DEMOCRATIZAR LA JUSTICIA

Lic. Gerardo Perez MaLdonado*

¿Democratizar la justicia? o dicho de otra manera ¿democratizar la justicia en México?, ¿Tiene cabida el término en el contexto actual del país?, ¿Que se debe entender por “democratizar la justicia”? En el México actual del siglo XXI por increíble que parezca, aun se sigue careciendo de un sistema de justicia confiable, asequible e imparcial, para todos los habitantes de este país, independientemente de sus condición social o económica, es decir aún se carece de un sistema democrático de justicia. ¿Democratizar la justicia? el concepto pudiere parecer sumamente contradictorio, si consideramos el hecho de que democracia, que es la raíz de democratización, no tiene (aparentemente) ninguna relación con la noción de justicia y viceversa, luego entonces como convergen en un concepto y propósito común. Veámoslo de la siguiente manera. La palabra democracia proviene del griego “demokratia”, que a su vez se compone de “demos” (pueblo) y “kratos” (poder o gobierno), por tanto, democracia significa literalmente “gobierno del pueblo”. Por lo que respecta al termino de “justicia”, es definido como el dar a “cada quien lo suyo”, que en un sentido más amplio lleva inmerso nociones universalmente aceptadas, es decir, lo que es reconocido como justo, tratar a todas las personas con equidad, igualdad y respeto, que cada individuo reciba lo que le corresponde y que se respeten sus derechos y libertades. Si consideramos que democratizar significa el gobierno del pueblo, aquel que toma las decisiones y que justicia es un derecho y un reclamo universal, una aspiración natural de todo individuo, se puede decir que democratizar la justicia, representa garantizar al acceso a la justicia para todos los ciudadanos independientemente de su condición socioeconómica. Aquel proceso que busca acercar la justicia a todos, ampliar el acceso a los servicios judiciales y garantizar una mayor transparencia, participación y rendición de cuentas en el funcionamiento de sistemas judiciales. Ahora bien, en México, ¿se ha democratizado la justicia? Para responder la pregunta podría bastar simple y sencillamente remitirse a la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leer el artículo 1º, que “en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución los cuales no podrán suspenderse, ni restringirse excepto en aquello casos que la propia constitución establece”, así como al contenido de los artículos 4º, 7º, 8º, 14, 16, y destacadamente el artículo 17, establece la garantía de impartición de justicia, y que consiste en derecho que tienen todos los ciudadanos a que se les administre justicia de manera pronta, completa.

Y entonces, una vez leído el contenido de estos preceptos, pareciere que la pregunta se responde sola, ¡y la respuesta sería sí! se puede afirmar que en México se ha democratizado la justicia siempre. ¿Sencillo no? Lamentablemente no es así, un reclamo histórico del pueblo de México ha sido precisamente ese, el acceso a la justicia, no solo de grupos minoritarios que son quienes más han padecido la carencia, sino de la sociedad en general. Por ejemplo, de acuerdo con una encuesta realizada por el INEGI en el año 2022, solo el 12% de la población tiene una percepción de que la Fiscalia General de la República, es eficiente en su trabajo, y solo el 12.2% de la población considera que los jueces realizan eficientemente su trabajo, y así sucesivamente con los demás niveles de gobierno. Atendiendo estas cifras, da la impresion que el problema de acceso a la justicia se creo en la actual administracion, lo que es completamente falso. Por ejemplo en el año 2014 del total de las averiguaciones previas iniciadas ante el Ministerio publico en el 49.9% de estas, no se resolvio la denuncia o simplemete no pasó nada. En el mismo sentido de acuerdo a la encuesta realizada por el INEGI en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Publica, del año 2021, desde el año 2012 y hasta el año 2021, el porcentaje de resultado en la carpetas de investigación ha sido constante, es decir, en un promedio de más del 50% de las carpetas o denuncias iniciadas nada paso o simplemente no se resolvio nada. En el rubro de “cifra negra de denuncias” dentro de la misma encuesta, se tiene que solo el 6.7% del total de delitos cometidos se denuncio y en el 97% no se denuncio. Cifra que ha sido una constante desde el año 2012 en todo el país. Todos estos datos resultan diametralmente opuestos a los esperados, de acuerdo a las acciones gubernamentales implementadas principalmente en el ambito federal con el “propósito” de mejorar la impartición de justicia en México. Prueba de ello han sido la reforma Constitucional en materia de Derechos

Humanos del año 2011, que incorporó los estándares internacionales en materia de derechos humanos, la reforma en materia penal 2008-2016, la cual se fue llevando en diferentes en etapas en todo el país, hasta llegar a implementarse en todos los estados. La reforma buscó fortalecer la justicia penal en todas las entidades, adoptando el sistema acusatorio, basado en la presunción de inocencia, y la implementacion de los juicios orales; y recientemente la reforma laboral del año 2019. En efecto, contrario a lo que se esperaba no ha habido un cambio sustancial en el tema impartición de justicia, es decir, hasta el momento no se ha podido democratizar la justicia en México, o dicho de otra forma, no se ha podido lograr garantizar al acceso a la justicia para todos los ciudadanos independientemente de su condición socioeconómica. Si bien existen connotados juristas (barras de abogados, renombrados Despachos legales, Ex Ministros de la Corte, Exprocuradores de Justicia, etcétera), que afirman hoy en dia, que la justicia en México es sumamente eficiente dadas las reformas mencionadas, utilizando para justifcar su postura, las recientes desiciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el solo hecho de “echar para atrás” las reformas legales implementadas, por el poder ejecutivo. Lo que resulta ser un argumento insuficiente. Existen tambien, opiniones dentro del propio poder judicial que coinciden en esa postura, una de ellas es la del Ministro de la Corte Juan Luis Gonzalez Alcantara, quien en artículo periodístico de fecha 9 de mayo sutilmente insinuó que el actuar del presidente de México, emulaba al comportamiento de Hitler cuando se justificaba a sí mismo como el defensor legítimo de la cosntitución basado en su apoyo popular, y por otra descalificando de igual manera, a la mayoría legislativa que priva en el poder legislativo, pasando por alto que hayan sido elegidos en un proceso democratico, calificandolos de ser representantes de una “mayoría de minorías”. Estas dos posturas representan fielmente los principales obstáculos que existen y que han existido para que la democratización de justicia en México sea una realidad. En efecto, el hecho de que durante un periodo de más de 71 años gobernara en el país un partido hegemónico, (Partido Revolucionario Institucional), en donde las instituciones públicas en general, incluidas los aparatos de procuración e de impartición de justicia, fueran cooptadas por grupos de intereses, retrasaron por décadas el mejoramiento de leyes y de instituciones para que el acceso a la justicia de manera general, y cumpliera asi con un reclamo social histórico. Muchos ejemplos existen de cómo ese reclamo le fue negado al pueblo y que fueron desalentando por generaciones la confianza en las instituciones de procuracion e imparticion de justicia hasta el dia de hoy, lo que sumado al hecho de que funcionarios públicos que fueron enquistados en dichos aparatos de justicia, vieran como un patrimonio su “puesto” y velaran por los intereses que les aseguraban su permanencia en él, más que el propósito por el cual ocupan el mismo, lo que al día de hoy aún persiste. No obstante, actualmente se cuenta con un viso de transformación, el cambio de régimen que se está llevando a cabo a partir del 2018, ha planteado un sacudimiento hasta los mas profundo de las instituciones públicas, de las que no pueden escapar por supuesto las instituciones de procuración e impartición de justicia. Hoy finalmente la Suprema Corte de Justicia que durante los regímenes hegemónicos convalidó, y sirvió como contención a los reclamos de justicia (ejemplos existen miles, que serán objeto de comentarios en otro momento), hoy se constituye como una feroz “defensora de la ley” de las formas, antes que de los fondos, hoy cuestiona y sanciona el procedimiento legislativo, hoy debate férreamente las reformas constitucionales planteadas, analiza a fondo y con lupa las reformas a leyes secundarias ante impugnaciones de los “grupos de oposicion”, lo que por supuesto no es malo, por el contrario refresca y revalora la división de poderes, no obstante que lo haga parcial y cuestionadamente por los medios de prensa objetivos e independientes que hoy florecen y que antes estaban opacados y sin espacios. Es pues un momento histórico, ojalá se pueda entender que, la incipiente democracia que surge en el pais, debe ser el detonante para que la sociedad mexicana en general pueda acceder a la justicia, independientemente de su condición socioeconómica. Lo que implicaría la creación de mecanismos que permitan a las personas acceder a la justicia de manera efectiva y asequible, así como la eliminación de todas las barreras que históricamente han lo han impedido, como la corrupción, la falta de recursos y discriminación. El objetivo seria, superar o eliminar las brechas de desigualdad existentes, para que aun la justicia histórica le llegue a quienes dieron su vida peleando por un propósito justo y que les fue negado. Para que la persona más humilde llegue a una agencia del Ministerio Público, y aun cuando vaya a denunciar que alguien le rompió un vidrio en su humilde morada, sepa que aun ese “insignificante” (para muchos) se investigue, se castigue a quien lo haya hecho y se le repare el daño, siendo tratado como si fuera el más prominente empresario del país. Ante este enorme reto se debe de entender, que la democratización de la justicia también implica la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones judiciales y en la elaboración de políticas públicas relacionadas con la justicia, incluso la elección de impartidores de justicia. Pero no de aquella “sociedad civil” que por décadas simulo representar al conjunto de la sociedad general, sino de la sociedad civil de la que formamos parte todos. Es pues, tiempo de democratizar la justicia en México.

* Licenciado en Derecho por la UNAM Fac de Derecho Especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo. perezllamasabogados@gmail.com Twitter: @GerardoPrezMal2 Instagram: gepema71

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