Revista Ecociencias 10

Revista

ECOCIENCIAS

ENERO 2020

CRISIS SOCIAL Y AMBIENTAL EN CHILE Ediciรณn especial estallido social 18-O

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Revista

ECOCIENCIAS

ENERO 2020

ÍNDICE EDITORIAL Rocío Luengo y Carolina Pérez

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA CRISIS DEL MODELO DE MERCADO EN LA EDUCACIÓN CHILENA. A PROPÓSITO DEL “ESTALLIDO SOCIAL” Donatila Ferrada

LA SITUACIÓN AMBIENTAL EN UN MUNDO CONVULSIONADO Ismael Vera

DESDE LA COMPETITIVIDAD EXTREMA A LA COMPETITIVIDAD POR COLABORACIÓN; UN DESAFÍO PARA LA GESTIÓN DEL AGUA EN CHILE Roberto Pizarro

¿UNA CRISIS SOCIAL O UNA PROFUNDA CRISIS ESPIRITUAL? Alfredo Sfeir

VECINDARIO, CIUDAD Y CRISIS SOCIAL Francisco Letelier Stefano Micheletti Javiera Cubillos Patricia Boyco

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Dirección Editorial Carolina Pérez Muñoz Dirección de Arte Matías Larenas Baeza

REVISTA ECOCIENCIAS

Periodista Rocío Luengo Contacto contacto@revistaecociencias.cl

EDITORIAL

Ya tres meses distan desde los sucesos ocurridos el 18 de octubre, la masiva evasión del metro iniciada por los estudiantes secundarios, hecho que gatilló el hoy ya, tantas veces mencionado “Estallido Social”. Término, que ha pasado por tantas bocas y tal como en el juego del “teléfono descompuesto”, pareciera estar perdiendo su mensaje inicial. Ese cambio de actitud de la población chilena, que exigía con pie firme en la calle, una modificación al modelo neoliberal que, por 30 años ha creado una profunda desigualdad en la sociedad chilena.

Pero, ¿Por qué es tan relevante no perder el foco de este “estallido social”? La respuesta, la encontramos en el efecto principal que este provocó, tras semanas de multitudinarias manifestaciones. La promesa, por parte del mundo político, de un cambio a la constitución, a través de un plebiscito, que la respaldará y determinará el organismo que la desarrollará. No debemos olvidar que este “estallido social” se utilizó para referirse, a esas ansias de la población, que de forma espontánea comenzó a reunirse en cabildos ciudadanos, mesas de diálogo y otras instancias de reunión, para generar vías de solución a los problemas que, por 30 años el Estado chileno no ha podido solucionar. Tampoco olvidar que mientras la mayoría de los ciudadanos chilenos, se agrupaban de forma pacífica para discutir sobre temas como educación, salud, previsión o medioambiente, a los primeros días de las manifestaciones, el propio Jefe de Estado declaraba en cadena nacional la “guerra” a un enemigo poderoso.

Parece ser una posibilidad que el enemigo no es más que el movimiento social; las

consecuencias del internacionalmente cuestionado análisis de gobierno, vinieron con la declaración de Estado de Excepción, en el que la presencia de fuerzas armadas en las calles y la policía actuaron con indiscriminada represión sobre ciudadanos, perdiendo foco entre vandalismo y legítimos manifestantes que, tras décadas viviendo en silencio la desigualdad, los ciudadanos despiertan para exigir nada más y nada menos que DIGNIDAD. Las miradas difieren entre el repudio a las manifestaciones más extremas y violentas, la represión policial y las legítimas demandas de una ciudadanía empoderada en su rol como agentes de cambio social, que reconoce la crisis de un modelo económico segregador, extractivista y la corrupción institucional.

Es por eso que debemos tener siempre presente, que más que una forma de decir este Estallido Social, es el “click” que resonó en cada uno de los chilenos, que se dio cuenta que, hay que ser generador y parte activa de los cambios que tanto se anhelan. Por lo tanto, lo que queda hoy es defender ese pequeño, pero a la vez tan relevante triunfo que se consiguió, con este movimiento de despertar ciudadano.

La posibilidad de en el referéndum del próximo 26 de abril, decir: SÍ a una nueva constitución y elegir el organismo más incluyente y representativo para que la redacte. Una nueva constitución que posibilite garantizar a todos los chilenos por igual, las demandas que siempre han motivado este despertar o estallido social, educación de calidad para todos, salud digna, vejez digna, un entorno medioambiental sano, una vida digna.

Rocío Luengo y Carolina Pérez Periodistas Revista Ecociencias

Fotografía por René Bravo

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA CRISIS DEL MODELO DE MERCADO EN LA EDUCACIÓN CHILENA. A PROPÓSITO DEL “ESTALLIDO SOCIAL” Donatila Ferrada Centro de investigación en educación para la Justicia Social (CIEJUS) Universidad Católica del Maule

Breve cronología de las movilizaciones estudiantiles que marcaron la crisis del modelo de mercado de la educación.

Los movimientos sociales con demandas educacionales, surgidos en Chile en el periodo postdictadura, se han caracterizado desde sus inicios por su rechazo a la imposición de un modelo educativo de libre mercado de orientación neoliberal, fundado a partir de la constitución política de 1980. Si bien las movilizaciones han abarcado a los diversos actores del sistema educativo, destacan las protagonizadas por estudiantes. Movilizaciones memorables ocurrieron durante las dos últimas décadas, que definieron una trayectoria en la historia reciente. El primer hito, ocurrió en el año 2001 y fue conocido como “el mochilazo”, liderado por estudiantes secundarios que cuestionaron por primera vez la privatización del pase escolar a cargo de empresarios microbuseros y la demanda por instaurarlo como un derecho que debe garantizar el Estado y de forma gratuita. El segundo hito, también liderado por secundarios involucró un movimiento masivo a nivel nacional en el año 2006 conocido como “la revolución pingüina”, ahonda en las demandas por un cambio en la orientación del modelo educativo de mercado, entre ellas piden: derogar la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) promulgada en dictadura; acabar con la municipalización de la enseñanza; reformular la jornada escolar completa; rendir gratuitamente la Prueba de Selección Universitaria (PSU); y obtener pase escolar gratuito y unificado a nivel nacional con tarifa gratuita. El tercer hito, fue la gran movilización estudiantil del año 2011, liderado principalmente por estudiantes universitarios pero con masiva participación de los secundarios y muchos otros

actores de la sociedad civil, retoma muchas de las demandas previas y se focaliza en la problemática de la educación superior de mercado, a cargo de instituciones públicas y privadas que mientras estudiantes y sus familias se endeudan por décadas para pagar sus carreras mediante el Crédito con Aval del Estado (CAE), estas empresas educativas lucran obteniendo enormes ganancias y ofreciendo una mala calidad de la educación (en comparaciones con países OCDE y con otros países latinoamericanos). De allí, arremeten directamente en la demanda por un cambio fundacional del modelo educativo de libre mercado y exigen una educación pública, gratuita y de calidad. El cuarto hito, se produce durante 2018 y fue una gran movilización estudiantil feminista que expuso la violencia de las mujeres al interior de las universidades a lo largo del país denunciando masivamente el acoso y abuso sexual contra profesoras y estudiantes, al mismo tiempo explicitando a la sociedad las profundas desigualdades entre hombres y mujeres en los espacios públicos y privados. Resultado de las movilizaciones, algunas respuestas fueron: reemplazo de la LOCE en 2009 por la Ley General de Educación que mantiene el eje en el libre mercado; promulgación de una Ley en 2017 que crea una nueva institucionalidad para la educación pública, a través de servicios educativos locales por regiones, al cual serán traspasadas las escuelas municipales (actualmente en vía de implementación); gratuidad para rendir la PSU y pase escolar para estudiantes de escuelas municipales (no se logra instaurar como un derecho); pase escolar unificado y sin restricción de uso a nivel nacional para estudiantes secundarios y universitarios (no se logra gratuidad para todos); gratuidad para el alumnado perteneciente al 60%

más pobre de país que cursa una carrera en universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica acreditados (se inicia en 2016, no se instaura como un derecho); y frente a las movilizaciones feministas, se elaboraron protocolos de actuación ante denuncias de acoso y abuso sexual como respuesta de las instituciones universitarias.

Sin embargo, estas mejoras no afectaron el carácter fundacional del modelo de educación de mercado. Finalmente, y precedido a comienzos de año, por una manifestación feminista sin precedentes en el país, en 2019, emerge el llamado “estallido social”, iniciado por estudiantes secundarios, posicionando nuevamente el tema del derecho a la gratuidad del pase escolar del año 2001, pero esta vez la movilización estudiantil hace eco en casi la totalidad de la sociedad civil y alcanza una extensión sin precedentes en la historia chilena. El foco de la movilización esta vez, decantó en la

tas y adultos, de forma especial cuando se trata de países como el nuestro, que descansa gran parte del proceso formativo de menores y jóvenes en lo que ocurre en este tipo de instituciones (particularmente la enseñanza básica y media).

Chile sufre un profundo proceso de refundación a partir de la implantación del modelo neoliberal socioeconómico (década de los 80) que le permitió desarrollar una economía de libre mercado, para lo cual requirió instaurar un modelo político intelectual a nivel ideológico e institucional, que quedó sellado jurídicamente con la Constitución de 1980. A partir de allí, se inicia un potente proceso de privatización que implicó la venta de bienes del Estado al sector privado, tales como, tierra, agua y empresas. Una situación similar ocurre con las funciones sociales, salud, previsión y educación entre otras, que son traspasadas al mercado, una profunda reforma laboral caracterizada por la flexibilidad

“Si bien las movilizaciones han abarcado a los diversos actores del sistema educativo, destacan las protagonizadas por estudiantes” Fotografía por René Bravo

petición de derribar todas las bases fundacionales del modelo neoliberal, partiendo por la constitución de 1980, que sostiene la privatización de la educación, de la salud, de la previsión social, de los recursos naturales, de la reforma laboral, del desplazamiento y reducción de los pueblos indígenas, de las discriminación de personas, colectivos y comunidades, de la discriminación de género y sexualidades, etc., en la clara convicción de refundar el modelo de país en todos sus ámbitos y desde una participación transversal en todas las escalas de dicha reconstrucción.

Las reformas educativas estructurales fundacionales del modelo neoliberal en Chile.

La educación no es patrimonio exclusivo de las instituciones educativas, sin embargo, éstas cumplen un rol fundamental en la educación de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adul-

laboral (inestabilidad) y la precarización de los derechos de trabajadores y trabajadoras. La característica compartida por todas estas reformas es que se implementan en dos direcciones: una descentralización en lo económico-administrativo y una centralización ideológica por parte del Estado (reforzada por el subsidio y por la protección al mercado).

Reformas educativas estructurales de descentralización.

De la segregación escolar a la social.

En este escenario, la educación, más precisamente el sistema educativo, ha sido un pilar fundamental para las pretensiones fundacionales del neoliberalismo en Chile, de allí que ha estado en el foco de atención desde la implantación del modelo en tiempos de la dictadura y más tarde durante todos los gobiernos de lo que conocemos como el retorno a

Fotografía por Bárbara Ramos

la democracia. Una de las primeras reformas estructurales al sistema educativo nacional de la Constitución de 1980, recogidos en el “principio de libertad de enseñanza”, fue la de orden económico administrativo. Esta reforma, avalada en la necesidad de descentralizar la educación, consistió en el traspaso de escuelas y liceos públicos administrados por el Ministerio de Educación a las municipalidades (medida que se concretó en 1986), muriendo así la educación pública y naciendo la educación municipal, dirigida sólo a aquellos que no puedan proveerse de una educación por sus propios medios. Esta medida, inició una segregación escolar que se extiende hasta el día de hoy, al interior del propio sistema municipal, dado las notorias diferencias presupuestarias entre una municipalidad y otra, asociado a las escasa o nulas capacidades de gestión requeridas para administrar las escuelas y liceos por parte de los municipios, cuestión que precarizó la educación ofrecida. Pero esta reforma fue acompañada de otra reforma educativa de alto impacto en la segregación escolar, amparada en el marco del “principio de libertad de enseñanza”, que otorga la “libertad para emprender y hacer funcionar un proyecto educativo”, atribución dada a

cualquier ciudadano emprendedor o corporación, que con subvención estatal y con un cobro asociado a cargo de las familias, ofrecen proyectos educativos de diferentes costos en función de la capacidad adquisitiva de cada familia, naciendo de esta forma la educación particular subvencionada, que logra capturar a prácticamente la mitad de estudiantes de la antigua educación pública y que por la precarización sufrida en manos de los municipios, emigra a estos nuevos proyectos.

Ello desemboca en una súper estratificación escolar al interior del segmento social que busca distinguirse de la municipal (es decir de los más pobres) y aproximarse a la educación privada (es decir a los más ricos), naciendo un lucrativo negocio para empresarios emprendedores que ofertan en un amplio rango de costos según la demanda que se proponen cubrir, de esta forma, cada nueva institución aglutinó sectores sociales lo más homogéneos posibles. Ambas reformas, la municipalizada y la de administración privada con fondos públicos-privados, se ven reforzada con el nacimiento de los llamados Liceos Bicentenarios que separa estudiantes provenientes de la educación municipal y de la particular subvencionada (de bajo costo) con talento académico

de aquellos que no lo tienen, entonces se produce una nueva estratificación entre aquellos que asisten a liceos de excelencia académica y aquellos que no tienen esa opción. Sin embargo, la educación a cargo exclusivamente de privados, previamente existente a la constitución del 80, se mantuvo sin objeción ni reforma alguna, es decir, quienes ya eran poseedores de poder adquisitivo se mantienen aislados de los otros dos tipos de administración y son los únicos que conforman un sistema educativo inalterable y de excelencia académica. Esta segregación del sistema educativo se dispuso a formar diversidad de tipos de estudiantes en directa relación con su origen socioeconómico, constituyéndose así en una potente herramienta de segregación social de la población nacional.

Reformas educativas estructurales de centralización.

La refundación del sistema educacional chileno no es el único que permitió consolidar el modelo político ideológico neoliberal, sin embargo, ha jugado un rol trascendental en todo el proceso, por medio del acoplamiento de las reformas educativas estructurales de descentralización con las de centralización de orden simbólico que ejercen un efecto directo en las personas,

comunidades y colectivos, por lo mismo mucho más complejas y difíciles de notar. Por esta vía, se concreta el tipo de persona caracterizada como competitiva, exitosa, consumista, machista, individualista, etc. y una sociedad con alto control social, volcada al consumo, desterritorializada, fragmentada, estratificada, universal, globalizada, que premia al éxito y que castiga el fracaso, propias del modelo de mercado. Este proyecto simbólico del neoliberalismo, materializado a través de las políticas educativas centralizadoras a cargo del Ministerio de Educación intervienen directamente sobre las tres funciones clásicas encomendadas a la escuela por la sociedad, a saber, a) la transmisión de la cultura, b) la integración social y c) la socialización.

do así la realidad multidiversa en la que se desenvuelve la escuela. Estas acciones menoscaban la identidad cultural local de las comunidades, al mismo tiempo que promueven el carácter desterritorializado, globalizador y universal que persigue el modelo de sociedad de mercado. Un segundo ámbito de exclusión, lo constituye el estatus de los contenidos curriculares, a nivel de enseñanza secundaria, que distribuye al alumnado en dos vías, la humanista científica y la técnico-profesional. La primera goza de mayor estatus frente a la segunda, toda vez que la humanista científico acoge al alumnado con pretensión de formación terciaria, especialmente universitaria,

del alumnado y la segunda, a través de la división del trabajo intelectual (humanista científico) respecto del manual (técnico-profesional), entonces quienes asisten a las escuelas municipales más pobres del país y a las escuelas particulares subvencionadas de bajo costo, son quienes terminan optando o se ven obligados a optar por el sistema técnico profesional. En cambio, todos los otros pueden optar por el sistema humanista científico. De esta forma, el sistema no solo reproduce la condición de origen socioeconómica del alumnado, en tanto no hay movilización social ni de clase, sino que fortalece la fragmentación en la sociedad. Un tercer ámbito, lo constituyen los propios planes y programas de estudios y deriva en una triple exclusión.

Por una parte, en el caso de la opción humanista científica, el plan de estudio tiene una formación más profunda en materias como lenguaje, matemáticas y ciencias que en el plan del técnico profesional, obviamente ello implica que quienes toman esta segunda vía tienen casi nulas opciones de seguir la formación universitaria, es decir, inician la trayectoria secundaria con una clara y abierta desventaja respecto de la otra opción. Por otra parte, estratifican las materias escolares entre prioritarias y subordinadas, entre las primeras están, lenguaje, matemáticas y ciencias, reforzadas por el estatus otorgado a éstas por las pruebas evaluativas nacionales SIMCE y PSU. Entre las segundas, historia, filosofía, arte, música, educación física, no son consideradas relevantes, a excepción de Historia . De esta forma, se prioriza la importancia de determinadas materias en detrimentos de otras, al mismo que,

“Un primer ámbito de exclusión, se expresa en el carácter único y homogéneo del currículum nacional y de las pruebas estandarizadas obligatorias, ya que no distinguen o no reconocen la diversidad de personas, contextos, lenguas, territorios presentes en el país”

a) La transmisión de la cultura en la escuela en el marco de la educación de mercado.

La función de reproducir la cultura otorgada a la escuela, particularmente de aquella que se considera como legítima para ser enseñada a las nuevas generaciones, se concreta a través del currículum nacional (Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios, hoy Bases Curriculares) y los sistemas de evaluaciones nacionales estandarizados (SIMCE y PSU), aplicados a todo el sistema escolar.

Estas directrices, generan una serie de exclusiones y menoscabos en las personas y sus comunidades. Un primer ámbito de exclusión, se expresa en el carácter único y homogéneo del currículum nacional y de las pruebas estandarizadas obligatorias, ya que no distinguen o no reconocen la diversidad de personas, contextos, lenguas, territorios presentes en el país, negan-

proveniente de toda la matrícula de las escuelas privadas, la totalidad de las escuelas subvencionadas que atiende a familias de mayor poder adquisitivo y buena parte de las escuelas municipales. La técnico-profesional, acoge aquel alumnado que busca insertarse prontamente en el mundo del trabajo, es principalmente alumnado de las escuelas municipales en comunas de mayor pobreza y en menor medida a quienes provienen de escuelas subvencionadas que atienden a familias de menor poder adquisitivo. En este aspecto se observa una doble segregación estrechamente vinculada. La primera, por origen socioeconómico

“Una gran movilización estudiantil feminista que expuso la violencia de las mujeres al interior de las universidades a lo largo del país denunciando masivamente el acoso y abuso sexual contra profesoras y estudiantes” el estudiantado del técnico queda relegado a un menor estatus. Estas acciones, fortalecen la distinción de origen social y la fragmentación de la sociedad. Finalmente, estos planes de estudios omiten y con ello invisibilizan materias que resultan fundamentales en los procesos educativos de escolares, tales como, desarrollo de la afectividad y las emociones, las artesanías, danzas, relaciones igualitarias, relaciones solidarias, práctica de la democracia, etc., que de existir en algún proyecto educativo queda relegado a talleres sin estatus dentro del currículum escolar. Esto también resulta preocupante, pues con ello el alumnado aprende que estos ámbitos del saber resultan poco relevantes para su formación. Por consiguiente, la función de transmitir la cultura que se considera legítima en la escuela desde la perspectiva del curriculum homogenizador y de las pruebas estandarizadas obligatorias del modelo de mercado, instaura a nivel simbólico, un sistema formativo que fortalece la competitividad, el individualismo y el exitismo entre las personas (estudiantes), al mismo tiempo que desterritorializa cultural y contextualmente la cultura escolar, fragmenta la sociedad entre trayectorias escolares dividiéndola en intelectual y manual directamente vinculado al origen del alumnado y la estratifica otorgando estatus a unos saberes culturales respecto de otros, con lo cual, quienes pertenecen o son portadores de los valorados se ubican en situación de privilegio respecto de quienes no lo son. b) La integración social en la escuela el marco de la educación de mercado

De manera similar a la transmisión de los contenidos culturales, la escuela tiene por función transmitir las normativas que se consideran legítimas para integrarse en la comunidad a la que pertenecemos. Para formar redes de interacción de grupos (más o menos) integrados a través de redes (más o menos) solidarias, se requiere de coordinaciones de entendimiento entre las personas. Las reformas educativas estructurales del neoliberalismo en Chile han intervenido fuertemente esta función de la escuela a través de las denominadas reformas basadas en estándares, productos y rendición de cuentas que han colonizado el sistema escolar en prácticamente todos los espacios y escalas de acción del mismo, ejemplos de ellos son, la creación de un conjunto de estándares, de marcos de acción, tales como el Marco para la buena Enseñanza y el Marco para la Buena Dirección y los Estándares Indicativos de Desempeño para los Establecimientos Educativos.

A modo de ejemplo, entre los indicadores de evaluación de los Estándares Indicativos de Desempeño para los Establecimientos Educativos, está el liderazgo, tanto del sostenedor como del director, es decir, se otorga importancia a figuras unipersonales, cuestión que refuerza la estratificación (liderazgo único en la pirámide del poder) en la organización social de las instituciones. Otro indicador evaluativo, es el resultado de aprendizaje, exclusivamente desde los puntajes SIMCE, determina la distribución comparativa con la medición anterior, la tendencia de rendimiento y la homogeneidad de los resultados por asignaturas. Mismo tenor cuantitativo, son los indicadores

de la asistencia escolar (relación entre el puntaje SIMCE y la asistencia a clases) y la retención escolar (porcentajes de desertores), es decir, la reducción de la persona a un objeto cuantificable. Y en el caso del indicador sobre la medición de la satisfacción de padres y apoderados, revela la concepción de cliente que adquiere la familia.

Los resultados evaluativos de estos estándares, le permiten al Estado organizar los establecimientos por categorías de desempeño (insuficiente, medio-bajo, medio, alto), cuestiones que fortalecen la idea de una sociedad estratificada, que categoriza no solo a las instituciones sino también a escolares y sus familias. Esta categorización está asociada al Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño de Excelencia (SNED), que implica una retribución económica para los docentes que obtienen la excelencia académica, valorándose de esta forma sólo indicadores cuantitativos como garantía de éxito, excelencia y calidad educativa, dejando de lado todo otro tipo de proceso formativo. Estos y otros mecanismos que estandarizan la gestión, el desarrollo de la profesión docente asociados a incentivos económicos, tergiversan la construcción de las comunidades educativas, y por centrarse exclusivamente en dimensiones cuantitativas, irremediablemente revela la reorientación del funcionamiento de la escuela adoptando un modo propio de la empresa. Pues, se miden todas las funciones y productos en torno a indicadores homogéneos, como si se tratare de la manufactura de una materia prima, que puede crear productos equiparables como resultado del mismo, alejado de la naturaleza

de la formación escolar. Sin duda, en este escenario, las coordinaciones de entendimiento que desarrollan las personas no encuentran los espacios para establecer relaciones solidarias, sino más bien instrumentales y en favor de alcanzar el indicador de logro y así escapar de una categorización institucional menoscaba. Desde esta perspectiva, las reformas educativas estructurales del modelo neoliberal ocupa un sistema que aparentemente se dirige sólo a organizar y optimizar el funcionamiento de carácter empresarial de las instituciones educativas, pero la hiperregulación de cada una de las acciones que éstas deben evidenciar en los procesos evaluativos, modifica el aspecto normativo de las relaciones entre docentes, entre estudiantes y estudiantes, entre docente y estudiantes, entre docente y directivos, al mismo tiempo que restringe brutalmente a los colectivos que la componen e intervienen la capacidad para generar relaciones de sana convivencia, confianza y bienestar de la comunidad de la cual forman parte.

Esto trae como consecuencia, que este tipo de prácticas rompen con el concepto de comunidad, es más, lo anulan, para ser reemplazado por un concepto de sociedad, esto porque el carácter homogeneizador que utiliza la política, orienta la idea primigenia de pertenencia a un grupo social de todas las personas (comunidad), reempla-

zándola por la idea de pertenecer a una sociedad, la que no termina de materializarse porque el carácter de pertenencia es difusa en esa amplitud (sociedad). c) La socialización en la escuela en el marco de la sociedad de mercado.

La función socializadora que se le ha otorgado a la escuela tiene que ver con el desarrollo de la personalidad de niños y niñas y adolescentes, en cuyo proceso, se construye la identidad, la autoestima, la autorregulación y se busca la autorrealización. En el escenario de las diversas reformas estructurales educativas que hemos mencionado aquí y otras que no, los efectos del tipo de persona y sociedad se ven retratados en la escuela, un ejemplo de ello es la creciente violencia escolar vivida al interior de ella, el aumento del bulling entre escolares, fuerte discriminación a personas que no sean catalogadas como “normales”, etc. La respuesta por parte del Estado a esta compleja situación, ha sido adoptar una visión reparadora, con lo cual la escuela se ha transformado en una institución “reparadora” de las “carencias” que portan las y los escolares.

Solo a modo de ejemplo, se promulgó la Ley de Convivencia Escolar, cuyo foco central es prevenir y controlar la violencia al interior de los establecimientos educativos, la Ley contra la discriminación (que no es exclusiva para el ámbito escolar, pero que se

integra en los protocolos internos), la ley de integración social de personas con discapacidad, por nombrar algunas leyes con este enfoque. Asociado a todas estas políticas, el Estado traspasa la responsabilidad a la escuela de todas las dificultades que el modelo de mercado va generando. Como una de las soluciones, la dota de profesionales dedicados a este proceso “reparador” que requieren las y los escolares, entre ellos, psicólogos, trabajadores sociales y educadores diferenciales. Estos profesionales, integran a la cotidianidad de la escuela un lenguaje propio de su especialidad que produce un cambio en la gramática cotidiana a través de una re-semantización del lenguaje educativo, por ejemplo, niño/a TEA, niño/a TEL, niño/a DEA, familia disfuncional, etc., y de esta forma renombra a las y los escolares en función de un diagnóstico especializado que trasciende a ellos mismos, a las familias y a los docentes, entre otros.

Una situación similar ocurre con las denominaciones tales como niño/a, vulnerable, niño/a exitoso o fracasado, niños/as disruptivos/as. De esta forma, las interacciones y relaciones entre las personas que socializan cotidianamente siendo portadoras o no de un rótulo, se ven impactadas en los diversos aspectos del desarrollo de su personalidad, especialmente en la construcción de la autoestima, la autorregulación y la autorrealización como componentes esenciales de la identidad.

Fotografía por Bárbara Ramos

A modo de reflexión final.

Las políticas educativas neoliberales en su afán fundacional de toda la cultura nacional han logrado desplazar impositivamente –en términos generales-, el horizonte de comprensión sobre lo que conocíamos como escuela y comunidad previo a este, afortunadamente, las personas, las comunidades y las escuelas desarrollan resistencia para mantener sus propias preconcepciones sobre lo que entienden, sobre lo que quieren, sobre lo que sueñan y sobre lo que están dispuestos a realizar.

Fotografía por Bárbara Ramos

La situación ambiental en un mundo convulsionado Ismael Leonardo Vera Puerto Director – Departamento de Obras Civiles Facultad de Ciencias de la Ingeniería Universidad Católica del Maule El 2019 será recordado como un año de convulsión social con manifestaciones alrededor del mundo: Hong Kong, Irak, Francia, Ecuador, Bolivia, Colombia, Chile, por mencionar algunos países. Si bien, las manifestaciones surgieron principalmente por razones políticas, dentro de las demandas ciudadanas de algunos de estos países, se incluyen demandas ambientales, o desde otro punto de vista, demandas por el derecho a vivir en sociedades que garanticen que su estado protege sus elementos ambientales, da acceso a parte de estos elementos ambientales, y finalmente, les permite vivir y desarrollarse en ambientes menos contaminados. Porque hay que ser claro, mientras exista presencia humana en el territorio se generará contaminación, por tanto, pensar en un ambiente 100% libre de contaminación con presencia humana, no es realista. Lo realista es vivir lo más armoniosamente posible con el entorno donde se desarrolla la sociedad.

Para Chile, el estallido social de octubre, puso sobre la mesa temas ambientales relevantes, que incluso, previo a este acontecimiento, ya habían estado en la palestra de los diferentes eventos preparatorios a la COP 25 que iba a realizarse en el país. Temas como el acceso al agua, la descarbonización de la matriz de generación de energía eléctrica, las zonas de sacrificio ambiental, el modelo país basado en una economía extractivista y no en una economía moderna de servicios con componentes de economía circular, son algunos temas que resonaron este 2019.

En el caso del acceso al agua, el factor agravante de los crecientes conflictos por este vital elemento ha sido la reducción de las precipitaciones (acentuada

“Mientras exista presencia humana en el territorio se generará contaminación, por tanto, pensar en un ambiente 100% libre de contaminación con presencia humana, no es realista” en 2019) en la zona central del país, donde vive cerca del 80% de la población y donde se desarrolla la mayor actividad agrícola. Un caso emblemático de este conflicto por acceso al agua y como la forma de administración actual, emanada del código de aguas, una ley del siglo pasado que no toma los desafíos del siglo XXI, es la situación de la comuna de Petorca. En Petorca compiten por el acceso a este vital elemento la agricultura y los seres humanos, ya que, la ley no establece una prelación de uso, aun cuando el sentido común indicaría, que primero se garanticen las necesidades vitales del ecosistema y los seres vivos (incluidos los humanos), y luego si, las actividades económicas. Pero actualmente no es así, mostrando la desconexión de esta ley con la realidad actual y el sentido común.

De otro lado, la descarbonización de la matriz de generación eléctrica fue uno de los compromisos que tomó el estado chileno con miras a la COP25.

Este hecho podría ser interpretado como un hito importante, pero especialistas cuestionaron el plazo fijado para el fin de operación de este tipo de generadoras, el 2040, ya que argumentan, para esa fecha, se habría dado el fin de la vida útil de dichas instala-

ciones, señalando que un compromiso real, hubiera sido el 2030. Y en el caso de las generadoras, se liga un elemento triste del desarrollo económico, las zonas de sacrificio. Particularmente, me impactó la primera vez que pasé por Tocopilla al ver la monumental central termoeléctrica que se localiza junto al mar. Si bien, el gobierno ya anunció su cierre, fueron más de veinte años en que los vecinos de esa comuna tuvieron que convivir con esta obra.

Por lo expuesto, es claro que el 2019 mostró ciudadanos que reclaman a sus gobiernos cambios en las políticas públicas y legislaciones con el fin de mejorar su calidad de vida, lo que incluye demandas de tipo ambiental. Pero, así como los gobiernos deben hacer su trabajo y escuchar la voz ciudadana, queda a los mismos ciudadanos el enorme desafío de contribuir también con sus acciones diarias a vivir en un ambiente menos contaminado.

Desde la competitividad extrema a la competitividad por colaboración;

UN DESAFÍO PARA LA GESTIÓN DEL AGUA EN CHILE Dr. Roberto Pizarro Tapia Director Cátedra Unesco en Hidrología de Superficie. U. de Talca En Chile los recursos hídricos se alzan como el recurso natural más importante del país, sobre el cual descansa el grueso de la estructura productiva y ambiental nacional. Por ende los recursos hídricos manifiestan una problemática particular, por tratarse de un elemento vital y el cual cruza transversalmente todo el accionar de la sociedad.

En Chile, los consumos de agua se han incrementado en casi tres veces desde el año 1990 a la fecha, misma proporción en que ha crecido el PIB de Chile. Luego la pregunta a futuro es, ¿tendrá Chile la disponibilidad de agua necesaria para seguir constituyéndose este recurso natural en la base del crecimiento económico del país? Y la respuesta es que en la actualidad existen dudas. ¿Por qué? Porque existe una constatación de un escenario más restrictivo, por el incremento en los consumos y la presencia de escenarios de incertidumbre climática, los que hacen augurar, al menos en el corto plazo, escenarios aún más restrictivos en torno al agua. A esto se suman el crecimiento de la población y las mayores demandas por contar con un medio ambiente libre de contaminación.

La pregunta que surge en este escenario es, ¿qué modelo ha utilizado Chile para enfrentar una situación crítica? Y este pasa por establecer y propiciar una competitividad draconiana entre actores productivos, lo que no solo es atingente al caso del agua, sino que a muchas otras situaciones. Esa competitividad ha determinado que cada actor considere que está solo en un escenario altamente individualista y como tal su éxito pasa por la destrucción o laceración importante de sus rivales, con el fin de apropiarse de las ventajas que da el mercado. Pero surge una segunda pregunta frente a esta situación: ¿Cómo se espera enfrentar esta temática en los próximos años? Y las respuestas giran en torno a dos aspectos que según creo, son ambas inviables. La primera y que es más atingente a sectores de derecha es dejemos que el mercado siga trabajando. La segunda es nacionalicemos todos

los derechos de agua y que el agua vuelva a ser propiedad de todos los chilenos y chilenas. En la primera opción surge el mercado como ente regulador, pero el detalle es que el mercado no regula y nunca lo ha hecho. No es su rol. Por otra parte, surge la nacionalización de todos los derechos de agua, utopía que define contar con recursos ingentes, que el país no posee, para pagar esa expropiación.

Frente a lo anterior, es preciso posicionar dos ideas centrales. En primer lugar el agua y sus demandas en las cuencas de Chile, algunas con mayor urgencia, demandan y demandarán una visión de conjunto y una actuación también de conjunto. Frente a esta situación y considerando instancias internacionales, como el derecho humano al agua, no cabe otra estrategia que intentar correr el espacio hacia un nuevo óptimo; y eso implica que existe una única forma de correrlo hacia un estado más beneficioso, la cual está basada en la colaboración entre actores, pre definiendo los problemas que se desean superar y los objetivos que se quieren alcanzar. Colaborando entre todos, para optar a una mejor combinación de factores, que permitan sitiar el óptimo por encima del aquel que define el individualismo libremercadista. ¿Y si alguien no desea entrar en ese espacio? Entonces quedará fuera de los beneficios futuros, porque la instancia colaborativa es la más efectiva en la repartición de los recursos y la obtención de niveles cada vez más altos de competitividad. ¿Por qué? Porque en ese esquema la suma de dos actores no es dos, sino dos y algo, donde ese algo es el resultado de la interacción entre tales actores. Y así con más actores. Dicho de otra manera, estamos obligados a colaborar entre los actores que dependemos y que estudiamos el agua, lo que plantea un desafío de proporciones, en el valor de usar sustentablemente este recurso vital, para mantener y acrecentar nuestro patrimonio natural y productivo, en tiempo y espacio.

¿Una Crisis Social, o Una Profunda Crisis Espiritual?

Alfredo Sfeir Younis, PH.D.

La llamada crisis social que vivimos hoy, ha dejado a la intemperie otras crisis que se han ido sumando a lo largo de los últimos años, y expresadas recientemente: climática (agua), institucional (gobernabilidad), étnica (persecución), ética (que debemos ser), regional (centralización), valórica (confianza), poder (concentración), política (representatividad), escasez material (salarios, pensiones), contenido (visión), derechos (propiedad), intergeneracional (etaria), económica (neoliberalismo debilitado), y muchas otras. Todas estas crisis tienen causas y condiciones; no aparecen de la nada. Y, son estas causas y condiciones que debemos abordar ahora. Lo que vemos son centenares de propuestas esparcidas sobre todas estas crisis. Hoy se habla de un “pacto social” (imagino que es una lista acotada de estas propuestas). Un ‘pacto’ es ‘un acuerdo mutuo’, o ‘un compromiso’ (una obligación a cumplirlo). También es ‘una forma de trato’ individual y social. Hay que ir mucho más allá de una colección de medidas, y poner finalmente en relieve al ‘bien común’ de todos. ¿Cuál será ese trato humano social? Sin este nuevo trato no hay solución a las crisis.

Muchos piensan que abordando sólo dimensiones económicas y materiales (ej., salarios, pensiones, impuestos), ciertamente importantes y urgentes, todo volvería a la ‘normalidad’: una cualidad que a veces me incomoda cuando no es definida explícitamente. Diccionarios definen la ‘normalidad’ como un estado, condición, o relato lógico que se repitió en el pasado, algo considerado común y usual, un referente aceptado, etc. ¿Qué sería lo ‘normal’, la ‘norma’, hoy en día? ¿A qué parámetros se debe ajustar esta normalidad? ¿A los de antes del despertar, o a los que conducen hacia un futuro diferente? ¿Existe hoy ‘un estado natural’ y consensualmente aceptado al cual todos debemos acercarnos?

Las normas existentes, y la normalidad del pasado han sido el resultado de una consciencia deficitaria que hoy no merece un espacio. Establecer un nuevo trato social, un nuevo con-trato social, o una nueva norma social-- no del Fotografía por Francisco Carvajal

‘hacer’ sino del ‘ser’—necesita de una nueva conciencia colectiva; y así, construir algo nuevo y diferente. Un despertar que no nazca de la conciencia que es responsable de la actual crisis social: que creó este conflicto. Esta conciencia no posee los mecanismos ni atributos necesarios para construir un nuevo camino. Entonces, ¿qué debe florecer primero, un pacto social, forzando una ‘normalidad’, o una nueva consciencia colectiva? Para mí, una nueva consciencia colectiva. Hoy, vivimos una profunda crisis humana y espiritual: una crisis de identidad, sentido de pertenencia, inclusión, justicia, paz, solidaridad, amor, compasión...

Para muchos, focalizar nuestra atención a la conciencia colectiva suena como una respuesta ‘esotérica’ a un problema ‘real’ y urgente de solucionar. Nada más alejado de la realidad. Sería una verdadera tragedia que estemos en busca de una solución perfecta a una visión equivocada.

Una respuesta perfecta a pregunta equivocada. Las acciones no pueden seleccionarse de forma aislada, solitaria, desmembrada, y faltas de sentido. Por ejemplo, un pacto social sin un pacto ambiental sería un desastre. La crisis social es el fiel espejo de la crisis ambiental que vivimos; son dos crisis gemelas. Los más pobres y vulnerables son los más afectados por el cambio climático, la destrucción ambiental, la falta de agua, el aire contaminado, etc., donde los niños y las mujeres son los que más sufren.

Este es el momento de nuestro pueblo, de las nuevas generaciones, de los adultos mayores en carencia total, de los más vulnerables… Es por eso que nosotros debemos escuchar primero, después apoyar, y finalmente implementar todos juntos. De ellos debe nacer la columna vertebral y los elementos fundamentales de un nuevo pacto social, un nuevo trato, una nueva normalidad, y una nueva constitución. Estos ingredientes –pacto, trato, normalidad, constitución--no pueden ser impuestos por los responsables de la crisis. No es el momento de ‘normalizar’ las violaciones a los derechos humanos, ni vivir en permanente conflicto, ni imponer desde arriba, ni dar por asentado las innumerables formas de violencia en nuestra sociedad. La normalidad no es equivalente a ‘una esperanza atemorizada’, vacía de energía espiritual y vital, infeliz y sin libertad para construir un nuevo futuro. Es el momento de construir, no de destruir. Pero no construir anestesiados e intoxicados de realidades individualistas y cortoplacistas.

Chile es un gran telar donde todos podemos y debemos tejer el otro camino. Caminar hacia un nuevo horizonte con una nueva conciencia colectiva. Tenemos la lana, los

“Los más pobres y vulnerables son los más afectados por el cambio climático, la destrucción ambiental, la falta de agua, el aire contaminado, etc., donde los niños y las mujeres son los que más sufren.” colores y las habilidades para tejerlo. Hay que priorizar la construcción de un gran tejido social por sobre la eficiencia económica enfermiza. Tejamos como resultado de una gran revolución de valores, para no tener una sociedad materialmente rica y espiritualmente pobre. Es el momento de construir a través de un camino no-violento; un camino propio: el otro camino. Una sociedad de derechos y no de mercado (no solamente la aproximación económica); que cambie las nociones existentes de bienestar, desarrollo, y transformación; sin campamentos ni zonas de sacrificio. Un contrato social y una constitución embebidas del factor humano: nosotros. En gobernabilidad de participación vinculante. Una educación de cuerpo, mente y alma, con historia, arte, música, expresión social, identidad y felicidad. Donde las leyes naturales y espirituales primen sobre las leyes del mercado. Dialogo, respeto y dignidad como energía vital del andamio de un nuevo futuro.

Fotografía por Francisco Caravajal

Vecindario, ciudad y crisis social La ciudad y sus espacios vecinales han cobrado cierta relevancia durante las movilizaciones sociales de las últimas semanas en Chile. Los protagonistas han sido nuevos actores e iniciativas sociales en los territorios: centros y colectivos culturales y políticos, grupos ambientales, asociaciones de ciclistas urbanos, ferias ecológicas y de intercambio, huertos comunitarios, cabildos y asambleas, entre otros. Estas expresiones muestran la búsqueda de nuevas agendas y espacios de acción colectiva y la necesidad de poner en movimiento formas alternativas de hacer y organizarse en el contexto de la crisis social que vivimos. Si bien muchas veces los nuevos actores están en conflicto con las lógicas de las organizaciones vecinales clásicas, una articulación entre ellos podría contribuir a dinamizar y complejizar las agendas territoriales.

La oportunidad que se abre con esto es reconstruir la conexión causal entre sociedad, ciudad y espacio vecinal. No en términos solamente urbanos (físicos), sino en otras múltiples dimensiones: alimentación y consumo, transporte, salud, educación, trabajo, pensiones, sustentabilidad ambiental, agua potable, etcétera. En todos estos ámbitos, encontramos desigualdades e injusticas que tienen expresión territorial, es decir, que se originan en la forma en que la sociedad produce la ciudad y sus espacios. Pero, al mismo tiempo, en ellos

podemos observar también los efectos negativos de un determinado modelo de desarrollo.

En este sentido, las iniciativas y actores sociales emergentes abren una oportunidad para pensar los territorios vecinales como espacios desde los cuales construir nuevos caminos: modos de resolver los problemas fuera del ámbito del mercado, recurriendo a tecnologías y saberes locales; formas de organizarse y organizar que radicalizan la democracia; formas de interpretar la realidad capaces de incorporar problemas que hayan sido tradicionalmente invisibilizados, como los de género o los ambientales, o bien excluidos de nuestro derecho a opinar, como los de la economía.

Hasta ahora, la separación entre barrios, ciudad y sociedad ha hecho que las políticas urbanas se concentren en construir plazas, sedes sociales, mejorar paraderos o enrejar las viviendas, como si todo eso existiese independientemente de los ingresos familiares, del acceso al trabajo, a una pensión digna o a una educación de calidad. O como si todo eso, a su vez, existiese fuera del modelo de desarrollo dominante. Hemos aislado el vecindario de todo cuanto realmente reproduce su condición.

El regreso a lo vecinal que vemos en estos días es un indicio de la posibilidad de su resurgimiento como espacio de deliberación democrática. Sin embargo, un avance sustancial en esta dirección, requiere trabajar en tres frentes

simultáneamente: por una parte, la reconquista de un espacio autónomo y vigoroso para las organizaciones vecinales a través de una nueva ley de junta de vecinos [y vecinas] y organizaciones comunitarias; por otra, la consolidación de mecanismos de participación vinculantes —como los plebiscitos—, que hoy son impracticables en el ámbito comunal. Aprovechemos el actual escenario como el hito que nos permita avanzar hacia tales metas, ofreciendo al mismo tiempo cauces a la iniciativa social y a la movilización que demanda respuestas.

Finalmente, todo ello deberá ser complementado con una importante reforma a la institucionalidad municipal, incluyendo su sistema de financiamiento.

Recuperar el potencial transformador del espacio vecinal es fundamental para presionar por ciudades más justas; y ciudades más justas, son, en el mundo actual, una puerta de entrada a la discusión y construcción de alternativas a problemas sociales y civilizatorios globales. En este escenario, recuperar la conciencia de la relación entre sociedad, ciudad y espacio vecinal es clave. Ir de lo vecinal a la ciudad es una necesidad para el Chile de hoy.

Francisco Letelier Troncoso – CEUT UCM Stefano Micheletti Dellamaria – CEUT UCM Javiera Cubillos Almendra – CEUT UCM Patricia Boyco Chioino – SUR Corporación

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