REVISTA DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS DICIEMBRE 2010 by Revista del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas

REVISTA DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS Año 4 - Nº 3

DICIEMBRE 2010

Coronel EP Óscar Dextre Fernández Director de la Escuela Superior FFAA Presidente del Comité Editorial Capitán de Navío (r) César Linares Velásquez Director Capitán de Fragata Héctor Trigoso Medina Editor

COMITÉ EDITORIAL Coronel EP (r) Tomás Delgado Arenas Doctor Luis García Corrochano Moyano Contralmirante (r) Eloy Ledesma Rebaza Capitán de Navío (r) Rafael Luna Aubry Doctor Fabián Novak Talavera Capitán de Fragata (r) Jorge Ortiz Sotelo Mayor General FAP (r) Jorge Rendón Castro Capitán de Navío (r) José Sifuentes Espinosa Coronel FAP (r) Ricardo Vilches Raa General de Brigada EP (r) Juan Emilio Yepes del Castillo

“Maqueta de la futura Escuela Superior de las Fuerzas Armadas” Presentamos con gran expectativa la maqueta de la futura sede de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, importante proyecto de inversión de lo que será el mayor centro académico militar del país. La escuela se levantará en un terreno de 2.5 hectáreas del Lote 4 del Cuartel General del Ejército, en el distrito de San Borja. La infraestructura contará con áreas administrativas, de servicio, alojamientos y deportivas. Las obras civiles han sido proyectadas bajo una concepción acorde a las exigencias académicas del Programa Académico de Comando y Estado Mayor para un alumnado promedio anual de 150 oficiales provenientes de las tres Instituciones Armadas, de la Policía Nacional del Perú, así como eventuales oficiales extranjeros invitados.

Escuela Superior de las Fuerzas Armadas Sito en Avenida Escuela Militar s/n, Bajada de Agua Dulce, Chorrillos. Asistente de editor: Licenciada Carmen Masías Guillén. Fotografía: Ivan Coba Calle, archivo CCFFAA. Coordinador de distribución: TC1 FAP Alberto Reyes Jara. Control de calidad: Roxanna Salcedo Poblete. Impresión: Heralmol SRL Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2010-16982 Las ideas y opiniones publicadas en esta revista son de exclusiva responsabilidad de los autores. No necesariamente reflejan los puntos de vista del Comité Editorial, de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ni del Ministerio de Defensa.

Revista académica destinada a difundir e incrementar los conocimientos que contribuyen a la generación de una cultura de Defensa y Seguridad, acorde al patrimonio que posee la Nación. Esta publicación es editada por la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas.

EDITORIAL ...................................................................................................................................................................1 EL CONTROL DEL MAR Y SU RELACIÓN CON LAS OPERACIONES NAVALES .............................................3 Capitán de Navío Luis R. Adawi Cáceres El artículo revisa la aplicabilidad del control del mar en las operaciones navales que ocupan a las fuerzas navales en el siglo XXI. Incluye la visión particular del concepto del control del mar visto en los diferentes niveles: estratégico, operacional y táctico; además de establecer la diferenciación entre control del mar y control del tráfico marítimo, este último presente como una acción rutinaria de control jurisdiccional de un Estado. Como corolario del artículo, el autor propone los grados de control que se requieren para diferentes tipos de operaciones navales según los requerimientos de las armadas del presente siglo. NUEVO ELEMENTO DE GOBERNABILIDAD: LA POLÍTICA ECONÓMICA EN LA GUERRA .........................13 Economista Oscar Ricardo Alegre Valdez La economía estudia el campo de las infinitas necesidades confrontando los recursos escasos y, con esto en mente, ha desarrollado la teoría y el instrumental para que pueda aplicarse a muchas situaciones de la actividad del mercado, en este caso, nada se opone para que pueda ser aplicado al campo de la Defensa Militar. El criterio económico aplicado a las adquisiciones, al mantenimiento de la fuerza y al esfuerzo económico para la guerra, es un elemento que contribuye a la gobernabilidad con relación al sector Defensa y a la Seguridad Nacional. TRAICIÓN A LA PATRIA CONSTITUYE UN DELITO DE FUNCIÓN ..................................................................21 César Aliaga Castillo El autor, quien fue el encargado de la defensa jurídica del Fuero Militar Policial en la contienda de competencia contra el Poder Judicial por el juzgamiento del presunto espía Técnico FAP Ariza Mendoza, nos explica el desarrollo de dicho proceso y las razones jurídicas por las que la jurisdicción militar conoce actualmente este caso de espionaje. RELACIONES CÍVICO MILITARES, RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADO Y DE LA DEFENSA NACIONAL - REGIONAL Y CONTINENTAL .........................................................................................................33 General de Brigada Ejército argentino Heriberto Justo Auel Este artículo aborda el tema de las relaciones civiles-militares en tanto condicionantes de la cohesión sociopolítica y del desempeño institucional del Estado como prerrequisitos de la eficacia de un sistema de Defensa Nacional. Se centra en el caso argentino, si bien la discusión es válida, al menos parcialmente, para otros países de la región y extrapola las conclusiones al problema de la defensa regional-continental. LA COMISION DE LA VERDAD Y RECONCILIACION Y EL PROYECTO DEL LUGAR DE LA MEMORIA ................................................................................................................................................... 43 Vicealmirante (r) Javier E. Bravo Villarán El artículo analiza el Informe Final de la Comisión de la Verdad, documento base para el desarrollo del proyecto del Lugar de la Memoria, el cual perennizará esta etapa de la historia del Perú, para las futuras generaciones.

SECTOR PÚBLICO: ¿POR QUÉ TRAZAR OBJETIVOS DE GESTIÓN? ........................................................... 55 Comandante FAP Juan Jordán Altamirano Los objetivos son como puntos de chequeo que permiten apreciar la materialización de las visiones de las organizaciones, de allí la relevancia de cómo desarrollar adecuadamente objetivos cuantificables, que permitan visualizar el compromiso de la gestión con una mejor condición futura de la organización. La importancia de este tema, el impacto en las organizaciones, es el punto analizado desde varios ángulos en el presente artículo. EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LAS POSIBLES AMENAZAS A LA SEGURIDAD NACIONAL ........................... 63 Mayor FAP Guillermo G. Lazo Alatrista El artículo muestra una visión general de cómo el cambio climático, evidente en nuestros días, representa una amenaza que atenta no solamente contra algunos factores como la seguridad alimentaria, la salud humana, la flora, la fauna y el bienestar, aumenta también el grado de exposición de la sociedad en su conjunto a fenómenos meteorológicos extremos, además de constituirse como la posible amenaza que representa contra la seguridad nacional y que redundará directa y negativamente en el desarrollo socioeconómico de un Estado-nación. El Perú, no está exento de esta amenaza, más aún teniendo en cuenta que será el tercer país más afectado por el cambio climático a nivel mundial. LA GLOBALIZACIÓN Y SUS EFECTOS EN EL NUEVO ORDEN MUNDIAL ................................................... 69 Contralmirante (r) Eloy Ledesma Rebaza La "Globalización"-como proceso que viene de antiguo- en la actualidad se convierte en el nuevo campo de la lucha geopolítica y geoestratégica de las grandes potencias. Este proceso, dependiendo del poderío de los países que han intervenido en él, ha evolucionado a través del tiempo principalmente en el campo de las Relaciones Internacionales, que el autor analiza en detalle. VIGENCIA DE LA GUERRA NAVAL ……………….……………... ................................................................ 81 Capitán de Fragata Juan Carlos Llosa Pazos La guerra naval moderna no puede ser concebida de manera aislada, aunque debe conservar sus principios fundamentales de búsqueda, detección identificación, seguimiento y ataque individual, asistido o en forma conjunta con unidades aéreas de combate. SIN CALCOS NI COPIAS Vigencia del pensamiento del general José Del Carmen Marín en tiempos de globalización ……………….……………... .............................................................................. 87 Crl EP Marco Antonio Merino Amand El nivel del profesionalismo militar peruano y los éxitos alcanzados a través de la historia, han estado ligados al grado de desarrollo de la ciencia militar, su método de investigación y modo de aplicación. El general de división José Del Carmen Marín Arista, a mediados del siglo veinte, brindó un gran impulso a este crecimiento al plantear un método de estudio de las realidades complejas, puso énfasis en que siempre debemos tener en cuenta la realidad del país como producto de su ubicación geográfica y proceso histórico, tanto en el estudio y análisis del problema, como en el planteamiento de la solución. El proceso actual de la globalización o mundialización de ningún modo nos exime en reconocer las diversidades y particularidades que distinguen a la Nación peruana.

LA JUSTICIA MILITAR EN EL DERECHO COMPARADO: Delito de función en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Organización de la Jurisdicción Militar en América y Europa ……………….……………... ......... 93 Contralmirante CJ (r) Carlos Enrique Mesa Angosto Exposición del Contralmirante Carlos Mesa Angosto ante la Asociación de Magistrados de las Justicias Militares Estatales (AMAJME) en el marco del “XI Congreso Nacional de las Justicia Militares, que se llevó a cabo en Salvador, Brasil , la primera semana de Noviembre 2010. FUERZAS ARMADAS Y SU COMPROMISO CON LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ……………….……………... ...................................................... 105 Teniente Coronel EP Víctor Arturo Miranda Alfaro El compromiso de las Fuerzas Armadas con la protección del medio ambiente se pone de manifiesto en los actuales retos que tienen las sociedades modernas, donde se desarrollan actividades que sintetizan respuestas concretas, a esta interrogante que es un problema que en el tiempo podría inducir a conflictos, el mismo que compromete a un país y sus Fuerzas Armadas. LA ESCUELA SUPERIOR DE LAS FUERZAS ARMADAS ……………….……………... ......................... 113 Nota informativa

ILUSTRACIONES Orígen de los Himnos de las Instituciones Armadas y Policiales Himno de las Fuerzas Armadas .........................................................................................................2 Himno del Ejército del Perú .............................................................................................................20 Himno de la Marina de Guerra ........................................................................................................32 Himno de la Fuerza Aérea del Perú ................................................................................................64 Himno de la Policía Nacional del Perú ..........................................................................................80 Himno del Centro de Altos Estudios Nacionales,CAEN ............................................................86 Himno del Colegio Militar Leoncio Prado ..................................................................................104 Marcha de Banderas .......................................................................................................................112

Se permite la reproducción de los artículos dándole el crédito a la Revista del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Web: www.esffaa.pe E-mail: directorrevista@esffaa.pe Teléfonos: 251-8294 / 9755-94569. RPM revista: *954087

EDITORIAL 2010, queda atrás un año más que lectivo marcado por una intensa actividad editorial desarrollada, dejando una sensación de haber cumplido la tarea con la entrega de esta tercera revista editada en Diciembre. Ha sido un año fructífero en artículos, pues hemos superado ediciones de años anteriores, contabilizando un total anual de 40 colaboraciones, motivo suficiente para extender nuestras sinceras felicitaciones a cada uno de los autores, verdaderos animadores para la vigencia de nuestra revista. Las universidades del país constituyen un punto de destino muy importante en nuestro programa de difusión, en ese sentido reconocemos su contribución profesional por los temas publicados; ello demuestra fehacientemente que existe un real interés del público no castrense de involucrarse con la temática militar, interrelación de mutua sintonía con los objetivos maestros de la Revista. Otro aspecto de singular connotación de este año, es haber comprobado una creciente colaboración del binomio profesor-alumno, traducido en sendos artículos, como resultados de diversas áreas de la currícula académica. En esta edición, nos es grato dar una calurosa bienvenida a un colaborador de una república amiga. Se trata del señor General de Brigada en retiro del ejército argentino Heriberto Justo Auel, miembro fundador del Instituto de Estudios Estratégicos de Buenos Aires (IIEBA) y su presidente desde 1988, poseedor de una vasta experiencia militar con dedicación exclusiva en la docencia. Auguramos una próxima serie de artículos especializados suyos. La portada de esta edición trae una especial novedad, escapa de las acostumbradas obras pictóricas, pero con gran satisfacción queremos publicitar antes ustedes distinguidos seguidores, la maqueta de lo que será en un corto plazo la nueva sede de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, ubicada en un espacio ya definido en las instalaciones del Cuartel General del Ejército situado en el distrito de San Borja. La comunidad militar ofrecerá una escuela propia, adulta, de visión conjunta para los Programas Académicos de Comando y Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, más otros cursos de perfeccionamiento en las materias disponibles tanto por el Ministerio de Defensa o el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Nuestra revista, se suma al sinnúmero de felicitaciones expresadas al máximo representante de las letras peruanas, el Doctor Mario Vargas Llosa, recientemente galardonado por la Academia Sueca con el premio Nobel de Literatura 2010. Finalmente, dejarles la feliz noticia que el 2011 será un año de vital trascendencia, cuyo punto de partida allá por el año 2007 nos llevó al reto profesional de editar una publicación tipo revista de equilibrado contenido académico mediante la participación de autores civiles y militares. Junto con todos ustedes estaremos celebrando cinco años continuados de labor editorial. El director

EL CONTROL DEL MAR Y SU RELACIÓN CON LAS OPERACIONES NAVALES

Capitán de Navío Luis R. Adawi Cáceres

oincidiendo con lo expresado por Sir Julian Corbett 1 en sus teorías, el control del mar tiene un fin ulterior que va más allá del simple éxito en haber conseguido el control de una determinada área; es el empleo de tal área controlada para un propósito específico deseado por las fuerzas propias. Propósitos que se traducen en el control de las líneas de comunicaciones marítimas y en el control de un área para operaciones anfibias, como lo han sostenido coincidentemente Capitán de Navío calificado en Guerra de Superficie, Electrónica y Comunicaciones, actual Director del Centro de Entrenamiento Táctico Naval. Su principal experiencia se centra en el área de operaciones navales y comunicaciones. Ha ejercido los cargos de Comandante y Segundo Comandante de unidades tipo Corbeta Misilera; a lo largo de su carrera ha sido oficial de los estados mayores del Comandante de la Fuerza de Superficie, del Comandante General de Operaciones del Pacífico, del Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y del Comandante de la Tercera Flota de los EEUU. Se encuentra dedicado a la enseñanza desde el año 2001 como profesor de cursos relacionados con operaciones navales y planeamiento naval operativo, ejerciendo la docencia en la Escuela Naval del Perú, Escuela de Guerra de Superficie, Escuela de Perfeccionamiento para Oficiales, Escuela Superior de Guerra Naval y Escuela Superior de las Fuerzas Armadas.

los clásicos teóricos de la estrategia marítima; conceptos que hoy continúan siendo aplicables pero que requieren de una ampliación de la concepción operativa para poder adaptarse adecuadamente a la realidad de las armadas del siglo XXI. Tal como lo refiere el Contralmirante Jasón Saavedra 2: «Hay que tener en cuenta, sin embargo, la época en que sus autores escribieron [refiriéndose a diferentes teóricos de la estrategia naval analizados en su artículo], de entonces a la fecha algo de agua ha corrido bajo el puente de la estrategia.» (2007:7) Las operaciones actuales que ocupan las doctrinas de las armadas del siglo XXI, van desde las clásicas operaciones centradas en el enfrentamiento contra amenazas constituidas por otros Estados, es decir por otras armadas; hasta aquellas que se avocan a la seguridad marítima, en las que se presentan como amenazas actores no estatales. Las teorías de control del mar como han sido presentadas clásicamente por la época en que fueron planteadas, no han podido pues ocuparse de los problemas que hoy se enfrentan en la búsqueda de la seguridad marítima, la que tiene como fin ulterior asegurar el buen uso del mar. Geoffrey Till 3 al respec-

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to refiere: «…por muy avanzado que pueda este pensamiento tradicional estar modificado [refiriéndose a las redefiniciones y correcciones de los conceptos tradicionales], no cubre directamente una cantidad de problemas que realmente tienen que enfrentar día a día las armadas del mundo, tales como la piratería, patrullas contra la inmigración ilegal, protección de pesca, etc.» (2009:82) En el presente artículo sobre el control del mar y su relación con las operaciones navales, plantearemos los fines que persigue el control del mar como teoría estratégica; basándonos en lo expresado al principio de la presente introducción, la necesidad de obtención de este control para un propósito ulterior deseado. Asimismo revisaremos los diferentes tipos de operaciones navales que consideran las fuerzas navales del siglo XXI, así como aquellos considerados en nuestra doctrina; y su relación con el grado y forma de control del mar requerido para su conducción. Concepto de control del mar, finalidad y características Revisemos, para empezar, el concepto que sobre el particular refiere Geoﬀrey Till, en su más reciente obra: «La recompensa real de tener el dominio, o el conGeoﬀrey Till. trol del mar es la capacidad de utilizarlo para los propios propósitos estratégicos y negar su uso a cualquier adver-

sario. En líneas generales, hay dos grupos de usos estratégicos: la capacidad de proyectar el poder militar a tierra, y usar el mar como medio de transporte. Cada uno tiene su imagen espejo –evitar que algún otro use el mar contra nosotros con cualesquiera de los dos propósitos» (2009:184) Como podemos ver en tal concepción, el control del mar es un objetivo de la estrategia naval que busca como propósito final la utilización del área de mar controlada para un fin ulterior, generalmente estratégico-operacional. Es decir, que el objetivo de control del mar perseguido en un conflicto, generalmente se ubica en el nivel operacional; buscando con el cumplimiento de éste, contribuir al logro del objetivo estratégico-operacional principal o facilitar el alcance del objetivo estratégico militar establecido. ¿Podríamos afirmar, entonces, que el control del mar como se encuentra definido no guarda relación con los objetivos bosquejados en el nivel táctico de la guerra en el mar? La respuesta es un tanto confusa, dado que si bien el nivel táctico no establece como objetivo el control del mar, las operaciones o acciones tácticas ejecutadas en este nivel guardan una estrecha relación con el logro del objetivo de control del mar, en el sentido de que tales acciones se concentran en objetivos que coadyuvarán al logro del mismo. En su última publicación, Milán Vego4 refiere sobre el control del mar como objetivo lo siguiente: «En teoría el control del mar y la disputa del mismo, puede ocurrir en un nivel estratégico, operacional y táctico. El control del mar

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estratégico abarca el control del teatro marítimo en su totalidad, mientras que el control de una parte mayor de este teatro representará el control en el nivel operacional. El control táctico Milán Vego. del mar se refiere al control de una zona o sector de combate marítimo, aunque a veces puede abarcar un área de operaciones marítima. Sin embargo, en términos prácticos, el objetivo debería estar centrado en el control y disputa del mar en el nivel estratégico y operacional; más no en el táctico.» (2009:25)

Estas últimas funciones, coincidiendo con Till (2009), se encuentran dentro de aquellas que deben de enfrentar cotidianamente las armadas del mundo. No creemos que los ejemplos sean tan necesarios para evidenciar tal afirmación, simplemente revisemos las noticias sobre los sucesos en el Golfo de Adén, o sin ir muy lejos la operación naval ejecutada por nuestra fuerza naval en el año 2001 para la captura de una flota pesquera de una empresa extranjera en actos de pesca ilegal; así como los escenarios que año tras año afrontan en la ficción nuestras fuerzas navales desplegadas en operaciones multinacionales en diferentes ejercicios.

El control del mar persigue entonces un propósito que no solo va más allá del control del área en sí misma, sino que se materializará en el uso que se le dé al área bajo control de la fuerza naval; uso que podrá estar centrado netamente en lo marítimo, como podrá derivar a operaciones subsiguientes en el ámbito terrestre.

Como vemos muchas de las “nuevas funciones”5 derivan de una necesidad de resguardar la economía del Estado, y en estas vemos también que las acciones contra tales amenazas buscan el control del mar para asegurar que las líneas de comunicaciones marítimas no sean amenazadas; es decir el fin ulterior es el mismo clásico concepto, continuando vigente la máxima que Walter Raleigh planteará en el siglo XVI: «Aquel que domina el mar domina el comercio, el que domina el comercio del mundo

En este siglo XXI, las preocupaciones de las armadas ya no se centran estrictamente en el combate contra una armada enemiga, sino se ocupa en adición del combate con otras amenazas constituidas por actores no estatales que cometen delitos de impacto transnacional que afectan a la seguridad nacional de diferentes Estados y por ende a su normal desarrollo. Delitos tales como el tráfico de drogas, la pesca ilegal, el contrabando, la piratería marítima, el terrorismo marítimo, la trata de personas, por hablar de aquellas de mayor repercusión en nuestro ámbito regional así como en el global.

Walter Raleigh.

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controla las riquezas del mundo y, en consecuencia, el mundo mismo».6 ¿Podríamos sostener entonces que el concepto clásico de control del mar hoy en día no se limita al uso que se le pueda dar en la guerra, sino que abarca todas aquellas situaciones en las que se podría ver afectada la seguridad nacional de un Estado? Si bien el control marítimo es una actividad efectuada principalmente en tiempo de paz, abocada al control efectuado por los Estados de toda actividad marítima – pesca, explotación de recursos, transporte marítimo, entre otras relacionadas – en su área de responsabilidad marítima; el control del mar es un objetivo trazado en situaciones de guerra. Habría que considerar que en este nuevo siglo al afectar los actos perpetrados por actores no estatales el normal desarrollo de los Estados, constituyen tales amenazas impedimento para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo, así como un riesgo para las personas que sufren directamente ataques en el mar; por consiguiente se constituye en una preocupación para la seguridad nacional. Al respecto, Hill 7 (1990) expresa que los Estados también suman a sus intereses vitales el progreso de sus nacionales, por consiguiente todo aquello que impida el logro de sus objetivos trazados para tal fin, es una amenaza para el Estado como tal. Sustentaremos un poco más la respuesta a la interrogante sobre control del mar y control marítimo. Till (2009) refiere a cuatro atributos del mar que han dirigido los

roles navales desde siglos atrás, los mismos que continuarán dirigiéndolos en el presente siglo: el mar como dominio, el mar como recurso, el mar como transporte y el mar como información. El primero de éstos centrado en los conflictos entre Estados, y los otros tres con mayor incidencia en afrontar amenazas de actores no estatales, sin restar posibilidad de que algunos de estos tres últimos puedan representar amenazas generadas por otros Estados. El control del mar dentro de estos roles buscará, por consiguiente, asegurar el buen uso del mar –“good order of the sea”, como lo refiere Till en su misma publicación. El mar como dominio requerirá del control del mar para los objetivos estratégicos-operacionales que se determinan como parte del conflicto, normalmente estos continuarán ocupándose de asegurar el empleo de las líneas de comunicaciones marítimas propias, de la proyección del poder militar sobre tierra; así como de sus contrapartes negativas que son las de impedir el libre uso de sus líneas de comunicaciones marítimas por parte del enemigo, así como de impedir que el enemigo pueda proyectar su poder militar sobre nuestros territorios. El mar como recurso, buscará el control del mar para asegurar la explotación o extracción de los recursos naturales de los mares pertenecientes al Estado, sobre los cuales todo estado ribereño tiene derecho reconocido internacionalmente hasta las 200 millas desde sus fondos hasta la superficie, y más allá de estas únicamente sobre los fondos en circunstancias especiales.

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El mar como transporte, buscará el control del mar para asegurar el empleo de las rutas comerciales marítimas, que no son diferentes en concepto al de las líneas de comunicaciones marítimas referidas anteriormente; estás líneas comerciales abarcan el mar por donde circulan los transportes marítimos comerciales de interés, así como los puertos en donde éstos se encuentren. El mar como información buscará más que controlarlo, el asegurar su empleo clásico para el intercambio de información cultural y desarrollo tecnológico entre las naciones, los usos en la investigación científica para provecho del Estado, así como el asegurar los medios de intercambio de información que por éste circulan. Quizás encontremos en este atributo, una menor relación en el objetivo de control del mar. Como podemos apreciar la necesidad del control del mar, hoy en día no podría ser acotada a situaciones de guerra estrictamente. Necesidad en la obtención del control del mar Si la necesidad de obtención del control del mar, en términos simples, es buscada para emplear el mar en provecho propio, presentándose tal necesidad cuando el uso normal de determinada área de mar o espacio marítimo ha sido amenazado por algún ente ajeno al propio Estado afectado; entonces los actos de piratería marítima y terrorismo marítimo principalmente, al amenazar directamente al comercio marítimo, constituyen una preocupación para el desarrollo comercial de los Esta-

dos afectados, la que tiene que ser atendida por la estrategia de seguridad nacional de tales Estados. La realidad actual vivida en el “cuerno de África” ha llevado a que diferentes Estados conformen una fuerza naval compuesta por una treintena de medios desplegados, con el objetivo de mantener el control del mar del área asegurando el tráfico marítimo que transita por el área afectada. Podríamos concluir, sin pecar de simplistas, que el control del mar es un objetivo buscado para asegurar un propósito estratégico establecido por el propio Estado; este propósito estratégico no se encuentra temporalizado por períodos de paz o guerra, sino que se encuentra definido por los intereses y objetivos nacionales que el Estado se ha trazado para su desarrollo. Por consiguiente, toda situación en la que el uso del mar para los intereses del Estado se vea amenazado en una magnitud que requiera el uso de medios navales para neutralizar y acabar con tal amenaza, requerirá que el Estado bosqueje estrategias y diseñe planes para obtener el control del mar en el área afectada. Para terminar con la idea plasmada, las actividades de control de tráfico marítimo se centran en aquellas ejecutadas como parte de las actividades cotidianas de policía marítima que todo Estado efectúa con sus medios de control marítimo, en nuestro caso con el Servicio de Capitanías y Guardacostas. Esto quiere decir que el normal y buen uso del mar no ha sido amenazado por algún acto contrario, sea este perpetrado por otros Estados o por grupos delincuenciales.

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Tipos de operaciones navales y sus objetivos Vego (2009), refiere dos objetivos principales en los que giran las acciones de combate en el mar, uno por el lado del bando más fuerte centrado en la obtención del control del mar, y el otro por el lado del más débil, el cual se limitará a la negación de la obtención de tal control. Los otros objetivos operacionales que perseguirán las armadas serán aquellos que buscan el mantener y si es posible expandir el control obtenido del mar. Existirán asimismo muchos más objetivos de menor intensidad o de menor proporción, según amplía el mismo autor, los cuales podrán ser ejecutados contra fuerzas de otro estado, así como contra fuerzas irregulares o actores no estatales. Estos objetivos igualmente perseguirán la obtención en mayor o menor medida de un grado de control o negación del control del mar.

Por un lado podemos ver en los conceptos de Vego la disputa que naturalmente siempre existirá en el mar, tal como lo conceptuó Corbe (1936), al afirmar que el estado natural del mar es un mar en disputa. Como tal esta situación es un paso previo y obligado para obtener el control del mar. Corbe sostuvo en sus teorías tres tipos de operaciones navales: las orientadas a obtener el dominio, aquellas que se centran en la disputa del dominio, y las que se ocupan del ejercicio del mar dominado. Cabe anotar que, como refiriéramos anteriormente, el término actualizado conforme al pasar de los tiempos; cambió de dominio al de control. Por ende, podríamos dividir estas operaciones típicas de Corbe en: operaciones para la obtención del control, para la disputa del control y para el ejercicio del control. Para la disputa y obtención del control, existen prácticamente tres métodos o formas de operar: batalla decisiva, flota en potencia y bloqueo naval. Mientras que una vez obtenido, nos concen-

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tramos en mantenerlo para el propósito que se buscaba; comprendiendo las siguientes formas de operar: protección de las líneas de comunicaciones propias, ataque de las líneas de comunicación del enemigo, proyección del poder militar sobre tierra, defensa contra la invasión del enemigo. Cada uno de estos métodos o formas de operar abarcan según nuestra doctrina y la mayor parte de las doctrinas navales del mundo, una serie de operaciones navales que requerirán de ciertos grados de libertad de acción para poder ser ejecutadas. Pudiendo asociar, coincidentemente con Milán Vego, que el control del mar en términos de operaciones navales se refiere a la libertad de acción que obtienen las fuerzas para poder actuar en un tiempo y espacio determinados. Grados y formas de control requeridos para la ejecución eficiente de los diferentes tipos de operaciones Coincidiendo con lo mencionado por diferentes autores, el control del mar como parte de un diseño operacional tiene influencia de los factores de tiempo, espacio y fuerzas del arte operacional. Como tal, el control del mar manifestará diferentes grados en función de la característica de cada uno de tales factores. Vego (2009) igualmente hace una división del grado de control en función de tales factores del arte operacional: • En función del espacio: control general y local. • En función del tiempo: control permanente y temporal. • En función de las fuerzas: control absoluto y en disputa.

Podríamos considerar a la supremacía marítima como un control absoluto, permanente y general; y a la superioridad marítima como un control absoluto, permanente y local. La primera sumamente difícil de obtener, a excepción de la existencia de una fuerza inmensamente superior a la otra, sin embargo resulta aún difícil alcanzarla. Para el caso de la superioridad, esta si es más realizable, siendo un requisito necesario obtenerla para conducir con mayor probabilidad de éxito, operaciones anfibias por ejemplo. El Almirante Eccles de la Armada de EEUU, según es citado por Till (2009:152), plantea los siguientes tipos de control del mar expresándolos en función del grado de libertad que alcanza la fuerza naval: • Control absoluto (dominio del mar): libertad total para operar. • Control funcional: se tiene un elevado grado de libertad, debiendo el enemigo asumir altos grados de riesgo para disputar el control. • Control en disputa: cada bando opera con riesgo considerable. Se hace necesario establecer control funcional por áreas específicas y tiempos limitados para la ejecución de operaciones con gran probabilidad de éxito. • Control funcional del enemigo: inverso al funcional anterior. • Control absoluto del enemigo (dominio del mar): inverso al absoluto anterior. Ahora, cabe resaltar, que el control del mar implica el control de un espacio tridimensional, es decir de la superficie del mar, el espacio sub-acuático – bajo la superficie del mar –, y el aéreo – sobre la superficie del mar. Esta necesidad de control tridimensional, es el princi-

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pal limitante de su posibilidad de lograr y mantener el requerido control; razón en la cual encontramos el sustento de la condición que dan los teóricos estratégicos a la fuerza naval más fuerte para buscar la posibilidad de control del mar. • Por el contrario, la negación del control del mar se centrará en la negación o impedimento para que el contrario pueda alcanzar el control en algunas de esas tres dimensiones. Siendo como es lógico, una labor que involucra menor esfuerzo y por ende menor costo; razón por la cual, las mismas teorías estratégicas la atribuyen como la posibilidad más sensata de una fuerza naval débil. Tomando las clasificaciones antes referidas plantearemos las siguientes condiciones de gradualidad requeridas para conducir las operaciones especificadas: • Operaciones anfibias: requerirá obligadamente de una superioridad marítima, es decir del mayor grado de libertad de acción posible en el área designada para las operaciones anfibias; estando tal grado supeditado a la complejidad del tipo de operaciones anfibias en cuanto al tiempo de ejecución de la misma. • Operaciones de protección de tráfico marítimo: control temporal y local delimitado por el área en la que se va moviendo el convoy, o en la que se mueven los buques comerciales. En el caso que la propia fuerza tenga un control funcional en las áreas donde está presente el tráfico marítimo de interés, la libertad de acción que se consiga condicionará el éxito de éste tipo de operaciones. En caso contrario, cuando exista

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una posibilidad de disputa, las operaciones tendrán su mayor riesgo en los puntos de confluencia o focales del tráfico marítimo (pasos obligados cercanos a islas o territorio no seguro, canales y estrechos, puertos). Operaciones de ataque al tráfico marítimo enemigo: si se tiene un control en disputa será necesario una óptima evaluación y gestión de riesgos para poder aceptar la misión. Si se tiene un control funcional deberá buscarse efectuar el ataque en el momento y lugar en el que se tiene mayor superioridad relativa. Operaciones de defensa del territorio: en el siglo XXI la situación es de mayor complejidad, al existir posibilidad de ataque sobre objetivos en tierra desde distancias mayores a los 3,000 km; hecho que obliga a buscar ganar el control de aquellas áreas desde donde se podrían afectar con tal capacidad los objetivos vitales propios o un mayor número de objetivos importantes. Operaciones de seguridad marítima: entendidas como aquellas centradas en mantener el buen uso del mar. Control funcional al menos, dado que el control absoluto es sumamente difícil de poder conseguirse debido a la naturaleza de la amenaza. Sin embargo, cabe resaltar que habría que diversificar las áreas de control funcional en función del tipo y grado de la amenaza; ya que normalmente este tipo de amenazas buscará actuar donde no hay control.

Conclusiones •

Los conceptos teóricos tradicionales sobre estrategia marítima referentes a control del mar continúan

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vigentes y son de entera aplicabilidad para el presente siglo XXI. Existen autores, que sostienen que a pesar de que las guerras del siglo XX han actualizado y modificado los conceptos tradicionales; estos aún se encuentran lejos de cubrir los problemas que día a día deben afrontar las armadas del mundo, tales como piratería, pesca ilegal, así como otros ilícitos en el mar. Sin embargo, reiterando lo manifestado en el párrafo precedente, creemos que en lo referente al propósito del control del mar este sigue vigente en similares dimensiones. Son pues los propósitos ulteriores del control del mar el empleo de las líneas de comunicaciones marítimas propias y la proyección del poder militar sobre tierra. Concepción que, sostenemos, se da tanto en operaciones de combate – las libradas contra otros Estados; como en operaciones de seguridad marítima – las conducidas en contra de actores no estatales. En el ámbito de un conflicto entre Estados no existe duda alguna sobre tal concepción. En el ámbito de las operaciones de seguridad marítima, el asegurar el empleo propio de las líneas de comunicaciones marítimas, se traslada al del asegurar el libre flujo del comercio marítimo. Representando el propósito de la proyección del poder sobre tierra, la necesidad que pueda presentarse de efectuar una incursión o ataque directo a una base terrorista, base o lugar de paraje de piratas. Normalmente mediante incursiones de operaciones especiales, y en casos extremos de asaltos anfibios. Se demuestra entonces que en el presente siglo XXI la concepción

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teórica de control del mar se aplica tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz. El autor cree asimismo que la gradualidad del conflicto no guarda relación con el nivel de control del mar que pueda requerirse en el amplio espectro de las operaciones navales; el nivel de control del mar lo definen las operaciones en sí más que el rango del conflicto. Los atributos del mar que refiere Geoffrey Till y la concepción del asegurar el buen uso del mar como una preocupación de las armadas del siglo XXI, es una nueva teoría perfectamente soportada en los conceptos tradicionales y acorde con las actividades que ocupan mayoritariamente a las armadas del mundo para cumplir con sus roles de seguridad nacional. El grado de control funcional (temporal y local) y el de control en disputa, se visualizan como los grados de control de mayor predominancia en los roles actuales de las armadas, conforme a las capacidades que hoy existen. El control absoluto podría quedar descartado en su posibilidad de ser practicable, dado que si en tiempos anteriores era difícil, en las épocas actuales la tecnología, capacidades de las armas, y el entrenamiento multinacional; hacen casi imposible que una armada pueda sentirse en un grado de control total del mar. Como evidencia tenemos la imposibilidad de una fuerza de tarea de casi 30 elementos operativos de gran tecnología, puedan obtener el control absoluto del mar del Golfo de Adén. Para concluir, el control del tráfico marítimo se circunscribe

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al control rutinario efectuado mediante patrullaje marítimo e inspecciones; con el objeto de asegurar el mantenimiento del uso del mar en provecho del desarrollo nacional, así como para reprimir cualquier acto ilegal que pudiera alterar el buen uso que se le debe dar al mar. Cuando se presenta algún hecho manifiesto de acto en contra del deseado uso del mar por el Estado, se conforman fuerzas o grupos de tarea navales – dependiendo de la dimensión de la amenaza – para neutralizarla y recuperar el estado normal del buen empleo del mar.

Referencias bibliográficas: 1.

Caballero, M. (agosto 2010). Conquista, Disputa y Ejercicio del Control del Mar. Ponencia presentada en el curso de Estrategia Marítima del Programa de Política Marítima y Seguridad Nacional de la Escuela Superior de Guerra Naval. Corbe , J. (1936). Algunos principios de estrategia marítima. Edición original publicada en 1911. Buenos Aires: Instituto de Publicaciones Navales. Hill, R. (1990). Estrategia marítima para potencias medianas. Edición original publicada en idioma inglés. Buenos Aires: Instituto de Publicaciones Navales. Saavedra, J. (agosto 2010). Precisiones conceptuales sobre estrategia y el principio fundamental de la Guerra. Ponencia presentada en el curso de Estrategia Marítima del Programa de Política Marítima y Seguridad Nacional de la Escuela Superior de Guerra Naval.

Saavedra, J. (2007). “El control del mar”… una aproximación estratégica, operacional y doctrinaria. Revista de Marina Nro. 1, (2007) 3 – 14. Till, G. (2009). Seapower: A guide for the twenty-first century. 2da ed. Oxfordshire: Routledge. Vego, M. (2009). Operational Warfare at Sea, theory and practice. Oxfordshire: Routledge.

Sir Julian Corbe (1854-192) abogado inglés y reconocido teórico de la estrategia marí ma, es autor de varias obras relacionadas con la estrategia marí ma, su obra más importante es “Some principles of Mari me Strategy” (Algunos principios de estrategia marí ma) publicada en 1911.

Calm. (AP) Jasón Saavedra Paredes, actual Director del Servicio Industrial de la Marina. Oficial calificado en guerra de superficie, es autor de varios ar culos publicados en la Revista de Marina y Revista de las Fuerzas Armadas, principalmente; quedo segundo puesto en el concurso de publicación de ar culos organizado el 2007 por el primer centenario de la Revista de Marina. Es profesor de la Escuela Superior de Guerra Naval, en la cátedra de estrategia operacional y estrategia marí ma.

Geoﬀrey Till, historiador y profesor inglés de estrategia marí ma. Autor de diferentes libros y ar culos relacionados con la estrategia marí ma. Sus principales teorías han sido desarrolladas en su obra “Mari me Strategy and the Nuclear Age” (Estrategia Marí ma y la Era Nuclear) publicada en 1982, actualizada en su segunda edición de 1987. Para el presente siglo, sus teorías fueron revisadas y actualizadas integralmente, e incluidas en su obra “Seapower, a guide for the Twenty-first century” (Poder Marí mo, una guía para el siglo XXI), publicada en el 2004, cuya segunda edición publicada en el año 2009, considera información recogida de su visión de diferentes armadas del mundo, luego de sus viajes realizados desde la publicación de la anterior edición; viajes dentro de los cuales llegó al Perú en el año 2006. Las visitas efectuadas por Till a diferentes países, le ha permi do plantear teorías basadas en la realidad percibida por éste de cada una de las armadas visitadas; considerando el autor del presente ar culo que la obra de Till “Seapower, a guide for the Twenty-first century” Edición 2009 se convierte en una de las obras sobre estrategia marí ma más actualizada, debiendo ser material obligatorio de las bibliotecas de nuestras escuelas superiores.

El Dr. Milán Vego nacido en Yugoslavia y nacionalizado ciudadano EEUU, es profesor de estrategia del US Naval War College. Autor de diferentes ar culos y libros sobre estrategia. Sus obras principales se centran en el área de arte operacional o nivel operacional de la guerra, sus teorías sobre el arte operacional han sido adoptadas por diversas fuerzas armadas, inclusive han actualizado el proceso de planeamiento de las fuerzas armadas de los EEUU, así como de las de otros Estados. Sus teorías sobre arte operacional han sido revisadas y ampliadas en su obra “Joint Opera onal Warfare” publicada el 2007. Su más reciente obra es “Operaonal Warfare at sea, theory and prac ce” (guerra operacional en el mar, teoría y prác ca) publicada el 2009.

El término ‘nuevas funciones’ para referirse a las funciones que hoy en día ocupan la mayor parte de operaciones navales, es empleado por el autor del presente ar culo con propósito de establecer una diferencia con aquellas funciones de las cuales derivaron las principales teorías estratégicas marí mas. Sin embargo, el autor cree que muchas de estas nuevas funciones siempre formaron parte del quehacer opera vo de las armadas, empero las prioridades estratégicas dada a la temporalidad en que fueron planteadas se centraron en aquellas operaciones ejecutadas como parte de las guerras en el mar; operaciones que eran de mayor predominancia e importancia en tales épocas.

Citado en Saavedra, J (2007).

Richard Hill, Contralmirante re rado de la Armada inglesa, autor de diferentes libros y ensayos. Su principal obra “Mari me Strategy for mediums powers” (Estrategia Marí ma para potencias medianas) fue publicada en 1986.

NUEVO ELEMENTO DE GOBERNABILIDAD: LA POLÍTICA ECONÓMICA EN LA GUERRA

Economista Óscar Ricardo Alegre Valdez

Introducción

a Política Económica no es nada más que la respuesta de los titulares del poder ante shocks internos y externos que afectan a la economía. Una guerra o una lucha interna es un shock que repercute en el desempeño económico; cuando el shock es bastante significativo la economía debe avanzar por otro cauce diferente al de la economía en tiempo de paz, ahora, este nuevo desempeño será el de una economía en un contexto de guerra que exige sacrificio a cambio de mayor producción en condiciones marginales. En general se puede decir que éste desempeño económico es propio de contextos históricos excepcionales por ejemplo, cuando hay fuerte convulsión ideológico-social que pone en riesgo el Orden Interno, en conflictos armados, o en casos de países en extrema autarquía ya sea por decisión propia o por sanción económica; en general, se trata de que El Doctor Óscar Alegre Valdez, Economista. Postgrado en Economía Internacional por la Universidad Nacional Federico Villarreal y, en Gobernabilidad por el Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres. Es Master en Economía por la Universidad del Pacífico, politólogo y catedrático. Actualmente, participa como catedrático en el Curso de Alto Mando de la Escuela Superior de la Fuerza Aérea y es facilitador y conferencista en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas.

la economía del país continúe su marcha dentro de un contexto alterado en el cual, el gobierno toma el control de las actividades más importantes. ¿Significa que el gobierno estatizará empresas?, no, pero por razón de Estado las empresas desarrollarán procesos exodirigidos que tienen por objeto mantener el funcionamiento de las actividades económicas indispensables al mismo tiempo que se busca la producción necesaria para la sostenibilidad de las operaciones militares y de las actividades que procuran el autoabastecimiento, desincentivar el consumo privado, garantizar la producción de alimentos y controlar la economía nacional desde el Estado. La movilización Para poder continuar la política dentro de un estado alterado es necesario movilizar todas las fuerzas sociales, productivas y políticas que ayuden al sostenimiento del estado, aún cuando alterado, es un estado al fin y al cabo. Podríamos decir entonces que estamos, de facto, dentro de un estado de excepción y, en esta situación se justifica la Movilización Nacional. La Movilización Nacional no significa solamente la requisa de camiones, cisternas o cualquier maquinaria necesaria para las operaciones militares, menos aún, no significa solo el llamamiento de las reservas. La Movi-

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lización Nacional es el gobierno de un país en condiciones excepcionales y necesarias para la sobrevivencia de la Nación, su patrimonio y, sobre todo, la sobrevivencia del estado de cosas que los ciudadanos habían acordado mantener. Considerando que parte del encargo o mandato ha sido entregado a las Fuerzas Armadas, si los gobiernos son responsables y no traicionan la Constitución, deben mantenerlas en estado operativo para el suficiente obrar en una guerra, como condición necesaria para su empleo y, como condición suficiente, deben dotarlas de armamento superior. Un caso de estudio acerca de la Movilización lo constituye el desempeño alemán durante la II Guerra Mundial; primero la organización Todt y luego el trabajo de Albert Speer como Ministro de Armamento y Producción Bélica, hacen de este caso uno que ejemplifica lo que significa movilizar las fuerzas productivas de una nación. No solo movilizaron los recursos nacionales para la producción de guerra, el abastecimiento de la población y el sostenimiento del esfuerzo de guerra, sino, también organizaron las fuerzas productivas de los países que quedaron bajo el dominio de la expansión alemana para apoyar el esfuerzo de guerra, además de intentar sabotear el esfuerzo de movilizar las fuerzas productivas de Inglaterra, desde Alemania, y de Estados Unidos desde México. La Movilización implica una Política Económica deliberada y, puede extenderse hasta afirmar que la Movilización es la Política Económica en una Economía de Guerra. ¿Siempre es necesaria la Movilización ante todo evento bélico?, no, no siempre es necesario movilizar todas las fuerzas productivas de la nación pues puede tratarse de un evento béli-

co focalizado, de menor cuantía o que no requiera de un gran soporte para la guerra. En estos casos, lo que se requiere es la determinación política para apoyar a sus fuerzas y, lo más importante, la demostración de que efectivamente las fuerzas están disponiendo del mejor equipamiento y en cantidad suficiente para ir a la cita. La evidencia empírica Actualmente, la Teoría del Valor ejemplificada con las antiguas cargas de caballerías a sables y las cargas de infantería a la bayoneta quedaron en el pasado, por eso, sigue siendo extraño que no se haya avanzado en la investigación de la negligencia, que raya en lo criminal, de la decisión del gobierno de Fujimori al enviar aviones y helicópteros a una cita en el Cenepa donde no había muchas probabilidades de sobrevivencia pero, se dio a Ecuador la ansiada “salida con dignidad” que exigía la cuota de sangre peruana; a todas luces algo aparece como una perversa política deliberada. Si Perú hubiera organizado sus fuerzas productivas vía un cambio de dirección de la Política Económica y, destinado una fracción de las Reservas Internacionales a la compra del equipamiento necesario para hacer frente al conflicto, el resultado hubiera sido diferente. Otra alternativa podría haber sido dilatar en el tiempo el inicio de las acciones bélicas a la vez que se alistaba la fuerza; para muchos resulta casi vergonzoso hablar o escribir sobre la guerra pero, es estúpido escamotear la realidad porque siempre estará frente a nosotros mostrándonos su lado más violento y cruel, no se aporta nada si los titulares del poder se ponen de perfil con relación a la realidad. Es como no hacer nada cuando un bote hace agua

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en medio del mar con el argumento de que el punto de agua no está en su lado del bote sino, en el otro extremo. Contrasta con el episodio del Cenepa la actuación de la Marina de Guerra de EE.UU. en las guerras berberiscas entre 1801 y 1805 pues cuando atacan Trípoli, el aparato político estadounidense apoyó incondicionalmente las operaciones navales en el otro lado del mundo, demostró determinación en la acción; en ese caso el discurso político se convierte en la política real cuando se aprueba el presupuesto para apoyar las operaciones de retaliación contra las tropas y marinería berberisca.

Unidos logró su propósito y coincidentemente también fue el fin de la dinastía Tokugawa unos años más tarde la que fue seguida por la dinastía Meĳi, más pro-occidental y permisiva, con lo cual se hizo más fácil para Estados Unidos anexarse las posesiones territoriales de España en el Pacífico asiático, las islas Filipinas, las Carolinas, Marianas, Marshall y la isla de Guam, a la vez que ya había tomado posesión de Hawaii. ¿Fue una perversa política deliberada?, sí, pero no para los nacionales sino, para aquellos que no eran estadounidenses. En el caso del Cenepa, ¿hubo una perversa política deliberada con Fujimori?, si, pero para los peruanos.

Otro episodio que contrasta con la negligente actitud presidencial y de la cúpula militar en el Cenepa es la “presión”, por decir lo menos, del Almirante Ma hew Perry cuando en 1853 se estacionó con sus buques negros frente a las costas de Japón para … ¿solicitar? a que el Mikado1 abriera sus puertos al comercio con Occidente. Por supuesto, Estados

No necesariamente una guerra es sinónimo de atraso, depende de cómo se organice ésta; si los titulares del poder tienen sangre roja los ciudadanos deben esperar de ellos alguna forma de organización, si es que es imposible evitar una confrontación bélica; es suficiente citar algunos casos como el de las Guerras Anglo-holandesas, la expansión

Expansión estadounidense en el siglo XIX.

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Zulú en África, la Guerra de los Bóers y, en su máxima expresión casi como si se tratara de un desarrollo filogenético, se puede citar el periodo de expansión estadounidense que ocurre en el siglo XIX, periodo en el cual Estados Unidos se deshace de la presencia de tres imperios en América del Norte, se hace de la mitad del territorio mexicano, se consolida como país con dos mares y por último, también se hace del Océano Pacífico con la consecuente expansión comercial y consolidación del dólar como moneda de intercambio, lo que se produciría en el siglo XX. Toda esa expansión sucedió vía el uso de la fuerza y el engaño, de aquí se sigue que si los titulares del poder deciden por ir a la guerra es mejor que sepan del arte del engaño, es decir, la estrategia en su máxima expresión pues en este contexto hasta la más vil de las mentiras se torna en insignificante si ésta produce la victoria. Hay algo a tener en cuenta, así sea del modo más primitivo, hay una política detrás de cada una de esas experiencias, particularmente una Política Económica y una Política Militar. Con lo mencionado líneas arriba se quiere decir que detrás de una Movilización para una gran guerra se espera encontrar una sólida determinación política de hacer la guerra porque es inevitable o, aún cuando el evento bélico no sea una gran guerra, siempre se debe encontrar la misma determinación y no una actitud ambivalente, lastimera o cobarde. Las guerras corresponden a la realidad y sus preámbulos no desaparecen con solo cerrar los ojos o, desear que la buena intención de una de las partes cambie la realidad. La Política Económica Parece haber un acuerdo tácito en el conjunto de actuaciones económicas

fundamentales que tienen relación con la Movilización Nacional, entre varios puntos se puede coincidir en: 1. Incrementar selectivamente la producción de Bienes y Servicios vía un acuerdo del gobierno con el gran empresariado. 2. Controlar la política monetaria para evitar los procesos de inflación o de hiperinflación, coordinando con la Política Fiscal. 3. El uso oportuno de parte de las Reservas Internacionales para la adquisición del equipamiento necesario. 4. Calcular los costos de la guerra para verificar la sostenibilidad económica y, al final de la guerra, calcular la recuperación de los costos de la guerra vía el pago dinerario y la explotación de recursos del vencido. 5. Preparar la mano de obra adecuada, incluyendo la femenina y la jubilada, para ocupar los puestos de trabajo de aquellos varones que se incorporan al ejército. 6. Favorecer cierto grado de autarquía como sistema que evite la dependencia de las importaciones exteriores en productos básicos y material militar. 7. Medidas de ahorro energético para privilegiar su uso en la industria que apoya el esfuerzo de guerra y el abastecimiento de la población. 8. Efectuar cambios en la política agrícola para cambiar la dirección del comercio de los cultivos y la industria transformadora hacia la producción de grano y, en general, cultivos que aporten un alto contenido de hidratos de carbono. 9. Aumentar la producción de las industrias que apoyan el esfuerzo de la guerra y, del material militar necesario para las operaciones bélicas vía un acuerdo del gobierno con el gran empresariado.

POLÍTICA

10. Establecer un programa de reducciones del consumo privado, que puede incluir el racionamiento a las industrias y a las familias. Para muchos países no beligerantes y que mantienen su flujo comercial con el país en conflicto que mejor se organiza, significará una oportunidad de crecimiento y desarrollo pues tendrán la oportunidad de incrementar sus exportaciones; según John F. Pollard2 se puede hablar de un "efecto de arrastre que sufren los países más atrasados y que les llevará a una disminución del diferencial de contemporaneidad”, precisa además que el ejemplo de este efecto es el hecho de que “durante la Primera Guerra Mundial, los países de la periferia económica redujeron las distancias con los países más avanzados que se encontraban en guerra”; resulta claro que habrá que probar econométricamente tal aseveración pero, como quiera que fuere la cosa, la otra verdad es que hay una política deliberada. En otros casos, bien puede pasar que una economía en el contexto de una guerra podría sustentar procesos de investigación y desarrollo tecnológico que mejoraría la capacidad del país durante y después de la guerra como si siguiera el modelo de crecimiento neoclásico de Solow3 o el modelo de crecimiento endógeno de Romer4, sin embargo, al mismo tiempo que el salto tecnológico se está produciendo, éste progreso también podría ser la causa de algún tipo de conflicto que eventualmente puede derivar en una guerra, por ello, es aconsejable que los países que progresan no descuiden la defensa militar pues despertarán apetitos en otros, en este caso no sería aconsejable iniciar un fuego si no se tiene un buen extinguidor a la mano.

Cuando los titulares del poder deciden por ingresar a un contexto de guerra, lo primero que deben hacer es movilizar todos los sectores de la producción y esto está relacionado con el desempeño económico del país, se quiere decir con esto que la economía de tiempo de paz debe pasar a un contexto de economía de guerra que sostendrá el esfuerzo bélico mientras dure el evento, a partir de este momento toda decisión política sobre los asuntos militares involucra necesariamente una consecuencia económica, por ejemplo, podría ser que disponga medidas de racionamiento alimenticio por lo tanto el consumo interno se verá afectado en alguna fracción que es necesario investigar y medir en términos económicos. Para ver esto claramente podemos tomar el caso del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial el Reino Unido importó cerca de 55 millones de toneladas de alimentos por año, incluyendo más del 50% de la carne, 70% del queso y azúcar, cerca del 80% de las frutas y casi el 90% de los cereales y grasas. Una de las estrategias principales de las potencias del eje era atacar y hundir la marina mercante que abastecía al Reino Unido, haciendo que la industria británica se resintiera y fuera más débil, era claro que el racionamiento alimenticio en el Reino Unido era el próximo paso y para ocuparse de los periodos de escasez extremas que podrían llegar durante los periodos de guerra el Ministerio del Alimento (Minister of Food) instituyó un sistema de racionamiento de alimentos tanto por el lado del control de precios como por la distribución de alimentos vía cupones. Cada persona iría a las tiendas locales y de barrio, y se le proporcionaría un libro de racionamiento que

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contenía un conjunto de cupones. El ministerio garantizaba la logística y la cantidad asignada a cada comerciante en proporción a los clientes registrados. Al comprar mercancías, el comprador tenía que entregar el cupón así como el dinero para la compra. El 8 de enero de 1940 se empezó a racionar el tocino, la mantequilla y el azúcar. Estos alimentos fueron seguidos por la carne, el té, la mermelada, las galletas, los cereales, el queso, los huevos, la leche y la fruta en conserva. Uno de los pocos alimentos no racionados era el popular Fish and Chips. El excesivo control por parte del gobierno en el racionamiento de los alimentos hizo que mucha gente comprara alimentos en el mercado negro; sin embargo engañaron a muchos consumidores a menudo con sustitutos más baratos tales como carne de caballo en lugar de la carne de vaca. Otro mercado negro se formó con los excedentes de productos estadounidenses enviados a Europa para abastecer a las tropas y esto produjo un bienestar adicional que se escapaba del duro racionamiento. A medida que avanzaba la guerra, se incrementó la cantidad de alimentos sujetos a racionamiento, posteriormente el racionamiento alcanzó a la ropa y a la gasolina. Los restaurantes estaban exentos del racionamiento, lo que condujo a un cierto resentimiento ya que las personas adineradas podrían suplir su restricción del alimento comiendo fuera de casa y de forma extravagante. Para restringir esta situación se impusieron ciertas reglas: • Ninguna comida podría costar más de cinco chelines. • Ninguna comida podía consistir en más de tres platos. • La carne y los pescados no se podían servir en la misma mesa.

Ya bastante avanzada la guerra se creó el LCC’s Londoners’ Meals Service, en septiembre de 1940 como institución temporal, cuya función fue proporcionar un sistema de emergencia para alimentar a las personas que habían sido afectadas con los bombardeos alemanes. A mediados del año 1941, el LCC’s Londoners’ Meals Service mantuvo funcionando doscientos restaurantes en los que una comida de tres platos costaba 9 denarios; la calidad y atención mejoraron cada día, fueron apreciados y tuvieron grandes clientelas que comían allí de forma regular. Esquemas similares fueron puestos en funcionamiento en otras ciudades, en este caso se potenció la actividad de servicios alimenticios que, en otro caso, no hubieran sido necesarios. Con relación a la ropa, ésta también fue racionada mediante un sistema de puntos. El permiso estaba inicialmente fijado para aproximadamente un traje nuevo y completo por año pero, a medida que progresó la guerra se endureció este racionamiento hasta llegar al extremo de que la compra de un abrigo casi igualaba al valor de la ropa de un año entero. El racionamiento continuó después del final de la guerra. De hecho, llegó a ser más apremiante después del final de la guerra que durante el transcurso de la misma. El pan, un componente fundamental de la dieta inglesa que no fue racionado durante la guerra, fue inicialmente racionado en 1946, después del final de la guerra. Esto es explicado en gran parte por la necesidad de alimentar a la población de las áreas europeas que se encontraban bajo el control de los victoriosos aliados, ya que las economías habían sido devastadas debido a la lucha y había que desincentivar a esos países de que

POLÍTICA

cayeran seducidos por las sugerentes propuestas de Europa del Este acerca de sociedades igualitarias en todo, entre todos, la esencia misma del comunismo. El racionamiento del azúcar terminó en febrero de 1953. El final del racionamiento ocurrió en 1954 cuando se eliminó la última restricción sobre el plátano. El racionamiento prolongado hizo que proliferaran sucedáneos de los alimentos preparados como el Crumble, un cake con frutas en el interior y, la torta de zanahoria (carrot cake) que continúan siendo muy populares hoy en día. Es claro que el consumo de las familias quedó afectado pero no hasta el punto en el que llegara a un nivel de hambruna, los países pueden encontrarse en guerra pero eso no significa que se acepten todos los males que ella acarrea, hay formas evitables y otras, potenciales, para evitar que la economía no solamente caiga en depresión o se deteriore su crecimiento sino, más aún, que a pesar de la guerra un cierto mecanismo debe empujar a los titulares del poder a tomar decisiones que transformen la economía de tal manera que se pueda lograr un mayor fortalecimiento de la economía, es decir, el crecimiento del Producto Bruto a pesar del evento bélico, esto es algo como pensar en países que crecen a pesar de sus políticos y esto involucra una mano visible o invisible que los empuje por el camino correcto, el de la atención a la Defensa Militar como parte de la Defensa Nacional, lo que se realiza mediante una Política Económica en un contexto de guerra, en otras palabras, la Política Económica de una Economía de Guerra. Conclusión Lo que se quiere con este artículo es hacer evidente que si la confrontación

bélica es impostergable, el aparato económico no tiene porqué resentirse; podemos citar el caso de Estados Unidos en la Primera y Segunda Guerra Mundial pues en ambas salió fortalecido política, militar y económicamente, la infeliz guerra puede ser aprovechada y no caer en el pesimismo, en otras palabras, no aceptar estoicamente el rezago económico pues para ello basta recordar, metafóricamente que “siempre es más oscuro antes del amanecer”. Este artículo comenzó precisando que la Política Económica no es nada más que la respuesta de los titulares del poder ante shocks internos y externos que afectan a la economía. En el caso discutido, una guerra es un shock externo que repercute en el desempeño económico por lo tanto, se requiere de una Política Económica deliberada, declarada y dirigida hacia todos los sectores de la producción para tratar de neutralizar los efectos indeseados de un evento bélico, en consecuencia se debe esperar respuestas de esos sectores, monitorear sus acciones y evaluarlas para conocer si la Política Económica logró el cometido que se esperaba; es mejor tener un plan que solo resultados provenientes de felices improvisaciones, es preciso recordar que “para Capitán sin puerto, cualquier viento es bueno” y eso, parece mucho a la política de los últimos cuarenta años, por ello, la Defensa Militar resiente las ineficiencias de los titulares del poder.

Término que se usaba para denominar al Emperador de Japón.

Historiador Inglés.

Robert Solow, economista norteamericano, recibió el premio Nobel de Economía en 1987.

Profesor de Polí ca Económica de la Universidad de California.

TRAICIÓN A LA PATRIA CONSTITUYE UN DELITO DE FUNCIÓN 1

César A. Aliaga Castillo

"El hombre que ha cometido un error y no lo corrige comete otro error mayor". Confucio

Finalidad e importancia de la justicia militar

l Fuero Militar Policial es independiente del Poder Judicial (entiéndase como institución y no como Poder del Estado) por mandato expreso del artículo 139º de la Norma Fundamental, el cual señala que “no existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral”. El marco competencial de la justicia militar se encuentra ubicado en el artículo 173º de la Constitución, dentro del Capítulo XII referido a la seguridad y defensa nacional, teniendo como El Doctor César Aliaga Castillo siguió la carrera de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene estudios de Maestría y es Adjunto de Cátedra en esta Casa de Estudios. Diplomas en Asesoría Legislativa y en Derecho Parlamentario y Estructura Territorial emitidos por el Congreso de los Diputados de España – Madrid. Ha sido asesor de la Oficina de Defensa de las Leyes del Congreso de la República, dependencia encargada de la defensa del Poder Legislativo en procesos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Actualmente es asesor de la Presidencia del Tribunal Supremo Militar Policial.

finalidad exclusiva la administración de justicia penal militar policial, cuando los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional incurran en delitos de función. El fin de la justicia militar es preservar el orden y la disciplina en estas fuerzas del orden, para que cumplan cabalmente con las funciones que la Constitución y la Ley les han asignado. Como sabemos, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, respectivamente, tienen la trascendental función de garantizar la defensa de la patria, la independencia y la soberanía de la República, la integridad territorial de nuestro país y la preservación de su orden interno, tal como se desprende de los artículos 165º y 166º de nuestra Norma Suprema. La interrogante que surge al respecto es: ¿cómo se asegura que dichos institutos cumplan cabalmente con sus funciones de defensa y seguridad de la patria? La respuesta es: con la justicia militar. En efecto, el fin de la justicia militar es velar por la disciplina, la eficiencia y

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la moral de los militares y policías en el cumplimiento de sus funciones. El recurso a la jurisdicción ordinaria, por regla general, resulta insuficiente para servir a las necesidades de la disciplina militar; de ahí que resulta necesaria la existencia de la justicia militar para velar que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional cumplan con disciplina y valor sus funciones de defensa y seguridad de la patria. Por ello, bien señalan la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Berenson vs Perú) y el Tribunal Constitucional (Exp. 00454-2006-HC/ TC) que la sanción de los delitos de función en la jurisdicción militar, incide “en la seguridad del estado, el orden constitucional y la disciplina de las instituciones castrenses”. Para funcionar con eficacia como Fuerza, debe haber pronta obediencia a todas las órdenes legítimas de los superiores, la preocupación, el apoyo y la acción concertada con sus compañeros y una reverencia y orgullo por las tradiciones del servicio. Todos los militares y policías emprenden una capacitación rigurosa para ajustarse a sí mismos- física y mentalmente, para el cumplimiento de la función que han elegido- la cual debe ser desempeñada con rígida observancia de la disciplina en razón de la alta responsabilidad que conlleva. Muchos delitos que son punibles con arreglo al derecho penal común, asumen una connotación mucho más grave como un delito de función militar, y como tal merecen un castigo más severo.

Al respecto, cabe traer a colación la jurisprudencia del Tribunal Supremo del Canadá (Généreux vs Reina) y de la Corte Constitucional de Colombia (Exp. C-473/99) en el extremo que sostienen que el sistema punitivo de la jurisdicción militar es incompatible con el de la jurisdicción ordinaria, debido a que las reglas de comportamiento de los militares son extrañas a la vida civil. De ahí que, el recurso a los tribunales ordinarios es inadecuado para servir a las necesidades particulares de la disciplina militar. En conclusión, los militares y policías deben ser juzgados en la jurisdicción militar cuando incurran en la comisión de un delito relacionado al ejercicio de sus funciones. Esto no significa impunidad, sino la necesidad de un juzgamiento especializado pues las condiciones y los imperativos de la vida militar difieren por naturaleza de los de la vida civil. Los magistrados militares tienen conocimiento de la estructura, procedimientos y demás circunstancias propias de la organización armada, de suyo complejas y que justifican evidentemente la existencia de la justicia militar como jurisdicción independiente, cuyo fin es velar que las fuerzas del orden cumplan con eficacia e idoneidad las funciones de seguridad y defensa de la patria. Doble juzgamiento del Técnico FAP Víctor Ariza Mendoza por la presunta entrega, a un estado extranjero, de información secreta que atenta contra la seguridad de la nación Con fecha 17 de noviembre de 2009, el Juez del Juzgado Militar Permanente de la Fuerza Área del Perú de Lima, dictó el Auto de Apertura de Instrucción (Expediente 31001 - 2009 - 0166)

JUSTICIA MILITAR

contra el Técnico Ariza, por la presunta comisión de actos que atentan contra la Seguridad de la Nación, tipificados en los artículos 66º, inciso 3) literal c), y 67º del Código de Justicia Militar Policial (Decreto Legislativo 961)1 como delito de Traición a la Patria en tiempo de Paz; por cuanto de las operaciones de contrainteligencia llevadas a cabo por la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea del Perú, contenidas en el Informe 001-2009 y demás recaudos de autos, el citado Técnico obtuvo información clasificada que compromete seriamente la seguridad de la Nación y estuvo enviándola a Chile. Por su parte, la Juez del 58º Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima también abrió proceso penal (Expediente 49146-2009) contra el referido Técnico Ariza por la presunta comisión de los mismos hechos (es decir, la entrega de información secreta que pone en riesgo la seguridad de la Nación) tipificados como delitos de Revelación de Secretos Nacionales y Espionaje en los artículos 330º y 331º del Código Penal Común.2 Cabe señalar que en ambos procesos penales existía triple identidad en la acción penal: i.

Identidad de la persona perseguida penalmente (identidad subjetiva): en ambos procesos el sujeto procesado es el Técnico FAP Víctor Ariza Mendoza. ii. Identidad del objeto de persecución (identidad objetiva): en ambos procesos la persecución penal es por la entrega, a un Estado extranjero, de información secreta que pone en riesgo la seguridad de la Nación; es decir, se trata de la misma conducta

material, independientemente de su nomen iuris en la jurisdicción militar y en la jurisdicción común. iii. Identidad de la causa de persecución (identidad de fundamento): en ambos procesos el fundamento del ilícito supuestamente realizado por el Técnico FAP Víctor Ariza Mendoza está referido por igual al bien jurídico “Seguridad de la Nación”. Por tanto, el Técnico Ariza está siendo procesado simultáneamente en la jurisdicción militar y en la común, por los mismos hechos y fundamentos, lo cual origina una doble persecución penal y vulnera la garantía de ne bis in idem que informa el derecho al debido proceso. Juzgamiento del presunto espía FAP: juez penal militar vs juez penal ordinario El Juez Militar FAP, mediante Resolución de fecha 20 de noviembre de 2009 (Expediente 31001-2009-0166), solicitó a la Juez del 58º Juzgado Penal de Lima que se inhiba en favor de la competencia de la jurisdicción militar y deje de procesar al Técnico Ariza, por las siguientes razones: i.

El ilícito presuntamente cometido por el Técnico FAP Víctor Ariza Mendoza constituye un delito de función, en la modalidad de Traición a la Patria, tipificado en los artículos 66º, inciso 3) literal c), y 67º del Código de Justicia Militar Policial; y, ii. Por mandato del artículo 173° de la Norma Fundamental, los delitos de función en que incurren los militares y policías, deben ser juzgados en la jurisdicción militar y conforme al Código de Justicia Militar.

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No obstante estos argumentos que cuenta con sustento constitucional y legal, la Juez Penal ordinaria negó el pedido de inhibición planteado por el Juez Militar FAP y decidió continuar conociendo la causa seguida contra el Técnico Ariza. Así, mediante Resolución de fecha 09 de diciembre de 2009 (Exp. 491462009), la Juez Penal ordinaria negó el pedido de inhibición planteado por el Juez Militar FAP y decidió continuar procesando al Técnico Ariza. En dicha resolución, la Juez Penal ordinaria señaló, erróneamente, que el acto de entrega de información secreta que pone en riesgo la seguridad de la Nación, cometido por un militar en actividad, constituye un delito común. Al respecto, dicha magistrada sostuvo que: “6.3. Se aprecia en la normativa penal que los delitos de Revelación de Secretos Nacionales y Espionaje, por el cual se instruye actualmente al procesado Víctor Ariza Mendoza, se encuentra tipificado dentro del Título XV de los Delitos contra el Estado y la Defensa Nacional, específicamente en el Capítulo I: Atentados contra la Seguridad Nacional y Traición a la Patria, previsto en los artículos 330 y 331 del Código Penal. Siendo el bien jurídico tutelado: la defensa nacional, así lo advierte el propio texto normativo, dado que se afecta directamente la eficacia del sistema de defensa nacional con el cual el Estado garantiza la seguridad de la Nación. (…)

Deviene indubitablemente entonces (que, la defensa nacional no es un bien jurídico exclusivamente vinculado con las funciones de las Fuerzas Armadas, en virtud de la complejidad de facetas que la defensa nacional comprende (…). Entonces verificamos en la norma constitucional, artículo 163, que la defensa nacional es un instrumento por el cual el Estado garantiza la seguridad de la Nación, consecuentemente la lesión de este bien jurídico tiene implicancias sobre todos los conformantes de la Nación peruana, y no únicamente sobre el sector Fuerzas Armadas y Policía Nacional), cuyas funciones y fines son específicos y se encuentran delimitados en los artículos 165 y 166 de la Norma Suprema (…). Debe tenerse en cuenta además, que el Tribunal Constitucional ha expuesto de manera clara que no pueden existir dudas en la calificación de un delito de función ya que ello acarrearía su derivación inmediata al fuero común (…). Por lo expuesto precedentemente, la suscrita concluye que la conducta realizada por el procesado VÍCTOR ARIZA MENDOZA, corresponde al delito de Atentados Contra la Seguridad Nacional y Traición a la Patria, en sus modalidades de: Revelación de Secretos Nacionales y Espionaje, previsto y penado en los Art. 330 y 331 concordante con lo prescrito en el Art. 23 y 46 del Código Penal, ilícitos que deben ser vistos en la justicia ordinaria (…).” Del texto expreso de la citada resolución se verifica que la Juez Penal ordinaria fundamentó su decisión de procesar al Técnico Ariza, en base a premisas erróneas:

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El bien jurídico tutelado al sancionar el acto ilícito de entrega, a un Estado extranjero de información secreta que pone en riesgo la Seguridad Nacional, es la “Defensa Nacional” y éste no es un bien exclusivo de las Fuerzas Armadas sino de todos los peruanos en general. ii. Cuando exista duda si dicho acto ilícito debe ser ventilado en el fuero común o en el fuero militar, se debe derivar al primero. Al respecto, debemos mencionar que estos dos argumentos utilizados por la Juez Penal ordinaria son los mismos que la parte demandante en el Proceso de Inconstitucionalidad del Expediente 0012-2006-AI/TC utilizó para cuestionar la constitucionalidad de los citados artículos 66º y 67º del Código de Justicia Militar (que tipifican como delito de función, en la modalidad de Traición a la Patria, el acto de entrega a favor de un Estado extranjero de información secreta que atenta contra la seguridad de la Nación por parte de un militar en actividad). En el referido proceso de control abstracto de constitucionalidad, el Tribunal Constitucional desechó dichos argumentos erróneos y declaró la constitucionalidad de los mencionados artículos 66º y 67º del Código de Justicia Militar. A continuación, explicaremos como el Tribunal Constitucional, sosteniendo que la jurisdicción militar es la competente para conocer el ilícito sub análisis, había desechado ya los argumentos que utilizó hace algunos meses la Juez Penal ordinaria para sustentar equivocadamente su competencia para procesar al Técnico Ariza.

El Tribunal Constitucional ha señalado que el acto de entrega a favor de un estado extranjero de información secreta que atenta contra la seguridad de la nación, cometido por un militar en actividad, es un delito de función competencia de la jurisdicción militar Como hemos visto, el artículo 173º de la Constitución establece que los militares que incurran en delitos de función deben ser juzgados en la jurisdicción militar de conformidad con el Código de Justicia Militar. Esta norma constitucional tiene su desarrollo legal en el artículo I del Título Preliminar de la Ley 29182, Ley de Organización y Funciones del Fuero Militar Policial, donde se señala que: “El Fuero Militar Policial, previsto en el artículo 173º de la Constitución Política del Perú, es un órgano jurisdiccional autónomo, independiente e imparcial. Es competente únicamente para juzgar los delitos de función”.

Técnico FAP Víctor Ariza Mendoza.

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A su vez, el artículo III del mismo Título y Ley precisa que: “Los delitos de función, de naturaleza y carácter militar policial son tipificados en el Código de Justicia Militar Policial y son imputables, solo y únicamente a militares y policías en situación de actividad”. Teniendo claro que nuestro ordenamiento constitucional y legal prevén la existencia de la jurisdicción militar para el juzgamiento de militares en actividad por la comisión de delitos de función, es menester resaltar seguidamente que el Tribunal Constitucional ha sido claro al señalar que para que una conducta ilícita sea considerada como delito de función debe de cumplir la siguiente triple identidad:

Sobre el particular, debemos indicar que la conducta ilícita presuntamente cometida por el Técnico Ariza, cumple con dicha triple identidad para ser tipificada como delito de función: 1.

3. “Entre las características básicas de los delitos de función se encuentran las siguientes: a). En primer lugar, se trata de afectaciones sobre bienes jurídicos de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional tutelados por el ordenamiento legal, y que se relacionan con el cumplimiento de los fines constitucionales y legales que se les encargan. (…). b). En segundo lugar, el sujeto activo del ilícito penal-militar debe ser un militar o efectivo policial en situación de actividad, o el ilícito debe ser cometido por ese efectivo cuando se encontraba en situación de actividad. (…). c) En tercer lugar que, cometido el ilícito penal que afecta un bien jurídico protegido por las instituciones castrenses o policiales, este lo haya sido en acto del servicio; es decir, con ocasión de él.” (Exp. 0017-2003-AI/TC, Fundamento 134)

El ilícito afecta las funciones de las Fuerzas Armadas: el ilícito presuntamente cometido por el citado Técnico afecta la “Defensa Nacional”, la cual es la función primordial de las Fuerzas Armadas, de conformidad con los artículos 163º y 165º de la Constitución. El ilícito fue cometido por un militar en actividad: cuando el Técnico Ariza cometió presuntamente los ilícitos que se le imputan tenía la condición de militar en actividad. El ilícito fue cometido en acto de servicio o en ocasión de éste: el Técnico Ariza se aprovechó de las funciones propias del servicio para cometer presuntamente los ilícitos imputados.

Huelga decir, que todo ello guarda concordancia con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conforme a la cual la jurisdicción militar se establece para procesar a militares y proteger los intereses jurídicos vinculados al cumplimiento de las funciones de las Fuerzas Armadas: “141. Es necesario señalar, como se ha hecho en otros casos, que la jurisdicción militar se establece para mantener el orden y la disciplina en las Fuerzas Armadas. Por ello, su aplicación se reserva a los militares que hayan incurrido en delito o falta en el ejercicio de sus funciones y bajo ciertas circunstancias. (…) 142. Este Tribunal ha establecido que

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[e]n un Estado democrático de Derecho la jurisdicción penal militar ha (…) estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas militares.”3 Por estas razones, el ilícito presuntamente cometido por el Técnico Ariza se encuentra tipificado -repetimos- como delito de función en la modalidad de Traición a la Patria en tiempo de paz, en los artículos 66º, inciso 3) literal c), y 67º del Código de Justicia Militar Policial. Así las cosas, el Tribunal Constitucional al analizar estas disposiciones confirmó, en el referido Expediente 0012-2006-AI/TC, que el delito de función de Traición a la Patria tipificado en los artículos 66º (en tiempo de conflicto armado) y 67º (en tiempo de paz) del Código de Justicia Militar Policial cumple con las tres características del delito de función, dado que el agente es un militar en actividad, el delito es cometido en ejercicio de las funciones militares y el bien jurídico afectado es la defensa nacional, que es la principal función de las Fuerzas Armadas de conformidad con los artículos 163º y 165º de la Norma Fundamental. Así pues, dicho colegiado constitucional sostuvo que: “46. Seguidamente, cabe examinar el (…) artículo 66° del CJMP (…). Mediante esta norma penal se pretende sancionar la conducta del militar o policía (en actividad), que participando en un conflicto armado internacional (en acto de servicio o con ocasión de él), tome las armas contra el Perú o sus aliados o integre una organización militar enemiga,

afectando la defensa nacional (bien jurídico que contiene algunos ámbitos relacionados con la función militar y que compromete las funciones constitucionales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, según los artículos 163°, 165° y 166° de la Constitución). Por tanto, en la aludida norma penal se presentan las características básicas del delito de función, por lo que no contraviene el artículo 173° de la Constitución. 47. Respecto de los incisos 2, 3, 4 y 5 del artículo 66° y del artículo 67° del CJMP, por idénticas razones a las expuestas en el párrafo precedente y en relación a las cuestiones planteadas en la demanda, el Tribunal Constitucional estima que no contravienen el artículo 173° de la Constitución.” (Exp. 0012-2006-AI/TC) Asimismo, en dicha sentencia el Tribunal Constitucional (Exp. 00122006-AI/TC) señaló claramente que los artículos 330º y 331º del Código Penal común (que tipifican los delitos de “Revelación de Secretos Nacionales” y “Espionaje” -tipos penales por los que la Juez del 58º Juzgado Penal procesó indebidamente al Técnico Ariza-) son aplicables únicamente a los civiles y su juzgamiento corresponde al Poder Judicial. En cambio, -enfatiza el Tribunal Constitucional- cuando un militar o policía incurre en dichas conductas (es decir, entregar a un Estado extranjero información secreta que atenta contra la seguridad de la Nación) se configura el delito de función de “Traición a la Patria” tipificado en los artículos 66º y 67º del Código de Justicia Penal Militar y la jurisdicción competente para su juzgamiento es el Fuero Militar Policial.

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Sobre el particular, el Tribunal Constitucional estableció que: “41. La demandante refiere que los referidos tipos penales [Arts. 66º y 67º del Código de Justicia Militar Policial] `no pueden ser considerados delitos de función, pues los bienes jurídicos afectados son el propio Estado y la defensa nacional, y particularmente el deber de fidelidad que el ciudadano tiene para con la Patria; intereses jurídicos que no son exclusivos ni únicos de las Fuerzas Armadas, y pueden ser afectados por cualquier ciudadano, ya sea funcionario público o no´. Sostiene, además, que una prueba de que estos delitos son delitos comunes es que los tipos penales ya se encuentran previstos en los artículos 325° al 334° del Código Penal (Delitos contra el Estado y la Defensa Nacional, Capítulo I Atentados contra la seguridad nacional y traición a la patria). (…) 48. (…) Con el agravante de que ello posibilitaría que, de forma indistinta, la misma acción pudiera ser subsumida en cualquiera de los tipos penales y, en consecuencia, juzgada por los tribunales castrenses o por la justicia ordinaria”. 49. Al respecto, el Tribunal Constitucional estima que en el presente caso las disposiciones cuestionadas no vulneran el principio de legalidad penal, toda vez que (…) el Código Penal (…) debe entenderse respecto de aquellos actos que no constituyen delito de función, pues como se desprende del artículo 173° de la Constitución, sólo el Código de Justicia Militar puede

contener los denominados delitos de función militar. Por tanto, no se aprecia la existencia de dos tipos penales (uno en el Código Penal y otro en el Código de Justicia Militar) que a la vez sean susceptibles de ser aplicados a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.” (Exp. 0012-2006-AI/TC). Como se puede apreciar, el Tribunal Constitucional ya se había pronunciado respecto a las conductas ilícitas sub-análisis e indicó expresamente que cuando éstas son cometidas por un militar en situación de actividad, constituyen un delito de función y su juzgamiento corresponde exclusivamente a la jurisdicción militar. A mayor abundamiento, se debe tener presente que la jurisprudencia internacional es un criterio plenamente aceptado que la tipificación de una conducta como delito común no excluye que la misma sea tipificada como delito de función, cuando el agente activo es un militar o policía en situación de actividad y dicha conducta afecta los bienes jurídicos o las funciones de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. En efecto, este criterio ha sido recogido por el Tribunal Constitucional de España, la Corte Suprema de Estados Unidos, la Corte Suprema del Canadá y la Corte Constitucional de Colombia. Este último colegiado ha señalado en forma contundente que el legislador puede trasladar libremente los ilícitos del Código Penal común al Código de Justicia Militar, si es que dichos ilícitos tienen relación con la función militar y son cometidos por militares en situación de actividad (Exp. C-361/01):

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“(…) el legislador puede limitarse a trasladar literalmente al Código Penal Militar los tipos penales ordinarios, siempre que se determine como elemento del tipo la relación directa del supuesto criminal con la prestación del servicio militar o policial. (…) Tanto en los delitos típicamente militares como en los comunes cuyos elementos, de una o de otra manera, han sido modificados con el objeto de adaptarlos al contexto de la función militar o policial, el concepto de servicio o misión legítima constituye un referente obligado para el legislador, que toma de éste características y exigencias propias para proyectarlas luego como ingredientes o aspectos de las diferentes especies punitivas. En estos dos casos convergen de manera ciertamente más acusada los elementos personal y funcional que integran la justicia penal militar.”4 “Dentro de este contexto, es claro que tanto la jurisprudencia de esta Corporación como de la Corte Suprema de Justicia, (…), ha definido que son de competencia de la jurisdicción penal militar no sólo aquellos delitos que, por su naturaleza, únicamente pueden ser cometidos por los miembros activos de la fuerza pública, tales como el abandono del comando y del puesto; el abandono del servicio; la insubordinación, e.t.c, sino aquellos comunes que se relacionen directa y sustancialmente con las funciones que constitucionalmente está llamada a cumplir la fuerza pública.”5

En la misma línea, la Corte Suprema del Canadá sostiene que un ilícito común puede ser tipificado en el Código de Justicia Militar si es que guarda relación con la función militar y el agente es un militar en actividad: “Aunque el Código de Servicio de Disciplina se refiere principalmente a mantener la disciplina y la integridad en las Fuerzas Armadas canadienses, no sólo sirven para regular la conducta que socava dicha disciplina y la integridad. El Código sirve una función pública y por el castigo de la conducta específica que pone en peligro el orden público y el bienestar. Muchos de los delitos de los que un acusado puede ser acusado de conformidad con el Código de Servicio de Disciplina, que se compone de las partes IV a IX de la Ley de Defensa Nacional, se refieren a asuntos que son de carácter público. Por ejemplo, cualquier acto u omisión que sea punible con arreglo al Código Penal o cualquier otra ley del Parlamento también es un delito tipificado en el Código de Servicio de Disciplina. De hecho, tres de los cargos presentados en contra de la recurrente en este caso relacionadas con la conducta prohibida por la Ley de Control de Estupefacientes.”6 Por tanto, la tipificación de una conducta ilícita como delito común no excluye su tipificación como delito de función, cuando el agente es un militar en actividad y se afecta un bien jurídico tutelado de orden militar En conclusión, conforme a las normas constitucionales, legales y la juris-

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prudencia del Tribunal Constitucional, la conducta típica en la que presuntamente ha incurrido el Técnico Ariza es el delito de Traición a la Patria en tiempo de paz, previsto y penado en los artículos 66º, inciso 3) literal c), 67º del Código de Justicia Militar Policial y la jurisdicción competente para conocer de estos hechos es el Fuero Militar Policial. La Juez Penal Ordinaria desacató las sentencias del Tribunal Constitucional y transgredió la Constitución y leyes declaradas constitucionales De lo expuesto se constata que la Juez Penal ordinaria desacató abiertamente las sentencias del Tribunal Constitucional y transgredió la Constitución y Leyes cuya constitucionalidad fue ratificada en procesos de inconstitucionalidad. En efecto, la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 0012-2006-AI/TC (donde se establece -ver supra- que el acto de entrega a un Estado extranjero de información secreta que atente contra la seguridad de la Nación, por parte de un militar en actividad, constituye el delito de función de Traición a la Patria y debe ser juzgado en la jurisdicción militar) tiene efectos vinculantes para todo operador judicial: “5. (…) Debe recordarse de otro lado que el Tribunal Constitucional es el órgano de control y supremo intérprete de la Constitución (artículos 201, 203 y 1 de la Ley 28301, Orgánica del Tribunal Constitucional). Asimismo, que al efectuar un análisis de constitucionalidad en abstracto el Tribunal interpreta tanto la norma sometida a control como la Constitución (nor-

ma parámetro). De esta manera debe considerarse que los criterios e interpretaciones que le sirven para resolver el caso son vinculantes. Consecuencia lógica de lo expuesto es lo indicado por el tercer párrafo del artículo VI del Código Procesal Constitucional: “Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional.” Por consiguiente, los criterios e interpretaciones efectuados por este Colegiado son vinculantes a pesar de que no se haya indicado o identificado, vía precedente, cuáles son estos, por lo que el argumento esgrimido por la recurrente respecto este punto no cuenta con ningún sustento lógico o constitucional.” (Expediente 02472-2007-PA/TC) Por ello, el Tribunal Constitucional señala enfáticamente que a toda persona que desacate las sentencias emitidas por este colegiado constitucional se le deberá abrir proceso penal: “21. De modo que, y a fin de que se respeten plenamente los pronunciamientos de esta naturaleza que de ahora en adelante se emitan, este Colegiado enfatiza que (…) se dispondrá que se abra proceso penal por desacato de una sentencia del Tribunal Constitucional.” (Expediente 2579-2003-HD/TC) Cabe señalar que el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional establece como deberes

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de los Jueces el “interpreta[r] y aplica[r] las leyes (…) según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación [d]el Tribunal Constitucional” y el no “dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido confirmada en un proceso de inconstitucionalidad”.

Por tanto, la Juez Penal ordinaria desacató la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (Exp. 0012-2006-AI/TC) y transgredió la Constitución (artículo 173º) y las leyes (artículos 66º y 67º del Código de Justicia Militar Policial, cuya constitucionalidad fue confirmada.

Triunfo del Fuero Militar en la contienda de competencia

5 6 7

En el proceso de Contienda de Competencia seguido ante la Corte Suprema de Justicia de la República, nuestra estrategia jurídica para rebatir los erróneos argumentos de esta Jueza penal se centró en explicar que el delito de función tutela todo bien jurídico vinculado a las funciones de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional, sin importar su carácter exclusivo o no. Ante la contundencia de nuestros argumentos, a la Corte Suprema solo le quedó dirimir la referida Contienda de Competencia a favor del Fuero Militar y señalar que el Técnico Ariza cometió el delito de función de Traición a la Patria en tiempo de paz, previsto y sancionado en el numeral 3, literal c), del artículo 66° y el artículo 67° del CJMP. En consecuencia, declaró sin efecto el procesamiento penal seguido por la Jueza penal ordinaria, en la jurisdicción ordinaria, por los delitos comunes de revelación de secretos nacionales y espionaje.7

Código de Jus cia Militar Policial Ar culo 66.- Traición a la Patria “Será sancionado con pena no menor de treinta años y hasta cadena perpetua, el militar o policía, que durante conflicto armado internacional cometa alguna de las acciones siguientes: (…) 3. Colaborar estratégicamente, favoreciendo al enemigo o intentando favorecerlo, perjudicando la defensa nacional en los siguientes casos: (…) c. Proporcionando al enemigo, potencia extranjera u organismo internacional, cualquier información, procedimiento, asunto, acto, documento, dato u objeto cuya reunión o explotación sirva para tal fin. (…) En caso de guerra exterior podrá aplicarse la pena de muerte, acorde con nuestra legislación.” Ar culo 67.- Traición a la Patria en empo de paz “Los supuestos del ar culo anterior, en los casos que no exista guerra exterior, ni conflicto armado internacional, serán sancionados con pena priva va de la libertad no menor de veinte años, con la accesoria de inhabilitación.” Código Penal “Ar culo 330.-Revelación de secretos nacionales El que revela o hace accesible a un Estado extranjero o a sus agentes o al público, secretos que el interés de la República exige guardarlos, será reprimido con pena priva va de libertad no menor de cinco ni mayor de quince años. Si el agente obra por lucro o por cualquier otro móvil innoble, la pena será no menor de diez años. Cuando el agente actúa por culpa, la pena será no mayor de cuatro años. Ar culo 331.-Espionaje El que espía para comunicar o comunica o hace accesibles a un Estado extranjero o al público, hechos, disposiciones u objetos mantenidos en secreto por interesar a la defensa nacional, será reprimido con pena priva va de libertad no menor de quince años. Si el agente obró por culpa la pena será no mayor de cinco años.” Corte IDH. Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Demanda de Interpretación de la Sentencia de Fondo y Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 128. Fundamento jurídico 3 de la sentencia de la Corte Cons tucional de Colombia recaída en el proceso de incons tucionalidad C-878/00. Fundamento jurídico 4 de la sentencia de la Corte Cons tucional de Colombia recaída en el proceso de incons tucionalidad C-878/00. Caso Michel Généreux contra la Reina. SALA PENAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA Con enda N° 37 – 2009 “DECISION Por estos fundamentos. De conformidad con el dictamen del señor Fiscal Supremo en lo Penal: I. DIRIMIERON, la competencia para el conocimiento del delito militar policial imputado al TIP.FAP Víctor Ariza Mendoza: delito contra la Defensa Nacional en la modalidad de Traición a la Patria en empo de paz, previsto y sancionado en el numeral tres, literal c), del ar culo 66° y el ar culo 67° del CJMP, en agravio del Estado Peruano – Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea del Perú, a favor del Juzgado Militar Policial FAP de Lima. En consecuencia, declararon SIN EFECTO el procesamiento penal en sede de jus cia penal ordinaria contra el citado encausado por delitos contra el Estado y la Defensa Nacional –Atentados contra la Seguridad y Traición a la Patria– en las modalidades de revelación de secretos nacionales y espionaje en agravio del Estado peruano. II. DECLARARON, asimismo, que el conocimiento de similares cargos incoados contra el TIP.FAP Justo Rufino Ríos Aguilar corresponderían a la jurisdicción militar policial. En consecuencia, el Juzgado Militar Policial FAP de Lima procederá, en la forma legalmente prevista, a pronunciarse acerca de la situación jurídica del mencionado efec vo militar; y, hecho, previa comunicación al Quincuagésimo Octavo Juzgado Penal de Lima, este órgano jurisdiccional declarará lo que corresponda respecto del procesamiento penal dictado en sede ordinaria contra el citado TIP. FAP Justo Rufino Ríos Aguilar, dando cuenta a este Supremo Tribunal.”

RELACIONES CÍVICO MILITARES, RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADO Y DE LA DEFENSA NACIONAL - REGIONAL Y CONTINENTAL General de Brigada (r) Ejército Argentino Heriberto Justo Auel

El general Heriberto Justo Auel cursó sus estudios secundarios en el Colegio Militar “General Belgrano”. Ingresó al Colegio Militar de la Nación egresando como Subteniente del arma de Infantería. Con el grado de capitán participó como observador militar de la ONU en la Línea de Cese de Fuego del Canal de Suez, luego de la Guerra de los Seis Días. Licenciado en Ciencias Políticas inició sus publicaciones en revistas especializadas sobre temas relacionados con el conflicto del Medio oriente

ste trabajo aborda el tema de las relaciones civiles-militares en tanto condicionantes de la cohesión sociopolítica y del desempeño institucional del Estado como prerrequisitos de la eficacia de un sistema de Defensa Nacional. Se centra en el caso argentino, si bien la discusión es válida, al menos parcialmente, para otros países de la región y extrapola las conclusiones al problema de la defensa regional-continental.

En 1970 cursó la Escuela Superior de Guerra egresando como oficial de Estado Mayor. Siguió el curso de estado mayor en la República Oriental del Uruguay, actuando a la vez como consultor del Alto Mando de ese país en temas de Política Internacional y Estratégico, profesor de Estrategia y Geopolítica en el nivel de posgrado, además desarrolló su Tesis doctoral en Relaciones Internacionales

En primer lugar trata brevemente la noción de relaciones civiles-militares y señala el riesgo de apreciaciones sesgadas acerca del concepto, que pueden distorsionar tanto el análisis teórico, como la gestión de políticas de defensa y de la imprescindible pacificación nacional.

En 1983, fue convocado al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas como jefe del departamento de Políticas y Estrategias

Se discuten, además, los conceptos de Estado, Seguridad Nacional y Defensa Nacional, tratando de identificar aspectos relevantes desde la perspectiva de las relaciones civiles-militares. Finalmente se analiza la situación y tendencias actuales de la problemática de las relaciones civiles-militares, en un contexto caracterizado por la crisis del Estado y la presencia de nuevas amenazas y riesgos para la seguridad nacional, considerando los niveles locales y regional-continentales.

En los años sucesivos volvió al mando de tropas en la Patagonia, pasó luego a la Jefatura de Operaciones del EMCFFAA y luego en 1998 se le solicitó el retiro. Había cumplido cuarenta años de servicios... Desde entonces se ha dedicado exclusivamente a la docencia y a las tareas académicas. A lo largo del año 2000 ha producido veinte artículos y quince conferencias sobre temas estratégicos. El general Auel es miembro fundador del Instituto de Estudios Estratégicos de Buenos Aires (IIEBA), y su Presidente desde 1988.

La proposición implícita en el enfoque del tema consiste en sostener que

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la calidad de las relaciones civiles-militares es factor determinante de la fortaleza del Estado y de la eficacia de la política de defensa. Consideraciones conceptuales. Las relaciones civiles-militares La idea de relaciones civiles-militares se define usualmente en términos del denominado “control civil” y es empleada como concepto-clave para discutir el rol político de las instituciones militares, en abordajes que centran la cuestión en la subordinación de las fuerzas armadas a las autoridades políticas. El enfoque “clásico” al respecto fue propuesto hace ya cinco décadas por S. P. Huntington. Como se recordará, el extinto profesor Huntington discute en su obra la cuestión del poder relativo de los grupos políticos, civiles y militares y postula el logro del control civil a través de la minimización del poder de los grupos militares. Identifica, en tal sentido, dos categorías: 1. El control civil subjetivo, que consiste en la maximización del poder civil -o de un grupo civil- y 2. El control civil objetivo, que se alcanza por medio de la maximización del profesionalismo militar. Según Huntington, el control civil subjetivo opera en realidad como un slogan instrumental, utilizado por grupos que se disputan entre sí el poder sobre los militares, de manera de aumentar su propio poder. Implica, en consecuencia, la presencia militar en la arena política partidista. En cuanto al control civil objetivo, Huntington lo asocia esencialmente al profesionalismo -la “militarización de los militares” y su neutralización y este-

rilización política, de manera de reducir así al mínimo su poder político-. Huntington identifica dos niveles en las relaciones civiles-militares: 1. el nivel del poder –del poder relativo- y 2. el nivel ideológico. En este último reconoce como aspecto clave la compatibilidad entre la ética militar y las ideologías políticas prevalecientes en el resto de la sociedad. Afirma que la distribución de poder entre los grupos civiles y militares que maximiza el profesionalismo militar - y por ello el control civil objetivo- varía con el grado de compatibilidad entre la ideología de la sociedad y la ética militar profesional. Concluye que el logro del control civil objetivo supone alcanzar un adecuado equilibrio entre el poder de los militares y la ideología de la sociedad. No está demás aclarar que la ética militar deriva normalmente de los valores culturales, representados en la Bandera Nacional. No obstante, la utilidad de ese enfoque, al conceptuar la interacción de las instituciones militares en el contexto estatal exclusivamente en términos de control civil, puede resultar insuficiente para analizar la inserción de las fuerzas armadas en el marco institucional del Estado. El autor centra su análisis acerca del rol político de los militares en las formas patológicas de participación militar, tales como su intervención en disputas políticas partidistas, la insubordinación militar o el ejercicio del control político por parte de los militares y tiende a presuponer la asimetría de valores entre éstos y el resto de la sociedad. Al respecto, resulta clave precisar la idea de participación política de los mi-

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litares. En términos de John H. Garrison, debiera establecerse qué se entiende por el término “política” cuando se discute el profesionalismo militar. Porque si bien es nociva la intervención política de tipo partidista, también lo es marginar las fuerzas armadas del cuerpo institucional del Estado, del cual constituyen parte esencial, dada su naturaleza y función. “Razón de fuerza y fuerza de razón”. Por otra parte, en cuanto a los hombres que componen las instituciones militares, si el ideal republicano del “cives” miles, de cuño romano, ha dado paso -por razones históricas y tecnológicas- al soldado profesional, no debe seguirse de ello la exclusión del militar de la participación en la ciudadanía. Estado, Seguridad y Defensa Discutida brevemente la idea de las relaciones civiles-militares, consideremos ahora los conceptos de Estado, Seguridad y Defensa, desde la perspectiva de esa idea, recurriendo al modelo propuesto por Barry Buzan en su obra “People, States and Fear”, que resulta apropiado para operacionalizar el concepto de Estado, a los efectos del presente trabajo. Dicho autor identifica tres componentes del Estado: 1. la idea del estado; 2. la base física y 3. las instituciones. Si bien las tres partes del modelo tienen relación estrecha con la seguridad, en la medida que son materia de ésta, nos detendremos -por su relevancia respecto de las relaciones civiles-militaresen la idea y las instituciones, dejando fuera del análisis el aspecto de la base física del Estado (referido a la población, el territorio y los recursos).

La idea estatal, como componente del modelo de Buzan, reconoce dos fuentes principales: la nación y las “organizing ideologies”, que podríamos traducir como principios fundacionales o constitucionales. Ambas fuentes de la idea estatal resultan cruciales respecto de la seguridad, en tanto que son pasibles de amenazas y pueden presentar vulnerabilidades. Ello se ve reflejado en la noción de seguridad nacional – en tanto objeto del Estado- y en la promoción de los valores constitucionales -uno de los cometidos de las instituciones estatales- que sumados a las tradiciones históricas conforman una “cultura nacional”, es decir, una determinada “identidad”. La nación, objeto de la seguridad, como unidad histórica basada en una identidad cultural, se expresa de manera concreta en cada momento histórico, en el pueblo que comparte esa herencia común. Las amenazas y vulnerabilidades que afectan la idea del Estado –la nación y sus principios fundacionales- se manifiestan en términos de riesgos para la identidad nacional, la cohesión sociopolítica del pueblo y para los mismos principios fundacionales. En el caso de la República Argentina, por ejemplo, los principios políticos fundacionales tienen expresión concisa en el “Preámbulo” de la Constitución de la Nación Argentina, cuyo texto indica: “...constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad ...”. Compete a las instituciones del estado, buscar aquello que Julien Freund identifica como la meta específica de lo político, el bien común, que “… consiste en la voluntad de una comunidad política en conservar

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su integridad y su independencia por la concordia interior y la seguridad exterior”. Constituyen –las instituciones- un factor de continuidad histórica, son el órgano consciente de la preservación de la nación, de su base física y de las mismas instituciones básicas, a través de las diversas previsiones englobadas en el concepto de Defensa Nacional, definido como el conjunto de medidas tendientes a lograr la seguridad nacional. Por otra parte, las instituciones son, asimismo, materia de la seguridad, en tanto que las estructuras del Estado resultan vulnerables a diversas amenazas, tanto domésticas como externas. Por su pertinencia con las relaciones civiles - militares, cabe detenerse en el segundo aspecto de la definición del bien común. A propósito de la concordia interior, Freund señala: “… el orden como tal, no podría aparentar ser la meta de una actividad: es solamente la condición elemental de la unidad y la estabilidad de una comunidad (una nación por ejemplo), (…) no puede contentarse con ser una simple yuxtaposición cuantitativa de seres humanos, sino que se propone formar además un conjunto unido, en virtud de una vocación particular. Es entonces cuando aparece el aspecto interior de la amistad política o concordia (...). La concordia, en efecto, supone además de la comunión de opiniones concernientes al interés común de una colectividad, una identidad de sentimientos. (…) desde el momento en que la concordia es amistad, tiene también como base una cierta identidad de sentimientos que se concierta en la noción de patria”.

pectos no solamente son complementarios, sino inseparables. (...) Toda actividad y toda decisión política, son a la vez de alcance interior y exterior. (...) Sin cesar las colectividades deben dominar las razones de discordia, impedir la formación de un enemigo interior y proteger a los miembros contra el enemigo exterior, real y virtual, haciendo reinar en el seno de la unidad política, la concordia y la amistad civiles y suscitando fuera la amistad con los Estados, sea por el juego de las alianzas, sea por el de una comunidad internacional pacífica”. La seguridad puede definirse, entonces, como la situación en que se logra razonablemente el bien común, vale decir, aquella en la cual el logro de las metas de una comunidad política se encuentra a cubierto de interferencias sustanciales. Por ello, garantizar la seguridad es una responsabilidad básica del Estado. Inherente a esta responsabilidad es la posesión del monopolio de la fuerza por parte del Estado, que éste ejerce mediante instituciones específicas: las fuerzas armadas y de seguridad, en el marco del orden jurídico. Las relaciones civiles-militares, si son adecuadas, constituyen a la vez factor de concordia interior y eficacia institucional en materia de defensa. Por ello son particularmente relevantes cuando en una comunidad política operan factores de discordia interior, vinculados con amenazas externas a la seguridad y cuando grupos políticos internos buscan disputarle al estado la soberanía, mediante la violencia. Situación y tendencias

Luego Freund plantea la relación entre seguridad y concordia y señala que son dos aspectos de un mismo bien: “El bien común es único y estos dos as-

Situación Dentro del marco conceptual planteado en el acápite precedente,

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trataremos ahora el tema de las relaciones civiles-militares en el contexto de Estados en crisis y en un ambiente estratégico que presenta “nuevos desafíos” para la Defensa Nacional y Regional-Continental. El análisis se basa en el caso argentino que guarda, en términos generales, semejanza con situaciones presentes en otros Estados de la región. En la obra ya citada, Buzan señala que cada país presenta peculiaridades en materia de seguridad nacional y propone categorizar la debilidad o fortaleza de los Estados sobre la base de la distinción entre las nociones de estado y potencia. Categoriza así a los estados como débiles o fuertes, en términos de su grado de cohesión socio-política y a las potencias como débiles o fuertes, de acuerdo a la tradicional diferenciación basada en la capacidad económica y militar relativa. Ubica a la República Argentina en la categoría de Estado débil, pese su status de potencia regional mediana (en rigor, la califica como substancial “power”). Dicha calificación refleja su percepción acerca del grado de cohesión socio-política de la Argentina y se explica por las debilidades que en tal sentido evidenciaba el país en las décadas inmediatamente anteriores a ambas ediciones de “People, States and Fear” (la primera publicada en 1982 y la segunda en 1991). La discordia interior generó inestabilidad y violencia política así como la recurrente militarización del poder. Fue funcional a la influencia de factores externos que operaban en el teatro del conflicto Este-Oeste, tales como la guerra civil revolucionaria de origen marxista-leninista, la “teología de la liberación” y otros estímulos.

La cohesión interna fue puesta a prueba en la crítica etapa vivida por la República durante la década de 1970, generada por el accionar de las asociaciones ilícitas terroristas y revolucionarias, en cuya prevención y control tuvieron lugar determinados errores políticos y procedimientos militares que carecieron de marco ético-legal, por parte de los ocasionales responsables del poder ejecutivo y de las fuerzas armadas. La evolución del complejo proceso de reencauzamiento constitucional de la República, iniciado a partir de 1983, tras el colapso del régimen militar se caracterizó, en cuanto a las relaciones civilesmilitares, por las interferencias que afectaron la instrumentación de adecuadas medidas políticas y normativas, tendientes a lograr la reconciliación nacional y con ella la superación de los desencuentros y la violencia del pasado. Las secuelas de los enfrentamientos pasados se han reflejado, en el caso argentino, en el marco legal de la Defensa. Se tradujeron en normas legales que escinden el concepto de Seguridad Nacional, asociando la idea de seguridad con el conflicto interno –seguridad interior- y el concepto de defensa con el conflicto externo –territorial-. Además de la confusión metodológica que ello implica –en rigor, la Seguridad Nacional corresponde al nivel de los fines y la Defensa Nacional a la de los mediosdicha escisión determina políticas de seguridad parcializadas, que dificultan la adopción de estrategias nacionales integrales, en un momento histórico en que ellas se hacen indispensables. En efecto, si bien la ley de seguridad interior prevé el denominado “empleo subsidiario de elementos de las fuerzas armadas en operaciones de seguridad

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interior”, establece: “… tratándose (…) de una forma excepcional de empleo, que será desarrollada únicamente en situaciones de extrema gravedad, la misma no incidirá en la doctrina, organización, equipamiento y capacitación de las fuerzas armadas, las que mantendrán las características derivadas de la aplicación de la Ley 23.554”. Ese marco legal, que refleja prejuicios y prevenciones respecto del logro de un adecuado “control civil”, afecta la aptitud del estado para garantizar seguridad nacional ante las nuevas amenazas y a los riesgos presentes, toda vez que resulta imposible separar, dada su naturaleza transnacional, entre externas e internas. Pese a los prejuicios y prevenciones como los comentados, la subordinación de las fuerzas armadas a las autoridades políticas ha sido total y el control civil objetivo muestra niveles de efectividad inéditos, dada la supuesta profesionalización alcanzada. El tema de las relaciones civiles-militares se inscribe, actualmente, en el marco general determinado por la situación de los Estados Nacionales. En ese sentido, el panorama iberoamericano se caracteriza por la evolución de graves crisis que, con diversos grados de intensidad enfrentan hoy la mayor parte de la región, generadas por causas de orden cultural-socio-político, con graves consecuencias económico-sociales. Desde la perspectiva de las relaciones civiles - militares, cabe tener en cuenta el dilema que se plantea para la optimización del “control civil”, ante la persistencia de liderazgos y sistemas políticos cuestionados por su ilegitimidad cultural, ineficacia y corrupción.

En el caso argentino la evolución socio-política reciente deriva en una situación caracterizada por la superposición de la crisis económica-financiera internacional, con las propias crisis de arrastre, originadas en posguerras no entendidas ni digeridas, con graves consecuencias psico-sociales. Las percepciones externas, claramente negativas en el corto plazo, desdibujan la imagen proyectada durante la década de 1990 en términos de confiabilidad, credibilidad, previsibilidad y reflejan serias dudas respecto de la aptitud del Estado para garantizar la vida y las propiedades de los ciudadanos y de las empresas. Las asediadas instituciones militares, sin embargo, si bien han visto totalmente afectado un eventual avance en sus programas de reestructuración, contrastan con ese marco crítico. En efecto, no sólo demostraron subordinación a las autoridades constitucionales y cierto profesionalismo, sino que, a partir del inicio de la década de 1990, participaron con óptimo desempeño en numerosas operaciones de seguridad colectiva, incluida la coalición Ad Hoc que intervino en la Guerra del Golfo y desarrollaron una intensa actividad de integración con otras fuerzas armadas del ámbito regional y continental. No obstante, su potencial para aportar al fortalecimiento del Estado se ve extremadamente limitado por los mismos factores mencionados al describir la situación de las relaciones civiles-militares. Cabe preguntarnos si la crisis del Estado no se explica, en parte, por el vacío que genera el ostracismo institucional de su “núcleo duro”: las fuerzas

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armadas. En efecto, las instituciones militares, además de su carácter de instrumento del Estado para afrontar las amenazas y riesgos a la seguridad nacional, constituyen una instancia fundacional y cumplen un rol simbólico, tal como lo destaca John Garne en su conceptualización sobre el poder militar, función que no puede relegarse sin mengua de la idea del Estado -la nación y sus principios- y sin detrimento de la eficacia del conjunto de la estructura institucional. Es por ello que una recomposición de las relaciones civiles – militares resulta prerrequisito insoslayable para superar la parálisis institucional-política en que vivimos y para sustentar la aptitud plena del Estado ante el decurso de los acontecimientos internacionales, tal como se trata a continuación. Tendencias Mientras el contexto socio-político doméstico evoluciona según se ha descrito, el panorama estratégico global se transforma totalmente desde el fin de la Guerra Fría, desde la dificultosa consolidación del proceso de globalización, desde la gradual metástasis de una nueva guerra mundial y desde un proceso de realineamientos geopolíticos, aun no consumados. En ese contexto ocurren las Guerras del Golfo y de Afganistán y proliferan conflictos intra e interestatales de raíz cultural, étnicos y/o religiosos. Proliferan nuevos riesgos para la seguridad bajo la forma de conflictos transnacionales, como el narcoterrorismo, el crimen organizado internacional y los tráficos ilegales. A partir del 2001 hace eclosión el fenómeno terrorista global, cuya dimensión adquiere trágica evidencia en los Estados Unidos, Reino Unido, España, Lejano Oriente y África.

Estamos en presencia de una compleja guerra mundial inédita -guerras de 4ta. y 5ta. generación- que K. Holsti califica como de la 3ra. especie, por la caracterización que adoptan cuando subsidiariamente se desarrollan en Iberoamérica. En la región, pese a que los procesos de integración lograron significativos avances en la deflación de conflictos interestatales tradicionales, persisten pugnas internas bajo nuevas formas revolucionarias neoestalinistas, con alternativas fuentes de apoyo logístico y financiero –el petro y/o el narco dólar- sustitutivos del anterior respaldo soviético. La intensidad creciente del fenómeno narcoterrorista es función directa de las dificultades de la “revolución chavista” -por la caída del precio del crudo simultánea con la globalización del tráfico ilegal- afectando particularmente a Colombia, México, Bolivia y Perú, pero extendido a todos los países de la región a través del regreso de nuevos focos de variadas insurgencias. La corrupción mafiosa, tanto en el sector público como en el privado, cobra un nivel que es en sí misma, una de las amenazas no tradicionales que afectan a la región. La sobrevivencia del Estado Nación Institucional pasa a ser el principal riesgo estratégico regional y nacional. El calificativo de “Estado Fallido”, está en acecho. Paralelamente, en el marco de la readecuación Posguerra Fría de las políticas de los Estados Unidos, respecto de Iberoamérica, comenzaron a replantearse las bases para una nueva relación hemisférica en materia de seguridad, en particular a partir de la reunión en 1995

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de Ministros de Defensa de las Américas, celebrada en Williamsburg. En esa conferencia y en las subsiguientes, fue debatida la necesidad de alcanzar consenso entre los países del hemisferio en cuanto a percibir a los grupos narcoterroristas y al terrorismo internacional como los desafíos más inmediatos y peligrosos para la seguridad y la estabilidad en las Américas. En los 2000, -en particular después de la contra-cumbre de Mar del Plata-, con la indisimulada finalidad de dar la espalda a esta orientación, surge “Unasur”, que progresivamente queda en poder del “chavismo”. Si bien la cooperación entre las fuerzas armadas de la región ha superado las expectativas más optimistas en cuestiones secundarias, no se han obtenido similares resultados en las cuestiones centrales, tales como el consenso respecto de una política de defensa regional-continental, la reformulación de los mecanismos de seguridad hemisférica que permitan enfrentar con eficacia los nuevos desafíos arriba enumerados, particularmente la asociación entre el narcotráfico, los movimientos revolucionarios y el terrorismo local e internacional. Muy por el contrario. Las iniciativas surgidas desde el “bolivarismo revolucionario” intentan lograr las fuerzas armadas del “socialismo siglo XXI”, en una ostensible y abierta maniobra para alcanzar el “control civil subjetivo”, en términos de Huntington. Los factores locales que han incidido en el deterioro de las relaciones civilesmilitares, operan también en el nivel regional y no han sido ajenos a las dificultades que condicionan el consenso

sobre la agenda de riesgos y amenazas comunes y en el diseño de mecanismos regionales de seguridad. Las inmediatas consecuencias políticas y diplomáticas regionales, luego del bombardeo al cuartel general de las FARC que descabezó a esa organización terrorista-revolucionaria, así lo demuestran. Surgió un nuevo organismo regional, al solo efecto de retener el control de los riesgos estratégicos flagrantes, en calidad de meros problemas de seguridad pública, como quedó demostrado en los vacíos discursos de la reciente cumbre de Unasur, en Bariloche. Hace unos años, ante igual desafío, los social-demócratas manifestaban que había que proteger a las fuerzas armadas de la corrupción inherente a los nuevos desafíos a la seguridad nacional y regional. “No querían ver Mercedes Benz en las playas del edificio Libertador”. Actualmente, la constante evasión de las responsabilidades políticas regionales frente a la grave inseguridad iberoamericana, se centra en las falaces relaciones civiles-militares y se oculta detrás del argumento de la “dictadura”, “de los crímenes de lesa humanidad” y del “genocidio en los años ’70”. Los actores del drama no han variado demasiado. Ha variado la gravedad de la agresión y su profundización y extensión geográfica y social. Conclusiones Las nuevas amenazas y los nuevos riesgos que afectan la seguridad regional-continental se potencian por las complejas crisis que atraviesan los Estados iberoamericanos. Para enfrentarlas se deben remover las causas generadoras de la debilidad estatal, en términos de recuperación cultural, estabilidad polí-

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tica y gobernabilidad, desarrollo económico, justicia social y concordia interior. En cuanto a las relaciones civiles-militares se requiere, entre otros aspectos, superar enfoques que las restringen al mero “control civil” y producen el aislamiento de las instituciones militares. El término crisis proviene del lenguaje de la medicina griega. Por analogía cabe asociar las relaciones civilesmilitares, en el seno de un Estado que enfrenta amenazas a su seguridad, con el sistema inmunológico de un organismo vivo. El mal funcionamiento del sistema puede impedir una defensa adecuada y oportuna. Estamos en curso de obtener una nueva derrota estratégica, sin siquiera fracasar en la lucha, que seguramente no se dará. Las dificultades que afectan a las relaciones civiles-militares habrán de incrementarse en la medida que la naturaleza de los conflictos actuales y los previsibles, incentiven los ataques a las instituciones militares del continente por parte de actores políticos locales, ideológicamente afines con algunas “internacionales” y las variadas acciones de apoyos crematísticos, intra y extracontinentales. Mientras se mantengan vivas las actitudes hostiles del antiguo agresor doméstico, hoy asociado a los nuevos riesgos estratégicos, la antigua guerra civil revolucionaria, no cesará. Sus combates podrán hibernar, pero el fenómeno socio-político “guerra”, estará vivo. No habrá recomposición de las relaciones civiles-militares, no habrá unidad nacional y no habrá progreso. El Estado continuará degradándose hasta desaparecer institucionalmente,

transformándose en una inmensa burocracia. La naturaleza de los riesgosamenazas presentes y las decisiones a adoptar para enfrentarlas, requiere alcanzar consenso sobre materias que son con frecuencia manipuladas por quienes cuestionan los principios de la tradición política occidental y fundan, en ese cuestionamiento, su ataque a la concordia interamericana y a la emergencia histórica de la verdadera identidad iberoamericana común. La Defensa Nacional, frente a los nuevos desafíos a la Seguridad Nacional, requiere normalizar inexorablemente las relaciones civiles - militares, reconociendo integralmente el rol de las instituciones militares en el contexto estatal. También resulta necesario adecuarlas a la nueva realidad estratégica, a través del urgente tratamiento legislativo de los roles de las fuerzas armadas, terminada la Posguerra Fría. Ello posibilitaría, en el nivel regional, alcanzar consenso sobre la agenda de seguridad y establecer los mecanismos regionales apropiados para la defensa común y seguridad colectiva, regionalcontinental, frente a enemigos internacionalizados. Se requiere, además, ante los nuevos riesgos-amenazas, estimular el pensamiento estratégico con el objeto de generar doctrinas que combinen los nuevos conceptos y experiencias sobre las guerras asimétricas –considerando los distintos niveles de asimetría previsibles- con las lecciones aprendidas sobre el empleo de estrategias indirectas durante la guerra fría. Es necesario considerar también la reciente incorporación, en la OTAN, del concepto de “respuesta integral” (RI) a las reformas

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de la “revolución de asuntos militares” (RAM) de fines de los años ’90 y comienzos de los 2000. Será necesario, cuanto antes, negar el “moral high ground” al enemigo: contrarrestar la manipulación de los derechos humanos; refutar argumentaciones que se oponen a considerar como combatientes ilegales y criminales de guerra a los terroristas o a calificar al narcotráfico como un crimen internacional; rebatir a quienes niegan la existencia de la relación entre narcotraficantes y guerrilla/terrorismo e impugnan la noción de narco guerrilla y narcoterrorismo; refutar a los que sostienen que la guerra contra el terrorismo vulnera las normas del derecho internacional y afecta las libertades individuales o que revertirá los procesos de democratización. En ese sentido, un sencillo análisis de la citada Cumbre de Unasur, en Bariloche, nos releva de cualquier comentario. La capacidad de análisis requerida para alcanzar tales objetivos -en rigor necesaria para diseñar la maniobra exterior- remite obligadamente a las relaciones civiles-militares, en tanto que estas suponen una óptima interacción entre los estamentos civiles y militares del Estado, en el nivel local y en los órganos del sistema interamericano, actuales y a desarrollar, en el nivel regional-continental.

Referencias bibliográficas 1.

Aguiar, Félix R. y Martínez Carlos J. M.: Normas constitucionales y legales de la defensa nacional’, en Círculo Militar, Primeras jornadas sobre defensa nacional, Biblioteca del Oficial, Círculo Militar, Buenos Aires, 1997.

Auel, Heriberto J.: La Argentina en sus dos posguerras, en Geopolítica Tridimensional Argentina: Reflexiones para el siglo XXI, Eudeba, Buenos Aires, 1999. 3. Auel, Heriberto J.: Las Políticas de Defensa en el Proceso de Integración Continental, trabajo presentado en REDES 2002, Brasilia. 4. Buzan, Barry: People, States and Fear, second edition: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era, Harvester Wheatsheaf, Hemel Hempstead, 1991. 5. Freund, Julien: La Esencia de lo Político, Editora Nacional, Madrid, 1968. 6. Garne , John: The role of military power, en Baylis, John, et al., Contemporary Strategy, volume I: Theories and concepts, Segunda Edición, Holmes and Meier, New York, 1987. 7. Garrison, John H.: The political dimension of military professionalism, en Endico , John y Staﬀord, Roy, (eds.), American Defense Policy, fourth edition, The John Hopkins University Press, Baltimore, 1977. 8. Huntington, Samuel P.: The Soldier and the State, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1957. Edición castellana: El Soldado y el Estado, Biblioteca del Oficial, Círculo Militar, Buenos Aires, 1964. 9. Huntington, Samuel P.: La tercera ola: La democratización a finales del siglo XX, Paidós, Buenos Aires, 1994. 10. República Argentina, Libro Blanco de la Defensa Nacional, Ministerio de Defensa, Buenos Aires, 1999. 11. República Argentina, Revisión de la Defensa 2001, Ministerio de Defensa, Buenos Aires, 2001.

LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN Y EL PROYECTO DEL LUGAR DE LA MEMORIA Vicealmirante (r) Javier E. Bravo Villarán

Antecedentes

n la Asamblea de la Organización de Estados Americanos realizada en Windsor, Canadá, entre el 4 y el 6 de junio del 2000, a la que asistieron los entonces congresistas Lourdes Flores, Diego García Sayán, Henry Pease, y Anel Townsend, se acordó establecer una Mesa de Diálogo en el Perú.1 El 25 de agosto de ese año, la OEA inauguró en nuestra capital la Mesa de Diálogo y Concertación Para el Fortalecimiento de la Democracia en el Perú, con una agenda de veintinueve tareas temáticas y el encargo de presentar conclusiones para antes del 30 de marzo del 2001. Participaron en ella los actores políticos de diversos sectores en el país y representantes de la sociedad civil. Como resultado de la labor de la Mesa de Diálogo, se acordó efectuar elecciones generales el 8 de abril del año siguiente (2001). El Vicealmirante (r) Javier Bravo Villarán es calificado en Ingeniería Naval. Ha seguido cursos de Ingeniería para oficiales en los Estados Unidos de América, perfeccionamiento para Diplomáticos, Desarrollo y Defensa Nacional en el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN), Alta Dirección en la Universidad de Piura y como alumno libre en el Diplomado de Filosofía con mención en Ética y Filosofía por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.

Acontecimientos posteriores fueron modificando la situación en el país, principalmente la renuncia del Presidente de la República, Ing. Alberto Fujimori Fujimori, que dio lugar a que el 22 de noviembre del 2000, el Presidente del Congreso Dr. Valentín Paniagua Corazao asumiera la presidencia y se instalara un Gobierno Transitorio, uno de cuyos propósitos era mantener el acuerdo tomado en la Mesa de Concertación, sobre efectuar elecciones generales el siguiente año. El 19 de octubre del 2000, la congresista de Somos Perú, Anel Townsend Diez Canseco, presentó una iniciativa legislativa proponiendo la creación de una Comisión de la Verdad para que, en el plazo de un año, investigue todas las violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario cometidos desde 1980 hasta la actualidad.2 En su proyecto propuso al Defensor del Pueblo como presidente de dicha Comisión, quien estaría acompañado por un representante de la Conferencia Episcopal Peruana y otro de la ONU, este tema fue tratado en la Mesa de Concertación en donde, entre otros, participaba la Coordinadora de Derechos Humanos, representada por su secretaria ejecutiva, Sofía Macher, quien públicamente lo pidió en una declaración periodística.3

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El 9 de diciembre del mismo año 2000, mediante Resolución Suprema 304-2000-JUS, a propuesta del Ministro de Justicia, Dr. Diego García Sayán L., se conformó un Grupo de Trabajo Interinstitucional encargado de elaborar las propuestas legislativas y administrativas necesarias para el establecimiento de una Comisión de la Verdad. El Grupo de Trabajo tenía el mandato de explorar criterios a fin de elaborar dichas propuestas, así como proponer sus alcances, objetivos y organización, además de otras medidas que se considerara apropiadas. El Centro Internacional de Derecho Transicional (ICTJ), entidad internacional con sede en Nueva York, fue quien proporcionó el conocimiento y la experiencia para que la CVR pudiera desarrollar de manera integral su labor. Comenzó a trabajar desde inicios del 2001, cuando aun no se había emitido el dispositivo legal de creación de la CVR, con actores locales tal como la Asociación Pro Derechos Humanos. Una Asociada Principal dirigió el Programa de Perú en el ICTJ desde agosto de ese año. Entre dicho mes y el cierre del trabajo de la Comisión de la Verdad en el 2003, más de una docena de consultores del ICTJ con experiencia en Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Sudáfrica y otros países, aportaron insumos a la CVR y a las ONG, sobre temas como el diseño de una base de datos, metodología de la investigación, derecho penal internacional, derechos humanos, derecho humanitario, práctica de audiencias públicas y políticas de reparación. La Asociada Principal y los consultores del ICTJ brindaron asesoría técnica a la CVR mientras ésta desarrollaba su labor relacionada al plan de reparaciones.

El Gobierno Transitorio presidido por el Dr. Valentín Paniagua C., siendo Presidente del Consejo de Ministros el Embajador Javier Pérez de Cuéllar y Ministro de Justicia el Dr. Diego García Sayán L.; emitió la Resolución Suprema 330-2001-PCM del 6 de junio del 2001, mediante la cual se designó a las siguientes siete (7) personas para conformar la Comisión de la Verdad: Dr. Salomón Lerner Febres, presidente Dra. Beatriz Alva Hart Dr. Enrique Bernales Ballesteros Dr. Carlos Iván Degregori Caso Padre Gastón Garatea Yori Ing. Alberto Morote Sánchez Ing. Carlos Tapia García. Posteriormente, el Gobierno del Dr. Alejandro Toledo M., mediante la Resolución Suprema 438-2001-PCM del 5 de setiembre del 2001, siendo Ministro de Relaciones Exteriores el Dr. Diego García Sayán L., amplió la conformación inicial con cinco (5) nuevos miembros más, y un (1) Observador. Estos fueron: Monseñor José Antúnez de Mayolo L. Señora Sofía Macher Batanero. Tte. Gral. FAP Luis Alfonso Arias Graziani Señor Rolando Ames Cobián. Pastor Humberto Lay Sun. En calidad de observador nombró a Mons. Luis Armando Bambarén G. Más tarde, la CVR designó como su Secretario Ejecutivo al Dr. Javier Ciurlizza C. Así mismo, a sugerencia del Reverendo Padre Hubert Lanssiers, se dispuso incluir la palabra "Reconciliación" al nombre de la Comisión, quedando como “Comisión de la Verdad y Reconciliación”. A la Comisión de la Verdad y Reconciliación se le encargó “esclarecer

HISTORIA

el proceso, los hechos y responsabilidades de la violencia terrorista y de la violación a los derechos humanos producidos desde mayo de 1980 hasta noviembre de 2000, imputables tanto a las organizaciones terroristas como a los agentes del Estado, así como proponer iniciativas destinadas a afirmar la paz y la concordia entre los peruanos. La Comisión de la Verdad propenderá a la reconciliación nacional, al imperio de la justicia y al fortalecimiento del régimen democrático constitucional.

establecieron la finalidad y objetivos de la CVR; y finalmente, en la designación de sus integrantes; se caracterizó por la similitud de su origen académico, su concepción ideo política y la actividad laboral del conjunto, lo que se vio reflejado notoriamente en el perfil de la mayor parte de los Comisionados nombrados. Esto mismo se extendió, en mayor o menor medida, a los funcionarios de confianza y de otros niveles de la organización.

La CVR para cumplir sus funciones, asumió la siguiente organización:

Es de resaltar las importantes funciones de gobierno que alcanzaron algunos de los miembros del Grupo

Los actores del Grupo de Interés de la Sociedad Civil, que participaron desde un inicio en el proceso que siguió la propuesta de creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación; así como en la posterior emisión, por dos gobiernos sucesivos, de las disposiciones que

de Interés, al asumir cargos del más alto nivel del poder ejecutivo, en los cuales tuvieron como responsabilidad directa la formulación de los dispositivos legales pertinentes a la CVR; circunstancia que les posibilitó diseñar, bajo sus propios criterios, las áreas

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que abarcaría el trabajo de dicha Comisión, creando así las condiciones para laborar bajo reglas formalmente establecidas, las cuales impidieron ampliar la investigación hacia aspectos que hoy se reclama como ausentes.

cabecilla de la organización terrorista Sendero Luminoso. Este individuo, estando ya encarcelado, sugirió a Javier Ciurlizza, Jefe de Gabinete del Ministro de Justicia, la creación de la Comisión de la Verdad, en conversaciones que sostuvieron en el año 2000 e inicios del 2001, coincidiendo con la iniciativa que propugnaba el Grupo de Interés de la Sociedad Civil.

El Antropólogo Efraín Morote Best (1925-1991), es considerado como el intelectual del grupo terrorista Sendero Luminoso, fue rector de la Universidad San Cristóbal de Huamanga (USCH). En 1961, el posteriormente comisionado Carlos Tapia García ingresó a estudiar allí Ingeniería Rural. En 1962 la Universidad reclutó como profesor de filosofía a Abimael Guzmán Reynoso, quien después se convirtió en el

También estudiaron en la USCH los posteriormente comisionados Carlos Degregori Caso, que se graduó en Antropología y Alberto Morote Sánchez, que estudio Ingeniería Química, hizo carrera docente en la universidad y llegó a ser su rector.

NATURALEZA DEL NIVEL DIRECTRIZ DE LA CVR Universidad Consideraciones PUCP

San Marcos

Partidos Políticos USCH

Izq. Unida

Otros

MAS

Alva Hart Beatriz Ames Cobián Rolando

Asociac. Civiles / ONG Coord. DDHH

CAJ

Comite Coordinador

Profesión o Actividad

Proc. Nac. Viol.

Sociólogo

V.V.

Abogado

Antúnez de Mayolo José

Sacerdote

Arias Graziani Lula

Tte. Gral. FAP

Barnales Ballesteros Enrique

Degregori Caso Carlos

PSR

X X

Garatea Yori Gastón

Comu. y Educ.

Abogado

Esclarecim.

Antropólogo

Reparar, Recoger

Sacerdote

Lay Sun Humberto Lemer Fabrea Salomón

Arquitecto X

Macher Batanero Sofía Morote Sánchez Alberto

X X

Tapia García Carlos

VR/PCR/PUM

MIR / PUM

Presidente

Filósofo

Audienc. Publ.

Socióloga

X X

Ingeniero Ingeniero

Observador Bambarén Gastelumendi Luis

Obispo

Secretario Ejecutivo Ciurlizza Contreras Javier

MIR / PCR

vv (Vamos Vecino), único partido que no era de ideología marxista leninista

Secretario Ejecutico

Abogago

seuo

* Posteriormente los Comisionados Bernales y Lerner, así como Monseñor Bambarén, fueron designados como integrantes de la Comisión Presidencial de Alto Nivel para el proyecto del L.M.

HISTORIA

Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación El contexto del Informe Final de la Comisión de la Verdad, que abarca el período mayo 1980 a noviembre de 2000, responde a los objetivos trazados para su trabajo que fueron, en resumen, los siguientes: • •

•

• •

Analizar las condiciones políticas, sociales y culturales. Contribuir al esclarecimiento por los órganos jurisdiccionales respectivos de los crímenes y violaciones de los derechos humanos por obra de las organizaciones terroristas o de algunos agentes del Estado. Elaborar propuestas de reparación y dignificación de las víctimas y de sus familiares. Recomendar reformas institucionales, legales, educativas y otras. Establecer mecanismos de seguimiento de sus recomendaciones.

Como se puede apreciar, no fue incluido entre los objetivos el análisis de los graves daños causados por los delincuentes terroristas en la frágil y debilitada economía de la sociedad peruana y en su infraestructura pública y privada, lo cual a todas luces era un elemento ineludible a considerar en un trabajo de esta naturaleza, más aún, por el período en que se dieron los hechos que fue cuando, simultáneamente con el terrorismo, el Perú atravesaba la más severa crisis económica de su historia republicana. En consecuencia, es obvio que lo económico poseía el carácter de tema indispensable e insoslayable para ser analizado conjuntamente con lo político, social, jurídico y cultural; independientemente a que por la na-

turaleza del trabajo existía una intima relación entre todos estos factores, los mismos que al no ser considerados en conjunto, ocasionaron fatalmente que el trabajo realizado sea incompleto y tenga serias desviaciones, lo cual finalmente se evidenció en el Informe Final, documento que no responde una visión integral de lo sucedido en los cuatro (4) lustros analizados. Esta carencia sustantiva hace indispensable completar la labor para poder contar con la visión completa que el país requiere y la verdad reclama. De otro lado, en la conformación de la CVR destaca el origen académico de varios de sus integrantes, procedentes, por formación o actividad laboral, de tres universidades, como son la Universidad San Cristóbal de Huamanga, cuna del grupo terrorista Sendero Luminoso, la Pontificia Universidad Católica y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que fuera intervenida por albergar terroristas y la gran actividad proselitista realizada en ella a favor de Sendero Luminoso principalmente; lo cual configura, conjuntamente con la línea ideo política preponderante de varios de los comisionados y funcionarios de confianza, provenientes de partidos de ideología socialista con

CVR, Profesores de la Universidad San Cristobal de Huamanga, 1973.

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diferentes vertientes, mayoritariamente marxistas leninistas; una auténtica e irrefutable carencia de pluralidad en el seno de la CVR. A lo anterior se debe agregar la ausencia en la conformación de la CVR, de los actores que defendieron a la sociedad y su estado de derecho, así como de los agraviados que sufrieron las consecuencias del fenómeno causado por los delincuentes terroristas. Todos ellos fueron participantes fundamentales de dicho fenómeno y su ausencia determina falta de representatividad de los grandes agraviados del accionar terrorista, que fueron la sociedad peruana y su estado nación. Entonces, se hace evidente la selectividad que hubo al conformarse la Comisión y ser constituida solo por un segmento del Grupo de Interés de la Sociedad Civil, sacrificando un factor de naturaleza democrática que fue sorprendentemente soslayado. Todos estos elementos constituyeron fallas de origen que repercutieron a lo largo del trabajo desarrollado, en donde sin duda hay información valiosa en muchos aspectos tratados con profundidad, así como hay temas que solamente son mencionados sin mayor análisis, y otros que simplemente han

sido ignorados. Finalmente, como se ha mencionado, el Informe llega a resultados que no reflejan una visión integral de lo sucedido, ello también debido a la línea seguida por la CVR que no logró, en muchos casos, estructurar juicios con bases sólidas sobre los cuales formular conclusiones debidamente sustentadas, de ahí que aquellos que son temas claves en los campos político, jurídico y social, estén cuestionados, en cuanto a su veracidad y contribución a la reconciliación nacional, importante aspecto este que no ha tenido en el Informe un tratamiento que responda a su enunciado, pudiendo afirmarse que más bien, en algunos aspectos, ha lacerado heridas. Hoy los hechos así lo demuestran. Tres conclusiones claves de la CVR En la conclusión 1 se afirma: La CVR ha constatado que el conflicto armado interno que vivió el Perú entre 1980 y 2000 constituyó el episodio de violencia más intenso, extenso y prolongado de toda la historia de la República. Asimismo, que fue un conflicto que reveló brechas y desencuentros profundos y dolorosos en la sociedad peruana. Comentario. Un análisis cualitativo y cuantitativo simple muestra lo siguiente:

Suceso

Período

Población (Censos)

Informe Final de la CVR

Guerra del Pacífico

4 años

3´000,000

---------------

14,310

0.477%

Reportados

23,969

0.109%

Estimación Estadística CVR

69,280

0.315%

Terrorismo 20 años 22'000,000

Muertos % Población

HISTORIA

Desgraciada e infelizmente, cualitativa y cuantitativamente los sucesos históricos analizados, desde 1879 al presente, demuestran sin ninguna duda y con el sustento del testimonio de vida de miles de peruanos, que la Guerra del Pacifico es el hecho de violencia más grave e intenso que hemos sufrido en nuestra vida republicana, cuyas secuelas se han prolongado hasta hoy y continuarán aun por mucho tiempo. En consecuencia lo expresado por la CVR no tiene sustento sólido ni es real.

•

Se plantea como redacción de esta conclusión, la siguiente: Se ha constatado que el ataque perpetrado por las organizaciones terroristas autodenominadas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru entre 1980 y 2000 contra el Estado y la sociedad peruana, fue un conflicto que reveló brechas y desencuentros profundos y dolorosos. En la conclusión 2 se afirma: La CVR estima que la cifra más probable de víctimas fatales de la violencia es de 69,280 personas Estas cifras superan el número de pérdidas humanas sufridas por el Perú en todas las guerras externas y guerras civiles ocurridas en sus 182 años de vida independiente. Comentario La Fiscalía de la Nación designó mediante la Resolución 1400-2003-MPFN del 5 de setiembre del 2003, una Comisión Especial para la lectura y análisis del Informe Final de la CVR. En el informe correspondiente se concluye:4 • Que, las estimaciones y proyecciones de las cifras indicadas por la CVR ascendente a 69,280 víctimas fatales no tienen un asidero técnico sustentable; pues ha utilizado un método inadecuado que “im-

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plica sumar” toda las víctimas que han sido reportadas en una o más instituciones, con aquellas que nunca lo fueron ante institución alguna. El método que aplico la CVR es el método estadístico de la estimación de múltiples sistemas, sin embargo este método tiene un grado de error superior al 191% por cuanto la aplicación del método solo descansa sobre una aplicación teórica del procedimiento. Para corroborar su apreciación la Comisión presenta en su informe el caso concreto del estadio de Huanta, señala que la CVR y las diferentes organizaciones de Derechos Humanos especulaban que las Fuerzas Armadas habían escondido varias víctimas ejecutadas por ellas, bajo la loza del estadio de Huanta en Ayacucho, el Ministerio Público realizó una diligencia de verificación previa a la exhumación se realizaron 11 pozos de cateo con resultados negativos, lo que significa que las victimas que la CVR estimaba encontrar físicamente, no se hallaron. Adicionalmente, en el mismo informe se contradice la conclusión de la CVR de que las decenas de miles de personas muertas se han dado en un contexto de “conflicto armado interno”, permanente y generalizado; por cuanto la CVR no demuestra la existencia de este conflicto, sino que lo deduce del mismo abultado número de víctimas, el cual es un número estimado, más no real.

En otro contexto, Amnistía Internacional Perú en su informe La Comisión de la Verdad y Reconciliación – un primer paso hacia un país sin injusticias, AMR 46/003/2004, (pág. 7), precisa:

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El estudio de la CVR indica asimismo que el número de muertos y «desaparecidos» durante el conflicto interno armado supera el número de pérdidas humanas sufridas en el Perú en todas la guerras externas y civiles en sus casi dos siglos de vida independiente. 23,969 casos de personas fallecidas y «desaparecidas» durante el conflicto interno fueron reportados a la CVR. (14). Cita (14), De acuerdo a las proyecciones estadísticas realizadas por la CVR, el número de personas muertas y personas «desaparecidas» durante el conflicto podría ser entre 61,007 y 77,552. El Comisionado de la CVR, Teniente General FAP Luis Arias Graziani, entonces, Jefe del Gabinete de Consejeros del Presidente de la República, expresó en una carta dirigida al Presidente de la Comisión, su discrepancia con una serie de aspectos del Informe Final de la CVR, indicando, para el caso de la Conclusión 2, su desacuerdo por no ser una verdad comprobada, sino una proyección matemática o estadística. Se plantea como redacción de esta conclusión la siguiente: La cifra de víctimas fatales de la violencia debidamente comprobada entre 1980 y 2000 es de 23,969 personas. En la Conclusión 55 se establece:

La CVR afirma que en ciertos lugares y momentos del conflicto la actuación de miembros de las Fuerzas Armadas no solo involucró algunos excesos individuales de oficiales o personal de tropa, sino también prácticas generalizadas y/o sistemáticas de violaciones de los Derechos Humanos, que constituyen crímenes de lesa humanidad así como transgresiones de normas del Derecho Internacional Humanitario.

Comentario Con esta afirmación la CVR califica de lesa humanidad supuestos crímenes cometidos por personal de las FFAA y PNP, creando a su entender, las condiciones para ser considerados imprescriptibles y susceptibles de ser sancionados con las penas previstas en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, aprobado por el Perú el 10 de septiembre de 2002, así mismo introduce la sujeción a las normas del Derecho Internacional Humanitario, basándose en su opinión que en el Perú se vivió un “conflicto armado interno”, permanente y generalizado, que es una consideración indispensable para su aplicación, pero que a lo largo del Informe no se demuestra y ha sido cuestionado por el Ministerio Público, como se puede apreciar en el Comentario a la Conclusión 2 . Los hechos posteriores demuestran que este argumento ha sido tomado por los jueces y aplicado a miembros de las FFAA y PNP, en contra de un principio jurídico universal, la no retroactividad, siendo aberrante el caso de la imprescriptibilidad pues el Perú recién ratifico su aplicación según R.L. 27998, aceptando la ONU la condición expresa que puso el Perú para adherirse a la Convención sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra (CICG): "Solo aplicable para delitos que se cometan después del 9 de noviembre de 2003", El gobierno corrigió temporalmente esta situación mediante D.U. 1097 que fue derogado por el Congreso, el 14 de setiembre de 2010, a menos de un mes de su promulgación. Se plantea como redacción de esta conclusión, la siguiente: En ciertos lugares y momentos del conflicto la actuación de miembros de

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las Fuerzas Armadas involucró algunos excesos individuales de oficiales o personal de tropa, que configuran violaciones de los Derechos Humanos y que podrían constituir crímenes de lesa humanidad así como transgresiones de normas del Derecho Internacional Humanitario. Las autoridades competentes deberán dilucidar cada caso aplicando la legislación que corresponda. Suscripción del Informe Final de la CVR “bajo reserva” El Teniente General FAP Luis Arias Graziani, suscribió el Informe bajo reserva. Lo sustentó en una carta dirigida al Presidente de la CVR, del 27 agosto 2003. Entre otros aspectos, expresa: 1. ……. aportamos a esa "verdad", consciente o inconscientemente, nuestras percepciones personales, sean estas aprobatorias o desaprobatorias. Por eso considero que el veredicto definitivo lo dará la historia, que solo se construye con el tiempo. 4. Por consiguiente, no puede juzgarse con el mismo nivel de responsabilidad a la infames huestes terroristas (Sendero Luminoso y MRTA) con los contingentes de las Fuerzas Armadas. Estas últimas participaron en la acción contrasubversiva en cumplimiento de su misión Constitucional, por disposición de los Gobiernos de turno en dos décadas…… 10. ……..es importante precisar que el número de víctimas debidamente documentada está entre 24,000 y 25,000 personas. Cualquier otra cantidad que la Comisión estime como probada, es producto de una proyección matemática o estadística,

la que si bien es cierto ha sido realizada con soporte científico por parte de los técnicos peruanos y extranjeros, no pasa de ser una proyección. Por ende, estimo que esa no es una verdad comprobada. El Proyecto del Lugar de la Memoria Según la R.S. 115-2009-PCM, del 5 de junio de 2009, se conformó y designó la Comisión de Alto Nivel para el Proyecto del Museo de la Memoria, integrada por siete personalidades de distinguida e intachable trayectoria personal y profesional, de manera ad honorem, presidida por el doctor Mario Vargas Llosa, actuando como vicepresidente el doctor Salomón Lerner Febres. Posteriormente por R.S. 098-2010-PCM, del 14 de abril de 2010, se incorporó a la Comisión de Alto Nivel a dos personas más y se modificó la denominación de “Museo de la Memoria”, por “Lugar de la Memoria”. El 15 de mayo, el Dr. Lerner renunció a la Comisión5, quedando conformada como se indica a continuación: Dr. Mario Vargas Llosa, presidente Mons. Luis Bambarén Gastelumendi Dr. Enrique Martín Bernales Ballesteros Arq. Frederick Cooper Llosa Sr. Fernando de Szyszlo Valdelomar Antrop. Juan Manuel Ossio Acuña Sra. Mariella Pinto Rocha. Sr. Bernardo Roca Rey Miro Quesada. Un representante de la Defensoría del Pueblo en calidad de observador. Posteriormente, el Antropólogo Juan Manuel Ossio Acuña, fue nombrado Ministro de Cultura el 4 de setiembre de 2010, y el Dr. Mario Vargas Llosa, renunció a la Presidencia de la Comisión el 13 de setiembre de 2010, siendo designado el 4 de octubre de 2010, el Sr. Fernando de Szyszlo Valdelomar, como Presidente de la Comisión.

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que el trabajo de la Comisión se desarrollará en la perspectiva de llegar a mostrar al final del proyecto, un testimonio integral y objetivo sustentado en verdades comprobadas de la tragedia que vivió el Perú a partir del alzamiento terrorista de 1980. Comentario Final CVR, Dr. Mario Vargas Llosa en Ayacucho.

El objeto de la Comisión de Alto Nivel es coordinar y promover el diseño, organización, implementación y gestión del Proyecto con la cooperación del Gobierno Federal de Alemania; velando por que dicho lugar represente, con objetividad y espíritu amplio, la tragedia que vivió el Perú a raíz de las acciones subversivas desarrolladas por Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru durante las dos últimas décadas del siglo XX, con el propósito de mostrar a los peruanos las trágicas consecuencias que resultan del fanatismo ideológico, la trasgresión de la Ley y la violación de los Derechos Humanos, de suerte que nuestro país no vuelva a revivir tan lamentables experiencias. Este mandato, señala con meridiana claridad que la objetividad y espíritu amplio deben predominar en el tratamiento temático de la tragedia que vivió el Perú, en consecuencia, la pluralidad y visión integral constituyen factores que fundamentaran la adecuada interpretación de los hechos, lo que permitirá plasmar adecuadamente la representación objetiva que será expresión de lo vivido en este trágico período. Tanto el Dr. Mario Vargas Llosa como el Sr. Fernando de Szyszlo Valdelomar, han reiterado en forma pública

El Informe Final de la CVR, desarrollado por un segmento del Grupo de Interés de la Sociedad Civil, configura una interpretación incompleta del tema pues cubre solo los aspectos de carácter político, social, jurídico y cultural de la violencia terrorista y de la violación a los Derechos Humanos producidos en el Perú desde mayo de 1980 hasta noviembre de 2000, causado por la agresión de los grupos terroristas Sendero Luminoso y el autodenominado Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. El Informe no considera en su trabajo el factor económico existente en el período, por el cual el país llegó al borde de la inviabilidad en el contexto internacional, producto de la situación que se degradó sustantivamente debido a la acción demencial de los agresores del estado de derecho. El terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA, fue un factor preponderante que agravó y retrasó el desarrollo nacional en espacios tan importantes como salud, educación, trabajo, agricultura, industria, infraestructura eléctrica, carreteras, etcétera y obviamente a la actividad privada, siendo una de las causas principales de los graves daños emocionales a toda la población durante cuatro lustros. Esto es lo que un grupo de personas investida de los cargos en el más alto nivel de gobierno, soslayó como parte del trabajo de la CVR, cuando por función diseñaron y emitieron los dispositivos de su

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creación, estableciendo los espacios de trabajo que debían cubrir los comisionados que ellos mismos nombraron. El Informe Final de la CVR, es un trabajo estigmatizado por la uniformidad del origen académico, ideo político y laboral de la mayor parte de sus comisionados y funcionarios de confianza, que procedían preponderantemente de tres universidades y de partidos políticos de ideología socialista, principalmente en su vertiente marxista leninista; ello ha originado Conclusiones como las números 1 y 2 que no se ajustan al rigor de la verdad histórica de los hechos. En el caso de la Conclusión número 2, el Informe Final inicia su texto basándose en una estimación de los comisionados y no en una verdad comprobada, lo cual ha causado muchas protestas y posiciones discrepantes como la de la Comisión Especial para la lectura y análisis del Informe Final de la CVR, designada por la Fiscalía de la Nación según Resolución 1400-2003-MP-FN, del 5 de setiembre del 2003, la que manifiesta que el número de víctimas fatales que la CVR afirma existieron, no tienen un asidero técnico sustentable. En el mismo sentido se pronunció, y firmó el Informe Final “bajo reserva”, el Comisionado Teniente General FAP Luis Arias Graziani. Las fallas de origen del Informe Final, al haber sido estructurado de manera incompleta por la ausencia del factor económico a lo largo de su extenso análisis, así como por mantener una marca permanente causada por la falta de pluralidad ideo política, de formación y laboral de los comisionados y funcionarios de su organización que lo redactaron, demandan la ineludible necesidad de subsanar estos garrafales errores buscando darle la integridad y solidez que

exige un trabajo que se supone debe ser el gran relato de lo que nos sucedió, así como una de las fuentes que, se asume, servirá para desarrollar el Proyecto del Lugar de la Memoria, que perennizará esta etapa de la historia del Perú, para las futuras generaciones. Por encima de cualquier interpretación de lo que nos sucedió, la trágica experiencia vivida a través de este periodo, debe servirnos para integrarnos dejando de lado la mezquindad, provenga de donde provenga, reconocernos como país multicultural y plurirracial, e ir corrigiendo los tremendos errores que arrastramos desde inicios de la República, eso es lo que debemos afrontar solidariamente todos los peruanos de hoy identificados con nuestro país, para transitar juntos la única senda que nos permitirá alcanzar la grandeza que el Perú merece y exige. El proyecto del Lugar de la Memoria puede llegar a ser uno de los cimientos de la reconciliación, unión e identidad de los peruanos, así como constituirse en el mejor homenaje a la sociedad, a sus víctimas y familiares. Para ello requiere que el Estado cumpla con la tarea pendiente de completar el Informe Final de la CVR, analizando e incluyendo el factor económico y replanteando las conclusiones 1, 2 y 55, entre otras, por no ajustarse a la realidad histórica, ni a la rigurosidad de lo comprobable. En la fecha que marca una etapa importante para el Proyecto del Lugar de la Memoria, los peruanos confiamos que se asumirá con firmeza el rumbo que han señalado públicamente los Presidentes de la Comisión Presidencial de Alto Nivel y, que el trabajo de la Comisión se desarrollara en la perspectiva de llegar a mostrar al final del Proyecto, un

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testimonio integral y objetivo sustentado en verdades comprobadas de la tragedia que vivió el Perú a partir del alzamiento terrorista de 1980. En tal sentido se pone a disposición este aporte, que se considera contribuirá a alcanzar el objetivo trazado. Reflexionemos teniendo en nuestras mentes la ilustre figura del Gran Almirante del Perú Miguel Grau Seminario, el Peruano del Milenio, innato y paradigmático precursor de los Derechos Humanos en el mundo desde aquel 21 de mayo de 1879, cuando, adelantándose a su época, en las aguas de Iquique en un acto admirado por todos, y principalmente por aquellos a los cuales combatió, extendió su noble mano de vencedor para rescatar al vencido, evitar la muerte innecesaria y el conse-

"Iquique"

cuente dolor a esposas, hĳos, padres y familiares, motivando aquella espontánea frase que saliera desde lo más profundo de cada uno de los chilenos que salvó, hoy perennizada para la historia, ¡Viva el Perú generoso!

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http://www.congreso.gob.pe/congresista/2001/hpease/criticas/1_PQMEMORIA_2000-2001.pdf Idem. "Se puede terminar de diseñar lo que debería ser la Comisión de la Verdad, dentro del proceso de reconciliación. El ministro García Sayán es una garan a para que este gobierno de transición empiece este proceso", So a Macher, Diario la República, 27 de noviembre de 2000. Ministerio Público - Informe de las Comisión de Evaluación y Análisis del Informe Defensorial N`97, Enero 2006. Diario la República, Entrevista a Salomón Lerner F., 25 de junio de 2010.

SECTOR PÚBLICO: ¿POR QUÉ TRAZAR OBJETIVOS DE GESTIÓN?

Comandante FAP Juan Jordán Altamirano “Mejorar la condición de una organización, su situación, implica medición del estado actual y a través de nuevas iniciativas buscar mejores formas de acción que impacten en un mejor desempeño organizacional”

maginen ser clientes y tener que pagar a una organización por hacer algo que no está alineado con sus preferencias, imaginen comprar un boleto hacia un sitio no definido, como estar en una aeronave que tiene un

El Comandante FAP Juan Jordán Altamirano, egresó de la Escuela de Oficiales en 1991, graduado en la especialidad de Finanzas. Ha sido catedrático en la Escuela Superior de Guerra Aérea y en el Colegio de Contadores de Lima en tópicos financieros y contables. Ha prestado servicios en diferentes unidades en el Área Financiera, es responsable de la formulación y gestión de aprobación del Proyecto de Inversión Publica para Rehabilitación de la Base Aérea de Pisco después del terremoto, habiendo sido felicitado por el Jefe de Estado Mayor de la FAP por dicho acto. Ha cursado estudios de Contabilidad en la “Universidad Ricardo Palma”, siendo Contador Público Colegiado. Culminó el Diplomado en Finanzas Corporativas en ESAN, es Magister en Administración de empresas por la “Universidad de Lima”, habiendo alcanzado la ubicación relativa del 5to Superior. Ha culminado una especialización en Proyectos de Inversión Pública en la “Universidad del Pacifico” y el Curso de Especialización en Tributos en la “Pontificia Universidad Católica del Perú”. Actualmente cursa el III Programa Académico de Comando y Estado Mayor en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas.

rumbo, pero no puede mostrar el avance hacia el objetivo, eso pasa con las organizaciones que no cuentan con objetivos medibles y también con aquellas organizaciones públicas que cuentan con objetivos, pero que no los alinean con las preferencias del contribuyente. Estamos acostumbrados a escuchar de visión, como aquel deseo que proyecta la organización a una mejor condición futura (no puede ser al revés), pero para visualizar, percibir que caminamos en esa dirección necesitamos objetivos, puntos de chequeo en aquel largo camino a seguir para alcanzar la visión de una organización, pero no es sencillo. Ahora agreguémosle a esto los requerimientos del día a día, de reportes a instancias superiores, presiones del entorno, problemática del personal, carencia de recursos para reforzar conductas de los subalternos, problemática del personal, entre otros y completamos el panorama, en otras palabras, las presiones comunes del día a día que al finalizar el mismo, nos hacen olvidar el curso de acción de las cosas, absorben el tiempo y recursos de la organización… Realmente complicado pretender supervisar el avance de las organizaciones

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hacia el logro de objetivos preconcebidos en el Sector Público, (sobre todo sin contar con Sistemas de Información Gerencial que permitan cierto nivel de monitoreo). No obstante la medición es necesaria, pues no se puede gestionar lo que no se puede medir, por ello el objetivo debe ser posible de medir para considerarse como tal (para considerarse un punto de chequeo hacia la materialización de la visión). ¿Cómo desarrollar objetivos que se puedan medir? Jean Paul Sallenave1 manifiesta que los objetivos deben tener cuatro componentes: Atributo: Dimensión especifica que lo define, (Que mide). Escala de medida: Unidad de medida a utilizar para cuantificar el objetivo. Meta o umbral: Medida arriba de la cual se considera el objetivo logrado. Horizonte de tiempo: Plazo para el logro del objetivo. Ejemplo de Objetivo:“Lograr incrementar la operatividad de la flota X en un 10% en el presente ejercicio”. Atributo: Operatividad de la Flota. Escala de medida: porcentual. Meta o umbral: 10%.2 Horizonte de tiempo: 1 año.

Ahora es más fácil trazarse objetivos de difícil medición, así no se concreta ningún compromiso de mejora de la condición de la organización, con lo cual se evitan críticas futuras, el compromiso real surge de personas que creen estar en la capacidad de alcanzar objetivos medibles, es ese interés, ese conocimiento, esa proactividad, lo que las lleva a pretender alcanzar una mejora, pues como dicen son nuestros actos los que nos definen, a través de ellos se trasciende. Trasladando este tipo de actitudes a un administrador (imaginando que tiene un perfil que se ajusta al cargo que va a asumir) tratemos de imaginarlo en una organización a la que acaba de llegar, es probable que encuentre solo la misión del área que va a dirigir, no obstante debe autoimponerse un objetivo (alineado con el de la organización) para darle orientación a las actividades del área (establecer puntos de chequeo), para ello debe realizar un diagnóstico que le permita establecer el punto de partida de la gestión o línea de base, como también lo llaman. Establecida la línea de base o diagnóstico de la situación del área al inicio de la gestión, es recomendable establecer objetivo(s) que guarden relación con las capacidades y recursos asigna-

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dos al área (coordinado con el superior inmediato), pues como dicen “la responsabilidad del Jefe radica en solicitar los recursos y talento humano para que el objetivo se materialice”,3 pues si se dan los recursos y plazos adecuados para el logro del objetivo es responsabilidad del jefe alcanzarlos, en caso contrario no es recomendable responsabilizar al jefe por alcanzar el (los) objetivo(s) si no tuvo mando u autoridad sobre los medios necesarios para tal fin4, lo importante es documentar las limitaciones (o carencia que exista) para alcanzar el objetivo, pues el problema que no se documenta, no existe. Por otro lado es posible mantener temporalmente niveles de exigencia por encima de las capacidades del área o dependencia, si la urgencia de la situación lo amerita, pero no de manera constante, pues tanto el personal como los recursos terminan siendo insuficientes para mantener esfuerzos por encima de las capacidades del área o dependencia, generándose retrasos e incremento de fallas en los procesos existentes.

A partir de lo manifestado, es natural que los jefes interesados en alcanzar sus objetivos se preocupen de saber con qué recursos y plazos cuentan para el logro de los mismos, también es común encontrarse con equipos compuestos por gente de diferentes caracteres, especialidades, actitudes, frente al objetivo, de allí la necesidad de: • Interesarse por la retención del talento humano clave para el logro del objetivo. • Buscar alinear los esfuerzos del equipo para el logro del objetivo. • Evitar sesgar opiniones que pudieran contribuir a alcanzar el objetivo. • Por sobre todo buscar la unión del grupo, pues solo en tal estado la sinergia puede fluir para un intercambio de conocimiento entre los integrantes del equipo y así lograr mejores resultados. • Recordar que como parte de una organización, somos parte de un Sistema, como tal interdependemos e interactuamos para el logro de el(los)

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objetivo(s), por lo que todas las partes son necesarias (Aun así no hay receta perfecta). • Vincular el logro del objetivo, con algún tipo de incentivos o reforzadores de conducta para orientar los esfuerzos del personal hacia el logro de los objetivos. ¿Cómo visualizar los objetivos a los largo de toda la organización? (Decalage) Normalmente todo objetivo de resultado o impacto debe contar con inductores de actuación5, aquellos que constituyen objetivos de nivel inferior cuyo resultado se va a ver reflejado en el indicador de resultado o impacto (objetivo de nivel superior).Los Inductores (objetivos de nivel inferior) deben explicar naturalmente cómo llegar al Objetivo de nivel superior, según se aprecia en el siguiente cuadro:

Criterios utilizados para seleccionar objetivos: Los entornos en la actualidad son más cambiantes que años atrás, la globalización, el incremento de la tecnología y la agilización del flujo de

información por la Web, son factores que han contribuido en ello, por lo expuesto los objetivos están supeditados a ciertos supuestos (cierto estado del entorno de la organización), necesarios para considerar el objetivo como válido en el horizonte de tiempo del ejercicio (probablemente 1 año) o más dependiendo del nivel de objetivo (estratégico, funcional, operativo). Los objetivos de una organización pueden tener sesgos, en muchos casos son el resultado de una pugna entre grupos de poder en la organización6, siendo el grupo dominante el que impone el objetivo, para Sean Masaki Flynn “con frecuencia los programas del gobierno son el resultado del un cabildeo de grupos de presión que buscan ayudar a algún grupo pequeño en lugar de maximizar la felicidad de la población”. También el sesgo cognitivo del más alto funcionario, ejecutivo, jefe o director de la organización, influye en la percepción de qué es más importante alcanzar para la organización (según Jean Paul Sallenave), así como también los valores del mismo, como dicen “las organizaciones en cierta forma se parecen a sus gerentes (o equivalentes)”, pues el estilo del mismo en el proceso a su cargo y tiene efecto sobre su gestión y resultados. Finalmente recordando que el fin de las organizaciones es proporcionar un bien o servicio a un cliente o usuario (satisfaciendo el propósito distintivo de su misión), deberían los objetivos guardar relación con las expectativas que tiene el cliente del bien o servicio, de tal forma que al alcanzar los objetivos se maximice la satisfacción del cliente (o contribuyente para el caso del Estado).

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El establecimiento de objetivos en el presupuesto por resultados La Metodología de Presupuesto por Resultado utiliza primeramente un diagnóstico para establecer la condición de interés o situación que afecta (directa o indirectamente) a la población, esto se hace tomando en cuenta la percepción de la población afectada, es decir el diagnóstico tiene que tomar en cuenta al receptor del servicio, para luego en función a esta condición establecer el objetivo de la organización que sería dar solución a la condición de interés que afecta a la población (Ejemplo: lograr el control aeroespacial del 100% del territorio Nacional). Esta condición de interés llega a ser atendida a través de la determinación de las causas de último nivel que generaron esta condición, por lo expuesto la Metodología Causa-Efecto contribuye a determinar cuáles serian los medios para la solución del problema, lo que impactaría en la identificación de la condición de interés que se transformaría en objetivo a alcanzar. Desde la óptica de los procesos, un departamento o área puede ser parte de un macro proceso al interior de una organización, en tal sentido los productos de este área pueden estar dirigidos a un “cliente interno” (otra área o departamento a otro nivel en la organización) o quizás un “cliente externo”, si es que el área o departamento en cuestión se encuentra al final del macro proceso, en tal sentido para determinar el objetivo del departamento o área en cuestión es recomendable considerar la opinión del “cliente”, sea este interno o externo, pueden ser a través de encuestas, o algún tipo de informe, pero (al final) el producto final, así como el objetivo (en niveles de producción del área, velocidad de tramitación de expediente u

otro indicador), se deberán ajustar a las necesidades del “cliente”, para considerarse satisfactorio. Recordemos que si existe un área sin clientes (interno o externo), o que no emite producto alguno, quizás sea innecesaria en la organización. Impacto de la Teoría del Principal y el Agente7 en el logro de los objetivos En el marco de la Teoría Económica los individuos frente al trabajo actúan racionalmente en la búsqueda de su propio interés, donde la Administración asume el papel principal y los funcionarios son los agentes.8 Las Retribuciones Relacionadas al Desempeño (RRD) surgen en el ámbito del Sector Público, dentro de una nueva ola de reformas de gestión y presupuesto que buscan mejorar la motivación de los funcionarios, no solo por el reconocimiento salarial mismo, sino por el reconocimiento implícito por el buen desempeño que supone el estímulo antes mencionado. Este tipo de políticas (RRD) ligadas al logro de objetivos adecuadamente definidos constituyen una alternativa de estímulo, sugiriéndose que la evaluación para el incentivo se haga sobre pocos objetivos realistas, buscando ligar el objetivo organizacional, con los objetivos individuales de los funcionarios (agentes). No obstante la rigidez existente en el Sector Público para el otorgamiento de incentivos, así como la creencia de que “las sanciones en el Sector Público son casi siempre mayores que la recompensa por un muy buen desempeño”9, constituyen una limitante para la aplicación de este tipo de políticas.

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¿Por qué son importantes los objetivos para el sector público? La importancia de establecer objetivos en el sector público radica en que solo crecen sostenidamente los países que logran mantener un equilibrio entre la estabilidad social y el crecimiento económico (según estudios del Banco Mundial). En otras palabras, un país con estabilidad socio económica, proyecta una solidez que invita a la inversión, al crecimiento, de allí a la necesidad de un estado más eficiente, donde el impacto del gasto público se refleje en indicadores transparentes de niveles de servicio, cuyos beneficios están alineados con las preferencias que maximizan la satisfacción del contribuyente.

Solo un estado eficiente, productor de bienes y servicios alineados con las preferencias del contribuyente, estaría en capacidad de contar con mayores niveles de aceptación (la confianza mayoritaria de la población), mayor apreciación del valor de los bienes y servicios que produce y posible mayor recaudación por los mismos, de allí la mayor legitimidad10 de sus actos, la aceptación mayoritaria de la población de la autoridad conferida al mismo para el ejercicio del monopolio del poder. Por ello es importante la intención del Estado de implementar el Presupuesto por Resultados, que podría impactar significativamente en la implementación de objetivos medibles en la Gestión Pública, pues su metodología obliga a la generación previa de objetivos denominados “Condiciones de Interés” proveniente de un diagnóstico de la problemática del sector, que es requisito previo a la asignación de los recursos a las Instituciones Públicas, de allí si hay objetivos medibles y medios de verificación de los mismos se puede demandar presupuesto, de esta manera la administración pública ejecutará sus recursos de manera más eficaz, orientándolos hacia objetivos cuantificables y alineados a los requerimientos del contribuyente. Restricciones para el logro de los objetivos, algunos de ellos… • Los bienes y servicios que el Estado produce no están adecuadamente alineados con lo que desea el contribuyente o receptor de estos productos. • No hay visión de procesos al interior de la administración pública, por ello los recursos asig-

ORGANIZACIÓN

•

nados, no necesariamente permiten alcanzar los objetivos planteados. Muchas veces se ejecutan recursos sin tener claro el diagnóstico de la situación problemática del sector, de allí que los objetivos no estén adecuadamente definidos, así como los recursos asignados para el logro del objetivo. Existe prioridad por el cumplimiento de la normatividad, existiendo más reforzadores de conducta mayormente negativos (castigos) que se aplican en caso de incumplimiento, no obstante existen menor número de incentivos que motiven la productividad en el sector público (las sanciones por fracasar son mayores que los incentivos por buenos desempeños11). La corta duración de los cargos públicos (dos años en promedio), generan que haya concentración en objetivos de corto plazo, no permitiendo la generación de curvas de aprendizaje profundas que permitan cambios estructurales en las organizaciones (adecuaciones al cambio del entorno). Las organizaciones son especializadas, no están preparadas para resolver problemas sistémicos que involucre un accionar conjunto, varios sectores a la vez. (No obstante se está avanzando poco a poco en este aspecto).

Conclusiones Finalmente existe la probabilidad de que se esté trabajando en organizaciones públicas con objetivos inadecuadamente definidos, pues la incorporación de la metodología del Presupuesto por Resultados tardara en aplicarse a todo el sector público, por ello será necesario contar con lineamientos para generar

adecuadamente objetivos. Asimismo el contar con una Gestión Pública más eficiente, con productos (bienes y servicios) elaborados pensando en el contribuyente, es un requisito para incrementar la legitimidad del accionar del estado12, es decir la aceptación pacífica de las acciones del Estado por parte del gobernado, una mayor aceptación de los productos del Estado llevará poco a poco a la mayor percepción de valor de los servicios públicos por parte del contribuyente, logrando climas de mayor aceptación, estabilidad socio económica que el Estado necesita para alcanzar crecimientos económicos sostenidos, que poco a poco permitirán contar con la caja fiscal suficiente para eliminar la exclusión, la pobreza e incrementar los niveles de vida de la población y, a futuro, alcanzar el llamado bien común.

PHD en Economía Jean Paul Sallenave Autor de “La Gerencia Integral”- Cap. 3 “Toma de Decisiones”. En el entendido de que se ene que incrementar el 10% de la opera vidad con respecto a la condición inicial de la flota al inicio de la ges ón. 3 Concepto extraído del libro “Gerencia de Procesos” de Hernando Mariño. Cap 4 “Un Modelo para gerencia de procesos”: pág. 43. 4 Concepto extraído del libro “Gerencia de Procesos” de Hernando Mariño, Cap 4 “Un Modelo para gerencia de procesos”: pág. 43. 5 Inductores de Actuación o indicadores de causa son específicos de cada área, Definición extraída de “El Cuadro de Mando Integral” de Kaplan y Norton: p 164. 6 Concepto extraído de “La Gerencia Integral” de Jean Paul Sallenave: p 47. 7 También llamada Teoría de la Agencia, estudia el conflicto existente entre el Principal (Accionistas) y el Agente (direc vo o funcionario), y la búsqueda de superar tales conflictos, como de vincularlo adecuadamente con incen vos a la generación de valor que realicen estos úl mos. (extraído de “Principios de Finanzas Corpora vas”- Brealey- Miers- p:695). 8 Fuente h p://ges onpublicaperu.com/no cias/ 9 Conclusión extraída del Ar culo “Ges ón del Cambio en el Sector Público” de Frank Ostroﬀ- De Harvart Business Review- Mayo-2006- pag:99. 10 La legi midad está relacionada con las razones que conducen al cumplimiento las normas, por parte de la población, es el concepto mediante el cual se pone a prueba la capacidad de un poder para obtener obediencia sin necesidad de recurrir a la coacción. h p://es.wikipedia.org/wiki/Legi midad. 11 Extraído del Ar culo “Ges ón del Cambio en el sector público”, por Frank OstroﬀHarvard Business Review- Mayo 2006. 12 Ver “Evaluación de la Ges ón Pública-Conceptos y aplicaciones en el caso La noamericano” por Sonia Ospina Bozzi- Educadora, MS en Ges ón Publica y PhD en Sociología-. 2

EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LAS POSIBLES AMENAZAS A LA SEGURIDAD NACIONAL Mayor FAP Guillermo G. Lazo Alatrista

La Seguridad Nacional

eguridad Nacional es la situación en la que el Estado tiene garantizada su existencia, presencia y vigencia así como su soberanía, independencia e integridad territorial y de su patrimonio, sus intereses nacionales, su paz y estabilidad interna, para actuar con plena autoridad y libre de toda subordinación, frente a todo tipo de amenazas”.1 Antiguamente, este concepto se limitaba a las amenazas tradicionales, El Mayor FAP Guillermo G. Lazo Alatrista, es Oficial Ingeniero Meteorólogo. Ostenta el grado académico de Magíster Scientiae en Ciencias Ambientales por la Universidad Nacional Agraria La Molina y tiene estudios de Máster en Educación por la Universidad de Piura. Actualmente, se desempeña como catedrático en el Centro de Altos Estudios Nacionales CAEN, y en la Escuela de Sub Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú. Ha sido catedrático también, en la Escuela Superior de Guerra Aérea FAP y en la Dirección de Meteorología Aeronáutica FAP. Entre otros cargos, se ha desempeñado como Director Regional del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología SENAMHI-Piura, Segundo Comandante del Servicio de Imprenta FAP, ha prestado servicios en diferentes Unidades de Combate de la Fuerza Aérea del Perú y fue integrante de la XIII Expedición Científica del Perú a la Antártida. El Mayor Lazo se encuentra cursando el III Programa Académico de Comando y Estado Mayor en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas.

tanto externas como internas, que provenían principalmente, de los intereses particulares, oposiciones, agresiones o presiones de otros estados y las que surgían en el interior del territorio, y que en el presente milenio, deben ampliar su concepto y los enfoques tradicionales, abarcando nuevas amenazas y amenazas no tradicionales, que incluyen aspectos políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales. Según la Declaración sobre Seguridad en Las Américas, aprobada en la tercera sesión plenaria de la Conferencia Especial sobre Seguridad de la OEA, celebrada el 28 de octubre de 2003 en la ciudad de México, indica que: “Las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad hemisférica son problemas intersectoriales que requieren respuestas de aspectos múltiples por parte de distintas organizaciones nacionales y, en algunos casos, asociaciones entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, todas actuando de forma apropiada conforme a las normas y principios democráticos y las normas constitucionales de cada Estado. Muchas de las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad hemisférica son de naturaleza transnacional y pueden requerir una cooperación hemisférica adecuada”. Asimismo, en esta declaración se indica que: “La Seguridad de los Estados del Hemisferio se ve afectada, en diferente for-

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ma, por amenazas tradicionales y por las siguientes nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos de naturaleza diversa (entre otras se menciona): los desastres naturales y el deterioro del medio ambiente”. Por otro lado, en el informe del Secretario General de la ONU, emitido en el sexagésimo cuarto periodo de sesiones de la Asamblea General, tema 114 del programa provisional denominada “El Cambio Climático y sus posibles repercusiones para la seguridad”, indica:“En general, tanto las opiniones de los gobiernos como la labor de investigación pertinente sobre las repercusiones del cambio climático para la seguridad encaran la cuestión desde una perspectiva de interdependencia entre la vulnerabilidad humana y la seguridad nacional. Señalan cinco vías por las cuales el cambio climático podría afectar a la seguridad: a. Vulnerabilidad: el cambio climático representa una amenaza para la seguridad alimentaria y la salud humana, aumentado el grado de exposición de los seres humanos a fenómenos extremos; b. Desarrollo: si como consecuencia del cambio climático se produce una desaceleración o una reversión del proceso de desarrollo, aumentará la vulnerabilidad, y la capacidad de los Estados para mantener la estabilidad podría verse menoscabada; c. Reacciones y seguridad: la migración; d. Apatridia: la pérdida por un Estado de su condición de tal como resultado de la desaparición de su territorio tiene consecuencias para los derechos; e. Conflictos internacionales: los efectos del cambio climático en los recursos internacionales compartidos o no delimitados pueden repercutir en la "cooperación internacional”.

Como podemos ver, la preocupación internacional es evidente ya que existen pruebas científicas de que el cambio climático representa una amenaza y es considerado además un “multiplicador de amenazas” que atenta contra todos los sectores de una nación y a diferentes escalas, así representa pues, una posible amenaza a la comunidad, a nivel nacional, regional e internacional. El cambio climático, efectos, impactos y amenazas El clima de la Tierra, desde su creación y a lo largo de su existencia, ha cambiado muchas veces. Esto ha sido debido a causas naturales como las erupciones volcánicas, los cambios de órbita de traslación de la Tierra, y entre otros, a las variaciones de la concentración de los componentes de la atmósfera. Estas variaciones, se deben principalmente, al crecimiento del ritmo de emisiones de gases contaminantes y gases efecto invernadero (GEI), predominando el CO2, producto de la quema de combustibles fósiles, incremento que se ha observado desde el inicio de la era industrial (como consecuencia de las actividades antropogénicas) y que ha generado el incremento de la temperatura global entre 0.3 y 0.6˚ C el último siglo. Asimismo, según el Cuarto Informe de Evaluación del Cambio Climático 2007 del IPCC, señala, que: “Las estimaciones probables sobre el calentamiento de la superficie global para finales del siglo 21 muestran que para el escenario más bajo se proyecta un aumento (de la temperatura media global) de 1.8ºC y para el más alto un aumento de 4.0ºC…”.2 El aumento de la concentración de estos gases provocaría no solo cambios

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en la temperatura media global, sino también del clima mundial: alteraciones de los regímenes de precipitaciones, avance de los desiertos, retroceso de los glaciares, incremento del nivel del mar, y todos los impactos asociados a estos cambios, tales como grandes impactos sobre la población, los recursos y las actividades económicas (Grasses et al., 2000; Kokot, 2004; Barros, 2005; UCC, 2005). Estos cambios representan en conjunto el denominado: cambio climático. Al respecto, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, usa este término solo para referirse al cambio por causas humanas: Por cambio climático se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos comparables”. El reporte del Panel Intergubernamental de Cambios Climáticos (IPCC, siglas en inglés), ente experto en este campo, concluye que es probable que los efectos del cambio climático impacten en diferentes sectores como la agricultura y salud humana. Su principal conclusión es que “algunos eventos meteorológicos extremos, podrían ser más frecuentes, expandidos y más intensos durante el siglo 21”.3 Afirmación que coincide con los resultados obtenidos de las simulaciones y proyecciones numéricas de los posibles escenarios del clima al 2035 en la Cuenca del Río Piura; realizado por el SENAMHI en el marco del Programa Nacional de Fortalecimiento de Capacidades para Manejar el Impacto del Cambio Climático y la Contaminación del Aire – PROCLIM: “Sobre la intensidad de los futuros fenómenos de

El Niño, el 75% de los modelos indican que variarán de intensidad, pero no están de acuerdo en las fechas, presentando la mayor parte de los modelos un incremento hacia el año 2020 y 2030…”. Y finalmente, debemos tener en cuenta, que según el Tyndall Centre,4 el Perú será el tercer país más afectado por el calentamiento global, después de Bangladesh y Honduras, lo que representa en si una grave amenaza para nuestra nación-estado de manera integral, considerándose también la seguridad nacional. Impactos en los recursos hídricos La falta de acceso al agua potable es una de las principales causas de morbilidad y de enfermedades. Según la Organización Mundial de la Salud, las altas temperaturas y el exceso o escasez de agua son factores que pueden facilitar la transmisión de enfermedades tropicales y males relacionados como la diarrea. Como se prevé, el cambio climático hará aumentar la variabilidad de las precipitaciones en algunas regiones, tal es el caso de la región norte del Perú (Piura) en donde, de acuerdo a escenarios climáticos, se prevé una tendencia proyectada de precipitación media para los períodos diciembre-mayo de cada año hasta 5% superior a su valor normal en las sub cuencas de San Francisco y Yapatera, mientras que en el período junio-noviembre de cada año, la tendencia sería hasta 15% inferior a su valor normal en la cuenca baja del río Piura. Respecto a las temperaturas existe una tendencia sostenida del incremento de la temperatura atmosférica promedio y de las temperaturas extremas (mínimas y máximas, diarias y estacionales) que progresivamente van modificando las condiciones climatológicas en que la po-

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blación desarrolla su modo de vida. Además podemos indicar que según estudios realizados, se presentan escenarios climáticos en los cuales es probable que en el período 2009-2015 se presente por lo menos un episodio de lluvias fuertes con intensidad similar o mayor al Fenómeno de El Niño 19821983. Según diversos escenarios y proyecciones, las pérdidas de los glaciares y la reducción de las coberturas de nieve de los últimos decenios se acelerarán durante el siglo 21, trayendo consigo la reducción de la disponibilidad de agua dulce para consumo humano y el potencial hidroeléctrico, alterando la estacionalidad de los flujos en regiones abastecidas de agua de deshielos de la cordillera, como es el caso de la Cordillera de los Andes; lo que traería consigo impactos negativos no solo económicos sino también sociales. El 13.9% de la población de América Latina (71.5 millones de personas) no tiene acceso al suministro de agua potable; de ellos, el 63% (45 millones) vive en áreas rurales (IDB, 2004). Esto se agravaría con el estrés hídrico proyectado en los diversos escenarios. En 1995, la población ubicada en cuencas con tensión hídrica (menos de 1000 m3/ cápita/año) alcanzaba los 22.2 millones de personas (Arnell, 2004). Se estima que en el 2020, y a causa del cambio climático, la cantidad adicional de gente afectada por el aumento del déficit hídrico varíe entre 12 y 81 millones, mientras que el 2050 las cifras aumentarán a valores de entre 79 y 178 millones de habitantes (Arnell, 2004). Los estudios de vulnerabilidad pre-

dicen que los glaciares continúan reduciéndose. Es muy probable que impacte el suministro de agua del 60% de la población de Perú (Vásquez, 2004). La retracción de los glaciares afectaría también la generación hidroeléctrica a países como Colombia y Perú; uno de los ríos más afectados sería el Mantaro, donde se genera el 40% de la electricidad peruana y provee energía al 70% de las industrias concentradas en Lima (UNMSM, 2004).5 Impactos en las áreas costeras En las áreas costeras de Latinoamérica se esperan impactos importantes del cambio climático y del aumento del nivel del mar para (el período) 20502080. Con la mayor parte de las actividades económicas de la población e infraestructura ubicadas al nivel del mar o cerca del mismo seria probable que se produzcan inundaciones y erosión que tendría un gran impacto sobre la población, los recursos y las actividades económicas (Grasses et al., 2000; Kokot, 2004; Barros, 2005; UCC, 2005). Así también, por el incremento del nivel del agua de mar, podría producirse el ingreso de agua salada a los cursos de agua dulce, con la consiguiente disminución de la disponibilidad para consumo humano o de regadío. Los impactos proyectados, que incluyen consecuencias socioeconómicas (entre otros) son: • Inundaciones, desplazamiento de poblaciones y salinización de las áreas bajas que afectarían las fuentes de agua potable (Urbitaran Moreira et al., 1999) • Modificación del régimen de tormentas costeras, aumento de la erosión y alteración de la morfología costera

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(Conde, 2001; Schaeﬀe-Novelli et al., 2002; Codigno o, 2004; Villamizar, 2004) Impactos en la salud humana Las evaluaciones regionales del impacto del cambo climático sobre la salud en las Américas muestran que está relacionado principalmente con la tensión térmica, malaria, dengue, cólera y otra enfermedades relacionadas con el agua (Githeko y Woodward, 2003). El aumento de la malaria y de la población en riesgo podrían impactar en los costos de los servicios de salud, incluyendo el pago del tratamiento y la seguridad social. Es probable también que el cambio climático incremente el riesgo de incendios forestales. Los mismos que pueden estar asociados con enfermedades respiratorias y problemas respiratorios. Además, las migraciones humanas causadas por la sequías, degradación ambiental y razones económicas puede diseminar las enfermedades en forma inesperada, debido también al incremento de la pobreza en áreas urbanas, a la deforestación y a la degradación ambiental. También, por el incremento de los regímenes de precipitaciones en algunas zonas montañosas y por la degradación de las tierras a causa de la deforestación y por el cambio de uso de estas tierras, se verían afectados los asentamientos urbanos, por los aludes y torrentes de barro, y la población que habita en viviendas precarias sería altamente vulnerable.

Impactos en la agricultura La sensibilidad de algunas especies a la variabilidad climática, afecta el normal desarrollo de las plantas en sus distintas etapas, impactando directamente sobre la producción y productividad. También, estos cambios pueden ocasionar la pérdida de cultivos por causa de las sequias o las inundaciones, la degradación de las tierras de cultivo, entre otras consecuencias, pudiéndose incrementar el número de migrantes de las zonas rurales, poblaciones que en su mayoría suelen ser pobres y que como producto de su migración se ubican en viviendas insalubres, en asentamientos informales, zonas que por lo general son muy vulnerables a los fenómenos climáticos extremos.6 Por ejemplo, con 1 °C adicional en el departamento de Piura, la floración del mango se verá afectada. En el fenómeno de El Niño de 1997-98, en que se registró un calentamiento parecido, se perdió el 70% de la producción de dicho cultivo y el 60% de la producción de limón y algodón.7

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Conclusiones Como hemos visto, el cambio climático no solo es de interés para el tema meteorológico o ambiental, representa mas bien un gran reto para toda la comunidad internacional en conjunto y de manera coordinada. Esto debido a que contribuye, como multiplicador de amenazas, a crear escenarios cada vez más difíciles: por la escasez de productos, por el incremento de enfermedades, por el mayor riesgo de sufrir estrés hídrico, por atentar contra el bienestar de la población, por amenazar al desarrollo económico, así como también por atentar contra la seguridad de las naciones (conflictos intraestatales, pérdida de territorio y apatridia, migración, etcétera). Como hemos visto, la pérdida de glaciares, principal fuente abastecedora de agua para el consumo humano, va a reducir tremendamente no solo la disponibilidad de este recurso para consumo humano, sino que afectará negativamente ante la poca disponibilidad para riego, para el potencial hidroeléctrico, así como también se verán afectadas la actividad turística y deportiva, redundando negativamente entonces, no solo en aspectos sanitarios y de bienestar, sino también en aspectos económicos y de desarrollo. Al incrementarse el nivel promedio del mar, las áreas costeras sufrirán inundaciones afectando directamente los asentamientos humanos, los ecosistemas costeros, así como la erosión de sus playas y la infraestructura, complicando además del suministro de agua potable, las actividades productivas como la pesca y agricultura, así como las actividades de ocio y turismo.

De manera análoga a los conflictos armados, el cambio climático puede afectar o incluso destruir comunidades enteras; así, la falta de agua, las enfermedades causadas por fenómenos meteorológicos, la susceptibilidad a las enfermedades por la mala nutrición, redundan negativamente en la salud humana con el consecuente incremento de la morbilidad, la mortalidad y el incremento de enfermedades y problemas de salud, pudiendo superar también la capacidad de asistencia hospitalaria. Finalmente, todos los efectos del cambio climático, se vinculan e interactúan por la disponibilidad de los recursos naturales y la posibilidad de acceder a estos, por las amenazas a la salud y al bienestar de las comunidades más vulnerables, por la interrupción de los procesos de desarrollo económico, entre otros, que unidos a los requerimientos de la capacidad de supervivencia de los pueblos atentan contra la seguridad de las naciones. Esto es un asunto globalizado, por lo que requiere la participación y la cooperación transfronteriza, de manera tal que se disminuyan los riesgos, mediante la implementación de estrategias y mecanismos de cooperación internacional eficientes y adecuados para preparar a la comunidad internacional para afrontar esas amenazas graves y que son aparentemente inevitables. 1 2

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Planteamientos Doctrinarios y Metodológicos del Desarrollo, Seguridad y la Defensa Nacional. CAEN 2010, PAG 45. Informe de Consultoría. Hacia el Diseño e Implementación de Polí cas Públicas Regionales para la Adaptación al Cambio Climá co Global. Convenio de Cooperación PER65 - OXFAM DESCO. Erick Pajares Garay & Jaime Llosa Larrabure 2009. En “Climate Change and Na onal Security”. An Agenda for Ac on. Joshua W. Busby. Council on Foreing Rela ons, 2007. Centro de Inves gaciones Climá cas de la Universidad de Manchester. Inglaterra. Evaluación de la vulnerabilidad e impactos del cambio climá co y del potencial de adaptación en América La na. O. Canziani, G. Magrin, A. Aquino 2007. “El Cambio Climá co y sus Posibles Repercusiones para la Seguridad”. Informe del Secretario General de la ONU. Sexagésimo cuarto periodo de sesiones de la Asamblea General, tema 114 del programa provisional. Polí cas Públicas y Cambio Climá co Global. María Paz Cigarán. Extraído de Palestra PUCP h p://palestra.pucp.edu.pe/index.php?id=337&num=3.

LA GLOBALIZACIÓN Y SUS EFECTOS EN EL NUEVO ORDEN MUNDIAL

Contralmirante Eloy Ledesma Rebaza esde los orígenes de la edad moderna, con la aparición de los Estados Nación como unidades políticas soberanas, en los cuales imperaba las ideas filosóficas de Hobbes, inspiradas en un Estado fuerte y soberano,- el gran Leviatán- conformado a partir de ciertos derechos civiles cedidos por los ciudadanos , para que pueda existir un orden político capaz de imponer orden

El contralmirante Eloy Ledesma egresó de la Escuela Naval el año 1972, como Bachiller en Ciencias marítimo navales. Calificado en Misiles, Guerra de Superficie. Ha seguido los cursos de Comando y Estado Mayor y el de Guerra Naval en la Escuela Superior de Guerra Naval. Realizó estudios de Dirección de Administración en IPAE, diplomado en Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Católica del Perú, participando en el curso del Programa de Desarrollo Directivo en la Universidad de Piura, y ostenta Maestría en Ciencias Políticas con mención en Gestión Pública otorgado por la misma Universidad Católica. En el servicio naval activo desempeñó importantes cargos como Jefe de la Estación de Misiles, Director de la Escuela Nacional de Marina Mercante, Comandante de la Primera Zona Naval con sede en Piura. En actividades extracurriculares ha participado en varios seminarios nacionales como fuera del país, todos relacionados con la formación marítima y también con el ámbito portuario. Ha sido conferencista en la Escuela Superior de Guerra Naval, así como en diferentes centros académicos de la Marina de Guerra del Perú.

en la sociedad; las relaciones e interdependencia entre los mismos -como consecuencia de la expansión y crecimiento del comercio- con alcances globales a raíz del intercambio con el nuevo mundo, así como el lento desarrollo de la tecnología, que posteriormente, en el Siglo XVIII diera origen a la gran Revolución Industrial, crearon la necesidad en estos de organizarse bajo un cierto orden, a fin de evitar, entre otras cosas, las largas y extenuantes guerras que, con sus elevados costos sociales, diezmaban sus economías y poblaciones; postergando,-como consecuencias de las mismas- su desarrollo debido a que los esfuerzos en apoyo de éstas tenían prioridad. El mundo, que era anárquico en sí mismo, tenía necesidad de organizarse, para hacerlo más ordenado, racional, humano, y, por lo tanto, hacer posible que los problemas que afectaban a todos fueran tratados de manera conjunta y los conflictos internacionales fueran más manejables. La necesidad, como en todo, es la partera de las grandes y de las pequeñas soluciones. Como la mano invisible que rige las leyes del mercado, y como consecuencia de su propia evolución, resurge con inusitada velocidad un proceso,-que inclusive en nuestros días se confunde como sistema-el de la "Globalización" que se convierte en el nuevo campo de la lucha geopolítica y geoestratégica de las grandes potencias.

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Este proceso, dependiendo del poderío de los países que han intervenido en él, ha evolucionado a través del tiempo. Así, en el campo de las Relaciones Internacionales, en el siglo XVII Francia, encabezada por Richelieu, introdujo el enfoque moderno a las mismas, basado en el Estado—Nación y motivado por intereses nacionales como su propósito supremo. En el siglo XVIII, lnglaterra introdujo el concepto de “equilibrio del poder”, que dominó la diplomacia europea durante los siguientes 200 años. En el siglo XIX, la Austria de Ma ernich reconstruyó el “Concierto de Europa”, y la Alemania de Bismarck lo desmanteló, convirtiendo la diplomacia europea en un frío juego del poder. En el siglo XX, ningún país ha influido tan decisivamente en las relaciones internacionales, como los Estados Unidos de América. Ninguna sociedad ha insistido con mayor firmeza en lo inadmisible de la intervención en los asuntos internos de otros Estados, ni ha afirmado más apasionadamente que sus propios valores tenían aplicación universal.1 En el siglo XXI, según Parag Khanna, autor del libro “El Segundo Mundo”, son los imperios que durante miles de años “han sido las entidades políticas más poderosas del mundo y su yugo imperial ha impedido que las naciones sometidas luchen entre sí, satisfaciendo de esa manera la eterna aspiración del ser humano al orden, que es el requisito previo para la estabilidad y la democracia”. La tesis central de este politólogo es que “Lo grande está de vuelta. Son las relaciones interimperiales, no las internacionales o intercivilizacionales, las que configuran el mundo”.2 Como ha sido señalado a la raison d'état (La razón de Estado)3, lo sustituyeron "los propios valores", como valores universales, los que rigen las políticas de los Estados. Son estos últimos los

que tratarían de imponer sus principios y razones, en función de sus particulares intereses egoístas, a los demás Estados. Se piensa, como entonces, que la consecución de sus propios intereses, contribuiría al progreso, como si alguna “mano invisible” estuviese garantizando que la libertad de elección para cada Estado sirviera al bien común.4 En la actualidad son (o serían) los imperios (Estados Unidos, China y Europa) los que se extienden por encima de las civilizaciones. Lo importante es que las relaciones internacionales en el mundo se han regido siempre a través de un paradigma que orienta las relaciones entre los Estados. Este, como ha sido señalado, ha cambiado a través de las diferentes circunstancias históricas que han regido los grandes cambios del mundo civilizado. Así, el último paradigma del siglo XX, fue lo que se denominó "la Guerra Fría ", el mismo que culminó en 1989, después de 44 años de lucha entre la civilización occidental y el comunismo, con la caída del muro de Berlín; con lo cual se creía ingenuamente que la historia había culminado. La democracia capitalista había triunfado sobre el comunismo porque el ideal de libertad de Hegel, finalmente se había impuesto. Para otros, como el ex asesor de seguridad del Presidente Carter, Zsbigniew Brzezinski,5 los problemas de la posguerra fría podrían llegar a ser peores aun que los de la guerra fría. Todo esto debido a que con el triunfo de la democracia capitalista, el hombre solo había conquistado la forma y no el contenido de la libertad; es decir una libertad externa a cada individuo. La libertad interior es lo que marca la diferencia, debido a que medir nuestra deuda con los demás, la vida y el mundo, ha pasado a ser la tarea indelegable de cada

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cual. Lo que sigue en consecuencia es una fragmentación extrema de apetitos individuales, cesa el sentido de deber hacia los demás y estallan conflictos por todas partes del hombre contra el hombre, un nuevo desorden mundial.6 Ralf Dahrendorf en la década de los 90 sugería que la historia, con el fin de la guerra fría, lejos de terminar, lo que había hecho es volver a reanudarse. Los conflictos congelados por cada uno de los bloques en conflicto, se reanudarían con más brío: los Balcanes, los conflictos en el Medio Oriente, el desmembramiento de los Estados que pertenecían a la Ex Unión Sovíetica, le darían la razón más tarde; confirmando, a la vez, la tesis de Charles Taylor, que sostenía que nuestra civilización vive un proceso de atomización o fragmentación de las naciones y los movimientos religiosos o ideológicos.

una relación asimétrica de poderes entre los actores. Sería contraproducente juzgarla como algo que el capitalismo quiere imponer a los países menos desarrollados. Son estos últimos los que se encuentran en el dilema de elegir, en el mercado geopolítico, a que potencia o potencias elegir como aliado para compensar las asimetrías existentes con los demás Estados. Por otro lado, bien es sabido que las relaciones entre los estados abarca múltiples variables y dimensiones (nivel, alcance y profundidad) que están inmersas dentro del proceso de globalización. Es por esta razón que es necesario revisar las fases previas de esta última, por que el dilema no es nuevo. Para algunos, como Dirk Messner se inicia en el siglo II, cuando la ruta de la seda creó los primeros lazos culturales y económicos entre la antigua Europa y Asia, pero solo un puñado de personas que transportaban algunos bienes para un número limitado de de consumidores pudo aprovechar ese nexo intercontinental. Siglos más tarde, en 1847, Marx y Engels describían

Actualmente estaríamos, entonces, ante un nuevo paradigma, el de las relaciones interimperiales, en donde los intereses individuales de los imperios son definidos de acuerdo a su poder político, económico y militar; en un contexto en el cual el mundo en si mismo sigue siendo anárquico, lo que “no significa que el mundo sea un torbellino de desorden, -si bien permanentemente hay desórdenes¬sino que no hay una autoridad máxima supranacional", porque, "el mundo aún no tiene un poder político y constitucional de semejante género y presumiblemente seguiremos en la misma situación durante algunos siglos más”.7 El problema radica en juzgar cómo los Estados, en este nuevo campo de batalla de sus relaciones internacionales, pueden hacer frente o adaptarse a un proceIlustración de mercaderes del siglo XIII siguiendo la "Ruta de la Seda" que so como la globalización si hay conectaba Europa con el Lejano Oriente.

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visionariamente la dinámica global de expansión de la economía de mercado que apenas estaba dando sus primeros pasos, y los cita textualmente: "La necesidad de un mercado cada vez más extenso para sus productos persigue a la burguesía en todo el globo terrestre. En todas partes tiene que anidarse, cultivarse en todas partes, establecer relaciones en todas partes. Mediante la explotación del mercado mundial, la burguesía estructuró la producción y el consumo de todas las naciones en forma cosmopolita, antiquísimas industrias nacionales fueron destruidas y otras se destruyen a diario. Las desplazan nuevas industrias, cuya introducción se convierte en una cuestión vital para todas las naciones civilizadas, industrias que ya no procesan materias primas nacionales, sino de regiones distantes, y cuyas manufacturas se consumen no solo en el propio país, sino en todas partes del mundo a la vez. Nuevas necesidades que solo pueden satisfacer los productos de los países y climas más remotos reemplazan las viejas necesidades, satisfechas con productos nacionales. Un comercio universal, una dependencia universal de las naciones entre sí, reemplaza la vieja independencia económica y autonomía local y nacional. Y así como en lo material, también en la producción intelectual. Los productos intelectuales de las naciones se convierten en patrimonio general". Entre los siglos XI y XV, el desarrollo del capitalismo comercial, el incipiente progreso técnico y las transformaciones sociales, permitieron un lento pero persistente crecimiento de la productividad. En las nuevas condiciones, las relaciones externas de los países comenzaron a ejercer mayor influencia sobre la producción, la distribución de la riqueza y la acumulación de capital.8 El comercio internacional, como sistema internacional global recién se constituye, como ha sido señalado, a partir de la última década del siglo XV

con el descubrimiento de América y la llegada de los portugueses a Oriente por vía marítima. El descubrimiento, conquista y colonización del Nuevo Mundo, incorporó un espacio gigantesco que cumplió un papel decisivo en la formación del orden económico mundial.9 Entonces, por primera vez en la historia, se verificaron simultáneamente dos condiciones: el aumento de la productividad del trabajo y un orden mundial global. En ausencia de una o ambas de estas condiciones no se plantea el dilema del desarrollo en un mundo global.10 En tales condiciones, el impacto de los vínculos con el mundo externo sobre el desarrollo económico era insignificante. Ninguno de los imperios, de esa época tenía alcances planetarios, ni registraba un aumento de la productividad por hombre ocupado.11 Es entonces alrededor del año 1500 que convergieron, el aumento persistente de la productividad y la existencia de un sistema internacional globalizado. Recién entonces se plantea, en escala planetaria, el dilema fundamental de las interacciones entre el ámbito interno y e! contexto mundial como determinante del desarrollo y el subdesarrollo de los países, y el reparto del poder entre los mismos.12 Fue en esa época que también comenzó a gestarse la distinción entre el poder tangible y el intangible de los Estados. Los recursos naturales, así como su población, constituyen el poder tangible de cada país. Pero la respuesta al contrapunto entre e! ámbito interno y el contexto externo condicionan la gestación de los factores intangibles, los mismos que se asientan en la tecnología y la acumulación de capital. En ausencia

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de estos últimos, el poder tangible se disuelve en el subdesarrollo. Así, desde el despegue del Primer Orden Económico Mundial comenzó a tejerse la trama sobre la cual se articuló el sistema internacional y la distribución del poder entre las naciones.13 Michael Mann, en "Las fuentes del poder social-Tomo I" (1986: 667), sostiene que "la idea de que la riqueza era finita" era a fin de cuentas plausible hasta fines del siglo XVIII. Estaba reforzada por la clara relación existente entre la riqueza de un país y la capacidad de su Estado para ganar guerras. Señala que "la conquista de mercados externos", se logró en gran medida a expensas de los vecinos. Para defenderse los países como España y Francia ejecutaron medidas proteccionistas para sus comerciantes. En teoría, el proteccionismo podía determinar si una potencia pasaba a ser hegemónica y dictaba condiciones de "libre cambio" (como virtualmente lo hizo Inglaterra a principios del siglo XIX), pero hasta entonces el equilibrio del poder impedía la hegemonía. La alternativa resultante fue que los países obtuvieron sus mercados dentro de una esfera de marcada influencia colonial no europea. Todavía quedaba mucho botín por repartir. A principios del siglo XVIII, la hidráulica y el viento, constituían las fuentes de energía. En la agricultura se aplicaba la técnica de la rotación de tierras y cultivos. Las técnicas de punta eran la rueca de hilar y el hierro utilizado para fabricar utensilios y herramientas. El cambio tecnológico con-

tinuaba siendo muy lento y, consecuentemente, escasa la posibilidad de elevar las ganancias a través de! aumento de la productividad. Fue la Revolución Industrial la que transformó este papel pasivo de la tecnología en el desarrollo del capitalismo convirtiéndolo en el principal instrumento del aumento de la productividad, las ganancias y la acumulación de capital. Desde entonces, "el dilema del desarrollo en un mundo global quedó fuertemente asociado a la capacidad de respuesta frente a los desafíos y oportunidades abiertos por la tecnología; es decir, a la aptitud de cada país de internalizar, dentro de su propio entramado social y productivo, el cambio técnico y consecuentemente, de apropiarse de las nuevas fuentes de utilidades”.14 Posteriormente, en el transcurso del siglo XIX, los cambios tecnológicos en el transporte terrestre y marítimo, como el empleo del ferrocarril y la navegación a vapor, redujeron significativamente los costos en el transporte de las mercaderías al permitir mayores volúmenes de carga y menores costos por fletes. La tecnología en las comu-

El ferrocarril y la navegación a vapor redujeron los costos en el transporte de mercaderías.

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nicaciones se desarrollaron de manera importante, surge el telégrafo y el cable submarino, dando paso a una mayor velocidad en las transacciones comerciales y, por lo tanto, mayor fluidez de capitales desde los centros industriales a la periferia, produciendo, además, migraciones masivas. Este proceso se prolonga con mayor intensidad durante el siglo XX hasta nuestros días, con consecuencias que difieren para los países, por lo menos en lo económico, de acuerdo a las respuestas que dieron al dilema del mundo global, las mismas que han respondido al grado de cohesión e integración interna, su adaptación institucional a los nuevos cambios, su integración y adaptación a las dinámicas del mercado. Así, hay países que son llamados "globalizadores'', que son los que respondieron con eficacia a los cambios y aquellos a los cuales la globalización les es impuesta como dependencias coloniales, los llamados "globalizados”,o, como con razón Aldo Ferrer indica que "siendo en principio soberanos, la asumieron en cuanto periferia de los centros industriales", estos son los países subdesarrollados y dependientes.15 El reto principal, según Amartya Sen, se relaciona con la falta de equidad tanto nacional como internacional. Las perturbadoras desigualdades incluyen disparidades en la riqueza y también grotescas asimetrías en las oportunidades y en el poder. Una cuestión crucial se refiere a la repartición de las ganancias potenciales de la globalización entre países ricos y pobres, y entre diferentes grupos de una misma nación. Para decirlo con sus propias palabras "El tema de la distribución de las ganancias y pérdidas económicas resultantes de la Globalización es una cuestión

que permanece totalmente aparte, y debemos referirnos a ella como algo posterior y extremadamente relevante. Existen amplias evidencias de que la economía global ha llevado prosperidad a diferentes áreas del mundo”.16 Todo esto porque el “crecimiento económico” es primero que la “democratización de la economía”, que es consecuencia de aquel. Por otro lado los científicos de la política, que en una oportunidad fueron convocados por el gobierno de los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, para que analizaran y determinaran lo que permitía a algunos países ser económica y políticamente estables, con el fin de prevenir la expansión del comunismo, sobre todo en los países subdesarrollados, después de la Guerra Fría; llegaron a la conclusión que el crecimiento económico era producto de la estabilidad política y la democracia a pesar que había la corriente de pensamiento que sostenía que, por el contrario, la democracia era producto del desarrollo económico. Así, los que argumentaban la primera hipótesis, sostenían que aquellos países que emularan las estrategias de desarrollo liberal de los países industrializados, experimentarían un crecimiento económico sostenido conjuntamente con el crecimiento de la clase media. Este diagnóstico lamentablemente no se comprobó en la realidad. Los países de América del Sur, específicamente, que experimentaron un crecimiento económico relativamente estable, no fueron políticamente estables y las inequidades en la distribución de sus ingresos, en algunos casos, y, por cierto equivocados, fueron motivo de movimientos subversivos. Esta situación, también ponía en evidencia la vulnerabilidad del sector externo, tanto comercial como financiero, de algunos países de la región.

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Otra dimensión importante que abarca la globalización, es el relacionado con el aspecto cultural. Al respecto, Amartya Sen, en un artículo que escribió para The American Prospect, Titulado "Cómo juzgar la Globalizacion" (2002), señala que desde una perspectiva, ésta es percibida frecuentemente como una contribución de la civilización occidental al mundo, según la cual los grandes avances se originaron en Europa, a través de las corrientes del Renacimiento, la Ilustración y la Revolución Industrial, como consecuencia de las cuales se produjo los más altos niveles de vida en occidente, los mismos que ahora se extienden por todo el mundo. Desde la perspectiva opuesta, señala Amartya Sen, la globalización, es percibida como las reglas de comercio y relaciones empresariales, impuestas por el capitalismo contemporáneo, a través de las "codiciosas y abusivas naciones occidentales en Europa y América del Norte", que no sirven a los intereses de los pueblos más pobres del mundo. Para él, ambas posiciones no se ajustan a la realidad, puesto que, durante miles de años, la globalización ha contribuido al progreso del mundo a través de los viajes, el comercio, la migración, la expansión de influencias culturales y la diseminación del conocimiento y el entendimiento (incluyendo la ciencia y la tecnología). Estas interrelaciones globales con frecuencia, indica, han sido muy productivas en los avances de los diferentes países y que, no necesariamente, han provocado mayor influencia occidental, ya que los agentes de la globalización frecuentemente se han localizado lejos de occidente. La alta tecnología a finales del año mil incluía el papel, la imprenta, el arco,

la pólvora, la brújula magnética, el molino de rueda y la hélice; elementos que eran empleados extensamente en China y eran prácticamente desconocidos en cualquier otro lugar. Fue la globalización la que los trasladó a través del mundo, incluida Europa. Otros aportes de la influencia oriental hacia occidente, fue en lo relativo a las matemáticas. El sistema decimal surgió en la India, entre los siglos II y VII y, poco después, fue usado por los árabes. Así como estos aportes, hubieron muchos más, "Ver la globalización simplemente como imperialismo occidental sobre las ideas y las creencias (como con frecuencia lo sugiere la retórica) seria un error grave y costoso, como también lo hubiera sido cualquier oposición europea a la influencia oriental al inicio del último milenio".17 Otro tema que en la actualidad ha cobrado inusitada relevancia en las relaciones internacionales y que, hasta hace poco tiempo, era irrelevante, es el relacionado con las cuestiones ambientales o ecológicas. Este, junto con lo referente a la pobreza, han cobrado importancia a nivel universal y representan hoy los mayores desafíos para un mundo cada vez más interrelacionado. El proceso de la globalización, como se puede apreciar, en sus diferentes épocas evolutivas, ha presentado retos y desafíos a los diferentes Estados-Nación, los mismos que de acuerdo a sus propias realidades culturales, sociales, políticas y económicas, lo han afrontado con resultados exitosos en algunos casos, y, en otros, no tanto. En la actualidad, los desafíos que tienen raíces antiguas y diferentes, se diferencian de aquellos, en lo cualitativo. Estos se presentan y desarrollan con mayor rapidez, son más profundos y más sutiles. Las transacciones comerciales y finan-

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cieras, la producción intelectual, la explotación de los recursos no renovables relacionados con los aspectos ecológicos del medio ambiente, la velocidad del transporte y de los medios de comunicación, los aspectos de los avances en la biogenética, los nuevos riesgos o los "riesgos creados" (que Anthony Giddens, los considera como provenientes de la constante intervención del hombre sobre la naturaleza, ocasionando que ésta cada vez se vea más afectada.) ocasionan, a nivel ciudadano, inseguridad y; a nivel mundial, un cambio de época cuya característica principal es que no se sabe hacia donde nos conduce. A nivel Estado-Nación estos cambios ponen en tela de juicio la soberanía del Estado, que en el debate intelectual surgen diferentes posiciones en cuanto a que, para algunos como Francisco Tudela, estos cambios producidos por la tecnología moderna, que incluye a las comunicaciones y la informática, y que hacen posible la globalización "ha fortalecido enormemente al estado nacional". Sostiene que “actualmente vivimos una revolución idéntica, en su trascendencia para la vida social, a la Revolución Industrial en los siglos XVIII y XIX, y, muy probablemente, ésta tenga los mismos efectos sociales que aquellas, pero en una escala mayor, como consecuencia de un grado de capitalización económica y un crecimiento demográfico sin precedentes históricos”. Tudela, señala que el poder estatal sigue allí, técnicamente más fuerte que nunca, sosteniendo y alimentando la anarquía política del sistema internacional. Sin embargo se pregunta "¿Pero, entonces, dónde queda la globalización? ¿hay o no hay una disminución de la soberanía nacional?", señalando a continuación que "Indiscutiblemente la hay, pero no en el terreno material, sino en el terreno concep-

tual y cultural, No hay una disminución de la soberanía estatal en el plano tecnológico, ni en las actividades fiscales, policiales o migratorias; lo que hay es una disminución de soberanía en la libertad de acción internacional de los estados".18 Reconoce, sin embargo que en la actualidad han surgido organizaciones a nivel mundial como las ONG (Organizaciones No Gubernamentales) que no asumen ninguna responsabilidad política por sus acciones ante los ciudadanos. Esto significa que "uno de los factores decisivos de la globalización es lo que podríamos denominar una democracia no representativa internacional, esto es, grupos de opinión política que profesan diversas tendencias del ideal democrático sin representar a nadie, pues no han sido elegidos por nadie, pero sí han logrado agenciarse los medios para llevar a cabo sus acciones ideológicas en gran escala". De lo cual deduce que éstas representarían una corriente similar a la del "Neocorporativismo" cuya teoría es que la democracia representativa liberal no representa los intereses sociales reales. Si esto es así, las ONG, restan "autonomía" no así "soberanía" a los Estados donde actúan, toda vez que éstos siguen ejerciendo el poder sobre todos los ciudadanos en un territorio definido. Sin embargo no son totalmente autónomos para tomar decisiones, toda vez que para evitar conflictos sociales tienen que consultar o contar con la anuencia de la población involucrada, que es movilizada por este tipo de organizaciones, so pretexto de garantizar sus derechos, que se ven amenazados desde su punto de vista por las decisiones que toman los gobiernos de turno. De otra parte hay quienes sostienen, como Wolfgang Reinicke, quien describe los conceptos de "soberanía interna” y "soberanía externa" de los Estados como

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conceptos complementarios. La soberanía externa alude a relaciones entre los Estados dentro del sistema internacional que no posee ni una instancia central ni un monopolio de poder, y que por lo tanto se distingue como ha sido señalado anteriormente, por la anarquía. La soberanía interna, en cambio, se circunscribe a las relaciones del Estado con los actores sociales y la Moderno complejo aduanero que facilitará el comercio exterior del país. economía dentro del territorio nacional. En tal sentido, un ambiente de cooperación más que sobre todo en lo que respecde confrontación.19 ta a la conducta de los Estados Nación y la formación de "intereses nacionales" En este caso el acento no recae en surgen dos puntos de vista: La escuela primera instancia sobre la densificación realista, que sostiene que la anarquía de las relaciones interestatales, sino sodel sistema internacional se traduce en bre las "Estructuras transfronterizas" que competencia y conflictividad en las rehacen que las nacionales (internas) y exlaciones interestatales, y limita estructernas se crucen, encajen unas en otras y turalmente la capacidad de cooperación se mezclen, debilitando la clara separaentre las naciones así como la capacidad ción entre lo interno y lo externo. La glode reconocer intereses comunes. Como balización integra espacios económicos, consecuencia, los Estados solo pueden desacoplándolos -- no completamente defender su soberanía externa a través pero si en áreas parciales -- del radio de de la "competencia adversativa", es decir acción de la política estatal-nacional.20 compiten tratando de imponer sus intereses a los Estados con los cuales inLa globalización, entonces, plantea teractúan. La escuela liberal, en cambio una ruptura entre el Estado y el terricomparte con la escuela realista el paretorio, entre la Nación y la cultura, dancer de que el sistema internacional está do paso a la aparición de los "Regionaregido por la anarquía, y por lo tanto lismos" con sus propias identidades y por la competencia entre los Estados, reivindicaciones. Plantea interrogantes sin embargo, destacan que en el proceso sobre la estructura y los nuevos roles de mayor interacción entre los mismos del Estado, sobre las instituciones y sus y en circunstancias específicas pueden relaciones con éste, sobre las funciones surgir la cooperación y las relaciones referidas a los controles que debe cumrecíprocas; es decir que dentro de la plir en el plano vertical y horizontal complejidad de la interdependencia en(accountability); cómo hacer frente a los tre Estados, los resultados son que cada nuevos “riesgos creados” y ecológicos vez unos son más "dependientes" que que ocasionan el paso de la primera otros y, por lo tanto, los problemas enmodernidad, donde el Estado lo controtre los mismos pueden solucionarse en

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la todo, a la segunda modernidad, que impulsa a la sociedad a formar instituciones globales, ya que los nuevos riesgos dejan de ser individuales y afectan a la sociedad en su conjunto, sin tener en cuenta las fronteras físicas. Surgen los conflictos sociopolíticos referidos al mercado de "trabajo global" que conduce a una dura competencia mundial entre trabajadores no calificados, dando lugar a que los países industrializados tengan que desarrollar políticas sociales hacia dentro y hacia fuera, para conciliar los rechazos internos y moderar los conflictos que devienen en globales. Aparecen los conflictos "ético -morales" relacionados, entre otros, con la regulación de las oportunidades y riesgos de la tecnología genética, los transplantes. También se presenta la necesidad de cómo enfrentar las desinteligencias que se presentan en las nuevas trayectorias del conflicto como resultado de los efectos de la globalización, entre ganadores, perdedores y competidores. Todos estos problemas han dado lugar que en América Latina, más por reacción que por acciones proactivas, los diferentes Estados hayan promovido cambios tendentes a reformar el Estado, a ejecutar recomendaciones de organizaciones internacionales como el FMI, Banco Mundial, relacionadas con lineamientos de política económica, con el fin de adaptarse a los cambios que en lo económico y político plantea la globalización y, que, por lo demás, pese al crecimiento económico registrado por los diferentes países de la Región a partir de la década de los 90, aún enfrentan problemas relacionados con la pobreza extrema y exclusión social. Estos problemas permiten, a los críticos de la globalización, afirmar que tanto la democracia, como sistema político, como la credibilidad de las políticas económi-

cas que se aplican para subsanarlos, son cuestionables o inadecuadas. Se podría concluir, entonces que, lo evidente y concreto es que la globalización entendida como un proceso que está presente desde mucho tiempo atrás, presenta retos a los Estados que,-- para adaptarse en la actualidad a la nueva realidad que estos cambios ofrecen-- deben adoptar decisiones de carácter político y económico, que les permitan afrontar los problemas antes señalados y, al mismo tiempo, generar espacios para una convivencia más racional y , sobre todo, con más justicia social y equidad para los más pobres. Esto no será posible sin embargo, si los países más desarrollados, los Organismos Internacionales, las Organizaciones Intergubernamentales, Organismos no Gubernamentales, los Estados mismos, no buscan cambiar el rumbo de este proceso, el mismo que debería tender a ser más inclusivo de las economías de los países más pobres, con reglas claras y justas para todos, con instituciones supranacionales, que permitiendo a los Estados mantener su soberanía y autonomía, gobiernen el proceso para que las políticas macroeconómicas que actualmente rigen en el mundo, sean más equitativas y permitan una mayor y mejor democratización de la economía, como consecuencia del desarrollo económico. Quizás sea algo utópico, pero se necesita mucha verdad en las normas, verdad en las intenciones de quienes deciden las políticas macroeconómicas del mundo. De otro lado, no es cierto que por efectos de la globalización en el ámbito de las relaciones internacionales, el poder en el mundo se esté privatizando. Lo que ocurre, como ha sido señalado, es que hay una disminución de sobera-

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nía en la libertad de acción internacional de los estados; y, esto no porque los estados pierdan soberanía sino porque la ceden en aras de hacerlo más racional y más justo. La “aldea global” resultaría ser una utopía, sobre todo porque los Estados se desenvuelven políticamente, según Carl Shmi en la distinción amigo-enemigo; de lograrse aquella, esta distinción desaparece, a menos que aparezcan los marcianos como enemigos de la humanidad. En lo interno hay una disminución de la autonomía de los Estados en la toma de decisiones tanto para la formulación de políticas públicas, cuanto para su implementación. Tampoco es cierto que la globalización sea una ideología, como sostienen algunos, y verla simplemente como imperialismo occidental sobre las ideas y las creencias, sería un error grave y costoso como ha sido señalado por el premio nobel de economía Amartya Sen. Finalmente, pareciera que el nuevo orden mundial está pasando por estado de transición, en el cual los imperios en competencia (Estados Unidos, China y la Unión Europea), pugnan con sus propios estilos diplomáticos—la coalición estadounidense, el consenso europeo y la consulta China—21 por liderar el mundo en el siglo XXI. De allí la importancia que nuestro país se haya insertado en el mercado de la geopolítica contemporánea, estableciendo tratados de libre comercio con estos y con otras potencias del mundo, abriendo y ampliando de esta manera su economía y sus mercados. Los resultados de esta acertada visión están a la vista.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

mico mundial" Fondo de Cultura Económica, (1996). Aldo Ferrer, "Historia de la Globalizacion 11, la Revolución Industrial y el segundo orden mundial" Fondo de Cultura Económica, 2000. Mariano Grandona, "Revista Vision", 16 al 30 de Junio 1993. Parag Khanna, “El Segundo Mundo”, 2008. Kissinger Henry, "La Diplomacia" Fondo de Cultura Económica. Michael Mann, en "Las fuentes del poder social, I" (1986: 667). Dirk Messner, "Globalizacion y Gobernabilidad Global". Francisco'Tudela, en "Libertad, globalización y politicas nacionales", 2000. OIT, "Globalizacion y Trabajo Decente en las Américas OI!", Dic.2002.

H.Kissinger en "La Diplomacia" 1994: pág. 12.

Parag Khanna, en “El Segundo Mundo”, 2008,p.28.

La razón del Estado, que jus ficaban los intereses nacionales de la Francia de Richelieu.

H.Kissinger; Ibid pag.12.

Out of Control, New York: Charles ScribnerSons, 1993) cit. en "El Nuevo Desorden Mundial" Mariano Grondona, revista Visión, 16 al 30 de Junio de 1993.

Mariano Grondona: Op.cit, pág. 16.

Francisco Tudela; en "Libertad, globalización y polí cas nacionales", 2000:pág.3.

Aldo Ferrer Op.Cit. pág. 13.

Aldo Ferrer Op. Cit: pág. 14. 10 Aldo Ferrer en "Historia de la Globalización: Orígenes del orden económico mundial" Fondo de Cultura Económica, (1996: 12). 11 Aldo Ferrer Op cit. pág. 12. 12 Aldo Ferrer Ibid. pág. 14. 13 Aldo Ferrer, Ibid, pág. 14. 14 Aldo Ferrer en "Historia de la Globalización Il, la Revolución Industrial y el segundo orden mundial"(Fondo de Cultura Económica, 2000: pág. 13) 15 Op.cit, Pág.394. 16 Amartya Sen,Op.Cit.pag.6. 17 Amartya Sen, Op, Cit. pag 4. 18 Francico Tudela.Op, Cit,pag.5. 19 Wolfgang Reinicke, citado por Dirk Messner, en Globalización y gobernabilidad global: pag.4. 20 Dirk Messner.Op.Cit. pag5. 21 Parag Khanna, en “El Segundo Mundo”, 2008,p.31.

Referencias bibliográficas 1.

Aldo Ferrer, "Historia de la Globalizacion: Orígenes del orden econó-

VIGENCIA DE LA GUERRA NAVAL

Capitán de Fragata Juan Carlos Llosa Pazos

n los tiempos en que nos toca vivir, la guerra produce cada vez mayor rechazo. Ciertamente está proscrita por el Derecho y es repudiada por los pueblos, y los Estados raramente se declaran guerras ni las inician contra otros; sin embargo, las guerras existen y esCapitán de Fragata Juan Carlos Llosa Pazos es calificado en Guerra de Superficie y en Ingeniería de Sistemas, así como graduado en el Curso de Comando y Estado Mayor en la Escuela Superior de Guerra Naval. Ha prestado servicios en diferentes unidades de la Fuerza de Superficie. En el Comando Conjunto prestó servicios como Jefe de la Oficina de Información y como Jefe del Departamento de Planeamiento de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas. Es colaborador de la Revista de Marina desde 1995, con artículos de interés institucional y profesional, así como de historia naval. Ha publicado artículos en diversas revistas y diarios de Lima, particularmente en la columna Tribuna Libre del diario Expreso. Es egresado de la Maestría en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha sido profesor de Relaciones Publicas e Imagen Corporativa en la Universidad Ricardo Palma, catedrático de la Escuela Superior de Guerra Naval y de la Escuela Superior de las FFAA. Actualmente cursa la Maestría en Gestión Cultural por la Universidad San Martín de Porres, y en el servicio naval se desempeña como Comandante del B.A.P. ETEN, unidad de desembarco anfibio y de soporte logístico operacional de la Fuerza de Superficie.

pecialmente bajo la denominación de conflictos armados sin carácter internacional (1). En efecto, la guerra ha sobrevivido no solo a la condena tanto en concierto como de manera individual por parte de los Estados, sino también al espanto que produce la idea de la destrucción masiva, a los movimientos pacifistas, a las cumbres de desarme y a las buenas intenciones de gobiernos y organizaciones internacionales. En efecto, aquel fenómeno sociopolítico no ha muerto y aunque su sola mención resulte repulsiva para muchos, aún continúa acompañando el destino de la humanidad. A propósito de este tema, hace algunas semanas el ex congresista José Barba Caballero publicó en el diario “Correo” un artículo en el que sostenía que los científicos consideran que a menos que suceda un importante cambio genético en nuestra constitución, la bestia que llevamos dentro y que permanece oculta tras la delgada capa de civilización, no morirá. "Quizá algún día —continúa el ex congresista— nos libremos de la tiranía de los instintos y lleguemos a evolucionar a un grado tal que los distintos vicios y crueldades humanas desaparezcan; pero como ese día no ésta a la vista ni con un telescopio, es una ingenuidad de campeonato el creer que la paz es posible sin la fuerza". (2)

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Qué duda cabe entonces de que la bestia no tiene intenciones de jubilarse. Es por ello que quienes tenemos responsabilidades en el ámbito de la Defensa Nacional, bien seamos civiles o militares, no debemos entender la guerra como una utopía o una situación inverosímil en cualquiera de sus formas o escenarios. Tampoco debemos siquiera pensar en apostar por la intervención de fuerzas extranjeras como garantía de paz —cuyo precio sería el sometimiento a voluntades políticas extranjeras ajenas al interés nacional— o por el crecimiento económico sostenido o por el ejercicio del derecho como los únicos medios para evitar los conflictos armados, en desmedro de la disuasión, que solo la hace posible un poder militar coherente con el vasto patrimonio que los peruanos de hoy hemos heredado y que habremos de legar a las generaciones que nos sucedan. Quienes pensasen así o de forma parecida —laborando en el sector Defensa— perderían la perspectiva del papel que cumple la Defensa Nacional y hasta podrían incluso convertirse en un peligro para la seguridad nacional. Aunque exista un repudio generalizado y pocos quieran saber sobre la guerra, y por tanto minimicen o hasta banalicen a los profesionales que sirven en ese campo —ya sean militares o civiles, insisto— el Estado no puede descartar la amenaza de este fenómeno por más que la probabilidad de su ocurrencia sea muy escasa, en particular, en su sentido convencional. Y esto es así principalmente porque nadie puede predecir el futuro, y porque nadie podría firmar un papel —sin correr el riesgo de equivocarse— en el que se asegure que el Perú jamás volverá a ser arrastrado hacia un conflicto militar. El esperar que la diplomacia o el Derecho

Internacional sean suficientes para hacer efectivas, por ejemplo, ocupaciones o desocupaciones territoriales podría traer consecuencias peligrosas. A menos que medie poder militar que disuada, lo más probable que en situaciones como las que citó, se aplique la famosa frase que se le atribuye al virrey cuando aquel no estaba de acuerdo con una disposición real que venía de la península: “La ley se acata pero no se cumple”. Entonces es lógico que quienes formamos parte del sector Defensa tengamos la obligación de basar la mayor parte de nuestro accionar profesional en prevenir este impopular fenómeno, más aún cuando de producirse —lo que nadie en su sano juicio puede desear—, las vidas de buena parte de nosotros podrían perderse. Es así que los marinos de guerra debemos concentrarnos en el análisis, estudio, capacitación y entrenamiento para la guerra naval. Estamos obligados a comprender a cabalidad la validez de su vigencia y los efectos perniciosos que traería para el Perú no estar listos para enfrentar amenazas en las mejores condiciones posibles, tanto convencionales como las nuevas, tales como la piratería o el terrorismo marítimos para ello debemos hacer comprender en diferentes espacios que ningún Estado que piense jugar un rol preponderante en el siglo XXI puede ignorar su aporte a la seguridad cooperativa regional, continental o de alcance global como respuesta a las amenazas comunes a las naciones. No se debe desechar un propósito como el indicado sin dejar de preocuparnos por quienes desde diferentes ángulos y posiciones tratan de sembrar dudas en la opinión pública nacional acerca de la utilidad para nuestro país del poder naval.

OPERACIONES MILITARES

Los desafíos del siglo XXI nos obligan a ser más flexibles y dinámicos en la respuesta a los escenarios hostiles. Es así que tenemos que hablar de una guerra naval influenciada no solo por los alcances efectivos de nuestros sistemas de armas sino también por la velocidad de la información que puede hacer que los días que tomaron a los británicos engañar al Capitán de Navío Hans Langsdorﬀ, Comandante del celebre “Graf Spee” en 1939, hoy se puedan reducir a minutos. Los desafíos de este siglo también obligan a reflexionar sobre los relativamente novedosos conceptos de revolución y transformación de los asuntos militares que, entre otros aspectos, hacen énfasis en las operaciones conjuntas como el medio más eficaz para alcanzar los objetivos militares, en vez de unas desconectadas guerras terrestres, navales y aéreas. Siguiendo al reconocido historiador naval británico Geoﬀrey Till, la conjunción efectiva es una ventaja colosal en las operaciones militares, pero solamente si está basada en el claro reconocimiento de las diferencias entre las fuerzas armadas, así como sus similitudes. En consecuencia, la guerra naval moderna no puede ser concebida de manera aislada, aunque debe conservar sus principios fundamentales de búsqueda, detección, identificación, seguimiento y ataque individual, asistido o conjunto, con unidades aéreas de combate (3). Aquí cabe hacer un breve recuento de la trayectoria de la guerra naval en las últimas décadas. En efecto, poco después del fin de la “Guerra de los Seis Días”, hubo de sumarse al auge del submarino como arma estra-

tégica basada en el poder destructor del torpedo, el misil antibuque, el cual rápidamente mostró en combate su eficacia y letalidad. En efecto, el 21 de octubre de 1967 dos lanchas misileras atacaron y hundieron al destructor israelí “Eilat”, en un combate naval que se convirtió en un hito de la guerra naval moderna y que coincidentemente concuerda en día y mes con la célebre batalla de Trafalgar. Desde entonces, el perfeccionamiento de su constitución y su consecuente empleo táctico han constituido la mayor fortaleza del poder naval. Seis años después, el 7 de octubre de 1973, durante la Guerra del Yom Kippur, se produjo la batalla de Latakia entre Israel y Siria. Si bien este conflicto fue de limitadas proporciones, significó una revolucionaria batalla naval, al ser considerada como la primera de la historia en que hubo solo combate misilístico entre las fuerzas opuestas y se emplearon interferencias electrónicas para desviar misiles. Destaca también en la guerra naval moderna el enfrentamiento entre la Fuerza de Tarea británica del Contralmirante John Woodward contra la Flota de Mar del Vicealmirante argentino Juan José Lombardo en la Guerra de Malvinas. Esta ha sido uno de los

La fragata Sheﬃeld, luego del ataque argentino. Guerra de Malvinas.

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sostengan que los gastos en Defensa no deberían orientarse a la guerra naval, que es por demás costosa y sumamente tecnificada. A pesar de ello, hoy contamos con un poder naval compuesto por equipos de destacados profesionales cuyo principal objetivo es Una nave guardacostas navega cerca al buque hundido de la armada surcoreana, asegurar la defensa marítiCheonan, con el fin de rescatar a los náufragos. ma del país y por unidades en un proceso de modernizaúltimos referentes para el análisis de la ción continua. Esta labor a veces impliguerra naval con que se cuenta en esta ca una lucha en solitario por obtener las época. Sin embargo, la actual crisis por mejores condiciones posibles para que la que atraviesan las relaciones entre las las unidades puedan seguir cumplienCoreas del Sur y del Norte ha puesto a do sus importantes roles, que muchas la guerra naval nuevamente en la palesveces con el tiempo han sobrepasado su tra. El supuesto hundimiento a manos misionamiento original. Incluso otras de un torpedo norcoreano de la corbeta podrían ampliar los alcances de su misurcoreana “Cheonan” (PCC-772), que sión, como es el caso de nuestro buque produjo la muerte de 46 miembros de insignia, el cual además de buque cola dotación de esa unidad, ha puesto de mando y control podría ser empleado manifiesto que la guerra en el mar sigue en un futuro no muy lejano como buestando vigente aún en su configuraque escuela. ción convencional, y que su efectividad puede ser lo sufrientemente disuasiva como para desanimar cualquier incursión extranjera hostil. En consecuencia, es nuestra obligación en buena cuenta estructurar una eficiente estrategia naval que sea capaz de ofrecer segura y veloz letalidad a quienes pretendan amenazar nuestra soberanía. Aun cuando aquella sea ajena al común de nuestros compatriotas, que poco o nada tienen que ver con espacios que se ubican a decenas de millas mar adentro, en donde predominan corrientes, tumbos y vientos, y que muchas veces se muestran escépticos o contrarios a la existencia de alguna probabilidad de que el poder naval pueda ser empleado en entornos como el nuestro. Incluso puede haber quienes

En cuanto a los elementos que hacen posible la guerra naval, algunos habrán de cumplir su ciclo de vida dentro de algunos años. Dada la favorable situación económica que vive el país, es de esperar que se opte por renovar algunas unidades. Puede tomarse en consideración en un futuro no muy lejano la adquisición de buques de proyección estratégica, que son unidades de gran versatilidad y que además de capacidad anfibia y aeronaval pueden incluir importante soporte logístico, que implica transporte de personal, capacidad hospitalaria, almacenamiento de agua y de combustible. También buques de acción marítima, que son unidades polivalentes que entre las varias tareas que cumplen pueden embarcar en sus

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pelotones operadores espaciales para asaltos sobre unidades hostiles. Como sabemos, la estrategia naval no se ciñe únicamente al campo operacional para asegurar la victoria en el combate en los mares. También juega un rol fundamental como soporte la estrategia naval en las aéreas no operacionales, tales como la organización administrativa, la gestión institucional —capital humano, salud, bienestar, entre otros—, la educación, la investigación y el desarrollo, la construcción naval y la comunicación social. No es mi intención abundar en esta parte de la estrategia naval, que finalmente ha de marcar la pauta en nuestra manera de hacer la guerra en el mar, pero sí aportar dos ideas en relación a ella. Reclutar a un profesional civil politólogo o historiador naval de reconocida trayectoria —que se convierta en nuestro Geoﬀrey Till o Milan Vego—, que pueda entre otras tareas disertar en los centros académicos públicos y privados más significativos del país y en cuanto foro de importancia se presente, sobre asuntos marítimos y navales. Incidir en la gestión del talento y proyectarlo más allá de las fronteras de la Institución, partiendo de la siguiente pregunta: ¿por qué un oficial con el grado de Contralmirante o de Capitán de Navío en actividad, con estudios de postgrado en aéreas como economía, relaciones internacionales, construcción naval o ciencia política no podría ser considerado para puestos importantes —tal como sucede con los funcionarios de Torre Tagle que laboran en Defensa— en ministerios como el de Economía, Relaciones Exteriores, Producción, en el Consejo de Ministros o en el CEPLAN, lo cual sería conse-

cuente con la Ley 28478 del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional, la que en su artículo segundo establece que este sistema comprende a todos los organismos públicos?

Referencias bibliográficas 1.

Mangas Martin, Araceli (1999). Conflictos armados internos y Derecho Internacional Humanitario (2da. reimpresión). Salamanca, España: Ediciones Universidad de Salamanca. Barba Caballero José. La utopía de la paz. Artículo publicado en la columna “Cuento de guerra” del diario “Correo” de Lima, el 14 de junio de 2010. Till, Geoﬀrey (2007). Poder marítimo. Una guía para el siglo XXI. Buenos Aires: Instituto de Publicaciones Navales.

SIN CALCOS NI COPIAS Vigencia del pensamiento del general José del Carmen Marín en tiempos de globalización Coronel EP Marco Antonio Merino Amand

Introducción

l general de división José Del Carmen Marín Arista (1899-1980) es quizá una de las mentes más preclaras del Ejército del Perú. Si por profesional militar entendemos a la persona que conoce y domina todo lo concerniente al arte y ciencia de la guerra (organizaEs coronel del Ejército del Perú egresado de la Escuela Militar de Chorrillos el año 1985. Bachiller en Ciencias Humanas y Licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú el año 2005. Actualmente se desempeña como Agregado de Defensa Adjunto y Militar a la Embajada del Perú en el Ecuador. Publicó el libro “El Heroísmo de un joven, soldado y provinciano”, 2009. Ha publicado artículos diversos en la Revista Expresión Militar, la Escuela Superior de Guerra del Ejército y Documenta de Historia Militar, entre los que podemos destacar: “Latinoamérica desde la mentalidad y los enfoques geopolíticos del general Edgardo Mercado Jarrín y general Augusto Pinochet Ugarte”, 2003. “El pensamiento de Andrés de Santa Cruz y Calahumana, y“Diego Portales: dos extremos que atraen”, 2003. “La Misión Militar Francesa en el Perú: su impacto en la institución militar y la vida nacional”, 2005. “El origen profesional del Ejército”, 2007. “De la guerra andina”, 2008. “De las Pampas de Ayacucho a la Paz. Epílogos de la Independencia Americana”, 2009. Actualmente se encuentra investigando el “Origen de los Ejércitos profesionales en América Latina”.

ción, entrenamiento, estrategia y táctica, logística y tecnología militar), en la persona de José del Carmen Marín recae todo lo sustantivo del ethos militar. Fundador del Centro de Altos Estudios Militares (1950), del Arma de Comunicaciones, y del Colegio Militar “Leoncio Prado”; siempre estuvo preocupado por hacer de las fuerzas armadas un ente moderno sin calcos ni copias, sustentado en la realidad histórica, cultural y geográfica, es decir en la compleja diversidad del país. En las aún limitadas biografías escritas sobre él, destacan un origen humilde que en nada impidió el desarrollo de tan peculiar inteligencia, que le permitió obtener el galardón de Espada de Honor de la Promoción “Centenario” (1922), denominada así en conmemora-

General de División José del Carmen Marín.

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ción a los cien años de la independencia nacional; y nombramientos a diferentes viajes de perfeccionamiento en el extranjero. La dedicación al estudio le permitió culminar con éxito la carrera de matemático en la facultad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y su posterior dedicación como catedrático principal por más de treinta años en la Universidad Nacional de Ingeniería. Además, tuvo brillantes desempeños como director de la Escuela Militar de Chorrillos, del Colegio Militar “Leoncio Prado”, de la Escuela de Aplicación de Ingeniería del Ejército; y Ministro de Guerra durante el gobierno del Dr. José Luis Bustamante y Rivero.

Fernand Braudel insistía enérgicamente en el hecho de que pensar solamente en lo económico sería no solo un error sino también un peligro. La historia económica del mundo es la historia entera del mundo, pero vista desde un solo observatorio, el económico. Elegir este observatorio es privilegiar una forma de explicación unilateral y peligrosa. En toda mundialización hay cuatro aspectos esenciales que constituyen órdenes: un aspecto económico, social, cultural y político. Si esta clasificación es útil para analizar el fenómeno, no deben ser considerados separadamente, sino que, en cierto modo, forman un sistema.

La valía de este profesional de las armas trasciende el espacio nacional al ser invitado por las autoridades bolivianas, junto a varios científicos militares de la región, para participar directamente en la búsqueda de una orientación adecuada para la creación de la Escuela Militar de Ingeniería. Ya era reconocido como el Doctor en Ingeniería, graduado en Francia, fundador del Arma de Ingeniería del Perú.1

La era postmoderna está marcada por el proceso de la globalización. Esta fase mantiene como carácter negativo la pérdida de la memoria de los pueblos, de la historia. Por tanto, acontece como amenaza para grandes regiones del planeta por la exigencia al olvido de su identidad.

En este artículo nos embarcaremos en una aproximación a las ideas de este modelo de profesional militar que marcaron un hito en la evolución de las doctrinas de seguridad, defensa y desarrollo nacional peruanas. Ideas que por su originalidad aún continúan en vigencia, en mayor o menor escala. Situación del Estado Nación en la era globalizadora En el fenómeno actual de la mundialización, aparte de que por primera vez en la historia de la humanidad involucra a todo el planeta, hay una primacía de lo económico. El historiador

Hablar de nacionalismo, hace poco tiempo atrás, era referirnos a un valor reconocido como positivo para el fortalecimiento y desarrollo de la identidad del estado nación; sin embargo, los fuertes vientos de la mundialización relativizan este sentimiento de arraigo e identidad, e invitan a los pueblos a constituirse en ciudadanos de un mundo en proceso de homogenización. Entonces, ser nacionalista resulta hoy poco moderno y hasta anacrónico. El sociólogo hindú Partha Cha erjee2 desarrolla una interpretación del nacionalismo desde el enfoque del origen colonial de carácter occidental. Nuestros países latinoamericanos y caribeños han construido el carácter nacional de un modo diferente a las metrópolis, mien-

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tras en occidente el nacionalismo fue formado apelando a categorías propias del desarrollo occidental, en América esto ocurrió refiriéndose a la diferencia, es decir en base a la tradición, o particularidad, del pasado histórico. Conceptos universales como ciudadanía, democracia o sociedad civil no tuvieron referentes autóctonos y por eso produce un desencuentro muy fuerte. ¿Qué contenidos llenan el concepto de nación para latitudes como la India, África, Asia y América colonizadas? Sin duda son más heterogéneos que las categorías impuestas por occidente y desde un criterio universal. Sin calcos ni copias Desde hace más de medio siglo el general José del Carmen Marín Arista ya había percibido, durante su amplia trayectoria institucional, que subsistía lo que él denominaba un colonialismo mental reflejado en estudios, manuales y reglamentos militares, basados en -por no decir copiados de- doctrinas desarrolladas en realidades y experiencias muy diferentes a la nuestra. Ello no solo representó obstáculos a nivel táctico, sino también en el plano estratégico y de la propia política nacional. Criticó el trabajo en gabinete de los aspirantes a oficiales de estado mayor, con unidades de maniobra teóricas, hipotéticas, dotadas siempre de abundantes medios de combate cuya magnitud no estaba en relación con las dotaciones del Ejército, ni con las posibilidades de adquisición en un momento determinado. Insistía en la necesidad de formular estudios estratégicos independizados doctrinariamente de normas extranjeras. Era consciente que esto constituiría

un doble reto: Primero, crear una doctrina nacional de guerra de acuerdo con los factores políticos, sociales, económicos y geográficos de la realidad y tiempo histórico del Perú; y segundo, la permanente lucha contra un grupo alienado con la ortodoxia, quienes considerarían la inmutabilidad de la ciencia y arte de la guerra, determinada por países desarrollados actores en la Segunda Guerra Mundial y sus guerras colonialistas. En la segunda mitad del siglo XX, esta dependencia cultural-militar se inclinaba hacia la misión militar norteamericana,3 que puso en funcionamiento un mecanismo que incluía la venta de armas y programas de ayuda gratuita, rubro muy importante en el entrenamiento militar, que significa no solo entrenamiento técnico, sino la influencia sicológica y adoctrinamiento político. J.C. Marín señalaba que aún dada esta dependencia material y tecnológica, este armamento debía ser suministrado con las correspondientes fábricas de municiones y las maestranzas adecuadas para su reparación y conservación lo que significaba una visión real, dada la carencia financiera del país para dotar la totalidad de un parque de armas que la doctrina exigía para el éxito de cualquier operación militar. Nuestro personaje fue más allá del análisis de las necesidades típicamente militares, al proponer que los resultados de un conflicto bélico de cualquier tipo, dependerán directa y sustancialmente del valor de las fuerzas morales y materiales del país en su conjunto; así como del nivel de su desarrollo, y aptitud para su empleo inmediato para la satisfacción de los requerimientos del Estado para su defensa e integridad. Esto implicaba realizar extensos estudios de la realidad nacional que permi-

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tieran determinar su poderío, el potencial y las políticas que transformen este potencial nacional en renovado poder. La fuerza espiritual y moral de la población nacional guarda directa correlación con su nivel de bienestar. Para el general J.C. Marín el Bienestar General es el fin supremo de todo el planteamiento doctrinario que propugnaba: “El Bienestar General es la meta suprema que se fijan las naciones al organizarse en Estados, pues sería inconcebible por ser contrario a la naturaleza humana, que sus individuos se asociaran para vivir en la esclavitud, la miseria, la ignorancia, al desamparo en la desgracia. Se organizan pues para conquistar, aunando sus capacidades y esfuerzos y en la medida de ambos, eso que llamamos felicidad.”4 Ahora bien, ¿cómo planteaba este primer gran paso que significaba romper los calcos y copias de doctrinas provenientes de países desarrollados? En un discurso pronunciado en el CAEM dĳo: “No constituimos pues, un organismo con profesores y alumnos, sino un equipo que abordará el estudio de los problemas de preparación y empleo de las Fuerzas Armadas (…) estudiaremos primero cómo se establecen los planes de operaciones para cada caso de guerra (…).

tendremos que examinar el empleo de la Fuerza Armada y la preparación de esta (…) tendremos pues que estudiar el proceso de preparación integral del país para su defensa (…) este dominio de conocimientos escapa a nuestra preparación técnica y por eso hemos recurrido a más de 20 profesionales civiles.”5 Quedaba así sentada la premisa de que los temas de defensa y seguridad nacional de ningún modo son exclusivos de los militares, sino más bien de la sociedad en su conjunto. ¿Qué tan cerca nos encontramos de una cultura orgánica, auténtica, que valore nuestras verdaderas potencialidades, que reconozca aquel poder que nos proporciona en la hora actual nuestra profunda diversidad? O serán aquellas ideas del filósofo peruano Augusto Salazar Bondy rememoradas hoy día obstáculos insalvables, como aquella referida a la alineación de nuestros paisanos, que dice: “Ignoran lo que son y no tienen conciencia de lo que pueden ser: sufren la alineación de su verdadera posibilidad de ser como un pueblo creador, vigoroso, libre.”6 ¿Cómo estudiar las realidades complejas? Es la pregunta principal que nos planteamos, y para tratar de dilucidar alguna respuesta podemos recurrir, sin temor al anacronismo, a las fuentes primigenias del Centro de Altos Estudios Nacionales. El general José del Carmen Marín Arista nos dice que para analizar realidades complejas -entendiendo lo complejo como al conjunto de elementos, reales y efectivos, diversos; interconectados e interrelacionados entre sí y cuya comprensión deviene en ciertas

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complicaciones y exige el empleo de una metodología científica-, debemos tener en consideración que ésta se caracteriza por: • La multiplicidad y variabilidad de sus factores y aún de los elementos constitutivos de éstos. • La existencia de factores metafísicos e imponderables, como: valores, idiosincrasia, cultura, etcétera. • La absoluta interdependencia entre los factores y aún entre los elementos constitutivos de éstos. Ejemplo: No podemos emprender el estudio de una realidad compleja en el campo económico soslayando los otros campos de la actividad política y social; o en el campo militar sin tener en consideración los campos económico, político y sicosocial; por lo tanto, el estudio cabal de una realidad compleja resulta de un trabajo exigente e interdisciplinario; es decir no solo llevado a cabo por una sola persona con conocimientos multidisciplinarios, sino por equipos de trabajo integrados por especialistas -necesarios para cada caso de estudio- en los diferentes campos del saber. Antes de emprender el estudio de una realidad compleja, debemos tener en consideración algunos aspectos: • “Por ser nuestros problemas complejos, peculiares y, por tanto, aunque semejantes, distintos a los de cualquier otro país, para resolverlos tenemos que emplear procedimientos también peculiares que solo nosotros los peruanos

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podemos elaborar”. Por lo tanto, es absurdo y hasta peligroso pretender adaptar y más aún adoptar procedimientos foráneos. Pero, esto no quiere decir que el estudio reflexivo y metódico de los procedimientos foráneos no nos darán luces para nuestro estudio. Llegar a conocer realidades complejas requiere necesariamente de acción. Las condiciones necesarias para este ejercicio creador son: a) la finalidad: que es la que determina y orienta a toda acción; b) los conocimientos: que clarifiquen y, fijen el fin, el quehacer y cómo hacer más de modo eficaz y eficiente; c) la habilidad para servirse de los conocimientos ya sea en el pensamiento o en la acción y; d) la aptitud para razonar, y método para conducir nuestros razonamientos en medio de la complejidad de las realidades.

También señalaba que resulta absurda la discusión o distinción entre teóricos y prácticos para emprender una acción, que más bien “la distinción razonable que se podría hacer es entre realizadores y no realizadores”. Llegar a la comprensión de realidades complejas no se limita a saber qué es esa

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realidad, sino que el método bien aplicado nos aproximará a la respuesta del porqué es así y no de otro modo; es decir, la conoceremos también por sus causas.

Conclusiones La principal idea planteada por el general José del Carmen Marín es que dada la complejidad social, cultural, histórica y geográfica del Perú, los planteamientos para la solución de sus problemas exigían y exigen el cabal estudio de la realidad nacional. Los claros y oscuros de la Globalización refuerzan el pensamiento que desde hace medio siglo pregonaba J.C. Marín: No podemos copiar recetas extranjeras para solucionar los problemas de un país tan heterogéneo y con tanta riqueza. La promesa de vida peruana será factible en la medida que seamos creativos y realizadores. José del Carmen Marín, maestro por antonomasia, exige a sus alumnos que no recurran solo a la memoria o se limiten a la simple percepción de la realidad, sino que ahonden en el conocimiento y “redescubran” las verdades que aprenden, con lo cual se apropiarán mejor de ellas y “lo que es más importante, desarrollarán su aptitud de razonamiento que los capacitarán para descubrir nuevas”. El método está ahí, para ser empleado, pero lo aplicaremos mejor si tenemos aptitud para razonar, que solo se logra con el ejercicio; y la posibilidad de razonar que se logra mediante el estudio y los conocimientos adquiridos.

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Ibídem.

Villanueva Valencia, Víctor. “El CAEM y la revolución de la FA”. IEP. Ed Campodonico.

Salazar Bondy, Augusto. “Entre Escila y Caribdis”. La cultura de la dominación. Lima 1969. Pág. 39

LA JUSTICIA MILITAR EN EL DERECHO COMPARADO: Delito de función en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Organización de la Jurisdicción Militar en América y Europa Contralmirante CJ Carlos Enrique Mesa Angosto Exposición ante la Asociación de Magistrados de las Justicias Militares Estatales (AMAJME) en el marco del"XI Congreso Nacional de las Justicias Militares" que se celebró en Salvador, Brasil. Noviembre 2010. Importancia y fin de la justicia militar

as Fuerzas Armadas y Policiales de cada país tienen las trascendentales funciones de garantizar la defensa, El Contralmirante (r) Carlos Enrique Mesa Angosto es abogado egresado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha seguido el curso de Aspectos Legales de las Transacciones Comerciales Internacionales en la Universidad Illinois-Estados Unidos de América y el Curso Básico de Estado Mayor en la Escuela Superior de Guerra Naval. Entre los diversos cargos durante su carrera podemos anotar el de asesor jurídico y legal de los cinco últimos ministros de Marina, asesor jurídico del despacho ministerial de Defensa, asesor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, asesor jurídico de la Inspectoría General de la Marina, procurador público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Defensa y de la Marina de Guerra del Perú, Fiscal General del Consejo Supremo de Justicia Militar, Auditor General del Consejo Supremo de Justicia Militar, Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar de noviembre 2001 a febrero 2005 y Vocal del Tribunal Supremo Militar Policial. Actualmente es Presidente de Tribunal Supremo Militar Policial desde diciembre 2008.

independencia, soberanía, integridad territorial, seguridad y orden interno de sus repúblicas. Para que estas funciones se cumplan cabalmente resulta indispensable que se asegure la disciplina y el orden en estas instituciones, lo cual se logra primordialmente con la sanción de los delitos de función en la jurisdicción militar. En este contexto, es responsabilidad de la jurisdicción militar velar que las Fuerzas Armadas y Policiales cumplan debidamente con sus obligaciones antes referidas. Sobre este punto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado con claridad, en el Caso Berenson vs Perú, que la sanción de los delitos de función en la jurisdicción militar, es vital para garantizar el cumplimiento de las funciones de las fuerzas del orden. El cumplimiento de estas funciones hace posible la preservación del orden constitucional y que los Estados cumplan con su deber fundamental de defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos huma-

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nos; proteger a su población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Montero vs Venezuela, ha señalado con claridad que los Estados tienen la obligación de garantizar la seguridad y mantener el orden público. En este orden de ideas, la justicia militar constituye una garantía de que las fuerzas del orden cumplan con eficacia e idoneidad las funciones para las que fueron creadas. El recurso a la jurisdicción ordinaria resulta insuficiente para servir a las necesidades de la disciplina militar. Bien señalan el Tribunal Supremo del Canadá (Généreux vs la Reina) y la Corte Constitucional de Colombia (Exp. C-473/99) que el sistema punitivo de la jurisdicción militar es incompatible con el de la jurisdicción ordinaria, debido a que las reglas de comportamiento de los militares son extrañas a la vida civil. Por ello, el recurso a los tribunales civiles es inadecuado para servir a las necesidades particulares de la disciplina militar. En efecto, muchos delitos que son punibles con arreglo al derecho penal común, asumen una connotación mucho más grave como delito de función, y como tal merecen un castigo más severo. Ejemplos de este tipo hay muchos, como el robo perpetrado por un oficial a otro oficial o a la institución castrense. Esta conducta es más censurable que el robo común, ya que desvirtúa la esencia del espíritu de cuerpo, el respeto mutuo, la confianza en los compañeros y las exigencias del estilo de vida castrense.

Otro ejemplo de la diferencia entre la justicia penal común y la justicia penal militar, es el derecho de huelga. Para los civiles, la huelga es el derecho de todo ciudadano a negarse a trabajar. En cambio, para un soldado, la huelga constituye un motín, un delito muy grave, pues menoscaba la disciplina y en ocasiones puede equivaler a la rebelión (imagínense a un soldado que en plena guerra se rehúsa a combatir al enemigo). De manera similar, un ciudadano podrá dejar su empleo en cualquier momento y la única responsabilidad en que podrá incurrir es por incumplimiento de contrato. En contraste, un soldado que deja de servir a su institución incurre en el delito de deserción, pues el deber de defender la patria no se instituye en un mero contrato, sino en un compromiso de por vida. La organización militar exige, como ningún otro sistema, el más alto nivel de disciplina capaz de funcionar en las más adversas condiciones. De otro lado, como sabemos, en estos tiempos la justicia militar no es un fuero personal ni un privilegio, ni está concebida para proteger a los militares o policías que cometan delitos. Por el contrario, la justicia militar es una carga pesada sobre los efectivos de las fuerzas del orden; toda vez que es el instrumento que garantiza que estos cumplan en forma disciplinada, idónea y eficaz sus funciones de defensa y seguridad de la patria, pues de lo contrario recaerá sobre ellos una sanción rigurosa y ejemplarizadora. Cabe traer a colación lo señalado por el presidente peruano Nicolás de Piérola durante la instalación del primer Consejo Supremo de Guerra y Marina en el año 1898:

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“No es concebible que haya pueblo que se resigne a tener ejército sin leyes propias de su instituto; sin régimen que lo mantenga sano y robusto.” En efecto, los magistrados militares tienen conocimiento de la estructura, procedimientos y demás circunstancias propias de la organización armada, de suyo complejas y que justifican evidentemente la existencia de la justicia militar como jurisdicción independiente. Es tan alta la especialización de los magistrados militares, que por ejemplo en Perú, para ser Juez o Fiscal se requiere 15 años de formación jurídico militar; para ser Vocal o Fiscal Superior se necesita 22 años; y, para desempeñarse como Vocal o Fiscal Supremo se requiere 27 años de dicha formación jurídico militar. En conclusión, el fuero militar es una jurisdicción altamente especializada cuyo fin es velar que los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales cumplan con orden, disciplina, idoneidad y eficiencia sus funciones de defensa y seguridad de sus repúblicas. El delito de función en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Concepto de delito de función: La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CORTE IDH) ha definido el delito de función como toda conducta cometida por un militar en actividad, en acto de servicio, que afecta los bienes jurídicos vinculados a las funciones de las fuerzas del orden. Así pues, la Corte ha precisado al respecto que: “Es necesario señalar, como se ha hecho en otros casos, que la jurisdicción militar se establece para mantener el orden y la disciplina en las

Fuerzas Armadas. Por ello, su aplicación se reserva a los militares que hayan incurrido en delito o falta en el ejercicio de sus funciones y bajo ciertas circunstancias (…) y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas militares.” (Caso Berenson vs. Perú) En base a esta conceptualización de la CORTE IDH, el delito de función debe presentar la siguiente triple identidad: i.

El agente activo del delito de función es un efectivo de las Fuerzas Armadas o de la Policía en situación de actividad. ii. El delito de función debe ser cometido en acto de servicio o con ocasión de él. iii. El delito de función, sea por comisión u omisión, está dirigido a proteger bienes jurídicos vinculados con las funciones de las Fuerzas Armadas o Policía. Bien jurídico tutelado por el delito de función: Asimismo, la Corte IDH ha precisado, en forma clara, la naturaleza del bien jurídico tutelado por el delito de función. Así pues, este órgano jurisdiccional supranacional ha señalado, en la sentencia recaída en el Caso Radilla Pacheco vs. México emitida el 23 de noviembre de 2009, que es factible que conductas punibles de naturaleza común sean ventiladas en la jurisdicción militar, siempre que tengan relación directa y próxima con la función de las fuerzas del orden o con la afectación de bienes jurídicos castrenses. Sobre el particular, la Corte IDH establece el siguiente concepto funcional de delito de función:

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“284. (…) si bien en diversas legislaciones se prevé la competencia de la jurisdicción militar sobre delitos que tengan origen en el fuero ordinario cuando son cometidos por militares en activo, es necesario que se establezca claramente la relación directa y próxima con la función militar o con la afectación de bienes jurídicos propios del orden militar.” Por tanto, el delito de función puede tutelar bienes jurídicos de naturaleza exclusivamente militar o policial así como bienes jurídicos de naturaleza común, siempre que tengan relación directa y próxima con las funciones de las fuerzas del orden. Aproximación a una definición ideal de delito de función: Un concepto modelo de delito de función militar puede ser el siguiente: “El delito de función es toda conducta ilícita cometida por un militar o policía en situación de actividad, en acto del servicio o con ocasión de él, y que atentan contra bienes jurídicos vinculados con la existencia, organización, operatividad o funciones de las Fuerzas Armadas o Policía.” Como se puede apreciar, este concepto ideal de delito de función respeta plenamente la referida triple identidad que exige la CORTE IDH. En base a esta conceptualización, la jurisdicción militar puede conocer delitos de función típicamente militares o policiales y delitos de función militarizados, sobre la base de una concepción funcional de este tipo especial de ilícito y su conexión con la defensa y seguridad de la República, siendo su fin tutelar bienes jurídicos militares o policiales así como bienes jurídicos de naturaleza

común que tengan relación directa y próxima con las funciones de las fuerzas del orden, de conformidad con la citada jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Radilla Pacheco vs. México, ver supra). a. Delitos de función típicamente militares Son los que tutelan bienes jurídicos exclusivos de las Fuerzas Armadas o Policía. Ejemplos de delitos de función típicamente militares son los siguientes: violación de consigna; abandono de puesto de vigilancia; omisión de aviso o repulsión; abandono de escolta o de comando; seguridad de las instalaciones y bienes militares y policiales; deserción; empleo indebido de armas; inicio de operación innecesaria, entre otros. b. Delitos de función militarizados Son los que tutelan bienes jurídicos que no son necesariamente exclusivos de las Fuerzas Armadas o Policía pero inciden en la existencia, organización, operatividad o funciones de estas instituciones y que debido a su importancia, su trasgresión es sancionada como delito de función cuando el agente es un militar o policía que ha actuado en el ejercicio de sus funciones. Ejemplos de delitos de función militarizados son los siguientes: espionaje; rebelión; sedición; robo de armas; falsificación o adulteración de documentación; ultraje a los símbolos nacionales, militares y policiales; etc. Es menester señalar, que dependerá de la política criminal de cada Estado la introducción de delitos de función militarizados si con ello se busca proteger un bien jurídico vinculado en forma directa

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y próxima a las funciones de las Fuerzas Armadas y Policía, en consonancia con lo estipulado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Justicias militares integradas a la jurisdicción ordinaria Las justicias militares de BRASIL, CHILE, NICARAGUA y VENEZUELA, integran el Poder Judicial.

Modelos de justicia militar • A nivel internacional existen tres grandes modelos de justicia militar: 1) modelo europeo-continental; 2) modelo anglosajón; y, 3) modelo alemán y francés. 1. Modelo europeo-continental: Admite la existencia de tribunales militares permanentes en tiempos de paz. Las justicias militares más representativas de este modelo son las de Italia, España y las de Latinoamericana. 2. Modelo anglosajón: Se caracteriza por la inexistencia de órganos jurisdiccionales militares de carácter permanente en tiempos de paz. Éstos son convocados cada vez que se presenta un caso concreto. Las justicia militares más representativas de este modelo son las de Inglaterra y Estados Unidos. 3. Modelo alemán y francés: Permite la existencia de tribunales militares sólo en tiempos de guerra. Después de la segunda guerra mundial, en Francia se suprimió el fuero castrense salvo para los ejércitos fuera del país o en tiempos de guerra, absorbiendo sus funciones la justicia ordinaria. Justicia militar en América En América podemos distinguir dos grupos de justicia militar: a) las que se encuentran dentro de la jurisdicción ordinaria; y, b) las que son independientes y autónomas.

BRASIL La Justicia Militar en Brasil es organizada en Justicia Militar de la Unión y Justicia Militar de los Estados, siendo la primera competente para el juzgamiento de los delitos militares practicados por militares de las Fuerzas Armadas y la segunda, es competente para juzgar a los militares de los Estados. La justicia militar brasileña está contemplada en el texto de la Constitución como órgano del Poder Judicial, sin subordinación al Poder Ejecutivo o a las Fuerzas Armadas, siendo así autónoma en relación a estos entes, aunque tenga la participación de militares en su estructura. a.

Justicia Militar de la Unión La Justicia Militar de la Unión juzga a los militares de las Fuerzas Armadas que cometen delitos militares. En Brasil componen las Fuerzas Armadas: la Marina, el Ejército y la Aeronáutica. La Justicia Militar de la Unión está compuesta por el Superior Tribunal Militar, en Segundo Grado de Jurisdicción y por 20 Auditorias de Justicia Militar, situadas en 12 Circunscripciones Judiciales Militares dispersadas por todo el país. De acuerdo con el artículo 123° de la Constitución Federal: El Superior Tribunal Militar se compondrá de 15 Ministros vitalicios, 10 designados por el Presidente de la República, previa aprobación por el Senado Federal, siendo 3 Oficiales Generales de la Marina, 4 Ofi-

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ciales Generales del Ejercito, 3 Oficiales Generales de la Aeronáutica, todos ellos en situación de actividad. Los otros 5 magistrados son civiles, quienes son elegidos por el Presidente de la República entre brasileños mayores de treinta y cinco años. Los Oficiales Generales son juzgados solo por el Superior Tribunal Militar. En primer grado, las Auditorias son compuestas por los Consejos de Justicia, siendo uno denominado Permanente con competencia para juzgar las pracas (es decir, soldados, cabos, sargentos, subtenientes o suboficiales y aspirantes a oficial), y otro llamado Especial, que procesa y juzga a los Oficiales.1 Los Consejos de Justicia se componen de 1 Juez de Derecho y 4 Oficiales de las Fuerzas Armadas.

los Tribunales de Justicia Militares de los Estados, existentes en los Estados de Sao Paulo, Minas Gerais y rió Grande do Sul. En los demás Estados son los propios Tribunales de Justicia de los Estados que ejercen el Segundo Grado de jurisdicción. En relación a los órganos de Primer Grado, así como en la Justicia Militar de la Unión, existe el Consejo Especial de Justicia y el Consejo Permanente de Justicia, el primero competente para juzgamiento de los Oficiales y el segundo, de las pracas. La composición también es prácticamente la misma que la de sus pares en la Justicia Militar de la Unión, es decir, un juez de Derecho y 4 Oficiales, sin embargo, la presidencia es el Juez de Derecho, conforme al artículo 125° inciso 5 de la Constitución. •

b. Justicias Militares de los Estados Las Justicias Militares de los Estados tienen competencia para procesar y juzgar a los militares de los Estados por los crímenes militares definidos en la ley y por actos contra la disciplina militar.

CHILE En Chile, por su parte, los Tribunales Militares son especiales pero dependen, en tiempo de paz, de la Corte Suprema en virtud de lo dispuesto en la Constitución de dicho país. La Corte Suprema de la República es la instancia de más alta jerarquía y se integra con el Auditor General del Ejército cuando trata cuestiones del fuero militar.

En Brasil, además de los militares de las Fuerzas Armadas, existen los militares de los Estados, que son los Policías Militares y los Bomberos Militares, que tienen también por base la jerarquía y disciplina, no poseyendo, sin embargo, subordinación funcional a los militares de las Fuerzas Armadas, salvo en los casos establecidos en la ley. Destáquese que no existen Oficiales Generales en estas Corporaciones Militares, siendo el puesto máximo el de Coronel.

Dentro de sus funciones cabe destacar la de resolver recursos de casación contra sentencias de las Cortes Marciales, recursos de revisión contra sentencias firmes, recusación contra Ministros de Cortes Marciales y extradición activa en procesos de jurisdicción militar.

La Justicia Militar de los Estados tienen como órgano de segundo grado a

En segunda instancia ayudan las Cortes Marciales: a) Corte Marcial del

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Ejército, de la Fuerza Aérea y Carabineros; y b) Corte Marcial de la Armada. En primera instancia se encuentran los juzgados institucionales.

Las justicias militares de Bolivia, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México y Perú, son independientes de la jurisdicción ordinaria.

NICARAGUA En Nicaragua, si bien la jurisdicción militar depende del Poder Judicial, constituye una jurisdicción especial, conformada por: * La Corte Suprema de Justicia; * El Tribunal Militar de Apelaciones, integrado por 4 miembros Oficiales Superiores del Ejército; y, * Los Juzgados Militares de Juicio y los Juzgados Militares de Audiencia, cuyos titulares son Jueces Militares.

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BOLIVIA La organización de la justicia militar boliviana es la siguiente: * Tribunal Supremo de Justicia Militar (instancia máxima), es un órgano colegiado que en lo administrativo depende del Ministerio de Defensa Nacional y en lo técnico del Comandante en Jefe. * Tribunal Permanente de Justicia Militar. * Como órganos auxiliares están la Policía Militar y el Cuerpo Jurídico Militar.

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VENEZUELA En Venezuela, los tribunales militares forman parte del Poder Judicial y son considerados tribunales especiales para procesar y juzgar al personal militar. La Constitución venezolana del año 1999 estableció que la jurisdicción penal militar es parte integrante del Poder Judicial y que la comisión de delitos comunes, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, serán juzgados por los tribunales ordinarios, limitándose la competencia de los tribunales militares a los delitos de naturaleza militar. La organización de la justicia militar venezolana es la siguiente: * Corte Suprema de Justicia; * Corte Marcial; * Consejos de Guerra Permanente; y, * Juzgados Militares Permanente de Primera Instancia c.

Justicias militares independientes de la jurisdicción ordinaria

COLOMBIA En Colombia, la organización de la justicia militar es la siguiente: * Corte Suprema de Justicia. * Tribunal Superior Militar. * Juzgados de Primera Instancia del Comando General de las Fuerzas Militares. * Juzgados de Primera Instancia para el Ejército Nacional. * Juzgados de Primera Instancia para la Armada Nacional. * Juzgados de Primera Instancia para la Fuerza Área. * Juzgados de Primera Instancia para la Policía Nacional. * Juzgados de Comando Unificado. • * *

EL SALVADOR Su organización es la que sigue: Corte Suprema de Justicia: es la máxima instancia de apelación. Comandante General de la Fuerza Armada: es la última instancia de recursos contra sentencias de las Cortes Marciales. Corte Marcial Ordinaria: es la pri-

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mera instancia en delitos militares con pena superior a 10 años de reclusión. Corte Marcial Extraordinaria: opera cuando los acusados son Generales y/o Almirantes. Cámaras de Segunda Instancia: pertenecen al fuero civil. Jueces de Primera instancia Militar: juzgan delitos militares con pena inferior o igual a 10 años de reclusión.

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ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA En Estados Unidos existe un sistema de Cortes Marciales de 3 niveles, similar al sistema civil: 1. Una Corte Marcial General para los delitos graves; 2. Una Corte Marcial Especial, que trata los delitos de menor gravedad; y, 3. La Corte Marcial Sumarial para el personal enlistado que comete delitos menores. En todos los casos en que la pena sea de muerte, cárcel por un año o más o la expulsión del servicio, la sentencia es revisada por la Corte de Apelación Criminal, compuesta por tres jueces que deben ser abogados y pueden ser oficiales o civiles. Cada rama armada tiene su propia Corte de Apelación Criminal. La Corte de Apelaciones para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, compuesta por tres jueces civiles, es la máxima instancia judicial civil responsable de la revisión de las decisiones tomadas por las Cortes Marciales. Las decisiones de esta Corte son apelables ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Además del personal militar, desde el año 2001 se ha autorizado que los Tribunales Militares sean usados para

juzgar a los extranjeros sospechosos de haber planeado y llevado a cabo atentados terroristas, creándose para ello las denominadas Comisiones Militares. •

GUATEMALA En Guatemala, la justicia militar está conformada de la siguiente manera: * Corte Marcial: es la segunda instancia definitiva. Está compuesta por 3 jueces de la Corte de Apelaciones y 2 Vocales Militares. * Corte de Apelaciones. * Consejos de Guerra Ordinarios. * Consejos de Guerra de Oficiales Generales. * Jefes de Zonas Militares. •

MÉXICO La justicia militar mexicana juzga todo delito cometido por militares, sea estrictamente militar o de derecho común. La administración de justicia militar mexicana depende directamente del Secretario del Defensa Nacional, funcionario designado por el Presidente de la República. La jurisdicción penal militar es especializada e independiente del Poder Judicial, estando subordinada al Poder Ejecutivo. Su organización es la siguiente: Supremo Tribunal Militar. Consejos de Guerra Ordinarios. Consejos de Guerra Extraordinarios; y, * Juzgados Militares. • PERÚ El Fuero Militar Policial es una jurisdicción independiente del Poder Judicial por mandato expreso del artículo 139º de la Constitución Política del Perú, que señala lo siguiente: “Son * * *

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principios y derechos de la función jurisdiccional: (…) No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral.” A mayor abundamiento, es menester resaltar que la justicia militar ha estado presente a lo largo de la Constitución Histórica del Perú. Así pues, ha sido contemplada, por ejemplo, en las Constituciones Políticas de los años 1823, 1828, 1834, 1856, 1933 y 1979. El marco competencial constitucional de este Fuero se encuentra ubicado en el Capítulo XII De la Seguridad y Defensa Nacional de la Constitución, específicamente en el artículo 173º, con la única y exclusiva finalidad de administrar justicia penal militar policial, en los casos en que los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional incurran en delitos de función. Estructura y conformación jurisdiccional a.

Tribunal Supremo Militar Policial Tiene su sede en Lima y está conformado por los siguientes órganos: I. La Sala Suprema Revisora: Integrada por 3 Oficiales Generales o Almirantes en situación de retiro. II. La Sala Suprema de Guerra: Integrada por 4 Oficiales Generales o Almirantes en situación de actividad. III. La Vocalía Suprema Militar Policial: Integrada por 1 Oficial General o Almirante en situación de actividad. b. Tribunales Superiores Militares Policiales Son un total de 5 Tribunales Superiores, integrado cada uno de ellos por 3 Oficiales Coroneles o Capita-

nes de Navío en situación de actividad del Cuerpo Jurídico Militar Policial. c.

Los juzgados militares policiales Son un total de 29 juzgados. Están integrados por 1 Oficial Teniente Coronel o Capitán de Fragata en situación de actividad del Cuerpo Jurídico Militar Policial.

Cabe señalar, que existe una Fiscalía Militar Policial integrada al Fuero Militar Policial; es decir, como un órgano fiscal independiente del Ministerio Público ordinario. Justicia Militar en Europa •

ESPAÑA En España la jurisdicción militar tiene un reconocimiento expreso en la Constitución que establece que el principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los tribunales, dejando librado a la ley, la regulación del ejercicio de la Jurisdicción Militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio. La actual jurisdicción militar española está organizada, en tiempo de paz, con un órgano máximo que es la Quinta Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, que no es propiamente un Tribunal Militar, sino que forma parte, tanto orgánica como funcionalmente, del Tribunal Supremo de Justicia. La Sala Quinta está compuesta por el Presidente y 7 Magistrados de los cuales 4 de ellos proceden de la carrera judicial y los 4 restantes del Cuerpo Jurídico Militar (Generales y/o Almirantes que sean Consejeros Togados o Auditores).

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La Quinta Sala de lo Militar del Tribunal Supremo conoce los recursos de casación y revisión que pudieran entablarse contra las resoluciones del Tribunal Militar Central y los Tribunales Militares Territoriales. El Tribunal Militar Central y los Tribunales Militares Territoriales también están integrados con militares letrados, es decir abogados. Cuando una conducta constituya a la vez delito común y delito militar, la jurisdicción militar puede conocer por excepción del delito común, cuando sea la que entiende del delito que tenga la pena más grave (artículo 14 de la Ley Orgánica 4/1987 sobre competencia y organización de la jurisdicción militar). Cabe señalar que este criterio ha sido ratificado por el Tribunal Constitucional español en la Resolución Nº 440/2006. •

ITALIA La Justicia Militar Italiana circunscribe la competencia de la justicia militar a los militares que cometan delitos militares, no pudiendo juzgar en tiempos de paz a civiles ni delitos comunes cometidos por militares. El artículo 37° del Código Penal Militar italiano define el delito militar como cualquier violación a la ley penal militar, así pues persigue defender todo interés militar. En procura de respetar la regla general del principio de unidad de la función jurisdiccional, la Corte Suprema se constituye en una instancia de casación de las sentencias emitidas en el fuero castrense, conforme a la Constitución italiana. Esta garantía solo se suspende en época de guerra con lo que se establece claramente la

sujeción de la justicia militar a la jurisdicción ordinaria. Con el objeto de asegurar la emisión de sentencias con mayor contenido técnico –jurídico, en los tribunales militares italianos predominan los oficiales abogados frente a los de armas. El Tribunal de Apelaciones tiene 5 miembros de los cuales 3 son oficiales abogados. Los magistrados militares tienen el mismo régimen de los magistrados ordinarios. Conclusión Como hemos podido apreciar, los sistemas de justicia militar que hoy tienen una diversidad de estructuras y responden orgánicamente a distintas formas administrativas, mantienen en común los principios básicos de especialización y exclusividad (fueros especializados para conocer exclusivamente delitos en el ámbito militar y/o policial) así como de independencia en el aspecto jurisdiccional y una diferenciación y/o separación por razones de especialidad con relación a la justicia ordinaria. En la gran mayoría de estados del mundo la justicia militar afronta el escrutinio público y hasta el cuestionamiento de su existencia, pero aquello, lejos de afectar su vigencia, la ha fortalecido y las demandas han servido por una parte para impulsar su modernización y por otra para corroborar su importancia y lo indispensable de su función en el sistema de defensa y seguridad de las naciones, donde actúa como garante de la disciplina y calidad moral de las fuerzas armadas y policiales. Aún en los casos de países en los cuales se ha extremado la

JUSTICIA MILITAR

reducción de sus atribuciones y jurisdicción, la Justicia Militar se mantiene firme como una columna sólida que da soporte a la conducta de los efectivos de armas y fuerzas de seguridad. De tal manera que la Justicia Militar no solo demuestra nuevo vigor sino que se viene modernizando y adoptando nuevos principios como los del Derecho Internacional Humanitario, lo cual la fortalece y optimiza el cumplimiento de su misión. Finalmente, como hemos explicado, la Justicia Militar coadyuva al cumplimiento del deber primordial de los Estados de defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, y promover el bienestar general, toda vez que garantiza el rol protector que se le asigna a las fuerzas del orden.

Quisiera exhortarlos a que sigan apoyando la noble tarea de consolidar la justicia militar en sus respectivos países y hacer de este fuero el cimiento de las instituciones castrenses y policiales. Mi calidad de Presidente del Fuero Militar Policial del Perú y mis valores éticos, me obligan a luchar siempre por una justicia militar autónoma, independiente, imparcial y guardiana de las fuerzas del orden.

Oficiales son los oficiales de tenientes hasta el puesto de coronel (ejército y Aeronáu ca) o Capitán de Mar y Guerra (Marina).

CONTRALMIRANTE CJ Carlos Enrique Mesa Angosto, Presidente del Tribunal Supremo Militar Policial es investido con el Collar del Mérito Judicial de las Justicia Militares Estatales por el Excmo. Sr. Clovis Santinon*, Coronel PM, Presidente del Tribunal de justicia Militar del estado de Sao Paulo.

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FUERZAS ARMADAS Y SU COMPROMISO CON LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Teniente Coronel EP Víctor Arturo Miranda Alfaro

a importancia de proteger el Medio Ambiente es una preocupación a nivel mundial, principalmente por las consecuencias que ocasionan sobre la sociedad en general. Este tema se ha convertido en una prioridad política y social que busca garantizar el desarrollo sostenible de las naciones, es por ello que en la actualidad es responsabilidad del ser humano proteger y conservar el El Teniente Coronel EP Víctor Arturo Miranda Alfaro se ha desempeñado como Primer Jefe del Departamento de Medio Ambiente de la Dirección de Asuntos Civiles del Ejército (2005), ha escrito los siguientes textos: Gestión Ambiental en el Ejército, Supervisión Ambiental para obras de Infraestructura realizadas en el Ejército, en revisión el libro “Mitigación de Impactos Ambientales en la construcción de carreteras”. Realizó los siguientes estudios: Curso Comando y Estado Mayor en la Escuela Superior de Guerra del Ejército; egresado en Ingeniería Civil, con Maestría en Ingeniería en Gestión Ambiental; Licenciatura en Educación, candidato a Doctor en Administración; Evaluación de Impactos Ambientales y Ordenamiento Territorial; Seguridad Nacional y Defensa Estratégica (CID); Estado Mayor Conjunto (ESGE-CAEM), Manejo y Negociación de Conflictos (CID) y Gobierno Electrónico (OEA). Es miembro integrante del Directorio de la Red Ambiental Amazónica Andina. Actualmente se desempeña como Comandante del Batallón de Ingeniería de Combate de Selva Mariscal Oscar R. Benavides Nº 5.

medio que lo rodea, mediante la ejecución de acciones dirigidas a la búsqueda del equilibrio entre la satisfacción de las necesidades actuales, sin comprometer el acceso a recursos naturales, que garanticen el bienestar de las generaciones futuras. El concepto de seguridad, que tradicionalmente se ha definido como la protección de la integridad territorial, la soberanía política y los intereses nacionales han evolucionado en los últimos años, reconociendo que los factores medio ambientales influyen en los conflictos y en la estabilidad de un país. La primera impresión que tenemos al hablar de la actividad militar y la protección del medioambiente es que son dos conceptos no compatibles entre sí, sin embargo en la realidad al igual que nuestra sociedad está cada día más sensibilizada y preocupada por temas ambientales. Las Fuerzas Armadas como Institución en la que están representados el Ejército, Marina de Guerra y la Fuerza Aérea con el claro compromiso de salvaguardar los principios democráticos y los derechos humanos, también están comprometidas con la defensa del medioambiente. Entonces surge la interrogante en el común denominador de las personas ¿qué pueden hacer las Fuerzas Armadas para proteger el medio ambiente?

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El compromiso de las Fuerzas Armadas con la protección del medio ambiente se pone de manifiesto en los actuales retos que tienen las sociedades modernas, donde se desarrollan actividades que sintetizan respuestas concretas a esta interrogante que es un problema que en el tiempo podrían convertirse en conflictos, el mismo que compromete al país y sus Fuerzas Armadas, los integrantes de los Institutos Armados pues como ciudadanos tenemos el compromiso de participar en la protección del medio Ambiente, entonces: “Las Fuerzas Armadas tienen una misión medioambiental de vital importancia ya que forman parte del mismo ecosistema de su comunidad a la que sirven y por consiguiente son el reflejo de la preocupación real de la nación que la forma por brindarle la protección y conservar su medio ambiente natural”. En los párrafos siguientes analizaremos temas donde la participación de las Fuerzas Armadas será de vital importancia en un futuro cercano en provecho del país.

dominará la isla mundial (Eurasia y África); quién domine la isla mundial dominará el mundo", hoy podemos actualizar esta frase: “Quién domine el factor energético tendrá el dominio total sobre la Tierra”. Si bien es cierto que el cambio climático constituye uno de los más importantes riesgos o amenazas que afectan al desarrollo económico y social de la humanidad, aún no ha sido comprobaba científicamente, aunque vienen presentándose ciertos indicios de lo que podría ocurrir al respecto de la situación climática en los próximos años, donde pueden producirse algunas transformaciones importantes en el devenir de la comunidad mundial. En la actualidad se tiene información científica de un fenómeno que está generando cierta desestabilización política a nivel global, cual es la desaparición de masas de hielo en el océano Ártico. Los diferentes países ribereños tales como Rusia, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca y Noruega han iniciado ya una batalla dialéctica y la correspondiente

Escasez de energia como posible fuente de conflictos La energía es un recurso cada vez más necesario y al mismo tiempo, cada vez más escaso, con el tiempo se está convirtiendo en una posible fuente de conflictos a nivel internacional. De hecho, constituye en uno de los más importantes factores geopolíticos planetarios junto a los tradicionales existentes en nuestro territorio, la economía, la demografía, la capacidad militar y la tecnología. Recordando a Halford Makinder, quien en el año de 1919 expresó: “Quién domine el corazón continental

Harold Makinder.

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toma de posiciones para tratar de dominar el acceso a los nuevos recursos de hidrocarburos existentes en el subsuelo ártico que van a ser explotables con el deshielo, así como para controlar las nuevas vías de transporte fluvial y de comercio que se pueden abrir. El cambio climático, la energía y la Seguridad y Defensa son conceptos estrechamente relacionadas entre sí y de tal importancia que va a condicionar poderosamente el panorama estratégico mundial del cercano futuro. El actual modelo de desarrollo global se apoya totalmente en la energía por lo que cualquier inestabilidad provocada tanto en la producción, transporte o distribución de la misma como en el cambio climático influye en la paz y seguridad mundial. Dentro de la geopolítica energética, las tres regiones geográficas donde se localizan las principales fuentes de la energía, especialmente las de origen fósil, carbón, petróleo y gas, que es la que se utiliza y se proyecta su uso, preferentemente en el mundo en función al 80% del consumo total, durante la primera mitad del siglo XXI, son el cinturón de quiebre euroasiático, África Subsahariana (países al sur del desierto del Sahara y que no forman parte de la región conocida como Noráfrica) y Sudamérica (Bolivia, Perú y Venezuela). Las tres áreas padecen una gran inestabilidad política por diversas razones constituyendo una especial preocupación para la comunidad internacional. En relación con las energías renovables (eólica, hidráulica, térmica, solar

¿Modificación ambiental o ficción?

o fotovoltaica, entre otras), la mayor parte de ellas se encuentran muy relacionadas con el cambio climático, a pesar de que aún la tecnología todavía no ha logrado que sean rentables, la lógica de la Seguridad - Defensa, tanto en los países de Europa, Norte América y Sudamérica, induce a apostar por ellas mediante una inversión adecuada. Algo similar puede ocurrir con la energía nuclear, una vez que la opinión pública esté convencida de que este tipo de energía no encierra ningún riesgo, en nuestra Región algunos países que no disponen de recursos naturales han iniciado el empleo de la energía nuclear principalmente en la industria con proyección a su masificación. En este contexto de contradicciones referentes a los efectos que el cambio de clima puede producir, parece razonable acudir a la prudencia y al análisis científico riguroso y profundo para que se pueda determinar con la mayor certeza posible no solo las verdaderas consecuencias del cambio climático en la Seguridad y Defensa sino también cuales son las principales causas de dicho cambio.

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Terrorismo ambiental Una definición clásica sobre terrorismo ambiental sería, el uso ilegal de la fuerza contra los recursos ambientales in situ para privar a las poblaciones de sus beneficios y/o destruir otra propiedad. Independientemente de la definición que se adopte, los actos de terrorismo generalmente tienen cuatro componentes esenciales: motivación, medios, blanco y enemigo. En este sentido, el enemigo genera la motivación o viceversa y de ahí el o los terroristas escogen el blanco y los medios. El terrorismo ambiental puede ser más eficaz que cualquier otro ataque con armas convencionales sobre blancos civiles o armas de destrucción masiva (químicas, biológicas, radiológicas o nucleares). Los criterios para evaluar la posibilidad de ejecutar daños ambientales muy serios, pueden obtenerse intentando identificar los atributos de un recurso o un sitio particular que lo hace vulnerable de alguna manera al terrorismo ambiental. Las características físicas como la escasez o el valor del recurso seleccionado, su localización física su vulnerabilidad al ataque y su capacidad para su regeneración y recuperación constituyen los factores clave. Los recursos que son relativamente inaccesibles y que cuentan con equipos de detección especial o que se encuentran fuertemente resguardados, son menos atractivos para ser objeto de un daño, ya que representan un riesgo de menos posibilidad de una escapatoria exitosa. Las consideraciones geopolíticas también juegan su papel los terroristas internacionales o mercenarios contratados que atacan a otro país, podrían escoger un recurso cercano a la frontera o uno

que se encuentre al interior del país. La escasez del recurso también es importante, ya que pueden causar mayores daños económicos e incluso físicos si se ataca un recurso como el agua potable, para el que no existe substituto. Por el contrario, la abundancia de un recurso también es un aspecto a considerar. Frente a problemas de amenazas factibles realistas de guerra ambiental y/o terrorismo ambiental el Perú, que es un país con grandes recursos naturales, tiene la necesidad de mantener actualizadas estas amenazas como posibles, por ejemplo en un sector ¨X¨ de nuestra frontera fácilmente un país ¨Y¨ podría realizar actividades de terrorismo ambiental, si es que no se toman medidas para su mitigación. En la actualidad sabemos que aquellos que no tienen el interés de cuidar el ambiente como un patrimonio de la humanidad, mucho menos les interesará hacerlo en tiempos de crisis y/o emergencia. Entonces ante todo esto ¿cómo podríamos definir a Sendero Luminoso que destruye inmensas áreas naturales con daños irreversibles en la Región del Valle del río Apurímac y el Ene (VRAE) en la producción y elaboración de PBC? ¿no creen que la definición apropiada sería la de terroristas ambientales? Los desastres naturales como arma Existen diversos análisis respecto a las llamadas Guerras de Cuarta Generación (G4G), las cuales serían la aplicación de una nueva estrategia de dominio internacional, complementaria y superior a doctrinas como la de los Conflictos de Baja Intensidad. Una de las características de este tipo de guerra es el uso de tecnología de última generación con base en la premisa, “que al

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menos que se requiera, ya no existen razones para destruir al adversario: al contrario, resulta de mayor utilidad su sometimiento público”.

Napalm, con grandes extensiones de tierras que antes de la guerra eran fértiles y que se transformaron en desiertos hasta hoy irrecuperables.

Entre los mecanismos bélicos a ser empleados, la doctrina de las G4G propone usar “la tecnología ambiental: a partir de la cuál es posible influir en las condiciones atmosféricas provocando lluvias imprevistas, niebla inesperada, llegando incluso al extremo de generar desastres que suelen pasar como naturales”.

Ahora resalta el botón de Iraq. El uso de fósforo blanco (muy cercano al Napalm), ya reconocido por el gobierno norteamericano, así como el uso de armas atómicas como Uranio empobrecido, provocaron un enorme daño ambiental de graves y prolongadas consecuencias para los habitantes de Iraq.

Un argumento usado para descalificar cualquier denuncia sobre el uso de armas climáticas es que a nadie se le puede ocurrir que cualquier potencia estaría dispuesta a destruir la naturaleza, porque a la larga eso les destruiría a ellos mismos. El comportamiento suicida, en este caso, es más permanente y visible que en cualquier otro. De hecho, todo el uso tecnológico bajo el esquema productivo actual constituye un daño constante al ambiente, que aparece como costos “satélites” o “externalidades” para usar los términos de los economistas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En cuanto a la guerra, la situación se torna aún peor. Recordemos los términos que se vienen utilizando y haciendo común en nuestro léxico “daños colaterales” cuando se destruye instalaciones civiles y se asesina a personas desarmadas que no participaban de manera directa en las acciones bélicas. A los daños ambientales ni siquiera se les considera “colaterales” y por el contrario, más tarde son parte de los grandes negocios de reconstrucción. Para muestra está Vietnam, país que todavía sufre la contaminación por el

A medida que se incremente la frecuencia e intensidad de las catástrofes producidas por la naturaleza, las Fuerzas Armadas tendrán que atender, incrementar y desplegar tropas en época de paz a fin de facilitar la ayuda ante las catástrofes y la asistencia humanitaria, acciones que se tendrán que realizar en el menor tiempo posible y se incrementará el ritmo del envío de Unidades Militares; para ello es necesario que se active una Fuerza de Despliegue Rápido para socorrer todo tipo de emergencias (tsunamis, incendios forestales, terremotos, desborde de ríos, aluviones, etcétera), teniendo como base las Unidades de Ingeniería del Ejército y los Batallones de Asuntos Civiles, sobre todo para operaciones de ayuda humanitaria dentro de cualquier región del país. Para ello es necesario sensibilizar a la población y algunas ONG; sobre las fortalezas que dispone el Estado para actuar ante catástrofes, donde la participación de las Fuerzas Armadas ante cualquier emergencia es inmediata y eficaz. Tenemos los siguientes ejemplos, en Yungay el 31 de mayo de 1970, donde por primera vez nuestros Batallones de Ingeniería y paracaidistas, socorrieron a la población y recientemente en la región de Ica, el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea han actuado para facilitar y proporcionar una

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mejor calidad de vida a sus habitantes realizando diversos trabajos, los mismos que han sido reconocidos por las autoridades de la región. Hace unas semanas el Ministerio de Defensa ha manifestado su intención de crear Unidades para el apoyo en catástrofes, lo cual nos emociona ya que en números anteriores había mencionado su importancia dentro de la organización de las Fuerzas Armadas. Agua como conflicto geopolítico El progreso en los medios de transporte y las comunicaciones después del siglo XIX transformaron las relaciones económicas, sociales y culturales entre los diferentes países en el mundo en términos de la dirección y la intensidad de los flujos de bienes, capitales e información. Sin embargo, no lograron disipar los conflictos fronterizos que de tiempo en tiempo confrontan a los países sobre la disponibilidad y uso de los recursos donde se comparten en los espacios fronterizos. El caso más frecuente en el pasado fueron los recursos energéticos que trascienden las fronteras políticas y en el futuro serán los recursos hídricos por su distribución territorial, el crecimiento demográfico y de las actividades económicas por lo cual se están convirtiendo en un bien escaso en el desarrollo de los países. El agua, el recurso más antiguo de la vida humana y completamente necesario para la subsistencia y el desarrollo económico, aparece en el siglo XXI como uno de los motivos de posibles conflictos si no se toman las medidas necesarias por parte del gobierno nacional, gobiernos regionales y locales. Según estudios realizados, en el año 2025 la demanda de agua en el mundo será un 56 % superior al suministro y en algunas zonas del planeta será mayor,

lo que concitará- y ya es así- pugnas y desavenencias entre naciones o dentro del propio país, (existen casos en Perú que merecen la atención especial como por ejemplo, Moquegua, Tacna, Huancavelica, Ica, Arequipa y Cusco). Hay que tener presente que actualmente hay 94 conflictos por el agua en el interior del país. ¿Acaso es probable que se produzca un conflicto violento por el agua en el futuro? La experiencia del pasado sugiere que esto es poco probable. Sin embargo la probabilidad de un conflicto está aumentando. La base para la mayoría de las proyecciones para futuros conflictos es que, con el aumento de la demanda, la disminución de la disponibilidad de agua dulce (por efectos de la minería y contaminación de agua subterránea), y los efectos adversos sobre la salud debido al agua de mala calidad, la escasez resultará en violencia y guerras. Se puede determinar algunos factores que podrían originar conflictos debido a la falta de agua: 1. Las importaciones de alimentos pueden ser impulsadas por una escasez de agua. Dentro de poco, la mitad de la población del mundo dependerá del mercado mundial de alimentos para su seguridad alimentaria. Los países con una economía pobre y con escasez de agua, financiarán estas importaciones de alimentos el mismo que podría convertirse en un problema importante a considerar. 2. Se prevé una mayor competencia por el agua entre poblaciones urbanas y rurales; entre la agricultura y los sectores domésticos. Esto puede verse exacerbado por grupos que se denominan ambientalistas quienes

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se consideran protectores del medio ambiente, tenemos casos en la región norte del país. El acceso, uso y usufructo del agua resultante de un inadecuado ordenamiento territorial y una inmigración excesiva. Degradación del recurso hídrico debido a desastres naturales.

Por lo expuesto permite afirmar que las Fuerzas Armadas en el futuro asumirán nuevos roles y responsabilidades por lo que recae la necesidad de preparar y orientar una gestión ambiental sobre el uso sostenible de los recursos naturales a la protección, defensa y conservación de los ecosistemas, a la disminución de la contaminación, al control del tráfico ilegal de madera y de especies en extinción, a la gestión integral de residuos peligrosos, a la implementación de actividades de producción más limpia y al cumplimiento de la normatividad ambiental vigente; en función de la protección y defensa del Medio Ambiente que

rodea a todas las Unidades Militares de las Instituciones Armadas del país. Existen motivos de preocupación, sin embargo es necesario comprender que si un gobierno solo se limita a responder con intentos tradicionales de mantener el status quo y controlar la inseguridad, estos estarán abocados, en última instancia al fracaso. En el mundo globalizado de hoy, izar un puente levadizo e intentar crear un Estado fortaleza no va a servir de nada, pese al atractivo que puede ejercer este tipo de políticas sobre gobiernos que afrontan un futuro tan incierto. Es necesario que la clase política ahora que se acercan las elecciones presidenciales se sensibilicen y consideren en sus propuestas de gobierno este tema de importancia como es el “Cambio Climático - Seguridad y Defensa”, debemos tener presente la frase que Catón el Viejo solía dar en el Senado de Roma, en el Foro o en las retretas públicas "DELENDA EST CARTHAGO", ¡no actuemos cuando todo este consumado!

Río Amazonas, el más largo del mundo.

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ESCUELA SUPERIOR DE LAS FUERZAS ARMADAS Hacia la interoperabilidad y acción conjunta

esde el año 2006 en que la Ley del Ministerio de Defensa otorgara responsabilidades a este órgano del Poder Ejecutivo en materia educativa, en aras de priorizar el accionar conjunto, la reestructuración curricular de los centros académicos y el perfeccionamiento de sus integrantes, el establecimiento de un centro de estudios que reúna a sus miembros más calificados en Defensa Nacional se convirtió en un componente vital dentro del pensamiento estratégico operacional conjunto.

Aunque las bases legales para la creación de esta institución académica de alto nivel educativo hunde sus raíces en la novena y vigésima quinta política de Estado del Acuerdo Nacional y en el Informe de la Comisión de Reestructuración de las Fuerzas Armadas, no es hasta el año 2008 en que se dispone la creación, implementación y ejecución del Programa Académico de Comando y Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, con sus 11 meses de duración, fruto de la fusión de los cursos del mismo nombre que se dictaban en cada una de las Escuelas Superiores de Guerra de las Instituciones Armadas que integran el Sistema de Defensa Nacional. La experiencia de otras Instituciones Armadas del mundo fue tomada en cuenta para la organización de una versión peruana de la escuela conjunta. Se examinaron desde las más antiguas como la colombiana y la estadounidense, pasando por las del Reino Unido y

España, hasta las más recientes (Venezuela y Argentina). Incluso, el costobeneficio de instalarla fue evaluado contrastándolas con las inversiones hechas periódicamente cuando se envía un número de cerca de 200 efectivos a capacitarse al extranjero. La creación de esta Escuela de postgrado, que pretende alcanzar los más altos estándares de calidad educativa, representa un paso importante en la integración de las Fuerzas Armadas y un serio aporte en la mejora y elevación de los niveles de interoperabilidad y acción conjunta. De tal manera que se llegue a consolidar una mentalidad y procedimiento común de actuar compartido. Importancia de la doctrina conjunta Las lecciones de la lucha contra el terrorismo, las conflagraciones internacionales y las nuevas formas de conflicto, denominadas de baja intensidad, obligaron a las Fuerzas Armadas peruanas a plantear desde hace varios años la acción conjunta –incluso en la formación castrense- en términos de una necesidad más que de una teoría plasmada en los libros. La Escuela Superior engrana en la labor de fortalecer una mentalidad que integre los esfuerzos de las instituciones armadas, optimice los recursos y capitalice los conocimientos académicos de los especialistas en Seguridad y Defensa. Además se espera, como ha

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sucedido en otros países que cuenten con una escuela conjunta, que estas se transformen en el motor del cambio organizacional de la institución. Programa de Comando y Estado Mayor Es importante resaltar que este Programa constituye la columna vertebral académica de la currícula de la Escuela Superior. En ese sentido, persigue los mismos fines que esta: perfeccionar a los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas en la conducción de operaciones, en el desempeño dentro de los Estados Mayores, en el análisis y la toma de decisiones, y en la interacción conjunta, así como en la gestión eficiente de los recursos asignados a su cargo. El oficial superior que egresa de este Programa tiene la responsabilidad de desempeñarse de tal manera que aplique los principios estipulados por el Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en materia de acción conjunta. Esto quiere decir, que su mentalidad y proceder será la de un Comandante y, al mismo tiempo, la de un miembro del Estado Mayor. Por ello, se le instruye en dos áreas. La administrativa, que incluye cursos de conocimientos generales, compartidos por todos los oficiales, y cursos especiales, desarrollados según las particularidades de cada vertiente de las Fuerzas Armadas, pero siempre enmarcadas en una visión conjunta. La otra sección es la operativa (Comando y Estado Mayor), en donde destacan cursos como Doctrina Básica Conjunta, Comando Operacional, Estado Mayor Conjunto, Operaciones Conjuntas, Empleo Táctico de las Fuerzas, Operacio-

nes Combinadas, entre otros. De esta manera, al egresar de la Escuela Superior, se espera que el oficial haya fortalecido sus técnicas de negociación, desarrollado su capacidad de gestión, mejorando sus conocimientos legales en el control del gasto, adquisición y contratación, así como en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, cuente con una mayor habilidad en la toma de decisiones, liderazgo y compromiso institucional, trabaje adecuadamente en equipo, transmita sus ideas, delegue su autoridad con eficacia, sea creativo e innovador, haga una buena planificación y se adapte rápidamente a los cambios. Gestión académica, hechos concretos Los tres Programas de Comando y Estado Mayor dictados en los años 2008, 2009 y 2010, con un promedio anual de 159 oficiales alumnos de las tres Instituciones Armadas, permite afirmar haber brindado una sólida capacitación conjunta en cumplimiento de los objetivos estratégicos/operativos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El Programa del año 2009 contó con un oficial alumno invitado de la República Bolivariana de Venezuela. A partir del 2009, el Programa viene invitando a oficiales alumnos de la Policía Nacional del Perú. Los años 2009 y 2010 los oficiales alumnos y personal docente efectuaron una visita a los centros académicos militares e industriales de la República de Colombia; a su vez oficiales alumnos y docentes de esa república visitaron nuestra Escuela bajo un programa de intercambio académico. De otro lado, se

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efectuaron visitas de campo a los establecimientos militares del país, en cumplimiento a los sílabos curriculares. La Revista del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, representa para la escuela un medio importante de difusión académica, en base a la publicación de artículos de los propios oficiales alumnos, más los articulistas de procedencia militar, sumándose la participación activa de personalidades civiles, en las materias de Defensa y Seguridad. Acreditación A toda persona que realiza un esfuerzo académico que ocupa un período importante de su vida y carrera profesional, le interesa conocer los beneficios que este empeño genera como resultado. Es importante lograr que los objetivos que se establecen para los Programas Educativos, tengan relación directa con el trabajo que el Oficial realizará en su próximo destino y en el futuro para beneficio de las Fuerzas Armadas y del país. El reconocimiento Oficial del Programa de Comando y Estado Mayor de las Fuerzas Armadas por el Sistema Educativo Militar Profesional está vigente, sin embargo el Sistema Educativo Nacional, de la cual forma parte el Sistema Nacional Universitario demanda el cumplimiento del dispositivo legal que genera un proceso de acreditación, que contempla entre otros requerimientos, una serie de actividades formales, con el correspondiente registro, documentos, evaluaciones del Proceso Educativo tanto internamente como mediante la realización de una auditoría externa por una institución acreditadora.

Alcanzar la acreditación, le otorgará Valor Oficial de Postgrado al Programa de Comando y Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y asegurará que el proceso de enseñanza aprendizaje esté dotado de la calidad educativa que permita su reconocimiento a nivel nacional e internacional. Nueva infraestructura Actualmente, la Escuela viene funcionando en el distrito de Chorrillos en un área contigua a la Escuela Superior de Guerra del Ejército. En efecto, esto nos permite dar a conocer con gran expectativa la maqueta de la futura sede de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, importante proyecto de inversión de lo que será el mayor centro académico militar del país. La Escuela se levantará en un terreno de 2.5 hectáreas (25,000.00 m2) del Cuartel General del Ejército, en el distrito de San Borja. Las obras civiles han sido proyectadas bajo una concepción acorde a las exigencias académicas del Programa de Comando y Estado Mayor para un alumnado promedio anual de 150 oficiales provenientes de las tres Instituciones Armadas, una delegación de oficiales de la Policía Nacional del Perú, y eventuales oficiales extranjeros invitados. La infraestructura contará además con auditorio, áreas administrativas, de servicio, alojamientos y zona deportiva.

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DICIEMBRE 2010