Municipio de El Castillo, departamento del Meta Atenci贸n integral a v铆ctimas en el municipio de El Castillo Juan Pablo Gamboa Olaya1 Dinora Angarita Saenz2 8 de Junio de 2013
Paz y Derechos Humanos Carrera 6 No, 35 - 49 Bogota, Colombia PBX (571) 2 88 89 82/ 285 56 49 informacion@redprodepaz.org.co
Corporación para el Desarrollo y la Paz del Piedemonte Oriental Cordepaz
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Ubicación Espacio-tempral
META El castillo
El municipio de El Castillo se encuentra
do como corregimiento. Están además demarcados por seis núcleos zonales. Desde la década de 1980, las FARC-EP han hecho presencia en el departamento del Meta, operando especialmente en la Cordillera Oriental, punto estratégico para su despliegue. Este grupo, no sólo su brazo armado sino político, fue articulándose con la aparición de cultivos de coca en el departamento.
ubicado en el noroccidente del departamento del Meta. Limita al norte con el municipio de Cubarral; al sur, el río Guape marca su límite con los municipios de Lejanías; al oriente, el río Ariari lo separa de los municipios de Granada y San Martín. El municipio de El Castillo cuenta con vías de comunicación fluviales como el río Ariari, y terrestres, hacia los municipios de Cubarral, Granada, Lejanías y San Juan de Arama. La economía del municipio depende principalmente del sector agropecuario, pues los mayores ingresos de la población provienen de la agricultura y en menor escala de la ganadería. Respecto a la división política, la zona rural del municipio está integrada por 42 veredas y un centro poblacional, Medellín del Ariari, proyecta-
Durante ese mismo periodo se identificó la aparición de pequeños grupos de autodefensa, especialmente en los municipios de Cubarral, El Dorado, Puerto López, Puerto Gaitán y San Martín. Además, en estos territorios se generó una gran acumulación de tierras, respaldada por grupos paramilitares de primera generación como Los Carranceros, bajo el mando de Víctor Carranza y Los Ma-
1 Coordinador del Área de Derechos Humanos. 2 Representante de la Mesa de Participación de Víctimas, integrante de la Red de Pobladores.
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cetos, quienes tenían fuertes vínculos con narcotraficantes.Posteriormente, Víctor Carranza buscó una alianza con Gonzalo Rodríguez Gacha y cedió el poder a su hijo, alias Martín Llanos, bajo la estructura de las Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC), estructura militar que solo pareció disolverse en el año 2004, luego de duros enfrentamientos con el Bloque Centauros. En la década de 1990 aparecieron las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada (ACMV) bajo el mando de José Baldonero Linares, alias Guillermo Torres. Junto a este grupo hizo presencia en el territorio el Bloque Centauros, liderado por Miguel Arroyabe, quien hizo presencia en los municipios de San Martín, Granada, Cabuyaro, Castilla la Nueva, Cuenca del Ariari, San Juan Arama, Lejanías, Puerto Rico, Fuente de Oro, y por el Bloque Central Bolívar, liderado por alias Macaco. Durante esa década las FARC continuaron haciendo presencia en el territorio, donde además se implementó la zona de distensión (municipios de La Macarena, Vistahermosa, Uribe y Mesetas) durante el periodo presidencial de Andrés Pastrana (1998-2002). Luego de la ruptura de los diálogos se incrementaron visiblemente los enfrentamientos armados entre grupos guerrilleros, paramilitares y la fuerza pública, generando un elevado número de víctimas, atentados a la infraes-
tructura y siembras de minas antipersonal. Durante el año 2004, Miguel Arroyabe fue asesinado por alias Cuchillo y el bloque se dividió en tres: 1. Bloque Meta o Frente de Heroes del Llano, al mando de Jorge Piraban. 2. Reducto bajo el mando de alias Mauricio, que se dirigieron al Casanare. 3. Bloque Guaviare o Frente Héroes del Guaviare, liderado por alias Cuchillo, el cual ejercía su influencia a través del Ejército Revolucionario Popular Anticomunista de Colombia (ERPAC). Para abordar el contexto del municipio de El Castillo es necesario entender particularidades que tienen que ver con la dinámica de su poblamiento y por lo tanto con su configuración y papel dentro del conflicto armado interno. El municipio se encuentra ubicado dentro de la subregión del Alto Ariari, la cual corresponde a la cuenca del río Ariari, las zonas de San Juan de Arama, parte de San Martín y a las estribaciones de la Cordillera Oriental. En el territorio se han desarrollado aspectos sociales que han dado lugar a la identidad de la comunidad de la región.
Los PDP contribuyen a la construcción del tejido social en las regiones. 3 CINEP. Caso Tipo N° 8. Ariari: memoria y resistencia 2002-2008. Programa de DerechosHumanos y Violencia Política en Colombia. En: Revista Noche y Niebla. Bogotá. 2009.
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El Alto Ariari comprende los municipios de Cubarral, El Castillo, El Dorado, Lejanías, Granada y San Juan de Arama; y el Bajo Ariari comprende los de Vistahermosa, Puerto Rico, Puerto Lleras, y Puerto Concordia. Esta región fue escenario en el pasado de numerosas migraciones forzadas, genocidios, desplazamientos y retornos. De manera general se pueden encontrar los siguientes períodos de violencia en la región 4: • • • • •
La Violencia, décadas de 1940 y 1950. Nacimiento de las FARC, década de 1960. Narcotráfico y el primer paramilitarismo, década de 1970 y 1980. Genocidio de la UP, entre 1986 y 1998. Diálogos del Caguán y el Plan Colombia, entre 1998 y 2002.
La siguiente voz ilustra la dinámica de su poblamiento: “Acosado por tanta persecución, ante la necesidad de establecernos en un sitio seguro, un grupo de 50 familias decidimos traspasar la Cordillera Oriental. Ya teníamos noticias de que en Medellín del Ariari se encontraban algunas personas del Tolima y que se estaban organizando. Eran finales del 49 o 50, no recuerdo bien, pero lo cierto es que ya habían matado a Gaitán y nos perseguían sin lástima. Después de reunirnos los hombres y de acordar la marcha, recogimos todo lo que nos sirviera de algo y con mucho dolor dejamos aquellas parcelas que nos pertenecían y donde habíamos visto morir a muchos de nuestros viejos”5 El municipio de El Castillo se convirtió en una tierra próspera donde se asentaron una gran cantidad de familias, la mayoría provenientes de la segunda ola de violencia que se originó en el país, concretamente de Villarrica, Tolima, lo cual permitió la influencia del Partido Comunista en sus habitantes. Para este periodo surgió la organización de sindicatos agrarios, los cuales eran conformados por pobladores liberales del territorio. Al parecer, hubo un grupo grande de liberales que no aceptó la puesta en marcha de los sindicatos agrarios y decidieron asentarse en lo que hoy en día es la cabecera municipal de El Castillo. Esto marcó el origen de la tendencia política de izquierda, que posteriormente fue motivo del recrudecimiento del conflicto en el territorio con la llegada de los grupos paramilitares y el exterminio de la Unión Patriótica.
Íbid. p. 5.
4 Íbid. p.30. 5
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La comunidad de El Castillo en medio del conflicto armado
La comunidad del municipio se representa como resistente, tanto desde la esfera individual como desde la colectiva. Aquí el conflicto ha estado presente desde sus orígenes y su organización comunitaria y configuración de relaciones sociales se dan en presencia de todos los actores armados. paramilitares, ejército y guerrilla han desplegado repertorios de violencia constantes y las víctimas de dichos repertorios son, en su mayoría, civiles. Allí conviven pobladores que arribaron de los departamentos del Tolima, Huila y Cundinamarca, en su gran mayoría huyendo de la violencia de los años 1940 y 1950. Es por ello que las representaciones sociales de sus pobladores giran en torno a las causas de la violencia, el terror, la venganza, la injusticia social, una mezcla de discursos de carácter político e ideológico y, por supuesto, en torno al accionar de los actores armados, y el silencio y complacencia de castas políticas regionales.
después, en la década de 1990, el municipio pasaría por una de las etapas más atroces de su historia: el terror de la estrategia paramilitar, orientada a terminar con cualquier resquicio de la naciente izquierda, dejaría en el municipio un gran número de víctimas entre alcaldes, concejales, líderes y lideresas de Juntas de Acción Comunal. Eso provocó, por lo tanto, afectaciones claras al tejido social e impactos generales en temas tan importantes como la participación política. Años más tarde y con la implementación del Plan Colombia, la Seguridad Democrática y su componente militar denominado Plan Patriota, vino otra oleada de violencia caracterizada ya no por ataques terroristas sino por un número altísimo de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas y homicidios. Los actores armados dejan hoy a El Castillo en un contexto compuesto por graves violaciones a los derechos humanos; crímenes de lesa humanidad e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH); el origen de Civipaz, con una declaración de zona humanitaria; una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA) al Estado colombiano, con una inmensa deuda en términos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición; y con una comunidad en busca de otorgar sentido al pasado, de reconstruirlo y de comenzar a utilizar como herramienta lo que las armas han silenciado: sus propias voces.
La década de 1960 trajo el nacimiento de las FARC, y las décadas de 1970 y 1980 el de la primera generación de paramilitares, a los cuales ellos llamaban sicarios. A finales de la década de 1980 y en medio de las negociaciones de paz con el presidente Belisario Betancur, los habitantes de El Castillo vieron cómo se abría la posibilidad de una paz. El nacimiento de la UP en 1985 representó para el municipio una propuesta de reconstrucción, de cambios políticos y económicos sin la presencia ni el uso de las armas. Años
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La necesidad de tomar la palabra “Los efectos de esto son desastrosos: uno poco a poco se va aniquilando, muriendo, en una sociedad donde no es permitida la vida. Yo no he recuperado la vida. Y en particular, se aniquilaron tantas expectativas que habíamos tenido. La esperanza es que yo creo que no fue inútil ese gran sacrificio que soportaron. Necesitamos saber lo que pasó, estar seguros de que en algún momento murieron y esclarecer la responsabilidad de los autores. No se puede establecer venganza, pero sí que se siente el precedente para que no vuelva a ocurrir”6
En el año 2010, una de las víctimas de desaparición forzada y homicidio, miembro de la nueva red de pobladores de los Programas de Desarrollo y Paz (PDP), decidió solicitar a Cordepaz una acción orientada a mirar hacia El Castillo y sus habitantes. Según ella el municipio tenía una gran historia que contar dada la magnitud del conflicto armado en él desarrollado. Avanzaban ya 5 años de implementación de la ley 975 de 2005, o ley de Justicia y Paz, primer instrumento jurídico en Colombia que incorporó legalmente el concepto de justicia transicional. A partir de la revisión que hiciera la Corte Constitucional en su sentencia C-370 de 2005, se implementaba en el derecho colombiano, a través del bloque de constitucionalidad, un amplísimo marco de protección de los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos contemplados en los instrumentos internacionales firmados y ratificados por Colombia en la materia. La ley, aprobada en un mar de voces que se manifestaban en contra del instrumento por considerarlo patrocinador de impunidad, comenzó su lento camino de implementación: 5 años más tarde no había una sola sentencia condenatoria en firme, y ya el presidente Uribe había decidido enviar a Estados Unidos a cuatro de los más importantes jefes paramilitares, lo cual implicaba una dificultad más en perspectiva del derecho a la verdad. Sin embargo, el eco de la trinidad formada por verdad, justicia y reparación, hacía sus efectos en relación con la iniciativa de las víctimas en varios lugares del país. A esto se le denominó en varios espacios el efecto no esperado de la ley de Justicia y Paz. La iniciativa de la comunidad fue clara: Cordepaz, en el marco de la implementación del III Laboratorio de Paz, decidió realizar un primer acercamiento a la comunidad a partir de una estrategia impulsada por la líder de víctimas de El Castillo, Dinora Angarita. La estrategia, concertada con el área de derechos humanos de Cordepaz, en reciente formación, debía abordar una problemática basada en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad e infracciones al DIH, en medio del conflicto armado vigente y con los actores armados en el territorio.
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Necesidad de información asesoría y acompañamiento jurídico y psicosocial
Finalmente se decidió realizar un primer acercamiento de tres días en los cuales 15 profesionales entre abogados, trabajadores sociales y psicólogos, realizaron atención integral individual a cada una de las 307 personas convocadas por la líder Dinora Angarita. Este proceso requería de una dedicación de tiempo completo para lograr acercar a víctimas de las veredas altas y transportarlas hasta el corregimiento de Medellín del Ariari. Igualmente los 15 profesionales debieron desplazarse desde la ciudad de Bogotá hasta el corregimiento. El enfoque de esta primera jornada se basó en la atención integral, teniendo como centro la garantía de acceso a la justicia. La correlación entre el derecho de acceso a la administración de justicia y la garantía de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral es el marco teórico jurídico sobre el cual se orientó la labor por parte del grupo de abogados. Este es el mecanismo para la realización de los derechos de las víctimas, el cual tiene su fundamento en el deber de garantía y respeto de los derechos humanos, marco fundamental de las obligaciones estatales en materia de derechos humanos. De este primer acercamiento surgieron una gran cantidad de necesidades jurídicas en relación con el derecho a la información de las víctimas. En términos de orientación y de documentación, existía un desconocimiento claro en relación con los hechos victimizantes, lo que obligó a una atención individual para la documentación de las violaciones. Al terminar la jornada, en lo jurídico había que orientar el trabajo hacia la recopilación de información por parte de las instituciones con el fin de ir ubicando a las víctimas en las rutas para el acceso a los derechos. Tres días después, extenuados y cargados de historias violentas, dos abogados, dos psicólogas y dos trabajadoras sociales nos dirigimos al entonces llamado Acción Social a entregar los formatos de solicitud de reparaciones por vía administrativa. Nos dijeron que no podían recibir los formatos, pues eran muchos y no tenían ni tiempo ni personal para entregarnos un certificado de radicación por cada uno. Discutimos y solicitamos hablar con Diego Molano, hasta que finalmente se vieron obligados a recibir los formatos. Finalmente, en ese primer acercamiento, tal como consta en cada uno de los informes entregados, se realizó una labor particular de asesoría y atención jurídica a las víctimas frente a las diferentes rutas establecidas para el acceso a la justicia, así como los elementos necesarios para la toma de una decisión efectiva y oportuna frente a su victimización. En concordancia con esta labor, se elaboraron acciones jurídicas especificas como diligenciamiento de formatos, memoriales y derechos de petición, dirigidas a las instituciones responsables en la política de atención y reparación a víctimas, todas ellas tendientes a garantizar a las víctimas el derecho de acceso a la justicia: Acción Social, Comité de Reparaciones Administrativas, Fiscalía General de la Nación, Unidad Nacional de Justicia y Paz, Fiscalías Seccionales, Registraduría Nacional del Estado Civil y Procuraduría. El enfoque con el cual el grupo realizó la labor en el Municipio de El Castillo, Meta, tiene como fin coadyuvar para garantizar el derecho de acceso a la justicia de la población atendida, partiendo del reconocimiento de la existencia de un conflicto armado con una 7
antigüedad de más de cinco décadas y en ascendente proceso de degradación. Esto se refleja principalmente en la utilización de tácticas e instrumentos de guerra prohibidos por el Derecho de Gentes a través de su historia, y más concretamente por los Convenios de La Haya relacionados con la conducción de las hostilidades bélicas, y por los Convenios de Ginebra de 1949, dentro de los cuales se destaca su Protocolo Adicional II, aplicable a los conflictos armados de carácter no internacional, ratificados por Colombia mediante la Ley 5 de 1960 y la Ley 171 de 1994, respectivamente. Este conflicto ha configurado en el departamento del Meta, particularmente en el municipio de El Castillo, una situación que ha roto los proyectos de vida de sus habitantes.
los que estos tienen lugar y son sujetos de prácticas sociales de atribución de sentido. Ello supone trascender la patologización objetivizante e individualizante de las víctimas, permitiendo encuadrar su sufrimiento en el conjunto de interacciones sociales en y con las cuales han construido su propia narrativa, a partir de la cual se desarrollaron las jornadas. En consecuencia, en el desarrollo de las jornadas se retomó la metodología de cartografía psicosocial como una herramienta que, a partir del trabajo colectivo y dialógico, permitió la elaboración de representaciones gráficas sobre la espacialidad, la temporalidad (pasado, presente y futuro) y las relaciones constitutivas de un territorio. Todo lo anterior estuvo mediatizado por relatos expresivos de las vivencias y significaciones en torno a determinados hechos que tuvieron lugar en su territorio. De este modo, en el momento de la elaboración de mapas, se configuraron tramas narrativas que facilitaron una reconstrucción e interpretación colectiva del pasado y de su relación de causalidad, afectación en el corto, mediano y largo plazo en la cotidianidad de las personas y en los contextos arriba mencionados.
Debido a la magnitud de las violaciones, a la confianza elaborada con las víctimas y líderes de víctimas y al compromiso del área de derechos humanos de Cordepaz en este proceso, se impulsó la realización de una nueva jornada de tres días. En esta ocasión el grupo jurídico debería dar información a las víctimas sobre los procesos de acceso a la justicia. El grupo de psicólogos y trabajadores sociales esta vez quería realizar un trabajo orientado a identificar las problemáticas psicosociales y jurídicas generadas por el conflicto armado con los habitantes del municipio, a través de un análisis de contexto social, político, cultural, económico, geográfico e histórico, aportando al proceso de caracterización.
A partir de la metodología implementada se logró identificar la existencia de problemáticas psicosociales generadas por el conflicto armado, las cuales se organizaron por categorías de análisis: afectaciones psicosociales; impacto de los hechos victimizantes sobre el tejido social; y estrategias de afrontamiento y reconstrucción colectiva de la memoria histórica. Estos impactos se establecieron a partir de las narrativas de las personas pertenecientes a las veredas de Caño Lindo, La Esmeralda, El Retiro, Caño Dulce, Caño Embarrado, La Unión de Cal, el Casco Urbano, Medellín del Ariari, Brisas de Llamares y El Reposo.
Se partió de un enfoque claro para el trabajo, el cual consistía en el reconocimiento de las afectaciones multidimensionales ocasionadas por hechos victimizantes en la integralidad de las personas, familias y comunidades. Resulta pues pertinente visibilizar reflexivamente los contextos políticos, históricos, geográficos, culturales y sociales en
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Problemática La comunidad del municipio en cuestión se encontraba en un total abandono por parte del Estado y la institucionalidad. La presencia de actores armados por más de 40 años en su territorio dejó como resultado un contexto de graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad e infracciones al DIH, los cuales se manifestaron tanto a nivel individual como colectivo, además de en la infraestructura del municipio. Existe un tejido social roto, desconfianza comunitaria, afectaciones e impactos psicosociales tanto a nivel individual como colectivo y un particular existe un daño desproporcionado al ejercicio de la participación política.
¿Cuál fue la Buena Práctica y/o la Lección Aprendida? La buena práctica del proyecto fue el acercamiento al municipio en articulación y con la iniciativa y compromiso de una de las víctimas, junto a un compromiso por parte del área de derechos humanos de Cordepaz. Un excelente equipo interdisciplinar con conocimiento y experiencia específica en procesos de justicia transicional, una atención integral a víctimas, un enfoque psicosocial y coherente con los derechos humanos internacionales, una organización y aprestamiento jurídico para el empoderamiento de las víctimas y un proceso sostenido por 3 años, son los pilares fundamentales de esta práctica. En definitiva, la buena coordinación y articulación con los líderes municipales, la construcción de confianza con los habitantes del municipio y la conformación de un equipo interdisciplinario y profesional fueron claves en el proceso.
¿Cómo lo hicimos? Las metodologías empleadas fueron las siguientes: • Atención integral a las víctimas desde tres enfoques: garantía de derechos, enfoque psicosocial y garantía del derecho de acceso a la justicia. • Talleres de cartografía social y reconstrucción de la memoria histórica a partir de las narrativas. • Líneas de tiempo . • Acciones jurídicas específicas orientadas al acceso a los mecanismos de reparación. • Aprestamiento jurídico. • Encuadre metodológico previo y concertado interdisciplinarmente. 9
• jornadas de atención integral interdisplinar con apoyo de profesionales especializados en temas de atención integral a víctimas, enfoque psicosocial, y asesoría y orientación desde lo jurídico. Las claves del ejercicio fueron: • Alianza y trabajo conjunto entre las víctimas y el área de derechos humanos de Cordepaz. • • Acompañamiento, orientación y asesoría específica sobre justicia transicional, mecanismos de acceso y medidas de atención y reparación establecidas en la ley. • Enfoque interdisplinar a través de abogados, psicólogos y trabajadores sociales.
Nuestros logros
• Víctimas fortalecidas jurídica y psicosocialmente para el impulso de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación ante las diferentes instituciones que hacen parte del marco general de justicia transicional en Colombia. 7 • Acceso de las víctimas a la indemnización por la vía administrativa establecida en el decreto 1290 de 2008. • Víctimas inscritas en el sistema de Unidad Nacional de Justicia y Paz. • Fortalecimiento de la capacidad de las víctimas y organizaciones de víctimas del municipio para el acceso a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. • Derecho de las víctimas a la palabra. • Resignificación de un pasado de violaciones graves a los derechos humanos. • Consecución de interacción organizada y coordinada con la nueva institucionalidad establecida para la reparación integral: Fiscalía, Unidad de Víctimas, Comisión de Búsqueda, Gobernación. • Implementación de proyectos por diferentes instituciones. Por ejemplo, el Centro Nacional de Memoria Histórica, a partir del proceso, decidió implementar un proyecto en perspectiva de reconstrucción de la memoria histórica.
7 Ley 975 de 2005, Decreto 1290 de 2008, ley 1448 de 2011 y decretos reglamentarios. 10
Nuestros aprendizajes sa de los derechos de las víctimas supone acciones directas que pueden involucrar la denuncia de hechos de violencia, el acceso a mecanismos de justicia para el restablecimiento de los derechos conculcados, así como la activación de medidas de protec9 ción para víctimas y testigos, entre otros.
La contribución al logro del desarrollo y la paz, en contextos caracterizados por la ausencia estatal, la presencia de actores armados, y un pasado de violaciones graves a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad e infracciones graves al derecho internacional humanitario, se realiza a partir del trabajo coordinado y articulado con las víctimas y la comunidad, sostenido en el tiempo y con un enfoque específico, teniendo en cuenta que la responsabilidad en materia de garantía, respeto y protección 8 de los derechos humanos es del Estado. Los derechos humanos no son un discurso abstracto sino que condensan una serie de garantías para la vida digna de las personas, frente a las cuales existen expresas responsabilidades y obligaciones por parte de los estados para que se hagan efectivas. De igual forma, implica la promoción de estos derechos a través de la formación, capacitación y divulgación en diversos escenarios y con distintos sectores poblacionales. Particularmente, la defen-
Los espacios devastados por el conflicto armado se componen de una gran cantidad de afectaciones multidimensionales ocasionadas por hechos victimizantes en la integridad de las personas, familias y comunidades. Resulta pertinente visibilizar reflexivamente los contextos políticos, históricos, geográficos, culturales y sociales en los que tienen lugar y son sujetos a prácticas sociales de atribución de sentido. Ello supone trascender la patologización objetivizante e individualizante de las víctimas, permitiendo encuadrar su sufrimiento en el conjunto de interacciones sociales en y con10 las cuales han construido su propia narrativa .
8 La evolución del derecho internacional de los derechos humanos tanto por vía convencional, de derecho consuetudi-
nario y por jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales de los distintos sistemas de protección (Sistema Interamericano, Sistema Europeo y Sistema Universal), impone a los Estados dos grandes obligaciones: el deber de respeto y el deber de garantía. En efecto, el deber de respeto hace referencia a que los Estados deben abstenerse de violar -por acción o por omisión- los derechos humanos, lo que implica asimismo, mediante las medidas necesarias, el goce y disfrute de estos derechos. Entretanto, el deber de garantía se refiere a las obligaciones del Estado de prevenir las violaciones, investigarlas, procesar y sancionar a sus autores, reparar los daños causados y garantizar los derechos de las víctimas a un recurso efectivo, a la reparación y a la verdad. 9 Documento Plan de Trabajo del Área de Derechos Humanos y Reparación Integral a Víctimas de Cordepaz. 2011 – 2012. 10 Cordepaz, 2011, informe de Jornada de atención interdisciplinar en El Castillo, cartografía psicosocial y atención jurídica.
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El abordaje de las problemáticas generadas por la violación de derechos humanos en una comunidad debe realizarse desde tres enfoques: • Garantía de los derechos. Este enfoque, con una perspectiva de estrategias de desarrollo, hace referencia al amplio conjunto de principios, reglas y estándares que integran el derecho internacional de los derechos humanos y que son pasibles de ser aplicados para fijar pautas y criterios. • Reparación integral. Se constituye por todas aquellas medidas que pueden adoptarse para resarcir los diversos tipos de daños. Conforme al derecho internacional son las medidas de restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición. • Psicosocial. Este enfoque es concebido como transversal en las medidas de atención y reparación integral a las víctimas, pues permite realizar tránsitos en lo referente a la manera en como concebimos a las víctimas, llevándonos inclusive a denominarlas de manera diferente, buscando generar en el proceso de atención y acompañamiento la construcción de una identidad que facilite a la víctima reconocerse como sujeto activo en su proceso de cambio y de exigibilidad de sus derechos. La interacción con la institucionalidad encargada de implementar la política pública de atención, asistencia y reparación integral es de suma importancia en perspectiva de ir preparando el camino para la puesta en acción de medidas de carácter específico sobre la población y el territorio. Esto disminuye las consecuencias negativas de la sobreoferta institucional desarticulada que, tanto desde la cooperación internacional como desde las instituciones estatales, se recibe en territorios con poca presencia del Estado. Igualmente la sistematización y el monitoreo deben ser transversales a toda la práctica, ya que tratándose de información sobre graves violaciones a los derechos humanos deben ser preservados estos archivos con las debidas garantías que permitan su cuidado y contribuyan a generar acciones de memoria histórica. Es muy importante, como se mencionó anteriormente, tener presente la celeridad con la cual se van adoptando e implementando las políticas públicas en perspectiva de postconflicto, o si se quiere, de justicia transicional, ya que no tener claro este contexto puede generar expectativas distorsionadas en la población víctima y a la postre pueden superar la capacidad de incidencia de los programas de desarrollo y paz. Es por esto que, en la práctica, la articulación con la institucionalidad debe surgir, aunque se experimente inclusive una reacción crítica y contradictoria. Por otra parte, es imprescindible hacer seguimiento y monitoreo de la situación actual de derechos humanos y sus constantes vulneraciones. Esta tarea debe ir necesariamente acompañada de un trabajo de documentación de casos, así como de un proceso sistemático de 12
formación y capacitación, en la perspectiva de adelantar las acciones de carácter judicial, administrativo y político que se consideren pertinentes para la protección y defensa de las víctimas. Desde esta misma perspectiva, la lucha por la promoción, defensa y garantía de los derechos humanos por parte de los individuos y los colectivos debe orientarse a generar y gestionar propuestas que se cristalicen en políticas públicas. De esta manera, se garantiza que una determinada medida o lineamiento que promueva y defienda el ejercicio y goce efectivo de estos derechos, pueda aplicarse no solo a una persona o situación particular sino en beneficio del conjunto de la población y de toda la sociedad. En una realidad como la colombiana, los contenidos relativos a la promoción, defensa y garantía de los derechos humanos deben sustentar políticas públicas consecuentes con la realidad específica de la victimización que se comete con ocasión del conflicto armado interno, que es cualitativamente diferente a la victimización ocasionada por otras causas como la delincuencia común o la violencia intrafamiliar.
¿Por qué es una Buena Práctica? • Fortaleció individual y colectivamente a las víctimas del conflicto armado en el municipio y por tanto el tejido social y la confianza comunitaria. • Existe una capacidad establecida para que se agencien procesos de reparación en sus diferentes dimensiones: satisfacción, restitución, indemnización, rehabilitación y garantías de no repetición. • Cada trabajo con la comunidad bajo los enfoques establecidos constituyó en sí una acción reparativa a nivel individual y colectivo. • Se realizó incidencia ante instituciones del orden nacional. • Aporta claramente a la construcción de paz y desarrollo.
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