Los mecanismos de la extorsión
Raúl Prada Alcoreza
1
2
Dedicado a Francisco, vĂctima de la extorsiĂłn judicial.
3
4
Índice Diseminación y extorsión
7
Los dispositivos de la extorsión
18
De la extorsión política
42
Extorsión económica
66
5
6
Diseminación y extorsión Estamos ante el acontecimiento de la diseminación,
la
diseminación
institucional, la diseminación política, la diseminación económica, la diseminación cultural, la diseminación ética y moral. La diseminación es material, en cambio, la deconstrucción
es
hermenéutica.
La
deconstrucción desmantela los tejidos y las capas del discurso y la escritura; la diseminación diluye, desarma o destruye lo construido, lo edificado, las mallas institucionales. De manera esquemática, se puede decir que la deconstrucción es crítica y la diseminación es revolucionaria; sin embargo, hay que tener cuidado, hemos usado dos términos que connotan significaciones
labradas
socialmente
y
hundidas en los espesores imaginarios
7
colectivos. Puede quedar mejor parada la crítica, por no haber perdido su aire exigente e interpeladora; en cambio la revolución
habría
perdido
su
halo
romántico, convertida en excusa para cambiar élites y restaurar dominaciones. La diseminación política y cultural habría llegado
a
deteriorar
el
término
de
revolución, desgastándola, hasta dejar de la revolución, su sentido e imagen, solo la impresión de la violencia y la sensación de impostura. La diseminación institucional se efectúa por desmantelamiento o por deterioro; en el primer caso se trata del efecto de acciones revolucionarias, para decirlo de esa manera acostumbrada; en el segundo caso se trata de efectos corrosivos en la maquinaria estatal. Vamos a hablar de lo segundo, pues lo primero no acontece en 8
el llamado eufemísticamente “proceso de cambio”. Aunque el deterioro venga de antes, desde periodos y gestiones de gobierno
anteriores
al
“gobierno
progresista”, lo que llama la atención, contra lo esperado, es que es durante el “proceso de cambio” cuando el deterioro alcanza niveles y grados de deterioro sin precedentes, quizás con la salvedad de las dictaduras militares. En todo caso, son las distintas formas de gubernamentalidad, que atraviesan la historia política de Bolivia,
las
que
manifiestan
distintos
ritmos y tonalidades del deterioro político e institucional. Es como si fuese una marcha variada hacia la diseminación. El deterioro no solamente comienza con el desgaste,
sino
adulterado; instituciones
también
por son
ejemplo, usadas
con
el
uso
cuando con
las
otros 9
objetivos, no contemplados ni en ley, ni en la
norma,
ni
en
los
reglamentos
institucionales. Entonces, lo no normado ni reglamentado
institucionalmente
se
comienza a convertir en prácticas. Es cuando las formas paralelas toman la institución y la convierten en instrumento del lado oscuro del poder. La institución deja de ser lo que es, una institución, para convertirse en máscara de otras prácticas, de otros usos, y en medio de otros fines. Se puede decir que con el deterioro comienza la diseminación. El desajuste institucional se da como consecuencia del deterioro mencionado. El aparato no responde para lo que fue construido; sus engranajes fallan y toda la maquinaria cruje, dando como resultado la disfuncionalidad del sistema. Cuando esto ocurre
los
discursos
adquieren
otros 10
sentidos, dicen otra cosa de lo que emiten; las
prácticas
paralelas
desbordan
y
modifican la orientación institucional. La conducción
paralela
de
la
institución,
convertida en instrumento del lado oscuro del poder, obtiene otros resultados no mentados ni en el discurso político, ni en las prescripciones institucionales. En estas condiciones se produce el desbarajuste, desde la perspectiva institucional; empero corresponde
a
la
adecuación
de
la
institución tomada a los nuevos roles asignados de manera opaca, sinuosa y adulterada. Estas
mutaciones
principio
casi
institucionales,
imperceptibles,
en
son
el
substrato de otros comportamientos y conductas, que podemos llamar secretas o clandestinas.
Se
conforman
otras
cohesiones, basadas en complicidades y 11
concomitancias de los grupos de poder consolidados, que se hacen cargo del funcionamiento efectivo institucional. Lo que
antes
aparecía
como
prohibido
institucionalmente, comienza a aparecer como permitido o si se quiere, en principio, tolerado;
para
luego
convertirse
en
“normal”, pues se trata de servir a las solapadas directrices de los “jefes”. La corrosión institucional se convierte en funcionamiento aceptado, en despliegue coordinado en las condiciones políticas impuestas.
La
corrupción
se
vuelve
necesaria en el cumplimiento de las tareas asignadas por la conducción política. Cuando esto pasa, el compás desenvuelto del
deterioro,
que
forma
parte
del
fenómeno arrasador de la diseminación, se conforma un mundo paralelo, mas bien, mundo sumergido, mundo clandestino, 12
que se convierte en campo gravitante respecto al mundo institucionalizado. En los códigos del mundo paralelo se valoriza la fidelidad y lealtad a los “jefes”, por más que
los
actos
Constitución,
cómplices
la
ley,
vulneren
la
normas
y
las
reglamentos institucionales. Cuando los fines ya no son los institucionales, sino los impuestos
por
la
gubernamentalidad
forma
clientelar,
como
de la
obtención de beneficios extraordinarios, administrados funcionamiento
por
el
oculto,
“sistema” se
llega
de a
extremos; por ejemplo, el pactar con una empresa extorsionadora con el fin de obtener lo que busca el circuito clientelar, beneficio extraordinario, a pesar de que este usufructo atente contra los intereses del Estado, del país y del pueblo.
13
Si bien se puede y se debe denunciar e interpelar estas prácticas paralelas, lo que hay que comprender es el contexto en el que se dan, los substratos de donde emergen. No basta la denuncia, tampoco basta la interpelación, incluso no basta con lograr sancionar a los comprometidos, que más de las veces son chivos expiatorios, pues mientras el contexto se mantenga y los substratos se preserven, las prácticas paralelas del poder serán reiterativas y recurrentes. Para salir del círculo vicioso del
poder
es
menester
efectuar
la
diseminación como desmantelamiento; es decir, desmantelar las máquinas de poder, las instituciones tomadas por el lado oscuro del poder. La diseminación como deterioro genera un fenómeno parecido al parasitismo; los parásitos se alimentan del cuerpo tomado, en el que se incrustan. Como se trata de toda una clase de 14
parásitos, la clase política, la máquina de la economía política del chantaje prefiere mantener con vida el cuerpo tomado, para alimentarse
permanentemente
con
su
sangre. En el primer folleto que publicamos, exponemos algunas formas del deterioro institucional, que denominamos extorsión. Se
trata
entonces
extorsión.
Hemos
de
formas
usado
de
la
algunos
ejemplos, de manera ilustrativa, buscando mostrar ciertos rasgos del funcionamiento de las máquinas de la extorsión. Con esta exposición continuamos la labor de la crítica del poder y de las dominaciones, sobre todo en lo que respecta al lado oscuro del poder. Tómese el folleto como la
continuación
de
exposiciones,
que
15
abordamos en El lado oscuro del poder1 y en El círculo vicioso del poder2. También comprometerse como referente teórico lo escrito en Diseminaciones3.
1
Ver El lado oscuro del poder. https://issuu.com/raulprada/docs/el_lado_oscuro_del_poder _3. 2 Ver El círculo vicioso del poder. https://issuu.com/raulpradaalcoreza/docs/c__rculo_vicioso_d el_poder. 3 Ver Diseminaciones. https://issuu.com/raulpradaalcoreza/docs/diseminaciones_2.
16
17
Los dispositivos de la extorsiรณn
18
Se dice que la extorsión es un delito que consiste en obligar a una persona, a través de
la
utilización
de violencia
o
intimidación, a realizar u omitir un acto jurídico o negocio jurídico con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial o bien del sujeto pasivo. Bueno, la extorsión se ha convertido en el modus operandi del sistema-mundo; por lo tanto, de los Estado-nación contenidos en este sistema global; pero, lo más grave, es que se ha convertido en un hábito perverso en las prácticas sociales. En ensayos anteriores expusimos análisis sobre la decadencia, hablamos del derrumbe moral y ético, de la diseminación de las instituciones, de su atravesamiento por las estructuras del lado oscuro del poder. Cuando se lo hizo no se pretendió que se lo hacía de manera abarcadora; hay tópicos que no fueron 19
tocados en lo que podemos llamar la composición de la decadencia; uno de ellos es el relativo a la extorsión.
La extorsión se ha convertido en un hábito institucional o dentro del funcionamiento de las instituciones. Como usufructúo para el
funcionamiento
de
las
mismas
se
conforman grupos de extorsión; estos grupos se colocan en todo el mapa institucional; desde los ingresos a las mismas instituciones hasta sus salidas, pasando
por
burocrática,
en
toda
la
maquinaria
plena
ejecución.
Los
extorsionados son los usuarios del sistema institucional, ya entren como víctimas o como imputadas. La extorsionada es la sociedad misma, que se ve obligada a recurrir al sistema institucional, pues se encuentra atrapada en sus redes. El 20
funcionamiento
institucional
convertido
“normal”,
en
se pues
ha “así
funcionan las cosas”. No importa si se violan
derechos
políticos,
humanos,
sociales,
civiles,
colectivos,
constitucionalizados. Lo que importa es que la máquina institucional funcione como
funciona,
distribuido
y
mediante
el
proliferante
ejercicio de
las
extorsiones.
Es pues “normal” que se extorsione a las víctimas, también a los imputados. Tanto víctimas
como
imputados
tienen
que
pagar; se trata del pago a la institución por haber ingresado a su “sistema”, donde debe seguir los pasos establecidos por los grupos de extorsión.
Los grupos de
extorsión están conformados por varios funcionarios
implicados,
que,
aunque 21
cumplen tareas distintas, de acuerdo a sus asignaciones, se coaligan cuando tienen que ejercer la extorsión. Por ejemplo, en el sistema judicial, cuando una víctima o, en su caso, un imputado, ingresa a la máquina de justicia, el fiscal acusador, el defensor,
el
juez,
a
pesar
de,
por
prescripción normativa y de funciones, tienen que concurrir y competir desde las tareas que les competen, contrastantes, todos
ya
están
coaligados
y
comprometidos en hacer funcionar
la
extorsión. No se trata de defender a la víctima o al imputado; tampoco se trata de hacer
una
imputación
coherente
y
objetiva, que responda no solo a una investigación,
sino
consideración
de
también los
hechos
a
una y
las
circunstancias; así como no se trata de dirimir como juez entre la argumentación acusadora y la argumentación defensora; 22
sino se trata de que el ejercicio de la extorción funcione, opere, obtenga los resultados buscados, que están lejos de corresponder a la realización de la justicia, sino que corresponden a mantener y reproducir
el
funcionamiento
de
la
maquinaria de la extorsión.
La justicia es lo que menos importa; lo que importa es que se la tema; es decir, que se
tema
al
aparato
que
se
inviste
simbólicamente de “justicia”, que se unge de
dispositivos
y
engranajes
que
se
reclaman de ejercer justicia, cuando lo que hacen
es
descargar
la
violencia
institucionalizada del sistema judicial en los cuerpos magullados de las víctimas, donde también ingresan los imputados.
23
No es justicia, es violencia la que se realiza. Se legitima la violencia de la institucionalidad
corroída
arbitrario
las
de
administración
con
leyes,
abusiva
de
el con
las
uso la
leyes,
mediante interpretaciones provisionales, apresuradas, grotescas e incongruentes. De lo que se trata es de usar las leyes como látigos para castigar; por eso es indispensable
señalar
claramente
al
culpable, al “enemigo de la sociedad”, al “enemigo
público”,
al
peligro.
La
conclusión judicial: hay que encerrarlo, tiene que esperar encarcelado su juicio, y cuando termine, tiene que cumplir con la pena asignada. La premisa fundamental de la justicia moderna, la de que nadie es culpable en tanto no se lo demuestra, es descartada
de
inicio.
Se
retrocede,
entonces, de una concepción liberal de la
24
justicia a una concepción monárquica de la justicia, a la del castigo.
Lo
que
sorprende
no
solo
es
este
anacronismo perverso de un sistema de justicia que ejerce extorsión, sino que a todos les parece “normal”, pues “así funcionan
las
funcionarios
de
cosas”. justicia,
No a
solo
a
abogados
imputadores, a abogados defensores, a jueces, a policías, que custodian, sino también
a
las
mismas
víctimas
e
imputados, a las familias de éstos, a la sociedad misma involucrada y afectada por esta forma violenta de ejercer la justicia, humanos, políticos,
que
desconoce
derechos derechos
derechos
civiles,
derechos
sociales,
derechos
colectivos, constitucionalizados.
25
Siguiendo con el ejemplo, relacionado a la institucionalidad judicial, el ejercicio de la extorsión se hace elocuente en lo que respecta a la famosa ley 1008, impuesta por el imperio; ley suspendida por la Constitución; por lo tanto, ilegitima e ilegal, descartada por la Constitución. A pesar de esta situación jurídica, de la condición ilegal e inconstitucional de dicha ley, se la sigue aplicando, como si nada. No importa si es así, lo que importa es que el “sistema” de castigos y penas, el “sistema” de extorsión, siga funcionando. A nadie le conmueve que se lo haga, a pesar de cometer, teóricamente, delitos constitucionales. Este comportamiento de sometimiento
al
anacronismo
institucional, que persiste, a pesar de la nueva
Constitución,
muestra
fehacientemente que no ha importado nunca la Constitución ni su cumplimiento; 26
lo que importa es que los diagramas de poder funcionen tal como la han ven ido haciendo hasta ahora. Puede cambiar la Constitución,
pero
lo
que
no
puede
cambiar es el régimen del poder. La Constitución está bien como discurso, empero, la Constitución no puede sustituir a las máquinas de poder, que ejercen las dominaciones polimorfas.
Sabemos que la demagogia política es la que campea; se habla de “transformar la justicia”, es decir, su ejercicio, plagado de corrupción; sin embargo, este es un enunciado
fofo,
que
no
tiene
consecuencias prácticas, salvo el de seguir manteniendo lo mismo, la corrupción, aunque
cambie
de
formas,
perfiles,
estilos.
27
El debate entre “oficialismo” y “oposición” se ha circunscrito al tema de la elección de los magistrados, que, por cierto, es donde ha perdido el “oficialismo”, aunque no haya
ganado
la
“oposición”,
sino
el
rechazo social a la farsa. El sistema judicial no solo está compuesto de magistrados, tribunales, jueces, sino, sobre todo, de subsistemas y estructuras, además de relaciones, que lo hacen funcionar. El “debate” entre “oficialismo” y “oposición” se ha perdido en el modo de elegir las jerarquías; está muy lejos de haber tocado el
problema,
problema.
Ese
menos debate,
el
núcleo
que
tiene
del la
pretensión de “defender la democracia”, solo ha tocado el problema en alguna superficie visible de sus manifestaciones; solo interesa denunciar las maniobras del gobierno o, en su caso, de lograr el control de los aparatos de justicia. Para nada se 28
ventila la preocupación por la justicia misma, en las condiciones de posibilidad históricas-políticas-económicasinstitucionales
de
un
Estado-nación
construido en genealogías de la violencia.
El gobierno ha impuesto dos veces sus magistrados afines, a pesar de haber perdido las elecciones consecutivas de magistrados
–
lo
que
anulaba
taxativamente la elección misma -; la población votante le ha ganado al gobierno dos veces, en el intento de legitimar su maniobra; pero la problemática de un sistema de justicia extorsionador no ha sido abordado.
29
Ahora bien, el ejercicio de la extorsión no se sitúa solamente en la institucionalidad judicial, sino se extiende por toda la red institucional del Estado, incluso de la sociedad. Por ejemplo, se extorsiona en el sistema
de
salud;
los
pacientes
se
convierten en rehenes en manos
de
estructuras administrativas de la salud, que funcionan con flujos dinerarios. Lo que interesa no es la salud, ni curar la enfermedad,
menos
atender
las
emergencias para lograr la estabilización corporal, quitar
el dolor
organizadamente
para
e
intervenir
resolver
el
problema agudo contraído. Aunque estas sean las tareas asignadas, son como la excusa para extorsionar al paciente y a la familia del paciente. Lo peor no es esto, a pesar que ya es espantoso, sino
la
negligencia médica. Las equivocaciones de diagnóstico se suman, acarreando las 30
muertes por negligencia. Por otra parte, las instalaciones hospitalarias y clínicas resultan inadecuadas o sobrepasadas por la magnitud de la demanda. La tecnología médica ya es anacrónica, salvo en la implementación escasa de alguna clínica privada, que cobra el ojo de la cara por su uso. Aunque se implemente con gran propaganda algún instrumental médico reciente en el sistema de salud publica, éste, en primer lugar, es insuficiente para la
atención;
incorporación insumos
en
segundo
tecnológica
lugar,
la
requiere
de
constantes,
operarios
especializados, además de la manutención y su uso por equipos coordinados y preparados.
En
consecuencia,
la
tecnología médica implementada resulta una muestra actualizada en un océano anacrónico de obsolescencias.
31
El reciente conflicto médico destapó la crisis del sistema de salud público y privado. En primer lugar, el sistema de salud no cubre a la población demandante y
necesitada;
privilegiada aseguradas,
es los
solo
una
proporción
atendida. y
las
Los
y
las
que
tienen
suficientes recursos para ser atendidos. En segundo lugar, el nombrado sistema de salud no funciona como sistema, sino de una manera bastante descuajeringada; lo que
sí
funciona
es la administración
económica de los recursos públicos y privados. Si no llegan los recursos del Estado, entonces se para el sistema de salud pública, solo con el cobro alto de la atención medica funciona el sistema de salud
privada.
El
motor
de
este
funcionamiento es netamente económico; la ciencia médica queda relegada, mucho más si se trata de investigación, así como 32
actualización y formación permanente. La ética médica ha sido olvidada como si fuese un romanticismo de los viejos médicos de vocación. En pocas palabras, el sistema de salud es también un sistema de extorsión. Otro ejemplo, el sistema educativo. Se sabe
que
la
escuela
es
dispositivo
fundamental del diagrama de poder del disciplinamiento escolar; emerge en los comienzos de la modernidad, junto al dispositivo del cuartel y al dispositivo de la cárcel. Ha sido el gran modulador de los esquemas de comportamientos modernos e individuales, así como constitutivo de las subjetividades
modernas;
también,
indispensable, en la instauración de la ideología
moderna.
formando
a
paradigma
los
Sin
embargo,
ciudadanos
humanista,
en
el
después, 33
acompañando con la formación técnica y científica, las especializaciones y en los requerimientos
de
la
investigación.
Empero, en la contemporaneidad, los paradigmas educativos se encuentran en crisis;
tanto
vertiginosa
sobrepasados transformación
por
la
de
la
civilización moderna, así como porque estos paradigmas han dejado de ser los referentes.
Ahora
el
referente
es
el
paradigma económico. La educación se ha convertido en un negocio; se enseña como parte de un costo de inversión para obtener
beneficios
y
ganancias.
La
formación se ha banalizado a tal punto que de lo que se trata es de lograr el manejo de cierta información seleccionada en los estudiantes, encomendarles la lectura de manuales de disciplinas, reunidas por áreas,
el
manejo
de
determinados
instrumentos de acceso a la información y 34
de medida, inclinándolos al pragmatismo del cumplimiento de tareas a través de notas de evaluación y examinaciones periódicas.
Con estos procedimientos
educativos, el incentivo a la creatividad desaparece, así como la curiosidad es relegada
a
las
predisposiciones
individuales, que vienen a ser como una singularidad propia de los genios o de los excéntricos. Por lo tanto, no forman parte del sistema educativo mismo.
La extorsión en el sistema educativo es constante, desde que se ingresa al sistema hasta que se sale. En el subsistema público,
a
pesar
constitucionalmente
es
de
que
gratuito,
las
familias tienen que cubrir los costos de los útiles, los libros y otros servicios, la alimentación y el transporte. Cuando los 35
estudiantes
reprueban
o
están
por
reprobar, las familias tienen que contratar a un profesor para recuperarse. Por otra parte, hay otros gastos, en ferias, en festividades,
en
festejos
o
actos
culturales. Pero, lo más grave no es esto, sino la constante extorsión a las familias y a los estudiantes, en quienes pende la espada de Damocles sobre sus cabezas. Para
salir
bachiller
hay que
al
final
doblegarse a las prácticas establecidas y acostumbradas. O, como ocurre con la reforma educativa, se facilita el paso de los alumnos por los grados primarios y secundarios, de tal manera que, en la composición de las notas, resulta muy difícil aplazarse, a pesar de la dejadez. En este caso la extorsión se reduce a la complicidad entre estudiantes, familias, profesores, en el sistema educativo, para mantener
un
sistema
de
bajísima 36
formación y bajísima exigencia, pero, que reproduce
el
funcionamiento
de
un
sistema de extorsión de baja intensidad, empero que deja réditos.
Estos
tres
extorsión
ejemplos
del
sistema
generalizado,
no
de son,
obviamente los únicos ni tampoco los principales
y
jerárquicamente
referenciales; estamos ante la expansión desbordante del ejercicio de la extorción en distintos niveles y planos, en diferentes espacios de la institucionalidad, cobrando peculiaridades propias, dependiendo de donde se da lugar. Empero, se comparte en las distintas dependencias y dominios donde se da la característica destacada que
hace
a
la
extorsión;
acto
de
expoliación que induce a las personas afectadas
a
acatar
prácticas
no 37
institucionales ni normadas por la ley; sino que responden a lado oculto del poder, a las formas paralelas de las relaciones de donación,
no
visibles.
La
extorsión
requiere de culpables, de imputados, de sancionados,
de
extorsión
requiere
pacientes,
de
encarcelados; de
enfermos,
dependientes
la de y
demandantes de atención; la extorsión requiere de pupilos, de alumnos, de demandantes de títulos académicos. En fin, la extorsión generalizada requiere de contenidos
de
las
formas
discursivas
institucionalizadas; del señalado como víctima
o
como
delincuente;
del
identificado como enfermo, contaminado o convaleciente; del objetivado o clasificado como aprendiz o en proceso de formación educativa. tautológico,
En el
fin,
aunque
sistema
de
parezca extorsión
38
generalizado
requiere
del
o
la
extorsionada.
Por eso, no puede sostenerse la tesis de que el sistema judicial, el sistema de salud, el sistema educativo o cualquier otro sistema de la malla institucional del Estado y de la malla de la sociedad institucionalizada están para resolver los problemas que ocasionaron su emergencia y
su
edificación.
Paradójicamente,
el
sistema judicial está, más bien, para reproducirse como tal preservando la masa crítica de las víctimas y de los delincuentes; el sistema de salud está, mas bien, para reproducirse preservando la masa crítica de enfermos y pacientes; el sistema educativo, está, mas bien, para reproducirse preservando la masa crítica de aprendices y pupilos, que requieren 39
titularse. Y así sucesivamente, cualquier subsistema
del
generalizada
sistema
está
de
para
extorsión
reproducirse
preservando la masa crítica de expuestos y vulnerables a la extorsión. Lo que hay que
anotar es que
las
composiciones
lado
del
poder,
del
las
luminoso
institucionales,
se
complementan con las composiciones del lado oscuro del poder, no institucionales, pero que funcionan como “sistema”. El sistema
judicial,
que
responde
a
la
organización del Estado, que tiene como funciones garantizar
las el
de
ejercer
cumplimiento
justicia de
y los
derechos, se complementa, sobre todo encubre,
con
el
funcionamiento
del
ejercicio del poder del lado oscuro de las dominaciones.
40
41
De la extorsión política
42
La extorsión política es, quizás, en el sistema de extorsión generalizada, la práctica más usual y manifiesta. La política institucionalizada se ha convertido en el ejercicio mismo de la extorsión de la delegación y la representación, mucho más evidente cuando se es gobierno. El delegado, el representante del pueblo se cobra su representación, cobra un precio por encargarse de la representación, de hacer de “vocero del pueblo”. Esto se hace patente cuando el representante forma parte del gobierno o la representación se hace del gobierno. La extorsión comienza en la adulteración de la convocatoria; no solo se convoca al pueblo, sino que se le exige seguir al partido que los representa, mucho
más
cuando
este
partido
se
reclama de genuina representación del pueblo.
Esta
exigencia
se
hace
más
notoria y conminatoria cuando es el propio 43
gobierno el que exige la “movilización popular” en defensa del gobierno auténtico del pueblo; en el caso de versiones políticas no populistas, se exige al pueblo defender la institucionalidad. El pueblo, entonces, está conminado a defender el “proceso” o la “democracia”, que sus representantes
y
sus
gobernantes
encarnan. La extorsión política no reconoce, por así decirlo, mayoría de edad al pueblo, se lo considera como un niño, que debe ser educado
y
conducido.
Las
decisiones
políticas quedan a cargo de la clase política. Cuando se acude al pueblo en relación
a
problemáticas,
cuestiones se
lo
debatidas hace
no
y
para
preguntar su opinión o constelación de opiniones, sino para indicarle cuál debería ser su opinión, de acuerdo a la verdad 44
política. Las opiniones que preponderan y que se difunden a través de los medios de comunicación son la de los políticos; cuando se entrevista a la gente común, como se dice, de la calle, se lo hace para edulcorar la opinión política ya dada, se lo hace como pronunciamientos colaterales o,
en
su
caso,
como
tendencias
cuantificables de la “opinión pública”. El pueblo
es
el
objeto
deseado
de
la
convocatoria política, también es el sujeto de la extorsión política. La
extorsión
política
cuenta
con
un
complejo aparataje de incidencia y de inducción de comportamientos. Lo que era la
retórica
discursivo
de
política,
como
convencimiento,
recurso se
ha
convertido en una fabulosa maquinaria de publicidad y propaganda, que implanta opiniones mediáticas, esquemáticas, como 45
consignas
de
mercadotecnia.
En
el
lenguaje polarizador de la política se lanza un mensaje simple: si no estás con nosotros estás con los enemigos del “cambio”, de la “revolución”, o, en otra versión, estás con los enemigos de la “democracia” institucionalizada. La forma y el estilo de emitir el mensaje puede variar, incluso puede adquirir expresiones más elaboradas, sin embargo, el mensaje, en el fondo, es similar; se trata del chantaje
político,
que
puede
adquirir
connotaciones de chantaje emocional o de chantaje ideológico, se lo haga a nombre de lo que se lo haga, la “revolución” o el Estado, el “proceso de cambio” o la institucionalidad. La extorsión política persigue variados réditos; uno de ellos tiene que ver con el camuflaje de legitimidad; otro de ellos 46
tiene que ver con el mantener como rehén al pueblo, rehén de la clase política o, en su caso específico, del gobierno. Entre los réditos se encuentra el lograr beneficios no solo políticos, si no también económicos. Lo que se denomina corrupción es, en realidad, el efecto de la extorsión política, en sentido de renta adulterada. Estos variados réditos se logran cuando el ejercicio de la política se presenta como la única
manera
institucionalizada,
de la
ejercerla, reglamentada,
la la
normada, que, en definitiva, otorga el monopolio de lo político a la clase política. Los límites de la realidad institucionalizada están definidos por el Estado; cuando la realidad es ésta, producto del poder, se excluyen taxativamente otros ejercicios no estatalizados; se descartan las prácticas alterativas de los colectivos sociales; en efecto, aunque no se lo diga, se prohíben 47
otras prácticas políticas, descartando la posibilidad del autogobierno. La “democracia” institucionalizada, que se basa en la Constitución, en el sistema de leyes, que se legitima en el discurso jurídico-político, establece
precisamente
las
“democrático”,
reglas encubre
porque
del el
juego ejercicio
efectivo de la política, la extorsión política. Las formas de gubernamentalidad, que parecen
exceder
el
encuadre
de
la
“democracia” institucionalizada, como la forma de gubernamentalidad clientelar, no hacen otra cosa que patentizar lo que motoriza el ejercicio de la política, el chantaje
político.
gubernamentalidad circunscribirse
al
Las
formas
que encuadre
de
parecen de
la
“democracia” institucionalizada, como la forma de gubernamentalidad liberal, no 48
hacen
otra
cosa
que
reforzar
el
encubrimiento institucional de la extorsión política. La forma de gubernamentalidad clientelar
hace
descarnada,
la
evidente,
de
manera
extorsión
política;
en
cambio, la forma de gubernamentalidad liberal la encubre, de manera institucional, apegada a la Ley, el ejercicio de la extorsión política. Se puede definir la cuestión política de la siguiente
manera:
se
nombra
a
la
“democracia” en discursos que la exaltan y pretenden su profundización, así como en discursos que la conciben como lograda en el Estado liberal o el Estado de derecho; yendo más lejos como realización histórica en el socialismo; o, contrastando, como “decadencia
occidental”,
entonces
susceptible de concretizarla en el pueblo elegido o el pueblo superior. A pesar de 49
sus diferencias, todas estas variedades discursivas políticas, incluso diferencias ideológicas,
sirven
para
preservar
el
ejercicio del poder, que, en términos de la política
institucionalizada,
fácticamente
implican el desenvolvimiento de las formas de la extorsión política. El problema de la política en la modernidad es que la política se realiza de una manera paradójica complementaria:
o
perversamente En
el
discurso
se
pretende no solamente la verdad, sino la realización de la libertad, de la justicia, de la
humanidad,
o,
en
contraste,
la
realización de la nación, como si se persiguieran gratuitamente;
estas sin
finalidades
embargo,
estas
finalidades terminan justificando el uso de los medios y los procedimientos que se
50
reducen, en la práctica, a la extorsión política. ¿Cómo romper con la extorsión política? Aunque se lo diga sencillamente y hacerlo sea difícil, parece que, por lo menos, teóricamente, hay que empezar por aquí: no
aceptar
la
extorsión,
no
dejarla
efectuarse. Pueden haberse conformado los grupos de extorsión, distribuidos en el mapa institucional del Estado, pueden emerger
de
los
diagramas
de
poder
vigentes, empero si no se acata su amenaza, la extorsión no se da lugar. Como la extorsión se da lugar en toda la malla institucional, en la filigrana de sus recovecos, en distintos niveles y planos, entonces
concurre
constantemente
y
profusamente, cuando el conjunto social amenazado no acepta la extorsión, por lo menos la mayoría o, incluso, una parte 51
significativa, la extorsión como sistema expoliación se derrumba. Por lo tanto, el segundo paso o actitud ante la extorsión es movilizarse contra esta práctica de coerción,
chantaje
y
expoliación.
Convocando a la sociedad liberarse del chantaje, de la economía política del chantaje, de asumirse como tal, como constelación de asociaciones, de dejar de ser rehén de los grupos de extorsión. El tercer paso o actitud ante la extorsión implica el desmantelamiento del sistema de extorsión generalizada. El cuarto paso o actitud consiste en dar rienda suelta a la potencia social, a la potencia creativa de la vida,
desenvolviendo
la
proliferante
invención de la sociedad alterativa. El fenómeno generalizado de la extorsión alumbra sobre cómo funciona la sociedad institucionalizada. Las historias de las 52
sociedades institucionalizadas, que han requerido construir la máquina abstracta del
poder,
que
nace
como
máquina
simbólica y mitológica, de donde emerge y se edifica el Estado, como instrumento jurídico-político-económico-cultural,
que
legitima las dominaciones polimorfas, nos muestran que el poder mismo, desde sus comienzos, como ámbito de realización de las dominaciones, se estructura como deuda infinita, como deuda al soberano, propietario y poseedor de la tierra y de todos los bienes; deuda impagable, que inocula
la
dependencia
subordinación
inaugural.
inicial La
y
la
deuda
convierte al deudor y a la deudora en prisioneros de la relación de dependencia con el soberano, convertido en el déspota, símbolo absoluto del poder. Entonces, desde un principio, el ejercicio del poder funciona efectivamente como extorsión. 53
Las
sociedades
institucionalizadas,
no
solamente se cohesionan en base a los mitos, después, a la ideología, así como en base
a las
estructuras
de
relaciones
sociales, convertidas en prácticas, en hábitos y habitus, sino que son inducidas a hacerlo reproduciendo las formas de la extorsión.
Las
sociedades
institucionalizadas no solamente aceptan como verdad sus mitos, después, sus ideologías,
sino
que
aceptan
las
estructuras opacas de la economía política del chantaje y las estructuras ocultas del lado oscuro del poder. Entonces, no solo se
cohesionan
relaciones
sociales
reproduciendo y
las
las
estructuras
sociales y culturales de cohesión social, sino reproduciendo las estructuras del chantaje y de la extorsión de las máquinas en funcionamiento del poder.
54
Se trata de sociedades que conviven con el sistema de extorsión generalizado; por lo tanto, de sociedades que reproducen su condición
de
rehenes.
Es
como
si
constantemente remacharan reforzando sus propias cadenas; no solo resalta aquí el deseo del amo, sino también una especie de masoquismo convertido en costumbre. Se trata de un padecimiento aceptado,
incluso
buscado.
Aceptar
recorrer el calvario, cargando el peso agobiante de la extorsión. Ahora bien, ¿por qué se lo hace? ¿Por costumbre, por hábito? ¿Por qué no hay de otra? Es difícil responder a estas preguntas, aunque se tenga a mano hipótesis más o menos adecuadas. Se tiene que comprender que el poder no solamente es una máquina abstracta sostenida por agenciamientos concretos de poder, sino que se encarna, por así decirlo, se inscribe en el cuerpo; 55
polĂticamente en la superficie del cuerpo, en la piel, subjetivamente, en el espesor corporal,
en
los
comportamiento
esquemas
y
de
conducta,
que
responden a las modulaciones efectuadas por los diagramas de poder desplegados. Por
lo
tanto,
parece
que
el
sujeto
constituido por el poder no encuentra otros
recursos
para
responder
a
las
exigencias del poder que los incorporados por el poder mismo. En consecuencia, el poder
como
maquinaria
abstracta
se
comunica con el poder como cuerpo afectado y modulado por el poder; el poder se comunica con el poder y logra las respuestas esperadas. La potencia del cuerpo
estĂĄ
inhibida,
contenida,
sumergida, por el ejercicio efectivo del poder; la creatividad corporal, conectada a la creatividad de la potencia de la vida, se encuentra bloqueada. Las posibilidades 56
alternativas de acción están contenidas, las posibilidades alterativas de acción están congeladas; las predisposiciones corporales
a
las
fenomenologías
perceptuales están restringidas, dejando que
solo
se
realicen
las
que
son
funcionales a la reproducción del poder. En estas
condiciones
histórica-cultural,
de
imposibilidad
las
voluntades
singulares se conculcan, delegando a la voluntad general, a nombre del bien común, las pasiones, los quereres, los deseos, de las multitudes. El engaño o autoengaño se da en este transcurso delegativo; la ilusión frustrante es que la voluntad singular se realiza en la voluntad general, que es la conjetura liberal para legitimar el poder del Estado. La extorsión es una de las formas de la violencia desplegada del lado oscuro de la 57
economía y del lado oscuro del poder. La violencia, como efecto en el sujeto del impacto de las fuerzas capturadas por el poder y usadas para su reproducción, es el fenómeno del ejercicio del poder en los planos y espesores de intensidad social, controlados por las estructuras de las dominaciones. El poder no puede sino reproducirse
por
captura
de
fuerzas
sociales, a las que separa de lo que pueden, y son usadas como disposición de fuerzas concentradas y dispositivos de fuerzas
controladas
para
inducir
comportamientos y conductas requeridas por
los
diagramas
de
poder
y
las
cartografías políticas. El poder no puede sino reproducirse a través de los efectos de la violencia en los sujetos sociales. Tanto
la
amenaza,
así
como
desencadenamiento
de
controladas,
podemos
que
las
el
fuerzas llamar 58
represión, inducen comportamientos y también
consolida
comportamientos,
esquemas
de
convirtiéndose
en
habitus. La reproducción del poder y por lo tanto
su
despliegue
puede
ser
comprendido y entendido no solo como relación de fuerzas, diagramas de fuerzas, que
funcionan
materiales
e
como
estrategias
institucionalizadas,
como
consideraba Michel Foucault, sino que suponen genealogías y fenomenologías integrales, que incluyen los efectos en las estructuras del sujeto, efectos que vienen con cargas simbólicas e ideológicas, que son decodificadas en la inmediatez de los actos y las acciones. En consecuencia, la comprensión y el entendimiento de las dinámicas
del
poder
no
pueden
desentenderse de las genealogías de la violencia y de sus imaginarios sociales.
59
La extorsión, como forma de la violencia desatada,
en
los
términos
de
la
expoliación, responde como a un culto de la violencia, profesado por los grupos y corporaciones
de
la
extorsión,
pero
también aceptada pasivamente por la sociedad institucionalizada. Si bien no podemos
hablar
de
“cultura
de
la
violencia”, salvo metafóricamente, pues la cultura supone la articulación dinámica de sistemas simbólicos, sistemas de signos, narrativas,
formaciones
discursivas,
además de prácticas culturales, se puede identificar ámbitos culturales donde se hace apología de la violencia. Por ejemplo, las ideologías que se reclaman como portadoras de la promesa, legitiman el uso de la violencia como medio para lograr los fines perseguidos. No solo entran en esta fetichización ideológica de la violencia las ideologías que reclaman la realización de 60
justicia, sino también las ideologías que se reclaman como realización de la libertad. Unas justifican el uso de la violencia para alcanzar
el
paraíso
prometido,
otras
justifican el uso de la violencia para defender el orden de libertad alcanzado. Las ideologías, a pesar de sus diferencias y
contrastes
discursivos,
además
de
políticos, funcionan como legitimadoras de la violencia ejercida. La extorsión política es, en sí misma, despliegue de la violencia; no busca claramente o declaradamente legitimarse, sino
que
se
circunscribirse
satisface
en
en
pragmatismo
el
caer
y
descarnado: “así funcionan las cosas”. Las comunicaciones asociadas a la extorsión política suponen ya el “marco cultural” donde se mueven, “marco cultural” de la apología de la violencia. Se apoyan, de 61
antemano, en la ideología política, que hace
como
de
simbolizaciones cobijan
las
y
atmósfera significaciones,
comunicaciones
de
de que la
extorsión. Por ejemplo, si se obliga a pagar tributos
no
normados
ni
institucionalizados, pero que funcionan como “sistema” oculto aceptado, se lo hace suponiendo la formación discursiva en boga. Si se exige a la población a votar por la opción representativa y auténtica del pueblo, se lo hace suponiendo la verdad dada en las pretensiones de la ideología. Algo parecido pasa cuando se reclama a la población a votar por la opción
representativa
de
la
institucionalidad y del Estado de derecho. Si se presentan elefantes blancos como logros
del
“proceso
de
cambio”,
expoliando a la población, pues se trata del uso de recursos públicos, se lo hace 62
suponiendo que los que lo hacen están ungidos de la aureola “revolucionaria”. Algo parecido, aunque de manera distinta, pasa
cuando
se
presentan
las
privatizaciones, el despojo del ahorro social, la restricción de la inversión social, como
procedimientos
ineludibles
del
equilibrio económico. En ambos casos, la extorsión
política
se
desenvuelve
expoliando a los pueblos. La extorsión política, así como las otras formas de extorsión, en el contexto de las formas
de
la
economía
política
del
chantaje, iluminan, hacen inteligible, los funcionamientos poder,
de
abarcando
entrelazados
y
las
máquinas sus
de
ámbitos
complementarios;
los
correspondientes al lado luminoso del poder,
el
institucional,
y
los
correspondientes al lado oscuro del poder, 63
relativo a las prรกcticas paralelas. Si bien la extorsiรณn funciona en el lado oscuro del poder, estรก articulada y complementada o encubierta por los funcionamientos en el lado luminoso del poder; las instituciones hacen
como
mรกscaras
funcionamientos
del
que
sistema
encubren de
la
extorsiรณn generalizada.
64
65
Extorsiรณn econรณmica
66
Las concesiones en el Salar de Uyuni, es más, la historia de las concesiones en dicho salar, muestran los altos grados de dependencia y subalternización del Estado al
monopolio
de
las
empresas
trasnacionales. En ensayos anteriores4 describimos y analizamos las situaciones en las que se repite la increíble y triste historia de la economía basada en el extractivismo, condición exacerbada de la colonialidad heredada y continuada.
El
caso QUIBORAX alumbra por los niveles de extorsión económica a la que se ha llegado, no solo en lo que respecta a la empresa comprometida en el asunto, sino 4
Ver de Raúl Prada Alcoreza Periplos del desarrollismo; también Colonialismo extractivista y dependencia con el litio.
https://pradaraul.wordpress.com/2018/04/06/periplos -del-desarrollismo/. https://dinamicasmoleculares.webnode.es/news/colonialismoextractivista-y-dependencia-con-el-litio/. 67
con
participación
de
dispositivos
internacionales jurídicos que defienden las inversiones.
Que
la
empresa
haya
invertido solo menos de un millón de U$ o alrededor de este monto, que reclame, en principio, 3 millones de U$, y que después del
pleito
y
el
veredicto
jurídico
internacional tenga que pagar el Estado boliviano un poco más de 42 millones de U$,
se
hace
patente
descarnadamente
de
que
se
una
trata
extorsión
económica. Sin embargo, el “gobierno progresista” declara que esto se debe a un error técnico jurídico del expresidente Carlos Mesa Gisbert; acatando el fallo, que basa
su
revisión
en
un
documento
fraudulento. Esta respuesta, que acepta un fallo incongruente, que solo se sostiene en argumentos leguleyos, de parte de un gobierno que se declara “antiimperialista”, es
patética;
muestra
la
enorme 68
degradación a la que se ha llegado. A todas luces resalta la complicidad de un gobierno
que
debería
defender
los
recursos naturales del pueblo boliviano y que administra el Estado con la empresa expoliadora, que ha incumplido con el convenio y el contrato asignado.
En
adelante
problemática,
incursionaremos la
de
la
en
esta
colonialidad
económica y la dependencia, y en el fenómeno de la extorsión económica, tomando como referente el escabroso caso de QUIBORAX. Comenzaremos haciendo una revisión de lo que resalta en los medios de comunicación, es decir, lo que llega a la opinión pública, a través de los filtros mediáticos y políticos, o lo que se hace visible debido al manejo inmediato de la información, sin auscultar mediante 69
periodismo de investigaciรณn, que es la falencia del sistema de comunicaciรณn en Bolivia.
70
Perfiles mediáticos del pleito
El
conflicto
QUIBORAX,
jurídico que
sobre
tiene
el
atareado
caso al
“gobierno progresista” y convulsionada a la opinión pública, impacta de distintas maneras en los diferentes planos de los espesores sociales; uno de los impactos, que se hace más notorio por su masiva difusión, es el que se da a través de los medios de comunicación, también en las reacciones políticas al veredicto del CIADI. A
propósito
de
comunicacional
y
este político,
impacto nos
detendremos en el mismo, sobre todo atendiendo al trazo que se configura, que llamamos perfil mediático.
71
El analista Carlos Böhrt Iraola, en un artículo de prensa, se pregunta ¿Quién es responsable del caso Quiborax? Escribe:
En
diciembre
de
2003,
Carlos
Mesa
promulgó la Ley 2564 declarando al Salar de Uyuni reserva fiscal y autorizando la realización de auditorías completas sobre las concesiones existentes en el salar, y, en función de los resultados, declarar la nulidad de los derechos concesionarios mineros
de
las
personas
que
estén
incumpliendo las leyes. En ejecución de esa ley, en junio de 2004, Carlos Mesa emitió el Decreto 27589, disponiendo
“la
revocatoria
de
la
resolución constitutiva y pérdida de las concesiones mineras” de la empresa QNMM. Decreto este con dos delicados errores jurídicos: el Código de Minería 72
vigente por entonces (Ley 1777) no preveía la revocación como modalidad de finalización de la relación jurídica entre el Estado y los titulares de las concesiones, y no le correspondía al Presidente adoptar semejante decisión. No obstante, en el curso
de
empresa
las fue
siguientes
semanas
desalojada
de
la sus
concesiones. En octubre de ese año, el Superintendente de Minas, autoridad competente para decidir en la materia, declaró la anulación de las pertenencias mineras de Q-NMM, conforme a los artículos 156 y 158 del Código Minero. Finalmente, en diciembre de 2005, Eduardo Rodríguez Veltzé, al finalizar su mandato, abrogó la errada norma legal de Carlos Mesa mediante el Decreto 28527. La decisión del Estado
73
boliviano
se
había
reencausado
legalmente. Para enervar la acusación en su contra y basado en la documentación publicada por un matutino cruceño, el expresidente denunció
la
comisión
de
graves
irregularidades por parte de los citados altos
funcionarios
masistas
en
este
conflicto: a) En marzo de 2008, Q-NMM ofertó retirar el proceso arbitral ante el CIADI a cambio de tres millones de dólares, transacción rechazada por Héctor Arce Zaconeta, ministro de Defensa Legal del Estado, por la existencia de una deuda impositiva de 9,1 millones de bolivianos, que bien pudieron
ser
después
de
descontados firmar
el
del
pago,
contrato
transaccional,
74
b) Meses más adelante, en el marco de la acción penal abierta por el Ministerio Público, gracias a la confesión del abogado boliviano David Moscoso, se descubrió que personeros
de
documentos
Q-NMM
para
así
falsificaron cumplir
las
formalidades exigidas por el CIADI en el inicio de los procesos arbitrales. A pesar de esa confesión, la entonces ministra de Defensa
Legal
del
Estado,
Elizabeth
Arismendi, no fue capaz de proteger los derechos de Bolivia. c) En agosto de 2016, siendo Procurador General, Héctor Arce, sospechosamente se
sostuvo
una
reunión
representantes
de
Q-NMM
subprocuradora
General
del
entre y
la
Estado,
Carmiña Llorenti, en las oficinas de ésta, en la que se acordó cerrar el juicio penal contra los personeros de la empresa y se 75
redactó un proyecto de sentencia de sobreseimiento, confirmando de ese modo la absoluta sumisión de los órganos de justicia al poder político. Por todo ello, sostiene Carlos Mesa, los responsables del pago de 42,6 millones de dólares a Q-NMM son
los
mencionados
miembros
del
gobierno de Evo Morales. Conocidos
los
antecedentes
de
este
delicado caso, todo hace ver que sólo se necesita esclarecer tres hechos:
1. Que Elizabeth Arismendi, en efecto, no defendió adecuadamente los intereses del Estado; 2. ¿Cuándo y a solicitud de quién se cerró el proceso penal contra los personeros de Q-NMM?
76
3. ¿A cambio de qué finiquitaron ese juicio? Conclusión final: ¡El Fiscal General está obligado a abrir la investigación criminal contra Héctor Arce, Elizabeth Arismendi,
César
Navarro
y
Pablo
Menacho!5
La pregunta de ¿Quién es responsable del caso Quiborax? apunta al aspecto jurídico del problema, incluso, ampliando, se irradia al aspecto político del problema; sin embargo, el problema no se circunscribe a estos dos aspectos, pues la cuestión prioritaria a la que hay que responder es ¿qué clase de relaciones económicas y políticas sostienen la concesión
5
Leer ¿Quién es responsable del caso Quiborax? http://www.paginasiete.bo/opinion/2018/6/21/quien-es-responsable-delcaso-quiborax-184289.html.
77
mentada? Como dijimos antes, se otorgan estas concesiones en el marco de la concepción extractivista de que los recursos naturales son objetos, objetos que se reducen a la condición de materias primas, incorporándose a las cadenas
productivas.
Por
otra
parte,
desconociendo la experiencia de la planta de investigación y experimental de la UMSA, que vino trabajando en el Salar de Uyuni durante décadas. Solo tomando el caso de QUIBORAX, remitiéndonos a los ensayos anteriores para otros incidentes, que consideran un conjunto de casos parecidos o del rubro, en el contexto de la reiterativa política económica extractivista y dependiente, sobresale la dadivosidad del gobierno, de entonces, al hacer la concesión a la empresa cuestionada, que viene acompañada por otras concesiones a la empresa QUIBORAX. Esta concesión se efectúa en pleno periodo neoliberal,
cuyas
políticas
económicas
precisamente se caracterizaban por privatizar e 78
incentivar el capital internacional. La corrección que se busca posteriormente a estas dádivas políticas y económicas, declara la ampliación de las reservas fiscales en el Salar de Uyuni, restringiendo el control del espacio concedido a la
empresa,
después,
interviniendo
y
suspendiendo la concesión, sobre todo por incumplimiento.
Desde el punto de vista
económico y de los intereses del Estado, el tema principal no es si hubo errores procedimentales, sino si se actuó correctamente en defensa de los recursos naturales, en ese entonces, del Estado. Aquí
tampoco
hay
donde
perderse,
la
responsabilidad del gobierno nacional era recuperar los recursos naturales del Salar de Uyuni,
concedidos
dadivosamente
a
las
empresas involucradas. Al respecto, sorprende, entonces, la actitud del “gobierno progresista” y “antiimperialista”,
cuando
se
resguarda
señalando un “error procedimental”, olvidando la cuestión principal, la soberanía sobre los 79
recursos naturales. incongruente
y
¿Cómo interpretar la contradictoria
postura
gubernamental?
Comencemos por lo que se hace evidente; el “gobierno
progresista”
adecuadamente
los
no
intereses
defendió del
Estado
boliviano ni los recursos naturales, que son propiedad del pueblo boliviano, tal como establece
la
Constitución.
El
veredicto
internacional, por más que se sostenga en la jurisprudencia y en argumentos aparentemente legales, es insostenible, pues la diferencia entre la supuesta inversión y el pago a la empresa es de 39 millones de U$, lo que significa que la empresa
obtiene
13
veces
el
monto
supuestamente invertido. ¡Una super-ganancia fabulosa! ¿Cómo puede haber ocurrido esto? ¿En que condiciones se obtiene este fabulosa super-ganancia? Estamos en un orden mundial 80
que lo que menos garantiza es la justicia; que funciona, mas bien, como el macro operador de legalización de ilegalidades, el gran garante de la expoliación de naciones y pueblos, el gran legitimador del extractivismo depredador y destructor de los ecosistemas. Sorprende no solo la actitud del gobierno clientelar, embarcado en su propia decadencia, sino la actitud de los medios de comunicación y “analistas” que obvian, de entrada, los temas de fondo, y se pierden en una discusión leguleya. Teniendo en cuenta esta consideración, ya no es sorprendente la actitud de una “oposición”, que hace de complemento de la vocación de poder del gobierno clientelar; la “oposición” también se pierde en el debate leguleyo. Todos son cómplices de la expoliación económica del orden mundial y de la economía-mundo capitalista, concretamente, en este caso, de la extorsión económica de una empresa sin escrúpulos y de 81
un gobierno secuaz. También sorprende la actitud pusilánime del pueblo, que no atina a responder ante semejante vulneración de su soberanía y atentado extorsionador en contra de sus posesiones y propiedades, las del pueblo boliviano. La pusilanimidad también es una actitud cómplice. Entiéndase, esta cuestión, la del destino de los recursos naturales del Salar de Uyuni, así como la cuestión del pleito jurídico contra el Estado boliviano, abierto por la empresa, no es un tema que compete al debate entre “oficialismo” y “oposición”, aunque sean los actores del espectáculo mediático y político; son cuestiones que atañen al pueblo boliviano, son cuestiones que exigen su responsabilidad.
Volviendo al tema que ocupa a medios de comunicación y a la clase política, en el diario El Deber, se hace una puntualización del asunto:
82
El enredo jurídico-político tiene como efecto
una
confunden
oleada y
de
pueden
versiones
que
obstruir
la
identificación clara de los responsables del pago de 42,6 millones de dólares del Estado boliviano como indemnización a una empresa chilena que se adjudicó hace años concesiones en el salar de Uyuni.
Son
tres
los
asuntos
que
generan
abundantes sospechas y dudas. El primero interpela a quienes avalaron el contrato con QUIBORAX, que luego fue anulado por el Gobierno de Mesa. Este tema no se aborda, pese a ser medular. El segundo ocupa la centralidad de la confrontación política- jurídica y apunta a responsabilizar al
vocero
de
la
demanda
marítima
boliviana por el millonario daño económico que causó la expulsión de la compañía 83
chilena durante su mandato presidencial. La
tercera,
cuestionada
igual
de
actuación
central, de
la
es
la
defensa
boliviana durante el Gobierno de Evo Morales en el laudo ante el CIADI, que finalmente perdió Bolivia6.
6
Leer La politización del caso Quiborax. https://www.eldeber.com.bo/opinion/La-politizacion-del-casoQuiborax-20180621-9463.html. El artículo sigue el relato: Aunque la expulsión de QUIBORAX es aprobada prácticamente por unanimidad, la forma en la que se lo hizo habría provocado la millonaria indemnización, según el Gobierno, y es lo que tiene acorralado a Mesa. El exmandatario ha reconocido fallas en los procedimientos de anulación de concesiones, pero asegura que fueron corregidas incluso por su sucesor Eduardo Rodríguez Veltzé. Este es el punto que Mesa debe todavía esclarecer de forma más convincente para quedar libre de sospecha y, sobre todo, de culpa. Si la verdadera intención del proceso es dar con los responsables del millonario daño, se tiene que considerar con la misma preponderancia las denuncias que alcanzan a funcionarios de Evo Morales que manejaron la defensa del caso QUIBORAX. En la última semana se ha sabido de que los chilenos usaron un acta falsa en el laudo, lo que debió ayudar a frenarlo. Es llamativa también la revelación de que el Gobierno recibió la oferta de cerrar el proceso con el pago de 3 millones de dólares en vez de lo que al final resultó 42,6 millones de dólares. También es delicada la revelación de que se filtró
84
Para entender este menjunje debemos retroceder, como se dice, a los inicios de la historia; comenzaremos con breves descripciones de los factores y actores intervinientes
en
este
entramado
truculento económico, político y jurídico.
QUIBORAX chilena,
es
una
fundada
empresa en
1986,
minera cuyas
actividades y operaciones se dan en el Salar de Surire, en la I Región. QUIBORAX produce una gama de productos de boro, incluyendo ácido bórico; gránulos de boro -
conocidos
fertilizantes
como e
granulex
insecticidas,
los
-;
y
cuales
documentación confidencial boliviana a los chilenos durante una negociación. En consecuencia, la investigación debería transcurrir con igual celeridad para aclarar la actuación de Mesa como la de los ministros y el procurador acusados. De lo contrario, parecerá ser solo el eje de un sistemático plan de eliminación de un potencial rival electoral del oficialismo.
85
combinan boro o ácido bórico con sulfato de calcio, boratos de sodio y otras sales. En junio del 2004 el Ministerio de Minería e Hidrocarburos (MMH) de Bolivia tomó la decisión de revertir las concesiones de QUIBORAX para explotar ulexita en el Salar
de
Uyuni,
departamento
-
ubicado
boliviano
argumentando
el
de
en
Potosí
incumplimiento
el de
normas ambientales e irregularidades en la entrega de las áreas. QUIBORAX es el controlador
chileno
de
la
empresa
boliviana Non Metallic Minerals, a través de la cual explotaba ulexita y otros recursos
evaporíticos
en
el
Salar
de
Uyuni7.
7 Quiborax S.A. https://www.bnamericas.com/companyprofile/es/quiborax-sa-quiborax.
86
Entonces, QUIBORAX es una empresa chilena que se fundó en 1986 y comenzó su producción recién en 1988. Se encarga de producir ácido bórico y productos agroquímicos. Exporta a través de los puertos de Arica a todo el mundo. La empresa, representada por el estudio Bofill Mir & Álvarez Jana, comenzó a operar en Bolivia hace más de 16 años con exploración del mineral no metálico de ulexita en el Salar de Uyuni, en Potosí, a través de una sociedad con Non-Metallin Minerales SA. Sin embargo, en 2004, tras la emisión del Decreto Supremo 27589 durante el Gobierno de Carlos Mesa, se determinó
revertir
las
concesiones
mineras que tenía QUIBORAX en esa región potosina.
87
En el periódico Los Tiempos se publica un artículo que hace un recuento, titulado Claves para entender el caso QUIBORAX; un juicio en el que Bolivia pierde $us 42,6 millones, donde se describe la situación:
En 2006, al no lograrse acuerdos de compensación
con
el
Gobierno, la
empresa chilena demandó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) a Bolivia por 66 millones de dólares.
En septiembre de 2015, CIADI falló a favor de QUIBORAX, estableciendo en 48,6 millones
de
dólares
el
monto
de
indemnización. Bolivia apeló de inmediato; sin
embargo,
el
18
de
mayo
de 88
2018, CIADI
desahució
el
laudo
nacional y a través de un fallo confirmó los montos establecidos en 2015. En el fallo, un documento de 73 páginas, fechado el pasado 18 de mayo para darse a conocer a las partes, el CIADI informó su decisión, tomada el 30 de abril pasado, de “desestimar en su totalidad la solicitud de anulación” que Bolivia presentó en 2015. El pasado jueves, el Gobierno boliviano cumplió con el fallo que dictó CIADI y pagó 42,6
millones
de
dólares
a
la
empresa chilena, tras un acuerdo con la misma. El contrato de transacción fue suscrito ese mismo
jueves.
La
pretensión
de
la
empresa demandante era de 150 millones de dólares, pero el acuerdo reduce en 72 por ciento el monto reclamado, quedando 89
en
los
42,6
millones
de
dólares
señalados8.
8
Leer Claves para entender el caso Quiborax; un juicio en el que Bolivia pierde $us 42,6 millones. http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180613/ claves-entender-caso-quiborax-juicio-que-bolivia-pierde-us426-millones. El artículo continúa con el recuento de las posiciones encontradas: Gobierno del MAS acusa a Mesa El pasado 22 de mayo, la Procuraduría General del Estado presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra del expresidente Mesa y tres de sus exministros, tras la pérdida del juicio internacional con QUIBORAX. La Procuraduría dijo que en el Gobierno de Mesa se incumplieron leyes y que incluso el Decreto Supremo 27589 es ilegal. La denuncia contra Carlos Mesa fue presentada por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Sin embargo, el expresidente y actual vocero de la demanda marítima contra Chile, aseguró que los responsables de la derrota boliviana en el juicio ante QUIBORAX son el actual procurador, Pablo Menacho, y sus antecesores, por “la desastrosa negociación” realizada con el consorcio minero entre 2006 y 2018. Mesa dijo también que el Gobierno incurrió en una contradicción al señalar la ilegalidad del Decreto Supremo 27589 ya que la propia Procuraduría, en el laudo de apelación presentado ante CIADI en 2015, defendió la legalidad de esa norma.
90
Se señala el nombre de Rodríguez Veltzé El expresidente dijo que si la Fiscalía lo investiga a él también debería ser incluido el exmandatario, Eduardo Rodríguez Veltzé. Sin embargo, Rodríguez Veltzé afirmó que no debatirá “insinuaciones de orden político” respecto a las declaraciones realizadas por Mesa. “Asumo la responsabilidad del (Decreto Supremo 27589) emitido por mi Gobierno y que contó con la aprobación previa del Consejo Nacional de Política Económica (CONAPE); no debatiré insinuaciones de orden político”, recalcó. En medio de todo esto, la presidenta de la Comisión que investiga el caso Lava Jato, la diputada Susana Rivero, anunció que se rastrearán las cuentas de Mesa. Mesa acusa a QUIBORAX de falsificar acta para demandar a Bolivia El expresidente de Bolivia aseguró ayer que la empresa chilena falsificó un acta para demandar a Bolivia y conseguir una indemnización económica por la reversión de sus concesiones mineras en el Salar de Uyuni. Mesa dijo que el arbitraje demandado por esa empresa fue producto de la falsificación de un acta de composición de propiedad, por lo que presentó ante la Fiscalía las pruebas de estas afirmaciones. “El Arbitraje en el caso QUIBORAX en contra del Estado de Bolivia es la consecuencia fraudulenta y maliciosa de un delito de falsificación y uso de documento falsificado, confesado en un proceso penal que concluyó con sentencia condenatoria ejecutoriada y con la declaración jurada del propio proceso arbitral, delito cometido por uno de los personeros y representante de la empresa que promovió este proceso arbitral”, expresó en un artículo publicado en su página web. Ante esta situación, Mesa pidió el rechazo a la acusación presentada por la Procuraduría General del Estado en su contra dentro de este caso.
91
El expresidente Carlos Mesa Gispert va más lejos, acusa al gobierno de haberse comprometido
con
la
empresa
cuestionada. ERBOL publica un artículo titulado
Mesa: Procurador pactó caso
Quiborax con asesor de Chile, donde se dice que:
El expresidente Carlos Mesa reveló este martes que la Procuraduría General del Estado, a la cabeza de Pablo Menacho, hizo un acuerdo transaccional por el caso QUIBORAX, con el abogado Andrés Jana, Gastos y honorarios del Comité; un pago extra CIADI determinó además que el Estado boliviano tendrá que correr con los gastos y honorarios del Comité y los derechos por la utilización del CIADI en el marco del procedimiento de anulación que comenzó en 2015. La entidad internacional determinó que QUIBORAX pague los costos en los que incurrió su defensa (462 mil dólares) y lo mismo tendrá que hacer Bolivia por su lado (1.384.801 dólares).
92
quien es asesor de Chile en el juicio por demanda marítima que se desarrolla en La Haya9.
9
Leer Mesa: Procurador pactó caso Quiborax con asesor de Chile. http://www.erbol.com.bo/noticia/politica/12062018/mesa_pr ocurador_pacto_caso_quiborax_con_asesor_de_chile. El articulo continua el relato de la siguiente manera: Jana apareció la semana pasada en una conferencia de prensa junto al procurador Pablo Menacho y el ministro de Minería, César Navarro, para anunciar que se había llegado a un acuerdo para pagar a QUIBORAX más de 42 millones de dólares, debido a la indemnización surgida por la expulsión de la empresa chilena de la explotación de ulexita en el Salar de Uyuni. “El señor Andrés Jana es parte del equipo jurídico privado que apoya a Chile en la demanda que Bolivia tiene en La Haya, o sea llegamos al caso increíble de que el Procurador General del Estado está dándole la mano y firmando una entrega de 42 millones, 50 veces el valor de lo invertido por Quibórax nada menos que al representante de QUIBORAX, que a su vez es parte del equipo jurídico privado que está apoyando a Chile”, dijo Mesa en Sucre. Reportes de medios chilenos confirman a Jana como asesor de su país ante el proceso en La Haya. En marzo reciente, el jurista afirmó que la demanda boliviana es débil en su sustento jurídico, según La Tercera. La Procuraduría culpa a Mesa por la indemnización a QUIBORAX y le inició un proceso, bajo el argumento de que un decreto suyo con errores legales fue el causante de que la empresa chilena acuda a la CIADI y logre un pago millonario. Mesa se presentó este martes ante la Fiscalía General del Estado en Sucre para solicitar de nuevo el rechazo de esa
93
Hasta aquí el perfil mediático del pleito, que, de todas maneras, nos muestra las consecuencias jurídicas y económicas del arbitraje
internacional,
además
de
mostrarnos el manejo político del tema, tanto por el “oficialismo” y la “oposición”, así como por los medios de comunicación. Todo esto es ilustrativo de la hegemonía jurídica-política-económica
de
las
denuncia de la Procuraduría. Esta vez, el expresidente planteó el argumento de que la empresa chilena usó un documento falsificado para llevar adelante el arbitraje ante CIADI. Explicó que la empresa chilena usó un acta falsificada de poderes para forzar el arbitraje contra el Estado boliviano. Dijo que el fraude en ese documento se confirmó porque en 2009 el accionista de QUIBORAX David Moscoso fue condenado a dos años de cárcel por ese delito. Dijo entonces que el motivo del arbitraje no es el decreto que él emitió, sino ese documento falsificado. Crítico que la CIADI haya aceptado una falsificación en este proceso que calificó de ilegal. “Lo que más llama la atención es que la defensa del Estado de Bolivia en el arbitraje, en lugar de reaccionar institucional y procesalmente de manera categórica y contundente, contra ésta abierta parcialización del Tribunal Arbitral, deja pasar esta írrita decisión como si se tratara de una incidencia procesal normal y ordinaria dentro del Arbitraje”, dice el memorial presentado por Mesa.
94
empresas trasnacionales en la economíamundo capitalista y en el orden mundial. Ahora, en lo que sigue, intentaremos adentrarnos a otros perfiles del asunto; el que tomaremos en cuenta en este texto es el relativo a la extorsión económica. Comenzaremos
con
una
descripción
somera del drama de la soberanía de los recursos
naturales,
drama
donde
la
soberanía tiene que abrirse camino en una maraña de obstáculos, alambres de púas, casamatas,
artilugios,
que
usan
las
empresas trasnacionales para defenderse, evitando la realización de la soberanía, que queda como atrapada en la telaraña jurídica-política-económica de la economía mundo;
llevándose
como
botín
los
recursos naturales expoliados a los países, pueblos y Estado-nación subalternos de la periferia del sistema-mundo capitalista.
95
Perfil económico-político del pleito Otro plano de intensidad, en el que impactó el conflicto jurídico mentado, es el que podemos definir como el de la crítica, que es sensible ante los síntomas de los eventos
y
sucesos
sociales,
políticos,
económicos y culturales. La perspectiva crítica busca, mas bien, interpretar los síntomas, efectuar una sintomatología, buscando auscultar lo que pasa en los substratos
de
las
dinámicas
sociales.
Como aproximación a estos substratos se puede configurar un perfil económicopolítico.
En
este
escrito
haremos
anotaciones que ayuden a dibujar este perfil, que aparece como actitud analítica del problema en cuestión.
96
En Lucha por el territorio de Nor-Lipez de Manuel Gysler se dice que después del conflicto con la LITHCO, las comunidades instalaron una planta de sal yodada, así como que tenían proyectada la instalación de una planta piloto de litio en el salar. Se tardó hasta la promulgación del Decreto supremo 29496, del 1 de abril de 2008, cuando se estableció la creación de una entidad que se encargaría de la instalación de una planta piloto de carbonato de litio. En mayo de 2008 el presidente colocó la piedra fundamental de la planta, contando con una inversión de 5,7 millones de U$, cuya conclusión debería efectuarse en el transcurso de 18 meses. Fuera de este proyecto
connotado,
existían
68
concesiones en el Salar de Uyuni; del total de estas empresas 46 se tramitaron en la gestión de gobierno de Hugo Banzer Suarez (1997-2001). Después de una 97
evaluación
41
concesiones
fueron
consideradas como inactivas, 4 habrían finalizado sus trabajos de exploración y solo una concesión habría quedado activa. Se dice en el libro que “bajo estas consideraciones
el
gobierno
de
Evo
Morales Ayma anuló las concesiones de la empresa boliviana Non Metallic Minerals SA.”, aunque fue el gobierno de Carlos Mesa el que lo hizo. Se puede entender, para lo que compete en la descripción, que el gobierno de Evo morales consolida dicha anulación. Las concesiones a esta empresa fueron
otorgadas
en
1998
por
la
Superintendencia de Minas de Tupiza de una forma ilegal. Fue la misma autoridad la que en el 2004 anuló los trámites por errores
procedimentales,
Resolución Posteriormente,
mediante
Administrativa. el
2006,
la
empresa
QUIBORAX presentó una demanda contra 98
el
Estado
boliviano
ante
el
Centro
internacional de Arreglo de Diferencias relativas
a
las
Inversiones
(CIADI),
argumentando que siendo accionista de la empresa Non Metallic sus inversiones en el Salar de Uyuni quedaban afectadas debido a la anulación de las concesiones. Ante este reclamo el gobierno se comprometió entregar
a
la
empresa
demandante
350.000 toneladas de ulexita con el objeto de cubrir el supuesto daño que se causó. De acuerdo al presidente de CIRESU, Daniel Howard, no existía sociedad alguna entre
Non
Metallic
y
QUIBORAX,
en
consecuencia, la empresa demandante no tenia nada que reclamar ni tenia derecho a ninguna indemnización. Por otra parte, los dirigentes del Comité Cívico Potosino (COMCIPO) afirmaron que las inversiones de QUIBORAX no eran de 3 millones de dólares, como había declarado la empresa, 99
sino mucho menos, incluso la cifra pírrica de 500 U$. Comprando las cargas de la empresa
boliviana
Non
Metallic,
QUIBORAX no habría sido dueña de la concesión otorgada. El ex presidente del Comité propuso que se debería procesar a la empresa por el saqueo de los recursos naturales10.
Como
se
puede
ver
esta
historia
económica parece corresponder a uno de los estilos típicos de las relaciones entre empresas trasnacionales y los Estadonación subalternos, en lo que respecta al tratamiento, por ambos, de los recursos naturales.
Empresas
trasnacionales
y
Estado-nación subalternos consideran a
10
Leer de Manuel Gysler La lucha por el territorio de NorLipez. Editorial Plural y AGRUCO. La Paz 2011; págs. 77-79.
100
los recursos naturales como objetos de extracción, objetos que son catalogados en las cadenas productivas como materias primas. Los monopolios, que conforman estas empresas trasnacionales, controlan las reservas de materias primas; controlan las
concentraciones
industriales,
que
pueden también disgregarse, para poder ser congregadas en el armado industrial; controlan los recorridos del transporte y los mercados; de alguna manera, aunque con contingencias, controlan, por lo menos durante ciertos periodos, la determinación de los precios. Dando lugar a relaciones de términos de intercambio en detrimento de los Estado-nación subalternos. En lo que respecta
a
la
explotación
inversiones,
se
dividen
o
y
a
las
conforman
subsidiarias; en su caso, llegan a acuerdos con otras empresas nacionales, con el objeto de controlar mejor las cadenas 101
productivas; en la base de estos procesos, lograr mejores concesiones en los países donde
operan
sus
capitales
y
sus
máquinas económicas. En otras palabras, logran camuflar los controles monopólicos, presentándose de manera separada a las licitaciones, concesiones y contratos.
Cuando hablamos del bórax, de la ulexita, del
manganeso
y
del
litio,
estamos
hablando de minerales que se consideran metálicos y no metálicos, dependiendo. Son usados en los procesos industriales de reciente generación; por ejemplo, en la producción de semiconductores; así como también
en
exportación
la de
agroindustria. ulexita
se
La
realiza
principalmente para agroindustrias que aprovechan el bórax refinado, del que se 102
obtiene
potasio
y
magnesio
como
fertilizantes. El manganeso tiene variados usos, para el aumento del octanaje, en las baterías
desechables
estándar,
para
producir acero y hierro, en aleación con el aluminio, para oxidar el alcohol bencílico, para verdear el vidrio, en la fabricación de pinturas, en la cerámica. El litio también tiene usos múltiples, dependiendo de las composiciones
donde
participa;
son
excelentes secantes y se emplean en bombas de calor, para el tratamiento de la manía;
como
espaciales
y
lubricante, submarinos;
en
naves en
la
construcción aeronáutica; también en la fabricación de lentes y telescopios; así como
tiene
aplicaciones
nucleares.
Entonces, no estamos hablando, por así decirlo, del clásico extractivismo, sino de un extractivismo más sofisticado, que requiere para su extracción de tecnologías 103
avanzadas; también su incorporación a las cadenas
productivas
se
efectúa
en
industrias de alta tecnología. El mercado de
estos
minerales
metálicos
y
no
metálicos es también especializado. Sus reservas se hallan concentradas en el llamado
“triángulo
del
litio”,
que
se
encuentra entre Argentina, Bolivia y Chile, donde las mayores reservas se ubican en Bolivia.
Se puede decir que la historia de las concesiones, así como la defensa de los recursos naturales, en Bolivia, incumbe a una guerra por el control de las reservas. Lo
primero
empresas
que
habrían
trasnacionales
es
hecho lograr
las el
control de las reservas; por eso sus convenios y compromisos resultan tan 104
ambivalentes. En lo que respecta a la soberanía,
al
trasnacionales
parecer, han
las
empresas
boicoteado
esta
posibilidad, pues, al controlar el mercado, buscan disminuir sus costos en la cadena productiva y obtener super-ganancias; por eso
intervienen
suspendiendo
la
soberanía, desconociéndola en la práctica, aunque lo hagan de dientes para afuera, en el discurso. En tercer lugar, en el contexto y la fase de la dominancia del capitalismo financiero y especulativo, las empresas trasnacionales especulan con las concesiones que obtienen, buscando obtener
super-ganancias
procedimientos
a
través
especulativos;
de
incluso
llegar a extorsionar a los Estado-nación subalternos involucrados.
105
En
este
contexto
histórico-económico-
político no es inverosímil lo que ha pasado en el asunto de QUIBORAX; se puede interpretar el entramado sinuoso de su decurso y sus desenlaces como parte del funcionamiento
de
las
máquinas
económicas del sistema-mundo capitalista en la fase del capitalismo financiero y especulativo. Se trata, en este caso, de máquinas económicas más sofisticadas, que
logran
manipular
mediante
el
monopolio del control de las tecnologías requeridas para explotación y combinar este
monopolio
con
estrategias
especulativas y de extorsión.
Cuando
preguntábamos
sobre
las
condiciones de posibilidad en las que se da la super-ganancia
de
la empresa en 106
cuestión, a través de un veredicto jurídico internacional, nos abrimos a la gama de factores articulados que acabamos de mencionar;
sin
pretender
abarcarlos
todos, vale la pena mencionar uno más, el relativo a la corrosión institucional y a la corrupción. Lo que ha ocurrido, la derrota gubernamental en el conflicto jurídico desatado por la empresa contra el Estado boliviano, la obtención de una superganancia, insostenible económicamente, ganada
de
manera
leguleya
por
la
empresa, solo puede haberse dado en concomitancia con el gobierno clientelar. Se han tenido que hacer partícipes de esta extorsión a altos personeros del gobierno clientelar.
107
Estamos ante un perfil de la extorsión económica. La extorsión económica es el mecanismo mediante el cual se obtienen super-ganancias, que ya no tienen que ver con el desenvolvimiento corriente de la economía
y
el
mercado,
sino
con
despliegues del lado opaco y el lado oscuro de la economía, así como tienen que ver con el lado oscuro del poder. La ganancia obtenida no es resultado del cálculo costo y beneficio, sino de la extorsión, que funciona en la sinuosa maquinaria de la economía política del chantaje. Por más que
se
encubra
jurídicamente
esta
extorsión, no resulta del funcionamiento económico propiamente dicho, sino del funcionamiento de las formas paralelas del ejercicio del poder. Se trata de ganancia extraordinaria, lograda por el empleo de la coerción y el chantaje, por el uso de la
108
violencia
solapada,
encubierta
con
lenguaje jurídico.
La extorsión económica es un indicativo de a dónde ha llegado la dominación ejercida por las máquinas del poder; también es indicativo de a dónde ha llegado la subalternización,
que
adquiere
la
característica de sumisión descarnada; así mismo es indicativo de los elevados niveles de corrosión institucional y de corrupción.
109
110