Emprendidas desde 1814, las gestiones de Mariano Lagasca (1776-1839), en calidad de director del RJB, desembocarán en la real orden de “repatriación” a la metrópoli del gabinete de Mutis101, disposición ejecutada manu militari en 1817. Los resultados que ahora se presentan contribuyen al estudio del “Legado Mutis”. Este fue incluido en el Registro Memoria del Mundo de América Latina y el Caribe de la UNESCO el 5 de octubre de 2010. El desafío consiste ahora en integrarlo al Patrimonio Mundial de la UNESCO.

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❧ José Antonio Amaya Profesor asociado del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.

Sociólogo por la Universidad Nacional de Colombia, Magíster y Doctor en Historia por l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (Francia). Pertenece al Grupo de Estudios Sociales de la Ciencia, la Tecnología y la Medicina (GESCTM). Entre sus publicaciones más recientes se encuentran el artículo “Enrique Umaña Barragán (1771-1854): su conversión de presunto sedicioso en leal funcionario del rey (1794-1809)”. Revista Historia de la Educación Latinoamericana 16, n° 23 (2014): 63-78, doi: dx.doi.org/10.19053/01227238.3062, y el libro Enrique Umaña Barragán. Ciencia y política en la Nueva Granada (Bogotá: Maremágnum, 2014). jaamaya@unal.edu.co

Julián Rendón Acosta

Sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, y estudiante de Historia de la misma Universidad. Su publicación más reciente es “La formación de Hebephilo naturalista, 1791-1794”.

Fronteras de la Historia 21, n° 2 (2016): 104-131, doi: dx.doi.org/10.22380/2027468897. jlrendona@ unal.edu.co

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Administración y materialidad: una etnografía del Juzgado del Crimen del Rosario (Argentina, segunda mitad del siglo XIX)❧ Carolina Andrea Piazzi

Universidad Nacional de Rosario, Argentina doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit63.2017.03

Artículo recibido: 08 de marzo de 2016/ Aprobado: 09 de agosto de 2016/Modificado: 05 de septiembre de 2016

Resumen: Con el propósito de restituir la condición histórica de la actividad administrativa del Estado en Argentina, este artículo examina el quehacer judicial en términos administrativos. Para esto, se ocupa de algunas dimensiones de análisis como los tiempos, lo material, las distancias, los lugares y las dinámicas institucionales que atravesaban en sus tareas los agentes del Juzgado del Crimen del Rosario (Argentina). Con este propósito se adopta un “enfoque etnográfico”, ya que el ejercicio metodológico se convierte en una suerte de “estar allí” del antropólogo: los mismos agentes (jueces, gobernador, ministro, jefe político, oficiales de justicia) dando cuenta de su actividad diaria, y los resultados de sus acciones se convierten en objeto de estudio. Las diferentes dimensiones presentadas en esta investigación muestran la materialidad del quehacer administrativo cotidiano al que se accede “etnográficamente” en el seguimiento a los agentes judiciales.

Palabras clave: Argentina, administración, justicia, etnografía institucional (Thesaurus); jefatura política (Autor).

Administration and Materiality: An Ethnography of the Criminal Court of Rosario (Argentina, Second Half of the 19th Century) Abstract: For the purpose of restoring the historical condition of the administrative activity of the state in Argentina, this article examines judicial activity in administrative terms. In doing so, it explores certain dimensions of analysis such as the times, the material, the distances, the places and the institutional dynamics that the agents of the Criminal Court of Rosario (Argentina) encountered in the performance of their duties.

For this purpose it adopts an “ethnographic approach,” since the methodological exercise becomes a sort of “being there” for the anthropologist: the same agents (judges, governor, minister, political boss, justice officials) giving account of their daily activity, and the results of their actions become the subject of the study.

The different dimensions presented in this research show the materiality of the everyday administrative work to which it obtains access “ethnographically” by following up on the work of judicial agents.

Keywords: Argentina, administration, justice (Thesaurus); institutional ethnography, political headquarters (Authors’).

Administração e materialidade: uma etnografia da Tribunal Criminal do Rosario (Argentina, segunda metade do século XIX) Resumo: Com o propósito de restituir a condição histórica da atividade administrativa do Estado na Argentina, este artigo examina o fazer judicial em termos administrativos. Para isso, ocupa-se de algumas dimensões de análise como os tempos, o material, as distâncias, os lugares e as dinâmicas institucionais que ❧ Agradezco la lectura crítica del artículo realizada por el Dr. Germán Soprano y la Dra. Silvina Smietniansky, así

como de los evaluadores anónimos del artículo. No contó con financiación para su elaboración.

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Administración y materialidad: una etnografía del Juzgado del Crimen del Rosario Carolina Andrea Piazzi

os agentes da Tribunal Criminal do Rosario (Argentina) interpunham em suas tarefas. Com esse objetivo, adota-se uma “abordagem etnográfica”, já que o exercício metodológico se torna uma sorte de “estar aí” do antropólogo: os mesmos agentes (juízes, governador, ministro, líderes políticos, oficiais de justiça) dando conta de sua atividade diária, e os resultados de suas ações se convertem em objeto de estudo. As diferentes dimensões apresentadas nesta pesquisa mostram a materialidade do fazer administrativo cotidiano ao qual se acede “etnograficamente” no seguimento aos agentes judiciais.

Palavras-chave: administração, Argentina (Thesaurus); etnografia institucional, justiça; liderança política (Autor).

Introducción El triunfo de Justo José de Urquiza en Caseros, en 1852, significó la apertura de los ríos Paraná y Uruguay, y fue durante los años de secesión porteña que Rosario —villa desde 1823— se volvió la alternativa más fuerte para tomar el lugar de principal puerto exterior de la Confederación Argentina, alcanzando en ese mismo año la categoría de ciudad. La supresión de las aduanas interiores aceleró rápidamente el tráfico comercial entre Rosario y las provincias del centro y norte argentinos, y la inauguración de ferrocarriles y diligencias desde 1860 reforzó este complejo comercial-portuario. En todo este proceso, la injerencia de Urquiza, desde Paraná, y de Nicasio Oroño, en la provincia misma, fue decisiva para la concreción de los proyectos y leyes sancionadas a favor de reformas que acompañaran el crecimiento que la ciudad y el departamento experimentaban luego de la derrota de Rosas en Caseros1.

Este crecimiento poblacional y comercial impulsaba una reformulación de las autoridades asignadas al departamento. Desde 1833, y hasta la designación de un juez letrado en 1854, la circunscripción estuvo a cargo de un juez de paz —auxiliado por comisarios— y un comandante militar —suprimido en 18522—. La instalación de un Juzgado de 1ª Instancia, al mismo tiempo que la de una Jefatura Política y una Jefatura de Policía en la ciudad, se encuadraron en un proceso 1 Sobre el contexto general puede verse: Marta Bonaudo, Liberalismo, Estado y orden burgués (1852-1880), t. IV de Nueva Historia Argentina (Buenos Aires: Sudamericana, 1999); para la provincia de Santa Fe, algunas claves del proceso en: Marta Bonaudo, La organización productiva y política del territorio provincial (1853-1912), t.

VI de Nueva Historia de Santa Fe, dirigido por Darío Barriera (Rosario: Prohistoria/La Capital, 2006); Alicia Megías, “Santa Fe entre Caseros y Pavón: cuestiones provinciales y problemas nacionales”, en Un nuevo orden político. Provincias y Estado Nacional, 1852-1880, coordinado por Beatriz Bragoni y Eduardo Míguez (Buenos Aires: Biblos, 2010), 147-168.

2 En 1852 se había designado un Escribano (para la entonces Comandancia Militar y Juzgado de Paz del Departamento) y un Juez de Policía; en 1853, un Defensor de Menores y un Comisario General para el Departamento. El incremento de las autoridades designadas entre 1852 y 1854 tenía el objetivo de desagregar funciones hasta el momento desempeñadas por el juez de paz, que progresivamente equipaban políticamente el territorio departamental. La instalación del Juzgado de 1a Instancia en lo Civil y Criminal en el mismo decreto que creó la Jefatura Política, en 1854, se inscribe en este proceso. En la Capital provincial, este Juzgado letrado funcionaba desde 1833, siendo el único para toda la jurisdicción provincial hasta 1854. Sobre la noción de equipamiento político, remitirse a Darío Barriera, “Un rostro local de la Monarquía Hispánica: justicia y equipamiento político del territorio al sureste de Charcas, siglos XVI-XVII”. CLAHR: Colonial Latin American Historical Review 15, n.° 4 (2006): 378-379. Para ampliar el contexto local puede verse: Darío Barriera, ed., Instituciones, gobierno y territorio. Rosario, de la Capilla al Municipio (1725-1930) (Rosario: Ishir/Conicet, 2010).

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gradual y de mayores implicancias que dotaría a la ciudad de un conjunto de autoridades para resolver “judicialmente” los crecientes problemas que esta presentaba.

Este proceso de transformaciones ha sido abordado, en mayor medida, desde la historia política, y teniendo a la prensa como caja de resonancia de varios estudios; por lo que el presente artículo pretende sumar elementos interpretativos derivados de una historia de la justicia3. En este sentido, las novedades institucionales ocurridas desde 1852 pueden leerse de dos maneras: en un plano legal, donde cada nueva autoridad asumía sus propios roles a partir de lo que las disposiciones habían sancionado para cada caso; entretanto, en un plano material y simbólico, tales roles se asumían en edificios y oficinas (cohabitadas por varios años), con la colaboración de auxiliares en las tareas cotidianas y con un —hasta el momento— inédito intercambio de notas y correspondencias oficiales entre cada una de las autoridades asentadas en la jurisdicción, y entre estas y las situadas en la Capital provincial, cuyos registros se archivarían en la misma ciudad (y no se remitirían ya a Santa Fe).

La descripción, que puede parecer anecdótica, encierra la institucionalidad administrativa de una jurisdicción que comenzaba a constituirse separadamente de la Capital provincial, y que adquiriría una dinámica particular evidenciada en el quehacer diario de estos diversos agentes asentados en la ciudad de Rosario, así como de aquellos que cumplían funciones en las zonas rurales del mismo departamento (por ejemplo, jueces de paz y comisarios de campaña). Ahora bien, ¿qué entendemos por administración? Siguiendo uno de los primeros autores del derecho administrativo argentino, “la calidad más esencial de la administración es la actividad; lo exige la misma naturaleza de sus funciones y de los objetos sobre que versa; ejecutar, dar movimiento y activarlo todo es su carácter y su misión; la acción debe ser continua, pronta y enérgica”4. Pero para el siglo XIX, equiparar la actividad administrativa —en términos generales, el ejercicio de una actividad pública— a una “burocracia”5 resulta, al menos, temerario6.

Entonces, ¿cómo abordar este problema en el contexto de construcción del Estado-nación durante la segunda mitad del siglo XIX? Examinar el quehacer judicial en términos administrativos,

3 De Marta Bonaudo pueden consultarse “Las élites santafesinas entre el control y las garantías: el espacio de la jefatura política”, en La vida política en la Argentina del siglo XIX. Armas, votos y voces, compilado por Hilda Sábato y Alberto Lettieri (Buenos Aires: FCE, 2003); y “Hecho jurídico… hecho político. La conflictiva relación entre poder y justicia en la construcción de la República Posible. Santa Fe, 1856-1890”, en Política, Cultura, Religión. Del Antiguo Régimen a la formación de los Estados Nacionales, compilado por María Inés Carzolio y Darío Barriera (Rosario: Prohistoria, 2005), 215-240.

4 Ramón Ferreyra, Derecho administrativo general y argentino (Buenos Aires: Imprenta de Pablo Coni, 1866), 16.

Cursivas de la autora.

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Para una revisión de modelos históricos puede verse: Françoise Dreyfus, La invención de la burocracia. Servir al Estado en Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, siglos XVIII-XX (Buenos Aires: Biblos, 2012 [2000]).

6 Es conveniente recordar el encuadre que Max Weber hizo de la burocracia dentro del tipo de dominación legal con administración burocrática, distinguiendo la “dominación” (probabilidad de encontrar obediencia a un mandato de determinado contenido entre personas dadas) de la “autoridad” (probabilidad de ejercer poder).

Al respecto, señalaba: “[…] toda dominación sobre una pluralidad de hombres requiere de un modo normal (no absolutamente siempre) un cuadro administrativo; es decir la probabilidad, en la que se puede confiar, de que se dará una actividad, dirigida a la ejecución de sus ordenaciones generales y mandatos concretos, por parte de un grupo de hombres cuya obediencia se espera”. Max Weber, Economía y sociedad (Madrid: FCE, 2002), 170.

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con el propósito de restituir la condición histórica de la actividad administrativa del Estado7, es un camino probable para dar respuesta a este interrogante. Si se analizan los estudios específicos de la segunda mitad del siglo XIX en el Río de la Plata se encuentra la existencia de trabajos que han abordado el tema, ya sea desde lo “burocrático”8, lo judicial-administrativo9 o lo jurídico-administrativo10. Entre los discursos y las prácticas se encuentra la administración.

En la investigación realizada sobre el Juzgado del Crimen del Rosario —a partir de los fondos del Archivo de Tribunales y de Jefatura Política— se han revelado interesantes dinámicas administrativas entre este y el resto de las instancias judiciales locales y provinciales y la Jefatura Política. ¿Por qué acudir entonces a una aproximación etnográfica para dar cuenta de esas dinámicas? En primer lugar, porque han sido trabajos provenientes de la Antropología Jurídica los que han inspirado las reflexiones aquí vertidas11, principalmente la idea de centrar la mirada desde las perspectivas de los actores, “entendidas como parte de los hechos a examinar”12. En términos de Rosana Guber, lo que se adopta en realidad es el enfoque etnográfico13, que no tiene que ver con el “estar allí” sino con la manera de interrogar y examinar los materiales. En tanto, los documentos constituyen la mediación con ese “otro” universo bajo análisis14.

7 Luca Mannori, “Justicia y administración entre Antiguo y Nuevo Régimen”, en Magistrati e potere nella storia europea, editado por Raffaele Romanelli (Bolonia: Il Mulino, 1997), 39-65; María Julia Solla, “Justicia bajo administración (1834-1868)”, en De justicia de jueces a justicia de leyes: hacia la España de 1870, coordinado por Marta Lorente Sariñena (Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 2007), 279-324.

8 Juan Carlos Garavaglia, “Servir al Estado, servir al poder: la burocracia en el proceso de construcción estatal en América Latina”. Almanack n.° 3 (2012): 5-26; y “La burocracia en el Río de la Plata. Buenos Aires, 1800-1861”.

Anuario IEHS n.° 25 (2010): 119-146.

9 Dos buenos ejemplos de trabajos que abordan aspectos administrativos de la organización política y territorial y del funcionamiento interno de las instancias judiciales son los de Inés Sanjurjo, La organización político administrativa de la campaña mendocina en el tránsito del Antiguo Régimen al orden liberal (Buenos Aires: INHIDE, 2004); María Angélica Corva, Constituir el gobierno, afianzar la justicia. El Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires (1853-1881) (Rosario: Prohistoria/INHIDE, 2014).

10 Son clásicos los trabajos de José María Couselo, “Los dictámenes de los procuradores generales como fuente del derecho administrativo, 1862-1922”. Revista de Historia del Derecho n.° 20 (1992): 159-182; y “El control judicial de la actividad administrativa de la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires (1854-1882)”. Revista de Historia del Derecho n.° 23 (1995): 65-94; Agustín E. Casagrande, “Autonomía y descentralización en la construcción del Estado argentino (1860-1940). Por una historia política de los conceptos jurídico-administrativos”. Quaderni Fiorentini Per La Storia del Pensiero Giuridico Moderno n.° 43 (2014): 251-290.

11 Sofía Tiscornia, comp., Burocracias y violencia. Ensayos sobre Antropología Jurídica (Buenos Aires: Antropofagia, 2004); María José Sarrabayrouse Oliveira, Poder judicial y dictadura. El caso de la morgue (Buenos Aires: Editores del Puerto/CELS, 2011); Sofía Tiscornia, María Victoria Pita, Carla Villalta, María Josefina Martínez y María José Sarrabayrouse Oliveira, “La antropología política y jurídica, entre la etnografía y la historia”.

Cuadernos de Antropología Social n.° 32 (2010): 7-11.

12 Fernando Alberto Balbi y Mauricio Boivin, “La perspectiva etnográfica en los estudios sobre política, Estado y gobierno”. Cuadernos de Antropología Social n.° 27 (2008): 7-17.

13 Rosana Guber, La etnografía. Método, campo y reflexividad (Buenos Aires: Siglo XXI, 2011), 16-18. Es recomendable la lectura del trabajo de Germán Soprano, donde recupera distintas investigaciones empíricas que aportan a la reflexión sobre el proceso de conformación estatal: “El Estado en los extremos. Contribuciones de la historiografía hispanocolonial y la antropología de la política al estudio del Estado en el siglo XX”. Estudios Sociales del Estado 1, n.° 1 (2015): 5-25.

14 Desde la antropología existe una línea de trabajo sobre “etnography of documents”; puede verse Matthew S. Hull, “Documents and Bureaucracy”. Annual Review of Anthropology n.° 41 (2012): 251-267, doi: dx.doi. org/10.1146/annurev.anthro.012809.104953. Agradezco esta referencia a la Dra. Silvina Smietniansky.

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Para reconocer lo ordinario y lo extraordinario del quehacer administrativo-judicial, lo rutinario, pero también lo que se sale de lo habitual y coloca a los agentes en situación de brindar explicaciones sobre faltas u omisiones, nada mejor que la correspondencia mantenida entre las diversas instancias judiciales y políticas15. El ejercicio metodológico se convierte en una suerte de “estar allí” del antropólogo, pues se encuentra a los agentes mismos (jueces, gobernador, ministro, jefe político, oficiales de justicia) dando cuenta de su actividad diaria. La siguiente cita de Antonio M. Hespanha es una buena síntesis de los elementos sobre los que se organiza el trabajo y que definen a la administración: “[…] no hay ninguna duda de que la ESCRITURA permite la extensión del ámbito espacial del poder: la carta permite lograr efectos político-administrativos en lugares distantes. Además, la escritura vence al TIEMPO, pues crea una MEMORIA ADMINISTRATIVA más exacta y más verificable. Y por añadidura: en el dominio de los procesos jurídicos y administrativos, establece nuevos medios de prueba, una nueva configuración del caso sub judice, un nuevo ritmo temporal en el ITINERARIO PROCESAL, un nuevo estilo de participación en el proceso y una nueva estrategia de resolución de los conflictos; mientras que en el plano de los mecanismos de control político, la reducción de la escritura de los actos políticos posibilita el fácil recurso a instancias políticas superiores que vuelven a examinar la decisión del órgano inferior”16.

Teniendo presentes los elementos descritos, en el primer apartado se examina lo administrativo desde la materialidad del funcionamiento cotidiano, ya que la disponibilidad o no de recursos revela el impacto de la proximidad física entre los agentes ejecutivos y judiciales del departamento, y los diversos lugares en que se desempeñaban las tareas respectivas. El segundo apartado plantea una lectura de los aspectos procesales que expone la manera en que los niveles de obediencia, tiempos y distancias afectaban el itinerario establecido legalmente. El último apartado pone de manifiesto el entrecruzamiento de tiempos, escritura, nuevamente lugares y materialidad, en la memoria de los agentes encargados de administrar justicia.

1. Lo material de la administración: agentes, oficinas, gastos de escritorio y estadísticas En el estudio de la justicia de 1ª instancia se destaca, habitualmente, la calidad letrada de quien ejercía como Juez ordinario, pero el hecho de que este pudiera disponer de los recursos necesarios para desempeñar su trabajo —desde un personal suficiente (escribiente, secretario, oficiales) que

15 Domenech ha señalado: “[...] asignar adecuada significación a los materiales que un caso presenta supone también construir una suerte de etnografía institucional, que dé cuenta de las culturas institucionales”. Ernesto Domenech, “El caso como fuente judicial” (ponencia presentada en las Jornadas sobre la Fuente Judicial en la Construcción de la Memoria, Mar del Plata, 9-11 de junio, 1999), 391. Un expediente nos habla de la institución que lo produce, de las normas que regulan su desarrollo y de los hombres que las ejecutan en cuanto agentes de esas instituciones. Exhibe las condiciones de funcionamiento, como hemos sugerido en un trabajo anterior, donde los expedientes penales se revelaron como una ventana privilegiada para el estudio de los sitios carcelarios en Rosario. Carolina A. Piazzi, “Las cárceles en el Rosario de la 2ª mitad de siglo XIX: fuentes y enfoques”. Trabajos y Comunicaciones n.° 38 (2012): 1-24.

16 Antonio M. Hespanha, “Centro y periferia”, en La gracia del derecho. Economía de la cultura en la Edad Moderna (Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1994), 131. Mayúsculas de la autora y cursiva en el original.

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realizara las diligencias cotidianas hasta contar con oficinas y los instrumentos mínimos (papel, tinta, sillas) —, también es revelador de lo que se esperaba de la justicia ordinaria. Esa materialidad era parte, más allá de su existencia como lugar físico, de la construcción simbólica en torno a las instancias judiciales17. La falta o deficiencia de un lugar apropiado para el despacho del Juzgado fue un punto que se reiteró en todo el período estudiado18.

Uno de los aspectos que revela la dependencia del Juez del Crimen respecto a la Jefatura Política se relaciona con la disponibilidad de recursos concretos para desempeñar el trabajo del Juzgado. Contar con un lugar propio de funcionamiento era una de las cuestiones que hacían a la respetabilidad del Juzgado. En términos weberianos: “todo trabajo continuado se realiza por funcionarios en sus oficinas”19, allí es donde cumplen parte de su trabajo los agentes, se instaura un ritmo de trabajo particular y se archivan los documentos. Las oficinas y los despachos eran parte de la construcción simbólica en torno a las instancias judiciales.

También lo era el hecho de que compartieran edificio con la Jefatura Política. En ocasiones, la proximidad física entre la agencia ejecutiva y las autoridades judiciales colaboraba en una resolución más eficaz y rápida de los problemas, aunque con esto no se siguiera el orden prescripto por las oficinas que controlaban las finanzas provinciales. Los presupuestos elaborados por los jueces letrados, que incluían los gastos de oficina, eran remitidos a la Contaduría provincial vía la Jefatura Política. En una ocasión, el Jefe Político reconocía ante la Contaduría provincial que no debieron acceder al pedido del Juez, ya que ese tipo de gastos no estaban incluidos en su presupuesto ni eran parte de sus responsabilidades: “[…] pero en el deseo que la justicia se administre con la prestesa que la misma requiere, muy principalmente en las causas criminales, por esta vez ha comedido dar lo necesario para que las órdenes impartidas por el Sr. Juez del Crimen sean cumplidas sin demora; y pide a ese Ministerio se sirba decirle la conducta que debe observar cuando se presentan casos de igual naturaleza”20.

Aquí se verá que esta predisposición en la resolución de problemas no era moneda corriente entre Jefatura y Juzgado. A partir de mediados de la década de 1870 se observa una mayor estabilidad en el plantel del Juzgado21. Se advierten menos recambios y mayor continuidad en el ejercicio de los cargos.

Algo que no había cambiado era la insuficiencia en la cantidad de oficiales de justicia, por lo cual el

17 Se sigue en esto a Pablo Whipple, “Carencias materiales, respetabilidad y prácticas judiciales en Perú durante los inicios de la República”. Historia Crítica n.° 49 (2013): 55-79, doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit49.2013.04 18 Se pueden encontrar algunos ejemplos en Carolina A. Piazzi, Justicia criminal y cárceles en Rosario (segunda mitad del siglo XIX) (Rosario: Prohistoria, 2011), 59-60, 79-81.

19 Weber, Economía y sociedad, 178. Cursivas de la autora. Garavaglia, por ejemplo, al examinar los cambios en la organización administrativa rioplatense en la primera mitad del siglo XIX, menciona la “diseminación de oficinas que no responde todavía a un plan estructurado de organización”. Véanse sus trabajos: Garavaglia, “Servir al Estado”, y “La burocracia en el Río”, 126.

20 “Nota del Jefe Político a la Contaduría General”, 21 de marzo de 1874, en Museo Histórico Provincial de Rosario “Dr. Julio Marc” (AMHPRJM), Rosario-Argentina, Fondo Archivo de la Jefatura Política de Rosario (AJPR), ff.

300 y 301. Cursivas de la autora.

21 Entre 1854 y 1860, el Juzgado de Primera Instancia era en lo Civil y Criminal. En ese último año se designaron dos juzgados separados en la ciudad.

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pedido de escribientes a sueldo para cubrir las “recargadas tareas que tiene el despacho” era reiterado22.

En 1874 se produjo un incidente administrativo (por cuanto involucraba cuestiones internas y disciplinarias) entre el escribano del Crimen y el Receptor de Diligencias del mismo Juzgado23. El primero, Félix Gallegos, exigía que el Receptor cumpliera con su función de servirle de escribiente, e informaba al juez: “[…] el que firma le ha puesto de manifiesto requiriéndole asista a la oficina a desempeñar su empleo, pues V.S. no ignora lo mucho que hay que hacer, este funcionario no concurre a la oficina, y encontrándome bastante recargado de trabajo doy cuenta a V.S. a los efectos que haya lugar”24.

La actividad pública y privada era difusa, y el sentido del “lugar” donde se desarrollaban las tareas queda expresado en la descripción que el mismo Receptor hacía de su trabajo: “[…] notas que en mi carácter de tal Receptor se me entregan cuasi diariamente por el actuario para dar cumplimiento a las citaciones que en dichas notas constan25. Estos trabajos como V.S. comprenderá absorbe al postulante todo el tiempo material de que puede disponer y no obstante muchas ocasiones tiene que ser el pesquisidor o verdadero inquisidor para averiguar el paradero de individuos que se ignoran completamente donde moran, y que si residen en esta lo son sin punto fijo. Agregando además que el infrascripto recibe iguales órdenes de los juzgados de paz en la misma forma que los anteriores dichos”26.

El Receptor destinaba la mayor parte de su tiempo de trabajo a la búsqueda de testigos, mientras el Escribano reclamaba su presencia en la oficina del Juzgado. Replicaba las disculpas señalando: “que para hacerle las notificaciones en que se le comente alguna diligencia tengo que buscarlo en su casa como si fuera alguna de las partes y no un empleado del Juzgado que debe estar en su puesto, o mandarlo como se hace los apuntes referidos, y que como poco se haya en ella [en la casa] se le dejan al sirviente”. El Juez reconocía que el “despacho en los sumarios” era muy activo 22 El período es interesante de comparar con lo que ha estudiado María Angélica Corva para la provincia de Buenos Aires y los cambios producidos en la década de 1870 con la creación de secretarías y reglamentaciones sobre escribanos: María Angélica Corva, “Cómo se organiza un poder: el Poder Judicial después de la Constitución de 1873 de la provincia de Buenos Aires”, en Leyes, justicias e instituciones de seguridad en la provincia de Buenos Aires (siglos XIX a XXI), compilado por Osvaldo Barreneche y Ángela Oyhandy (La Plata: Universidad Nacional de La Plata, 2014). En Santa Fe, la ley del 3 de agosto de 1874 instaló a dos secretarios solventados por el Tesoro Público en los Tribunales y Juzgados letrados de la provincia, nombrados y removidos por la Cámara de Justicia y con una duración de dos años en el cargo. Esto fue modificado por dos leyes posteriores, una de 1875, que determinó que el nombramiento sería realizado por el poder ejecutivo, y otra ley, del 27 de septiembre de 1877, refrendaba el nombramiento del poder ejecutivo exigiendo para ser secretario de la Cámara de Justicia el título de abogado o escribano.

23 El cargo de Receptor de Diligencias se creó en 1865. En el mismo año se crearon también cargos de porteros para los tres tribunales de la ciudad.

24 “Gallego Félix, actuario del juzgado dando cuenta de la inasistencia del receptor de diligencias”, 1874, en AMHPRJM, Fondo Archivo de los Tribunales de Rosario (ATR), Criminales, leg. 23, exp. 28. Cursivas de la autora.

25 El Receptor presentó varias notas que mostraban las órdenes recibidas diariamente para dar cuenta de su recarga de trabajo. En este sentido, esas notas pueden ser vistas como las órdenes del día, “[…] como mapas, aunque se trata de órdenes judiciales comparten, con estas notas, el sentido de ‘organizar minuciosamente buena parte de la vida cotidiana de la institución’”; “pueden ser imaginadas como mapas, como cartas de navegación o de travesía que orientan la ruta diaria […] mapas de una geografía siempre movediza, porque está al arbitrio de pequeños cambios en la trama de las relaciones de poder”. Sofía Tiscornia, “Órdenes secretas, edictos y poder de Policía.

Usos y costumbres de los intermediarios en los márgenes del derecho”, en Justicia, política y derechos en América Latina, compilado por Juan Manuel Palacio y Magdalena Candioti (Buenos Aires: Prometeo, 2007), 149-150.

26 “Gallego Félix, actuario del juzgado”, 1874, en AMHPRJM, ATR, Criminales, leg. 23, exp. 28.

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en aquel momento, que muchos testigos “viven en puntos distantes de los centros de población de esta ciudad, o que estando dentro de la ciudad, no se sabe el nombre o el apellido, o el domicilio fijo”, y que “esas dos circunstancias exigen del Receptor una deambulacion larga diariamente con un retardo incierto en las citas por la necesidad de inquirir el nombre o paradero de los testigos de que el mismo Juzgado apenas tiene una noticia vaga”. Frente a la inasistencia del Receptor a la oficina del Escribano en el Juzgado, el Juez reconoció “la incompatibilidad que resulta en la mayor parte de los casos entre las funciones de citación e inquisición sobre paradero de testigos, y las funciones de escribiente puesto que las mas le exige, viva la mayor parte del tiempo fuera de las oficinas del Juzgado, y los otros le exigen viva adentro, en la mayor parte de las horas de oficina […]”27.

El Juez finalizaba su escrito con una demanda política: la habilitación de nuevos cargos para alivianar las recargadas tareas del Juzgado. Los auxiliares, escribanos y secretarios que llevaban el despacho diario eran, además, los intermediarios con el “afuera” del Juzgado (testigos, otras autoridades) y estaban al tanto del funcionamiento del juzgado28. Frente a un Escribano abrumado por sus tareas —que recurría a una ley que obligaba al Receptor a auxiliarlo como escribiente—, el Juez reconocía dos ámbitos del ejercicio de este oficial: un “afuera de las oficinas”, deambulando por la ciudad en busca de testigos, que imposibilitaba aquellas otras tareas que debía realizar “dentro de las oficinas” y que eran el reclamo original del Escribano. Las oficinas, tal como las describía Weber, comenzaban a convertirse en “el lugar” por excelencia del ejercicio de la actividad pública (que, además, eran reconocidas presupuestariamente en los denominados “gastos de oficina”), en tanto eran pretendidas como el sitio donde debía encontrarse al funcionario para recibir y ejecutar las órdenes de sus superiores.

Es indicativo de esto que el mismo escribano Gallegos, con el objeto de presentar el movimiento de la cárcel que se le exigía en 1873, se encontró con el inconveniente de no contar con ningún libro de entrada de expedientes. Para completar el listado, recurrió a los libros de la Alcaidía pero no estaban debidamente llenados, revisó los expedientes para poder obtener las filiaciones de los procesados, y, finalmente, sobre las causas que estaban en consulta o apelación en la Cámara de Justicia obtuvo información por parte de la Policía. En 1887, ante la inminente instalación de la Cámara de Apelaciones en la ciudad, se iniciaron reformas en el edificio de la Jefatura Política que albergaba las oficinas de la Jefatura, la Receptoría, el Archivo y la Justicia29. Se destacaba el hecho de la “independencia” que adquirían las oficinas de los tribunales respecto de las de Jefatura, “que antes funcionaban casi en común, originando con esto no pequeñas dificultades”30.

27 “Gallego Félix, actuario del juzgado”, 1874, en AMHPRJM, ATR, leg. 23, exp. 28. Cursivas de la autora.

28 Resulta interesante la descripción realizada por Sarrabayrouse sobre la organización interna de los tribunales.

Aunque en el caso de este artículo no se reconozca la existencia de una “carrera judicial” que lleve de puestos menores a mayores, se destaca la confianza que señala la autora entre superiores e inferiores en la delegación de funciones (entre juez y secretario, secretario y oficiales), así como la centralidad de la figura del secretario del juzgado, conocedor de todo el funcionamiento interno. Sarrabayrouse Oliveira, Poder judicial y dictadura, 84-87.

29 Algunos elementos que ha recuperado Miguel Ángel de Marco (h) sobre la situación de la administración de justicia en la década de 1890 no difieren demasiado de lo que se ha reconstruido para el período anterior: jueces mal pagos, demoras en los procesos o dificultades para cubrir cargos. Lo que se puede distinguir es la participación de la “comunidad” en las denuncias públicas contra lo que se consideraba el mal funcionamiento judicial. Miguel Ángel de Marco (h), “El Poder Judicial en la provincia de Santa Fe”, en Orígenes de la justicia en Rosario (Rosario: Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, Delegación Zona Sur, 1999).

30 Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto de la Provincia de Santa Fe, Memoria presentada por el Ministro de Gobierno, Justicia y Culto de la Provincia de Santa Fe a las H. Cámaras Legislativas en 1887 (Santa Fe: Tipografía de la Revolución, 1887).

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Así, por ejemplo, la construcción del Palacio de Tribunales de Rosario en 1892 implicó un cambio sustancial en la imagen pública de la justicia. Se pasaba de compartir oficinas con las autoridades ejecutivas y policiales de la ciudad a disponer de un edificio exclusivo para la actividad judicial (incluía al Juzgado Federal), que presentaba caracteres suntuosos, y que así era retratado por la prensa: “Casa de justicia: Hoy quedarán instalados definitivamente, en el palacio de justicia, los tribunales de esta ciudad. […] Los muebles son lujosísimos y de un estilo precioso. Los cortinados son negros, y las alfombras riquísimas, de color granate, hechas ex profeso. Cada juez tiene un salón con un gran escritorio ministro, un rico armario, y doce sillones tapizados, todos de cedro. Las secretarías, un escritorio grande, y seis mesas chicas para auxiliares, prensa y armarios, todos de la misma clase. […] En el gran salón de audiencias, todo cortinado, tiene hacia el sud un gran escritorio, con altos sillones, siendo estos tres, y teniendo inscriptos en el respaldo, en oro, el escudo de la provincia. Hacia cada lado y al frente, tres mesas y una baranda separa todo esto de la parte dedicada al público […] En total: la comodidad, el lujo y el confort más apetecido reina en todo”31.

Si bien la existencia de un edificio propio para la justicia era un avance innegable a nivel edilicio y simbólico, y da gusto al lector la lectura de los detalles del Reglamento para la administración y el cuidado del Palacio de Justicia, por el contraste que genera con la realidad de los años anteriores en el edificio de la Jefatura32, la Memoria de la Cámara de Apelaciones de esta circunscripción deja ver que aún se requerían mejoras en la organización interna del trabajo, así como en el equipamiento de personal: en tanto, los jueces (de primera instancia y de paz) no enviaban a tiempo ni debidamente los cuadros con el movimiento de los juzgados, lo que era causado por la renovación constante del personal (secretarios) o por su falta33. De nuevo, las medidas sugeridas pasaban por nombrar más auxiliares escribientes que aliviasen el trabajo de los secretarios.

31 La Razón, 6 de febrero, 1892.

32 Gabriel Carrasco, “Reglamento para la administración y cuidado del Palacio de Justicia”, en Memoria del Ministerio de Agricultura, Justicia e Instrucción Pública, 1892-1893 (Santa Fe: Tipografía y Encuadernación Nueva Época, 1893). El Ministerio fue creado en 1890, y Gabriel Carrasco fue el primer ministro designado, desde abril de 1892. Miguel Ángel de Marco (h), Gabriel Carrasco (Rosario: Editorial Municipal, 1996), 91-92, 108-117.

33 Para fines de siglo XIX, las memorias de los ministerios incluían estadísticas sobre el movimiento de los juzgados.

El impulso en la organización y el cumplimiento de estas estadísticas judiciales (como el de aquellas referidas a los presos) no puede disociarse de la figura de Gabriel Carrasco (1854-1908). De formación abogado, la labor que ejerció este personaje en los cargos que ocupó (coordinador del Primer Censo Nacional, intendente de Rosario, ministro de Agricultura, Instrucción Pública y Justicia, entre otros) y su producción escrita reflejan su convicción (de época) de que la construcción del país estaba asociada a la recopilación de datos interpretados como un avance de la “ciencia”.

Debe tenerse en cuenta que Carrasco fue uno de los principales difusores de las mejoras obtenidas como ministro de Agricultura, Instrucción Pública y Justicia. Hernán Otero lo ubica como parte de la segunda generación (1881-1916) de funcionarios del sistema estadístico nacional. Es sugerente recuperar algunas reflexiones de Otero: “Obtención de datos cuantificables concebidos como insumos esenciales para la acción de gobierno”; “el lenguaje estadístico se presentó como un lenguaje científico que encontraba sus interlocutores preferenciales en los cuadros administrativos del Estado, en la elite política o en la propia corporación de científicos, pero también —como pensaba Carrasco— en un público mucho más vasto conformado por no especialistas”. Hernán Otero, Estadística y Nación. Una historia conceptual del pensamiento censal de la Argentina moderna (1869-1914) (Buenos Aires: Prometeo, 2007), 209, 451.

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2. Autoridad, dominación y obediencia Uno de los artículos del decreto de 1854 que reglamentaba la función del Jefe Político señalaba de manera general: “Dictará las disposiciones que estime convenientes dentro del círculo de su autoridad, para el cumplimiento de las órdenes superiores o para la buena administración y gobierno del pueblo”34. El círculo de su autoridad, que señalaba el decreto, no incluía a los agentes del Juzgado de 1a Instancia —este sólo realizaría la convocatoria de comerciantes y hacendados del departamento para la elección del Tribunal de Comercio—; sin embargo, de la documentación sobre las actividades realizadas por la Jefatura Política se desprende que sus decisiones afectaban un amplio conjunto de aspectos que involucraba también al Juzgado del Crimen35.

Entre los motivos que explicaban el incumplimiento de los oficios judiciales, además del factor distancia, se encuentra una clara desobediencia por parte de algunas autoridades subalternas al Juez del Crimen. Este sobrellevaba serias dificultades para que se cumplieran en los distritos y pueblos de campaña las diligencias que se le ordenaban desde el Juzgado letrado, lo que generaba demoras en las resoluciones judiciales. Además argumentaban que, a pesar de que los oficios debían realizarse con la orden directa del Juzgado, no conseguían concretar sus ejecuciones sin la intermediación de la Jefatura Política. Una nota administrativa de 1871 y una noticia periodística de 1877 muestran este otro aspecto del problema: “Ha recibido este Juzgado la nota de V.S. fecha 12 del corriente en la que se sirve manifestarle que ejerciendo el Juez infrascripto, jurisdiccion sobre los jueces de Paz y Comisarios de Campaña, debe dirijirse directamente a esas autoridades en todos los casos en que hubiere necesidad de hacer comparecer a las personas que tengan que prestar declaraciones ante este Juzgado de conformidad a lo dispuesto en la ley orgánica y ofreciendo V.S. en caso necesario, el auxilio de la fuerza pública para hacer efectiva las disposiciones del Juzgado. El Juez infrascripto comprende bien sus deberes [...] y sus procedimientos han sido ajustados a la práctica establecida y al convencimiento íntimo de que ese es el único medio de hacer efectivas las órdenes de este Juzgado [...] máximo desde que la autoridad de Campaña dependen mas inmediatamente del Departamento a cargo de Ud. [...]/La practica le ha dado el convencimiento intimo, de que las citaciones hechas a los Comisarios o Jueces de Paz de Campaña directamente por este Juzgado, eterniza las causas, causando asi gravisimos males a la moral pública y a los intereses particulares”36.

“Pero no es asi como se han de salvar estos inconvenientes [contra la eficacia de la administración] sinó prescribiendo a todos los funcionarios el deber en que se encuentran de acatar y

34 “Decreto organizando administrativa y judicialmente el pueblo y Departamento del Rosario”, 14 de agosto de 1854, en Registro Oficial de la provincia de Santa Fe, t. II (Santa Fe: Tipografía La Revolución, 1889), art. 11, 213-216. Cursivas de la autora.

35 En 1865 se especificaron más estas cuestiones: el Jefe Político dispondría de la fuerza pública que estuviese en la ciudad y villas del departamento para “la ejecución de las disposiciones judiciales, conservación del orden público y el cumplimiento de las órdenes superiores del Gobierno de la provincia”. Tenía a su cargo inmediato al jefe de policía de la ciudad, comisarios de campaña y jueces de paz del departamento, “en cuanto concierne a sus funciones administrativas”. “Ley sobre jurisdicción y atribuciones de la Gefatura Política del Rosario”, en Registro Oficial de la provincia de Santa Fe, t. IV (Santa Fe: Tipografía La Revolución, 1889).

36 “Nota del juez Pedro Peña al jefe Político y de Policía Jacinto Corvalán”, 14 de abril de 1871, en AMHPRJM, AJPR, Archivo de Policía. Cursivas de la autora.

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cumplir los mandatos de los Jueces, con la prontitud con que son requeridos. Esos inconvenientes no se han de salvar, mientras que haya autoridades políticas, que insolentemente contesten a un Juez que procede en la órbita de sus atribuciones, que no cumplen sus órdenes porque obedecen y proceden en virtud de otras órdenes superiores”37.

En la 2ª Circunscripción de la provincia, la Jefatura Política era el canal de comunicación obligatorio entre los agentes auxiliares y la justicia ordinaria. Los sumarios elaborados por los jueces de paz de las diferentes secciones de la ciudad de Rosario, por los de las colonias y por los comisarios de los distritos rurales eran enviados primero a las oficinas del Jefe de Policía y de la Jefatura, donde se los preparaba y presentaba al Juzgado, siempre que lo considerase el Jefe Político, cuya nota de remisión precedía al sumario en los expedientes. La demora temporal se hace presente aquí en términos de la desobediencia de algunas autoridades.

La decisión de elevar un caso al Juzgado del Crimen recaía en el Jefe Político, como lo demuestran algunas causas analizadas. Si bien el Juez del Crimen disponía de la competencia legal para requerir a comisarios y jueces de paz, esto no era suficiente, e incluso, si actuaba de manera directa, obtenía respuestas poco favorables al desarrollo procesal. Como muestran las citas, su argumento se basaba en que, a pesar de tener que realizarse de manera directa desde el Juzgado las ejecuciones judiciales necesarias, no conseguía efectivarlas sin la intermediación de la Jefatura.

Es evidente la discrepancia entre la autoridad político-administrativa y la judicial dentro de esta circunscripción. Unos meses después, este Juez continuaba con los mismos inconvenientes y recurrió a la “práctica establecida” de funcionamiento para lograr las declaraciones: “[…] ha resuelto el Juzgado, para salvar estos inconvenientes, dirigirse a V. pidiendo que por el conducto de esa oficina se dirijan oficios a las Autoridades que corresponda, a efecto de que se ordene la comparecencia de los testigos o personas que se espresan, recomendando la mayor brevedad posible en la evacuacion de esas diligencias”38.

Estos escritos eran interpelaciones indirectas a las autoridades encargadas en los distritos de campaña y las colonias de tomar las declaraciones a tiempo y remitirlas al Juez ordinario con asiento en Rosario. Estas autoridades no respondían las órdenes del Juzgado de manera directa, y la única salida del Juez para obtenerlas y avanzar con los procesos era recurrir a los oficiales de la Jefatura. El mismo problema evidenciaba el juez del Crimen Pedro C. Reyna, en 1876, por lo que recurría al Jefe Político para que reconviniera a las autoridades correspondientes sobre el cumplimiento de sus deberes: “[…] habiendome dirigido con oficio al Comisario del Arroyo del Medio Abajo, pidiendo la citacion del individuo Casimiro Mendez, herido por Tomas Pereyra, este funcionario se ha negado ha dar cumplimiento a lo ordenado por este Juzgado, alegando que solo recibe ordenes de la Gefatura Politica y no del Juzgado del Crimen. Esta misma contestacion la ha mandado verbalmente, pues no se cree ni aun en el deber de contestar por escrito la nota de este Juzgado. A ser cierto esto, como no lo dudo, me veo en la necesidad de dirigirme a V.S. por la presente, a fin de que por su intermedio se haga comprender a ese funcionario la grave responsabilidad que pesa sobre él, por

37 El Independiente, 19 de mayo, 1877. Cursivas del documento.

38 “Nota del juez Pedro Peña al Oficial Primero de la Gefatura Política encargado del despacho de Policia”, 24 de octubre de 1871, en AMHPRJM, AJPR, Archivo de Policía. Cursivas de la autora.

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la desobediencia a los mandatos de esta autoridad, y que en caso de reincidencia, este Juzgado dictará las medidas necesarias para reprimir esos atentados”39.

Dentro de la organización administrativa y judicial del departamento, el eslabón que generaba problemas eran los jueces de paz y comisarios. En esta puja entre autoridades ejecutivas y judiciales, los jueces de paz no inciden en cuanto “intermediarios”, sino que —como lo expresan las citas— era la Jefatura (autoridad política) la que oficiaba de intermediario entre el Juez (autoridad judicial) y los subalternos (además del hecho de que la figura del jefe político estaba pensada como mediadora entre el departamento y el poder ejecutivo provincial).

Los jueces de paz y comisarios de distrito y otras autoridades, junto al Jefe Político, conformaban una “trama administrativa, política y militar” que abarcaba diversos aspectos (instancias electorales, imposición de penas correccionales, captación de fuerza de trabajo)40. De acuerdo a esto, este vínculo entre los agentes menores y el jefe político se extendería y/o reforzaría a la hora de estar a cargo de las actuaciones judiciales por parte de aquellos que, hasta donde se vio, respondían con mayor resolución a la autoridad ejecutiva que al Juez letrado. Los jueces y parte de la prensa consideraban, porque la norma así lo establecía, que sus órdenes debían cumplirse sin recurrir a otras autoridades, y, de esta manera, no verse supeditados en su funcionamiento a órdenes provenientes de otras oficinas.

3. Tiempos y distancias En 1871, el abogado y exjuez Juan Francisco Monguillot publicó una nota en el periódico La Capital, donde explicaba con sumo detalle las deficiencias procesales que presentaban los juicios criminales, a la par que expresaba su preocupación por estos temas y la necesidad de un Código procesal —que se sancionaría dos años después—. Monguillot atribuía los problemas principalmente a las formalidades de la legislación, que en lugar de ser violada o aplicada arbitrariamente debía modificarse. Su experiencia en el ejercicio de la justicia lo convertía en un conocedor de los “absurdos” de la ley y la práctica criminal; por tanto, los ejemplos que señalaba en su nota se referían a dificultades netamente prácticas en el ejercicio de la justicia. Una de las cuestiones se relacionaba con las deportaciones efectuadas sin juicio ni sentencia judicial que liberaron a la provincia de muchos bandidos y ofrecieron un resultado inmediato, pero “constituyen una gran inmoralidad y un escandalo con el cual desaparece el respeto a la ley y a los poderes, tan necesarios en toda sociedad culta y organizada”. Monguillot continuaba detallando: “Si el delito se cometió en la campaña, como sucede generalmente, es preciso hacer bajar a los testigos para que declaren. Aqui se tropieza con gravísimas dificultades que hacen perder a veces muchos meses. La primera, es que la autoridad policial a quien se oficia para que haga comparecer los testigos, transmite sus órdenes cuanto tiene ocasión de enviar un chasque al distrito donde los testigos residan. Esa ocasion puede demorar en presentarse quince días, un mes o dos. Pero

39 “Nota del juez del Crimen Pedro Reyna al Jefe Político”, Rosario, 23 de marzo de 1876, en AMHPRJM, AJPR, Archivo de la Policía. Cursivas de la autora.

40 Marta Bonaudo, “Aires gaditanos en el mundo rioplatense. La experiencia de los jefes políticos y el juicio por jurados en tierras santafesinas (segunda mitad del siglo XIX)”. Revista de Indias 68, n.° 242 (2008): 264-265, doi: dx.doi.org/10.3989/revindias.2008.i242.642

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llega al fin, y la orden se comunica al Comisario del distrito, quien la cumple personalmente, si otros negocios no lo ocupan, o por medio de los alcaldes quienes se echan por esos campos a buscar los testigos. La segunda dificultad es que los testigos son frecuentemente peones o mujeres; gente pobre y desvalida que, para obedecer la orden, baja a la ciudad, a sus expensas, abandonado el trabajo, la casa, la familia, y a quienes no se puede exigir que concurran al llamado judicial sino cuando les fuera posible”41.

Esta descripción ofrece una interpretación de los tiempos judiciales que incorpora las distancias como función explicativa42. Por una parte, los tiempos de ejecución de los oficios dependían, en varios sentidos, de la distancia física existente entre las autoridades y la población o entre las autoridades de ciudad y las de la campaña43. Otras distancias, en cambio, permiten evaluar los plazos de cumplimiento de las tareas judiciales: las deficiencias en el cumplimiento de los oficios también se debían, como se verá más adelante, a problemas de obediencia, todo lo cual confluía en una distancia procesal.

Los plazos en que debían realizarse las diligencias judiciales estaban establecidos por los códigos de procedimiento. En febrero de 1873, por ejemplo, el Jefe Político de Rosario reclamaba más ejemplares del Código de Procedimientos recientemente sancionado: “Los pocos que vinieron del Proyecto fueron repartidos a los Jueces para quienes estaban rotulados, habiendo quedado en este Gefatura el que venia dirigido para el Juez Federal”44. Si el nuevo Código determinaba plazos normativos, el interés de este artículo en el tiempo y las distancias se justifica, dado que se trata de factores procesales significativos en el quehacer cotidiano del Juzgado: el relato del escribiente sobre la disponibilidad de tiempo para realizar sus tareas (un tiempo en la oficina, un tiempo en la calle, que muestran esa lenta imposición de ritmos estándar del trabajo judicial); los plazos judiciales según los ordenamientos legales; el tiempo que transcurre entre la ocurrencia de un delito y

41 Juan Francisco Monguillot, “Lo absurdo de la legislación vigente”, La Capital, 14 de diciembre, 1871. Cursivas del original.

42 Esta idea se retoma de los trabajos de Darío Barriera: “Justicia de proximidad: pasado y presente, entre la historia y el derecho”. PolHis 5 n.º 10 (2012): 50-57; “Entre el retrato jurídico y la experiencia en el territorio.

Una reflexión sobre la función distancia a partir de las normas de los Habsburgo sobre las sociabilidades locales de los oidores americanos”. Caravelle n.° 101 (2013): 133-154, doi: dx.doi.org/10.4000/caravelle.608 43 El Juzgado de 1ª Instancia que funcionó en la ciudad de Rosario desde 1854 atendía casos provenientes de todo el departamento que comprendía los distritos de campaña. Rosario era la única ciudad y cabecera del Departamento, y dos villas concentraban una importante población y actuaban como centros de servicio: San Lorenzo y Villa Constitución (el 27 de agosto de 1862, ambos pueblos fueron declarados cabeza de partido, lo que implicaba que cada uno tendría un juez de paz y se los considerara distritos electorales).

44 “Nota del jefe político sustituto Melitón de Ibarlucea al Ministro Secretario General de Gobierno, Pedro L. Funes”, Rosario, 26 de febrero de 1873, en Archivo General de la Provincia de Santa Fe (AGPSF), Santa FeArgentina, Fondo Gobierno, t. 38, f. 1205. Pero además Ibarlucea, el 7 de marzo, escribía al Ministro: “Por el adjunto recibo de la Agencia del Vapor Proveedor, se impondrá VS que en dicho buque se remite un cajón con cinco y cuarta resmas papel tamaño doble oficio, pedidas por S.E. para la imprecion del Codigo de procedimientos. El importe de este papel y de las otras cinco resmas que se remitieron incluso el flete y gastos, que asciende a ciento diez pesos y cincuenta centavos plata boliviana, he ordenado sea pagada por la Receptoria”.

7 de marzo de 1873, en AGPSF, Gobierno, t. 38, f. 1215. El Código de Procedimientos fue elaborado por una comisión ad hoc nombrada por el poder ejecutivo e integrada por Severo Basabilbaso, Tomás Puig y Pedro L. Funes, cuya labor fue aprobada con algunas reformas en noviembre de 1872. Estuvo vigente hasta 1895.

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la sentencia que lo juzga. Se trata de temporalidades que se ponen en juego al atender antropológicamente a esta dimensión45.

4. Relatos archivados “en la memoria” El expediente refleja la “división del trabajo” de los agentes judiciales46: comisarios o jueces de paz que elaboran sumarios, médicos de policía u otros peritos que aportan su palabra autorizada sobre alguna cuestión (autopsias, clasificación de heridas); escribanos, secretarios y oficiales que realizan notificaciones y toman declaraciones; fiscales y defensores que presentan sus escritos; jueces que toman decisiones; otros jueces que aprueban o rectifican estas últimas. Cada una de estas personas, con sus atribuciones y posibilidades físicas de desarrollar sus tareas, fue parte de la elaboración de los expedientes.

Las órdenes que determinaban dichas actuaciones tenían dos agencias de emisión: había agentes que respondían al Juzgado del Crimen (escribano, secretario, receptor de diligencia), y otros que dependían también de la Jefatura Política (jueces de paz, comisarios de campaña, alcaides de cárcel). Estos últimos remitían sus actuaciones (declaraciones sumarias, la ejecución de una orden de arresto) a la Jefatura Política, y esta luego elevaba el sumario al Juzgado del Crimen acompañado de la notificación, por ejemplo, de estar prófugo o detenido el sospechoso. El cumplimiento de diligencias para notificar a testigos se encontraba con dificultades materiales pero también de desobediencia, como se ha ejemplificado. Una vez concluido el juicio, el Juez del Crimen lo elevaba al Superior Tribunal de la Provincia en consulta o apelación. Este envío se realizaba con la intermediación de la Administración de Correos, de competencia nacional47. Si todo funcionaba correctamente, las huellas de estos recorridos no aparecen dentro de los expedientes judiciales (nota del Escribano para que el Receptor convoque a testigos; el comprobante de que el Escribano remitió los autos en el vapor rumbo a Santa Fe). Ante la falla de un eslabón, la cadena completa

45 Un ejemplo de lectura antropológica del tiempo es el libro de Silvina Smietniansky, Ritual, tiempo y poder.

Una aproximación antropológica a las instituciones de gobierno colonial (Gobernación del Tucumán, siglos XVII y XVIII) (Rosario: Prohistoria, 2013). También puede verse Darío Barriera, La antropologización de la Historia (Rosario: Prohistoria, 2013).

46 Juan Pablo Fasano ha reparado en lo que comúnmente se denomina “dar traslado al expediente” para Buenos Aires, en relación con el movimiento que este involucraba durante su sustanciación: de manos de los comisarios o jueces de paz a los escribanos de los tribunales, a casa del fiscal que debe realizar la acusación, los defensores, entre otros, sin olvidar que cada notificación realizada por el escribano, escribiente o algún auxiliar implicaba ir por la ciudad en busca de las partes, ya fuera en casas de particulares o en la cárcel. Juan Pablo Fasano, “Jueces, fiscales y escribanos: trayectorias profesionales dentro y fuera de la justicia penal (Buenos Aires, 1840-1880)” (ponencia presentada en el XXVIII Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, Río de Janeiro, 11-14 de junio, 2009).

47 Aunque no se ahondará aquí en el tema, es importante atender al funcionamiento del correo por esos años.

Rosario funcionaba como nudo de la red de comunicaciones (cabecera de las comunicaciones del interior y nexo entre esta y Buenos Aires) desde la creación de la Administración General de Correos Nacionales (4 de enero de 1854, por decreto de Urquiza), y luego (con la extensión de las empresas de mensajerías), los empresarios de tales emprendimientos se instalaban en la ciudad, y las oficinas centrales funcionaban allí, según relata María Amanda Bergnia de Córdoba Lutges, “Origen y evolución del correo en Rosario”. Separata de Historia de Rosario VI, n.° 15-16 (1969): 40. El ferrocarril y el telégrafo fueron dos elementos que perfeccionaron las comunicaciones desde los años 1860.

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aparecía expuesta y se iniciaba un movimiento para encontrar al responsable, castigarlo si fuese el caso y rectificar el error.

El movimiento de los agentes y los documentos estaba estipulado bajo ciertos tiempos procesales que debían respetarse. Entre los reclamos dirigidos hacia la administración de justicia se encuentra, como se ha visto, su lentitud en la resolución de los procesos. Aquí es importante ocuparse del tiempo en cuanto factor determinante en la memoria y en los registros que subsistieron de la actividad judicial. Ciertas situaciones particulares generadas en el Juzgado del Crimen resultan notables para pensar esto. Por ejemplo, en el transcurso de la década de 1870, además de los inconvenientes materiales y de personal por los que los jueces del Crimen reclamaban, se presentaba otro: el extravío de documentación y, en especial, de algunos expedientes judiciales.

Pero además, en julio de 1874, el Superior Tribunal examinando la visita realizada en la cárcel de Rosario llamó la atención al Juez del Crimen por las demoras y los incumplimientos en varias causas, entre ellas la que se había seguido contra Juan Mendoza. Sobre este último, el Superior pedía que se reinstruyera el proceso que se había extraviado48. Debieron, entonces, realizarse las actuaciones judiciales necesarias, que se volcaron en un nuevo expediente49, además de abrirse un sumario sobre el extravío del proceso original50. Para esto se acudió a las autoridades que habían sustanciado el caso. El expediente resultante contiene desde el sumario (reconstruido y ampliado respecto al primero) hasta las instancias de apelación por las que pasó la causa. En paralelo a Juan Mendoza se sustanciaron causas contra Pedro Álvarez y Gervasio Ferreyra, todos involucrados en el homicidio del comisario de San Lorenzo, Juan de Dios Ledesma, ocurrido en abril de 187151.

El Juez de aquel primer proceso había sido Pedro J. Peña, quien informó, consultado por el juez ahora actuante, Ramón Contreras, que mientras se procesaba a Mendoza por la muerte del comisario se descubrió que había matado a su hermano Pascual. Tras careos y acusaciones mutuas entre Mendoza, Ferreyra y Álvarez, todos los sospechosos del homicidio del comisario Ledesma resultaron sobreseídos. Habiendo ocurrido los hechos en cuestión en el pueblo de San Lorenzo, el juez de paz Valentín Carnicer era el encargado de levantar los sumarios correspondientes y enviar48 El cuidado de los registros judiciales y su respectivo archivo es importante, por cuanto: “[…] se utilizan para dar cuenta al superior burocrático de que la responsabilidad ha sido transferida, que el procedimiento se ha seguido según los reglamentos, que hay constancia de la acción y de la actuación. […] se da cuenta de que el trabajo ha sido cumplido, son huellas de acciones, antes que fotografías. Son pistas para armar el funcionamiento de las relaciones de poder en ellos inscriptas antes que para construir políticas sobre el crimen. En esos registros, que son espejos de prácticas cotidianas, están las extremidades desde las cuales asir el poder punitivo”. Tiscornia, Burocracias y violencia, 7. Cursivas de la autora.

49 “Criminal contra Juan Mendoza por Homicidio de Pascual Mendoza y otros delitos”, de 1874, en AMHPRJM, ATR, Criminales, leg. 23 ex. 39.

50 “El Defensor de Menores pidiendo se averigüe el paradero de la causa seguida a Juan Mendoza”, 1874, en AMHPRJM, ATR, Criminales, leg. 22, ex. 23. Este incidente administrativo concluyó cuando se determinó que el responsable de la pérdida debía estar en la Administración de Correos, por lo que se pidió la actuación de la Justicia Federal, que funcionaba con sede en Rosario. Entre las causas que se conservan en el Archivo del Juzgado Federal de Rosario, en los años 1870, hubo algunas seguidas por sustracción de documentación o por recibirse sobres abiertos (con faltante de dinero), pero no se encontró ninguna referida a este hecho en particular.

51 “Pedro Alvares por complicidad en el homicidio del comisario Ledesma y varios robos”, 1871, en AMHPRJM, ATR, Criminales, leg. 16, ex. 4; “Criminal contra Gervasio Ferreira acusado de participación en el asesinato de Don Juan de Dios Ledesma”, 1872, en AMHPRJM, ATR, Criminales, leg. 18, ex. 22. El proceso contra Ferreyra es posterior porque estuvo prófugo hasta que lo apresaron en la provincia de Buenos Aires bajo un nombre falso.

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los a la Jefatura Política de Rosario. En el momento de ser requeridas, en varias oportunidades, estas actuaciones por el Juez del Crimen, la Jefatura respondía que esos papeles no estaban en las oficinas y que, finalmente, habría que hacer venir a Carnicer y a un comisario que había intervenido en una de las detenciones a Rosario para que relatasen lo que sabían. De nuevo, la falta de documentación hacía necesario apelar a la memoria de estas autoridades.

El juez de paz declaró que había enviado los originales del sumario a la Jefatura y que “no recuerda por el tiempo transcurrido pero se remite a lo que tiene declarado ante el Juzgado en el careo que tuvo con Mendoza”52. En otro momento, el Juez requirió a la Jefatura que revisase las oficinas para ver si existía una causa contra Ferreyra, quien, en una de sus declaraciones, reconoció haber matado a un hombre en defensa propia cinco años atrás. No se encontró ningún antecedente sobre este hecho. Estos detalles muestran la precariedad que podía existir en la sustanciación de las causas por la no conservación de este tipo de documentación, sin embargo, el interés está puesto en destacar la asociación entre documentos, agentes a cargo y las oficinas como un modo de administración, de justicia en este caso, en construcción. Otros modos pervivían, como el que los jueces se llevasen los autos a su casa para estudiarlos, hecho que también podía derivar en un extravío53.

Según relató el juez Peña, había condenado a Juan Mendoza por “fratricidio alevoso” a la pena de muerte, pero detalló que un incidente impidió que fuese ajusticiado. El Alcaide de la cárcel, sin orden del Juzgado, había hecho servir a Mendoza de verdugo en la ejecución del reo Máximo Rodríguez. El Juez consideró que este rol “[…] fue una pena anticipada que se impuso a Juan Mendoza, en circunstancias que el Juzgado estaba formando el proceso criminal, y este rol hizo que en derecho contribuyera a la disminución de la pena por el delito de que hera procesado”54. Peña le pidió al Alcaide que le explicase por qué razón había sacado a Mendoza de la cárcel y conducido a realizar esta función. Resultó que, llegado el momento de hacer marchar a Rodríguez al lugar de ejecución (la plaza del mercado público), un ayudante del batallón de Gendarmes le pidió la llave de la celda de Mendoza para sacarlo y llevarlo como verdugo. La orden se la había dado el coronel Manuel Vázquez, encargado de formar el cuadro de fusilamiento y una figura conflictiva en la ciudad por esos años porque disponía de los presos a su antojo.

Fue entonces Pedro C. Reyna quien volvió a sentenciar a Mendoza a diez años de presidio en Martín García. Su abogado defensor, Pedro Rueda, pidió que se lo liberara por estar compurgado su delito con los años de prisión que llevaba. El Tribunal Superior confirmó la condena con la disidencia de uno de los camaristas, Romualdo Retamal, que consideraba que había motivos suficientes para aplicar la pena de muerte: “entre nosotros no existe la institucion del verdugo”, y quien ejecutaba la sentencia de muerte es la fuerza pública; además, los años que llevaba de prisión se debían a complicaciones derivadas de otros procesos judiciales también graves en los que Mendoza estaba involucrado.

52 En la causa contra Pedro Álvarez.

53 Esto le sucedió al juez Lucinio Fresco a raíz de un conflicto personal desatado por una relación amorosa, y lo he tratado en: “Cuando los jueces cometen malas acciones”, en Carolina A. Piazzi, coord., Modos de hacer justicia.

Agentes, normas y prácticas. Buenos Aires, Tucumán y Santa Fe durante el siglo XIX (Rosario: Prohistoria, 2011).

54 “Criminal contra Juan Mendoza por Homicidio de Pascual Mendoza y otros delitos”, 1874, en AMHPRJM, ATR, Criminales, leg. 23, ex. 39.

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¿Cómo jugaron el tiempo transcurrido y la memoria en la reconstrucción de esta causa? A pesar de que los hechos ocurrieron con anterioridad, los procesos judiciales se ubican en un presente; en palabras de A. Garapon, su función es la de “abrogar el tiempo”. El Superior Tribunal de la provincia pedía que volviera a sustanciarse el caso porque aún era posible actuar al respecto, y más aún, necesario para restablecer el daño realizado a la sociedad. La memoria del Juez y el Escribano que originalmente trataron la causa era la que otorgaba legalidad a esa primera condena.

Para el Fiscal, al menos, esto era suficiente. El Superior pedía otras pruebas (informes forenses, testigos). Entre los hechos criminales judicializados que comportaban mayor gravedad se observa que alcanzaban un desenlace en la justicia: excepcionalmente se los encuentra incompletos o sin sentencia. Esta condición subraya la importancia, y tal vez la presión, que los jueces otorgaban en administrar una justicia definitiva en pos de restablecer la vindicta pública dañada55: “El poder de la justicia de remontarse en el tiempo se extingue con su ejercicio. Los distintos recursos procesales conducirán a una sentencia definitiva […] el tiempo del proceso se mueve en un solo sentido (salvo el caso muy excepcional de que fuera procedente el recurso de revisión).

Esta peculiaridad es la que los juristas resumen en la fórmula non bis in idem: no es posible pronunciarse dos veces sobre los mismos hechos”56.

El caso de este proceso extraviado y la insistencia en la reconstrucción judicial de la causa y en que las nuevas indagaciones aportasen mayores pruebas para sostener la condena contra Mendoza llevan a pensar en la exigencia de los jueces, en este caso por parte del Superior Tribunal, de otorgar una sentencia definitiva con todas las garantías procesales.

Conclusiones Todo ejercicio institucional genera un quehacer administrativo que comprende a los agentes involucrados y los resultados o las huellas que quedan de sus actividades (correspondencia, notas, expedientes, pero también la falta de ellos). Al convertir en objeto de estudio ya no el contenido de la documentación que los agentes dejaron, sino su carácter de resultado de una acción específica, se intenta mostrar de manera desnaturalizada las relaciones inherentes a las prácticas. ¿Cómo delimitar, entonces, la “administración” en cuanto objeto de estudio? En principio, a lo largo de este artículo se reconocen cuatro puntos que no están pensados de manera excluyente. En primer lugar, el hecho de que toda actividad administrativa se realiza en un lugar —que en general es físico, pero no necesariamente—. En segundo lugar, se trata de una actividad escrita. En tercer lugar, es una actividad realizada por un agente bajo el mando de otro, es decir, como parte de una cadena de obediencias —con las consiguientes instancias de revisión—. En cuarto lugar, es parte de un itinerario procesal —se rige por normas y reglamentos, pero también por la costumbre y la práctica—.

55 Resulta interesante detenerse en estas reflexiones de Antoine Garapon: “El verbo ‘restablecer’ referido a la justicia evoca muy bien la idea de que algo le ha sido arrancado a la víctima y, en menor medida, al orden político. De ahí que la acción propia del proceso consista, al mismo tiempo, en traer a la presencia y en integrar en el presente un hecho pasado. La representación judicial de los hechos debe entenderse, en el primer sentido, como una ‘presentizacion’ de hechos que han vuelto a estar presentes”. Antoine Garapon, “La justicia y la inversión moral del tiempo”, en ¿Por qué recordar?, dirigido por Françoise Barret-Ducrocq (Barcelona: Granica, 1998), 90-100.

56 Garapon, “La justicia y la inversión”, 99.

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La dinámica propia del ejercicio de las diferentes funciones, ejecutivas y judiciales, de los agentes estudiados generaba distancias administrativas, entendidas como experiencias que circulaban en sentido vertical y horizontal —en términos de las órdenes emitidas y la realización de gestiones—. Tales dinámicas fueron detalladas a partir de las imágenes que devuelven algunas descripciones volcadas en la documentación, para exponer etnográficamente el ejercicio de la justicia. Esta descripción estuvo marcada por tres dimensiones que atraviesan el quehacer administrativo. Las distancias: la organización política y administrativa de la jurisdicción se traducía en una jerarquía de obediencias de unas autoridades hacia otras, así como en gestiones para la resolución de problemas. La reconstrucción del quehacer ha permitido catalogar la dinámica entre Juzgado y Jefatura en términos de distancias física, procesal y material, dependiendo del asunto en cuestión, convergiendo todas ellas en una distancia simbólica entre las autoridades en cuestión.

En términos de accesibilidad, es de destacar que la instalación de una Cámara de Apelaciones en la ciudad en 1887 respondía a la necesidad de acercar el Tribunal a la población, para que no tuviese que trasladarse hasta la Capital sino sólo en casos de mayor cuantía. Los tiempos: la rutina del Juzgado estaba determinada por las condiciones en las que se realizaban las diligencias judiciales (influidas también por las distancias físicas), por las demoras debidas a la sobrecarga de trabajo (que generaban disputas entre empleados del Juzgado) y por la falta de cumplimiento de órdenes judiciales (entre Juzgado y Jefatura). Pero existe, además, el tiempo transcurrido entre la ocurrencia de los hechos, su judicialización y lo que quedó en la memoria de jueces y escribanos, que debían dar cuenta de sus actuaciones cuando no existía documentación que acreditase sus decisiones. Un tiempo que para la justicia era necesario suprimir, a fin de asegurar una correcta administración y el restablecimiento de la vindicta pública.

Los lugares: hacia fines del siglo XIX, aunque las condiciones de desempeño del Juzgado del Crimen del Rosario, así como las del resto de las oficinas públicas, eran similares a las de los primeros años del siglo, la imagen pública experimentó cambios sustanciales, por cuanto se construyeron edificios específicos, se multiplicaban los cargos destinados a actividades administrativas (secretarios, receptores, porteros) y comenzaban a realizarse estadísticas con cierta regularidad. Aunque la oficina era el ámbito que, progresivamente, cobraba mayor centralidad para identificar el ejercicio de la actividad pública, se vio que para estos años la actividad judicial se desarrollaba intermitentemente: en la oficina del Juzgado, en la casa del Juez o del Escribano; en la cárcel, en las oficinas de la Jefatura Política, en el recorrido de los receptores por la ciudad o la campaña en busca de testigos; en el juzgado de paz o la comisaría de campaña; en el vapor que trasladaba el expediente a Santa Fe y en el despacho de los camaristas. En todos estos sitios tenía lugar la construcción del expediente57. La no ubicación física de este documento también originaba una serie de actividades, que daban por resultado otros expedientes: reconstruidos o para determinar qué sucedió. Las diferentes dimensiones presentadas muestran la materialidad del quehacer administrativo cotidiano al que se accede etnográficamente en el seguimiento a los agentes judiciales.

57 La materialización de la que habla Leticia Barrera no opera sólo en “un lugar”. Leticia Barrera, La Corte Suprema en escena. Una etnografía del mundo judicial (Buenos Aires: Siglo XXI, 2012).

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❧ Carolina Andrea Piazzi Investigadora asistente en ISHIR-CONICET y Secretaria General del Centro de Historia Social de la Justicia y el Gobierno (CEHISO) de la Universidad Nacional de Rosario (Argentina). Doctora en Humanidades y Artes (mención en Historia) por esta última universidad. Su principal línea de investigación es la historia de la justicia, en particular, la justicia criminal durante la segunda mitad del siglo XIX. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran: “Atrocidad, vínculos y vindicta pública.

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Conditional Clemency after the Golpe de Melo of 1854: Constitutionalism and Tradition in Early Republican Colombia❧ Joshua M. Rosenthal

Western Connecticut State University, United States doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit63.2017.04

Received: 28 de marzo de 2016/ Accepted: 08 de agosto de 2016/ Revised: 02 de septiembre de 2016

Abstract: This article examines indultos after the Golpe de Melo of 1854. While the government hoped that these acts of clemency would erase all traces of the rebellion, a flood of appeals for indultos ensured that the post-war reckoning went on longer than the war itself. Drawing on archival and published material documenting this phenomenon, the article documents post-war politics in New Granada. The tension between popular ideals concerning pardonable behavior and the dispassionate constitutionalism promoted by the government documents the limits of the early republican project.

Keywords: Colombia, politics, law, civil war (Thesaurus); indultos, constitutionalism (Author’s).

Clemencia condicional después del Golpe de Melo de 1854: constitucionalismo y tradición en la joven república de Colombia Resumen: Este artículo examina los indultos después del Golpe de Melo de 1854. Mientras que el gobierno tuvo la esperanza que estos actos de clemencia borrarían todos los trazos de la rebelión, una oleada de peticiones de indulto afirmó que las consideraciones de la posguerra iban a durar más que la guerra misma.

Basado en el estudio de documentos de archivos y de material publicado sobre este fenómeno, el artículo documenta la política de la posguerra en Nueva Granada. La tensión entre los ideales populares con respecto al comportamiento perdonable y el constitucionalismo desapasionado promovido por el gobierno, demuestra los límites de los inicios del proyecto republicano.

Palabras clave: Colombia, política, ley, guerra civil (Thesaurus); indultos, constitucionalismo (Autor).

Clemência Condicional após o Golpe de Melo de 1854: constitucionalismo e tradição no início da Colômbia Republicana Resumo: Este artigo examina indultos após o Golpe de Melo de 1854. Enquanto o governo esperava que esses atos de clemência apagassem todos os vestígios da rebelião, uma avalancha de apelos de indulto garantiu que as consequências da pós-guerra durassem mais do que a própria guerra. Com base em material arquivístico e publicado que registra esse fenômeno, este artigo documenta a política pós-guerra na Nova Granada. A tensão entre os ideais populares sobre comportamentos perdoáveis e o indiferente constitucionalismo promovido pelo governo demonstra os limites do projeto republicano inicial.

Palavras-chave: Colômbia (Thesaurus); constitucionalismo, guerra civil, lei, perdão, política (Autor).

❧ This article is part of ongoing research into political clemency in New Granada. Support for the project has been

provided by Connecticut State University and the American Association of University Professors. The author would like to thank the two anonymous reviewers from Historia Crítica for their comments, and Stacey Alba Hawkins and Ricardo Kerguelén Mendez for their invaluable help with the preparation of the final manuscript.

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Conditional Clemency after the Golpe de Melo of 1854: Constitutionalism and Tradition in Early Republican Colombia Joshua M. Rosenthal

Introduction Of the series of civil wars that marked political life in early republican Colombia during its incarnation as New Granada, the Golpe de Melo of 1854 is generally considered in isolation. In part this is because this war, which began in the streets of Bogotá on April 17 with a popular uprising involving the capital’s artisans and ended on December 4 of that same year, offers a relatively straightforward narrative of popular rebellion. But this isolated treatment also reflects a historiographical tendency to emphasize artisan participation in the rebellion as a key moment in Colombia’s early labor history, or analyzes the war within specific regional contexts. The conflict is rarely linked to the preceding wars of the early republic; the subsequent Constitution of 1858, which remade the country as the Granadine Confederation; or the War of 1860, which ushered in a quarter century of extreme federalism.

In contrast, in Las palabras de la guerra. Las guerras narradas del siglo XIX, María Teresa Uribe de Hincapie and Liliana López analyze Colombia’s first three civil wars, or more precisely, the relevant post-war periods.1 Though their examination of public memory based on published sources analyzes these wars in sequence rather than synthetically, considering all three poses questions about politics and nation-making in the early republic. It also presents the welcome challenge of employing historical methods to extend their analysis of narratives by incorporating indulto decrees and related petitions as important components of that narrative. Individual petitions are a rich resource for examining how ordinary people understood their rights and responsibilities in the mercurial world of the early republic, and provide a means of forging a better understanding of popular politics during the New Granadan era.2 In considering the reckoning that followed 1854, Uribe de Hincapie and López Lopera find little of the thirst for public vengeance that marked the War of the Supremes (1839-1842) or the inclination toward quick reconciliation that followed the War of 1851.

Instead, the post-war effort of 1855 was aimed at erasure; public amnesia as nation-building. But reading the flood of petitions from indultados and their families countered this effort and prolonged the public post-war reckoning. The clash over the relevant criteria for receiving an indulto undermined the government’s constitutional project and contributed to the unmaking of New Granada as ongoing Liberal factionalism facilitated the election of Mariano Ospina Rodríguez and the Civil War of 1860, thus ushering in the Federal era.3

1 María Teresa Uribe de Hincapié and Liliana López Lopera, Las palabras de la guerra. Las guerras narradas del siglo XIX (Medellín: Instituto de Estudios Políticos, 2003), 469-473. See also Fernán E. González, Para leer la política. Ensayos de historia política colombiana (Bogotá: CINEP, 1997), vol. 2; and Fernán E. González, “A propósito de ‘Las palabras de la guerra’. Los comienzos conflictivos de la construcción del Estado nación y las guerras civiles.” Estudios Políticos n.° 25 (2004): 37-70.

2 For a survey of works on this topic, though none of them consider Colombia, see Lara Putnam, Sarah C. Chambers, and Sueann Caulfield, eds., Honor, Status, and Law in Modern Latin America (Durham: Duke University Press, 2005).

3 On familialism, see Sarah C. Chambers, “The Paternal Obligation to Provide: Political Familialism in Early-Nineteenth Century Chile.” The American Historical Review 117, n.° 4 (2012): 1123-1148, doi: dx.doi. org/10.1093/ahr/117.4.1123; and Nicolás Alejandro González Quintero, “Nación, Constitución y familia en La Bandera Tricolor, 1826-27,” in Disfraz y pluma de todos. Opinión pública y cultura política, siglos XVIII y XIX,” edited by Francisco A. Ortega Martínez and Alexander Chaparro Silva (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2012), 421-446.

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1. Republican Pardons During the colonial era, the power of the monarch had blurred the distinction between grants of clemency as personal acts of grace invoking divine mercy and tactical pardons employed as mechanisms for quelling rebellions. Then, the practice endured through the Wars of Independence.4 In both Gran Colombia (1821-1831) and New Granada the practice continued, a common if contradictory feature of the constitutional era across the Atlantic World.5 During the presidency of Francisco Paula de Santander (1832-1837) there was little hint that indultos would become so prominent in the decades that followed, though the legal structures supporting their use were put into place with the draft of the country’s first legal code that was then signed by Santander’s successor José Ignacio de Márquez in 1837.6 This continuity was not without its critics. When Congress debated a new indulto for political offenses, El Noticioso in 1835 weighed in against the decree: “Un indulto tan estenso, tan escandaloso i tan ajeno de las circunstancias actuales, empezaría por disolver la presente administración, porque desde el presidente de la república hasta los jefes políticos patriotas deberían abandonar sus destinos, puesto que el indulto es incompatible con la existencia de majistrados, gobernadores, consejeros, etc.”7

At the same time, the public expected indultos, as demonstrated by Josefa Antonia Lizarralde de Arjona in a pamphlet published in 1837. Addressing the “Honorables Senadores y Representantes,” Lizarralde requested an indulto for her son Alejo who had already served four years in prison in Panama, citing the precedent set by the Spanish crown and numerous contemporary examples.8 The possibility that the presidential transition from Santander to José Ignacio de 4 José Luis de Las Heras, “Indultos concedidos por la Cámara de Castilla en tiempos de los Austrias.” Studia Historica. Historia Moderna I, n.° 3 (1983): 115-142; 12. Antonio Caballero y Góngora, and Carlos III, “Edicto para manifestar al publico el indulto general, concedido por nuestro Catholico Monarca el Señor Don Carlos III a todos los comprehendidos en las revoluciones acaecídas en el año pasado de mil setecientos ochenta y uno” (Bogotá: s/e., 1782), <http://www.banrepcultural.org/node/92593>; Simón Bolívar, “Decreto de Simón Bolívar sobre el indulto para las fuerzas realistas” (Valencia: Imprenta del Gobierno, 1813), <http://www. cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmchm631>; and Congreso de Cúcuta, “Decreto de indulto, el Congreso General de Colombia” (Bogotá: Imprenta de Espinosa, 1821); on the Crown’s 1817 indulto see Maria Teresa Uribe de Hincapié and Jesús María Álvarez, Raíces del poder regional: el caso antioqueño (Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 1998), annex 7.3. See also Natalie Davis, Fiction in the Archives. Pardon Tales and Their Tellers in Sixteenth-Century France (Stanford: Stanford University Press, 1990); Helen Lacey, The Royal Pardon: Access to Mercy in Fourteenth-Century England (York: York Medieval Press, 2009); and K. J. Kesselring, Mercy and Authority in the Tudor State (Cambridge: Cambridge University Press, 2003).

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7 Anonymous, “¡Alerta Patriotas verdaderos i firmes apoyo de la Libertad!”, El Noticioso, March 31, 1835.

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Conditional Clemency after the Golpe de Melo of 1854: Constitutionalism and Tradition in Early Republican Colombia Joshua M. Rosenthal

Márquez had ushered in an era of peaceful electoral politics was foreclosed by the War of the Supremes. Though the initial uprising in Pasto was a minor series of protests against a law closing minor convents, in 1840 José María Obando sparked a national war. Facing fresh accusation that he was behind the assassination of Antonio José de Sucre in 1830, and wary of a proffered indulto guaranteeing him a fair trial, Obando declared himself the Supreme Director of the War in Pasto, setting off a national war.9 For several months in 1840 it seemed the government might fall, but by mid-1841 it regained the upper hand, and Obando’s forces were defeated by an army under the command of Tomás C. de Mosquera. Obando fled into exile, in part because of Mosquera’s practice of executing captured officers.10 The government responded to the threat of national dissolution with high profile executions and reluctantly granted indultos to some of the condemned.11 Early in 1842 President Herrán explained the logic behind one proposal: “Os presentó la República unida y tranquila, mas no debo ocultaros que aún es delicada la situación en que se halla. Tenéis que llenar una gran misión: afianzar el reinado de la paz, asegurar para siempre la reconciliación de nuestros hermanos, y creo que la llenaréis concediendo cuanto sea compatible con la seguridad pública en favor de tántos granadinos que sufren las penosas consecuencias de la revolución […] Si por lo pasado es mi opinión que haya indulgencia, no pienso así para lo futuro. Os pido, pues leyes severísimas y fórmulas abreviadas para reprimir y castigar con prontitud y rigor el delito y aun el conato de rebelión.”12

An anonymous pamphlet, by “Un amigo personal y político del Jeneral Herran,” offered a pessimistic appraisal of the proposal: “La guerra ha terminado y ahora es que viene bien un acto espléndido de clemencia. Es como si dijera: el imperio de la leí se ha restablecido, y ahora es que conviene no cumplir la leí […] ¿el 9 See Francisco U. Zuluaga R., José María Obando. De soldado realista a caudillo republicano (Bogotá: Biblioteca Banco Popular, 1983); Manuel Arjona, José María Obando y el asesinato del Jeneral Sucre (Bogotá: Imprenta de J.A. Cualla, 1844); Uribe de Hincapié and López Lopera, Las Palabras de la Guerra, 165-185; Francisco U. Zuluaga R., “La Guerra de los Supremos en el suroccidente de la Nueva Granada,” in Las guerras civiles desde 1830 y su proyección en el siglo XX (Bogotá: Museo Nacional de Colombia, 1998), 17-36; and Rebecca Earle, “The War of the Supremes: Border Conflict,Religious Crusade or Simply Politics by Other Means?” in Rebecca Earle, Rumours of Wars: Civil Conflict in Nineteenth-Century Latin America (London: Institute of Latin American Studies, 2000), 119-134.

10 Eugenio Gutiérrez Cely, “Mosquera frente a Obando: pretexto, el asesinato de Sucre.” Credencial Historia n.° 31 (1992): s/p; José María Obando, Apuntamientos para la historia (Bogotá: Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, 1945).

11 Juan de Dios de Aranzazu, “Decreto del Poder Ejecutivo negando la conmutación de la pena de muerte impuesta a Vicente Vanegas reo del delito de traición,” and José M. Cardenas, et. al, “Solicitud hecha por los individuos insultados que se mencionan,” Gaceta de la Nueva Granada, August 8, 1841 (Trimestre 39, 517); and Juan de Dios de Aranzazu, “Decretos del Poder Ejecutivo: Negando la conmutación de la pena de muerte impuesta a Pablo Vegal por el delito de traición i rebelión,” Gaceta de la Nueva Granada, August 22, 1841 (Trimestre 39, 519). See also Gustavo Arboleda, Historia contemporánea de Colombia. Desde la disolución de la Antigua República de ese nombre hasta la época presente (Bogotá: Banco Central, 1990), early chapters in vol. 3. Uribe de Hincapié and López Lopera, Las palabras de la guerra, 95-98, annex 4, 493-5; and Joshua M. Rosenthal, “The Indultados of Tescua: Criminal Rebellion and Judicial Reckoning during the War of the Supremes.” Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 39, n.° 2 (2012): 131-156.

12 Jesús María Henao and Gerardo Arrubla, Historia de Colombia para la enseñanza secundaria (Bogotá: Librería colombiana, 1920), 503.

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mismo Jeneral Herra no concedió à Obando y a todos los rebeldes de Timbio una plena amnistía en enero del año de 40? ¿No aseguró à la nacion, que este acto de beneficencia produciría los mas felices resultados?”13

Despite such censure, the use of indultos endured through the passage of the Constitution of 1843; the liberal reforms of mid-century; the formal organization of the Conservative and Liberal parties; and the split of the latter into the elite-led Golgota and Draconian factions. Draconians were less radical in their politics than Golgotas but, with staunch support from artisans in the eastern highlands and from Afro-Colombians in Cauca and the Caribbean, they proved capable of radical action.14 During the presidential election of 1849 when neither Liberal faction nor the Conservatives won a majority in the first round of voting, artisans packed the congressional galleries in Bogotá, offering vociferous support for or, according to some accounts, threats in favor of the Draconian candidate José Hilario López.15 López was elected. An indulto followed that allowed Obando to return to New Granada where he served first as governor of Cartagena and then as congressional representative of Bogotá.

The War of 1851, led by Conservative planters from the Cauca Valley, who were aggrieved over the final abolition of slavery, was brief.16 It was ended with relative ease and was not seen as a fundamental challenge to the republic. The post-war reckoning had little of the vitriol of the War of the Supremes, in part because of the zeal shown by Cauca’s Afro-Colombian population in taking up arms against these former slave owners, which posed a greater threat to social order than the rebellion. The war neither slowed the pace of reform, nor ended Liberal factionalism. In 1853 Golgotas in Congress succeeded in ratifying a new constitution and Obando was elected president as a Draconian.

2. The Golpe de Melo The rising class tension that was articulated through party factionalism turned into open confrontations in the streets of Bogotá and then exploded under the leadership of General José María

13 Anonymous, Breve refutación del sistema de indulgencia por lo pasado y severidad inexorable para lo futuro, que el Presidente de la República, Jeneral Pedro Alcántara Herrán, propone al Congreso en su mensaje estraordinario de 1o. de marzo de éste año (Medellín: Manuel Antonio Balcazar, 1842). See also Eduardo Posada and Pedro María Ibáñez, Vida de Herrán, Biblioteca de Historia Nacional, III (Bogotá: Imprenta Nacional, 1903), 96-98.

14 William Marion Gibson, The Constitutions of Colombia (Durham: Duke University Press, 1948), 194-202; David Bushnell, The Making of Modern Colombia. A Nation in Spite of Itself (Berkeley: University of California Press, 1993), 101-139; Helen Delpar, Red Against Blue. The Liberal Party in Colombian Politics 1863-1899 (Tuscaloosa: University of Alabama Press, 1981), 1-13.

15 Delpar, Red Against Blue, 6. On this and artisans’ societies, see David Sowell, The Early Colombian Labor Movement. Artisans and Politics in Bogotá, 1832-1919 (Philadelphia: Temple University Press, 1992), 54-100. See also Eduardo Posada-Carbó, “New Granada and the European Revolutions of 1848,” in The European Revolutions of 1848 and the Americas, edited by Guy Thomson (London: Institute of Advanced Study, 2002), 217-240.

16 Uribe de Hincapié and López Lopera, Las palabras de la guerra, 311-317. On the War of 1851, see James E. Sanders, Contentious Republican. Popular Politics, Race, and Class in Nineteenth-Century Colombia (Durham/ London: Duke University Press, 2004).

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Melo on the morning of April 17, 1854.17 Whether Melo, the commander of the Bogotá garrison, rebelled in order to avoid prosecution after he was accused of complicity in the murder of Corporal Pedro Ramón Quiroz, or in response to congressional plans to reduce the size of the standing army, or in emulation of the European revolutions of 1848, or due to some combination of these factors is still unclear. The uprising enjoyed widespread support among the artisans of Bogotá, many of whom also served in National Guard units and were members of democratic societies.

Cali also emerged as a center of rebellion, and there were uprisings and pronouncements of solidarity in other parts of the country as well.

Obando declined the invitation to lead a provisional government, though not with sufficient alacrity to deter subsequent accusations that he had encouraged or even planned the uprising.

With Melo in control of Bogotá, the members of Congress who escaped from the capital gathered in Ibagué where, after some disorganization, Vice-President Obaldia led a “Constitutional” government of Golgotas and Conservatives. Generals López, Mosquera, and Pedro Herran led the military effort. The war was relatively short. The Melistas won only a single significant military victory at Zipaquirá. López’s forces took control of Cali peacefully in November and an army entered Bogotá in triumph on December 4.

A congressional commission had prepared charges against Obando during the war and he was tried twice. In one trial, remarkably, he was found innocent of the crime of failing to fulfill his office.

In the second case, he was found guilty of “traición y rebelión,” and sentenced to twelve years of exile and fined one-eighth of his wealth.18 This verdict was overturned on appeal and Obando retired to Pasto shortly thereafter. The case against Melo was clearer. He was found guilty of rebellion in civil court and sentenced to eight years of exile and the forfeiture of all of his property. The accusation concerning Corporal Quiroz still stood, so he was excluded from receiving an indulto as these decrees did not apply to common crimes. Free on bond, Melo accepted the sentence of exile and fled before he could be tried for murder.19 The trials of Obando and the prosecution of Melo were exceptional because of their notoriety, but they were nothing out of the ordinary as legal processes against accused rebels. For two years the national government, and some provincial governments, worked to hold all rebels legally accountable, but formal trials were rare. Generally, the government sought to circumvent individual trials with decrees of indulto. In the sort of irony that typified public life in New Granada, these decrees extended the post-war reckoning as they encouraged further petitions and appeals.

17 See Sergio Guerra Vilaboy, Los artesanos en la revolución latinoamericana, Colombia (1849-1854) (Bogotá: Universidad Central, 2000); Francisco Gutiérrez Sanín, Curso y discurso del movimiento plebeyo 1849/1854 (Bogotá: El Áncora Editores, 1995); Fabio Zambrano Pantoja, “El golpe de Melo de 1854,” and Alonso Valencia Llano, “La revolución de Melo en las provincias del Cauca,” in Las guerras civiles desde 1830 y su proyección en el siglo XX (Bogotá: Museo Nacional de Colombia, 2001), 59-72 y 79-89. See also Víctor Zuluaga Gómez, Territorio, Religión y Guerra. Cauca y Antioquia, 1850-1870 (Pereira: Hoyos Editores/Universidad Tecnológica de Pereira, 2009).

18 Salvador Camacho Roldán, Causa de responsabilidad contra el ciudadano presidente de la republica i los señores secretarios del despacho (Bogotá: Imprenta del Neo-granadino, 1855), 6-7; Suprema Corte de la Nacion, “Sentencia de primera instancia en la causa por traición i rebelión seguida al expresidente de la República, Ciudadano Jeneral José María Obando,” in Gaceta Oficial, June 30, 1855, 937-945; and Andrés Aguilar, El Ciudadano Jeneral José Maria Obando (Bogotá: Imprenta de Francisco Torres Amaya, 1855).

19 Uribe de Hincapié and López Lopera, Las palabras de la guerra, 467; and Pedro Gutiérrez Lee, “Resolucion sobre una solicitud de José María Melo”, Gaceta Oficial, August 27, 1855, 1009.

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Indultos had been issued during the war when both sides used them to tempt enemy soldiers to desert.20 But the decrees that came after the fighting was over were more significant. The first followed the entry of Constitutionalist forces into Cali. While there was not much fighting in Cauca, Melistas had controlled the city for several months and tensions between Afro-Colombian Draconians and the Conservative elite, echoes of 1851, had run high. López took control of the city peacefully, in part because his status as a popular Draconian was taken as a sign that a rapprochement would follow. Instead, he treated prominent Melistas harshly, issuing indultos that carried lengthy sentences of exile.21 The reckoning which took place in Bogotá two months later followed suit. Contemporary accounts and historical studies agree that somewhere between two hundred and four hundred Melistas were rounded up on the night of December 4 and marched off to exile in Panama before dawn the next day.22 Published lists confirm that 341 accused Melistas from Bogotá were forced to accept sentences of three or four years of military service in Panama as a condition of their indulto.23 The attempt to cleanse the taint of rebellion and circumvent a flood of trials simultaneously failed. In part this was because national and provincial officials continued to compile lists of suspected rebels and indultados throughout 1855. By September, 1,949 people had been named in such lists: 1,094 from in or around Bogotá, 636 from Cauca, 168 from Santander, and 51 from the rest of the country.24 More than half of those named were declared innocent or granted unconditional pardons. The rest were denied clemency or, more frequently, offered indultos that carried sentences of provincial exile, often combined with military service (see Table 1).

At first, decrees of indulto were presented as part of a triumphant restoration. Obaldia, still the acting executive, began his address to Congress on February 1, 1855 by saying: “‘La República se salvará:’ fueron las últimas palabras de mi Mensaje de 22 de setiembre de 1854, al memorable Congreso de Ibagué; i no habían trascurrido dos meses i medio, cuando los defensores de la causa constitucional, radiantes de gloria, me abrían las puertas de la capital para que dirijiese pacífica-

20 Melo issued a decree from Facatativá on May 28, 1854, “Decreto de Indulto,” in Biblioteca Nacional de Colombia (BNC), Bogotá-Colombia, Fondo Anselmo Pineda 1002, Pieza 34; for a petition for an indulto for criminal acts committed before April 17th offered to those who fought against Melo, see “Petición de Alférez José Antonio Mera,” Túrquerres, February-March 1855, in Archivo General de la Nación (AGN), Bogotá-Colombia, Sección República, Fondo Gobernaciones Varias: SR.47, leg. 192, ff. 629-632; and “Petición de Maria Antonia Otero de Lopez para Pio López,” Neiva, June 1855, in AGN, República, Gobernaciones Varias: SR.47, leg. 192, ff. 27-48.

21 Gobierno provincial de Buenaventura, “Espulsos República de Nueva Granada,” November 25, 1854 reprinted in Gaceta Oficial, January 1, 1855, 395.

22 See Sowell, The Early Colombian, 75.

23 José de Obaldía, “Decreto concediendo indulto condicional a varios individuos,” Gaceta Oficial, December 21, 1854, 373-4; Baldía, “Decreto concediendo indulto a varios individuos,” Gaceta Oficial, January 5, 1855, 397; Obaldía , “Decreto concediendo indulto a varios individuos bajo la condición de servir en el Ejercito,” Gaceta Oficial, January 15, 1855, 409; and a list of 45 names recommended as recipients of an indulto with the condition of four years in Panama in corrrespondence from E. Briceño in Bogotá, January 8, 1855, in AGN, Sección República, Fondo Gobernaciones: SR.46, Subfondo Gobernaciones. Bogotá: SR.46,71, leg. 34, f. 899.

24 Using voting totals from the national elections of 1856, these numbers indicate that at least 4% of the politically active population of Bogotá, where 29,927 votes were cast, and 6% of Cauca, where 9,930 votes were cast, were involved. David Bushnell, “Voter Participation in the Colombian Election of 1856.” Hispanic American Historical Review 51, n° 2 (1971): 240, doi: dx.doi.org/10.2307/2512474

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mente los destinos de Nueva Granada.”25 For many, such pronouncements rang hollow. Though the death penalty had been abolished for political crimes in 1849, for residents of Bogotá, exile to Panama was a death sentence.26 The official assertion that such sentences had been accepted by the accused rang hollow, in part because anyone who rejected the terms of this indulto would be transported to Panama for their trial.27 Table 1. Indulto Conditions, 1854-September 1855 Result Provincial Exile Exile in Panama

Length in Years <1

1

2

3

4

79

76

63

29

28

8

29

17

3

80

261

Military Service (probably in Panama) International Exile

6

18

6

5-8

12-16

9

21

Source: Compiled from 34 lists or decrees of indulto compiled between November 1854 and September 1855; 32 published in the Gaceta Oficial, one in El Reportorio. Periodico Oficial de la Provincia de Bogota, and one in general correspondence from E. Briceño, January 8, 1855. AGN, Sección República, Fondo Gobernaciones: SR.46, Subfondo Gobernaciones. Bogotá: SR.46,71, leg. 34, f. 899.

Early in 1855 rumors spread through the capital that prisoners had been executed on the road to Panama, accompanied by lists of the dead; an echo of the government’s published lists.28 The poem San Bartolomé en 1855, written by the well-known literary figure Lorenzo M. Lleras while he was held in the prison of that same name, also demonstrates that exile to the isthmus was understood as a death sentence: “Mas, no finjas, no finjas, Obaldía,/Que la hija del pueblo al pueblo mate:/ Si es que manda la lei, la leí se acate; /I si no manda, escusa la ironía. /Cuando pregonas tú, que perdonas, /¿Por qué amarrados, entre soldados, /De los vencidos los desvalidos, /Por centenares, de sus hogares/ A tierra ajena parten, en pena/ De ese delito no comprobado,/ I que indultado dices que está? /I si hai quien, inocente, rechace tu clemencia, /¿Por qué, contra las leyes, tras de su muerte vá? /¿Protejes su inocencia privándole de amigos, /De pruebas, de testigos, i de su Juez acá? (4)[…]

No basta, no, la muerte preparada,/De fiebre i hambre, en la desierta arena,/ Ó en el raudal del ancho Magdalena/ Por balsa aleve, incógnita, llevada; (6)/ Ni que asesino, por el camino, /O en

25 José de Obaldia, Mensaje que el vicepresidente de la república, encargado del poder ejecutivo dirije al congreso en sus sesiones ordinarias de 1855 (Bogotá: Imprenta del Neo-granadino, 1856), 3.

26 Héctor Elías Hernández Velasco, La Pena de muerte en Colombia, 1821-1910 (Bucaramanga: Sic Editorial, 2007), 6.

27 Rufino Azuero and Emeterio Heredia both chose trials in Panama rather than indultos. See official correspondence from January 16, 1854, in AGN, República, Gobernaciones: SR.46, Gobernaciones. Bogotá: SR.46,71, leg. 34, f. 976.

28 See notes in general correspondence concerning an anonymous pamphlet, “Una Noticia Alarmanta,” E. Briceño, January 23, 1855 in AGN, República, Gobernaciones: SR.46, Gobernaciones. Bogotá: SR.46,71, leg.

34, ff. 1003-1005.

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el poblado, desatentado/ Su daga vibre, i el pueblo libre/ El valle hermoso que el espumoso/ Cáuca serpea, diezmado sea,/ I tinto el Cáuca con sangre suya, /Rápido huya hasta su fin; […]”29

The government, meanwhile, continued to publish lists of indultados, using the Gaceta Oficial as a tool for demonstrating the workings of a dispassionate legal culture. Though historically, governmental reliance on indultos was engendered by a regime’s weak position vis-à-vis rebellion; in the European tradition, pardons were ritualized as grants of mercy invoking divine grace in order to reify a ruler’s authority. New Granadan governments, and Obaldia’s in particular, eschewed such charismatic displays in order to emphasize the constitutional basis for clemency. In fact, the charges against Obando prepared by a congressional commission were published in October 1854 as Causa de responsabilidad contra el ciudadano presidente.30 Such efforts had no discernable impact on the public at large, in part because the presentation of a rational post-war legal reckoning was undermined by the state’s limited capacity. This was evident in the inability of officials to track the accused and the indultados. Notably, none of the lists of indultados that were published were numbered. In February 1855, Secretary of State Pastor Ospina could only estimate that these decrees applied to thousands of individuals.31 He wrote that as many as 500 prisoners awaited trial in Bogotá with more in other cities or at large who might receive indultos. No other figures were published. From mid-December 1854 through February 1855, the Gazette published lists generated by the national government.32 Then, in response to a query from the governor of Cundinamarca about whether his recommendations were approved, Obaldia empowered provincial governors to grant indultos, though Bogotá maintained oversight.33 The change reflected the regime’s flagging will to manage the post-war process, rather than the sense that the task had been accomplished.

Perhaps another reason to decentralize the power of indulto, as Bogotá had done with various colonial taxes a few years earlier, was the continuing criticism of the practice. In January an anonymous essay credited to “Unos Jovenes,” in the short-lived paper, Ultima Campanada attacked indultos, “[…] los prisioneros no tienen derecho a ninguna indulgencia, ni al asilo en las naciones estranjeros,” though the author, or authors, allowed that subalterns might be pardoned.34 Such 29 Lorenzo María Lleras, San Bartolomé en 1855, con notas aclaratorias (Bogotá: Imprenta del Neo-granadino, 1855), 4-5. In later notes, Lleras cited letters from Panama naming the dead, 12. See also Sowell, The Early Colombian, 103-105, 204. For an official response, see Obaldia, Mensaje que el vicepresidente, 11-12. On New Granada’s limited prisons, see Ricardo D. Salvatore and Carlos Aguirre, eds., The Birth of the Penitentiary in Latin America. Essays on Criminology, Prison Reform, and Social Control, 1830-1940 (Austin: University of Texas Press, 1996).

30 Salvador Camacho Roldán, Causa de responsabilidad contra el ciudadano presidente de la republica i los señores secretarios del Gobierno i de Guerra (Lima: Imprenta de Comercio, 1855).

31 Pastor Ospina, Esposición del secretario de estado del despacho de gobierno de la Nueva Granada al congreso constitucional de 1855 (Bogotá: Imprenta del Neo-granadino, 1855), 32-33.

32 See Obaldía, “Decreto concediendo indulto a varios de los individuos que han cometido delitos contra la Constitucion o contra la tranquilidad i el órden público,” Gaceta Oficial, December 10, 1854, 1 [The first issue of the Gaceta Oficial after the Constitutionalist triumph of December 4, 1854 was treated as the beginning of a new serial. Subsequent issues returned to the old sequence of volume and page numbers]. See also the decrees cited in note 23.

33 Obaldía, “Decreto sobre indulto por delitos políticos,” Gaceta Oficial, March 1, 1855, 560.

34 “Unos Jovenes,” in La Ultima Campanada, 1 December 28, 1854, BN, Anselmo Pineda 1002, Pieza 61.

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condemnations were not confined to the free-wheeling press, as demonstrated in the correspondence about Raimundo Grillo’s appeal. Grillo had worked provisioning Melo’s forces, though he had neither participated in the events of April 17 nor taken up arms against the government and, he claimed, had only dealt with cattle that had already been seized. This, he asserted, allowed him to seek an indulto with complete confidence.35 Fiscal F. E. Álvarez broke with the neutral tone of official correspondence to condemn Grillo’s appeal and the overall use of indultos in the justice system. He argued that the laws encouraged miscreants to commit greater crimes in order to qualify for indultos. This, he argued, undermined public morals and created an atmosphere of impunity.

If things went on in this fashion, he explained, the History of New Granada would be written by groups of bandits claiming to represent political parties.36 Álvarez was not simply voicing his own frustrations. When Obaldia granted Joaquín Posada, the publisher of the satirical El Alacrán, an indulto that same month, Álvarez resigned in protest.37 As governors took up the task of deciding which accused rebels merited clemency, indultos were granted with less stringent terms than those set by the national government.38 Bogotá maintained final say and rejected at least one provincial indulto, overruling a Popayan decree sentencing the priest Manuel María Alaix to a two-year exile and insisting instead on a sentence of six.39 But this reversal was an exception in a trend toward leniency. In the months that followed, the Gaceta published fourteen provincial decrees listing 800 indultos,40 with some like an April decree that reduced seventy-three existing sentences,41 while another granted full pardons to twenty-five who had been sent to Panama immediately after December 4.42 One reason for the increasingly relaxed terms was the challenge of keeping the accused imprisoned. In Bogotá, they were held in the typhus-ravaged prison in the Colegio de San Bartolomé, a flash point for criticism and a symbol of the government’s disorganization.43 In April, Ramon Ardila, a well-known Melista, wrote to protest the conditions of his imprisonment, claiming that

35 “Petición de Raimundo Grillo,” Bogotá, January 1855, in AGN, República, Gobernaciones: SR.46, Gobernaciones.

Bogotá: SR.46,71, leg. 34, ff. 847-850, quote f. 849.

36 F. E. Álvarez, margin note, “Petición de Raimundo Grillo,” in AGN, República, Gobernaciones: SR.46, Gobernaciones. Bogotá: SR.46,71, leg. 34, f. 848.Grillo later received an indulto with a two-year sentence of exile, “Lista de los individuos que han sido indultado por el poder ejecutivo i por la Gobernacion de Bogotá,” El Reportorio. Periodico oficial del a provincia de Bogotá, April 30, 1855, (Trimestre 9, 98).

37 Uribe de Hincapie and López Lopera, Las Palabras de la Guerra, appendix 4, 499. See Luis Fernando García Núñez, “El Alacrán en el periodismo satírico del siglo XIX,” Credencial Historia n° 215 (2007): s/p.

38 The last list with names included only six people, all of whom were granted unconditional pardons, Manuel M. Mallarino, “Decreto concediendo indulto,” Gaceta Oficial, September 26, 1855, 1065.

39 Pedro José Velazco i Valdez, “Decreto de Indulto,” Popayan, Gaceta Oficial, May 15, 1855, 808. On Alaix, see Alonso Valencia Llano, Dentro de la ley. Fuera de la ley. Resistencias sociales y políticas en el valle del río Cauca, 1830-1855 (Cali: Universidad de Valle, 2008), 236; and Sanders, Contentious Republicans, 76.

40 A Socorro decree granted those not named an unconditional pardon, Lucas Caballero, “Decreto sobre indulto,” Socorro, Gaceta Oficial, April 19, 1855, 714-715.

41 Rómulo Duran,“Decreto sobre indulto,” Gaceta Oficial, May 5, 1855.

42 “Lista de los individuos que han sido indultado,” 98.

43 See the pamphlet, Un Observador, “Al Congreso Nacional,” 1855, in BNC, Anselmo1 Pineda 1002, 66.

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he was held shackled in a crowded cell with fifty-six others.44 Officials dismissed his complaints, but they could not ignore the public outcry or the challenge of holding suspects. In June, as three prisoners were being transferred from San Bartolomé to the Charity Hospital, Ardila and Jenero Gaitan took advantage of the disorder to escape.45 Their pending indulto was cancelled.46 Other signs of the regime’s inability to manage a formal judicial review proliferated. That same month, officials reported that Luis Estrada, sentenced to four years of military service in Panama, had been seen moving freely around Bogotá.47 The governor also compiled a list of 55 men who had been sentenced to exile in Panama, noting that five had fled.48 In July, officials called attention to the petition of Martín Mogollon, largely because his name appeared on a number of lists and they could not determine his actual sentence.49 There were no published lists in 1856. Instead, the year was punctuated by decrees marking the regime’s flagging will to deal with the remaining accused rebels or to enforce existing sentences. One decree in January reduced existing sentences; another in July voided earlier conditions except for those who had served in the military prior to April 17.50 On September 30, 1856 a final decree pardoned former members of the military, though they were obliged to present themselves to their respective governors, remain outside of the province where they had committed their crime for a year, and provide a bond as a guarantee of good behavior.51 Legally, the rebellion was over.

3. Individual Appeals Working against the ordered pretensions of these decrees was the steady stream of individual petitions submitted by accused rebels and their families. Though the decrees were intended to circumvent time-consuming trials, officials reviewed petitions that had been prompted by suc-

44 Ramon Ardila, “Petición de Ramon Ardila,” April 27, 1855, in AGN, República, Gobernaciones: SR.46, Gobernaciones. Bogotá: SR.46,72, leg. 35, ff. 451-469. Ardila was accused of participating in the initial rebellion, holding various high offices, and levying a forced loan with particular zeal, Venancio Ortiz, Historia de la revolución de 17 de abril de 1854 (Bogotá: Imprenta de Francisco Torres Amaya, 1855), 58-61, 112, 178.

See also comments by Alejandro Silva, “Petición de Alejandro Silva,” February 17-March 20, 1854, in AGN, República, Gobernaciones: SR.46, Gobernaciones. Bogotá: SR.46,72, leg. 35, ff. 117-140, leg. 34, ff. 467-69.

Lleras also detailed the overcrowding at San Bartolomé, San Bartolomé en 1855, 11.

45 See notes between officials in the National Government and the Government of Bogotá in general correspondence, June 19-21, 1855, in AGN, República, Gobernaciones: SR.46, Subfondo Gobernaciones.

Bogotá: SR.46,72, leg. 35, ff. 589-90.

46 Mallarino, “Decreto declarando comprendido a varios individuos en el indulto concedido por el decreto lejislativo de 29 de mayo último,” Gaceta Oficial, June 8, 1855, 886.

47 This comment is from a marginal note on an otherwise illegible document in general correspondence, in AGN, Sección República, Fondo Gobernaciones: SR.46, Subfondo Gobernaciones. Bogotá: SR.46,72, leg. 35, f. 614.

48 E. Briceño in general correspondence, Bogotá, June 2, 1855, in AGN, República, Gobernaciones: SR.46, Subfondo Gobernaciones. Bogotá: SR.46,72, leg. 35, ff. 540-540v.

49 “Petición de Martín Mogollon,” Bogotá, June 7, 1855, in AGN, República, Gobernaciones: SR.46, Subfondo Gobernaciones. Bogotá: SR.46,72, leg. 35, ff. 653-54.

50 Mallarino, “Decreto levantando las condiciones con que se han concedido ciertos indultos,” Gaceta Oficial, January 1, 1856, 1, and Mallarino, “Decreto sobre indultos,” Gaceta Oficial, July 20, 1856, 553. For a prior decree relaxing conditions, see Velazco i Valdez, “Decreto sobre indulto,” Gaceta Oficial, Popayan, August 2, 1855, 982.

51 Mallarino, “Decreto sobre indulto,” Gaceta Oficial, September 30, 1856, 665.

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cessive decrees as if they were formal legal appeals, gathering information through reports, letters of support, and sworn testimony given in front of local judges. The result was an unwieldy process that drew in more and more people. Consider the appeal of Modesto Barbosa to shorten the four-year sentence of exile that was a condition of his indulto.52 Barbosa wrote from prison in Bogotá, arguing that even though he had served as a judge in the town of Choachí during the rebellion, he had always acted honorably. He asked the presiding judge of Choachí at that time to take testimony to confirm this claim. Six men were questioned in the court offices of the town and testimony was then taken from Felipe Sandino at his home, where he was confined due to poor health. Anyone in Choachí who was not already following this drama surely learned of the affair as the judge, notary, witnesses, and others walked from the court office to Sandino’s home to pose, in the formal rhythms of a court procedure, questions relating to Barbosa’s actions. One appeal touched dozens of lives and created countless moments for participants and observers to reflect on the responsibilities of citizens to defend a regime incapable of maintaining control over society.

Writing about Tudor England, K. J. Kesselring notes that a pardon “has no intrinsic meaning,” that it is the presentation of mercy, the humility of the supplicant, and the participation of an audience that imbue the act with significance.53 In New Granada, the rationalist intentions of the regime foundered in a splintering administrative effort that produced hundreds, if not thousands, of mercurial public performances, in part because petitioners turned to traditional juridical culture. When Juan Nepomuceno Franqui wrote from prison in 1855, he invoked regal, Christian mercy in seeking the “gracia” of an indulto, a fairly common usage.54 In contrast, very few petitioners employed the republican rhetoric of appealing to the “Citizen” Vice-President.

The most profound appeal to tradition was when petitioners invoked family and familial obligations. These appeals also tended to reflect on the hardship of exile.55 Juan Nepomuceno Garcia invoked this theme when writing to the governor of Cauca on behalf of his son Miguel who was in exile for having served as the mayor of Buchitolo during the rebellion. He was living in Jamaica, serving an eight-year sentence of exile, already halved from the original sentence of sixteen.56 The appeal was short and poignant. Garcia wrote that he would not live until his son’s scheduled return in 1863, “porque la vida es un vapor que se disipa.”57 He reflected on the petitioning process: “De todas partes os dirijirán memoriales padres, hermanos, esposas, amigos i aun los mismos enemigos políticos para conseguir la libertad de hijos, esposos, amigos, hermanos i enemigos.

Los gemidos del dolor i los gritos de la desesperación se oyen en tu resinto a todas horas i los

52 See Obaldía, “Decreto sobre indulto,” 560. For his successful appeal, see “Petición de Modesto Barbosa,” Bogotá, February-March, 1855, in AGN, República, Gobernaciones: SR.46, Gobernaciones. Bogotá: SR.46,72, leg. 35, ff. 103-107v; and “Lista de los individuos que han sido indultado,” 98.

53 Kesselring, Mercy and Authority, 3.

54 “Petición de Juan Nepomuceno Franqui,” Bogotá, March 1855, in AGN, República, Gobernaciones: SR.46, Gobernaciones. Bogotá: SR.46,72, leg. 35, ff. 177-179.

55 On this subject, see Heléna Tóth, “The Historian’s Scales: Families in Exile in the Aftermath of the Revolution of 1848.” The Hungarian Historical Review 1, n° 3/4 (2012): 294-314.

56 “Petición de Juan Nepomuceno García para Miguel García,” January 15, 1856, in AGN, República, Gobernaciones Varias: SR.47, leg. 195, ff. 3-4 and 241. On his original sentence of sixteen years, see Gaceta Oficial, January 1, 1855, “Petición de Juan Nepomuceno,” f. 3-3v.

57 “Petición de Juan Nepomuceno,” f. 3-3v.

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gritos del goza si hay algunos no serán la expresión de la felicidad sino de la antipatía que gozo del mal de sus víctimas.”58

His son had paid for his deeds, “esos brazos los reclaman la agricultura, las ciencias, las artes, el comercio i en fin la patria misma.” García included no testimonies to his son’s honorable character. The basis of the petition was that his need and those of the nation, even the rising passion for economic development, were intertwined. In a variation on this theme, Maria de Jesus Ordoñez petitioned on behalf of her son, José Trinidad Forero, arguing that he had suffered through internal exile while attempting to avoid impressment by Melistas during the war. Only sixteen years old, he had sought shelter in various locations and deserted after being forced to serve.59 Ordoñez asked if the government would subject her son to a second exodus? Marginal notes in her appeal indicate that officials were sympathetic, and Forero was among those who received an unconditional pardon in April.60 When Jenaro Mendoza, “ciudadano pacifico, buen padre de familia, honrado, sumiso y obediente a las autoridades,” appealed to the governor of Pamplona for an indulto in January of 1855, he situated family within a more significant context.61 In Mendoza’s account, when Melista forces entered Pamplona in August 1854, they claimed the town’s central plaza without opposition from the retreating government forces. Soon after, the rebels appeared at Mendoza’s home near that plaza and demanded that he continue his military service, threatening his family should he refuse.

How, he asked rhetorically, could he have abandoned his wife and children after the battle was lost? Mendoza’s precise description of the plaza, the cathedral, and his home juxtaposed spaces where sacred, patrimonial authority girded the moral functioning of the republic. In vacating the plaza, the government allowed the web of obligation binding social order to unravel. As a “padre de familia,” Mendoza fulfilled his obligation to protect those under his authority in the sacrosanct domestic space, while those who had abnegated a similar responsibility now stood in judgment over him. The governor of Pamplona acknowledged Mendoza’s upstanding character but, as the appeal was submitted prior to the decree of February 28, could only recommend that he be granted an unconditional pardon.62 Until the decrees of 1856, members of the military who had continued to serve were ineligible for pardons, so the petition was refused and Mendoza’s critique ignored.

58 “Petición de Juan Nepomuceno,” f. 3-3v.

59 “Petición de María de Jesus Ordoñez para su hijo José Trinidad Forero,” Bogotá, December 11-28, 1854, in AGN, República, Gobernaciones: SR.46, Gobernaciones. Bogotá: SR.46,71, leg. 34, ff. 421-428. Women often participated in petitioning, though only an April list from Popayan included women indultados, Velazco i Valdez, “Decreto sobre indulto,” Popayan, Gaceta Oficial, May 15, 1855, 808. On women as secondary actors, as “angels,” see José Ignacio Sáenz, Grandes hechos para la historia (Bogotá: Imprenta Echeverría Hermanos, 1854); and Francisco A. Palau, Resumen historico de los hechos patrioticos i recomendables que se han ejecutado en esta provincia desde las elecciones populares de 1853 hasta el 4 de Diciembre de 1854 (Cali: Imprenta de Velasco, 1855), 27.

60 “Lista de los individuos que han sido indultado,” 98.

61 Testimony of Santiago Contreras, “Petición de Jenaro Mendoza,” Pamplona, January 1855, in AGN, República, Gobernaciones Varias: SR.47, leg. 192, ff. 903-911, quote f. 904v.

62 Eusebio Mendoza, “Petición de Jenaro Mendoza,” Pamplona, January 1855, in AGN, República, Gobernaciones Varias: SR.47, leg. 192, f. 910.

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Pedro Neira Acevedo also invoked family in seeking a pardon, though in a different fashion than Mendoza.63 Neira was the son of General Juan José Neira, a veteran of the Wars of Independence who had come out of retirement to lead the defense of Bogotá at a precarious moment during the War of the Supremes. The general saved the city in 1840 and died shortly after from wounds received in battle. His son served as governor of Boyacá during the rebellion and was accused of holding a command during the final defense of Bogotá. In February 1855, perhaps free on bail, Neira defended his actions and pre-emptively appealed for an indulto in the pamphlet “Manifiesto a la nación.” In it he offered one of the few unabashed defenses of the rebellion offered by any accused Melista, arguing that the uprising was an inevitable, even desirable, product of the nation’s growing democratic spirit.64 Most of the pamphlet reflected on the heroic life of his father, but not even the general’s martyrdom could protect his son. In a postscript added on February 13, Neira informed readers, “se me ha vuelto a reducir a prisión, violando escandalosamente todas las leyes que garantizan la libertad individual. Cuando la tiranía impera debe callar la voz de razón.”65 Between the time of his arrest and the Decree of February 28, which denied him any form of clemency, he was transferred to the Charity Hospital in Bogotá and then to Boyacá for trial.66 On March 3 his mother, Liborio Acevedo de Neira, sought an indulto on the grounds of his poor health. When this attempt failed, she asked that his trial be moved to Bogotá since his enemies would never permit a fair hearing in Tunja.67 Her intervention had little impact. An April decree banished Neira Acevedo from New Granada.68 There is no reference to how he served out his exile, but by 1857 he had returned and resumed writing. In Representación al Congreso de 1857, he extended his earlier arguments by combining a biography of his father with an appeal for the restoration of his own share of the pension awarded to the family after the general’s death: “Desterrado de la República en 1854 porque la venda de la imparcialidad, que cubre los ojos de la justicia, había desaparecido, porque los platos de su balanza no estaban en equilibrio, pues uno de ellos lleno de odio implacable, era tan pesado como la espada de Breno en la balanza romana: marchaba al estranjero i al dejar las playas de mi patria, una resolucion del Sr. José de Obaldía, Vicepresidente de la República […] me privó del goze de la pension vitalicia que como hijo de Neira me corresponde por decreto del Senado i Cámara de Representantes de 1841, inserto en la Recopilación Granadina.”69

63 For the accusation that Neira persecuted loyalists, see a list of Melistas accused of such actions, Z. Silvestre, general correspondence, March 10, 1855, AGN, República, Gobernaciones: SR.46, Gobernaciones. Bogotá: SR.46,72, leg. 35, f. 144.

64 Pedro Neira Acevedo, Manifiesto a la nación (Bogotá: Imprenta del Neo-Granadino, 1855), 16-17.

65 Neira Acevedo, Manifiesto a la nación, 17.

66 “Petición de Liborio Acevedo de Neira,” Bogotá, March 3, 1855, in AGN, República, Gobernaciones: SR.46, Gobernaciones. Bogotá: SR.46,72, leg. 35, f. 108; and Obaldía, “Decreto sobre indulto,” 560.

67 Regarding the fact that Neira Acevedo did have enemies, see an attack in La Ultima Campanada, December 28, 1855.

68 “Lista de los individuos que han sido indultado,” 98.

69 Pedro Neira Acevedo, “Representación al congreso de 1857” (Bogotá: s/e., 1857), 1, <http://www.banrepcultural. org/blaavirtual/ciencia-politica-representacion-al-congreso-de-1857>. Decrees generally stripped indultados of government pensions, but the award in honor of General Neira was divided: one-third for his parents and siblings; and the remaining two-thirds for his widow and children. See marginal notes in “Petición de Liborio Acevedo de Neira,” Bogotá, June 1855, in AGN, República, Gobernaciones: SR.46, Gobernaciones. Bogotá: SR.46,72, leg. 35, ff.

625-627. Similarly, Juan N. Azuero was forced to return a pension granted by the Melo government as a condition for obtaining an indulto in Velez, Ramon Mateus, “Decreto de indulto,” Gaceta Oficial, May 30, 1855, 855-856.

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As in other cases, familial references had little effect. Another common theme was the financial concerns engendered by the rebellion and subsequent dislocation. Such concerns point to a facet of indultos that has generally received little scholarly attention: they functioned as fines for criminal offenses under the guise of a pardon. After each civil war, the effort to determine who was guilty of political crimes merged with the task of sorting out who had used the rebellion for illicit gain, particularly those who had abused their official positions or engaged in looting. Decrees were explicit in the fact that indultos did not cover common criminal acts. This distinction between acts of rebellion and common crimes was an acknowledgement that rebellion was a political act, not merely a criminal scheme. But this subtle distinction was obscured in the rhetorical conflation of the two categories. Petitions for indulto frequently cited accusations of livestock theft, which endangered a valuable resource in such a cash-poor society.

Petitioners tended to emphasize that they had used their positions of authority to prevent abuses by hardened Melistas, that they had not profited when forced to accept a post during the rebellion. The unsuccessful petition of José Delfin Caballero elaborated on this point. His advocates described him as an orphan with a young wife and children, an honorable artisan who was so humble he could not address the magistrate directly, and had been forced into military service and the unfortunate job of seizing cattle.70 Furthermore, the petition was supported by a number of self-identified foreigners who wrote that: “[…] como hombres tenemos para abogar, donde quiera que vivamos por los derechos imprescindibles de la humanidad comprometidos toda vez que haya una persona que sufra […] si el pacto fundamental de la N. Granada no prohíbe nuestra pretención el gran libro de la justicia cuyos principios universales establece la equidad i la razón si la favorece i apoya i por ese creemos que no será invalido que elevemos a un Gobno. Ilustrado como el de la nación, nuestra voz, para pediros la libertad de un granadino.”71

But requisitioning cattle was too much to forgive. Even under a subsequent decree, Caballero was exiled.72 Less explicit were indultos with financial penalties attached. Only one decree from Velez went so far as to list fines as a condition of clemency.73 One of these indultados, Julian Herrera, sought a reduction of the fine of 320 pesos. His petition included a veritable litany of excuses for his role during the rebellion, which he had been forced to assume since his wife’s condition following childbirth had prevented his flight when Melistas took over. He admitted serving as a judge during the rebellion, but claimed he had used the position to protect the public.74 He had released imprisoned constitutionalists, refused immoral assignments, and shielded people from

70 “Petición de José Delfin Caballero,” April-May, 1855, in AGN, República, Gobernaciones: SR.46, Gobernaciones.

Bogotá: SR.46,72, leg. 35, ff. 472-475.

71 “Petición de José Delfin Caballero,” 474.

72 Mallarino, “Decreto declarando comprendidos,” 886.

73 Mateus, “Decreto de indulto,” 855-856. Another decree from the government of Cundinamarca mentioned money explicitly, pardoning almost 400 people unconditionally, setting short sentences of exile for a number of others, and freeing two, so long as they found a reputable sponsor to post a bond, “Lista de los individuos que han sido indultados,” 98.

74 “Petición de Julian Herrera,” Bogotá, April-May, 1855, in AGN, República, Gobernaciones: SR.46, Gobernaciones. Bogotá: SR.46,72, leg. 35, ff. 371-380.

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abuse by Ramon Ardila when he toured the province levying a forced loan. Herrera sought to have his fine reduced: “[…] yo solicito el indulto por mis compromisos políticos en la revolución, porque necesito urjentemente de mi libertad, la necesito porque tengo acreedores i debo rendirles cuentas, porque tengo esposa, i debo ampararla, i porque tengo hijos que ya piden pan i debo trabajar para proporcionárselo. […] Soi pobre Sor. Gobernado tengo orgullo en confesarlo, después que el sacudimiento que acaba de conmover el orden social ha desnivelado tanto la propiedad arruinando a unos i enriqueciendo a otros […] I acaso los pecados de los pobres son irremisibles? Si el Gobno quiere olvidar mis comprometimientos i asegurarse de mi conducta para el provenir puede exijirme una fianza i someterme a una condición que no tenga el carácter de una multa de una pena.”75

To circumvent his enemies in Velez, the appeal, along with a letter of support from several congressmen, was sent to the governor of Cundinamarca, who forwarded it to the national government with a note of support. The appeal was nonetheless denied. Herrera’s petition is a remarkable presentation of the story of a merchant’s honest toil and honorable poverty. The reference to profiteering invoked the tensions that had triggered the war and implied that the constitutional order trumpeted by the victors masked naked self-interest.

The financial obligations of indultados were rarely articulated so clearly. What was more widespread, though less frequently documented in official correspondence, was the practice of requiring indultados to post a bond as a guarantee of future behavior.76 When Pedro Martin Consuegra returned from exile in New York in 1857 he appeared in Sabanilla, just outside of Barranquilla, and presented a bond from José Collanate as a guarantee of his good conduct, though the amount was not specified.77 Such scenarios presented abundant opportunities for corruption and coercion.

4. The Return of Party Politics As post-war legal processes stretched through 1856, politics returned to more predictable patterns, wherein Liberals and Conservatives competed for power while managing internal factionalism. In the presidential elections of that year, the first held since the Constitution of 1853 had established universal male suffrage, Golgotas sought Draconian support for the candidacy of Manuel Murillo

75 “Petición de Julian Herrera,” 375v-376.

76 For example, Marcelino Garcia managed to change the terms of his sentence of four years of military service in Panama after presenting evidence of honorable behavior and a bond of 2000 pesos. “Petición de Marcelino Garcia,” Bogotá, February-March, 1855, in AGN, República, Gobernaciones: SR.46, Gobernaciones. Bogotá: SR.46,72, leg. 35, f. 174.

77 Juan Antonio Calvo, general correspondence, Cartagena, October 21, 1857, in AGN, Sección República, Fondo Gobernaciones: SR.46, Subfondo Gobernaciones. Cartagena: SR.46,137, leg. 39, ff. 449-451. For another example, see a note from Pedro Gutiérrez Lee releasing Jenaro Ruiz from jail on the condition that he depart for exile in Antioquia and provide an unspecified fianza in July of 1855, in AGN, República, Gobernaciones: SR.46, Gobernaciones. Bogotá: SR.46,72, leg. 35, f. 670.

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Toro. The work of Pedro Neiro is enlightening as to how such appeals were received. In July he published La bandera de la rejeneración, meditating on April 17: “[El pueblo] estaba cansado de sufrir, no ignoraba que la lucha podria ser, dudosa i sangrienta; sabia que la guerra seria larga, i difícil el triunfo. Sin embargo, estaba resuelto a vencer o morir, i se sacrificó con heroismo: pero se sacrificó casi solo, con unos pocos amigos condenados luego a la prisión i al destierro. Al destierro! •••• prision mas grande pero no ménos triste que la otra!

Nos suicidamos, es verdad, pero este suicidio será nuestra gloria. Fuertes por nuestra conciencia, seguros de nuestros principios, i tranquilos sobre el porvenir, hemos muerto por una noble causa, nos hemos sepultado vivos en la Tumba de la República como víctimas espiatorias inmoladas en las aras de la Libertad.”78

Following this exalted rhetoric, he urged his comrades to abstain from voting in the upcoming election. In response, fifteen self-identified Draconians published A los revolucionarios de 17 de Abril, in which they acknowledged Neira’s argument and then urged their comrades to vote for Murillo Toro in the upcoming election.79 For some, the division of 1854 was less important than the politics of the moment.

This attitude did not prevail. Both Murillo Toro and Mosquera (who was running as an independent) lost to the Conservative Mariano Ospina Rodríguez, who oversaw the establishment of a new constitution in 1858 that created the Granadine Confederation, a transitional step toward federalism. Two years later Mosquera, now positioned as a Draconian Liberal, led a rebellion against Ospina’s government, arguably the only successful national insurrection of the nineteenth century. He followed his triumph with an indulto for all who had served the defeated regime.80 Obando took up arms under his old rival, dying in the name of the federal cause he had cynically championed two decades before. Melo had made his way to Mexico where he was killed fighting in defense of Benito Juarez’s liberal government in 1860.

Conclusion The post-war reckoning that followed the Golpe de Melo centered on the presentation of legal accountability as a rational process, but a flood of petitions for individual indultos laid bare the fundamental contradictions of republican constitutionalism. The restored regime sought to circumvent a lengthy process of public trials and, contradictorily, present indultos as elements of a constitutional process beyond familial considerations, surpassing contemporary Atlantic regimes

78 Pedro Neira Acevedo, La bandera de la rejeneración (Bogotá: Imprenta Neo-Granadino, 1856).

79 Among the authors were a “militar,” and an “artesano.” Habacuc Franco, Anjel Gomez, Jose Maria Gonzalez, et. al., “A los revolucionarios del 17 de Abril,” Bogotá, August 4, 1856, in BNC, Fondo José María Vergara 296, Pieza 20. Signee José M. Quintero was probably the same person who had received a two-year sentence of internal exile. For more infirmation on this, see Obaldía, “Decreto sobre indulto por delitos políticos,” Gaceta Oficial, March 1, 1855, 560.

80 For a series of broadly worded indultos issued by Mosquera in triumph as he established a provisional government, see Actos oficiales de gobierno provisorio de los Estados Unidos de Colombia (Bogotá: Imprenta de Echeverría Hermanos, 1863), 53-55.

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in promoting legal rationalism.81 In the place of charismatic displays of mercy, the regime published accounts of Obando’s trial and decrees listing the indultados. Undermining this effort, officials considered hundreds, if not thousands, of individual appeals based on more traditional criteria of family, honor, and public morality than those recognized by the government. This unresolved tension ensured that despite the restored regime’s best efforts, the memory of this war could not be erased.

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81 For comparison, see Georgina López González, “Cultura juridica e imaginario monárquico: las peticiones de indulto durante el Segundo imperio mexicano.” Historia Mexicana 55, n.° 4 (2006): 1289-1351; and Robert H. Duncan, “Political Legitimation and Maximilian’s Second Empire in Mexico, 1864-67.” Mexican Studies/ Estudio Mexicanos 12, n.° 1 (1996): 27-66, doi: dx.doi.org/10.2307/1052077; Stacy Renee Davis, “Transforming the Enemy: Algerian Colonization, Imperial Clemency and the Rehabilitation of France’s 1851 Republican Insurrectionaries” (PhD diss., Yale University, 1999); and Martin R. Waldman, “The Revolutionary as Criminal in 19th Century France: A Study of the Communards and ‘Deportes’.” Science & Society 37, n° 1 (1973): 31-55. For context, see James E. Sanders, The Vanguard of the Atlantic World. Creating Modernity, Nation, and Democracy in Nineteenth-Century Latin America (Durham/London: Duke University Press, 2014).

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❧ Joshua M. Rosenthal Professor of History and Non-Western Cultures at Western Connecticut State University (United States). He received a B.A. in History from Wesleyan University, and a PhD in History from Columbia University (United States). He is the author, most recently, of “The Fiscal History of Boyacá, 18631886: Liberal Dreams and Limited Resources.” Tiempo & Economía. Historia Económica, Empresarial y del Pensamiento 2, n.° 2 (2015): 9-32, doi: dx.doi.org/10.21789/24222704.1058, and “The Indultados of Tescua: Criminal Rebellion and Judicial Reckoning during the War of the Supremes.” Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 39, n.° 2 (2012): 131-156. rosenthalj@wcsu.edu, joshuamrosenthal@gmail.com

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“Y serán desplayados”. Recorrido histórico sobre los bienes comunes, pescadores artesanales y control legal del litoral en Chile❧ Pablo Camus Gayan

Pontificia Universidad Católica de Chile

Rodrigo Hidalgo Dattwyler

Pontificia Universidad Católica de Chile

doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit63.2017.05

Artículo recibido: 28 de marzo de 2016/ Aprobado: 19 de agosto de 2016/ Modificado: 30 de agosto de 2016

Resumen: Este artículo aspira a contribuir al estudio de los denominados “bienes comunes”, a través de una investigación histórica enfocada en la conflictiva relación que existió en torno al uso de las playas entre propietarios litorales, pescadores artesanales y autoridades en Chile. La condición de algunas zonas costeras de bien común permitió a los pescadores exigir sus derechos y subsistir en un medio hostil. Se trataba de una serie de dificultades que en el siglo XX se multiplicaron con la intervención estatal-militar, y que repercutieron en una serie de peticiones sobre la ocupación de pesca y los derechos de propiedad. Y que además los pescadores alternaron desarrollando estrategias de sobrevivencia que les permitieron no ser completamente “desplayados”. La metodología utilizada fue la investigación de fuentes primarias depositadas en el Archivo Nacional de Chile, que muestran las luchas que los pescadores ejercieron para mantener sus espacios de uso común y el avance de la propiedad fiscal y privada sobre los espacios litorales.

Palabras clave: pesca, Chile (Thesaurus); bienes comunes, pescadores artesanales, zonas costeras, siglo XX (Autor).

“And They Will Be Deprived of Beaches.” A Historical Review of the Commons, Artisanal Fishermen, and Legal Control of the Coast in Chile Abstract: This article seeks to contribute to knowledge about the so-called “commons” through a historical study focused on the conflictive relationship that existed regarding the use of beaches among waterfrontproperty owners, artisanal fishermen and government authorities in Chile. The condition of certain coastal zones of commons enabled fishermen to demand their rights and to subsist in a hostile environment. There was a series of difficulties that were multiplied in the 20th century through military intervention by the state and that had repercussions in a series of petitions regarding fishing activity and property rights. Moreover, fishermen alternated developing survival strategies that helped them to avoid being completely “deprived of beaches.” The methodology used was research of primary sources housed in the Archivo Nacional de Chile that show the struggles waged by fishermen to maintain these spaces of common use and to protect them against encroachment by fiscal authorities and private property owners along the shoreline.

Keywords: coastal zones, fishing (Thesaurus); Chile, common goods, artisanal fishermen, 20th century (Authors’).

❧ Este trabajo es producto del proyecto FONDECYT Nº 1150331 “La tragedia de los comunes en los mares y

litorales de Chile central. Hacia una historia de las relaciones humanas con los ambientes y ecosistemas marinos y costaneros. S. XIX y XX”.

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“Y serán desplayados”. Recorrido histórico sobre los bienes comunes, pescadores artesanales y control legal Pablo Camus Gayan Rodrigo | Hidalgo Dattwyler

“E serão ‘despraiados’”. Percorrido histórico sobre bens comuns, pescadores artesãos e controle legal do litoral no Chile Resumo: Este artigo pretende contribuir para o estudo dos denominados “bens comuns”, por meio de uma pesquisa histórica enfocada na conflitiva relação que existiu sobre o uso das praias entre proprietários de áreas litorâneas, pescadores artesãos e autoridades no Chile. A condição de algumas áreas litorâneas de bem comum permitiu aos pescadores exigir seus direitos e subsistir num meio hostil. Tratava-se de uma série de dificuldades que, no século XX, se multiplicaram com a intervenção estatal-militar, e que repercutiram num conjunto de petições sobre a ocupação de pesca e os direitos de propriedade. E que, além disso, os pescadores revezaram desenvolvendo estratégias de sobrevivência que lhes permitiram não serem completamente “despraiados”. A metodologia utilizada foi a pesquisa de fontes primárias depositadas no Arquivo Nacional do Chile, que mostram as lutas que os pescadores exerceram para manter seus espaços de uso comum e o avanço da propriedade fiscal e privada sobre os espaços litorâneos.

Palavras-chave: Chile, século XX (Thesaurus); áreas litorâneas, bens comuns, pescadores artesãos, pesca (Autor).

Introducción El mar, la pesca y los pescadores artesanales han sido “territorios” ajenos a los intereses de los historiadores, los cuales se han dedicado de manera especial al estudio de la agricultura y los campesinos, de la industria, los obreros y las ciudades; de los grupos indígenas o de los grupos marginales u oprimidos; o bien, en el tema que ocupa a esta investigación, se han concentrado en el estudio de las gestas y catástrofes relacionadas con el mar y la marina1. Se observa, entonces, una ausencia de investigaciones en torno a este aún desconocido sujeto historiográfico: los pescadores artesanales.

Entre los trabajos que se han acercado a esta problemática se destaca el libro Pescadores en América Latina y el Caribe: espacio, población, producción y política, editado por Graciela Alcalá, un esfuerzo reciente que puede ser calificado como “necesario”. Milton Gabriel Hernández García, al reseñar este texto, hace algunas observaciones sobre los pescadores que resultan importantes para los propósitos de la presente investigación: “siendo históricamente invisibilizados, excluidos, y a la vez mistificados, los pescadores han tenido que desarrollar estrategias de resistencia, conscientes o inconscientes, finamente planeadas o espontáneas, así como tácticas de articulación y negociación con otros actores”2.

Así, pues, este artículo propone una primera aproximación al tema esbozado, a través del estudio de la tensa relación histórica que existió entre los propietarios colindantes con el borde

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Puede consultarse: Isidoro Vázquez de Acuña, Historia naval del Reino de Chile 1520-1826 (Valparaíso: Compañía Sudamericana de Vapores, 2004); Carlos Bascuñán, Magdalena Eichholz y Fernando Hartwig, Naufragios en el océano Pacífico Sur: territorio Antártico Chileno - Cabo de Hornos - Estrecho de Magallanes - Archipiélago de Chiloé - Valdivia (Santiago: Taurus/Dibam/Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2011); y Arthur Wardle, El vapor conquista el Pacífico: anales de las hazañas marítimas 1840-1940 (Valparaíso: Imprenta y Litografía Universo, 1940).

2 Milton Gabriel Hernández García, “Reseña del libro: Pescadores en América Latina y el Caribe: espacio, población, producción y política”. Cuicuilco 20, n.° 58 (2013): 297-301.

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costero, los pescadores artesanales y las autoridades, en torno al uso de las playas como un derecho adquirido ancestralmente por los pescadores, y que continuó siendo discutido en las primeras décadas del siglo XX. Ante los intentos de apropiación de esos espacios litorales comunes —y el progresivo poder que el Estado comenzó a ejercer, al punto de otorgar a la Armada Nacional, en 1931, y por un Decreto con Fuerza de Ley, el control legal de la costa— se observa un bien que, pese a las dificultades de convivencia, aún se mantenía en la esfera de los denominados “comunes”.

En efecto, se plantea aquí que la condición de bien común de los espacios litorales y de los recursos pesqueros habría permitido a los pescadores exigir sus derechos ante las autoridades y, de algún modo, seguir sobreviviendo en un medio hostil y conflictivo, forjándose así, en torno a las playas, un sujeto histórico que, pese a sus constantes mutaciones, se puede plantear, ha logrado persistir hasta la actualidad. Así lo demuestran también los trabajos de antropólogos que han desarrollado investigaciones relacionadas con la “antropología marina”, con el objetivo de contribuir al estudio de las sociedades de pescadores, examinando sus interacciones con el medioambiente, la diversidad de sus relaciones de producción y de sus procesos de trabajo, la movilidad y fragilidad de los recursos, las formas de organización y gestión de las propiedades comunes, y la intervención del Estado3.

Al usar la categoría bien común es fundamental abordar el problema de “la tragedia de los comunes” propuesta por Garrett Hardin, que permite explicar la ausencia de derechos de propiedad en el caso del mar y sus recursos. Para este autor, los actores se comportan de manera tal que sobreexplotan el medio: “La ruina es el destino hacia el cual corren todos los hombres, cada uno buscando su mejor provecho en un mundo que cree en la libertad de los recursos comunes.

La libertad de los recursos comunes resulta la ruina para todos”4. Desde su publicación, la tesis de Hardin ha sido cuestionada por múltiples académicos que discuten los problemas conceptuales y empíricos de su propuesta; una de estas críticas se esboza en el artículo “The Tragedy of the Commons: Twenty-Two Years Late”. Los autores, David Feeny, Fikret Berkes, Bonnie J. McCay y James M. Acheson, inician definiendo el bien común señalando dos características fundamentales: por un lado, la imposibilidad de exclusividad del bien, y por el otro, la rivalidad entre los individuos por este bien. Así, pues, definen el bien común “as a class of resources for which exclusion is difficult and joint use involves subtractability”. Luego diferencian el régimen de propiedad común: “the resource is held by an identifiable community of interdependent users. These users exclude outsiders while regulating use by members of the local community. Within the community, rights to the resource are unlikely to be either exclusive or transferable; they are often rights of equal access and use”5.

Estos autores, al hacer esta diferenciación, reconocen una de las dificultades principales del planteamiento de Hardin: comprender la propiedad común como propiedad de libre acceso, en donde no hay ningún control sobre el bien común, que, por demás, se ha demostrado empíricamente que es incorrecto. E.P. Thompson ya lo sugería en los siguientes términos: “la ‘Tragedy of the commons’ de Hardin, […] es ignorante históricamente y da por sentado que las tierras comu3 Por ejemplo, la investigación de José Luis de la Cruz y Francisco José Argüello, “Paradigmas de la Antropología en el estudio de las sociedades costeras”. Revista MAD n.° 15 (2006): 1-19.

4 Garrett Hardin, “La tragedia de los comunes”. Gaceta Ecológica n.° 37 (1995): 41.

5 David Feeny, Fikret Berkes, Bonnie J. McCay y James M. Acheson, “The Tragedy of the Commons: TwentyTwo Years Later”. Human Ecology 18, n.° 1 (1990): 4-6, doi: dx.doi.org/10.1007/BF00889070

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nales eran ‘pastos abiertos a todos’”. Los hechos están en contra de la tesis de la “tragedia de los comunes”: “a lo largo del tiempo y del espacio los usuarios de tierras comunales han creado una rica variedad de instituciones y sanciones comunitarias que han frenado y limitado el uso”. Para concluir: “A pesar de su aire de sensatez, lo que el argumento pasa por alto es que los commoners mismos no carecían de sentido común”6.

Por otra parte, Paul Durrenberger y Gísli Pálsson7 realizaron un importante trabajo de síntesis al reunir distintas investigaciones alrededor del mundo, que deslegitiman también la noción de que las comunidades pesqueras consideran al mar como un recurso abierto y sin restricciones.

La conclusión principal es que la forma como territorializan las comunidades sus áreas costeras no puede deducirse, ni a partir del tipo de especie pescada, ni por factores comunitarios, ni por la tecnología utilizada o por diferencias culturales. Las reglas de acceso a los recursos del mar sólo pueden entenderse dentro del contexto socioeconómico total al que pertenecen. Conclusiones afines a las que llega el artículo de Feeny, Berkes, McCay y Acheson: “Success in the regulation of uses and users is not universally associated with any particular type of property-rights regime”8.

En este contexto historiográfico, siguiendo los análisis de los investigadores anteriores y vislumbrando la capacidad explicativa de la dimensión histórica, se inserta la propuesta elaborada en este artículo. La idea es problematizar desde una perspectiva de mediana y larga duración la situación de los pescadores en Chile y sus relaciones con el Estado, los propietarios e industriales.

Aquí se muestra cómo los pescadores artesanales del litoral chileno ejercieron históricamente, y amparados por la jurisprudencia, estrategias y mecanismos de adaptación y resistencia diversos para sostenerse en medio de los embates provocados por los procesos de cercamiento y apropiación de los bienes comunes. No deja de ser sorprendente la abundante información proveniente de los archivos que ilustra acerca de las disputas por los bienes litorales, que es posible encontrar en los diversos fondos documentales del Archivo Nacional de Chile.

1. Los derechos de ocupación de pesca y los derechos de propiedad: una historia de disputas y conflictos La tradición jurídica occidental estableció el derecho de ocupación de pesca de las playas, que para el caso particular del Chile —Reino de Chile— puede estudiarse con mayor amplitud desde finales del siglo XVIII. Los pescadores disfrutaban del libre uso de los espacios litorales para la protección y el atraque de sus embarcaciones, la comercialización y el envasado del pescado, el mantenimiento, almacenamiento y preparación de sus equipos, y también para su uso como vivienda. José Toribio Medina, por ejemplo, indicó que durante este período “existía a favor de los pescadores en el mar una servidumbre por la cual se les concedía cien varas de terreno desde el punto de la más alta marea hacia el interior del país solamente a condición de que en sus chozas o posadas no albergasen malhechores y gentes de mal vivir, ni causasen perjuicios a los dueños de las haciendas”9.

Ratificando lo anterior, en el expediente de un juicio seguido por pescadores de la costa de Papudo 6 Edward Palmer Thompson, Costumbres en común (Barcelona: Crítica, 1995), 127-129. Cursivas del original.

7 Paul Durrenberger y Gísli Pálsson, “Ownership at Sea: Fishing Territories and Access to Sea Resources”.

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8 Feeny, Berkes, McCay y Acheson, “The Tragedy of the Commons”, 12.

9 José Toribio Medina, Cosas de la Colonia (Santiago: Imprenta Ercilla, 1889), 12.

Hist. Crit. No. 63 · Enero-marzo · Pp 97-116 · ISSN 0121-1617 · e-ISSN 1900-6152 doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit63.2017.05

y Pullally se establecía: “siendo las playas, y riveras del mar, conforme a derecho comunes a todos los vasallos del rey no puede, ni debe ninguno impedir la entrada y establecimiento en ellas para el fin de pescar, han deber los vecinos a ellas auxiliar a los pescadores y traficantes del pescado en cuanto les sea facultativo el objeto de que se aumente y tome el mayor [juntura hoja] esta especie de comercio que sirve de abasto a los pueblos”10.

Sin embargo, los derechos de ocupación de pesca no siempre fueron respetados por los propietarios colindantes, lo cual se refleja en las solicitudes de derecho de ocupación realizadas a las autoridades y en los pleitos judiciales establecidos por los pescadores en contra de los hacendados.

Así, en 1723, por ejemplo, Domingo Beas solicitó a la Real Audiencia ejercer sus derechos de pesquería; en 1750, los pescadores de San Antonio denunciaron ante el organismo judicial que se les impedía practicar la pesca; mientras que en 1791 Jerónimo Zapata exigió ante los tribunales de justicia su derecho a pesca, y en 1793, Francisco Delgado demandó porque se les estaba impidiendo a los pescadores el derecho a pescar11.

Por otra parte, otro conjunto de documentos ratifican los conflictos por el acceso a las playas para realizar labores pesqueras. En 1769, el pescador Martin Martínez denunció que los hacendados molestaban a los pescadores; ese mismo año, Manuel Garrido solicitó que no se le impidiese la pesca en Concón; en 1770, Mateo Pastén exigió a las autoridades que no fuesen molestados en su trabajo como pescadores; en 1796, Diego Cortés reclamó su derecho a pescar en cualquier parte, y en 1809, Lorenzo Pérez apeló a las autoridades por que se le estaba impidiendo la pesca en el litoral del Mataquito12. Con estos antecedentes es posible plantear que los pescadores libres artesanales utilizaban —o intentaban utilizar— tempranamente los mecanismos legales e institucionales de los que disponían para defender sus derechos de ocupación de las playas y de ejercer la pesca, por lo que cabe la posibilidad de determinar el espacio de identidad que significaban aquellas tierras donde el hacendado tenía que tolerarlos. Pese a los hereditarios derechos de ocupación de los espacios litorales, los propietarios se defendieron ante las autoridades por el derecho de los pescadores a usar las playas y realizar labores pesqueras, pues denunciaban los abusos y excesos por parte de los ocupantes. Por ejemplo, en 1753, José Martin de la Torre solicitó a la Real Audiencia que los pescadores desocupasen la playa “durante los meses en que no hay pesca”13, y en 1769, Bartolomé Ureta pidió a la Capitanía General que los pescadores “no levantasen ranchos en Bucalemu”14.

En este contexto, en 1788, de nuevo algunos pescadores de la costa de Papudo y Pullally entablaron un juicio en contra del Marqués de la Pica, D. José Santiago Irarrázaval y Portales, por impedirles ejercer su derecho a pesca. En su defensa, los pescadores Gregorio Ordenes, José Cilva, Pedro Pablo Martínez, Jose Fernandes, Domingo Podoi, Domingo Urduña, Alegos Balensuela, Jose Aumada, Fermin Balencia, Tiuburcio Martines y Pedro Olivares indicaron: “todos decimos que si las playas del mar tienen dueño o son de todos nosotros que creemos que es así a excepción 10 “Juicio entablado por algunos pescadores de la costa de Papudo y Pullally contra el 4o. Marqués de Pica, José Santiago Irarrázaval y Portales”, 1788, en Archivo Nacional Histórico (ANH), Santiago-Chile, Sección Colecciones Particulares, Fondo Archivo Fernández Larraín, vol. 93, s/f.

11 ANH, Sección Instituciones Coloniales, Fondo Real Audiencia, vols. 2137, 2095, 2258, 2150.

12 ANH, Sección Instituciones Coloniales, Fondo Capitanía General, vols. 159, 224, 224, 806, 67.

13 ANH, Instituciones Coloniales, Real Audiencia, vol. 1528, s/f.

14 “Solicitan que los pescadores no levanten ranchos en Bucalemu”, en ANH, Instituciones Coloniales, Capitanía General, vol. 679, s/f.

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del puerto del Papudo y boca de Pullalli- Pues el señor Marques no solo nos quita la entrada si nos hasta quitarnos las canoas y rompernos las balsas”. Asimismo, el pescador Felis Aliendes disputó civilmente contra Pedro Ramos, mayordomo de Pullaye, por “haberme evitado 6 redes con que me mantenía yo y mi miserable familia donde me dejaron manteniendo de limosnas”15. Por su parte, en otra denuncia, Pedro Bazán y José Duarte señalaron a las autoridades que ellos eran: “pescadores vecinos de Catapirco en las inmediaciones del puerto nombrado el Papudo parecemos ante vuestra señoría con nuestro mayor rendimiento y decimos, que siempre nos hemos ocupado en el expresado ejercicio, sin que por ninguna persona se nos haya impedido el libre uso de pescar en otros diversos puertos, el que por derecho natural es común a todas las gentes, y en que ningún particular puede tener absoluto dominio con independencia. Bajo de este conocimiento nosotros cuando se embravece el mar, como sea muy peligroso entrar a la pesca en el puerto nombrado el Maytesillo donde estamos de asiento por su estrechez, hemos procurado refugiarnos al inmediato nombrado el Pepudo que por su extensión y buenas calidades es mas seguro, y mas fácil tomarlo en las borrascas que se experimentan en el mar, lo que no podemos conseguir cuando intentamos en iguales circunstancias, tomar el puerto del Maytensillo. Pero sucede que cuando llegamos a aquel puerto nombrado el Papudo, que cae en las dereceras de la hacienda del Marques de la Pica, los mayordomos de este con la mayor crueldad, e impiedad nos botan por fuerza en el mar en medio de la borrasca con manifiesto peligro de nuestras vidas; por lo que y por ser estas tan amables, siempre que recelamos algún contratiempo, o que está embravecido el mar, nos abstendremos de entrar a la pesca (lo que sucede frecuentemente) a costa de pasar indecibles necesidades por no tener otra cosa de donde adquirir nuestro diario alimento y vestuario. En estas circunstancias y no quedándonos otro remedio para tanto daño que el acogernos al piadoso celo y distinguida justificación de vuestra señoría: concurrimos desde luego a ella para que en atención a lo expuesto, y a que igualmente es común el derecho de pescar y el uso de las orillas del mar el que también es publico y de derecho de gentes, por lo que cada uno puede allí poner casa donde refugiarse, se sirva mandar que por persona alguna se nos ponga embarazo, ni impida el uso de pescar, ni el de los puertos, y de modo que pongamos nuestras casas donde refugiarnos”16.

En respuesta, el Marqués de Pica señaló a las autoridades que, con anterioridad a esa denuncia, había interpuesto varios recursos a la Real Audiencia solicitando impedir el ingreso a las “caleras” que hacían los pescadores, pues aquello “perjudicaba a los indios de mi encomienda”. El tribunal había resuelto a favor del Marqués al señalar: “les mando saliesen de ellas con apercibimiento de que serían aprendidos por todo rigor de derechos”. Por lo que, a juicio del Marqués de Pica, el asunto había sido “juzgado a favor de sus indios”17. Por último, las autoridades dictaminaron que: 15 “Juicio entablado por algunos pescadores de la costa de Papudo y Pullally”, vol. 93, s/f.

16 “Juicio entablado por algunos pescadores de la costa de Papudo y Pullally”, vol. 93, s/f.

17 Por otra parte, el Marqués hacía ver a las autoridades: “los abultados perjuicios que le infieren en su hacienda llamada Pullalli con el mal uso de la pesca, internándose indistintamente los indios, y pescadores por toda su dicha hacienda, y apoderándose de las principales aguadas al pretexto de ser las playas comunes, es llegado el caso de haberse últimamente abarracado Jose Vital pescador con toda su numerosa familia en el puerto del Papudo, sobre la mas principal, y fija aguada, espantando con los trajines, y demás operaciones consiguientes a esta ubicación, la gruesa de ganados vacunos, que bebían en aquel lugar destinado para su crianza, y en el que se acogía, y habitaba mi parte con su familia en los tiempos precisos para las faenas de rodeos, y otras anexas a la ocupación del campo”, “Juicio entablado por algunos pescadores de la costa de Papudo y Pullally”, vol. 93, s/f.

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“[…] teniendo consideración a la situación local de los indios del puerto de Valle Hermoso su distancia a las costas de la estancia de Pullalli; y necesidad de que un sujeto mas cercano a ellas cuide de hacer guardar el orden que previene mi auto de 10 de octubre del año pasado de 1792; cométese a don Julian Gormas su cumplimiento encargándose esté a la mira de impedir que los pescadores se conduzcan y acerquen a las playas de dicha estancia de Pullalli por otras sendas, veredas o caminos que los que señalo la expresada providencia de 10 de octubre, y corrija a los contraventores en el modo que acomejen [sic] las circunstancias de los casos, y para todo líbrese despacho”18.

Aunque las autoridades fallaron en favor del Marqués de Pica, hay que reconocer que la condición de bien común y los derechos de ocupación de pesca del borde costero, al menos, permitieron a los pescadores acudir a las autoridades y cuestionar el actuar del marqués, quien finalmente tuvo que ceder en parte al tener que establecer una ruta de acceso a los espacios litorales de su hacienda, y, por lo tanto, los pescadores pudieron seguir desarrollando sus actividades. Este caso, como los otros citados, permite plantear que los pescadores artesanales ejercieron frente a las autoridades, a finales del siglo XVIII, sus derechos de ocupación de pesca de las playas y que también los defendieron de los permanentes cercamientos de los propietarios de las haciendas colindantes, incluso frente a un conspicuo marqués.

Ahora bien, los cambios jurídicos e institucionales que prosiguieron a las guerras por la independencia mantuvieron los derechos de ocupación de pesca de los pescadores artesanales en las costas de la naciente nación. El Código Civil de la República de Chile de 1856, por ejemplo, indicaba en sus artículos 612, 613 y 614: “los pescadores podrán hacer de las playas del mar el uso necesario para la pesca, construyendo cabañas, sacando a tierra sus barcas y utensilios y el producto de la pesca, secando sus redes, etc.; guardándose empero de hacer uso alguno de los edificios o construcciones que allí hubiere, sin permiso de sus dueños, o de embarazar el uso legítimo de los demás pescadores. Art. 613. Podrán también para los expresados menesteres hacer uso de las tierras contiguas hasta la distancia de ocho metros de la playa; pero no tocarán a los edificios o construcciones que dentro de esa distancia hubiere, ni atravesarán las cercas, ni se introducirán en las arboledas, plantíos o siembras.

Art. 614. Los dueños de las tierras contiguas a la playa no podrán poner cercas, ni hacer edificios, construcciones o cultivos dentro de los dichos ocho metros, sino dejando de trecho en trecho suficientes y cómodos espacios para los menesteres de la pesca. En caso contrario ocurrirán los pescadores a las autoridades locales para que pongan el conveniente remedio”19.

Sin embargo, al igual que en el siglo XVIII, el cumplimiento de estos derechos no estuvo exento de conflictos. Federico Albert denunció que hacia fines del siglo XIX y principios del XX, nadie quería tener pescadores en las playas y zonas costaneras a sus propiedades. Los dueños de los fundos litorales, muchas veces secundados por la policía local, cercaban e interrumpían el tráfico de pasajeros y bienes, y desalojaban a los pescadores de sus viviendas “quemándolas en muchos casos”20. Refrendando lo señalado por Albert, el diputado Malaquías Concha denunciaba ante el

18 “Juicio entablado por algunos pescadores de la costa de Papudo y Pullally”, vol. 93, s/f.

19 Andrés Bello, Código Civil de la República de Chile (Santiago: Imprenta Nacional, 1856).

20 Federico Albert, El problema pesquero en Chile (Santiago: Cámara Chilena de la Construcción, 2012), 283.

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Congreso Nacional a Agustín Ross por apropiación indebida de terrenos fiscales y hostigamiento a los pescadores. En este contexto, presentó el problema al Consejo de Defensa del Estado para que verificase “la veracidad de las quejas de los pescadores que se han presentado repetidas veces a este ministerio (Hacienda)”. El Consejo designó a Alfredo Vicuña para que se trasladara a Talcahuano y San Vicente, quien después de recabar todos los antecedentes concluyó que “el señor Ross no es dueño de esos terrenos ni es arrendatario”21.

En relación con las quejas de los pescadores, el funcionario estimó que “donde existían antes pescadores ha construido dos edificios que sirven de baño para hombres y mujeres respectivamente y los ha cerrado por medio de un cerco de piedra, y la parte de playa, frente al hotel la ha terraplenado y ese terraplén termina en el mar con una muralla de piedra que hace las veces de malecón, de manera que toda esa parte se ha inutilizado para la pesca. Es de advertir que el señor Ross ha comprado a varios pescadores sus chozas”. Según el diputado Malaquías Concha, pese a que había caducado su contrato de arrendamiento, “el señor Ross ha procedido como poseedor de esos terrenos. Ha establecido allí hoteles y baños públicos, y hasta ha dado en arriendo pequeñas porciones a infelices labriegos y pescadores, a los cuales cobra sumas superiores a veinte o treinta pesos mensuales”. En este sentido, a su juicio, “los antecedentes de este negocio son los más graves”22. Esto porque los terrenos en cuestión: “[…] estaban ocupados desde mucho tiempo atrás por los pescadores que en uso del derecho que les confiere el Código Civil, habían establecido en la faja más vecina al mar sus chozas y sacaban sus botes, redes y demás útiles de pesca. Hacían todo esto en uso de su estricto derecho, por cuanto la ribera del mar es propiedad fiscal, propiedad que en aquella región quedó saneada desde que, por medio de dos leyes de expropiación adquirió el fisco los terrenos de propiedad particular de la sucesión de don Silverio Pardo y de otras personas cuyos nombres no recuerdo.

Don Agustín Ross compró el fundo del Arenal que está limitado al oriente y al sur por la bahía de San Vicente, y después, con motivo del arrendamiento de unos terrenos fiscales más al norte y que pertenecían al Apostadero naval, corrió los linderos de su propiedad, apoderándose así de más de veinte mil metros cuadrados de terrenos fiscales en los cuales ha hecho construcciones y que una vez terminado el contrato de arrendamiento, no ha habido poder humano que se los haga entregar […]”23.

Finalmente, Malaquías Concha planteó: “Esta es la primera vez que llega al ministerio un negocio en la forma en que se ha iniciado el que me ocupa. El interesado no se dirige al gobierno, que es como debe procederse en estos casos, sino que se entiende con un funcionario de categoría más o menos elevada y le dice: ¿usted necesita piedras? Yo se las doy. Deme usted en cambio, terrenos que yo necesito en la playa para hacer mis negocios”24. En este caso, conforme aumentaba el valor de uso de los espacios litorales se desarrollaron estrategias de apropiación por desposesión que afectaron no sólo a los intereses fiscales, sino también a los pescadores libres.

21 Cámara de Diputados, “Sesión 05”, Santiago, 16 de junio de 1904, en Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN), Santiago-Chile, Cámara de Diputados.

22 Cámara de Diputados, “Sesión 05”.

23 Cámara de Diputados, “Sesión 05”.

24 Cámara de Diputados, “Sesión 05”.

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Las denuncias del diputado Malaquías Concha muestran cómo, mediante diversos mecanismos y artimañas, el señor Ross intentaba apoderarse de una franja de playa utilizada ancestralmente por los pescadores, por lo que no sólo se estaba apropiando de terrenos fiscales, sino que también estaba hostigando a los pescadores, quienes intentaron defenderse presentando sus quejas al Ministerio de Hacienda y al diputado Concha. Fueron las denuncias de los pescadores las que revelaron el despojo. Más allá de los triunfos y derrotas de los pescadores, interesa destacar aquí cómo el derecho de ocupación de pesca permitió a los pescadores sobrevivir en un medio hostil y desarrollar estrategias y mecanismos de adaptación y resistencia que les facilitaron finalmente seguir ocupando el borde costero.

2. La Ley de Pesca de 1907 y la intervención del Presidente de la República en la gestión de los bienes comunes litorales La ley Nº 1949, más conocida como Ley de Pesca de 1907, y sus reglamentos introdujeron importantes modificaciones al ordenamiento jurídico de los espacios litorales y marítimos, que se han descrito desde finales del siglo XVIII. Por un lado, estableció la facultad del Presidente de la República para “dar en arrendamiento, hasta por veinte años playas o partes de mar, en secciones que no excedan de cuatro hectáreas”. El arrendatario debía dejar “siempre expedito el tráfico”. El Presidente podía asimismo dar “en arrendamiento, en subasta pública, por un término que no exceda de veinte años, hasta la mitad de los bancos de moluscos existentes, con la obligación de renovarlos”25. Por el otro, la Ley de Pesca estableció un incentivo para las abatidas actividades pesqueras industriales al promulgar un pago para “las embarcaciones de bandera nacional que se ocupen exclusivamente en el ejercicio de la pesquería, de una prima anual de quince pesos ($ 15) por tonelada de desplazamiento y de diez pesos ($ 10) por tonelada de peces y mariscos frescos que internen para el consumo del país […]. Para los efectos de la prima de tonelaje de desplazamiento, solo se tomarán en cuenta embarcaciones de quince a doscientas cincuenta toneladas […]. Queda autorizado el empleo de las redes de arrastre que se ocupan en la pesca”26.

Esta ley naturalmente impactó las prácticas ancestrales de los pescadores artesanales de los espacios litorales de Chile, al incentivar el ingreso de capitales a esta actividad productiva e incidir en el cercamiento de los bienes comunes costaneros. Mediante el arbitraje del Presidente de la República, el Estado se adjudicó entonces la prerrogativa de conceder espacios productivos exclusivos, que, de algún modo, contradecían la tradición de uso común de los ambientes marítimos y costeros. A partir de esta legislación, el Presidente quedó autorizado para dirimir o arbitrar respecto de la ocupación y el uso de bienes antes considerados comunes, más allá del Estado y sus instituciones. Por otra parte, mediante el traspaso de recursos fiscales a los armadores industriales, se estima que el Estado terminó incentivando la concentración de capital y el desplazamiento o cercamiento de las actividades pesqueras tradicionales.

A partir del pago de primas de fomento a la pesquería se originaron diversas concesiones y arriendos de playas y zonas litorales fiscales, con el propósito de invertir en el desarrollo de proyectos de explotación de los recursos del mar a mayor escala, los cuales también se convirtieron 25 Ministerio de Industria i Obras Públicas, “Ley 1949”, Santiago, 2 de julio de 1907, en BCN, Ministerio de Industria i Obras Públicas, <http://bcn.cl/1y6pv>.

26 Ministerio de Industria i Obras Públicas, “Ley 1949”.

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en una competencia por los bienes comunes para los pescadores costaneros libres, tanto por el uso u ocupación de la franja litoral como por la explotación de los recursos del mar y de los bancos de choros y otros moluscos y/o espacios costeros. Por ejemplo, se sabe de una solicitud a las autoridades en el sur del país para obtener la “concesión en arrendamiento de los bancos de moluscos en Ancud, Maullín, Calbuco y Guaitecas e islas adyacentes”27. Otro caso que puede citarse es la solicitud de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) para arrendar los islotes Choros, Gaviotas y Damas, a fin de construir habitaciones para sus pescadores28.

Entonces, dadas las restricciones aplicadas por el Estado, los pescadores sufrieron una serie de problemas en el desembarque, transporte y comercialización del pescado. Frente al cercamiento, en marzo de 1911, Victorino Rivas, a nombre de la Sociedad de Socorros Mutuos “Unión de Pescadores”, solicitó al Director General de los Ferrocarriles del Estado, “justicia y equidad a favor de este perseguido gremio de humildes industriales”, pues “se estaba ejerciendo presión contra la libertad de embarque de pescados y mariscos a que tienen derecho los pescadores”. En este sentido, indicaba que “no hay semana que no se tenga que sufrir las consecuencias del expresado señor Zenteno pues a varios comerciantes que representan a otros pescadores envejecidos en la profesión, se les deja botado sus cajones llenos de mariscos que deben embarcarse con destino a esa capital, y originándoles, como usted comprenderá, grandes pérdidas y con ello viene la escasez y encarecimiento del artículo”. Los pescadores reclamaban además que a “personas que no son de la profesión, como nosotros, se les da toda clase de facilidades y se les nieguen a los verdaderos pescadores”. En este contexto, solicitaban que “cese de una vez por todas esa tenaz persecución de que se viene haciendo victima al Gremio de los Pescadores de este puerto”29.

Pero refrendando la versión de los pescadores, Federico Albert, jefe de la Dirección de Agua y Bosques del Ministro de Industria y Obras Publicas, envió un informe indicando que los pescadores estaban pidiendo la concesión de un pedazo de playa de diez metros de frente, en la parte comprendida entre la estación de ferrocarriles del Estado y la bodega de los señores Fox y Coles, a fin de poder construir un muelle y desembarcadero para sus actividades. De acuerdo con diversos informes que había tenido a la vista, Federico Albert se había formado la idea de que los pescadores de Talcahuano “están hoy sometidos al tutelaje de la Sociedad Remitente de Pescados y Mariscos establecida en el Morro porque la expresada sociedad goza de una especie de privilegio exclusivo para el desembarque, embarque y bodegaje de pescado, lo que es absolutamente perjudicial para los pescadores artesanales y causa principal sino la única del alza artificial del precio del pescado que se remite a esta capital”30.

Otro ejemplo es el de la isla Santa María, importante y legendario centro pesquero situado frente a la costa de Arauco, que fue cedida en concesión a los señores Fartón y Castillón, quienes a principios del siglo XX instalaron una verdadera factoría de pesca “atendida por 17 familias de

27 “Solicitud de concesión de bancos de moluscos”, 1912, en ANH, Sección Ministerios y Servicios Asociados, Fondo Ministerio de Obras Públicas, vol. 2507, s/f.

28 “Solicitud de Sonapesca para arrendar islotes”, 1919, en ANH, Ministerios y Servicios Asociados, Ministerio de Obras Públicas, vol. 2929, s/f.

29 “Solicitud de 10 metros de la playa de Talcahuano para sus labores”, 1911, en ANH, Ministerios y Servicios Asociados, Ministerio de Obras Públicas, vol. 2507, s/f.

30 “Concesión isla para centro pesquero y albergue a familias de Talcahuano”, 1911, en ANH, Ministerios y Servicios Asociados, Ministerio de Obras Públicas, vol. 2507, s/f.

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pescadores”31. La documentación indica que pronto los concesionarios y los pescadores artesanales entraron en conflicto por el uso de la isla Santa María. Consta que en marzo de 1912, el guardapesca denunció a los pescadores por utilizar dinamita en los bancos de choros de la isla. Ante la denuncia de los administradores de la isla Santa María, los pescadores manifestaron a las autoridades: “debemos responder y con el derecho que nos asiste salvar nuestra conducta y seriedad que como ciudadanos conocedores de las leyes y disposiciones que se han dictado desde el tiempo en que la isla fue entregada a concesionarios, que todo lo comunicado a la oficina de su mando no es verdad […] nosotros no hemos hecho otra cosa que llegar de arribada al puerto sur para sacar nuestras redes, varar nuestras embarcaciones, etc., y lo hacemos por autorización y orden dada por el delegado de la oficina de bosques, pesca y caza, señor Sage, cuando se constituyó en visita a la isla hace ya más de un año. Para terminar diremos que lo que ha hecho únicamente el guardapesca es querer, de alguna manera, borrar la mala impresión que de el se tiene, desde largo tiempo, tanto en el gobierno como ante sus jefes de la oficina de pesca, pues ya es sabedor que el no será más el guardapesca de la isla, tratando por todos los medios de quedarse allí para hacer los mismos negociados que hizo en el año que acaba de pasar: permitiendo que Antonio Santibañez extraiga choros en épocas que la ley lo prohíbe”32.

Los pescadores solicitaban, en este sentido, que, además del libre tránsito, se les permitiera arribar sin problemas al denominado puerto sur, pues “nosotros no hacemos otra cosa que colocarnos al abrigo de dicho lugar porque además es la única que podemos proveernos de carnada, dado que como es playa se vara la jibia, para enseguida seguir a Punta Rumera y lado norte de la isla muy distante de los bancos de choros porque allí es donde existe el congrio y la corvina, únicos pescados que nosotros pescamos”33. La entrada del capital a las actividades pesqueras implicó finalmente un proceso de cercamiento de los bienes comunes litorales, a partir de la monopolización de los puntos de desembarque y transporte que impedía la “libertad de embarque”, o bien a través de acusaciones insidiosas o también impidiendo con artimañas el libre desplazamiento de los pescadores y la utilización de los distintos espacios litorales para el desarrollo de sus actividades.

Por otra parte, a partir de las disposiciones que ordenaban y reglamentaban el sistema de concesiones de los espacios litorales —al menos en Coquimbo—, los bienes fiscales habían sufrido distintos procesos de apropiación por desposesión, como lo conceptualizaría el geógrafo David Harvey (se desarrollara este punto infra). A juicio de Ernesto Aguirre, tesorero comunal, “la falta de una anotación cronológica de las concesiones fiscales: muchas no se encuentran anotadas; en otras hay anotaciones truncas, y concesiones hay que han sido registradas en libros que no corresponden a la materia”. En este contexto, el tesorero inició “un estudio gráfico de la costa ayudados por los documentos concernientes rebuscados en esta tesorería, en la notaria, en el juzgado y oficinas públicas, hasta lograr puntualizar cada punto de la costa ocupado por particulares ya sea en virtud de concesiones otorgadas por el gobierno o ya arbitrariamente”34.

31 Anónimo, “Estado de la industria pesquera en Chile”. Revista Católica 294, n.° XXV (1913): 741-744.

32 “Habilitación de puerto menor de San Vicente para descarga”, 1912, en ANH, Ministerios y Servicios Asociados, Ministerio de Obras Públicas, vol. 2448, s/f.

33 “Habilitación de puerto menor de San Vicente”, vol. 2448, s/f.

34 J. Ernesto Aguirre, “Anotación de concesiones fiscales de Coquimbo (incluye sitio de pescadores)”, 1929, en ANH, Sección Ministerios y Servicios Asociados, Fondo Ministerio de Marina, vol. 3140, s/f.

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A su juicio, había propiedades pertenecientes al fisco desde tiempo inmemorial, y que, “pasado a particulares sin que haya mediado un acto de compra venta u otro autorizado por las leyes, nos hace suponer que el fisco ha sido víctima de expoliación”. Por ejemplo, la sucesión Dunke, que “no obstante haber sido requerida, no paga siendo que ocupa con sus actividades industriales los terrenos materia de concesión”. Asimismo, en Cruz Grande, donde se concedió a la sociedad “Altos Hornos”, “no se percibe canon alguno en esta tesorería por los terrenos que ocupan los concesionarios. Solo pagan el sueldo de los empleados de aduana ocupados en esta tenencia”. En Guayacán, la antigua Compañía Chilena de Fundición, de la que es sucesora en la actualidad la Compañía Minera del Pacífico, “ocupa una gran extensión de playa”, aun cuando “no existen antecedentes en esta tesorería de los decretos que hayan concedido el uso de esos terrenos”35. En este caso se podría establecer una suerte de despojo por omisión o desorden administrativo, el cual fue descubierto por un eficiente tesorero comunal que reparó en los deficientes registros de las concesiones de terrenos de playa en Coquimbo y concluyó que el fisco había sido expoliado por compañías que no pagaban el canon de arriendo o que utilizaban espacios que no habían sido concedidos oficialmente.

3. El decreto con Fuerza de Ley Nº 210 de 1931 y las facultades del Ministerio de Defensa Nacional A la prescripción anterior se sumaba el Decreto Supremo con Fuerza de Ley Nº 7912, del 30 de noviembre de 1927, sobre organización de los ministerios, que estableció el otorgamiento de concesiones de terrenos y partes de mar, que correspondía al Ministerio de Marina. Posteriormente, el Decreto con Fuerza de Ley Nº 210, aprobado por Carlos Ibáñez en mayo de 1931, encomendó al Ministerio de Marina la fiscalización, el control y disposición de las playas y de los terrenos fiscales colindantes con estos, dentro de una faja de 80 metros de ancho en los mares, ríos y lagos de la República; así como de las rocas, los fondos de mar y porciones de agua dentro de las bahías y a lo largo de la costa litoral y de las islas.

Este instrumento legal otorgó a la Subsecretaría de Marina del Ministerio de Defensa Nacional el control de los espacios costeros. Desde entonces, todas las concesiones de terrenos fiscales otorgadas en el borde costero debían ser aprobadas y fiscalizadas por la Armada de Chile, institución que se convirtió en el organismo rector y árbitro de las disputas por el uso y aprovechamiento de los bienes comunes litorales. La tuición de la Armada en los espacios litorales permitió incrementar el control del territorio marítimo y de las actividades de los pescadores artesanales. En tal sentido, existen innumerables casos documentados en el Fondo Ministerio de Marina del Archivo Nacional, en el cual la Subsecretaría otorga o deniega a los pescadores la concesión de terrenos de playa y espacios litorales.

Un conflicto que puede ilustrar este punto, en el cual el Ministerio de Defensa debió dirimir o arbitrar intereses contrapuestos, se dio por el uso de un viejo muelle en Iquique, en la década de 1940. En este caso, el Sindicato de Pescadores de El Colorado solicitó “respetuosamente” a la autoridad marítima que el muelle fiscal en desuso que existía “en la playa del mismo nombre, les sea cedido y que quede bajo la responsabilidad de dicho sindicato, quien se encargaría de su conservación”. Las autoridades aduaneras se mostraron abiertas a la petición, ya que “los recurrentes

35 J. Ernesto Aguirre, “Anotación de concesiones fiscales”, vol. 3140, s/f.

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usan dicho muelle desde tiempo inmemorial”. Además, el muelle no prestaba en “la actualidad ningún beneficio a los servicios portuarios debido a su pésimo estado de conservación y al hecho de estar ubicado en un sector de la bahía de Iquique al que no afluye movilización de carga, porque esta se concentra en las instalaciones del puerto artificial”36.

Asimismo, indicaban que el desembarque de explosivos se realizaba por la playa de la caleta El Colorado, y no se destinaba al muelle para ese fin. En la práctica, se acostumbraba a varar las embarcaciones menores en la playa misma, donde son transportados los inflamables y explosivos a hombro por los movilizadores, que trabajan semidesnudos en esta tarea para poder adentrarse en el mar. De este modo, “por las razones precedentes el suscrito no ve inconvenientes en que se acceda a la sesión del muelle”. Lo mismo opinaron el Ministerio de Hacienda y la Intendencia. No obstante, el Servicio de Explotación de Puertos advirtió que: “una importante Compañía del país ha solicitado la concesión del mismo muelle para los efectos de establecer una gran industria, cuyo desenvolvimiento, aparte de producir grandes beneficios para el desarrollo y prosperidad de la economía nacional, vendría a favorecer el estándar de vida de las gentes modestas de la región con el consiguiente abaratamiento de los artículos de consumo y a incrementar el rubro de las exportaciones de aquellos productos derivados de la industria pesquera”37.

Pero, “frente a tal situación, es de justicia considerar los intereses de los pescadores allí establecidos y que han formado un sindicato profesional para la defensa de sus intereses, y han trabajado en las faenas pesqueras durante largos años, constituyendo su esfuerzo la única fuente de entradas para ellos y sus familias. Por eso estima el infrascrito la conveniencia de concederle al sindicato de pescadores ‘El Colorado’, el uso de seis metros del citado muelle, reservando el resto a la firma de que ya se ha hecho mención”. La Sociedad Pesquera de Iquique S. A. estaba dispuesta a que los pescadores utilizaran el muelle para el desembarque de sus productos, pero sólo “en las horas que exijan los menesteres de la pesca”. Además, como el muelle requería fuertes inversiones, pues se hallaba en “pésimas condiciones de servicios”, solicitaron que “no se nos fije renta de arrendamiento por los tres primeros años”. En respuesta, las autoridades exigieron a la empresa invertir en el mejoramiento del muelle, por lo que Pesquera Iquique S. A. decidió “no tener interés actual en tomar la concesión de este muelle ya que los cuantiosos gastos de reparación que hay que invertir no representa una utilidad práctica apreciable para los intereses de la sociedad”38.

Entre tanto, el Gobernador Marítimo Francisco O’Ryan informó que “no sería procedente acceder a lo solicitado por el Sindicato de Pescadores ‘El Colorado’, en atención a que los componentes de dicho sindicato suman un total de 38 pescadores pero existe además la Sociedad de Socorros Mutuos de Pescadores de El Colorado que cuenta a su vez con sesenta socios al día, los que quedarían excluidos de dicha concesión, por lo que se estima que estas dos instituciones podrían seguir operando los servicios del muelle sin concesión alguna como lo han efectuado hasta la fecha”. En este sentido, finalmente, el gobernador marítimo decidió que “sería procedente

36 “Destinación de muelle fiscal en la caleta El Colorado para pescadores del puerto de Iquique”, 1947, en ANH, Ministerios y Servicios Asociados, Ministerio de Marina, vol. 4207, s/f.

37 “Destinación de muelle fiscal en la caleta El Colorado”, vol. 4207, s/f.

38 “Destinación de muelle fiscal en la caleta El Colorado”, vol. 4207, s/f.

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que este muelle quedara bajo el control de la Autoridad Marítima denegándose en consecuencia lo solicitado por el Sindicato de Pescadores de ‘El Colorado’”39.

Otro caso que puede ayudar a comprender esta problemática ocurrió en la península de Tumbes. En 1952, Julio Parada, Inspector Jefe de la Sexta Zona de Pesca y Caza, solicitó al Ministro de Defensa Nacional una concesión marítima a título gratuito para el Ministerio de Economía, del cual dependía, de una serie de caletas en Tumbes. Justificaba su petición aduciendo que si el Departamento de Pesca y Caza era el que solicitaba los terrenos para las radicaciones, el fisco no perdería nunca la tuición sobre ellos. Por lo que incluso planteaba que convenía no renovar las concesiones realizadas al sindicato de pescadores de Tumbes, para así “poder radicar a los pescadores elegidos por las autoridades marítimas y de pesca”. A su juicio, desde hacía más de cuarenta años que existían pescadores radicados en las caletas denominadas Puerto Inglés, La Cantera, La Candelaria, San Pedro y Puerto Nuevo, y junto a ellos se habían ido radicando los familiares de los antiguos residentes. Estas radicaciones se habían hecho con el consentimiento de las autoridades marítimas, por lo que era conveniente regularizarlas pues había “manifiesta conveniencia de legalizar la situación anormal en que se encuentran los pescadores”40.

Además solicitaba la concesión del sector de “El Peral” y “Cerro Alegre”, pues se prestaba para radicar allí a “los pescadores que viven dispersos en otras pequeñas caletas de la península, donde no hay vigilancia alguna por ser terrenos particulares y aislados”. Parada estimaba que la mayoría de los pescadores de Tumbes eran reservistas de la Armada Nacional o estaban emparentados con personal en servicio activo en esta institución, por lo cual eran “los mejores vigilantes de ese sector de la península de Tumbes tan próxima al apostadero naval de Talcahuano y demás servicios de la armada”. El beneficio de todo esto era que a “los pescadores mal instalados se les podía disponer una ubicación dentro de la concesión y aclarar otros tantos pescadores de sitios dispersos.

Como los de caleta Cerro Alegre, que viven en terrenos particulares y sin control de la autoridad”. Además, “estando más concentrados los pescadores puede haber más asistencia a la escuela, ampliando ésta con cursos paralelos, como pueden emprenderse iniciativas de mejoramiento en las caletas como telefonía, radiofonía, alcantarillados, agua potable, luz, como delineación de calles y mejoramiento de calzadas”41. En cambio, las autoridades marítimas tenían una visión distinta de los pescadores artesanales, por lo que señalaron que: “la experiencia recogida durante largos años comprueba fehacientemente que los pescadores ubicados dentro en las proximidades de los recintos militares de esta base naval lejos de cooperar en la forma lógica que era de esperar, ocasionan no solo ellos sino que también sus invitados que fluyen constantemente toda clase de perjuicios en los cercos, en las plantaciones y bosques, y lo que es más grave provocan incendios por negligencia culpable ya que ellos se originan por colillas de cigarrillos o por no apagar las fogatas que encienden durante las noches de esparcimiento”42.

Además, a su juicio, “los pescadores, salvo excepciones, efectúan y facilitan por medio de sus embarcaciones el comercio clandestino de licor lo que es de funestas consecuencias para la segu39 “Destinación de muelle fiscal en la caleta El Colorado”, vol. 4207, s/f.

40 “Destinación de tres zonas de terrenos fiscales para radicar pescadores”, 1952, en ANH, Ministerios y Servicios Asociados, Ministerio de Marina, vol. 4511, s/f.

41 “Destinación de tres zonas de terrenos fiscales”, vol. 4511, s/f.

42 “Destinación de tres zonas de terrenos fiscales”, vol. 4511, s/f.

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ridad de los recintos militares de esta zona naval, principalmente en aquellos donde se almacenan explosivos”. En este sentido, indicaba que, “considerando que los pescadores que mas perjuicios ocasionan y dada la imposibilidad material de controlarlos más directamente son los ubicados dentro del recinto militar de caleta El Soldado y en Cerro Alegre esta comandancia estima absolutamente indispensable, que a la mayor brevedad posible se les dé una nueva radicación”. Indicaba, asimismo, que ya habían procedido a “la confección del borrador de escritura pública en el cual se deja claramente establecido las obligaciones a que estarían sometidos los pescadores que se radicaran en las concesiones de que se trata, y una vez que tomaran conocimiento el presidente y secretario de los sindicatos de la península de Tumbes y caleta el Salado sobre las condiciones impuestas para la seguridad y debido control de ese sector, manifestaron su disconformidad y por cuya razón no se ha podido hasta la fecha dar cumplimiento a lo solicitado”43.

Finalmente, el Ministerio de Defensa concesionó al Ministerio de Economía y Comercio, para radicación de pescadores, las zonas de Puerto Nuevo Norte, San Pedro y Candelaria, Cantera y Puerto Inglés, pero no en El Peral y en Cerro Alegre. En todo caso, el Ministerio debía exigir a los sindicatos de pescadores que se radicaran y que respondieran a la conservación de las cercas y plantaciones de la Armada, y de los perjuicios que pudieran sufrir estas y el material bélico por incendios o tráficos a través de los recintos militares. Asimismo, el Ministerio debía tomar las “medidas necesarias para la represión del comercio clandestino de licor disponiendo la salida de los infractores de los terrenos que se destinan en el presente documento”44.

Así, se puede plantear que con la tuición del Ministerio de Defensa en los conflictos originados por la ocupación del borde costero se produjo una estatización de los bienes comunes litorales.

Desde entonces, la Subsecretaría de Marina pasó a controlar legalmente la costa y se transformó en una especie de mediador o árbitro con el poder para dirimir y dictaminar quiénes tenían mejores derechos para ocupar el borde costero; además pudiendo condicionar el actuar de los beneficiarios imponiendo obligaciones y normas de conducta que intentaban incluso reglamentar y moralizar la vida de los pescadores, “desplayando”, o bien limitando el acceso a las playas a los ocupantes ancestrales de estos territorios. No obstante, los pescadores artesanales se defendieron desarrollando una serie de mecanismos de adaptación y resistencia a las nuevas condiciones y recurriendo en forma constante a las autoridades, con el objetivo de preservar sus derechos de ocupación de las playas y contrarrestar el progresivo cercamiento o, en palabras del diputado Malaquías Concha, el inexorable “desplayamiento”.

Teniendo en cuenta los elementos descritos, en cuanto a la capacidad de resistencia de los pescadores chilenos, la situación es comparable a la de las 151 comunidades de la zona peruana del lago Titicaca, que en la década de los 1990 todavía habían logrado retener sus derechos de propiedad comunales, a pesar de los intentos del Estado de arrebatárselos mediante el uso de la Guardia Costera45. En cambio, en Mar del Plata la situación difiere totalmente, por cuanto se dio tempranamente una integración entre los pescadores artesanales y los industriales, gracias a la conversión de la flota artesanal de la zona de Mar del Plata en una flota “costera”, es decir, los pescadores proveían de materia prima a la industria conservera. De esta manera, la flota “costera” de 43 “Destinación de tres zonas de terrenos fiscales”, vol. 4511, s/f.

44 “Destinación de tres zonas de terrenos fiscales”, vol. 4511, s/f.

45 Dominique P. Levieil y Benjamin Orlove, “Local Control of Aquatic Resources: Community and Ecology in Lake Titicaca, Perú”. American Anthropologist 92, n.° 2 (1990): 362-382.

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Mar del Plata, en vez de luchar por su sobrevivencia, se consolidará como la comunidad pesquera más importante de Argentina en el siglo XX46.

Consideraciones finales Karl Marx señaló que “el secreto de la acumulación originaria”47 tuvo su origen en la apropiación de los bienes comunes. Harvey muestra que la acumulación originaria de Marx implica un rango amplio de procesos: “la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión forzosa de las poblaciones campesinas; la conversión de diversas formas de derechos de propiedad —común, colectiva, estatal, entre otras— en derechos de propiedad exclusivos; la supresión del derecho a los bienes comunes […]. El estado, con su monopolio de la violencia y sus definiciones de legalidad, juega un rol crucial al respaldar y promover estos procesos”. Pero Harvey ve un problema en el adjetivo originario, y es que relega “la acumulación basada en la depredación, el fraude y la violencia a una ‘etapa originaria’ que deja de ser considerada relevante [actualmente] […]. Una revisión general del rol permanente y de la persistencia de prácticas depredadoras de acumulación ‘primitiva’ u ‘originaria’ a lo largo de la geografía histórica de la acumulación de capital resulta muy pertinente”48. Por lo tanto, Harvey propone renombrar estos mecanismos como “acumulación por desposesión”. En el caso del mar, se observa aquí que este tipo de proceso se da a lo largo del planeta: desde Indonesia49 hasta Canarias50, pasando por India51 y Estados Unidos52.

El neoliberalismo ha promovido desde el último tercio del siglo XX la acumulación por desposesión a lo largo del mundo, según Harvey, por medio de nuevos métodos financieros mucho más sofisticados. En la región de estudio, en particular, en las últimas décadas el turismo ha sido una de las actividades principales por la que se ha realizado “la acumulación por desposesión” del borde costero. La inversión de la sobreacumulación del capital, en terminología de este autor, se ha destinado a la construcción de complejos turísticos que modifican el ecosistema y producen contaminación. Además, estos centros, una vez instalados, quieren desplazar a los pescadores artesanales de la costa, ya que sólo son funcionales como mano de obra proletarizada. Con este

46 Jorge Mateo, “Gente que vive del mar. La génesis y el desarrollo de una sociedad marítima y una comunidad pescadora”. Prohistoria: Historia, Políticas de la Historia n.° 8 (2004): 59-86.

47 Karl Marx, El capital (Santiago: LOM, 2014), 708.

48 David Harvey, “El nuevo imperialismo: acumulación por desposesión”. Socialist Register 40 (2004): 112-113.

49 Conner Bailey, “The Political Economy of Marine Fisheries Development in Indonesia”. Indonesia 46, (1988): 25-28.

50 José Pascual Fernández, “La pesca artesanal canaria desde la perspectiva de la antropología cultural”, en Antropología de la pesca, debates en el Mediterráneo, editado por Ángel Montes del Castillo (Murcia: Universidad de Murcia, 1999), 263-283.

51 Peter Reeves, Bob Pokrant y John McGuire, “Changing Practice in the Madras Marine Fisheries: Legacies of the Fish Curing Yards”, en Historical Perspectives of Fisheries Exploitation in the Indo-Pacific, editado por Joseph Christensen y Malcolm Tull (Dordrecht: Springer, 2014), 41-61, doi: dx.doi.org/10.1007/978-94-017-8727-7_3 52 Arthur McEvoy, “Historia y ecología de las pesquerías del nordeste del océano Pacífico”. Ayer n.° 11 (1993): 189-205.

Hist. Crit. No. 63 · Enero-marzo · Pp 97-116 · ISSN 0121-1617 · e-ISSN 1900-6152 doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit63.2017.05

propósito, el poder político tanto en Gigante Nicaragua53 como en La Boquita México54 ha ido despojando a los pescadores de los derechos de uso sobre el mar, mediante ambigüedades jurídicas y la creación de reservas nacionales (que promueven el turismo), como en el caso de la reserva Lago del Pez, en Brasil55.

Para el Chile de hoy es importante descartar el caso del desarrollo de la industria salmonera como ejemplo paradigmático de acumulación por desposesión, industria que tuvo un auge y caída espectaculares (1980-2010) y que es posible comparar con la industria bananera56. Carlos Hidalgo Garrido y Francisco Ther Ríos analizan las relaciones entre la comunidad artesanal y la industria del salmón en la actualidad en la comuna de Quinchao (Isla Grande de Chiloé), mostrando cómo los actores locales resisten por medio de las prácticas y los símbolos que emergen de la apropiación del paisaje57. En el Sur austral, si bien los artesanos han sido marginados en el imaginario económico por las salmoneras, a pesar de ello han logrado constituir formas de resistencia, en su caso, una incipiente acuicultura artesanal58.

En este artículo, la investigación confirmó que los mecanismos de “acumulación originaria” o “desposesión” se pueden encontrar en Chile a lo largo del borde costero durante toda la primera mitad del siglo XX. En la pesca, las playas y el mar se planteó que la persistencia de los derechos ancestrales de ocupación sobre los bienes comunes costeros permitió a los pescadores defenderse de los despojos e incluso, en algunas ocasiones, lograr resultados favorables frente a las autoridades, gatillando mecanismos de adaptación y resistencia frente al progresivo cercamiento y “desplayamiento”. A medida que se intensificaron los conflictos por el uso del borde costero, con la aprobación de Ley de Pesca de 1907, el Presidente de la República se convirtió en un árbitro capaz de dirimir e intermediar entre las fuerzas y los intereses en conflicto. Con el fin de organizar y ordenar los derechos de uso y de ocupación del litoral e instaurar, finalmente, derechos de propiedad en favor del Estado, y no de los propietarios, pero tampoco de los pescadores artesanales, a través de un decreto con fuerza de ley aprobado por Carlos Ibáñez en 1931, se designó a la Armada Nacional como la institución encargada de resguardar los bienes comunes litorales y costaneros. Con todo, tal como se ha visto en los antecedentes presentados, los pescadores han sabido desarrollar estrategias de sobrevivencia que les han permitido permanecer pescando hasta la actualidad y no haber sido completamente “desplayados”.

53 Nikolai Alexander Alvarado y Matthew J. Taylor, “¿Del mar quién es dueño? Artisanal Fisheries, Tourism Development, and the Struggles over Access to Marine Resources in Gigante, Nicaragua”. Journal of Latin American Geography 13, n.° 3 (2014): 37-62, doi: dx.doi.org/10.1353/lag.2014.0041 54 Sabrina Doyon, “The Structural Marginalization of Artisanal Fishing Communities: The Case of La Boquita”.

Anthropologica 44, n.° 1 (2002): 83-98, doi: dx.doi.org/10.2307/25606062 55 Tiago Almundi y Daniela Coswig Kalikosky, “Homem e natureza em um parque nacional do Sul do Brasil: meios de vida e conflitos nos arredores da Lagoa do Peixe”. Desenvolvimento e Meio Ambiente n.° 20 (2009): 47-57.

56 John Soluri, “Something Fishy: Chile’s Blue Revolution, Commodity Diseases, and the Problem of Sustainability”. Latin American Research Review 46, n.° 4 (2011): 55-81, doi: dx.doi.org/10.2307/41261392 57 Carlos Hidalgo Garrido y Francisco Ther Ríos, “Paisajes de la complejidad marítimo-costera: actores, dinámicas y escenarios territoriales en la comuna de Quinchao, Isla Grande de Chiloé”. Urbano 17, n.° 30 (2014): 96-103.

58 Gonzalo Saavedra. “Los futuros imaginados de la pesca artesanal y la expansión de la salmonicultura en el Sur austral de Chile”. Chungará, Revista de Antropología Chilena 47, n.° 3 (2015): 1-18.

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❧ Pablo Camus Gayan Profesor del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Licenciado en Historia y Doctor en Historia por la misma Universidad. Su línea de investigación gira en torno a la historia ambiental de Chile. Sus últimas publicaciones son: “Visión histórica de la respuesta a las amenazas naturales en Chile y oportunidades de gestión del riesgo de desastre”. Revista de Geografía Norte Grande n.° 64 (2016): 9-20; “De la panacea a la tragedia. Bosques, erosión y forestación en Chile. S. XIX y XX”.

HIb. Revista de Historia Iberoamericana 7, n.° 2 (2014), doi: dx.doi.org/10.3232/RHI.2014.V7.N2.01; “Reconstrucción histórica de la invasión del conejo europeo en Chile Central: lecciones para un mejor diálogo entre científicos y gestores”, en Invasiones biológicas en Chile, editado por Fabián Jaksic y Sergio

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“Y serán desplayados”. Recorrido histórico sobre los bienes comunes, pescadores artesanales y control legal Pablo Camus Gayan Rodrigo | Hidalgo Dattwyler

Castro (Santiago: Ediciones UC, 2014); y Guardaparques: su historia y vivencias en la contribución a la conservación del Sistema Nacional de Áreas Silvestres del Estado Ministerio del Medio Ambiente (Santiago: CONAF, PNUD, 2014). pcamusg@uc.cl

Rodrigo Hidalgo Dattwyler

Profesor en el Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Geógrafo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Doctor en Geografía Humana por la Universitat de Barcelona (España). Su investigación se centra en los procesos territoriales vinculados a la conformación de los espacios residenciales urbanos. Entre sus últimas publicaciones se encuentran: “¿Utópolis o distópolis?

Producción inmobiliaria y metropolización en el litoral central de Chile (1992-2012)”. EURE 42, n.° 126 (2016): 27-54; “Policentrismo en el Área Metropolitana de Santiago de Chile: reestructuración comercial, movilidad y tipificación de subcentros”. EURE 41, n.° 122 (2015): 49-73; y “El desarrollo de la ciencia geográfica en América Latina. La producción científica a través de Revista de Geografía Norte Grande”. Revista de Geografía Norte Grande n.° 60 (2015): 7-20. rhidalgd@puc.cl

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¿Conveniencia o necesidad? La formación de la clase obrera en las Universidades Laborales franquistas (1955-1978)❧ Patricia Delgado-Granados Universidad de Sevilla, España

Gonzalo Ramírez-Macías Universidad de Sevilla, España

doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit63.2017.06

Artículo recibido: 29 de marzo de 2016/ Aprobado: 08 de agosto de 2016/ Modificado: 01 de septiembre de 2016

Resumen: La política educativa franquista tuvo como uno de sus principales objetivos la formación de la clase obrera, por lo que una de las principales instituciones educativas creadas en la época fueron las Universidades Laborales. Este artículo se centra en analizar las finalidades que perseguían estas macroinstituciones al formar los futuros obreros españoles, empleando para su estudio diversas fuentes primarias —documentales, archivísticas, gráficas y jurídicas—. Las conclusiones señalan que los objetivos de las Universidades Laborales fueron, por un lado, la formación profesional especializada y, por el otro lado, su adoctrinamiento en los principios ideológicos propugnados por el régimen.

Palabras clave: Historia de la educación, España, dictadura, clase obrera, universidad, formación profesional (Thesaurus).

Convenience or Necessity? The Formation of the Working Class in the Universidades Laborales of Franco’s Spain (1955-1978) Abstract: One of the main objectives of Franco’s educational policy was the training of the working class, which is why one of the principal educational institutions created during that period were the Universidades Laborales. This article is focused on analyzing the ends sought by these macroinstitutions in preparing the future workers of Spain, and it makes use of a variety of primary sources —documentary, archival, graphic and juridical— in order to study the subject. The conclusions indicate that the objectives of the Universidades Laborales were, on the one hand, specialized professional training and, on the other hand, their indoctrination in the ideological principles advocated by the regime.

Keywords: History of education, Spain, dictatorship, working class, university, professional training (Thesaurus).

Conveniência ou necessidade? A formação da classe operária nas universidades trabalhistas franquistas (1955-1978) Resumo: A política educativa franquista teve como um de seus principais objetivos a formação da classe operária, razão pela qual uma das principais instituições educativas criadas na época foram as universidades trabalhistas. Este artigo se centraliza em analisar as finalidades que essas macroinstituições perseguiam ao formar os futuros operários espanhóis, empregando para seu estudo diversas fontes primárias —documentais, de arquivo, gráficas e jurídicas—. As conclusões indicam que os objetivos das universidades trabalhistas foram, por um lado, a formação profissional especializada e, por outro, seu doutrinamento nos princípios ideológicos defendidos pelo regime.

Palavras-chave: classe operária, ditadura, Espanha, formação profissional, história da educação (Thesaurus); universidade (Autor). ❧ Esta investigación no contó con financiación para su realización.

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¿Conveniencia o necesidad? La formación de la clase obrera en las Universidades Laborales franquistas (1955-1978) Patricia Delgado Granados

Introducción El filósofo, periodista y escritor francés Albert Camus, premio Nobel de Literatura en 1957, recordaba a sus lectores en su escrito El hombre rebelde que la visión clara de las cosas es saber por qué se han producido, alejando así la desesperanza y el odio que provoca el desconocimiento de estas1.

En torno a estas cuestiones se inicia este artículo poniendo de manifiesto el valor de la historia y su papel indiscutible como conocedor del pasado que facilite su comprensión en clave hermenéutica. Este estudio analiza el modelo formativo, tanto a nivel instructivo como ideológico, de las Universidades Laborales creadas en los años cincuenta siguiendo el modelo de aquella España militarizada y acuartelada, y orientadas a formar los hijos de la clase obrera como futuros componentes de una sociedad sumisa y técnicamente capacitada.

En efecto, uno de los principales objetivos de la política educativa franquista fue la formación de la clase obrera, reglada y no reglada, como mecanismo eficaz para eliminar la herencia de la Segunda República, basada en la militancia y en el crecimiento de los sindicatos2. La construcción del “nuevo Estado” pasaba por la aniquilación del movimiento obrero y de todas las organizaciones obreras y republicanas de corte marxista; a la vez que era necesario un férreo control de la sociedad, y en particular de las clases obreras, con el fin último de que la “cuestión social” en España se erradicara mediante la eliminación de la “lucha de clases”. Así se recogía en el undécimo punto de la Falange Española Tradicionalista (FET) y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista ( JONS): “El Estado Nacional-sindicalista no se inhibirá cruelmente de las luchas económicas entre hombres, ni asistirá impasible a la dominación de la clase más débil por la más fuerte. Nuestro régimen hará radicalmente imposible la lucha de clases, por cuanto todos los que cooperan a la producción constituyen en él una totalidad orgánica”3.

La dictadura puso fin a esta pluralidad, introduciendo —aparte de una estructura sindical vertical para controlar a los trabajadores— un complejo sistema docente, donde el profesorado de la época republicana fue depurado y se pusieron en su lugar nuevos docentes, los cuales fueron cuidadosamente elegidos pues serían los encargados de cualificar a los obreros (tanto jóvenes como adultos) con base en los esquemas ideológicos falangistas y del nacional-catolicismo4. Además se crearon nuevas instituciones educativas dirigidas en especial a la clase obrera, entre las que destacaron las Universidades Laborales, impulsadas por la organización política Falange Española Tradicionalista y las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista —lideradas por el ministro de Trabajo José Antonio Girón de Velasco—. Estas nuevas instituciones docentes nacieron con un doble cometido: por un lado, cualificar profesionalmente la clase trabajadora para el desempeño de tareas productivas, cumpliendo así de manera “individual y colectivamente las necesidades de

1 Albert Camus, El hombre rebelde (Madrid: Alianza Editorial, 2001), 34.

2 Ismael Saz, Las caras del franquismo (Granada: Comares, 2013), 102.

3 El programa de Falange Española y de las JONS constituía un total de veintisiete puntos. Al respecto: “Decreto 255 de Unificación, de 19 de abril”, Boletín Oficial del Estado, 20 de abril, 1937, 1033-1034.

4 Carmen Sanchidrián, Isabel Grana y Francisco Martín, “Análisis y valoración de los expedientes de depuración del profesorado de Instituto de Segunda Enseñanza en el franquismo (1936-1942). Resultados generales”.

Revista de Educación nº 356 (2011): 377-399, doi: dx.dio.org/10-4438/1988-592X-RE-2010-356-044

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la producción nacional”5; y, por el otro lado, adoctrinar ideológicamente la clase obrera en los principios del Movimiento Nacional6, tratando así de silenciar cualquier posible reivindicación política o social.

Este nuevo proyecto socioeducativo falangista significó un cambio cualitativo en la política educativa del país, al no existir instituciones de estas características en cuanto a recursos educativos, proyección sociolaboral, perfil del alumnado, entre otros7. Su sistema de acceso se basó en un sistema selectivo que partía de una supuesta igualdad de oportunidades, con una función marcadamente política y alienadora, unido a su dimensión espiritual, política, técnica y profesional.

Los planes de estudios, acordes con las nuevas tendencias industrializadoras, pretendieron solventar uno de los mayores problemas educativos con los que contaba España: la inexistencia de un modelo de formación profesional adaptado a los nuevos sistemas de productividad que requerían mano de obra cualificada y especializada. En este sentido, no se deben olvidar los enormes contrastes en cuanto a la implantación de la formación profesional de España, comparada con el resto de Europa. Mientras que España sólo contaba con 60.000 escolares que estudiaban formación profesional, Francia disponía de 350.000; Italia, 250.000, y Bélgica, 200.0008.

La puesta en marcha de las Universidades Laborales en 1955 permitió que la clase obrera accediera a un puesto laboral de cierta categoría profesional, alejándola de todo deseo respecto a la lucha de clases. Durante sus más de veinte años de existencia, estos centros representaron la universidad del pueblo, de los pobres, de la clase obrera, verdaderos monumentos al trabajo que sirvieron además de propaganda de la política social de la dictadura franquista. Con estos renovados propósitos se proyectaron estas nuevas macroinstituciones, que con el paso de los años se destacaron por su enorme valor arquitectónico —representativo del movimiento moderno español— y por sus instalaciones, talleres y maquinarias magníficos. Por lo que desde su creación despertaron la curiosidad de investigadores, arquitectos e historiadores, corroborando su valiosa contribución social, educativa y profesional. Sin embargo, a pesar de su innegable papel formativo, tras su cierre, a finales de los setenta, pasaron al total olvido y abandono.

1. La dictadura franquista en 1950: de la Autarquía al Desarrollismo Durante la dictadura franquista, las tres piedras angulares que rigieron el devenir del país fueron el partido único (Movimiento Nacional), donde se agrupaban todas las facciones derechistas que apoyaron el alzamiento —principalmente monárquicos, tanto carlistas como alfonsinos, falangistas y 5 José Cruz Lapazarán, “Enseñanza agrícola post-escolar”. Hojas Divulgadoras del Ministerio de Agricultura, octubre (1941): 5.

6 Mediante el decreto del 19 de abril de 1937 de Unificación, Franco fundó un nuevo partido unificado que incorporó todos los sectores derechistas que lo apoyaban. “Decreto 255 de Unificación”, 1033-1034.

7 Ricardo Zafrilla y Julia Utiel, Universidades Laborales: aproximación a su historia económica (Albacete: Ediciones Popular Libros, 2006), 50-54. La obra falangista no se limitaría sólo a las instituciones educativas, sino que, a través de un uso estratégico de la propaganda, el control se proyectaría a todos los ámbitos culturales (cine, teatro, tiempo libre, prensa, entre otros). Para un análisis más profundo: Sara González Gómez, “Historia de la Universidad en España durante el franquismo: análisis bibliográfico”. Educació i Història nº 26 (2015): 187-212, doi: dx.doi. org/10.2436/20.3009.01.158, y Javier Narbaiza, El día en que volvimos a la Universidad Laboral (Madrid: Libros de la Memoria, 1999).

8 Elisa Jato, La formación profesional en el contexto europeo. Nuevos desafíos y tendencias (Barcelona: Estel, 2004).

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corporativistas católicos—; el Ejército y la Iglesia católica9. Sin embargo, no fueron pocas las tensiones entre estos tres grupos, ni tampoco escasas las que se produjeron entre los diferentes sectores dentro del partido único, pues este no fue más que una incómoda coalición de facciones que partían de supuestos ideológicos diferentes y que no tuvieron siempre los mismos intereses en relación con el gobierno de la nación10. En cualquier caso, esta particular unión dio lugar al llamado nacional-sindicalismo católico11, que defendía que el fin de los días de gloria de España se debía a los políticos liberales que se habían aglutinado dentro de la clase política, lo cual había desembocado en una situación de anarquía general que, afortunadamente, había logrado reconducir a partir del levantamiento de 1936.

El nacional-sindicalismo católico ejerció un férreo control de todos los aspectos de la vida cotidiana durante el denominado Período Azul: medios de comunicación, educación, religión, deporte, actividades laborales, entre otros. Así, la más estricta censura y un cerrado dogmatismo se instalaron en España12, que permitió la entrada de la ideología procedente de los fascismos alemán e italiano, y también de la tradición ultraconservadora hispánica. Por otra parte, la esencia ideológica del régimen, obviamente, se hizo cada vez más compleja, a medida que se dilataba en el tiempo, ya que coexistió con las épocas fascista y socialdemócrata posfascista13.

Si bien no existe uniformidad en torno a la periodización del franquismo14, en este artículo se ha optado por diferenciar las tres fases que establece Paul Preston15: 1) el Período Azul, de marcado carácter imperialista y fascista, entre 1936 y 1945; 2) el Período del Corporativismo Nacional Católico, entre 1945 y 1959; y 3) el Desarrollismo de la llamada tecnocracia, entre 1959 y 1975. Hay que subrayar que las dos primeras fases se conocen conjuntamente como el período de Autarquía, pues ante la penuria económica que vivía el país, Franco optó por un modelo de búsqueda de autosuficiencia económica mediante la intervención del Estado. Esta propuesta de política autárquica estaba inspirada en las llevadas a cabo por la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler.

No obstante, el fin de la Segunda Guerra Mundial, junto con el bloqueo al que fue sometido el país y el subdesarrollo social y económico que se vivía en él, hizo imprescindible el famoso Plan de Estabilización de 1959. Este plan cambió la sociedad española, de forma que los hombres y mujeres que crecieron durante los años sesenta no vivieron la situación de máxima represión e imposición ideológica que sí vivieron sus familias durante el llamado Período Autárquico y, espe9 Enrique Moradiellos, “Franco, El Caudillo: origen y perfil de una magistratura política carismática”. Historia y Política nº 35 (2016): 261-287, doi: dx.doi.org/10.18042/hp.35.11 10 Carme Molinero y Pere Ysàs, La anatomía del franquismo. De la supervivencia a la agonía, 1945-1977 (Barcelona: Crítica, 2008), 43-54.

11 Alicia Alted, “Las mujeres en la sociedad española de los años cuarenta”, en Las mujeres y la Guerra Civil Española (Madrid: Ministerio de Cultura. Instituto de la Mujer), 293-303.

12 Saz, Las caras del franquismo, 45.

13 Stanley Payne, El franquismo, primera parte (Madrid: Arlanza, 2005), 56-62.

14 Por ejemplo, Javier Tusell diferencia los siguientes períodos: la tentación fascista y la supervivencia (1939-1951), los años del consenso: el apogeo del régimen (1951-1965), y desarrollo económico, apertura y tardofranquismo (1966-1975). Historia de España en el siglo XX. 3. La Dictadura de Franco (Madrid: Taurus, 1999). Mientras que Enrique Moradiellos se refiere a las siguientes etapas: configuración inicial del régimen (1936-1939), etapa filonazi (1939-1945), etapa del predominio del nacional-sindicalismo (1945-1959), autoritaria (1959-1969) y tardofranquismo (1969-1975). Las caras de Franco: una revisión histórica del caudillo y su régimen (Madrid: Siglo XXI, 2016).

15 Paul Preston, Franco: caudillo de España (Madrid: Debate, 2015), 3-6. Se utiliza esta periodización porque es la que mejor contextualiza el objeto de estudio de este artículo, las Universidades Laborales.

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cialmente dentro de este, durante el Período Azul. Hay que subrayar que Franco pagó un alto precio por ello, ya que este plan conllevó abrir el país a las economías occidentales, y también implicó de manera indirecta tolerar los sistemas políticos, democráticos y liberales de estos países, que se consideró una traición a los fundamentos ideológicos de su dictadura, debido a que el franquismo siempre fue antidemocrático y antiliberal. La incapacidad del régimen para mantener a ultranza una política nacional-sindicalista católica fue su gran error16; no obstante, puede considerarse un error necesario, ya que ese fracaso fue la contrapartida inevitable de la transformación social y económica que vivió España a partir de 1959.

En los años previos a esta necesaria apertura, cuando el régimen autárquico se liquidaba, cuando la economía basada en la agricultura no daba para más, cuando todos los países miraban con desdén y desprecio a la dictadura española —tildándola de anacrónica en el contexto de la socialdemocracia europea—, y cuando no se podía soslayar el creciente descontento de la sociedad española, es cuando se crean las Universidades Laborales, como concesión a la clase obrera, que tendría en estas sus centros de formación superior, orientados además hacia la industria, y no tanto al sector primario. Con todo ello, no sólo satisfacían en cierta medida a la clase obrera, sino que buscaban impulsar la débil economía española a medio plazo, con la formación de profesionales en diferentes ramas de la industria. Creían que todo ello contribuiría a dar un aura de modernidad a uno de los países más subdesarrollados de Europa.

2. “Cambiar para que nada cambie”. Las raíces de las Universidades Laborales Con todo, los años cincuenta significaron un período de transición entre el primer franquismo y el conjunto de cambios profundos que comenzaron a registrarse a partir de los sesenta, en el llamado Desarrollismo. Fueron años de un rebullir intenso en muchos de los aspectos de la sociedad española, pues por primera vez —desde que había finalizado la Guerra Civil (1936-1939)— lo que se hacía en España empezaba a tener una cierta equivalencia con lo que se hacía fuera de sus fronteras, además de suponer un período de transición entre los destrozos y penalidades de la posguerra y los años dorados de los sesenta.

En el ámbito educativo, objeto de esta investigación, el Estado —como principal agente de la vida política— se encargaría de reordenar legalmente el sistema educativo y redefinir el nuevo proyecto educacional, entendido como un proceso de socialización política de la población española, en el que la educación (desde los estudios primarios hasta los estudios universitarios y profesionales) sería la herramienta esencial para inculcar los supuestos básicos de una ideología y garantizar las bases de una nueva sociedad. Así lo recalcaba el jefe del Servicio Nacional de Primera Enseñanza, Romualdo de Toledo, en el discurso inaugural sobre “Orientaciones Nacionales de Enseñanza Primaria”, señalando que: “[…] ningún problema de los que hoy preocupa a la Nueva España es tan importante como el problema de la educación nacional”17. Con este objetivo, la educación, definida desde los inicios de la dictadura como una institución transmisora de la ideología nacional sindicalista-católica, fue moldeándose según las exigencias políticas del momento. A partir de la década de los cincuenta se inicia un proceso de mayor flexibilidad y 16 Preston, Franco: caudillo de España, 178-180.

17 Las Actas de este curso fueron publicadas por el Ministerio de Educación en 1939: Ministerio de Educación, Curso de Orientaciones Nacionales de la Enseñanza Primaria (Burgos: Hijos de Santiago Rodríguez, 1939), 22.

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modernización pedagógica, si bien siempre bajo los mismos principios ideológicos iniciales; de hecho, se refuerza la enseñanza confesional tras la firma del Concordato entre el Estado español y la Santa Sede (1953)18: “La Santa Sede Apostólica y el Estado español, animados del deseo de asegurar una fecunda colaboración para el mayor bien de la vida religiosa y civil de la Nación española, han determinado estipular un Concordato que resumiendo los Convenios anteriores y completándolos, constituya la norma que ha de regular las recíprocas relaciones de las altas partes contratantes, en conformidad con la Ley de Dios y la tradición católica de la Nación española”19.

Este intento, llevado a cabo por la cúpula política de la dictadura, que tenía detrás una idea de “cambiar para que nada cambie”, no obtuvo el efecto deseado, pues a pesar de la tentativa de mantener el control ideológico en el ámbito educativo, la realidad empezaba a cambiar de manera inexorable. De hecho, en el ámbito universitario los conflictos y las huelgas de los estudiantes se sucedieron en esta década. Junto al movimiento estudiantil, la clase obrera, que sufría una dura represión, también se movilizó contra la dictadura, en especial a partir de mediados de los cincuenta, cuando la coyuntura económica de crecimiento y modernización convirtió al movimiento obrero en una pieza clave de reivindicación social antifranquista en defensa de los trabajadores.

En este clima de movilización y protesta nacen las Universidades Laborales franquistas, dirigidas al mundo obrero, a sus trabajadores e hijos, a los que buscaban capacitar y dotar de una formación superior, pero no sólo para la modernización económica del país sino también como forma de ejercer un control ideológico sobre ellos. En definitiva, las Universidades Laborales estaban dirigidas hacia dos grandes finalidades: primero, dotar de formación específica a la clase obrera, lo que redundaría en el crecimiento económico del país y en la mejora de las condiciones de vida de estos trabajadores cualificados; y, segundo, se pretendía controlar en estos nuevos espacios educativos el encuadramiento ideológico y político del franquismo, para desmovilizar a la clase obrera, cuyas condiciones de vida a partir de esta formación específica mejorarían, pues optarían a trabajos mejor remunerados, y así poder desarticular las organizaciones obreras e impedir su reconstrucción (imagen 1).

Finalmente, interesa resaltar que, junto al complejo sistema de Universidades Laborales, coexistió una amalgama de centros en materia de enseñanzas profesionales —como las Escuelas de Trabajo, las de Artes y Oficios y los Institutos Laborales, cada uno con sus respectivos planes de estudio—, que constatan que, una vez finalizada la Guerra Civil, el régimen de Franco configuró sus propios modelos de formación profesional en consonancia con su orientación ideológica, económica y sindical. Esta compleja red de centros evidenciaba, por un lado, la complejidad de las enseñanzas profesionales —en cuanto a nivel educativo en particular y en cuanto a la educación a

18 Tal como se refleja en la integración progresiva de España en las organizaciones internacionales: ingreso en la Unesco (1952), acuerdos con Estados Unidos (1953), ingreso en 1955 en Naciones Unidas, y en 1956, en la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En 1958, España se incorporó en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Ramón Tamames, Estructura económica de España (Madrid: Alianza, 1986), 97.

19 “Concordato con la Santa Sede, de 27 de agosto”, Boletín Oficial del Estado, 19 de noviembre, 1953, 625.

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nivel general—, además de servir como factor de sumisión social y política del franquismo20. Sin embargo, en este artículo se muestra que en la práctica no se acertó con un modelo de formación profesional efectiva21.

Imagen 1. “Vista panorámica del complejo educativo de la Universidad Laboral de Sevilla”, 1953

Fuente: “Vista panorámica del complejo educativo de la Universidad Laboral de Sevilla”, 1953, en Archivo General de la Administración (AGA) Sección de Educación, Fondo Universidades Laborales, leg. 19167, 1.

3. Inspiración de las Universidades Laborales franquistas Las Universidades Laborales se inspiraron a nivel institucional y arquitectónico en la Université du Travail de Charleroi (Bélgica). Esta institución, de tendencia socialista, fue fundada a comienzos del siglo XX por Paul Pastur, abogado y profesor de Derecho en la Universidad de Lieja (Bélgica), con la colaboración del Ministerio de Industria y Trabajo. Su objetivo, tal y como se describe en un informe sobre Universidades Laborales, contenido en el Archivo General de la Administración en España, fue “mejorar la formación técnica y humana de los mineros y trabajadores de la provin20 Para una exposición general del estado de la cuestión, véanse: Antonio Viñao Frago, Política y educación en los orígenes de la España contemporánea (Madrid: Siglo XXI, 1982); Juan José Rodríguez Herrero, La formación profesional en España 1939-1982 (Salamanca: Consejería de Educación y Cultura de Castilla y León, 1997); Mª José Martínez Usarralde, Historia de la formación profesional en España: de la Ley de 1955 a los programas nacionales de formación profesional (Valencia: Universitat de València, 2002); Patricia Delgado Granados, La Universidad de los pobres. Historia de la Universidad Laboral sevillana y su legado a la ciudad (Sevilla: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2005); Zafrilla y Utiel, Universidades Laborales; Antonio Canales Serrano, “Falange y Educación. El Sepem y el debate sobre el bachillerato en los años cuarenta”. Educación XXI 15, nº 1 (2012): 219-239, doi: dx.doi.org/10.5944/educxx1.15.1.157 21 Patricia Delgado Granados, “Las enseñanzas profesionales en el primer franquismo: tentativas de intervención y repercusión socio-educativa”, en La larga noche de la educación española. El sistema educativo español en la posguerra, editado por Antonio Francisco Canales Serrano y Amparo Gómez Rodríguez (Madrid: Biblioteca Nueva, 2015), 184.

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cia de Hainaut desde una dimensión integral (intelectual, técnico, social, moral, físico, artístico y estético)”22. Las enseñanzas se orientaron a inculcar a los aprendices la cultura de la técnica, el perfeccionamiento de métodos, los sistemas de enseñanza industrial y la difusión de conocimientos técnicos. Así, pues, primaba, por encima de los conocimientos teóricos, el desarrollo de habilidades mentales que fomentaran la iniciativa y el esfuerzo personal: “[…] el modelo más representativo y la culminación de las obras provinciales por la potencia de sus herramientas, la modernidad de sus métodos de enseñanza y la diversidad y el carácter de su actividad, es ante todo, una forma de enseñanza técnica más que una escuela. Estas Escuelas Técnicas se han desarrollado a partir del impulso de la vida laboriosa de la región respondiendo a las aspiraciones de los obreros y de los pequeños empresarios y ellas alimentan a la industria de obreros técnicos cualificados”23.

Desde el punto de vista arquitectónico, destacó por sus elementos titánicos y vanguardistas, conformando un conjunto de edificios con espaciosas aulas y talleres especializados, según las distintas especialidades profesionales. Con el tiempo se convirtió en uno de los referentes educativos europeos más importantes, dado su carácter innovador, y se exportó a Francia, con la creación de las Mutualidades Laborales de Burdeos, y posteriormente a España, con las Universidades Laborales.

En el caso español, el sistema educativo estuvo respaldado por los ministerios de Trabajo y de Educación. El entonces ministro de Trabajo, Antonio Girón de Velasco, con ayuda del militar falangista Juan Yagüe Blanco, adaptó el modelo belga a la España de los años cincuenta, en un contexto político totalitario y de exaltación del trabajo y la justicia social. Sin embargo, frente a la idea de referente europeo, otros autores defienden y exponen que las Universidades Laborales fueron de manera exclusiva “una creación personal del concepto de cultura y revolución nacional de José Antonio Girón de Velasco”24, considerando que su precedente estatal fueron los Centros de Enseñanza Media y Profesional, comúnmente conocidos como Institutos Laborales. Desde la perspectiva formativa, estos institutos fueron concebidos para la enseñanza de un nuevo tipo de bachillerato (el laboral), en el que los cursos convencionales se complementaban con materias prácticas propias de la agricultura, la minería, la industria, las actividades marítimo-pesqueras, las forestales, entre otras25.

Se pretendía principalmente modernizar la formación obrera, más allá de las estancadas Escuelas Elementales de Trabajo y las Escuelas de Artes y Oficios, que en el último decenio, de 1939 a 1949, habían evolucionado muy poco en cuanto a números de alumnos, y menos aún en comparación con el incremento de la Enseñanza Media dirigida a las clases pudientes.

En las estadísticas sobre enseñanza del INE (1939-1949), las Escuelas Elementales de Trabajo sólo habían crecido en 1.578 alumnos, y las Escuelas de Artes y Oficios, en 7.423, lo que suponía un total de 9.000, frente a los 58.913 de la Enseñanza Media. La aprobación de la Ley de Formación

22 “Documentación del Sistema Educativo de Universidades Laborales”, en Archivo General de la Administración (AGA), Alcalá de Henares-España, Sección Educación, Fondo Universidades Laborales, caja 2 [signatura provisional], f.2.

23 “Documentación del Sistema Educativo de Universidades Laborales”, f.5 24 Eduardo Anguita y Jesús Moreno, “El concepto de cultura en J. A. Girón y el origen de las Universidades Laborales”, en Actas del VII Congreso de profesores-investigadores Hespérides (Córdoba: Hespérides, 1988), 341.

25 “Ley de Bases, de 16 de julio”, Boletín Oficial del Estado, 17 de julio, 1949, 3164-3168.

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Profesional Industrial del 20 de julio de 195526, dirigida a perfiles no cubiertos por el Bachillerato Laboral —posteriormente denominado Técnico—, supuso además la consolidación de los estudios de formación profesional reglada. En este contexto, las Universidades Laborales se encumbraron como artífices de la elevación del nivel cultural de los trabajadores y de la formación de especialistas cada vez más cualificados en las distintas especialidades. No obstante, el proyecto de estas nuevas macroinstituciones se consolidó e institucionalizó más tarde, junto al Plan de Estabilización Económica de 1959, mediante la Ley 40/1959 del 11 de mayo27 y el Reglamento aprobado por el Decreto 2265/1960 del 24 de noviembre de 196028.

A lo largo de sus veintitrés años de existencia, el Ministerio de Trabajo tuvo la tutela de dichas instituciones, mientras que el Ministerio de Educación Nacional se encargó de los aspectos puramente curriculares y de inspección. En los Estatutos Provisionales de las Universidades Laborales, ambos ministerios especificaron que estas universidades nacieron como instituciones superiores de cultura en el ámbito del trabajo29, y como tales, debía ser el propio Ministerio de Trabajo quien velara por el cumplimiento de sus fines sociales, culturales y laborales. Hay que subrayar que la financiación de estas macroinstituciones corría a cargo de las Mutualidades Laborales30, que, si bien desde un punto de vista propagandístico se presentaban como un aspecto mutual de solidaridad profesional, en realidad no eran voluntarias sino obligatorias31. Por tanto, es posible afirmar que la financiación de estos centros educativos fue sufragada en gran medida por la clase trabajadora, a pesar de que el régimen tratara de aparecer como el benefactor de estas instituciones, creadas bajo sus principios de justicia social y de exaltación del trabajo.

En total se erigieron veintiuna Universidades Laborales en ciudades españolas como Gijón, Córdoba, Sevilla, Zamora, Tarragona, Zaragoza, La Coruña, Huesca, Alcalá de Henares, Valencia (Cheste), Málaga. A lo largo del tiempo se destacaron por su indudable papel social y económico, ya que, aparte de sus frutos académicos, permitieron la llegada a estas ciudades de unas magníficas infraestructuras impensables para la época (talleres, laboratorios, gimnasios, enfermerías, piscinas, polideportivos, entre otros). En el ámbito académico destacaron por la calidad de la enseñanza dirigida a la formación de profesionales o técnicos, así como por su carácter academicista, con la impartición del Bachillerato Laboral y, más tarde, del Bachillerato Universitario Polivalente (BUP) y el Curso de Orientación Universitaria (COU), además de diversas titulaciones universitarias de grado medio. Otra de las características diferenciadoras del sistema de las Universidades Laborales residió en las modernas técnicas pedagógicas empleadas, a través de gabinetes de psicología y pedagogía que contaban con personal específico encargado de realizar pruebas 26 “Ley de Formación Profesional Industrial, de 20 de julio”, Boletín Oficial del Estado, 21 de julio, 1955, 4440-4451.

27 “Ley 40/1959, de 11 de mayo”, Boletín Oficial del Estado, 12 de mayo, 1959, 6929-6930.

28 “Decreto 2265/1960 de 24 de noviembre”, Boletín Oficial del Estado, 6 de diciembre, 1960, 16749-16760.

29 “Orden conjunta de los Ministerios de Educación Nacional y de Trabajo de 12 de julio”, Boletín Oficial del Estado, 19 de julio, 1956, 1543-1576.

30 Según Mª Dolores Calle Velasco, durante el régimen franquista las Mutualidades Laborales, dependientes del Ministerio de Trabajo, desarrollaron seguros sociales con aportaciones obligatorias de empresarios y trabajadores por ramas de producción. Sus fondos de reserva fueron utilizados para la modernización del país, para hacer algunas inversiones sociales en vivienda, para apoyar a las Universidades Laborales y para ofrecer becas y préstamos a bajo interés a los mutualistas. “Mutualidades Laborales en el régimen de Franco”, en Congreso de la Asociación Española de Historia Económica (Murcia: AEHE, 2008), 15.

31 Calle Velasco, “Mutualidades Laborales”, 10.

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psicotécnicas al alumnado. La inauguración, en 1969, del Centro de Orientación de Universidades Laborales de Cheste (Valencia) supuso la primera institución en España para la formación y orientación de alumnos de 11 a 14 años de edad becados por el Mutualismo Laboral.

Con los años, el nuevo proyecto español destacaría, al igual que el modelo belga, por su proyección socioeducativa con la clase trabajadora y su incuestionable valor arquitectónico, educativo y patrimonial. No obstante, a pesar de ciertos paralelismos con la Universidad del Trabajo, el nuevo proyecto educativo falangista se realizó al margen de sus trabajadores, aunque estos financiaron casi la totalidad de estas instituciones con su contribución a las Mutualidades Laborales. Además, en Bélgica gobernaba un orden político democrático, el socialismo, mientras que en España se había establecido un régimen dictatorial, que imperó prácticamente a lo largo de la pervivencia de las Universidades Laborales, definidas —según los Estatutos Profesionales aprobados en 1956— como “[…] una institución superior de cultura del ámbito del trabajo, en la triple dimensión humana, técnica y profesional, fundada y sostenida bajo la tutela del Estado, por los trabajadores españoles, constituyéndose en órgano docente”32.

4. Aproximación al debate en torno al concepto de Universidad Laboral En un principio, el término Universidad Laboral vino dado por la propia naturaleza de su concepción. Por un lado, universidad hacía referencia al carácter humanista y globalizador de las enseñanzas profesionales, que integraban un conjunto de disciplinas y grados del mundo laboral, técnico y profesional, orientados a facilitar una formación “sólidamente católica y española, comprendiendo la práctica de una vida honesta y buena en comunidad cristiana, y la enseñanza de la especialidad laboral en sus diferentes clases y grados”33. Se trataba de formar a la juventud laboral mediante un sistema de enseñanzas y actividades educativas de tipo ascensional y selectivo en lo humano, profesional y técnico; y de perfeccionar profesional y formativamente al trabajador en lo intelectual, moral y social34. En palabras del ministro de Trabajo José Antonio Girón de Velasco (1956), “El término universidad está empleado por nosotros en toda su amplitud y no en el sentido restringido que habitualmente se hace. La Universidad es estudio y ayuntamiento de maestros y escolares, que con voluntad y entendimiento aprenden los saberes y hacen vida honesta y buena”35.

No obstante, no fue ampliamente aceptado en determinados sectores franquistas, y durante el proceso de elaboración y discusión del Estatuto de las Universidades Laborales se alzaron voces para eliminar del anteproyecto todos aquellos vocablos que contuviesen la raíz universitaria — por ejemplo, enseñanzas preuniversitarias, universitarias y posuniversitarias—, con la excusa de evitar confusión con las enseñanzas administradas por el Ministerio de Educación Nacional36. Por último se acordó adoptar la ostentosa denominación Universidades Laborales para clasificar estos 32 “Orden conjunta de los Ministerios de Educación Nacional y de Trabajo de 12 de julio”, 1549.

33 “Orden conjunta de los Ministerios”, 1551.

34 “Documentación del Sistema Educativo de Universidades Laborales”, en AGA, Educación, Universidades Laborales, caja 2, leg. 19154 [signatura provisional], f.1.

35 José Antonio Girón de Velasco, “Discurso”, en Archivo Histórico Provincial de Sevilla (AHPS), Sevilla-España, Fondo Universidades Laborales, caja 2 [signatura provisional], 3.

36 “Documentación del Sistema Educativo de Universidades Laborales”, en AGA, Educación, Universidades Laborales, caja 2, leg. 19170 [signatura provisional], f.1.

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Centros Superiores de Formación Profesional, según queda recogido en la reforma de la formación profesional de 1955, permaneciendo claramente diferenciados de los Institutos Laborales y de las tradicionales Escuelas de Artes y Oficios37. Pero lo determinante de las nuevas instituciones laborales —que partían de lo ya recorrido por los Institutos Laborales de 1949— no fue su función, que en parte fue compartida por estos y otros centros de formación profesional, sino su misión de promoción social y cultural orientada a solventar los problemas sociales y laborales provocados por las paupérrimas condiciones en las que vivía y trabajaba la clase obrera. Girón de Velasco definió el proyecto como un elemento esencial para forjar “hombres aptos para la convivencia social y política en los moldes del Nuevo Horizonte de la vida española”38.

En cuanto al adjetivo laboral, hacía referencia tanto a la procedencia del alumnado (la clase trabajadora) como a la especialización de ciertos oficios (capacitación laboral), diferenciándolas así de las universidades clásicas39. En consecuencia, nunca llegaron a considerarse universidades, en el sentido estricto del término, al no impartirse enseñanzas de tipo superior ni realizarse investigaciones de carácter científico, sino que fueron definidas como instituciones superiores “de cultura del ámbito del trabajo, en la triple dimensión humana, técnica y profesional, fundadas y sostenidas bajo la tutela del Estado por los trabajadores españoles”40. Lo cierto es que durante los primeros años (1955-1962), las Universidades Laborales se convirtieron en eficaces vehículos de propaganda de las políticas socioeducativas del régimen, con las que se pretendía llegar a los sectores más populares de la sociedad. Para Girón de Velasco: “El término laboral puede ser un aviso para posteriores reclamaciones de aspiraciones no satisfechas. Puede ser también una aclaración fría con la que se nos especifique: Os haréis ‘trabajadores’ en una ‘universidad’, pero no soñéis con ser universitarios”41.

En este sentido, las universidades de los obreros pretendieron servir de elemento unificador de la política social y educativa del régimen, representando un claro exponente de sus deseos de trascendencia social a través de la promoción profesional de esta clase. El objetivo planteado de cualificar los trabajadores españoles se cumplía con la promoción educativa que transformaba sustancialmente la situación de origen sociocultural. La formación profesional se convirtió así en el medio por excelencia de promoción social de los obreros —a los que el régimen denominaba “productores”—, procedentes la gran mayoría de estratos de cualificación de estudios primarios (84%), frente a un porcentaje mínimo de estudios secundarios (9%)42. En palabras del ministro de Trabajo Licinio de la Fuente (1971), estos centros laborales eran centros docentes, pero ante todo representaban “[…] un servicio de promoción social, pues su razón de ser, su título de legitimación, fue y es el de promocionar y garantizar a los trabajadores, la participación en el saber y, con ella, la participación en el desarrollo económico y en el desarrollo social”43.

37 “Ley de Formación Profesional Industrial”, 4443.

38 “Juan Antonio Girón de Velasco”, Madrid, 1950, en AGA, Sección de Trabajo, Fondo Correspondencia de Girón de Velasco (1950-67), caja 74/16141, f.25.

39 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua española (Madrid: Espasa, 2001), 1339.

40 “Orden conjunta de los Ministerios”, 1552.

41 José Antonio Girón de Velasco, “Editorial”. Revista UNI 1 (1958): 9.

42 Francisco Centelles Bolós, Los cien mil hijos de Girón. El impacto social de las Universidades Laborales (Toledo: Editorial Azacanes, 2002), 34.

43 Licinio de la Fuente, Universidades Laborales y Promoción Social (Madrid: Servicio de Publicaciones del Ministerio de Trabajo, 1971), 3.

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La filosofía que justificó la creación de las Universidades Laborales partió de un objetivo inmediato: cualificar al mundo obrero, tanto a los trabajadores como a sus hijos, iniciándose lo que el régimen franquista denominó “previsión social ofensiva”, dirigida a compensar las desigualdades en las que se encontraban los trabajadores en cuanto a oportunidades formativas. En efecto, los trabajadores de la España de los años cincuenta no aspiraban (y ni siquiera imaginaban) a que sus hijos cursaran estudios medios o superiores, y menos aún a cursarlos ellos mismos. La entrada en funcionamiento de las Universidades Laborales supuso un medio de promoción social, que dignificó la condición laboral y permitió a los trabajadores acceder a un puesto de cierta categoría profesional. Durante los primeros años, las Universidades Laborales —regentadas casi todas por órdenes religiosas— se concibieron como el mecanismo por excelencia para adoctrinar a la clase obrera acallándola a base de doctrina falangista.

Esta ideología se proyectó también en la arquitectura monumental de dichas instituciones, calificadas como el instrumento esencial de la acción revolucionaria franquista en pro de los españoles, y en las que el trabajador sería “el sujeto activo de toda la revolución social”44. La idea era integrar en un mismo emplazamiento diferentes tipos de enseñanzas regladas y no regladas de estudios técnico-manuales, que funcionaran todas ellas con los mismos programas que sus homónimas del resto de España, con especial interés en la formación política, deportiva, social y humanista.

En este sentido, el régimen era consciente de las repercusiones psicológicas que estas faraónicas instituciones tenían en el mundo obrero, como señala Girón de Velasco: “En cuanto al sustantivo de este anunciado ‘español obrero’ deben contar con que ustedes tienen que dar a su obra aquellas características que contribuyan a dignificarles y a dotarles de la conciencia de su enorme valor en cuanto a su proyección trascendente se refiere”45.

El proyecto educativo falangista aunaría ambos conceptos —trabajo y justicia social—, fundamento de creación y desarrollo de estos centros. El trabajo, llevado a su máxima expresión educativa, cultural e ideológica; un privilegio al que podía acceder cualquier español, indistintamente de la clase social a la que perteneciera; al menos este era el mensaje que el régimen quería transmitir a la población española, de manera especial a la clase trabajadora. Lo que convertía las Universidades Laborales en algo más que una simple institución docente, pues tenían una misión fundamentalmente patriótica y de justicia social con el pueblo obrero. El ministro de Trabajo Licinio de la Fuente, en su discurso pronunciado con motivo del acto inaugural del curso académico 1971-1972 de la Universidad Laboral de Gijón, resaltaba que, ante todo, se trataba de que los obreros alcanzaran “los resultados académicos y promocionales, la elevación del nivel cultural de los trabajadores y de sus hijos, y la mejora de su bienestar personal, familiar y social”46.

En consecuencia, el estudio y el afán de superación constituyeron valores esenciales en la formación de la juventud obrera, a la que se le sensibilizaba, desde el primer día, acerca de la importancia del honor, la dignidad, la abnegación y el espíritu de servicio. La misión se centraría en forjar al hombre en todas sus dimensiones, lo que exigía una doble acción formativa, profesional y humana, siendo la segunda sustento de la primera mediante el sometimiento y el control de la clase obrera.

Para cubrir estas metas tan ambiciosas, el régimen se centró ante todo en conformar unos paráme44 “Documentación Universidades Laborales”, en AHPS, Universidades Laborales, caja 2 [signatura provisional].

45 “Documentación del Sistema Educativo de Universidades Laborales”, en AGA, Educación, Universidades Laborales, caja 2, leg. 19154 [signatura provisional], 1.

46 Fuente, Universidades Laborales, 3.

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tros ideológicos que borraran las señas de identidad cultural de la clase trabajadora y la lucha de clases, alineándolos y unificándolos en la idea de la unidad social, política e ideológica, por cuanto “Las Universidades Laborales aspiran a formar profesionales, pero —antes y por encima de todo— las Universidades Laborales pretenden forjar hombres aptos para la convivencia social y política en los moldes del nuevo horizonte de la vida española”47. Como sostiene Zygmunt Bauman: “Una clase solo detenta el poder cuando, junto al dominio económico y político, ejerce también el dominio ideológico; […] y una clase tiene dominio ideológico cuando las clases política y económicamente oprimidas aceptan su ideología […] o cuando menos no amenazan su coherencia”48.

Para ello, el ambiente de incitación a la superación individual se iniciaba desde el momento de su ingreso en la institución, donde recibían tres documentos: el primero, su Promesa de lealtad; el segundo, la Carta del Rector del centro; y el tercero, su Contrato de Trabajo, una especie de compromiso personal de sus deberes con la institución, la familia y la nación. En este menester, la intervención de diversas congregaciones religiosas fue esencial, al igual que la de la Falange, al unirse distintos poderes (el eclesiástico y el político) en la gestión de estas instituciones y en la socialización de las nuevas generaciones obreras49. Sirva de ejemplo la Universidad Laboral de Gijón, gestionada por la Compañía de Jesús; la de Córdoba, encomendada a la Orden de los Predicadores (dominicos); las de Sevilla y Zamora, a los salesianos; o la de Tarragona, gestionada por laicos procedentes en su gran mayoría de la Delegación Nacional de Juventudes.

5. Estructura general de las enseñanzas: el caso concreto de la Formación Humana Las enseñanzas ofertadas en las Universidades Laborales se integraron en una serie de instituciones educativas que abarcaban distintos grados docentes: una sección de Formación Profesional y Formación Técnica, otra sección de Capacitación Social y Perfeccionamiento Profesional para la educación del trabajador adulto, y una educación común para todos los estudiantes, denominada Formación Humana, basada en los principios ideológicos del Movimiento Nacional, cuya actividad formativa adquiriría un especial protagonismo. En este sentido, a la vez que se promovieron las actividades propiamente escolares, sometidas al programa oficial del Ministerio de Educación Nacional, se impulsó una intensa actividad complementaria de formación humana en una triple dimensión: cultural, social y religiosa.

Para ello se tenían en cuenta la edad, la condición psicológica y el nivel de formación del estudiante, distinguiéndose en cada una de estas dimensiones de formación humana tres grados ascendentes en la profundización de las temáticas. De manera consecuente, a los principiantes se les iniciaba en el conocimiento de las realidades culturales, religiosas y sociales, con la finalidad de despertar en ellos el sentido del arte, la convivencia y el contacto con los valores espirituales y sociales. A los aprovechados se les introducía en consideraciones más profundas sobre las realidades y los peligros que podían encontrar en la vida, tales como películas perniciosas, revistas 47 Ministerio de Trabajo, Universidades Laborales (Madrid: Servicio de Publicaciones del Ministerio de Trabajo, 1967), 7.

48 Zygmunt Bauman, Fundamentos de sociología marxista (Madrid: Alberto Corazón Editor, 1975), 269.

49 Joan María Thomàs, La Falange de Franco. Fascismo y fascistización en el régimen franquista (1937-1945) (Barcelona: Plaza, 2002), 123.

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inmorales, entre otros; y a los más perfectos, aquellos que se encontraban en vísperas de acceder al mundo laboral y social, se les instruía hondamente en la formación de criterios y en el fomento de valores acordes con la patria española y la religión cristiana.

Estos tres grados o etapas de profundización se aplicaban en estas dimensiones. A nivel cultural, por ejemplo, mediante las actividades desarrolladas por el centro (jornadas literarias, artísticas y religiosas, clubs culturales, prensa, radio, cine, coloquios). Para ello, cada residencia o colegio disponía de un mínimo de medios que les permitieran poner en marcha dichas actividades. A nivel social, estos tres grados de formación se acompañaban de charlas de orientación, de tal manera que desde el primer curso de aprendizaje hasta el último de maestría, el alumno pudiera adquirir un conjunto de convicciones sociales. Así, pues, en todos los colegios se ofertaban seminarios especiales de formación social, de convivencia ciudadana, política. Además, era obligatoria la asistencia a los actos especiales de carácter patriótico.

Por último, a nivel religioso se profundizaba en las convicciones religiosas fundamentales del cristianismo, a través de cursillos programados. Acorde con esta circunstancia se concedió prioridad a los departamentos de Religión y Política, así como a su profesorado, que disponía de mejores condiciones salariales que el resto de profesores. Asimismo, la selección de los docentes encargados de los internados, a los que el régimen franquista denominó Educadores, la realizaba el Frente de Juventudes o la Sección Femenina, según fueran centros masculinos o femeninos50.

En concreto, el Frente de Juventudes cumplía las siguientes funciones: educación política; educación física y deportiva; educación premilitar en los chicos e iniciación a las tareas del hogar en las chicas; formación cultural, moral y social; y organización de campamentos, albergues y colonias.

En tal sentido, la Formación Humana era percibida como complemento de las enseñanzas regladas y no regladas, y estaba regulada dentro del aparato político falangista como herramienta de propaganda del Movimiento Nacional51, cuyo principal objetivo era disciplinar a la sociedad a partir de los postulados falangistas: “La disciplina que proclama la Falange como base ineludible de servicio, es aquella fuerza moral necesaria para sujetar en cada hombre la base atormentada y peligrosa de sus impulsos ínfimos y bajos. […] como presupuesto de la libertad nacional-sindicalista que ofrecemos, está el domeñamiento riguroso de cuanto en cada español puede haber de soberbia e impureza, de envidia y de ira, de avaricia y maledicencia. Para todas estas cosas, la Falange no pide disciplina, la impondrá a rajatabla, y todos los recursos nos parecerán pocos”52.

No obstante, a partir de la década de los sesenta, los contenidos ideológicos y adoctrinadores de la Formación Humana fueron perdiendo peso y se sustituyeron por otros de carácter más 50 José Ignacio Cruz Orozco, “Falange, Frente de Juventudes y el nuevo orden europeo. Discrepancias y coincidencias en la política de juventud durante el franquismo”. Revista de Educación nº 357 (2012): 515-535, doi: dx.doi.org/10-4438/1988-592X-RE-2010-357-071 51 El franquismo, como su propio nombre indica, se caracterizó por ser un régimen de carácter más personal que institucional, lo que explica el peso secundario del Movimiento Nacional en el control del Estado. En este sentido, el Movimiento Nacional, a través de la estructura de la FET y de las JONS, se orientó principalmente hacia acciones de inculcación ideológica del “nuevo Estado” y al control de la población española. Francisco Bravo, Historia de Falange española de las JONS (Madrid: Editora Nacional, 1941), 76.

52 Javier Martínez de Bedoya, “Siete años de lucha (artículo de 29-11-1937)”, en Memorias desde mi aldea (Valladolid: Ámbito, 1996), 130-131.

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formativos, que dieran respuesta a las nuevas exigencias laborales del trabajador industrial. En términos de organización, las Universidades Laborales se fundamentaron en el modelo castrense y en el de los seminarios conciliares orientados al propagandismo y adoctrinamiento. De manera independiente de la calidad de la educación recibida en cuanto a las competencias y habilidades específicas de los futuros egresados, su concepto formativo se orientó a obtener una masa laboral acrítica, adiestrada y aleccionada. Un instrumento educativo de control ideológico al servicio del régimen y proyectado a la clase obrera, por lo que su influencia fue determinante en la formación ideológica y en la moral de los jóvenes trabajadores.

Otro de los aspectos característicos fue la proyección exterior de las Universidades Laborales en su comarca. Era habitual que un gran número de empresas y sociedades industriales enviaran a sus obreros a las diversas jornadas y actividades formativas ofertadas y desarrolladas en las aulas y los talleres del propio recinto universitario. Aparte de esta labor, los profesores y técnicos del centro visitaban de manera periódica la Casa de la Cultura de la ciudad, así como otras instalaciones culturales, con el fin de exponer y desarrollar en esos espacios temas científicos, técnicos y pedagógicos de actualidad, apoyándose frecuentemente con otros materiales didácticos como películas y medios audiovisuales.

6. Extinción y olvido de las Universidades Laborales La desaparición oficial de las Universidades Laborales se formalizó mediante Real Decreto-ley 36/1978 del 16 de noviembre de 197853, sobre gestión institucional de la Seguridad Social, la Salud y el Empleo, concretamente en su disposición final primera, y su desaparición definitiva se produjo en 1980, en el contexto de la transición política y los famosos Pactos de la Moncloa. No obstante, su declive se había iniciado a finales de la década de los sesenta, con las transformaciones vividas por la sociedad española y la presión de la política tecnocrática, que provocaron la progresiva desintegración del aparato falangista. Las críticas a las Universidades Laborales se centraron principalmente en la carencia de enseñanzas de ciclo corto, orientadas a facilitar una determinada especialización en el sector empresarial, y en la escasa atención a la educación permanente de adultos.

El nuevo sistema de formación profesional, propuesto en la Ley 14/1970, de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa54, causó importantes cambios en la estructura institucional de las Universidades Laborales y, con ello, la pérdida de gran parte de su idiosincrasia y autonomía. A partir de entonces dejaron de formar parte del Ministerio de Trabajo para adscribirse al Instituto Nacional de Enseñanzas Integradas (INEI), perteneciente al Ministerio de Educación y Ciencia, encargado de asumir, entre otras funciones, la oferta de enseñanzas regladas y no regladas, el régimen de becas y el patrimonio de las Universidades Laborales. Un patrimonio que, a pesar de pertenecer a los trabajadores en su calidad de acreedores básicos, no fue reclamado por las Mutualidades Laborales. Como señala Galo Sánchez, estos centros debían haber sido “un patrimonio histórico reivindicado por sus verdaderos partícipes: los sindicatos de los trabajadores y las organizaciones empresariales”55.

53 “Real Decreto Ley 36/1978, de 16 de noviembre”, Boletín Oficial del Estado, 18 de noviembre, 1978, 26248.

54 “Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa”, Boletín Oficial del Estado, 6 de agosto, 1970, 12531.

55 Galo Sánchez, La Universidad Laboral de Zamora: una manifestación del proyecto social y educativo del franquismo (Zamora: Instituto de Estudios Zamoranos, 2006), 79.

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En efecto, las Mutualidades Laborales se encargaban de financiar los estudios de los jóvenes beneficiarios. Las ayudas se llevaban a cabo mediante becas para los centros de enseñanza superior o a través de la fundación y la organización de instituciones que sirvieran a los fines de promoción social y cultural, como era el caso de las Universidades Laborales. A esta prestación económica financiada con los fondos de las Mutualidades se acogían los “aspirantes mutualistas”, siendo las enseñanzas profesionales ofertadas en estas macroinstituciones las más demandadas: “Las Universidades Laborales representan uno de los instrumentos más eficaces creados por nuestro Caudillo al servicio de esta idea. Diversas instituciones, como son Mutualidades Laborales, las Cajas de Ahorro y otras […], están haciendo posible la realización feliz de esta formación profesional y cultural”56.

Además existían peculiaridades entre las distintas Mutualidades57, “[…] ricas, equilibradas y deficitarias, donde las distancias eran más acusadas y la compensación parcial de todas las prestaciones a través de la Caja de Compensación del Mutualismo Laboral, no lograba el equilibrio financiero de las mutualidades”58. Las prestaciones financieras fueron perdiendo valor con el paso de los años, y los problemas se agravaron, ya que: “[…] era necesario detraer fondos de la Caja de Compensación del Mutualismo Laboral para atender también la financiación de las mejoras de las pensiones de los regímenes especiales agrario, del mar y empleados del hogar […]. Sucedía que el Mutualismo Laboral se degradaba económicamente en su conjunto cada año, comenzando a tener resultados deficitarios”59.

Tras treinta y tres años de Mutualismo Laboral, de 1946 a 1979, este se extingue como sistema de previsión social básico y obligatorio de los Seguros Sociales encargado de la protección social de España, en parte motivado por el cambio demográfico en el país y por decisiones políticas que interfirieron en la gestión eficiente del sistema60.

Conclusiones En este artículo, tras el análisis de los datos aportados, queda constatado que la coyuntura económica, política y social de la década de los cincuenta fue determinante en la aprobación de la Ley de Formación Profesional Industrial y, consecuentemente, en la configuración de las Universidades Laborales. A partir de este momento, la formación profesional y técnica de adolescentes y adultos obreros pasó a ser uno de los objetivos prioritarios en la política educativa franquista, como forma de lograr la preparación laboral básica, cuya carencia se había ido supliendo antes con modelos no reglados. No obstante, la educación pilotará en torno a dos directrices inquebrantables de la sistemática docente: la segregación de clases y el adoctrinamiento ideológico.

56 Revista Horizontes de la Universidad Sevillana “José Antonio Primo de Rivera” n.° 9 (1960): 8.

57 Las becas de los alumnos eran financiadas directamente por las Mutualidades Laborales; es decir, eran los propios trabajadores a través de sus Mutualidades Laborales los que costeaban y mantenían las propias Universidades.

58 Antonio Redecillas López de Sabando, El mutualismo laboral como medio de protección social. Un estudio económico financiero (Madrid: Consejo Económico y Social [CES]/Colección Estudios, 2001), 87. El autor distingue cuatro etapas en la historia del Mutualismo Laboral en España: etapa fundacional (1946-1954), etapa de consolidación (1955-1966), de legalización y extensión (1967-1972), y, finalmente, la de decadencia financiera y extinción (1973-1979).

59 Redecillas López de Sabando, El mutualismo laboral, 87.

60 Redecillas López de Sabando, El mutualismo laboral, 279.

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Con las Universidades Laborales se logró la colaboración social, económica y política de varios estamentos —a nivel industrial destacaron las grandes empresas; a nivel gubernamental, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Trabajo y, por supuesto, la Falange, tanto el Frente de Juventudes como la Sección Femenina; por último, a nivel religioso sobresalieron la cúpula eclesiástica y diferentes órdenes religiosas—, interesados todos ellos en la labor común de implantar una formación profesional y doctrinal especialmente orientada hacia la clase obrera. Como se ha documentado, estas macroinstituciones —referentes educativos del proyecto falangista— siguieron un ideario acorde con los principios formativos y adoctrinadores que las inspiraron; dicho ideario fue preservado y transmitido por las diversas órdenes religiosas y las agrupaciones falangistas que se encargaron de la gestión institucional de estos centros.

Para la consecución de estos ambiciosos objetivos se implantó un modelo formativo orientado a facilitar la integración de la clase obrera en el nuevo modelo social propugnado por el régimen, a la vez que se pretendía dignificar su función en el nuevo Estado, potenciando generaciones vigorosas y patrióticas que asumieran su deber con la patria, acallando así cualquier posible reivindicación.

En este sentido, las Universidades Laborales se enarbolaron como elementos unificadores, a nivel político y sindical, entre el Estado y la clase obrera, a base de doctrina nacional sindicalista católica. Sin embargo, con los años estas instituciones fueron perdiendo gran parte de su contenido doctrinario, debido fundamentalmente a la presión de los tecnócratas, que fueron desmontando el aparato falangista de las Universidades Laborales. Por último, se destaca que por sus aulas pasaron más de quinientos mil alumnos significando una de las realidades educativas más importantes de la España del siglo XX. También es importante reseñar cómo paradójicamente, mientras que en la primera década del siglo XXI la Universidad del Trabajo de Charleroi ha celebrado con numerosos actos conmemorativos el centenario de su creación y el no haber perdido actualidad ni validez en sus cien años de historia, la memoria de las Universidades Laborales españolas sigue, en la mayoría de los casos, en el olvido institucional y popular.

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❧ Patricia Delgado-Granados Profesora del Departamento de Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social de la Universidad de Sevilla (España). Licenciada en Pedagogía y doctora en Ciencias de la Educación por esta misma Universidad. Integrante del grupo de investigación Historia de las enseñanzas no obligatorias en el distrito universitario de Sevilla (1845-1990). Se destacan entre sus publicaciones el texto “Las enseñanzas profesionales en el primer franquismo: tentativas de intervención y repercusión socio-educativa”, en La larga noche de la educación española. El sistema educativo español en la posguerra, editado por Antonio Francisco Canales Serrano y Amparo Gómez Rodríguez (Madrid: Biblioteca Nueva, 2015), 165-185, y el artículo, en coautoría con Anita Gramigna, “Storia ed evoluzione. Dai paradigmi scientifici alle nuove frontiere dell’educazione”. History of Education & Children’s Literature 9, nº 2 (2014): 797-813. patdelgado@us.es

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¿Conveniencia o necesidad? La formación de la clase obrera en las Universidades Laborales franquistas (1955-1978) Patricia Delgado Granados

Gonzalo Ramírez-Macías Profesor del Departamento de Educación Física y Deporte de la Universidad de Sevilla (España). Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Granada (España) y doctor por la Universidad de Sevilla. Miembro del grupo de investigación Deporte y sociedad: La actividad físico-deportiva desde una perspectiva multidisciplinar. Entre sus publicaciones recientes se encuentran, en coautoría con Patricia Granados Delgado, “La Educación Física y el deporte en las Universidades Laborales”. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte nº 59 (2015): 559-576, doi: 10.15366/rimcafd2015.59.010, y con Xavier Pujadas, Beatriz Garai, Fernando Gimeno, Ramón Llopis-Goig y José M. Parrilla-Fernández, “Sports, Morality and Body: The Voices of Sportswomen under Franco’s Dictatorship”. International Review for the Sociology of Sport 51, nº 6 (2016): 679-698, doi: 10.1177/1012690214551182. grm@us.es

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El movimiento estudiantil mexicano de 1968 en clave latinoamericana: aproximación a las nociones de educación y transformación social❧ Andrés Donoso Romo

Universidad de la Playa Ancha, Chile doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit63.2017.07

Artículo recibido: 01 de abril de 2016/Aprobado: 05 de septiembre de 2016/Modificado: 30 de septiembre de 2016

Resumen: Este artículo analiza el movimiento estudiantil mexicano de 1968 y, más puntualmente, las diferentes valoraciones que tenían los manifestantes sobre el papel de la educación en la transformación social. Con base en una metodología histórica y cualitativa, apoyada en fuentes primarias, secundarias y entrevistas a especialistas, se ubica al movimiento mexicano en las grandes pugnas que experimentaba América Latina durante el tercer cuarto del siglo XX, se identifican aquellos rasgos que compartía con otros grandes alzamientos estudiantiles en la región y se caracterizan las cuatro principales demandas que se defendían: resguardar las libertades democráticas, preservar la autonomía universitaria, construir una universidad militante y aumentar la participación popular en el movimiento. Estrategia que permitirá concluir que para muchos manifestantes, aunque nunca para la totalidad, la educación sí podía colaborar en la tarea de conformar sociedades más justas, ya fuera aportando conocimientos para acabar con la ignorancia, ya fuera entregando herramientas para terminar con la dominación.

Palabras clave: Movimiento estudiantil, cambio social, historia contemporánea, educación, América Latina, México (Thesaurus).

The Mexican Student Movement of 1968 in Latin American Code: An Approach to the Notions of Education and Social Transformation Abstract: This article analyzes the Mexican student movement of 1968 and, more specifically, the protestors’ different assessments of the role of education in social transformation. Based on a historical and qualitative methodology, supported by primary and secondary sources as well as interviews of specialists, it locates the Mexican movement among the great struggles that Latin America experienced during the final quarter of the 20th century. In doing so, it identifies the features the movement shared with other great student uprisings in the región and characterizes the four main demands that it defended: protection of democratic freedoms, preservation of university autonomy, construction of university militancy, and greater popular participation in the movement. This strategy will make it possible to conclude that for many of the protestors, although never for all of them, education could indeed collaborate in the task of forming more just societies, either by contributing knowledge so as to eliminate ignorance, or by providing tools to end domination.

Keywords: student movement, social change, contemporary history, education, Latin America, Mexico (Thesaurus).

❧ Este artículo presenta parte de los resultados del proyecto CONICYT/FONDECYT/Concurso de Iniciación,

N°11140250: “Movimientos estudiantiles universitarios en América Latina (1918-2011): aproximación histórica a los papeles atribuidos a la educación en la transformación social”. Proyecto que se prolonga entre noviembre de 2014 y noviembre de 2017.

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El movimiento estudiantil mexicano de 1968 en clave latinoamericana Andrés Donoso Romo

O movimento estudantil mexicano de 1968 sob uma perspectiva latino-americana: aproximação às noções de educação e transformação social Resumo: Este artigo analisa o movimento estudantil mexicano de 1968 e, mais pontualmente, as diferentes avaliações que os manifestantes tinham sobre o papel da educação na transformação social. Com base numa metodologia histórica e qualitativa, apoiada em fontes primárias, secundárias e entrevistas a especialistas, posiciona-se o movimento mexicano nos grandes conflitos que a América Latina experimentava durante o terceiro quartel do século XX, identificam-se aqueles traços que compartilhava com outros grandes levantamentos estudantis na região e caracterizam-se as quatro principais demandas que se defendiam: proteger as liberdades democráticas, preservar a autonomia universitária, construir uma universidade militante e aumentar a participação popular no movimento. Estratégia que permitirá concluir que, para muitos manifestantes, embora nunca para a totalidade, a educação podia colaborar na tarefa de conformar sociedades mais justas, seja contribuindo com conhecimento para acabar com a ignorância, seja entregando ferramentas para acabar com a dominação.

Palavras-chave: América Latina, educação, história contemporânea, México, movimento estudantil, mudança social (Thesaurus).

Introducción El tercer cuarto del siglo XX fue un período en el que la contienda entre socialismo y capitalismo se vivió con especial intensidad en América Latina. En el plano de las ideas, que es donde se enfoca el presente artículo, ambas matrices políticas prometían solucionar los graves problemas que afectaban a parte importante de la población. A lo que se sumaba el triunfo de los rebeldes cubanos, en 1959, que vino a imprimir nuevos bríos a esta disputa, sobre todo porque la izquierda latinoamericana encontró en ellos un referente de que era posible impulsar transformaciones significativas a partir de un puñado de convencidos.

El mundo de la educación no fue ajeno a estas pugnas; todo lo contrario. Tal como lo demuestra el caso mexicano, a medida que en la universidad se fortalecían las perspectivas de izquierda, en su interior se acentuaban también las batallas de ideas. En la década de 1950, por ejemplo, estas contiendas acompañaron el surgimiento de las primeras organizaciones estudiantiles no oficialistas; entretanto, en la de 1960 fueron consustanciales a los sendos movimientos estudiantiles que entonces se verificaron, y en la de 1970 estuvieron presentes tanto en la reorientación de las mallas curriculares como en la estructuración de los sindicatos universitarios. Por ser el movimiento estudiantil mexicano de 1968 —en adelante, movimiento estudiantil o sólo movimiento— el que ha sido estudiado con mayor profundidad, es este el que se utilizará para adentrarse en estas discusiones.

Así, pues, en el movimiento mexicano de 1968, como ha ocurrido en todos los grandes alzamientos estudiantiles de los últimos cien años en América Latina, sus participantes compartían una valoración positiva de la educación. La entendían, básicamente, como una institución capaz de proveer herramientas provechosas para la interacción social en sociedades urbanizadas e industrializadas o, más ajustadamente, en vías de serlo. No obstante, como se podrá comprobar a lo largo de estas páginas, un análisis históricamente situado en un contexto particular permite apreciar la diversidad de concepciones presentes en dichas valoraciones. Por esto, aunque la educación

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era importante para todos, sólo para algunos era un elemento fundamental en la consecución de los cambios deseados para este período.

La literatura especializada sobre el movimiento de 1968 se ha dedicado, con justa razón, a rememorar la masacre que selló su suerte; esfuerzos que han sido vertidos, de manera preferente, en crónicas donde se describen los hechos ocurridos o en ensayos donde se despliegan diversas interpretaciones para comprenderlos1. Un balance de estos trabajos enseña que para continuar profundizando en la comprensión del movimiento se debe persistir en la realización de estudios sistemáticos, capaces de trascender la exposición de juicios apologéticos o descalificatorios, y se debe procurar ampliar el horizonte espacial y temporal de los análisis2. Conforme lo expuesto, aquí se comprenderá al movimiento como parte de un ciclo mayor de movilizaciones, que transcurre entre mediados de la década de 1950 y la de 1970 en México, y se lo analizará en clave latinoamericana, es decir, relacionándolo con otros movimientos afines verificados en distintos puntos del continente. Esta estrategia permitirá poner entre paréntesis uno de los presupuestos más extendidos entre los especialistas, a saber, que la única reivindicación de fondo ese año era suprimir algunos enclaves autoritarios del régimen político3, un paso fundamental para arribar al principal aporte del artículo: distinguir la diversidad de miradas que confluían dentro del movimiento sobre el papel de la educación en la transformación social.

La investigación que respalda los resultados que aquí se exponen fue de carácter exploratorio y descansó en el análisis de las principales fuentes primarias y secundarias sobre el movimiento estudiantil mexicano de 1968. Entre las primeras se cuentan los discursos, manifiestos, impresos y volantes que generaron los manifestantes4. Y entre las segundas, las reflexiones que a posteriori publicaron algunos de sus protagonistas y las obras que desde distintos campos del conocimiento se han abocado a examinarlo. Cabe apuntar, a su vez, que tanto para seleccionar las fuentes incorporadas al proceso de análisis de contenido como para clarificar algunas de las

1 Para acceder a un completo balance bibliográfico del movimiento, consultar: Héctor Jiménez Guzmán, “El 68 y sus rutas de interpretación: una crítica historiográfica” (tesis de maestría, Universidad Autónoma de México, 2011).

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Apreciaciones que se desprenden, entre otros textos, de Alberto del Castillo Troncoso, Introducción a Reflexión y crítica en torno al movimiento estudiantil de 1968: nuevos enfoques y líneas de investigación, coordinado por Alberto del Castillo Troncoso (México: Instituto Mora, 2012), 7-12; Renate Marsiske, Presentación a Movimientos estudiantiles en la historia de América Latina, coordinado por Renate Marsiske, vol. I (México: CESU/UNAM/Plaza y Valdés, 1999), 12; Ariel Rodríguez Kuri, “Los primeros días. Una explicación de los orígenes inmediatos del movimiento estudiantil de 1968”. Historia Mexicana 53, n.° 1 (2003): 181.

3

Posición que puede encontrarse, por ejemplo, en Gilberto Guevara Niebla, La democracia en la calle: crónica del movimiento estudiantil mexicano (México: Siglo XXI, 1988), 48 y 167; y Sergio Zermeño, México una democracia utópica: el movimiento estudiantil del 68 (México: Siglo XXI, 2010 [1978]), 260.

4 Aunque algunas fuentes primarias fueron consultadas directamente, la mayoría fueron examinadas a través de textos compilatorios como el de Ramón Ramírez, El movimiento estudiantil de México, Julio/diciembre de 1968, tomo II. Documentos (México: Era, 1969); pero también mediante textos que incluían apéndices con discursos o manifiestos de importancia histórica, como, por el ejemplo, el de José René Rivas Ontiveros, La izquierda estudiantil en la UNAM: organizaciones, movilizaciones y liderazgos (1958-1972) (México: Miguel Ángel Porrúa/ UNAM, 2007); y, asimismo, a través de obras que sistematizan este tipo de fuentes, como el trabajo de Alberto del Castillo Troncoso, Ensayo sobre el movimiento estudiantil de 1968: la fotografía y la construcción de un imaginario (México: Instituto Mora/IISUE, 2012), en el caso de la fotografía y la prensa; y el de Alma Silvia Díaz Escoto, “¡Únete pueblo! El discurso político en los impresos sueltos del movimiento estudiantil de 1968” (tesis de maestría, Universidad Nacional Autónoma de México, 2012), en el de los impresos y volantes.

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ideas fuerza en ellas trabajadas, la estrategia metodológica se valió de entrevistas semiestructuradas a pares investigadores5.

Para cumplir satisfactoriamente con los objetivos propuestos, este artículo se organizó en cuatro secciones. Se parte con una presentación de las coordenadas históricas, culturales y educacionales de México en los años revolucionarios de América Latina. Luego se exponen las etapas y los hitos que marcaron al movimiento estudiantil mexicano de 1968. A continuación se examinan las demandas del movimiento estudiantil a través de un modelo de análisis político/espacial. Y, finalmente, se distinguen las diferentes concepciones de educación y transformación social presentes en el estudiantado.

1. México en los años revolucionarios de América Latina Durante el tercer cuarto del siglo XX, México, como gran parte de América Latina, vivía momentos de profundo contraste. Por un lado, se encontraba en el mejor período en lo que se refiere al crecimiento económico, y, por otro lado, experimentaba momentos de agudas tensiones sociales.

Esto no podía ser de otro modo, pues mientras los indicadores económicos mostraban un crecimiento sin par, amplios segmentos de los sectores populares se estaban empobreciendo6. Como advierte el sociólogo Pablo González Casanova, aun cuando la población en situación de pobreza disminuía en términos porcentuales, ella, en números absolutos, sólo aumentaba7.

Mientras las grandes potencias mundiales se disputaban el control económico del así llamado tercer mundo, en México se vivía una guerra de baja intensidad que amenazaba con extenderse en cualquier momento. Un conflicto posible porque, aun cuando el país estaba bajo el influjo del máximo exponente del capitalismo mundial, en su seno existían, igualmente, núcleos que aspiraban a crear las condiciones necesarias para instaurar otro tipo de ordenamiento. De hecho, fue durante la presidencia de Lázaro Cárdenas (1934-1940) que se implementó una de las experiencias socialistas más consistentes de la región, quizás tan renombrada como lo fue la implementada en la 5 Los especialistas entrevistados fueron: Álvaro Acevedo Tarazona, historiador, en discusión con el autor, 10 de octubre de 2015. Eugenia Allier Montaño, historiadora, en discusión con el autor, 03 de septiembre de 2015.

Alberto del Castillo Troncoso, historiador, en discusión con el autor, 04 de septiembre de 2015. Silvia Díaz Escoto, historiadora, en discusión con el autor, 21 de septiembre de 2015. Vania Markarian Durán, historiadora, en discusión con el autor, 17 de abril de 2015. Renate Marsiske Schulte, socióloga, en discusión con el autor, 21 de septiembre de 2015. Fabio Moraga Valle, historiador, en discusión con el autor, 20 de octubre de 2015.

René Rivas Ontiveros, abogado, en discusión con el autor, 30 de septiembre de 2015. Ariel Rodríguez Kuri, historiador, en discusión con el autor, 22 de septiembre de 2015. Sergio Sánchez Parra, historiador, en discusión con el autor, 07 de septiembre de 2015. Gloria Tirado Villegas, historiadora, en discusión con el autor, 05 de octubre de 2015. A todos ellos, así como al conjunto de personas que colaboraron en las distintas fases de la investigación, el autor les agradece profundamente.

6 La situación económica latinoamericana es tomada de Rosemary Thorp, Progreso, pobreza y exclusión: una historia económica de América Latina en el siglo XX (Nueva York: BID, 1998), 295 y 296; y Víctor Urquidi, Otro siglo perdido. Las políticas de desarrollo en América Latina (1930-2005) (México: FCE, 2005), 25, 31, 140 y 485. La mexicana, en tanto, se colige de Graciela Márquez y Sergio Silva, “Auge y decadencia de un proyecto industrializador, 1945-1982”, en Claves de la historia económica de México: el desempeño de largo plazo (siglo XVI-XXI), coordinado por Graciela Márquez (México: FCE/Conaculta, 2014), 145 y 146; y de Soledad Loaeza, “Modernización autoritaria a la sombra de la superpotencia, 1944-1968”, en Nueva historia general de México (México: El Colegio de México, 2014 [2010]), 684.

7 Pablo González Casanova, La democracia en México (México: Era, 1975 [1965]), 92.

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década de los sesenta por la Cuba revolucionaria, o la impulsada a principios los años setenta por el Chile de la Unidad Popular.

Pero se debe destacar que en México, a diferencia de lo que ocurría en el resto de América Latina, no hubo conflictos armados de proporciones, tampoco dictaduras. Lo que sí se padeció fue un régimen político autoritario, de cariz corporativo, donde el Ejecutivo y, más puntualmente, la Presidencia contaba con amplias atribuciones8. Entre las marcas más visibles que tenía este régimen estaban las medidas extralegales que utilizaba para desarmar cualquier asomo de disconformidad. Medidas que iban desde la cooptación hasta la imposición de dirigentes y que, en caso de que estas fueran inefectivas, daban paso al amedrentamiento, encarcelamiento y, en los casos más extremos, asesinato de opositores9.

Debe hacerse notar, a su vez, que tanto en México como en América Latina, la Guerra Fría no sólo tenía que ver con militares, guerrilleros, golpes o dictaduras. Se vivía también como una batalla de ideas donde los intelectuales —entre ellos, también los profesores y los estudiantes— estaban en la primera línea10. Batallas donde el objetivo era imponer los propios significados a los conceptos en disputa y, de esta manera, conseguir que fueran asumidos como normales/naturales por el conjunto de la población. Entre las nociones debatidas estaban las más generales, como reforma, revolución o democracia, y también las más específicas, como las disputadas en 1968: autonomía, educación o libertades. Así, unos y otros entendían que su comprensión de democracia o su noción de autonomía eran las únicas correctas; presunción que los impulsaba a utilizar un lenguaje de trinchera, donde el hablante se presentaba a sí mismo como honesto, confiable o correcto, mientras que a sus antagonistas los tachaba de mentirosos, equivocados o, incluso, traidores.

En el campo educacional, el tercer cuarto del siglo XX también fue un período de contrastes y tensiones. Tanto en México como en América Latina se verificaba un crecimiento exponencial en la cobertura educacional, reflejado, entre otros indicadores, en el crecimiento sostenido de las partidas presupuestarias y en un aumento exponencial de la matrícula11. De modo ilustrativo se apunta que en México, los fondos públicos destinados a la educación pasaron de representar un poco más del 10% del presupuesto total en 1950 a casi un 30% en 197012. Agregándose, a su vez, que entre estos mismos años, el número de estudiantes universitarios pasó de treinta mil a doscientos setenta mil13. Con todo, debido al notable aumento que también experimentaba la población nacional, la

8 Del Castillo Troncoso, Ensayo, 33; y González Casanova, La democracia, 45.

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Enrique Condés Lara, Represión y rebelión en México (1959-1985) (México: BUAP/Miguel Ángel Porrúa, 2007), 183; y Jaime Pensado, Rebel Mexico: Student Unrest and Authoritarian Political Culture during the Long Sixties (Stanford: Stanford University Press, 2013), 12 y siguientes.

10 Andrés Donoso Romo, “El desarrollo en disputa en la intelectualidad latinoamericana, 1950-1980”. Revista Izquierdas n.° 27 (2016): 283, doi: dx.doi.org/10.4067/S0718-50492016000200011 11 Alberto Martínez Boom, De la escuela expansiva a la escuela competitiva: dos modos de modernización en América Latina (Barcelona: Anthropos, 2004), 124-125.

12 Raúl Cardiel y Raúl Bolaños, coords., Historia de la educación pública en México (1876-1976) (México: FCE/ Secretaría de Educación Pública, 2011[1981]), 593-594.

13 Huáscar Taborga Torrico, Expansión y diversificación de la matrícula de la educación superior en México (México: Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior, 2003), 10.

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cobertura escolar estuvo lejos de ser satisfactoria14. En 1970, por ejemplo, la escolaridad promedio del país no alcanzaba a llegar a los cuatro años15.

Es importante resaltar que, junto a la ampliación de la matrícula universitaria, se dio una diversificación de esta, fenómeno que se explica porque desde comienzos del siglo XX empezaron a ingresar a la universidad los hijos de profesionales liberales, empleados comerciales y funcionarios públicos, y porque desde la década de 1940 lo hicieron también, aunque en mucho menor medida, los hijos de los sectores populares16. Esta inédita composición social del estudiantado trajo aparejados necesidades y horizontes nuevos. Se tiene, por tanto, que desde mediados de esta centuria comienzan a aparecer demandas por apoyo socioeconómico para el estudiantado —las cuales incidieron en que se aumentaran sus beneficios en lo que a transporte, alimentación, salud y alojamiento se refiere— y empiezan también a tener presencia entre los universitarios las problemáticas que aquejaban a los sectores mayoritarios de la población17.

Esta suerte de “izquierdización” de las universidades también tuvo que ver con los nuevos medios de transporte y comunicaciones. Sí, porque era a través de ellos que llegaban las noticias que informaban de alzamientos en todos los cantos del mundo y, especialmente, los provenientes de Cuba.

Una insurrección triunfante que sería capaz de disputar la hasta entonces única noción de revolución viable en suelo americano: la mexicana18. En los años cincuenta y sesenta, este fenómeno se tradujo en la proliferación de organizaciones estudiantiles de izquierda que prontamente comenzaron a disputar la hegemonía de la que gozaban las orgánicas corporativas controladas por las autoridades universitarias y/o gubernamentales. En los setenta, en tanto, esta tendencia se reflejó en una mayor presencia de las perspectivas críticas en los currículos universitarios y en un vigoroso movimiento sindical dentro de las casas de altos estudios19.

Conforme a lo expuesto, no debe sorprender que durante el tercer cuarto de este siglo el país se encontrara envuelto en un clima de agitación, ni que los estudiantes formaran parte de los inconformes. De hecho, la investigadora Soledad Loaeza señala que, producto de las múltiples movilizaciones sociales que se sucedían, México se encontraba en estos años en una situación crítica20. Entre estas movilizaciones se contaban las de cariz preferentemente gremial, como las emprendidas por ferrocarrileros, petroleros, maestros y telegrafistas en 1958, y las de proyección eminentemente política, como el conflicto por los “libros de texto gratuitos” que comienza en 14 Entre 1950 y 1970, la población nacional pasó de poco más de 25 millones a casi 50 millones. Véase Loaeza, “Modernización”, 665.

15 Rodolfo Tuirán y Susana Quintanilla, 90 años de educación en México (México: FCE/Secretaría de Educación Pública, 2012), 71.

16 Interpretaciones inferidas de los análisis referidos a la situación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) encontrados en Raúl Domínguez Martínez, “Historia de la UNAM 1945-1970”, en La Universidad de México: un recorrido histórico de la época colonial al presente, coordinado por Renate Marsiske (México: IISUE/ UNAM, 2010 [2001]), 227 y 228; y Zermeño, México, 48.

17 Rivas Ontiveros, La izquierda, 26; y Pensado, Rebel, 144.

18 Loaeza, “Modernización”, 681; Sergio Zermeño, Prólogo a La izquierda estudiantil en la UNAM: organizaciones, movilizaciones y liderazgos (1958-1972) (México: Miguel Ángel Porrúa/UNAM, 2007), 11.

19 Raúl Álvarez Garín, La estela de Tlatelolco: una reconstrucción histórica del movimiento estudiantil del 68 (México: Ítaca, 2002 [1998]), 221; Guevara Niebla, La democracia, 93; y Rivas Ontiveros, La izquierda, 169.

20 Soledad Loaeza, Clases medias y política en México: la querella escolar, 1959-1963 (México: El Colegio de México, 1988), 188.

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1960, o como el alzamiento armado que se verificó en Ciudad Madera (Chihuahua) en 1965. En el campo estudiantil, en tanto, la historiografía recuerda decenas de movilizaciones en estas décadas, entre las cuales adquieren especial relevancia aquellas que consiguieron articular al estudiantado de varias instituciones, como, por ejemplo, las sucedidas en la capital en 1958, en Chihuahua y otros puntos del país en 1967 y en Nuevo León y otros estados en 197121. Se trata entonces de un cúmulo de antecedentes que permite sostener que el movimiento de 1968 no fue un fenómeno aislado, sino que formaba parte de un ciclo de movilizaciones.

2. El movimiento estudiantil mexicano de 1968 Uno de los aspectos mejor conocidos sobre el movimiento estudiantil de 1968 son los hechos que fueron dándole forma. Para favorecer su exposición, ellos se agruparán en cuatro etapas. La primera, “los primeros días”, incluye los acontecimientos de fines de julio y se detiene en la conformación de la orgánica que liderará al movimiento. La segunda, “estudiantes en marcha”, abarca los sucesos de agosto y repara en las estrategias utilizadas por los estudiantes para protestar. La tercera, “la resistencia”, refiere a los hechos de septiembre e ilustra la estrategia represiva utilizada por el Gobierno. Y la cuarta, “el repliegue”, comprende las acciones estudiantiles desde octubre hasta diciembre y da cuenta de las proyecciones del movimiento22.

Los incidentes que desencadenaron el movimiento de 1968, como ocurrió en todos los grandes movimientos estudiantiles latinoamericanos de los últimos cien años, pueden ser clasificados como nimiedades. Por ejemplo, en Córdoba (Argentina), las problemáticas que dieron inicio al alzamiento de 1918 fueron la pérdida de beneficios para los estudiantes de Medicina y el aumento en las exigencias para los de Ingeniería, que dio como resultado un movimiento que se prolongó por espacio de un año y que ha sido comprendido como el precursor de las luchas por la autonomía universitaria en toda América Latina23. En el caso del movimiento estudiado, todo partió de una pelea de barrio que fue escalando aceleradamente, debido a la combatividad de los estudiantes y al errático manejo de las autoridades24. Un conflicto que terminará con la Policía siendo sobrepasada y con el Ejército interviniendo toscamente para intentar contener la que, hasta ese momento, sólo era una revuelta.

Desde los primeros días del movimiento son distinguibles ya algunos de los rasgos que le dieron su sello. Entre ellos, el más sustantivo es que los estudiantes se articularon con prescindencia de las organizaciones controladas por las autoridades educacionales y/o gubernamentales. Una reacción que, sin duda, tenía que ver con los aprendizajes adquiridos en esta materia en las grandes movilizaciones de años anteriores, entre ellas las comandadas por la Gran Comisión Estudiantil en

21 Entre los trabajos que muestran una panorámica de los movimientos estudiantiles mexicanos del tercer cuarto del siglo XX revisar, especialmente, Enrique de la Garza, León Tomás Ejea y Luis Fernando Macías, El otro movimiento estudiantil (México: Extemporáneos, 1986), 17-36; y Rivas Ontiveros, La izquierda, 347 y siguientes.

22 Periodificación con base en Zermeño, México, 12 y siguientes; y, muy especialmente, en Rivas Ontiveros, La izquierda, 506.

23 Pablo Buchbinder, ¿Revolución en los claustros? La Reforma Universitaria de 1918 (Buenos Aires: Sudamericana, 2008), 86-87.

24 La descripción más acuciosa de los sucesos de julio se encuentra en Rodríguez Kuri, “Los primeros”, 183 y siguientes.

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1958 y por el Consejo General de Huelga en 196725. Por esto, aunque sólo a principios de agosto se consolidó la organización que pasará a la historia como la gran conductora de los estudiantes, el Consejo Nacional de Huelga (CNH), es desde fines de julio que se había puesto en marcha el engranaje para su conformación26.

El momento clave que hizo que la revuelta se transformara en movimiento fue cuando los militares, la madrugada del 30 de julio, dispararon un proyectil de alto calibre a un establecimiento educacional. Esta insólita medida generó tal nivel de indignación en el mundo cultural, que de inmediato se levantaron a tope las banderas de la autonomía universitaria. Como respuesta, el 1 de agosto se realizó una marcha multitudinaria, liderada por las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a la cual le sucedieron cuatro grandes marchas más, claro que encabezadas estas últimas por el CNH. De las cinco marchas, las dos primeras tuvieron recorridos eminentemente universitarios, y las tres últimas llegaron al centro neurálgico del país, la plaza que colinda con el palacio de gobierno, el Zócalo27.

Todos los analistas, sin embargo, coinciden en destacar que con los estudiantes en marcha se vivió un momento de ascenso del movimiento que se condice con su apropiación del espacio público. Para “ganar la calle”, los estudiantes se valieron tanto de las marchas como de las brigadas —grupos de cinco o seis estudiantes que se desparramaban por las principales ciudades del país para informar sobre los pormenores del movimiento—28. Como en todos los alzamientos de gran magnitud, una de las claves que explica la alta adhesión que concitan es lo atractivo que resulta involucrarse en sus actividades. Tal como aconteció en el último movimiento de Chile en 2011, donde el estudiantado buscó captar la atención de la población hacia sus demandas a través de las más ingeniosas fórmulas29, en estas semanas el movimiento mexicano de 1968 logró ser, para muchos de sus participantes, una verdadera fiesta.

25 Rivas Ontiveros, La izquierda, 601 y siguientes. Se agrega que existen antecedentes de organizaciones estudiantiles autónomas para dirigir los conflictos al menos desde 1875, que es cuando se conforma con esos objetivos un Comité Central de Escuelas Nacionales. Al respecto véase María de Lourdes Alvarado, “La Universidad Libre: primer movimiento estudiantil del México independiente (1875)”, en Movimientos estudiantiles en la historia de América Latina, coordinado por Renate Marsiske, vol. I (México: CESU/UNAM/ Plaza y Valdés, 1999), 64 y 74. También en 1929, informa Renate Marsiske, se organizó un Comité de Huelga en la Universidad Nacional, para encauzar la movilización que conquistaría la primera versión de autonomía para la universidad. Véase: Renate Marsiske, “La Universidad Nacional de México (1910-1929)”, en La Universidad de México: un recorrido histórico de la época colonial al presente, coordinado por Renate Marsiske (México: IISUE/UNAM, 2010 [2001]), 121.

26 Gilberto Guevara Niebla, La libertad nunca se olvida: memoria del 68 (México: Cal y Arena, 2004), 99 y siguientes; Rivas Ontiveros, La izquierda, 604 y siguientes; y Zermeño, México, 19.

27 En el contexto autoritario del país eran contadas las marchas de oposición al Gobierno que habían llegado al Zócalo antes de 1968. Sin embargo, ya en el movimiento de 1958 en contra del aumento del precio del transporte urbano, esto se consiguió, y en más de una oportunidad. Véase, entre otros, Rivas Ontiveros, La izquierda, 140.

28 Para obtener una mirada desde adentro de las brigadas revisar: Paco Ignacio Taibo II, 68 (Madrid: Traficantes de Sueños, 2006 [1991]), 44 y siguientes; y, especialmente, los volantes que explican la función de estas organizaciones, recopilados en Díaz Escoto, “¡Únete pueblo!”, 151, 152 y 184. Cabe hacer notar que ya en el conflicto estudiantil de 1956 se tienen antecedentes de la existencia masiva de brigadas. Al respecto véase Pensado, Rebel, 89 y siguientes; y Jaime Pensado, “El movimiento politécnico de 1956: la primera revuelta estudiantil en México de los sesenta”, en Movimientos estudiantiles en la historia de América Latina, coordinado por Renate Marsiske, vol. IV (México: IISUE/UNAM, 2015), 136 y siguientes.

29 Francisco Figueroa, Llegamos para quedarnos: crónicas de la revuelta estudiantil (Santiago: LOM, 2013), 96 y siguientes.

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Pero la fiesta no iba a durar mucho. El desenlace de la última marcha de agosto, con los militares actuando bruscamente para disolverla, marca el inicio de una nueva y agresiva estrategia gubernamental. Una estrategia que sería refrendada en la cuenta pública que el 1 de septiembre hizo el presidente Gustavo Díaz Ordaz y que mostraba que de la cooptación, la descalificación y el aislamiento de los manifestantes se pasaría al amedrentamiento, al hostigamiento e, incluso, al asesinato30. Esta fórmula represiva incluyó, entre otras acciones, atentados con armas de fuego a algunas instituciones educacionales, la ocupación militar de las dependencias de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional (IPN), y la tristemente recordada masacre del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas31.

Durante todo septiembre, la resistencia del estudiantado fue tenaz. La lectura que los manifestantes hicieron de las palabras del Presidente no dejó espacio a dudas: el tiempo del entendimiento había acabado. Pese a la intensificación de la represión gubernamental, y a las vacilaciones del ala más conservadora del movimiento —la representada, entre otros, por el rector de la UNAM—, la juventud respondió a las amenazas con base en sus convicciones y continuó saliendo a la calle32.

Desde entonces, las motivaciones que prevalecieron entre los estudiantes fueron, por sobre cualquier otra, la épica, el compromiso, la voluntad. Una disposición que también experimentaron ese año de 1968 muchos estudiantes brasileños, sobre todo quienes comprendían que no podía ser que los golpistas les hubieran arrebatado su democracia, sus conquistas sociales y sus sueños sin que nadie hiciera algo. Y ellos lo hicieron. ¿Se equivocaron? ¿Los aplastaron? Tal vez. Pero lo hicieron33. En el caso mexicano, en tanto, la incesante profundización de las estrategias que el Gobierno y los estudiantes venían implementando, más represión en el caso de unos y más intentos por involucrar al pueblo en el caso de otros, terminó de la peor manera posible.

Luego de Tlatelolco continuaron las asambleas, las acciones de las brigadas y las reuniones del CNH. Aunque, claro, el golpe había sido brutal y el repliegue de los manifestantes, para ese entonces, era evidente. Prueba de ello es que después de la masacre, el estudiantado ya no buscaba democratizar al país; sus objetivos ahora eran más modestos y se reducían a que cesara la represión, se liberaran los manifestantes presos y se entregaran los establecimientos educacionales ocupados por los militares. A comienzos de diciembre, luego de poner en la balanza la satisfacción parcial de algunas de estas demandas y el alto desgaste sufrido por los estudiantes, el CNH dio por finalizado el conflicto. Entre los análisis con que se justificó esta medida se deslizó, también, una amenaza: si las vías pacíficas para expresar su descontento, para lograr transformaciones sustantivas, seguían siendo clausuradas, tarde o temprano se verían en la obligación de abrir otras sendas34.

Y tal como venía ocurriendo durante esos mismos meses de 1968 en Uruguay, donde el asesinato 30 El discurso se puede revisar íntegramente en Ramírez, El movimiento, t. II, 196-208. El trabajo que hasta la fecha da cuenta de la investigación más exhaustiva sobre los muertos durante el movimiento estudiantil es el de Eduardo Valle, El año de la rebelión por la democracia (México: Océano de México, 2008), 26.

31 Sobre los sucesos descritos revisar, entre otras obras, Ramón Ramírez, El movimiento estudiantil de México ( julio/diciembre de 1968), t. I (México: Era/BUAP, 2008), 24 y siguientes; y Eduardo Valle, Escritos sobre el movimiento del 68 (Culiacán: UAS, 1984), 11 y siguientes.

32 El razonamiento del rector de la UNAM puede consultarse en Javier Barros Sierra, 1968, conversaciones con Gastón García Cantú (México: Siglo XXI, 1972), 139 y siguientes.

33 Artur José Poerner, O poder jovem. História da participação política dos estudantes brasileiros (São Paulo: Centro de Memória da Juventude, 1995), 47.

34 El manifiesto íntegro puede revisarse en Rivas Ontiveros, La izquierda, 807-812.

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de varios estudiantes había ahogado también un multitudinario movimiento, después de la masacre muchos dejaron su militancia estudiantil para abrazar la lucha armada35.

Días después de la resolución del CNH, la comunidad universitaria de Puebla, que persistía en la movilización para presionar la liberación de sus presos, también puso fin a esta36. Un hecho que se recuerda para poner en evidencia que, aunque sean los acontecimientos de la capital los más conocidos, fueron decenas las instituciones de educación superior que en todo el país se plegaron a la huelga37. Otro aspecto que también conviene tener presente aquí es que en los últimos días de diciembre de 1968 todavía quedaban instituciones movilizadas, y en ellas se seguían reformulando sus exigencias. La Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), por ejemplo, informaba que los objetivos que perseguirían desde entonces serían, entre otros, conseguir participación estudiantil en el gobierno de la institución y crear instancias institucionales para reflexionar sistemáticamente sobre los problemas del país38. Lo que da cuenta, a su vez, de que, a pesar de todo, el movimiento tendría proyección en los años venideros.

3. Las demandas del movimiento estudiantil Hasta ahora han existido dos grandes visiones sobre las exigencias levantadas por el movimiento estudiantil mexicano de 1968. Una, la construida por el Gobierno y sus allegados, evalúa que el movimiento no poseía demandas, pues, en el fondo, sólo habría sido un pretexto para desestabilizar el orden institucional y, así, favorecer la instalación de una dictadura —de izquierda o de derecha, según fuera el signo político que primara en los análisis—. Otra, la elaborada por representantes del movimiento estudiantil, hace hincapié en que el movimiento demandaba que se pusiera freno al autoritarismo imperante, pues entendían que este los estaba sumiendo en una dictadura. Aunque desde los inicios del movimiento ambas posturas coexistieron, fue la primera la que se impuso en los años inmediatamente posteriores a 1968, y la segunda, la que prevalecerá desde mediados de la década de los setenta hasta nuestros días39.

35 Lo relativo al caso uruguayo se toma de Vania Markarian, El 68 uruguayo: el movimiento estudiantil entre molotovs y música beat (Bernal: Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes, 2012), 98. Sobre el caso mexicano pueden consultarse algunas referencias en Eugenia Allier Montaño, “Presentes-pasados del 68 mexicano. Una historización de las memorias públicas del movimiento estudiantil, 1968-2007”. Revista Mexicana de Sociología 71, n.° 2 (2009): 294; Del Castillo Troncoso, Ensayo, 319; Rivas Ontiveros, La izquierda, 188; y Sergio Sánchez Parra, “Estudiantes radicales en México. El caso de los ‘enfermos’ de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS): 1972-1974”. Revista de Historia 67 (2013): 60.

36 Gloria Tirado Villegas, Vientos de la democracia: Puebla 1968 (Puebla: BUAP, 2001), 112.

37 Pistas en este sentido son las instituciones de provincia que participaron regularmente en el CNH, las cuales están individualizadas en sus comunicados. Véase: Ramírez, El movimiento, t. II, 39 y 81. Y también algunas descripciones de cómo se vivió ese 68 en algunos estados como Puebla y Sinaloa. Sobre estos últimos revisar, respectivamente, Tirado Villegas, Vientos, 11 y siguientes; y Sergio Sánchez Parra, Estudiantes en armas: una historia política y cultural del movimiento estudiantil de los ‘enfermos’ (1972-1978) (Guadalajara: UAS, 2012), 126 y 127.

38 En Ramírez, El movimiento, t. II, 509.

39 Mayor profundidad sobre estas perspectivas en Eugenia Allier Montaño, “De la conjura a la lucha por la democracia: una historización de las memorias políticas del 68 mexicano”, en Las luchas por la memoria en América Latina: historia reciente y violencia política, coordinado por Eugenia Allier y Emilio Crenzel (México: Bonilla Artigas Editores/IIS-UNAM, 2015), 189 y siguientes; Guevara Niebla, La libertad, 41; Jiménez Guzmán, El 68, 27 y siguientes; y Jorge Volpi, La imaginación y el poder: una historia intelectual de 1968 (México: Era, 2006 [1998]), 208.

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A diferencia de las posturas expuestas, en este artículo se asume que la exigencia antiautoritaria no era la única ni, necesariamente, la más importante. Se aprecia, más bien, que ella formaba parte de un conjunto de demandas que el estudiantado mexicano venía exigiendo desde mediados del siglo XX. Un conjunto que incluía, además, la defensa de la autonomía universitaria, la conformación de una universidad militante y la promoción de la participación popular. Todas demandas que, sin ser estrictamente complementarias, eran solidarias entre sí, en el sentido de que la satisfacción de una favorecía la consecución de las demás. Así, por ejemplo, mientras mayor era el respeto por la autonomía universitaria, mejores condiciones existirían para exigir libertades democráticas, para construir una universidad militante y para alentar la participación popular.

Antes de ahondar en estas exigencias es necesario precisar que ha sido la tendencia a asociar de manera unívoca al petitorio defendido por el CNH con las demandas del movimiento, la que explica la preeminencia de la demanda antiautoritaria en las crónicas o los ensayos40. Asociación que ha redundado, además, en que se descuide el examen de las exigencias expresadas en otras instancias u otros soportes, y en que se tienda a comprender que el único interpelado por el movimiento era el Gobierno, cuando en realidad se exhortaba también al conjunto de la comunidad universitaria y, en un plano más amplio, a todos los integrantes de la sociedad41.

La autonomía universitaria ha sido defendida por los estudiantes latinoamericanos desde las primeras décadas del siglo XX. Una condición que se ha comprendido como indispensable para resguardar a las universidades de las intromisiones indeseables de agentes ajenos a dichas instituciones. En términos más precisos, la autonomía se ha concebido como la soberanía de la universidad, en lo que respecta a sus asuntos académicos, administrativos y financieros42. Definición que permite incluir dentro de esta demanda diversos requerimientos, entre ellos, que el estudiantado tenga participación en las instancias donde se toman las decisiones de la institución —como exigían los estudiantes de la ENAH a fines de 1968— o que las autoridades gubernamentales carezcan de injerencia en dichas decisiones —uno de los detonantes del movimiento estudiantil que en 1971 también terminó en una matanza43—. Durante el tercer cuarto del siglo XX, no sólo en México se levantaron estas exigencias: en 1958, el movimiento estudiantil uruguayo consiguió un sonado triunfo en este ámbito, y en 1967, el movimiento chileno también hizo lo propio44.

Como se apuntó en el apartado anterior, fue la defensa de la autonomía universitaria la que hizo que la revuelta se transformara en movimiento. Se recuerda, asimismo, que la autonomía volvió 40 Entre quienes defienden más enfáticamente esta posición se cuentan: Alberto del Castillo Troncoso, Enrique de la Garza, León Tomás Ejea y Luis Fernando Macías. Véase, Del Castillo Troncoso, Ensayo, 87; y De la Garza, Ejea y Macías, El otro, 42-43.

41 Entre quienes identifican al Gobierno como único interlocutor del movimiento estudiantil se encuentra Rivas Ontiveros, La izquierda, 527.

42 Renate Marsiske, Movimientos estudiantiles en América Latina: Argentina, Perú, Cuba y México, 1918-1929 (México: CESU/UNAM, 1989), 14; Renate Marsiske, “Historia de la autonomía universitaria en América Latina”. Perfiles Educativos 26, n.° 105-106 (2004): 161; y Renate Marsiske, “La autonomía universitaria: una visión histórica y latinoamericana”. Perfiles Educativos n.° 32 (2010): 10.

43 Sobre el movimiento estudiantil de 1971 y su desenlace revisar, entre otros textos, Rivas Ontiveros, La izquierda, 672 y siguientes; y Eduardo Valle, El año, 147 y siguientes.

44 Sobre el caso uruguayo véase: Vania Markarian, María Eugenia Jung e Isabel Wschebor, 1958: El cogobierno autonómico (Montevideo: Archivo General de la Universidad de La República, 2008), 96 y siguientes. Sobre el chileno consultar Manuel Antonio Garretón y Javier Martínez, Universidades chilenas: historia, reforma e intervención (Santiago: Sur, 1985), 61 y siguientes.

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a movilizar a la comunidad universitaria luego de la ocupación militar que en septiembre sufrieron las instalaciones de la UNAM y del IPN, situación que se repetiría en los meses de repliegue, cuando se demandaba, entre otros puntos, que los uniformados salieran de los establecimientos educacionales que mantenían en su poder45.

También desde principios del siglo XX se registran en América Latina esfuerzos sistemáticos por construir otra universidad. Una que, junto con buscar la excelencia académica y una óptima formación profesional, se propusiera fortalecer la conciencia social del estudiantado. La Universidad Popular Mexicana, que en la década de 1910 auspiciaron los jóvenes intelectuales del Ateneo de México, o las Universidades Populares Manuel González Prada, que en la década de 1920 impulsó la Federación de Estudiantes del Perú, son algunos de los ejemplos más destacados46. En México, durante los años sesenta, la máxima expresión de esta demanda fueron las preparatorias populares. Con ellas se esperaba dar solución a la creciente falta de cupos que aquejaba al nivel preuniversitario y, adicionalmente, dotar de conciencia social a los futuros universitarios. Experiencias que en un inicio fueron autogestionadas, pero que al poco tiempo fueron integradas al sistema educacional47.

En los cinco meses que se prolongó el movimiento, la exigencia por acercar la universidad a la sociedad tuvo un lugar preferente. Tanto las brigadas estudiantiles como los festivales culturales o las actividades abiertas a la comunidad buscaron romper el aislamiento de la universidad y conseguir que las problemáticas que afectaban al conjunto de la población ingresaran a sus aulas48.

Se debe hacer notar que esta idea de universidad militante fue la que estuvo detrás, también, del intenso trabajo que se realizó en la localidad campesina de Topilejo. Una comunidad aledaña a la capital que, debido a un trágico accidente de tránsito, se acercó al movimiento en busca de ayuda, y este, solidariamente, le brindó todo tipo de asesorías49.

La demanda por libertades democráticas, en tanto, se comprendía como la defensa de la posibilidad de disentir, de imaginar caminos diferentes al que se venía transitando, de construir organizaciones capaces de desplegar políticas que permitieran dichos cambios. Era, por añadidura, una exigencia que buscaba impedir que la sociedad transitara hacia un régimen político totalitario y hacia el estancamiento económico. Una pretensión presente también en otros de los grandes movimientos estudiantiles que en 1968 conoció América Latina y que en México venía acumulando razones al menos desde 1956, fecha en la cual algunos de los dirigentes del IPN fueron apresados con base en una legislación que castigaba la disidencia política50.

45 Estos tres prerrequisitos pueden consultarse en Ramírez, El movimiento, t. II, 421.

46 Sobre las Universidades Populares Manuel González Prada revisar, entre otros textos, Enrique Cornejo Koster, “Crónica del movimiento estudiantil peruano”, en Estudiantes y política en América Latina: el proceso de la reforma universitaria (1918-1930) (México: Siglo XXI, 1987 [1926]), 232-266. Sobre la Universidad Popular Mexicana ver Morelos Torres Aguilar, Cultura y revolución: la Universidad Popular Mexicana (México, 19121920) (México: UNAM, 2009).

47 Véase Rivas Ontiveros, La izquierda, 274; Sánchez Parra, Estudiantes en armas, 123; y Gloria Tirado Villegas, La otra historia: voces de mujeres del 68, Puebla (Puebla: BUAP, 2004), 120 y siguientes.

48 Idea desarrollada, entre otras fuentes, en José Revueltas, 68: juventud y revolución (México: Era, 1978), 38, 52, 102 y 108.

49 Guevara Niebla, La libertad, 248-249; Carlos Monsiváis, El 68: la tradición de la resistencia (México: Era, 2008), 182; y Zermeño, México, 226-227.

50 Pensado, “El movimiento”, 171.

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Una de las exigencias más representativas de la demanda por libertades democráticas fue, precisamente, derogar esta legislación, que desde la década de 1940 castigaba la disidencia política, la así llamada ley de disolución social. Un ordenamiento que debía castigar a quienes amenazaran al país vía rebeliones, asonadas, motines, sabotajes, provocaciones o invasiones, pero que, en la práctica, se utilizaba para agredir a los opositores al Gobierno51. Otras pistas que dejan entrever este sustrato antiautoritario son las reiteradas condenas al accionar represivo del Estado y, más puntualmente, al proceder de los cuerpos policiales. Condenas materializadas en las exigencias por acabar con la Policía Antidisturbios —los así llamados granaderos— y por destituir a sus máximas autoridades52.

La última de las demandas levantadas ese año en México fue por participación popular en la dinámica del movimiento; no en vano, una de las consignas más repetidas por los estudiantes, como identifica la investigadora Silvia Díaz Escoto, fue “¡Únete pueblo!”53. Demanda que se explica porque los manifestantes, insertos en la lucha semántica ya descrita, se asumían como portadores de la verdad e instaban a los otros sectores de la población a sumarse al movimiento. En cierta medida, los impelían a que tomaran conciencia de los apremios, constricciones e injusticias que sufrían y, acto seguido, los exhortaban a que se levantaran para acabar con esta situación. Una comprensión que se anclaba también en aquellas perspectivas más divulgadas del materialismo histórico que entendían que los estudiantes, por sí mismos, no podían llevar a cabo los cambios sustantivos que requería la sociedad, aunque sí podían ser desequilibrantes movilizando a los que en efecto serían decisivos, los involucrados directamente en las labores productivas54.

El reverso de esta exigencia informa un aspecto incómodo para muchos de los cronistas de estos días, a saber: aunque el movimiento cosechara algunas muestras de simpatía por parte de los sectores populares —entre las que se contaban los insertos pagados en la prensa o la presencia de algunos contingentes en las marchas y concentraciones—, estas no llegaron a ser lo suficientemente contundentes como para que el movimiento dejara su apellido “estudiantil” y asumiera una identidad estrictamente popular. En este sentido, la demanda por participación popular era, también, la constatación de una carencia55. Con todo, independientemente del número y de la profundidad de las muestras de solidaridad que recibió el movimiento, la sola presencia de estas muestras era suficiente para que el estudiantado, más aún el que compartía un ideario de izquierda y tenía como horizonte los grandes problemas de la sociedad, mantuviera vivas sus aspiraciones.

Después de todo, confiaban en que el más mínimo detalle, en el momento más inesperado, podía desencadenar un apoyo desbordante por parte de los sectores populares, apoyo que no sólo podría cambiar la correlación de fuerzas dentro del movimiento, sino que también podría transformar, sin más, el curso de la historia56.

51 Pensado, Rebel, 39-42; y Zermeño, México, 29-30.

52 Una exigencia, esta última, que tenía su historia pues desde 1929, ella venía siendo levantada, Marsiske, “La universidad”, 153.

53 Díaz Escoto, “¡Únete pueblo!”, 14 y siguientes.

54 Consultar los análisis al respecto en Díaz Escoto, “¡Únete pueblo!”, 186 y siguientes; y Zermeño, México, 168.

55 Para interiorizar una reflexión donde se enfatiza la falta de apoyo que recibió el movimiento estudiantil, acudir a Ariel Rodríguez Kuri, “El lado oscuro de la luna. El momento conservador en 1968”, en Conservadurismo y derechas en la historia de México, coordinado por Erika Pani, t. II (México: FCE/Conaculta, 2009), 512-559.

56 Guevara Niebla, La libertad, 147.

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Hecha la caracterización de las demandas es necesario recordar que, así como ellas no se manifestaban simultáneamente, tampoco eran defendidas de manera expresa por todos los participantes. Y aunque es probable que los manifestantes se identificaran con todas las demandas, es presumible además que un amplio espectro sólo defendiera algunas y que, en la práctica, cada quien se abanderara preferentemente por una u otra. Una polifonía en materia de exigencias que estaba dada al menos por dos factores: a) porque en el movimiento confluían estudiantes, profesionales liberales, intelectuales y artistas57; personas de orígenes diversos que incidían en que cada una pusiera su atención en asuntos vinculados a la universidad o a la sociedad indistintamente. Y b) porque entre los movilizados podían distinguirse dos grandes perspectivas políticas: la derecha del movimiento estudiantil, los reformistas, los que privilegiaban las vías pacíficas para exigir sus demandas, los que entendían que los problemas de la sociedad se resolvían con una participación restringida del Estado en los destinos de la sociedad, y, otra, la izquierda del movimiento, los revolucionarios, los que no descartaban la violencia para conseguir sus objetivos, los que creían que un Estado activo era clave para la resolución de los problemas de las grandes mayorías58. Conforme lo expuesto, el esquema 1 dispone las demandas estudiantiles según los horizontes políticos de los manifestantes y el espacio donde esperaban generar mayor impacto59.

Esquema 1. Las demandas estudiantiles de 1968 según su sustrato político y su ámbito de acción

DERECHA

AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

LIBERTADES DEMOCRÁTICAS

UNIVERSIDAD

SOCIEDAD UNIVERSIDAD MILITANTE

PARTICIPACIÓN POPULAR

IZQUIERDA

Fuente: elaboración propia a partir de la información recopilada en la investigación.

57 Zermeño, México, 38-46.

58 Distinciones políticas tomadas, entre otras fuentes, de Del Castillo Troncoso, Ensayo, 85; y Zermeño, México, 167.

59 El esquema complejiza una particularidad en las exigencias estudiantiles, identificada por Renate Marsiske, que versa que ellas oscilan entre demandas gremiales o educacionales y políticas o sociales. Véase Marsiske, Movimientos, 12; y Marsiske, Presentación, 15. El esquema matiza, a su vez, la tesis sostenida por algunos especialistas como Paco Ignacio Taibo II y René Rivas Ontiveros, que entienden que sería la izquierda la única que ponía el acento en problemáticas ajenas a la universidad. Véase Taibo II, 68, 63; y Rivas Ontiveros, La izquierda, 257-258.

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Como ilustra este esquema, es probable que los manifestantes que colocaran su foco en las problemáticas que afectaban a la universidad demandaran, preferentemente, autonomía universitaria y una universidad militante. En tanto, es posible que quienes pusieran su atención en los temas de sociedad se inclinaran por exigir libertades democráticas y una participación más protagónica del pueblo en el movimiento. El esquema muestra, a su vez, que el ala derecha del movimiento debe haber exigido, preponderantemente, autonomía universitaria y libertades democráticas. Y denota, también, que el ala izquierda se debe haber inclinado por una universidad militante y por llamar al pueblo a que se sumara a las movilizaciones.

Con el objeto de matizar la rigidez que pueda transmitir un esquema de estas características es necesario reparar en dos puntos. Primero, es probable que sólo para los vinculados al mundo de la militancia política o la intelectualidad fueran significativas las distinciones entre “reforma” y “revolución”, “reformista” y “revolucionario”60. Para los demás, lo importante debe haber sido la certeza de estar luchando por asuntos trascendentes como la justicia, la nación y/o el bien común61. Segundo, para esa minoría politizada, la lucha semántica no sólo debe haber sido importante, debe haber sido, en una palabra, vital. Esto, porque todos creían que la satisfacción de sus demandas era el mejor camino para asir las transformaciones anheladas, y porque todos creían que la mejor defensa de sus convicciones era arremeter contra las de los demás. Así, mientras que el ala derecha estudiantil acusaba a la izquierda de querer radicalizar al movimiento, de buscar impedir que los sectores populares pudieran identificarse con él y de entregarle excusas al Gobierno para endurecer la represión, el ala izquierda acusaba a la derecha de querer boicotear al movimiento, de buscar constreñir sus potencialidades revolucionarias al defender un piso de demandas incapaces de sumar a los sectores populares y de taparse los ojos ante las cuantiosas evidencias que hacían presagiar un desenlace violento para el cual había que prepararse.

4. Educación y transformación social En el movimiento estudiantil mexicano de 1968 convivieron dos grandes aproximaciones sobre los vínculos entre la educación y la transformación social: por un lado estaban quienes creían que la educación era fundamental para resolver los problemas de fondo de la sociedad, y, por el otro, estaban los que veían que —al menos en esa primera etapa, comprendida como de lucha por la liberación— no tenía mayor importancia.

Los razonamientos en que se apoyaban quienes comprendían que la educación era fundamental para enfrentar los problemas de la sociedad se respaldaban, como ocurre en América Latina al menos desde fines del siglo XIX, en idearios ilustrados o en enfoques emancipadores. Ilustrados, como los postulados con que Domingo Faustino Sarmiento concibió el sistema educacional argentino, o emancipadores, como los fundamentos de las primeras universidades populares en la región, como los que en 1920 levantó la Federación de Estudiantes del Perú.

Donde predomina el sustrato ilustrado se aprecia que la educación entrega un conjunto de conocimientos, habilidades y disposiciones que permiten a las personas usufructuar las oportunidades que se encuentran disponibles, precisamente, para los iniciados en la educación. El 60 Taibo II, 68, 34.

61 Algunos de los mejores testimonios de altruismo político pueden encontrarse en Álvarez Garín, La estela, 290; y Díaz Escoto, “¡Únete pueblo!”, 204.

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diagnóstico que prima entre los que así razonan es que ha sido la educación la gran responsable de que ellos gocen de una situación comparativamente más holgada que la del grueso de la población, y, por lo tanto, educarse sería el camino que debe seguir todo aquel que desee emularlos. En el México del tercer cuarto del siglo XX, esta concepción puede rastrearse entre los estudiantes que se veían a sí mismos como privilegiados, que luchaban para que más personas pudieran gozar de esta condición; entre los que abogaban por la ampliación de las prestaciones sociales para los estudiantes, y entre los que impulsaban actividades de extensión o de difusión cultural. Todas las frases que referían a la necesidad de acercar el pueblo a la universidad, o viceversa, compartían este tipo de barniz ilustrado. Todas las demandas asociadas a la autonomía universitaria, como por ejemplo las que aspiraban a la participación del estudiantado en el gobierno universitario, tenían también a este ideario como trasfondo.

Donde prima el sustrato emancipador, en cambio, se comprende a la educación como proveedora de herramientas que facilitan el accionar de las personas en lo social y, más importante aún, como un medio capaz de develar los problemas de la sociedad y de instar a los estudiantes a participar activamente en su solución. Por esto, quienes así razonaban creían que la educación debía denunciar las contradicciones de la sociedad y generar un conocimiento militante. Además, en sintonía con las reflexiones que por esos mismos años popularizara el educador brasileño Paulo Freire, se consideraba la educación como una actividad eminentemente política62. Por lo tanto, lo que cabía hacer era dejar de aspirar a una supuesta ecuanimidad y dotar a la educación de una orientación afín a los intereses de los sectores populares. Entre las experiencias concretas que se apoyaron en estas concepciones, los ejemplos más destacados son las preparatorias populares, como las que se inauguraron en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1968 o en la Universidad Autónoma de Puebla en 1969. Aquí, el objetivo iba más allá de acercar la universidad a los sectores populares, era, más bien, comprometer a la comunidad universitaria con los destinos de la sociedad, construir una universidad al servicio del pueblo o, lo que es lo mismo, una universidad militante.

En cuanto a los idearios que consideraban que la educación era irrelevante en la transformación de la realidad, recién estaban articulándose a mediados del siglo XX; un fenómeno alentado, en parte, por los magros resultados obtenidos por algunos movimientos estudiantiles. Y es que después de cada fracaso, como ocurrió en México en 1968, o como aconteció en Brasil y Uruguay ese mismo año, una parte de los movilizados abandonaba la batalla educacional, es decir, la lucha cultural y pacífica por excelencia, para sumarse a las organizaciones que hacían de las armas su principal argumento. Y aunque estas posiciones no aparecieron repentinamente luego de aplastados los alzamientos —pues antes estuvieron presentes entre los que insistían en la necesidad de pasar a la clandestinidad o en armarse con fines de autodefensa—, cuando la represión cerraba los caminos del diálogo, ellas se fortalecían. Las singularidades que presentó el movimiento estudiantil en Sinaloa, unidas al exhaustivo trabajo historiográfico de Sergio Sánchez Parra, hacen de esta experiencia un acceso privilegiado a la comprensión de estos idearios.

Sinaloa, durante este mismo período, fue un escenario de intensa agitación estudiantil. Varias fuentes advierten, de hecho, que el movimiento de 1968 se vivió con tanta fuerza que los sinaloenses no sólo suscribieron los primeros manifiestos del CNH, también mandaron delegaciones a participar en los actos de protesta en la capital, organizaron actividades de solidaridad en el Estado e,

62 Paulo Freire, Ação cultural para a liberdade e outros escritos (Río de Janeiro: Paz e Terra, 1982), 43.

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incluso, conformaron un Consejo Estatal de Huelga63. A principios de 1970 se inició en Culiacán una protesta contra el rector que había sido designado por las autoridades estatales, es decir, a favor de la autonomía universitaria. En abril de 1972, luego de que la Policía diera muerte a dos estudiantes, renunció dicho rector y se atendió una parte importante de las demandas estudiantiles. No obstante, cuando todo indicaba que los estudiantes retornarían a la normalidad, algunos movilizados evaluaron que estas conquistas sólo eran un hito dentro de la lucha, y en ningún caso un punto de llegada. Estos estudiantes actuaron en consecuencia y, luego de controlar por la vía electoral la Federación de Estudiantes Universitarios de Sinaloa (FEUS), se volcaron a fortalecer los vínculos con los sectores populares, derrotero que en enero de 1974 los llevó a liderar, junto a la Liga Comunista 23 de Septiembre, la principal insurrección del país en estas décadas: “El asalto al cielo”64.

Pero el papel secundario que tenía la educación para este sector estudiantil de Sinaloa no solamente se colige de esta opción manifiesta por la vía armada. Ellos reflexionaron de forma sistemática sobre la función que la universidad podía desempeñar en la transformación de la sociedad y concluyeron —en sintonía con los intelectuales que en estos mismos años estaban entendiendo que la educación no contribuía a transformaciones de fondo porque reproducía las estructuras de dominación65— que la universidad estaba inserta en los esquemas productivos hegemónicos a través de la generación de capital humano y de la creación de nuevos conocimientos. Dos tipos de producción universitaria que, a fin de cuentas, redituaban plusvalía a los grandes capitalistas.

Un raciocinio que los llevaba a desestimar las luchas en el plano cultural e, incluso, a atacar a las mismas universidades. Dicho de otra manera, pensaban que si no se podía controlar la producción universitaria para utilizarla con propósitos afines a los sectores populares, mejor era boicotearla o, lisa y llanamente, inutilizarla66.

Conclusión El camino argumental seguido en este artículo permite apreciar, por un lado, que las demandas que movilizaron a los estudiantes mexicanos en 1968 no se reducen al antiautoritarismo, y, por el otro, que entre los movilizados existían diferentes visiones sobre la importancia de la educación en la transformación de la sociedad. Por esto, aunque todos los manifestantes comprendieran que la educación entregaba insumos importantes para desenvolverse en la contemporaneidad, no todos confiaban en que contribuía a que las sociedades fueran más justas o igualitarias. Los que sí creían en la educación se apoyaban en matrices liberales/reformistas o socialistas/revolucionarias; mientras que para los primeros la educación podía contribuir a destruir el yugo de la ignorancia, para los segundos podía ayudar a romper las cadenas de la dominación. Por su parte, quienes no le otor63 Sánchez Parra, Estudiantes en armas, 123. Liberato Terán Olguín, Prólogo a Escritos sobre el Movimiento del 68 (Culiacán: UAS, 1984), 7.

64 Sánchez Parra, “Estudiantes radicales”, 75-78.

65 Entre los máximos referentes de esta línea de interpretación se cuentan Pierde Bourdieu, Jean-Claude Passeron e Iván Illich. Véanse, entre otras obras, Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron, A reprodução (Río de Janeiro: Francisco Alves Editora, 1982 [1970]); e Iván Illich, Hacia el fin de la era escolar (Cuernavaca: Cuadernos CIDOC, nº 65, 1971 [1970]).

66 Sánchez Parra, Estudiantes en armas, 217; Ignacio Olivares Torres, Movimiento estudiantil revolucionario. Tesis de la Universidad Fábrica (México: Editorial Brigada Roja, 2014 [1970]), 53; y Alfredo Tecla Jiménez, El 68 y los modelos de universidad (México: Taller Abierto, 1994), 63.

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gaban a la educación un papel de primer orden en la transformación de la sociedad interpretaban que ella simplemente reproducía/producía las estructuras de dominación. Un diagnóstico que, si persistía, los llevaba a desestimar las luchas estudiantiles y abrazar la lucha armada.

Desde mediados de la década de 1970, los fuertes golpes asestados sobre la izquierda latinoamericana, unidos a la desaceleración económica que terminaría en la así llamada “crisis de la deuda”, abrirán una etapa de derechización del continente. Un proceso que tanto en las universidades como en los movimientos estudiantiles se hizo sentir, y cuyo escrutinio, por escapar de los objetivos inmediatos de este artículo, debe dejarse como materia pendiente. Para concluir, sólo resta subrayar que el movimiento estudiantil mexicano de 1968 fue muchas cosas: fue una derrota dolorosa, sí; una llamada de atención al autoritarismo, también; y una escuela política para sus cientos de miles de participantes, indudablemente. Sin embargo, lo más importante es que este movimiento no sólo es pasado, pues, como bien enseña la historiadora Eugenia Allier, en la memoria colectiva, 1968 continúa manteniéndose obstinadamente presente. Una memoria que día a día va actualizándose y que, se espera, puede verse enriquecida con esfuerzos como los que aquí se han realizado: comprender al movimiento como parte de un ciclo de movilizaciones de más largo alcance y apreciarlo como una de las mejores páginas en la historia de las búsquedas por construir sociedades más justas e igualitarias en América Latina.

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❧ Andrés Donoso Romo Investigador del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Playa Ancha (Chile). Licenciado en Antropología Social y Maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Chile, además de Doctor en Integración de América Latina por la Universidade de São Paulo (Brasil). Entre sus publicaciones se cuentan “Educación y transformación social en el pensamiento latinoamericano”. Cuadernos Americanos n.° 155 (2016): 47-59, y “Paulo Freire, o pensamento latino-americano e a luta pela libertação”. Latin American Research Review 51, n° 1 (2016): 43-61, doi: dx.doi.org/10.1353/lar.2016.0010. andres.donoso@upla.cl

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Conflictos campesinos e indígenas en el sur de Chile (la provincia de Cautín, 1967-1973)❧ Jesús-Ángel Redondo Cardeñoso Universidad de Santiago de Chile

doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit63.2017.08

Artículo recibido: 26 de marzo de 2015/ Aprobado: 20 de agosto de 2015/ Modificado: 16 de septiembre de 2015

Resumen: En este artículo se realiza un estudio de los conflictos campesinos e indígenas (mapuches) que tuvieron lugar en la provincia de Cautín (Chile) durante el ciclo de conflictividad social que vivió el país entre 1967 y 1973. El objetivo es revisar las tradicionales visiones que han prevalecido sobre el tema en la historiografía chilena, basadas en perspectivas monolíticas del conflicto rural. A través de documentación archivística y periodística del ámbito regional se analizan las diversas manifestaciones de dicho conflicto, desde las tradicionales expresiones de rebeldía campesina (cuatrerismo) hasta las modernas formas de movilización colectiva (sindicalismo campesino). Con ello se podrán observar la diversidad, complejidad y heterogeneidad de dichos conflictos y sus protagonistas.

Palabras clave: Chile, conflicto social, conflicto étnico, clase campesina, población indígena Thesaurus).

Campesino-Indigenous Conflicts in Southern Chile (Cautín Province, 1967-1973) Abstract: This article presents a study of the conflict between the campesinso and the indigenous (Mapuche) population that took place in the province of Cautín (Chile) during the cycle of social conflictivity the country experienced between 1967 and 1973. The objective is to review the traditional views that have prevailed on this topic in Chilean historiography, based on monolithic perspectives of the rural conflict. Through archival and journalistic documentation of the regional environment, it analyzes diverse manifestations of said conflict, from traditional expressions of campesino rebelliousness (cuatrerismo) to modern forms of collective mobilization (agrarian trade unionism), which makes it possible to observe the diversity, complexity and heterogeneity of said conflicts and their leading actors.

Keywords: Chile, social conflict, ethnic conflic, indigenous population (Thesaurus); campesino class (Author’s).

Conflitos camponeses e indígenas no sul do Chile (a província de Cautín, 1967-1973) Resumo: Neste artigo realiza-se um estudo dos conflitos camponeses e indígenas (mapuche) que aconteceram na província de Cautín (Chile) durante o ciclo de conflitividade social que o país viveu entre 1967 e 1973. O objetivo é revisar as tradicionais visões que prevaleceram sobre o tema na historiografia chilena, baseadas em perspectivas monolíticas do conflito rural. Por meio de documentação arquivística e jornalística do âmbito regional analisam-se as diversas manifestações desse conflito, a partir das tradicionais expressões de rebeldia camponesa (roubo de gado) até as modernas formas de mobilização coletiva (sindicalismo camponês). Com isso, poderão observar a diversidade, complexidade e heterogeneidade desses conflitos e de seus protagonistas.

Palavras-chave: Chile, conflito social (Thesaurus); conflito étnico, classe camponesa, população indígena (Autor).

❧ Este artículo hace parte del proyecto de investigación postdoctoral FONDECYT nº 3130314, titulado “Protesta

social y cultura indígena en las comunidades rurales chilenas: La Araucanía entre 1967 y 1973”.

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Conflictos campesinos e indígenas en el sur de Chile (la provincia de Cautín, 1967-1973) Jesús-Ángel Redondo Cardeñoso

Introducción “Hoy soplan vientos de agitación, de subversión e indisciplina por todas las tierras de Chile, desde Coquimbo a Llanquihue.

Movimientos sistemáticamente orientados han llevado la intranquilidad a los campos. Inquilinos y grupos políticos se apoderan de los fundos. Un clima de odio y resentimiento reina hoy donde ayer había tranquilidad”1.

Entre 1967 y 1973, Chile vivió el ciclo de conflictividad social más destacado del siglo XX, cuando “los movimientos sociales alcanzaron un protagonismo histórico y logros nunca antes vistos” convirtiendo esta etapa en la de “mayor experiencia histórica de participación popular”2. Este ciclo también tuvo notable repercusión en el campo, donde se produjeron “una movilización y organización del campesinado nunca vistas antes”3. Fiel reflejo de la importancia que alcanzaron los conflictos campesinos en Chile durante este período, y del impacto que tuvieron en la opinión pública coetánea, fue la aparición durante la propia década de 1970 de numerosos estudios académicos sobre estos conflictos4, varios de los cuales investigaron la provincia de Cautín5. En los últimos años, aún se han seguido publicando investigaciones sobre el tema, basadas en las perspectivas de nuevas tendencias historiográficas como la historia de género6, o los estudios étnicos, que en Cautín se han centrado en los conflictos protagonizados por las comunidades mapuches7.

No obstante, y sin desconocer su importancia, estos trabajos presentan un conjunto de carencias que es necesario resaltar. Respecto a los estudios pioneros de los setenta, desde el punto de vista metodológico, estas investigaciones se basaron en documentación gubernamental del ámbito 1 “Agitación en los campos”, El Diario Austral, Temuco, 10 de septiembre, 1968, 3.

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Fieldstaff Reports. West Coast South America Series 19, n.°5 (1972); y Kyle Steenland, Agrarian Reform under Allende: Peasant Revolt in the South (Albuquerque: University of New Mexico Press, 1977).

6 Heidi Tinsman, La tierra para el que la trabaja. Género, sexualidad y movimientos campesinos en la Reforma Agraria chilena (Santiago: LOM, 2009).

7 A este respecto: Florencia Mallon, La sangre del copihue. La comunidad mapuche de Nicolás Ailío y el Estado chileno, 1906-2001 (Santiago: LOM, 2004); Martín Correa, Raúl Molina y Nancy Yáñez, La Reforma Agraria y las tierras mapuches. Chile, 1962-1975 (Santiago: LOM, 2005); Daniel Carter, “Narratives of Nation. Frontier and Social Conflict in Chile. The Province of Cautín during the Agrarian Reform Period, 1967-1973” (tesis de doctorado en Historia, Universidad de Cambridge, 2013). Fuera de Cautín se destaca el trabajo de Fabien Le Bonniec, “La participación de las comunidades mapuche-huilliche en el proceso de la Reforma Agraria en la provincia de Valdivia (1970-1973)”. Revista Austral de Ciencias Sociales n.° 24 (2013): 27-49, doi: dx.doi. org/10.4206/rev.austral.cienc.soc.2013.n24-02

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nacional, que comúnmente distorsiona la dimensión exacta de la movilización campesina, por lo que desde hace tiempo los especialistas han reivindicado la escala regional como marco para el desarrollo de los estudios de los conflictos campesinos8. Desde el punto de vista teórico, esos trabajos se sustentaron en la teoría de la lucha de clases, determinando una visión unicausal que presuponía que sólo se producían conflictos sociales entre dos clases sociales antagónicas (patrones y campesinos), definidas por una ideología y militancia política concretas (conservadores y revolucionarios). Sin embargo, como los nuevos enfoques teóricos han señalado, la protesta campesina no siempre se articuló en torno al movimiento obrero, ni siguió un proceso evolutivo y lineal, ni mucho menos, el campesinado actuó como una única clase social, sino que tuvo diferentes expresiones, a veces contradictorias, muchas de las cuales son anteriores a la definición de una conciencia de clase9.

Por su parte, las investigaciones más recientes, si bien han ampliado la visión del conflicto social al incluir el análisis de parámetros como el género o la etnia, a menudo han marginado las visiones de conjunto. Por ejemplo, en el caso concreto de los estudios sobre Cautín, frente a la especial atención que han tenido los conflictos indígenas, se han obviado otras manifestaciones de conflictividad rural como el sindicalismo campesino, del que se carece de estudios. Ante lo dicho, parece necesario profundizar en investigaciones sobre los conflictos campesinos e indígenas a escala regional que permitan conocer otras dimensiones de los conflictos, pero sin que ello suponga sacrificar visiones de conjunto que reflejen el dinamismo y la complejidad de la conflictividad rural y de los sujetos que participaron en ésta.

En este sentido, este texto retoma el estudio de los conflictos rurales entre 1967 y 1973 eligiendo como ejemplo la provincia de Cautín, en la región de La Araucanía, situada en el sur de Chile (mapa 1). Ésta se caracteriza por ser un importante centro de producción agrícola, especialmente de cultivo triguero. Sin embargo, la agricultura regional careció de tecnificación, al basar su rentabilidad en la puesta en producción de amplias superficies de tierra y el mantenimiento de bajos salarios, lo cual se tradujo, desde el punto de vista social, en la existencia de importantes capas de población pobre, que convirtió a La Araucanía en la región socioeconómicamente más atrasada del país10. Otra de las peculiaridades de la región es la notable presencia de población mapuche —la mayor del país11—, la cual, junto a los campesinos sin tierra, conformaba los sectores más desfavorecidos de la sociedad provincial. Ante estos antecedentes, no es de extrañar que Cautín fuera uno de los focos de conflictividad campesina e indígena más importantes del país en un período tan convulso como el estudiado en este artículo.

La investigación utiliza dos tipos de fuentes del ámbito regional: documentación periodística de El Diario Austral, que es el único diario de la región; y documentación archivística del 8 Raúl Fradkin, “Poder y conflicto social en el mundo rural: notas sobre las posibilidades de la historia regional”, en Lugares para la Historia. Espacio, historia regional e historia local en los estudios contemporáneos, editado por Sandra Fernández y Gabriela Dalla Corte (Rosario: Universidad Nacional de Rosario, 2001), 119-135.

9

Óscar Bascuñán Añover, Campesinos rebeldes. Las luchas del campesinado entre la modernización y la globalización (Madrid: Catarata, 2009).

10 Jorge Pinto Rodríguez, La formación del estado y la nación, y el pueblo mapuche. De la inclusión a la exclusión (Santiago: Dibam, 2003), 287-289.

11 En 1968, de las 3.048 comunidades mapuches que existían en Chile, 2.024 se radicaban en la provincia de Cautín. José Bengoa y Eduardo Valenzuela, Economía mapuche. Pobreza y subsistencia en la sociedad mapuche contemporánea (Santiago: PAS, 1983), 52.

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gobierno provincial (intendencia de Cautín), que incluye una amplia diversidad de documentos (oficios, providencias, informes, telegramas, entre otros) custodiados en el Archivo Regional de la Araucanía (ARA). A través del análisis de esta documentación se han podido identificar y analizar diversas expresiones del conflicto rural, desde “antiguas” (o reactivas) acciones de rebeldía campesina —el bandolerismo— hasta “modernas” (o proactivas) formas de movilización colectiva —el sindicalismo campesino—12. Sin olvidar manifestaciones de protesta como las ocupaciones ilegales de tierras, que si bien tuvieron un carácter tradicional, a través ellas se reivindicaron tanto viejas demandas heredadas por décadas como nuevos derechos adquiridos.

Mapa 1. Localización de la región de La Araucanía y de la provincia de Cautín

Fuente: elaboración propia a partir de Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN), Santiago-Chile, Mapoteca, <http://www.bcn.cl/>.

12 Los conceptos reactivo y proactivo en Charles Tilly, Louise Tilly y Richard Tilly, El siglo rebelde. 1830-1930 (Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 1997), 288-290.

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1. Contexto político y social del campo chileno La década de 1960 fue una época de intensas transformaciones en el campo chileno como consecuencia de tres factores: 1) los cambios en la estructura agraria derivados de la crisis de la hacienda tradicional; 2) los apoyos que se dieron desde los centros urbanos para la conformación y expansión del asociacionismo campesino; 3) y la modificación del clima político, donde los principales partidos políticos comenzaron a integrar en sus programas reformas que afectaban al campesinado13. Todas estas transformaciones sociales terminaron por reflejarse en la vida política del país, cuando en 1964 alcanzó la Presidencia el democratacristiano Eduardo Frei, quien aplicó toda una serie de políticas reformistas para modernizar, normalizar y regularizar las relaciones sociolaborales en el campo14. Entre ellas destacaron dos leyes promulgadas en 1967: la de sindicación campesina (nº 16.625)15, que legalizaba de facto el sindicalismo campesino; y la de reforma agraria (nº 16.640)16, que permitía la expropiación de millones de hectáreas de latifundios para asentar campesinos. Ambas leyes tuvieron un gran impacto en el campesinado del país, por lo que ese año ha sido considerado el punto de inflexión en la eclosión del movimiento campesino.

En lo que respecta a las políticas específicamente indígenas, durante la década de 1960 éstas se articularon en torno a la Dirección de Asuntos Indígenas (Dasin), un organismo estatal que gestionaba iniciativas para el desarrollo socioeconómico de las comunidades; y a la Ley nº 14.511 de 196117, que legitimaba la división territorial de las comunidades mapuches desprotegiendo sus tierras frente a las coyunturas del mercado. La situación legal de los indígenas no cambió con el gobierno de Frei, ya que el pensamiento democratacristiano integraba (y con ello invisibilizaba) el problema indígena dentro de la cuestión campesina general18. Por estas razones, el movimiento mapuche se acercó de manera progresiva a los partidos de izquierda buscando aliados políticos para dar eco a sus demandas, principalmente la derogación de la Ley nº 14.511. El principal ejemplo de este acercamiento fue el Pacto de Cautín, un compromiso electoral establecido en 1964 entre Salvador Allende y líderes de diversas organizaciones mapuches, donde el primero se comprometía a derogar la mencionada ley. Todo esto explica que sólo hasta el gobierno de la Unidad Popular (UP) se concretaron las políticas indígenas reformistas. En diciembre de 1970, en el marco del II Congreso Nacional Mapuche, el recién elegido presidente Allende recogió un proyecto de ley indígena que presentó al Parlamento en mayo de 1971, el cual, tras diversas modificaciones

13 Sergio Gómez, “El movimiento campesino en Chile”. Documentos de trabajo FLACSO n.° 246 (1985): 8-11.

14 Roberto Santana Ulloa, Agricultura chilena en el siglo XX: contextos, actores y espacios agrícolas (Santiago: Dibam, 2006), 196-197.

15 Ministerio del Trabajo y Previsión Social, “Ley 16625. Sindicación Campesina”, Santiago, 29 de abril de 1967, en Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN), Santiago-Chile, <http://bcn.cl/1w9an>.

16 Ministerio del Trabajo y Previsión Social, “Ley 16640. Reforma agraria”, Santiago, 07 de enero de 1989, en BCN, Santiago-Chile, <http://bcn.cl/1uv6m>.

17 Ministerio de Agricultura, “Ley 16640. Reforma Agraria”, Santiago, 28 de julio de 1967, en BCN, SantiagoChile, <http://bcn.cl/1uueh>.

18 Augusto Samaniego Mesías y Carlos Ruiz Rodríguez, Mentalidades y políticas wingka. Pueblo mapuche, entre golpe y golpe (de Ibáñez a Pinochet) (Madrid: CSIC, 2007), 121-126.

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parlamentarias, fue aprobado en septiembre de 1972 con el numeral 17.72919. Esta ley suprimía la de 1961 y sustituía la Dasin por el Instituto de Desarrollo Indígena, pero, sobre todo, creaba instrumentos que permitían restituir las tierras usurpadas a las comunidades indígenas. No obstante, a pesar de que estas reformas abrían una etapa de acercamiento positivo entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, en la práctica la nueva legislación no pudo aplicarse porque acusó problemas de financiación y apenas tuvo un año de vigencia, debido al advenimiento del golpe militar de septiembre de 197320.

A tenor de lo expuesto, y si se tiene en cuenta que los ciclos de protesta surgen con la apertura de nuevas “oportunidades políticas” que posibilitan la mejora de las condiciones de las clases populares21, es fácil entender por qué a partir de 1967 se inició un intenso ciclo de conflictividad social en el campo chileno, que se manifestó principalmente mediante dos expresiones: la generalización del movimiento sindical campesino y de los conflictos socio-laborales asociados a éste; y la extensión de las ocupaciones ilegales de tierras, conocidas en Chile como tomas de fundos, donde se reivindicaban la expropiación y redistribución de los latifundios del país22. Sin embargo, como ya se ha advertido, las nuevas tendencias historiográficas señalan que muchas de las expresiones de protesta campesina tienen naturaleza contradictoria y son anteriores a la definición de una conciencia de clase. El caso de Cautín entre 1967 y 1973 es un buen ejemplo de ello, ya que, frente a la movilización sindical y los conflictos territoriales, todavía pervivían manifestaciones de rebeldía individual propias de otros tiempos, como el cuatrerismo.

2. Cuatrerismo en Cautín: la pervivencia de la rebeldía campesina tradicional Los estudios de Eric Hobsbawm en torno al “bandolero social”23 abrieron nuevas y sugerentes vías de investigación que han mostrado que el bandolerismo ha sido una de las expresiones de rebeldía social más extendidas en la sociedad campesina tradicional. Sin embargo, como ya han señalado numerosos investigadores24, el concepto hobsbawmiano que centra su atención en los bandoleros “nobles” que delinquían para corregir las injusticias y abusos sociales refleja más el mito creado en la conciencia colectiva popular que la realidad misma del bandolero. Por ello han surgido otros conceptos que atienden a situaciones más generalizadas del fenómeno, como es el “bandolerismo de subsistencia”25. Dentro de este tipo se incluyen los bandoleros que mayormente se han identificado en Chile, los cuales se dedicaban de forma permanente a la ejecución de acti-

19 Samaniego Mesías y Ruiz Rodríguez¸ Mentalidades y políticas, 332-353. El texto de la ley, en Ministerio de Agricultura, “Ley 17729. Establece normas sobre indígenas y tierras de indígenas”, Santiago, 26 de septiembre de 1972, en BCN, Santiago-Chile, <http://bcn.cl/1w7je>.

20 Correa, Molina y Yáñez, La Reforma Agraria, 200.

21 Sydney Tarrow, El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política (Madrid: Alianza, 1997), 155-161.

22 José Bengoa, El campesinado chileno después de la Reforma Agraria (Santiago: Ediciones Sur, 1983), 182.

23 Eric Hobsbawm, Rebeldes primitivos (Barcelona: Ariel, 1983), y Eric Hobsbawm, Bandidos (Barcelona: Crítica, 2001).

24 Richard Slatta, ed., Bandidos. The Varieties of Latin American Banditry (Nueva York: Greenwood Press, 1987).

25 Paul Wanderwood, “El bandidaje en el siglo XIX: una forma de subsistir”. Historia Mexicana 34, n.° 1 (1984): 41-75.

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vidades delictuales en beneficio propio y exclusivo para mantener su forma de vida26. En el caso concreto de La Araucanía, los estudios han mostrado que fue un importante foco de “bandolerismo de subsistencia” durante el siglo XIX27.

No obstante, y a pesar de que la historiografía ha señalado cómo a partir de 1920 se percibe un progresivo descenso del bandolerismo en la región28, la documentación manejada en esta investigación muestra que todavía en la década de 1960 existía en Cautín una destacable actividad bandolera en forma de cuatrerismo, lo cual confirma que este fenómeno no fue exclusivo sólo de ámbitos rurales precapitalistas, sino que también puede darse en sociedades rurales relativamente desarrolladas29. En efecto, el abigeato levantó serias preocupaciones entre los agricultores cautinenses de aquellos años, como refleja un memorándum del Sindicato Profesional de Empleadores Agrícolas de Lautaro de diciembre de 1970: “El robo de animales ha recrudecido en forma alarmante en Lautaro. A los agricultores Carlos Taladriz y Manuel García, en los últimos 2 años se les ha robado más de 150 animales, y prácticamente no hay agricultor de Lautaro que no haya sido víctima de estos robos, que son hechos por indígenas y cuatreros profesionales”30.

Las propias páginas de El Diario Austral noticiaron de forma recurrente robos de ganado y la detención de bandas de cuatreros. Sin ir más lejos, y de nuevo en Lautaro, el diario señalaba cómo en las últimas semanas de 1967 se produjo la detención de una veintena de sospechosos por abigeato31; y años más tarde, durante los últimos días del gobierno de la UP se realizaron dos operaciones policiales en Cunco, donde se capturaron sendos grupos de cuatreros32. La cuestión del abigeato iba más allá del simple robo de animales, y en ocasiones provocaba serios incidentes violentos, como sucedió con la balacera producida entre dos cuatreros y una patrulla de carabineros en el sector “Las Garzas”, a apenas ocho kilómetros de la capital provincial, Temuco33. La preocupación ante los problemas ocasionados por el cuatrerismo llegó a tal extremo que incluso el intendente de Cautín pidió ayuda a la comandancia de las Fuerzas Armadas para combatirlo34.

Respecto a los sujetos, a través de las noticias de la prensa se percibe una notable presencia de mapuches entre los implicados en el robo de animales, algo que ya sucedía desde los tiempos de la ocupación de La Araucanía35. La implicación de mapuches en los actos de cuatrerismo también derivó ocasionalmente en episodios violentos, como sucedió en la reducción Huerqueco (también 26 Ivette Lozoya López, Delincuentes, bandoleros y montoneros. Violencia social en el espacio rural chileno (18501870) (Santiago: LOM, 2014).

27 Véase: Jorge Pinto Rodríguez, “El bandolerismo en La Frontera, 1880-1920. Una aproximación al tema”, en Araucanía. Temas de historia fronteriza, editado por Sergio Villalobos y Jorge Pinto Rodríguez (Temuco: Universidad de La Frontera, 1989), 101-122; Leonardo León, “Los bandidos del arcaísmo: criminalidad en la Araucanía, 1880-1900”. Boletín de Historia y Geografía n.° 16 (2002): 49-102.

28 Pinto, “El bandolerismo”, 121.

29 Pat O’Malley, “Class Conflict. Land and Social Banditry: Bushranging in Nineteenth Century Australia”. Social Problems 26, n.° 3 (1979): 271-283, doi: dx.doi.org/10.2307/800453 30 “Secuelas de daños acarrea la ocupación de terrenos”, El Diario Austral, Temuco, 1 de diciembre, 1970, 11.

31 “Carabineros intensifica en la zona lucha contra los cuatreros”, El Diario Austral, Temuco, 5 de diciembre, 1967, 11.

32 “Carabineros detuvo banda de cuatreros”, El Diario Austral, Temuco, 4 de septiembre, 1973, 10, y “Policía limpia la zona de cuatreros”, El Diario Austral, Temuco, 8 de septiembre, 1973, 13.

33 “Abigeos y policías se batieron a tiros”, El Diario Austral, Temuco, 10 de diciembre, 1971, 1.

34 “Con ayuda del ejército combatirán cuatrerismo”, El Diario Austral, Temuco, 28 de octubre, 1971, 9.

35 Pinto, La formación, 217-218.

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en Lautaro), donde se produjo un enfrentamiento entre carabineros e indígenas cuando los primeros intentaron detener a un acusado por abigeato36.

El sustento económico de los cuatreros eran el contrabando de animales y la venta ilegal de carne. El primero también tenía una larga tradición en Chile, tanto en la región de La Araucanía como en las comarcas del Valle Central, siendo su principal destino Argentina37. Según el subsecretario de Tierras y Colonización, la causa de la pervivencia de esta actividad en Cautín durante los años sesenta era la falta de infraestructuras para controlar la totalidad de los pasos cordilleranos de la provincia: “esta provincia tiene por lo menos siete pasos cordilleranos utilizables para el arreo de ganado y que sólo dos están habilitados con puestos fronterizos […]. Es decir, que por cinco otros boquetes cordilleranos el contrabando de animales hacia Argentina está libre y sin control alguno”38.

La venta ilegal de carne se realizaba en mataderos clandestinos que se abastecían de animales robados. La existencia de estos establecimientos tampoco era nueva en el país, y desde el siglo XIX hay referencias de la extensión de esta actividad en Chile39. Ya en el siglo XX, el asunto seguía teniendo plena vigencia, como bien muestra el hecho de que en 1954 se promulgó una ley para combatir la existencia de mataderos ilegales40. En el caso de Cautín, estos mataderos se concentraban en la capital provincial41 y faenaban carne cuyo destino eran los mercados urbanos del país, incluido Santiago, como sucedía, por ejemplo, con el matadero desmantelado en enero de 1973 cerca de Temuco, donde “Los sujetos actuaban en combinación con transportistas que trasladaban la carne a la capital con las cajas bien envueltas y disimuladas en el interior de la carga de camiones de transporte”42.

En definitiva, durante la década del setenta, y a pesar de las políticas de modernización política y social, todavía pervivía en Cautín una notable actividad cuatrera heredada del viejo bandolerismo de La Frontera. No obstante, conviene no olvidar que en aquellos años el cuatrerismo era una expresión de rebeldía campesina en retroceso, todo lo contrario de lo que sucedía con las nuevas formas de protesta campesina de carácter colectivo vinculadas al asociacionismo y la reivindicación de derechos sociales y laborales.

36 “Cuatro policías heridos en lucha contra mapuches”, El Diario Austral, Temuco, 23 de septiembre, 1968, 8.

37 José Bengoa, Historia social de la agricultura chilena. Tomo I. El poder y la subordinación (Santiago: Ediciones Sur, 1988), 187.

38 “Contrabando de ganado a Argentina por Cautín”, El Diario Austral, Temuco, 22 de noviembre, 1971, 9.

La permeabilidad de la frontera andina ha sido un factor histórico para el desarrollo del comercio ilegal de ganado entre Chile y Argentina. Véase: Susana Debattista, Carla Gabriela Bertello y Carlos Gabriel Rafart, “El bandolerismo rural en la última frontera: Neuquén 1890-1920”. Estudios Sociales n.° 14 (1998): 134-137, doi: dx.doi.org/10.14409/es.v14i1.2400 39 Igor Goicovic Donoso, Relaciones de solidaridad y estrategia de reproducción social en la familia popular del Chile tradicional (1750-1860) (Madrid: CSIC, 2006), 111.

40 Ministerio de Economía, “Ley 11564”, Santiago, 17 de agosto de 1954, en BCN, Santiago-Chile <http://bcn. cl/1uzsk>.

41 “Of. Nº 1711. Sobre control de mataderos clandestinos”, Temuco, 8 de octubre de 1971, en Archivo Regional de la Araucanía (ARA), Temuco-Chile, Intendencia de Cautín, Sección Intendencia de Cautín, vol. 353.

42 “Descubierto matadero clandestino en fundo”, El Diario Austral, Temuco, 19 de enero, 1973, 10.

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3. Sindicalismo campesino y huelga agraria: las expresiones modernas de la protesta campesina La eclosión de la cuestión social en Chile durante los primeros años de la década de 1920 permitió el surgimiento de las primeras asociaciones y los iniciales conflictos campesinos vinculados al movimiento obrero43. Las consecuencias socioeconómicas de la crisis de 1929 no hicieron otra cosa que favorecer la expansión del asociacionismo campesino en diversos puntos del país, entre ellos La Araucanía, donde en aquellos años se crearon el Sindicato Agrícola de Lonquimay, en 1929, y el Sindicato de Aspirantes a Colonos e Inquilinos de Cautín, en 193944, y se produjo la más importante revuelta campesina conocida en el país: la revuelta de Ranquil45. Sin embargo, a pesar de estos incipientes avances, en los años posteriores, y salvo determinadas coyunturas políticas que permitieron su expansión puntual, el movimiento campesino chileno se destacó más por sus ausencias que por sus presencias, y sólo hasta la década de 1960, a raíz de las políticas reformistas del gobierno de Frei, y específicamente de la ley de sindicación campesina, se produjo una expansión del sindicalismo en las zonas rurales de Chile46. De este modo, si en 1966 existían en el país 201 sindicatos campesinos, con poco más de 10.000 afiliados, en 1970 el número de sindicatos aumentó a 510, con más de 114.000 asociados, y en 1973 se llegó a 870 sindicatos, que alcanzaron los casi 230.000 campesinos sindicalizados47.

Este sindicalismo se constituyó en torno a tres grandes organizaciones. La primera se creó en 1965, de la mano de los sectores más progresistas de la Iglesia católica, bajo la denominación Confederación Nacional Campesina “Libertad”. Frente a ella surgirán, ya al amparo de la nueva ley de sindicación campesina, la Confederación Nacional de Trabajadores Agrícolas “Triunfo Campesino”, impulsada por el gobierno democratacristiano de Eduardo Frei, y la Confederación Nacional de Campesinos e Indígenas “Ranquil”, que aglutinaba los sindicatos de inspiración socialista y comunista. Estas dos últimas confederaciones asumieron de inmediato el liderazgo del sindicalismo campesino chileno, por estar vinculadas a los gobiernos existentes entre 1967 y 1973. De este modo, si la Confederación “Triunfo Campesino” fue la principal organización sindical campesina del país hasta 1970, cuando alcanzó los 64.000 afiliados, a partir de ese año, con el cambio de gobierno, fue la Confederación “Ranquil” la que obtuvo el liderazgo, alcanzando en 1971 los 97.782 asociados48.

La provincia de Cautín también vivió este proceso de expansión del sindicalismo campesino. Si en 1967 sólo había 1.648 campesinos sindicalizados, en 1970, tras tres años de aplicación de la ley de sindicación campesina, esta cifra se cuadruplicó llegando a 6.474 repartidos en 26 sindicatos. La mayoría de éstos, 20 sindicatos y 5.111 afiliados, se integraban en la Federación Provincial de Tra43 Igor Goicovic Donoso, “Surco de sangre, semilla de redención. La revuelta campesina de La Tranquilla”. Valles n.° 3 (1997): 59-87.

44 Ernesto Bohoslavsky, “Desempleo, organización y política. Los trabajadores rurales del sur chileno frente a la Gran Depresión”. Anuario de Estudios Americanos 59, n.° 2 (2002): 541-563, doi: dx.doi.org/10.3989/aeamer.2002.v59.i2.185 45 Germán Palacios Ríos, Ranquil. La violencia de la expansión de la propiedad agrícola (Santiago: ICAL, 1992).

46 Santana Ulloa, Agricultura chilena, 181-182.

47 María A. Huerta, Otro agro para Chile. La historia de la Reforma Agraria en el proceso social y político (Santiago: Cisec, 1989), 376.

48 Bruna, “Chile: las luchas”, 111-113.

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bajadores Agrícolas “Presidente Frei”, fundada en 196749, la cual, como su propio nombre indica, se integraba en el entonces sindicalismo oficialista de la Confederación “Triunfo Campesino”50.

La expansión del sindicalismo campesino provincial continuó tras el cambio de tendencia política del gobierno en septiembre de 1970. Así, en 1971 se duplicaron las cifras de afiliaciones respecto al año anterior alcanzando los 12.739 campesinos. Esta expansión se debió esencialmente, del mismo modo que ocurrió en el resto del país, al impulso que tuvo la creación de sindicatos afines a la UP, integrados en la Federación Provincial de Trabajadores Agrícolas “Luis E. Recabarren”51, que a su vez formaba parte de la Confederación “Ranquil”. De los 6 sindicatos izquierdistas que existían en 1970 se pasó a 19 en 1971. Aun así, y al contrario de lo que sucedió en el conjunto de Chile, en Cautín la organización sindical campesina más importante siguió siendo la vinculada al Partido Demócrata Cristiano (PDC), esto es, la Federación “Presidente Frei”, que en 1971 tenía más de 7.000 afiliados, frente a los 5.700 de la “Luis E. Recabarren”52.

La conformación del asociacionismo es uno de los elementos esenciales para la difusión de la acción colectiva de movimientos sociales nacionales53; de ahí que la expansión del sindicalismo campesino en Chile durante finales de la década de 1960 se reflejó de forma casi paralela en la expansión de las protestas colectivas campesinas, la mayor parte de ellas relacionadas con reclamaciones económico-laborales, que de manera específica demandaban aumento de salarios54. A través de la gráfica 1 se puede ver cómo los campesinos chilenos comenzaron a utilizar la huelga de forma generalizada a partir de 1966, incluso antes de la promulgación de la ley de sindicación campesina en 1967, la cual no sólo legalizaba los sindicatos, sino también la huelga. Por lo tanto, no puede decirse que la generalización de las huelgas agrícolas fuera consecuencia directa de la ley de sindicación campesina, sino que es un fenómeno bidireccional, esto es, impulsado desde abajo por los campesinos que plantearon conflictos para resolver sus problemas laborales; y desde arriba, por el deseo de las autoridades de encauzar esos conflictos por la vía legal.

Cautín también acogió huelgas campesinas, aunque muchas menos que en otras partes del país55. De hecho, sólo se han constatado nueve huelgas campesinas, todas desarrolladas a escala comunal y predial, principalmente en comunas en el suroriente de Temuco (Vilcún, Cunco y Freire). Sin embargo, esto no quiere decir que en Cautín no existieran conflictos sindicales campesinos, sino que éstos tuvieron otras vías de resolución56 como la negociación colectiva de pliegos de peticiones. Dentro de dichos conflictos se destacó una serie de conflictos que se desarrollaron a escala provincial afectando a decenas e incluso centenares de fundos y miles de campesinos, prin49 “Formada la Federación Provincial de Sindicatos de Trabajadores Agrícolas”, El Diario Austral, Temuco, 15 de octubre, 1967, 11.

50 “Realidad organizacional del movimiento sindical campesino. Departamento Sindical INDAP”, junio de 1971, en ARA, Intendencia de Cautín, vol. 344.

51 Rolf Foerster y Sonia Montecino, Organizaciones, líderes y contiendas mapuches (Santiago: Ediciones CEM, 1988), 314-317.

52 “Informe del número de socios de los diversos sindicatos de trabajadores agrícolas”, Temuco, 15 de septiembre de 1971, en ARA, Intendencia de Cautín, vol. 344.

53 Tarrow, El poder, 105-110.

54 Barraclough y Fernández, Diagnóstico, 195.

55 Véase la tabla de Huerta, Otro agro, 335-336.

56 Se trata de “formas de movilización menos militante”, Ranahit Guha, Las voces de la historia y otros estudios subalternos (Barcelona: Crítica, 2002), 44.

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cipalmente con ocasión de las negociaciones salariales de cara a los trabajos estivales. La extensión de esta acción sindical a escala provincial es un buen reflejo de la capacidad del campesinado para adaptarse a las nuevas formas de movilización colectiva que se generalizaron por aquellos años.

Gráfica 1. Huelgas agrícolas y tomas de fundos en Chile, 1960-1971

1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

1960 1961

1962 1963 1964

1965 1966

Huelgas

1967 1968

1969 1970

1971

Tomas

Fuente: Bruna, “Chile: las luchas”, 115-116 y 131.

La mayor parte de estos conflictos fueron impulsados por la Federación “Presidente Frei”, la cual —como se advirtió— era la principal central sindical campesina de Cautín. Así, en 1968, 3.500 trabajadores de alrededor de 200 fundos plantearon un pliego de peticiones de carácter colectivo reclamando aumento salarial, negociación que terminó con un rápido acuerdo57. El acta firmada tenía vigencia hasta abril de 1969, por lo que este año se planteó un nuevo pliego de peticiones58.

En esta ocasión no sólo no hubo un rápido acuerdo, sino que con el tiempo el conflicto aumentó en sus dimensiones: si a mediados de febrero afectaba a 62 fundos de la provincia, tres semanas más tarde implicaba a más de 12059. Finalmente se llegó a un acuerdo el 21 de marzo, donde se establecieron “reajustes de un 30 por ciento en dinero o salarios que regían el 31 de diciembre de 1968”, poniendo fin a un conflicto que afectó “a no menos de 5 mil obreros del campo”60.

Como esta última acta de avenimiento tenía vigencia hasta el 28 de febrero de 1971, sólo hasta entonces se plantearon nuevas demandas salariales, en concreto, que “El salario diario mínimo se fijara en la suma de Eº 27”61. El contexto de efervescencia social que vivía Cautín por aquellos días se dejó sentir en la magnitud del conflicto, tanto por el número de predios implicados, 24462, como por la duración, ya que hasta el 26 de abril no se alcanzaron acuerdos en la totalidad de los 57 “Solucionado conflictos de los sindicatos agrícolas”, El Diario Austral, Temuco, 7 de febrero, 1968, 1.

58 “Conflicto en 62 fundos tratará Junta el lunes”, El Diario Austral, Temuco, 14 de febrero, 1969, 9.

59 “Más de 120 conflictos agrícolas en Cautín”, El Diario Austral, Temuco, 19 de marzo, 1969, 9.

60 “Acuerdo por 2 años entre empleadores y campesinos”, El Diario Austral, Temuco, 28 de marzo, 1969, 9, y “Acta de avenimiento que puso término al conflicto agrícola”, El Diario Austral, Temuco, 6 de abril, 1969, 8.

61 “Pliego de peticiones de trabajadores agrícolas”, El Diario Austral, Temuco, 8 de enero, 1971, 8.

62 “Junta conoce hoy 244 conflictos agrícolas”, El Diario Austral, Temuco, 2 de abril, 1971, 11.

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conflictos abiertos, por entonces 9863. En esta ocasión el convenio tenía vigencia hasta el 31 de marzo de 1972, pero, al contrario de lo ocurrido en otras ocasiones, en ese año no hubo conflicto laboral alguno, lo que no quiere decir que los sindicatos campesinos no plantearan más conflictos, sino que modificaron su naturaleza, sustituyéndose las demandas sociolaborales por políticas, y pasando de ser iniciativas de organizaciones provinciales a convocarse a escala nacional.

La primera de ellas fue la huelga general campesina del 12 de mayo de 1970, convocada por las tres grandes confederaciones sindicales campesinas del país (“Libertad”, “Triunfo Campesino” y “Ranquil”), que no sólo reivindicaron derechos sociolaborales (incumplimientos de las leyes sociales y de los jornales mínimos), sino también demandas políticas, tanto desde el punto de vista de la política agraria (aceleración reforma agraria) como de la política general (condena del asesinato de un funcionario de la Corporación de Reforma Agraria [CORA] por parte de un grupo de latifundistas durante un acto de expropiación)64. Este paro tuvo poca repercusión en Cautín, y sólo fue secundado por algunos campesinos de las comunas de Villarrica, Loncoche y, sobre todo, Vilcún65.

Una huelga exclusivamente política fue el paro de veinticuatro horas que convocó la Confederación “Triunfo Campesino” para el 29 de diciembre de 1971, en oposición a la política agraria del gobierno de la UP, que concretamente rechazó la formación de Centros de Reforma Agraria y Consejos Campesinos (que eran órganos de representatividad campesina creados por el Gobierno), y pidió la dimisión del ministro de Agricultura66. En esta ocasión, el paro sí tuvo una importante repercusión en Cautín y la prensa provincial hablada, con 15.000 campesinos adheridos67. Aunque esta cifra puede ser exagerada, más si tenemos en cuenta el carácter opositor del periódico, a tenor de la documentación gubernamental consultada, la movilización tuvo notable seguimiento, y se produjeron además numerosos disturbios en forma de bloqueos de carreteras y vías de ferrocarril68.

La última movilización huelguística de importancia que ocurrió en Cautín sucedió en octubre de 1972, y también tuvo motivaciones únicamente políticas. En este caso fue la Federación de Asentamientos Campesinos (vinculada a la Federación “Presidente Frei”), quien convocó para el día 24 a un paro de 72 horas, en apoyo del paro nacional de transportistas, iniciado el 11 del mismo mes69. Dicha convocatoria tuvo éxito sobre todo en las comunas de Freire y Vilcún70. El 29 del mismo mes, la Confederación “Triunfo Campesino” aumentó la presión de la protesta anunciando un paro indefinido que se iniciaría el día 31; según sus declaraciones: “ante la negativa del señor Presidente de la República a dar solución a los problemas de los gremios que se encuentran en conflicto estando dentro de éstos gremios nuestra Con63 “Surgió solución para 98 predios agrícolas”, El Diario Austral, Temuco, 15 de mayo, 1971, 8.

64 Octavio Avendaño, “Los partidos frente a la cuestión agraria en Chile, 1967-1973”. Política 52, n.° 1 (2014): 110, doi: dx.doi.org/10.5354/0716-1077.2014.33100 65 “Telegrama nr. 1025”, Temuco, 12 de mayo de 1970, en ARA, Intendencia de Cautín, vol. 319; y “Telegrama nr.

1029”, Temuco, 12 de mayo de 1970, en ARA, Intendencia de Cautín, vol. 319.

66 “Proclamas del paro campesino del 29 de diciembre”, Santiago, diciembre de 1971, en ARA, Intendencia de Cautín, vol. 378.

67 “Quince mil campesinos paralizaron en Cautín”, El Diario Austral, Temuco, 30 de diciembre, 1971, 1 y 8.

68 “Of. Res. Nº 85. Da cuenta de siguientes hechos provocados por campesinos afiliados a la Federación ‘Presidente Frei’”, Temuco, 29 de diciembre de 1971, en ARA, Intendencia de Cautín, vol. 378.

69 “Agricultura se suma al paro”, El Diario Austral, Temuco, 24 de octubre, 1972, 8.

70 “Telegrama nr. 297”, Padre Las Casas, 18 de octubre de 1972, en ARA, Intendencia de Cautín, vol. 397; “Telegrama nr. 298”, Padre Las Casas, 18 de octubre de 1972, en ARA, Intendencia de Cautín, vol. 397; y “Telegrama nr. 299”, Padre Las Casas, 19 de octubre de 1972, en ARA, Intendencia de Cautín, vol. 397.

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federación al igual que otras organizaciones campesinas como son la Confederación de Asentamientos y Cooperativas de Reforma Agraria, etc.”71. No obstante, esta última convocatoria no prosperó porque a los pocos días el nuevo ministro de Agricultura llegó a un acuerdo con los convocantes72.

En resumen, el campesinado de Cautín asumió desde 1967 las nuevas formas de movilización mediante la conformación de sindicatos, pero frente a la preponderancia de los sindicatos socialistas y comunistas y la utilización de la huelga campesina que se dio en el conjunto de Chile, sobre todo a partir de la conformación del gobierno de la UP, en la provincia de estudio se mantuvo la influencia mayoritaria de sindicatos vinculados al PDC y se utilizó preferentemente la negociación colectiva de pliegos de peticiones para resolver los conflictos sociolaborales planteados.

4. Tomas de fundos: entre la tradición y la modernidad Como ya se señaló, más allá del sindicalismo y la huelga, la otra gran expresión de conflictividad campesina que se extendió en Chile entre 1967 y 1973 fue la ocupación ilegal de tierras73. En este sentido, las tomas de fundos no eran nuevas en el país, sino que ya habían sido utilizadas desde tiempo atrás, en especial por comunidades mapuches que reclamaban la restitución de sus tierras ancestrales, tal y como ocurrió en 1933 en terrenos de la Sociedad Agrícola El Budi y la Sociedad Toltén74. También se produjeron algunas tomas indígenas en los primeros años de la década del sesenta, como sucedió en 1961 en el fundo Chihuahue de la provincia de Malleco; en 1962, en el mismo fundo Chihuahue, y en los fundos Pangal y Huape (provincia de Arauco) y Hueñalihuén (Cautín); y en 1963, en los fundos El Manzano (Cautín), El Potrero (Arauco) y Los Sauces (Malleco)75.

A pesar de todo, éstos fueron conflictos aislados y puntuales, y sólo hasta 1969 las tomas se generalizaron, concretamente en el entorno rural de Santiago, donde tuvieron lugar 81 ocupaciones (de las 148 registradas en el país). En aquel tiempo se estaban modificando las prioridades en las demandas de los campesinos de Chile. Frente a las reivindicaciones salariales, se comenzó a exigir participación en la reforma agraria. Este cambio de intereses supuso un cambio de estrategia en la protesta, que de manera progresiva abandonó la negociación colectiva y la huelga por la ocupación ilegal de terrenos, ya que si los primeros eran instrumentos válidos en la resolución de conflictos laborales, la toma tenía más utilidad real y simbólica para reivindicar la expropiación de terrenos76.

La importancia de las demandas territoriales aumentó a raíz de la campaña presidencial de 1970, cuando la intensificación del proceso de reforma agraria se convirtió en uno de los ejes centrales del debate político nacional77. De este modo, en 1970 las tomas de fundos se extendieron

71 “Paro indefinido iniciarán mañana los campesinos”, El Diario Austral, Temuco, 30 de octubre, 1972, 5.

72 “Confederación Triunfo Campesino conversó con el ministro Calderón”, El Diario Austral, Temuco, 9 de noviembre, 1972, 5.

73 Un estudio más profundo de las tomas de fundos en la provincia en Jesús-Ángel Redondo Cardeñoso, “Las tomas de fundos en la provincia de Cautín (Chile), 1967-1973”. Cuadernos de Historia n.° 42 (2015): 153-178, doi: dx.doi.org/10.4067/S0719-12432015000100006 74 José Bengoa, Historia social de la agricultura chilena. Tomo II. Haciendas y campesinos (Santiago: Ediciones Sur, 1990), 171.

75 Foerster y Montecino, Organizaciones, líderes, 302-304, y Correa, Molina y Yáñez, La Reforma Agraria, 92-96.

76 Klein, Antecedentes; Barraclough y Fernández, Diagnóstico.

77 James Petras, Política y fuerzas sociales en el desarrollo chileno (Buenos Aires: Amorrortu, 1971), 327-328.

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a otras provincias del país, en especial de la zona sur (Valdivia, Osorno, Llanquihue y también Cautín), aumentando el número total de ocupaciones hasta 456. No obstante, sólo hasta 1971 (con 1.278 casos) las tomas de fundos alcanzaron su cénit, convirtiéndose en la principal expresión de protesta campesina del país (gráfica 1)78. Su generalización es otra muestra del dinamismo de la protesta campesina, ya que si bien la ocupación de tierra ha sido considerada como una expresión de protesta tradicional79, ésta fue utilizada por el campesinado chileno para demandar acceso a la tierra amparándose en los derechos obtenidos con la nueva ley de reforma agraria.

Del mismo modo que aconteció con la evolución del sindicalismo campesino, Cautín reflejó la tendencia nacional. En este sentido, si se siguen utilizando los datos de Susana Bruna80, se observa que en la provincia apenas ocurrieron dos tomas de fundos en 1968 y otras dos en 1969; siendo 54 en 1970, y 112 en 1971. En total, 170 tomas entre 1967 y 1971. Sin embargo, las fuentes en que se basan estas cuantificaciones son de carácter nacional, por lo que no logran reflejar la verdadera dimensión de los conflictos ocurridos en las provincias. Por ello, al utilizar documentación regional se ha cuantificado un total de 234 ocupaciones ilegales para ese mismo período (1967-1971); y 320 para 1967 y 1973. Estas cifras son una muestra evidente de la importancia de los estudios de ámbito regional para obtener una mejor comprensión de los conflictos campesinos.

Una distribución trimestral de las tomas de fundos en la provincia (gráfica 2) muestra que la primera oleada se inició en julio-septiembre de 1970, con doce ocupaciones. Pero fue claramente a partir de los últimos meses del año cuando se produjo una eclosión de los conflictos, que pervivió hasta finales del verano de 1971. Después, y hasta finales de año, se produjo un lento pero progresivo descenso del número de ocupaciones; y aunque en 1972 y 1973 este descenso se hizo todavía más patente, las tomas no llegaron a desaparecer, por lo que esta expresión de protesta influyó en la agenda política provincial hasta la instauración del régimen militar.

Gráfica 2. Distribución trimestral de las tomas de fundos en la provincia de Cautín, 1967-1973 60 50 40 30 20 10 0 ene. -mar. 67 abr. -jun 67 jul. -sep. 67 oct. -dic. 67 ene. -mar. 68 abr. -jun. 68 jul. -sep. 68 oct. -dic. 68 ene. -mar. 69 abr. -jun. 69 jul. -sep. 69 oct. -dic. 69 ene. -mar. 70 abr. -jun. 70 jul. -sep. 70 oct. -dic. 70 ene. -mar. 71 abr. -jun. 71 jul. -sep. 71 oct. -dic. 71 ene. -mar. 72 abr. -jun. 72 jul. -sep. 72 oct. -dic. 72 ene. -mar. 73 abr. -jun. 73 jul. -sep. 73

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Fuente: elaboración propia a partir de El Diario Austral y ARA, Intendencia de Cautín.

78 Las cifras en Bruna, “Chile: las luchas”, 115-116.

79 Tarrow, El poder, 77-78.

80 Bruna, “Chile: las luchas”, 115-116, quien los toma de Klein, Antecedentes.

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Si se realiza un acercamiento a los sujetos que participaron en las ocupaciones, lo primero por destacar es su origen étnico. Así, la mitad de las tomas de fundos fueron llevadas a cabo por mapuches, que convirtieron esta expresión de protesta en su preferida para plantear conflictos. No obstante, y frente a los recientes estudios que se han centrado de manera exclusiva en el análisis del conflicto mapuche, hay que destacar que los campesinos criollos protagonizaron hasta el 46% de ocupaciones.

La diferenciación étnica tuvo su reflejo en las demandas planteadas por uno u otro grupo. Los mapuches reivindicaron mayormente (68%) la restitución de tierras indígenas usurpadas, es decir, plantearon un conflicto étnico frente a la cuestión campesina general81, ya que no reclamaban sólo tierras, sino las tierras de sus ancestros, las que fueron usurpadas a las comunidades durante el proceso de colonización de la región, que más allá de su valor económico tenían un valor identitario y religioso82. Esta lucha no era nueva, y, ya desde los años veinte, buena parte de las comunidades emprendieron acciones judiciales planteando demandas por usurpación de tierras83. Con todo, esta estrategia tuvo escasos resultados y generó entre los indígenas un sentimiento de frustración y desconfianza que terminó por reflejarse en las tomas acaecidas durante el período de estudio.

Así, si el conflicto no era nuevo, las ocupaciones de tierra por parte de mapuches tampoco, como ya se vio para inicios de la década de los sesenta. Sin embargo, sólo hasta la segunda mitad de 1970, al amparo del ciclo de conflictividad existente en el país, se extendieron los conflictos indígenas, principalmente en Cautín, conformándose con ello el primer gran conflicto indígena generalizado que vivió Chile desde la época de la ocupación militar de La Araucanía. En estas ocupaciones quedó fielmente reflejado ese sentimiento de frustración y desconfianza, como muestra la ocupación del fundo El Vergel (en Lautaro), llevada a cabo por indígenas de la comunidad Coliqueo-Huenchual, porque consideraban que esos terrenos les pertenecieron a sus antepasados, según “documentos entregados por Juzgados de Indios de Temuco y fechados en 1900 a 1906”84; o la toma de terrenos del fundo Casas Viejas por parte de mapuches de la comunidad Briceño Molfinqueo, quienes señalaban que esas tierras les pertenecían a sus antepasados, las cuales fueron adquiridas por los dueños legales “en mala forma” en 191385.

Los campesinos criollos, por su parte, aunque también centraron la mayor parte de sus tomas (48%) en la demanda de tierra, tenían un concepto de la toma de carácter socioeconómico y la consideraban como el principal medio para mejorar sus condiciones de vida, y reclamaban su participación en los procesos de expropiación de la reforma agraria. Así, campesinos del sindicato “Manuel Rodríguez”, vinculado al PDC, tomaron los fundos Los Copihues, Oregón y Licura, en

81 Sergio Caniuqueo, “Siglo XX en Gulumapu: de la fragmentación del Wallmapu a la unidad nacional mapuche, 1880 a 1978”, en ¡¡Escucha, winka…!! Cuatro ensayos de historia nacional mapuche y un epílogo sobre el futuro, editado por Pablo Marimán, Sergio Caniuqueo, José Millalén y Rodrigo Levil (Santiago: LOM, 2006), 190.

82 Iván Inostroza Córdova, “El concepto de propiedad de la tierra en la tradición mapuche”. Educación y Humanidades 2, n.° 1 (2011): 101-133.

83 Foerster y Montecino, Organizaciones, líderes, 13.

84 “Los mapuches han usurpado mil hectáreas de terrenos”, El Diario Austral, Temuco, 3 de septiembre, 1970, 11; “Minuta Confidencial. Antecedentes en relación con tomas de tierras en la provincia de Cautín, en especial en el departamento de Lautaro”, Temuco, 1 de diciembre de 1970, en ARA, Intendencia de Cautín, vol. 419.

85 “Telegrama nr. 1984”, Temuco, 31 de agosto de 1970, en ARA, Intendencia de Cautín, vol. 319; “Indígenas se tomaron fundo”, El Diario Austral, Temuco, 15 de diciembre, 1970, 5; “40 indígenas se tomaron el fundo ‘Casas Viejas’”, El Diario Austral, Temuco, 16 de diciembre, 1970, 6.

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Nueva Imperial, con el objeto de “ejercer presión sobre Reforma Agraria”86. Además, los campesinos criollos plantearon otra serie de demandas en sus tomas, donde primaron siempre las reivindicaciones socioeconómicas. Entre ellas destaca la resolución de conflictos laborales, lo cual fue especialmente utilizado por los trabajadores de fundos-aserraderos, como sucedió con los obreros del fundo La Serena, en Galvarino, quienes denunciaban “bajas remuneraciones, otorgamiento de nuevo contrato hasta el 31 de marzo de 1971, atraso en las libretas del Servicio de Seguro Social, no cancelación de la semana corrida, no otorgamiento de feriado”87; o la simple petición de trabajo, como hicieron diversos comités de cesantes como el creado en Vilcún, quien patrocinó hasta seis tomas por este motivo88.

En resumen, a través de las tomas de fundos se articularon dos conflictos paralelos pero bien diferenciados, uno de los cuales (el mapuche) tenía un claro componente étnico de larga tradición, mientras que el otro (el criollo) tenía un carácter más clasista, y surgió a raíz de las políticas reformistas de la década de 1960.

Otro de los aspectos por analizar es la vinculación de los ocupantes con organizaciones políticas y/o sindicales. En este sentido, los estudios que se han acercado al tema han relacionado la acción de los ocupantes de predios de Cautín con la actividad política de organizaciones revolucionarias, en especial del Movimiento Campesino Revolucionario (MCR), filial campesina del Movimiento de Izquierda Revolucionario, y también, en menor medida, del Netuaiñ Mapu, filial campesino-indígena del maoísta Partido Comunista Revolucionario. Si bien es cierto que esta afirmación es válida para lugares específicos (como Lautaro89 o la costa de Carahue90), no puede extrapolarse al conjunto de la provincia.

El número de tomas protagonizadas por organizaciones revolucionarias no significó más del 29% del total. Por su parte, la participación de otro tipo de organizaciones no revolucionarias alcanzó cifras similares (31%). Entre éstas destacan partidos políticos de la UP (Comunista, Socialista, MAPU) o asociaciones laborales como pequeños sindicatos de trabajadores agrícolas de muy diversa tendencia ideológica; así como comités de cesantes, como el ya mencionado de Vilcún. Aun así, lo más significativo es que la documentación no deja constancia de la participación directa o indirecta de organización alguna en el 40% de las tomas. Es decir, en la década de 1970 todavía tenían suma importancia en la gestación de conflictos los ámbitos cotidianos de relación social, como era la comunidad indígena o la sociabilidad informal criolla en el fundo o la villa, los cuales habían sido tradicionalmente los espacios de creación de identidades y solidaridades, moldeamiento de conciencias políticas, articulación de demandas y planteamiento de acciones de protesta91.

86 “Boletín nº 14. Ocupación de tres predios en zona Chol Chol”, Temuco, 14 de abril de 1971, en ARA, Intendencia de Cautín, vol. 387.

87 “Tomado aserradero cerca de Galvarino”, El Diario Austral, Temuco, 16 de marzo, 1971, 6.

88 Por ejemplo: “Dos nuevas tomas de fundos”, El Diario Austral, Temuco, 5 de febrero, 1971, 1 y 5; “Tomado por un día fundo Santa Julia”, El Diario Austral, Temuco, 22 de junio, 1971, 7; “Telegrama nr. 1822”, Temuco, 23 de julio de 1971, en ARA, Intendencia de Cautín, vol. 388; y “Telegramas nros. 235 y 252”, Temuco, 10 y 31 de julio de 1972, en ARA, Intendencia de Cautín, vol. 397.

89 Steenland, Agrarian Reform.

90 Mallon, La sangre.

91 Igor Goicovic Donoso, “Consideraciones teóricas sobre la violencia social en Chile (1850-1930)”. Última Década 12, n.° 21 (2004): 121-145, doi: dx.doi.org/10.4067/S0718-2236.2004.000200006

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Un último aspecto por analizar sobre las tomas de fundos es la presencia de una notable actividad violenta contra las personas. De este modo, las tomas de fundos, junto al cuatrerismo, son las expresiones de protesta que monopolizaron el ejercicio de la violencia en la conflictividad campesina de la provincia, lo cual es una clara muestra del carácter tradicional de ambos tipos de acciones92. La importancia de la violencia en los conflictos por ocupaciones de tierras no se debió tanto al elevado número de enfrentamientos violentos (apenas 28 casos, frente a las 320 tomas registradas), sino a la cualidad de la violencia ejercida. En este sentido, es llamativo ver que esos escasos enfrentamientos violentos se saldaron con seis muertos —un carabinero, un agricultor y cuatro ocupantes— y más de treinta heridos. Veintitrés de esos enfrentamientos violentos (entre ellos todos los episodios que terminaron con víctimas mortales) fueron causados por la reacción armada de los propietarios, o bien para repeler una ocupación, o bien para recuperar fundos ya tomados (retomas)93. Es decir, que la violencia generada a raíz de las ocupaciones ilegales de tierras tuvo que ver más con la reacción de los propietarios en defensa de sus terrenos que con la acción de los ocupantes. Estos propietarios actuaron en grupos conformados por familiares y amigos, operando por su cuenta y riesgo, al margen de cualquier organización94, sobre todo contra indígenas y/u organizaciones revolucionarias. Por lo tanto, la violencia ejercida en los fundos de Cautín fue fruto de acciones puntuales llevadas a cabo por individuos o grupos de individuos que tenían una mentalidad racista y clasista heredada de la época de la ocupación, cuando la violencia interpersonal era uno de los principales instrumentos de resolución de conflictos sociales en La Araucanía95.

En síntesis, el análisis de las tomas de fundos ocurridas en Cautín entre 1967 y 1973 muestra que, del mismo modo que sucedió con la evolución del sindicalismo, el campesinado de la provincia se sumó a la tendencia nacional que llevó a las tomas de fundos a ser la principal expresión de protesta campesina del país a partir de 1969. No obstante, en Cautín se vuelven a percibir peculiaridades respecto a la tónica nacional. Aquí las tomas de fundos no sólo sirvieron para articular la demanda de la tierra por parte de los campesinos criollos que querían ser partícipes en el proceso de reforma agraria, sino que también fueron utilizadas por los mapuches para hacer visibles sus demandas sobre las tierras usurpadas a las comunidades. Es decir, a través de una misma expresión de protesta se plantearon dos conflictos paralelos, uno de carácter socioeconómico y otro de índole etnoeconómica. En ambos casos, no puede decirse que fueran impulsados mayoritariamente por la acción política de grupos revolucionarios —tal y como ha apuntado la mayoría de los estudios al respecto—, ya que en dichos conflictos no sólo participó otro tipo de asociaciones no revolucionarias, sino que en muchos casos sus protagonistas actuaron al margen de cualquier tipo de asociación, gestionando los conflictos de modo autónomo.

A modo de conclusión Entre 1967 y 1973 se produjo en Chile un intenso ciclo de conflictividad social que tuvo una notable incidencia en el campo, tal y como analizaron numerosos investigadores sociales ya en la

92 Tarrow, El poder, 184-187.

93 Sobre la acción de los terratenientes de Cautín véase: Carter, “Narratives of Nation”, 127-164.

94 Gall, “The Agrarian”.

95 Leonardo León, La violencia mestiza y el mito de la pacificación, 1880-1900 (Santiago: Arcis, 2005).

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década de 1970. Uno de los principales focos de ese ciclo fue la provincia de Cautín, la cual, al ser la provincia chilena con mayor presencia indígena, también acogió la mayor parte de los conflictos étnicos. Por ello, la región de La Araucanía, y Cautín en particular, ha sido objeto de investigaciones recientes que han estudiado los conflictos mapuches durante el período referido. A pesar de su valía, todos estos estudios han manifestado visiones estáticas y uniformes: si los primeros supeditaron los conflictos campesinos a la teoría de la lucha de clases obviando los conflictos no vinculados al movimiento obrero y/o a los partidos de izquierda o revolucionarios, los segundos han limitado su foco de atención a los conflictos étnicos, olvidándose de aquellos protagonizados por campesinos criollos.

En este artículo, a través del estudio exhaustivo de documentación del ámbito regional, se ha podido acceder a una percepción mucho más compleja de los conflictos campesinos e indígenas vividos en Cautín. Estos sujetos utilizaron muy diversas expresiones de conflicto, desde tradicionales formas de rebeldía campesina vinculada a actividades delictuales (cuatrerismo) hasta modernas formas de movilización colectiva basadas en el asociacionismo (sindicalismo) y el planteamiento de protestas legalizadas (pliegos de peticiones); pasando por expresiones de protesta que, aunque tenían un carácter tradicional (tomas de fundos), fueron utilizadas tanto para reivindicar demandas tradicionales de larga data (la devolución de las tierras indígenas usurpadas) como para reclamar nuevos derechos adquiridos por reformas políticas (participación en la reforma agraria). Es decir, la protesta campesina e indígena en Cautín destacó no por su uniformidad, sino por su heterogeneidad y diversidad.

Es más, al analizar los sujetos que participaron en estos conflictos se observa una realidad aún más compleja. Por un lado, dependiendo del origen étnico de los protagonistas, existieron percepciones diferenciadas de los conflictos: si los campesinos criollos plantearon demandas basadas en presupuestos socioeconómicos, los indígenas lucharon por la tierra atendiendo no sólo a su valor económico, sino también, y especialmente, a su valor etnocultural. Por otro lado, si se atiende a sus influencias políticas, los campesinos e indígenas asumieron posicionamientos diversos e incluso contradictorios: desde quienes se vincularon a la democracia cristiana hasta los que protagonizaron ocupaciones ilegales al amparo de organizaciones revolucionarias. Entre estos extremos, no sólo otros se vincularon con asociaciones legalistas (partidos políticos, sindicatos u otro tipo de organizaciones), sino que incluso un destacado número participó en los conflictos de forma autónoma, al margen de cualquier tipo de organización formal, gestando su participación política en los espacios tradicionales de sociabilidad informal.

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ReseĂąas

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Preciado, Bibiana. Canalizar para industrializar.

La domesticación del río Medellín en la primera mitad del siglo XX. Bogotá: Uniandes, 2015, pp. 98 Vladimir Sánchez-Calderón

Universidad del Rosario, Colombia Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA), Colombia doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit63.2017.09

El libro de Bibiana Preciado, Canalizar para industrializar. La domesticación del río Medellín en la primera mitad del siglo XX, indaga las transformaciones que experimentó el río Medellín, producto de su participación en la industrialización y urbanización de la capital antioqueña en Colombia.

En especial, se concentra en analizar el proceso de rectificación del cauce, un proyecto que fue visto como estratégico por varios actores sociales de comienzos del siglo XX para afrontar los retos que imponían el crecimiento urbano y la expansión industrial en la ciudad. La autora enmarca, de manera acertada, su investigación dentro de la historia ambiental urbana, un campo académico joven, en especial en Colombia y América Latina. Así, aunque existan varios y reconocidos estudios realizados sobre el río Medellín y su relación con la ciudad, identificados y referenciados adecuadamente en el texto, el enfoque que le da al libro es innovador. Su intención es poner de manifiesto las formas en que el río, sus afluentes, el clima de la cuenca y sus dinámicas hidrológicas participaron activamente en su proceso de transformación, y como tales, fueron elementos que generaron obstáculos y retos a quienes esperaban controlar y domesticar al río, en beneficio de un proyecto inmobiliario e industrial.

De esa manera, el libro dialoga con una bibliografía creciente que analiza las relaciones históricas entre ríos y ciudades1, y se apoya y contribuye a esta. Al hacerlo, permite ver que el caso de Medellín no fue único en los contextos nacional, latinoamericano y mundial, sino que hizo parte de un momento de transformación de los entornos urbanos, producto de cambios económicos y demográficos similares. Sin embargo, Preciado logra identificar las peculiaridades del caso medellinense, algunas de las cuales tuvieron que ver con las características del río a su paso por la ciudad, y otras, con la localización de ciertos equipamientos urbanos que presionaron la expansión urbana sobre las márgenes del curso de agua. Así, pues, demuestra cómo el entorno de la ciudad tuvo un papel esencial en las decisiones sobre la expansión urbana. La ciudad seguía creciendo, y a finales del siglo XIX se enfrentó con una encrucijada: “De un lado estaba la necesidad cada vez más apremiante, de expandir la frontera urbana y, del otro lado, las pendientes escarpadas de las montañas al oriente y el río al occidente, que constreñían el crecimiento de la ciudad” (p. 4). Aunque montañas 1

Por ejemplo, Christof Mauch y Thomas Zeller, eds., Rivers in History: Perspectives on Waterways in Europe and North America (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2008); Stephane Castonguay y Matthew Evenden, eds., Urban Rivers: Remaking Rivers, Cities, and Space in Europe and North America (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2012); Mark Cioc, The Rhine: An Eco-Biography, 1815-2000 (Seattle: University of Washington Press, 2002); Martin Knoll, Uwe Lubken y Dieter Schott, eds., Rivers Lost, Rivers Regained. Rethinking CityRiver Relations (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press [en prensa]).

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Preciado, Bibiana. Canalizar para industrializar.La domesticación del río Medellín en la primera mitad del siglo XX Vladimir Sánchez-Calderón

y río representaban desafíos técnicos importantes, finalmente se optó por intervenir la parte plana del segundo. A diferencia de lo que pasó en otras ciudades ribereñas como Nueva York, París, Londres o Buenos Aires, donde las modificaciones de los ríos tuvieron como uno de los ejes principales garantizar el transporte fluvial, en el caso de Medellín (aunque también vale para Bogotá y parcialmente para Cali), localizada en las montañas andinas, su búsqueda por conectarse con el mercado mundial, antes que con el nacional, se basó en la modificación del río para establecer un ferrocarril que sirviera para exportar el café.

En el libro se identifican dos momentos de intervención. El primero de ellos, que incluyó la construcción del ferrocarril, se concentró en Guayaquil, un sector cercano al río y donde se realizaron las principales inversiones inmobiliarias y productivas, incluidas la plaza de mercado y la estación del tren. El segundo momento implicó el paso de la ciudad al otro lado del río, conocido desde tiempo atrás como “Otrabanda” y que correspondió a la fase de industrialización más fuerte de la ciudad y a la construcción de nuevos barrios para distintos grupos sociales. Para su estudio, la opción metodológica utilizada por la autora se basa en la distinción entre aquellas “fuerzas que impulsaron el proyecto” y aquellas que “lo frenaron” o que por lo menos lo obstaculizaron (p. 12).

Las fuerzas impulsoras constituyen el centro de análisis del primer capítulo, mientras que las que ofrecieron resistencia son el eje del segundo. Así, en el primero de los dos capítulos que componen la obra se estudian con detenimiento el crecimiento demográfico y, sobre todo, el proyecto industrial y comercial de algunos grupos de la élite antioqueña. Igualmente, dentro de este grupo de factores se incluyen los cuerpos profesionales de médicos e ingenieros que dotaron de autoridad científica a los requerimientos económicos que estaban detrás de la rectificación del cauce del río.

Con este propósito, el río Medellín se volvió “una amenaza”, y sus usuarios más asiduos, que iban desde lavanderas hasta balseros y extractores de cascajo del lecho del río, fueron invisibilizados en el discurso oficial. Este aspecto puntual, el de los usos previos a la intervención “modernizadora”, es un aporte importante en el desarrollo del trabajo, pues varias de las historias de la transformación de los ríos urbanos se concentran en analizar la historia de esa relación río-ciudad, como si iniciara con esos proyectos, desconociendo así los usos anteriores, normalmente asociados con grupos populares, fortaleciendo así una visión de progreso y modernización.

Mientras que en el segundo capítulo, la autora distingue tres tipos de “fuerzas que frenaron” el desarrollo de la iniciativa: las dinámicas propias del río —y sus afluentes— y el régimen de lluvias; las divergencias entre los conceptos de los ingenieros sobre dónde y cómo canalizar; y por último, los pleitos e indemnizaciones que debió enfrentar el municipio por los daños causados en las propiedades ribereñas. Es en este segundo capítulo donde se puede evidenciar más el aporte del libro.

Por un lado, se demuestra que el río y su cuenca fueron partícipes activos que “reaccionaron” a las intervenciones que se hacían; por el otro lado, Preciado es lo suficientemente clara para evitar las acusaciones que suelen hacerse a la historia ambiental, de proponer que los elementos naturales son actores de la historia.

Se muestra entonces que el río Medellín y sus afluentes no se sometían a las intervenciones planeadas por ingenieros y médicos, no porque actuaran conscientemente —vengándose de los humanos—, sino porque su dinámica misma así lo permitía. En tal sentido, el río y sus afluentes se “adaptan” a unas nuevas condiciones, pero esa adaptación puede no ser la esperada, tal y como sucedió en el caso analizado. Por esa misma indeterminación, dichas consecuencias no intencionadas de la intervención fueron objeto de controversia científica y técnica entre los ingenieros, las cuales incidieron en la demora en la ejecución del proyecto. Por último, la adaptación del río

Hist. Crit. No. 63 · Enero-marzo · Pp 183-186 · ISSN 0121-1617 · e-ISSN 1900-6152 doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit63.2017.09

a su nuevo cauce fue un proceso que tomó más tiempo y requirió ampliar el área inicialmente planeada. A lo largo de ese proceso, las avenidas —comunes en los meses de lluvia— solían destruir parte de las obras adelantadas e inundaban los predios ribereños, que en muchos casos eran propiedad de miembros de la misma élite urbana. Frente a esos daños, los propietarios de los predios instauraron demandas que duraron, en algunos casos, varios años y representaron gastos inesperados para el presupuesto del proyecto.

Para finalizar, un último aspecto por resaltar del libro es que permite ver las bondades de una formación interdisciplinaria, que puede observarse en el caso de la autora: historiadora, y el libro, fruto de su tesis de Maestría en Geografía. De ahí que a lo largo del texto se denote una integración creciente entre ambas disciplinas, aunque también se revelen las tensiones propias de dicha intención. Así, la autora propone al inicio realizar su análisis a partir de la cuenca y del lugar como conceptos guía. Sin embargo, no logra ninguno de los dos cometidos a cabalidad, lo cual es producto de la dificultad de superar la división sociedad-naturaleza que continúa haciendo parte de la formación profesional en ciencias sociales. Así, en este libro, la cuenca urbana sigue siendo considerada fundamentalmente “natural”, mientras que el lugar se considera como una “construcción social”. El cuestionamiento a ambos supuestos puede servir como punto de partida para avanzar en la comprensión de la articulación inherente entre “lo humano” y lo “no humano” en el análisis histórico. Por un lado, una cuenca que pasa por una ciudad no puede ser considerada únicamente en función de sus dinámicas “naturales”, sino en función de la transformación y readaptación que la urbe hace del río. No sólo los proyectos de rectificación, sino la construcción de las redes de acueducto y alcantarillado, por ejemplo, inciden en el comportamiento hídrico del río. Por otra parte, el lugar debería ser considerado no sólo como el resultado de dinámicas sociales o humanas, sino más bien como “[…] configuraciones cambiantes dentro de las dinámicas espacio-temporales más generales de los procesos socio-ecológicos”2.

No obstante, la autora avanza en otros frentes de la articulación disciplinaria. Primero, realiza un análisis multiescalar del proyecto de rectificación del río: así, para explicar las transformaciones del curso del río combina dinámicas y elementos de escalas internacionales —como la inserción de la economía del café al mercado mundial— con otros de escalas más regionales como la dinámica hídrica de la cuenca del río Medellín y los procesos migratorios del departamento; y con otros más locales, como la localización de equipamientos urbanos e industriales. Segundo, junto al análisis riguroso de información primaria derivada de la búsqueda en archivos locales y regionales principalmente, donde se resalta el excelente material fotográfico recabado para demostrar varios de sus planteamientos. Como resultado, Preciado articula, entre otros, las condiciones geológicas y el régimen climático de la cuenca, y logra expresar los cambios del río en varios mapas temáticos elaborados para la investigación.

Por último, el estudio se aleja de aquellas propuestas que tienden a enfatizar las consecuencias ambientales negativas de la urbanización, y conforme a esto —a una tendencia más reciente de la historia ambiental— busca comprender el proceso de cambio urbano, más que únicamente valorar los resultados3. El proyecto de rectificación terminaría por llevarse a cabo, y el río se convertiría en 2

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Vladimir Sánchez-Calderón, “La naturaleza en la historia. Tendencias y cambios en la historia ambiental: 1970-2010”, en Semillas de historia ambiental, editado por Stefania Gallini (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia/Jardín Botánico de Bogotá “José Celestino Mutis”, 2015), 39-73.

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Preciado, Bibiana. Canalizar para industrializar.La domesticación del río Medellín en la primera mitad del siglo XX Vladimir Sánchez-Calderón

el eje central de la organización espacial y del sistema vial del valle de Aburrá. Pero el dominio y el control del río y sus afluentes fueron y han sido parciales, requiriendo una supervisión y un mantenimiento constantes. Así, la obra de Preciado constituye una referencia necesaria para aquellas personas interesadas en enriquecer la comprensión del proceso de urbanización del siglo XX en Colombia y en América Latina.

❧ Vladimir Sánchez-Calderón Docente catedrático de la Universidad del Rosario y de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA, Colombia). Geógrafo y Magíster en Economía por la Universidad Nacional de Colombia, Magíster y Doctor en Historia por la Universidad de los Andes (Colombia). Miembro de los grupos de investigación UMBRA: Espacio, Cultura y Sociedad (Categoría A de Colciencias) e Historia Ambiente y Política (Categoría A de Colciencias). Entre sus publicaciones se encuentran: “An ‘Informal’ River? The Urbanization of Bogotá and the Transformation of the Tunjuelo River in the 20th Century”, en Rivers Lost, Rivers Regained. Rethinking City-River Relations, editado por Martin Knoll, Uwe Lubken y Dieter Schott (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press [en prensa]); y “La naturaleza en historia. Tendencias y cambios en la incorporación de la naturaleza en la historia ambiental: 1970-2010”, en Semillas de historia ambiental, editado por Stefania Gallini (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia/Jardín Botánico “José Celestino Mutis”, 2015), 39-73. fvsanchezc@gmail.com o fabisanc@uniandes.edu.co

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Palacios, Marco, coordinador. Negocios, empresarios y entornos políticos en México 1827-1958. México: El Colegio de México, 2015, 291 pp.

Julio César Zuluaga

Pontificia Universidad Javeriana, Cali, Colombia doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit63.2017.10

En una interesante reflexión a inicios de la década de 1990, Louis Galambos —profesor del Departamento de Historia de Johns Hopkins University— preguntaba a los asistentes de una conferencia de historia empresarial “qué puede hacernos pensar que podemos colocar otra vez los negocios dentro de la historia americana”1. Con dicha pregunta, lanzada al debate en el contexto de finalización de la Guerra Fría y de predominio de tendencias historiográficas que privilegiaban la especialización y fragmentación, Galambos pretendía hacer un llamado para reintroducir la historia empresarial en el centro de los estudios históricos norteamericanos. Casi tres décadas después, especial relevancia y actualidad conserva el llamado del profesor Galambos para el contexto de la historiografía empresarial latinoamericana, joven área de investigación a la cual están ingresando cada vez más historiadores interesados en estudiar la dinámica empresarial en perspectiva histórica. Después de casi tres décadas de predominio de perspectivas de disciplinas como la administración, la psicología y la economía en los estudios sobre el empresariado latinoamericano2, recientemente los historiadores han comenzado a estudiarlo con su propia caja de herramientas, sus propios problemas, enfoques y teorías.

Un ejemplo de ello es la nueva mirada sobre los negocios latinoamericanos editada y coordinada por Marco Palacios, profesor del Colegio de México y miembro del grupo Historia y Empresariado de la Universidad de los Andes (Colombia). Negocios, empresarios y entornos políticos en México 1827-1958 es el resultado de un trabajo final de estudiantes de Historia en un seminario doctoral realizado en el Colegio de México por María Ángeles Cortés, Grissel Ortega, Marcela Mijares, Paulina Martínez, Gabriel Martínez, Óscar Barrera y Arturo Valencia. A lo largo de siete capítulos, precedidos de un prólogo escrito por Palacios, estos autores analizan las actividades empresariales desarrolladas en México por cinco empresarios, un gerente y una empresaria de diversas nacionalidades —un británico, un estadounidense, un suizo y cuatro mexicanos—, en diversos sectores —minería, comercio, hotelería, entretenimiento, construcción— y en diferentes momentos durante el período que va de 1827 a 1958.

En esta reseña se recomienda su lectura por los originales aportes a la literatura de historia de empresarios y su uso como material docente en cursos de historia empresarial. Tiene la virtud de que a lo largo de los siete capítulos se caracterizan rasgos que son transversales al empresariado 1 Louis Galambos, “What Makes Us Think We Can Put Business Back into American History?”. Business and Economic History (1992): 1-11.

2 Carlos Dávila, Empresariado en Colombia: perspectiva histórica y regional (Bogotá: Universidad de los Andes, 2012).

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Palacios, Marco, coordinador. Negocios, empresarios y entornos políticos en México 1827-1958 Julio César Zuluaga

latinoamericano, al tiempo que se avanza de manera novedosa en dimensiones poco estudiadas.

En primer lugar, la importancia de enmarcar el análisis de la actividad empresarial en la familia, “fuente primaria de socialización y adiestramiento” (p. 12), mecanismo de transmisión de conocimientos y de perdurabilidad del negocio, así como estructura de coordinación de la actividad económica en sí misma. Así, los estudios no se limitan al análisis de empresarios individuales — una de las limitaciones de la historiografía de empresarios en Latinoamérica que es común en los enfoques biográficos—, sino que son enmarcados en el proceso de formación o no de “dinastías empresariales”. De manera específica, los capítulos sobre Banamex, los Guggenheim y los Peralta aportan a la literatura sobre familias empresariales, poco estudiadas pero fundamentales en el tipo de capitalismo latinoamericano que ha sido llamado “familiar”3.

Pero también se destaca la adopción de un enfoque centrado en el entorno en el que los empresarios desarrollan sus actividades, entendido como “cultura local y nacional, entramado económico, legal y político”. De manera especial, los estudios —menos el de la empresaria Esperanza Iris— muestran la importancia de analizar las características y los cambios del entorno político como determinantes del desempeño y origen-supervivencia de los empresarios. Así, los autores ayudan a comprender el hecho de que las oportunidades de negocios latinoamericanas no surgen principalmente de desarrollos tecnológicos, sino de comportamientos rentistas-clientelistas y de estrategias de negocios centradas en múltiples formas de intervención en la política como manera de asegurar el éxito. Por ejemplo, es claro en la experiencia del político-empresario Almazán, ya que su éxito no residía en “asesores ni en la calidad y costo de su trabajo, sino en el apoyo oficial” (p. 230).

Igual de importante es el análisis de los altos niveles (“excesivos”, en el caso de Mackintosh) de diversificación como estrategia de asunción del riesgo-incertidumbre, por un lado, y como limitaciones de un entorno de negocios que ofrece pocas posibilidades de acumulación en una sola actividad, por el otro (ausencia de economías de escala y alcance). Al tiempo que ofrece contraejemplos, el caso de Esperanza Iris (“Carcho” Peralta en menor medida), que logra mantenerse y ser exitosa en los negocios sin recurrir a la diversificación o a la política. Asimismo, el análisis de las actividades de empresarios extranjeros —como los Guggenheim— en economías en proceso de transición al capitalismo, que transfiriendo capital, tecnología, experiencia y conocimiento ayudaron a definir y dinamizar el mundo de los negocios en el “largo siglo XIX” latinoamericano.

La obra aporta, además, al analizar nuevas dimensiones de la vida de los empresarios, que van más allá de las centradas en la conducta económica, haciendo uso de fuentes notariales, diarios, prensa, correspondencia, documentos de gobierno, actas de junta, balances contables y libros de época. Por ejemplo, en el prólogo se discuten “los conceptos adecuados” para hacer historia de empresarios en Latinoamérica al proponer un enfoque relacional-multidisciplinar, centrado en el análisis del “nicho empresarial” propuesto por Fredrik Barth, que enfatiza el análisis de la posición y las estrategias del empresario en relación con los recursos, los competidores y los clientes. Aquí se defiende una historiografía empresarial centrada en los procesos de agencia y formación de capacidades empresariales, en contraposición a los enfoques estructuralistas, centrados en el análisis de la configuración de los mercados, los sistemas institucionales y fiscales y su incidencia 3 Excepción es el estudio reciente que desarrolla un enfoque sociológico, editado por Paloma Pérez Fernández y Andrea Lluch, Familias empresarias y grandes empresas familiares en América Latina y España: Una visión de largo plazo (Bilbao: Fundacion BBVA, 2015).

Hist. Crit. No. 63 · Enero-marzo · Pp 187-190 · ISSN 0121-1617 · e-ISSN 1900-6152 doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit63.2017.10

en la actividad empresarial. Y es así también como se critica la tendencia a “emplear indiscriminadamente” conceptos del enfoque chandleriano y schumpeteriano al estudio del empresariado latinoamericano. Para los autores, sin duda, resulta más fructífera la perspectiva de Cantillon, que permite analizar cómo un empresario orienta y controla su conducta en pos del lucro y el reconocimiento social, “cómo enfrenta el ambiente de incertidumbre que suele reinar en los planos económico, social, discursivo y político” (p. 15).

Otros aportes merecen ser resaltados, como los intentos de incorporar explicaciones de naturaleza sociológica sobre las actividades hoteleras del empresario “Carcho” Peralta y de entretenimiento teatral de la empresaria Esperanza Iris, quienes supieron identificar y explotar las oportunidades de negocios en su época al ofrecer un espacio de “distinción” social a la naciente burguesía mexicana. Pero el aporte más importante que subyace en el libro consiste en que sugiere una agenda de investigación centrada en la relación entre el entorno político, las estrategias que desarrollan los empresarios para reducir el riesgo e incertidumbre derivados de los procesos de cambio político, y el impacto que estas tienen en la supervivencia y el desempeño de sus empresas.

Aunque el contexto y su relación con los negocios tienen una larga tradición en los estudios de historia empresarial latinoamericana, a través de las biografías de los empresarios dicha relación puede ser explorada en detalle, estudiando cómo los empresarios desarrollan o no la capacidad de leer la complejidad de su entorno político, adaptan y despliegan estrategias de reducción de la incertidumbre que determinan su desempeño.

Así, pues, los autores muestran en diferentes grados de detalle cómo el entorno de negocio durante el período estuvo atravesado por procesos rápidos y bruscos de cambio político, y cómo esto afecto —de manera positiva y negativa— el desempeño de los empresarios, dependiendo de su capacidad de leer el entorno político y desarrollar estrategias de adaptación a dichos cambios. Por ejemplo, la caída del gobierno del porfiriato a causa de la revolución fue una fuente de inestabilidad importante para los negocios de estos empresarios, que se dedicaban a diferentes actividades que iban desde el comercio hasta la construcción de caminos, la minería, la hotelería y el entretenimiento teatral. Esta inestabilidad dio lugar al surgimiento de dos tipos de empresarios: por un lado, los que pudieron leer los cambios en el entorno político o se vieron favorecidos por ellos, logrando mantener sus negocios a flote, y por el otro, los negociantes que no tuvieron la capacidad de seguir influyendo en los mercados politizados o que se vieron afectados por el cambio en la correlación de fuerzas políticas del convulsionado inicio de siglo XX mexicano.

Como toda obra, los siete estudios tienen limitaciones y aspectos susceptibles de ser abordados en otras investigaciones. Visto en conjunto, la mayor debilidad del libro reside en que es difícil para el lector inferir el modelo conceptual que sostiene los estudios, así como las implicaciones teóricas para la comprensión del empresariado latinoamericano de los hallazgos presentados a partir de las siete biografías. Asimismo, ninguno de los estudios desarrolla todas las implicaciones de sus hipótesis en términos de política pública o formación del espíritu emprendedor. Por lo que hubiera sido deseable que los estudios aquí comentados hubieran dejado lo suficientemente explícitas las estrategias y prácticas que les han permitido a algunos empresarios destacarse en el difícil entorno de negocios latinoamericano, al tiempo que las implicaciones y lo negativo para la supervivencia empresarial de las estrategias basadas en la captura de rentas y del Estado, que fueron estudiadas en algunos capítulos del libro. Un capítulo que recogiera y sintetizara los hallazgos de los siete empresarios habría facilitado la tarea y logrado un mayor aporte del libro. Para finalizar, un problema de investigación importante que se evidencia pero no aborda el libro está asociado

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Palacios, Marco, coordinador. Negocios, empresarios y entornos políticos en México 1827-1958 Julio César Zuluaga

con el problema de la endogeneidad en la formulación de las reglas de juego, que ha hecho que no hayan sido los mecanismos de mercado los que determinen el éxito en el negocio sino la capacidad de influencia en la política. La formación de los llamados “mercados politizados” y las altas relaciones con la política del empresariado son temas que requieren mayor atención a fin de poder comprender uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico latinoamericano.

❧ Julio César Zuluaga Profesor de tiempo completo de la Pontifica Universidad Javeriana (Cali, Colombia). Historiador de la Universidad del Valle (Colombia), Magíster en Estudios Organizacionales y Doctor en Administración de la Universidad de los Andes (Colombia). Integrante del grupo de investigación Historia y Empresariado (Categoría A1 en Colciencias). Entre sus publicaciones se destacan, en coautoría con Mauricio Losada-Otálora, “Derramamientos sectoriales de conocimiento e innovación en la industria manufacturera colombiana: un análisis multinivel”. Innovar 23, n.° 27 (2013): 19-32, y, con Iván Darío Sánchez y Fernando Barrios Aguirre, “Ambiente regional y desempeño innovador de las firmas. Una propuesta de análisis multinivel”. Estudios Gerenciales 28, Edición especial (2012): 169-189. julio. zuluaga@javerianacali.edu.co

Los árbitros de este número de la revista fueron: Francisco Albizú-Labbé, Université de Toulon, Francia Enrique Aliste, Universidad de Chile Francisco Araos Leiva, Universidad de los Lagos, Chile José Daniel Cesano, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina Carlos Choque Mariño, Universidad de Tarapacá, Chile Javier Corrales, Amherst College, Estados Unidos José Ignacio Cruz Orozco, Universitat de València, España Anna María Fernández Poncela, UAM-Xochimilco, México Sara González Gómez, Universitat de les Illes Balears, España Gilberto Loaiza Cano, Universidad del Valle, Colombia Daniela Lucena, Universidad de Buenos Aires, Argentina José Ramón Marcaida, University of Cambridge, Reino Unido Eugenia Molina, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina Cristina Moyano, Universidad de Santiago de Chile María Inés Mudrovcic, Universidad Nacional del Comahue, Argentina Marco Palacios, El Colegio de México Sabina Pavone, Università di Macerata, Italia Juan Pimentel Igea, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC, España Sergio Pujol, Universidad Nacional de La Plata, Argentina Arturo G. Rillo, Universidad Autónoma del Estado de México Carlos A. Romero, Universidad Central de Venezuela Pedro Ruiz Torres, Universitat de València, España Cristina Soriano, Villanova University, Estados Unidos Fernando Torres-Londoño, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brasil Luis Fernando Trejos Rosero, Universidad del Norte, Colombia Camilo Eduardo Umaña, Universidad Externado de Colombia Ximena Valdés Subercaseaux, Centro de Estudios para el Desarrollo de la Mujer, Chile Alonso Valencia Llano, Universidad del Valle, Colombia

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Políticas editoriales

Normas para los autores Tipo de artículos, fechas y modalidad de recepción

Historia Crítica tiene como objetivo publicar artículos inéditos de autores nacionales y extranjeros, que contribuyan al estudio de la Historia y al de las Ciencias Sociales y Humanas, para una mejor comprensión de los entornos sociales, políticos, económicos y culturales del pasado y del presente. En este sentido, busca fortalecer la investigación histórica, la reflexión y la elaboración de balances historiográficos actualizados, que permitan construir diálogos en la comunidad académica nacional e internacional. La Revista es una publicación trimestral (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre), que se publica al inicio de cada período señalado, creada en 1989 y financiada por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes (Colombia).

La Revista publica artículos en español, inglés y portugués, también recibe la versión inicial a evaluar en idiomas como francés, italiano y alemán.

Los artículos aprobados en estos idiomas deben ser traducidos por el autor a una de las tres lenguas declaradas por la Revista. Los artículos publicados cuentan con un número de identificación DOI, que de acuerdo con las políticas editoriales internacionales, debe ser citado por los autores que utilizan los contenidos, al igual que el título abreviado de la Revista: Hist. Crit.

• Las fechas de recepción de artículos de Tema libre y para los Dossiers se informan en las respectivas convocatorias.

• Los artículos y otros contenidos (reseñas, ensayos bibliográficos, entrevistas, etcétera) deben ser remitidos al correo electrónico hcritica@uniandes.edu.co • Los artículos enviados a Historia Crítica no pueden estar simultáneamente en proceso de evaluación en otra publicación.

• La Revista somete todos los artículos que recibe en sus convocatorias a la herramienta de detección de plagio. Cuando se detecta total o parcialmente plagio (sin la citación correspondiente), el texto no se envía a evaluación y se notifica al autor el motivo del rechazo.

• Teniendo en cuenta la cantidad de artículos que recibe Historia Crítica en cada convocatoria, no se publican artículos de un mismo autor en un período de dos años.

Evaluación de los artículos y proceso editorial

A la recepción de un artículo, el Equipo Editorial evalúa si cumple con los requisitos básicos exigidos (normas de citación y presentación formal), así como su pertinencia para figurar en una publicación de carácter histórico (objetivo, marco teórico, metodología, conclusiones y bibliografía). A continuación, los artículos se someten a la evaluación de dos árbitros anónimos, nacionales e internacionales (al menos el 50% con afiliación internacional) y al concepto del Equipo Editorial. Durante la evaluación, tanto los nombres de los autores como los de los evaluadores se mantienen en el anonimato. Los resultados de la evaluación se informan a los autores en un plazo máximo de seis meses a partir de la recepción del artículo, en caso de superar este tiempo la Revista se comunica con los autores. La decisión final de publicar o rechazar los artículos se notifica por medio de un concepto escrito emitido por el Equipo Editorial.

Los autores deben realizar los ajustes solicitados por los evaluadores y el Equipo Editorial en el plazo que se le señale. Luego de recibir el artículo modificado, se les informa a los autores acerca de su aprobación. La Revista se reserva la última palabra sobre la publicación de los artículos y el número en el cual se incluye, lo que depende del cumplimiento en la entrega de la documentación solicitada. La revista Historia Crítica no cobra a los autores los costos de los procesos editoriales.

Durante el proceso de edición, los autores pueden ser consultados por el Equipo Editorial para resolver las inquietudes existentes. No obstante, la Revista se reserva el derecho de hacer correcciones menores de estilo. En el proceso de evaluación y de edición, el correo electrónico constituye el medio de comunicación privilegiado con los autores.

Los autores de los textos aceptados autorizan a la Universidad de los Andes, mediante la firma del ‘Documento de autorización de uso de derechos de propiedad intelectual’, la utilización de los derechos

Políticas Editoriales

patrimoniales de autor (reproducción, comunicación pública, transformación y distribución), para incluir el texto en Historia Crítica (versión impresa y versión electrónica). En este mismo documento los autores confirman que el texto es de su autoría, inédito, y que en el mismo se respetan los derechos de propiedad intelectual de terceros.

Los autores reciben dos ejemplares del número en el que participan.

Procedimiento con las reseñas y los ensayos bibliográficos

Historia Crítica procede de dos formas para conseguir reseñas. Por un lado, los autores pueden remitir sus reseñas al correo electrónico de la Revista. Lo mismo se aplica a los ensayos bibliográficos. Por otro lado, la Revista recibe libros a su dirección postal (Cra. 1 No. 18 A- 10, Edificio Roberto Franco, of. GB-417, Bogotá, Colombia) previo aviso por correo electrónico e indicando nombres de posibles reseñadores.

Las reseñas deben ser críticas y versar sobre libros pertinentes para la disciplina histórica, las ciencias sociales y humanas que hayan sido publicados en los cinco últimos años. Los ensayos bibliográficos deben discutir críticamente una, dos o más obras. Las reseñas y los ensayos bibliográficos son sometidos a revisión del Equipo Editorial y, de ser aprobados, a eventuales modificaciones.

Presentación general de los artículos

• Los artículos no deben tener más de once mil palabras (18-22 páginas) incluyendo resumen, notas de pie de página, bibliografía, cuadros, gráficas, ilustraciones, fotografías y mapas.

• Letra Times New Roman tamaño 12, a espacio sencillo, con márgenes de 3 cm, paginado y en papel tamaño carta.

• Las notas van a pie de página, en letra Times New Roman tamaño 10 y a espacio sencillo.

• En la primera página, debe figurar un resumen en español de máximo 100 palabras. El resumen debe ser analítico (presentar los objetivos del artículo, su contenido y sus resultados).

• El resumen, las palabras clave y el título deben presentarse también en inglés.

• Luego del resumen, se debe adjuntar un listado de tres a seis palabras clave, que se eligen preferiblemente en el Thesaurus de la Unesco (http:// databases.unesco.org/thessp/) o, en su defecto, en otro thesaurus reconocido cuyo nombre debe informarse a la Revista. Cuando una palabra no se encuentre normalizada en Thesaurus, debe señalarse.

• El nombre del autor no debe figurar en el artículo.

• Los datos del autor deben entregarse en un

documento adjunto e incluir nombre, dirección, teléfono, dirección electrónica, grupo o líneas de investigación (si aplica), títulos académicos, afiliación institucional, cargos actuales y publicaciones en libros y revistas.

• Es necesario indicar de qué investigación es resultado el artículo y si contó o no con financiación.

• Cuando los contenidos utilizados tengan un número de identificación DOI, éste debe incluirse en el listado de referencias.

Presentación general de las reseñas y de los ensayos bibliográficos

Las reseñas y los ensayos bibliográficos deben presentarse a espacio sencillo, en letra Times New Roman tamaño 12, con márgenes de 3 cm y en papel tamaño carta. Las obras citadas en el texto deberán ser referenciadas a pie de página. La extensión de las reseñas es de hasta tres páginas y los ensayos bibliográficos entre 8 y 12 páginas.

Reglas de edición

• Las subdivisiones en el cuerpo del texto (capítulos, subcapítulos, etcétera) deben ir en números arábigos, excepto la introducción y la conclusión que no se numeran.

• Los términos en latín y las palabras en idiomas diferentes al del artículo deben figurar en letra itálica.

• La primera vez que se use una abreviatura, debe ir entre paréntesis después de la fórmula completa; las siguientes veces se usa únicamente la abreviatura.

• Las citas textuales que sobrepasen cuatro renglones deben colocarse en formato de cita larga, entre comillas, a espacio sencillo, tamaño de letra 11 y márgenes reducidos.

• Los párrafos deben ir sin sangría y con espacio entre uno y otro.

• Los cuadros, gráficas, ilustraciones, fotografías y mapas deben aparecer referenciados y explicados en el texto. Deben estar, asimismo, titulados, numerados secuencialmente y acompañados por sus respectivos pies de imagen y fuente(s). Se ubican enseguida del párrafo donde se anuncian.

Las imágenes se entregan en formato digital (jpg o tiff 300 y 240 dpi) en alta resolución. En caso de no cumplir con la calidad solicitada, Historia Crítica no se compromete con su publicación. Es responsabilidad del autor entregar a la Revista el permiso para la publicación de las imágenes que lo requieran.

• Las notas a pie de página deben aparecer en números arábigos.

• Al final del artículo debe ubicarse la bibliografía, escrita en letra Times New Roman tamaño

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Políticas Editoriales

11, a espacio sencillo y numerada. Se organizan en fuentes primarias (archivo, publicaciones periódicas, documentación primaria impresa, entrevistas, etcétera) y secundarias. En la bibliografía deben presentarse en orden alfabético las referencias completas de todas las obras utilizadas en el artículo, que estén referenciados en las notas a pie.

Referencias

Historia Crítica utiliza Chicago Manual of Style, en su última edición, versión Notes and bibliography. A continuación se utilizaran tres abreviaturas que permiten ver las diferencias entre la forma de citar en las notas a pie de página (N), nota abreviada (NA) y en la bibliografía (B):

Libros o partes de libros: De un solo autor N Nombre Apellido(s), Título completo (Ciudad: Editorial, año), páginas consultadas.

NA Apellido(s), Título resumido, páginas consultadas B Apellido(s), Nombre. Título completo. Ciudad: Editorial, año.

Dos o tres autores N Nombre Apellido(s) y Nombre Apellido(s), Título completo (Ciudad: Editorial, año), páginas consultadas.

NA Apellido(s) y apellido(s), Título resumido, páginas consultadas B Apellido(s), Nombre, y Nombre Apellido(s).

Título completo. Ciudad: Editorial, año.

Cuatro o más autores N Nombre Apellido(s) et al., Título completo (Ciudad: Editorial, año), páginas consultadas.

NA Apellido et al, Título resumido, páginas consultadas B Apellido(s), Nombre, Nombre Apellido(s), Nombre Apellido(s) y Nombre Apellido(s).

Título completo. Ciudad: Editorial, año.

Capítulos de libros N Nombre Apellido(s), “Título artículo”, en Título completo, editado/compilado/coordinado por Nombre Apellido(s) y Nombre Apellido(s) (Ciudad: Editorial, año), páginas consultadas.

NA Apellido(s), “Título (resumido) del capítulo”, páginas consultadas.

B Apellido(s), Nombre. “Título artículo”. En Título completo, editado/compilado/coordinado por Nombre Apellido(s) y Nombre Apellido(s).

Ciudad: Editorial, año, páginas consultadas.

Artículo dentro de la compilación N Nombre Apellido(s), Título, editado, compilado o traducido por Nombre Apellido, vols.

(Ciudad: Editorial, año), páginas consultadas.

NA Nombre Apellido(s), Título, páginas consultadas.

B Apellido(s), Nombre. Título, editado, compilado o traducido por Nombre Apellido, volumen(es). Ciudad: Editorial, año.

Introducciones, prefacios o presentaciones N Nombre Apellido(s), Introducción/Prefacio/ Presentaciones a Título Completo (Ciudad: editorial, año), páginas consultadas.

NA Apellido(s), Introducción/Prefacio/Presentaciones a Título resumido, páginas consultadas.

B Apellido(s), Nombre. Introducción/Prefacio/ Presentaciones a Título Completo, de Nombre Apellido, intervalo de páginas. Ciudad: Editorial, año.

Introducciones, prefacios o presentaciones (diferente al autor principal) N Nombre Apellido(s), Introducción/Prefacios/Presentaciones a Título Completo, de Nombre Autor (Ciudad: editorial, año), páginas consultadas.

NA Apellido(s), Introducción/Prefacios/Presentaciones a Título resumido, páginas consultadas.

B Apellido(s), Nombre. Introducción/Prefacios/Presentaciones a Título Completo, de Nombre Apellido, intervalo de páginas.

Ciudad: Editorial, año.

Compilaciones (editor, traductor o compilador además del autor) N Nombre Apellido(s), Título completo, ed./ comp./trad. Nombre y Apellido del compilador (Ciudad: Editorial, año), páginas consultadas.

NA Apellido(s), Título resumido, páginas consultadas.

B Apellido(s), Nombre. Título Completo. Compilado/editado/traducido por Nombre y Apellido. Ciudad: Editorial, año.

Artículos de revista, prensa y tesis Artículo de revistas académicas N Nombre Apellido(s), “Título artículo”. Título revista volumen, n° número (año): páginas consultadas, doi.

NA Apellido(s), “Título (resumido) del artículo”, páginas consultadas.

B Apellido(s), Nombre. “Título artículo”. Título revista volumen, n° número (año): páginas consultadas, doi.

Políticas Editoriales

Número especiales de revistas N Nombre Apellido(s), “Título artículo”, en “Título número especial o dossier revista”, ed., Nombre Apellido(s), dossier o número especial, Título dossier o número especial volumen, n.° número (año): páginas consultadas, doi.

NA Apellido(s), “Título (resumido) del artículo”, páginas consultadas.

B Apellido(s), Nombre. “Título artículo”. Dossier o Número especial, revista volumen, n.° número (año).

Artículo de prensa (con autor o sin él): N Nombre Apellido(s), “Título artículo”, Título periódico, día y mes, año, páginas consultadas [URL, si se toma referencia de internet].

NA Apellido(s), “Título (resumido) del artículo”, páginas consultadas.

B Título periódico. Ciudad, año.

Tesis: N Nombre Apellido(s), “Título tesis” (Tesis de pregrado/maestría/doctorado, Institución, año), páginas consultadas.

NA Apellido(s), “Título (resumido) de tesis”, páginas consultadas.

B Apellido(s), Nombre. “Título tesis”. Tesis pregrado/maestría/doctorado, Institución, año).

Entrevistas y comunicaciones personales Personal N Nombre Apellido(s) entrevistado (profesión), en discusión con el autor, día mes año.

NA Apellido(s) entrevistado, discusión, entrevista.

B Apellido(s) Nombre entrevistado. En discusión con el autor. Día mes año.

Publicada N “Título entrevista”, por Nombre Apellido(s), nombre publicación, fecha de consulta (día mes año), URL o doi.

NA Título (resumido) entrevista.

B “Título entrevista”, por Nombre Apellido(s).

Nombre publicación, fecha de consulta (día mes año), URL o doi. URL o doi.

Correo electrónico N Nombre Apellido(s), correo electrónico al autor, fecha de consulta (día mes año), URL o doi.

NA Apellido(s), correo.

B Nombre Apellido(s), correo electrónico al autor.

Fecha de consulta (día mes año) URL o doi.

Referencias tomadas de internet Si un libro/artículo está disponible en más de un formato, se cita la versión que fue consultada. Para libros se referencia el URL y para artículos el DOI (Digital Object Identifier) o en su defecto el URL. Cuando sea URL se debe poner así: Libros digitales N Nombre Apellido(s) y Nombre Apellido(s), eds., Título completo (Ciudad: Editorial, año), páginas consultadas, doi, URL, Kindle edition, PDF e-book, Microsof Reader e-book (según sea el caso).

NA Apellido(s), Título (resumido) del libro, páginas consultadas.

B Apellido(s), Nombre, y Nombre Apellido(s), eds. Título completo. Ciudad: Editorial, año, doi, URL, Kindle edition, PDF e-book, Microsof Reader e-book (según sea el caso).

Artículo de revistas académicas en línea N Nombre Apellido(s), “Título artículo”. Título revista Vol: No (año): 45, volumen, n.° número (año): páginas consultadas, URL o doi.

NA Apellido(s), “Título (resumido) del artículo”, páginas consultadas.

B Apellido(s), Nombre. “Título artículo”. Título revista volumen, n.° número (año): páginas consultadas, URL o doi.

Páginas de internet Se hace referencia a una colección de documentos (páginas) o de un individuo o de una organización, disponible en una localización específica de la world wide web.

N “Título de la página”, Título del sitio virtual, fecha de consulta (día mes año), URL o doi.

NA “Título (resumido) de la página”.

B “Título de la página”. Título del sitio virtual, URL o doi.

Fuentes de archivo N

Nombre Apellido(s) (si aplica), “Título del documento”, lugar y fecha (si aplica), en Siglas del archivo, Sección, Fondo, vol./leg./t., f. o ff. La primera vez se cita el nombre completo del archivo, la abreviatura entre paréntesis y, enseguida, ciudad-país.

NA Apellido(s), “Título del documento”, fólios o páginas consultadas.

B Nombre completo del archivo (sigla), Ciudad-País.

Sección, Fondo (según corresponda al artículo).

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Políticas Editoriales

Nota: Luego de la primera citación se procede así: Apellido, dos o tres palabras del título, páginas consultadas. No se utiliza Ibid., ibidem, cfr. ni op. cit.

Políticas éticas Publicación y autoría:

La revista Historia Crítica es financiada por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes (Colombia). La oficina de la Revista está ubicada en el Edificio Franco (GB-417). La dirección de la página web es https://historiacritica.uniandes.edu.co, el correo electrónico hcritica@uniandes.edu.co y el teléfono de contacto 3394949, extensión 3716.

La Revista tiene la siguiente estructura: Equipo Editorial —compuesto por el Director del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes (Colombia), Editor y Gestor Editorial—, Consejo Editorial (Comité Editorial y Comité Científico), Comité de Revistas de la Facultad y equipo de soporte administrativo y técnico. Los miembros del Consejo Editorial son evaluados bianualmente en función de su prestigio en la disciplina y producción académica.

Los artículos presentados a Historia Crítica deben ser originales e inéditos y no deben estar simultáneamente en proceso de evaluación ni tener compromisos editoriales con ninguna otra publicación. Si el autor de un artículo publicado en Historia Crítica quiere incluirlo posteriormente en otra publicación (revista, compilación o libro) debe contar con la autorización del Editor señalar los datos de la publicación original. Asimismo, cuando la Revista tenga interés en reproducir un artículo previamente publicado, se compromete a pedir la autorización correspondiente a la editorial donde apareció por primera vez.

Responsabilidades de los autores:

Los autores deben remitir los artículos al siguiente correo electrónico: hcritica@uniandes.edu.co en las fechas establecidas en cada convocatoria. La Revista tiene normas para los autores, de acceso público, con los requisitos para la presentación de artículos, reseñas y ensayos bibliográficos, así como las reglas de edición. Pueden consultarse en: Política Editorial o al final de la versión impresa de la Revista.

Aunque el Equipo Editorial es responsable de aprobar los artículos con base en criterios de calidad, rigurosidad investigativa y teniendo en cuenta las evaluaciones realizada por dos pares académicos, nacionales e internacionales, los autores son los res-

ponsables de las ideas allí expresadas, así como de la idoneidad ética del artículo. Los autores tienen que hacer explícito que el texto es de su autoría y que en el mismo se respetan los derechos de propiedad intelectual de terceros. También es responsabilidad de los autores asegurarse de tener las autorizaciones para usar, reproducir e imprimir el material que no sea de su propiedad/autoría (cuadros, gráficas, mapas, diagramas, fotografías, etcétera).

Los autores aceptan someter los textos a la evaluación de pares externos y se comprometen a tener en cuenta sus observaciones así como las del Equipo Editorial, al momento de revisar el documento. Estas modificaciones deben realizarse en el plazo que el Editor indique. Luego que la Revista reciba el artículo modificado, se les informa a los autores acerca de su aprobación definitiva.

Cuando los textos sometidos a Historia Crítica no son aceptados para publicación, el Equipo Editorial envía una notificación a los autores explicando los motivos de esta decisión. Durante el proceso de edición, el Equipo Editorial puede consultar a los autores para resolver inquietudes, pero se reserva el derecho de hacer correcciones menores de estilo al documento antes de la publicación. En el proceso de evaluación y de edición, el correo electrónico es el medio de comunicación privilegiado entre la Revista y los autores.

El Equipo Editorial se reserva la última palabra sobre la publicación de los artículos y el número en el cual se publica. Esa fecha se cumple siempre y cuando los autores entreguen toda la documentación solicitada en el plazo indicado. Los autores de los textos aceptados deben autorizar a la Universidad de los Andes a usar los derechos patrimoniales de autor (reproducción, comunicación pública, transformación y distribución), mediante la firma del “Documento de autorización de uso de derechos de propiedad intelectual”, para incluir el texto en Historia Crítica (versión electrónica e impresa). En este mismo documento los autores confirman que el texto es de su autoría y que respetan los derechos de propiedad intelectual de terceros.

Revisión por pares/responsabilidades de los evaluadores:

Cuando se recibe un artículo, el Equipo Editorial evalúa si cumple con los requisitos básicos exigidos por la Revista, teniendo en cuenta formato, calidad (objetivo, marco teórico, metodología, conclusiones y bibliografía) y pertinencia del documento. Después de esta primera revisión, se definen los artículos que inician el proceso de arbitraje. Los textos son, en esta instancia, sometidos a la evaluación de dos pares académicos, nacionales e internacionales (al menos el 50% con afiliación internacional) y al concepto del

Políticas Editoriales

Equipo Editorial, quien se reserva la última palabra de los contenidos a publicar. El resultado se comunica a los autores en un período de máximo seis meses a partir de la recepción del artículo. Cuando el proceso de evaluación exceda este plazo, el Equipo Editorial informa a los autores. Los evaluadores deben declarar en el formato de evaluación que no tienen conflicto de interés con los autores y con los temas sobre los que van a conceptuar. Ante cualquier duda se reemplaza al evaluador.

La Revista tiene un formato de evaluación que incluye preguntas con criterios cuidadosamente definidos. Los evaluadores tienen la responsabilidad de sugerir la aceptación, rechazo o aprobación con modificación del artículo arbitrado. Durante la evaluación, los nombres de los autores y de los evaluadores son mantenidos en anonimato.

Responsabilidades editoriales:

El Equipo Editorial, junto con el Consejo Editorial, es responsable de definir las políticas editoriales para que la Revista cumpla con los estándares que permitan su posicionamiento como una publicación académica de reconocida calidad internacional. La revisión continua de estos parámetros asegura que la Revista mejore y satisfaga las expectativas de la comunidad académica.

Así como la Revista publica normas editoriales, que se espera sean cumplidas, también se compromete a publicar correcciones, aclaraciones, rectificaciones y dar justificaciones cuando la situación lo amerite. El Equipo Editorial es responsable de seleccionar los mejores artículos para la publicación. Esta selección se hace con base en las

recomendaciones derivadas del proceso de evaluación y revisión editorial del artículo, en el que se tienen en cuenta criterios de calidad, relevancia, originalidad y contribución a la disciplina. En este mismo sentido, cuando un artículo es rechazado la justificación que se le da a los autores debe orientarse hacia estos aspectos.

El Equipo Editorial es responsable de vigilar el proceso de los artículos que se postulan a la Revista, y debe desarrollar mecanismos de confidencialidad durante el proceso de evaluación por pares hasta su publicación o rechazo.

Cuando la Revista recibe quejas de cualquier tipo, el Equipo Editorial debe responder prontamente de acuerdo a las normas establecidas por la publicación; en caso de que el reclamo lo amerite, debe asegurarse de que se lleve a cabo la adecuada investigación tendiente a la resolución del problema.

Cuando se reconozca falta de exactitud en un contenido publicado, se hace las correcciones y/o aclaraciones en la página web de la Revista.

Tan pronto un número de la Revista es publicado el Equipo Editorial y el Equipo de Publicaciones son responsables de la difusión y distribución entre los colaboradores, evaluadores, y las entidades con las que se hayan establecido acuerdos de intercambio, así como a los repositorios y sistemas de indexación nacionales e internacionales, y de hacer los envíos a los suscriptores activos.

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Editorial Policies

Instructions for authors Type of article, dates and form of reception

The objective of Historia Crítica is to publish previously unpublished articles written by national and international authors that will contribute to the study of History and the Social and Human Sciences, for a better understanding of the social, political, economic and cultural environment of the past and the present.

In this sense, it seeks to strengthen historical research, academic reflection and the elaboration of updated balances that will make it possible to construct dialogues within the national and international academic community. The journal is a quarterly publication ( January-March, April-June, July-September and October-December) that comes out at the beginning of each of the periods indicated, created in 1989 and funded by the School of Social Sciences of the Universidad de los Andes (Colombia).

The journal publishes articles in Spanish, English and Portuguese, and it also receives initial versions for evaluation in languages such as French, Italian and German. Articles approved in these languages must subsequently be translated by the author into one of the three languages used by the journal. All articles published have a DOI identification number that, in accordance with international editorial policies, must be cited by authors who use the contents, along with the abbreviated title of the journal: Hist. Crit.

• The dates of reception for Open Theme articles and articles for the Dossiers are announced in the respective calls for articles.

• Articles and other contents (reviews, bibliographical essays, interviews, etc.) should be sent to our email address hcritica@uniandes.edu.co .

• Articles sent to Historia Crítica must not be simultaneously undergoing any process of evaluation for another publication.

• The journal subjects all the articles it receives in response to its calls for articles to a plagiarism detection test. When total or partial plagiarism (i.e., without the corresponding citation) is detected, the text is not sent for evaluation and the author is notified of the reason for the rejection.

• Considering the number of articles that Historia Crítica receives in response to each call for articles, no more than one article by the same author will be published within a two-year period.

Evaluation of articles and the editorial process

Upon receiving an article, the Editorial Team evaluates whether it fulfills the basic established requirements (norms for citation and formal presentation), as well as its relevance for appearing in a publication in the field of history (objective, theoretical framework, methodology, conclusions and bibliography). The articles are then subjected to evaluation by two anonymous arbiters, national and international (at least 50% with international affiliation) and to the opinion of the Editorial Team.

During the evaluation, the names of the authors and of the evaluators are kept anonymous. Authors are informed of the results of the evaluation within a maximum period of six months from the date of receipt of the article, and if the process exceeds this time limit, the journal communicates with the authors. Authors are informed of the final decision to publish or reject their articles by means of a written notification issued by the Editorial Team.

Authors must make the changes requested by the evaluators and the Editorial Team within the indicated time limit. After the modified article has been received and reviewed, the author is informed regarding its approval. The journal reserves the last word on the publication of articles and the issue in which they are to be included, which depends on the author’s compliance in delivering the documentation requested. Historia Crítica does not charge the authors for the costs of the editorial processes.

During the publishing process, the authors may be consulted by the Editorial Team to solve any concerns regarding their articles. Nonetheless, the journal reserves the right to make minor corrections of style. Email is the preferred means of communication with the authors throughout the process of evaluating and editing each issue.

The authors of the texts that are accepted must authorize the Universidad de los Andes, by signing the ‘Document of Authorization of Use of Intellectual Property Rights,’ to use the author’s economic rights (reproduction, public communication, transformation and distribution), to include the text in Historia Crítica (print version and electronic version). In the same document the authors confirm the fact that the text is of their own authorship, unpublished, and that the

Editorial Policies

intellectual property rights of third parties are respected in it.

The authors receive two copies of the issue in which they participate.

Procedure with reviews and bibliographical essays

Historia Crítica proceeds to obtain reviews in two different ways. On the one hand, authors may remit their reviews to the journal’s email address.

The same applies to bibliographical essays. On the other hand, the journal receives books at its postal address (Cra.1 No. 18 A- 10, Roberto Franco Building, Off. GB-417, Bogota, Colombia) following notification by email indicating the names of possible reviewers.

Reviews should be critical and deal with books relevant to the discipline of history, social sciences and human sciences that have been published within the past five years. The bibliographical essays should critically discuss one, two, or more works.

The reviews are subjected to review by the Editorial Team and, if approved, to possible modifications.

General presentation of articles

Articles should be not exceed eleven thousand words in length (18-22 pages) including the abstract, footnotes, bibliography, charts, diagrams, illustrations, photographs and maps.

• Times New Roman font, type size 12, single-spaced, with 3 cm margins, paginated and on letter size paper.

• The notes go at the foot of the page, in Times New Roman font, type size 10 and single-spaced.

• On the first page, there should be an abstract in Spanish of no more than 100 words. The abstract should be analytical (presenting the objectives of the article, its content and results).

• The abstract, keywords and title should be presented in English as well as Spanish.

• Following the abstract, a list of three to six keywords should be added, preferably chosen from the UNESCO Thesaurus (http://databases.unesco.org/thessp/) or, if not, from another recognized thesaurus the name of which should be noted for the journal. When a word is not found normalized in Thesaurus, this fact should be pointed out.

• The author’s name should not appear in the article.

• The author’s data should be delivered in an attached document and include the name, address, telephone number, email address, research group (if applicable), academic degrees, institutional affiliation, current posts and publications in books and journals.

• It is necessary to indicate what research gave rise to the article, and whether or not it received funding.

• When the contents used have a DOI identification number, it must be included in the list of references.

General presentation of reviews and bibliographical essays

Reviews and bibliographical essays should be presented single-spaced, in Times New Roman font, type size 12, with 3 cm margins on letter size paper.

The works cited in the text should be referenced at the foot of the page. The reviews should be no more than three pages long and the bibliographical between 8 and 12 pages long.

Editing rules

• The subdivisions within the body of the text (chapters, subchapters, etc.) should be numbered with Arabic numerals, except for the introduction and the conclusion, which are not numbered.

• Terms in Latin and words from languages other than the language in which the article is written should appear in italics.

• The first time an abbreviation is used, it should be placed in parenthesis after the complete form; the abbreviation is used alone on subsequent occasions.

• Quotations that are more than four lines long should be placed in the format for long quotations, with quotation marks, single-spaced, type size 11 and reduced margins.

• Paragraphs should not be indented, but space should be left between them.

• Charts, diagrams, illustrations, photographs and maps should be referenced and explained in the text. They should also be titled, sequentially numbered and accompanied by their respective captions and source(s). They are placed immediately after the paragraph in which they are announced. Images should be presented in high-resolution digital format (jpg or tiff 300 and 240 dpi). If an item does not meet the standards of quality requested, Historia Crítica does not commit itself to publishing it. The author is responsible for delivering permission to publish the images that require it to the journal.

• Footnotes should be numbered with Arabic numerals.

• The bibliography should appear at the end of the article, written in Times New Roman font, type size 11, single-spaced and numbered. References are subdivided into primary sources (archives, periodical publications, primary printed documentation, interviews, etc.) and secondary sources. The complete references for all the

199

200

Editorial Policies

faces or Presentations to Complete Title. City: Publisher, Year, consulted page.

works used in the article must be presented in alphabetical order in the bibliography.

References

Historia Crítica uses the Notes-Bibliography style of referencing as outlined in the latest edition of the Chicago Manual of Style. In what follows, three abbreviations will be used that make it possible to see the differences between the form of citation in footnotes (N), abbreviated notes (NA), and in the bibliography (B).

Book: Single Author N First Name Last Name(s), Complete Title (City: Publisher, Year), consulted page.

NA Last Name, Short Title, consulted page.

B Last Name(s), First Name. Complete Title.

City: Publisher, Year.

Two Authors N First Name Last Name(s) and First Name Last Name(s), Complete Title (City: Publisher, Year), consulted page.

NA Last Name(s) and Last Name(s), Short Title, consulted page.

B Last Name(s), First Name, and First Name Last Name(s). Complete Title. City: Publisher, Year.

Four or more authors N First Name Last Name(s) et al., Complete Title (City: Publisher, Year), consulted page.

NA Last Name(s) and Last Name(s), Last Name(s), Last Name(s), Short Title, consulted page.

B Last Name(s), First Name, First Name Last Name(s), First Name Last Name(s) and First Name Last Name(s). Complete Title. City: Publisher, Year.

Book Chapters N First Name Last Name(s), “Article Name”, in Complete Title, edited, compiled, coordinated

by First Name Last Name(s) and First Name Last Name(s) (City: Publisher, Year), consulted page.

NA Last Name(s), “Short Article Name”, consulted page.

B Last Name(s), First Name. “Article Name.” In Complete Title, edited, compiled, and coordinated

by First Name Last Name(s) and First Name Last Name(s). City: Publisher, Year, consulted page.

Introductions, Prefaces or Presentations N First Name Last Name(s), Introductions, Prefaces or Presentations to Complete Title (City: Publisher, Year), consulted page.

NA Last Name(s), Introductions, Prefaces or Presentations a Short Title, consulted page.

B Last Name(s), First Name. Introductions, Pre-

Compilations (editor, translator or compiler in addition to author) N First Name Last Name(s), Complete Title, ed./ comp./trad. First Name and Last Name compiler (City: Publisher, Year), consulted page.

NA Last Name(s), Short Title, consulted page.

B Last Name(s), First Name. Complete Title.

Compiled/edited /translated by First Name and Last Name(s). City: Publisher, Year.

Article in Journal, Press and Theses Article in Journal N

First Name Last Name(s), “Article Name,” Journal Name, Vol: No (Year): consulted page.

NA Last Name(s), “Short Article Name”, consulted page.

B Last Name(s), First Name. “Article Name.”Journal Name, Vol: No (Year): consulted page.

Press N First Name Last Name(s), “Article Name,” Newspaper Name, City, Day and Month, Year, consulted page.

NA Last Name(s), “Article (summary) Name,” consulted page.

B Newspaper Name. City, Year.

Thesis: N First Name Last Name(s), “Thesis Title” (Undergraduate/Master’s/PhD thesis in, University, Year), consulted page.

NA Last Name(s), “Title (summary) Thesis,” consulted page.

B Last Name(s), First Name. “Thesis Title.”

Undergraduate/Master’s/PhD thesis in, University, Year.

Interviews and personal communications Personal N First Name Last Name(s), person interviewed (profession), in discussion whit the author, Day and Month, Year.

NA Last Name(s), discussion.

B Last Name(s), First Name person interviewed. In discussion whit the author, Day and Month, Year.

Published N “Title interview,” by First Name Last Name(s), publication name, date of consultation (day month year), url o doi.

NA “Title (summary) interview.”

B “Title interview,” by First Name Last Name(s).

Editorial Policies

Publication name, date of consultation (day month year), url o doi.

Electronic mailing list N First Name Last Name(s), email the author, date of consultation (day month year), url o doi.

NA Last Name(s), email.

B Last Name(s), First Name. Email the author, date of consultation (day month year), url o doi.

Internet Publications Electronic Book N First Name Last Name(s), Complete Title (City: Publisher, Year), consulted page, doi, url, Kindle edition, PDF e-book, Microsof Reader e-book.

NA Last Name, Short Title, consulted page.

B Last Name(s), First Name. Complete Title.

City: Publisher, Year, doi, url, Kindle edition, PDF e-book, Microsof Reader e-book.

Electronic journal article N First Name Last Name(s), “Article Name,”Journal Name, Vol: No (Year): consulted page, url o doi.

NA Last Name(s), “Short Article Name,”consulted page.

B Last Name(s), First Name. “Article Name.”

Journal Name, Vol: No (Year): consulted page, url o doi.

Internet Publications N “Page title”, Title virtual site, consultation date (day month year), url o doi.

NA “Title (summarized) of the page.”

B “Page title”. Title virtual site, url o doi.

Archive Source N “Document Name”, place, date, and other pertinent data (if applicable), in Archive Abbreviation, Section, Fund, vol./leg./t., f. o ff. The first time it is quoted the full name of the Archive is mentioned followed by the abbreviation in parenthesis, followed by City-Country.

B Full name of the Archive (abbreviation), City-Country, Section(s), Fund(s).

Note: After the first quotation, proceed as follows: Last Name, two or three words of the title, consulted page.

Do not use Ibid., ibidem, cfr. or op.cit.

Consult the “Instructions for authors” in Spanish, English and Portuguese on http://historiacritica. uniandes.edu.co

Ethic Guidelines of the Journal Publication and authorship

Historia Crítica was created in 1989 and funded by the School of Social Sciences of the Universidad de los Andes (Colombia). The office of the journal is located in the Franco Building, Off. GB-417; the web page is http://historiacritica.uniandes.edu.co ; the email address is hcritica@uniandes.edu.co ; and the telephone number is 339 4999, extension 3716.

The journal has the following structure: Editorial Team —composed of the Director, the of History Department the Universidad de los Andes (Colombia), the Editor and the Editorial Manager—, Editorial Council (Editorial Committee and Scientific Committee), Board of Journals of the School of Social Sciences and the Administrative and Technical Support Team. The members of the Editorial Council are evaluated biannually with respect to their prestige within the discipline and their academic production.

Articles presented to the Historia Crítica must be original and unpublished and must not be simultaneously undergoing a process of evaluation or have editorial commitments with any other publication. If the authors of an article published in the journal wish to include it in another publication at a later date (journal, compilation or book) they must obtain the authorization of the editor and indicate the data of the original publication.

In the same way, when the journal has an interest in reproducing a previously published article, it is committed to requesting the corresponding authorization from the original publisher.

Responsibilities of the authors

The authors should remit their articles to the email address: hcritica@uniandes.edu.co within the time limits established in each call for articles. The journal has publicly accessible norms for authors, with the requirements for the presentation of articles, as well as the editing rules that can be consulted through: Política Editorial on the web page or at the end of the printed version of the journal.

Even though the Editorial Team is responsible for approving articles based on criteria of quality and investigative excellence and taking into account the evaluations done by two academic peers, national and international, the authors are responsible for the ideas expressed in them, as well as for its ethical standards.

The authors must explicitly state that the text is of their own authorship and that the intellectual property rights of third parties are respected in it. It is also the responsibility of the authors to make sure to have the authorizations to use, reproduce and print the material that is not their property or of their own authorship (charts, graphs, maps, diagrams, photographs, etc.).

201

202

Editorial Policies

The authors agree to submit their texts to evaluation by external peers and commit themselves to taking the evaluators’ observations into account, as well as those made by the Editorial Team in reviewing the document. These modifications must be made within the time period indicated by the Editorial Team. After the journal receives the modified article, the authors are informed of its final approval. When texts submitted to the Historia Crítica are not accepted for publication, the Editorial Team notifies the authors and explains the reasons for the decision. During the editing process, the Editorial Team may consult the authors to resolve concerns regarding the articles. In the process of evaluation and editing, email is the preferred means of communication between the journal and the authors.

The Editorial Team reserves the last word regarding the publication of articles and the issues in which they are to be published. The publication date will be respected as long as the authors deliver all the requested documentation within the indicated time limit. The journal reserves the right to make minor corrections of style before the document is published.

The authors of texts that are accepted must authorize the Universidad de los Andes to use the author’s economic rights (reproduction, public communication, transformation and distribution), by signing the “Document of Authorization of Use of Intellectual Property Rights,” to include the text in the Historia Crítica (electronic and printed version). In the same document the authors must confirm the fact that the text is of their own authorship and that the intellectual property rights of third parties are respected in it.

Peer review/responsibilities of the evaluators When an article is received, the Editorial Team checks to see if it fulfills the basic requirements established by the journal, taking into account the format, quality (objective, theoretical framework, methodology, conclusions and bibliography) and relevance of the document. After this first review, the articles that will begin the arbitration process are selected. In this stage the texts are subjected to evaluation by two academic peers, national and international (at least 50% with international affiliation) and to the opinion of the Editorial Team, which reserves the last word regarding which contents are to be published. The results are communicated to the authors within a maximum period of six months from the date of receipt of the article. When the process of evaluation exceeds this time limit, the Editorial Team must inform the authors. The evaluators must declare on the evaluation format that they have no conflict of interest with the authors or with the topics on which they

are going to render judgment. When there is any doubt, the evaluator is replaced.

The journal has an evaluation format that includes questions with carefully defined criteria. The evaluators have the responsibility of suggesting the acceptance, rejection, or approval with modification of the arbitrated article. During the evaluation, the names of the authors and of the evaluators are kept anonymous.

Editorial responsibilities

The Editorial Team, together with the Editorial Council, is responsible for defining the editorial policies so that the journal meets the standards that will make it possible to position it as an academic publication of internationally recognized quality.

The continual revision of these parameters ensures that the journal will continue to improve and fulfill the expectations of the academic community.

Just as the journal publishes the editorial norms that it expects the authors to comply with, it is also committed to publishing corrections, clarifications, rectifications and to justifying its decisions when the situation warrants it. The Editorial Team is responsible for selecting the best articles for publication. The selection is done on the basis of the recommendations derived from the process of evaluation and editorial review of the article, in which the criteria of quality, relevance, originality and contribution to the discipline are taken into account. In this same sense, when an article is rejected, the explanation given to the authors should be oriented towards these aspects.

The Editorial Team is responsible for overseeing the editorial process of all the articles submitted to the journal, and it must develop mechanisms for ensuring confidentiality during the process from the time of evaluation by peers until its approval for publication or rejection.

When the journal receives complaints of any type, the Editorial Team must respond promptly, in accordance with the norms it has established and, when warranted, it must ensure that the case is investigated properly so as to bring about a rapid resolution of the problem. When a lack of precision or an error in a published content is recognized, the corrections and/or clarifications are made on the journal’s web page.

As soon as an issue of the journal is published, the Editorial Team and the Publications Team take charge of its dissemination and distribution among collaborators, evaluators, and entities with which exchange agreements have been established, and national and international repositories and indexation systems, as well as the mailings to active subscribers.

203

Políticas editoriais

Normas para os autores Tipo de artigos, datas e modalidade de recepção

A revista Historia Crítica tem como objetivo publicar artigos inéditos de autores nacionais e internacionais que contribuam para o estudo da história e das ciências sociais e humanas para uma melhor compreensão dos contextos sociais, políticos, econômicos e culturais do passado e do presente. Nesse sentido, a Revista busca fortalecer a pesquisa histórica, a reflexão acadêmica e a elaboração de balanços historiográficos atualizados que permitam construir diálogos na comunidade acadêmica nacional e internacional. Trata-se de uma publicação trimestral (janeiro-março, abril-junho, julho-setembro e outubro-dezembro), que se publica no início de cada período mencionado. Criada em 1989 e financiada pela Faculdade de Ciências Sociais da Universidad de Los Andes (Colômbia).

A Revista publica artigos em espanhol, inglês e português; também recebe a versão inicial para avaliar de artigos em francês, italiano e alemão, os quais, se aprovados, devem ser traduzidos pelos autores a uma das três línguas declaradas pela Revista. Os artigos publicados contam com um número de identificação DOI, que, de acordo com as políticas editoriais internacionais, deve ser citado pelos autores que utilizam os conteúdos, assim como o título abreviado da Revista: Hist. Crit.

• As datas de recepção de artigos de Tema libre e para o Dossiê são informadas nos respectivos editais.

• Os artigos e outros conteúdos (resenhas, ensaios bibliográficos, entrevistas etc.) devem ser enviados ao e-mail hcritica@uniandes.edu.co.

• Os artigos enviados à Historia Crítica não podem estar em processo simultâneo de avaliação em outro periódico.

• A Revista submete todos os artigos recebidos em seus editais à ferramenta de detecção de plágio.

Quando este for detectado total ou parcialmente (sem a citação correspondente, por exemplo), o texto não se envia à avaliação e notifica-se o autor do motivo da recusa.

•

Considerando a quantidade de artigos que a revista Historia Crítica recebe em cada edital, não se publicam artigos de um mesmo autor durante um período de dois anos.

Parecer de artigos e processo editorial

Ao receber um artigo, a Equipe Editorial confere se este cumpre com os requisitos básicos exigidos (normas de citação e apresentação formal) e sua pertinência para estar numa publicação de caráter histórico (objetivo, referencial teórico, metodologia, conclusões e bibliografia). Em seguida, os artigos são submetidos ao parecer de dois árbitros, nacionais e internacionais (com, pelo menos, 50% de afiliação internacional) e ao conceito da Equipe Editorial. Durante a avaliação, tanto os nomes dos autores quanto os dos pareceristas são mantidos no anonimato. O parecer é informado aos autores num prazo máximo de seis meses a partir da recepção do artigo. Caso se ultrapasse esse tempo, a Revista se comunica com os autores. A decisão final de publicar ou recusar um artigo é notificada por meio de um conceito escrito emitido pela Equipe Editorial.

Os autores devem realizar os ajustes solicitados pelos pareceristas e pela Equipe Editorial no prazo que lhe for indicado. Após receber o artigo modificado, a Revista informa os autores da sua aprovação. A Historia Crítica tem a última palavra sobre a publicação dos artigos e o número no qual serão incluídos, o que depende do cumprimento na entrega da documentação solicitada. A Revista não cobra dos autores pelos custos dos processos editoriais.

Durante o processo de edição, os autores poderão ser consultados pela Equipe Editorial para resolver dúvidas existentes. No entanto, a Revista se reserva o direito de fazer correções de forma e adaptações ao seu perfil gráfico. No processo de avaliação e edição, a comunicação com os autores será feita por e-mail.

Os autores dos textos aceitos autorizam à Universidad de Los Andes, por meio da assinatura do “Documento de autorização de uso de direitos de propriedade intelectual”, a utilização dos direitos patrimoniais de autor (reprodução, comunicação pública, transformação e distribuição) para incluir o texto na

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Políticas Editoriais

Historia Crítica (versão impressa e eletrônica). Nesse mesmo documento, os autores confirmam que o texto é de sua autoria, inédito e que respeitam os direitos de propriedade intelectual de terreiros.

Os autores receberão dois exemplares do número do qual participaram.

Procedimento com as resenhas e os ensaios bibliográficos

Historia Crítica procede de duas formas para conseguir resenhas. Por um lado, os autores podem enviar suas resenhas ao e-mail da Revista. Isso também se aplica aos ensaios bibliográficos. Por outro lado, a Revista recebe livros em seu endereço postal (Cra. 1, n. 18 A-10, Edifício Roberto Franco, GB-417, Bogotá, Colômbia), contanto que se avise previamente a Revista por e-mail, no qual se indiquem os nomes de possíveis resenhistas.

As resenhas devem ser críticas e tratar sobre livros pertinentes para a disciplina histórica, as ciências sociais e humanas, que tenham sido publicados nos últimos cinco anos. Os ensaios bibliográficos devem discutir criticamente uma, duas ou mais obras. As resenhas e o ensaios bibliográficos são submetidos ao parecer da Equipe Editorial e, se forem aprovados, a eventuais modificações.

Apresentação geral dos artigos

• Os artigos não devem ter mais de 11 mil palavras (18-22 laudas), o que inclui resumo, notas de rodapé, bibliografia, quadros, gráficos, ilustrações, fotografias e mapas.

• O documento deve ser apresentado em Word, fonte Times New Roman, corpo 12, espaço de entrelinhas simples, margens de 3 cm, paginado e em papel tamanho carta.

• As notas vão em rodapé, em fonte Times New Roman, corpo 10 e espaço de entrelinhas simples.

• Na primeira página, deve aparecer um resumo em espanhole português de no máximo 100 palavras. O resumo deve ser analítico (apresentar os objetivos do artigo, seu conteúdo e resultados).

• O resumo, as palavras-chave e o título devem ser apresentados também em inglês.

• Depois do resumo, deve-se anexar uma lista de três a seis palavras-chave, que são escolhidas de preferência no Tesauro da Unesco (http://databases.unesco.org/thessp/) ou em algum outro tesauro reconhecido, cujo nome deve ser informado à Revista. Quando uma palavra não estiver normalizada no Tesauro, deve ser indicada.

• O nome dos autores não deve aparecer no artigo.

Os dados deles devem ser entregues numa folha de rosto (nome completo, endereço postal e eletrônico, telefone, grupo de pesquisa —se for o

caso—, títulos acadêmicos, afiliação institucional, cargo atual e publicações em livros e revistas).

• É necessário indicar se o artigo é resultado de pesquisa e se esta contou ou não com financiamento.

• Quando os conteúdos utilizados tiverem um número de identificação DOI, este deve ser incluído na lista de referências.

Apresentação das resenhas e dos ensaios bibliográficos

As resenhas e os ensaios bibliográficos devem ser apresentados em documento Word, com espaço de entrelinhas simples, em Times New Roman, corpo 12, com margens de 3 cm e papel tamanho carta.

As obras citadas no texto deverão ser referenciadas em nota de rodapé. A extensão das resenhas é de até três páginas; a dos ensaios bibliográficos, entre 8 e 12 páginas.

Regras de edição

• As subdivisões no corpo do texto (capítulos, subcapítulos, subtítulos primários etc.) devem estar em números arábicos, exceto a introdução e a conclusão.

• Os termos em latim e as palavras estrangeiras devem estar em itálico.

• Quando forem usadas siglas, explicá-las na primeira vez que surgirem. Nas seguintes menções, usar somente a sigla ou a abreviatura.

• As citações textuais que ultrapassarem quatro linhas devem ser colocadas como citação longa, com espaço entrelinhas simples, corpo 11 e margens reduzidas.

• Os parágrafos devem ser tabulados e com espaço entre um e outro.

• Quadros, gráficos, ilustrações, fotografias e mapas devem estar referenciados e explicados no corpo do texto. Além disso, devem conter títulos, estar numerados na sequência e acompanhados por suas respectivas legenda e fonte. Localizam-se logo após o parágrafo em que forem mencionados. As imagens devem ser entregues em formato digital (jpg ou tiff 300 e 240 dpi) em alta resolução. Caso não se cumpra com a qualidade solicitada, a Historia Crítica não se compromete com sua publicação. É responsabilidade do autor entregar à Revista a autorização para a publicação das imagens que assim exigirem.

• As notas de rodapé devem estar em números arábicos.

• No final do artigo, deve estar a lista de bibliografia, escrita em Times New Roman, corpo 11, espaço de entrelinhas simples e numerada.

Organizam-se em fontes primárias (arquivos, publicações periódicas, documentação impressa,

Políticas Editoriais

entrevistas etc.) e secundárias. Na bibliografia, devem ser apresentadas em ordem alfabética as referências completas das obras utilizadas no artigo que estiverem em notas de rodapé.

Referências

A Historia Crítica utiliza o sistema Chicago Manual of Style, última edição, versão Notes and bibliografhy. A seguir, utilizaram-se três abreviaturas que permitem ver as diferenças entre a forma de citar nas notas de rodapé (N), nota abreviada (NA) e nas referências (B):

Livro o parte do livro: De um só autor N Nome Sobrenome(s), Título completo (Cidade: Editora, ano), páginas consultadas.

NA Sobrenome(s), Título resumido, página consultado.

B Sobrenome(s), Nome. Título completo.

Cidade: Editora, ano.

Dois o três autores N Nome Sobrenome(s) e Nome Sobrenome(s), Título completo (Cidade: Editora, ano), páginas consultadas.

NA Sobrenome(s), Título resumido, página consultado.

B Sobrenome(s), Nome, e Nome Sobrenome(s).

Título completo. Cidade: Editora, ano.

Quatro ou mais autores N Nome Sobrenome(s) et al., Título completo (Cidade: Editora, ano), páginas consultadas.

NA Sobrenome(s) et al, Título resumido, página consultadas.

B Sobrenome(s), Nome, Nome Sobrenome(s), Nome Sobrenome(s) e Nome Sobrenome(s).

Título completo. Cidade: Editora, ano.

Capítulo em livro N Nome Sobrenome(s), “Título artigo”, em Título completo, editor/compilador/coordenada pela Nome Sobrenome(s) e Nome Sobrenome(s) (Cidade: Editora, ano), páginas consultadas.

NA Sobrenome(s), “Título (resumido) do capítulo”, página consultadas.

B Sobrenome(s), Nome. “Título artigo”. Em Título completo, editado por Nome Sobrenome(s) e Nome Sobrenome(s). Cidade: Editora, ano, 45-90.

Introdução/Prefácio/Apresentações N Nome Sobrenome(s), Introdução/Prefácio/ Apresentações Título completo (Cidade: Editora, ano), páginas consultadas.

NA Sobrenome(s), Introdução/Prefácio/Apresentações Título resumido, páginas consultadas.

B Sobrenome(s), Nome. Introdução/Prefácio/ Apresentações. Cidade: Editora, ano.

Compilação (editor/tradutor ou compilador ademais do autor) N Nome Sobrenome(s), Título completo, ed./ comp./trad. Nome Sobrenome(s), do compilador (Cidade: Editora, ano), páginas consultadas.

NA Sobrenome(s), Título resumido, páginas consultadas.

B Sobrenome(s), Nome. Título Completo.

Compilado/editado/traduzido por Nome Sobrenome(s). Cidade: Editora, ano.

Artigo da revista, impresa e tese Artigo da revisto N Nome Sobrenome(s), “Título artigo”, Título revista, Volume, n.° número (ano): páginas consultadas, doi.

NA Sobrenome(s), “Título (resumido) do artigo”, páginas consultadas.

B Sobrenome(s), Nome. “Título artigo”. Título revista, Volume, n.° número (ano): páginas consultadas, doi.

Número especial das revistas N Nome Sobrenome(s), “Título artigo”, em “Título número especiais o dossiê revista”, ed., Nome Sobrenome(s), dossiê o número especiais, Título revista, volume, n.° número (ano): páginas consultadas, doi.

NA Sobrenome(s), “Título (resumido) do artigo”, páginas consultadas.

B Nome Sobrenome(s). “Título artigo”. Dossiê o Número especiais, Título dossiê o número especiais volume, n.° número (ano).

Artigo de imprensa (com ou sem autor) N Nome Sobrenome(s), “Título artigo”, Título periódico/jornal, Cidade, dia y mês, ano, páginas consultadas [se a referência é tomada de internet].

NA Sobrenome(s), “Título (resumido) do artigo”, páginas consultadas.

B Título periódico/jornal. Cidade, ano.

Tese N Nome Sobrenome(s), “Título tese” (tese graduação/PhD/Mestrado, Universidade, ano), páginas consultadas.

NA Sobrenome(s), “Título (resumido) da tese”, páginas consultadas.

B Sobrenome(s), Nome. “Título tese”. Tese graduação/PhD/Mestrado, Universidade, ano.

205

206

Políticas Editoriais

Entrevista e comunicações pessoais Perssoal N Nome Sobrenome(s), entrevistado (profissão), em discussão com autor, dia mês ano.

NA Sobrenome(s), entrevistado, discussão, entrevista.

B Sobrenome(s), Nome entrevistado. Em discussão com o autor. Dia mês ano.

Publicado N “Título entrevista publicada”, Nome da publicação, data completa (dia mês ano), url o doi.

NA “Título (resumido) entrevista”.

B “Título entrevista publicada”. Nome da publicação, data completa (dia mês ano) url o doi.

Correio eletrônico N Nome Sobrenome(s), correio eletrônico o autor, data completa (dia mês ano), url o doi.

NA Sobrenome(s), correio.

B Sobrenome(s), Nome. Correio eletrônico o autor. Data completa(dia mês ano) url o doi.

Publicações na internet Livro N Nome Sobrenome(s), Título completo (Cidade: Editora, ano), páginas consultadas, doi, url, Kindle edition, PDF e-book, Microsof Reader e-book (conforme o caso).

NA Sobrenome(s), Título resumido, página consultado.

B Sobrenome(s), Nome. Título completo.

Cidade: Editora, ano. , doi, url, Kindle edition, PDF e-book, Microsof Reader e-book (conforme o caso).

Artigo das revistas N Nome Sobrenome(s), “Título artigo”, Título revista Volume, n.° número (ano): páginas consultadas, url ou doi.

NA Sobrenome(s), “Título (resumido) do artigo”, páginas consultadas.

B Sobrenome(s), Nome. “Título artigo”. Título revista Volume, n.° número (ano): páginas consultadas, url ou doi.

Publicações na internet N “Título da página”, Título site virtual, data de consulta (dia mês ano), url o doi.

NA “Título (resumido) da página”.

B “Título da página”. Título site virtual, url o doi.

Fontes de arquivo N “Título documento”, lugar y data, e outros dados pertinentes (se aplicável), em Siglas

B

do arquivo, Seção, Fundo, vol./leg./t., f. ou ff. Na primeira vez se cita o nome completo do arquivo e a abreviatura entre parêntesis, e Cidade-País.

Nome completo do arquivo (sigla), Cidade-País, Seção, Fundo (s).

Nota: Logo após a primeira citação, procede-se assim: Sobrenome, duas ou três palavras do título, página consultado. Não se utiliza nem Ibid., ibidem, cfr. ou op. cit.

Consulte as “Normas para os autores” em espanhol, inglês e português em http://historiacritica.uniandes.edu.co

Guia Políticas éticas da Revista Publicação e autoria

Historia Crítica faz parte da Faculdade de Ciências Sociais da Universidad de los Andes (Bogotá-Colombia), encarregada do suporte financeiro da publicação. Sua sede se encontra no Edifício Franco, escritório GB-417; página web http://historiacritica.uniandes.edu.co; o e seu e-mail é hcritica@ uniandes.edu.co; o e telefone para contato é (57 1) 339-4999, ramais 3716.

A Revista tem a seguinte estrutura: Equipe Editorial —composta pelo Diretor, Departamento de História do Universidad de los Andes (Colômbia), Editor e Gestor Editorial—, Conselho Editorial —Comissão Editorial e Comissão Científica—, Comissão de Revistas da Faculdade e Equipe de Suporte Administrativo e Técnico.

Os membros do Conselho Editorial são avaliados bianualmente em função de seu prestígio na disciplina e produção acadêmica.

Os artigos apresentados à Historia Crítica devem ser originais e inéditos e não devem estar em processo simultâneo de avaliação nem ter compromissos editoriais com outro periódico. Se os autores de um artigo publicado na Revista querem incluí-lo depois em outra publicação (revista, compilação ou livro), devem contar com a autorização do Editor e indicar os dados da publicação original. Da mesma forma, quando a Revista tiver interesse em reproduzir um artigo já publicado, compromete-se em pedir a autorização correspondente à editora onde ele apareceu pela primeira vez.

Responsabilidades do Autor

Os autores devem enviar os artigos pelo e-mail hcritica@uniandes.edu.co nas datas estabelecidas em

Políticas Editoriais

cada edital. A Revista tem instruções aos autores, de acesso público, com os requisitos para a apresentação de artigos, bem como as regras de edição, que podem ser consultadas em Políticas editoriais ou no final da versão impressa da Revista.

Embora a Equipe Editorial seja responsável pela aprovação dos artigos com base em critérios de qualidade, rigorosidade investigativa e considere a avaliação dos pareceristas, nacionais e internacionais, os autores são os responsáveis pelas ideias expressas no texto, bem como pela idoneidade ética do artigo. Os autores têm que deixar explícito que o texto é de sua autoria e que respeitam os direitos de propriedade intelectual de terceiros. Também é responsabilidade dos autores garantirem as autorizações para usar, reproduzir e imprimir o material que não for de sua propriedade ou autoria (quadros, gráficos, mapas, ilustrações, fotografias etc.).

Os autores aceitam submeter os textos à avaliação de pareceristas externos e comprometem-se a considerar suas observações, bem como as da Equipe Editorial, no momento de revisar o documento. Essas modificações devem ser realizadas no prazo que a Equipe Editorial indicar. Assim que a Revista receber o artigo modificado e forem verificadas as modificações, ela informará os autores da aprovação definitiva. Quando os textos submetidos à Historia Crítica não são aceitos para publicação, a Equipe Editorial envia uma notificação aos autores na qual explica os motivos dessa decisão. Durante o processo de edição, a Equipe Editorial pode consultar os autores para resolver dúvidas. No processo de avaliação e de edição, a comunicação com os autores será feita por e-mail.

A Equipe Editorial tem a última palavra sobre a publicação de um artigo e o número em que será publicado. Isso acontece contanto que os autores entreguem toda a documentação solicitada no prazo indicado. A Revista se reserva o direito de fazer correções de forma e adequações ao perfil gráfico no documento antes de sua publicação.

Os autores dos textos aceitos devem autorizar a Universidad de los Andes a usar os direitos patrimoniais de autor (reprodução, comunicação pública, transformação e distribuição) mediante a assinatura do “Documento de autorização de uso de direitos de propriedade intelectual” para incluir o texto na Historia Crítica (versão eletrônica e impressa). Nesse mesmo documento, os autores confirmam que o texto é de sua autoria e que respeitam os direitos de propriedade intelectual de terceiros.

Avaliação por pares/responsabilidades dos pareceristas

Quando a Equipe Editorial recebe um artigo, avalia

se este cumpre com os requisitos básicos exigidos pela Revista, considerando o formato, a qualidade (objetivo, referencial teórico, metodologia, conclusões e bibliografia) e a pertinência do trabalho.

Depois dessa primeira conferência, selecionam-se os artigos que iniciam o processo de arbitragem. Os textos são, nesse momento, submetidos ao parecer de dois pares acadêmicos, nacionais e internacionais (com, pelo menos, 50% de afiliação internacional), e ao conceito da Equipe Editorial, que tem a última palavra dos conteúdos a publicar. O resultado é comunicado aos autores num período máximo de seis meses a partir da recepção do artigo. Quando o processo de avaliação ultrapassar esse prazo, a Equipe Editorial deve informar os autores. Os pareceristas devem declarar, no formulário de avaliação, que não têm conflito de interesse com os autores e com os temas sobre os quais emitirão o parecer. Diante de qualquer dúvida, a Revista substituirá o(s) parecerista(s).

A Revista tem um formulário de avaliação que inclui perguntas com critérios cuidadosamente definidos. Os pareceristas têm a responsabilidade de sugerir a aceitação, a recusa ou a aceitação com modificações do artigo arbitrado. Durante a avaliação, os nomes dos autores e dos avaliadores são mantidos em anonimato.

Responsabilidades editoriais

A Equipe Editorial, junto com o Conselho Editorial, é responsável pela definição das políticas editoriais para que a Revista cumpra com os padrões que permitem seu posicionamento como publicação acadêmica de reconhecida qualidade internacional.

A revisão contínua desses parâmetros garante que ela melhore e satisfaça as expectativas da comunidade acadêmica.

Da mesma forma que a Revista publica regras de edição, que espera serem cumpridas, também se compromete a publicar correções, esclarecimentos, retificações e justificativas quando for necessário. A Equipe Editorial é responsável pela seleção dos melhores artigos para publicação.

Essa seleção se faz com base nas recomendações derivadas do processo de avaliação e revisão editorial do artigo, em que se têm em conta critérios de qualidade, relevância, originalidade e contribuição para a disciplina. Nesse mesmo sentido, quando um artigo é recusado, a justificativa dada aos autores deve ser orientada a esses aspectos.

A Equipe Editorial é responsável por zelar pelo processo editorial de todos os artigos que são submetidos à Revista e deve desenvolver mecanismos de confidencialidade durante o processo de avaliação por pares até sua publicação ou recusa.

Quando a Revista receber reclamações de qual-

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Políticas Editoriais

quer tipo, a Equipe Editorial deve responder com prontidão, de acordo com as normas estabelecidas por ela; caso a reclamação exigir, deve assegurar-se de realizar a adequada investigação com vistas à rápida resolução do problema. Quando se reconhece uma falta de exatidão ou um erro num conteúdo publicado, fazem-se as correções ou esclarecimentos na página web da Revista.

Assim que um número da Revista for publicado, a Equipe Editorial e a Equipe de Publicações são as responsáveis pela difusão e pela distribuição entre colaboradores, pareceristas e entidades com as quais têm convênios de intercâmbio, bem como entre os repositórios e os sistemas de indexação nacionais e internacionais; além disso, são responsáveis por fazer o envio aos seus assinantes ativos.

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Veintiuna líneas que cambiaron la Historia de la Ciencia en Nueva Granada y su relación con la Metrópoli.

Análisis de la descripción de la Flora de Bogotá de Francisco Antonio Zea a Antonio José Cavanilles · 33-52 José Antonio Amaya · Julián Rendón Acosta, Universidad Nacional de Colombia

Administración y materialidad: una etnografía del Juzgado del Crimen del Rosario (Argentina, segunda mitad del siglo XIX) · 53-74 Carolina Andrea Piazzi, Universidad Nacional de Rosario, Argentina

Conditional Clemency after the Golpe de Melo of 1854: Constitutionalism and Tradition in Early Republican Colombia · 75-96 Joshua M. Rosenthal, Western Connecticut State University, Estados Unidos

“Y serán desplayados”. Recorrido histórico sobre los bienes comunes, pescadores artesanales y control legal del litoral en Chile · 97-116 Pablo Camus Gayan · Rodrigo Hidalgo Dattwyler, Pontificia Universidad Católica de Chile

¿Conveniencia o necesidad? La formación de la clase obrera en las Universidades Laborales franquistas (1955-1978) · 117-136 Patricia Delgado-Granados · Gonzalo Ramírez-Macías, Universidad de Sevilla, España

El movimiento estudiantil mexicano de 1968 en clave latinoamericana: aproximación a las nociones de educación y transformación social · 137-157 Andrés Donoso Romo, Universidad de la Playa Ancha, Chile

Conflictos campesinos e indígenas en el sur de Chile (la provincia de Cautín, 1967-1973) · 159-179 Jesús-Ángel Redondo Cardeñoso, Universidad de Santiago de Chile

Reseñas Preciado, Bibiana. Canalizar para industrializar. La domesticación del río Medellín en la primera mitad del siglo XX. Bogotá: Uniandes, 2015 · 183-186

Vladimir Sánchez-Calderón, Universidad del Rosario/Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA), Colombia

Palacios, Marco, coordinador. Negocios, empresarios y entornos políticos en México 1827-1958.

México: El Colegio de México, 2015 · 187-190 Julio César Zuluaga, Pontificia Universidad Javeriana, Cali, Colombia

Publicaciones · Facultad de Ciencias Sociales · Universidad de los Andes Carrera 1 No. 18A-12 Bogotá, D.C., Colombia Tels: +571 339 4999 Ext 5567 Fax: +57(1) 332 4539 http://publicacionesfaciso.uniandes.edu.co publicacionesfaciso@uniandes.edu.co