La pandemia y la nueva justicia

“La vida no será igual después de esta MARGARITA CABELLO BLANCO circunstancia y el ejercicio Ministra de Justicia de la función judicial tampoco. Pero las crisis son oportunidades de mejora y transformación y hemos aprovechado esta ocasión para darle la bienvenida a una nueva justicia: digital, moderna y más cercana al ciudadano”.

El 17 de marzo del 2020, el Gobierno Nacional decretó el primer Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológi ca, con el fin de conjurar los efectos nocivos de la pande mia del covid-19 (D. 417 de 2020), estado de excepción al que le sucedió una segunda declaratoria el 6 de mayo si guiente (D. 637 de 2020).

Margarita Cabello Blanco, Ministra de Justicia y del Derecho.

El 22 de marzo de este año, se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes en el país (D. 457 de 2020), y así comenzó oficialmente la cuarentena, que significó una suspensión inesperada de casi todas las actividades humanas, económicas y sociales, la cual se ha venido prorrogando recientemente hasta el 15 de julio (D. 531, D. 593. D. 636, D. 749 y D. 878 de 2020). Esta situación ha generado un cambio en la forma de trabajar, que ha privilegiado el desempeño laboral desde casa, al que no ha sido ajeno el servicio público de justicia. El Consejo Superior de la Judicatura había suspendido los términos judiciales a partir del 16 de marzo y esa medida se fue prorrogando hasta el 1º de julio de 2020, con excepción de las acciones de tutela, habeas corpus, diligencias de control de garantías y audiencias penales con persona privada de la libertad.

Una de las preocupaciones fundamentales del Gobierno Nacional fue la necesidad de garantizar el acceso a la justicia en un escenario de confinamiento como el descrito. Nuestra misión como Ministerio de justicia ha sido la de dirigir y articular el trabajo con las entidades del sector en pos de este objetivo que hemos logrado a través del uso de las

tecnologías de la información y la comunicación -TIC-.

Por la marcada cultura machista y patriarcal arraigada en nuestro país de carácter discriminatorio frente a la equidad de género, el Gobierno Nacional anticipó que la cuarentena generaría un aumento de los actos de violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes, producida por la tensión frente a variados factores como dificultades económicas, temores por la crisis en salud, incremento del trabajo doméstico y limitación del contacto social.

Pensando en proteger la familia, en los albores del confinamiento se expidió el Decreto Legislativo 460 del 22 de marzo de 2020, mediante el cual se adoptaron medidas para que las comisarías de familia siguieran prestando servicios de atención a las víctimas de violencia intrafamiliar. Según datos de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, al 18 de junio de 2020, se registró un incremento de un 150% de llamadas a la Línea 155, reportando hechos de violencia al interior de los hogares durante la cuarentena.

Luego, el artículo 10 del Decreto Legislativo 491 de 2020 determinó que la justicia alternativa debía mantener su operación a través de medios virtuales. Con esta norma, los Centros de Conciliación y Arbitraje han podido prestar sus servicios y continuar con sus trámites dentro de sus posibilidades. La circunstancia actual aceleró la digitalización de los métodos de resolución de conflictos y este es un proceso que ya no tiene marcha atrás.

Otras normas expedidas

Muchas otras normas se dictaron durante la pandemia para salvaguardar los valores, principios y derechos fundamentales del Estado Social de Derecho en relación con la justicia. El Decreto 469 de 2020 le permitió a la Corte Constitucional levantar la suspensión de términos judiciales para garantizar el control de las normas adoptadas durante el estado de excepción. El Decreto 564 de 2020 fue expedido como una medida de garantía de acceso a la administración de justicia, al disponer que los términos de prescripción y de caducidad para ejercer derechos, acciones, medios de control o presentar demandas ante la Rama Judicial o ante los tribunales arbitrales, se encontraban suspendidos desde el 16 de marzo de 2020 hasta el día en que el Consejo Superior de la Judicatura ordenara la reanudación plena de la administración de justicia, el 1º de julio de 2020.

Todas estas normas se han expedido con la finalidad última de garantizar el servicio de justicia durante la pandemia. La medida más importante hasta ahora tomada es el Decreto 806 de 2020, por medio del cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los del sistema. Este decreto sienta las bases de una nueva forma de administrar justicia, a través de las herramientas que nos ofrece la tecnología.

Se aceleró transformación tecnológica

La pandemia aceleró la transformación tecnológica ya iniciada, por ser una de las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad y una de las promesas de campaña del Presidente Iván Duque, que afirmaba que se debía “digitalizar por completo el funcionamiento del Estado, tanto a nivel nacional como territorial” (1). Hoy tenemos importantes avances frente al expediente electrónico, el cual se está apalancando con apoyo financiero de la banca multilateral.

Este proceso implica necesariamente un cambio cultural y de mentalidad, frente al que soy optimista porque el uso de las tecnologías se ha vuelto parte de la cotidianidad de muchas personas y esto facilitará mucho esta nueva cultura judicial.

Sin previo aviso, la crisis nos introdujo en una realidad diametralmente diferente a lo que conocíamos como normalidad. La vida no será igual después de esta circunstancia y el ejercicio de la función judicial tampoco. Pero las crisis son oportunidades de mejora y transformación y hemos aprovechado esta ocasión para darle la bienvenida a una nueva justicia: digital, moderna y más cercana al ciudadano.

La pandemia apuró la digitalización de la Justicia.

(1)Duque, Iván. El futuro está en el centro, respuestas claras para la Colombia de hoy. Ed. Planeta Colombiana. Bogotá, 2018, p. 110: “Todas las áreas del gobierno pueden beneficiarse de la incorporación de nuevas tecnologías, y para insertar a Colombia en la Era del Conocimiento debemos digitalizar por completo el funcionamiento del Estado tanto a nivel nacional como territorial”.