Micoahumado - Magdalena Medio by REDPRODEPAZ

Sur de Bolívar: Micoahumado

Proceso Soberano, Comunitario por la Vida, la Justicia y la Paz de Micoahumado Gianni Pisciotti, Juan Bautista Colorado, Sofía Helena Reyes y Águeda Plata Junio de 2013

Paz y Derechos Humanos

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Programa de Desarrollo y Paz Magdalena Medio

Ubicación Espacio-tempral

Micoahumado es un corregimiento perteneciente al municipio de Morales, situado en la Serranía de San Lucas, al sur del departamento de Bolívar, en la región del Magdalena Medio. Su ubicación estratégica junto al Río Magdalena, hace de esta región un punto vital para los diferentes grupos que tienen presencia en la zona (paramilitares, guerrilla y Fuerza Pública).

Su población es totalmente campesina y depende de la tierra para su supervivencia, el poblamiento de la región se ha dado en distintas oleadas de colonización, en busca de mejores medios de vida, huyendo de la violencia, buscando tierras y nuevos horizontes. Los habitantes de Micoahumado y sus veredas son una mezcla de santandereanos, boyacenses y costeños.

Población “El territorio está conformado por el caserío de la Plaza y nueve veredas: La Caoba, La Guásima, El Progreso, Providencia, La Conformidad, Media Banda, Honda Baja, El Reflejo y Chiquillo.” (Micoahuamdo desminado).

Economía Por su gran variedad de flora, fauna, riquezas naturales y minerales, la economía de este corregimiento se fundamenta en la explotación agrícola, ganadera, y en el intercambio de artículos (comercio informal). La economía evolucionó de la explotación ma-

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derera a la marihuana, y más tarde a la coca, considerada por los campesinos como “recurso del campesino excluido” (Plata, A, 2009. Dco. Acuerdo Humanitario Micoahumado). A su vez, se han dado pasos hacia una economía campesina, con fincas integrales, con frutales, cacao, café, hortalizas, caña, maíz y ganadería doble propósito.

La región ha vivido constantes movilizaciones campesinas y mineras: en 1985, a Cartagena; en 1986, a Morales; en 1997, a Cartagena, en 1998, el éxodo campesino del Sur de Bolívar hacia Barrancabermeja; en el 2006 a Santa Rosa del Sur y en el 2008 la movilización denominada “La Marcha de las Sotanas” en los municipios de Arenal y Morales. En todos estos procesos de luchas sociales, las comunidades de Micoahumado participaron activamente con el fin de hacer visible al resto del país y al Gobierno Nacional, las precarias condiciones de vida en la región del Magdalena Medio, los permanentes atropellos contra la población civil por parte de los grupos armados, la constante violación de los derechos humanos, las desapariciones forzosas, los señalamientos y los estigmas que pesaban sobre sus pobladores, líderes y organizaciones comunitarias. A partir del 9 de noviembre de 1998, se dio la primera incursión paramilitar al corregimiento de Micohaumado, por parte de las Autodefensas del Bloque Central Bolívar, seguidamente, la del 9 de junio de 2000, la del 29 de noviembre de 2001 y la del 2 de diciembre de 2002. En cada una de estas incursiones, los paramilitares llegaron con algunos encapuchados y, en grandes grupos, se instalaban dentro del caserío y sus alrededores, de tal manera que la población civil quedaba en medio de los combates, siendo utilizados como escudos de protección. En cada una de las incursiones paramilitares, quemaron casas, carros y saquearon al pueblo. También obligaron a los civiles a llevarles, el agua, la leña, a cocinarles y a servirles. En las tres primeras incursiones, algunas de las familias lograron salir y refugiarse en las veredas de alrededor de la montaña. Luego en la incursión de diciembre de 2002, entró un grupo paramilitar de aproximadamente 600 hombres que estuvo 45 días con el fin de disputar con ELN el control económico, social y político del territorio.

En las disputas, convirtieron el caserío de Micohaumado en un campo de batalla. La incursión duró 45 días. Durante esos días el ELN ordenó a la población salir del caserío para dejar libre el terreno para las batallas y para obligar a la comunidad a salir, colocó minas antipersonales en las vías de acceso, suspendió el servicio de agua y minó la entrada al acueducto. La comunidad quedó completamente aislada, y mientras tanto los paramilitares utilizaban helicópteros para entrar sus provisiones y hacer los relevos de tropa. Ante dicha situación, la comunidad decidió no obedecer a ninguno de los actores armados en disputa y con el apoyo de la Diócesis de Magangué y el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM), reflexionaron, encontrando que: “tomar un bando, implicaría tener una participación activa dentro de la guerra” y “negarse a ser parte de cualquier bando y tener que huir, sería convertirse en desplazados”. Ante ese dilema, la comunidad se declara en asamblea permanente, para estudiar la situación y buscar alternativas a la misma, creando una tercera vía: utilizaron como estrategia los diálogos pastorales y comunitarios, para lo cual, organizaron una comisión de diálogo, con el siguiente protocolo: • Establecer comunicación y contacto con el comandante de las operaciones de cada uno de los grupos en disputa: paramilitares y guerrilla. • Preparar una oración ecuménica. Con la lectura de un texto bíblico que estuviera en sintonía con la situación que estaban viviendo. • Desde esa lectura bíblica, iniciar el planteamiento de las situaciones presentadas. Mediante el método: ver, sentir, juzgar y actuar. • •En el momento de actuar, exigir primero el respeto a la vida, el retiro del caserío y en general el respeto y cumplimiento a lo establecido en Derecho Internacional humanitario y, segundo, el respeto a los derechos de las comunidades. El mismo protocolo se aplicaba para los dos grupos. La situación descrita anteriormente dio origen al proceso Soberano, Comunitario por la Vida, la Justicia y la Paz de Micoahumado y el 14 de marzo de 2003 se conformó la Asamblea Popular Constituyente. Esta asamblea contó con la participación de las nueve comunidades veredales y el caserío: con la participación de transportadores, maestros, estudiantes, jóvenes y gremios comerciantes, fruto de la concertación de sus pobladores. La asamblea creó siete comisiones de trabajo: diálogo, proyectos, comunicación, conciliación, veeduría, salud, medio ambiente, animación y la comisión sociocultural. “No hay dignidad sin seguridad alimentaria, ni arraigo a la tierra si hay hambre”. (Reyes S. 2005)

Las Buenas Prácticas en el proceso Soberano, Comunitario por la Vida, la Justicia y la Paz son: • Los diálogos pastorales y comunitarios. • La decisión libre y autónoma de la comunidad de construir una tercera vía, ser un actor civil de paz que no obedece órdenes de actores armados, permanecer en su territorio y planear un camino para crear las condiciones para vivir dignamente. • La asesoría, el acompañamiento, el seguimiento y la vigilancia de la Iglesia, de entidades civiles del Estado, de Organizaciones no Gubernamentales, y de instituciones y organizaciones de carácter internacional. • Constituirse en Espacio Humanitario.

Las acciones desarrolladas en el marco del espacio humanitario fueron: • Apoyo y fortalecimiento de la decisión de la comunidad de constituir su territorio en espacio humanitario. A partir de la decisión histórica tomada por estas comunidades en riesgo, se fortalecieron sus organizaciones y su papel central en la generación de espacios de concertación y diálogo. Se convocó a las principales partes implicadas en la crisis humanitaria y se establecieron unos acuerdos fundamentales de acción para enfrentar las principales causas de la crisis humanitaria, también se establecieron las alianzas con organizaciones del Estado,

en lo local y regional, con las agencias de Naciones Unidas para los refugiados y para los Derechos Humanos y con organizaciones de carácter internacional que animaron y respaldaron a las comunidades en su decisión de permanecer en el territorio y transformar su situación. •

Caracterización e identificación de la crisis humanitaria.

Se hizo el análisis de realidad y se identificaron las principales causas, efectos y tendencias de la crisis humanitaria, con el fin de tener una mejor comprensión de la problemática y la identificación de alternativas de solución. •

Formulación de un plan de protección.

Con la participación de las comunidades se hicieron los análisis de riesgo y se identificaron las estrategias de prevención al desplazamiento forzado, al desalojo de tierras y a la protección de los derechos, que permitieran la vigencia de los Derechos Humanos y el respeto del Derecho Internacional Humanitario. La configuración de un Plan de Protección, es ante todo, confirmar una apuesta por la vida, por la libertad y por la autonomía, por el proyecto comunitario y por el ejercicio democrático. Se trata de salvaguardar los derechos y continuar existiendo como realidad social y cultural, como organizaciones sociales y como proyecto alternativo de vida. •

Formulación de una propuesta para el desarrollo y la paz.

Identificadas las causas estructurales y los efectos de la crisis humanitaria, se procedió al diseño y ejecución de una estrategia de corto, de mediano y largo plazo que facilitara condiciones para la paz duradera, el desarrollo humano sostenible, la construcción del Estado Social de Derecho, el fortalecimiento de la institucionalidad pública, la democracia y la gobernabilidad. En este sentido, en la perspectiva de la construcción de alternativas de desarrollo a escala humana, se han establecido más de 180 huertas integrales y más de 90 hectáreas sembradas en cacao. 40 familias participaron en un proyecto de ganadería; siembra de 22 hectáreas de caña para autoconsumo y se construyeron más de 23 galpones administrados por mujeres cabeza de hogar. En este sentido, se busca que la iniciativa de protección de las garantías de la población en su territorio para la construcción de vida digna, integre todas las dimensiones: tanto la defensa de los Derechos Humanos, el respeto de la población civil, como la construcción del proyecto de vida de la comunidad en clave de desarrollo, es decir, integrando alternativas de economía justa e incluyente para contribuir a la transformación de las inequidades que han nutrido el conflicto. Esta propuesta, desde lo local, ha mostrado caminos para la región entera. 6

Fruto de los diálogos Pastorales comunitarios se logró: • Que los actores armados no utilizaran las casas ni los bienes de los civiles. • Que la comunidad elaborara un manual de convivencia para tramitar y resolver sus conflictos sin recurrir a actores armados. • Que el ELN entregara quince predios que había quitado, como castigo a sus dueños, en la vereda la Guásima. • Que el ELN, en una decisión unilateral, desminara la carretera de San Pedro de la Plaza, El Reflejo, La Caoba y La Guásima, mediante la remoción manual de minas, en el cual designó de sus combatientes un grupo de expertos que ubicara los campos minados, elaboraran un mapa y el 26 de enero de 2005 hicieron entrega de la vía a la comunidad, devolviendo la seguridad y la confianza a los ciudadanos, disminuyendo la amenaza y el peligro que representan los artefactos explosivos. • Desde el 2005, en el corregimiento de Micoahumado no han ocurrido accidentes de población civil, por causa de minas antipersonales. • La decisión libre y autónoma de la comunidad de construir una tercera vía, ser un actor civil de paz que no obedece órdenes de actores armados, permanece en su territorio y planea un camino para crear las condiciones vivir dignamente. Inspirados en el artículo tercero de la Constitución Política de Colombia, “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece” y también en el artículo 22 “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.

La asamblea tiene una presidencia colegiada, un comité operativo, más de noventa delegados de las veredas y comisiones de trabajo de acuerdo con la realidad del proceso. Es el espacio para planear y tramitar los conflictos sin recurrir al uso de la violencia en este corregimiento ha sido vital contar con la asesoría, acompañamiento, seguimiento y vigilancia de la Iglesia, entidades civiles del Estado, de ONG e instituciones y organizaciones de carácter internacional. El Proceso Soberano Comunitario Por la Vida, La Justicia y La Paz cuenta con los siguientes acompañantes y aliados: Acompañantes: • Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM). • Parroquia San Sebastián de Morales. • Diócesis de Magangué. • Redepaz. • Gobernación de Bolívar. • Administración Municipal de Morales. Aliados: • Equipos Cristianos de Acción por la Paz (ECAP). • Campaña Colombiana Contra Minas. • Llamamiento de Ginebra. • Consejería en proyectos, PCS. • Organización Femenina Popular (OFP) • CREDHOS. • Corporación Sembrar. • Defensoría del Pueblo Regional Magdalena Medio. Crear el Espacio Humanitario (EH): La estrategia de EH surge como respuesta a crecientes niveles de violencia, desarraigo, confinamiento, desprotección, y a los procesos de exclusión social económica y política que vulneran la vida digna, las posibilidades de bienestar y desarrollo integral del presente y el futuro de comunidades y generaciones

Nuestros principales aprendizajes son: Los diálogos pastorales y comunitarios. Éstos eran preparados en misiones veredales de paz por un equipo de sacerdotes, misioneros laicos y presidentes de las juntas de acción comunal. Todos ellos se desplazaban a las veredas, se realizaba la eucaristía o la lectura de la palabra de Dios, y se aplicaba el método, lectura bíblica, ver, sentir, juzgar y actuar. Las misiones fueron espacios de encuentro y esperanza en la búsqueda de los de los consensos para la protección de la vida en medio de la agudización del conflicto. Se realizaban con la participación de organizaciones aliadas y acompañantes del proceso, eran momentos de vivencia de fe y de espiritualidad colectiva. La comisión de diálogo, tomaba los resultados de los análisis de las misiones de paz y cada dos meses o cada vez que se identificaran situaciones de riesgo, de violaciones masivas de derechos humanos, se dialogaba con los actores armados con el fin de prevenir las situaciones de riesgo. La comisión de diálogo siempre estuvo integrada por un sacerdote, un pastor de otras iglesias, delegados del PDPMM y los miembros de la Comisión de diálogo de la Asamblea Popular Constituyente.