El gran think tank del liberalismo catalán

En un momento de máximo tensionamiento entre las diversas fuerzas colectivistas de la sociedad catalana, que prácticamente monopolizaban el debate público a ambos lados de la divisoria soberanismo/ autonomismo, surgió el Institut Ostrom y lo cambió todo. Los temas principales que el IO ponía sobre la mesa y llevaba con bastante impacto a los medios de comunicación, aparcaban esa cuestión y se ocupaban del urgente adelgazamiento de la administración en una comunidad cuya presión fiscal autonómica es desde hace un lustro la peor de todas. Pero el problema catalán no era sólo fiscal sino también regulatorio, porque la práctica totalidad de responsables políticos obedecían a una lógica fuertemente estatista que estrangulaba la actividad económica. El IO ha sido capaz en estos años de avivar el debate sobre múltiples cuestiones en una clave positiva para que las ideas de la libertad avancen de manera desacomplejada ganando terreno al colectivismo y al estancamiento intervencionista, milímetro a milímetro. Pau Vila lidera la nueva etapa de un IO cada vez más prestigioso y reconocido. En la imagen, el ex Presidente Eric Herrera (cuarto) y otros directivos junto al ex conseller Andreu Mas-Colell, en una gala del IO en Barcelona. JP.

La imagen macro que ofrece el sistema sanitario español, analizada a través del gasto sanitario sobre el PIB, del gasto per cápita, la esperanza de vida o los indicadores cualitativos de salud, es más que aceptable. Sin embargo, nos preocupa su deriva y tendencia, marcada por las aspiraciones de una sociedad desarrollada —y envejecida— que genera presión sobre el sistema de salud, así como retos que irán emergiendo como la misma pandemia del Covid-19.

En este contexto, el Institut ha sido pionero en introducir propuestas de reforma en distintos frentes, como por ejemplo la regulación del desarrollo biofarmacéutico, el pluralismo colegial, la homologación de títulos universitarios del personal sanitario extranjero o la competencia en la distribución minorista de medicamentos. Estamos particularmente orgullosos de la nueva regulación de la entrega a domicilio de medicamentos de prescripción en la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos, después de nuestra campaña “La competencia salva vidas”. También destacaría el último informe del Institut sobre la eficiencia del sistema sanitario, que destaca que España podría aumentar en un 16% la calidad de los servicios sanitarios sin incrementar el gasto público.

Por otro lado, el IO también ha tenido éxito en sus acciones de apoyo a la liberalización de los alquileres turísticos. ¿Cómo está ese debate actualmente?

De igual modo que ocurre en otros ámbitos como las plataformas digitales de movilidad (VTC), Barcelona mantiene uno de los marcos normativos más restrictivos entre las grandes ciudades occidentales en materia de viviendas de uso turístico y alojamientos compartidos. Bajo nuestro punto de vista, este debate se ha planteado erróneamente desde el inicio.. En 2022, el Ayuntamiento aprobó un nuevo Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT), que agrava la situación, castigando severamente la figura de los hogares compartidos, prohibiendo su nueva implantación en toda la ciudad. Esta es la manera que el gobierno municipal ha encontrado para conceder un marco regulatorio a la economía colaborativa. El hogar compartido es una actividad turística no profesional consistente en compartir el domicilio habitual y permanente como servicio de alojamiento para terceras personas, a cambio de una contraprestación económica. Los anfitriones son personas mayores con hijos independizados que desean complementar su pensión con el alquiler puntual de habitaciones sobrantes en su casa, estudiantes que buscan disponer de un ingreso adicional para poder cubrir el alquiler en verano cuando vuelven a sus pueblos de origen, familias que han experimentado una subida del alquiler o de la hipoteca y quieren disponer de un complemento puntual para llegar a fin de mes… La prohibición frontal de esta actividad está desalineada con lo que ocurre en el resto de las ciudades europeas y deja a esos perfiles en una situación de vulnerabilidad, en cortar esa fuente de ingresos puntuales que les permitía mantener su economía doméstica.

¿Qué otras áreas y proyectos van a ser prioritarios para el IO en la nueva etapa que lideras?

Otra de las áreas donde tenemos una actividad intensa es la facilitación de la actividad económica y la racionalización de trámites burocráticos. Vemos como en Catalunya se ha vivido una tendencia en las últimas décadas de incrementar la densidad normativa —de hecho, es la única comunidad autónoma con más de 100.000 páginas en boletines oficiales (CEOE, 2019) en comparación con las 6.000 páginas en boletines que tiene el País Vasco—. La enorme cantidad de regulaciones y el elevado ritmo de incorporación de nuevas normas juntamente con una creciente cultura colectiva contraria al desarrollo empresarial impulsa la translación de actividades industriales a territorios vecinos, fundamentalmente Aragón y la Comunidad Valenciana. Una de las líneas de actuación que previsiblemente va a seguir recibiendo mucha atención en el futuro cercano, es la de la agilización de trámites administrativos, sustitución de licencias por declaraciones responsables, implementación de dinámicas de silencio administrativo positivo y plazos de respuesta reglados... en definitiva, el desarrollo de herramientas para frenar el contexto negativo a nuevas oportunidades industriales o a la expansión de industrias existentes. En este sentido, destaco como éxito la incorporación de algunas de nuestras propuestas a la Ley catalana de Facilitación Económica.

Otra área prioritaria para el Instituto es la calidad institucional y la reforma de la administración pública. Creemos que buena parte de los problemas responden a un déficit en el sistema de gobernanza y a una arquitectura institucional poco preparada para el siglo XXI. Hemos publicado informes sobre la profesionalización de la alta dirección pública —los más de 500 cargos eventuales de designación política en Catalunya serían sólo 50 en el Reino Unido— o la evaluación independiente de políticas públicas —los decretos ley, proposiciones de ley, mociones, resoluciones e ILP no exigen hoy ninguna evaluación de impacto antes de su aprobación—. También hemos trabajado en propuestas como el sistema “one in, one out” (para aprobar una normativa es necesario eliminar otra) y “balance presupuestario cero” (justificar qué dotación existente se reduce o suprime para introducir otra) a fin de evitar el constante crecimiento de producción normativa.