La paz, otra sacrificada de la pandemia Criselda Lobo Silva

LA PAZ, OTRA SACRIFICADA DE LA PANDEMIA

Criselda Lobo Silva Senadora de la República Partido FARC

Como lo hemos señalado en múltiples oportunidades, las necesidades existenciales y básicas de la mayoría de la población no se solucionan con dádivas, sino con políticas sociales estructurales.

Si algo ha demostrado esta pandemia en nuestro territorio, es que amplios sectores de la población sufren de hambre y desnutrición, que carecen de ingreso o que éste es exiguo, que su situación es de desocupación permanente, o de trabajo en la informalidad, y que viven en condiciones de precariedad y pobreza; se trata, en particular, de mujeres cabeza de hogar, de personas en condiciones de discapacidad, de hombres y mujeres, adultos mayores, de niños, niñas y adolescentes que deambulan por las calles y caminos sin ningún sustento. Estas condiciones son propias del sistema capitalista vigente, pero se han develado ostensiblemente a causa del fenómeno sanitario que nos afecta.

En nuestro país las respuestas del Gobierno nacional, más allá de decretar el aislamiento, han sido tímidas y tienden sobre todo a privilegiar al sector financiero, a los grandes negocios y a descargar el peso de la situación en los hogares de las gentes del común bajo la lógica de “sálvese quien pueda”, o a través de pírricos apoyos. El Coronavirus ha puesto de presente los grandes problemas de la sociedad a nivel global y la crisis sanitaria y social nos está llevando a una recesión económica que se proyecta como una de las más grandes de la historia. Sin duda, la incapacidad del mundo para afrontar una pandemia de este estilo radica en la profundización del sistema capitalista y las nocivas políticas neoliberales (privatizadoras y de exenciones tributarias al gran capital) que se han venido aplicando en las últimas décadas.

El ineficiente y débil sistema de salud, el imperante desempleo y la masificación del trabajo informal, los bajos salarios de los trabajadores, los exagerados privilegios económicos a las grandes empresas y el sistema financiero, el abandono del campo colombiano, los crecientes impuestos para los ciudadanos de clase media y los menos favorecidos, y las masivas privatizaciones, son algunos de los problemas que hoy tienen a Colombia sin posibilidades reales de asumir seriamente la pandemia y sus efectos económicos y sociales que de esta se desprenden.

Y es que según el último informe de la CEPAL titulado “El desafío social en tiempos del COVID-19”, las cifras son poco alentadoras en su estimación sobre el impacto social y los desafíos relacionados que tendrá la actual crisis para los países de América Latina y el Caribe en el corto, mediano y largo plazo.

Según el informe, los efectos sociales que traerá la pandemia del COVID-19, provocará en el corto plazo un aumento de la pobreza, la pobreza extrema y la desigualdad en la región, debido al contexto de bajo crecimiento económico. Ante la caída del -5,3% del PIB y el aumento del desempleo de 3,4 puntos porcentuales, en 2020 la pobreza en América Latina aumentaría al menos 4,4 puntos porcentuales (28,7 millones de personas adicionales) con respecto al año pre

vio, por lo que alcanzaría a un total de 214,7 millones de personas (el 34,7% de la población de la región). Entre estas personas, la pobreza extrema aumentaría 2,6 puntos porcentuales (15,9 millones de personas adicionales) y llegaría a afectar a un total de 83,4 millones de personas.

Asimismo, en línea con el aumento de la pobreza y la pobreza extrema, también crecerá la desigualdad. La CEPAL proyecta incrementos del índice de Gini de entre el 0,5% y el 6,0%. Una vez más, los peores resultados se esperan en las economías más grandes del continente. El informe agrega que en este escenario de mayor pobreza y desigualdad, amplios estratos de la población de la región viven en condiciones crónicas de inseguridad económica y son muy vulnerables ante las pérdidas de ingresos laborales. De esta forma, la CEPAL estima que alrededor del 10% de las personas que se encontraban en situación de pobreza no extrema en 2019 (11,8 millones de personas) vería deteriorada su situación económica y caería en una situación de pobreza extrema.

Ante este panorama desalentador pero real y frente a las inocuas medidas implementadas en nuestro país bajo los denominados Estados de emergencia económica, presentamos una iniciativa denominada Plan De Choque Social, consistente en nueve medidas que contribuyen a la reducción de la pobreza, primando el interés común sobre el particular, nueve medidas que buscan la concurrencia de los gobiernos nacional, departamental y municipal, así como el compromiso del sector financiero y de los grandes empresarios, más allá de los gestos y acciones meramente caritativas. Como lo hemos señalado en múltiples oportunidades, las necesidades existenciales y básicas de la mayoría de la población no se solucionan con dádivas, sino con políticas sociales estructurales.

Complementando este Plan hace pocos días más de 50 senadores radicamos un proyecto de ley ante la negativa del Gobierno nacional de implementar lo que ya la CEPAL había también recomendado y que en ambos casos se denominó, “Renta Mínima Básica”, la cual beneficiará a 34.5 millones de colombianos de los sectores más vulnerables de la sociedad. La idea es que los trabajadores formales e independientes reciban un auxilio mensual de un salario mínimo con todas las prestaciones sociales legales ($1.409.000) que se entregaría a 3,5 millones de personas, mientras que 9,5 millones de hogares pobres y vulnerables (31 millones de personas) recibirían una transferencia mensual de $ 877.000, durante tres meses.

Estas propuestas son viables, serias, juiciosas y convenientes, demandarán una expansión inusual y extraordinaria del gasto público, que rompa necesariamente con la sostenibilidad y la regla fiscal, y posibilite mecanismos de compensación desde el nivel nacional para los departamentos y municipios caracterizados por la debilidad de sus presupuestos. Para impulsar una salida social a la crisis, además del establecimiento de medidas urgentes, se requiere la implementación de un nuevo modelo económico (más justo, más democrático y más sostenible) que deje atrás el capitalismo, redistribuya la riqueza, acabe con las desigualdades y transforme nuestra relación depredadora con la naturaleza: en definitiva, que ponga la vida en el centro.

En Colombia, el virus ha desnudado de manera descarnada los problemas históricos y estructurales del país, los cuales, debido a las condiciones sociales de la nación, no sólo son una versión de los problemas globales sino que también, son la causa del largo conflicto interno armado que desembocó en la firma del “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una Paz estable y duradera”, suscrito entre el Gobierno Nacional y la extinta guerrilla de las FARC-EP. Desafortunadamente lo que podría ser uno de los elementos que podría permitir salir victoriosos de esta emergencia económica, derivada del coronavirus me refiero al Acuerdo de Paz, por sus infinitas potencialidades transformadoras para aglutinar al país en torno a un proyecto de una Nueva Colombia, en tiempos de pandemia esta siendo aniquilado, tanto físicamente como presupuestalmente. De este modo y bajo la excusa del coronavirus al Acuerdo lo están haciendo trizas.

Doloroso mencionar que 198 firmantes de la paz, 118 de ellos en este gobierno, han ofrendado su vida construyendo un sueño postergado por décadas, el sueño de la paz con justicia social, nuestro mejor homenaje es seguir adelante, es no desfallecer, porque si algo aprendimos de las dificultades es que de ellas siempre salíamos más fortalecidos y esta no será la excepción, la paz ha echado a rodar y no la parará nadie, por encima de los odios, las estigmatizaciones y las ofensas, el pueblo colombiano logrará imponerla, de eso no nos cabe la menor duda. ¡La paz VENCERA!