SITUACIONES QUE AGRAVIAN A LA POBLACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

El viernes 19 de mayo de 2023, se publicó en el Semanario Judicial de la Federación la tesis de jurisprudencia I.9o.P. J/18 CS (11a.), con registro digital: 2026465, bajo el rubro “NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. DEBE ABANDONARSE EL TÉRMINO "MENORES" PARA REFERIRSE A ÉSTOS, A FIN DE RESPETAR EL PRINCIPIO DE SU INTERÉS SUPERIOR Y EL DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN”, por ende, tal criterio es de aplicación obligatoria a partir del lunes 22 de mayo de 2023.

En concreto, se determinó que debe abandonarse el término "menores" para referirse a niñas, niños y adolescentes, a fin de respetar el principio de su interés superior y el derecho a la igualdad y no discriminación.

Tal suceso fue objeto de celebración y mención en distintos foros; sin embargo, ello resultó intrascendente para “Andrés”, como nombraré a un pequeño de apenas siete años que vende mazapanes en las inmediaciones de un mercado de la ciudad de México, quien con la inocencia que caracteriza a los niños indica que no va a la escuela, que trabaja desde los cinco años porque su madre consume drogas.

De igual forma, el desuso del término menor tampoco trascendió para “Alejandra”, quien cuenta con 17 años de edad, y habiéndose interesado en la realización de videos a través de cierta red social, ha conocido en carne propia el terror que le generó quien en su momento se hizo pasar por un amigo, pero a la postre la extorsionó, y al denunciar, fue a su propia familia a quien se ha dado trato de victimaria, e incluso, ella misma ha sido objeto de tratos revictimizadores por parte de las autoridades.

Tampoco tal cambio impactará a “Noe”, de 15 años, estudiante de bachillerato, quien con el impetú de la juventud y la facilidad que le representó encontrar en las cercanías de su escuela uno de tantos locales expendedores de bebidas alcohólicas a plena luz del día, e incluso, drogas, tuvo la desfortuna de desencadenar un padecimiento mental que sufrirá por el resto de su vida.

Situaciones como las anteriores se suman a las de infinidad de niños, niñas y adolescentes que en el día a día vemos correr entre los autos pidiendo caridad u ofreciendo cosas en venta, evidentemente carentes de medios para cubrir sus necesidades básicas. Aquellos que requieren atención médica, psicológica, psiquiátrica y de todo tipo para preservar la salud, integridad y la propia vida. Niños dormidos por horas y horas en brazos de personas, que en ocasiones, nuestra lógica y razón indican que los adultos que los custodian no son sus padres. Niñas y adolescentes, que en las comunidades son objeto de venta; otros que solos, o con uno o ambos padres viven en situación de calle, haciendo de su cotidianidad la búsqueda del alimento, de la sobrevivencia ante la violencia en esos núcleos de población, el consumo de drogas y la actividad delictiva. Incluso, niños, niñas y adolescentes que a pesar de no estar en situación de calle están al cuidado de adultos que ejercen violencia familiar en sus diversas modalidades, con padres adictos a drogas o con actividad delictiva. Incluso, sin importar el estrato social, atendiendo a su condición de personas en desarrollo son impactados por el descuido o abandono en el que quedan ante la necesidad de que sus padres salgan a trabajar, con lo que además de que en ocasiones no se satisfacen sus necesidades básicas de afecto, pasan horas y horas frente a las pantallas y entonces, expuestos a los medios de comunicación y redes sociales, teniendo a su alcance contenido de todo tipo, en audio, video o de mensajería, que lamentablemente no siem- pre contribuyen a promover su bienestar social, espiritual y moral; mucho menos su salud física y mental.

Todo ello bajo la pasividad de la sociedad y de las propias autoridades, parecería obvio que como un acto natural tendiente a la preservación de la especie humana, el cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes tendría que ser objeto de la máxima preocupación y ocupación por parte de la sociedad, los niños no son solo el futuro de las naciones, son el presente de las sociedades y dada su vulnerabilidad los Estados nunca deberían escatimar en políticas públicas encaminadas a garantizar el interés superior de éstos; ante lo adverso de la realidad, en 20 de noviembre de 1989, luego de diez años de trabajos, dada la necesidad de la protección internacional de la población infantil, fue aprobada como tratado internacional de derechos humanos la Convención sobre los Derechos del Niño, y en 1990, el Estado Mexicano suscribió tal instrumento; así, tenemos que en el numeral 1 se define como niño a todo ser humano menor de dieciocho años.

Ahora bien, con base en el numeral 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al ser el Estado Mexicano parte de la citada convención, la totalidad de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en territorio mexicano gozarán de todos y cada uno de los Derechos que consagra la multimencionada convención, y todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Consecuencia de ello, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Regulando concretamente los Derechos de este grupo vulnerable se cuenta en nuestro país con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el numeral 5 precisa que son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad; asimismo en el artículo 13, de tal ordenamiento, se enlistan en 20 fracciones, de manera enunciativa más no limitativa los siguientes derechos de tal sector de la población: el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; el de prioridad; a la identidad; a vivir en familia; a la igualdad sustantiva; a no ser discriminado; a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral; a una vida libre de violencia y a la integridad personal; a la protección de la salud y a la seguridad social; a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad; a la educación; al descanso y al esparcimiento; a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura; a la libertad de expresión y de acceso a la información; a la participación; asociación y reunión; a la intimidad; a la seguridad jurídica y al debido proceso; Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, y al acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet.

Conforme al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en 2022 en México residían 130 millones 118 mil 356 habitantes, de los cuales, las niñas y niños de 0 a 17 años, representan el 30.2%, de los cuales 49.1% son mujeres y 50.9% son hombres. Asimismo, la edad de inicio en el consumo de drogas es a partir de 13 años, edad similar entre hombres y mujeres (13 años cada uno respectivamente). La prevalencia anual de cualquier droga es de 12.2% (13.2% en hombres y 11.2% en mujeres), en secundaria es de 8.9% y para bachillerato el porcentaje se incrementa a 17.6%. De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) más del 20% de los adolescentes de todo el mundo sufren trastornos mentales, que el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 19 años y que alrededor del 15% de los adolescentes de países de ingresos medios y bajos se ha planteado el suicidio. En torno a niños en situación de calle, UNICEF plantea que existen 100 millones de niñas y niños abandonados en todo el mundo, de los cuales 40 millones pertenecen a América Latina con edades que oscilan entre los 10 y 14 años, son condenados a intentar sobrevivir en el único “hogar” que tienen disponible, esto es, las calles del continente. En torno al maltrato infantil este organismo señala que Estados Unidos, México y Portugal son los países donde el índice de mortalidad de menores por maltrato físico es más elevado, con cifras 10 o 15 veces mayores que en el resto de las naciones desarrolladas. A nivel nacional no hay estudios actualizados que den cuenta de la cantidad de niños, niñas y adolescentes en situación de calle. La sistemática vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes debe ser una cuestión de urgente atención, con acciones concretas, objetivas y de hecho, la aplicación cabal de la normatividad existente alcanza para tomar acciones al respecto, gobierno y sociedad debemos ir unidos, actuando y pugnando por el respeto fáctico de los derechos de quienes nos preceden. Es obvio que existen situaciones complejas como el abasto de medicamento, asistencia a las personas en situación de calle, servicios de salud y educación, pero hay otras que sí es posible realizar, por ejemplo, la sanción a los medios de comunicación que incumplan los lineamientos en sus emisiones; concientización en la sociedad, docentes, tutores y padres de familia, sobre la alimentación, riesgos en las redes sociales, consecuencias de abuso en el uso de pantallas, consumo de drogas; vigilancia permanente en las escuelas, parques, deportivos, aplicación estricta de los reglamentos, todo ello con el fin de evitar la existencia de sitios en los que se expendan sustancias tóxicas a la población de referencia.

Nuestros niños, niñas y adolescentes no solo están lidiando ahora con los obstáculos y desazones que nos encontramos los que ahora somos adultos, sino que además, junto con nosotros, esos niños, niñas y jóvenes somos sobrevivientes de una pandemia de COVID19, con todas las consecuencias que ésta dejó a su paso, muertes, estragos a nivel económico, sin pasar por alto las terribles consecuencias en la salud mental; asimismo, las redes sociales les acercan como nunca el conocimiento, esparcimiento y todo tipo de relaciones interpersonales, pero todo ello igualmente representa, en ocasiones, un peligro inminente. La deleznable actividad de comerciar con sustancias tóxicas (drogas) en las inmediaciones de los lugares a los que concurre la población a que nos hemos venido refiriendo, sin dejar de lado los atroces delitos de secuestro, trata (en sus modalidades), sustracción y tráfico de menores, entre otros tantos.

Durante el Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, el 30 de septiembre de 1990, se señaló:

"No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana", lo cual debería ser el eje de las políticas públicas dirigidas a los niños, niñas y adolescentes.