REVISTA DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS DICIEMBRE 2009 by Revista del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas

REVISTA DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS Año 3 - Nº 2

DICIEMBRE 2009

DIRECTORIO

COLABORADORES

Capitán de Navío (r) César Linares Velásquez Director

Capitán de Fragata Jorge Andaluz Echevarría

Capitán de Fragata Kurt Böttger Garfias Editor COMITÉ EDITORIAL

Capitán de Navío Juan Polo Wood Presidente Coronel EP (r) Tomás Delgado Arenas Doctor Luis García Corrochano Moyano Doctor Farid Kahhat Kahatt Contralmirante (r) Eloy Ledesma Rebaza Capitán de Navío (r) José Montoya Manrique Doctor Fabián Novak Talavera

Capitán de Navío Aníbal Cueva López Doctora Mirtha Chenguayén Guevara Doctor Marcos Ibazeta Marino Capitán de Navío Luis Martínez Enríquez Teniente Coronel EP Víctor Miranda Alfaro General de División EP (r) Francisco Morales Bermúdez Contralmirante Jasón Saavedra Paredes Doctora Zoila Sánchez Palomares Comandante FAP Jaime Vinatea Medina

Doctor y Capitán de Fragata (r) Jorge Ortiz Sotelo Mayor General FAP (r) Jorge Rendón Castro Doctora Zoila Sánchez Palomares Capitán de Navío (r) José Sifuentes Espinosa Coronel FAP (r) Ricardo Vilches Raa General de Brigada EP (r) Juan Emilio Yepes del Castillo

© Editada por la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas. Cruce calle Las Acacias con la Av. Los Ingenieros cuadra 1, Las Laderas de Monterrico, Santiago de Surco, Lima - Perú Teléfono: 344-1886 Anexo 4007. Web: www.ccffaa.mil.pe E-mail:directorrevista@esffaa.pe

ASISTENTE EDITOR

Carmen Masías Guillén

CORRECCIÓN Y ESTILO

Esperanza Navarro Pantac

COORDINACIÓN DE IMPRESIÓN :

Neil Cárdenas Lezameta

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2009-09275 Las ideas y opiniones publicadas en esta Revista son de exclusiva responsabilidad de los autores. No necesariamente reflejan los puntos de vista del Comité Editorial, de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ni del Ministerio de Defensa.

CONTENIDO

EDITORIAL ..................................................................................

REVOLUCIÓN EN ASUNTOS MILITARES Y SUS CONSECUENCIAS .....................................................................

Capitán de Fragata Jorge Andaluz Echevarría Cuando en el ámbito militar se dice que en los niveles estratégico-operacionales, operacional y táctico se están realizando ostensibles cambios producto de la aplicabilidad del progreso tecnológico, usualmente se comenta que se está realizando una Revolución en Asuntos Militares. Este artículo pretende explicar qué aspectos de la actividad militar se verán profundamente afectados por estos cambios.

EXPERIENCIAS EN LA PACIFICACIÓN DE COLOMBIA: POLÍTICA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO............................................... 13 Capitán de Navío Aníbal Cueva López La legitimidad y el carácter humanitario en las operaciones de lucha contra el narcoterrorismo que desarrollan las Fuerzas Militares de Colombia, son aspectos fundamentales que las fuerzas del orden encargadas de la seguridad y protección del Estado, se han visto obligadas a considerar a través del respeto irrestricto de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. En el proceso, las reglas de enfrentamiento y las reglas de aplicación de fuerza han constituido experiencias valiosas para sus Fuerzas Armadas.

LA ALIANZA ENTRE LAS FUERZAS ARMADAS Y LA POBLACIÓN CIVIL EN EL VRAE: PROYECCIONES Y PROPUESTA.............. 29 Doctora Mirtha Chenguayén Guevara La Alianza entre las Fuerzas Armadas y la población local en el VRAE aparece como una estrategia inspirada en un renovado concepto de seguridad, donde participan otros actores dentro de la misma perspectiva de desarrollo y defensa de los derechos de la población local. Inserta a las Fuerzas Armadas como un factor de seguridad y desarrollo, con necesarios y evidentes alcances políticos por el tipo de amenaza existente en la zona.

APORTE DE LA SALA NACIONAL PARA CASOS DE TERRORISMO EN EL PROCESO DE PACIFICACIÓN DEL PAÍS .............................. 41 Doctor Marcos Ibazeta Marino En 1999 se le encomendó al autor la presidencia de la Sala Nacional para Casos de Terrorismo, la cual podía formar tribunales de juzgamiento público con desplazamiento de la Sala a cualquier punto del país. Cuando en 1999 la Comisión de Indultos empezó a reestudiar procesos de posibles sentencias arbitrarias, los miembros de la Sala encontraron que los campesinos, más que autores materiales ideologizados, por lo general eran víctimas inermes.

HACIA UN PENSAMIENTO CONJUNTO ....................................

Capitán de Navío Luis Martínez Enríquez En el trabajo en equipo, el tratamiento de determinados temas, requiere de ciertas capacidades tanto académicas como personales, y predisposiciones para tratarlos con criterios distintos, cuyo resultado final debe provenir del procesamiento de diferentes puntos de vista. Hay determinadas características psicológicas que contribuyen al mejor desarrollo del trabajo en conjunto; su ausencia, como contraparte, podría impactar negativamente en el mismo.

LAS AMENAZAS AMBIENTALES Y SUS EFECTOS SOBRE LA DEFENSA Y SEGURIDAD ...........................................................

Teniente Coronel EP Víctor Miranda Alfaro Resulta difícil entender la naturaleza de la amenaza ambiental cuando durante siglos los Estados han identificado y limitado las amenazas a la seguridad solo en cuanto conflictos políticos y militares procedentes de otra potencia, por lo que, la seguridad y la defensa tradicionales se han orientado exclusivamente a proteger al Estado de otro Estado.

ARMAMENTO Y DISUASIÓN EN SUDAMÉRICA .......................

General de División EP (r) Francisco Morales Bermúdez Cerrutti La situación que hoy se vive en los países sudamericanos, hace que la limitación de armamentos se haga difícil por sus implicaciones en el balance de poder, en las políticas de seguridad, en la percepción de amenazas y en la conducción política de cada país. Influyen las amenazas internas (terrorismo, narcotráfico, etc.), los diferentes rumbos ideológicos, los diferendos fronterizos, la debilidad de los organismos internacionales como la OEA, y la proyección nacional de cada país.

ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA GUERRA DE 1879 ................

Contralmirante Jasón Saavedra Paredes Ensayo basado en bibliografía chilena que examina, desde una perspectiva estratégica (política), cómo a lo largo de los cinco años que duró la guerra, los objetivos políticos de Chile fueron cambiando. Si bien recurre a pasajes históricos, citando autores chilenos, no se trata de un trabajo histórico, es más bien estratégico, y concluye evidenciando una analogía entre ese acontecimiento histórico y la situación actual, y aún la del futuro cercano.

MISIONES MULTISECTORIALES Y CONJUNTAS: PLAN VRAE ...............................................................................

Doctora Zoila Sánchez Palomares En el Perú, en la década de los 80 las FFAA enfrentaron el terrorismo y narcotráfico, de los cuales quedó un remanente en la zona del Huallaga y el VRAE. Para combatirlo, el año 2007 el doctor Alan García inició un programa social: Una opción de Paz y Desarrollo en seguridad para el VRAE, con un equipo de trabajo multisectorial con diversos actores: del aparato gubernamental, de la sociedad civil y del segmento empresarial.

EL DOCENTE MILITAR: MITOS Y REALIDADES DE LA ENSEÑANZA EN LAS FUERZAS ARMADAS.............................. 101 Comandante FAP Jaime Rafael Vinatea Medina Proporciona algunos criterios para esclarecer si los docentes militares nos sentimos preparados para desarrollar un proceso de enseñanza que facilite el aprendizaje significativo del personal militar y coadyuve al cumplimiento de sus respectivas misiones. Se esbozan, además, algunas interrogantes sobre el conocimiento y experiencia educativa, así como comparaciones entre conceptos netamente militares y temas educativos.

ÍNDICE TEMÁTICO DE LA REVISTA DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS ............................... 113 LÁMINAS: Instituciones Cívico-Patrióticas: Legión de Infantería ..................................................................................................

Legión de Caballería .................................................................................................

Legión de Artillería ..................................................................................................

Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, Vencedores el 2 de Mayo de 1866 y Defensores Calificados de la Patria ....................

Asciación de Oficiales Submarinistas del Perú ...........................................................

Asociación Nacional Pro Marina del Perú................................................................

EDITORIAL Llega a su fin este año 2009, con una variada act actividad ividad administrativoacadémica, caracterizada por una serie de hechos que, una rápida mirada en retrospectiva nos permite apreciar que ha dejado un saldo positivo en la buena marcha de la Revista, como veremos a continuación. Su incorporación a la organización de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, ha traído, en lo cotidiano, una excelente interrelación con la planta docente. Se obtuvo un ágil aprovechamiento de la experiencia y conocimiento de los catedráticos de la Escuela, eventuales miembros del Comité Editorial de la Revista, así como la posibilidad de entablar un diálogo académico más libre con los oficiales alumnos de las tres instituciones militares El Contenido, entre otros temas, trae una interesante colaboración sobre la Experiencia de la Pacificación en Colombia, analizada por un oficial peruano actualmente comisionado en ese país, que inevitablemente llevará al lector a una reflexión comparativa con nuestra propia problemática. Continuamos con la difusión de artículos que suscitan especial atención por su relación con la vida nacional, entre ellos dos enfoques sobre la situación actual del VRAE, a cargo de dos distinguidos abogados. Y otro tema sobre el Proceso de Pacificación en el país, tratado por un ex decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Asimismo, los artículos de corte profesional militar de escritores provenientes de las tres instituciones armadas, ponen en relieve el interés de participar en nuestras páginas, que el Directorio de la Revista saluda. Prosiguiendo la política de exhibir en nuestras portadas pinturas y grabados con representaciones de escenas de nuestro pasado histórico de autores nacionales o extranjeros, en esta edición se muestra el óleo Apoteosis de Ayacucho Ayacucho,, del pintor peruano Daniel Hernández. La diagramación de la Revista genera páginas libres, lo que motiva incluir ilustraciones afines a la cultura cívico-militar. En esta oportunidad las Instituciones y Asociaciones Cívico - Patrióticas ocupan atención preferente. La distribución del tiraje a los diferentes organismos seleccionados como destinatarios individuales, brindó luces al camino de consolidación de la Revista. En esta oportunidad se incluyó a las Escuelas Superiores de Guerra del Ejército y de la Fuerza Aérea. Es bueno acotar que un 30 por ciento de las revistas repartidas incluían cartas de invitación a colaborar con un artículo.

La Revista viene con un anexo especial: el Índice General de los artículos publicados desde el año de su aparición (2007-2009), cuyo uso dará evidentes facilidades a nuestros lectores, como ubicar fácilmente un artículo y recuperar los temas ordenadamente. Estimamos que será una herramienta de consulta para los alumnos de los centros académicos civiles y militares. Y, en caso de no contar con el ejemplar requerido, la Revista estará siempre llana a facilitar la copia del artículo en particular. Hacemos llegar nuestro saludo a los señores rectores de las universidades Ricardo Palma, San Martín de Porres, de Lima, Nacional del Callao, Tecnológica del Perú, Nacional Agraria, y Jorge Basadre de Tacna, y al decano de la Facultad de Derecho de la USMP, quienes al agradecer el envío de nuestra Revista expresan sus felicitaciones por la labor de difusión de la cultura de la Defensa y Seguridad Nacional. La Revista del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas expresa su reconocimiento y agradece al selecto grupo de colaboradores, a los miembros del Comité Editorial, comprometiendo sus mejores esfuerzos y dedicación para las ediciones del año 2010. No queremos dejar pasar la oportunidad para solicitar la comprensión de aquellos colaboradores cuyos artículos, por razones de espacio, han sido destinados para nuestra siguiente edición. El Director

Jorge Andaluz EchevarrĂa

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El Capitán de Fragata Jorge Andaluz Echevarría, ingresó a la Escuela Naval el año 1986; en diciembre de 1990 recibió su despacho de Alférez de Fragata. Es calificado en Armas de Superficie, Misiles y Guerra de Superficie. En el ámbito operativo ha desempeñado los cargos de Oficial de la División de Artillería y Jefe del Departamento de Logística en el B.A.P. Ferré Ferré,, Oficial de Artillería y Oficial de Misiles en el B.A.P. Villavisencio Villavisencio,, Oficial de Misiles, Oficial de Control de Tiro y Jefe del Departamento de Armamento en el B.A.P. Mariátegui Jefe de los Negociados de Entrenamiento, Evaluación y Análisis de Armas en la Sección de Operaciones de la Comandancia de Operaciones del Pacífico Es graduado en los cursos Básico de Estado Mayor y Comando y Estado Mayor en la Escuela Superior de Guerra Naval. Colateralmente, viene participando en el Programa de Maestría de Ciencias Políticas con mención en Relaciones Internacionales en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente se desempeña como Segundo Comandante del B.A.P. Quiñones.

Jorge Andaluz Echevarría

REVOLUCIÓN EN ASUNTOS MILITARES Y SUS CONSECUENCIAS Capitán de Fragata Jorge Andaluz Echevarría

Según estudios de los Grupos de Estudios Estratégicos de España, la existencia o no de una ‘revolución de los asuntos militares’ (Revolution in Military Affairs o RMA) es una discusión académica que se mantiene desde hace años en los Estados Unidos y que versa sobre cómo pueden y deben ser explotadas las nuevas tecnologías existentes, o cualquier otro avance tecnológico, para garantizar el mantenimiento continuo de la eficacia de sus Fuerzas Armadas y su empleo como elemento de seguridad tanto nacional como internacional. Los defensores de la ‘revolución de los asuntos militares’ sostienen que los EE.UU. deben sacar el máximo provecho posible de su actual ventaja tecnológica, de forma que potencie una revolución o gran cambio en la forma de concebir, planear, ejecutar y finalizar una guerra o enfrentamiento bélico, de forma tan resolutiva y rápida que permita que la ventaja de esta forma de hacer la guerra sostenga la construcción de sistemas políticos y de seguridad internacional como los que propugna y practica dicha nación. El concepto de ‘revolución de los asuntos militares’ no es nuevo, pues aparece cíclicamente en los paradigmas militares a lo largo de la historia, siempre que la aplicación práctica y el empleo simultáneo de una serie de nuevas tecnologías provocan un cambio radical en la forma de operar y conducir la guerra. Así, muchas veces, sin siquiera haber tomado conciencia histórica de lo que implicaba desde el punto de vista militar la aplicación de nuevas tecnologías o formas de hacer la guerra, se han dado revoluciones en asuntos militares con consecuencias históricas que llegaron inclusive a modificar considerablemente la geografía política mundial. Podemos como ejemplo citar la utilización de la pólvora, que inutilizó el carácter defensivo de las fortalezas y castillos; la maniobra continua y movilidad sin descanso de las tropas napoleónicas, que dejaron obsoletas las formas caballerescas

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vistas hasta esa época en los campos de batalla; la utilización del vapor y la coraza, que dejó en el olvido la vela y la madera en los buques de guerra; la aparición del portaaviones, que hizo pasar al olvido los grandes acorazados; la supermovilidad y potencia de fuego, producto de la combinación de carros de combate, aviones, infantería mecanizada y paracaidistas que utilizó la Wehrmacht durante los inicios de la Segunda Guerra Mundial; la guerra irregular desarrollada por Mao Tse Tung; y, finalmente, los sistemas y armas inteligentes, que gracias al vertiginoso desarrollo de softwares y hardwares hardwares,, están en plena vigencia. Antes de entrar de lleno en el tema de las nuevas revoluciones militares y lo que significa en la actualidad el término, quiero primero mencionar la ‘revolución técnica militar’, término que en asuntos militares fue introducido por primera vez por el Mariscal Nicolai Orgakov, jefe de las fuerzas armadas de la ex Unión Soviética, entre 1977 y 1984, quien reconociendo la superioridad de los Estados Unidos en tecnologías de la información, propugnó y encabezó una ‘Revolución Técnica Militar’, con la finalidad de colocar sus fuerzas armadas a la par de sus rivales occidentales. Fue esta revolucionaria visión la que lo llevó a solicitar y pedir la reorientación e incremento del gasto en investigación y desarrollo, en desmedro de la construcción en masa de equipos que para la época ya estaban obsoletos; dicha solicitud le valió que el secretario general del Partido Comunista, Konstantin Chernenko, lo despidiera del cargo en 1984. El Mariscal Ogarkov, sobre la ‘revolución técnica militar’, sostenía que el empleo de las nuevas tecnologías sobre la información, los sensores, el reconocimiento electrónico y su integración, permitiría la rápida destrucción de unidades mecanizadas y acorazadas sobre grandes extensiones de terreno y en periodos cortos de tiempo. Como consecuencia, el único armamento futuro válido para garantizar una victoria militar sería de alta tecnología y, por lo tanto, de elevado coste, y aunque su número disponible sería más reducido que el actual, sería significativamente más eficaz. Finalmente, el Mariscal Ogarkov sostenía que este entorno militar de actuación solo podría ser factible en fuerzas armadas cuya preparación técnica, infraestructura industrial de soporte, y organización permitieran la aplicación de este tipo de tecnologías. Uno de los múltiples conceptos encontrados en la amplia bibliografía sobre el tema, concurre con los postulados del Mariscal Orgakov en la idea de que “la Revolución en Asuntos Militares es la culminación de una Revolución Técnica Militar”. Sin embargo, hemos tratado de conceptuar uno propio a la luz de las múltiples definiciones: “Revolución en Asuntos Militares es la profunda transformación de las operaciones militares, como consecuencia del impacto tecnológico en los procesos de la guerra, conflicto o crisis, dándole un

Jorge Andaluz Echevarría

enfoque sistémico que abarca desde la toma de decisiones al más alto nivel, hasta el logro de los objetivos en el más bajo nivel, con elevados grados de eficiencia y eficacia”. Pero, a la luz de estos conceptos y su presente y futura aplicabilidad, ¿qué consecuencias se están dando o se darán en el futuro? La repuesta no es sencilla, pero pretendo esquematizarla abarcando el amplio espectro militar del concepto: a)

Nuevos conceptos militares Han aparecido nuevos conceptos militares, como: guerra de información, dominio de la información, campo de batalla vacío, campo de batalla digitalizado, enfoque sistémico del combate, operaciones sobre la información, etc., los cuales demandarán el desarrollo de nuevas doctrinas de naturaleza sistémica.

Cambio en las estructuras militares Las antiguas estructuras militares verticales, orientadas a la función y cumplimiento escalonado de misiones y tareas, tendrán que ser cambiadas por estructuras horizontales orientadas al proceso, considerando que los flujos y procesos de la información no seguirán las líneas de mando, sino que fluirán a través de redes de sistemas y personas que recojan, procesen y diseminen la misma, de forma tal que puedan soportar acciones de planeamiento, dirección y coordinación de las operaciones.

Reducción en la duración de los procesos Se está produciendo una importante reducción en la duración del ciclo de los procesos de guerra y/o conflicto, que van desde la recopilación de información y la toma de decisiones hasta la acción en el campo de batalla, afectando el manejo, gestión y aplicación de recursos.

Incremento de la guerra de la información Como producto del enfoque sistémico de los procesos operacionales soportados por redes de información, la guerra de la información se vuelve vital, puesto que el que la gana, bajo los nuevos aspectos convencionales de las operaciones militares, ganará la guerra.

Reducción del personal en el campo de batalla Como consecuencia del desarrollo y éxito de los vehículos aéreos no tripulados, obtenidos inicialmente en tareas de reconocimiento, están

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actualmente siendo utilizados para tareas de ataque cuyos resultados son igual de satisfactorios. Estos principios ya se están aplicando en las operaciones terrestres y marítimas. Esta situación, aunada al alto nivel de automatismo que poseen las últimas plataformas de combate, está llevando a una considerable reducción de la utilización del medio humano en el campo de batalla. f)

Reducción de daños colaterales La combinación de sistemas de precisión con armas de baja letalidad, reduce considerablemente los daños colaterales humanos y materiales.

Reducción de bajas Una consecuencia esperada de la ‘revolución en asuntos militares’ es la posibilidad de combatir un conflicto o guerra con un menor número de bajas que en el pasado. Esto se logra, tal como se ha explicado en párrafos anteriores, con una reducción de personal en el campo de batalla, con el desarrollo de armas stand-off stand-off,, con la aplicación de defensas reactivas en carros de combate y vehículos mecanizados, materiales especiales de protección para el ‘soldado del futuro’, y la mejora de las defensas electrónicas activas y pasivas en las plataformas aéreas y marítimas.

Incremento de capacidades militares El incremento de las capacidades militares, a su vez, permite una serie de posibilidades que tornan más eficientes y eficaces los procesos operacionales. Las principales son: • Localización del enemigo Las tecnologías de la información actualmente resuelven aceptablemente uno de los principales problemas de los enfrentamientos armados. Los satélites, los vehículos no tripulados (aéreos, terrestres y marítimos), los equipos especiales de exploración, reconocimiento e identificación, y la integración permanente y en tiempo real entre plataformas terrestres, aéreas, marítimas y espaciales, posibilitan la rápida y precisa localización del enemigo. • Precisión a distancias seguras Gracias al alto grado de precisión alcanzado por los sistemas de navegación inercial, por los sistemas de posicionamiento global por

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satélite, así como por pequeños sistemas de propulsión de muy alto rendimiento, se pueden realizar ataques de precisión desde distancias de seguridad (armas stand-off stand-off), ), lo que posibilita dos cosas: primero, la seguridad del personal que se encuentra en la plataforma atacante, y, segundo, la reducción de misiones para un mismo objetivo. • Furtividad Se ha alcanzado un alto grado de furtividad en las plataformas principalmente aéreas y marítimas, gracias a los nuevos diseños que posibilitan la reducción de sus ‘firmas’ radáricas, infrarrojas, magnéticas y visuales, lo que posibilita una menor probabilidad de detección por parte del enemigo y por lo tanto un incremento en la probabilidad de éxito de la misión y de la supervivencia de las tripulaciones. • Potencia de fuego y poder destructivo Los sistemas de precisión ya mencionados, la miniaturización de los dispositivos electrónicos que permite que en la munición se destine un mayor espacio para las cabezas de combate, así como los nuevos componentes químicos que dotan a estas últimas de un mayor poder destructivo, han permitido el considerable incremento de la potencia de fuego en los sistemas de armas. La visión de las futuras capacidades de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos publicadas el año 2000 en la Joint Vision 2020, que se circunscriben a “Precision Engagement”, “Dominant Maneuver”, “Focused Logistics”, “Full Dimensional Protection”, “Information Operations”, y “Joint Command and Control”, reconoce “la importancia de la tecnología e innovación técnica para las fuerzas militares de los Estados Unidos y sus operaciones. Al mismo tiempo, enfatiza que la innovación tecnológica debe ser acompañada por una destacada innovación intelectual para los cambios en organización y doctrina, solo entonces se podrá alcanzar el mayor potencial de la fuerza conjunta”. Esta visión permite tener un panorama claro respecto de la aplicabilidad de los conceptos que maneja el término ‘revolución en asuntos militares’, a manera de camino continuo que permitirá cumplir las visiones trazadas de la organización militar más poderosa del planeta. Actualmente, no solo las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y sus socios de la OTAN se encuentran realizando procesos que atañen a una revolución en asuntos militares; fuerzas armadas de países como Australia, China, Corea del Sur, India, Israel, Japón, Pakistán y Rusia, en mayor o menor medida van por

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el mismo camino. En Sudamérica aún no existen procesos que permitan inferir que alguna fuerza armada se encuentra en procesos similares; sin embargo, tanto Chile como Venezuela, al adquirir recientemente satélites que pueden ser usados con propósitos militares, parecen haber dado el primer paso del largo camino que demanda la profunda transformación de las operaciones militares a la luz de los avances científicos y tecnológicos. En ese sentido es importante destacar que la clave de este proceso no se encuentra en la simple adquisición de material militar con tecnología de punta, sino en la generación de conocimiento que se logra a través de la investigación, lo que permite el desarrollo de tecnologías que se aplican en procesos y equipos, haciendo que un país incremente gradualmente su autogestión en aspectos militares.

Jorge Andaluz EchevarrĂa

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El Capitán de Navío Aníbal Cueva López es calificado en Infantería de Marina. En el ejercicio de su carrera, ha desempeñado cargos directamente relacionados con la calificación que posee como comandante Acc. de la Compañía de Comandos Anfibios, 1996, segundo comandante Acc. del BIM 4 “Ucayali” junio 97- julio 98; segundo comandante del BIM 2 “Guardia Chalaca” agosto-diciembre 98; comandante Acc. del BIM 2 “Guardia Chalaca” 1999, comandante de la Compañía de Comandos Anfibios 2001, jefe de la Escuela de Operaciones Ribereñas 2002-2003, comandante del Batallón de Comandos 2004-2005); jefe del Servicio de Policía Naval (2007). En el aspecto académico, ha seguido los siguientes cursos profesionales: Curso de Calificación de Infantería de Marina; Curso de Comando Anfibio, de Inteligencia en el Ejército Peruano; de Inteligencia Naval; Curso de Comando y Estado Mayor (ESUP); Curso de Alto Mando en el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN). En el extranjero: Curso de Alto Mando, Defensa y Seguridad en la Universidad de Defensa del Ejército Popular de Liberación de China. En la docencia: Instructor en Derecho Internacional Humanitario, a cargo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Cruz Roja Internacional. Colaborador habitual de la Revista de Marina con artículos de alto nivel profesional. Cargo actual: Oficial Asesor de Estado Mayor de la Comandancia de Infantería de Marina de la Armada de la República de Colombia.

Aníbal Cueva López

EXPERIENCIAS EN LA PACIFICACIÓN DE COLOMBIA: POLÍTICA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Capitán de Navío Aníbal Cueva López

“…seremos, acaso, el primer Ejército que en la historia gane una guerra con la preocupación fundamental del respeto al Derecho Internacional Humanitario. No vamos a deshonrar nuestro combate con un acto salvaje, con una crueldad o una cobardía con el vencido. Los resultados nos legitiman ante el pueblo por el que luchamos, la justicia nos justificará ante el mundo y ante la posteridad. Será mil veces preferible un revés momentáneo que soportar para siempre una indignidad.” General Freddy Padilla de León Comandante de las Fuerzas Militares de Colombia1 Hoy en día, los escenarios de conflicto plantean nuevos retos a quienes se encuentran involucrados en ellos, en particular a las fuerzas militares. Los medios de comunicación y el uso de estos en la guerra mediática, la estrategia de ‘guerra jurídica’ desarrollada por las organizaciones ilegales que buscan la obtención del poder, las normas y compromisos internacionales adoptados por el Estado como factores gobernantes en el planeamiento y desarrollo de operaciones militares entre otros, influyen en los resultados y en el carácter de legitimidad del mismo. Influyen también en la percepción de la sociedad, hoy globalizada, que cada vez es más renuente a aceptar ‘casualidades’, ‘daños colaterales’ o bajas de personal no involucrado en las operaciones. Esto se agrava por las propias características de los conflictos actuales, donde es más difícil establecer una clara diferencia entre combatiente y no combatiente, así como definir claramente los límites del escenario como de guerra o de paz.

1 Parte de su discurso al asumir el cargo de Comandante de las Fuerzas Militares de Colombia el 15 de agosto del 2006.

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El tema de la legitimidad, así como el carácter humanitario de las operaciones que deben desarrollar los soldados de tierra, mar y aire, son dos aspectos fundamentales que las fuerzas militares de Colombia, como representantes y encargados de la seguridad y protección del Estado, se han visto obligadas a desarrollar a través de la difusión y ejecución del Derecho Internacional Humanitario, el respeto irrestricto de los Derechos Humanos, reglas de enfrentamiento y reglas de aplicación de fuerza en los escenarios de conflicto. Esto último de manera unilateral, ya que los grupos armados ilegales: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), entre los más importantes, se caracterizan por el empleo de métodos terroristas como arma principal. Sin el menor viso de duda, actualmente en Colombia se puede hablar de la legitimidad de las operaciones realizadas por sus fuerzas militares y policiales, como consecuencia de actuar dentro del apego a la Constitución y a las leyes, dispuesto en la Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD) y en la Política Integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, como fundamento de la acción de la fuerza pública2, la misma que ha despertado en el pueblo colombiano la esperanza de lograr la paz cercanamente al disminuir de manera significativa el accionar delictivo por parte de las organizaciones narcoterroristas, y, en forma inversamente proporcional, aumentar la percepción de lograr el ‘fin del fin’: la completa derrota de las organizaciones narcoterroristas (ONTs). Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD) Desde el establecimiento de la Política de Defensa y Seguridad Democrática en junio del año 2003, primer periodo de gobierno del presidente Álvaro Uribe, en Colombia se han dado resultados contundentes en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. La PDSD es el documento marco mediante el cual el gobierno colombiano traza los lineamientos básicos para proteger los derechos de la población y fortalece, con la solidaridad de la ciudadanía, el Estado de derecho y la autoridad democrática, donde quiera que esté amenazada. Es una política de Estado de largo plazo, que se desarrolló en coordinación con todas las entidades del Gobierno. Fija que la verdadera seguridad depende no solo de la capacidad de la fuerza pública para ejercer el poder coercitivo del Estado, sino también de la capacidad del Poder Judicial de garantizar la pronta y cumplida administración de justicia, del Gobierno de cumplir con las responsabilidades constitucionales del Estado y del Congreso 2

Al referirnos a Fuerza Pública, nos referimos a las ‘Fuerzas del Orden’ encargadas de la Seguridad Pública, como un término empleado a nivel internacional, y que en otras legislaciones incluye los conceptos de seguridad ciudadana, orden interno y orden público.

Aníbal Cueva López

de legislar, teniendo presentes tanto la seguridad como el bien común de toda la sociedad. De este documento se desprenden las directrices generales que seguirán la fuerza pública, todos los ministerios y demás entidades del Gobierno, en la elaboración de sus respectivos planes y estrategias.3 Este primer paso no hubiera sido posible sin comprender el mandato constitucional, que al igual que en el Perú, establece que el fin supremo de la sociedad y del Estado es la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. Y una de las formas de garantizar este mandato constitucional es a través de la seguridad. El argumento es sencillo: sin seguridad no hay garantía del derecho a la vida y a la integridad física, y sin estos derechos no existe la base para gozar de los demás4. Con este fundamento, el gobierno colombiano puso en marcha la Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD), con el convencimiento de que la seguridad es la base de la protección de los derechos y libertades, y que la fuerza pública sustenta su accionar en el respeto de los derechos humanos como esencia de este mandato constitucional. En lo concerniente a las fuerzas militares, sienta las bases de lo que hoy son el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, como instituciones tutelares reconocidas por su profesionalismo y legitimadas por su accionar, contando con una aprobación del 83% entre la población, consenso obtenido al internalizar en el común de la gente que la seguridad es un problema de todos y por lo tanto requiere la participación integral de los estamentos del Estado. A su vez, señala que los miembros de la fuerza pública serán los encargados de dar el primer paso en el esfuerzo de articular una respuesta plena a los retos de seguridad. El segundo lo debe dar el Estado en su conjunto, y el tercero, toda la sociedad. Para llevar a la acción esta política de seguridad se dispuso la profesionalización de las fuerzas militares y policiales, incrementado su capacidad de respuesta y su movilidad, creando nuevas brigadas móviles, batallones de alta montaña, unidades de soldados campesinos (que prestan el servicio militar en su lugar de residencia), unidades especiales antiterrorismo, escuadrones móviles de carabineros. Asimismo, aumentando la presencia de unidades de la Policía Nacional en todo el país, a la par de incrementar la coordinación y el trabajo conjunto, tanto al interior de la Fuerza Pública como entre esta y los demás organismos judiciales y de investigación del 3

Política de Defensa y Seguridad Democrática Democrática,, Ministerio de Defensa Nacional, República de Colombia 2003, p. 12.

Política Integral de Derechos Humanos y derecho Internacional Humanitario Humanitario,, Ministerio de Defensa Nacional, República de Colombia 2006, p. 20.

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Estado. Ejemplo de ello es la coordinación de la inteligencia, por la que el Ministerio de Defensa ha liderado reuniones conjuntas de las direcciones de inteligencia de las fuerzas militares, la Policía Nacional, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. La aplicación concienzuda de la política de seguridad se reflejó en los resultados obtenidos en una serie de operaciones militares exitosas, con la consiguiente desactivación de los frentes de las ONTs y una gran cantidad de ‘desmovilizados’5. Esto, a su vez, obligó a las organizaciones narcoterroristas a ejecutar cambios de estrategias y tácticas, pasando de los grandes cultivos de coca a pequeñas parcelas. Así, se establecieron en lugares donde el control del Estado es muy precario o donde cuentan con algún tipo de apoyo que facilite su accionar, como las zonas de frontera, y retornaron a las tácticas de guerra de guerrillas como guerra de desgaste. Cabe hacer la importante acotación de que las FARC, de manera particular, consideraban que habían superado esta etapa, pasando a la de ‘ofensiva estratégica’, por presuntamente encontrarse en capacidad de hacer la guerra de movimientos y la de posiciones. En el año 2007, con la finalidad de impulsar aún más la exitosa ofensiva contra las FARC, se establece la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática (PCSD). Política de Consolidación de la Seguridad Democrática (PCSD) Dentro del marco de la Política de Defensa y Seguridad Democrática establecida el año 2003, el gobierno colombiano definió como objetivo general de la seguridad democrática, el de: “Reforzar y garantizar el Estado de Derecho en todo el territorio”. Como respuesta al cambio en el contexto de seguridad, como producto de las acciones descritas anteriormente, el Ministerio de Defensa Nacional desarrolló este objetivo a partir del diseño de nuevas estrategias. La Política de Consolidación de la Seguridad Democrática (PCSD) es el resultado de este proceso. A través de esta se establecieron las prioridades y objetivos políticos específicos que orientarán la acción del Ministerio de Defensa, las fuerzas militares y la Policía Nacional6, durante el segundo mandato del presidente Álvaro Uribe. 5 Desmovilizados, personal integrante de las organizaciones narcoterroristas que abandona sus filas, a los cuales se les brinda una serie de prerrogativas e incentivos, política muy similar a la ‘Ley de arrepentimiento’ dada en el Perú. 6

Política de Consolidación de la Seguridad Democrática, Democrática, Ministerio de Defensa Nacional, República de Colombia 2007, p. 29.

Aníbal Cueva López

LA PCSD, establece claramente que uno de sus aspectos fundamentales es la implementación de una Doctrina de Acción Integral (DAI), que se constituirá en la principal herramienta para la coordinación del uso legítimo de la fuerza y la acción social del Estado. Sin duda alguna, en el esfuerzo de consolidación del control territorial, la coordinación interagencial, y en especial la coordinación civilmilitar, constituyen el eje fundamental del que depende el éxito o el fracaso de esta estrategia. Asimismo, la plena conciencia de que la consolidación de una manera irreversible, está supeditada no tan solo al ‘esfuerzo policial y militar intensivo’ sino también al ‘esfuerzo político y social intensivo’.7

Es innegable la exitosa aplicación de esta política, materializada en certeros golpes propinados por las fuerzas públicas contra el terrorismo, materializados en las bajas de Martín Caballero, Acacio y Felipe Rincón; la muerte de ‘Martín Ríos’ a manos de su propio guardaespaldas. Así también, la desmovilización de Karina, las capturas del médico de Cano, de Javier Calderón o de Chucho Zamora, sumados a la espectacular operación ‘Fénix’, que culminó con la muerte en combate de ‘Raúl

Ibídem 5, pp. 33 y 36.

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Reyes’ miembro del secretariado de las FARC8,. Y la brillante operación ‘Jaque’9, con la que se rescata a quince secuestrados por las FARC, considerada como una ‘Epopeya militar y un homenaje a los Derechos Humanos’10, operaciones que afectaron en todos los ámbitos a las FARC. Todos estos logros no hubieran podido consolidarse sin aunar al esfuerzo de profesionalización y asignación de recursos a las fuerzas públicas, la orientación de medios hacia la legitimación de las fuerzas militares y policiales. Incidieron en dos aspectos principales: la búsqueda del apoyo por parte de la sociedad y la intensa difusión e instrucción del tema de los derechos humanos y derecho internacional humanitario, sin paralelo en un país que enfrenta retos a su seguridad como los que enfrenta Colombia. El claro entendimiento de que conducir las operaciones dentro del más irrestricto respeto a los derechos humanos, es y será la principal diferencia con las organizaciones terroristas que se combaten, resultó fundamental para el logro de la legitimidad del accionar de las fuerzas militares y policiales de Colombia. Esto se encuentra reflejado en la Política Integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Política Integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario Desde hace más de una década, el Ministerio de Defensa Nacional de la República de Colombia ha promovido la difusión y el conocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en la fuerza pública. La promoción fue realizada a través de un sistema de enseñanza e instrucción, debidamente 8 El 2 de marzo de 2008 a 00:25, aviones supertucano de la Fuerza Aérea Colombiana bombardearon un campamento de las FARC ubicado en territorio ecuatoriano, causando la muerte de Luis Édgar Devia Silva, alias ‘Raúl Reyes’, junto con 16 guerrilleros, entre ellos 4 mexicanos. Miembros de la Fuerza Pública de Colombia rescataron el cuerpo del cabecilla, confirmando la muerte de este importante mando. 9 El 2 de julio del 2008 se realizó esta brillante operación de inteligencia, lográndose el rescate de 15 secuestrados, entre ellos la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, 3 norteamericanos y 11 miembros de las Fuerzas Militares y Policiales de Colombia. Se ejecutó infiltrándose en las FARC y montando un operativo de traslado de los secuestrados a cargo de una organización humanitaria. Fueron capturados Gerardo Antonio Aguilar alias ‘César’ y su segundo Alexander Farfán Suárez alias ‘gafas’, sin dispararse un solo tiro. 10 “Operación Militar Jaque: Una epopeya militar y un homenaje a los Derechos Humanos”, TC. Juan Carlos Gómez Ramírez, Director de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa Nacional de Colombia.

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implementado en cada unidad o dependencia de las fuerzas militares o policiales por medio de una oficina de DDHH y DIH a cargo de un oficial. En ella no faltó la actualización permanente del sistema mediante directivas emitidas por el propio Ministerio, el Comando General de las fuerzas militares de Colombia, los comandos de las Fuerzas y la Dirección de la Policía. Con la designación de Juan Manuel Santos Calderón como ministro de Defensa Nacional en julio del 2006, se establece la Política Integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Esta fue el resultado del esfuerzo conjunto de un equipo de trabajo integrado por civiles, militares y policías del Ministerio de Defensa, Inspectorías y las oficinas de DDHH de las fuerzas militares y la Policía Nacional. Se buscaba la plena ‘integración’ de estas normas a la “instrucción “instrucción táctica y a la lógica operacional operacional”” de los integrantes de la fuerza pública, ya que: ““Nuestros Nuestros hombres y mujeres exponen a diario sus vidas en el cumplimiento del mandato de la Constitución de proteger los derechos y libertades de los colombianos. Sin embargo, el marco jurídico dentro del que operan es complejo: es el marco de la ley ordinaria, pero complementado por todos los tratados y convenios de que Colombia es firmante, en particular por el DIH. Y del DIH la Corte Constitucional ha dicho que opera una incorporación automática al ordenamiento interno nacional” nacional 11. La Política Integral de DDHH y DIH del Ministerio de Defensa Nacional es el documento marco que describe los lineamientos, sienta los objetivos y establece los programas que en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario deben conocer y desarrollar las fuerzas militares y, donde sea pertinente, la Policía Nacional.12 Enmarca el comportamiento de la fuerza pública en el desarrollo de las operaciones, no tan solo fortaleciendo la instrucción sino revisando y robusteciendo todos los instrumentos con que cuenta la fuerza pública para garantizar el cumplimiento de estos deberes y obligaciones. En palabras del ministro Santos, ““la la Política Integral se propone desarrollar un verdadero Derecho Operacional colombiano que trace los parámetros legales para las operaciones, desde la Constitución hasta el nivel táctico táctico”. ”. La Política Integral cumple con tres propósitos: 1. Articular el sistema de enseñanza de DDHH y DIH 2. Adecuar los métodos de instrucción en DDHH y DIH a las necesidades de la fuerza pública en el contexto actual; 11 Política Integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario Humanitario,, Ministerio de Defensa Nacional, República de Colombia 2006, p. 7. 12 Ibídem 10, p. 19.

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3. Integrar todas las capacidades de que dispone la fuerza pública para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de DDHH y DIH.13 En adición a lo expuesto, esta política ha establecido, en previsión y conforme al éxito en la recuperación territorial y en la consolidación de la presencia estatal dentro del contexto de la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática, mecanismos como los asesores jurídicos operacionales y la incorporación permanente de toda esta normativa en las órdenes de operaciones y en las reglas de enfrentamiento. Este nuevo escenario exige mayor precisión en el empleo de la fuerza, ya que las propias características o el modus operandi de las organizaciones delincuenciales, hacen cada vez más difícil aplicar el principio de distinción. Siendo conscientes de esto último, se prevé la necesidad de profundizar los valores de la fuerza pública y de fortalecer el sistema de controles, haciendo uso de todos los instrumentos para garantizar el respeto de los DDHH y las normas del DIH. La mencionada política integral de DDHH y DIH también establece la protección legal de los miembros de la fuerza pública. El fortalecimiento de los controles institucionales para disuadir la comisión de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH y garantizar su sanción, tiene que ir de la mano de una efectiva defensa técnica de los miembros de la fuerza pública. Y es que el cumplimiento de sus responsabilidades necesariamente supone mayores riesgos para sus hombres y mujeres, expuestos como están a las más difíciles situaciones. Todo miembro de la fuerza pública debe poder gozar de una adecuada defensa dentro del respeto al debido proceso.14 De manera similar, el planteamiento anterior se aplica al Estado. En la medida en que se hacen mayores esfuerzos para asegurar la protección de los DDHH y el cumplimiento del DIH, el Estado debe contar también con una mejor defensa tanto a nivel nacional como internacional, llevando el control e informando los resultados que se han alcanzado. Si el Estado está moviendo todo su aparato institucional para imponer mayores estándares de protección, debe estar en capacidad de hacer uso de tales resultados para una defensa de alta calidad que no permita que se establezcan condenas, salvo cuando existan razones indiscutibles de responsabilidad.15 Esta política también abarca otros aspectos, como son la atención de grupos especiales, entre ellos: comunidades indígenas, comunidades afrocolombianas, 13 Ibídem 10, p. 19. 14 Ibídem 10, p. 51. 15 Ibídem 10, p. 51.

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población desplazada, sindicalistas y defensores de DDHH, víctimas de desaparición forzada, víctimas y testigos de Justicia y Paz, niños y niñas víctimas de violencia, protección de periodistas, misiones médicas, sistema de alertas tempranas16, beneficiarios de medidas cautelares y provisionales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, entre otros. De igual manera, contempla las coordinaciones que se deben efectuar con el Ministerio del Interior y de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Comité de Coordinación Interinstitucional de la Ley de Justicia y Paz, así como con organismos internacionales: Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia (OACNUDH), entre los principales. Como hemos podido observar, en los hechos que hoy permiten avizorar la consolidación de la paz en Colombia y la gran aceptación de sus fuerzas militares y policiales, la política integral de DDHH y DIH ha sido puesta en ejecución con exitosos resultados. Constituye sin duda, una experiencia valiosa que debemos aprovechar en el Perú, mientras continuemos comprometidos en operaciones de consolidación de la pacificación, de forma particular en lo concerniente a los Asesores Jurídicos Operacionales, Oficina de Doctrina y Asesoría (ODA) y los Inspectores Delegados. Asesores Jurídicos Operacionales (AJO)17 Los Asesores Jurídicos Operacionales fueron inicialmente implementados en el año 2002 por la Fuerza Aérea Colombiana, para posteriormente en el año 2007, de manera gradual, formar parte prácticamente de todas las unidades comprometidas, tanto en el planeamiento como en la conducción de operaciones. Los AJO son abogados militares (oficiales del cuerpo jurídico para nuestro caso), formados en universidades en materias jurídicas y posteriormente incorporados a la institución castrense, previo un exigente proceso de selección, para posteriormente ser capacitados en áreas como: inteligencia, operaciones, logística, armamento y 16 El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) y el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT) operan para asegurar la prevención oportuna de violaciones a los DDHH y en especial la protección de grupos que requieren atención diferenciada. La participación del Sector Defensa en el CIAT y su actuación coordinada con el SAT, seguirán contribuyendo a la efectiva realización de esta labor. 17 Ibídem 10, p. 43 y 44.

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derecho internacional de los conflictos armados. Respecto a esto último, hay que destacar que se brindan facilidades y se da prioridad a los militares y policías que en cumplimiento de su deber fueron heridos en combate, quedando incapacitados para desarrollar actividades en unidades de primera línea, los que posteriormente han seguido la carrera de derecho, tomando en consideración que la experiencia militar unida a los conocimientos jurídicos es una combinación ideal para la asesoría a los comandantes. Los AJO cumplen básicamente las siguientes funciones: • Asesorar al comando en asuntos, contenciosos o no, de la esfera jurídica, para la toma de decisiones operativas de su competencia, de modo tal que aseguren su ajuste a la Constitución y a la ley, y a su vez garanticen la observancia de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. • Asesorar permanentemente al comandante de la unidad en el planeamiento de las operaciones. • Asistir cuando se le requiera, a reuniones operacionales y consejos de seguridad. • Conocer todos los asuntos que conllevan el desarrollo del derecho operacional (DIH, toda la normatividad interna, procedimientos, reglas de enfrentamiento, aplicación de fuerza etc.). • Instruir permanentemente sobre los procedimientos legales relacionados con situaciones que se presentan en las operaciones (allanamientos, decomisos, incautaciones, capturas y detenciones, etc.). • Capacitar en forma permanente a los comandantes operativos de la unidad respecto de la obligatoriedad en el cumplimiento de la legislación nacional y de los instrumentos internacionales ratificados por el Estado colombiano. • Responder a los derechos de petición, acciones de tutela (amparo), requerimientos de despachos judiciales, revocatorias, etc., relacionados con los asuntos de su competencia. También se debe tomar en cuenta otra experiencia importante, que la política integral de DDHH y DIH establece dentro de sus lineamientos el término ‘Derecho Operacional’, acuñado para designar así a todas ‘las normas de carácter nacional

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e internacional que impactan de manera directa o indirecta las operaciones’18. El concepto es nuevo y se encuentra en pleno perfeccionamiento como consecuencia directa del desarrollo de nuevos tipos de conflictos, razón por la que aún esta rama del derecho público no se enseña en las universidades, resultando necesaria la interacción fluida entre los profesionales del derecho y quienes comandan y realizan operaciones militares. De esta manera, ambos se alimentarán del conocimiento jurídico y operacional necesario en el complejo escenario colombiano, experiencias y situaciones que son recogidas por la Oficina de Doctrina y Asesoría (ODA) con la finalidad de desarrollar un Derecho Operacional propio. Oficina de Doctrina y Asesoría (ODA) Como se expuso anteriormente, el derecho operacional es una nueva rama del derecho público, en la cual se están implementando conceptos y doctrina. Por este motivo, el Ministerio de Defensa Nacional de la República de Colombia creó esta oficina, como respuesta a la necesidad de desarrollar un derecho operacional propio que articule las obligaciones en materia de DDHH y DIH dentro del marco de la Constitución Política y las traduzca en puntos de orientación para las operaciones. Asimismo, constituirse en el centro de pensamiento encargado de elaborar doctrina y proporcionar insumos para el diseño de políticas y estrategias en materia de defensa. Específicamente, la ODA tiene las siguientes funciones: • Investigar, actualizar y analizar fuentes, jurisprudencia nacional e internacional, y doctrina relacionada con los DDHH y el DIH. • Elaborar doctrina y construir conceptos jurídicos coherentes, actualizados y bien documentados en materia de DDHH y DIH con base en la investigación jurídica y el trabajo de campo. • Difundir la doctrina y los conceptos elaborados, de tal manera que afecten positivamente las actuaciones de todos los miembros de la fuerza pública, su evaluación del uso de la fuerza y sus relaciones con la población civil. • Unificar el marco jurídico aplicable a cada situación operacional. • Difundir la doctrina entre los diversos actores cuyas labores puedan afectar la percepción de la población civil sobre la actuación de la fuerza pública.

18 Ibídem 10, p. 44.

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• Funcionar como centro de respuesta a dudas operacionales en materia de DDHH y DIH. • Proporcionar asesoría jurídica operacional. • Coordinar con los demás órganos que implementan la política integral. Actualmente, la ODA se encuentra elaborando el manual de derecho operacional, que tiene como objetivo aplicar de manera ordenada todas las normas nacionales e internacionales de DDHH y DIH al planeamiento, ejecución y evaluación de las operaciones.19 Al encontrarse en proceso de calificación y captación de AJO, que puedan prestar servicio en todas las unidades comprometidas en operaciones, así como por la importancia que ha cobrado la implementación y cumplimiento de las políticas dispuestas se hace necesaria una figura que contribuya con la difusión y supervisión de las mismas: los inspectores delegados. Inspectores Delegados (ID)20 Con la finalidad de desconcentrar la labor de las inspectorías generales de las fuerzas y de acercarlas a los teatros de operaciones, permitiendo un control directo sobre las unidades en el terreno, se implementó en las mismas la figura del Inspector Delegado, cuya misión principal es la de supervisar y evaluar de forma directa el cumplimiento de las normas de DDHH y DIH, al igual que de las políticas institucionales en la materia por parte de las unidades operativas. En el caso de presentarse un hecho en el cual aparentemente se hayan violado los DDHH o se haya infringido el DIH, verifican su ocurrencia sin obstaculizar a la autoridad investigadora, presentando un informe al respecto con recomendaciones a la Inspectoría General, de la cual depende directamente. Los ID cumplen de manera resumida, las siguientes funciones: • Supervisar la implementación y cumplimiento de la Política Integral de DDHH y DIH;

19 Protegiendo Derechos: Acciones y resultados de la Fuerza Pública en la protección de los derechos humanos, 2002 – 2008, Ministerio de Defensa Nacional, República de Colombia 2006, p. 11. 20 Ibídem 10, pp. 45 y 46.

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• Atender de manera prioritaria las tareas que le sean asignadas en materia de DDHH y DIH, en concordancia con las estrategias de la política integral; • Supervisar la existencia y participación del AJO en la planeación, ejecución, control y evaluación de las operaciones; • Verificar la aplicación de las RDE frente a presuntas violaciones a los DDHH o infracciones al DIH; • Conocer en tiempo real los eventos que se presenten y transmitirlos de forma inmediata al inspector general y al sistema de seguimiento de casos de la Dirección de DDHH y DIH del Ministerio de Defensa; • Recolectar las lecciones aprendidas y enviar las conclusiones a la Jefatura de Educación y Doctrina de la respectiva fuerza. Asimismo, queda claro que la implementación de la figura de los inspectores delegados no alterará la responsabilidad del comandante de la unidad, en cuanto al cumplimiento de los procedimientos, directivas y la política integral de DDHH y DIH. Algunos comentarios finales Tal como lo expresamos en los primeros párrafos de esta presentación, el tema de combatir el terrorismo por las nuevas formas de lucha que han desarrollado la guerra jurídica y la mediática entre otras, se encuentra necesariamente ligado a la legitimidad. Una de las características de las operaciones contra el terrorismo, la insurgencia o contraguerrillas, es que tienen como objetivo ‘ganarse la población’. Esto se resume en el concepto de legitimidad que en países como Colombia y el nuestro adquiere mucho valor y se otorga por la aceptación de la sociedad que defendemos y el convencimiento de la justicia del accionar de sus fuerzas militares. Este concepto ha cobrado tal fuerza en el planeamiento de operaciones, que ha sido considerado como un principio más junto a los nueve ‘Principios de la Guerra’ tradicionales, en una nueva lista de ‘Principios de las Operaciones Conjuntas’ que forman parte de la doctrina principal de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.21

21 “La Legitimidad y las Operaciones Militares” Tte. Crl. James W. Hammond, Fuerzas Canadienses, Military Review-Edición Review-Edición Hispanoamericana Nov-Dic 2008, p. 34.

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Cabe destacar que en este proceso también se tomaron otras medidas, algunas fueron motivo de discusión, entre ellas la petición ante la Secretaría General de las Naciones Unidas, presentada el 5 de agosto del año 2002, invocando la salvedad consagrada en el artículo 124º del Estatuto de Roma, solicitando un plazo de siete años para la puesta en vigencia de la competencia de la Corte Penal Internacional en territorio colombiano, excluyéndola del conocimiento de los llamados crímenes de guerra (asesinato intencional, toma de rehenes, desplazamiento forzado, ataques contra la población civil, entre otros), impidiendo al tribunal durante este periodo que se cumple en noviembre del 2009, juzgar por aquellos delitos contra personas o bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario cometidos por colombianos o en territorio colombiano. Bajo este punto de vista, resulta necesario explicar que el gobierno colombiano consideró que la Corte Penal Internacional es una instancia que solo opera según el principio de ‘subsidiaridad’, es decir que sobre los Estados continúa recayendo de manera prioritaria la responsabilidad de juzgar y sancionar a los responsables de dichos crímenes, y que solo tendrá competencia sobre estos cuando las jurisdicciones nacionales no cumplan con su obligación de perseguir y castigar a los responsables, acciones que la justicia colombiana viene ejecutando. El 10 de febrero de 2009 el ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, manifestó en el Congreso para el Fortalecimiento de los Derechos Humanos y el DIH que: “… “…quede quede claro: Para los miembros de las Fuerzas Armadas los derechos humanos no son una limitación, sino, todo lo contrario: son una ventaja estratégica. La esencia de la legitimidad de nuestras Fuerzas Armadas es, precisamente, el apego a la ley y el respeto absoluto a los derechos humanos y los principios humanitarios. Los derechos humanos son la base del ordenamiento constitucional que el pueblo colombiano ha elegido para sí, y todo soldado o policía, como representante de la autoridad y como ciudadano, tiene en la protección y el respeto de los derechos humanos su primera obligación. Si no respetásemos los derechos humanos, si nos igualáramos a los agentes del narcotráfico y el terrorismo, que no tienen consideración por la vida de los demás, perderíamos nuestro mayor activo operacional, que no son los equipos, ni la tropa, ni la estrategia, sino el apoyo y la confianza de la población”, población”, palabras que resumen el espíritu de las políticas establecidas. Sin embargo, la exigencia de cumplir la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática y la Política Integral de DDHH y DIH con convicción y transparencia, ha llevado a poner a disposición del Ministerio Público a todos aquellos militares y policías involucrados en presuntas violaciones de derechos humanos, calificándose como responsabilidades individuales y no como una ‘política sistemática’ que siguen las fuerzas militares y policiales, término que en el futuro puede ser empleado para sustentar una falsa denuncia dentro de la ‘guerra jurídica’ planteada por las

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organizaciones narcoterroristas y organismos de fachada seudodefensora de los derechos humanos. Esto ha sido comprendido por la sociedad colombiana y se refleja en el alto índice de aprobación que tiene el accionar de sus fuerzas militares. En conclusión, podemos decir que para consolidar la pacificación de manera irreversible, es necesaria la legitimidad y ella se logra con la integración total de la sociedad, civil y militar, compartiendo en común valores y principios que parten del respeto hacia la persona humana, aunando esfuerzos para lograr el bienestar general y el sentimiento de seguridad que nos permita alcanzarlo. Solo la voluntad y el compromiso de la sociedad en su conjunto materializados proporcionando las herramientas y el marco legal adecuado para sus fuerzas militares, el reconocimiento del accionar de quienes defienden el Estado de derecho así como el claro entendimiento del significado de seguridad y desarrollo, permitirán el logro de cualquier objetivo nacional; Colombia y Perú estamos obligados a tomar este camino por un país mejor y las generaciones que nos sucederán.

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La Dra. Mirtha Chenguayén Guevara es fiscal provincial titular, a cargo de la Quincuagésima Primera Fiscalía Provincial Penal de Lima. Egresada de la Maestría en Ciencias Penales y Doctorado en Derecho de la Universidad Nacional Mayor de “San Marcos”. Ha realizado el Curso Básico y el Avanzado de Derecho Internacional Humanitario en el Centro de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ha seguido el I Diplomado en Seguridad y Defensa Nacional desarrollado por el Ministerio de Defensa y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En el extranjero, ha participado en los cursos internacionales: “Técnicas de Investigación de Delitos en agravio de menores facilitados por Internet”, I y II, auspiciados por el Ministerio del Interior y Policía Federal Argentina y la Superintendencia de Investigaciones Federales y la Organización Internacional de la Policía Criminal INTERPOL, llevados a cabo en Buenos Aires, Argentina, y en Lyon, Francia. Egresada de la Maestría en Desarrollo y Defensa Nacional en el Centro de Altos Estudios Nacionales - CAEN. 2007. Y de la Maestría en Gobernabilidad de la Universidad Particular San Martín de Porres 2008. Ha publicado diversos artículos y ensayos en importantes revistas jurídicas a nivel nacional, elaborando trabajos de investigación en las áreas constitucional, penal y de familia. Colabora con artículos sobre temas de defensa nacional en la Revista del Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas.

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LA ALIANZA ENTRE LAS FUERZAS ARMADAS Y LA POBLACIÓN CIVIL EN EL VRAE: PROYECCIONES Y PROPUESTA Doctora Mirtha Chenguayén Guevara

1. El contexto inicial La posición del Estado peruano frente al terrorismo y narcotráfico no ha sido consistente desde que se produjo la aparición de dichos fenómenos. Inicialmente, el narcotráfico, la subversión y el terrorismo fueron considerados de índole exclusivamente delincuencial, razón por la cual la labor de combatirlos correspondía al Ministerio del Interior y a las fuerzas policiales1. Ello reflejaba la perspectiva de minimizar los alcances de dichas actividades, pero también originó que el cambio de posición –esto es, el reconocimiento de ellos como abiertas amenazas a la seguridad interna- se diera en un contexto algo tardío. Aunque finalmente se logró que el impacto de ese fenómeno se redujera sustantivamente, persistieron los problemas derivados de no haberse logrado la total eliminación. Así, aparecen desde entonces como permanentes focos de inseguridad y amenaza a los intereses, derechos y legítimas expectativas del poblador peruano por alcanzar una convivencia amparada por la seguridad derivada de vivir bajo un Estado de Derecho. En el caso particular del VRAE, destacan las dimensiones que ha alcanzado el narcotráfico. No solo goza de un amplio consenso social a su favor, sino que se encuentra en plena libertad de apelar al uso desembozado de la violencia para desafiar a los representantes y autoridades del Estado peruano, situación bajo cualquier punto de vista, inaceptable. La respuesta estatal frente al problema del narcotráfico estuvo signada preferentemente por medidas tales como: Declarar las zonas de cultivo en emergencia, bajo un gobierno cívico-militar. Encargar a las Fuerzas Armadas la lucha antisubversiva y contra las drogas, apelando a razones de seguridad nacional. 1 Musso Marcovich, Juan Eduardo. La participación de las Fuerzas Armadas en la lucha por la seguridad nacional. En: Otárola, Alberto (Director). Modernización democrática de las Fuerzas Armadas Armadas.. Lima: Comisión Andina de Juristas, 2002. p. 128.

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La despenalización de los campesinos cocaleros, estableciendo al mismo tiempo las acciones de interdicción aérea2, etc. A pesar de ello, la problemática ha continuado acentuándose y hoy en día el VRAE constituye un permanente desafío al concepto de soberanía estatal, a la vigencia del orden interno, el respeto a los derechos humanos y al derecho a vivir en paz. Y, sobre todo, ha desarrollado una línea de confrontación bélica con capacidad para, por ejemplo, emboscar dos patrullas militares en Sanabamba –provincia de Huanta- y matar a 15 de nuestros soldados (abril del presente año), y también para derribar los helicópteros de la Fuerza Aérea enviados para labores de apoyo. En otras palabras, el accionar del senderismo ha aumentado su capacidad de confrontación con las Fuerzas Armadas y policiales, legítimas representantes de la Nación. De ahí la necesidad de encarar el problema de una vez por todas, pues si algo demuestra la historia es que si un problema no es resuelto en su debida oportunidad, inevitablemente irá en escalada, que desembocará en un conflicto donde la vida y derechos de los peruanos se ponen en entredicho. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en el VRAE. Sendero Luminoso sigue representando hoy en día una amenaza bélica, pero ya no actúa de acuerdo con las directivas del PC (Partido Comunista), sino con las instrucciones del narcotráfico, al que sirve y del cual extrae los recursos que precisa para mantenerse. Así, aunque el actual contexto está desideologizado -como consecuencia de la estratégica derrota político militar que ha experimentado-, los remanentes senderistas han desarrollado un proceso de asimilación con las fuerzas del narcotráfico. De este modo, hoy día han consolidado su imagen y prácticas delictivas, e intentan recuperar cierta legitimidad apelando al asesinato de los elementos antisociales del VRAE y zonas aledañas (abigeos, prostitutas, violadores, etc.). Al mismo tiempo, formulan una estrategia de enfrentamiento con las instituciones representantes del Estado, la cual hasta el momento les está resultando exitosa. La mejor prueba de ello la tenemos en el ataque a la comisaría de San José de Secce –provincia de Huanta, Ayacucho- en agosto del presente año. Los senderistas –en un número de aproximadamente cincuenta- no se hubieran atrevido a lanzar un ataque de tales dimensiones de saber de antemano que la población civil avisaría oportunamente a las fuerzas del orden cuando las primeras columnas ingresaran a la ciudad.

Musso Marcovich, Juan Eduardo. Ob. Cit. p. 129.

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2. El concepto de seguridad El concepto de seguridad ha sido enriquecido con nuevas perspectivas, generadas en el nuevo contexto mundial y regional. Hoy en día se le concibe en los siguientes términos: “Nuestra concepción de la seguridad en el Hemisferio es de alcance multidimensional, incluye las amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad de los Estados del Hemisferio, incorpora las prioridades de cada Estado, contribuye a la consolidación de la paz, al desarrollo integral y a la justicia social, y se basa en valores democráticos, el respeto, la promoción y defensa de los derechos humanos, la solidaridad, la cooperación y el respeto a la soberanía nacional”3. Según dicha conceptualización, la seguridad involucra los aspectos o facetas propias del contexto en que se desenvuelve toda sociedad. Los Estados, aunque conocen diferentes problemáticas, tienen en común que todos ellos se orientan al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, y por tanto todo factor que atente contra dicha meta puede ser señalado como amenaza a la seguridad. Con ello, se dejan de lado perspectivas que ubicaban la seguridad en un ámbito estrictamente castrense o con un referente exclusivo en el sujeto colectivo Estado. Hoy en día, la seguridad debe referir directamente hacia los destinatarios o beneficiarios de la actividad estatal, esto es, al conjunto de su población. Ello demanda que nadie pueda ser excluido del concepto de seguridad, ni de su desarrollo y práctica. La seguridad es un tema que involucra a todos, vincula tanto a los sujetos individuales como a los colectivos e instituciones sociales y políticas. Por otro lado, se han identificado como nuevas amenazas al Estado, el terrorismo, las drogas, la corrupción, el tráfico ilícito de armas, el dinero, la pobreza extrema y la exclusión social. Ello demanda que la forma de organizar la seguridad debe ser flexible y contemplar las particularidades de cada región y de cada Estado4. No existe una receta única y cada caso plantea sus propias interrogantes y respuestas.

3 Dicha formulación corresponde a la Conferencia especial sobre Seguridad, efectuada el 28 de Octubre del 2003 en la ciudad de México. En En:: Castro Contreras, Jaime Raúl. Relaciones civil-militares. Aportes para una nueva visión de la seguridad y defensa nacional. De una visión militar a una visión multidimensional de la seguridad. seguridad. Lima: Ediciones culturales e impresiones Lecting S.A.C., 2006. p. 85. 4 Castro Contreras, Jaime Raúl. Ob. Cit. p. 87.

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Sin embargo, sí existe un eje inconmovible en la seguridad: la preservación del sistema político de la democracia representativa, que es reconocido como una condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de los Estados del Hemisferio5. De ahí que toda respuesta que consagre o desenvuelva las exigencias de la seguridad, debe ser orientada desde la finalidad anotada, la cual se configura como un verdadero principio director de la dinámica civil y castrense. 2.1 La reforma del sector seguridad En consonancia con el concepto señalado, la denominada ‘reforma del sector seguridad’ alude a un enfoque relativamente novedoso, el cual incluye a las instituciones de seguridad y defensa, conjuntamente con la acción y supervisión legislativa, judicial, social, etc. Propone una inversión estatal, nacional o internacional para desarrollar programas de captación de los nuevos agentes civiles de la seguridad. Dicha formulación apunta a coordinar las acciones gubernamentales y no gubernamentales, tendientes a reducir las tensiones, prevenir los conflictos y promover el progreso y la estabilidad. Se centra en principios tales como el buen gobierno y la democracia, el respeto a los derechos humanos, el combate a la cultura de la impunidad, etc. Permite analizar con mayor detalle las deficiencias en la gestión de la defensa, ampliando el campo de estudio a las reformas policiales, legislativas, migratorias, judiciales, etc. Es decir, ofrece mayores posibilidades para el desarrollo de políticas de defensa democráticas, porque reúne en una propuesta de reforma todos los agentes directos e indirectos que intervienen en la seguridad estatal, y atiende específicamente a transformar la debilidad institucional, fuente de inseguridad en el contexto de que se trate6. En otras palabras, la actual formulación de seguridad involucra a la totalidad de instituciones y agentes de la vida nacional, independientemente de su ámbito de actuación, cuya perspectiva final apunta hacia la complementariedad de esfuerzos: “La mirada de la seguridad incluye las múltiples y conflictivas agendas que existen en un mismo Estado. La seguridad examina las cuestiones militares y al mismo tiempo responde a los intereses y percepciones de diversos actores nacionales e internacionales. En el caso de los estados latinoamericanos, además introduce la necesidad de resolver las causas de la ingobernabilidad que son las mismas causas de la violencia.”7 5 Castro Contreras, Jaime Raúl. Ob. Cit. p. 86. 6 Diamint, Rut Clara. Ob. Cit. p. 185. 7 Diamint, Rut Clara. La política de defensa argentina: falencias en veinte años de democracia. En: Tamayo Flores, Ana María (Coordinadora). Los nudos de la defensa. defensa. Lima: IDL, 2005. Serie: Democracia y Fuerzas Armadas Armadas.. p. 184.

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Como vemos, adicionalmente a dicha complementariedad, se trata de algo concreto: la labor de seguridad genera consecuencias de orden político. No puede asumirse que la no pertenencia al sector público determina una actuación ‘aséptica’, en términos políticos. La preservación de las condiciones del régimen de la democracia y el concomitante diálogo de intereses a ella aparejada, constituye un tema político al cual no son ajenos los actores sociales. Tanto la instancia económica, como religiosa, cultural, social, forman un entramado que puede consolidar la institucionalidad política, coadyuvando a preservar la gobernabilidad, a fin de desterrar y/o evitar las causas de la violencia. Ello implica entonces que la línea de actuación de las fuerzas y agentes que operan a favor de la democracia, de la gobernabilidad, la paz y el respeto al Estado de derecho, no puede distinguir entre actores estatales y no estatales. Se trata, más bien, de configurar una estrategia conjunta en términos de integración y vinculación, de modo tal que los actores no aparezcan aislados entre sí respecto al problema y a lo que su resolución demanda. 2.2 La labor del Estado frente a la subversión Desde que apareció, Sendero Luminoso se articuló y organizó bajo tres ramas: el brazo político, el popular y el militar8. En el contexto del VRAE, el senderismo ya no tiene la dimensión política de que gozaba antaño. Sin embargo, sí tiene la capacidad de amenazar a la población local y obstaculizar los esfuerzos de erradicación de los cultivos de coca y los planes de desarrollo. Ello hace inevitable el uso de la violencia por parte de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, consideramos que si una guerra es un compromiso de esfuerzo total de máximo involucramiento, es necesario que el Estado instrumentalice e implemente mecanismos de orden propagandístico y político que irradien al conjunto de la población local como expresión de una voluntad de otorgar seguridad a todos. Empero, esas medidas no pueden ser eficaces si no van acompañadas por las correspondientes inversiones tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de la población local. En el enfrentamiento con la subversión, el error en que se incurrió fue el creer que la salida consistía en incrementar la presencia militar, y se obvió que de hecho las bases militares existentes en una zona antes de establecido el control militar del orden interno, nunca fueron atacadas por Sendero. Se creyó, erróneamente, que una mayor presencia militar con numerosas bases y patrullajes, desafiaría al enemigo, limitando su capacidad de movimiento9. El segundo error fue asumir que 8 Musso Marcovich, Juan Eduardo. Ob. Cit. p. 128. 9 Alegría Varona, Ciro. Bases para un modelo de relaciones entre el poder político y el mando militar. Desde una perspectiva democrática. En: Serra i Serra y otros. Bases para un control civil democrático y de Fuerzas Armadas en el Perú. Perú. Lima; IDL, 2003. p. 53. 33

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la intervención militar implicaba proteger o reinstaurar un sistema policial, judicial e institucional desbordado por las acciones de Sendero, cuando el verdadero problema era que tales sistemas nunca fueron apoyados por la población ni fueron percibidos o reconocidos como una garantía o salvaguardia de sus derechos10. Por tanto, cuando se produjo la intervención de las Fuerzas Armadas, la idea de seguridad que ellas tenían no era congruente ni era identificable por la población local como un factor que jugara a favor de sus expectativas. De entrada, existía un abismo entre los protagonistas del drama de esos azarosos años. Actualmente, la idea de seguridad se asienta en la posibilidad de generar en la población la conciencia de tener derechos básicos y de pertenecer a un Estado que los garantiza11. Dicha idea estaba ausente durante los años del conflicto interno. Desde la perspectiva actual, se constata que solo una acción integral del Estado que incluyera medidas para el desarrollo económico, educativo, institucional y normativo, hubiera construido las condiciones para el imperio de la ley y para que funcionara un sistema policial y judicial12, consagrando una práctica inclusiva de la población. Por tanto, este es el concepto de seguridad que debe prevalecer hoy en día en la actuación del sector público y privado dentro de la estrategia que debe asumirse para enfrentar el problema del VRAE. 3. El control civil sobre las Fuerzas Armadas La decisión de instaurar un comando político militar al mando del sector castrense, con una amplia autonomía respecto del mando civil, dio como resultado en algunos casos eventos dramáticos y cataclísmicos para la población de la zona en conflicto. Como se trata de impedir que ello se repita, lo más conveniente en el manejo del conflicto, es preservar el control civil sobre la actuación de las Fuerzas Armadas. Precisamente, se ha identificado13 que en contextos de democracia no consolidada –como el caso peruano, por la pervivencia de actitudes, hábitos y prácticas incompatibles con el sistema de la democracia- el control civil sobre las fuerzas armadas demanda:

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Alegría Varona, Ciro. Ob. Cit. p. 54. Alegría Varona, Ciro. Ob. Cit p. 54. Alegría Varona, Ciro. Ob. Cit p. 54. Serra i Serra, Narcís. El Estado: papel de la Fuerza Armada y de la seguridad. Notas sobre su control democrático. En: Serra i Serra y otros. Bases para un control civil democrático y de Fuerzas Armadas en el Perú Perú.. Lima; IDL, 2003. pp. 19 y ss.

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1. La verificación de la instancia de decisión de política militar y del cumplimiento de dichas decisiones. 2. El instrumento de control civil –imprescindible– es el Ministerio de Defensa. Y la inclusión progresiva de elementos civiles con preparación en temas de defensa y seguridad es necesaria para un eficaz funcionamiento. La dirección del Ministerio de Defensa debe corresponder a un civil. 3. Al lado de las actividades correspondientes a la vigilancia y contención propia de los militares, se debe adicionar las de dirección e impulso de su actuación al servicio del país. 4. El control civil de las Fuerzas Armadas es un proceso y, por tanto, responde a la evolución de las relaciones cívico-militares, y exige una gestión permanente por parte de los responsables civiles. Es decir, no puede reducirse dicho control a un conjunto de medidas destinadas a prevenir un golpe de Estado. 5. El control se proyecta hacia y desde la sociedad. Así, se debe arribar a un acuerdo entre la sociedad, el gobierno y los militares. 6. No se puede pretender aislar a los ejércitos de la sociedad, para mantener los valores castrenses, aun cuando los valores de la sociedad vayan evolucionando. Toda diferencia de valores entre la sociedad y los militares constituye un factor de inestabilidad del sistema democrático. 7. Se debe fomentar la lealtad de los militares al poder democrático y fomentar el respeto, consideración y aprecio hacia los soldados, quienes con su sangre defienden a la Nación de sus enemigos. 8. Por ser el control un proceso, el gobierno debe definir las misiones y temas de política de defensa y militar. 9. El control civil debe modificarse en tanto se amplíe la misión tradicional de defensa externa a otras de carácter interno. Las labores de lucha contra el narcotráfico, por ejemplo, demandan cambios en los patrones de actuación de los ejércitos14. 4. Conclusión: los términos de la alianza cívico militar El nuevo concepto de seguridad implica la labor conjunta de todos los actores de la Nación peruana, del cual las Fuerzas Armadas y población civil forman parte. 14 Serra i Serra, Narcís. Ob. Cit. p. 21.

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Es decir, aunque tienen un rol imprescindible, las Fuerzas Armadas no pueden llevar por sí solas todo el peso de la lucha. Se debe fomentar la participación de la población civil, del sector privado, las ONGs y entidades e instituciones estatales. Aunque actualmente el enfoque parece ser el adecuado, en la medida en que se busca involucrar a los actores sociales y estatales, dicha estrategia debe confirmarse con mayor ahínco en los roles específicos que deben asumir las Fuerzas Armadas. Se debe consagrar, pues, una alianza cívico-militar. Ahora bien ¿En qué términos debe consolidarse esta alianza cívico-militar? Consideramos que debe ser de acuerdo a los siguientes lineamientos: a.- La absoluta subordinación del ámbito castrense a la autoridad política. b.- La creación de un comando cívico-militar, bajo la dirección y control del poder civil15. c.- Deben implementarse las Fuerzas Armadas de modo tal que puedan ofrecer servicios a la población local. Las relaciones cívico-militares podrían fortalecerse si se aprovecharan sus potencialidades para aplicarlas en áreas donde no se cuente con participación de la empresa privada y donde el Estado requiere tener presencia para impulsar el desarrollo. De acuerdo a ello, se debe destacar que, precisamente el ejército peruano tiene una tradición histórica de participación en las labores de desarrollo, rol que viene incluso desde los primeros momentos de la República16. d.- La creación de escuelas, servicios de sanidad y apoyo social dentro de cada base. e.- Implementar una campaña de guerra psicológica, donde no debe señalarse la población civil como un objetivo a ser conquistado, sino como un aliado. A tales efectos, se debe hacer un uso eficiente y persistente de la prensa escrita y hablada (periódicos, revistas, radio, Internet, etc.). f.- Si los senderistas se precian de acabar con los elementos antisociales, como consecuencia de una declaratoria de emergencia, las autoridades podrían implementar procesos expeditivos –dentro de la legalidad- contra los elementos antisociales, destacando que el Estado cree en la vida humana y en el castigo del culpable. 15 El 15 de enero del 2009 se creó la región militar de los valles del río Apurímac-Ene (VRAE). 16 Veláquez Pérez-Salmón, Víctor. El ejército del Perú en el siglo XIX. Su participación en la seguridad y el desarrollo nacional nacional.. Lima: CONCYTEC, 1998. pp. 77 y ss.

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g.- Declarar la zona en estado de emergencia, pues estamos frente a una emergencia. h.- Los recursos incautados en las intervenciones, y que puedan ser usados en labores de apoyo a la población, pueden ser donados a las instituciones locales que hagan labor de desarrollo social. i.- Asumir un conjunto de propuestas17, tales como: - La decisión política de optimizar permanentemente los servicios que los organismos técnicos (SIMAC, IGN, SEMAN, etc.) brindan a la sociedad a través de instituciones técnicas y autónomas. - La mayor participación de los institutos armados en actividades de construcción de caminos en lugares alejados, a efectos de integrar a las comunidades en los procesos económicos. - Formar ciudadanos con disciplina, espíritu de trabajo y capacitados en especialidades tales como informática, conducción de vehículos, carpintería, electricidad, mecánica, sanidad, panadería, etc. j.- La actual coyuntura del VRAE representa la oportunidad de poder ‘refundar’ las instituciones sociales y políticas, con el objetivo de ganar definitivamente a la población local. Dentro de esa perspectiva, aunque la idea de celebrar un consejo de ministros en el VRAE puede ser propagandísticamente efectista y de gran impacto, a la larga puede resultar contraproducente, si es que no se implementan medidas concretas y de largo aliento correspondientes a políticas de desarrollo e incorporación de la población. Un discurso sin mayor apoyo de recursos ni programas, ni proyectos, caería en el descrédito, ahondando la separación entre la población local y las autoridades del Estado. k.- La creación de un canon a favor del VRAE: Si el conflicto se radicaliza puede derivar en una herida permanente. Si el Estado, a pesar de sus compromisos no ha aportado los fondos suficientes, entonces se puede –legítimamente y al amparo del nuevo concepto de seguridad– involucrar a sectores como la minería y al conjunto de gremios exportadores, en la creación de un canon a favor de la población del VRAE. Todo gasto siempre será pequeño en comparación con las inmensas ventajas que con una situación de paz y legitimidad democrática en el VRAE se alcanzarían. 17 Ramírez Prado, Fidel. Relaciones civil–militares y democracia democracia.. Lima: Universidad Alas Peruanas, 2001. pp. 120-121.

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l.- El actual Programa de desarrollo del valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) se ha planteado como Objetivos los siguientes: - En Desarrollo social: Mejorar los niveles de nutrición, salud, educación y saneamiento de la población. - En Infraestructura básica: Rehabilitar e incrementar la infraestructura vial, de comunicaciones y electrificación, en beneficio del desarrollo social y productivo. - Afirmar la presencia institucional del Estado en beneficio de la paz y el desarrollo con seguridad. Dado que Sendero tradicionalmente hace uso de las milicias con un triple fin: militar, político y económico (asegura los recursos económicos para su supervivencia), se debe promover que en los objetivos de desarrollo Social participen las Fuerzas Armadas mediante la distribución de alimentos, la atención a la población en servicios de salud o en las instalaciones de las bases de la zona. Ello demanda las respectivas coordinaciones y/o convenios con los ministerios de Educación, Agricultura y Salud, entre otros. ll.- Como se necesita revertir las relaciones entre la población local y el Estado, es prioritario que se deba contar con los alcaldes y presidentes regionales como aliados y no como rivales de los proyectos de desarrollo. Por tanto, no deben colocarse en puestos de responsabilidad a personal que no tenga la capacidad de desarrollar empatía con dichas autoridades. No se requiere un lenguaje confrontacional sino solidario y comprensivo de las necesidades de la población y de la autonomía que indudablemente desean preservar sus autoridades. m.- Sendero está elaborando un discurso ideológico que intenta acercarse a los campesinos cocaleros y distanciarse de las atrocidades cometidas, así como de la figura de Abimael Guzmán -para quien, incluso, piden el fusilamiento- y presentarse como defensores del pueblo18. Frente a dicha táctica senderista, puede intentarse que las patrullas del Ejército realicen también labores políticas, lo cual incluye repartir volantes donde se destaquen los beneficios de las medidas que el Estado peruano adopte en beneficio de la región. Se trata de instrumentalizar políticamente a las 18 Pronunciamiento del 9 de Febrero del 2009 en la edición electrónica del diario del vocero senderista Diario Internacional y firmado por el Comité Regional del Centro.

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Fuerzas Armadas, porque de acuerdo a la táctica del enemigo, ello puede constituir una respuesta eficaz n.- Se debe promover el establecimiento de comisarías, que constituyen la más emblemática y representativa muestra de la presencia estatal. Al mismo tiempo, se deben reforzar los vínculos con los comités de autodefensa, darles instrucción y armamento para que puedan defenderse, repitiendo la exitosa experiencia de las rondas campesinas. ñ.- Actualmente se están desenterrando fosas con las víctimas de la guerra interna y precisamente, una forma de fortalecer el vínculo entre Fuerzas Armadas y población civil en el contexto del VRAE, es patrocinando redes de solidaridad y ayuda a la población, lo cual demostraría al mundo que las actuales Fuerzas Armadas sí pertenecen al pueblo peruano y actúan inspiradas por el respeto a la democracia y los derechos de la población local. Dentro de esa perspectiva, el Ejército puede organizar actividades vacacionales para los escolares, concursos sobre la historia de la región, de modo tal que se vincule cultural, social y psicológicamente a las poblaciones aledañas a las bases militares. Asimismo, con el apoyo del Ejército se puede experimentar en el VRAE con escuelas de educación premilitar, se pueden reclutar elementos de la zona y, al mismo tiempo, como parte del servicio militar, se puede capacitar a la población en educación agrícola y técnica. También puede organizarse un servicio rural para los profesionales que deseen hacer su servicio en el VRAE. Así, pueden formarse equipos de profesionales de otras zonas del país, los cuales podrían ir a la zona a colaborar con los servicios básicos para atender las necesidades de la población local.

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El Doctor Marcos Ibazeta Marino posee los siguientes grados y títulos: 1975 Bachiller en Derecho; 1976 Incorporación al Colegio de Abogados de Lima y obtiene el Título Profesional de Abogado en la Universidad San Martín de Porres; 1978 Incorporación a la Federación Nacional de Colegio de Abogados del Perú. 1979 Incorporación al Colegio de Abogados del Callao; 1983 Juez titular de Primera instancia en lo civil de Lima; 1994 Jurado de Honor de la Magistratura. Nombramiento como Vocal Titular de la Corte Superior de Justicia de Lima; 1996. Egresado de la Maestría sobre Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos - Unidad de Post Grado; 2007 Doctorado en Derecho en la Universidad San Martín de Porres - Unidad de Post Grado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Experiencia laboral: 1976–1983 Ejercicio libre de la profesión de abogado en diversos Estudios; 1983– 1989 Juez del Noveno Juzgado Civil de Lima; 1990–1992 Juez Civil de Lima, Director del área de informática del la oficina de Control Interno bajo la jefatura del Dr. Guillermo Cabala Rosand; 1993 Juez Civil de Lima promovido a Vocal Superior de la Quinta Sala Civil de la Corte de Lima.; 1994 Juez Civil promovido a Vocal Superior Provisional de la Primera Sala Civil de la Corte de Lima hasta el retorno la oficina de Control de la Magistratura. 1995 Vocal Superior a cargo del área de Informática de la oficina de Control de la Magistratura. 1996–1998 Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima; 1999–2001 Presidente de la Sala Superior Penal Corporativa Nacional para casos de Terrorismo; 2001–Julio 2002 Presidente de la Sala Nacional de Organizaciones Delictivas y Bandas; Agosto 2002 a la fecha, Ejercicio Libre de la Abogacía; 2005 Decano del Colegio de Abogados de Lima. Docencia: 1998–2002 a la Fecha Profesor en la Universidad de San Martín de Porres. 1998–2002 Academia de la Magistratura: Profesor de Formación de Aspirantes a la Magistratura (PROFA); 2002 a la fecha, Profesor en la Universidad de San Martín de Porres ; 2003–2006 Profesor de la Universidad Alas Peruanas; Profesor de Capacitación Académica para el Ascenso (PCA); Programa para la Formación y el Ascenso de Magistrados (PFA).

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APORTE DE LA SALA NACIONAL PARA CASOS DE TERRORISMO EN EL PROCESO DE PACIFICACIÓN DEL PAÍS. Doctor Marcos Ibazeta Marino

1. Antecedentes A inicios de los ochenta, con la negligente complicidad de un gobierno torpe, Sendero Luminoso comenzó a desatar su furia asesina, según ellos, justificada como única vía para acceder al poder, porque a decir de su líder, lo demás era pura ilusión. Al cabo de tres años apareció otro movimiento similar pero con ideología distinta, aunque con iguales métodos violentos, denominado Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. El Perú despertó abruptamente al uso del terror como método de acción presuntamente política, en cuyo escenario los terroristas no aceptaban posiciones a medias: o se estaba con ellos o contra ellos. Los enemigos tenían que ser arrasados, porque sus voceros predicaban que, para construir una nueva sociedad con otra mentalidad, no se necesitaba una población numerosa, y que las muertes masivas solo constituían un costo que necesariamente se tenía que pagar y asumir. Durante muchos años los cabecillas de estas organizaciones fueron construyendo su estructura, compartimentalizada para actuar en la clandestinidad, utilizando mecanismos de coordinación y de acción, cuya eficacia residía en impedir que los integrantes de sus destacamentos se conocieran entre sí, salvo entre los que pertenecían a células pequeñas. Por aquella época, la población no contaba con un adecuado sistema de comunicaciones: no había suficientes teléfonos públicos ni existían los celulares. Los policías no contaban con radioreceptores individuales conectados a una central. Eran unidades armadas que deambulaban en extrema soledad, que se reunían con sus colegas de armas en comisarías vulnerables, tanto por el endeble material de su construcción,

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su carencia de defensas ante un ataque armado, como por la falta de preparación de su personal para prevenir agresiones y carencias logísticas para repelerlas. Tan fácil presa fue elegida por el terrorismo para acopiar armamento. Cualquier policía debía ser asesinado en cualquier parte, no por ser policía, sino porque su muerte significaba un arma más para la actividad terrorista. En realidad, los terroristas comenzaron su cacería de policías inermes por los de tránsito, quienes salían de sus casas uniformados y se desplazaban en unidades totalmente desprevenidas hacia las comisarías, vulnerables, como todas las del Perú profundo, por su aislamiento y abandono. Envalentonados con esta arremetida que tomó por sorpresa a todos los aparatos de seguridad, el terrorismo comenzó su acción urbana con propaganda, paros armados ensayados previamente en la zona rural, profundización de su acción de captación de adeptos en colegios, universidades, sindicatos y otros. Mediante las famosas escuelas populares, en las cuales el primer objetivo era la ideologización del simpatizante, para luego, una vez sometido mediante las famosas ‘cartas de sujeción’ dirigidas a Abimael Guzmán, formarlo como soldado. Buscaban plasmar aquello que predicaba su líder sobre la prevalencia del político sobre el militar, pero que ambos debían estar encarnados en cada militante. Llegaron a tener el control de muchas de instituciones educativas, donde se hacía lo que ellos querían. Pero no debemos olvidar que sus cuadros ideológicos y militares no surgieron ni se formaron en el campo, sino en la ciudad. A través de las famosas ‘escuelas populares’, que funcionaban como unidades de estudio, ya fuera en centros educativos, asentamientos humanos, fábricas y, en gran medida, al interior de las cárceles, captaban adeptos a los que luego entrenaban para realizar acciones armadas. Y no dejaban de lado su prédica ideológica e infiltración para tener más y mejores cuadros. Eran estos cuadros los que luego se movilizaban hacia la zona rural, formando columnas que sometían a los campesinos mediante el terror para obligarles a asimilar la estructura social, económica y política que les imponían los terroristas. Los sometían al reclutamiento obligatorio para utilizarlos como logística de apoyo de sus columnas, para participar a manera de granaderos en los ataques que planificaban, porque jamás les entregaron armamento alguno. Las armas largas y cortas solo eran utilizadas por los cuadros que formaban la columna, las que generalmente eran enterradas después de cada ataque para extraerlas cuando debía ejecutarse otro atentado. Tenían mucha movilidad pero no eran tantos como se creía. Lo que ocurría era que, al pasar a la clandestinidad, luego de aceptada su carta de sujeción, el nuevo

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militante se dedicaba a tiempo completo a la actividad terrorista. De esta manera, se daba la percepción de que manejaban multitudes, por la cantidad de acciones armadas que podía realizar a lo largo y ancho del país, un grupo no muy numeroso pero sumamente móvil. Empezaron a golpear con asesinatos selectivos dirigidos contra altas autoridades, amagando sobre la estabilidad política, y postrando la actividad económica; dinamitaban las torres de energía eléctrica, dejando constantemente a oscuras a las ciudades, creando de ese modo un estado de psicosis colectiva. Las fuerzas del orden no mostraban acciones consistentes en la represión de tales actos; al contrario, su organización estaba tan desarticulada que la población las percibía como manotazos de ciegos dando golpes al vacío. Los políticos, buscando el fácil acomodo, llegaron al ridículo cuando durante el entierro del cadáver de Edith Lagos en Huamanga, muchos de ellos fueron a sumarse a dicho acto de exaltación senderista. El Poder Judicial era una coladera. Por miedo, o porque la formación académica de sus magistrados no consideró nunca una situación de terror, ni la forma de utilizar categorías de conocimiento eficaces para valorar estos hechos a través de medios de prueba obtenidos en situaciones demasiado dinámicas. Estas requerían, más bien, un análisis coherente con base en lo que hoy se conoce como sucedáneos de prueba, es decir, a partir de indicios y presunciones. En el interior del país, ante el repliegue policial, la población iba siendo sometida por el terror, aunque jamás fue ganada por la ideología senderista ni emerretista y, como siempre, quedó al medio de dos fuerzas que se confrontaban militar e ideológicamente. Es que el terrorismo siempre predicó que su mejor camuflaje era la población, dentro de la cual pasaba desapercibido y, en caso extremo, era su escudo de defensa, sin importar si en ese escudo había ancianos, mujeres o niños. Su sacrificio era un costo de lo que ellos llamaban ‘revolución’. Comenzaron a aparecer ‘territorios liberados’, ‘luminosas trincheras de combate en las cárceles’, modelos comunales senderistas como ‘Rancagua’. Se sentían más agresivamente envalentonados cuanto más se desmoronaba nuestra economía nacional y cuanto más crecía el miedo en la sociedad, que en algún momento llegó a admitir la posibilidad de que Sendero estaba a punto de tomar Lima. Tardíamente, el Estado comprendió que sus FFAA tenían que organizar a las poblaciones, para que estas enfrentaran en su propio terreno la agresión terrorista. Así,

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a partir de las rondas campesinas, fueron apareciendo también comités de autodefensa, a cuyos integrantes el Gobierno entregó escopetas, dándoles además entrenamiento. Los terroristas se hallaban tan ensoberbecidos con el avance de sus acciones, que no se percataron de que la nueva estrategia del Estado comenzaba a carcomerlos. Pero la soberbia tiene su propia respuesta. Atacaron Miraflores haciendo volar edificios de la calle Tarata, como una muestra de lo que iba a ocurrir con los ricos, acomodados o los que encarnaban el viejo sistema. Murieron muchos inocentes al interior de sus viviendas, oficinas y negocios, donde se suponía no llegaba ni llegaría la violencia. Solo cuando la gente se convenció de que no estaba segura ni en su casa, y que daba lo mismo estar en la calle o a cubierto, porque nada garantizaba su seguridad, asumió un compromiso real con el Estado para luchar contra el terrorismo. Todo el Perú reaccionó contra el senderismo y emerretismo, pero además, dentro de la primera de estas, SL, ese irracional ataque produjo un alto grado de desmoralización. Allí comenzó la caída del terrorismo hasta su derrota militar. 2. Reacción y evolución de la respuesta estatal El senderismo, siguiendo las lecciones maoístas de llevar su lucha armada del campo a la ciudad, comenzó a desarrollar acciones para someter a todo el campesinado andino. Lo que no se sabía entonces era que los senderistas, como ya se dijo, no estaban en el campo sino que se desplazaban desde las ciudades, implantando el terror en todas las comunidades, organizando campamentos propios. Sin embargo, su método más importante era darle a cada pueblo una organización política, militar y económica, según sus cánones, eligiendo a los responsables de cada actividad. Ello les permitía contar con apoyo logístico cuando deambulaban por sus rutas ocultas en pos de cometer ataques sucesivos a lo largo de su camino, tanto de ida como de vuelta, por otra ruta diferente. Precisamente, por esa ignorancia estratégica y táctica, el gobierno de turno tomó la decisión de encargarle a las Fuerzas Armadas el combate contra el terrorismo, concediéndole tanto la responsabilidad política como la militar. Empero, no se establecieron mecanismos de control de los actos políticos, no se asumió un compromiso político con las Fuerzas Armadas ni se aseguró un blindaje político respecto a los resultados de las acciones militares atípicas que se iban a producir. Esa circunstancia exigía un nivel de razonabilidad que se adecuara a las circunstancias

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generadas por un tipo de agresión, en la cual la población podía tener la apariencia de enemigo militar y provocar confusiones, de modo que esto exigía además, nuevos planes operativos e innovadores métodos de lucha. Aparentemente, la intervención de las Fuerzas Armadas comenzó a dar sus frutos, al punto de provocar en Ayacucho el desplazamiento de la actividad senderista a lo que luego vendría a ser el más importante de sus reductos, el hoy llamado VRAE, y la zona de Oreja de Perro, en donde murió Edith Lagos. Es que por el Vizcatán podían tener el control, a partir de Huanta hacia Huancavelica; por el noreste, fácilmente llegaban a Satipo, y por el oeste iban por Andahuaylas, y hacia el sur, pasando por Chalhuanca llegaban hasta el Cusco. La zona de Oreja de Perro, triangulada por los ríos Pampas y Apurímac, fue un bastión casi inexpugnable, porque se volaron los únicos puentes existentes y todo el lugar quedó aislado, con muchas comunidades a merced del terrorismo. La tragedia de Uchuraccay cortó la estrategia político-militar estatal, por lo que las Fuerzas Armadas tuvieron que retirarse del campo. Esta situación fue aprovechada por los senderistas, quienes empezaron a movilizarse, sometiendo a comunidades enteras y, a partir de allí, amagar con violencia la zona urbana. Ese repliegue de las fuerzas del Estado fue fatal, porque en el proceso de recuperación y liberación de zonas geográficas comenzaron a producirse confusiones sobre la identidad del enemigo, ya que la población se había quedado sin alternativa por su incapacidad de autodefensa frente al terrorismo. Se veía obligada a darles apoyo logístico y militar, pero solo como la avanzada de cualquier columna que se escudaba en el campesinado y lo utilizaba en acciones como la de arrojar granadas caseras en los atentados. La respuesta armada los iba a encontrar como carne de cañón y, a más muertes de campesinos, jóvenes, ancianos, mujeres y niños, se iba convirtiendo a las fuerzas oficiales en presuntas violadoras de derechos humanos a través de una política de exterminio que, en verdad, no existió jamás como tal. Empero, no podemos negar que, en ciertos casos, se produjeron excesos injustificables. En ausencia de las fuerzas del Estado, aparecían las fuerzas terroristas e imponían a ‘sus autoridades’, sometiendo a los pobladores a actos sangrientos de asesinatos públicos, provocando en ellos lo que se conoce como miedo insuperable, por la sensación de no tener a nadie que los defienda. Al ausentarse los terroristas y llegar las fuerzas del Estado, estas imponían la autoridad oficial. Pero, al retirarse, volvían los terroristas y mataban a cuantos

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colaboraron con los militares. Y, estos, a su turno, enfrentaban el mismo dilema, que se agravaba por las múltiples emboscadas que sufrían, en las cuales los senderistas obligaban a participar a los campesinos, cuyas familias quedaban de rehenes o bajo amenaza de muerte. En tales circunstancias, tenía que producirse el grave problema de las violaciones de los derechos humanos, evidente y dolosa por parte de los terroristas, pero a ciegas, por desconcierto y desconfianza, por parte de algunos militares. Sin embargo, el Estado iba paulatinamente endureciendo la legislación antiterrorista, sus Fuerzas Armadas y policiales mejoraban su capacidad operativa y tecnológica, pero, fundamentalmente, comenzaba a funcionar la inteligencia operativa como la mejor arma de combate. Solo cuando se entendió que el terrorismo no tenía su comando nacional en la zona rural sino en la urbana, los servicios de inteligencia concentraron su accionar en la búsqueda de los líderes en las ciudades. Así fue como empezaron a caer los mandos pequeños e intermedios, hasta que se llegó a la captura de Abimael Guzmán y la mayor parte de su cúpula. Al quebrar el comando del terrorismo en la zona urbana, se desmoronó el comando operativo en el campo. Es necesario reconocer que, para que esto sucediera, fue decisiva la decisión política del gobierno de turno, en cuya virtud los instrumentos jurídicos producidos empezaron a rendir sus frutos, especialmente la segunda ley de arrepentimiento a partir del atentado de Tarata. Las leyes antiterroristas contenían muchas normas inconstitucionales, por cuyo motivo, aún resultando eficaces en el combate antisubversivo en el campo militar y policial, fue luego el talón de Aquiles del Estado, que habiendo triunfado militarmente terminó derrotado políticamente. El más grave problema para el Estado fue la tolerancia con el narcotráfico, como indeseable aliado frente a los terroristas, lo que provocó una génesis de corrupción que no ha bajado en ningún momento la guardia, a pesar de toda la propaganda estatal acerca de su represión. 3. El rol del Poder Judicial Al iniciarse la actividad senderista en lo que ellos denominaron lucha armada para la toma del poder, no existía en el Perú una legislación penal que tipificara adecuadamente esos delitos, a fin de calificarlos penalmente. Inclusive se produjo una tremenda

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discusión acerca de si el terrorismo era o no un delito autónomo, o simplemente este se ocasionaba con la comisión de otros delitos ya regulados por el Código Penal. Triunfó la tesis de la tipificación del delito de terrorismo pero con una amplitud tan grande que, no podemos negarlo, sirvió a las huestes terroristas para impugnar la validez constitucional de esa descripción típica. Por ello obtuvieron fallos favorables de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, obligando a pronunciarse sobre el tema al Tribunal Constitucional, el cual emitió su sentencia definitiva en enero del 2003, desmoronándose todo lo hecho hasta entonces. En este punto radicó la gran derrota política del Estado. A partir de 1981, cuanto más agresividad mostraba la acción terrorista, más se endurecía la legislación antiterrorista. Llegó a niveles irrazonables de criminalización, como el de prohibir los hábeas corpus, disponer las detenciones de todos los procesados sin dejarle al juez ninguna otra alternativa. Se incluyó en la punibilidad a menores de quince años que, cosa curiosa, aunque produjo efectos positivos en el combate antiterrorista, nos iba carcomiendo los éxitos del presente al proyectar al futuro vicios insubsanables en el juzgamiento y condena de los terroristas. La actividad jurisdiccional ordinaria fue desbordada fácilmente por la estrategia legal terrorista, cuyo escudo era precisamente la invocación del derecho humano al debido proceso. Una organización legal altamente agresiva conformada por los llamados ‘abogados democráticos’, terminaron jaqueando sin pudor a jueces desconcertados, hasta el punto de casi llegar al mate jurídico. Esto dio lugar a que se crearan legalmente los denominados ‘jueces sin rostro’, tomando la experiencia italiana y colombiana. Sin embargo, se incurrió en otro error que nos iba a costar muy caro: los hechos no agravados eran de competencia de los jueces ordinarios, pero los agravados pasaron a la justicia militar. Así, nuevamente se produjo la paradoja de obtenerse resultados beneficiosos con rápidas condenas pero con serias lesiones al debido proceso, que luego iban a desmoronar todo lo hecho. En el Poder Judicial era el presidente de la Corte Superior de Lima quien, en coordinación con ciertas presidencias de otros distritos judiciales, recibió el encargo de organizar la nueva estructura con jueces sin rostro, los desplazamientos a nivel nacional, la distribución de expedientes, así como el control de claves que jamás se respetaron ni registraron. Los vocales superiores recibían los expedientes para juzgar a presuntos terroristas como jueces sin rostro, pero sin descuidar su carga procesal ordinaria. Ello generaba el

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peligro de no analizar ni evaluar debidamente lo actuado, tanto más cuando la investigación preliminar se había policializado y los fiscales no tenían casi ningún poder en la misma. Luego de la captura de Abimael Guzmán Reynoso y la masiva detención de sus cuadros, el juzgamiento de todos y las condenas impuestas dieron lugar a la casi inmovilización de Sendero Luminoso, porque los emerretistas casi habían desaparecido ya de la escena. Cuando el autor de esta nota asumió la presidencia de la Corte Superior de Lima, para evitar criterios dispares y a fin de que los jueces evaluaran mejor las reglas del debido proceso, eliminó el sistema de la distribución masiva de expedientes entre todos los vocales superiores. Asimismo, organizó una Sala Superior exclusiva para los casos de terrorismo, con aproximadamente siete magistrados dedicados a tiempo completo a esta tarea, pero formalmente integrando las Salas Ordinarias. Lo que hay que dejar en claro es que, en los procesos a cargo del Poder Judicial, no todas las sentencias eran condenatorias, y hubo un gran número de absoluciones, porque se impuso un exhaustivo análisis de la actividad probatoria y una más profunda valoración de los medios de prueba. En el fuero militar, en donde eran juzgados los cabecillas y los autores de atentados con explosivos, entre otros, las sentencias condenatorias eran la regla, porque bastaba para ellos la firma del fiscal en la investigación preliminar hecha por la policía. Pero ya las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos amagaban sobre la validez de todos los juzgamientos y condenas, a tal punto que el gobierno de turno decidió apartarse de la competencia contenciosa de dicha Corte. Su decisión no prosperó en blindaje alguno a lo que había sido hecho, de modo que era previsible el desmoronamiento de todo, lo que se consumó con la sentencia del Tribunal Constitucional de Enero del 2003. Lo curioso del caso es que nadie se daba cuenta de que toda la actividad de la estructura legal del terrorismo para desmoronar el marco jurídico antiterrorista y, por ende, anular todos los procesos; venía con un camuflado plan de revertir la concepción social de la culpa en el combate contra esa violencia desatada. Consistía en convertir al Estado en el sistemático violador de los derechos humanos y autor de políticas de desapariciones forzadas, a través de las acciones militares operativas y de acciones de inteligencia, presuntamente de exterminio. Con el tiempo, se descubrió que, mientras se convertía a los terroristas en víctimas, los militares iban apareciendo como los responsables de toda la violencia, y ahora

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con visos de persecución ciega. No solamente se ha sometido a proceso judicial a un enorme número de militares que participaron en la lucha contra los terroristas, sino que los sucesivos gobiernos han casi demolido a nuestras instituciones tutelares. Por su parte, ya gran número de terroristas condenados han salido en libertad al haber cumplido sus condenas, y otros muchos están siendo liberados mediante la concesión de beneficios penitenciarios. Nadie sabe si se están activando nuevamente las llamadas ‘escuelas populares’, aunque existen evidencias de que estas han vuelto a organizarse al interior de las prisiones, lo cual revela que el senderismo ha retornado a la etapa de adoctrinamiento y captación de adeptos en las ciudades. Mientras no se estructure una organización urbana muy fuerte, su presencia armada en ciertas zonas geográficas del interior del país tendrá una acción focalizada, buscando alianzas con la población y el narcotráfico, a fin de eliminar de sus reductos cualquier presencia de las fuerzas del orden. Terrible sería que no se empiece a desarticular cualquier aparato urbano, pues si el senderismo logra enlazar sus bolsones de violencia en las zonas rurales focalizadas, con su organización urbana, con un comando móvil y único, que no quepa duda que podríamos volver a vivir otra vez una nueva etapa siniestra de violencia. 4. La Sala Nacional para Casos de Terrorismo A inicios de 1999 la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema me encomendó la presidencia de esta Sala. Estaba integrada por cinco o seis vocales superiores de Lima y por todos los vocales superiores que conformaban las Salas Penales para Juzgamiento de Reos en Cárcel de todo el Perú. Esto permitía que pudiesen formarse tribunales de juzgamiento público de presuntos terroristas con desplazamiento de la Sala así formada a cualquier punto del país, inclusive a pueblos alejados de las sedes de Corte. Se daban varias situaciones, principalmente el temor de magistrados de la zona en la que se debía juzgar a los acusados de terrorismo, motivo por el cual se hacían coordinaciones para que la conformación de la Sala respectiva fuera hecha con magistrados de otros lugares del país, cargando con el mayor peso los Vocales de Lima. El otro problema era la oportuna coordinación con las autoridades penitenciarias para saber en qué centros de reclusión se hallaban los implicados en cada caso para mantener la unidad de juzgamiento y criterios de razonabilidad.

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Existía un enorme número de requisitoriados por su vinculación con hechos de carácter terrorista, que jamás iban a presentarse ante el órgano jurisdiccional. Casi todos ellos eran campesinos de las zonas alto andinas, de cuyas comunidades no salían nunca y, si lo hacían y caían detenidos eran llevados a la ciudad sede de Corte, muy lejos de su hábitat e internados en el penal de la localidad a donde había que ir a juzgarlos. Debido a que ya por 1999 comenzó a funcionar la Comisión de Indultos creada por el gobierno para reestudiar procesos en los cuales podía haberse producido una sentencia arbitraria y proponer el indulto como un híbrido jurídico reemplazante de la Revisión por la Sala Plena de la Corte Suprema, que era el camino correcto. Se buscó esa vía por la eterna desconfianza en nuestro sistema de justicia y porque, para desgracia del Perú, la institucionalidad en general no es digna de credibilidad ni confianza. Esta situación motivó a los miembros de la Sala para procurar entender a cabalidad el real rol que jugaron los campesinos en la actividad violentista de los terroristas. Porque los indicadores que íbamos recogiendo señalaban que más que autores materiales ideologizados, por lo general eran víctimas inermes. Habían actuado siguiendo instrucciones de quienes tenían la fuerza y la violencia para someterlos. Mataban a los que se negaban a acatar lo que decidían los mandos terroristas, aun a sus familiares. Les obligaban a participar en ataques a otras comunidades llamadas rebeldes por resistirse al terrorismo. Y retenían a sus familiares como rehenes, quienes eran salvajemente asesinados si el reclutado desertaba. Al respecto, surgió en los integrantes de la Sala una tremenda duda porque si los hechos ocurrieron tal como indicamos en el párrafo precedente, era evidente que la población campesina nunca fue senderista o emerretista ni enemiga del Estado. Por tanto, podían darse supuestos de exención de responsabilidad penal no visualizados ni comprendidos porque los juzgamientos se hacían fuera del contexto geográfico de los campesinos a quienes se les internaba en los penales mientras duraba su proceso de juzgamiento. En el juzgamiento de cinco campesinos que provenían de la famosa Oreja de Perro, que tuvo lugar en el centro penal del Cusco, se verificó que los antecedentes estaban llenos de indicadores sobre la condición de esos campesinos, de víctimas y no de senderistas. Los miembros de la Sala decidimos no internarlos en el penal y los entregamos en custodia a la Defensoría del Pueblo y a una organización no gubernamental que pagaría los costos de la estadía de esa pobre gente en un lugar abrumador para ellos.

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Finalmente, al arribar a la conclusión de que la participación de esos humildes campesinos en ciertos actos del senderismo estaban dentro de los supuestos de exención de responsabilidad penal y producirse su absolución, tanto los magistrados de la Sala, como el procurador público del Ministerio del Interior y la Fiscalía, acordamos realizar juzgamientos en pueblos cercanos a las comunidades campesinas. De esta manera, podríamos entender mejor su cosmovisión y su real capacidad de resistencia frente a cualquier facineroso armado y que pudiera imponerles su voluntad y someterlos a su antojo. Fueron memorables las jornadas de Pacucha, Andahuaylas, Talavera, Sandia, Chalhuanca, entre otros. En ellas descubrimos que los campesinos no querían salir de sus comunidades porque desconfiaban de todo y de todos, inclusive cuando se presentaban los representantes de la Defensoría del Pueblo, todos los hombres de la comunidad fugaban de sus casas a pernoctar en cuevas. En Andahuaylas, por ejemplo, los campesinos solo confiaban en el jefe de la ONG Pro Ande y la Defensoría coordinó con esa entidad logrando que casi cincuenta campesinos de Oreja de Perro fueran concentrados en una escuela de Pacucha a donde la Sala fue a juzgarlos, con dos vocales quechuahablantes. De ese modo, descubrimos rutas, métodos, reclutamientos forzados, la forma en que los terroristas asesinaban cruelmente a los que se les rebelaban y los tiempos de sus desplazamientos, la naturaleza de sus columnas cuyos integrantes provenían de las ciudades, del número de armas, de aquellos que las utilizaban y que jamás entregaban a los campesinos y la condición de cautivos de estos respecto de aquellos. En Chalhuanca, la extrema pobreza mostró la miseria en la que vivían campesinos de las alturas cercanas que, ubicándose solo a dos o tres horas en carro, para ellos su desplazamiento tenía un costo insuperable. Concentrados en un local escolar, hacían una sola comida al día, una sopa con cebada, papas deshidratadas y algo de charqui. Esas eran las víctimas de los terroristas, quienes como escudos humanos, sufrieron la arremetida estatal en una confusión que ni la Comisión de la Verdad pudo esclarecer debidamente, arribando a conclusiones que, en la práctica, ha convertido a los agresores en víctimas y a las víctimas en violentistas abusivos. La cacería legal indiscriminada desatada contra los militares y policías que lucharon por la sociedad contra los terroristas, se torna en este contexto en una irracionalidad que, por ser tal, no tiene explicación.

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5. Conclusiones Primero.- Las condiciones sociales y la pobreza extrema de peruanos para quienes el Estado está demasiado distante, hace que cualquier grupo armado los someta a sus fines, a su antojo. Segundo.- El Estado debe ‘ocupar’ sus zonas geográficas vacías de autoridad pero no para abusar del poder sino para que sus funcionarios convenzan a los pobladores que hay esperanza de una vida mejor con cosas concretas. Tercero. El combate contra el crimen organizado debe intensificarse hasta Tercero.alcanzar sus máximos límites, porque ese tipo de criminalidad les sirve a los terroristas en la zona rural para continuar actuando en lo ideológico y en lo militar. Cuarto. Las organizaciones sociales de autodefensa deben ser repotenciadas Cuarto.pero cuidando de no lesionar su actividad económica y si esta es ilegal, sustituirla por otra que no les perjudique porque de otro modo, más que amigos el Estado encontrará enemigos por todos lados. Quinto. El fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y policiales es urgente y Quinto.no basta con enviar soldados a combatir en zonas rurales sin iniciar acciones urbanas para desarticular cualquier reestructuración de los cuadros terroristas en libertad y evitar el enlace entre la zona rural de violencia militar con estos cuadros urbanos porque, como se ha dicho, las ciudades son las proveedoras de columnas que van luego a actuar en la zona rural. Sexto.- Debe establecerse un nuevo marco legal para la lucha antiterrorista, respetando los marcos de razonabilidad que imponen las normas sobre derechos humanos, pero estableciendo mecanismos que permitan actuar a las fuerzas del orden sin temor a ser eternamente perseguidas judicialmente. Séptimo.- La repotenciación de los aparatos de inteligencia y la provisión del material de combate idóneo para nuestros soldados y policías no puede esperar más. Octavo.- Finalmente, debe existir una política de Estado frente a la violencia, no a través de pomposas declaraciones, sino plasmadas en textos normativos concretos e inequívocos, que se proyecte permanentemente en el tiempo a través de cualquier gobierno.

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El Capitán de Navío Luis Martínez, es egresado de la Escuela Naval en el año 1984; está calificado en Ingeniería Naval e Inteligencia. Ha prestado servicios en la Estación Naval “El Salto” en Tumbes, Fuerza de Tarea 100 en Pucallpa, Dirección de Inteligencia de la Marina, Comandancia de la Segunda Zona Naval como Jefe de Inteligencia, Estado Mayor General de la Marina como Jefe de la División de Inteligencia, Comandancia de Operaciones del Pacífico y en la Escuela Superior de Guerra Naval. Ha seguido los cursos: Básico de Estado Mayor y Comando y Estado Mayor en la Escuela Superior de Guerra Naval; Humanidades en la Universidad Católica del Perú (PUCP), Operaciones Contraterrorismo en la Dirección Nacional Contraterrorismo (DINCOTE), Control de Tráfico Marítimo en la Marina Brasilera (Río de Janeiro), Programa Avanzado de Administración en el Centro de Negocios de la Universidad Católica (CENTRUM), Diplomado en Seguridad y Defensa en la Universidad San Martín de Porres, Inteligencia Estratégica en la Dirección de Inteligencia Nacional y Curso Especial de Estado Mayor Conjunto en el Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas. En lo docente, ha sido catedrático de la Dirección de Inteligencia de la Marina y Jefe del Curso de Alto Mando (GUENA) de la Escuela Superior de Guerra Naval. Actualmente es Jefe de Planeamiento de la 8ª División del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

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HACIA UN PENSAMIENTO CONJUNTO Capitán de Navío Luis Martínez Enríquez

Hace unos meses, se realizó la clausura del VII Curso Especial de Operaciones Conjuntas con la participación de oficiales superiores de la Marina, Ejército y Fuerza Aérea. Habiendo sido designado para dar las palabras de agradecimiento en nombre de los oficiales participantes, fue mi primera intención enfatizar sobre las facilidades que gentilmente nos dieran la jefatura del Comando Conjunto, así como los diferentes jefes de división del Estado Mayor. Al construir mentalmente las ideas fuerza, me di con la grata sorpresa de que lo que más evocaba mi mente eran los momentos en que los oficiales de las tres instituciones departíamos en el día a día entre clase y clase. Muchos de nosotros nos conocíamos desde antes de llegar al Comando Conjunto, sea por haber participado juntos en operaciones o asistido a cursos, diplomados o seminarios académicos y profesionales o alguna actividad deportiva. Por ello, el poder convivir, laboralmente hablando, se dio de manera natural, lo que sumado a las calidades personales de todos los integrantes, facilitó esa convivencia. Bien, digamos que las personas estaban integradas a plenitud, sin embargo, viene la pregunta natural ¿es eso suficiente para actuar conjuntamente, para planificar conjuntamente? Pensamiento Hace poco, conjuntamente con otros oficiales, concluimos un trabajo para la Oficina de Desarrollo Bibliográfico de la Marina, una obra orientada a los oficiales subalternos que siguen el Programa Básico de Inteligencia (BAIN) en la Escuela Superior de Guerra Naval: “Apuntes de Inteligencia Básica”, en el que me tocó desarrollar el primer capítulo: Inteligencia.

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Entre otros temas, citaba lo siguiente: “Los datos se perciben mediante los sentidos. Tras pasar por el umbral perceptivo y luego de haber sido integrados, generan la información necesaria que produce el conocimiento. Este conocimiento se constituye en el elemento que finalmente nos permite tomar decisiones para el desarrollo de nuestras actividades”. Precisamente, esos datos que almacenamos a lo largo de nuestras vidas, generan los paradigmas, los mismos que cimientan la forma de pensar. Esto nos da el estilo cognitivo, es decir el cómo procesamos la información que percibimos, por lo tanto a las conclusiones a las que llegamos. El pensar, en la actividad humana, cuya individualidad es indiscutible, hace que los paradigmas, el estilo cognitivo y, por tanto, la interpretación de las cosas, sea particular para cada individuo. Entonces, ¿cómo ponerse de acuerdo en un grupo humano tan diverso a pesar de su similar formación castrense? En los diferentes cursos académicos relacionados con planificación, es muy común, por no decir imperativo, que en algún momento se haga un Brain Storm (Tormenta de ideas), para que cada una de las personas que en ese momento se encuentran aportando a la solución, manifiesten sus ideas sobre el tema que se está tratando. Precisamente, el aporte de ideas de diversos puntos de vista enriquece el producto final; obviamente, primero se debe dar el paso de trabajar esos aportes. En este punto es muy importante reducir la subjetividad, sobre todo cuando las ideas vienen de diversas personas y, por lo tanto, con diferentes enfoques y basados en diferentes paradigmas. Solamente una amplia apertura a la crítica y a la diferencia de opiniones, hará que se tome la decisión más adecuada. ¿Cómo hacer para tener una amplia apertura? En alguna oportunidad leí un texto de Jorge Luis Borges que hablaba de la ‘tolerancia a la imprecisión’. Una tormenta de ideas será efectivamente útil en la medida que los niveles de conocimiento de los aportantes sean cada vez más altos, de tal manera que la calidad del producto final mejore continuamente. Asimismo, en la medida que aquellos que reciben los aportes (opiniones) tengan la suficiente apertura para priorizar la búsqueda de la mejor solución, antes que una posición personal. Esto genera la necesidad de tener la suficiente capacidad de recibir opiniones, sobre todo aquellas que disienten de las nuestras, es decir, ser permisibles a otros criterios.

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Una típica arenga es la de “La unión hace la fuerza”. ¿Hasta qué punto se debe plasmar la idea, más allá de una frase poética? Considero que depende de las empatías y capacidades de asimilar de los componentes de una estructura organizacional. Cuando las decisiones y acciones se desenvuelven en escenarios con diversas aristas, los lazos de la ‘unión’ tienden a tornarse un tanto frágiles. No es lo mismo tomar una decisión o planificar en un ambiente de armonía, que cuando son palpables las tendencias a imponer opiniones personales. Entonces podemos inferir que es necesario potenciar las empatías de manera que se abran aún más las puertas de la comunicación y aceptación de puntos vista diferentes, y estos sean tomados en cuenta, más allá de la posición personal. Así también, enfocar los esfuerzos hacia un resultado óptimo en función de la unidad del esfuerzo. Pensamiento Conjunto Procedemos de una formación castrense similar. En tanto oportunidades y voluntades, también poseemos capacidades académicas adquiridas en uno u otro nivel. Somos parte de una estructura jerárquica vertical que permite el desarrollo de las operaciones militares con decisión y firmeza. Los primeros pasos en conjunto, basados inicialmente en la camaradería, cobran fuerza en la asunción de responsabilidades del día a día, que impactan directamente en la gestión. Ya existe la empatía, como mencionara anteriormente, solamente la potenciamos con la aceptación de opiniones diferentes. Algunos nos conocemos de otros escenarios y la mayoría ha desarrollado de manera natural, de la mano de la camaradería, el trabajo en conjunto. Con satisfacción podemos ver que esa camaradería, que en lo social se convierte en amistad, en lo profesional se fortalece como ‘unión’, ‘tolerancia a la imprecisión’, apertura a la crítica y a todo tipo de opiniones, asumir que los errores van a ser parte de la construcción de buenas soluciones, y trabajar para minimizar los impactos que generan las diferencias de paradigmas. Afortunadamente, ya se transita por ese camino trazado; cada vez más nos permitimos disentir, con el único objetivo de contribuir de la mejor manera a la toma de decisiones; al fin al cabo, nuestro trabajo es asesorar y planificar con la mayor exactitud posible.

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Cada día internalizamos más los conceptos de conjunto; los hacemos nuestros como parte de nuestros paradigmas; la Escuela Superior Conjunta es una clara muestra de ello. La modernidad nos obliga a actualizar nuestros conocimientos, con miras a enfatizar la necesidad de elevar nuestras capacidades. Tenemos que leer tanto temas culturales y recreativos, como los de interés profesional, tanto para adquirir mayores conocimientos como para mejorar el entendimiento de los diferentes textos y de los diferentes interlocutores. El lingüista Luis Jaime Cisneros, en una entrevista del diario El Comercio (23 feb 2008), mencionó, entre otras cosas, lo siguiente: ““…si …si tú no sabes leer, no comprendes. Si no comprendes no puedes explicar y si no puedes explicar lo que comprendes, para qué diablos hablas con el otro…”. En suma, estamos en condiciones de trabajar conjuntamente en la medida que mejore nuestra capacidad de, más que hablar, escuchar. Grata sorpresa nos da la interacción con los integrantes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En el día a día, con la simplicidad de las relaciones amicales que refuerzan lo profesional, con las ansias de adquirir nuevos conocimientos, con la amplitud en el tratamiento de los diversos temas, la sinergia del trabajo conjunto y las ganas y predisposición al trabajo en equipo.

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El Teniente Coronel Víctor Miranda Alfaro pertenece a la 92º Promoción de la Escuela Militar de Chorrillos “Mariscal Agustín Gamarra”. Primer jefe del Departamento de Medio Ambiente de la Dirección de Asuntos Civiles del Ejército (2005). Ha escrito los siguientes textos: Gestión Ambiental en el Ejército, Supervisión Ambiental para obras de Infraestructura realizadas en el Ejército. Tiene en preparación el libro: Mitigación de Impactos Ambientales en la Construcción de Carreteras. Es integrante del directorio de la Red Ambiental Amazónica Andina. Actualmente se desempeña como comandante del Batallón de Ingeniería de Combate Selva Nº 5. Realizó los siguientes Estudios: Curso Comando y Estado Mayor en la Escuela Superior de Guerra del Ejército, Maestría en Ingeniería en Gestión Ambiental, Licenciatura en Educación, Evaluación de Impactos Ambientales y Ordenamiento Territorial, Seguridad Nacional y Defensa Estratégica (CID), Estado Mayor Conjunto (ESGE-CAEN), Manejo y Negociación de Conflictos (CID), Gobierno Electrónico (OEA).

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LAS AMENAZAS AMBIENTALES Y SUS EFECTOS SOBRE LA DEFENSA Y SEGURIDAD Teniente Coronel EP Víctor Miranda Alfaro

Es hora de comprender lo que el medio ambiente es en realidad: el asunto de mayor importancia para la seguridad nacional en este Siglo. El impacto político y estratégico sobre el incremento vertiginoso de la población, la propagación de pandemias, la deforestación y erosión de los suelos, el agotamiento de los recursos hídricos, y la contaminación del aire. Estos son sucesos que probablemente provocarán migraciones en masa y, a su vez, incitarán los conflictos entre comunidades; serán el desafío y consolidarán variados intereses que afectan la seguridad nacional de un Estado. Resulta difícil entender la naturaleza de la amenaza ambiental cuando durante siglos los Estados han identificado y limitado las amenazas a la seguridad solo a los conflictos políticos y militares procedentes de otra potencia. Y, consecuentes con lo mencionado, la conducción de la seguridad y la defensa tradicionales se han orientado durante años casi exclusivamente a proteger al Estado de otro Estado. A partir del fin de la Guerra Fría, se observa un decrecimiento del peligro del conflicto militar inminente, quedando expuestos nuevos desafíos a la seguridad, tales como el terrorismo, el narcotráfico, preservación de los recursos naturales (agua), la degradación ambiental y la delincuencia organizada transnacional. Junto con la disminución de la amenaza de un conflicto interestatal, aparece un nuevo sistema de relaciones internacionales, que privilegia la resolución de las disputas internacionales mediante la confluencia más que por la coacción, en el que los Estados han visto disminuidos sus caracteres distintivos de soberanía y autodeterminación. Por tanto, las exigencias de seguridad estatal ya no se orientan prioritariamente a la protección de la soberanía, sino que deben ampliar su espectro, enfrentándose a otras dimensiones del problema de seguridad al haberse diversificado las amenazas.

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Estas nuevas amenazas a la seguridad en diversas situaciones han sido de tal magnitud que han alterado seriamente la estabilidad de los Estados, y llevan a reflexionar sobre el valor actual de los conceptos clásicos de seguridad y defensa, en la medida que no se adecuan a estas nuevas realidades. El concepto de seguridad después de la Guerra Fría se ha hecho mucho más difícil de definir al encontrarse en distintas áreas, además de la estrictamente militar. Si bien la seguridad hasta fines de los 80´ todavía se entendía dentro de un marco exclusivamente militar, es a partir de la década de los años 70 cuando se observa una tendencia a ampliar el concepto de seguridad, cuando como consecuencia del surgimiento de la crisis del petróleo, se comienza a emplear el concepto de seguridad económica. Más tarde, con el advenimiento de los accidentes nucleares y la frecuente presencia de desastres y fenómenos ambientales, como los cambios climáticos, se advierte la necesidad de extender el ámbito de la seguridad incluyendo esos fenómenos. Se crea así una nueva noción de lo que entendemos por seguridad; es decir, se comienza a nutrir el concepto de seguridad ambiental. Foster y Wise conceptúan las amenazas a la seguridad ambiental como: “Aquellas condiciones de degradación ambiental y escasez inducidas por el deterioro de los recursos naturales que directa o indirectamente ponen en peligro la seguridad”, las mismas que deben de valorarse por su contribución “a la intranquilidad social, violencia colectiva, conflictos interestatales o desestabilización en cualquier lugar del mundo donde intereses estratégicos importantes están en juego…”1 Actualmente, la Organización de Estados Americanos considera que la amenaza a la seguridad hemisférica, no solo se configura ante un riesgo provocado por una agresión o un conflicto armado, sino que peligra cada vez que se interrumpe el proceso constitucional en un país, o por la falta de control en el narcoterrorismo, o por la degradación del medio ambiente. Lo cual, sin duda, demuestra que las amenazas relativas a la seguridad medioambiental constituyen hoy un peligro tan grande para la paz como las amenazas militares lo fueron anteriormente.2 Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), integrar el medio ambiente y los recursos en las tareas de construcción de la paz ya no es una opción sino ‘un imperativo de seguridad’. Una de las áreas de trabajo 1 Foster, Gregory y Wise, Louise. “Sustainable Security. Transnational Environment Threats and Foreign Policy”, en Harvard International Review, Review, 1999, vol. XXI, No. 4. 2 Conferencia Especial sobre Seguridad Hemisférica, Declaración sobre Seguridad en las Américas,, párrafo dispositivo 6, y declarativos 40 y 41, México, 28 octubre 2003. Américas

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de este organismo es precisamente la recuperación medioambiental después de desastres y conflictos armados, un área en la que se ha invitado a la Comisión de Construcción de la Paz de la ONU a ser activa. Teniendo en consideración lo expuesto anteriormente, se puede apreciar que el tema de la seguridad cada día se relaciona de una manera más directa con el medio ambiente. Ocupa ahora un lugar expectante, que identifica la necesidad de articular políticas ambientales y económicas a escala internacional, pues el daño al medio ambiente es considerado como una seria amenaza a la seguridad de las naciones, afectando los intereses vitales de los estados. Simbiosis entre la seguridad y el medio ambiente Hay un impacto político y estratégico por el crecimiento vertiginoso de las poblaciones, la propagación de las enfermedades, la deforestación, la erosión de los suelos, el agotamiento de los recursos hidráulicos, la contaminación del aire, la minería artesanal y, posiblemente el aumento del nivel del mar en algunas regiones. Son amenazas que provocarán migraciones en masa y a su vez incitarán conflictos entre grupos étnicos, y será el desafío fundamental de la política exterior y estrategia. Si no se toman políticas de Estado a mediano y largo plazo, posiblemente surgirán otras amenazas para las poblaciones y consolidarán variados intereses, los cuales afectarán la seguridad nacional de cada Estado. El número y el costo de los desastres naturales, tormentas, sequías e inundaciones han venido aumentando paulatinamente a través del último medio siglo. Aún no se ha podido determinar con exactitud cuánto de este fenómeno es resultado de las actividades humanas. El creciente y excesivo uso de recursos está trayendo nuevas tensiones. Si bien las guerras son tan antiguas como la civilización, su número varía de año en año. Con frecuencia cada vez mayor están ocurriendo conflictos dentro de los países, y a menudo son impulsados por factores medioambientales como la desertificación, la deforestación o la competencia por recursos, que acrecientan el nivel de pobreza y provocan con mayor frecuencia las migraciones ilegales. Esto podría difundirse internacionalmente, puesto que los recursos están haciéndose cada vez más escasos y más discutidos. Para el 2025, es probable que dos tercios de los habitantes del mundo vivan en países con escasez de agua. Por otro lado, las reservas de combustible fósil restantes están concentradas cada vez más en algunos países, por lo general no en aquéllos con la mayor demanda. La

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producción de alimentos por persona se ha estabilizado y las existencias son más escasas.3 Teniendo en consideración lo expresado, se puede apreciar que el tema de la seguridad cada día tiende a relacionarse de manera directa con el medio ambiente, ocupando un lugar preferente que identifica la necesidad de articular políticas ambientales y económicas a escala nacional, regional e internacional. Por ello, el daño al medio ambiente es considerado como una seria amenaza a la seguridad de las naciones, afectando los intereses vitales de los estados. La protección del medio ambiente no es un problema sectorial La protección del medio ambiente ha cobrado una nueva dimensión en el estudio del Potencial Nacional y la Realidad nacional. El conocimiento básico en que se sustenta la formulación de la concepción de seguridad tradicional, es la aceptación generalizada de que Poder nacional, Potencial nacional y Realidad nacional, aceptan por razones didácticas su división en factores, expresiones o dominios denominados político, económico, psicosocial y militar. El medio ambiente no acepta esta división, no puede constituirse en un factor, sector, componente o dominio del Poder nacional o Realidad nacional. Los temas ambientales constituyen una dimensión inseparable de la vida social; en consecuencia, se deben asumir en su conjunto como problemas de política general y no sectorial o de dominio. El tema ambiental resulta así que, no puede ni debe ser ignorado en la for mulación de una política de desarrollo y seguridad, la que tiene que diseñarse en el marco de un nuevo binomio: Hombre - Naturaleza. Actividades que afectan los recursos naturales Los cambios medioambientales provocados por el calentamiento global no solo afectan las condiciones en que deben vivir las personas de cada zona, sino que pueden a su vez generar efectos sociales mayores, amenazando las infraestructuras de la sociedad o induciendo respuestas sociales que agraven el problema. La tensión socioeconómica asociada a la política, puede minar el funcionamiento de las comunidades, la eficacia de las instituciones y la estabilidad de las estructuras sociales. Estas condiciones degradadas pueden conducir a disturbios sociales, sobre todo en países en los que exista una gran brecha económica entre ricos y pobres, e incluso degenerar en un conflicto armado. Aunque el cambio climático es un 3

Geoffrey Lean. “De un vistazo: la seguridad del medio ambiente”. Disponible en http:// ourplanet.com/imgvern/1 54/Spanish/glance.html

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factor potencial de creación de conflictos, también puede tener efectos contrarios si empuja a las naciones hacia una actitud más cooperativa, al entenderse que se trata de una amenaza común que requiere de acciones conjuntas. La historia ha demostrado cuán dependientes somos los humanos de un estrecho margen de variabilidad climática, en lo que se refiere al promedio de temperatura y de lluvia. Las grandes civilizaciones de la humanidad comenzaron a florecer después de la última edad de hielo, y algunas desaparecieron debido a las sequías y a otros cambios adversos del clima. Por ejemplo, la llamada ‘Pequeña Edad de Hielo’ en el hemisferio norte, que duró de 1645 a 1715, fue causada por una caída de la temperatura media de menos de un grado Celsius, y pese a tan sutil descenso las consecuencias fueron muy graves en diferentes partes de Europa. Las calamidades incluyeron pérdida de cosechas, la población disminuyó, los conflictos militares y los disturbios se hicieron más frecuentes como consecuencia de esas privaciones, como ha sugerido un estudio empírico reciente. Sin embargo, como la historia ha demostrado, los seres humanos somos muy capaces de adaptarnos a las condiciones climáticas cambiantes mientras estos cambios sean moderados. El desafío es, por tanto, frenar la dinámica del sistema climático y estabilizarlo en niveles que no lleguen a ser peligrosos. El impacto de las guerras sobre el medio ambiente La mayor parte de los conflictos armados que tienen lugar en el mundo son guerras civiles que se libran con armas ligeras entre múltiples grupos armados irregulares. Tienen lugar en Estados frágiles, ubicados en la periferia de los sistemas internacionales y condenados a una situación de exclusión y dependencia económica. El noventa por ciento de las víctimas son personas que no tienen nada que ver en estos problemas. Con el final de la Guerra Fría, los bandos que disputaban en estos conflictos dejaron de recibir financiamiento internacional directo y se vieron obligados a financiar la guerra con recursos locales, en su gran mayoría ilícitos (drogas, saqueos, extorsión, etc.). En este contexto de escasez, los recursos naturales del país se convierten en el objetivo de los contendientes; puede tratarse de bienes legales, pero explotados y vendidos de manera ilegal (como diamantes en Sierra Leona, maderas tropicales en Liberia, oro en la República Democrática del Congo). O ilegales (como la coca en Colombia o el opio en Afganistán). Expoliar los recursos naturales permite financiar y perpetuar la guerra. Si bien es cierto todos estos productos tienen un valor alto en los mercados de países desarrollados, también es cierto que son explotados y vendidos sin control, intercambiados por armas que permiten generar economías de guerra en las que numerosos actores

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obtienen cuantiosos beneficios. Las guerras, aunque sean intraestatales, tienen numerosas conexiones transnacionales, ya sean políticas o netamente económicas, las mismas que actúan con la complicidad de actores que están fuera y encubiertos bajo fachadas de empresas multinacionales, trafican armas y drogas, etc. Si los efectos del cambio climático no se frenan y la sequía avanza en amplias zonas del mundo, todos estos factores se agudizarán: el hambre, los desplazamientos masivos de población, el desequilibrio y los conflictos. Por consiguiente, es necesario regular el uso de los recursos en el marco de las guerras y fuera de ellas, para lo cual son importantes todas las iniciativas para controlarlas, por ejemplo el comercio de diamantes, la transparencia en las ventas de petróleo, el control exhaustivo de la producción de coca. De esta manera, se garantiza que no contribuyan a financiar conflictos. Sin embargo, también es necesario reducir algunas de las principales causas del calentamiento global, como el consumo de combustibles fósiles, la pérdida de biodiversidad, e impedir el comercio de armas en zonas que están en conflicto o son muy inestables. Estas son las grandes amenazas del futuro que no pueden abordarse por separado, de lo contrario el día de mañana será aún más conflictivo. Efectos de la guerra moderna Al detenernos a examinar los peligros que ofrecen las armas y la tecnología de guerra moderna para el hombre y su medio ambiente, conviene distinguir los siguientes: - Efectos indirectos o accidentales de la guerra sobre el medio ambiente, lo que llamamos ‘daños colaterales’. - Efectos directos o deliberados de la guerra. - Efectos de las actividades militares no bélicas. Efectos indirectos o accidentales de la guerra sobre el medio ambiente El empleo de la fuerza esta reconocido por el derecho internacional en los casos de legítima defensa, a condición de que vaya dirigido contra un objetivo militar. Ahora bien, un ataque efectuado con armas y técnicas modernas no debe afectar a la población civil sin distinción y, de igual manera, acarrear al medio ambiente daños extensos y duraderos, teniendo en cuenta la alta precisión que se busca obtener. A pesar de las disposiciones del derecho internacional y de la legislación nacional existente dirigidas a limitar los efectos de los mencionados ataques, estos producirían

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graves deterioros accidentales al medio ambiente. Más aun si tenemos en cuenta que los agentes destructores actuales tienen mucho mayor poder de fuego que en la Segunda Guerra Mundial. Efectos directos o deliberados de la guerra sobre el medio ambiente Ciertas técnicas de guerra consisten en debilitar las fuerzas armadas del enemigo, destruyendo sus medios de subsistencia y también los de la población civil, a fin de negarles abastecimientos o afectar el comportamiento político del adversario. Estas técnicas son en particular las siguientes: bloqueo, destrucción de zonas forestales, cosechas, canales de irrigación, destrucción de viviendas y redes de comunicación e instalaciones sanitarias. El medio ambiente del territorio del enemigo pasa a ser el blanco directo del ataque; en otras palabras, ‘una guerra contra el medio ambiente’. De igual manera que el caso anterior, esos territorios pueden también quedar sembrados de artefactos destructivos para el futuro, ya sea deliberadamente -para negarle el movimiento al enemigo4 o accidentalmente, cuando el artefacto destructor no detonó y queda como un peligro latente en el futuro, tanto para la población como para el medio ambiente. Efectos de las actividades militares no bélicas sobre el medio ambiente Sin estar dirigidas deliberadamente contra una fuerza enemiga o contra el medio ambiente, hay ciertas actividades militares que, sin embargo, tienen efectos nocivos. Cabe señalar en particular la contaminación del medio ambiente debido a la producción de armas nucleares o clásicas o de otros materiales militares, la utilización de los suelos y las materias primas con fines militares. Asimismo, los daños provocados por los ensayos del armas nucleares o clásicas y las maniobras de las tropas en entrenamiento y accidentes que pudieran ocurrir donde estuviera presente algún armamento o equipo para fines militares. El medio ambiente como arma. Dentro de los muchos objetivos que podemos encontrar en un conflicto bélico, está la posible destrucción en masa para doblegar al enemigo y que desista de sus propósitos; a veces es necesario ser contundente en el golpe que se da, ocasionando 4 Dichos artefactos ya están prohibidos por la ley internacional de la guerra por su efecto en el futuro. Convenio de Ginebra. Disponible en http://www.cicr.org/web/ Spa/sitespa0.nsf,Capitulo 2, seccion3

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un sinnúmero de bajas, y lo más seguro ocasionando una gran destrucción del medio ambiente, aún mas si ha sido manipulado para tal propósito. Entre los años 1967 y 1972, en los EEUU procedieron a hacer el primer uso en la historia de técnicas de modificación ambiental, en el marco de la Guerra de Vietnam, en una operación secreta que fue desclasificada bajo la presión del Congreso Estadounidense siendo entregado a esta el 19 de mayo de 1974. La operación se llevó a cabo bajo el código “Operación Popeye” como una misión militar secreta, que se efectuó sobre los territorios de Camboya, Laos y Vietnam del Norte y Sur, abarcando un lapso de tiempo de nada menos que cinco años, entre 1967 y 1972, consistiendo en ‘sembrar nubes’ e inducir lluvias, siendo el objetivo militar dificultarle el movimiento de recursos y tropas a los vietnamitas del Norte y al Viet Cong; el origen de los extremadamente fuertes tifones y de las torrenciales lluvias ocurridas en 1971 en Vietnam del Norte, se relacionaron con dicha operación5.

http://www.sunshine-project.org/enmod/US_Congr.html

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En 1976 se suscribió en el marco de las Naciones Unidas el empleo de dichas prácticas, arrojando como resultado el convenio de ENMOD, donde se hace la prohibición de cualquier técnica de modificación del medio ambiente, de naturaleza militar u hostil.6 Cabe señalar que aún hay países con esta clase de capacidades, teniendo en consideración sus altos niveles de tecnología desarrollada y su empleo, dependerá de los intereses políticos y nacionales que tengan para la utilización de dichos dispositivos Deterioro del medio ambiente como fuente generadora de conflictos En la mayoría de los casos, los objetivos de los conflictos armados son objetivos prácticos, para controlar el acceso a recursos naturales como agua, petróleo, gas, diamantes, esmeraldas y madera. Todos aquellos que usan recursos de la tierra y otros, como agricultores, leñadores y pescadores con sus propios intereses, el control de un recurso natural por parte de uno evita que otros puedan usarlo de forma diferente. Los conflictos de intereses pueden convertirse en conflictos abiertos. Cuando la población y el consumo aumentan, también aumenta la presión sobre el uso de los recursos naturales. Resolver conflictos para ganar su uso por la fuerza es un atajo preferido por quienes se encuentran en posiciones fuertes. El informe World Development Report 20037 del Banco Mundial, anunció que el crecimiento insostenido está estrechamente asociado con recursos de fuente puntual y conflictos civiles, cuando las pautas de producción e ingreso están concentradas. Así ocurre cuando el gobierno controla los ingresos de la extracción de los combustibles o minerales y se abren oportunidades para actividades de financiamiento sin examen de los contribuyentes. Se trata de rentas fáciles de apropiar que debilitan la gobernabilidad y aumenta la corrupción en las instituciones y la búsqueda de renta de interés personal, todo lo cual impide el crecimiento económico. Es por ello que surgen grupos rivales, ansiosos de tener su propia parte de este modo: una ‘maldición de recursos’ puede sumir a un país en un conflicto armado. Se estima que la población del mundo se incrementará de los 6 400 millones actuales a 7 900 millones para 2025, y 9 300 millones de habitantes para 2050. Unos 5 200 millones de los 6,4 millones de habitantes de hoy viven en países en desarrollo y sus cifras aumentarán a 8 mil millones en 2050. Sus necesidades de 6 Disponible en http://www.cicr.org/web/Spa/sitespa0.nsf, Capítulo II, sección 2 7 Disponible en http:// http://www.econ.wordlbank.org www.econ.wordlbank.org

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desarrollo están creciendo mientras las riquezas naturales de sus territorios continúan siendo las mismas, creando por consiguiente el potencial para conflictos abiertos. 8 En la actualidad, se viene poniendo de moda el concepto de ‘seguridad y medio ambiente’ para definir una nueva clase de libertades negativas, tales como la escasez de agua, energía, contaminación, desastres naturales e industriales, falta de los servicios esenciales ofrecidos por los ecosistemas y de otros recursos vitales. Cuando tales inseguridades son suficientemente altas, pueden ocasionar migraciones que en sí mismas son fuentes de mayor inseguridad y por lo tanto en conflictos. La preocupación por tales fuentes de inseguridad medioambiental ha venido incrementándose desde hace una década, en círculos de política exterior y de defensa. En 1996, el entonces secretario de Estado de EE.UU., Warren Christopher, expresó: “Nuestra capacidad de avanzar nuestros intereses mundiales está inexplicablemente vinculada con la forma como manejamos los recursos naturales de la Tierra, el enorme peligro nuevo planteado a nuestros intereses nacionales por la amenaza al medio ambiente y la inestabilidad mundial y regional resultante”. Esta es una manifestación del reconocido uso indebido y el despilfarro de recursos que actualmente se está haciendo en la primera potencia mundial, y como gran consumidora de recursos de toda índole, propios y externos. Nos lleva a reflexionar sobre la forma de vida que el ser humano está llevando, y concientizarnos sobre la forma en que debemos aprovecharla mejor para el futuro. Se podría considerar que el deterioro del medio ambiente siempre ha estado ligado de manera directa a la seguridad, pues la amenaza no solo proviene de los efectos resultantes de un conflicto, sino que también se relaciona con el desarrollo de los pueblos. Sobre todo, considerando que no todos los recursos son renovables y los que son dependen mucho de la conciencia y cultura de sus habitantes, cuando la recuperación del daño al medio ambiente puede amenazar la estabilidad e inclusive la existencia misma de un Estado. Mathews9 sostiene que “Los excesos ambientales que trascienden los límites nacionales ya han comenzado a romper los límites sagrados de la soberanía nacional, 8 Emil Salim, ex ministro para el medio ambiente de Indonesia y profesor del curso para posgraduados sobre el medio ambiente en la Universidad de Indonesia, Venciendo “la maldición de los recursos”, explica que hace falta un desarrollo medioambiental, social y económicamente sostenible para evitar conflictos por recursos. Disponible en http://ourplanet.com/imgversn/15 http://ourplanet.com/imgversn/1554 54/Spanish/salim.htm /Spanish/salim.htm 9 Mathews, Jessica. “Redefining Security”, Foreign Affairs Affairs,, vol. 68, No. 2, 1989.

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previamente debilitados por las revoluciones ocurridas en la información y las comunicaciones y por el movimiento global e instantáneo del capital financiero. La débil línea que dividía la política externa y nacional ha sido eliminada, obligando a los gobiernos a enfrentarse en foros internacionales con problemas que ya fueron debatidos ampliamente en la arena nacional”. La actividad humana global y sus consecuencias generales en el medio ambiente, traspasan las fronteras de los Estados y se constituye en un nexo invisible que vincula todos los problemas ambientales. Los resultados de las alteraciones a la atmósfera, los océanos, los suelos, el clima, entre otros, son transnacionales. Por ejemplo, la explotación irracional de los recursos naturales, la producción y el derrame de sustancias químicas tóxicas, la propagación de gases contaminantes que afectan la capa de ozono y propician el efecto invernadero, la erosión de los suelos y la generación de desechos peligrosos, la deforestación de bosques y la pérdida de especies. Configuran desórdenes ambientales que, en el marco mundial, incidirán inexorablemente sobre la salud humana, el hábitat y la economía.

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General de División (r) Francisco Morales Bermúdez Cerrutti. Ingeniero militar. Escuela Militar de Chorrillos, con Espada de Honor. Graduado en la Escuela Superior de Guerra Argentina, 1957-58. Integrante de la XVII Promoción del CAEM. National War College, USA (1961). Con el grado de teniente coronel inició la construcción de la carretera que desde el actual distrito de Pedro Ruiz Gallo llega a Rioja y Tarapoto. Ha sido jefe del Estado Mayor General del Ejército y comandante general del Ejército, ministro de Hacienda y Comercio, de Guerra y de Economía y Finanzas. Miembro de la Corporación Hidroeléctrica del Mantaro. Con el grado de coronel reorganizó el Registro Electoral del Perú (1962-63). Gobernador del Banco Interamericano de Desarrollo (1969-73). Luego del golpe de Estado de 1968, bajo el mando del general Juan Velasco Alvarado, fue nombrado jefe del Estado Mayor General del Ejército, cargo que ejerció desde 1969 hasta 1974. Fue presidente del Consejo de Ministros y ocupó la cartera del Ministerio de Guerra durante los años 1974 y 1975. Y, desde febrero de 1975, fue comandante general del Ejército. Desde el 30 de agosto de 1975, presidente de la República del Perú, como jefe de Estado en la Segunda Fase del Proceso Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Convocó a elecciones democráticas el año 1980 y el 28 de julio de ese año entregó la presidencia. Ha sido catedrático del CAEN de 1981 a 1998. Conferencista en seminarios y foros en el país y en el extranjero. Es autor de los libros: Proyecto Nacional (1982), Autoritarismo y democracia (1989), Pensando en el Perú (1999) y Filosofía militar: el pensamiento clásico y su evolución (2000). Actualmente preside el Centro de Estudios de la Realidad Peruana, que fundó el año 1989.

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ARMAMENTISMO Y DISUASIÓN EN SUDAMÉRICA General de División EP (r) Francisco Morales Bermúdez Cerruti

Las causas que originan el armamentismo en Sudamérica siguen todavía siendo territoriales, pero también políticas, económicas e ideológicas, a las que se suman los ‘efectos de demostración’ que arrastra la tecnología militar moderna, originada en los países industrializados. Los rápidos avances que se han producido en la ciencia y la tecnología, sobre todo en electrónica, telecomunicaciones, computadoras y energía dirigida como los rayos láser, han hecho posibles sistemas muy complejos, con notable incremento de su costo de producción y de mantenimiento, incluyendo la necesidad de alta calificación del potencial humano para su empleo y conservación. Así como es impracticable detener la innovación y producción de la tecnología militar en los países industrializados avanzados, también es difícil eliminar su influencia en las Fuerzas Armadas de Sudamérica. A menos que se establezca un acuerdo regional efectivo, en el cual colaboren decididamente los países productores de armas, principalmente EE.UU., la Federación de Rusia y la Unión Europea. Hasta ahora, las exhortaciones a la limitación de armamentos que se hacen tenuemente en las reuniones políticas de alto nivel, solo son expresiones de deseos con muy escaso efecto práctico. Como las posibilidades de enfrentamiento están siempre presentes y no existe un mecanismo de seguridad colectiva que sea eficaz en el continente, uno de los principios más importantes en este contexto es el derecho a la ‘legítima defensa’. Y no cabe aceptar la limitación de armamentos en medida apreciable, sino en el caso de crearse en la Región un sistema de seguridad que tenga en cuenta además, el contexto global internacional. Es indudable que la corriente armamentista en Sudamérica disminuiría si se fortaleciera el débil sistema jurídico internacional y la OEA, si se incrementaran las ‘medidas de confianza mutua’ entre los países y si se desarrollaran mejor los

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procesos de cooperación militar subregional. Conjuntamente con lo anterior, los países sudamericanos deberían constituir un bloque que, sin disminuir sus relaciones de intereses con los otros países del continente, signifiquen una corriente subcontinental que sea compatible con las nuevas tendencias económicas y políticas que están surgiendo en el siglo XXI. Daría lugar a una nueva realidad estratégicapolítica: la Unión de Naciones Sudamericana (UNASUR), ya constituida desde el año 2007, pero todavía no cimentada sobre bases estables y sólidas. Avanzar en el desarrollo de este tipo de medidas es fundamental para poder enfrentar cooperativamente y con éxito, los desafíos globales y hemisféricos que individualmente ningún país aislado de Sudamérica podría vencer. Lamentablemente, esta posibilidad se viene perdiendo debido a los radicalismos ideológicos de los gobiernos de determinados países, lo que impide la constitución de una base política común que sirva de sustento al sistema. Solo así se podrá limitar el armamentismo, cuyo exceso obstaculiza la capacidad económica que debe aplicarse a una estrategia social, limitándolo a lo indispensable que se requiere para obtener una apropiada ‘capacidad disuasiva’. Evitaríamos así también, la situación alarmante que se crea cuando algún país del área se orienta hacia un intenso y constante incremento de su potencial militar, y que este alcance límites muy superiores a los necesarios para su propia defensa. Es evidente que un desarrollo excesivo de la capacidad militar de un Estado, en relación con sus probables rivales, lejos de contribuir al mantenimiento de la paz, será un factor de desestabilización que la pondrá en peligro y que puede alimentar una ‘carrera armamentista’. En estas consideraciones estamos prescindiendo del factor nuclear, primero por el hecho de que los países del subcontinente se han comprometido al uso pacífico de la energía nuclear (Tratado de Tlatelolco), y porque pensamos que aún los más avanzados en este campo no están en condiciones de su empleo bélico, y si lo estuvieran, ya estarían en situación de ser sometidos al control de las grandes potencias y del Organismo de Control de las Naciones Unidas (el caso de Irán en el Medio Oriente). Las limitaciones cualitativas y cuantitativas de armamentos que pudieran establecerse podrían dar lugar a una menor capacidad para emprender acciones ofensivas y a una reducción de los presupuestos de Defensa, en especial en los países que tienen los mayores gastos en armamento, con efectos beneficiosos de largo alcance en las condiciones económicas y sociales. Los países y sus Fuerzas

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Armadas deben estar convencidos de que las propuestas en este campo no sean discriminatorias, y que el trato sea equitativo en unos casos e igualitario en otros. Por todo ello, creo que es necesario que en la UNASUR se vaya formando conciencia de ‘limitar armamentos’, con el esfuerzo mancomunado de todos los países del área, compatible con criterios mínimos de seguridad nacional y seguridad subcontinental. Hay que ir fortaleciendo la idea, aún inmadura, de que Sudamérica se convierta en Zona de Paz, según un tratado en el cual se precisen normas concretas de cumplimiento obligatorio y cuyo incumplimiento merezca la sanción efectiva de la comunidad de países que la conformen. La condición indispensable para lograr un acuerdo eficaz de ‘limitación de armamento’, es que refleje y estabilice un equilibrio de poderío militar que los países del área consideren satisfactorio y preferible a un equilibrio que podría resultar de una competencia irrestricta de armamento. Ese equilibrio debe expresarse según el concepto de ‘paridad militar’ ó ‘paridad de opciones’, referido a la relación de fuerzas o ‘potencia combativa relativa’, en que ninguno tenga una ventaja absoluta tal que amenace la seguridad del otro u otros, y que ninguno carezca de una capacidad de represalia asegurada. La disuasión, así considerada, puede facilitar el proceso de limitación de armamentos, a pesar del progreso tecnológico y la existencia de otros factores políticos, geográficos, económicos y doctrinales. Pero, para que la disuasión sea realmente un concepto defensivo y tenga límites definidos, a pesar del desarrollo de la tecnología militar, es necesario preconizar un concepto de estrategia que permita desalentar toda escalada, en lugar de posibilitar que alguna de las partes esté en condiciones de destruir o aniquilar a la otra. En esto, indudablemente, juega un papel importante la transferencia de tecnología y la exportación de armamentos que realizan las potencias industrializadas, que equivale a aproximadamente al seis por ciento de las importaciones totales que realizan los países en desarrollo. La ‘disuasión’ esta íntimamente conectada, por definición, con las posibilidades de un conflicto. En ese contexto, es lógico y razonable que un Estado aspire a disuadir a un potencial adversario de atacarlo, mediante el desarrollo de una capacidad militar que haga costoso ese ataque en relación con sus eventuales beneficios. La disuasión es política y militarmente defensiva, en el sentido de que tiene por objeto desalentar la agresión y no entraña ninguna amenaza, a menos que se produzca una agresión. Siempre deben prevalecer en materia de disuasión, criterios de razonabilidad y de proporcionabilidad.

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La situación general que hoy se vive en el marco de los países sudamericanos, hace que en el campo convencional, la ‘limitación de armamentos’ resulte un asunto sensible, delicado y difícil, por sus implicaciones en el balance de poder, en las políticas de seguridad, en la percepción de amenazas y en la conducción política de cada país. Otros factores que influyen son: las amenazas internas (terrorismo, narcotráfico, etc.), los diferentes rumbos ideológicos, los todavía pendientes diferendos fronterizos, la debilidad de los organismos internacionales como la OEA, la proyección nacional de cada país, y el grado de desarrollo tecnológico que han alcanzado determinados países en la fabricación de armas convencionales y su exportación. Una limitación en este último rubro afecta sus intereses estratégicos proyectados en una imagen de potencias regionales, como el caso muy especial del Brasil. Brasil es el primer exportador de armas en Sudamérica. Argentina había logrado un desarrollo avanzado en el campo de la misilería. Chile tiene convenios y acuerdos con las industrias de Francia, Reino Unido, Bélgica, Holanda y China, que le permiten acceder a la más moderna tecnología. Considerando los cambios ocurridos en el mundo y en la misma región Sudamericana, reconociendo un creciente nivel de interacciones, es que las principales hipótesis a mediano plazo están referidas principalmente a escenarios de tensión y antagonismo. En ellos pueden aparecer elementos de fuerza como parte del manejo de crisis o el conflicto. No obstante, la posibilidad de escalada y la posibilidad de pérdida del control que conduzca a situaciones prebélicas, son variables que deben ser consideradas en el contexto general de la conducción política y de las apreciaciones estratégicas. Identificar de manera precisa el escenario de crisis potencial y de posibilidad de conflicto, permite operar de manera eficiente las ‘capacidades disuasivas’, con economía de recursos humanos y materiales, para hacer desistir a cualquier potencial adversario de un propósito agresivo contra intereses fundamentales del EstadoNación. La alternativa es basar la defensa de los intereses militares en acuerdos internacionales eficaces. Un balance adecuado entre ambas alternativas puede reducir el costo de la defensa. Es importante destacar que la ausencia de un acuerdo de limitación o control de armamentos en Sudamérica, da lugar a que los países consideren y enuncien actitudes defensivas al mismo tiempo que aumentan cada vez más su capacidad ofensiva. Llegan en algunos casos a tener más armamentos de los que necesitan para defenderse, lo cual ocasiona una ‘carrera armamentista’ que puede conducir al logro

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de una paridad estratégica sin un límite visible, cuyo costo se reflejará necesariamente en las posibilidades de desarrollo y en la inestabilidad regional. Para evitar que todo esto ocurra, se necesita establecer reglas apropiadas de cumplimiento obligatorio, manejadas por una institución permanente aceptada por todos los países de la subregión, a fin de que se puedan mediar y conciliar los intereses de las partes. Esta institución podría ser el Consejo de Defensa Sudamericano de UNASUR, creado en Salvador de Bahía, Brasil, el 16 de diciembre del 2008. ¿Podrá ser esto una realidad? Pienso que sí, cuando los gobernantes de nuestros países tengan una clara visión de futuro y eviten caer en proyectos individualistas que, en un mundo cada vez más interdependiente, deforman la realidad de una verdadera y necesaria integración.

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El Contralmirante Jasón Saavedra Paredes es calificado en Guerra de Superficie e Ingeniería Naval. Es graduado en la Escuela Superior de Guerra en el Curso de Guerra Naval y Curso Básico de Estado Mayor y en la Escuela de Guerra de la República Argentina en el Curso de Comando y Estado Mayor. Ostenta el grado de Magister en Administración Marítima, Portuaria y Pesquera de la Escuela Nacional de Marina Mercante “Miguel Grau”. Su servicio a bordo lo ha prestado en el Crucero Ligero Misilero B.A.P. Almirante Grau,, Destructor Misilero B.A.P. Palacios Grau Palacios,, Destructor Antisubmarino B.A.P. Gálvez,, Transporte de Petróleo B.A.P. Bayóvar, Patrullera B.A.P. Río Chillón Gálvez Chillón.. El año 2005 ejerció el Comando del B.A.P. Almirante Grau. Ha prestado servicios en diferentes dependencias de la Marina, ocupando entre otros los siguientes cargos: Jefe de la División de Formación Física en la Escuela Naval, Jefe de la Escuela de Reclutas de la Segunda Zona Naval, Oficial de Personal en el Estado Mayor General de la Marina, Gerente de Clientes Particulares del Servicio Industrial de la Marina SIMA – CALLAO, Jefe de Operaciones y Jefe de Logística en el Estado Mayor de la Comandancia General de Zonas Navales y Subdirector de la Escuela Naval del Perú. El 1 de enero de 2008 ascendió al grado de Contralmirante y asumió la Dirección Ejecutiva de los Servicios Industriales de la Marina (SIMA PERU), cargo que desempeña actualmente. Ha escrito diversos artículos para la Revista de Marina, entre ellos el ensayo ganador del concurso por su Centenario, titulado “Estrategia Para Potencias Navales Medianas Frente al Nuevo Orden Mundial” y es colaborador de la Escuela Superior de Guerra en la Cátedra de Estrategia.

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ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA GUERRA DE 1879 Contralmirante Jasón Saavedra Paredes La Confederación debe desaparecer por siempre jamás del escenario de América. Diego Portales, 10 de setiembre, 1836

La frase anterior revela por sí sola las razones que llevaron a Chile a enfrentarse y disolver la Confederación Perú-Boliviana. Las mismas motivaciones estuvieron presentes en 1879 cuando Chile inició la guerra más larga, cruenta y devastadora en la historia del continente: disolver una alianza entre Perú y Bolivia y obtener la hegemonía en el Pacífico Sur. Sin embargo, las causas visibles para iniciar las hostilidades estuvieron referidas a la posesión de las salitreras ubicadas al norte del paralelo 26º S en el desierto de Atacama, donde Chile tenía intereses económicos y donde, además, la población era mayoritariamente chilena en un ochenta y cinco por ciento. Si bien el tratado del 1874, complementario al de 1866, reconocía la soberanía de Bolivia sobre dicho territorio, eximía de nuevos impuestos a las empresas chilenas por 25 años. El controvertido presidente boliviano Hilarión Daza dio a Chile el pretexto que necesitaba para iniciar la guerra, cuando en 1878 gravó con un nuevo impuesto de 10 centavos por quintal a las empresas chilenas explotadoras del salitre. Chile respondió ocupando Antofagasta en febrero del 79 y Bolivia le declaró la guerra. Chile después declaró la guerra al Perú, cuando este no estuvo en aptitud de demostrar su neutralidad y la inexistencia del tratado secreto firmado con Bolivia el 6 de febrero de 1873. Este ensayo, basado estrictamente en bibliografía de autores chilenos para darle mayor objetividad y evitar sesgos, analiza desde una perspectiva política cómo a lo largo de los cinco años que duró la guerra, los objetivos políticos de Chile fueron cambiando. Haciendo un gran esfuerzo el análisis transcurre en la abstracción de la gran estrategia sin descender a lo operacional ni táctico, pese a ser tentador. Debo precisar que este no es un trabajo histórico, sino más bien estratégico, y como dije, sobre esa perspectiva se desarrolla, recurriendo a hechos históricos y citando autores chilenos cuando hacerlo contribuye al estudio. A manera de colofón evidencia una analogía entre la historia y la situación actual así como con el futuro cercano.

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De la bibliografía consultada y del propio análisis, he identificado cuatro momentos en el devenir de la guerra, en los cuales los objetivos políticos de Chile se modifican. Estos son: 1. Hasta la ocupación de Antofagasta. 2. Con la declaratoria de guerra al Perú y Bolivia. 3. Después de las negociaciones tripartitas en la corbeta Lackawanna. 4. Durante la ocupación de Lima. Paso a analizar cada uno de estos momentos, haciendo una explicación y los comentarios pertinentes dentro del contexto histórico en el que se realizaron.

LOS CUATRO MOMENTOS EN EL DEVENIR DE LA GUERRA Objetivo político de Chile hasta la ocupación de Antofagasta El tratado de 1866 suscrito entre Chile y Bolivia (Covarrubias - Muñoz) establecía la medianería en el paralelo 24º, es decir, el límite quedaba en los 24º de latitud Sur, y ambos países se repartían a iguales partes las utilidades de la explotación del guano y minerales entre los paralelos 23º y 25º. El tratado de 1874 sustituía el anterior, quedando el límite de acuerdo a lo establecido en 1866 y renunciando Chile a su participación de las ganancias sobre la explotación de metales, a cambio de no pagar impuestos adicionales a la explotación del salitre por un periodo de 25 años. En 1876, la situación que enfrenta el presidente Aníbal Pinto cuando releva en el mando a Errázuriz, era complicada. Había una crisis económica que alcanzaba a toda la región producto de la caída del precio del salitre, una situación tirante con Argentina por la Patagonia y los problemas con Bolivia por la medianería entre el paralelo 24º. Cuando Chile invade Antofagasta el 14 de febrero de 1879, lo hace en represalia al impuesto de 10 centavos sobre el quintal de salitre que impone Hilarión Daza, aduciendo que ese acto constituía el desconocimiento por parte de Bolivia de ambos tratados, aunque algunos historiadores consideran que este fue un pretexto, cuando en realidad lo que buscaba el gobierno de Chile era la cohesión interna ante la crisis que enfrentaba. Chile pretendía entonces con la invasión una reivindicación territorial sobre Bolivia hasta el paralelo 23º y esperaba la mediación del Perú, así lo demuestran

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las instrucciones que el presidente chileno Aníbal Pinto redactó el 21 de febrero de 1879 a su plenipotenciario en Lima. Propender a ese elevado fin es la misión que por su situación y estrechas relaciones con Chile y Bolivia le corresponde al Perú. [Se refiere a la mediación] Aunque estamos todavía muy lejos de la solución del conflicto, creo que una vez en el litoral nos será imposible abandonarlo. La población en este territorio es como usted sabe en su gran mayoría chilena, y chilenos son en su totalidad los intereses radicados en él. A esto se agrega que la cesión que de ese territorio hicimos a Bolivia nunca fue aprobada por la opinión de este país. Devolver a Bolivia el territorio entre los 23º y 24º sería considerado aquí como la entrega de una de nuestras provincias a una potencia extranjera. La única solución posible sería un arreglo en el que nosotros quedásemos dueños de ese territorio en compensación de alguna suma de dinero. Sería la única solución que restableciese de una manera estable y cordial las relaciones entre uno y otro país. (Bulnes, 1959, p. 95) Como vemos, en aquella instancia, el objetivo político de la guerra no incluía al Perú, estuvo limitado a la apropiación del territorio boliviano hasta el paralelo 23º sur, a cambio de ofrecer una compensación económica a Bolivia, Bolivia, tal como lo demuestra también el telegrama del primer gobernador chileno de Antofagasta, Nicanor Zenteno, remitido cinco días después del desembarco: “Todo el territorio comprendido entre el paralelo 23º y 24º, de mar a cordillera, ha sido ocupado en nombre de la República”. (Encina y Castedo, 1970, p. 1413) En todo caso, podríamos agregar como objetivo político también la cohesión interna ante la crisis que enfrentaba Pinto. Objetivo político de Chile con la declaratoria de Guerra al Perú y Bolivia El Perú aceptó mediar entre Bolivia y Chile, y envió a Santiago al plenipotenciario José Antonio Lavalle, a la sazón cuñado del ex presidente Pardo, con una propuesta que incluía como bases iniciales el desalojo del litoral por Chile; por parte de Bolivia, la derogatoria del decreto que reivindicó las salitreras y del impuesto de 10 centavos sobre el quintal de salitre; y el sometimiento de ambas partes a un arbitraje para superar las divergencias.

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Sin embargo, Chile exigió neutralidad al Perú bajo la sospecha de la existencia de un tratado secreto con Bolivia; y tanto Lavalle en Santiago, como el propio presidente Prado en Lima ante el representante chileno Godoy, no pudieron probar la neutralidad del Perú. Al confirmar la existencia de este tratado y entender que lo que pretendía Lavalle era ganar tiempo para que el Perú se armara, Chile declaró la guerra al Perú y a Bolivia el 5 de abril de 1879. En esas circunstancias Chile modifica el objetivo político de la guerra, y teniendo en cuenta que esta campaña sería más costosa en todo orden de cosas, incluye en sus pretensiones territoriales la apropiación de todo Antofagasta y la provincia de Tarapacá, para asegurarse la totalidad de las salitreras y la anulación del tratado secreto entre Perú y Bolivia. Después de la campaña naval, que prácticamente termina con la caída del Huáscar el 8 de octubre de 1879, y luego de las operaciones terrestres denominadas Campaña del Sur –que incluye las batallas del Tarapacá, Tacna y Arica– Estados Unidos intentó mediar; y es así que con su auspicio se realizaron las conferencias tripartitas, los días 22, 25 y 27 de octubre de 1880, a bordo de la corbeta Lackawanna fondeada en el puerto de Arica. Estas conferencias son importantes para nuestro análisis, porque lo tratado en ellas y las propuestas presentadas corroboran los objetivos políticos del gobierno de Chile hasta ese momento, identificados por las exigencias del “representante chileno, Eulogio Altamirano, que presentó entonces las condiciones bajos las cuales su país estaba dispuesto a aceptar la paz: la cesión por parte de Perú y Bolivia de todo el territorio conquistado por Chile al sur de la quebrada de Camarones. Además se abrogaría el tratado secreto entre Perú y Bolivia” (López Urrutia, 2003, p.104). Igualmente exigía Chile la devolución del Rímac y el pago de 15 millones de pesos para resarcir a los particulares chilenos expulsados del Perú y a aquellos cuyas propiedades habían sido confiscadas en Bolivia, cuatro de los cuales debían pagarse al contado; Tacna y Arica permanecerían en prenda hasta el cancelación total de los 11 millones de pesos restantes. Objetivo político de Chile después de las negociaciones tripartitas en la corbeta Lackawanna Las exigencias chilenas eran inaceptables para los peruanos. En las conferencias de Arica “Habló primero Arenas, delegado del Perú, declarando que si Chile insistía en su primera condición, que era el cambio de soberanía de la región situada al sur de Camarones, la tentativa de paz podía considerarse fracasada desde luego”

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(Bulnes, 1955, p. 253). Además, los peruanos demandaban la devolución del Huáscar y la Pilcomayo y proponían el arbitraje incondicional de los Estados Unidos. Las conferencias de Arica no produjeron los resultados que la diplomacia esperaba. Chile corroboró entonces lo que ya preveía desde hacia algún tiempo, no podía conseguir sus objetivos políticos porque la voluntad de lucha del Perú seguía intacta y el Perú se preparaba con mayor decisión para defender su territorio. Es así que el gobierno chileno agrega un objetivo político adicional: quebrar la voluntad de lucha del pueblo y el gobierno peruano inflingiendo la mayor cantidad posible de daño a la propiedad del estado peruano y a la población para que acepte una paz incondicional y no se pueda levantar en los próximos cien años. Esta intención se traduce en el siguiente párrafo de una carta de propio presidente Pinto a Vergara: “Si al cabo de cierto tiempo no se hace la paz, como creo que no se hará, tendremos que levantar el campo después de arrasar las fortalezas del Callao, cargar con los cañones, levantar los rieles de los ferrocarriles y hacer otras barbaridades por el estilo” (Bulnes, 1955, p. 353) 353).. Este objetivo político lo tratará de conseguir Chile modificando sus objetivos militares, esta vez orientados a la población de la costa norte del Perú primero y de Lima después. Si bien la expedición a Lima se había acordado en Chile luego de un debate parlamentario en el mes de julio, el presidente Pinto no había quedado convencido del todo, y mientras esta se preparaba1, él pensaba que podía prescindir de ella. Es por eso que autorizó al capitán de navío Patricio Lynch una expedición limitada sobre los valles del norte del Perú cuando este se la propuso, y el 22 de julio le contesta en los siguientes términos: “La idea de una expedición ligera sobre la costa del Perú me parece muy bien. Organízala tú. Dime qué buques y qué tropas necesitas. Envíanos un plan bien detallado indicándonos lo que necesitas llevar” (Bulnes, 1955, p. 280). La expedición al mando del propio Lynch se realizó entre el 4 de setiembre y el 10 de noviembre de 1880, es decir, mientras se realizaban las negociaciones en Arica, arrasó la costa norte del Perú destruyendo los ingenios azucareros, las instalaciones industriales e imponiendo cupos económicos económicos,, “para hacer sentir el peso de la guerra en aquellas poblaciones del Perú que no habían sido impactadas durante la campaña” (López Urrutia, 2003, p.106), sin embargo no logró los resultados esperados. Objetivo político de Chile durante la ocupación de Lima Vino entonces la marcha sobre Lima y las batallas de San Juan y Miraflores. 1 La preparación demoraría el tiempo necesario para reorganizar el ejército que la llevaría a cabo, así como los cuerpos de ejército que quedarían escalonados a lo largo de los territorios ocupados.

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Estas victorias militares chilenas, si bien mejoraron aparentemente las condiciones políticas para lograr la paz, trajeron consigo y con la ocupación de Lima, un vacío de poder en la capital que impedía a los chilenos firmar la capitulación. Piérola escapó por Canta con la finalidad de establecer su gobierno lejos de Lima y empezar la resistencia en la sierra, lo que ocasionó que el 9 de febrero de 1881, Chile desconozca la autoridad de Piérola. La situación entre Chile y Perú después de Chorrillos y Miraflores es un buen ejemplo de la futilidad de la guerra. Chile había invadido el corazón del Perú y conquistado su capital con un solo propósito: lograr la paz. Pero para los chilenos esta paz incluía la cesión permanente de territorios peruanos y no había ningún estadista peruano dispuesto a aceptar esas condiciones. Conseguir la paz iba a ser tanto o más difícil que ganar la guerra. (López Urrutia, 2003, p.143) En este momento de la guerra, durante la ocupación, el objetivo político de Chile se transforma en buscar o constituir un gobierno peruano proclive a firmar la paz bajo sus condiciones, es decir con la cesión territorial. Este objetivo lo expresa taxativamente el presidente Pinto cuando el 12 de enero de 1881, antes de las batallas de San Juan y Miraflores, les escribe a Altamirano y Vergara, plenipotenciarios chilenos diciéndoles: “Ocupada Lima piensen ustedes en organizar allí un gobierno con quién tratar. Difícil es la empresa pero es preciso tentarla” (Bulnes, 1955. p. 352). Con tal objetivo, Chile inicia la presión sobre la oligarquía de Lima para obligarla a formar un gobierno que firme la paz con la cesión territorial que ellos proponían e impone un impuesto de un millón de soles a cada uno de los cincuenta ciudadanos más ‘notables’ de Lima. La presión surte efecto, y el 22 de febrero una junta de 114 ciudadanos limeños nombra como Presidente Provisional del Perú al doctor Francisco García Calderón, lo que suscitó una situación sui generis, había dos presidentes, de la República y Congreso. (Piérola en la sierra y García Calderón en Lima) Posteriormente, los chilenos irían adecuando sus objetivos militares para la consecución de tan ansiado objetivo político que ponga fin a una guerra que ya estaba costando más de lo planificado. Y en ese empeño abren dos campañas, una sobre el general Andrés A. Cáceres en Huamachuco y la otra sobre el presidente Lizardo Montero en Arequipa2, para crear un vacío de poder que será llenado por el autoproclamado presidente regenerador Miguel Iglesias, al que apoyaron con armas y dinero, para que 2 Montero, a la sazón vicepresidente, había ocupado la presidencia de la República reemplazando a García Calderón que había sido llevado prisionero a Chile en noviembre de 1881.

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llegue al poder. Y efectivamente, será Iglesias quien finalmente firme el tratado de Ancón el 20 de octubre de 1883. No entraré en detalles sobre este desenlace que demoró desde 1881 a 1883, porque no aporta sustantivamente a nuestro propósito.

CONCLUSIONES 1. Las mismas motivaciones que llevaron a Chile en 1836 a enfrentarse y disolver la confederación Perú-Boliviana estuvieron presentes en 1879 cuando inició la guerra: disolver una alianza entre Perú y Bolivia, y obtener la hegemonía en el Pacífico Sur. 2. La conducción de la guerra por parte del Perú, concentrando todo el poder en una sola persona, primero Prado que se trasladó a Arica para conducir personalmente las acciones operacionales, y luego Piérola, que hizo lo propio en San Juan y Miraflores, contrasta con la conducción del conflicto por parte de Chile, separando el mando político del operacional. Las decisiones políticas se debatieron en el Congreso y las tomó el presidente Pinto; y las acciones operacionales derivadas de estas fueron ejecutadas por los jefes militares.

COMENTARIOS QUE CONTRASTADOS CON LA REALIDAD MOTIVAN UNA REFLEXIÓN FINAL 1. Es penoso decirlo, pero se puede hacer una analogía entre lo que ocurrió en 1879 y la situación actual de la región: En 1879 la mayor cantidad de inversiones en las salitreras de Tarapacá y Antofagasta eran chilenas y la mayor cantidad de población en esas provincias también; hoy hay una gran cantidad de inversiones chilenas en aspectos estratégicos como puertos y transporte aéreo y marítimo. 2. En el siglo antepasado competían Valparaíso y el Callao por la hegemonía portuaria; hoy compiten Chile y el Perú por el puerto concentrador de la región. 3. Las riquezas entonces vitales para la supervivencia de Chile y que lo llevaron a la guerra fueron el guano y el salitre en poder de Bolivia y Perú; hoy lo son el gas (energía) y el agua, en poder de Bolivia y Perú. 4. En aquella época hubo un tratado de límites con Bolivia (1866) que no estaba muy claro; hoy hay un problema sensible con el límite marítimo y el reclamo boliviano sobre su mediterraneidad.

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5. Hoy como ayer, en el Perú hay falta de cohesión interna en torno a los ‘objetivos nacionales’ que genera inestabilidad política, lo que lamentablemente contrasta con Chile. 6. Chile era en 1879 la fuerza armada más poderosa de América; hoy, después del Brasil, es el país de la región con mayor gasto militar, con recientes y modernas adquisiciones, mientras nuestras fuerzas armadas requieren mayor presupuesto para recuperar sus capacidades operativas. 7. El Perú en aquel entonces confió en su amistad con Argentina y en un tratado secreto con Bolivia, el mismo que fracasó; hoy enarbola la bandera de la ‘seguridad cooperativa’ en la región, en el marco del idealismo político. 8. Hoy como ayer hay una asimetría militar a favor de Chile y otra que en su proyección futura, al ritmo de su crecimiento, se revertiría favoreciendo al Perú, la económica; y con las condiciones mencionadas preocupa tanto o más que la militar, pues –como en el pasado– la militar puede usarse para evitar que la económica se consolide. Esta alarmante similitud nos obliga a reflexionar en el futuro inmediato que enfrenta nuestro país en similares condiciones de hace más de un siglo: una disputa por la zona marítima en litigio con Chile, con un revivido reclamo boliviano sobre su mediterraneidad, en el cual estamos apostando por el idealismo político, paradigma de las relaciones internacionales que se sustenta en la participación de organizaciones supranacionales para la solución de conflictos entre estados, pero que –sobre su eficacia– todavía tiene el cargo de la prueba frente a una historia llena de ejemplos, donde predomina el realismo político que propugna el equilibrio de poder y la aplicación de la fuerza.

Jas贸n Saavedra Paredes

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La Doctora Zoila Sánchez Palomares tiene una Maestría en Seguridad y Defensa Hemisférica, otorgada por el Colegio Interamericano de Defensa, Wash DC, Maestría en Ciencia Política de la Universidad Nacional Federico Villarreal, integrante de la XLIII Promoción del Colegio Interamericano de Defensa, (CID) Washington DC, XLV Promoción del Curso de Desarrollo y Defensa Nacional del CAEN, egresada del Centro de Estudios Estratégicos Hemisféricos (CHDS) en Estados Unidos. Actualmente labora en la Planta Académica de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, Catedrática de las Escuelas de Capacitación, en el Ejercito del Perú, Marina de Guerra, Centro de altos Estudios Nacionales (CAEN) y Policía Nacional del Perú (PNP), Asesora en la Dirección General de Educación (DIGEDOCE).

Zoila Sánchez Palomares

MISIONES MULTISECTORIALES Y CONJUNTAS: PLAN VRAE Doctora Zoila Sánchez Palomares

1. Introducción Muchas serían las respuestas frente a la pregunta ¿cómo surge el programa de desarrollo en las localidades comprendidas en las riberas de los ríos Ene y Apurímac? Estas localidades están dentro de las zonas más pobres del país, en donde se cultiva hoja de coca, producen cocaína; asimismo, queda un remanente de Sendero Luminoso, al mando del camarada ‘Alipio’. Ante estos hechos, el Gobierno Central pone en ejecución el Plan VRAE. Para ello, constituyó un Comité Multisectorial a fin de ejecutar un plan integral que pueda hacer frente a estos sediciosos y pueda brindar mejoras en la calidad de vida de sus pobladores; este plan comprende aspectos socioeconómicos, políticos y militar; en este ùltimo hay directa responsabilidad de las fuerzas del orden, tanto de las Fuerzas Armadas (FFAA), con la responsabilidad de combatir el terrorismo y la Policía Nacional del Perú (PNP), el narcotráfico. El plan se enmarca en tres grandes objetivos: ►

Desarrollo social: Mejorar los niveles de nutrición, salud, educación y saneamiento de la población.

►

Infraestructura básica: Rehabilitar e incrementar la infraestructura vial, de comunicaciones y electrificación en beneficio del desarrollo social y productivo.

►

Afirmar la presencia institucional del Estado en beneficio de la paz y el desarrollo con seguridad.

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2. Valle del Río Apurímac y Ene (VRAE) La región del VRAE tiene una extensión aproximada de 20 000 km2 a lo largo de los 184 km del valle Ene; en sus inicios el plan comprendía 13 distritos de tres departamentos del país, Ayacucho, Cusco y Junín. A la fecha el número se ha ampliado a 31 distritos circunscritos dentro de cinco departamentos1: (ver figura 1) FIGURA Nº 1

Fuente: Consejo de Descentralización Nacional 2003

El VRAE se caracteriza por contar con una población multiétnica, una suerte de enclave selvático en una zona predominantemente andina, generando conflictos de posesión de tierras al producirse un desencuentro entre ellas, a lo que hay que agregar una población flotante de aproximadamente 100 000 de origen citadino; quienes transitan la zona en busca de ingresos del narcotráfico, tala de árboles, y otras actividades de orden ilícito. La actividad económica formal es muy escasa, abasteciendo en forma mínima los mercados de Huanta y Lima, con piña, yuca, cacao y coca. Al iniciar el Programa de Desarrollo VRAE en el 2007, el perfil socioeconómico de la zona era el siguiente, ver cuadro 1. 1 La República.com, 16 de Octubre del 2008, recoge la declaración del primer ministro Yehude Simon, quien anunció que Huancavelica y Apurímac serán incluidos en el Plan VRAE.

Zoila Sánchez Palomares

Cuadro 1

Fuente: Caretas Julio 2007

El Distrito de Tintaypuncu ubicado en la provincia de Tayacaja (Huancavelica) es un punto estratégico de los narcotraficantes, tanto para ingresar insumos químicos empleados para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, como para sacar la droga por el VRAE. En el 2008 la ONU informó que el Perú produce 109 700 toneladas métricas de hoja de coca, de esta cantidad el 90% va a parar a los laboratorios del narcotráfico, convirtiéndose a la fecha en el primer exportador de Cocaína en el mundo2; curiosamente, a su vez, según el INEI3, es uno de los distritos más pobres del Perú, el 97% de los 8 511 habitantes, viven en condiciones de pobreza y el 92,3% en extrema pobreza; así como este distrito, casi la totalidad de la región se encuentra en extrema pobreza. De toda la zona del VRAE, solo el 5% de la población logra completar la educación secundaria, un 0,6% cuenta con estudios superiores, en el sector educación no se ha aumentado el número de plazas docentes para la zona, el 46% de los centros educativos no cuentan con mobiliario ni equipamiento adecuado. En el sector Salud, a la fecha no se ha concretado proyecto alguno; el suministro de la energía eléctrica es intermitente y malogra los escasos equipos médicos; las vacunas 2 Diario Perú 21, 21, del 23 de Agosto del 2009. 3 Instituto Nacional de Estadística e Informática, Censo 2005.

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deben conservarse en bloques de hielo hasta que retorne la electricidad; los partos de noche se atienden, por lo general, entre velas; el personal médico y de enfermería es limitado; la situación de los 8 centros de salud y de 80 postas es igual de crítica y solo existe un hospital en todo el VRAE. El VRAE, desde su creación cuenta con un jefe político; en un primer momento el Estado asignó un presupuesto de 150 millones de soles, que fue distribuido un 29% al desarrollo social, 64% a infraestructura básica y 6% a desarrollo productivo. Haciendo un balance de ese año, se alcanzó un 80% de efectividad en las obras; en el 2008 se produjo un letargo, lo cual indica un contraste entre la intención del Gobierno de turno y la inoperancia de los encargados de la ejecución de los programas. Para el año 2009, el Estado ha destinado 205 millones de soles, para el desarrollo socioeconómico, los cuales serán percibidos en el mediano plazo. Conforme vaya avanzando y ejecutando los programas de desarrollo, se espera mejoras en la calidad de vida de los pobladores de la zona. Sin embargo, el presupuesto mencionado, está distribuido en los ministerios de Educación, Salud, Transportes y Comunicaciones, Agricultura, Energía y Minas. Como podemos inferir, el jefe político no administra presupuesto, haciendo más compleja la articulación entre el Ejecutivo, los gobiernos regionales y locales4, factor que no ayudaría en nada a la lucha contra el narcoterrorismo y mejora de la calidad de vida de la población. En una entrevista para el Diario República, República, el 07 de Marzo del 2009, el presidente de la Asociación de Municipalidades del VRAE (AMUVRAE), Guillermo Torres, manifestó que solo se da prioridad al accionar militar, “Debe estar funcionando en el control del terrorismo y del narcotráfico, pero no en la parte social que es lo que más necesitamos, pese a que el plan tiene entre sus objetivos mejorar la calidad de vida de sus pobladores”. Otro problema que aqueja la zona es la deforestación y tala ilegal de bosques. Tanto INRENA como DEVIDA coinciden en que la migración, el trabajo informal, centros mineros y energéticos y el poco presupuesto asignado para el cuidado y mantenimiento, provoca un impacto ambiental desalentador para las siguientes décadas. La planificación de programas y proyectos ambientales, deben iniciarse a nivel de cuencas hidrográficas, para su mejora, protección y restauración, solo de esa manera se alcanzarán los objetivos de desarrollo, brindando mayores oportunidades económicas y menores problemas sociales.

4 Mesa Dorada, espacio de debate “creación de la Región Militar en el VRAE, realizado el día 22 de Enero del 2009, en el Departamento de Ayacucho.

Zoila Sánchez Palomares

2. Análisis Hablar del VRAE, es mostrar un panorama complejo y paradójico; por un lado, es una de las zonas más significativas en lo que respecta a recursos forestales, componentes silvestres de la flora terrestre, acuática, bosques que constituyen ecosistemas complejos, que pueden aportar una amplia gama de beneficios socioeconómicos y ambientales, como el mantenimiento de las fuentes de agua, el hábitat de la diversidad biológica, la regulación del clima y captación del carbono, pudiendo servir de anillos turísticos. Contrariamente a esta riqueza natural, se aprecia una progresiva desestabilización de los ecosistemas, convirtiéndose en una amenaza para el mantenimiento de la biodiversidad y condiciones de vida de la población, producto de la progresiva migración hacia la zona por gente que busca cultivar la hoja de coca, ocasionando un movimiento de transculturación de las comunidades nativas, destruyendo el ecosistema, generando deforestación indiscriminada, crecimiento poblacional, cultivo de la hoja de coca, producción de PBC, clorhidrato de cocaína, actos delincuenciales, prostitución y drogadicción; todo esto producto del narcoterrorismo y los altos índices de pobreza que predominan en esta región. Hasta el momento, la coordinación entre los gobiernos regionales y el responsable político del Plan VRAE no se ha consolidado, tal como fue la intención del gobierno; no se advierte un diálogo decidido y comprometedor entre los actores sociales y políticos de la zona y el ejecutivo; como se observa, se trata de un contexto complejo, en donde predominan: ►

Remanentes de Sendero Luminoso, motivados más que por su ideología por el tráfico ilícito de drogas, centrando su accionar como Organización Terrorista (OT). Se estima que a la fecha existe un aproximado de 400 integrantes de la facción terrorista, conformada por tres columnas, bajo el mando del camarada ‘Alipio’ (Leonardo Huamaní Zúñiga), camarada ‘José’ (Víctor Quispe Palomino) y camarada ‘Raúl’ (José Quispe Palomino). Informaciones periodísticas de la zona indican que toda la familia Quispe Palomino estaría inmersa en este grupo delictivo, que se encuentra ejecutando acciones terroristas (emboscadas y hostigamientos)5 a patrullas del Comando Especial del VRAE (CE-VRAE) y Policía Nacional del Perú (PNP)

5 La más significativa fue la del 9 de Octubre 2008, en Tintaypunco (Huancavelica); hubo 14 bajas mientras estuvo en ejecución la “Operación Excelencia”.

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►

Movimientos sociales, relacionados directamente al cultivo de la hoja de coca6, cuya finalidad es llegar a las lides políticas; para ello realizan proselitismo y prometen a la población mejorar sus condiciones de vida, mediante discursos populares y demagógicos.

►

La presencia de carteles y mafias de Colombia y México en la zona, incentivan al cultivo desmesurado de hoja de coca y producción de cocaína. En las zonas más pobres de la región, ocasionan una emergente burbuja económica, proliferando la delincuencia común y organizada, problemas medioambientales e inseguridad ciudadana.

►

Los programas alternativos presentes desde 1995, a la fecha no han logrado sus propósitos, habiendo aumentado los porcentajes de pobreza y extrema pobreza en el VRAE. Son 17 mil familias aproximadamente que se dedican al cultivo de la hoja de coca; el precio de la hoja se mantiene en 60 a 70 dólares la arroba (11,5 kilos); el precio que se obtiene es mejor que cualquier otro producto que pueda cultivarse.

►

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, está llevando a cabo una estrategia militar contraterrorista y la PNP una estrategia de lucha contra el narcotráfico; sin embargo, a la fecha no se trabaja en forma integral, no se trata solo de los componentes de las fuerzas del orden, sino también se debe integrar el componente, político, económico y sicosocial. Los programas de tipo social y crecimiento económico que neutralicen la producción de la droga con cultivos alternos, y sobre todo que el poblador sienta la presencia del Estado, aun no muestra su efectividad.

Esta zona está estigmatizada por tres amenazas no convencionales del presente siglo: narcotráfico, terrorismo y pobreza; tal como lo expresa el General Otto Guibovich, “las carencias del VRAE vienen de más de 100 años, no podemos pasar del siglo XIX al XXI por un simple decreto decreto”7. El mayor problema que tienen que enfrentar las FFAA en la actualidad es que los DDTT cuentan con recursos provenientes del narcotráfico y no se puede ganar la adhesión de la población si antes no se le solucionan sus problemas socioeconómicos.

6 En el 2006, en las elecciones municipales de la región coparon las alcaldías distritales. 7 Comando en Acción, Edición 39, año 13, Abril-Junio 2003.

Zoila Sánchez Palomares

Por informes de Inteligencia de la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTEPNP) se estima que este grupo senderista cuenta con tres columnas, a cargo de los camaradas ‘Alipio’, ‘José’ y ‘Raúl’, armados con fusiles de asalto, granadas de guerra, cohetes instalaza y ametralladoras de grueso calibre sustraídas en los ataques a helicópteros en 1999 y 2009.8 Desde el punto de vista militar se han identificado algunas causas que dificultan terminar con estos delincuentes narcoterroristas, entre las más significativas tenemos las siguientes: ►

La región presenta un terreno agreste, climatológicamente hay temporadas de intensas lluvias, existen pocas vías de acceso y espesa vegetación.

►

Los recursos presupuestales asignados al Programa, son escasos.

►

No se dan mayores incentivos para motivar a los jóvenes en edad del SMV, compitiendo con las ofertas presentadas por los narcotraficantes.

►

El marco legal actual no favorece las acciones militares frente al accionar de los DDTT.

►

Presencia significativa del narcotráfico, pobreza y terrorismo.

En cumplimiento de las políticas de defensa y seguridad del Estado, el Comando Conjunto de las FFAA, consecuente con una estrategia operacional, instaló un Comando Especial del VRAE9, primera base conjunta de las FFAA, contando con un componente naval, terrestre y aéreo, dedicados exclusivamente al planeamiento y conducción de las operaciones contra el terrorismo. Como se ha visto, estas columnas de Sendero protegen a los que cultivan ilícitamente la hoja de coca y el circuito del narcotráfico. Dentro del trabajo interagencial, enmarcado dentro de la Ley 2415010 las FFAA y la PNP, tienen la misión de proteger el orden interno de la región, desarrollándose 8 Diario La República, República, 25 de Julio 2008, “Rezagos terroristas del VRAE, planean atacar EP, PNP y militares USA” 9 El 12 de Abril del 2008, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas crea el Comando Especial del VRAE, en el destacamento de Pichari, provincia de La Convención, departamento del Cuzco. 10 Ley 24150, establece normas que deben cumplirse en los estados de excepción, en que las FFAA asumen el Control del Orden Interno, en todo o en parte del territorio.

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un trabajo coordinado, especialmente en el tema de inteligencia; sin embargo, a la fecha no se cumple con uno de los principios más importantes de la guerra, ‘unidad de comando’11 para el planeamiento y la conducción de las operaciones y acciones de la zona; el objetivo de estas dos fuerzas del orden es combatir no solo el narcotráfico y el terrorismo sino también la tala ilegal, tráfico de madera, tráfico indiscriminado de especies vegetales y animales, entre otros delitos que atentan contra la seguridad de la región. Este trabajo interagencial coordina el trabajo de inteligencia para conocer al enemigo; lo más importante en la guerra es desarrollar la capacidad de truncar los planes del enemigo; el conocimiento de la situación del enemigo solo puede obtenerse por medio de otros hombres, para ello es necesario tener en cuenta la ‘‘manipulación manipulación divina de los hilos’ hilos 12, solo de esta manera se podrá capturar a los principales cabecillas de esta OT, desarticular a los grupos de la zona que penetran en acciones de adoctrinamiento, captación de adeptos y perpetran eventuales atentados. Nuestra cultura de trabajo interagencial descentralizado es bastante incipiente; por un lado se encuentra un Poder Ejecutivo preocupado en cumplir con los problemas coyunturales, sin reflexionar sobre hechos de naturaleza estructural; gobiernos regionales y locales que a la fecha no cumplen con el objetivo de la descentralización nacional. No cuentan con lideres competitivos conocedores de una adecuada gerencia, carrera política y, sobre todo, el respeto y compromiso de gobernabilidad. Existe toda una estructura estratégica dentro del Plan Vrae, tres ejes que deben coparticipar en forma simultánea e integral: El eje político, elemento clave y decisivo, integrado por el poder Ejecutivo, y organismos descentralizados, que no trabajan en forma coordinada y decidida con el jefe político del Plan; sustento de esto tenemos varios hechos: uno, el Ministerio de Economía, el Interior y DEVIDA, en los inicios del plan no participaban en las reuniones de coordinación. Otro caso es que este año se ha reducido el presupuesto de las FFAA en 600 millones. Finalmente, los efectivos de las FFO denunciados ante la Fiscalía, deben salir de sus bases donde están combatiendo, para ir a declarar; no hay una coordinación adecuada entre el Comando Especial del VRAE y la Fiscalía.

11 La Unidad de Comando, dentro de los Principios de Guerra, garantiza la unidad de esfuerzos bajo un comandante responsable para cada objetivo 12 Fernandez Araoz R. El Arte de la Guerra por Sun Tzu, aplicado a gestión de empresas, empresas, 1996

Zoila Sánchez Palomares

El otro eje es el militar, la población y sus autoridades locales se quejan de la presencia de efectivos de las Fuerzas Armadas en el VRAE, que si bien es cierto tienen la misión de desarticular los rezagos del senderismo, la población aún no se identifica con la lucha contra los senderistas, simplemente por los episodios de las décadas pasadas, que afectaron su imagen ante la opinión pública. Finalmente, tenemos el eje policial policial;; no por enunciarlo al final tiene menos valor; este tiene su propia estructura organizacional, que no necesariamente se ajusta a los requerimientos de Comando Especial del VRAE, afectando en parte el sistema regional de seguridad ciudadana; por otro lado, existe el fantasma de algunos policías corruptos que trabajan conjuntamente con los narcosenderistas. Esta estructura jerárquica aunada a los escasos recursos y equipos de comunicación compatibles, en algunos casos no ayuda a las reuniones de coordinación, planeamiento y ejecución de trabajos interagenciales entre las FFOO y el segmento político.

Fuente: Acción Cívica entre autoridades del gobierno local y fuerza militar, visita a KIimbiri, Pichari (Jul y Nov 2009).

4. Conclusiones y recomendaciones Podemos concluir señalando que se trata de un problema estructural, con una complejidad propia del narcotráfico, terrorismo y la pobreza reinante en la zona. La cerrazón de algunos políticos busca aniquilar los últimos rezagos de Sendero y el narcotráfico mediante políticas de prohibición y erradicación en las que están comprometidas las fuerzas del orden, sin tener en cuenta que para salir de este flagelo social y económico, se debe comenzar por articular el Ejecutivo con los gobiernos locales y regionales. Cumplir con los ofrecimientos de luchar contra la pobreza; para ello hay que tomar decisiones políticas que permitan desarrollar y ejecutar los programas de corte social y económico. El CE del VRAE a la fecha se encuentra abocado a cumplir con el mandato constitucional de garantizar la seguridad del Estado peruano. En la intención de

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derrotar los remanentes senderistas que operan en la región, el CCFFAA busca el trabajo combinado entre las FFAA y la PNP, especialmente en el tema de inteligencia, para alcanzar la ansiada pacificación nacional. Para ello se requiere la creación de un comando unificado con facultades de mando en las FFAA y PNP, que centralice la toma de decisiones. Otro aspecto que se observa es el escaso presupuesto para las fuerzas del orden. No hay medios que permitan operar con mayor efectividad; la muestra está en la reducción sistemática del presupuesto de Defensa, año a año, ocasionando un inadecuado control territorial; de esto se infiere que hay una falta de atención por parte de la clase política a las necesidades del comando del VRAE, especialmente en lo referente del equipamiento adecuado para las tareas operativas, y el uso de alta tecnología que neutralice el accionar de los narcosenderistas. No se debe buscar la preeminencia de las fuerzas militares frente a las policiales y las autoridades de servicio público, todos tienen un rol especifico; lo que se busca es un equipo articulado, fluido y decidido a cumplir con los principios que debe gozar todo Estado de derecho y de gobernabilidad. El trabajo combinado entre el campo militar, policial y político (programas sociales que mejoren la calidad de vida de los pobladores de la zona) sería la mejor arma para combatir el narcotráfico. Existe mucha intención y vocación institucional de trabajar en favor de la seguridad y defensa de la región, pero muchas veces los intereses institucionales o personales no permiten un ensamblaje consistente. La doctrina conjunta aún no facilita este trabajo combinado; es un proceso en el cual debe enfrascarse la élite política que toma decisiones en favor de modernizar y mantener una Fuerza Operativa disuasiva que permita trabajar con la moral en alto y no ser vista como indiferente y, mas aún, vulnerables a la corrupción. Finalmente, se puede concluir, señalando que la intención del Gobierno al momento de crear el Plan VRAE, fue la de solucionar la falta de desarrollo social, dedicarse a invertir en infraestructura básica y sobre todo hacer sentir su presencia en una región que históricamente ha sido golpeada por la crudeza de la pobreza, violencia terrorista y es victima de los tentáculos del narcotráfico. La única manera de poder cumplir con esta intención es ponerse a trabajar en forma coordinada y conjunta. No solo es cuestión de crear un frente militar y un frente policial, lo más importante es trabajar en el frente social y económico, para ello se requiere crear una cultura de trabajo en equipo que transforme esta desarticulación en sinergia, en compromiso para trabajar por los más pobres.

Zoila Sรกnchez Palomares

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El Comandante FAP Jaime Rafael Vinatea Medina es de la especialidad de Ingeniería Aeronáutica. Ingresó a la EOFAP el 5 de marzo de 1983. Estudios: Curso de la especialidad de Ingeniería Aeronáutica en la Escuela de Capacitación FAP (1990). Curso Táctico en la Escuela Superior de Guerra Aérea FAP, en el que ocupó el primer lugar (1994). Especialista en Ofimática en el Instituto del Sur (1998). Bachiller en Administración en la Universidad San Agustín de Arequipa (2001). Egresado de la Maestría de Gestión de la Educación Superior en la Universidad Agraria La Molina (2005). Comando y Estado Mayor en la Fuerza Aérea Brasilera (2006). MBA en Gestión de Procesos en la Universidad Federal Fluminense del Brasil (2006). Principales cargos desempeñados: Comandante del Escuadrón de Mantenimiento de Helicópteros de Combate MI-25 del Grupo Aéreo N°2 (1999-2003). Jefe de la Sección de Estado Mayor A-4 del Grupo Aéreo N°2 (2002-2003). Jefe de la Sección Personal Superior del Comando de Instrucción FAP (20042005). Segundo jefe del Departamento de Planes de la Escuela Superior de Guerra Aérea de la FAP (2007). Jefe del Departamento de Educación y jefe de Curso del primer curso de Comando y Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (2008). Actualmente, subdirector de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (2009). Con experiencia profesional en el campo de la logística militar, desempeñada principalmente en la jefatura de los escalones logísticos de los destacamentos de los Helicópteros de Combate en los frentes Ucayali y Huallaga (1991-1995), así como durante el conflicto del Cenepa. Actualmente es Subdirector de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas.

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Jaime Rafael Vinatea Medina

EL DOCENTE MILITAR: MITOS Y REALIDADES DE LA ENSEÑANZA EN LAS FUERZAS ARMADAS Comandante FAP Jaime Rafael Vinatea Medina

1. Introducción Probablemente, si usted señor lector ha laborado en alguna escuela de educación superior de la prestigiosa Institución militar a la que pertenece, o simplemente ha participado en estas organizaciones en los cursos que la vida militar requiere, habrá escuchado alguna de las siguientes aseveraciones docentes: ““Los Los militares toda la vida se han dedicado a instruir personal, por tal razón cualquiera está capacitado para desempeñarse como docente según su nivel nivel”, ”, ““Me Me gusta enseñar enseñar”, ”, ““Tengo Tengo muchos años enseñando, ¿qué me van a enseñar en un curso de capacitación docente?”, docente?”, ““Todos Todos los años se programa el curso de capacitación docente y casi ningún catedrático asiste”. asiste”. Por otro lado, dentro de un contexto académico más general, algunos autores consideran que por muchos años la enseñanza en la educación superior ha estado ampliamente caracterizada por ser de carácter instructivo en lugar de educativo, basada principalmente en el discurso academicista o técnico, con muy poca reflexión y crítica o argumentación de las enseñanzas. Se esgrimía como una de las razones fundamentales de esta actividad, que el docente enseña aquello que aprendió en forma y fondo durante sus propios estudios. Al mismo tiempo, conceptúan al profesor como aquel que “… “…realiza realiza tareas docentes como parte de una profunda vocación, pero sin embargo a veces a muchos de ellos les falta el dominio y conocimientos básicos de la didáctica y la pedagogía a nivel universitario.” universitario.” (Castro, 2002, p. 35) Consecuentemente con lo descrito, estas situaciones promueven muchos cuestionamientos en las diferentes instituciones educativas, tales como ““Los Los docentes enseñan pero ¿los alumnos realmente aprenden de estos? estos?”, ”, ¿¿Son Son los mejores profesionales, los mejores catedráticos?, catedráticos ?, ¿Son los ingenieros los mejores profesores de matemáticas matemáticas?, ?, ¿¿Es Es la capacitación docente una actividad necesaria para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje enseñanza-aprendizaje?, ?, ¿¿Cuáles Cuáles son los niveles educativos que requieren en mayor medida la capacitación docente de sus profesores profesores?? En

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tal sentido, en el presente artículo se describirán determinadas teorías de la educación moderna, a fin de proporcionar algunos criterios que apoyen el esclarecimiento de la pregunta ¿Nos sentimos los docentes militares preparados adecuadamente para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, que facilite el aprendizaje significativo del personal militar y coadyuve al cumplimiento de sus respectivas misiones? 2. La educación y el docente La educación es al mismo tiempo un proceso social e individual. Es social porque consiste en “… “…la la transmisión constante y progresiva de los valores y la cultura a las nuevas generaciones a fin de perpetuar la sociedad y la civilización.” civilización.” (de Mattos, 1963, p. 22). Y es individual pues consiste en “… “…la la asimilación de valores, conocimientos, creencias, ideales y técnicas de cada persona, que llevan a crear nueva cultura. cultura.”” (de Mattos, ídem). 2.1.

Los cuatro pilares de la educación Para cumplir el conjunto de las misiones que le son propias, la educación debe estructurarse en relación a cuatro aprendizajes fundamentales, ““que que en el transcurso de la vida serán para cada persona los pilares del conocimiento conocimiento”” (Castro, 2002, p. 53): a.- Aprender a conocer, estimulando los procesos cognitivos como el aprendizaje, la atención, la memoria y el pensamiento. b.- Aprender a hacer, lo cual facilita la adquisición de competencias para el desempeño individual y profesional. c.- Aprender a vivir juntos, desarrollar la comprensión y la convivencia. d.- Aprender a ser, es decir al desarrollo individual de cada persona. A su vez, estos conceptos configuran el proceso de enseñanza-aprendizaje, que involucra básicamente la resolución de tres interrogantes, que dentro del contexto moderno de la educación, se asume al alumno como centro, a fin de lograr un aprendizaje significativo, tal como se muestra en la figura:

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Figura Nº 11:: Interrogantes en la educación moderna Fuente: Ordóñez Briceño, Danilo. Proyecto Tecnología para la Educación-Taller de Capacitación Docente. Universidad Nacional Agraria La Molina. Perú. 2003. pág. 76.

Tomando como ejemplo la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFFAA), estas interrogantes y sus resultados generan el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, que sistemáticamente puede ser expresado como una ‘caja negra’ (Figura Nº 2), que genera como output el aprendizaje, en respuesta a las variables de entrada, como son: a. Los docentes, b. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA); y c. Las instituciones militares.

Figura Nº 22:: Proceso de enseñanza-aprendizaje de la ESFFAA Fuente: Del autor.

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2.2.

El Currículo Según la Doctora Marcia Alcázar Gamarra en su libro Currículo universitario para el siglo XXI XXI,, el currículo “… es un sistema en el que se articulan los componentes: (asignaturas, actividades y práctica) que implementan el perfil profesional” profesional”.. En tal sentido, puede afirmarse que este es el centro de la actividad académica, tal como se indica en la siguiente figura:

Figura Nº 33:: Esquema sistémico del currículo Fuente: Universidad Nacional Agraria La Molina.

2.3.

La Didáctica La Didáctica, según el monje protestante Comenius, se puede definir como ‘el el arte de enseñar enseñar’’ (Comenius, 2002, p. 11), o en términos más recientes “… “…la la disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo que tiene por objeto especifico la técnica de dirigir y orientar a los alumnos.” alumnos.” (De Mattos, 1963, p. 27). El docente debe aplicar la didáctica a través de métodos y técnicas inyectadas a través de estrategias relacionadas con el contexto educativo donde se encuentre. Estrategia es un plan de acción. Diseñar y planear estrategias es

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Jaime Rafael Vinatea Medina

planear y dirigir operaciones a escala general del proyecto, disponiendo los medios en la forma más ventajosa para la consecución del objetivo. Por tanto, “las las estrategias didácticas vienen a ser el conjunto de acciones educativas que el docente selecciona, organiza y secuencia para asegurar que favorezcan el aprendizaje del estudiante. estudiante.”” (Castro, 2003, p.244). Para la aplicación acertada de las estrategias didácticas no existen caminos hechos, sino que su planeamiento son una ‘prueba de fuego permanente’ para la fundamentación pedagógica y creatividad del profesor, donde se deberá tomar en consideración lo siguiente: a. La naturaleza misma del contenido del aprendizaje: hechos, conceptos, procedimientos, principios, capacidades, destrezas y actitudes. b. Los productos de aprendizaje que se desean obtener: capacidades reproductiva, comprensiva, aplicativa, de análisis-síntesis, de juicio crítico y pensamiento inductivo-deductivo de los alumnos. c. El modelo educativo preponderante: centrado en el docente, en el alumno o en el proceso. d. El tiempo del cual se dispone: de las clases, sesiones, unidades, etc. e. Las características de los alumnos: edad, conocimientos previos, estilos de aprendizaje, habilidades cognitivas, experiencias, necesidades, medio ambiente. f. El número de alumnos. g. Recursos y medios disponibles. h. El conocimiento de los métodos y técnicas didácticas modernas. Cada uno de estos conceptos está adherido a una gran cantidad de definiciones y procedimientos aplicativos, de los cuales solo mencionaremos algunos métodos y técnicas involucrados con el desarrollo del pensamiento crítico, que es el optado en el caso de la ESFFAA: Técnicas Didácticas en general general:: Clase Magistral, Estudio de casos, Laboratorio, Solución de problemas, Tecnología educativa sistemática, Plan Keller, Comunicación directa y la Interacción docente–alumno. Dinámica de Grupos: Grupos: Dinámica grupal, Foro y Seminario. Técnicas Interactivas Creativas Creativas:: Tormenta de ideas, Metáfora, Síntesis creativa, Arte de relacionar, Métodos combinatorios, Lista de control, Análisis morfológico y la Sinéctica. (Castro, 2003, p.251-373)

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2.4.

La Evaluación Se entiende por evaluación la etapa del proceso educativo que tiene como finalidad comprobar de manera sistemática, en qué medida se han logrado los objetivos propuestos con antelación. Esta verificación del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del ciclo docente, puede expresarse en la siguiente figura:

Figura Nº 44:: Fases del ciclo docente Fuente: De Mattos, Luiz A. Compendio de Didáctica General. Buenos Aires. Argentina. Editorial Kapelusz. 1963. p. 93.

3. La capacitación docente La capacitación docente puede entenderse como: Un proceso de enseñanza dirigido al personal, directa o indirectamente relacionado con las experiencias curriculares de los alumnos, con el propósito de mantener actualizada su formación profesional, especializarse en algunas áreas de educación, y/o prepararse para concretar las innovaciones educativas. (Pizano, 1996, p.60). Con frecuencia, el profesor es considerado el elemento más importante del proceso enseñanza-aprendizaje, por lo que es innegable que, actuando dentro del aula, es la fuente externa más directa e importante en el aprendizaje del alumno. La actuación del docente debe ser aquella que facilite la información y ayude a construir un aprendizaje a los alumnos, para lo cual el docente debe haber recibido

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capacitación en el uso de técnicas de enseñanza, con el objeto de lograr efectividad en el proceso de interacción e interrelación del binomio docente-alumno (Ordoñez, 2003, p. 76), tal como se puede apreciar en la siguiente figura:

Figura Nº 55:: Interacción e interrelación docente-alumno Fuente: Ordoñez Briceño, Danilo. Proyecto Tecnología para la Educación-Taller de Capacitación Docente. Docente. Universidad Nacional Agraria La Molina. Perú. 2003. p.76.

En el Perú, el proceso de capacitación permanente está legislado mediante la Ley General de Educación, que en su artículo 60° expresa: El Estado garantiza el funcionamiento de un Programa de Formación y Capacitación Permanente que vincule la formación inicial del docente, su capacitación y su actualización en el servicio. Este Programa se articula con las instituciones de educación superior. Es obligación del Estado procurar los medios adecuados para asegurar la efectiva participación de los docentes (Perú, 2003, p. 16). En resumen, de acuerdo a lo expresado por la doctora Rita Castro, se desprende que “… “…la la enseñanza es un arte por la simple razón de que el deseo de aprender está fuertemente afectado por la conducta del profesor.” profesor.” (Castro, 2003, p.127). 4. Apreciación introspectiva del docente militar Con la finalidad de cumplir con el objetivo didáctico del presente artículo, proporcionando criterios que apoyen la mejor comprensión sobre la preparación idónea del docente militar, se efectuará una apreciación interior formulando sentencias y nuevas interrogantes que, contestadas por usted, amable lector, puedan ayudar a la creación de una moderna cultura educativa militar incentivada desde adentro.

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4.1.

Sobre el currículo, la didáctica y la evaluación Comenius, en su libro Didáctica Magna, señala como las causas contrarias a una enseñanza rápida y concisa, las siguientes: No fueron establecidas las metas a las que los alumnos deben llegar. No fueron establecidos los caminos capaces de conducir hacia las metas. Las cosas interligadas por naturaleza siempre fueron consideradas sin sus nexos y separadas. Las artes y las ciencias eran enseñadas de modo enciclopédico, de modo fragmentario. Los métodos eran múltiples y variados, según el lugar de enseñanza. Faltaba un método para enseñar al mismo tiempo a todos los alumnos de la clase (Comenius, 2002, p. 203). En este sentido, las veces que usted ejerció la docencia, ¿produjo, colaboró en su confección, o sabía de la existencia de un documento denominado currículo, en el cual se articulan los componentes básicos del proceso de enseñanza-aprendizaje, a fin de desarrollar una educación sostenida y permanente en el tiempo? Esta articulación de componentes, bien puede ser definida en términos militares como un plan plan.. Este plan considera los elementos esenciales para el desarrollo de las operaciones (aprendizaje): la concepción inicial de la maniobra (perfiles), la misión (objetivos educativos), órdenes a las unidades subordinadas (contenidos), disposición de los medios (estructura educativa), estrategias o formas de acción (didáctica) y el control de las operaciones (evaluación). Por tanto, cabe preguntar: ¿realiza usted operaciones sin planear?, y si lo hace, ¿espera un resultado diferente al del azar? Por otro lado, Comenius, en su libro Didáctica Magna, plantea como problema de la metodología de la enseñanza: “¿Cómo es posible enseñar todo con un mismo método?” (Comenius, 2002, p. 220). Entonces, una pregunta pertinente a formular sería: ¿Conoce usted qué es la didáctica en el sentido amplio de la concepción educativa? Definitivamente, sin un conocimiento apropiado, sin la inteligencia necesaria de la situación educativa, será difícil que un docente militar pueda seleccionar y organizar

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Jaime Rafael Vinatea Medina

una secuencia lógica de elementos que le permita facilitar el aprendizaje y que finalmente los alumnos aprendan. Definitivamente, esta selección no es fácil, requiere de conocimiento y experiencia, tanto educativa como profesional, por lo que las incógnitas planteadas a continuación pueden ayudar a establecer criterios orientadores: a. ¿Relaciona los contenidos a ser enseñados en función a los productos de aprendizaje que desea obtener? b. ¿Intercala adecuadamente los modelos educativos en relación con los contenidos, productos de aprendizaje y métodos? Es decir, piensa en lo siguiente: 1) No necesariamente la modernidad educativa requiere que el alumno sea permanentemente el actor principal del proceso, sino también actúan los docentes y el propio proceso. 2) El aprendizaje reproductivo, por ejemplo a través de la memoria, no debe ser satanizado ni sacrificado en nombre de la experiencia y el descubrimiento del conocimiento por el alumno. 3) La frontalidad del docente es a veces necesaria para fortalecer la autodisciplina y control de los resultados de aprendizaje, a fin de ordenar adecuadamente el trabajo en equipo y la investigación. c. ¿Calcula el tiempo que requiere para cumplir las tareas programadas, de manera que tenga la seguridad de cumplir con los objetivos planteados? d. ¿Conoce a sus alumnos, o por lo menos tiene información de sus características principales?, como por ejemplo: 1) ¿Sabe qué edades tienen, de manera de poder mezclarse psicológicamente con ellos? 2) ¿Conoce qué porcentaje de alumnos aprenden activamente, o son reflexivos, tienden a ser teóricos o pragmáticos? 3) ¿Identifica las habilidades de los alumnos para la búsqueda, asimilación y retención de información, para organizarse, comunicarse o tomar decisiones?

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e. ¿Conoce, aplica e interrelaciona con los demás elementos educativos, los métodos y técnicas didácticas?, diga si diferencia y reconoce, por ejemplo: 1) La clase magistral y el seminario. 2) El estudio de casos y la solución de problemas. 3) La dinámica grupal y el trabajo grupal. 4) El Delphi y la tormenta de ideas. f. Para la aplicación de los métodos y técnicas didácticas, ¿entiende que estos deben estar regidos por algunos criterios?, tales como por ejemplo: 1) La pertinencia entre la acción usada y la finalidad del método. 2) La facilidad de aplicación. 3) La solidez o permanencia de los aprendizajes adquiridos. 4) La eficiencia (rentabilidad) y eficacia del método. 5) La adecuación del estudiante al método. 6) La organización de los recursos disponibles. g. ¿Planifica los métodos didácticos de tal forma que conduzcan el aprendizaje de los alumnos de lo más fácil a lo más difícil, de lo más simple a lo más complejo, de lo más próximo e inmediato a lo más remoto y mediato, y de lo concreto a lo abstracto? h. ¿Percibe que la evaluación que realiza, no solo se aboca al rendimiento académico del los alumnos, sino que persigue además la retroalimentación del proceso de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo individual de la persona, que incremente su competencia en beneficio del cumplimiento de la misión institucional? 4.2.

Sobre la capacitación docente Como se ha podido apreciar, las teorías y la información sobre la educación de adultos contemporánea es bastante extensa y probablemente siga extendiéndose a lo largo de los años de investigación sobre el tema,

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motivo por el cual se puede deducir que, para una educación efectiva, el docente debe estar preparado e informado al respecto. Sin embargo, no se requiere que todos los docentes posean maestrías o doctorados, o sean profesores de carrera; realmente sería interesante poseer una capacidad semejante, pero la realidad indica que se requiere de la experiencia profesional para complementar la experiencia docente docente,, así como es lógico suponer que la misión de las instituciones no se orienta necesariamente a la formación de docentes profesionales profesionales. Ante esta situación, ¿piensa usted que es necesario mantenerse actualizado y encontrarse preparado para asumir los nuevos retos de la enseñanza?, ¿piensa usted que no es necesaria una interacción con otros docentes para el intercambio de nuevas experiencias, o simplemente compartir aquellas que los nuevos docentes militares no han vivido aún?, ¿cree usted que haciendo las mismas cosas va obtener nuevos resultados? 5. Conclusiones Por lo expuesto en el presente artículo, se puede concluir como algunos de los aspectos relevantes, los siguientes: a. Puede ser que las teorías educativas no cambien tan vertiginosamente, pero la forma de aprender de los alumnos evoluciona con el mundo, por lo tanto la enseñanza debe ir a la par de este proceso evolutivo. b. La capacitación docente es crucial para que una institución de educación superior, especialmente de las FFAA, donde los cambios en su forma de empleo varían con la tecnología, cada vez más apresurada por avanzar, pueda mantenerse activa y permanente, permitiendo de tal forma dar continuidad a la importante tarea de preparar personal militar competente para los retos del futuro.

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ÍNDICE TEMÁTICO DE LA REVISTA DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS

Presentamos a continuación el Índice Temático de la Revista del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, herramienta que será de gran ayuda bibliográfica para nuestros lectores y para las Bibliotecas de las instituciones públicas y privadas, pues permitirá la pronta ubicación del material de lectura requerido Este Índice Temático comprende los artículos publicados en nuestra revista desde su primera edición en junio del 2007 hasta esta última de diciembre del 2009. Es una primera entrega que servirá como punto de partida para la elaboración de una Base de Datos, con énfasis en los campos profesionales relacionados con la Defensa y Seguridad Nacional, la misma que estará a disposición de los oficiales alumnos de los Centros Académicos Militares.

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ร ndice Temรกtico

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Índice Temático

ÍNDICE TEMÁTICO DE LA REVISTA DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS (Desde la primera edición, Junio 2007, hasta la edición de diciembre del 2009)

N°

TÍTULO Y AUTOR I.

EDICIÓN PÁG.

DEFENSA Y SEGURIDAD

¿Cómo entender los efectos del sistema internacional en la política de Seguridad del Estado-Nación en este nuevo orden mundial?

DIC. 2007

JUN. 2007

JUN. 2008

SET. 2008

JUN. 2007

SET. 2008

DIC. 2007

DIC. 2008

SET. 2008

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Coronel FAP (r) Luis Bernedo Boado 2

Por qué una hipótesis de conflictos en defensa de nuestros recursos naturales? Capitán de Navío (r) Pablo Jhery García.

Comunicación Estratégica y Fomento de la Cultura de Defensa. Capitán de Fragata Juan Carlos Llosa Pazos.

Cooperación regional para vigilar y proteger la Amazonía. Coronel FAP Jorge Cardich Pulgar.

Defensa y Desarrollo, ¿pueden ir de la mano? Contralmirante (r) Cristóbal Miletich Souza Peixoto.

El cambio climático y su relación con la Seguridad y Defensa Nacional. Teniente Coronel EP Víctor Miranda Alfaro.

El Perú ante el siglo XXI: Globalización, Defensa, Seguridad y Democracia. Doctor Walter Olivari Ortega. Abogado.

Fuerzas Armadas, amenazas transnacionales y orden interno. Capitán de Navío Aníbal Cueva López.

Globalización, plataforma de abrasión de la Seguridad. Coronel FAP Ronald Velarde Sáenz.

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REVISTA DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS

N°

TÍTULO Y AUTOR

EDICIÓN PÁG.

10 Implicancias del concepto de “Seguridad Humana” para la agenda JUN. 2007 de Seguridad Internacional.

Doctor Farid Kahhat Kahatt. Sociólogo. 11 La Seguridad y el Perú como sede del Foro de la APEC.

JUN. 2008

DIC. 2009

DIC. 2007

14 Los gastos de Defensa en los países sudamericanos y su influencia JUN. 2008 en el ambiente de Seguridad y Defensa.

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Contralmirante (r) Juan Freire Roncagliolo. 12 Las amenazas ambientales y sus efectos sobre la Defensa y Seguridad. Teniente Coronel EP Víctor Miranda Alfaro. 13 Las medidas de confianza mutua en el campo militar como herramientas para la Paz. Vicealmirante (r) Carlos Tubino Arias Schreiber.

Capitán de Navío Rafael Zariquiey Núñez. 15 Los nuevos paradigmas de la seguridad.

JUN. 2007

JUN. 2008

JUN. 2009

DIC. 2007

DIC. 2008

JUN. 2008

Doctor Jaime Castro Contreras. Sociólogo. 16 Microsatélites de teledetección y la Defensa Nacional. Ingeniero Geográfico César Santisteban Pérez. 17 Nuevo elemento de gobernabilidad: el criterio económico y la Defensa Militar. Doctor Óscar Ricardo Alegre Valdez. Economista. 18 Panorama de Seguridad en la región frente a los nuevos desafíos. Vicealmirante (r) Alfredo Palacios Dongo. 19 Propuesta para Latinoamérica: Seguridad basada en la Coopetencia. Capitán de Navío (r) Luis Alfaro Garfias. 20 Reflexiones para alcanzar un apropiado nivel de de desarrollo y una efectiva Seguridad Nacional. Vicealmirante (r) José Carcelén Basurto. 21 Seguridad y Defensa y su relación con la protección del Medio Ambiente. Teniente Coronel EP Víctor Miranda Alfaro.

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Índice Temático

N°

TÍTULO Y AUTOR II.

EDICIÓN PÁG.

DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Centro del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos JUN. 2007 Humanos de las Fuerzas Armadas.

Capitán de Navío Juan Bertarelli Rodríguez. 2

Experiencias en la pacificación de Colombia: Política integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

DIC. 2009

JUN. 2007

DIC. 2007

JUN. 2007

DIC. 2008

DIC. 2007

JUN. 2009

Capitán de Navío Aníbal Cueva López. III. 1

ESTRATEGIA

Armamento y Disuasión en Sudamérica. General de División EP (r) Francisco Morales Bermúdez. Ex Presidente de la República

Diálogo e interacción en el Consejo de Seguridad Nacional para la determinación de la Estrategia Nacional y conducción de la guerra. Mayor General FAP Fernando Ordoñez Velázquez.

Disuasión creíble. Capitán de Navío (r) Luis Alfaro Garfias.

El objeto de la Estrategia. Señor Enrique Obando Arbulú. Magíster en Políticas de Seguridad y Antropólogo.

Estrategia. Contralmirante (r) José García Valdivieso.

Las Fuerzas Armadas del futuro: una visión conjunta. Capitán de Navío Rafael Zariquiey Núñez.

Los conflictos de la cuarta ola en el escenario político y estratégico del siglo XXI. General de Brigada EP Pedro Buleje Buleje.

Pensamiento estratégico-marítimo: Retos y posibilidades. Contralmirante (r) Jean Jesu Doig Camino.

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REVISTA DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS

N°

TÍTULO Y AUTOR IV.

EDICIÓN PÁG.

FORMACIÓN MILITAR

El docente militar: Mitos y realidades en la enseñanza en las Fuerzas Armadas.

DIC. 2009

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JUN. 2008

SET. 2008

JUN. 2009

JUN. 2008

DIC. 2009

JUN. 2009

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SET. 2008

JUN. 2009

DIC. 2009

JUN. 2007

111

Comandante FAP Jaime Vinatea Medina. 2

El Sistema Educativo Nacional y la Fuerza Armada. Coronel EP Leonardo J. Longa López.

Escuela Superior de las Fuerzas Armadas. Capitán de Navío Juan Polo Wood.

Ética de la Guerra. General de División EP (r), ex presidente de la República, Francisco Morales Bermúdez Cerrutti.

Génesis del liderazgo militar y decálogo del líder del futuro. General de Brigada EP Pedro Buleje Buleje.

Hacia un pensamiento conjunto. Capitán de Navío Luis Martínez Enriquez.

La Educación Militar Profesional Conjunta: Evolución hacia el pensamiento conjunto de la fuerza. Comandante FAP Jaime Rafael Vinatea Medina. V.

HISTORIA MILITAR NACIONAL Y MUNDIAL

A ochenta años de creación de la Fuerza Aérea del Perú. Licenciado en Sociología Efraín Cobas Corrales.

Alemania, la Guerra del Pacífico y el incidente del vapor “Luxor” (1879-1900). Doctor Fabián Novak Talavera. Abogado.

Análisis Estratégico de la Guerra de 1879 Contralmirante Jasón Saavedra Paredes

Bases para la historia del Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas. Doctor José Cavani Ríos. Abogado.

El Acta de Lovaina. General de Brigada EP (r) Juan Emilio Yepes del Castillo.

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Índice Temático

N° 6

TÍTULO Y AUTOR La Diplomacia peruana en el ataque japonés a Pearl Harbor.

EDICIÓN PÁG. DIC. 2007

DIC. 2007

101

JUN. 2008

DIC. 2009

DIC. 2008

SET. 2008

JUN. 2007

DIC. 2007

Ministro Juan del Campo Rodríguez. Abogado. Cónsul General en Panamá. 7

Los principios de la guerra analizados desde sucesos históricos peruanos. Comandante FAP Luis A. González Buttgenbach.

Participación militar en la formación de la República del Perú: 1820-1845. Coronel EP Juan Urbano Revilla. VI.

JUSTICIA MILITAR

La Justicia militar-policial: dos aspectos importantes. Capitán de Navío CJ Julio Pacheco Gaige.

Aporte de la Sala Nacional para Casos de Terrorismo en el proceso de Pacificación del país. Doctor Marcos Ibazeta Merino. Ex Decano del Colegio de Abogados de Lima. VII.

OPERACIONES DE PAZ

Cooperación regional y operaciones de paz. Coronel FAP Jorge Cardich Pulgar.

Las Naciones Unidas y la búsqueda de una solución al problema de Chipre. Contralmirante Mario Sánchez Debernardi.

Observador militar peruano en Sudán. Capitán de Fragata Gaetano Guevara Bergna.

Operaciones de Paz. Coronel. EP (r) Guillermo Palacios Seminario. VIII. OPERACIONES MILITARES

¿Interoperabilidad? Comando y Control… Del concepto a la práctica. Contralmirante José Acha Pacheco.

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REVISTA DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS

N° 2

TÍTULO Y AUTOR Comando Operacional de la Amazonía en acción.

EDICIÓN PÁG. SET. 2008

DIC. 2008

JUN. 2007

DIC. 2008

SET. 2008

DIC. 2008

JUN. 2007

SET. 2008

JUN. 2009

JUN. 2007

DIC. 2008

General de División EP Francisco Vargas Vaca. 3

Comando Operacional Marítimo: Proyección del Poder Naval en el Pacífico Sur y los nuevos desafíos del siglo XXI. Vicealmirante Alberto Lozada Frías.

Conceptos para tenerse en cuenta para las Operaciones Conjuntas. General de Brigada EP (r) Jorge G. A. Escobedo Bamberger.

Conflicto asimétrico en Medio Oriente: El caso de Hezbollah en 2006. Señor Héctor Pérez Díaz. Bachiller en Historia.

El Comando Operacional del Sur y las Operaciones Conjuntas. General de División EP Francisco Contreras Rivas.

El Derecho de la Guerra Naval en revisión. Doctor Luis García Corrochano Moyano. Abogado.

La necesidad de definir ciertos términos sobre operaciones integradas. Coronel FAP (r) Luis Bernedo Boado.

Precisiones sobre el conflicto asimétrico. Doctor Luis Giacoma Macchiavello. Abogado.

10 Robots: cambiando el rostro de la guerra. Señor Héctor López Aréstegui. Bachiller en Derecho. IX. 1

PODER MILITAR

“LFE” ((Large Large Force Employment Employment)) o Gran Fuerza de empleo-ataque en paquete. Coronel FAP Julio César Ayín Fossa.

China, una creciente potencia naval. Señor Héctor López Aréstegui. Bachiller en Derecho. X.

POLÍTICA

Con novedad en el frente. Doctor Luis Solari de la Fuente. Médico. Ex Primer Ministro de la República.

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Índice Temático

N° 2

TÍTULO Y AUTOR El mundo de la posguerra fría.

EDICIÓN PÁG. JUN. 2007

JUN. 2007

105

DIC. 2007

DIC. 2008

JUN. 2008

DIC. 2008

DIC. 2009

JUN. 2009

105

Edición especial 2008

Señor César Arias Quincot. Licenciado en Historia. 3

El Poder de una Nación. Doctor Luis Solari de la Fuente. Médico. Ex Primer Ministro de la República

La amenaza Gramscista y el rol de las Fuerzas Armadas. Doctor Luis Chang Ching. Economista.

Las Relaciones Cívico-Militares en el proceso de Reforma del Estado peruano. Contralmirante (r) Eloy Ledesma Rebaza.

Seguridad Internacional. Señor Juan Miguel Grau Calle. Maestría en Ciencias Políticas e Historia. XI.

TECNOLOGÍA MILITAR

Propuesta de implementación de un sistema satelital de percepción remota para el Comando Conjunto de la FFAA. Comandante FAP Iván Calderón Beteta.

Revolución en asuntos militares y sus consecuencias. Capitán de Fragata Jorge Andaluz Echevarria. XII.

VRAE

¿Terroristas o narcotraficantes? Señor Víctor Robles Sosa. Periodista.

Apreciación estratégica de la Policía Nacional del Perú. General PNP Julio Vergara Herrera.

Apreciación política de la problemática en el VRAE. Señor Raúl González Chávez. Sociólogo.

Cuatro líneas de acción estratégica para el VRAE. Vicealmirante (r) Carlos Tubino Arias Schreiber.

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REVISTA DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS

N°

TÍTULO Y AUTOR

Defensa Nacional, Fuerzas Armadas y Desarrollo: una propuesta de estrategia en la cuenca del Valle Río Apurímac-Ene.

EDICIÓN PÁG. JUN. 2008

Edición especial 2008

DIC. 2009

DIC. 2007

Edición especial 2008

DIC. 2009

Edición especial 2008

General de División (r) Roberto Chiabra León.

Edición especial 2008

13 VRAE: Consideraciones para una estrategia eficaz.

SET. 2008

Edición especial 2008

DIC. 2007

Doctora Mirtha Chenguayen Guevara. Abogada. 6

Experiencias en el terreno durante la lucha contra el terrorismo. General de Brigada EP (r) Eduardo Fournier Coronado.

La alianza entre las Fuerzas Armadas y la población civil: proyecciones y propuestas. Doctora Mirtha Chenguayen Guevara. Abogada

La Seguridad, Defensa y Desarrollo Nacional: a propósito de la Cuenca del Valle del Río Apurímac-Ene (VRAE). Doctora Mirtha Chenguayen Guevara. Abogada.

La visión del periodista. Señor Juan Paredes Castro. Periodista.

10 Misiones multisectoriales y conjuntas Plan VRAE. Doctora Zoila Sánchez Palomares. 11 Pilares del programa de desarrollo VRAE. Doctor Jorge Durand Pardo. Sociólogo. 12 Seguridad Nacional y bienestar general.

Capitán de Fragata Sergio Giampietri Ramos. 14 VRAE: Problemas y estrategias de solución. Señor Enrique Obando Arbulú. Magíster en Políticas de Seguridad y Antropólogo. XIII. VARIOS 1

Capacidad de reacción y presencia del Estado. Señor Fidel Quevedo Linares. Periodista.

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Índice Temático

N° 2

TÍTULO Y AUTOR Importancia de las Reservas Generales.

EDICIÓN PÁG. SET. 2008

JUN. 2008

JUN. 2009

DIC. 2008

JUN. 2009

JUN. 2008

General de Brigada EP Darwin Rengifo Rios. 3

Integridad profesional: toma de decisiones en el Puesto de Pilotaje. Mayor General FAP (r) José Escobedo Bamberger.

La pobreza: efectos sobre la gobernabilidad en el Perú. Capitán de Corbeta Mario Miguel Alor Hurtado.

Las Fuerzas Armadas del Perú y el patrimonio cultural de la Nación. Señor José A. Hudtwalcker Morán. Licenciado en Arqueología.

Memorias de Puerto Pizana. Mayor EP Víctor Pimentel Roque.

Naturaleza y función de las Fuerzas Armadas. Doctor Jesús Lazo Acosta. Abogado.

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REVISTA DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS

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